Tribunal Supremo de Puerto Rico
Marrero Rosado v. Marrero Rosado
2010 TSPR 35
Poder Judicial de Puerto Rico
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Marrero Rosado v. Marrero Rosado
CC-2008-562
Ley de Quiebras- Efecto del plan de reorganización bajo Capítulo 11 en pleito pendiente en los tribunales de Puerto Rico
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Reyes Merrero Rosado
Ismael Marrero Rosado
Certiorari
Recurridos
2010 TSPR 35
v.
178 DPR ____
Ramón Marrero Rosado
Peticionario
Número del Caso: CC-2008-562
Fecha: 10 de marzo de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón Panel VII
Jueza Ponente:
Hon. Gretchen I. Coll Marti
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Luis Cabrera Medina
Lcdo. Wigberto Lugo Mender
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. George Otero Calero
Materia: Acción Civil y Disolución de Sociedad
Este documento constituye un documento oficial del
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s del proceso
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un servicio
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?
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Reyes Marrero Rosado
Ismael Marrero Rosado
Recurridos
v.
CC-2008-562
Certiorari
Ramón Marrero Rosado
Peticionario
Opinión del Tribunal
HERNÁNDEZ DENTON
emitida
por
el
Juez
Presidente
señor
San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2010.
Nos corresponde determinar qué efecto tiene
la confirmación de un plan de reorganización bajo
el Capítulo 11 del Código de Quiebras, 11 U.S.C.
secs. 1101-1174 (Capítulo 11),
pendiente
ante
nuestros
sobre un pleito
tribunales
cuando
la
continuación de dicho pleito fue autorizada por
la Corte de Quiebras. Por entender que en este
caso
el
contenido
del
plan
de
reorganización
constituye impedimento colateral por sentencia en
cuanto
a
sentencia
la
cuantía
recurrida.
adeudada,
revocamos
la
Asimismo,
revocamos
la
imposición del interés legal por temeridad.
CC-2008-562
2
I.
En 1981 los hermanos Reyes, Ramón, Rafael y Daniel
Marrero Rosado crearon, mediante pacto verbal, una sociedad
que denominaron “La Ceibeña”, con el objetivo de operar una
panadería
con
suscribieron
el
un
mismo
nombre.
contrato
de
Posteriormente,
arrendamiento
de
en
1986
un
local
ubicado en el Municipio de Vega Baja y allí abrieron otra
panadería,
“La
Nueva
Ceibeña”.
Luego
de
varios
años
salieron de la sociedad Rafael y Daniel Marrero Rosado y
entraron,
no
como
propietarios
sino
como
socios
de
ganancias y pérdidas, los señores Ismael Marrero Rosado y
Raúl Marrero Nazario, quienes también son miembros de la
familia.
A
mediados
de
los
noventa
la
panadería
“La
Ceibeña” cerró, por lo que el único negocio de la sociedad
era la panadería “La Nueva Ceibeña”. Ésta era administrada
por
el
señor
Ramón
Marrero
Rosado
y
los
demás
socios
pasaron a trabajar allí.
En junio de 1998, los señores Reyes e Ismael Marrero
Rosado interpusieron una demanda en el Tribunal de Primera
Instancia,
Sala
de
Bayamón,
en
contra
del
señor
Ramón
Marrero Rosado. Adujeron que éste no les había satisfecho
las cuantías correspondientes a sus participaciones en las
ganancias de la sociedad desde 1995 y que les debía a cada
uno $221,832. Por su parte, el señor Ramón Marrero Rosado
reconvino y alegó que la sociedad había quedado disuelta en
marzo de 1998, al concluir el contrato de arrendamiento del
local donde ubicaba “La Nueva Ceibeña”. Adujo, además, que
CC-2008-562
3
lo único que quedaba pendiente era la liquidación de la
referida sociedad.
Así las cosas, el señor Ramón Marrero Rosado presentó
una petición voluntaria de reorganización bajo el Capítulo
11. La interposición de dicha petición de quiebra tuvo el
efecto, en virtud de la paralización automática (automatic
stay), de detener los procedimientos ante el foro estatal.
Poco tiempo después, el señor Ramón Marrero Rosado instó
una acción ante la Corte de Quiebras (adversary proceeding)
contra los señores Reyes e Ismael Marrero Rosado y Raúl
Marrero
Nazario.
Éste
alegó
que
los
allí
demandados
interferían con las operaciones de su negocio y solicitó
una
orden
de
entredicho
permanente.
Por
su
parte,
los
demandados en dicho pleito reconvinieron y adujeron que la
solicitud de reorganización presentada por el señor Ramón
Marrero Rosado respondía al propósito de privarlos de sus
derechos en la partición de la sociedad.
Luego de varios incidentes procesales y de que ambas
partes presentaran mociones de sentencia sumaria, la Corte
de Quiebras emitió una orden en febrero de 2000. En ella,
denegó las respectivas mociones de sentencia sumaria por
entender que existía una controversia de hechos relativa a
si
la
sociedad
disposiciones
del
había
Código
sido
disuelta
Civil
de
conforme
Puerto
Rico.
a
las
En
lo
pertinente, en la orden se dispuso:
[T]he parties disagree, and the record fails to
demonstrate, whether or not the partnership was
appropriately dissolved under the Puerto Rico
Civil Code. It is not clear whether the
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4
business,
for
which
the
partnership
was
constituted, ended….
…In the interest of judicial economy and there
being material issues of fact in controversy in
the record before the Court, the Court finds
that the Bayamón Court is in a better position
to resolve the matter.
For the foregoing reasons, the parties´ motion
for summary judgment will be denied. The Court
will lift the automatic stay and allow the
defendants to proceed with the state court
action. The Court will hold in abeyance the
defendant´s motion to dismiss and the debtor´s
opposition in the legal case until this matter
is resolved in state court.
Luego de que la Corte de Quiebras emitiera la referida
orden,
los
procedimientos
en
el
Tribunal
de
Primera
Instancia se reactivaron y continuaron de forma simultánea
al procedimiento de quiebra. En abril de 2001, el foro
federal aprobó el plan de reorganización sometido por el
señor Ramón Marrero Rosado sin oposición de los señores
Reyes e Ismael Marrero Rosado y Raúl Marrero Nazario, a
pesar
de
que
éstos
fueron
notificados
de
las
distintas
etapas del procedimiento. Dicha orden advino final y firme
en mayo de 2001.
El plan de reorganización aprobado estableció que los
señores
Reyes
e
Ismael
Marrero
Rosado
y
Raúl
Marrero
Nazario eran “contingent and disputed unsecured creditors”
y se calculó, para efectos del plan, que el monto agregado
de sus reclamaciones era $30,000. En lo pertinente a la
controversia ante nos, el plan de reorganización establece:
Reyes Marrero Rosado, Ismael Marrero Rosado
and Raúl Marrero Nazario have been listed in
debtor´s schedules as contingent and disputed
unsecured creditors of the herein estate. These
parties have not filed any proof of claim in
this case and these remain as unliquidated
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5
amounts as of this date. Considering the ongoing
litigation process ordered by the Honorable
Court the claim liquidation of these parties
would unduly delay the closing of the herein
case. Pursuant to 11 U.S.C. Section 502(c),
debtor estimates for purposes of potential
allowance
for
debt
under
this
class
the
aggregate amount of $30,000 for all creditors.
Meses
más
tarde,
la
Corte
de
Quiebras
emitió
la
sentencia final (Final Decree) disponiendo definitivamente
del
caso.
Mediante
la
referida
sentencia
la
Corte
de
Quiebras ordenó el relevo de todas las deudas descargables,
excepto lo dispuesto en el plan de reorganización, y puso
fin a los demás asuntos ante su consideración, ordenando
así el archivo del caso.
Dos años después de que concluyeran los procedimientos
en la Corte de Quiebras, el señor Ramón Marrero Rosado
presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción
de sentencia sumaria y, en la alternativa, solicitó que se
desestimara
la
demanda
controversia
se
había
en
su
tornado
contra.
Adujo
académica,
o
que
era
la
cosa
juzgada, pues la Corte de Quiebras había dispuesto que su
obligación con los demandantes quedó extinguida y que sólo
tenía que pagarles la cantidad dispuesta en el plan de
reorganización. El foro de instancia denegó dicha moción.
Inconforme, el señor Ramón Marrero Rosado acudió al
Tribunal de Apelaciones. El referido foro resolvió que la
Corte
de
Quiebras
dejó
sin
efecto
la
paralización
automática para que el tribunal estatal determinara si la
sociedad
había
quedado
disuelta
y
si
procedía
su
liquidación. Según la resolución emitida por el Tribunal de
CC-2008-562
6
Apelaciones, lo establecido en el plan de reorganización
constituiría
colateral
una
sólo
defensa
si
el
de
foro
cosa
juzgada
primario
o
impedimento
encontraba
que
la
sociedad había sido disuelta. En vista de ello, denegó el
auto y los procedimientos continuaron ante el Tribunal de
Primera Instancia.
Posteriormente, el 28 de febrero de 2007, el Tribunal
de Primera Instancia determinó mediante resolución que la
sociedad había quedado disuelta por mutuo acuerdo entre los
socios en marzo de 1998, cuando finalizó el contrato de
arrendamiento del local donde radicaba “La Nueva Ceibeña”.
En su resolución, el foro primario dispuso que se dictaría
la sentencia final una vez se recibiera el informe de la
contable
designada
por
el
tribunal
para
determinar
las
cantidades adeudadas por el señor Ramón Marrero Rosado a
cada socio en la liquidación de la sociedad. Luego de ello,
el tribunal acogió el referido informe pericial y dictó
sentencia final en agosto de 2007. En ésta, el tribunal
condenó al señor Ramón Marrero Rosado al pago de $118,772 a
favor del señor Reyes Marrero Rosado y de $49,417 a favor
del señor Ismael Marrero Rosado. Además, le condenó al pago
del interés legal sobre las referidas cantidades desde la
fecha de la interposición de la demanda.
Inconforme con dicha sentencia, el señor Ramón Marrero
Rosado acudió al Tribunal de Apelaciones y alegó que el
foro primario erró al emitir una sentencia a pesar de que,
a su juicio, la controversia se había tornado académica, o
CC-2008-562
aplicaba
7
la
doctrina
de
cosa
juzgada
o
de
impedimento
colateral por sentencia. Adujo también que se le violó su
derecho al debido proceso de ley al haberse admitido el
informe
de
la
contable
a
pesar
de
sus
objeciones.
Por
último, arguyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al
condenarlo al pago del interés legal desde la interposición
de la demanda porque estaba protegido por la paralización
automática,
al
menos
hasta
la
conclusión
de
los
procedimientos de quiebra y que, en todo caso, no proceden
porque la cantidad dispuesta en el plan de reorganización
es el máximo que viene obligado a pagar.
El
Tribunal
recurrida.
cosa
de
Apelaciones
confirmó
la
sentencia
En cuanto a los argumentos de academicidad,
juzgada
e
impedimento
colateral,
estimó
que
no
procedían porque la Corte de Quiebras cedió por completo su
jurisdicción
al
foro
estatal,
por
lo
que
ninguna
controversia al respecto fue adjudicada en ambos foros. El
foro apelativo intermedio entendió, además, que el señor
Ramón
Marrero
Rosado
tuvo
la
oportunidad
de
contrainterrogar a la contable y que el informe sometido
por ésta fue mesurado y ponderado. Por último, determinó
que la imposición del interés legal desde la interposición
de
la
demanda
procedía
porque
el
Tribunal
de
Primera
Instancia tiene la discreción de imponerlos si estima que
una parte fue temeraria.
De dicha determinación adversa acude ante nos el señor
Ramón
Marrero
Rosado
mediante
recurso
de
certiorari
y
CC-2008-562
8
esgrime, en esencia, los mismos argumentos que esbozó ante
el Tribunal de Apelaciones. Examinado el recurso, acordamos
expedir.
Con
el
beneficio
de
la
comparecencia
de
ambas
partes, procedemos a resolver.1
II.
La sociedad civil se define en nuestro Código Civil
como una institución que surge del contrato celebrado por
dos
o
más
personas
con
el
propósito
de
poner
en
común
dinero, bienes o industria con el ánimo de repartirse los
frutos obtenidos. Art. 1556 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 4311. El concepto de sociedad está fundamentado en
tres elementos: la pluralidad de sujetos que generan una
personalidad jurídica distinta e independiente de los que
la
forman,
la
existencia
de
un
patrimonio
común
y
la
finalidad lucrativa. J.A. Cuevas Segarra y A. Román García,
Los Contratos Especiales (Puerto Rico y España), San Juan,
Publicaciones JTS, 1998, pág. 206. Al nacer a raíz del
perfeccionamiento
de
un
contrato,
producto
de
la
convención
llamado
affectio
societatis
y
en
o
la
sociedad
ella
se
unión
de
civil
es
manifiesta
el
varias
personas
hacia un mismo fin de lucro. Marcial v. Tomé, 144 D.P.R.
522 (1997). El contrato que da lugar a la sociedad puede
1
Al igual que lo hizo ante el Tribunal de Apelaciones,
el señor Ramón Marrero Rosado arguye que se le violó su
derecho al debido proceso de ley al admitirse el informe de
la perito a pesar de su oposición. Sin embargo, este
señalamiento de error carece de mérito, pues surge del
expediente ante nuestra consideración que el peticionario
tuvo la oportunidad de contrainterrogar a la perito. En
este sentido, coincidimos con la determinación del Tribunal
de Apelaciones sobre este asunto.
CC-2008-562
9
celebrarse
por
escrito
necesario
otorgar
una
o
verbalmente,
escritura
excepto
pública
si
que
se
será
aportan
bienes inmuebles. Art. 1558 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 1558. Además, las sociedades civiles pueden revestir
diversas formas, dependiendo de lo pactado por los socios.
Arts. 1561 y 1569 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 4316,
4324.
Por otro lado, a menos que no se haya convenido otro
momento para el inicio de la sociedad, éste coincide con el
instante
en
que
se
perfecciona
el
contrato
entre
los
socios. Art. 1570 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4341.
Así
pues,
la
sociedad
puede
durar:
(1)
por
el
periodo
pactado; (2) por el periodo que dure el negocio que haya
constituido el único objeto de ésta, si por su naturaleza
lo tiene; y (3) salvo contadas excepciones, durante la vida
de los socios. Art. 1571 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
4342.
Por su parte, el Art. 1591 del Código Civil establece
que la sociedad se extingue: (1) cuando expira el término
pactado;
(2)
cuando
se
pierde
la
cosa
que
le
sirve
de
objeto; (3) cuando finaliza el negocio que le sirve de
objeto; (4) cuando muere un socio; (5) cuando un socio
adviene
insolvente;
embarga
su
(6)
participación
cuando
un
en
sociedad;
la
acreedor
de
(7)
un
socio
cuando
un
socio anuncia de buena fe y oportunamente su voluntad de
que así sea si no se fijó un término para la duración de la
sociedad y éste no resulta de la naturaleza del negocio; y
CC-2008-562
(8)
cuando
10
un
socio
de
una
sociedad
constituida
a
un
término fijo, mediante contrato o por su naturaleza, tiene,
a
juicio
de
los
tribunales,
justa
causa
para
pedir
la
disolución. Arts. 1596, 1598 y 1700 del Código Civil, 31
L.P.R.A. secs. 4391, 4396 y 4398.
A su vez, la disolución de una sociedad por extinción
produce
su
Registrador,
muerte
43
jurídica.
D.P.R.
870,
Paz
Vda.
De
872
(1832).
Barletta
Una
vez
v.
ello
ocurre, comienza un periodo transicional durante el cual se
han de liquidar los negocios. La liquidación consiste en
aquellas
operaciones
dirigidas
a
consumar
los
contratos
pendientes a través de las operaciones de pago de deudas y
cobro de acreencias, con el fin de determinar el haber
social
partible.
J.
Puig
Brutau,
Fundamentos
de
Derecho
Civil, 2da ed., Barcelona, Bosch, 1982, II-II, págs. 519520.
El
Código
Civil
dispone,
además,
que
la
partición
entre los socios se debe llevar a cabo de acuerdo a las
normas que rigen la partición de los caudales hereditarios,
tanto en su forma como por las obligaciones que generan,
aunque ello no excluye los acuerdos que los socios estimen
convenientes. Art. 1599 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
4399; J.A. Cuevas Segarra y A. Román García, op. cit., pág.
223.
Considerados los preceptos aplicables a la sociedad
civil, examinemos la normativa que rige los procedimientos
de quiebra.
CC-2008-562
11
III.
Los
procedimientos
de
quiebra
son
regulados
exclusivamente por el Congreso de los Estados Unidos en
virtud del Artículo 1, Sec. 8 de la Constitución de los
Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 167. Éste
establece
que
el
establecer
leyes
Congreso
uniformes
tiene
de
la
facultad
quiebras
para
“para
toda
la
Nación”. Íd. En virtud del citado texto, la legislación de
quiebras federal constituye campo ocupado para los estados,
por lo que éstos no pueden legislar en contravención a lo
allí dispuesto. En específico, los procedimientos ante las
Cortes
de
Quiebras
federales,
tribunales
creados
exclusivamente para llevarlos, se rigen por el Código de
Quiebras.2 11 U.S.C. sec. 101 et seq.
La paralización automática es una de las protecciones
más básicas que el legislador estadounidense instituyó en
el Código de Quiebras para los deudores que se acogen a
éste. Soares v. Brockton Credit Union, 107 F.3d 969, 975
(1er
Cir.
1997).
Ésta
impide,
entre
otras
cosas,
el
comienzo o la continuación de cualquier proceso judicial,
administrativo o de otra índole que fue o pudo haber sido
interpuesto
en
contra
del
cualquier
acción
cuyo
derecho
nació
antes
U.S.C.
sec.
362.
iniciara
la
quiebra.
11
deudor,
o
para
ejercitar
de
Puede
que
se
también
impedir la ejecución de una sentencia previa o detener la
Las Cortes de Quiebra son unidades de la Corte de
Distrito en virtud de 28 U.S.C. sec. 151, por lo que sus
sentencias se consideran sentencias de la corte de distrito
federal correspondiente.
2
CC-2008-562
12
creación, perfección o ejecución de un gravamen anterior a
la
interposición
de
la
quiebra.
Íd.
Sus
efectos
se
manifiestan desde que se presenta la petición de quiebra
hasta que recae la sentencia final, y no se requiere una
notificación formal para que surta efecto. Jamo v. Katahdin
Fed.
Credit
Provoca
Union,
también
283
que
F.3d
los
392,
398 (1er
tribunales
Cir.
2002).
estatales
queden
privados de jurisdicción automáticamente, e incluso, es tan
abarcadora que paraliza litigios que tienen poco o nada que
ver con la situación financiera del deudor.3 3 Collier on
Bankruptcy sec. 362.03[3] (2009).
Las Cortes de Quiebra tienen amplia discreción para
poner fin, anular, modificar o condicionar, a solicitud de
parte
o
motu
proprio,
los
efectos
de
la
paralización
automática por alguna de las causas enumeradas en el Código
de
Quiebras.
11
U.S.C.
sec.
362.
Dicha
discreción
debe
ejercerse siempre de acuerdo a las circunstancias del caso
particular. 3 Collier on Bankruptcy sec. 362.07[1] (2009).
Así, por ejemplo, una Corte de Quiebras puede poner fin a
la
paralización
continúe
en
automática
otro
foro,
para
permitir
que
particularmente
si
un
litigio
involucra
multiplicidad de partes, si está listo para juicio o si es
3
Aunque somos conscientes de que las Sentencias
emitidas por este Tribunal no constituyen precedente,
reconocemos que en Morales v. Clínica Femenina de Puerto
Rico, 135 D.P.R. 810, 819-820 n.5 (1994)(Sentencia),
hicimos
nuestras
las
expresiones
contenidas
en
La
Paralización Automática de la Ley de Quiebras, Instituto de
Estudios Judiciales, 1993, pág. 11, a los efectos de que la
mera presentación de una solicitud de quiebra provoca que
nuestros tribunales pierdan jurisdicción.
CC-2008-562
lo
más
13
prudente
en
atención
al
aspecto
de
economía
judicial. 3 Collier on Bankruptcy sec. 362.07[3][a] (2009).
También puede hacerlo si considera que otro foro es el más
apropiado para dilucidar una controversia particular. Íd.
Asimismo, una Corte de Quiebras puede modificar una
paralización automática para permitir que ciertos aspectos
de una controversia se diluciden en otro foro y a la vez
retener
jurisdicción
controversia.
Por
sobre
ejemplo,
una
otros
aspectos
Corte
de
de
Quiebras
la
puede
modificar la paralización automática para que algún ángulo
de una controversia se dilucide en un foro estatal y, a la
misma vez, disponer que retiene jurisdicción sobre la forma
en que el vencedor podrá dirigirse en contra del deudor
para ejecutar su sentencia. Véase John's Insulation v. L.
Addison & Assocs., 156 F.3d 101, 110 (1er Cir. 1998).
Entre los diversos procedimientos establecidos en el
Código
de
Quiebras
que
dan
lugar
la
llamada
automática
se
encuentra
regulada
el
Capítulo
en
11
de
dicho
a
la
paralización
“reorganización”,
cuerpo
de
ley.
La
reorganización se caracteriza por ser un procedimiento en
el
que
los
peticionarios
voluntariamente
buscan
la
protección de la Corte de Quiebras mientras reestructuran
sus
operaciones
de
negocios.
El
objetivo
principal
del
Capítulo 11 es permitir que un deudor que esté enfrentando
dificultades para cumplir con sus acreedores pueda impedir
que éstos tomen acciones adversas en su contra mientras se
reorganiza y busca la forma de continuar cumpliendo con
CC-2008-562
14
ellos. Para que dicho objetivo pueda llevarse a cabo, el
Capítulo
11,
a
diferencia
de
Código
Quiebras,
establecidos
en
el
peticionario
se
mantenga
de
en
otros
control
procedimientos
permite
de
que
el
bienes.4
11
quiebra,
los
sus
U.S.C. sec. 1107.
Una
vez
acreedores
se
del
interpone
deudor
la
deben
petición
someter
de
sus
reclamaciones
(proof of claim), según dispone la sección 501 del Código
de
Quiebras.
11
U.S.C.
501.5
sec.
La
definición
de
reclamación (claim) que ofrece el Código de Quiebras es
sumamente amplia y puede incluir todo tipo de acreencias,
incluyendo aquellas que puedan ser inciertas y difíciles de
estimar. Colonial
Sur.
Co.
v.
Weizman,
564
F.3d
526,
529 (1er Cir. 2009). En específico, el Código de Quiebras
dispone
que
una
reclamación
whether
or
not
such
liquidated,
es
right
unliquidated,
“[a]
is
fixed,
right
reduced
to
payment,
to
judgment,
contingent,
matured,
unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secured
or
unsecured.”
11
U.S.C.
sec.
101(5).
Mediante
una
reclamación, una persona que tenga un crédito en contra del
deudor se somete a la jurisdicción de la Corte de Quiebras
y
busca
propósito
establecer
dual,
a
su
acreencia.
saber,
que
todos
Ello
los
cumple
con
un
interesados
se
4
En ciertas circunstancias la Corte de Quiebras puede
retirar
dicho
privilegio
y
otorgar
la
facultad
de
administrar el caudal a un síndico. 11 U.S.C. sec. 1104.
5
Está establecido que, bajo el Código de Quiebras, una
reclamación y una deuda son lo mismo. Colonial Sur. Co. v.
Weizman, 564 F.3d 526, 530 (1er Cir. 2009).
CC-2008-562
15
enteren de las reclamaciones en contra del deudor y que el
acreedor en cuestión participe de la eventual distribución.
4 Collier on Bankruptcy sec. 501.0[1] (2009).
Sin embargo, el Capítulo 11 dispone que en los casos
de
reorganización
se
considera
que
se
ha
sometido
una
reclamación si la deuda en cuestión fue incluida por el
deudor en su lista de deudas (schedules). 11 U.S.C. sec.
1111. La referida excepción no aplica cuando se trata de
deudas descritas como ilíquidas, contingentes o en disputa.
11 U.S.C. 1111(a). Es decir, aquellos acreedores que tengan
reclamaciones ilíquidas, contingentes o en disputa deben
someter
una
reclamación
para
que
sus
debidamente
protegidos.
4
Collier
on
intereses
queden
Bankruptcy
sec.
501.01[2][b] (2009).
Las
distintas
reclamaciones
que
pueden
existir
en
contra de un deudor pueden ser clasificadas en tres grandes
grupos: aseguradas, no aseguradas y prioritarias. Harvey M.
Lebowitz,
Bankruptcy
Deskbook,
Institute,
1986,
pág.
aseguradas,
es
decir,
16.
New
Entre
aquellas
York,
las
que,
Practicing
Law
reclamaciones
no
contrario
las
a
aseguradas, no están respaldadas por un gravamen previo, se
encuentran las contingentes. Como sugiere su nombre, una
reclamación contingente es aquella cuya procedencia depende
de un evento que no ha ocurrido al momento de comenzar la
quiebra.
Las
reclamaciones
ilíquidas,
por
su
parte,
son
aquellas cuya cuantía no se puede determinar aún. El hecho
de que la reclamación sea contingente o ilíquida no impide
CC-2008-562
16
que ésta se considere como una reclamación sujeta a lo que
finalmente
disponga
la
Corte
de
Quiebras.
2
Collier
on
del
Código
de
que
sean
Bankruptcy sec. 101.05[1] (2009).
De
otra
Quiebras
parte,
establece
la
que
sección
aquellas
502(c)
reclamaciones
contingentes
o
ilíquidas
deben
ser
liquidarlas
o
fijarlas
retrasaría
estimadas,
cuando
indebidamente
la
conclusión del procedimiento de quiebra, en detrimento de
los demás acreedores o del propio deudor. 11 U.S.C. sec.
502(c).
En
compulsoria
esos
y
la
casos,
corte
la
tiene
referida
disposición
es
el
de
la
deber
realizar
estimación. 4 Collier on Bankruptcy sec. 502.04[2] (2009).
En
el
caso
de
las
quiebras
bajo
el
Capítulo
11,
la
estimación de las reclamaciones contingentes o ilíquidas se
realiza en el plan de reorganización de forma tal que se
preserve cierta cantidad para cuando se pueda saber con
certeza
si
la
reclamación
procede
o
para
cuando
sea
líquida. La estimación que haga una corte de quiebras para
propósitos de un plan de reorganización bajo dicha sección
es final y está sujeta a los principios de cosa juzgada e
impedimento colateral por sentencia, siempre que se haya
observado el debido proceso de ley. 4 Collier on Bankruptcy
sec. 502.04[3] (2009).
Mediante un plan de reorganización bajo el Capítulo 11
un deudor o un síndico (si fue nombrado) clasifica las
reclamaciones en su contra, dispone el tratamiento que cada
una
recibirá
y
propone
la
forma
en
que
el
plan
será
CC-2008-562
17
implementado. 11 U.S.C. sec. 1123. Luego de que el plan
propuesto queda sometido, la Corte de Quiebras celebra una
vista y, si se cumplen los requisitos dispuestos en el
Código
de
Quiebras,
lo
confirma
mediante
orden
a
esos
efectos. 11 U.S.C. secs. 1128, 1129. Durante la vista, una
parte
interesada
podrá
objetar
el
contenido
del
plan
y
argumentar su oposición de forma que quede documentada. 11
U.S.C. sec. 1128.
Una
vez
la
reorganización,
obligatorias
ciertas
para
Corte
sus
el
excepciones,
de
Quiebras
aprueba
disposiciones
se
deudor
ello
el
plan
de
convierten
en
y
sus
acreedores
y,
tiene
el
efecto
descargar
de
salvo
(discharge) todas las reclamaciones que hayan nacido antes
del comienzo de la quiebra, excepto por lo que disponga el
plan. 11 U.S.C. sec. 1141. Ello, aún cuando las deudas no
aparezcan en la lista de deudas, cuando el acreedor no haya
sometido una reclamación o cuando no reciba nada bajo el
plan. En específico, el Código de Quiebras establece que
excepto por lo que se disponga en el plan o en la orden que
confirma el plan, luego de que éste se confirma, toda la
propiedad
sujeta
a
él
estará
libre
de
toda
carga
o
reclamación por parte los acreedores. 11 U.S.C. sec. 1141.
El descargue opera siempre y cuando a los acreedores
se les haya dado el debido proceso de ley que garantiza la
Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. 8
Collier on Bankruptcy sec. 1141.02 (2009). Es decir, el
plan de reorganización tendrá el efecto de descargar una
CC-2008-562
18
deuda en particular si se le concedió al acreedor o parte
interesada
una
oportunidad
razonable
de
ser
oído.
Como
regla general, se cumple con dicho requerimiento mediante
la vista previa a la confirmación del plan. 8 Collier on
Bankruptcy sec. 1141.02[4] (2009).
La confirmación de un plan de reorganización por parte
de la Corte de Quiebras se considera una sentencia de un
tribunal federal con efecto de res judicata federal. 6 Stoll
v. Gottlieb, 305 U.S. 165 (1938); In re Iannochino, 242
F.3d 36, 41 (1er Cir. 2001). En este sentido, toda objeción
al contenido de una orden final de una corte de quiebras
debe hacerse antes de ésta advenir final y firme ya que,
salvo ciertas excepciones que no aplican al caso ante nos,
no está sujeta a ataques colaterales. Travelers Indemnity
v. Pearlie Bailey, 129 S. Ct. 2195, 2205 (2009). Así, una
parte que participó en un proceso ante la Corte de Quiebras
y a quien se le concedió una oportunidad justa de ser oída
no puede luego resistir la ejecución de la sentencia de la
referida corte. Íd. pág. 2206.
Recientemente, en Santiago León v. Mun. de San Juan,
res. el 7 de octubre de 2009, 2009 T.S.P.R. 153, reiteramos
que
el
efecto
de
cosa
juzgada
que
tiene
ante
nuestros
tribunales una sentencia dictada por un tribunal federal de
distrito cuya jurisdicción se basó en una cuestión federal
se rige por las normas de res judicata federal. La Corte
6
Según el derecho federal, el término res judicata es
un concepto sombrilla que recoge tanto las vertientes de
cosa juzgada (issue preclusion) como de impedimento
colateral por sentencia (claim preclusion).
CC-2008-562
Suprema
19
federal
ha
resuelto
reiteradamente
que
una
sentencia que adviene final y firme constituye res judicata
para las partes y sus causahabientes, no sólo en cuanto a
todo lo que se alegó y se admitió para sustentar o derrotar
una reclamación, sino en cuanto a todo otro asunto que pudo
haberse planteado a esos efectos, siempre y cuando se le
haya dado a la parte una oportunidad justa de ser oída.
Travelers Indemnity v. Pearlie Bailey, supra, pág. 2205.
Esta doctrina encuentra sus fundamentos en el interés de
proteger a las partes del costo y dificultad que implica
tener que lidiar con múltiples litigios y los objetivos de
conservar los recursos judiciales y fomentar la confianza
en los procesos judiciales al minimizar la posibilidad de
decisiones inconsistentes. Taylor v. Sturgell, 128 S. Ct.
2161, 2171 (2008), citando a Montana v. U.S., 440 U.S. 147
(1979).
La
doctrina
federal
de
res
judicata
tiene
dos
vertientes. La primera, conocida como cosa juzgada o claim
preclusion,
impide
que
se
relitiguen
causas
de
acción,
independientemente de que el primer y el segundo pleito se
basen
citando
en
a
leyes
New
distintas.
Hampshire
v.
Taylor
Maine,
v.
Sturgell,
532
U.S.
supra,
742,
748
(2001). Ésta requiere que entre un pleito anterior y uno
posterior haya: (1) identidad de partes; (2) identidad de
causas de acción; y (3) una sentencia final que adjudique
los méritos de las mismas controversias. Santiago León v.
CC-2008-562
Mun.
de
20
San
Juan,
supra;
Coors
Brewing
Co.
v.
Mendez-
Torres, 562 F.3d 3, 8 (1er Cir. 2009).
La
otra
judicata
se
colateral
vertiente
conoce
de
la
doctrina
federal
de
res
como
issue
preclusion
o
impedimento
por
sentencia.
Ésta
impide
en
un
pleito
posterior
se
relitiguen
cuestiones
de
hecho
o
derecho
necesarias
para
un
pleito
anterior,
la
adjudicación
de
que
independientemente de que haya sido por la misma causa de
acción o por otra distinta siempre que sea entre las mismas
partes
o
sus
causahabientes.
Taylor
v.
Sturgell,
supra.
Para que aplique la doctrina de impedimento colateral por
sentencia
es
necesario
que:
(1)
el
asunto
de
hecho
o
derecho sea el mismo en ambos pleitos; (2) se haya litigado
en un pleito anterior; (3) se haya determinado mediante una
sentencia
final;
y
(4)
que
la
determinación
haya
sido
esencial para el fallo. Coors Brewing Co. v. Mendez-Torres,
supra.
Con
estos
concretamente
preceptos
en
de
controversia
la
mente
pasemos
a
disponer
ante
nuestra
consideración.
IV.
A.
Según quedó establecido ante el Tribunal de Primera
Instancia, la sociedad “La Ceibeña” creada en 1981 por los
hermanos Reyes, Ramón, Rafael y Daniel Marrero Rosado se
disolvió
el
arrendamiento
mismo
día
del
local
en
que
donde
expiró
ubicaba
el
la
contrato
de
panadería
“La
CC-2008-562
Nueva
21
Ceibeña”,
es
decir,
el
31
de
marzo
de
1998.
El
referido foro determinó que en dicha fecha, y por acuerdo
de
los
socios,
el
propósito
social
culminó,
lo
que
constituye una causa de extinción de la sociedad según lo
dispone el Artículo 1591 del Código Civil. Art. 1591 del
Código Civil, supra.
Conforme a las normas expuestas anteriormente, en ese
momento comenzó el proceso de liquidación en el que se
suponía que la sociedad pagara sus deudas y cobrara sus
créditos de forma que culminara sus negocios pendientes.
Puig Brutau, op. cit. Una vez ello ocurriera, los socios se
partirían el haber social restante de acuerdo a las normas
relativas
a
las
herencias
o
según
lo
consideraran
conveniente. Art. 1599 del Código Civil, supra; J.A. Cuevas
Segarra y A. Román García, op. cit. No obstante, antes de
que ese proceso pudiera desarrollarse, los socios Reyes e
Ismael
Marrero
Rosado
interpusieron
una
demanda
ante
el
Tribunal de Primera Instancia en contra del señor Ramón
Marrero Rosado y reclamaron la liquidación y partición del
haber social. Mientras dicho pleito estaba pendiente ante
el foro de instancia, el señor Ramón Marrero Rosado sometió
una
petición
Código
de
de
quiebra
Quiebras.
al
Ello
amparo
activó
del
Capítulo
11
del
inmediatamente
la
paralización automática y detuvo el procedimiento ante el
foro local. 11 U.S.C. sec. 362. En ese momento el referido
foro
perdió
suspendido.
jurisdicción
sobre
el
pleito
y
éste
quedo
CC-2008-562
Tras
acción
Ramón
22
varios
incidentes
(adversary
Marrero
procesales
proceeding)
Rosado
en
y
dentro
interpuesta
contra
de
los
por
de
el
señores
una
señor
Reyes
e
Ismael Marrero Rosado, la Corte de Quiebras modificó la
paralización automática. Ello, en virtud del poder que le
confiere
el
Código
de
Quiebras
para
anular,
modificar,
condicionar o poner fin a una paralización automática. 11.
U.S.C. 362. De una lectura cuidadosa e integral de la orden
que a tales efectos emitió la Corte de Quiebras se colige
que el referido foro consideró que no podría disponer de la
acción interpuesta por el señor Ramón Marrero Rosado hasta
tanto se determinara si la sociedad había sido disuelta
conforme
al
Código
estatal
sería
el
Civil.
foro
Estimó,
más
además,
adecuado
para
que
la
corte
dilucidar
la
controversia en torno a si la sociedad se había disuelto y,
en atención al principio de economía procesal, entendió que
modificar
la
paralización
automática
era
lo
más
recomendable. En vista de ello, la corte dispuso en su
orden, “[…] the Court finds that the Bayamón Court is in a
better position to resolve the matter.” (Énfasis suplido).
Es decir, lo que hizo el foro de quiebras fue modificar la
paralización automática para que las partes litigaran en la
corte estatal un solo aspecto de la controversia: si la
sociedad se había disuelto conforme al Código Civil.
Se
podría
argumentar,
como
en
efecto
lo
hacen
los
señores Reyes e Ismael Marrero Rosado, que la corte de
quiebras puso fin a la paralización automática. La base de
CC-2008-562
23
su argumento es una oración de la orden en cuestión que
dispone “[t]he Court will lift the automatic stay and allow
the defendants to proceed with the state court action”. Es
precisamente en esta oración en la que se basó el Tribunal
de Apelaciones en la sentencia recurrida para concluir que
el foro federal había renunciado a su jurisdicción sobre la
totalidad
de
la
controversia.
No
obstante,
somos
del
criterio que la orden debe ser leída e interpretada de
forma global para que se pueda conocer completamente lo que
la
Corte
de
Quiebras
dispuso.
En
efecto,
una
lectura
completa de la orden deja claro que la corte sólo modificó
la paralización automática y no le puso fin a ésta.
Prueba adicional de ello es que la Corte de Quiebras
también
dispuso
mantendría
la
claramente
resolución
de
en
su
las
demás
determinación
mociones
ante
que
su
consideración en suspenso (abeyance) hasta tanto el asunto
de la disolución de la sociedad se resolviera en la corte
estatal. Es decir, el foro federal dispuso que retendría
jurisdicción
contenidos
sobre
en
las
los
aspectos
distintas
de
la
controversia
mociones
que
aún
estaban
pendientes ante sí. De haber puesto fin a la paralización
automática y, como consecuencia, de haber renunciado a toda
jurisdicción sobre la controversia, la Corte de Quiebras
tampoco hubiera pospuesto la resolución de las referidas
mociones
ante
su
consideración,
sino
que
las
hubiera
archivado (terminated) y hubiera ordenado el cierre de la
CC-2008-562
24
acción interpuesta en contra de los señores Reyes e Ismael
Marrero Rosado.
Además de disponer que retendría jurisdicción sobre
dichas mociones, el foro de quiebras incluyó en el plan de
reorganización una cláusula relativa a la reclamación de
los señores Reyes e Ismael Marrero Rosado. En la referida
cláusula, la corte clasificó el crédito de éstos como uno
contingente, en disputa, no asegurado e ilíquido. Es decir,
el
mismo
se
clasificó
como
un
crédito
cuya
procedencia
dependía de un hecho que aún no se había producido, cuya
existencia era motivo de disputa entre los socios, que no
estaba
respaldado
por
un
gravamen
y
cuyo
monto
se
desconocía.
De acuerdo a la normativa del Código de Quiebras, un
crédito de esa índole puede ser estimado, para propósitos
de un plan de reorganización, cuando esperar a que ocurra
la contingencia o cuando fijar su cuantía exacta retrasaría
indebidamente el proceso de quiebras, en detrimento de los
intereses del deudor y de los demás acreedores. 11 U.S.C.
502(c).
En
el
caso
de
autos,
así
lo
hizo
la
corte
al
estimar las partidas que en su día corresponderían a los
señores Reyes e Ismael Marrero Rosado si el foro estatal
decidía que en efecto se disolvió la sociedad. El resultado
de dicha estimación quedó plasmado en la cláusula del plan
de reorganización que dispone que dicha partida asciende a
$30,000.
De
nuevo,
de
haber
renunciado
por
completo
a
adjudicar aspecto alguno de la controversia relativa a la
CC-2008-562
sociedad,
25
la
Corte
de
Quiebras
no
hubiera
incluido
la
referida partida en el plan de reorganización, ya que no
hubiera sido necesario pasar juicio sobre el asunto.
A la luz del marco fáctico que presenta el caso de
autos,
es
forzoso
concluir
que
la
Corte
de
Quiebras
modificó la paralización automática para permitir que se
determinara en el foro estatal si la sociedad persistía y,
a su vez, retuvo jurisdicción para establecer la cantidad
que se adjudicaría a los señores Reyes e Ismael Marrero
Rosado en el plan de reorganización por si el foro estatal
encontraba que la sociedad había sido disuelta conforme al
Código Civil.
Resuelto
ejercieron
los
el
asunto
foros
sobre
estatales
la
y
jurisdicción
federales
sobre
que
la
controversia entre los socios, pasemos a resolver el efecto
que tiene el plan de reorganización sobre el caso ante
nuestra consideración.
B.
La Corte de Quiebras aprobó el plan de reorganización
mediante orden en abril de 2001 y éste advino final y firme
en mayo del mismo año, por lo que sus cláusulas se tornaron
obligatorias para el señor Ramón Marrero Rosado y para sus
acreedores, incluyendo a los señores Reyes e Ismael Marrero
Rosado. 11 U.S.C. sec. 1141; 8 Collier on Bankruptcy sec.
1141.02[4] (2009). Es significativo que los señores Reyes e
Ismael Marrero Rosado no sometieron sus reclamaciones ante
la Corte de Quiebras previo a la aprobación del plan de
CC-2008-562
26
reorganización. Ello a pesar de que, conforme al Capítulo
11, cuando se trate de deudas contingentes, en disputa o
ilíquidas, como las que tenían los señores Reyes e Ismael
Marrero
Rosado,
los
acreedores
deben
someter
una
reclamación para proteger sus intereses. Más significativo
aún es el hecho de que la Corte de Quiebras aprobó el plan
de reorganización sin oposición alguna de los señores Reyes
e
Ismael
Marrero
Rosado,
a
pesar
de
que
éstos
tenían
derecho a oponerse y a comparecer en las distintas etapas
del procedimiento, incluyendo la vista de confirmación del
plan. 11 U.S.C. sec. 1128. Como expresáramos anteriormente,
esta vista es la oportunidad que tienen las personas con
interés en el procedimiento, como lo eran los señores Reyes
e Ismael Marrero Rosado, para hacer valer su derecho al
debido proceso de ley al exponer y dejar constancia ante la
Corte
de
Quiebras
reorganización.
8
de
sus
Collier
on
objeciones
Bankruptcy
al
sec.
plan
de
1141.02[4]
(2009).
Según el derecho federal, una orden final de una Corte
de
Quiebras
que
confirma
un
plan
de
reorganización
se
considera como una sentencia de un tribunal federal con
efecto de res judicata. Stoll v. Gottlieb, supra; In re
Iannochino,
supra.
Según
expresamos
en
Santiago
León
v.
Mun. de San Juan, supra, cuando un tribunal federal cuya
jurisdicción
se
basó
en
una
cuestión
federal
dicta
una
sentencia, ésta tendrá ante nuestros tribunales el efecto
de
cosa
juzgada
que
se
le
reconozca
bajo
el
derecho
CC-2008-562
27
federal. Por ende, respecto a la controversia ante nuestra
consideración, para determinar si la orden que confirmó el
plan de reorganización tiene efecto de res judicata, como
arguye el señor Ramón Marrero Rosado, es necesario evaluar
si entre ambos procedimientos existe cosa juzgada (claim
preclusion) o impedimento colateral por sentencia (issue
preclusion).
Entendemos
que
se
trata
de
impedimento
colateral por sentencia.
En este caso, ambos pleitos fueron entre las mismas
partes debido a que dentro del proceso anterior de quiebra
el señor Ramón Marrero Rosado, el aquí demandado, instó una
acción
(adversary
proceeding)
en
contra
de
los
señores
Reyes e Ismael Marrero Rosado, los aquí demandantes. Éstos
últimos
comparecieron,
alegaron
y
fueron
notificados
de
todas las etapas del procedimiento de confirmación del plan
de
reorganización,
por
lo
que
fueron
partes
en
los
procedimientos ante la Corte de Quiebras, a pesar de no
haber presentado sus reclamaciones o haber opuesto objeción
a la confirmación del plan.
De otra parte, en relación al requisito de que el
asunto de hecho o derecho sea el mismo en ambos pleitos,
entendemos que éste se cumple, dado que la disputa entre
las partes en ambos foros giró en torno a la cuantía que
les
corresponde
Rosado.
Como
a
los
señores
explicáramos
Reyes
e
anteriormente,
Ismael
la
Marrero
Corte
de
Quiebras modificó la paralización automática para permitir
que
las
partes
litigaran
ante
nuestros
tribunales
la
CC-2008-562
cuestión
28
relativa
a
la
disolución
de
la
sociedad,
pero
retuvo jurisdicción para determinar la cuantía que el señor
Ramón Marrero Rosado debía pagar una vez el foro estatal
resolviera
el
asunto.
aspecto
la
controversia,
de
Es
precisamente
la
respecto
cuantía,
sobre
a
este
la
cual
existe identidad entre ambos pleitos, ya que el Tribunal de
Primera Instancia también pasó juicio sobre ello. Además,
las
partes,
Marrero
en
específico
Rosado,
según
los
indicamos
señores
Reyes
anteriormente,
e
Ismael
también
tuvieron una oportunidad justa de litigar y ser oídos sobre
este aspecto en ambos pleitos.
Asimismo,
determinado
el
requisito
mediante
una
de
que
sentencia
el
asunto
final
se
haya
también
se
satisface, ya que existe una sentencia final que adjudicó
la cuestión relativa a la cuantía adeudada por el señor
Ramón Marrero Rosado. La orden del foro de quiebras que
aprobó el plan de reorganización es una sentencia final y
firme desde mayo de 2001. En ella la Corte de Quiebras
estableció de forma clara la cuantía que estaría disponible
para los señores Reyes e Ismael Marrero Rosado una vez el
foro estatal decidiera. Por último, la determinación de la
cuestión fue esencial para el fallo, ya que la partida
adjudicada en el plan de reorganización para la eventual
liquidación de la sociedad fue, junto a las demás partidas,
esencial para reorganizar el caudal en quiebra y poner fin
al procedimiento.
CC-2008-562
29
En resumen, al señor Ramón Marrero Rosado le asiste la
razón
en
cuanto
a
su
señalamiento
de
error
de
que
la
cuantía dispuesta en el plan de reorganización constituye
impedimento colateral por sentencia. La orden de la Corte
de Quiebras en la que se aprobó el plan de reorganización
es una sentencia de un foro federal basada en una cuestión
de derecho federal que advino final y firme, por lo que
debemos
reconocerle
otorgaría
una
el
corte
efecto
de
res
judicata
federal.
Al
estar
que
presentes
le
los
requisitos de dicha doctrina federal nuestros tribunales
tienen el deber de reconocer sus efectos. La sentencia del
foro
de
quiebras
constituye
impedimento
colateral
por
sentencia en cuanto a la cuantía que el señor Ramón Marrero
Rosado adeuda a los señores Reyes e Ismael Marrero Rosado
por concepto de la liquidación de la extinta sociedad “La
Ceibeña”. Según el plan de reorganización dicha cantidad
asciende
a
$30,000.
Resolvemos,
por
otra
parte,
que
el
señor Ramón Marrero Rosado debe satisfacer esa cantidad a
sus antiguos socios en la misma proporción de las cuantías
dispuestas
en
la
sentencia
del
Tribunal
de
Primera
Instancia para los señores Reyes e Ismael Marrero Rosado,
respectivamente. Es decir, $21,000 al señor Reyes Marrero
Rosado y $9,000 al señor Ismael Marrero Rosado.
V.
Nos
resta
atender
el
señalamiento
del
señor
Ramón
Marrero Rosado de que no procede el pago del interés legal
por temeridad impuesto en su contra.
CC-2008-562
30
Como es sabido, el inciso (b) de la Regla 44.3 de
Procedimiento Civil regula el interés legal por temeridad,
conocido
como
interés
pre
sentencia.
Regla
44.3
de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. La temeridad se
define como aquella conducta que hace necesario un pleito
que se pudo evitar, que lo prolonga innecesariamente o que
obliga que la otra parte incurra en gestiones evitables.
Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 329 (1990). Hemos
establecido
que
la
temeridad
para
propósitos
de
la
imposición de este interés es la misma que puede acarrear
la condena del pago de honorarios de abogado. Íd. citando a
Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405,
411 (1972). Ambas penalidades persiguen el mismo propósito
de
disuadir
la
litigación
frívola
y
fomentar
las
transacciones mediante sanciones que compensen a la parte
victoriosa
los
perjuicios
económicos
y
las
molestias
producto de la temeridad de la otra parte. Montañez v.
U.P.R., 156 D.P.R. 395, 425 (2002).
La
imposición
del
interés
legal
pre
sentencia
es
altamente discrecional y un foro apelativo sólo intervendrá
con la determinación de imponerlo si se demuestra que se
cometió
un
abuso
de
discreción.
Elba
A.B.M.
v.
U.P.R.,
supra, págs. 328-329. No obstante, este interés sólo se
puede imponer en casos de cobro de dinero o de daños y
perjuicios. Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra.
En el caso de autos, el señor Ramón Marrero Rosado
alega que el Tribunal de Primera Instancia estaba vedado de
CC-2008-562
31
condenarle al pago del interés legal desde la interposición
de la demanda, porque la cantidad máxima que viene obligado
a pagar es $30,000 y el plan de reorganización nada dispone
sobre el pago de intereses. Arguye, en la alternativa, que
de proceder el pago de intereses éstos no pueden comprender
el periodo en el que estuvo protegido por la paralización
automática.
Es innecesario, sin embargo, dirimir los méritos de
las
referidas
alegaciones,
pues
el
tipo
de
controversia
involucrada en este caso no se encuentra entre aquellas
contempladas
en
las
Reglas
de
Procedimiento
Civil
como
susceptibles de la imposición del pago del interés legal
por temeridad. Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra.
Como señaláramos, este interés sólo se impone en casos de
cobro de dinero o de daños y perjuicios. Íd. Evidentemente,
el caso de autos no es de esa naturaleza, ya que luego de
la
orden
de
paralización
la
Corte
de
Quiebras
que
automática,
la
controversia
modificó
se
la
limitó
a
determinar si la sociedad “La Ceibeña” había sido disuelta.
Por
ende,
revocamos
la
determinación
del
Tribunal
de
Apelaciones en cuanto confirma la imposición del pago del
interés legal por temeridad.
VI.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
se
revoca
la
sentencia recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de
Primera
Instancia
dispuesto.
para
que
proceda
conforme
a
lo
aquí
CC-2008-562
32
Se dictará sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Reyes Marrero Rosado
Ismael Marrero Rosado
Recurridos
v.
CC-2008-562
Certiorari
Ramón Marrero Rosado
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2010.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se revoca la sentencia
recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que proceda conforme a lo
aquí dispuesto.
Así lo pronuncia y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Asociado señor Rivera Pérez concurre con el
resultado sin opinión escrita. La Juez Asociada
señora Fiol Matta disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo