LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Marrero Rosado v. Marrero Rosado

2010 TSPR 35

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Marrero Rosado v. Marrero Rosado

CC-2008-562

Ley de Quiebras- Efecto del plan de reorganización bajo Capítulo 11 en pleito pendiente en los tribunales de Puerto Rico

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Reyes Merrero Rosado

Ismael Marrero Rosado

Certiorari

Recurridos

2010 TSPR 35

v.

178 DPR ____

Ramón Marrero Rosado

Peticionario

Número del Caso: CC-2008-562

Fecha: 10 de marzo de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón Panel VII

Jueza Ponente:

Hon. Gretchen I. Coll Marti

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Luis Cabrera Medina

Lcdo. Wigberto Lugo Mender

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. George Otero Calero

Materia: Acción Civil y Disolución de Sociedad

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correccione

s del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisio

nes del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como

un servicio

público a la comunidad.

?

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Reyes Marrero Rosado

Ismael Marrero Rosado

Recurridos

v.

CC-2008-562

Certiorari

Ramón Marrero Rosado

Peticionario

Opinión del Tribunal

HERNÁNDEZ DENTON

emitida

por

el

Juez

Presidente

señor

San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2010.

Nos corresponde determinar qué efecto tiene

la confirmación de un plan de reorganización bajo

el Capítulo 11 del Código de Quiebras, 11 U.S.C.

secs. 1101-1174 (Capítulo 11),

pendiente

ante

nuestros

sobre un pleito

tribunales

cuando

la

continuación de dicho pleito fue autorizada por

la Corte de Quiebras. Por entender que en este

caso

el

contenido

del

plan

de

reorganización

constituye impedimento colateral por sentencia en

cuanto

a

sentencia

la

cuantía

recurrida.

adeudada,

revocamos

la

Asimismo,

revocamos

la

imposición del interés legal por temeridad.

CC-2008-562

2

I.

En 1981 los hermanos Reyes, Ramón, Rafael y Daniel

Marrero Rosado crearon, mediante pacto verbal, una sociedad

que denominaron “La Ceibeña”, con el objetivo de operar una

panadería

con

suscribieron

el

un

mismo

nombre.

contrato

de

Posteriormente,

arrendamiento

de

en

1986

un

local

ubicado en el Municipio de Vega Baja y allí abrieron otra

panadería,

“La

Nueva

Ceibeña”.

Luego

de

varios

años

salieron de la sociedad Rafael y Daniel Marrero Rosado y

entraron,

no

como

propietarios

sino

como

socios

de

ganancias y pérdidas, los señores Ismael Marrero Rosado y

Raúl Marrero Nazario, quienes también son miembros de la

familia.

A

mediados

de

los

noventa

la

panadería

“La

Ceibeña” cerró, por lo que el único negocio de la sociedad

era la panadería “La Nueva Ceibeña”. Ésta era administrada

por

el

señor

Ramón

Marrero

Rosado

y

los

demás

socios

pasaron a trabajar allí.

En junio de 1998, los señores Reyes e Ismael Marrero

Rosado interpusieron una demanda en el Tribunal de Primera

Instancia,

Sala

de

Bayamón,

en

contra

del

señor

Ramón

Marrero Rosado. Adujeron que éste no les había satisfecho

las cuantías correspondientes a sus participaciones en las

ganancias de la sociedad desde 1995 y que les debía a cada

uno $221,832. Por su parte, el señor Ramón Marrero Rosado

reconvino y alegó que la sociedad había quedado disuelta en

marzo de 1998, al concluir el contrato de arrendamiento del

local donde ubicaba “La Nueva Ceibeña”. Adujo, además, que

CC-2008-562

3

lo único que quedaba pendiente era la liquidación de la

referida sociedad.

Así las cosas, el señor Ramón Marrero Rosado presentó

una petición voluntaria de reorganización bajo el Capítulo

11. La interposición de dicha petición de quiebra tuvo el

efecto, en virtud de la paralización automática (automatic

stay), de detener los procedimientos ante el foro estatal.

Poco tiempo después, el señor Ramón Marrero Rosado instó

una acción ante la Corte de Quiebras (adversary proceeding)

contra los señores Reyes e Ismael Marrero Rosado y Raúl

Marrero

Nazario.

Éste

alegó

que

los

allí

demandados

interferían con las operaciones de su negocio y solicitó

una

orden

de

entredicho

permanente.

Por

su

parte,

los

demandados en dicho pleito reconvinieron y adujeron que la

solicitud de reorganización presentada por el señor Ramón

Marrero Rosado respondía al propósito de privarlos de sus

derechos en la partición de la sociedad.

Luego de varios incidentes procesales y de que ambas

partes presentaran mociones de sentencia sumaria, la Corte

de Quiebras emitió una orden en febrero de 2000. En ella,

denegó las respectivas mociones de sentencia sumaria por

entender que existía una controversia de hechos relativa a

si

la

sociedad

disposiciones

del

había

Código

sido

disuelta

Civil

de

conforme

Puerto

Rico.

a

las

En

lo

pertinente, en la orden se dispuso:

[T]he parties disagree, and the record fails to

demonstrate, whether or not the partnership was

appropriately dissolved under the Puerto Rico

Civil Code. It is not clear whether the

CC-2008-562

4

business,

for

which

the

partnership

was

constituted, ended….

…In the interest of judicial economy and there

being material issues of fact in controversy in

the record before the Court, the Court finds

that the Bayamón Court is in a better position

to resolve the matter.

For the foregoing reasons, the parties´ motion

for summary judgment will be denied. The Court

will lift the automatic stay and allow the

defendants to proceed with the state court

action. The Court will hold in abeyance the

defendant´s motion to dismiss and the debtor´s

opposition in the legal case until this matter

is resolved in state court.

Luego de que la Corte de Quiebras emitiera la referida

orden,

los

procedimientos

en

el

Tribunal

de

Primera

Instancia se reactivaron y continuaron de forma simultánea

al procedimiento de quiebra. En abril de 2001, el foro

federal aprobó el plan de reorganización sometido por el

señor Ramón Marrero Rosado sin oposición de los señores

Reyes e Ismael Marrero Rosado y Raúl Marrero Nazario, a

pesar

de

que

éstos

fueron

notificados

de

las

distintas

etapas del procedimiento. Dicha orden advino final y firme

en mayo de 2001.

El plan de reorganización aprobado estableció que los

señores

Reyes

e

Ismael

Marrero

Rosado

y

Raúl

Marrero

Nazario eran “contingent and disputed unsecured creditors”

y se calculó, para efectos del plan, que el monto agregado

de sus reclamaciones era $30,000. En lo pertinente a la

controversia ante nos, el plan de reorganización establece:

Reyes Marrero Rosado, Ismael Marrero Rosado

and Raúl Marrero Nazario have been listed in

debtor´s schedules as contingent and disputed

unsecured creditors of the herein estate. These

parties have not filed any proof of claim in

this case and these remain as unliquidated

CC-2008-562

5

amounts as of this date. Considering the ongoing

litigation process ordered by the Honorable

Court the claim liquidation of these parties

would unduly delay the closing of the herein

case. Pursuant to 11 U.S.C. Section 502(c),

debtor estimates for purposes of potential

allowance

for

debt

under

this

class

the

aggregate amount of $30,000 for all creditors.

Meses

más

tarde,

la

Corte

de

Quiebras

emitió

la

sentencia final (Final Decree) disponiendo definitivamente

del

caso.

Mediante

la

referida

sentencia

la

Corte

de

Quiebras ordenó el relevo de todas las deudas descargables,

excepto lo dispuesto en el plan de reorganización, y puso

fin a los demás asuntos ante su consideración, ordenando

así el archivo del caso.

Dos años después de que concluyeran los procedimientos

en la Corte de Quiebras, el señor Ramón Marrero Rosado

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción

de sentencia sumaria y, en la alternativa, solicitó que se

desestimara

la

demanda

controversia

se

había

en

su

tornado

contra.

Adujo

académica,

o

que

era

la

cosa

juzgada, pues la Corte de Quiebras había dispuesto que su

obligación con los demandantes quedó extinguida y que sólo

tenía que pagarles la cantidad dispuesta en el plan de

reorganización. El foro de instancia denegó dicha moción.

Inconforme, el señor Ramón Marrero Rosado acudió al

Tribunal de Apelaciones. El referido foro resolvió que la

Corte

de

Quiebras

dejó

sin

efecto

la

paralización

automática para que el tribunal estatal determinara si la

sociedad

había

quedado

disuelta

y

si

procedía

su

liquidación. Según la resolución emitida por el Tribunal de

CC-2008-562

6

Apelaciones, lo establecido en el plan de reorganización

constituiría

colateral

una

sólo

defensa

si

el

de

foro

cosa

juzgada

primario

o

impedimento

encontraba

que

la

sociedad había sido disuelta. En vista de ello, denegó el

auto y los procedimientos continuaron ante el Tribunal de

Primera Instancia.

Posteriormente, el 28 de febrero de 2007, el Tribunal

de Primera Instancia determinó mediante resolución que la

sociedad había quedado disuelta por mutuo acuerdo entre los

socios en marzo de 1998, cuando finalizó el contrato de

arrendamiento del local donde radicaba “La Nueva Ceibeña”.

En su resolución, el foro primario dispuso que se dictaría

la sentencia final una vez se recibiera el informe de la

contable

designada

por

el

tribunal

para

determinar

las

cantidades adeudadas por el señor Ramón Marrero Rosado a

cada socio en la liquidación de la sociedad. Luego de ello,

el tribunal acogió el referido informe pericial y dictó

sentencia final en agosto de 2007. En ésta, el tribunal

condenó al señor Ramón Marrero Rosado al pago de $118,772 a

favor del señor Reyes Marrero Rosado y de $49,417 a favor

del señor Ismael Marrero Rosado. Además, le condenó al pago

del interés legal sobre las referidas cantidades desde la

fecha de la interposición de la demanda.

Inconforme con dicha sentencia, el señor Ramón Marrero

Rosado acudió al Tribunal de Apelaciones y alegó que el

foro primario erró al emitir una sentencia a pesar de que,

a su juicio, la controversia se había tornado académica, o

CC-2008-562

aplicaba

7

la

doctrina

de

cosa

juzgada

o

de

impedimento

colateral por sentencia. Adujo también que se le violó su

derecho al debido proceso de ley al haberse admitido el

informe

de

la

contable

a

pesar

de

sus

objeciones.

Por

último, arguyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al

condenarlo al pago del interés legal desde la interposición

de la demanda porque estaba protegido por la paralización

automática,

al

menos

hasta

la

conclusión

de

los

procedimientos de quiebra y que, en todo caso, no proceden

porque la cantidad dispuesta en el plan de reorganización

es el máximo que viene obligado a pagar.

El

Tribunal

recurrida.

cosa

de

Apelaciones

confirmó

la

sentencia

En cuanto a los argumentos de academicidad,

juzgada

e

impedimento

colateral,

estimó

que

no

procedían porque la Corte de Quiebras cedió por completo su

jurisdicción

al

foro

estatal,

por

lo

que

ninguna

controversia al respecto fue adjudicada en ambos foros. El

foro apelativo intermedio entendió, además, que el señor

Ramón

Marrero

Rosado

tuvo

la

oportunidad

de

contrainterrogar a la contable y que el informe sometido

por ésta fue mesurado y ponderado. Por último, determinó

que la imposición del interés legal desde la interposición

de

la

demanda

procedía

porque

el

Tribunal

de

Primera

Instancia tiene la discreción de imponerlos si estima que

una parte fue temeraria.

De dicha determinación adversa acude ante nos el señor

Ramón

Marrero

Rosado

mediante

recurso

de

certiorari

y

CC-2008-562

8

esgrime, en esencia, los mismos argumentos que esbozó ante

el Tribunal de Apelaciones. Examinado el recurso, acordamos

expedir.

Con

el

beneficio

de

la

comparecencia

de

ambas

partes, procedemos a resolver.1

II.

La sociedad civil se define en nuestro Código Civil

como una institución que surge del contrato celebrado por

dos

o

más

personas

con

el

propósito

de

poner

en

común

dinero, bienes o industria con el ánimo de repartirse los

frutos obtenidos. Art. 1556 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 4311. El concepto de sociedad está fundamentado en

tres elementos: la pluralidad de sujetos que generan una

personalidad jurídica distinta e independiente de los que

la

forman,

la

existencia

de

un

patrimonio

común

y

la

finalidad lucrativa. J.A. Cuevas Segarra y A. Román García,

Los Contratos Especiales (Puerto Rico y España), San Juan,

Publicaciones JTS, 1998, pág. 206. Al nacer a raíz del

perfeccionamiento

de

un

contrato,

producto

de

la

convención

llamado

affectio

societatis

y

en

o

la

sociedad

ella

se

unión

de

civil

es

manifiesta

el

varias

personas

hacia un mismo fin de lucro. Marcial v. Tomé, 144 D.P.R.

522 (1997). El contrato que da lugar a la sociedad puede

1

Al igual que lo hizo ante el Tribunal de Apelaciones,

el señor Ramón Marrero Rosado arguye que se le violó su

derecho al debido proceso de ley al admitirse el informe de

la perito a pesar de su oposición. Sin embargo, este

señalamiento de error carece de mérito, pues surge del

expediente ante nuestra consideración que el peticionario

tuvo la oportunidad de contrainterrogar a la perito. En

este sentido, coincidimos con la determinación del Tribunal

de Apelaciones sobre este asunto.

CC-2008-562

9

celebrarse

por

escrito

necesario

otorgar

una

o

verbalmente,

escritura

excepto

pública

si

que

se

será

aportan

bienes inmuebles. Art. 1558 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 1558. Además, las sociedades civiles pueden revestir

diversas formas, dependiendo de lo pactado por los socios.

Arts. 1561 y 1569 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 4316,

4324.

Por otro lado, a menos que no se haya convenido otro

momento para el inicio de la sociedad, éste coincide con el

instante

en

que

se

perfecciona

el

contrato

entre

los

socios. Art. 1570 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4341.

Así

pues,

la

sociedad

puede

durar:

(1)

por

el

periodo

pactado; (2) por el periodo que dure el negocio que haya

constituido el único objeto de ésta, si por su naturaleza

lo tiene; y (3) salvo contadas excepciones, durante la vida

de los socios. Art. 1571 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

4342.

Por su parte, el Art. 1591 del Código Civil establece

que la sociedad se extingue: (1) cuando expira el término

pactado;

(2)

cuando

se

pierde

la

cosa

que

le

sirve

de

objeto; (3) cuando finaliza el negocio que le sirve de

objeto; (4) cuando muere un socio; (5) cuando un socio

adviene

insolvente;

embarga

su

(6)

participación

cuando

un

en

sociedad;

la

acreedor

de

(7)

un

socio

cuando

un

socio anuncia de buena fe y oportunamente su voluntad de

que así sea si no se fijó un término para la duración de la

sociedad y éste no resulta de la naturaleza del negocio; y

CC-2008-562

(8)

cuando

10

un

socio

de

una

sociedad

constituida

a

un

término fijo, mediante contrato o por su naturaleza, tiene,

a

juicio

de

los

tribunales,

justa

causa

para

pedir

la

disolución. Arts. 1596, 1598 y 1700 del Código Civil, 31

L.P.R.A. secs. 4391, 4396 y 4398.

A su vez, la disolución de una sociedad por extinción

produce

su

Registrador,

muerte

43

jurídica.

D.P.R.

870,

Paz

Vda.

De

872

(1832).

Barletta

Una

vez

v.

ello

ocurre, comienza un periodo transicional durante el cual se

han de liquidar los negocios. La liquidación consiste en

aquellas

operaciones

dirigidas

a

consumar

los

contratos

pendientes a través de las operaciones de pago de deudas y

cobro de acreencias, con el fin de determinar el haber

social

partible.

J.

Puig

Brutau,

Fundamentos

de

Derecho

Civil, 2da ed., Barcelona, Bosch, 1982, II-II, págs. 519520.

El

Código

Civil

dispone,

además,

que

la

partición

entre los socios se debe llevar a cabo de acuerdo a las

normas que rigen la partición de los caudales hereditarios,

tanto en su forma como por las obligaciones que generan,

aunque ello no excluye los acuerdos que los socios estimen

convenientes. Art. 1599 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

4399; J.A. Cuevas Segarra y A. Román García, op. cit., pág.

223.

Considerados los preceptos aplicables a la sociedad

civil, examinemos la normativa que rige los procedimientos

de quiebra.

CC-2008-562

11

III.

Los

procedimientos

de

quiebra

son

regulados

exclusivamente por el Congreso de los Estados Unidos en

virtud del Artículo 1, Sec. 8 de la Constitución de los

Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 167. Éste

establece

que

el

establecer

leyes

Congreso

uniformes

tiene

de

la

facultad

quiebras

para

“para

toda

la

Nación”. Íd. En virtud del citado texto, la legislación de

quiebras federal constituye campo ocupado para los estados,

por lo que éstos no pueden legislar en contravención a lo

allí dispuesto. En específico, los procedimientos ante las

Cortes

de

Quiebras

federales,

tribunales

creados

exclusivamente para llevarlos, se rigen por el Código de

Quiebras.2 11 U.S.C. sec. 101 et seq.

La paralización automática es una de las protecciones

más básicas que el legislador estadounidense instituyó en

el Código de Quiebras para los deudores que se acogen a

éste. Soares v. Brockton Credit Union, 107 F.3d 969, 975

(1er

Cir.

1997).

Ésta

impide,

entre

otras

cosas,

el

comienzo o la continuación de cualquier proceso judicial,

administrativo o de otra índole que fue o pudo haber sido

interpuesto

en

contra

del

cualquier

acción

cuyo

derecho

nació

antes

U.S.C.

sec.

362.

iniciara

la

quiebra.

11

deudor,

o

para

ejercitar

de

Puede

que

se

también

impedir la ejecución de una sentencia previa o detener la

Las Cortes de Quiebra son unidades de la Corte de

Distrito en virtud de 28 U.S.C. sec. 151, por lo que sus

sentencias se consideran sentencias de la corte de distrito

federal correspondiente.

2

CC-2008-562

12

creación, perfección o ejecución de un gravamen anterior a

la

interposición

de

la

quiebra.

Íd.

Sus

efectos

se

manifiestan desde que se presenta la petición de quiebra

hasta que recae la sentencia final, y no se requiere una

notificación formal para que surta efecto. Jamo v. Katahdin

Fed.

Credit

Provoca

Union,

también

283

que

F.3d

los

392,

398 (1er

tribunales

Cir.

2002).

estatales

queden

privados de jurisdicción automáticamente, e incluso, es tan

abarcadora que paraliza litigios que tienen poco o nada que

ver con la situación financiera del deudor.3 3 Collier on

Bankruptcy sec. 362.03[3] (2009).

Las Cortes de Quiebra tienen amplia discreción para

poner fin, anular, modificar o condicionar, a solicitud de

parte

o

motu

proprio,

los

efectos

de

la

paralización

automática por alguna de las causas enumeradas en el Código

de

Quiebras.

11

U.S.C.

sec.

362.

Dicha

discreción

debe

ejercerse siempre de acuerdo a las circunstancias del caso

particular. 3 Collier on Bankruptcy sec. 362.07[1] (2009).

Así, por ejemplo, una Corte de Quiebras puede poner fin a

la

paralización

continúe

en

automática

otro

foro,

para

permitir

que

particularmente

si

un

litigio

involucra

multiplicidad de partes, si está listo para juicio o si es

3

Aunque somos conscientes de que las Sentencias

emitidas por este Tribunal no constituyen precedente,

reconocemos que en Morales v. Clínica Femenina de Puerto

Rico, 135 D.P.R. 810, 819-820 n.5 (1994)(Sentencia),

hicimos

nuestras

las

expresiones

contenidas

en

La

Paralización Automática de la Ley de Quiebras, Instituto de

Estudios Judiciales, 1993, pág. 11, a los efectos de que la

mera presentación de una solicitud de quiebra provoca que

nuestros tribunales pierdan jurisdicción.

CC-2008-562

lo

más

13

prudente

en

atención

al

aspecto

de

economía

judicial. 3 Collier on Bankruptcy sec. 362.07[3][a] (2009).

También puede hacerlo si considera que otro foro es el más

apropiado para dilucidar una controversia particular. Íd.

Asimismo, una Corte de Quiebras puede modificar una

paralización automática para permitir que ciertos aspectos

de una controversia se diluciden en otro foro y a la vez

retener

jurisdicción

controversia.

Por

sobre

ejemplo,

una

otros

aspectos

Corte

de

de

Quiebras

la

puede

modificar la paralización automática para que algún ángulo

de una controversia se dilucide en un foro estatal y, a la

misma vez, disponer que retiene jurisdicción sobre la forma

en que el vencedor podrá dirigirse en contra del deudor

para ejecutar su sentencia. Véase John's Insulation v. L.

Addison & Assocs., 156 F.3d 101, 110 (1er Cir. 1998).

Entre los diversos procedimientos establecidos en el

Código

de

Quiebras

que

dan

lugar

la

llamada

automática

se

encuentra

regulada

el

Capítulo

en

11

de

dicho

a

la

paralización

“reorganización”,

cuerpo

de

ley.

La

reorganización se caracteriza por ser un procedimiento en

el

que

los

peticionarios

voluntariamente

buscan

la

protección de la Corte de Quiebras mientras reestructuran

sus

operaciones

de

negocios.

El

objetivo

principal

del

Capítulo 11 es permitir que un deudor que esté enfrentando

dificultades para cumplir con sus acreedores pueda impedir

que éstos tomen acciones adversas en su contra mientras se

reorganiza y busca la forma de continuar cumpliendo con

CC-2008-562

14

ellos. Para que dicho objetivo pueda llevarse a cabo, el

Capítulo

11,

a

diferencia

de

Código

Quiebras,

establecidos

en

el

peticionario

se

mantenga

de

en

otros

control

procedimientos

permite

de

que

el

bienes.4

11

quiebra,

los

sus

U.S.C. sec. 1107.

Una

vez

acreedores

se

del

interpone

deudor

la

deben

petición

someter

de

sus

reclamaciones

(proof of claim), según dispone la sección 501 del Código

de

Quiebras.

11

U.S.C.

501.5

sec.

La

definición

de

reclamación (claim) que ofrece el Código de Quiebras es

sumamente amplia y puede incluir todo tipo de acreencias,

incluyendo aquellas que puedan ser inciertas y difíciles de

estimar. Colonial

Sur.

Co.

v.

Weizman,

564

F.3d

526,

529 (1er Cir. 2009). En específico, el Código de Quiebras

dispone

que

una

reclamación

whether

or

not

such

liquidated,

es

right

unliquidated,

“[a]

is

fixed,

right

reduced

to

payment,

to

judgment,

contingent,

matured,

unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secured

or

unsecured.”

11

U.S.C.

sec.

101(5).

Mediante

una

reclamación, una persona que tenga un crédito en contra del

deudor se somete a la jurisdicción de la Corte de Quiebras

y

busca

propósito

establecer

dual,

a

su

acreencia.

saber,

que

todos

Ello

los

cumple

con

un

interesados

se

4

En ciertas circunstancias la Corte de Quiebras puede

retirar

dicho

privilegio

y

otorgar

la

facultad

de

administrar el caudal a un síndico. 11 U.S.C. sec. 1104.

5

Está establecido que, bajo el Código de Quiebras, una

reclamación y una deuda son lo mismo. Colonial Sur. Co. v.

Weizman, 564 F.3d 526, 530 (1er Cir. 2009).

CC-2008-562

15

enteren de las reclamaciones en contra del deudor y que el

acreedor en cuestión participe de la eventual distribución.

4 Collier on Bankruptcy sec. 501.0[1] (2009).

Sin embargo, el Capítulo 11 dispone que en los casos

de

reorganización

se

considera

que

se

ha

sometido

una

reclamación si la deuda en cuestión fue incluida por el

deudor en su lista de deudas (schedules). 11 U.S.C. sec.

1111. La referida excepción no aplica cuando se trata de

deudas descritas como ilíquidas, contingentes o en disputa.

11 U.S.C. 1111(a). Es decir, aquellos acreedores que tengan

reclamaciones ilíquidas, contingentes o en disputa deben

someter

una

reclamación

para

que

sus

debidamente

protegidos.

4

Collier

on

intereses

queden

Bankruptcy

sec.

501.01[2][b] (2009).

Las

distintas

reclamaciones

que

pueden

existir

en

contra de un deudor pueden ser clasificadas en tres grandes

grupos: aseguradas, no aseguradas y prioritarias. Harvey M.

Lebowitz,

Bankruptcy

Deskbook,

Institute,

1986,

pág.

aseguradas,

es

decir,

16.

New

Entre

aquellas

York,

las

que,

Practicing

Law

reclamaciones

no

contrario

las

a

aseguradas, no están respaldadas por un gravamen previo, se

encuentran las contingentes. Como sugiere su nombre, una

reclamación contingente es aquella cuya procedencia depende

de un evento que no ha ocurrido al momento de comenzar la

quiebra.

Las

reclamaciones

ilíquidas,

por

su

parte,

son

aquellas cuya cuantía no se puede determinar aún. El hecho

de que la reclamación sea contingente o ilíquida no impide

CC-2008-562

16

que ésta se considere como una reclamación sujeta a lo que

finalmente

disponga

la

Corte

de

Quiebras.

2

Collier

on

del

Código

de

que

sean

Bankruptcy sec. 101.05[1] (2009).

De

otra

Quiebras

parte,

establece

la

que

sección

aquellas

502(c)

reclamaciones

contingentes

o

ilíquidas

deben

ser

liquidarlas

o

fijarlas

retrasaría

estimadas,

cuando

indebidamente

la

conclusión del procedimiento de quiebra, en detrimento de

los demás acreedores o del propio deudor. 11 U.S.C. sec.

502(c).

En

compulsoria

esos

y

la

casos,

corte

la

tiene

referida

disposición

es

el

de

la

deber

realizar

estimación. 4 Collier on Bankruptcy sec. 502.04[2] (2009).

En

el

caso

de

las

quiebras

bajo

el

Capítulo

11,

la

estimación de las reclamaciones contingentes o ilíquidas se

realiza en el plan de reorganización de forma tal que se

preserve cierta cantidad para cuando se pueda saber con

certeza

si

la

reclamación

procede

o

para

cuando

sea

líquida. La estimación que haga una corte de quiebras para

propósitos de un plan de reorganización bajo dicha sección

es final y está sujeta a los principios de cosa juzgada e

impedimento colateral por sentencia, siempre que se haya

observado el debido proceso de ley. 4 Collier on Bankruptcy

sec. 502.04[3] (2009).

Mediante un plan de reorganización bajo el Capítulo 11

un deudor o un síndico (si fue nombrado) clasifica las

reclamaciones en su contra, dispone el tratamiento que cada

una

recibirá

y

propone

la

forma

en

que

el

plan

será

CC-2008-562

17

implementado. 11 U.S.C. sec. 1123. Luego de que el plan

propuesto queda sometido, la Corte de Quiebras celebra una

vista y, si se cumplen los requisitos dispuestos en el

Código

de

Quiebras,

lo

confirma

mediante

orden

a

esos

efectos. 11 U.S.C. secs. 1128, 1129. Durante la vista, una

parte

interesada

podrá

objetar

el

contenido

del

plan

y

argumentar su oposición de forma que quede documentada. 11

U.S.C. sec. 1128.

Una

vez

la

reorganización,

obligatorias

ciertas

para

Corte

sus

el

excepciones,

de

Quiebras

aprueba

disposiciones

se

deudor

ello

el

plan

de

convierten

en

y

sus

acreedores

y,

tiene

el

efecto

descargar

de

salvo

(discharge) todas las reclamaciones que hayan nacido antes

del comienzo de la quiebra, excepto por lo que disponga el

plan. 11 U.S.C. sec. 1141. Ello, aún cuando las deudas no

aparezcan en la lista de deudas, cuando el acreedor no haya

sometido una reclamación o cuando no reciba nada bajo el

plan. En específico, el Código de Quiebras establece que

excepto por lo que se disponga en el plan o en la orden que

confirma el plan, luego de que éste se confirma, toda la

propiedad

sujeta

a

él

estará

libre

de

toda

carga

o

reclamación por parte los acreedores. 11 U.S.C. sec. 1141.

El descargue opera siempre y cuando a los acreedores

se les haya dado el debido proceso de ley que garantiza la

Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. 8

Collier on Bankruptcy sec. 1141.02 (2009). Es decir, el

plan de reorganización tendrá el efecto de descargar una

CC-2008-562

18

deuda en particular si se le concedió al acreedor o parte

interesada

una

oportunidad

razonable

de

ser

oído.

Como

regla general, se cumple con dicho requerimiento mediante

la vista previa a la confirmación del plan. 8 Collier on

Bankruptcy sec. 1141.02[4] (2009).

La confirmación de un plan de reorganización por parte

de la Corte de Quiebras se considera una sentencia de un

tribunal federal con efecto de res judicata federal. 6 Stoll

v. Gottlieb, 305 U.S. 165 (1938); In re Iannochino, 242

F.3d 36, 41 (1er Cir. 2001). En este sentido, toda objeción

al contenido de una orden final de una corte de quiebras

debe hacerse antes de ésta advenir final y firme ya que,

salvo ciertas excepciones que no aplican al caso ante nos,

no está sujeta a ataques colaterales. Travelers Indemnity

v. Pearlie Bailey, 129 S. Ct. 2195, 2205 (2009). Así, una

parte que participó en un proceso ante la Corte de Quiebras

y a quien se le concedió una oportunidad justa de ser oída

no puede luego resistir la ejecución de la sentencia de la

referida corte. Íd. pág. 2206.

Recientemente, en Santiago León v. Mun. de San Juan,

res. el 7 de octubre de 2009, 2009 T.S.P.R. 153, reiteramos

que

el

efecto

de

cosa

juzgada

que

tiene

ante

nuestros

tribunales una sentencia dictada por un tribunal federal de

distrito cuya jurisdicción se basó en una cuestión federal

se rige por las normas de res judicata federal. La Corte

6

Según el derecho federal, el término res judicata es

un concepto sombrilla que recoge tanto las vertientes de

cosa juzgada (issue preclusion) como de impedimento

colateral por sentencia (claim preclusion).

CC-2008-562

Suprema

19

federal

ha

resuelto

reiteradamente

que

una

sentencia que adviene final y firme constituye res judicata

para las partes y sus causahabientes, no sólo en cuanto a

todo lo que se alegó y se admitió para sustentar o derrotar

una reclamación, sino en cuanto a todo otro asunto que pudo

haberse planteado a esos efectos, siempre y cuando se le

haya dado a la parte una oportunidad justa de ser oída.

Travelers Indemnity v. Pearlie Bailey, supra, pág. 2205.

Esta doctrina encuentra sus fundamentos en el interés de

proteger a las partes del costo y dificultad que implica

tener que lidiar con múltiples litigios y los objetivos de

conservar los recursos judiciales y fomentar la confianza

en los procesos judiciales al minimizar la posibilidad de

decisiones inconsistentes. Taylor v. Sturgell, 128 S. Ct.

2161, 2171 (2008), citando a Montana v. U.S., 440 U.S. 147

(1979).

La

doctrina

federal

de

res

judicata

tiene

dos

vertientes. La primera, conocida como cosa juzgada o claim

preclusion,

impide

que

se

relitiguen

causas

de

acción,

independientemente de que el primer y el segundo pleito se

basen

citando

en

a

leyes

New

distintas.

Hampshire

v.

Taylor

Maine,

v.

Sturgell,

532

U.S.

supra,

742,

748

(2001). Ésta requiere que entre un pleito anterior y uno

posterior haya: (1) identidad de partes; (2) identidad de

causas de acción; y (3) una sentencia final que adjudique

los méritos de las mismas controversias. Santiago León v.

CC-2008-562

Mun.

de

20

San

Juan,

supra;

Coors

Brewing

Co.

v.

Mendez-

Torres, 562 F.3d 3, 8 (1er Cir. 2009).

La

otra

judicata

se

colateral

vertiente

conoce

de

la

doctrina

federal

de

res

como

issue

preclusion

o

impedimento

por

sentencia.

Ésta

impide

en

un

pleito

posterior

se

relitiguen

cuestiones

de

hecho

o

derecho

necesarias

para

un

pleito

anterior,

la

adjudicación

de

que

independientemente de que haya sido por la misma causa de

acción o por otra distinta siempre que sea entre las mismas

partes

o

sus

causahabientes.

Taylor

v.

Sturgell,

supra.

Para que aplique la doctrina de impedimento colateral por

sentencia

es

necesario

que:

(1)

el

asunto

de

hecho

o

derecho sea el mismo en ambos pleitos; (2) se haya litigado

en un pleito anterior; (3) se haya determinado mediante una

sentencia

final;

y

(4)

que

la

determinación

haya

sido

esencial para el fallo. Coors Brewing Co. v. Mendez-Torres,

supra.

Con

estos

concretamente

preceptos

en

de

controversia

la

mente

pasemos

a

disponer

ante

nuestra

consideración.

IV.

A.

Según quedó establecido ante el Tribunal de Primera

Instancia, la sociedad “La Ceibeña” creada en 1981 por los

hermanos Reyes, Ramón, Rafael y Daniel Marrero Rosado se

disolvió

el

arrendamiento

mismo

día

del

local

en

que

donde

expiró

ubicaba

el

la

contrato

de

panadería

“La

CC-2008-562

Nueva

21

Ceibeña”,

es

decir,

el

31

de

marzo

de

1998.

El

referido foro determinó que en dicha fecha, y por acuerdo

de

los

socios,

el

propósito

social

culminó,

lo

que

constituye una causa de extinción de la sociedad según lo

dispone el Artículo 1591 del Código Civil. Art. 1591 del

Código Civil, supra.

Conforme a las normas expuestas anteriormente, en ese

momento comenzó el proceso de liquidación en el que se

suponía que la sociedad pagara sus deudas y cobrara sus

créditos de forma que culminara sus negocios pendientes.

Puig Brutau, op. cit. Una vez ello ocurriera, los socios se

partirían el haber social restante de acuerdo a las normas

relativas

a

las

herencias

o

según

lo

consideraran

conveniente. Art. 1599 del Código Civil, supra; J.A. Cuevas

Segarra y A. Román García, op. cit. No obstante, antes de

que ese proceso pudiera desarrollarse, los socios Reyes e

Ismael

Marrero

Rosado

interpusieron

una

demanda

ante

el

Tribunal de Primera Instancia en contra del señor Ramón

Marrero Rosado y reclamaron la liquidación y partición del

haber social. Mientras dicho pleito estaba pendiente ante

el foro de instancia, el señor Ramón Marrero Rosado sometió

una

petición

Código

de

de

quiebra

Quiebras.

al

Ello

amparo

activó

del

Capítulo

11

del

inmediatamente

la

paralización automática y detuvo el procedimiento ante el

foro local. 11 U.S.C. sec. 362. En ese momento el referido

foro

perdió

suspendido.

jurisdicción

sobre

el

pleito

y

éste

quedo

CC-2008-562

Tras

acción

Ramón

22

varios

incidentes

(adversary

Marrero

procesales

proceeding)

Rosado

en

y

dentro

interpuesta

contra

de

los

por

de

el

señores

una

señor

Reyes

e

Ismael Marrero Rosado, la Corte de Quiebras modificó la

paralización automática. Ello, en virtud del poder que le

confiere

el

Código

de

Quiebras

para

anular,

modificar,

condicionar o poner fin a una paralización automática. 11.

U.S.C. 362. De una lectura cuidadosa e integral de la orden

que a tales efectos emitió la Corte de Quiebras se colige

que el referido foro consideró que no podría disponer de la

acción interpuesta por el señor Ramón Marrero Rosado hasta

tanto se determinara si la sociedad había sido disuelta

conforme

al

Código

estatal

sería

el

Civil.

foro

Estimó,

más

además,

adecuado

para

que

la

corte

dilucidar

la

controversia en torno a si la sociedad se había disuelto y,

en atención al principio de economía procesal, entendió que

modificar

la

paralización

automática

era

lo

más

recomendable. En vista de ello, la corte dispuso en su

orden, “[…] the Court finds that the Bayamón Court is in a

better position to resolve the matter.” (Énfasis suplido).

Es decir, lo que hizo el foro de quiebras fue modificar la

paralización automática para que las partes litigaran en la

corte estatal un solo aspecto de la controversia: si la

sociedad se había disuelto conforme al Código Civil.

Se

podría

argumentar,

como

en

efecto

lo

hacen

los

señores Reyes e Ismael Marrero Rosado, que la corte de

quiebras puso fin a la paralización automática. La base de

CC-2008-562

23

su argumento es una oración de la orden en cuestión que

dispone “[t]he Court will lift the automatic stay and allow

the defendants to proceed with the state court action”. Es

precisamente en esta oración en la que se basó el Tribunal

de Apelaciones en la sentencia recurrida para concluir que

el foro federal había renunciado a su jurisdicción sobre la

totalidad

de

la

controversia.

No

obstante,

somos

del

criterio que la orden debe ser leída e interpretada de

forma global para que se pueda conocer completamente lo que

la

Corte

de

Quiebras

dispuso.

En

efecto,

una

lectura

completa de la orden deja claro que la corte sólo modificó

la paralización automática y no le puso fin a ésta.

Prueba adicional de ello es que la Corte de Quiebras

también

dispuso

mantendría

la

claramente

resolución

de

en

su

las

demás

determinación

mociones

ante

que

su

consideración en suspenso (abeyance) hasta tanto el asunto

de la disolución de la sociedad se resolviera en la corte

estatal. Es decir, el foro federal dispuso que retendría

jurisdicción

contenidos

sobre

en

las

los

aspectos

distintas

de

la

controversia

mociones

que

aún

estaban

pendientes ante sí. De haber puesto fin a la paralización

automática y, como consecuencia, de haber renunciado a toda

jurisdicción sobre la controversia, la Corte de Quiebras

tampoco hubiera pospuesto la resolución de las referidas

mociones

ante

su

consideración,

sino

que

las

hubiera

archivado (terminated) y hubiera ordenado el cierre de la

CC-2008-562

24

acción interpuesta en contra de los señores Reyes e Ismael

Marrero Rosado.

Además de disponer que retendría jurisdicción sobre

dichas mociones, el foro de quiebras incluyó en el plan de

reorganización una cláusula relativa a la reclamación de

los señores Reyes e Ismael Marrero Rosado. En la referida

cláusula, la corte clasificó el crédito de éstos como uno

contingente, en disputa, no asegurado e ilíquido. Es decir,

el

mismo

se

clasificó

como

un

crédito

cuya

procedencia

dependía de un hecho que aún no se había producido, cuya

existencia era motivo de disputa entre los socios, que no

estaba

respaldado

por

un

gravamen

y

cuyo

monto

se

desconocía.

De acuerdo a la normativa del Código de Quiebras, un

crédito de esa índole puede ser estimado, para propósitos

de un plan de reorganización, cuando esperar a que ocurra

la contingencia o cuando fijar su cuantía exacta retrasaría

indebidamente el proceso de quiebras, en detrimento de los

intereses del deudor y de los demás acreedores. 11 U.S.C.

502(c).

En

el

caso

de

autos,

así

lo

hizo

la

corte

al

estimar las partidas que en su día corresponderían a los

señores Reyes e Ismael Marrero Rosado si el foro estatal

decidía que en efecto se disolvió la sociedad. El resultado

de dicha estimación quedó plasmado en la cláusula del plan

de reorganización que dispone que dicha partida asciende a

$30,000.

De

nuevo,

de

haber

renunciado

por

completo

a

adjudicar aspecto alguno de la controversia relativa a la

CC-2008-562

sociedad,

25

la

Corte

de

Quiebras

no

hubiera

incluido

la

referida partida en el plan de reorganización, ya que no

hubiera sido necesario pasar juicio sobre el asunto.

A la luz del marco fáctico que presenta el caso de

autos,

es

forzoso

concluir

que

la

Corte

de

Quiebras

modificó la paralización automática para permitir que se

determinara en el foro estatal si la sociedad persistía y,

a su vez, retuvo jurisdicción para establecer la cantidad

que se adjudicaría a los señores Reyes e Ismael Marrero

Rosado en el plan de reorganización por si el foro estatal

encontraba que la sociedad había sido disuelta conforme al

Código Civil.

Resuelto

ejercieron

los

el

asunto

foros

sobre

estatales

la

y

jurisdicción

federales

sobre

que

la

controversia entre los socios, pasemos a resolver el efecto

que tiene el plan de reorganización sobre el caso ante

nuestra consideración.

B.

La Corte de Quiebras aprobó el plan de reorganización

mediante orden en abril de 2001 y éste advino final y firme

en mayo del mismo año, por lo que sus cláusulas se tornaron

obligatorias para el señor Ramón Marrero Rosado y para sus

acreedores, incluyendo a los señores Reyes e Ismael Marrero

Rosado. 11 U.S.C. sec. 1141; 8 Collier on Bankruptcy sec.

1141.02[4] (2009). Es significativo que los señores Reyes e

Ismael Marrero Rosado no sometieron sus reclamaciones ante

la Corte de Quiebras previo a la aprobación del plan de

CC-2008-562

26

reorganización. Ello a pesar de que, conforme al Capítulo

11, cuando se trate de deudas contingentes, en disputa o

ilíquidas, como las que tenían los señores Reyes e Ismael

Marrero

Rosado,

los

acreedores

deben

someter

una

reclamación para proteger sus intereses. Más significativo

aún es el hecho de que la Corte de Quiebras aprobó el plan

de reorganización sin oposición alguna de los señores Reyes

e

Ismael

Marrero

Rosado,

a

pesar

de

que

éstos

tenían

derecho a oponerse y a comparecer en las distintas etapas

del procedimiento, incluyendo la vista de confirmación del

plan. 11 U.S.C. sec. 1128. Como expresáramos anteriormente,

esta vista es la oportunidad que tienen las personas con

interés en el procedimiento, como lo eran los señores Reyes

e Ismael Marrero Rosado, para hacer valer su derecho al

debido proceso de ley al exponer y dejar constancia ante la

Corte

de

Quiebras

reorganización.

8

de

sus

Collier

on

objeciones

Bankruptcy

al

sec.

plan

de

1141.02[4]

(2009).

Según el derecho federal, una orden final de una Corte

de

Quiebras

que

confirma

un

plan

de

reorganización

se

considera como una sentencia de un tribunal federal con

efecto de res judicata. Stoll v. Gottlieb, supra; In re

Iannochino,

supra.

Según

expresamos

en

Santiago

León

v.

Mun. de San Juan, supra, cuando un tribunal federal cuya

jurisdicción

se

basó

en

una

cuestión

federal

dicta

una

sentencia, ésta tendrá ante nuestros tribunales el efecto

de

cosa

juzgada

que

se

le

reconozca

bajo

el

derecho

CC-2008-562

27

federal. Por ende, respecto a la controversia ante nuestra

consideración, para determinar si la orden que confirmó el

plan de reorganización tiene efecto de res judicata, como

arguye el señor Ramón Marrero Rosado, es necesario evaluar

si entre ambos procedimientos existe cosa juzgada (claim

preclusion) o impedimento colateral por sentencia (issue

preclusion).

Entendemos

que

se

trata

de

impedimento

colateral por sentencia.

En este caso, ambos pleitos fueron entre las mismas

partes debido a que dentro del proceso anterior de quiebra

el señor Ramón Marrero Rosado, el aquí demandado, instó una

acción

(adversary

proceeding)

en

contra

de

los

señores

Reyes e Ismael Marrero Rosado, los aquí demandantes. Éstos

últimos

comparecieron,

alegaron

y

fueron

notificados

de

todas las etapas del procedimiento de confirmación del plan

de

reorganización,

por

lo

que

fueron

partes

en

los

procedimientos ante la Corte de Quiebras, a pesar de no

haber presentado sus reclamaciones o haber opuesto objeción

a la confirmación del plan.

De otra parte, en relación al requisito de que el

asunto de hecho o derecho sea el mismo en ambos pleitos,

entendemos que éste se cumple, dado que la disputa entre

las partes en ambos foros giró en torno a la cuantía que

les

corresponde

Rosado.

Como

a

los

señores

explicáramos

Reyes

e

anteriormente,

Ismael

la

Marrero

Corte

de

Quiebras modificó la paralización automática para permitir

que

las

partes

litigaran

ante

nuestros

tribunales

la

CC-2008-562

cuestión

28

relativa

a

la

disolución

de

la

sociedad,

pero

retuvo jurisdicción para determinar la cuantía que el señor

Ramón Marrero Rosado debía pagar una vez el foro estatal

resolviera

el

asunto.

aspecto

la

controversia,

de

Es

precisamente

la

respecto

cuantía,

sobre

a

este

la

cual

existe identidad entre ambos pleitos, ya que el Tribunal de

Primera Instancia también pasó juicio sobre ello. Además,

las

partes,

Marrero

en

específico

Rosado,

según

los

indicamos

señores

Reyes

anteriormente,

e

Ismael

también

tuvieron una oportunidad justa de litigar y ser oídos sobre

este aspecto en ambos pleitos.

Asimismo,

determinado

el

requisito

mediante

una

de

que

sentencia

el

asunto

final

se

haya

también

se

satisface, ya que existe una sentencia final que adjudicó

la cuestión relativa a la cuantía adeudada por el señor

Ramón Marrero Rosado. La orden del foro de quiebras que

aprobó el plan de reorganización es una sentencia final y

firme desde mayo de 2001. En ella la Corte de Quiebras

estableció de forma clara la cuantía que estaría disponible

para los señores Reyes e Ismael Marrero Rosado una vez el

foro estatal decidiera. Por último, la determinación de la

cuestión fue esencial para el fallo, ya que la partida

adjudicada en el plan de reorganización para la eventual

liquidación de la sociedad fue, junto a las demás partidas,

esencial para reorganizar el caudal en quiebra y poner fin

al procedimiento.

CC-2008-562

29

En resumen, al señor Ramón Marrero Rosado le asiste la

razón

en

cuanto

a

su

señalamiento

de

error

de

que

la

cuantía dispuesta en el plan de reorganización constituye

impedimento colateral por sentencia. La orden de la Corte

de Quiebras en la que se aprobó el plan de reorganización

es una sentencia de un foro federal basada en una cuestión

de derecho federal que advino final y firme, por lo que

debemos

reconocerle

otorgaría

una

el

corte

efecto

de

res

judicata

federal.

Al

estar

que

presentes

le

los

requisitos de dicha doctrina federal nuestros tribunales

tienen el deber de reconocer sus efectos. La sentencia del

foro

de

quiebras

constituye

impedimento

colateral

por

sentencia en cuanto a la cuantía que el señor Ramón Marrero

Rosado adeuda a los señores Reyes e Ismael Marrero Rosado

por concepto de la liquidación de la extinta sociedad “La

Ceibeña”. Según el plan de reorganización dicha cantidad

asciende

a

$30,000.

Resolvemos,

por

otra

parte,

que

el

señor Ramón Marrero Rosado debe satisfacer esa cantidad a

sus antiguos socios en la misma proporción de las cuantías

dispuestas

en

la

sentencia

del

Tribunal

de

Primera

Instancia para los señores Reyes e Ismael Marrero Rosado,

respectivamente. Es decir, $21,000 al señor Reyes Marrero

Rosado y $9,000 al señor Ismael Marrero Rosado.

V.

Nos

resta

atender

el

señalamiento

del

señor

Ramón

Marrero Rosado de que no procede el pago del interés legal

por temeridad impuesto en su contra.

CC-2008-562

30

Como es sabido, el inciso (b) de la Regla 44.3 de

Procedimiento Civil regula el interés legal por temeridad,

conocido

como

interés

pre

sentencia.

Regla

44.3

de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. La temeridad se

define como aquella conducta que hace necesario un pleito

que se pudo evitar, que lo prolonga innecesariamente o que

obliga que la otra parte incurra en gestiones evitables.

Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 329 (1990). Hemos

establecido

que

la

temeridad

para

propósitos

de

la

imposición de este interés es la misma que puede acarrear

la condena del pago de honorarios de abogado. Íd. citando a

Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405,

411 (1972). Ambas penalidades persiguen el mismo propósito

de

disuadir

la

litigación

frívola

y

fomentar

las

transacciones mediante sanciones que compensen a la parte

victoriosa

los

perjuicios

económicos

y

las

molestias

producto de la temeridad de la otra parte. Montañez v.

U.P.R., 156 D.P.R. 395, 425 (2002).

La

imposición

del

interés

legal

pre

sentencia

es

altamente discrecional y un foro apelativo sólo intervendrá

con la determinación de imponerlo si se demuestra que se

cometió

un

abuso

de

discreción.

Elba

A.B.M.

v.

U.P.R.,

supra, págs. 328-329. No obstante, este interés sólo se

puede imponer en casos de cobro de dinero o de daños y

perjuicios. Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra.

En el caso de autos, el señor Ramón Marrero Rosado

alega que el Tribunal de Primera Instancia estaba vedado de

CC-2008-562

31

condenarle al pago del interés legal desde la interposición

de la demanda, porque la cantidad máxima que viene obligado

a pagar es $30,000 y el plan de reorganización nada dispone

sobre el pago de intereses. Arguye, en la alternativa, que

de proceder el pago de intereses éstos no pueden comprender

el periodo en el que estuvo protegido por la paralización

automática.

Es innecesario, sin embargo, dirimir los méritos de

las

referidas

alegaciones,

pues

el

tipo

de

controversia

involucrada en este caso no se encuentra entre aquellas

contempladas

en

las

Reglas

de

Procedimiento

Civil

como

susceptibles de la imposición del pago del interés legal

por temeridad. Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra.

Como señaláramos, este interés sólo se impone en casos de

cobro de dinero o de daños y perjuicios. Íd. Evidentemente,

el caso de autos no es de esa naturaleza, ya que luego de

la

orden

de

paralización

la

Corte

de

Quiebras

que

automática,

la

controversia

modificó

se

la

limitó

a

determinar si la sociedad “La Ceibeña” había sido disuelta.

Por

ende,

revocamos

la

determinación

del

Tribunal

de

Apelaciones en cuanto confirma la imposición del pago del

interés legal por temeridad.

VI.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

revoca

la

sentencia recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de

Primera

Instancia

dispuesto.

para

que

proceda

conforme

a

lo

aquí

CC-2008-562

32

Se dictará sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Reyes Marrero Rosado

Ismael Marrero Rosado

Recurridos

v.

CC-2008-562

Certiorari

Ramón Marrero Rosado

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2010.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se revoca la sentencia

recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que proceda conforme a lo

aquí dispuesto.

Así lo pronuncia y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Rivera Pérez concurre con el

resultado sin opinión escrita. La Juez Asociada

señora Fiol Matta disiente sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo