Tribunal Supremo de Puerto Rico
Ramos Román v. Corporación del Centro de Bellas Artes
2010 TSPR 67
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Ramos Román v. Corporación del Centro de Bellas Artes
CC-2008-742
Sentencia y Opinión Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Constancia Ramos Román
Peticionaria
Certiorari
v.
2010 TSPR
Corporación del Centro de Bellas Artes
178 DPR ____
Recurrida
Número del Caso: CC-2008-742
Fecha: 30 de abril de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel III
Jueza Ponente:
Hon. Zadette Bajandas Vélez
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Miguel A. Negrón Matta
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. José L. Gándara
Lcdo. Frank Pérez Jiménez
Materia: Revisión Administrativa
Este documento constituye un documento oficial del
Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del pr
oceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones
del Tribunal.
Su distribución electrónica se hace como un servici
o público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Constancia Ramos Román
Peticionaria
CC-2008-0742
v.
Corporación del Centro de
Bellas Artes
Recurrida
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2010.
Por medio del presente recurso de certiorari se
nos solicita que revisemos la Sentencia emitida por
el Tribunal de Apelaciones en el caso de autos.
En
ella,
una
el
foro
apelativo
intermedio
revocó
Resolución de la Comisión Apelativa del Sistema de
Administración
Público,
en
de
Recursos
adelante
Humanos
CASARH.
del
Servicio
Mediante
dicha
Resolución, CASARH dejó sin efecto la determinación
de la Corporación del Centro de Bellas Artes, en
adelante
CBA,
de
denegarle
a
la
peticionaria
la
reinstalación a un puesto de carrera al momento de
ser removida de un puesto de confianza.
Examinemos los hechos que originaron la presente
controversia.
CC-2008-0742
2
I
La Sra. Constancia Ramos Román comenzó a trabajar en
el servició público en 1979, por medio de un nombramiento
transitorio
como
Técnica
de
Administración
I
en
Departamento de Transportación y Obras Públicas.1
el
El 1
de septiembre de 1996 la señora Ramos Román comenzó a
laborar
en
el
CBA
como
empleada
de
confianza,
en
el
puesto de Gerente de Administración.2
El 12 de noviembre de 2001, la señora Ramos Román
fue
separada
de
su
puesto
de
confianza.
Mediante
comunicación escrita el entonces Gerente General del CBA,
Sr. Carlos R. Alicea Cotto, le imputó a la señora Ramos
Román
actos
y
omisiones
transacciones
de
personal,
relacionados
en
violación
a
a
ciertas
la
Ley
de
1
En diciembre de 1984, mientras laboraba en el
Departamento de Transportación y Obras Públicas, fue
ascendida a Técnica de Administración IV. El 1 de julio
de 1986, obtuvo un nombramiento para el mismo puesto,
pero esta vez en el servicio de carrera. Posteriormente,
en marzo de 1987, la peticionaria obtuvo un traslado al
Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico como
Técnica de Administración IV.
El 16 de junio de 1987,
obtuvo un traslado al Departamento de Estado como Técnica
de Administración IV.
En esta última agencia fue
ascendida a Técnica de Administración V, luego a
Funcionaria Ejecutiva de Presupuesto I y, en diciembre de
1989, a Funcionaria Ejecutiva de Presupuesto II.
2
No existe controversia entre las partes de que la
peticionaria mantuvo el derecho a la reinstalación a un
puesto de carrera, a pesar del traslado a un puesto de
confianza. La señora Ramos Román ocupó de forma interina
la posición de Gerente General del CBA en dos (2)
ocasiones. La primera ocasión fue por un período de dos
(2) meses de duración.
En específico, desde el 16 de
julio de 1997 al 16 de septiembre de 1997.
La segunda
ocasión fue por un periodo aproximado de siete (7) meses
de duración. En particular, desde el 10 de abril de 2001
al 22 de octubre de 2001.
CC-2008-0742
Personal
3
del
Público;3
Servicio
su
Reglamento
de
Personal; y el Reglamento de Personal del CBA.
En particular, se le imputó violar el Artículo 6 de
la
Ley
Núm.
5,
supra,
que
requiere
a
los
empleados
“[r]ealizar eficientemente y con diligencia las tareas y
funciones asignadas a su puesto y otras compatibles con
éstas que se le asignen”4 y “[c]umplir las disposiciones
[de la Ley de Personal], y las reglas y órdenes dictadas
en virtud [de la misma]”.5
Además, se le notificó que se
le privaría de su derecho a la reinstalación a un puesto
de carrera.
En
consecuencia,
a
la
formularon tres (3) cargos.
señora
Ramos
Román
se
le
En el primer cargo se le
imputó recomendar una modificación a la clase de Operador
de Equipo de Entrada de Datos el 20 de noviembre de 1998.
Dicha
modificación
creación
de
la
resultó
clase
de
en
lo
siguiente:
Asistente
de
(1)
la
Sistemas
de
Información; y (2) el ascenso del Sr. Pedro Arzuaga a la
nueva clase, sin haber obtenido la aprobación de la clase
por
la
Oficina
Asociado,
en
de
Recursos
adelante
Humanos
ORHELA.6
3
Por
del
ello,
Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975.
1301, et seq. (2000).
4
3 L.P.R.A. § 1371(3) (1978).
5
3 L.P.R.A. § 1371(8) (1978).
6
Estado
según
Libre
este
3 L.P.R.A. §
Dicha Oficina era conocida anteriormente como la
Oficina
Central
de
Asesoramiento
Laboral
y
de
Administración de Recursos Humanos, en adelante OCALARH.
CC-2008-0742
4
primer cargo, el señor Arzuaga fue ascendido a una clase
que no formaba parte del Plan de Clasificación, razón por
la cual su clasificación era nula.
En el segundo cargo se le imputó a la señora Ramos
Román
haber
recomendado
al
Gerente
General
del
CBA
reclasificar el puesto de Secretaria de la Oficina de
Servicios
Generales.
El
fundamento
para
la
reclasificación fue la evolución de funciones a base de
nuevas tareas asignadas a la Sra. Evelyn Calderón, quien
ocupó el puesto de secretaria de la Oficina de Servicios
Generales.
Los actos imputados en este cargo datan del 9
de septiembre de 1999.
Por último, en el tercer cargo se le imputó a la
señora Ramos Román recomendar el nombramiento regular de
la Sra. Evelyn Covas como Oficial Administrativo el 9 de
marzo de 2000.
La señora Covas ocupaba hasta entonces un
puesto de confianza como Secretaria del Gerente General
sin que previamente hubiese ocupado un puesto de carrera
en el CBA.
Según este cargo, la reinstalación de un
empleado
confianza
de
al
servicio
de
carrera
está
condicionada a que antes de ocupar un puesto de confianza
el empleado haya ocupado un puesto de carrera.
efectos,
según
este
cargo,
la
señora
Covas
A esos
no
había
ocupado un puesto de carrera en el sistema de personal
previo a su nombramiento en el servicio de confianza en
Previo a ello OCALARH era conocida como la Oficina
Central de Administración de Personal, en adelante OCAP.
CC-2008-0742
el CBA.
5
Por ello, el CBA concluyó que la señora Covas no
podía ser reinstalada a un puesto de carrera.
De acuerdo con las advertencias contenidas en la
aludida carta del 12 de noviembre de 2002, la señora
Ramos Román solicitó una vista informal ante el CBA para
cuestionar la separación de su puesto.
celebrada el 20 de noviembre de 2002.
22
de
enero
de
2003,
la
Dicha vista fue
Posteriormente, el
peticionaria
fue
destituida de su puesto de confianza.
privó
de
su
derecho
a
reinstalación
finalmente
Además, se le
a
un
puesto
de
carrera.
El 28 de enero de 2003, la señora Ramos Román apeló
su destitución ante la antigua Junta de Apelaciones del
Sistema
de
Administración
de
Personal.7
En
dicha
apelación, la peticionaria impugnó la privación de su
derecho a la reinstalación al servicio de carrera.
Más
adelante, con motivo de la aprobación de la Ley Núm. 184
de 3 de agosto de 2004,8 la apelación de la peticionaria
se tramitó a través de CASARH.9
7
El 5 de noviembre de 2003 la representación legal de la
señora Ramos Román enmendó la apelación.
8
9
3 L.P.R.A. § 1461, et seq.
La Ley Núm. 184, supra, derogó la Ley Núm. 5 de 14 de
octubre de 1975, conocida como Ley de Personal de
Servicio Público. Además, la Ley Núm. 184, supra, creó a
CASARH.
Esta Comisión tiene jurisdicción sobre las
apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o
decisiones de los Administradores Individuales y los
municipios en los casos que se especifican en la Sección
13.13 de la Ley Núm. 184. 3 L.P.R.A. § 1468 (l).
CC-2008-0742
6
Luego de varios trámites procesales, el 14 de julio
de 2006, CASARH emitió una Resolución declarando Ha Lugar
la
Apelación
presentada
por
la
peticionaria.10
En
su
Resolución, CASARH adoptó las determinaciones de hechos
siguientes:
A. Gerencia del Sr. Navas
El señor Navas fue Gerente General del CBA hasta el
16 de septiembre de 1997.11
En esa fecha fue sucedido por
el Sr. Francisco Girona, quien ocupó el cargo de Gerente
General del CBA hasta el 31 de marzo de 2001.12
la
gerencia
del
señor
Navas,
la
señora
Durante
Ramos
Román
supervisó la Oficina de Recursos Humanos en su carácter de
Gerente de Administración hasta que el señor Navas fue
sucedido por el señor Girona.13
El CBA tenía un diagrama de organización interno que
nunca fue sometido para la aprobación de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto, en adelante OGP.14
En algunas
versiones
de
del
aludido
diagrama
la
Oficina
Recursos
10
CASARH adoptó e incorporó en su Resolución el informe
rendido por la Lcda. Laura Rechani Ydrach, Oficial
Examinadora de CASARH a quien se le delegó la apelación de
la peticionaria.
11
Determinación de Hecho Núm. 7 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 73.
12
Íd.
13
Determinación de Hecho Núm. 23 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 77.
14
Determinación de Hecho Núm. 21 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 77.
CC-2008-0742
7
Humanos se encontraba “bajo la supervisión del Gerente de
Administración, aunque en la práctica no era así”.15
El
CBA
operó
con
la
anomalía
de
un
plan
de
clasificación y retribución implantado pero no aprobado
por OCALARH.16
Por ello, desde septiembre de 1996 hasta
septiembre
de
1997,
no
se
realizaron
personal
relacionadas
a
aumentos
transacciones
de
de
salarios,
reclasificaciones o ascensos.17
Bajo la dirección del señor Navas la señora Ramos
Román llevó a cabo un análisis preliminar de todos los
expedientes
de
empleados,
funcionaria de OCALARH.18
cantidad
nulidad
significativa
de
sus
con
la
colaboración
de
una
El estudio reveló que había una
de
empleados
nombramientos.19
cesanteables
Además,
del
por
estudio
surgió “que existían empleados en el CBA que habían estado
muchos años como empleados irregulares, pero no existían
certificaciones de horas trabajadas que evidenciaran que
habían acumulado las 1,800 horas durante tres [(3)] años
consecutivos, según lo exigía la Ley [Núm.] 110 de 26 de
15
Íd.
16
Determinación de Hecho Núm. 24 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 77.
17
Íd.
18
Determinación de Hecho Núm. 25 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 77.
19
Determinación de Hecho Núm. 26 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 77.
CC-2008-0742
8
junio de 1958, en adelante Ley 110, [conocida como la] Ley
de Personal Irregular de Gobierno”.20
Asimismo,
el
informe
reveló
que
los
contratos
de
empleo no indicaban que eran en virtud de un nombramiento
irregular
de
acuerdo
con
la
Ley
110.21
“[T]ampoco
existían certificaciones de que sus servicios habían sido
satisfactorios
y
de
que
cumplieran
con
todos
los
requisitos exigidos por la Ley 110 para otorgarles el
derecho”.22
Es decir, no se podía dar por hecho que los
empleados con estatus irregular de empleo por tres (3)
años o más, cumplían automáticamente con los requisitos
para ser empleados regulares.23
CASARH estimó probado que “[l]o primordial entonces
fue resolver y establecer controles para continuar con el
servicio y operación para lograr recaudar dinero para las
operaciones diarias del CBA”.24
Como parte de los cambios
se confirieron nombramientos irregulares de acuerdo con la
Ley 110.25
Posteriormente, se le otorgó el derecho a ser
20
Determinación de Hecho Núm. 28 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, págs. 77-78.
21
Determinación de Hecho Núm. 29 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 78.
22
Íd.
23
Íd.
24
Determinación de Hecho Núm. 30 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 78.
25
Determinación de Hecho Núm. 31 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 78.
CC-2008-0742
9
empleados regulares a aquellos empleados que cumplían con
los requisitos expuestos en la Ley.26
B. Gerencia del señor Girona
CASARH estimó como un hecho probado que a la llegada
del señor Girona como Gerente General, la Directora de
Recursos Humanos, la Sra. Mayra Rosich, le sometió las
hojas
de
descripciones
de
los
puestos
de
todos
los
empleados activos a esa fecha, para que el señor Girona
las firmase.27
No obstante, el señor Girona no firmó las
Hojas de Deberes.28
El problema financiero que afrontaba
el CBA tenía mayor prioridad para el señor Girona que
conseguir
la
aprobación
del
plan
de
clasificación
y
retribución.29
Por otra parte, CASARH estimó demostrado que el señor
Girona despojó a la señora Ramos Román de la supervisión
de
la
Oficina
de
Recursos
Humanos,
funciones propias de su puesto.30
así
como
de
otras
Posteriormente, entre
1998 y 1999, “el señor Girona contrató al señor Carlos
Vélez para retomar el asunto de la preparación de los
26
Íd.
27
Determinación de Hecho Núm. 34 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, págs. 78-79.
28
Determinación de Hecho Núm. 36 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 79.
29
Determinaciones de Hechos Núm. 36 y 37 de CASARH,
Apéndice del certiorari de la Peticionaria, pág. 79.
30
Determinación de Hecho Núm. 36 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 79.
CC-2008-0742
10
planes de clasificación y retribución”.31
No obstante, el
señor Vélez “sólo corrigió y enmendó el borrador del plan
que estaba implantado y funcionando en el CBA desde la
gerencia
del
Sr.
Alcides
adelante,
“el
señor
Vélez
Ortiz
fue
[Ferrari]”.32
reclutado
por
el
Más
señor
Girona para el puesto de Director de Recursos Humanos”.33
CASARH determinó como un hecho que “[a] partir de ese
reclutamiento y hasta su separación en diciembre del 2000,
la apelante [señora Ramos Román] no supervisó la Oficina
de Recursos Humanos, ya que el señor Vélez como empleado
de confianza se reportaba directamente al señor Girona,
Gerente General”.34
Para “el mes de octubre de 2001 el único plan de
clasificación y retribución aprobado que tenía el CBA era
31
Determinación de Hecho Núm. 38 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 79. La participación
de la señora Ramos Román en dicho proceso se limitó a
ciertas
consultas
del
señor
Vélez,
quien
objetaba
continuamente las recomendaciones de la señora Ramos Román
sobre los aspectos que se le consultaba referente a los
planes.
Determinación de Hecho Núm. 40 de CASARH,
Apéndice del certiorari de la Peticionaria, pág. 79.
32
Determinación de Hecho Núm. 41 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 79.
Del expediente
ante nuestra consideración no surge el periodo de tiempo
durante el cual el señor Ortiz Ferrari fue gerente del
CBA.
33
Determinación de Hecho Núm. 43 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 80.
34
Determinación de Hecho Núm. 44 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 80.
(Énfasis
nuestro).
CC-2008-0742
el
de
la
11
señora
Carmen
Junco
1996”.35
en
Todos
los
empleados de carrera y confianza en el CBA, a excepción de
la
apelante
y
su
secretaria,
tenían
títulos
de
clasificación y sueldos a base de un plan sin aprobar”.36
El
plan
fue
implantado
por
el
señor
anterior Gerente General del CBA.37
Ortiz
Ferrari,
Es un hecho probado
ante CASARH que “[e]l CBA operaba y funcionaba a base de
esa realidad organizacional y de esos empleados, con sus
correspondientes títulos de clasificación y sueldos”.38
La
señora
Ramos
Román
“no
era
la
autoridad
nominadora” y “no le competía someter un plan o declarar
nulas las transacciones y puestos existentes”.39
Tampoco
tenía autoridad para obligar al Gerente General a ejecutar
sus
recomendaciones.40
Las
mismas
“podían
ser
35
Determinación de Hecho Núm. 49 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 80.
36
Determinación de Hecho Núm. 50 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, págs. 80-81.
(Énfasis
nuestro). En el caso de la señora Ramos Román, “el puesto
de confianza era tal y como estaba definido en el Plan de
Clasificación y Retribución de Confianza, que había sido
aprobado por […] OCAP, durante la incumbencia de la señora
Carmen Junco como Gerente General”.
Determinación de
Hecho Núm. 51 de CASARH, Apéndice del certiorari de la
Peticionaria, pág. 81.
37
Íd
38
Determinación de Hecho Núm. 52 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 81. (Énfasis nuestro).
39
Determinación de Hecho Núm. 53 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 81. (Énfasis nuestro).
40
Determinación de Hecho Núm. 54 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 81. (Énfasis nuestro).
CC-2008-0742
12
consideradas
o
no
por
el
Gerente
General,
y
estaban
sujetas a la decisión final de éste”.41
C. Cargos imputados a la señora Ramos Román
Los cargos responsabilizan a la señora Ramos Román de
las acciones de personal tomadas por ser Supervisora de la
Oficina de Recursos Humanos.42
es
que
ejerció
circunstancial”,
estas
ya
No obstante, “la realidad
funciones
de
que
señor
el
forma
esporádica
Girona
y
asumió,
personalmente, la supervisión de esa oficina tan pronto
comenzó a trabajar en el CBA.43
El señor Girona, Gerente General para la fecha de los
hechos
en
controversia,
“nunca
entrevistó,
cuestionó,
discutió, conversó o investigó con la apelante [señora
Ramos
Román]
sobre
la
intención
o
el
motivo
de
las
recomendaciones que la apelante hiciera relacionadas con
movimiento
de
personal”.44
Sin
embargo,
“[e]stas
recomendaciones fueron la base para la destitución de la
apelante”.45
Las transacciones se recomendaron de acuerdo al plan
utilizado en la práctica e implantado en el mes de enero
41
Íd.
42
Determinación de Hecho Núm. 20 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 76.
43
Íd.
44
Determinación de Hecho Núm. 15 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, págs. 74-75.
45
Íd.
CC-2008-0742
de 1996.46
13
Ello se debió a que los empleados estaban
clasificados y mucho de ellos nombrados a base de ese
plan.47
En otras palabras, ese plan era el recurso que se
utilizaba
en
el
CBA
para
todas
las
transacciones
de
personal.48
CASARH determinó como un hecho, “[e]n cuanto a los
cargos uno (1) y dos (2) sobre modificación de clase de
operador de equipo de entrada de Datos y Reclasificación
de Oficial Administrativo, respectivamente, [que] ambas
clases existían en el plan sin aprobar, vigente en la
práctica
desde
enero
1996”.49
La
señora
Ramos
Román
“solamente recomendó la reclasificación de las clases, así
como
transacciones
específicas
a
la
luz
de
éstas,
a
requerimiento del señor Girona, Gerente General.
Ambas
clases
señor
fueron
Girona”.50
modificadas
y
aprobadas
por
el
La clase de Operador de Equipo de Entrada se
reclasificó para atemperarla a la necesidad del CBA de
establecer el plan de mecanización implantado por OGP.
Éstos
requerían
un
oficial
a cargo
de
los
asuntos
de
46
Determinación de Hecho Núm. 55 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 81.
47
Íd.
48
Íd.
49
Determinación de Hecho Núm. 56 de CASARH, Apéndice del
certiorari la Peticionaria, pág. 81.
50
Determinaciones de Hechos Núm. 57 y 58 de CASARH,
Apéndice
del
certiorari
la
Peticionaria,
pág.
81.
(Énfasis nuestro).
CC-2008-0742
14
informática, con unos requisitos exigentes y un nivel de
puesto gerencial.51
En relación al primer cargo, CASARH estimó probado
que
el
señor
Arzuaga,
quien
recibió
el
ascenso
en
controversia, “había asumido en la práctica desde hacía
tiempo[…] muchas de las funciones relacionadas con los
sistemas de información”.52
Igualmente, “[l]a clase de
Oficial
Administrativo
fue
revisada
términos
de
para
funciones
hacerla
y
modificada
más
flexible
en
y
genérica, ya que la especificación de clase en el plan sin
aprobar
la
limitaba
a
la
Oficina
del
Gerente
de
Administración, lo cual tampoco se ajustaba a la realidad
operacional del CBA”.53
Es
un
hecho
probado
ante
CASARH
que
“[e]l
señor
Girona quería tener una persona a cargo de los sistemas de
computadoras,
pero
no
consideraba
oportuno
reclutar
un
Director de Sistemas de Información tal y como lo definían
la OGP y la OCALARH, ya que resultaba oneroso al CBA”.54
Igualmente, “no se entendía que se justificara un nivel de
puesto de esa categoría para una organización pequeña y
51
Determinación de Hecho Núm. 59 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, págs. 81-82.
52
Determinación de Hecho Núm. 60 de CASARH, Apéndice del
certiorari la Peticionaria, pág. 82.
53
Determinación de Hecho Núm. 61 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 82.
54
Determinación de Hecho Núm. 64 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 82.
CC-2008-0742
15
una red o sistema que no eran demasiado complicados”.55
En este sentido, “[e]l señor Girona entendía que se [le]
debía otorgar la oportunidad a un recurso interno por lo
que delegó dichas funciones al señor Pedro Arzuaga, quien
aunque
no
aptitudes
tenía
y
formación
habilidad
universitaria,
para
todo
lo
tenía
muchas
relacionado
con
sistemas de computadoras”.56 Además, éste “había crecido
profesionalmente dentro del CBA y siempre fue una persona
muy colaboradora y resolutiva”.57
Por ello, “el señor
Girona entendió que lo más justo y sensato para el CBA era
retener
a
este
empleado
con
su
valiosa
experiencia
y
otorgarle a éste alguna mejora salarial y profesional”.58
CASARH entendió como un hecho probado que el Gerente
General y la Directora de Recursos Humanos de entonces,
firmaron
los
documentos
de
clases y su revisión final.59
ambas
Además,
especificaciones
de
era “evidente” que
“no se podía someter a OCALARH una enmienda a una clase,
55
Íd.
56
Determinación de Hecho Núm. 65 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, págs. 82-83.
57
Íd.
58
Íd.
Como parte de la propuesta de mecanización
aprobada por OGP para el CBA, el señor Arzuaga fue
autorizado a tomar un adiestramiento sobre los nuevos
programas y sistemas de computadoras.
Determinación de
Hecho Núm. 66 de CASARH, Apéndice del certiorari la
Peticionaria, pág. 83.
59
Dichos documentos se conservaron internamente y se
encuentran archivados en la Oficina de Recursos Humanos
del CBA.
CC-2008-0742
16
de un plan que no estaba aprobado por ellos y ni siquiera
radicado allí”.60
En
relación
al
cargo
número
tres
(3),
sobre
la
Recomendación de Nombramiento en el caso de la señora
Covas, la señora Ramos Román “recomendó su nombramiento en
un puesto de carrera, pero no indicó el procedimiento o el
trámite a seguir”.61
Ello se debió a que esa era la
responsabilidad del Director de Recursos Humanos, quien
debía “analizar todas las recomendaciones que recibía y
efectuar las mismas, en este caso el nombramiento, a la
luz de su análisis y conforme [a] las leyes y reglamentos
aplicables”.62
estaba
bajo
“[L]a
la
Oficina
competencia
de
de
la
Recursos
Humanos
señora
Ramos
no
Román
directamente en esa época ni tenía el poder o autoridad
para imponer transacción alguna”.63
Por ello, la señora
Ramos Román “se limitó a recomendar el nombramiento de la
señora Covas, que la cualificaban en principio para ocupar
la plaza, pero no impartió instrucciones sobre el trámite
que
había
que
seguir”.64
De
acuerdo
con
la
prueba
60
Determinación de Hecho Núm. 68 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 83.
61
Determinación de Hecho Núm. 69 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 83. Énfasis nuestro).
62
Determinación de Hecho Núm. 70 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 83. (Énfasis nuestro).
63
Determinación de Hecho Núm. 71 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, págs. 83-84. (Énfasis
nuestro).
64
Íd.
CC-2008-0742
testifical,
17
“se
podía
proceder
con
un
reclutamiento
especial y emitir una convocatoria interna, como se hizo
en
otras
ocasiones”.65
Este
análisis
y
trámite
es
responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos.66
La
señora Ramos Román se enteró de la forma en que se tramitó
el nombramiento de la señora Covas mediante la carta de
formulación de cargos que se le entregara.67
CASARH añadió que “[n]o existía norma ni reglamento,
en virtud del cual, la acción de “recomendar y permitir”
fueran
causas
suficientes
para
aplicar
una
acción
disciplinaria como la que se le aplicó a la apelante”.68
En consecuencia, CASARH concluyó lo siguiente:
[L]os hechos son claros y los cargos imputados
son
inmeritorios
por
lo
que
procede
la
reinstalación [de la señora Ramos Román] a su
puesto de carrera, ya que de no haber mediado la
actuación ultra vires [sic] de parte de la
gerencia del CBA, la apelante continuaría como
empleada de carrera luego de su separación del
servicio
de
confianza.
Es
decir,
el
incumplimiento con las normas y reglamentos para
transacciones de personal en el CBA eran única y
exclusivamente de la Junta de Directores o del
Gerente General que ésta designase.
Que la
Gerencia
interpretara
que
la
antedicha
responsabilidad recaía sobre las recomendaciones
hechas por la apelante estaba fuera del marco de
autoridad delegado a la CBA y al Gerente General.
Por tanto la imputación de cargos inmeritorios
por parte de la Gerencia del CBA contra la
65
Determinación de Hecho Núm. 72 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 84.
66
Íd.
67
Determinación de Hecho Núm. 73 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 84. (Énfasis nuestro).
68
Determinación de Hecho Núm. 74 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 84.
CC-2008-0742
apelante
[sic].
18
constituyó
una
actuación
ultra
vires
Es por todo lo anterior, que entendemos que la
apelante no tenía el poder ni la autoridad para
inducir a cualquiera de los Gerentes Generales
que dirigieron el CBA a tomar acciones ni
obligarlos a ello.
A la apelante se le asignó
total
responsabilidad
en
los
casos
donde
recomendó transacciones, aún sin tener ella la
autoridad para aprobar y efectuar las mismas.
Para realizar cualquier transacción de personal
se necesita la aprobación del Director de
Recursos Humanos y la del Gerente General, como
autoridad nominadora, por lo cual no podemos ser
tan ingenuos para creer que ellos no tenían
conocimiento de las transacciones de personal que
se le imputaron a la apelante, más aún ellos
aprobaron dichas transacciones, como pudimos
comprar [sic] en el expediente de personal de la
Sra. Evelyn Calderón.
La apelante fue sancionada para [sic] asumir las
consecuencias de la implantación de un plan no
aprobado, decisión y acción sobre la cual no tuvo
participación alguna, ya que ocurrió antes de su
llegada al CBA.69
Conforme
alegaciones
lo
anterior,
imputadas
no
CASARH
determinó
estaban
apoyadas
que
en
las
datos
precisos que demostraran que la peticionaria faltó a sus
deberes.
Finalmente, concluyó que la señora Ramos Román
fue injustamente culpada y destituida.
Inconforme con la determinación de CASARH, el 14 de
septiembre de 2006, el CBA presentó un recurso de Revisión
Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones.
En su
recurso, el CBA argumentó que CASARH erró al concluir que
la destitución de la señora Ramos Román fue injustificada
69
Resolución de CASARH de 12 de julio de 2006, págs. 1819, Apéndice del certiorari de la Peticionaria, págs. 8990.
CC-2008-0742
19
y contraria a Derecho.
De igual forma, arguyó que CASARH
erró al ordenar la reinstalación de la peticionaria a un
puesto de carrera y al decretar el pago retroactivo de
salarios dejados de devengar.
En particular, alegó que
CASARH erró en la apreciación de la prueba oral.
Ello,
por entender que del expediente administrativo surge que
la
peticionaria
violentó
sus
deberes
como
empleada
pública, al haber realizado recomendaciones de personal
irregulares o nulas.
El CBA reconoció que de ordinario la peticionaria
tendría derecho a ser reinstalada a un puesto de carrera
una vez cesara en la posición de confianza.
Sin embargo,
según argumentó el CBA, la conducta de la peticionaria fue
de gravedad suficiente para privarle de retornar a un
puesto de carrera.
El 30 de junio de 2008, el Tribunal de Apelaciones
dictó
Sentencia
CASARH.70
El
revocando
foro
la
Resolución
dictada
por
apelativo
intermedio
concluyó
que
CASARH erró en la aplicación del derecho a los hechos del
caso.
Ello, a pesar de aceptar como ciertas y correctas
todas
las
Resolución
determinaciones
de
CASARH,
de
por
hechos
estar
esbozadas
por
la
sostenidas
por
el
expediente administrativo.
El
Tribunal
de
Apelaciones
concluyó
que
CASARH
incidió al no evaluar si la señora Ramos Román incumplió
70
El archivo en autos de la copia de notificación de la
Sentencia data del 18 de julio de 2008.
CC-2008-0742
20
los deberes y funciones que le imponía la Ley Núm. 5,
supra,
respecto
al
principio
del
mérito.
Asimismo,
concluyó que la peticionaria recomendó unas transacciones
de personal a sabiendas de que las mismas eran ilegales
por violentar las disposiciones de la Ley Núm. 5, supra, y
de los reglamentos aplicables.
Inconforme con el dictamen emitido por el Tribunal de
Apelaciones,
la
señora
Ramos
Román
acude
ante
nos
señalando la comisión de los errores siguientes:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
concluir
que
la
destitución
de
la
señora
Constancia Ramos fue justificada.
Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que
como cuestión de Derecho la señora Constancia
Ramos incumplió los deberes y funciones de su
cargo al recomendar las transacciones de personal
relacionadas a los empleados Pedro Arzuaga,
Evelyn Calderón y Evelyn Covas, justificándose la
denegatoria a su reinstalación a puesto de
carrera.
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
concluir
que
las
transacciones
de
personal
relacionadas a los empleados Pedro Arzuaga,
Evelyn Calderón y Evelyn Covas fueron ilegales.
El 20 de marzo de 2009 expedimos el mandamiento de
certiorari en el caso de autos.
Con el beneficio de la
comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.
II
A.
Las
determinaciones
presunción
71
de
administrativas
regularidad
y
gozan
corrección.71
de
una
Dicha
Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003); Com.
Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R. 750, 761 (1999).
CC-2008-0742
21
presunción debe sostenerse por los tribunales, salvo que
la misma logre ser derrotada mediante la identificación de
evidencia
sustancial
que
obre
en
el
expediente
administrativo.72
El
expediente
exclusiva
para
la
administrativo
constituye
la
decisión
agencia
para
de
revisión judicial de la misma.73
la
y
base
la
Por ello, la parte que
impugna judicialmente las determinaciones de hechos de una
agencia administrativa tiene el peso de probar que “existe
otra prueba en el récord que reduzca o menoscabe el valor
probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de
que
no
se
pueda
concluir
que
la
determinación
de
la
agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la
prueba que tuvo ante su consideración”.74
La
facultad
del
foro
judicial
para
revisar
las
determinaciones de hechos de las agencias está limitada
por
la
Sección
Administrativo
4.5
Uniforme,
de
en
la
Ley
adelante
de
Procedimiento
L.P.A.U.75
Esta
Sección establece que “[l]as determinaciones de hechos de
las decisiones de las agencias serán sostenidas por el
72
López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, 168 D.P.R. 749,
752 (2006); Henríquez v. Consejo de Educación Superior,
120 D.P.R. 194, 210 (1989).
73
Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 708 (2004);
Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 (1999).
74
Ramírez Rivera v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905
(1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131
(1998). (Énfasis nuestro).
75
3 L.P.R.A. § 2175.
CC-2008-0742
22
tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en
el expediente administrativo”.76
Hemos definido el concepto de evidencia sustancial
como aquella evidencia relevante que una mente razonable
podría
aceptar
conclusión.77
como
adecuada
para
sostener
una
Ello no requiere que a la luz de la prueba
que obre en los autos, la decisión de la agencia refleje
la
única
conclusión
juzgador.
El
lógica
criterio
a
la
que
podría
rector
en
estos
llegar
casos
será
un
la
razonabilidad de la determinación de la agencia luego de
considerarse
el
expediente
administrativo
en
su
totalidad.78
Más aun, cuando una determinación de una
agencia esté sustentada por evidencia sustancial que obre
en el expediente del caso, los tribunales deben abstenerse
de sustituir el criterio de la agencia por el judicial.79
La
revisión
administrativas
actuación
de
la
se
judicial
de
circunscribe
a
agencia
es
las
decisiones
determinar
arbitraria,
ilegal
si
la
o
tan
76
Íd. Véanse además, Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R.
69, 76-77 (2004); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med.
Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); Domínguez v. Caguas
Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 397 (1999).
77
Ramírez Rivera v. Depto. de Salud, supra, pág. 905;
Misión Ind. P.R. v. J. P., supra, pág. 131; Hilton Hotels
v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953).
78
Íd.
Véase además, Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716,
727-728 (2005).
79
Otero v. Toyota, supra, 728 (2005); Reyes Salcedo v.
Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 95 (1997).
CC-2008-0742
23
irrazonable que constituya un abuso de discreción.80
Al
enfrentarse a una petición para revisar judicialmente una
determinación administrativa, el tribunal debe analizar si
conforme
al
expediente
administrativo:
(1)
el
remedio
concedido fue razonable; (2) las determinaciones de hechos
están
sostenidas
por
evidencia
sustancial;
y
(3)
las
conclusiones de derecho del organismo administrativo son
correctas.81
Existe una práctica judicial claramente establecida
de
conceder
gran
consideración
y
deferencia
decisiones de los foros administrativos.82
a
las
Sin embargo,
ello no significa una abdicación de la función revisora
del foro judicial.83
tienen
el
posibles
deber
actuaciones
arbitrarias
judicial
de
de
podrá
las
Por el contrario, los tribunales
proteger
ultra
a
vires,
agencias.
sustituir
los
el
ciudadanos
contra
inconstitucionales
Ahora
bien,
criterio
del
“el
o
foro
organismo
administrativo por el propio sólo en aquellas ocasiones
80
Torres v. Junta Ingenieros, supra, 708 (2004); Fuentes
v. Administración de Reglamentos y Permisos, 134 D.P.R.
947, 953 (1993).
81
Pacheco
v. Estancias, supra, pág. 431 (2003);
P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 281
(2000); Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, págs. 279-280
(1999).
82
Otero v. Toyota, supra,
Motors, supra, pág. 77.
83
pág.
727;
Rebollo
v.
Yiyi
Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 122-123
(2000).
CC-2008-0742
que
no
24
encuentre
una
base
racional
que
fundamente
la
actuación administrativa”.84
Por otra parte, las conclusiones de derecho de las
agencias
administrativas
son
aspectos por el tribunal”.85
“revisables
en
todos
sus
El razonamiento detrás de
esta disposición es que los tribunales gozan de peritaje
en cuanto a las cuestiones jurídicas, por lo cual no se
adelanta ningún fin público otorgándole deferencia a la
agencia en cuanto a este aspecto.
No obstante, ello no quiere decir que los tribunales
deben descartar livianamente las conclusiones de derecho
hechas
por
las
agencias
administrativas.
Nuestra
jurisprudencia interpretativa señala que los tribunales
deben
dar
gran
peso
y
deferencia
a
la
aplicación
e
interpretación que hagan las agencias con respecto a las
leyes y reglamentos que éstas administran.86
Ello, porque
al tratarse de áreas del Derecho que manejan a diario, las
agencias desarrollan un conocimiento especializado que no
debe ser menospreciado.87
El
criterio
de
revisión
en
cuanto
a
las
interpretaciones jurídicas hechas sobre los estatutos que
84
Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 78.
85
3 L.P.R.A. § 2175.
86
Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., supra, pág.
75.
87
Rivera Rentas v. A & C Development, 144 D.P.R. 450, 461
(1997).
CC-2008-0742
25
maneja la agencia debe ser también uno de razonabilidad.88
Ahora
bien,
la
interpretaciones
deferencia
legales
cede
que
merecen
ante
una
estas
actuación
irrazonable o ilegal que justifique que el tribunal ejerza
su función revisora en protección de la ciudadanía.89
Las
conclusiones de derecho que no envuelvan interpretaciones
de las leyes y reglamentos administrados por la agencia,
ni que caigan dentro de la rúbrica de especialidad de la
misma, son revisables por los tribunales sin limitación
alguna.90
B.
La Corporación del Centro de Bellas Artes es una
corporación pública creada mediante la Ley Núm. 43 de 12
de mayo de 1980, según enmendada.91
El organismo rector
del CBA es una Junta de Directores, que corresponde a la
misma
Junta
de
Puertorriqueña.
funge
como
poderes,
su
Directores
del
Instituto
de
Cultura
El CBA cuenta con un Gerente General que
primer
ejecutivo.
responsabilidades
y
Éste
facultades
cuenta con
los
administrativas
que le han sido delegadas por la Junta de Directores del
Instituto de Cultura.92
88
Véase, Pacheco v. Estancias, supra, pág. 432.
89
Íd., pág. 433.
90
Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 132;
Rentas v. A & C Development, supra, pág. 461.
91
18 L.P.R.A. § 1161, et sec.
92
18 L.P.R.A. § 1161(b).
Rivera
CC-2008-0742
26
El Artículo 2 de la Ley Orgánica del CBA,93 dispone
que dicha corporación tiene el poder para “administrar su
propio
sistema
de
personal
y
nombrar
funcionarios, agentes y empleados”.94
todos
sus
Asimismo, el CBA
tiene poder para asignarles a sus empleados “las funciones
que estime convenientes”.95
De acuerdo con el mencionado
Artículo, el CBA es un administrador individual.96
Conforme
lo
anterior,
el
CBA
es
un
Administrador
Individual al cual le aplicaban las disposiciones de la
Ley
Núm.
5,
Según
supra.
mencionado,
derogada por la Ley Núm. 184, supra.
fecha
de
los
hechos
en
dicha
Ley
fue
No obstante, para la
controversia,
la
versión
estatutaria vigente para la administración de los recursos
humanos en el servicio público era la Ley Núm. 5, supra.97
En
consecuencia,
disposiciones
de
debemos
la
examinar
referida
Ley
y
aplicar
a
la
las
presente
controversia.
C.
La Ley de Personal del Servicio Público de Puerto
Rico, Ley Núm. 5, supra, fue aprobada con el propósito de
establecer un solo sistema de personal para los empleados
públicos.
Dicha
Ley
tenía
como
93
18 L.P.R.A. § 1161, et seq.
94
18 L.P.R.A. § 1161(a)(i).
95
Íd.
96
Íd.
97
3 L.P.R.A. § 1301, et seq. (2000).
política
pública
CC-2008-0742
27
establecer el mérito como el principio que regiría el
servicio público en Puerto Rico.
Este principio promueve
que las personas que sirven al gobierno sean las más aptas
para
ello
y
que
todo
empleado
sea
seleccionado
consideración al mérito y a su capacidad.
en
Asimismo, la
Ley Núm. 5, supra, pretendía evitar que las transacciones
de
personal
discrimen
estuviesen
por
razón
de
indebidamente
raza,
color,
motivadas
sexo,
por
nacimiento,
edad, origen o condición social, o por ideas políticas o
religiosas.98
La Ley Núm. 5, supra, creó un sistema unitario de
administración para el personal del servicio público que
incluía una Administración Central y los Administradores
Individuales.
Los Administradores Individuales se regían
por sus propios reglamentos, los cuales tenían que ser
conformes al principio de mérito y ser aprobados por OCAP.
En virtud de ello, le correspondía a OCAP aprobar los
reglamentos
y
planes
de
clasificación
de
los
Administradores Individuales para que fuesen puestos en
vigor.
cualquier
Además, OCAP tenía la facultad de declarar nula
regla
que
sometieran
los
administradores
individuales que fuera contraria a la Ley Núm. 5, supra, y
a las normas y reglamentos promulgados por la aludida
Oficina.99
98
3 L.P.R.A. § 1311(1) (2000).
99
3 L.P.R.A. § 1347 (2000).
CC-2008-0742
28
La Ley Núm. 5, supra, disponía en su Sección 4.2 lo
siguiente:
Como instrumento eficaz para la consecución de los
programas de gobierno, las agencias del sistema de
personal
serán
responsables
de
establecer
y
mantener una estructura racional de funciones que
propenda a la mayor uniformidad posible y que
sirva de base para las diferentes acciones de
personal.
Para
lograr
este
propósito
se
establecen
las
siguientes
disposiciones
que
cumplirán las autoridades nominadoras según les
corresponda:
[…]
(7) Será responsabilidad de la Oficina, en el caso
de la Administración Central y de cada autoridad
nominadora, en el caso de los Administradores
Individuales,
crear,
eliminar,
consolidar
y
modificar las clases de puesto comprendidos en el
plan de clasificación.
El Director de Personal
será responsable de emitir normas respecto a la
creación,
eliminación,
consolidación
y
modificación de las clases de puesto para guiar el
mantenimiento de los planes de clasificación.100
La Sección 4.4 de la Ley Núm. 5, supra, disponía sobre
los ascensos, traslados y descensos lo siguiente:
(1) La Administración Central o cada Administrador
Individual, según sea el caso, determinará las
clases de puestos que debido a las necesidades
particulares de la agencia o a la naturaleza de
las funciones de las clases de puesto requieren
que se cubran mediante el ascenso de empleados.
Para cubrir estas clases de puestos se utilizará
el mecanismo de los ascensos, conforme a lo
siguiente:
(a)
Los
empleados
en
puestos
de
carrera
ascenderán mediante exámenes que podrán consistir
de
pruebas
escritas,
orales,
físicas,
de
ejecución,
evaluaciones
de
experiencia
y
preparación, evaluaciones de supervisor, análisis
del
record
del
trabajo,
resultados
de
adiestramientos u otros.101
100
3 L.P.R.A. § 1332 (2000).
(Énfasis nuestro).
101
3 L.P.R.A. § 1334 (2000).
(Énfasis nuestro).
CC-2008-0742
29
En lo que respecta al reclutamiento y selección de
personal, la Sección 4.3 (11) de la Ley Núm. 5, supra,
proveía
para
que
se
establecieran
procedimientos
especiales
“[c]uando
se
no
de
disponga
mediante
reclutamiento
de
registros
reglamento
y
selección
de
elegibles
apropiados para determinada clase de puestos y la urgencia
del servicio lo justifique”.102
La Ley Núm. 5, supra,
reconoció como parte del principio de mérito el derecho de
reinstalación.
La
Sección
5.10
de
la
referida
Ley
disponía, en lo pertinente, lo siguiente:
Los empleados de confianza serán de libre
selección y remoción.
Serán igualmente de
confianza aquellos que aunque siendo de libre
selección sólo pueden ser removidos por justa
causa por disposición de ley o aquéllos cuyo
nombramiento sea por un término prefijado por
ley.
(a) Todo empleado que tenga la condición de
empelado regular en el Servicio de Carrera y pase
al Servicio de Confianza tendrá derecho absoluto
a ser reinstalado en un puesto igual o regular al
último que ocupó en el Servicio de Carrera, a
menos que su remoción del puesto de confianza se
haya efectuado mediante formulación de cargos, y
disponiéndose, que será acreedor a todos los
beneficios en términos de clasificación y sueldo
que se haya extendido a la plaza que ocupaba,
durante el término en que sirvió en la posición
de confianza.103
D.
Para instrumentar la Ley Núm. 5, supra, OCAP adoptó
el Reglamento de Personal: Áreas Esenciales al Principio
102
3 L.P.R.A. § 1333 (2000).
103
3 L.P.R.A. § 1350 (2000).
(Énfasis nuestro).
CC-2008-0742
30
de Mérito,104 según enmendado, en adelante Reglamento Núm.
2663.
Dicho
Reglamento
es
aplicable
a
toda
la
Rama
Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a las
corporaciones públicas y a los municipios.105
El Reglamento Núm. 2663 dispone sobre el derecho de
reinstalación lo siguiente:
Si un empleado en el servicio de carrera con
[e]status regular pasa al servicio de confianza y
posteriormente
se
separa
del
mismo,
tendrá
derecho absoluto a ser reinstalado con categoría
de empleado de carrera, en un puesto igual o
similar al que ocupaba en el servicio de carrera
al momento en que pasó al servicio de confianza.
Deberá ser reinstalado preferiblemente en la
misma
agencia
donde
sea
separado.
La
Administración
Central
y
cada
Administrador
Individual reglamentarán la forma de implementar
esta disposición.106
De las disposiciones antes citadas se desprende que
el derecho de reinstalación estaba disponible para aquel
empleado
carrera.
de
El
confianza
que
propósito
de
ello
era
que
se
veía
expuesto
empleo
al
aceptar
empleado
de
carrera
seguridad
de
su
provenía
del
servicio
de
hacer
justicia
al
a
la
una
perder
posición
en
el
servicio de confianza.107
104
Reglamento Núm. 2186 de 30 de noviembre de 1976, según
enmendado por el Reglamento Núm. 2663 de 17 de marzo de
1980.
105
El Reglamento Núm. 2663 sólo excluye de su aplicación a
los empleados de las agencias y corporaciones públicas que
funcionan como empresas o negocios privados y de aquellas
otras
cuyos
empleados
tienen
derecho
a
negociar
colectivamente.
106
Sección 5.5 del Reglamento Núm. 2663, supra. (Énfasis
nuestro).
107
Véase, Fidalgo Colón v. A.D.T., 112 D.P.R. 1, 7 (1982).
CC-2008-0742
31
E.
En
cumplimiento
con
las
disposiciones
antes
mencionadas, el CBA adoptó el Reglamento de Personal de la
Corporación
del
Centro
Reglamento del CBA.108
de
Bellas
Artes,
en
adelante
Dicho reglamento fue aprobado por
OCAP, el 27 de septiembre de 1989, quien tenía facultad
para
declarar
nula
cualquier
regla
que
sometieran
los
administradores individuales que fuera contraria a la Ley
Núm. 5, supra, y a los reglamentos promulgados por dicha
Oficina.109
En el presente caso, OCAP aprobó el Reglamento
del
supra,
CBA,
y
no
declaró
nula
ninguna
ello,
disposiciones
reglamentarias.
Por
adjudicación
adecuada
de
la
presente
contrario
análisis
realizado
por
soslayar
las
al
Apelaciones,
no
podemos
el
de
sus
para
una
controversia,
Tribunal
de
disposiciones
del
Reglamento del CBA, supra.
La Sección 5.1 del aludido Reglamento dispone sobre
el Plan de Clasificación lo siguiente:
El Gerente General establecerá un Plan de
Clasificación para los puestos de carrera previa
la
aprobación
de
la
Oficina
Central
de
Administración de Personal.
Establecerá las
normas y los procedimientos necesarios para la
administración de dicho plan, en armonía con el
plan de retribución que se establezca y los
reglamentos aplicables a este último.
El Plan de Clasificación reflejará la situación
de todos los puestos en el servicio de carrera de
la agencia a una fecha determinada, constituyendo
108
Reglamento de Personal de la Corporación del Centro de
Bellas Artes de 27 de septiembre de 1989.
109
3 L.P.R.A. § 1347 (2000).
CC-2008-0742
32
así un inventario de los puestos autorizados a la
agencia en todo momento. Para lograr que el Plan
de Clasificación sea un instrumento de trabajo
adecuado y efectivo en la administración de
personal, se mantendrá al día registrando los
cambios que ocurran en los puestos, de forma tal
que en todo momento el plan refleje exactamente
los hechos y condiciones reales presentes, y
mediante la actualización de las especificaciones
de clase y las asignaciones de puestos a las
clases.
Se establecerán por lo tanto, los
mecanismos necesarios para hacer que el Plan de
Clasificación sea susceptible a una revisión y
modificación continua de forma que constituya una
herramienta de trabajo efectiva.110
En lo que respecta a la clasificación de puestos, la
Sección 5.6 del Reglamento del CBA, supra, dispone que
“[t]odos
los
puestos
se
clases correspondientes.
clasificación.
asignarán
oficialmente
a
las
No existirá ningún puesto sin
Bajo ninguna circunstancia podrá persona
alguna recibir nombramiento en un puesto que no haya sido
clasificado previamente”.111
La reclasificación de los puestos está regulada en la
aludida Sección 5.6 del modo siguiente:
Se justificará
esté
presente
situaciones:
reclasificar todo puesto cuando
cualquiera
de
las
siguientes
1. Clasificación Original Errónea
En esta situación no existe cambio significativo
en las funciones del puesto, pero se obtiene
información adicional que permite corregir una
apreciación inicial equivocada.
2. Modificación al Plan de Clasificación
En esta situación no existen necesariamente
cambios significativos en las especificaciones de
los puestos, pero en el proceso de mantener al
110
Reglamento
nuestro).
111
del
CBA,
supra,
págs.
Reglamento del CBA, supra, pág. 12.
5-6.
(Énfasis
CC-2008-0742
33
día
el
Plan
de
Clasificación
mediante
la
consolidación, segregación, alteración, creación
y eliminación de clases, surge la necesidad de
cambiar la clasificación de algunos puestos.
3. Cambio Sustancial en Deberes, Responsabilidad o
Autoridad
Es un cambio deliberado y sustancial en la
naturaleza o el nivel de las funciones del
puesto, que lo hace subir o bajar de jerarquía o
la ubica en una clase distinta al mismo nivel.
4. Evolución del Puesto
Es el cambio que tiene lugar con el transcurso
del
tiempo
en
los
deberes,
autoridad
y
responsabilidades del puesto que ocasiona una
transformación del puesto original.112
Por
otro
lado,
la
Sección
5.8
sobre
Cambio
de
Deberes, Responsabilidades o Autoridad, del Reglamento de
Personal del CBA dispone, en lo pertinente, lo siguiente:
Se podrá disponer cambios en los deberes,
responsabilidades o autoridad de los puestos con
arreglo a las siguientes normas:
1. Todo cambio responderá a la necesidad o
conveniencia de los programas gubernamentales:
ningún cambio tendrá motivación arbitraria ni
propósitos disciplinarios.
2. Conforme
a
lo
anterior,
la
Corporación
establecerá sus propios criterios conforme a sus
particularidades.113
El
Reglamento
del
CBA,
supra,
también
regula
lo
referente a los ascensos en la Sección 7.1 del Artículo 7
de la manera siguiente:
1. Objetivo de los Ascensos
El objetivo de los ascensos es atraer al mejor
personal para cubrir puestos públicos; ofrecer
oportunidades
para
mayor
progreso
de
sus
servidores según se desarrollan sus capacidades
para prestar buenos servicios; mantener un alto
nivel de satisfacción y ejecución entre los
112
Reglamento del CBA, supra, págs. 13-14.
113
Reglamento del CBA, supra, pág. 16.
(Énfasis nuestro).
CC-2008-0742
34
empleados y lograr retener en el servicio a los
más capacitados.
2.
Normas sobre Ascensos
Con el fin de establecer sistemas que hagan
viable el ascenso de los empleados de carrera,
regirán las siguientes normas:
[…]
b) La Corporación determinará las clases de
puesto que se requiere se cubran mediante el
ascenso de empleados. Esta determinación se hará
a base de la naturaleza de las funciones de las
clases
de
puestos
y
a
las
necesidades
particulares de la Corporación.
Las normas
específicas sobre lo establecido anteriormente
estarán contenidas en las normas de reclutamiento
que se establezcan para cada clase de puesto.114
A su vez, la misma Sección 7.1 (3) (b) del Reglamento
del CBA, supra, dispone sobre Ascensos sin Oposición lo
siguiente:
b) Por exigencias excepcionales y especiales se
entenderá la necesidad de reclutar personal por
razón de las siguientes situaciones:
(1) Asignación o atención de nuevas funciones o
programas;
(2) Ampliación de los servicios que presta la
agencia;
(3) Necesidad de reclutar personal que logre
mantener la continuidad en la prestación de los
servicios sin necesidad de mayor orientación;
[…]
(5) Urgencia por cubrir un puesto vacante que
hace impracticable el procedimiento ordinario.115
III
Nos corresponde resolver si una empleada que ocupa un
puesto de confianza, que de acuerdo con la Ley Núm. 5,
114
Reglamento
nuestro).
115
del
Íd., págs. 49-50.
CBA,
supra,
págs.
48-49.
(Énfasis
CC-2008-0742
35
supra, no le compete aprobar, crear o modificar clases de
puestos para la corporación pública para la cual labora,
puede ser privada de su derecho de reinstalación en un
puesto de carrera tras su destitución como empleada de
confianza, por recomendar transacciones de personal que no
forman parte de sus funciones.
Ello, a pesar de que la
empleada de confianza no tenía el poder para obligar al
Director
(autoridad
de
Recursos
Humanos
nominadora)
a
o
al
actuar
Gerente
conforme
General
a
sus
recomendaciones y, además, cuando a dichos funcionarios
les correspondía analizar toda recomendación recibida y
aprobar o rechazar la transacción de personal en cuestión.
A.
En el primer cargo, el CBA le imputó a la señora
Ramos Román el haber recomendado la modificación de la
clase de Operador de Equipo de Entrada de Datos a la clase
de Asistente de Sistemas de Información; haber recomendado
el ascenso del señor Arzuaga a la clase modificada sin
haber obtenido la aprobación de la clase por ORHELA; y que
la clase de Asistente de Sistema de Información no formaba
parte del Plan de Clasificación de la agencia, razón por
la cual su nombramiento era nulo.
No le asiste la razón.
La señora Ramos Román recomendó la modificación de la
clase
en
controversia
de
acuerdo
a
las
discreciones
conferidas a las agencias administrativas mediante la Ley
Núm. 5, supra, y la Sección 5.1, y subsiguientes, del
Reglamento
de
Personal
del
CBA,
supra.
Estas
CC-2008-0742
36
disposiciones permiten realizar los cambios necesarios en
la clasificación de puestos de acuerdo a los hechos y
condiciones reales de las agencias, de manera que el Plan
de Clasificación sea una herramienta efectiva de trabajo.
El Reglamento del CBA, supra, permite que se realicen
cambios en los deberes y responsabilidades de los puestos,
siempre que ello responda a la necesidad o conveniencia
del CBA.116
Por ello, según su Reglamento, el CBA tiene la
facultad para establecer sus propios criterios conforme a
su realidad particular.117
Las recomendaciones efectuadas por la señora Ramos
Román surgen como consecuencia de la necesidad del CBA de
implantar el programa de mecanización promulgado por la
OGP.118
Ante la necesidad operacional del CBA, la señora
Ramos Román optó por recomendar la modificación de un
puesto existente en el Plan de Clasificación utilizado en
el CBA desde el 1996.119
como
herramienta
existente
de
trabajo
internamente
transacciones
de
Es decir, la peticionaria utilizó
el
en
el
personal
en
Plan
CBA
de
para
Clasificación
recomendar
controversia.
De
las
las
determinaciones de hechos de CASARH surge que el propósito
116
Sección 5.8 del Reglamento del CBA, supra, pág. 16.
117
Íd.
118
Véanse, Determinaciones de Hechos Núm. 59, 64 y 66 de
CASARH, Apéndice del certiorari de la Peticionaria, págs.
81-83.
119
Determinación de Hecho Núm. 55 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 81.
CC-2008-0742
37
de las recomendaciones fue mantener actualizado, aunque
fuese
internamente,
el
Plan
de
Clasificación
que
se
utilizaba.
No puede escaparse de nuestro análisis la realidad
particular
con
la
cual
operaba
el
CBA.
Todos
los
empleados de carrera y de confianza, salvo la señora Ramos
Román y su secretaria, tenían títulos de clasificación a
base de un plan sin aprobar, el cual fue implantado con
anterioridad a la llegada de la peticionaria.
Es decir,
como cuestión de hecho el CBA operó con la realidad de un
plan de clasificación y retribución implantado pero no
aprobado por OCALARH.
Por ello, era “evidente” que “no se
podía someter a OCALARH una enmienda a una clase, de un
plan
que
no
estaba
aprobado
por
ellos
y
ni
siquiera
radicado allí”.120
En lo que respecta al ascenso del señor Arzuaga, la
Sección 4.4 de la Ley Núm. 5, supra, es clara a los
efectos
de
que
cada
Administrador
Individual
tiene
la
facultad de determinar las clases de puestos que debido a
las
necesidades
particulares
requieren
mediante el ascenso de empleados.
que
se
cubran
El propio Reglamento
del CBA, supra, dispone que se puede reclutar personal
cuando hay una asignación de nuevas funciones o programas,
o cuando hay alguna necesidad de reclutar personal que
logre mantener la continuidad en la prestación de los
120
Determinación de Hecho Núm. 68 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 83.
CC-2008-0742
38
servicios.121
A su vez, dispone que se puede reclutar
personal, por razones excepcionales y especiales, cuando
hay
una
asignación
de
nuevas
funciones
o
programas;
necesidad de reclutar personal para lograr la continuidad
en
la
prestación
urgencia
por
de
los
cubrir
un
servicios;
puesto
o
cuando
vacante
hay
que
una
hace
impracticable el procedimiento ordinario.122
Conforme lo anterior, y por la necesidad urgente del
CBA
de
poner
a
funcionar
el
plan
de
mecanización
del
sistema de información promulgado por la OGP, la señora
Ramos Román recomendó el ascenso del Sr. Arzuaga.
El
ascenso
su
del
señor
Arzuaga
se
realizó
al
evaluar
experiencia, habilidades y su desempeño en el trabajo.123
Dicho empleado contaba con las destrezas y experiencias
necesarias del puesto, además de un excelente expediente,
siendo al momento de la recomendación la persona encargada
de operar los sistemas nuevos de computadora.124
De
los
palmariamente
hechos
que
el
probados
Gerente
ante
General
CASARH
del
CBA,
surge
señor
Girona, no consideraba oportuno reclutar a un Director de
Sistemas de Información, según definido por OGP y OCALARH,
121
Sección 7.1(3)(b) del Reglamento del CBA, supra.
122
Íd.
123
3 L.P.R.A. § 1334 (2000). Además, mediante el mismo se
cumplió con los objetivos de los ascensos según lo
dispuesto en la Sección 7.1 del Artículo 7 del Reglamento
del CBA, supra.
124
Determinación de Hechos Núm. 60 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 82.
CC-2008-0742
39
porque ello resultaba oneroso ante la precaria situación
económica del CBA.125
Además, no se justificaba un puesto
de tal categoría para una organización pequeña que operaba
con un sistema de información que no era complejo.126
Por
ello, el mismo Gerente General delegó en el señor Arzuaga
dicho trabajo.127
Conforme lo anterior, concluimos que el Tribunal de
Apelaciones
erró
al
adjudicarle
responsabilidad
a
la
señora Ramos Román por modificar la clase en controversia
y por recomendar el ascenso del señor Arzuaga.
Asimismo,
el foro apelativo intermedio incidió al concluir que la
clase de Asistente de Sistema de Información no formaba
parte del Plan de Clasificación del CBA, cuando de las
propias determinaciones de hechos de CASARH surge que ésta
sí
existía
en
el
plan
utilizado
transacciones de personal.
en
el
CBA
para
las
Si bien es cierto que el CBA,
como Administrador Individual, incumplió con su obligación
de someter el Plan de Clasificación para la aprobación de
OCALARH, no es menos cierto que la señora Ramos Román
realizó la recomendación en controversia de acuerdo al
plan
utilizado
personal.
en
el
CBA
para
las
transacciones
de
Por ello, y ante la realidad del CBA, el cual
no podía someter a OCALARH enmiendas a las clases por no
125
Determinación de Hecho Núm. 64 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 82.
126
127
Íd.
Determinación de Hecho Núm. 65 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, págs. 82-83.
CC-2008-0742
contar
con
40
un
plan
aprobado
por
dicha
entidad,
no
se
justifica la imposición de una medida disciplinaria tan
severa como la privación del derecho a la reinstalación a
un puesto de carrera.
B.
En el segundo cargo, el CBA le imputó a la señora
Ramos Román haber violado las disposiciones de la Ley Núm.
5, supra, al recomendar la reclasificación del puesto de
la
señora
Calderón,
de
Secretaria
de
la
Oficina
de
Servicios Generales a Oficial Administrativo por evolución
de sus funciones.
El CBA alegó que la reclasificación
recomendada por la señora Ramos Román no procedía por
evolución
de
funciones
Administrativo
no
y
existía
que
en
el
la
clase
Plan
de
de
Oficial
Clasificación
utilizado por el CBA.
De entrada, es un hecho probado ante CASARH que la
clase de Oficial Administrativo sí existía en el Plan de
Clasificación utilizado e implantado en el CBA desde el
mes de enero de 1996.128
El CBA no ha probado que exista
otra evidencia en el expediente que impida llegar a la
conclusión
razonable.129
de
que
dicha
determinación
de
hecho
fue
Por ello, la misma debe ser sostenida por
los tribunales.
Resolvemos, pues, que el Tribunal de
Apelaciones
al
erró
concluir
que
la
clase
de
Oficial
128
Determinaciones de Hechos Núm. 55 y 56 de CASARH,
Apéndice del certiorari de la Peticionaria, pág. 81.
129
Ramírez Rivera v. Depto. de Salud, supra, pág. 905;
Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 131.
CC-2008-0742
41
Administrativo no existía en el Plan de Clasificación del
CBA.
La clase de Oficial Administrativo fue revisada y
modificada
en
términos
flexible y genérica.
de
funciones
para
hacerla
más
Ello, porque la especificación de
clase en el Plan de Clasificación del CBA la limitaba a la
Oficina del Gerente de Administración, cosa que tampoco se
ajustaba
a
la
realidad
operacional
CBA.130
del
La
recomendación efectuada por la señora Ramos Román permitía
mayores
oportunidades
para
resolver
problemas organizacionales del CBA.131
temporeramente
Además, esta clase
fue modificada y aprobada por el señor Girona, Gerente
General
del
CBA
controversia.132
para
la
fecha
de
los
hechos
en
Ello quedó establecido, claramente, en
las determinaciones de hechos de CASARH.
Por
otra
parte,
la
recomendación
de
la
clase
en
controversia se fundamentó en la evolución del puesto.
Ciertamente,
erróneo,
el
toda
fundamento
vez
que
la
para
la
recomendación
reclasificación
fue
realmente
130
Determinación de Hecho Núm. 61 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 82.
131
Determinación de Hecho Núm. 62 de CASARH, Apéndice del
certiorari la Peticionaria, pág. 82.
Adviértase, que de
acuerdo al Reglamento del CBA, supra, se justifica
reclasificar cualquier puesto cuando surge la necesidad de
cambiar la clasificación de alguno de estos para mantener
actualizado el Plan de Clasificación, de manera que el
mismo sea un instrumento eficaz para las operaciones del
CBA.
132
Determinación de Hecho Núm. 58 de CASARH, Apéndice del
certiorari la Peticionaria, pág. 81.
CC-2008-0742
42
procedía
por
embargo,
dicho
un
cambio
error
sustancial
en
deberes.
Sin
corregido
por
la
de
fue
Oficina
Recursos Humanos del CBA, quien en el descargue de sus
funciones
tenía
el
deber
reclasificación.133
Oficina
de
En
de
tramitar
específico,
Recursos
Humanos
el
el
proceso
Director
del
CBA
de
de
la
tenía
la
responsabilidad de analizar todas las recomendaciones que
recibía, para luego efectuarlas conforme a las leyes y
reglamentos aplicables.134
no
tenía
poder
ni
Además, la señora Ramos Román
autoridad
para
imponer
transacción
alguna de personal.
El referido error de la señora Ramos Román no es
fundamento
para
la
privación
de
su
reinstalación a un puesto de carrera.
derecho
a
la
La destitución de
un empleado público es una medida drástica que procede en
casos extremos cuando la falta es de eminente gravedad o
cuando exista un estado de emergencia fiscal declarado
mediante
ley.135
El
presente
violación
extrema
en
los
público.
Por
contrario,
el
caso
deberes
el
no
de
error
demuestra
un
una
funcionario
cometido
por
la
133
Véanse, Determinaciones de Hechos Núm. 70-72 de CASARH,
Apéndice del certiorari de la Peticionaria, págs. 83-84.
134
Véase, Determinación de Hecho Núm. 70 de CASARH,
Apéndice del certiorari de la Peticionaria, págs. 83.
135
Domínguez Castro v. E.L.A., 2010 T.S.P.R. 11, res. el 2
de febrero de 2010; Rodrigo v. Tribunal Superior, 101
D.P.R. 151, 167 (1973); Lebrón Soto Mayor v. Junta, 100
D.P.R. 164 (1971).
CC-2008-0742
43
señora Ramos Román fue un error administrativo, el cual
fue corregido sin mayores consecuencias por la Oficina de
Recursos Humanos del CBA, previo a la reclasificación de
la señora Calderón.
Apelaciones
En consecuencia, el Tribunal de
incidió
al
determinar
que
el
error
en
el
fundamento para la recomendación efectuada por la señora
Ramos Román, fue una violación a la Ley Núm. 5, supra, de
tal magnitud que justificaba privarle de su derecho a la
reinstalación a un puesto de carrera.
C.
En el tercer cargo, el CBA le imputó a la señora
Ramos Román haber recomendado el nombramiento regular, en
de
reinstalación,
la
señora
Covas
como
Oficial
Administrativo, sin que previamente ésta hubiese ocupado
un puesto de carrera.
El CBA apoyó su contención en que
la
podía
señora
mediante
Covas
el
sólo
proceso
de
ocupar
un
reclutamiento,
puesto
esto
regular
es,
previa
convocatoria, divulgación, examen y registro de elegibles.
El
Tribunal
nombramiento
se
de
Apelaciones
solicitó
mediante
concluyó
el
que
dicho
procedimiento
de
reinstalación, a pesar de que ésta no procedía porque la
señora
Covas
era
una
empleada
de
confianza.
El
foro
apelativo intermedio entendió que la señora Ramos Román
violentó
la
Sección
Finalmente,
concluyó
4.3
que
de
la
Ley
Núm.
el
puesto
5,
de
supra.
Oficial
Administrativo no estaba comprendido dentro del Plan de
Clasificación.
CC-2008-0742
44
Es un hecho probado ante CASARH que la señora Ramos
Román recomendó el nombramiento de la señora Covas a un
puesto de carrera, “pero no indicó el procedimiento o el
trámite a seguir”.136
Ello se debió a que esa era la
responsabilidad del Director de Recursos Humanos.137
Una
vez
de
se
recomendaba
un
reclutamiento,
la
Oficina
Recursos Humanos tenía el deber ministerial de determinar
la
forma
en
que
se
iba
a
tramitar
el
nombramiento.
Además, la aludida Oficina tenía la responsabilidad de
realizar el proceso de convocatoria, divulgación, examen y
registro de elegibles.
la
peticionaria.
recomendó
Dicha responsabilidad no recaía en
Es
decir,
la
a
la
señora
Covas,
reclutamiento
y
selección
era
Oficina
de
Recursos
Humanos
y
señora
pero
el
Ramos
proceso
responsabilidad
no
de
la
Román
de
de
la
Gerente
de
Administración.
La señora Ramos Román no supervisaba la Oficina de
Recursos Humanos en esa época, ni tenía autoridad para
imponer transacción de personal alguna.138
la
prueba
testifical,
“se
podía
De acuerdo con
proceder
con
un
reclutamiento especial y emitir una convocatoria interna,
136
Determinación de Hecho Núm. 69 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 83. (Énfasis nuestro).
137
Determinación de Hecho Núm. 70 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 83.
138
Determinación de Hecho Núm. 71 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, págs. 83-84.
CC-2008-0742
45
como se hizo en otras ocasiones”.139
Pero este análisis
era responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos.140
Es importante señalar, que el entonces Gerente General del
CBA, señor Girona, aprobó esta transacción y la refirió al
Director
de
Recursos
Humanos,
sin
que
la
peticionaria
tuviera ulterior participación.
Salta
a
la
vista
y
surge
de
las
propias
determinaciones de hecho de CASARH, que la señora Ramos
Román se enteró de que el nombramiento de la señora Covas
se tramitó como una reinstalación mediante la carta de
formulación de cargos que se le entregara.141
Por ello,
resulta inaudito que se le haya imputado violación alguna
por una recomendación que no hizo.
El Tribunal de Apelaciones concluyó también que la
señora Ramos Román violentó la Sección 4.3 de la Ley Núm.
5,
supra.
Dicha
relacionados
Estos
al
asuntos,
disposición
atendía
los
asuntos
de
personal.
reclutamiento
y
selección
según
en
las
consta
determinaciones
de
hechos de CASARH, son responsabilidad de la Oficina de
Recursos
Humanos
del
CBA
y
no
del
Gerente
de
Administración, puesto que ocupaba la aquí peticionaria.
Resolvemos, pues, que el Tribunal de Apelaciones erró al
concluir
que
la
señora
Ramos
Román
recomendó
el
139
Determinación de Hecho Núm. 72 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 84.
140
141
Íd.
Determinación de Hecho Núm. 73 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 84.
CC-2008-0742
46
nombramiento regular en reinstalación de la señora Covas
violentando la Sección 4.3 de la Ley Núm. 5, supra.
Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones concluyó
que
el
puesto
comprendido
de
dentro
Oficial
del
Administrativo
Plan
de
no
estaba
Clasificación.
No
obstante, de las determinaciones de hechos de CASARH surge
que las recomendaciones en controversia se realizaron de
acuerdo al Plan de Clasificación utilizado en el CBA desde
antes de la llegada de la peticionaria al CBA.142
Por lo
tanto, erró el foro apelativo intermedio en este asunto.
IV
En el caso ante nos, de acuerdo con la Ley Núm. 5,
supra, quien tenía el deber y la autoridad para crear o
modificar
las
clases
de
puesto
era
la
autoridad
nominadora, en este caso el señor Girona como Gerente
General del CBA y no la señora Ramos Román como Gerente de
Administración.
La
peticionaria
podía
recomendar
las
clases de puestos que requerían modificaciones o, incluso,
el personal que a su entender estaba mejor capacitado para
asumir determinado puesto.
Por ello, la señora Ramos
Román no puede ser responsabilizada por los nombramientos
en controversia, toda vez que no era la encargada del área
de Recursos Humanos a la fecha en que se cometieron las
alegadas faltas y tampoco era la autoridad nominadora, de
142
Determinación de Hecho Núm. 55 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 81.
CC-2008-0742
47
acuerdo con la Ley Orgánica del CBA143 y con la Ley Núm. 5,
Adviértase,
supra.
“Autoridad
que
nominadora”
la
Ley
como
Núm.
5,
“cualquier
supra,
define
funcionario
o
agencia con facultad legal para hacer nombramientos para
puestos en el Gobierno”.144
Según probado ante CASARH la
señora Ramos Román no tenía dicha autoridad.
de
la
señora
Ramos
Román
se
limitaba
La función
a
efectuar
recomendaciones que podían ser consideradas o no por la
autoridad nominadora y la Oficina de Recursos Humanos.145
A
la
peticionaria
“no
le
competía
someter
un
plan
o
declarar nulas las transacciones y puestos existentes”, y
“no tenía autoridad para obligar al Gerente General a que
ejecutara
sus
recomendaciones”.146
Las
mismas
estaban
sujetas a la decisión final del Gerente General.147
Por
lo
anterior,
responsabilidad
del
podemos
Director
de
afirmar
que
“[l]a
Recursos
Humanos
era
analizar todas las recomendaciones que recibía y efectuar
las mismas, en este caso [los] nombramiento[s], a la luz
de
su
análisis
y
conforme
143
las
leyes
Ley Núm. 43 del 12 de mayo de 1980.
1161, et seq.
144
y
reglamentos
18 L.P.R.A. §
3 L.P.R.A. § 1411 (2000).
145
Determinación de Hecho Núm. 45 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 80.
146
Determinaciones de Hechos Núm. 53 y 54, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 81.
147
Íd.
CC-2008-0742
48
aplicables”.148
Dicha evaluación fue realizada, toda vez
que se conservaron en el CBA los documentos firmados por
el Gerente General y la Directora de Recursos Humanos que
demostraban que se había revisado y aprobado finalmente
los referidos movimientos de personal recomendados por la
peticionaria.149
Los
aludidos
documentos
establecían
claramente las respectivas especificaciones de clases de
puesto que se modificaban.150
Mayor importancia reviste el hecho de que no existía
norma
ni
reglamento
“recomendar
y
en
virtud
del
cual
permitir”
fueran
causas
la
acción
suficientes
de
para
aplicar una acción disciplinaria como la que se le aplicó
a la señora Ramos Román.
Conforme lo anterior, los cargos
imputados a la peticionaria no tienen mérito.
Luego de considerar los autos del caso ante nos,
concluimos que la determinación de CASARH fue razonable y
que está apoyada por evidencia sustancial que surge del
expediente, razón por la cual no debemos sustituir el
criterio de la agencia por el nuestro.151
La actuación de
CASARH no fue arbitraria, ilegal o tan irrazonable que
constituya un abuso de discreción.
148
Determinación de Hecho Núm. 70 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 83.
149
Determinación de Hecho Núm. 68 de CASARH, Apéndice del
certiorari de la Peticionaria, pág. 83.
150
151
Íd.
Otero v. Toyota, supra, 728 (2005); Reyes Salcedo v.
Policía de P.R., supra, 95 (1997).
CC-2008-0742
49
Existe una práctica judicial claramente establecida
de
conceder
gran
consideración
y
deferencia
decisiones de los foros administrativos.152
administrativas
corrección.
caso.
tienen
una
presunción
a
las
Las agencias
de
regularidad
y
Dicha presunción no ha sido rebatida en este
Ello se colige de la propia Sentencia del Tribunal
de Apelaciones, al establecer que acepta como ciertas y
correctas
CASARH,
las
por
expediente
determinaciones
estar
de
esencialmente
administrativo
y
la
hechos
esbozadas
por
sostenidas
por
el
transcripción
de
la
vista.153
De acuerdo a la Ley Núm. 5, supra, la señora Ramos
Román es acreedora del derecho a ser reinstalada en un
puesto de carrera, igual o similar al que ocupaba antes de
ser
reclutada
para
el
puesto
de
confianza
en
el
CBA.
Además, tiene derecho al pago retroactivo de los salarios
dejados de percibir como empleada regular, desde la fecha
en que se le impidió la reinstalación a un puesto de
carrera.154
Para
privar
a
la
señora
Ramos
Román
del
derecho a la reinstalación a un puesto de carrera, se
requiere
una
sostenibles
demuestren
en
la
causa
justificada
alguna
severidad
reglamentación
necesaria
152
Otero v. Toyota, supra,
Motors, supra, pág. 77.
153
154
basada
pág.
o
para
727;
en
ley,
cargos
o
justificar
Rebollo
v.
que
la
Yiyi
Véase, Apéndice, pág. 19.
Hernández Badillo v. Municipio, 154 D.P.R. 199, 203-204
(2001).
CC-2008-0742
50
privación de dicho derecho, lo que claramente no ocurrió
en el caso de autos.
Así
pues,
si
el
CBA
había
perdido
la
confianza
depositada en la peticionaria, la única alternativa que
tenía era reinstalarla en su antiguo puesto de carrera o
uno
similar,
no
destituirla
y
privarle
de
éste.
La
privación del derecho a la reinstalación a un puesto de
carrera es una medida drástica que sólo procede en casos
extremos cuando la falta es de eminente gravedad o cuando
exista
un
estado
de
emergencia
fiscal
declarado
legislativamente.155
V
Por
los
Sentencia
fundamentos
emitida
por
antes
el
expuestos,
Tribunal
revocamos
de
la
Apelaciones.
Resolvemos que la señora Ramos Román tiene derecho a ser
reinstalada a un puesto de carrera igual o similar al que
ocupaba antes de ser reclutada en el puesto de confianza
en el CBA.
tiene
derecho
Asimismo, determinamos que la peticionaria
al
pago
retroactivo
de
sus
salarios
y
beneficios como empleada de carrera desde el momento que
se
hizo
efectiva
la
privación
de
su
derecho
a
la
reinstalación a un puesto de carrera.
Lo acordó el Tribunal y
Tribunal Supremo.
La Jueza Asociada señora Fiol Matta
concurre sin opinión escrita.
155
certifica la Secretaria del
El Juez Presidente señor
Rodrigo v. Tribunal Superior, supra, 167 (1973); Lebrón
Soto Mayor v. Junta, supra; Domínguez Castro v. E.L.A.,
supra.
CC-2008-0742
51
Hernández Denton disiente sin opinión escrita.
La Jueza
Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente con Opinión
escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Constancia Ramos Román
Peticionaria
v.
CC-2008-742
Corporación del
de Bellas Artes
Centro
Recurrida
Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2010
Disiento
de
la
determinación
que
hoy
anuncia
una
mayoría de este Tribunal pues considero que una empleada de
carrera de una agencia pública que pasa a ocupar el segundo
puesto de mayor jerarquía en una agencia de gobierno, en el
servicio
de
confianza
funciones
en
deberes
dando
este
y
quien,
puesto
lugar
a
en
incumple
que
se
el
desempeño
sus
violen
de
sus
obligaciones
y
crasamente
las
disposiciones sobre reclutamiento y el principio de mérito
contenidas en la Ley de Personal del Servicio Público de
Puerto Rico, no debe continuar en el servicio público.
CC-2008-742
Las
Comisión
2
determinaciones
de
Apelativa
Sistema
del
hecho
formuladas
de
por
la
Administración
de
Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH) en este caso
evidencian que la alta gerencia de la Corporación de Bellas
Artes
gestionaba
todas
sus
transacciones
de
personal
en
función de un plan de clasificación para el servicio de
carrera
que
no
Oficina
de
Recursos
había
sido
debidamente
aprobado
del
Libre
Humanos
Estado
por
la
Asociado,
según exigía la entonces vigente Ley de Personal, Ley Núm 5
Como resultado, la gran mayoría
de 14 de octubre de 1975.
de las transacciones de personal efectuadas eran ilegales y
por lo tanto, nulas.
A pesar de conocer este hecho, la
peticionaria continuó recomendando nombramientos en virtud
de
dicho
plan
desviaciones
principio
de
del
de
clasificación,
adecuado
mérito
lo
cual
de
reclutamiento
proceso
fomentando
provocó
que
se
serias
y
el
efectuaran
nombramientos nulos.
Todos los servidores públicos, pero muy en especial
los que ocupan puestos de alta jerarquía en el servicio de
confianza, tienen el deber y la obligación de cumplir con
rigurosidad
las
normas
de
reclutamiento
y
retención
que
consagra el principio de mérito.
No pueden convertirse en
cómplices
letra
del
menosprecio
de
la
de
la
ley,
los
reglamentos y las normas que rigen la administración de
recursos humanos de la agencia para la cual trabajan.
La
política
pública
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto Rico, según expuesta en la Ley de Personal, supra,
fue establecer el mérito como el valor que prima en el
CC-2008-742
3
servicio público.
Este principio promueve que las personas
que laboran en el gobierno sean las más aptas para ello y
que
todo
empleado
reclutado,
promovido,
trasladado,
o
retenido, etc., lo fuera en consideración al mérito y a su
capacidad.
Fuera queda el discrimen por motivo de raza,
color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social,
por sus ideas políticas o religiosas.
Martínez v. Oficina
del Gobernador, 152 D.P.R. 586 (2000), Rodríguez v. BGF,
151
D.P.R.
383
(2000).
“La
clave
aspirante al servicio público”.
es
la
idoneidad
del
Martínez v. Oficina del
Gobernador, supra, pág. 596 (Énfasis en el original).
Las actuaciones de la peticionaria en este caso son,
como poco, un ejemplo del menosprecio de este valor tan
fundamental
para
la
buena
marcha
de
la
cosa
pública.
Lamento que una mayoría del Tribunal no lo aprecie así y
valide la actuación crasamente negligente e irresponsable
de
la
peticionaria.
Por
todo
ello,
respetuosamente
disiento.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada