LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Moreno Orama y otro v. José R. de la Torre, Presidente de la UPR y otros

2010 TSPR 70

Poder Judicial de Puerto Rico

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Moreno Orama y otro v. José R. de la Torre, Presidente de la UPR y otros

CT-2010-3

Doctrina de Academicidad

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Fernando Moreno Orama y

Jorge Farinacci Fernós

Demandantes-Recurridos

v.

José R. De La

Torre,

Presidente de la Universidad

de Puerto Rico; Universidad

de Puerto

Rico;

José

Figueroa

Sancha,

Superintendente

de

la

Policía de Puerto Rico; Ana

R.

Guadalupe,

Rectora

Interina del Recinto de Río

Piedras; Kenneth McClintock

Hernández,

Secretario

de

Estado

Certificación

2010 TSPR 70

DPR 178

Demandados-Peticionarios

Número del Caso: CT-2010-3

Fecha: 10 de mayo de 2010

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Oreste R. Ramos

Lcda. Maritere Colón Domínguez

Lcdo. Anthony Guadalupe Baerga

Parte Recurrida:

Sr.. Fernando Moreno Orama

Sr. Jorge Farinacci Fernós

Materia: Certificación

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correccione

s del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónic

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como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Fernando Moreno Orama y Jorge

Farinacci Fernós

Recurridos

v.

CT-2010-003

José

R.

de

la

Torre,

Presidente de la Universidad

de Puerto Rico; Universidad

de Puerto Rico; José Figueroa

Sancha, Superintendente de la

Policía

de

Puerto

Rico;

Policía de Puerto Rico; Ana

R.

Guadalupe,

Rectora

Interina del Recinto de Río

Piedras; Kenneth McClintock

Hernández,

Secretario

de

Estado

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

MARTÍNEZ TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2010.

En este recurso se nos solicita exclusivamente que

revoquemos

una

orden

de

injunction

preliminar

que

requiere que las autoridades de la universidad pública

levanten un receso académico y administrativo en uno de

sus

recintos.

paralizamos

En

los

considerábamos

el

auxilio

de

nuestra

efectos

de

esa

caso.

Sin

embargo,

jurisdicción,

orden

las

mientras

autoridades

concluyeron el receso de todos modos. Por esa razón,

concluimos

que

desestimación.

el

caso

es

académico

y

ordenamos

su

CT-2010-03

2

I

El 21 de abril de 2010, los recurridos Fernando

Moreno Orama y Jorge Farinacci Fernós, estudiantes del

Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico

(U.P.R.), acudieron al Tribunal de Primera Instancia,

Sala de San Juan, y cuestionaron la determinación de la

Rectora

interina

Quiñones,

de

administrativo

estudiantes

del

recinto,

decretar

en

el

un

recinto.

recurridos

Dra.

Ana

R.

Guadalupe

receso

académico

y

En

demanda,

los

solicitaron

la

un

entredicho

provisional inmediato, un injunction preliminar y una

sentencia en la que se declarara inconstitucional y se

dejara sin efecto el receso académico y administrativo

que decretó la Rectora interina.

En sus determinaciones de hechos, el Tribunal de

Primera Instancia dictaminó como hechos probados que:

(1) el 13 de abril de 2010, se llevó a cabo una asamblea

estudiantil en el Recinto de Río Piedras, en la cual se

decidió hacer un “paro” de 48 horas durante los días 21

y 22 de abril de 2010; (2) el 21 de abril de 2010, un

grupo

de

candados,

manifestantes,

algunos

se

los

dirigió

a

con

tubos,

cadenas

y

portones

del

recinto,

y

varios agentes y estudiantes resultaron heridos; (3) el

mismo día, los manifestantes cerraron el portón frente

al Museo de la U.P.R.; (4) luego de varios incidentes

violentos, la Policía de Puerto Rico limitó el acceso al

interior del recinto por ese portón; y (5) ese mismo

día, a eso de las 9:30 AM, la Rectora interina Guadalupe

CT-2010-03

3

Quiñones decretó un receso académico y administrativo

indefinido,

pues

los

eventos

violentos

ocurridos

le

llevaron a concluir que no podía controlar la situación.

El foro primario determinó que a pesar de estos

sucesos,

el

receso

académico

y

administrativo

que

decretó la Rectora interina era inválido pues no cumplió

con los requisitos formales que exige el Reglamento Núm.

6479,

mejor

conocido

como

Reglamento

General

de

la

Universidad de Puerto Rico de 16 de febrero de 2002,

según

enmendado.

Primera

Por

Instancia

consiguiente,

emitió

una

el

orden

Tribunal

de

de

injunction

preliminar en la que ordenó al Presidente de la U.P.R.,

Dr.

José

R.

De

La

Torre,

Quiñones

que

cesaran

de

y

a

la

Rectora

Guadalupe

poner

en

vigor

el

receso

académico y administrativo, y abrieran el recinto en o

antes del lunes, 3 de mayo de 2010.

Inconformes

con

esta

determinación,

la

U.P.R.

acudió en recurso de certificación intrajurisdiccional a

este

Tribunal

y

jurisdicción,

solicitó

dejáramos

que,

en

auxilio

sin

efecto

de

la

nuestra

orden

de

injunction preliminar. El 30 de abril de 2010, emitimos

una

resolución

en

la

que

expedimos

el

auto

de

certificación intrajurisdiccional y le dimos término a

los

recurridos

paralizamos

los

para

que

efectos

de

comparecieran.

la

orden

de

Además,

injunction

preliminar.

El 3 de mayo de 2010, los estudiantes recurridos

comparecieron

ante

este

Tribunal.

En

lo

pertinente,

CT-2010-03

4

solicitaron

la

desestimación

academicidad.

Esta

solicitud

se

del

recurso

fundamentó

en

por

que

la

Rectora Guadalupe Quinones “ha tornado académico (sic)

la presente controversia” ya que aunque los efectos de

la orden de injunction preliminar estaban paralizados,

la

Rectora

informó

académico

y

mayo

2010.

de

que,

de

administrativo

Moción

todos

modos,

terminaría

urgente

de

el

el

receso

lunes,

3

desestimación

de

por

academicidad, pág. 2. Eso es, en esencia, lo mismo que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

había

ordenado.

Manifiestan los estudiantes recurridos, quienes a su vez

son

los

demandantes

de

este

pleito,

que

el

receso

administrativo “es el único objeto de la controversia en

este caso”. Ibíd. Por ello, no hay “controversia entre

las partes en el caso de epígrafe”..., ya que “la misma

Parte Peticionaria ha dejado sin efecto el receso que se

ha

impugnado

en

este

pleito”...

y

“la

Rectora

motu

proprio [ha] optado por reabrir el Recinto”. Id., págs.

2-3.

Por su parte, la U.P.R. compareció y se opuso a la

desestimación por academicidad. La U.P.R. acepta que el

30

de

abril

de

2010,

y

la

Rectora

receso

académico

litigio.

Sin

embargo,

la

Tribunal

debe

atender

este

dejó

administrativo

U.P.R.

asunto

que

sin

efecto

provocó

el

este

sostiene

que

este

porque

aunque

el

pleito es académico, aplica la excepción de recurrencia.

No le asiste la razón.

CT-2010-03

5

II

Los tribunales existen para atender casos que sean

justiciables, pues su deber es adjudicar controversias

reales y vivas. Lozada Tirado et al. v. Testigos de

Jehová, Op. de 27 de junio de 2010, 2010 T.S.P.R. 9,

2010 J.T.S. 11, 177 D.P.R. ___ (2010); E.L.A. v. Aguayo,

80

D.P.R.

incluye

552

criterios

intervención

cuales

(1958).

es

oportuna

recogido

El

término

doctrinales

de

en

los

la

“justiciabilidad”

que

viabilizan

tribunales,

doctrina

de

uno

de

la

los

academicidad.

Lozada Tirado et al. v. Testigos de Jehová, supra.

La

doctrina

abstracto,

pues

de

justiciabilidad

persigue

no

importantes

se

da

en

objetivos.

el

Entre

éstos se encuentra no permitir la obtención de “un fallo

sobre una controversia disfrazada, que en realidad no

existe, o una determinación de un derecho antes que éste

haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto,

que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos

prácticos

sobre

una

controversia”.

E.L.A.

v.

Aguayo,

supra, pág. 584, citando a Ex parte Steele, 162 Fed. 694

(N.D. Ala. 1908). Una controversia abstracta, ausente un

perjuicio o amenaza real y vigente a los derechos de la

parte

que

controversia

los

reclama,

que

la

no

presenta

Constitución

exige

el

caso

y

para

que

los

tribunales puedan intervenir. Lewis v. Continental Bank

Corp., 494 U.S. 472, 477 (1990).

La doctrina de academicidad da “vida al principio

de justicibialidad”. Crespo v. Cintrón, 159 D.P.R. 290,

CT-2010-03

6

298 (2003). El “propósito de esta doctrina es evitar el

uso

inadecuado

de

recursos

judiciales

y

obviar

precedentes innecesarios”. P.N.P. v. Carrasquillo, 166

D.P.R.

70,

75

(2005).

excepciones,

a

saber:

“(1)

controversia

recurrente

y

judicial;

(2)

cuando

modificada

por

el

Esta

la

doctrina

cuando

tiene

se

cuatro

presenta

una

capaz

de

evadir

revisión

situación

de

hechos

ha

no

tiene

visos

demandado

pero

sido

de

permanencia; (3) cuando la controversia se ha tornado

académica para el representante de una clase pero no

para otros miembros de la clase; y (4) cuando persisten

consecuencias

colaterales

que

no

se

han

tornado

académicas”. Id. pág. 76. Estas excepciones tienen que

usarse con mesura, pues no se pueden obviar los límites

constitucionales

que

inspiran

de

recurrencia

la

doctrina

de

academicidad.

La

excepción

permite

en

casos

excepcionales revisar en sus méritos una controversia

académica

a

base

de

tres

criterios

rectores:

(1)

probabilidad de recurrencia; (2) identidad de las partes

involucradas

en

el

posible

probabilidad

de

que

la

pleito

futuro;

controversia

evada

y

(3)

revisión

judicial. Lozada Tirado et al. v. Testigos de Jehová,

supra.

Un

tribunal

tiene

el

“deber

[de]

desestimar

un

pleito académico”. E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 562,

citando a Little v. Bowers, 134 U.S. 547 (1889). No

tiene discreción para negarse a hacerlo. De hecho, el

CT-2010-03

7

“tribunal puede ordenar la desestimación inmediata del

recurso si comprueba que no existe una controversia real

entre los litigantes”. Id. “Como norma general, un caso

debe desestimarse por académico cuando los hechos o el

derecho aplicable ha[n] variado de tal forma que ya no

existe una controversia vigente entre partes adversas”.

P.N.P. v. Carrasquillo, supra, pág. 75, citando a Com.

de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980).

En nuestra Opinión en Berberena v. Echegoyen, 128

D.P.R.

864,

870

n.

2

(1991),

resumimos

la

norma

reafirmada recientemente por el Tribunal Supremo de los

Estados Unidos en Alvarez v. Smith, 130 S.Ct. 576, 558

U.S.

__

(2009).

Allí

se

decidió

que

cuando

las

circunstancias (happenstance) tornan académico un caso y

la

situación

(settlement),

no

es

el

producto

de

un

acuerdo

entonces

“el

decreto

del

tribunal

de

instancia queda anulado (vacated) y el caso se devuelve

con

órdenes

de

desestimar

la

demanda”.

Berberena

v.

Echegoyen, supra. Cuando un caso se torna académico, el

tribunal

revisor

tiene

el

deber

de

no

tan

sólo

desestimar el recurso apelativo sino también de dejar

sin efecto el dictamen revisado y devolver el caso con

instrucciones de que se desestime. Duke Power Co. v.

Greenwood

County,

299

U.S.

259,

267

(1936).

Véanse,

además, Alvarez v. Smith, supra; Alabama v. Davis, 446

U.S. 903 (1980); United States v. Munsingwear Corp., 340

U.S. 36 (1950). El propósito de esta norma es evitar que

un

dictamen

que

se

tornó

académico

siga

en

vigor

y

CT-2010-03

8

obligue a las partes. La desestimación deja el camino

libre a la litigación futura de las disputas entre las

partes y preserva sus derechos, sin perjudicar a ninguna

de ellas por una decisión que era meramente preliminar.

Alvarez

v.

Smith,

supra,

pág.

581,

citando

U.S.

v.

Munsingwear, Inc., 340 U.S. 36 (1950) (“[W]e normally do

vacate the lower court judgment in a moot case because

doing so clears the path for future relitigation of the

issues between the parties, preserving the rights of all

parties, while prejudicing none by a decision which ...

was only preliminary”.). Véase, R.L. Stern, E. Gressman,

S.M. Shapiro, K.S. Geller, Supreme Court Practice, 7ma

ed., Washington, D.C., The Bureau of National Affairs,

Inc., 1993, Sec. 18.5, págs. 723-724.

III

El acto que sirvió de base para la demanda judicial

de

los

recurridos

copeticionaria.

fue

Los

eliminado

estudiantes

por

la

recurridos

Rectora

intentaron

invalidar el receso académico y administrativo decretado

por la Rectora interina. Aunque ya no estaba en vigor la

orden

de

Rectora

injunction

interina

preliminar,

levantó

de

todos

voluntariamente

modos

el

la

receso

académico y administrativo. Por ello, el pleito se ha

tornado académico.

No

aplica

la

excepción

de

recurrencia

pues

no

contamos con fundamentos suficientes para determinar que

esta

controversia

pueda

pueda

escapar

revisión

repetirse

y

judicial.

nada

indica

que

De

hecho,

la

CT-2010-03

9

controversia no escapó la revisión judicial. Fueron las

propias actuaciones de la Rectora interina la causa por

la cual se tornó académica la controversia objeto de

este recurso. Más aún, nada impide que los estudiantes

recurridos,

o

cualquier

otra

persona

que

se

sienta

perjudicada, impugne en los tribunales, por los mismos

fundamentos,

un

receso

similar

se

decretare

que

académico

en

el

y

administrativo

futuro.

Sin

embargo,

aventurarnos a asegurar que se va a decretar ese receso

de

nuevo

sería

adentrarnos

en

el

campo

de

la

en

otro

caso

ante

el

especulación.

La

Tribunal

U.P.R.

de

sostiene

Primera

que

Instancia

se

resolvió

que

“los

manifestantes no podían impedir la entrada al recinto” y

que “es muy probable, pues, que dada su naturaleza[,]

casos como el presente no puedan ser resueltos por esta

Curia

oportunamente”.

Oposición

a

moción

de

desestimación por academicidad, pág. 4. Ese argumento

pasa por alto que el caso ante nos no versa sobre ese

otro asunto que la U.P.R. alega que planteó ante el foro

primario

en

otro

pleito

que

no

está

ante

nuestra

consideración.

La controversia en este recurso se circunscribe a

determinar si el receso académico y administrativo fue

válido.

No

están

ante

nuestra

consideración

las

actuaciones de los manifestantes, que la U.P.R. alega

que

van

educativo.

dirigidas

a

Repetimos,

impedir

el

el

único

acceso

objeto

al

recinto

de

esta

CT-2010-03

10

controversia es el receso académico y administrativo que

decretó

la

Rectora

del

Recinto

de

Río

Piedras.

Esta

cuestión se tornó académica ya que sin que estuviera

vigente orden alguna que se lo requiriera, la propia

Rectora interina levantó el receso que había decretado.

Por

otro

lado,

la

U.P.R.

sostiene

que

en

San

Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., Op. de 31 de julio

de 2008, 2008 T.S.P.R. 130, 2008 J.T.S. 150, 174 D.P.R.

___

(2008),

resolvimos

que

una

controversia

no

se

convierte académica si la controversia cesa porque se

paralizan temporeramente los efectos de la orden de cese

y

desista.

totalmente

Esta

aseveración

distinta

al

caso

es

correcta

que

está

pero

ante

es

nuestra

consideración. Aquí, la Rectora interina dejó sin efecto

el

receso

académico

y

administrativo

sin

visos

de

temporalidad. En ningún momento la U.P.R. argumenta que

esta

acción

es

provisional.

La

judicial,

pues

habíamos

la

orden

de

injunction

controversia

se

ha

compelida

por

un

dictamen

suspendido

los

efectos

de

Rectora

tampoco

actuó

preliminar.

Debido

a

que

esta

tornado

académica, no nos expresamos sobre la validez del receso

académico

y

administrativo

que

decretó

la

Rectora

interina Guadalupe Quiñones. De igual forma, rechazamos

la invitación de las partes a que pasemos juicio sobre

los

límites

de

las

facultades

administrativas

de

la

U.P.R. para garantizar el funcionamiento y la seguridad

de

sus

recintos

universitarios,

y

también

sobre

los

CT-2010-03

11

contornos del derecho de los estudiantes universitarios

a

ejercer

su

derecho

a

la

libertad

de

expresión

y

asociación. En el pasado, hemos atendido estos temas en

el contexto de un caso y controversia real y vigente.

Véase, Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113

D.P.R. 153 (1982). La Constitución no nos faculta para

embarcarnos

ahora

en

un

análisis

abstracto

de

estos

asuntos.

IV

Por

los

fundamentos

Sentencia

en

la

que

se

que

dejará

preceden,

sin

se

efecto

dictará

la

orden

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

San Juan, y se devolverá el caso a ese foro para que

desestime la demanda, por haberse tornado académica la

controversia en autos.

Rafael L. Martínez Torres

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Fernando Moreno Orama y Jorge

Farinacci Fernós

Recurridos

v.

CT-2010-003

José

R.

de

la

Torre,

Presidente de la Universidad

de Puerto Rico; Universidad

de Puerto Rico; José Figueroa

Sancha, Superintendente de la

Policía

de

Puerto

Rico;

Policía de Puerto Rico; Ana

R.

Guadalupe,

Rectora

Interina del Recinto de Río

Piedras; Kenneth McClintock

Hernández,

Secretario

de

Estado

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2010.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente Sentencia, se deja sin efecto la orden emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan,

y se devuelve el caso a ese foro para que desestime la

demanda, por haberse tornado académica la controversia

en autos.

Publíquese y notifíquese de inmediato.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera

Pérez y la Jueza Asociada señora Fiol Matta no

intervinieron.

El Juez Presidente señor Hernández

Denton inhibido.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo