Tribunal Supremo de Puerto Rico
Moreno Orama y otro v. José R. de la Torre, Presidente de la UPR y otros
2010 TSPR 70
Poder Judicial de Puerto Rico
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Moreno Orama y otro v. José R. de la Torre, Presidente de la UPR y otros
CT-2010-3
Doctrina de Academicidad
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Fernando Moreno Orama y
Jorge Farinacci Fernós
Demandantes-Recurridos
v.
José R. De La
Torre,
Presidente de la Universidad
de Puerto Rico; Universidad
de Puerto
Rico;
José
Figueroa
Sancha,
Superintendente
de
la
Policía de Puerto Rico; Ana
R.
Guadalupe,
Rectora
Interina del Recinto de Río
Piedras; Kenneth McClintock
Hernández,
Secretario
de
Estado
Certificación
2010 TSPR 70
DPR 178
Demandados-Peticionarios
Número del Caso: CT-2010-3
Fecha: 10 de mayo de 2010
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Oreste R. Ramos
Lcda. Maritere Colón Domínguez
Lcdo. Anthony Guadalupe Baerga
Parte Recurrida:
Sr.. Fernando Moreno Orama
Sr. Jorge Farinacci Fernós
Materia: Certificación
Este documento constituye un documento oficial del
Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correccione
s del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónic
a se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Fernando Moreno Orama y Jorge
Farinacci Fernós
Recurridos
v.
CT-2010-003
José
R.
de
la
Torre,
Presidente de la Universidad
de Puerto Rico; Universidad
de Puerto Rico; José Figueroa
Sancha, Superintendente de la
Policía
de
Puerto
Rico;
Policía de Puerto Rico; Ana
R.
Guadalupe,
Rectora
Interina del Recinto de Río
Piedras; Kenneth McClintock
Hernández,
Secretario
de
Estado
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
MARTÍNEZ TORRES
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2010.
En este recurso se nos solicita exclusivamente que
revoquemos
una
orden
de
injunction
preliminar
que
requiere que las autoridades de la universidad pública
levanten un receso académico y administrativo en uno de
sus
recintos.
paralizamos
En
los
considerábamos
el
auxilio
de
nuestra
efectos
de
esa
caso.
Sin
embargo,
jurisdicción,
orden
las
mientras
autoridades
concluyeron el receso de todos modos. Por esa razón,
concluimos
que
desestimación.
el
caso
es
académico
y
ordenamos
su
CT-2010-03
2
I
El 21 de abril de 2010, los recurridos Fernando
Moreno Orama y Jorge Farinacci Fernós, estudiantes del
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico
(U.P.R.), acudieron al Tribunal de Primera Instancia,
Sala de San Juan, y cuestionaron la determinación de la
Rectora
interina
Quiñones,
de
administrativo
estudiantes
del
recinto,
decretar
en
el
un
recinto.
recurridos
Dra.
Ana
R.
Guadalupe
receso
académico
y
En
demanda,
los
solicitaron
la
un
entredicho
provisional inmediato, un injunction preliminar y una
sentencia en la que se declarara inconstitucional y se
dejara sin efecto el receso académico y administrativo
que decretó la Rectora interina.
En sus determinaciones de hechos, el Tribunal de
Primera Instancia dictaminó como hechos probados que:
(1) el 13 de abril de 2010, se llevó a cabo una asamblea
estudiantil en el Recinto de Río Piedras, en la cual se
decidió hacer un “paro” de 48 horas durante los días 21
y 22 de abril de 2010; (2) el 21 de abril de 2010, un
grupo
de
candados,
manifestantes,
algunos
se
los
dirigió
a
con
tubos,
cadenas
y
portones
del
recinto,
y
varios agentes y estudiantes resultaron heridos; (3) el
mismo día, los manifestantes cerraron el portón frente
al Museo de la U.P.R.; (4) luego de varios incidentes
violentos, la Policía de Puerto Rico limitó el acceso al
interior del recinto por ese portón; y (5) ese mismo
día, a eso de las 9:30 AM, la Rectora interina Guadalupe
CT-2010-03
3
Quiñones decretó un receso académico y administrativo
indefinido,
pues
los
eventos
violentos
ocurridos
le
llevaron a concluir que no podía controlar la situación.
El foro primario determinó que a pesar de estos
sucesos,
el
receso
académico
y
administrativo
que
decretó la Rectora interina era inválido pues no cumplió
con los requisitos formales que exige el Reglamento Núm.
6479,
mejor
conocido
como
Reglamento
General
de
la
Universidad de Puerto Rico de 16 de febrero de 2002,
según
enmendado.
Primera
Por
Instancia
consiguiente,
emitió
una
el
orden
Tribunal
de
de
injunction
preliminar en la que ordenó al Presidente de la U.P.R.,
Dr.
José
R.
De
La
Torre,
Quiñones
que
cesaran
de
y
a
la
Rectora
Guadalupe
poner
en
vigor
el
receso
académico y administrativo, y abrieran el recinto en o
antes del lunes, 3 de mayo de 2010.
Inconformes
con
esta
determinación,
la
U.P.R.
acudió en recurso de certificación intrajurisdiccional a
este
Tribunal
y
jurisdicción,
solicitó
dejáramos
que,
en
auxilio
sin
efecto
de
la
nuestra
orden
de
injunction preliminar. El 30 de abril de 2010, emitimos
una
resolución
en
la
que
expedimos
el
auto
de
certificación intrajurisdiccional y le dimos término a
los
recurridos
paralizamos
los
para
que
efectos
de
comparecieran.
la
orden
de
Además,
injunction
preliminar.
El 3 de mayo de 2010, los estudiantes recurridos
comparecieron
ante
este
Tribunal.
En
lo
pertinente,
CT-2010-03
4
solicitaron
la
desestimación
academicidad.
Esta
solicitud
se
del
recurso
fundamentó
en
por
que
la
Rectora Guadalupe Quinones “ha tornado académico (sic)
la presente controversia” ya que aunque los efectos de
la orden de injunction preliminar estaban paralizados,
la
Rectora
informó
académico
y
mayo
2010.
de
que,
de
administrativo
Moción
todos
modos,
terminaría
urgente
de
el
el
receso
lunes,
3
desestimación
de
por
academicidad, pág. 2. Eso es, en esencia, lo mismo que
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
había
ordenado.
Manifiestan los estudiantes recurridos, quienes a su vez
son
los
demandantes
de
este
pleito,
que
el
receso
administrativo “es el único objeto de la controversia en
este caso”. Ibíd. Por ello, no hay “controversia entre
las partes en el caso de epígrafe”..., ya que “la misma
Parte Peticionaria ha dejado sin efecto el receso que se
ha
impugnado
en
este
pleito”...
y
“la
Rectora
motu
proprio [ha] optado por reabrir el Recinto”. Id., págs.
2-3.
Por su parte, la U.P.R. compareció y se opuso a la
desestimación por academicidad. La U.P.R. acepta que el
30
de
abril
de
2010,
y
la
Rectora
receso
académico
litigio.
Sin
embargo,
la
Tribunal
debe
atender
este
dejó
administrativo
U.P.R.
asunto
que
sin
efecto
provocó
el
este
sostiene
que
este
porque
aunque
el
pleito es académico, aplica la excepción de recurrencia.
No le asiste la razón.
CT-2010-03
5
II
Los tribunales existen para atender casos que sean
justiciables, pues su deber es adjudicar controversias
reales y vivas. Lozada Tirado et al. v. Testigos de
Jehová, Op. de 27 de junio de 2010, 2010 T.S.P.R. 9,
2010 J.T.S. 11, 177 D.P.R. ___ (2010); E.L.A. v. Aguayo,
80
D.P.R.
incluye
552
criterios
intervención
cuales
(1958).
es
oportuna
recogido
El
término
doctrinales
de
en
los
la
“justiciabilidad”
que
viabilizan
tribunales,
doctrina
de
uno
de
la
los
academicidad.
Lozada Tirado et al. v. Testigos de Jehová, supra.
La
doctrina
abstracto,
pues
de
justiciabilidad
persigue
no
importantes
se
da
en
objetivos.
el
Entre
éstos se encuentra no permitir la obtención de “un fallo
sobre una controversia disfrazada, que en realidad no
existe, o una determinación de un derecho antes que éste
haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto,
que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos
prácticos
sobre
una
controversia”.
E.L.A.
v.
Aguayo,
supra, pág. 584, citando a Ex parte Steele, 162 Fed. 694
(N.D. Ala. 1908). Una controversia abstracta, ausente un
perjuicio o amenaza real y vigente a los derechos de la
parte
que
controversia
los
reclama,
que
la
no
presenta
Constitución
exige
el
caso
y
para
que
los
tribunales puedan intervenir. Lewis v. Continental Bank
Corp., 494 U.S. 472, 477 (1990).
La doctrina de academicidad da “vida al principio
de justicibialidad”. Crespo v. Cintrón, 159 D.P.R. 290,
CT-2010-03
6
298 (2003). El “propósito de esta doctrina es evitar el
uso
inadecuado
de
recursos
judiciales
y
obviar
precedentes innecesarios”. P.N.P. v. Carrasquillo, 166
D.P.R.
70,
75
(2005).
excepciones,
a
saber:
“(1)
controversia
recurrente
y
judicial;
(2)
cuando
modificada
por
el
Esta
la
doctrina
cuando
tiene
se
cuatro
presenta
una
capaz
de
evadir
revisión
situación
de
hechos
ha
no
tiene
visos
demandado
pero
sido
de
permanencia; (3) cuando la controversia se ha tornado
académica para el representante de una clase pero no
para otros miembros de la clase; y (4) cuando persisten
consecuencias
colaterales
que
no
se
han
tornado
académicas”. Id. pág. 76. Estas excepciones tienen que
usarse con mesura, pues no se pueden obviar los límites
constitucionales
que
inspiran
de
recurrencia
la
doctrina
de
academicidad.
La
excepción
permite
en
casos
excepcionales revisar en sus méritos una controversia
académica
a
base
de
tres
criterios
rectores:
(1)
probabilidad de recurrencia; (2) identidad de las partes
involucradas
en
el
posible
probabilidad
de
que
la
pleito
futuro;
controversia
evada
y
(3)
revisión
judicial. Lozada Tirado et al. v. Testigos de Jehová,
supra.
Un
tribunal
tiene
el
“deber
[de]
desestimar
un
pleito académico”. E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 562,
citando a Little v. Bowers, 134 U.S. 547 (1889). No
tiene discreción para negarse a hacerlo. De hecho, el
CT-2010-03
7
“tribunal puede ordenar la desestimación inmediata del
recurso si comprueba que no existe una controversia real
entre los litigantes”. Id. “Como norma general, un caso
debe desestimarse por académico cuando los hechos o el
derecho aplicable ha[n] variado de tal forma que ya no
existe una controversia vigente entre partes adversas”.
P.N.P. v. Carrasquillo, supra, pág. 75, citando a Com.
de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980).
En nuestra Opinión en Berberena v. Echegoyen, 128
D.P.R.
864,
870
n.
2
(1991),
resumimos
la
norma
reafirmada recientemente por el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos en Alvarez v. Smith, 130 S.Ct. 576, 558
U.S.
__
(2009).
Allí
se
decidió
que
cuando
las
circunstancias (happenstance) tornan académico un caso y
la
situación
(settlement),
no
es
el
producto
de
un
acuerdo
entonces
“el
decreto
del
tribunal
de
instancia queda anulado (vacated) y el caso se devuelve
con
órdenes
de
desestimar
la
demanda”.
Berberena
v.
Echegoyen, supra. Cuando un caso se torna académico, el
tribunal
revisor
tiene
el
deber
de
no
tan
sólo
desestimar el recurso apelativo sino también de dejar
sin efecto el dictamen revisado y devolver el caso con
instrucciones de que se desestime. Duke Power Co. v.
Greenwood
County,
299
U.S.
259,
267
(1936).
Véanse,
además, Alvarez v. Smith, supra; Alabama v. Davis, 446
U.S. 903 (1980); United States v. Munsingwear Corp., 340
U.S. 36 (1950). El propósito de esta norma es evitar que
un
dictamen
que
se
tornó
académico
siga
en
vigor
y
CT-2010-03
8
obligue a las partes. La desestimación deja el camino
libre a la litigación futura de las disputas entre las
partes y preserva sus derechos, sin perjudicar a ninguna
de ellas por una decisión que era meramente preliminar.
Alvarez
v.
Smith,
supra,
pág.
581,
citando
U.S.
v.
Munsingwear, Inc., 340 U.S. 36 (1950) (“[W]e normally do
vacate the lower court judgment in a moot case because
doing so clears the path for future relitigation of the
issues between the parties, preserving the rights of all
parties, while prejudicing none by a decision which ...
was only preliminary”.). Véase, R.L. Stern, E. Gressman,
S.M. Shapiro, K.S. Geller, Supreme Court Practice, 7ma
ed., Washington, D.C., The Bureau of National Affairs,
Inc., 1993, Sec. 18.5, págs. 723-724.
III
El acto que sirvió de base para la demanda judicial
de
los
recurridos
copeticionaria.
fue
Los
eliminado
estudiantes
por
la
recurridos
Rectora
intentaron
invalidar el receso académico y administrativo decretado
por la Rectora interina. Aunque ya no estaba en vigor la
orden
de
Rectora
injunction
interina
preliminar,
levantó
de
todos
voluntariamente
modos
el
la
receso
académico y administrativo. Por ello, el pleito se ha
tornado académico.
No
aplica
la
excepción
de
recurrencia
pues
no
contamos con fundamentos suficientes para determinar que
esta
controversia
pueda
pueda
escapar
revisión
repetirse
y
judicial.
nada
indica
que
De
hecho,
la
CT-2010-03
9
controversia no escapó la revisión judicial. Fueron las
propias actuaciones de la Rectora interina la causa por
la cual se tornó académica la controversia objeto de
este recurso. Más aún, nada impide que los estudiantes
recurridos,
o
cualquier
otra
persona
que
se
sienta
perjudicada, impugne en los tribunales, por los mismos
fundamentos,
un
receso
similar
se
decretare
que
académico
en
el
y
administrativo
futuro.
Sin
embargo,
aventurarnos a asegurar que se va a decretar ese receso
de
nuevo
sería
adentrarnos
en
el
campo
de
la
en
otro
caso
ante
el
especulación.
La
Tribunal
U.P.R.
de
sostiene
Primera
que
Instancia
se
resolvió
que
“los
manifestantes no podían impedir la entrada al recinto” y
que “es muy probable, pues, que dada su naturaleza[,]
casos como el presente no puedan ser resueltos por esta
Curia
oportunamente”.
Oposición
a
moción
de
desestimación por academicidad, pág. 4. Ese argumento
pasa por alto que el caso ante nos no versa sobre ese
otro asunto que la U.P.R. alega que planteó ante el foro
primario
en
otro
pleito
que
no
está
ante
nuestra
consideración.
La controversia en este recurso se circunscribe a
determinar si el receso académico y administrativo fue
válido.
No
están
ante
nuestra
consideración
las
actuaciones de los manifestantes, que la U.P.R. alega
que
van
educativo.
dirigidas
a
Repetimos,
impedir
el
el
único
acceso
objeto
al
recinto
de
esta
CT-2010-03
10
controversia es el receso académico y administrativo que
decretó
la
Rectora
del
Recinto
de
Río
Piedras.
Esta
cuestión se tornó académica ya que sin que estuviera
vigente orden alguna que se lo requiriera, la propia
Rectora interina levantó el receso que había decretado.
Por
otro
lado,
la
U.P.R.
sostiene
que
en
San
Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., Op. de 31 de julio
de 2008, 2008 T.S.P.R. 130, 2008 J.T.S. 150, 174 D.P.R.
___
(2008),
resolvimos
que
una
controversia
no
se
convierte académica si la controversia cesa porque se
paralizan temporeramente los efectos de la orden de cese
y
desista.
totalmente
Esta
aseveración
distinta
al
caso
es
correcta
que
está
pero
ante
es
nuestra
consideración. Aquí, la Rectora interina dejó sin efecto
el
receso
académico
y
administrativo
sin
visos
de
temporalidad. En ningún momento la U.P.R. argumenta que
esta
acción
es
provisional.
La
judicial,
pues
habíamos
la
orden
de
injunction
controversia
se
ha
compelida
por
un
dictamen
suspendido
los
efectos
de
Rectora
tampoco
actuó
preliminar.
Debido
a
que
esta
tornado
académica, no nos expresamos sobre la validez del receso
académico
y
administrativo
que
decretó
la
Rectora
interina Guadalupe Quiñones. De igual forma, rechazamos
la invitación de las partes a que pasemos juicio sobre
los
límites
de
las
facultades
administrativas
de
la
U.P.R. para garantizar el funcionamiento y la seguridad
de
sus
recintos
universitarios,
y
también
sobre
los
CT-2010-03
11
contornos del derecho de los estudiantes universitarios
a
ejercer
su
derecho
a
la
libertad
de
expresión
y
asociación. En el pasado, hemos atendido estos temas en
el contexto de un caso y controversia real y vigente.
Véase, Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113
D.P.R. 153 (1982). La Constitución no nos faculta para
embarcarnos
ahora
en
un
análisis
abstracto
de
estos
asuntos.
IV
Por
los
fundamentos
Sentencia
en
la
que
se
que
dejará
preceden,
sin
se
efecto
dictará
la
orden
emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de
San Juan, y se devolverá el caso a ese foro para que
desestime la demanda, por haberse tornado académica la
controversia en autos.
Rafael L. Martínez Torres
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Fernando Moreno Orama y Jorge
Farinacci Fernós
Recurridos
v.
CT-2010-003
José
R.
de
la
Torre,
Presidente de la Universidad
de Puerto Rico; Universidad
de Puerto Rico; José Figueroa
Sancha, Superintendente de la
Policía
de
Puerto
Rico;
Policía de Puerto Rico; Ana
R.
Guadalupe,
Rectora
Interina del Recinto de Río
Piedras; Kenneth McClintock
Hernández,
Secretario
de
Estado
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2010.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente Sentencia, se deja sin efecto la orden emitida
por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan,
y se devuelve el caso a ese foro para que desestime la
demanda, por haberse tornado académica la controversia
en autos.
Publíquese y notifíquese de inmediato.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera
Pérez y la Jueza Asociada señora Fiol Matta no
intervinieron.
El Juez Presidente señor Hernández
Denton inhibido.
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo