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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ramos Román v. Corporación del Centro de Bellas Artes

2010 TSPR 67

Poder Judicial de Puerto Rico

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Ramos Román v. Corporación del Centro de Bellas Artes

CC-2008-742

Sentencia y Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Constancia Ramos Román

Peticionaria

Certiorari

v.

2010 TSPR

Corporación del Centro de Bellas Artes

178 DPR ____

Recurrida

Número del Caso: CC-2008-742

Fecha: 30 de abril de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel III

Jueza Ponente:

Hon. Zadette Bajandas Vélez

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Miguel A. Negrón Matta

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. José L. Gándara

Lcdo. Frank Pérez Jiménez

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que está sujeto a los cambios y correcciones del pr

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del Tribunal.

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o público a la

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Constancia Ramos Román

Peticionaria

CC-2008-0742

v.

Corporación del Centro de

Bellas Artes

Recurrida

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2010.

Por medio del presente recurso de certiorari se

nos solicita que revisemos la Sentencia emitida por

el Tribunal de Apelaciones en el caso de autos.

En

ella,

una

el

foro

apelativo

intermedio

revocó

Resolución de la Comisión Apelativa del Sistema de

Administración

Público,

en

de

Recursos

adelante

Humanos

CASARH.

del

Servicio

Mediante

dicha

Resolución, CASARH dejó sin efecto la determinación

de la Corporación del Centro de Bellas Artes, en

adelante

CBA,

de

denegarle

a

la

peticionaria

la

reinstalación a un puesto de carrera al momento de

ser removida de un puesto de confianza.

Examinemos los hechos que originaron la presente

controversia.

CC-2008-0742

2

I

La Sra. Constancia Ramos Román comenzó a trabajar en

el servició público en 1979, por medio de un nombramiento

transitorio

como

Técnica

de

Administración

I

en

Departamento de Transportación y Obras Públicas.1

el

El 1

de septiembre de 1996 la señora Ramos Román comenzó a

laborar

en

el

CBA

como

empleada

de

confianza,

en

el

puesto de Gerente de Administración.2

El 12 de noviembre de 2001, la señora Ramos Román

fue

separada

de

su

puesto

de

confianza.

Mediante

comunicación escrita el entonces Gerente General del CBA,

Sr. Carlos R. Alicea Cotto, le imputó a la señora Ramos

Román

actos

y

omisiones

transacciones

de

personal,

relacionados

en

violación

a

a

ciertas

la

Ley

de

1

En diciembre de 1984, mientras laboraba en el

Departamento de Transportación y Obras Públicas, fue

ascendida a Técnica de Administración IV. El 1 de julio

de 1986, obtuvo un nombramiento para el mismo puesto,

pero esta vez en el servicio de carrera. Posteriormente,

en marzo de 1987, la peticionaria obtuvo un traslado al

Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico como

Técnica de Administración IV.

El 16 de junio de 1987,

obtuvo un traslado al Departamento de Estado como Técnica

de Administración IV.

En esta última agencia fue

ascendida a Técnica de Administración V, luego a

Funcionaria Ejecutiva de Presupuesto I y, en diciembre de

1989, a Funcionaria Ejecutiva de Presupuesto II.

2

No existe controversia entre las partes de que la

peticionaria mantuvo el derecho a la reinstalación a un

puesto de carrera, a pesar del traslado a un puesto de

confianza. La señora Ramos Román ocupó de forma interina

la posición de Gerente General del CBA en dos (2)

ocasiones. La primera ocasión fue por un período de dos

(2) meses de duración.

En específico, desde el 16 de

julio de 1997 al 16 de septiembre de 1997.

La segunda

ocasión fue por un periodo aproximado de siete (7) meses

de duración. En particular, desde el 10 de abril de 2001

al 22 de octubre de 2001.

CC-2008-0742

Personal

3

del

Público;3

Servicio

su

Reglamento

de

Personal; y el Reglamento de Personal del CBA.

En particular, se le imputó violar el Artículo 6 de

la

Ley

Núm.

5,

supra,

que

requiere

a

los

empleados

“[r]ealizar eficientemente y con diligencia las tareas y

funciones asignadas a su puesto y otras compatibles con

éstas que se le asignen”4 y “[c]umplir las disposiciones

[de la Ley de Personal], y las reglas y órdenes dictadas

en virtud [de la misma]”.5

Además, se le notificó que se

le privaría de su derecho a la reinstalación a un puesto

de carrera.

En

consecuencia,

a

la

formularon tres (3) cargos.

señora

Ramos

Román

se

le

En el primer cargo se le

imputó recomendar una modificación a la clase de Operador

de Equipo de Entrada de Datos el 20 de noviembre de 1998.

Dicha

modificación

creación

de

la

resultó

clase

de

en

lo

siguiente:

Asistente

de

(1)

la

Sistemas

de

Información; y (2) el ascenso del Sr. Pedro Arzuaga a la

nueva clase, sin haber obtenido la aprobación de la clase

por

la

Oficina

Asociado,

en

de

Recursos

adelante

Humanos

ORHELA.6

3

Por

del

ello,

Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975.

1301, et seq. (2000).

4

3 L.P.R.A. § 1371(3) (1978).

5

3 L.P.R.A. § 1371(8) (1978).

6

Estado

según

Libre

este

3 L.P.R.A. §

Dicha Oficina era conocida anteriormente como la

Oficina

Central

de

Asesoramiento

Laboral

y

de

Administración de Recursos Humanos, en adelante OCALARH.

CC-2008-0742

4

primer cargo, el señor Arzuaga fue ascendido a una clase

que no formaba parte del Plan de Clasificación, razón por

la cual su clasificación era nula.

En el segundo cargo se le imputó a la señora Ramos

Román

haber

recomendado

al

Gerente

General

del

CBA

reclasificar el puesto de Secretaria de la Oficina de

Servicios

Generales.

El

fundamento

para

la

reclasificación fue la evolución de funciones a base de

nuevas tareas asignadas a la Sra. Evelyn Calderón, quien

ocupó el puesto de secretaria de la Oficina de Servicios

Generales.

Los actos imputados en este cargo datan del 9

de septiembre de 1999.

Por último, en el tercer cargo se le imputó a la

señora Ramos Román recomendar el nombramiento regular de

la Sra. Evelyn Covas como Oficial Administrativo el 9 de

marzo de 2000.

La señora Covas ocupaba hasta entonces un

puesto de confianza como Secretaria del Gerente General

sin que previamente hubiese ocupado un puesto de carrera

en el CBA.

Según este cargo, la reinstalación de un

empleado

confianza

de

al

servicio

de

carrera

está

condicionada a que antes de ocupar un puesto de confianza

el empleado haya ocupado un puesto de carrera.

efectos,

según

este

cargo,

la

señora

Covas

A esos

no

había

ocupado un puesto de carrera en el sistema de personal

previo a su nombramiento en el servicio de confianza en

Previo a ello OCALARH era conocida como la Oficina

Central de Administración de Personal, en adelante OCAP.

CC-2008-0742

el CBA.

5

Por ello, el CBA concluyó que la señora Covas no

podía ser reinstalada a un puesto de carrera.

De acuerdo con las advertencias contenidas en la

aludida carta del 12 de noviembre de 2002, la señora

Ramos Román solicitó una vista informal ante el CBA para

cuestionar la separación de su puesto.

celebrada el 20 de noviembre de 2002.

22

de

enero

de

2003,

la

Dicha vista fue

Posteriormente, el

peticionaria

fue

destituida de su puesto de confianza.

privó

de

su

derecho

a

reinstalación

finalmente

Además, se le

a

un

puesto

de

carrera.

El 28 de enero de 2003, la señora Ramos Román apeló

su destitución ante la antigua Junta de Apelaciones del

Sistema

de

Administración

de

Personal.7

En

dicha

apelación, la peticionaria impugnó la privación de su

derecho a la reinstalación al servicio de carrera.

Más

adelante, con motivo de la aprobación de la Ley Núm. 184

de 3 de agosto de 2004,8 la apelación de la peticionaria

se tramitó a través de CASARH.9

7

El 5 de noviembre de 2003 la representación legal de la

señora Ramos Román enmendó la apelación.

8

9

3 L.P.R.A. § 1461, et seq.

La Ley Núm. 184, supra, derogó la Ley Núm. 5 de 14 de

octubre de 1975, conocida como Ley de Personal de

Servicio Público. Además, la Ley Núm. 184, supra, creó a

CASARH.

Esta Comisión tiene jurisdicción sobre las

apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o

decisiones de los Administradores Individuales y los

municipios en los casos que se especifican en la Sección

13.13 de la Ley Núm. 184. 3 L.P.R.A. § 1468 (l).

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6

Luego de varios trámites procesales, el 14 de julio

de 2006, CASARH emitió una Resolución declarando Ha Lugar

la

Apelación

presentada

por

la

peticionaria.10

En

su

Resolución, CASARH adoptó las determinaciones de hechos

siguientes:

A. Gerencia del Sr. Navas

El señor Navas fue Gerente General del CBA hasta el

16 de septiembre de 1997.11

En esa fecha fue sucedido por

el Sr. Francisco Girona, quien ocupó el cargo de Gerente

General del CBA hasta el 31 de marzo de 2001.12

la

gerencia

del

señor

Navas,

la

señora

Durante

Ramos

Román

supervisó la Oficina de Recursos Humanos en su carácter de

Gerente de Administración hasta que el señor Navas fue

sucedido por el señor Girona.13

El CBA tenía un diagrama de organización interno que

nunca fue sometido para la aprobación de la Oficina de

Gerencia y Presupuesto, en adelante OGP.14

En algunas

versiones

de

del

aludido

diagrama

la

Oficina

Recursos

10

CASARH adoptó e incorporó en su Resolución el informe

rendido por la Lcda. Laura Rechani Ydrach, Oficial

Examinadora de CASARH a quien se le delegó la apelación de

la peticionaria.

11

Determinación de Hecho Núm. 7 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 73.

12

Íd.

13

Determinación de Hecho Núm. 23 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 77.

14

Determinación de Hecho Núm. 21 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 77.

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7

Humanos se encontraba “bajo la supervisión del Gerente de

Administración, aunque en la práctica no era así”.15

El

CBA

operó

con

la

anomalía

de

un

plan

de

clasificación y retribución implantado pero no aprobado

por OCALARH.16

Por ello, desde septiembre de 1996 hasta

septiembre

de

1997,

no

se

realizaron

personal

relacionadas

a

aumentos

transacciones

de

de

salarios,

reclasificaciones o ascensos.17

Bajo la dirección del señor Navas la señora Ramos

Román llevó a cabo un análisis preliminar de todos los

expedientes

de

empleados,

funcionaria de OCALARH.18

cantidad

nulidad

significativa

de

sus

con

la

colaboración

de

una

El estudio reveló que había una

de

empleados

nombramientos.19

cesanteables

Además,

del

por

estudio

surgió “que existían empleados en el CBA que habían estado

muchos años como empleados irregulares, pero no existían

certificaciones de horas trabajadas que evidenciaran que

habían acumulado las 1,800 horas durante tres [(3)] años

consecutivos, según lo exigía la Ley [Núm.] 110 de 26 de

15

Íd.

16

Determinación de Hecho Núm. 24 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 77.

17

Íd.

18

Determinación de Hecho Núm. 25 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 77.

19

Determinación de Hecho Núm. 26 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 77.

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8

junio de 1958, en adelante Ley 110, [conocida como la] Ley

de Personal Irregular de Gobierno”.20

Asimismo,

el

informe

reveló

que

los

contratos

de

empleo no indicaban que eran en virtud de un nombramiento

irregular

de

acuerdo

con

la

Ley

110.21

“[T]ampoco

existían certificaciones de que sus servicios habían sido

satisfactorios

y

de

que

cumplieran

con

todos

los

requisitos exigidos por la Ley 110 para otorgarles el

derecho”.22

Es decir, no se podía dar por hecho que los

empleados con estatus irregular de empleo por tres (3)

años o más, cumplían automáticamente con los requisitos

para ser empleados regulares.23

CASARH estimó probado que “[l]o primordial entonces

fue resolver y establecer controles para continuar con el

servicio y operación para lograr recaudar dinero para las

operaciones diarias del CBA”.24

Como parte de los cambios

se confirieron nombramientos irregulares de acuerdo con la

Ley 110.25

Posteriormente, se le otorgó el derecho a ser

20

Determinación de Hecho Núm. 28 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, págs. 77-78.

21

Determinación de Hecho Núm. 29 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 78.

22

Íd.

23

Íd.

24

Determinación de Hecho Núm. 30 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 78.

25

Determinación de Hecho Núm. 31 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 78.

CC-2008-0742

9

empleados regulares a aquellos empleados que cumplían con

los requisitos expuestos en la Ley.26

B. Gerencia del señor Girona

CASARH estimó como un hecho probado que a la llegada

del señor Girona como Gerente General, la Directora de

Recursos Humanos, la Sra. Mayra Rosich, le sometió las

hojas

de

descripciones

de

los

puestos

de

todos

los

empleados activos a esa fecha, para que el señor Girona

las firmase.27

No obstante, el señor Girona no firmó las

Hojas de Deberes.28

El problema financiero que afrontaba

el CBA tenía mayor prioridad para el señor Girona que

conseguir

la

aprobación

del

plan

de

clasificación

y

retribución.29

Por otra parte, CASARH estimó demostrado que el señor

Girona despojó a la señora Ramos Román de la supervisión

de

la

Oficina

de

Recursos

Humanos,

funciones propias de su puesto.30

así

como

de

otras

Posteriormente, entre

1998 y 1999, “el señor Girona contrató al señor Carlos

Vélez para retomar el asunto de la preparación de los

26

Íd.

27

Determinación de Hecho Núm. 34 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, págs. 78-79.

28

Determinación de Hecho Núm. 36 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 79.

29

Determinaciones de Hechos Núm. 36 y 37 de CASARH,

Apéndice del certiorari de la Peticionaria, pág. 79.

30

Determinación de Hecho Núm. 36 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 79.

CC-2008-0742

10

planes de clasificación y retribución”.31

No obstante, el

señor Vélez “sólo corrigió y enmendó el borrador del plan

que estaba implantado y funcionando en el CBA desde la

gerencia

del

Sr.

Alcides

adelante,

“el

señor

Vélez

Ortiz

fue

[Ferrari]”.32

reclutado

por

el

Más

señor

Girona para el puesto de Director de Recursos Humanos”.33

CASARH determinó como un hecho que “[a] partir de ese

reclutamiento y hasta su separación en diciembre del 2000,

la apelante [señora Ramos Román] no supervisó la Oficina

de Recursos Humanos, ya que el señor Vélez como empleado

de confianza se reportaba directamente al señor Girona,

Gerente General”.34

Para “el mes de octubre de 2001 el único plan de

clasificación y retribución aprobado que tenía el CBA era

31

Determinación de Hecho Núm. 38 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 79. La participación

de la señora Ramos Román en dicho proceso se limitó a

ciertas

consultas

del

señor

Vélez,

quien

objetaba

continuamente las recomendaciones de la señora Ramos Román

sobre los aspectos que se le consultaba referente a los

planes.

Determinación de Hecho Núm. 40 de CASARH,

Apéndice del certiorari de la Peticionaria, pág. 79.

32

Determinación de Hecho Núm. 41 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 79.

Del expediente

ante nuestra consideración no surge el periodo de tiempo

durante el cual el señor Ortiz Ferrari fue gerente del

CBA.

33

Determinación de Hecho Núm. 43 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 80.

34

Determinación de Hecho Núm. 44 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 80.

(Énfasis

nuestro).

CC-2008-0742

el

de

la

11

señora

Carmen

Junco

1996”.35

en

Todos

los

empleados de carrera y confianza en el CBA, a excepción de

la

apelante

y

su

secretaria,

tenían

títulos

de

clasificación y sueldos a base de un plan sin aprobar”.36

El

plan

fue

implantado

por

el

señor

anterior Gerente General del CBA.37

Ortiz

Ferrari,

Es un hecho probado

ante CASARH que “[e]l CBA operaba y funcionaba a base de

esa realidad organizacional y de esos empleados, con sus

correspondientes títulos de clasificación y sueldos”.38

La

señora

Ramos

Román

“no

era

la

autoridad

nominadora” y “no le competía someter un plan o declarar

nulas las transacciones y puestos existentes”.39

Tampoco

tenía autoridad para obligar al Gerente General a ejecutar

sus

recomendaciones.40

Las

mismas

“podían

ser

35

Determinación de Hecho Núm. 49 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 80.

36

Determinación de Hecho Núm. 50 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, págs. 80-81.

(Énfasis

nuestro). En el caso de la señora Ramos Román, “el puesto

de confianza era tal y como estaba definido en el Plan de

Clasificación y Retribución de Confianza, que había sido

aprobado por […] OCAP, durante la incumbencia de la señora

Carmen Junco como Gerente General”.

Determinación de

Hecho Núm. 51 de CASARH, Apéndice del certiorari de la

Peticionaria, pág. 81.

37

Íd

38

Determinación de Hecho Núm. 52 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 81. (Énfasis nuestro).

39

Determinación de Hecho Núm. 53 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 81. (Énfasis nuestro).

40

Determinación de Hecho Núm. 54 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 81. (Énfasis nuestro).

CC-2008-0742

12

consideradas

o

no

por

el

Gerente

General,

y

estaban

sujetas a la decisión final de éste”.41

C. Cargos imputados a la señora Ramos Román

Los cargos responsabilizan a la señora Ramos Román de

las acciones de personal tomadas por ser Supervisora de la

Oficina de Recursos Humanos.42

es

que

ejerció

circunstancial”,

estas

ya

No obstante, “la realidad

funciones

de

que

señor

el

forma

esporádica

Girona

y

asumió,

personalmente, la supervisión de esa oficina tan pronto

comenzó a trabajar en el CBA.43

El señor Girona, Gerente General para la fecha de los

hechos

en

controversia,

“nunca

entrevistó,

cuestionó,

discutió, conversó o investigó con la apelante [señora

Ramos

Román]

sobre

la

intención

o

el

motivo

de

las

recomendaciones que la apelante hiciera relacionadas con

movimiento

de

personal”.44

Sin

embargo,

“[e]stas

recomendaciones fueron la base para la destitución de la

apelante”.45

Las transacciones se recomendaron de acuerdo al plan

utilizado en la práctica e implantado en el mes de enero

41

Íd.

42

Determinación de Hecho Núm. 20 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 76.

43

Íd.

44

Determinación de Hecho Núm. 15 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, págs. 74-75.

45

Íd.

CC-2008-0742

de 1996.46

13

Ello se debió a que los empleados estaban

clasificados y mucho de ellos nombrados a base de ese

plan.47

En otras palabras, ese plan era el recurso que se

utilizaba

en

el

CBA

para

todas

las

transacciones

de

personal.48

CASARH determinó como un hecho, “[e]n cuanto a los

cargos uno (1) y dos (2) sobre modificación de clase de

operador de equipo de entrada de Datos y Reclasificación

de Oficial Administrativo, respectivamente, [que] ambas

clases existían en el plan sin aprobar, vigente en la

práctica

desde

enero

1996”.49

La

señora

Ramos

Román

“solamente recomendó la reclasificación de las clases, así

como

transacciones

específicas

a

la

luz

de

éstas,

a

requerimiento del señor Girona, Gerente General.

Ambas

clases

señor

fueron

Girona”.50

modificadas

y

aprobadas

por

el

La clase de Operador de Equipo de Entrada se

reclasificó para atemperarla a la necesidad del CBA de

establecer el plan de mecanización implantado por OGP.

Éstos

requerían

un

oficial

a cargo

de

los

asuntos

de

46

Determinación de Hecho Núm. 55 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 81.

47

Íd.

48

Íd.

49

Determinación de Hecho Núm. 56 de CASARH, Apéndice del

certiorari la Peticionaria, pág. 81.

50

Determinaciones de Hechos Núm. 57 y 58 de CASARH,

Apéndice

del

certiorari

la

Peticionaria,

pág.

81.

(Énfasis nuestro).

CC-2008-0742

14

informática, con unos requisitos exigentes y un nivel de

puesto gerencial.51

En relación al primer cargo, CASARH estimó probado

que

el

señor

Arzuaga,

quien

recibió

el

ascenso

en

controversia, “había asumido en la práctica desde hacía

tiempo[…] muchas de las funciones relacionadas con los

sistemas de información”.52

Igualmente, “[l]a clase de

Oficial

Administrativo

fue

revisada

términos

de

para

funciones

hacerla

y

modificada

más

flexible

en

y

genérica, ya que la especificación de clase en el plan sin

aprobar

la

limitaba

a

la

Oficina

del

Gerente

de

Administración, lo cual tampoco se ajustaba a la realidad

operacional del CBA”.53

Es

un

hecho

probado

ante

CASARH

que

“[e]l

señor

Girona quería tener una persona a cargo de los sistemas de

computadoras,

pero

no

consideraba

oportuno

reclutar

un

Director de Sistemas de Información tal y como lo definían

la OGP y la OCALARH, ya que resultaba oneroso al CBA”.54

Igualmente, “no se entendía que se justificara un nivel de

puesto de esa categoría para una organización pequeña y

51

Determinación de Hecho Núm. 59 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, págs. 81-82.

52

Determinación de Hecho Núm. 60 de CASARH, Apéndice del

certiorari la Peticionaria, pág. 82.

53

Determinación de Hecho Núm. 61 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 82.

54

Determinación de Hecho Núm. 64 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 82.

CC-2008-0742

15

una red o sistema que no eran demasiado complicados”.55

En este sentido, “[e]l señor Girona entendía que se [le]

debía otorgar la oportunidad a un recurso interno por lo

que delegó dichas funciones al señor Pedro Arzuaga, quien

aunque

no

aptitudes

tenía

y

formación

habilidad

universitaria,

para

todo

lo

tenía

muchas

relacionado

con

sistemas de computadoras”.56 Además, éste “había crecido

profesionalmente dentro del CBA y siempre fue una persona

muy colaboradora y resolutiva”.57

Por ello, “el señor

Girona entendió que lo más justo y sensato para el CBA era

retener

a

este

empleado

con

su

valiosa

experiencia

y

otorgarle a éste alguna mejora salarial y profesional”.58

CASARH entendió como un hecho probado que el Gerente

General y la Directora de Recursos Humanos de entonces,

firmaron

los

documentos

de

clases y su revisión final.59

ambas

Además,

especificaciones

de

era “evidente” que

“no se podía someter a OCALARH una enmienda a una clase,

55

Íd.

56

Determinación de Hecho Núm. 65 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, págs. 82-83.

57

Íd.

58

Íd.

Como parte de la propuesta de mecanización

aprobada por OGP para el CBA, el señor Arzuaga fue

autorizado a tomar un adiestramiento sobre los nuevos

programas y sistemas de computadoras.

Determinación de

Hecho Núm. 66 de CASARH, Apéndice del certiorari la

Peticionaria, pág. 83.

59

Dichos documentos se conservaron internamente y se

encuentran archivados en la Oficina de Recursos Humanos

del CBA.

CC-2008-0742

16

de un plan que no estaba aprobado por ellos y ni siquiera

radicado allí”.60

En

relación

al

cargo

número

tres

(3),

sobre

la

Recomendación de Nombramiento en el caso de la señora

Covas, la señora Ramos Román “recomendó su nombramiento en

un puesto de carrera, pero no indicó el procedimiento o el

trámite a seguir”.61

Ello se debió a que esa era la

responsabilidad del Director de Recursos Humanos, quien

debía “analizar todas las recomendaciones que recibía y

efectuar las mismas, en este caso el nombramiento, a la

luz de su análisis y conforme [a] las leyes y reglamentos

aplicables”.62

estaba

bajo

“[L]a

la

Oficina

competencia

de

de

la

Recursos

Humanos

señora

Ramos

no

Román

directamente en esa época ni tenía el poder o autoridad

para imponer transacción alguna”.63

Por ello, la señora

Ramos Román “se limitó a recomendar el nombramiento de la

señora Covas, que la cualificaban en principio para ocupar

la plaza, pero no impartió instrucciones sobre el trámite

que

había

que

seguir”.64

De

acuerdo

con

la

prueba

60

Determinación de Hecho Núm. 68 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 83.

61

Determinación de Hecho Núm. 69 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 83. Énfasis nuestro).

62

Determinación de Hecho Núm. 70 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 83. (Énfasis nuestro).

63

Determinación de Hecho Núm. 71 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, págs. 83-84. (Énfasis

nuestro).

64

Íd.

CC-2008-0742

testifical,

17

“se

podía

proceder

con

un

reclutamiento

especial y emitir una convocatoria interna, como se hizo

en

otras

ocasiones”.65

Este

análisis

y

trámite

es

responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos.66

La

señora Ramos Román se enteró de la forma en que se tramitó

el nombramiento de la señora Covas mediante la carta de

formulación de cargos que se le entregara.67

CASARH añadió que “[n]o existía norma ni reglamento,

en virtud del cual, la acción de “recomendar y permitir”

fueran

causas

suficientes

para

aplicar

una

acción

disciplinaria como la que se le aplicó a la apelante”.68

En consecuencia, CASARH concluyó lo siguiente:

[L]os hechos son claros y los cargos imputados

son

inmeritorios

por

lo

que

procede

la

reinstalación [de la señora Ramos Román] a su

puesto de carrera, ya que de no haber mediado la

actuación ultra vires [sic] de parte de la

gerencia del CBA, la apelante continuaría como

empleada de carrera luego de su separación del

servicio

de

confianza.

Es

decir,

el

incumplimiento con las normas y reglamentos para

transacciones de personal en el CBA eran única y

exclusivamente de la Junta de Directores o del

Gerente General que ésta designase.

Que la

Gerencia

interpretara

que

la

antedicha

responsabilidad recaía sobre las recomendaciones

hechas por la apelante estaba fuera del marco de

autoridad delegado a la CBA y al Gerente General.

Por tanto la imputación de cargos inmeritorios

por parte de la Gerencia del CBA contra la

65

Determinación de Hecho Núm. 72 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 84.

66

Íd.

67

Determinación de Hecho Núm. 73 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 84. (Énfasis nuestro).

68

Determinación de Hecho Núm. 74 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 84.

CC-2008-0742

apelante

[sic].

18

constituyó

una

actuación

ultra

vires

Es por todo lo anterior, que entendemos que la

apelante no tenía el poder ni la autoridad para

inducir a cualquiera de los Gerentes Generales

que dirigieron el CBA a tomar acciones ni

obligarlos a ello.

A la apelante se le asignó

total

responsabilidad

en

los

casos

donde

recomendó transacciones, aún sin tener ella la

autoridad para aprobar y efectuar las mismas.

Para realizar cualquier transacción de personal

se necesita la aprobación del Director de

Recursos Humanos y la del Gerente General, como

autoridad nominadora, por lo cual no podemos ser

tan ingenuos para creer que ellos no tenían

conocimiento de las transacciones de personal que

se le imputaron a la apelante, más aún ellos

aprobaron dichas transacciones, como pudimos

comprar [sic] en el expediente de personal de la

Sra. Evelyn Calderón.

La apelante fue sancionada para [sic] asumir las

consecuencias de la implantación de un plan no

aprobado, decisión y acción sobre la cual no tuvo

participación alguna, ya que ocurrió antes de su

llegada al CBA.69

Conforme

alegaciones

lo

anterior,

imputadas

no

CASARH

determinó

estaban

apoyadas

que

en

las

datos

precisos que demostraran que la peticionaria faltó a sus

deberes.

Finalmente, concluyó que la señora Ramos Román

fue injustamente culpada y destituida.

Inconforme con la determinación de CASARH, el 14 de

septiembre de 2006, el CBA presentó un recurso de Revisión

Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones.

En su

recurso, el CBA argumentó que CASARH erró al concluir que

la destitución de la señora Ramos Román fue injustificada

69

Resolución de CASARH de 12 de julio de 2006, págs. 1819, Apéndice del certiorari de la Peticionaria, págs. 8990.

CC-2008-0742

19

y contraria a Derecho.

De igual forma, arguyó que CASARH

erró al ordenar la reinstalación de la peticionaria a un

puesto de carrera y al decretar el pago retroactivo de

salarios dejados de devengar.

En particular, alegó que

CASARH erró en la apreciación de la prueba oral.

Ello,

por entender que del expediente administrativo surge que

la

peticionaria

violentó

sus

deberes

como

empleada

pública, al haber realizado recomendaciones de personal

irregulares o nulas.

El CBA reconoció que de ordinario la peticionaria

tendría derecho a ser reinstalada a un puesto de carrera

una vez cesara en la posición de confianza.

Sin embargo,

según argumentó el CBA, la conducta de la peticionaria fue

de gravedad suficiente para privarle de retornar a un

puesto de carrera.

El 30 de junio de 2008, el Tribunal de Apelaciones

dictó

Sentencia

CASARH.70

El

revocando

foro

la

Resolución

dictada

por

apelativo

intermedio

concluyó

que

CASARH erró en la aplicación del derecho a los hechos del

caso.

Ello, a pesar de aceptar como ciertas y correctas

todas

las

Resolución

determinaciones

de

CASARH,

de

por

hechos

estar

esbozadas

por

la

sostenidas

por

el

expediente administrativo.

El

Tribunal

de

Apelaciones

concluyó

que

CASARH

incidió al no evaluar si la señora Ramos Román incumplió

70

El archivo en autos de la copia de notificación de la

Sentencia data del 18 de julio de 2008.

CC-2008-0742

20

los deberes y funciones que le imponía la Ley Núm. 5,

supra,

respecto

al

principio

del

mérito.

Asimismo,

concluyó que la peticionaria recomendó unas transacciones

de personal a sabiendas de que las mismas eran ilegales

por violentar las disposiciones de la Ley Núm. 5, supra, y

de los reglamentos aplicables.

Inconforme con el dictamen emitido por el Tribunal de

Apelaciones,

la

señora

Ramos

Román

acude

ante

nos

señalando la comisión de los errores siguientes:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

concluir

que

la

destitución

de

la

señora

Constancia Ramos fue justificada.

Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que

como cuestión de Derecho la señora Constancia

Ramos incumplió los deberes y funciones de su

cargo al recomendar las transacciones de personal

relacionadas a los empleados Pedro Arzuaga,

Evelyn Calderón y Evelyn Covas, justificándose la

denegatoria a su reinstalación a puesto de

carrera.

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

concluir

que

las

transacciones

de

personal

relacionadas a los empleados Pedro Arzuaga,

Evelyn Calderón y Evelyn Covas fueron ilegales.

El 20 de marzo de 2009 expedimos el mandamiento de

certiorari en el caso de autos.

Con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

A.

Las

determinaciones

presunción

71

de

administrativas

regularidad

y

gozan

corrección.71

de

una

Dicha

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003); Com.

Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R. 750, 761 (1999).

CC-2008-0742

21

presunción debe sostenerse por los tribunales, salvo que

la misma logre ser derrotada mediante la identificación de

evidencia

sustancial

que

obre

en

el

expediente

administrativo.72

El

expediente

exclusiva

para

la

administrativo

constituye

la

decisión

agencia

para

de

revisión judicial de la misma.73

la

y

base

la

Por ello, la parte que

impugna judicialmente las determinaciones de hechos de una

agencia administrativa tiene el peso de probar que “existe

otra prueba en el récord que reduzca o menoscabe el valor

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de

que

no

se

pueda

concluir

que

la

determinación

de

la

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la

prueba que tuvo ante su consideración”.74

La

facultad

del

foro

judicial

para

revisar

las

determinaciones de hechos de las agencias está limitada

por

la

Sección

Administrativo

4.5

Uniforme,

de

en

la

Ley

adelante

de

Procedimiento

L.P.A.U.75

Esta

Sección establece que “[l]as determinaciones de hechos de

las decisiones de las agencias serán sostenidas por el

72

López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, 168 D.P.R. 749,

752 (2006); Henríquez v. Consejo de Educación Superior,

120 D.P.R. 194, 210 (1989).

73

Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 708 (2004);

Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 (1999).

74

Ramírez Rivera v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905

(1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131

(1998). (Énfasis nuestro).

75

3 L.P.R.A. § 2175.

CC-2008-0742

22

tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en

el expediente administrativo”.76

Hemos definido el concepto de evidencia sustancial

como aquella evidencia relevante que una mente razonable

podría

aceptar

conclusión.77

como

adecuada

para

sostener

una

Ello no requiere que a la luz de la prueba

que obre en los autos, la decisión de la agencia refleje

la

única

conclusión

juzgador.

El

lógica

criterio

a

la

que

podría

rector

en

estos

llegar

casos

será

un

la

razonabilidad de la determinación de la agencia luego de

considerarse

el

expediente

administrativo

en

su

totalidad.78

Más aun, cuando una determinación de una

agencia esté sustentada por evidencia sustancial que obre

en el expediente del caso, los tribunales deben abstenerse

de sustituir el criterio de la agencia por el judicial.79

La

revisión

administrativas

actuación

de

la

se

judicial

de

circunscribe

a

agencia

es

las

decisiones

determinar

arbitraria,

ilegal

si

la

o

tan

76

Íd. Véanse además, Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R.

69, 76-77 (2004); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med.

Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); Domínguez v. Caguas

Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 397 (1999).

77

Ramírez Rivera v. Depto. de Salud, supra, pág. 905;

Misión Ind. P.R. v. J. P., supra, pág. 131; Hilton Hotels

v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953).

78

Íd.

Véase además, Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716,

727-728 (2005).

79

Otero v. Toyota, supra, 728 (2005); Reyes Salcedo v.

Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 95 (1997).

CC-2008-0742

23

irrazonable que constituya un abuso de discreción.80

Al

enfrentarse a una petición para revisar judicialmente una

determinación administrativa, el tribunal debe analizar si

conforme

al

expediente

administrativo:

(1)

el

remedio

concedido fue razonable; (2) las determinaciones de hechos

están

sostenidas

por

evidencia

sustancial;

y

(3)

las

conclusiones de derecho del organismo administrativo son

correctas.81

Existe una práctica judicial claramente establecida

de

conceder

gran

consideración

y

deferencia

decisiones de los foros administrativos.82

a

las

Sin embargo,

ello no significa una abdicación de la función revisora

del foro judicial.83

tienen

el

posibles

deber

actuaciones

arbitrarias

judicial

de

de

podrá

las

Por el contrario, los tribunales

proteger

ultra

a

vires,

agencias.

sustituir

los

el

ciudadanos

contra

inconstitucionales

Ahora

bien,

criterio

del

“el

o

foro

organismo

administrativo por el propio sólo en aquellas ocasiones

80

Torres v. Junta Ingenieros, supra, 708 (2004); Fuentes

v. Administración de Reglamentos y Permisos, 134 D.P.R.

947, 953 (1993).

81

Pacheco

v. Estancias, supra, pág. 431 (2003);

P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 281

(2000); Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, págs. 279-280

(1999).

82

Otero v. Toyota, supra,

Motors, supra, pág. 77.

83

pág.

727;

Rebollo

v.

Yiyi

Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 122-123

(2000).

CC-2008-0742

que

no

24

encuentre

una

base

racional

que

fundamente

la

actuación administrativa”.84

Por otra parte, las conclusiones de derecho de las

agencias

administrativas

son

aspectos por el tribunal”.85

“revisables

en

todos

sus

El razonamiento detrás de

esta disposición es que los tribunales gozan de peritaje

en cuanto a las cuestiones jurídicas, por lo cual no se

adelanta ningún fin público otorgándole deferencia a la

agencia en cuanto a este aspecto.

No obstante, ello no quiere decir que los tribunales

deben descartar livianamente las conclusiones de derecho

hechas

por

las

agencias

administrativas.

Nuestra

jurisprudencia interpretativa señala que los tribunales

deben

dar

gran

peso

y

deferencia

a

la

aplicación

e

interpretación que hagan las agencias con respecto a las

leyes y reglamentos que éstas administran.86

Ello, porque

al tratarse de áreas del Derecho que manejan a diario, las

agencias desarrollan un conocimiento especializado que no

debe ser menospreciado.87

El

criterio

de

revisión

en

cuanto

a

las

interpretaciones jurídicas hechas sobre los estatutos que

84

Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 78.

85

3 L.P.R.A. § 2175.

86

Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., supra, pág.

75.

87

Rivera Rentas v. A & C Development, 144 D.P.R. 450, 461

(1997).

CC-2008-0742

25

maneja la agencia debe ser también uno de razonabilidad.88

Ahora

bien,

la

interpretaciones

deferencia

legales

cede

que

merecen

ante

una

estas

actuación

irrazonable o ilegal que justifique que el tribunal ejerza

su función revisora en protección de la ciudadanía.89

Las

conclusiones de derecho que no envuelvan interpretaciones

de las leyes y reglamentos administrados por la agencia,

ni que caigan dentro de la rúbrica de especialidad de la

misma, son revisables por los tribunales sin limitación

alguna.90

B.

La Corporación del Centro de Bellas Artes es una

corporación pública creada mediante la Ley Núm. 43 de 12

de mayo de 1980, según enmendada.91

El organismo rector

del CBA es una Junta de Directores, que corresponde a la

misma

Junta

de

Puertorriqueña.

funge

como

poderes,

su

Directores

del

Instituto

de

Cultura

El CBA cuenta con un Gerente General que

primer

ejecutivo.

responsabilidades

y

Éste

facultades

cuenta con

los

administrativas

que le han sido delegadas por la Junta de Directores del

Instituto de Cultura.92

88

Véase, Pacheco v. Estancias, supra, pág. 432.

89

Íd., pág. 433.

90

Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 132;

Rentas v. A & C Development, supra, pág. 461.

91

18 L.P.R.A. § 1161, et sec.

92

18 L.P.R.A. § 1161(b).

Rivera

CC-2008-0742

26

El Artículo 2 de la Ley Orgánica del CBA,93 dispone

que dicha corporación tiene el poder para “administrar su

propio

sistema

de

personal

y

nombrar

funcionarios, agentes y empleados”.94

todos

sus

Asimismo, el CBA

tiene poder para asignarles a sus empleados “las funciones

que estime convenientes”.95

De acuerdo con el mencionado

Artículo, el CBA es un administrador individual.96

Conforme

lo

anterior,

el

CBA

es

un

Administrador

Individual al cual le aplicaban las disposiciones de la

Ley

Núm.

5,

Según

supra.

mencionado,

derogada por la Ley Núm. 184, supra.

fecha

de

los

hechos

en

dicha

Ley

fue

No obstante, para la

controversia,

la

versión

estatutaria vigente para la administración de los recursos

humanos en el servicio público era la Ley Núm. 5, supra.97

En

consecuencia,

disposiciones

de

debemos

la

examinar

referida

Ley

y

aplicar

a

la

las

presente

controversia.

C.

La Ley de Personal del Servicio Público de Puerto

Rico, Ley Núm. 5, supra, fue aprobada con el propósito de

establecer un solo sistema de personal para los empleados

públicos.

Dicha

Ley

tenía

como

93

18 L.P.R.A. § 1161, et seq.

94

18 L.P.R.A. § 1161(a)(i).

95

Íd.

96

Íd.

97

3 L.P.R.A. § 1301, et seq. (2000).

política

pública

CC-2008-0742

27

establecer el mérito como el principio que regiría el

servicio público en Puerto Rico.

Este principio promueve

que las personas que sirven al gobierno sean las más aptas

para

ello

y

que

todo

empleado

sea

seleccionado

consideración al mérito y a su capacidad.

en

Asimismo, la

Ley Núm. 5, supra, pretendía evitar que las transacciones

de

personal

discrimen

estuviesen

por

razón

de

indebidamente

raza,

color,

motivadas

sexo,

por

nacimiento,

edad, origen o condición social, o por ideas políticas o

religiosas.98

La Ley Núm. 5, supra, creó un sistema unitario de

administración para el personal del servicio público que

incluía una Administración Central y los Administradores

Individuales.

Los Administradores Individuales se regían

por sus propios reglamentos, los cuales tenían que ser

conformes al principio de mérito y ser aprobados por OCAP.

En virtud de ello, le correspondía a OCAP aprobar los

reglamentos

y

planes

de

clasificación

de

los

Administradores Individuales para que fuesen puestos en

vigor.

cualquier

Además, OCAP tenía la facultad de declarar nula

regla

que

sometieran

los

administradores

individuales que fuera contraria a la Ley Núm. 5, supra, y

a las normas y reglamentos promulgados por la aludida

Oficina.99

98

3 L.P.R.A. § 1311(1) (2000).

99

3 L.P.R.A. § 1347 (2000).

CC-2008-0742

28

La Ley Núm. 5, supra, disponía en su Sección 4.2 lo

siguiente:

Como instrumento eficaz para la consecución de los

programas de gobierno, las agencias del sistema de

personal

serán

responsables

de

establecer

y

mantener una estructura racional de funciones que

propenda a la mayor uniformidad posible y que

sirva de base para las diferentes acciones de

personal.

Para

lograr

este

propósito

se

establecen

las

siguientes

disposiciones

que

cumplirán las autoridades nominadoras según les

corresponda:

[…]

(7) Será responsabilidad de la Oficina, en el caso

de la Administración Central y de cada autoridad

nominadora, en el caso de los Administradores

Individuales,

crear,

eliminar,

consolidar

y

modificar las clases de puesto comprendidos en el

plan de clasificación.

El Director de Personal

será responsable de emitir normas respecto a la

creación,

eliminación,

consolidación

y

modificación de las clases de puesto para guiar el

mantenimiento de los planes de clasificación.100

La Sección 4.4 de la Ley Núm. 5, supra, disponía sobre

los ascensos, traslados y descensos lo siguiente:

(1) La Administración Central o cada Administrador

Individual, según sea el caso, determinará las

clases de puestos que debido a las necesidades

particulares de la agencia o a la naturaleza de

las funciones de las clases de puesto requieren

que se cubran mediante el ascenso de empleados.

Para cubrir estas clases de puestos se utilizará

el mecanismo de los ascensos, conforme a lo

siguiente:

(a)

Los

empleados

en

puestos

de

carrera

ascenderán mediante exámenes que podrán consistir

de

pruebas

escritas,

orales,

físicas,

de

ejecución,

evaluaciones

de

experiencia

y

preparación, evaluaciones de supervisor, análisis

del

record

del

trabajo,

resultados

de

adiestramientos u otros.101

100

3 L.P.R.A. § 1332 (2000).

(Énfasis nuestro).

101

3 L.P.R.A. § 1334 (2000).

(Énfasis nuestro).

CC-2008-0742

29

En lo que respecta al reclutamiento y selección de

personal, la Sección 4.3 (11) de la Ley Núm. 5, supra,

proveía

para

que

se

establecieran

procedimientos

especiales

“[c]uando

se

no

de

disponga

mediante

reclutamiento

de

registros

reglamento

y

selección

de

elegibles

apropiados para determinada clase de puestos y la urgencia

del servicio lo justifique”.102

La Ley Núm. 5, supra,

reconoció como parte del principio de mérito el derecho de

reinstalación.

La

Sección

5.10

de

la

referida

Ley

disponía, en lo pertinente, lo siguiente:

Los empleados de confianza serán de libre

selección y remoción.

Serán igualmente de

confianza aquellos que aunque siendo de libre

selección sólo pueden ser removidos por justa

causa por disposición de ley o aquéllos cuyo

nombramiento sea por un término prefijado por

ley.

(a) Todo empleado que tenga la condición de

empelado regular en el Servicio de Carrera y pase

al Servicio de Confianza tendrá derecho absoluto

a ser reinstalado en un puesto igual o regular al

último que ocupó en el Servicio de Carrera, a

menos que su remoción del puesto de confianza se

haya efectuado mediante formulación de cargos, y

disponiéndose, que será acreedor a todos los

beneficios en términos de clasificación y sueldo

que se haya extendido a la plaza que ocupaba,

durante el término en que sirvió en la posición

de confianza.103

D.

Para instrumentar la Ley Núm. 5, supra, OCAP adoptó

el Reglamento de Personal: Áreas Esenciales al Principio

102

3 L.P.R.A. § 1333 (2000).

103

3 L.P.R.A. § 1350 (2000).

(Énfasis nuestro).

CC-2008-0742

30

de Mérito,104 según enmendado, en adelante Reglamento Núm.

2663.

Dicho

Reglamento

es

aplicable

a

toda

la

Rama

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a las

corporaciones públicas y a los municipios.105

El Reglamento Núm. 2663 dispone sobre el derecho de

reinstalación lo siguiente:

Si un empleado en el servicio de carrera con

[e]status regular pasa al servicio de confianza y

posteriormente

se

separa

del

mismo,

tendrá

derecho absoluto a ser reinstalado con categoría

de empleado de carrera, en un puesto igual o

similar al que ocupaba en el servicio de carrera

al momento en que pasó al servicio de confianza.

Deberá ser reinstalado preferiblemente en la

misma

agencia

donde

sea

separado.

La

Administración

Central

y

cada

Administrador

Individual reglamentarán la forma de implementar

esta disposición.106

De las disposiciones antes citadas se desprende que

el derecho de reinstalación estaba disponible para aquel

empleado

carrera.

de

El

confianza

que

propósito

de

ello

era

que

se

veía

expuesto

empleo

al

aceptar

empleado

de

carrera

seguridad

de

su

provenía

del

servicio

de

hacer

justicia

al

a

la

una

perder

posición

en

el

servicio de confianza.107

104

Reglamento Núm. 2186 de 30 de noviembre de 1976, según

enmendado por el Reglamento Núm. 2663 de 17 de marzo de

1980.

105

El Reglamento Núm. 2663 sólo excluye de su aplicación a

los empleados de las agencias y corporaciones públicas que

funcionan como empresas o negocios privados y de aquellas

otras

cuyos

empleados

tienen

derecho

a

negociar

colectivamente.

106

Sección 5.5 del Reglamento Núm. 2663, supra. (Énfasis

nuestro).

107

Véase, Fidalgo Colón v. A.D.T., 112 D.P.R. 1, 7 (1982).

CC-2008-0742

31

E.

En

cumplimiento

con

las

disposiciones

antes

mencionadas, el CBA adoptó el Reglamento de Personal de la

Corporación

del

Centro

Reglamento del CBA.108

de

Bellas

Artes,

en

adelante

Dicho reglamento fue aprobado por

OCAP, el 27 de septiembre de 1989, quien tenía facultad

para

declarar

nula

cualquier

regla

que

sometieran

los

administradores individuales que fuera contraria a la Ley

Núm. 5, supra, y a los reglamentos promulgados por dicha

Oficina.109

En el presente caso, OCAP aprobó el Reglamento

del

supra,

CBA,

y

no

declaró

nula

ninguna

ello,

disposiciones

reglamentarias.

Por

adjudicación

adecuada

de

la

presente

contrario

análisis

realizado

por

soslayar

las

al

Apelaciones,

no

podemos

el

de

sus

para

una

controversia,

Tribunal

de

disposiciones

del

Reglamento del CBA, supra.

La Sección 5.1 del aludido Reglamento dispone sobre

el Plan de Clasificación lo siguiente:

El Gerente General establecerá un Plan de

Clasificación para los puestos de carrera previa

la

aprobación

de

la

Oficina

Central

de

Administración de Personal.

Establecerá las

normas y los procedimientos necesarios para la

administración de dicho plan, en armonía con el

plan de retribución que se establezca y los

reglamentos aplicables a este último.

El Plan de Clasificación reflejará la situación

de todos los puestos en el servicio de carrera de

la agencia a una fecha determinada, constituyendo

108

Reglamento de Personal de la Corporación del Centro de

Bellas Artes de 27 de septiembre de 1989.

109

3 L.P.R.A. § 1347 (2000).

CC-2008-0742

32

así un inventario de los puestos autorizados a la

agencia en todo momento. Para lograr que el Plan

de Clasificación sea un instrumento de trabajo

adecuado y efectivo en la administración de

personal, se mantendrá al día registrando los

cambios que ocurran en los puestos, de forma tal

que en todo momento el plan refleje exactamente

los hechos y condiciones reales presentes, y

mediante la actualización de las especificaciones

de clase y las asignaciones de puestos a las

clases.

Se establecerán por lo tanto, los

mecanismos necesarios para hacer que el Plan de

Clasificación sea susceptible a una revisión y

modificación continua de forma que constituya una

herramienta de trabajo efectiva.110

En lo que respecta a la clasificación de puestos, la

Sección 5.6 del Reglamento del CBA, supra, dispone que

“[t]odos

los

puestos

se

clases correspondientes.

clasificación.

asignarán

oficialmente

a

las

No existirá ningún puesto sin

Bajo ninguna circunstancia podrá persona

alguna recibir nombramiento en un puesto que no haya sido

clasificado previamente”.111

La reclasificación de los puestos está regulada en la

aludida Sección 5.6 del modo siguiente:

Se justificará

esté

presente

situaciones:

reclasificar todo puesto cuando

cualquiera

de

las

siguientes

1. Clasificación Original Errónea

En esta situación no existe cambio significativo

en las funciones del puesto, pero se obtiene

información adicional que permite corregir una

apreciación inicial equivocada.

2. Modificación al Plan de Clasificación

En esta situación no existen necesariamente

cambios significativos en las especificaciones de

los puestos, pero en el proceso de mantener al

110

Reglamento

nuestro).

111

del

CBA,

supra,

págs.

Reglamento del CBA, supra, pág. 12.

5-6.

(Énfasis

CC-2008-0742

33

día

el

Plan

de

Clasificación

mediante

la

consolidación, segregación, alteración, creación

y eliminación de clases, surge la necesidad de

cambiar la clasificación de algunos puestos.

3. Cambio Sustancial en Deberes, Responsabilidad o

Autoridad

Es un cambio deliberado y sustancial en la

naturaleza o el nivel de las funciones del

puesto, que lo hace subir o bajar de jerarquía o

la ubica en una clase distinta al mismo nivel.

4. Evolución del Puesto

Es el cambio que tiene lugar con el transcurso

del

tiempo

en

los

deberes,

autoridad

y

responsabilidades del puesto que ocasiona una

transformación del puesto original.112

Por

otro

lado,

la

Sección

5.8

sobre

Cambio

de

Deberes, Responsabilidades o Autoridad, del Reglamento de

Personal del CBA dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

Se podrá disponer cambios en los deberes,

responsabilidades o autoridad de los puestos con

arreglo a las siguientes normas:

1. Todo cambio responderá a la necesidad o

conveniencia de los programas gubernamentales:

ningún cambio tendrá motivación arbitraria ni

propósitos disciplinarios.

2. Conforme

a

lo

anterior,

la

Corporación

establecerá sus propios criterios conforme a sus

particularidades.113

El

Reglamento

del

CBA,

supra,

también

regula

lo

referente a los ascensos en la Sección 7.1 del Artículo 7

de la manera siguiente:

1. Objetivo de los Ascensos

El objetivo de los ascensos es atraer al mejor

personal para cubrir puestos públicos; ofrecer

oportunidades

para

mayor

progreso

de

sus

servidores según se desarrollan sus capacidades

para prestar buenos servicios; mantener un alto

nivel de satisfacción y ejecución entre los

112

Reglamento del CBA, supra, págs. 13-14.

113

Reglamento del CBA, supra, pág. 16.

(Énfasis nuestro).

CC-2008-0742

34

empleados y lograr retener en el servicio a los

más capacitados.

2.

Normas sobre Ascensos

Con el fin de establecer sistemas que hagan

viable el ascenso de los empleados de carrera,

regirán las siguientes normas:

[…]

b) La Corporación determinará las clases de

puesto que se requiere se cubran mediante el

ascenso de empleados. Esta determinación se hará

a base de la naturaleza de las funciones de las

clases

de

puestos

y

a

las

necesidades

particulares de la Corporación.

Las normas

específicas sobre lo establecido anteriormente

estarán contenidas en las normas de reclutamiento

que se establezcan para cada clase de puesto.114

A su vez, la misma Sección 7.1 (3) (b) del Reglamento

del CBA, supra, dispone sobre Ascensos sin Oposición lo

siguiente:

b) Por exigencias excepcionales y especiales se

entenderá la necesidad de reclutar personal por

razón de las siguientes situaciones:

(1) Asignación o atención de nuevas funciones o

programas;

(2) Ampliación de los servicios que presta la

agencia;

(3) Necesidad de reclutar personal que logre

mantener la continuidad en la prestación de los

servicios sin necesidad de mayor orientación;

[…]

(5) Urgencia por cubrir un puesto vacante que

hace impracticable el procedimiento ordinario.115

III

Nos corresponde resolver si una empleada que ocupa un

puesto de confianza, que de acuerdo con la Ley Núm. 5,

114

Reglamento

nuestro).

115

del

Íd., págs. 49-50.

CBA,

supra,

págs.

48-49.

(Énfasis

CC-2008-0742

35

supra, no le compete aprobar, crear o modificar clases de

puestos para la corporación pública para la cual labora,

puede ser privada de su derecho de reinstalación en un

puesto de carrera tras su destitución como empleada de

confianza, por recomendar transacciones de personal que no

forman parte de sus funciones.

Ello, a pesar de que la

empleada de confianza no tenía el poder para obligar al

Director

(autoridad

de

Recursos

Humanos

nominadora)

a

o

al

actuar

Gerente

conforme

General

a

sus

recomendaciones y, además, cuando a dichos funcionarios

les correspondía analizar toda recomendación recibida y

aprobar o rechazar la transacción de personal en cuestión.

A.

En el primer cargo, el CBA le imputó a la señora

Ramos Román el haber recomendado la modificación de la

clase de Operador de Equipo de Entrada de Datos a la clase

de Asistente de Sistemas de Información; haber recomendado

el ascenso del señor Arzuaga a la clase modificada sin

haber obtenido la aprobación de la clase por ORHELA; y que

la clase de Asistente de Sistema de Información no formaba

parte del Plan de Clasificación de la agencia, razón por

la cual su nombramiento era nulo.

No le asiste la razón.

La señora Ramos Román recomendó la modificación de la

clase

en

controversia

de

acuerdo

a

las

discreciones

conferidas a las agencias administrativas mediante la Ley

Núm. 5, supra, y la Sección 5.1, y subsiguientes, del

Reglamento

de

Personal

del

CBA,

supra.

Estas

CC-2008-0742

36

disposiciones permiten realizar los cambios necesarios en

la clasificación de puestos de acuerdo a los hechos y

condiciones reales de las agencias, de manera que el Plan

de Clasificación sea una herramienta efectiva de trabajo.

El Reglamento del CBA, supra, permite que se realicen

cambios en los deberes y responsabilidades de los puestos,

siempre que ello responda a la necesidad o conveniencia

del CBA.116

Por ello, según su Reglamento, el CBA tiene la

facultad para establecer sus propios criterios conforme a

su realidad particular.117

Las recomendaciones efectuadas por la señora Ramos

Román surgen como consecuencia de la necesidad del CBA de

implantar el programa de mecanización promulgado por la

OGP.118

Ante la necesidad operacional del CBA, la señora

Ramos Román optó por recomendar la modificación de un

puesto existente en el Plan de Clasificación utilizado en

el CBA desde el 1996.119

como

herramienta

existente

de

trabajo

internamente

transacciones

de

Es decir, la peticionaria utilizó

el

en

el

personal

en

Plan

CBA

de

para

Clasificación

recomendar

controversia.

De

las

las

determinaciones de hechos de CASARH surge que el propósito

116

Sección 5.8 del Reglamento del CBA, supra, pág. 16.

117

Íd.

118

Véanse, Determinaciones de Hechos Núm. 59, 64 y 66 de

CASARH, Apéndice del certiorari de la Peticionaria, págs.

81-83.

119

Determinación de Hecho Núm. 55 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 81.

CC-2008-0742

37

de las recomendaciones fue mantener actualizado, aunque

fuese

internamente,

el

Plan

de

Clasificación

que

se

utilizaba.

No puede escaparse de nuestro análisis la realidad

particular

con

la

cual

operaba

el

CBA.

Todos

los

empleados de carrera y de confianza, salvo la señora Ramos

Román y su secretaria, tenían títulos de clasificación a

base de un plan sin aprobar, el cual fue implantado con

anterioridad a la llegada de la peticionaria.

Es decir,

como cuestión de hecho el CBA operó con la realidad de un

plan de clasificación y retribución implantado pero no

aprobado por OCALARH.

Por ello, era “evidente” que “no se

podía someter a OCALARH una enmienda a una clase, de un

plan

que

no

estaba

aprobado

por

ellos

y

ni

siquiera

radicado allí”.120

En lo que respecta al ascenso del señor Arzuaga, la

Sección 4.4 de la Ley Núm. 5, supra, es clara a los

efectos

de

que

cada

Administrador

Individual

tiene

la

facultad de determinar las clases de puestos que debido a

las

necesidades

particulares

requieren

mediante el ascenso de empleados.

que

se

cubran

El propio Reglamento

del CBA, supra, dispone que se puede reclutar personal

cuando hay una asignación de nuevas funciones o programas,

o cuando hay alguna necesidad de reclutar personal que

logre mantener la continuidad en la prestación de los

120

Determinación de Hecho Núm. 68 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 83.

CC-2008-0742

38

servicios.121

A su vez, dispone que se puede reclutar

personal, por razones excepcionales y especiales, cuando

hay

una

asignación

de

nuevas

funciones

o

programas;

necesidad de reclutar personal para lograr la continuidad

en

la

prestación

urgencia

por

de

los

cubrir

un

servicios;

puesto

o

cuando

vacante

hay

que

una

hace

impracticable el procedimiento ordinario.122

Conforme lo anterior, y por la necesidad urgente del

CBA

de

poner

a

funcionar

el

plan

de

mecanización

del

sistema de información promulgado por la OGP, la señora

Ramos Román recomendó el ascenso del Sr. Arzuaga.

El

ascenso

su

del

señor

Arzuaga

se

realizó

al

evaluar

experiencia, habilidades y su desempeño en el trabajo.123

Dicho empleado contaba con las destrezas y experiencias

necesarias del puesto, además de un excelente expediente,

siendo al momento de la recomendación la persona encargada

de operar los sistemas nuevos de computadora.124

De

los

palmariamente

hechos

que

el

probados

Gerente

ante

General

CASARH

del

CBA,

surge

señor

Girona, no consideraba oportuno reclutar a un Director de

Sistemas de Información, según definido por OGP y OCALARH,

121

Sección 7.1(3)(b) del Reglamento del CBA, supra.

122

Íd.

123

3 L.P.R.A. § 1334 (2000). Además, mediante el mismo se

cumplió con los objetivos de los ascensos según lo

dispuesto en la Sección 7.1 del Artículo 7 del Reglamento

del CBA, supra.

124

Determinación de Hechos Núm. 60 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 82.

CC-2008-0742

39

porque ello resultaba oneroso ante la precaria situación

económica del CBA.125

Además, no se justificaba un puesto

de tal categoría para una organización pequeña que operaba

con un sistema de información que no era complejo.126

Por

ello, el mismo Gerente General delegó en el señor Arzuaga

dicho trabajo.127

Conforme lo anterior, concluimos que el Tribunal de

Apelaciones

erró

al

adjudicarle

responsabilidad

a

la

señora Ramos Román por modificar la clase en controversia

y por recomendar el ascenso del señor Arzuaga.

Asimismo,

el foro apelativo intermedio incidió al concluir que la

clase de Asistente de Sistema de Información no formaba

parte del Plan de Clasificación del CBA, cuando de las

propias determinaciones de hechos de CASARH surge que ésta

sí

existía

en

el

plan

utilizado

transacciones de personal.

en

el

CBA

para

las

Si bien es cierto que el CBA,

como Administrador Individual, incumplió con su obligación

de someter el Plan de Clasificación para la aprobación de

OCALARH, no es menos cierto que la señora Ramos Román

realizó la recomendación en controversia de acuerdo al

plan

utilizado

personal.

en

el

CBA

para

las

transacciones

de

Por ello, y ante la realidad del CBA, el cual

no podía someter a OCALARH enmiendas a las clases por no

125

Determinación de Hecho Núm. 64 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 82.

126

127

Íd.

Determinación de Hecho Núm. 65 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, págs. 82-83.

CC-2008-0742

contar

con

40

un

plan

aprobado

por

dicha

entidad,

no

se

justifica la imposición de una medida disciplinaria tan

severa como la privación del derecho a la reinstalación a

un puesto de carrera.

B.

En el segundo cargo, el CBA le imputó a la señora

Ramos Román haber violado las disposiciones de la Ley Núm.

5, supra, al recomendar la reclasificación del puesto de

la

señora

Calderón,

de

Secretaria

de

la

Oficina

de

Servicios Generales a Oficial Administrativo por evolución

de sus funciones.

El CBA alegó que la reclasificación

recomendada por la señora Ramos Román no procedía por

evolución

de

funciones

Administrativo

no

y

existía

que

en

el

la

clase

Plan

de

de

Oficial

Clasificación

utilizado por el CBA.

De entrada, es un hecho probado ante CASARH que la

clase de Oficial Administrativo sí existía en el Plan de

Clasificación utilizado e implantado en el CBA desde el

mes de enero de 1996.128

El CBA no ha probado que exista

otra evidencia en el expediente que impida llegar a la

conclusión

razonable.129

de

que

dicha

determinación

de

hecho

fue

Por ello, la misma debe ser sostenida por

los tribunales.

Resolvemos, pues, que el Tribunal de

Apelaciones

al

erró

concluir

que

la

clase

de

Oficial

128

Determinaciones de Hechos Núm. 55 y 56 de CASARH,

Apéndice del certiorari de la Peticionaria, pág. 81.

129

Ramírez Rivera v. Depto. de Salud, supra, pág. 905;

Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 131.

CC-2008-0742

41

Administrativo no existía en el Plan de Clasificación del

CBA.

La clase de Oficial Administrativo fue revisada y

modificada

en

términos

flexible y genérica.

de

funciones

para

hacerla

más

Ello, porque la especificación de

clase en el Plan de Clasificación del CBA la limitaba a la

Oficina del Gerente de Administración, cosa que tampoco se

ajustaba

a

la

realidad

operacional

CBA.130

del

La

recomendación efectuada por la señora Ramos Román permitía

mayores

oportunidades

para

resolver

problemas organizacionales del CBA.131

temporeramente

Además, esta clase

fue modificada y aprobada por el señor Girona, Gerente

General

del

CBA

controversia.132

para

la

fecha

de

los

hechos

en

Ello quedó establecido, claramente, en

las determinaciones de hechos de CASARH.

Por

otra

parte,

la

recomendación

de

la

clase

en

controversia se fundamentó en la evolución del puesto.

Ciertamente,

erróneo,

el

toda

fundamento

vez

que

la

para

la

recomendación

reclasificación

fue

realmente

130

Determinación de Hecho Núm. 61 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 82.

131

Determinación de Hecho Núm. 62 de CASARH, Apéndice del

certiorari la Peticionaria, pág. 82.

Adviértase, que de

acuerdo al Reglamento del CBA, supra, se justifica

reclasificar cualquier puesto cuando surge la necesidad de

cambiar la clasificación de alguno de estos para mantener

actualizado el Plan de Clasificación, de manera que el

mismo sea un instrumento eficaz para las operaciones del

CBA.

132

Determinación de Hecho Núm. 58 de CASARH, Apéndice del

certiorari la Peticionaria, pág. 81.

CC-2008-0742

42

procedía

por

embargo,

dicho

un

cambio

error

sustancial

en

deberes.

Sin

corregido

por

la

de

fue

Oficina

Recursos Humanos del CBA, quien en el descargue de sus

funciones

tenía

el

deber

reclasificación.133

Oficina

de

En

de

tramitar

específico,

Recursos

Humanos

el

el

proceso

Director

del

CBA

de

de

la

tenía

la

responsabilidad de analizar todas las recomendaciones que

recibía, para luego efectuarlas conforme a las leyes y

reglamentos aplicables.134

no

tenía

poder

ni

Además, la señora Ramos Román

autoridad

para

imponer

transacción

alguna de personal.

El referido error de la señora Ramos Román no es

fundamento

para

la

privación

de

su

reinstalación a un puesto de carrera.

derecho

a

la

La destitución de

un empleado público es una medida drástica que procede en

casos extremos cuando la falta es de eminente gravedad o

cuando exista un estado de emergencia fiscal declarado

mediante

ley.135

El

presente

violación

extrema

en

los

público.

Por

contrario,

el

caso

deberes

el

no

de

error

demuestra

un

una

funcionario

cometido

por

la

133

Véanse, Determinaciones de Hechos Núm. 70-72 de CASARH,

Apéndice del certiorari de la Peticionaria, págs. 83-84.

134

Véase, Determinación de Hecho Núm. 70 de CASARH,

Apéndice del certiorari de la Peticionaria, págs. 83.

135

Domínguez Castro v. E.L.A., 2010 T.S.P.R. 11, res. el 2

de febrero de 2010; Rodrigo v. Tribunal Superior, 101

D.P.R. 151, 167 (1973); Lebrón Soto Mayor v. Junta, 100

D.P.R. 164 (1971).

CC-2008-0742

43

señora Ramos Román fue un error administrativo, el cual

fue corregido sin mayores consecuencias por la Oficina de

Recursos Humanos del CBA, previo a la reclasificación de

la señora Calderón.

Apelaciones

En consecuencia, el Tribunal de

incidió

al

determinar

que

el

error

en

el

fundamento para la recomendación efectuada por la señora

Ramos Román, fue una violación a la Ley Núm. 5, supra, de

tal magnitud que justificaba privarle de su derecho a la

reinstalación a un puesto de carrera.

C.

En el tercer cargo, el CBA le imputó a la señora

Ramos Román haber recomendado el nombramiento regular, en

de

reinstalación,

la

señora

Covas

como

Oficial

Administrativo, sin que previamente ésta hubiese ocupado

un puesto de carrera.

El CBA apoyó su contención en que

la

podía

señora

mediante

Covas

el

sólo

proceso

de

ocupar

un

reclutamiento,

puesto

esto

regular

es,

previa

convocatoria, divulgación, examen y registro de elegibles.

El

Tribunal

nombramiento

se

de

Apelaciones

solicitó

mediante

concluyó

el

que

dicho

procedimiento

de

reinstalación, a pesar de que ésta no procedía porque la

señora

Covas

era

una

empleada

de

confianza.

El

foro

apelativo intermedio entendió que la señora Ramos Román

violentó

la

Sección

Finalmente,

concluyó

4.3

que

de

la

Ley

Núm.

el

puesto

5,

de

supra.

Oficial

Administrativo no estaba comprendido dentro del Plan de

Clasificación.

CC-2008-0742

44

Es un hecho probado ante CASARH que la señora Ramos

Román recomendó el nombramiento de la señora Covas a un

puesto de carrera, “pero no indicó el procedimiento o el

trámite a seguir”.136

Ello se debió a que esa era la

responsabilidad del Director de Recursos Humanos.137

Una

vez

de

se

recomendaba

un

reclutamiento,

la

Oficina

Recursos Humanos tenía el deber ministerial de determinar

la

forma

en

que

se

iba

a

tramitar

el

nombramiento.

Además, la aludida Oficina tenía la responsabilidad de

realizar el proceso de convocatoria, divulgación, examen y

registro de elegibles.

la

peticionaria.

recomendó

Dicha responsabilidad no recaía en

Es

decir,

la

a

la

señora

Covas,

reclutamiento

y

selección

era

Oficina

de

Recursos

Humanos

y

señora

pero

el

Ramos

proceso

responsabilidad

no

de

la

Román

de

de

la

Gerente

de

Administración.

La señora Ramos Román no supervisaba la Oficina de

Recursos Humanos en esa época, ni tenía autoridad para

imponer transacción de personal alguna.138

la

prueba

testifical,

“se

podía

De acuerdo con

proceder

con

un

reclutamiento especial y emitir una convocatoria interna,

136

Determinación de Hecho Núm. 69 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 83. (Énfasis nuestro).

137

Determinación de Hecho Núm. 70 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 83.

138

Determinación de Hecho Núm. 71 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, págs. 83-84.

CC-2008-0742

45

como se hizo en otras ocasiones”.139

Pero este análisis

era responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos.140

Es importante señalar, que el entonces Gerente General del

CBA, señor Girona, aprobó esta transacción y la refirió al

Director

de

Recursos

Humanos,

sin

que

la

peticionaria

tuviera ulterior participación.

Salta

a

la

vista

y

surge

de

las

propias

determinaciones de hecho de CASARH, que la señora Ramos

Román se enteró de que el nombramiento de la señora Covas

se tramitó como una reinstalación mediante la carta de

formulación de cargos que se le entregara.141

Por ello,

resulta inaudito que se le haya imputado violación alguna

por una recomendación que no hizo.

El Tribunal de Apelaciones concluyó también que la

señora Ramos Román violentó la Sección 4.3 de la Ley Núm.

5,

supra.

Dicha

relacionados

Estos

al

asuntos,

disposición

atendía

los

asuntos

de

personal.

reclutamiento

y

selección

según

en

las

consta

determinaciones

de

hechos de CASARH, son responsabilidad de la Oficina de

Recursos

Humanos

del

CBA

y

no

del

Gerente

de

Administración, puesto que ocupaba la aquí peticionaria.

Resolvemos, pues, que el Tribunal de Apelaciones erró al

concluir

que

la

señora

Ramos

Román

recomendó

el

139

Determinación de Hecho Núm. 72 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 84.

140

141

Íd.

Determinación de Hecho Núm. 73 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 84.

CC-2008-0742

46

nombramiento regular en reinstalación de la señora Covas

violentando la Sección 4.3 de la Ley Núm. 5, supra.

Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones concluyó

que

el

puesto

comprendido

de

dentro

Oficial

del

Administrativo

Plan

de

no

estaba

Clasificación.

No

obstante, de las determinaciones de hechos de CASARH surge

que las recomendaciones en controversia se realizaron de

acuerdo al Plan de Clasificación utilizado en el CBA desde

antes de la llegada de la peticionaria al CBA.142

Por lo

tanto, erró el foro apelativo intermedio en este asunto.

IV

En el caso ante nos, de acuerdo con la Ley Núm. 5,

supra, quien tenía el deber y la autoridad para crear o

modificar

las

clases

de

puesto

era

la

autoridad

nominadora, en este caso el señor Girona como Gerente

General del CBA y no la señora Ramos Román como Gerente de

Administración.

La

peticionaria

podía

recomendar

las

clases de puestos que requerían modificaciones o, incluso,

el personal que a su entender estaba mejor capacitado para

asumir determinado puesto.

Por ello, la señora Ramos

Román no puede ser responsabilizada por los nombramientos

en controversia, toda vez que no era la encargada del área

de Recursos Humanos a la fecha en que se cometieron las

alegadas faltas y tampoco era la autoridad nominadora, de

142

Determinación de Hecho Núm. 55 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 81.

CC-2008-0742

47

acuerdo con la Ley Orgánica del CBA143 y con la Ley Núm. 5,

Adviértase,

supra.

“Autoridad

que

nominadora”

la

Ley

como

Núm.

5,

“cualquier

supra,

define

funcionario

o

agencia con facultad legal para hacer nombramientos para

puestos en el Gobierno”.144

Según probado ante CASARH la

señora Ramos Román no tenía dicha autoridad.

de

la

señora

Ramos

Román

se

limitaba

La función

a

efectuar

recomendaciones que podían ser consideradas o no por la

autoridad nominadora y la Oficina de Recursos Humanos.145

A

la

peticionaria

“no

le

competía

someter

un

plan

o

declarar nulas las transacciones y puestos existentes”, y

“no tenía autoridad para obligar al Gerente General a que

ejecutara

sus

recomendaciones”.146

Las

mismas

estaban

sujetas a la decisión final del Gerente General.147

Por

lo

anterior,

responsabilidad

del

podemos

Director

de

afirmar

que

“[l]a

Recursos

Humanos

era

analizar todas las recomendaciones que recibía y efectuar

las mismas, en este caso [los] nombramiento[s], a la luz

de

su

análisis

y

conforme

143

las

leyes

Ley Núm. 43 del 12 de mayo de 1980.

1161, et seq.

144

y

reglamentos

18 L.P.R.A. §

3 L.P.R.A. § 1411 (2000).

145

Determinación de Hecho Núm. 45 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 80.

146

Determinaciones de Hechos Núm. 53 y 54, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 81.

147

Íd.

CC-2008-0742

48

aplicables”.148

Dicha evaluación fue realizada, toda vez

que se conservaron en el CBA los documentos firmados por

el Gerente General y la Directora de Recursos Humanos que

demostraban que se había revisado y aprobado finalmente

los referidos movimientos de personal recomendados por la

peticionaria.149

Los

aludidos

documentos

establecían

claramente las respectivas especificaciones de clases de

puesto que se modificaban.150

Mayor importancia reviste el hecho de que no existía

norma

ni

reglamento

“recomendar

y

en

virtud

del

cual

permitir”

fueran

causas

la

acción

suficientes

de

para

aplicar una acción disciplinaria como la que se le aplicó

a la señora Ramos Román.

Conforme lo anterior, los cargos

imputados a la peticionaria no tienen mérito.

Luego de considerar los autos del caso ante nos,

concluimos que la determinación de CASARH fue razonable y

que está apoyada por evidencia sustancial que surge del

expediente, razón por la cual no debemos sustituir el

criterio de la agencia por el nuestro.151

La actuación de

CASARH no fue arbitraria, ilegal o tan irrazonable que

constituya un abuso de discreción.

148

Determinación de Hecho Núm. 70 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 83.

149

Determinación de Hecho Núm. 68 de CASARH, Apéndice del

certiorari de la Peticionaria, pág. 83.

150

151

Íd.

Otero v. Toyota, supra, 728 (2005); Reyes Salcedo v.

Policía de P.R., supra, 95 (1997).

CC-2008-0742

49

Existe una práctica judicial claramente establecida

de

conceder

gran

consideración

y

deferencia

decisiones de los foros administrativos.152

administrativas

corrección.

caso.

tienen

una

presunción

a

las

Las agencias

de

regularidad

y

Dicha presunción no ha sido rebatida en este

Ello se colige de la propia Sentencia del Tribunal

de Apelaciones, al establecer que acepta como ciertas y

correctas

CASARH,

las

por

expediente

determinaciones

estar

de

esencialmente

administrativo

y

la

hechos

esbozadas

por

sostenidas

por

el

transcripción

de

la

vista.153

De acuerdo a la Ley Núm. 5, supra, la señora Ramos

Román es acreedora del derecho a ser reinstalada en un

puesto de carrera, igual o similar al que ocupaba antes de

ser

reclutada

para

el

puesto

de

confianza

en

el

CBA.

Además, tiene derecho al pago retroactivo de los salarios

dejados de percibir como empleada regular, desde la fecha

en que se le impidió la reinstalación a un puesto de

carrera.154

Para

privar

a

la

señora

Ramos

Román

del

derecho a la reinstalación a un puesto de carrera, se

requiere

una

sostenibles

demuestren

en

la

causa

justificada

alguna

severidad

reglamentación

necesaria

152

Otero v. Toyota, supra,

Motors, supra, pág. 77.

153

154

basada

pág.

o

para

727;

en

ley,

cargos

o

justificar

Rebollo

v.

que

la

Yiyi

Véase, Apéndice, pág. 19.

Hernández Badillo v. Municipio, 154 D.P.R. 199, 203-204

(2001).

CC-2008-0742

50

privación de dicho derecho, lo que claramente no ocurrió

en el caso de autos.

Así

pues,

si

el

CBA

había

perdido

la

confianza

depositada en la peticionaria, la única alternativa que

tenía era reinstalarla en su antiguo puesto de carrera o

uno

similar,

no

destituirla

y

privarle

de

éste.

La

privación del derecho a la reinstalación a un puesto de

carrera es una medida drástica que sólo procede en casos

extremos cuando la falta es de eminente gravedad o cuando

exista

un

estado

de

emergencia

fiscal

declarado

legislativamente.155

V

Por

los

Sentencia

fundamentos

emitida

por

antes

el

expuestos,

Tribunal

revocamos

de

la

Apelaciones.

Resolvemos que la señora Ramos Román tiene derecho a ser

reinstalada a un puesto de carrera igual o similar al que

ocupaba antes de ser reclutada en el puesto de confianza

en el CBA.

tiene

derecho

Asimismo, determinamos que la peticionaria

al

pago

retroactivo

de

sus

salarios

y

beneficios como empleada de carrera desde el momento que

se

hizo

efectiva

la

privación

de

su

derecho

a

la

reinstalación a un puesto de carrera.

Lo acordó el Tribunal y

Tribunal Supremo.

La Jueza Asociada señora Fiol Matta

concurre sin opinión escrita.

155

certifica la Secretaria del

El Juez Presidente señor

Rodrigo v. Tribunal Superior, supra, 167 (1973); Lebrón

Soto Mayor v. Junta, supra; Domínguez Castro v. E.L.A.,

supra.

CC-2008-0742

51

Hernández Denton disiente sin opinión escrita.

La Jueza

Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente con Opinión

escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Constancia Ramos Román

Peticionaria

v.

CC-2008-742

Corporación del

de Bellas Artes

Centro

Recurrida

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2010

Disiento

de

la

determinación

que

hoy

anuncia

una

mayoría de este Tribunal pues considero que una empleada de

carrera de una agencia pública que pasa a ocupar el segundo

puesto de mayor jerarquía en una agencia de gobierno, en el

servicio

de

confianza

funciones

en

deberes

dando

este

y

quien,

puesto

lugar

a

en

incumple

que

se

el

desempeño

sus

violen

de

sus

obligaciones

y

crasamente

las

disposiciones sobre reclutamiento y el principio de mérito

contenidas en la Ley de Personal del Servicio Público de

Puerto Rico, no debe continuar en el servicio público.

CC-2008-742

Las

Comisión

2

determinaciones

de

Apelativa

Sistema

del

hecho

formuladas

de

por

la

Administración

de

Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH) en este caso

evidencian que la alta gerencia de la Corporación de Bellas

Artes

gestionaba

todas

sus

transacciones

de

personal

en

función de un plan de clasificación para el servicio de

carrera

que

no

Oficina

de

Recursos

había

sido

debidamente

aprobado

del

Libre

Humanos

Estado

por

la

Asociado,

según exigía la entonces vigente Ley de Personal, Ley Núm 5

Como resultado, la gran mayoría

de 14 de octubre de 1975.

de las transacciones de personal efectuadas eran ilegales y

por lo tanto, nulas.

A pesar de conocer este hecho, la

peticionaria continuó recomendando nombramientos en virtud

de

dicho

plan

desviaciones

principio

de

del

de

clasificación,

adecuado

mérito

lo

cual

de

reclutamiento

proceso

fomentando

provocó

que

se

serias

y

el

efectuaran

nombramientos nulos.

Todos los servidores públicos, pero muy en especial

los que ocupan puestos de alta jerarquía en el servicio de

confianza, tienen el deber y la obligación de cumplir con

rigurosidad

las

normas

de

reclutamiento

y

retención

que

consagra el principio de mérito.

No pueden convertirse en

cómplices

letra

del

menosprecio

de

la

de

la

ley,

los

reglamentos y las normas que rigen la administración de

recursos humanos de la agencia para la cual trabajan.

La

política

pública

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico, según expuesta en la Ley de Personal, supra,

fue establecer el mérito como el valor que prima en el

CC-2008-742

3

servicio público.

Este principio promueve que las personas

que laboran en el gobierno sean las más aptas para ello y

que

todo

empleado

reclutado,

promovido,

trasladado,

o

retenido, etc., lo fuera en consideración al mérito y a su

capacidad.

Fuera queda el discrimen por motivo de raza,

color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social,

por sus ideas políticas o religiosas.

Martínez v. Oficina

del Gobernador, 152 D.P.R. 586 (2000), Rodríguez v. BGF,

151

D.P.R.

383

(2000).

“La

clave

aspirante al servicio público”.

es

la

idoneidad

del

Martínez v. Oficina del

Gobernador, supra, pág. 596 (Énfasis en el original).

Las actuaciones de la peticionaria en este caso son,

como poco, un ejemplo del menosprecio de este valor tan

fundamental

para

la

buena

marcha

de

la

cosa

pública.

Lamento que una mayoría del Tribunal no lo aprecie así y

valide la actuación crasamente negligente e irresponsable

de

la

peticionaria.

Por

todo

ello,

respetuosamente

disiento.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada