LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo en interés de los menores C.L.R. y A.V.L.

2010 TSPR 20

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo en interés de los menores C.L.R. y A.V.L.

CC-2009-313 CC-2009-317

Procedimientos contra Menores- Inaplicabilidad del proceso de mediación en los casos bajo la Ley de Menores de 1986

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

En interés del menor C.L.R.

Certiorari

Peticionaria

______________________________

El Pueblo de Puerto Rico

2010 TSPR 20

178 DPR ____

Recurrido

En interés del menor A.V.L.

Peticionario

Número del Caso: CC-2009-313

CC-2009-317

Fecha: 17 de febrero de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Aguadilla, Panel IX

Juez Ponente:

Hon. Carlos Rivera Martínez

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcda. Eileen N. Díaz Ortiz

Lcdo. Rafael Juarbe Pagán

Lcda. Marisela Pérez Reisler

Oficina del Procurador General:

Lcda. Zaira Z. Girón Anadón

Subprocuradora General

Abogados de Amicus Curiae:

Lcdo. Carlos del Valle Cruz

Lcdo. Francis Daniel Nina Estrella

Materia: Mediación en Caso de Menores

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del pr

oceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones

del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servici

o público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

En interés del menor C.L.R.

CC-2009-313

Peticionario

consolidados

Certiorari

__________________________

El Pueblo de Puerto Rico

CC-2009-317

Recurrido

En interés del menor A.V.L.

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2010.

“El Sistema de Justicia Juvenil tiene ciertas

ventajas en comparación con el Sistema Criminal

de adultos, que permite una mayor efectividad en

la intervención con el individuo. El primero

tiene

todo

un

andamiaje

creado

por

ley,

encaminado

a

fortalecer

los

procesos

de

seguimiento

de

las

medidas

condicionales

(probatorias) o desvío para el logro de la

rehabilitación.”1

El

presente

caso

nos

brinda

la

oportunidad

de

analizar por primera vez la aplicabilidad del Reglamento

de métodos alternos para la solución de conflictos de

este Tribunal en los casos iniciados al amparo de la Ley

de

Menores,

Ley

Núm.

88

del

9

de

julio

de

1986,

34

L.P.R.A. secs. 2201-2238.

1

L. Pérez Pérez, Protegiéndolos de la droga y la

San Juan, Ed. Situm, 2009, pág. 7. (Énfasis suplido.)

delincuencia,

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

2

I

El 2 de diciembre de 2008 se presentaron quejas en

interés de los menores C.L.R. y A.V.L. quienes para esa

fecha contaban con 14 y 13 años de edad respectivamente.

La falta imputada a cada uno de los menores consistió en

la infracción del artículo 198 del Código Penal de Puerto

Rico (Robo). Particularmente, en las quejas se alegaba

que

los

menores

C.L.R.

y

A.V.L.,

actuando

en

común

acuerdo y mediando fuerza e intimidación, le arrebataron

un bulto a la también menor de edad D.M.H., de donde

sacaron

su

cartera

y

se

apropiaron

de

siete

dólares

($7.00), sustrayéndolos de su inmediata presencia y en

contra de su voluntad. Esto, luego que, alegadamente, le

pidieran

cincuenta

centavos

($0.50)

para

comprar

cigarrillos y ésta no se los dio, ya que el dinero era

producto

de

una

venta

de

chocolates

de

la

clase

de

economía doméstica.

Durante la celebración de la vista de causa probable

para

presentar

las

querellas,

celebrada

el

16

de

diciembre de 2008, los abogados de defensa de los menores

solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que el caso

fuera referido a un proceso de mediación. El Procurador

de Menores se opuso a dicha solicitud argumentando que la

falta imputada a los menores (robo) no cualificaba para

un proceso de mediación, ya que ésta corresponde a un

delito de naturaleza grave.

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

3

Luego de considerar los argumentos de ambas partes,

el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución

mediante la cual ordenó a las partes comparecer ante la

Oficina de Mediación de Mayagüez. En su resolución, el

foro

primario

determinación

Mediación,

expresó

luego

de

examinar

la

que

había

consultar

posición

con

de

efectuado

su

la

de

los

Oficina

padres

de

los

menores y al considerar que era el primer proceso ante el

Tribunal de Menores al cual se exponían ambos menores. A

su vez, dicho foro citó en apoyo a su determinación el

artículo 7.04 del Reglamento de métodos alternos para la

solución

de

conflictos,

y

expresó

que

su

decisión

respondía al interés de los menores y de la justicia. En

vista de lo anterior el foro primario ordenó a las partes

acudir a mediación el 8 de abril de 2009.

Inconforme, el Procurador de Menores presentó una

oportuna moción de reconsideración. Alegó que la falta

imputada

a

los

menores

era

una

de

naturaleza

grave,

clasificada Clase III por la Ley de Menores, la cual ni

tan siquiera cualificaba para un programa de desvío o

medida

dispositiva

nominal.

En

vista

de

lo

anterior,

sostuvo que referir el caso al proceso de mediación no

cumpliría

con

el

propósito

del

Reglamento

de

métodos

alternos para la solución de conflictos ni con el fin de

la Ley de Menores de proveer tratamiento y supervisión al

menor a través de una medida de libertad condicional o

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

custodia.

El

Tribunal

de

4

Primera

Instancia

denegó

la

moción de reconsideración.

Así

pues,

la

Procuradora

General

de

Puerto

Rico

presentó un Recurso de certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones. Dicho foro apelativo revocó la determinación

del Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que según las

disposiciones de la Ley de Menores, por ser la falta

imputada a los menores C.L.R. y A.V.L. una de Clase III,

éstos

no

podrían

desvío.

Por

devolvió

el

ser

referidos

consiguiente,

caso

al

el

a

un

procedimiento

Tribunal

foro

de

de

de

Apelaciones

instancia

para

la

continuación de los procedimientos.

Inconformes

presentaron

este

este

oportunamente

Tribunal

Tribunal

con

para

de

que

resultado,

C.L.R.

Recursos

certiorari

de

revocásemos

Apelaciones.

la

Además,

y

A.V.L.

ante

sentencia

del

solicitaron

la

paralización de los procedimientos a nivel de instancia

mediante

sus

jurisdicción.

respectivas

El

21

de

mociones

abril

de

de

auxilio

de

2009

emitimos

dos

resoluciones mediante las cuales denegamos la expedición

de

cada

oportuna

menor

uno

de

moción

C.L.R.,

los

de

el

recursos.

Sin

reconsideración

8

de

mayo

de

embargo,

ante

una

por

el

ordenamos

la

presentada

2009

paralización de los procedimientos y le concedimos a la

Procuradora General un término de quince (15) días para

que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el

auto

y

revocar

la

determinación

del

Tribunal

de

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

5

Apelaciones. El 11 de mayo de 2009, adoptamos el mismo

curso

de

acción

en

relación

con

la

moción

de

reconsideración presentada por el menor A.V.L. Además,

ordenamos la consolidación de los casos.

El

26

de

mayo

de

2009,

la

Procuradora

General

compareció mediante su escrito en cumplimiento de nuestra

orden de mostrar causa. Posteriormente, el 29 de mayo de

2009,

autorizamos

la

intervención

de

los

profesores

Carlos Del Valle Cruz y Francis Daniel Nina Estrella como

amigos de la corte. Así pues, habiendo éstos comparecido

mediante escrito, concedimos un término a la Procuradora

General, según solicitado, para expresar su posición en

relación con el mismo.

Contando con la comparecencia de las partes según

expuesta en sus respectivos escritos, estamos en posición

de resolver.

II

Naturaleza y Objetivos de la Ley de Menores

La

Ley

de

Menores,

supra,

reglamenta

los

procedimientos investigativos, judiciales y ejecutivos en

los

casos

de

menores

que

incurren

en

constitutiva

de

delito,

según

tipificada

en

conducta

el

Código

Penal o en las leyes especiales. Como toda ley especial,

“sus

disposiciones

aplicarán

con

preferencia

a

otras

leyes, y en caso de conflicto prevalecerán los principios

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

6

especiales” que ésta enmarca.2 Esta ley derogó la anterior

Ley de Menores del 1955 introduciendo un cambio en el

enfoque filosófico, de uno penal, a uno de fines duales,

esto es, rehabilitación y protección de la sociedad; y a

la vez que le garantiza derechos a los menores, le exige

responsabilidad penal por sus actos delictivos.3

La filosofía, así como los propósitos de la actual

Ley

de

Menores,

supra,

se

explican

en

detalle

en

su

Exposición de Motivos:

[E]sta

ley

adopta

como

marco

filosófico del Sistema de Justicia

Juvenil, el humanismo dentro de un

enfoque

ecléctico

de

acción

e

intervención, donde se compatibilicen

la propuesta rehabilitadora y el poder

y responsabilidad posible inherente al

Estado de brindarle toda oportunidad

rehabilitativa, así como exigirle al

menor un quantum de responsabilidad

para dirigir sus actos y responder por

éstos. (Énfasis nuestro).

Además, al final de esta Exposición de Motivos se

señala lo siguiente:

Toda ayuda al menor, que propenda

a

su

rehabilitación,

debe

concientizarlo de la importancia del

acto cometido llevándolo a percatarse

de

éste,

sus

implicaciones,

la

responsabilidad

individual

y

comunitaria envuelta, donde se propicie

a su vez respeto a la ley existente. El

tratamiento habilitador o rehabilitador

que se le preste debe cristalizar

mediante

objetivos

y

actividades

2

Véanse, el artículo 1 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34

L.P.R.A. sec. 2201 y los artículos 11 y 12 (a) del Código Penal de

Puerto Rico, 33 L.P.R.A. secs. 4639-4640.

3

D. Nevares Muñiz, Derecho de Menores, 6ta. ed., San Juan, Instituto

para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2009, pág. 4.

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

7

tangibles que han de ser alcanzados por

el esfuerzo genuino de las autoridades

que

tienen

a

cargo

su

diseño

y

ejecución. (Énfasis nuestro).

El artículo 2 de la Ley de Menores, supra, expone

los tres propósitos que ésta persigue, los cuales “deben

orientar en el análisis e interpretación de la misma, por

cuanto constituyen la expresión auténtica del legislador

de los objetivos de la ley.”4 Entre estos propósitos se

encuentra el de “proteger el interés público tratando a

los

menores

cuidado

y

como

personas

tratamiento,

necesitadas

a

la

actos”.5

responsabilidad

por

sus

propósito,

Dra.

Nevares

la

vez

de

que

supervisión,

se

le

exige

Con

relación

a

nos

comenta

que

Muñiz

este

el

objetivo es “protege[r] el interés de la comunidad al

reconocer

que

supervisión

y

responsabilidad

al

menor

delincuente

tratamiento,

pero

por

si

sus

actos

debe

proveérsele

también

éstos

exigirle

infringen

las

leyes penales”.6

Los procedimientos de menores han adquirido “matices

de

naturaleza

meramente

4

punitiva

rehabilitador

que

y

van

más

allá

paternalista

de

del

enfoque

la

[ley

de

Nevares Muñiz, op. cit., pág. 5.

5

Art. 2 de la Ley de Menores, supra, 34 L.P.R.A. Sec. 2202 (Énfasis

suplido).

6

Nevares Muñiz, op. cit., pág. 6

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

1955]”.7

La

Ley

de

Menores

8

actual

adoptó

“un

enfoque

ecléctico de acción e intervención en el cual se armoniza

la

responsabilidad

de

parens

patriae

del

Estado,

en

cuanto a la rehabilitación de los ofensores, con el deber

de

éstos

castigo

de

es

responder

de

por

sus

transcendental

actos”.8

Además,

importancia

en

“[e]l

nuestro

Sistema de Justicia Juvenil. La ley de menores de Puerto

Rico, parece reconocer que sin castigo no puede haber un

proceso

de

rehabilitación

efectivo”.9

Por

castigo,

nos

referimos a ese quantum de responsabilidad que la Ley de

Menores, supra, impone a cada menor.

La evasión de responsabilidad de

los ofensores juveniles sobre su vida,

sus actos, y las personas con quienes

conviven ha sido en muchos casos la

razón para haber incurrido en conducta

delictiva o antisocial. Por eso la

firmeza con que se impone el castigo es

de suma trascendencia, pues éste tiene

que percibir en el sistema autoridad y

constancia en sus determinaciones. La

falta

de

firmeza

del

juez,

el

trabajador social o el encargado de la

supervisión

del

castigo,

sería

detrimental

en

su

proceso

de

rehabilitación.10

Por otra parte y aunque hemos sido consistentes en

señalar

los

“matices

de

naturaleza

punitiva”

y

no

7

Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990, 997

(1992); Pueblo v. Ríos Dávila, 143 D.P.R. 687, 699 (1997); Pueblo en

interés G.R.S., 149 D.P.R. 1, 12 (1999).

8

Pueblo en interés menor G.R.S., supra, pág. 11; Pueblo en interés

menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989) (Énfasis suplido).

9

L. Pérez, op cit. pág. 21.

10

Íd., pág. 22.

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

9

“paternalista” de la actual Ley de Menores, también hemos

sido consistentes al puntualizar que los procedimientos

al amparo de esta Ley no son de naturaleza criminal.11 De

hecho,

y

propio

a

tenor

con

artículo

los

propósitos

37(a)

de

esta

especifica

Ley,

que

su

“[l]os

procedimientos y las órdenes o resoluciones del juez bajo

esta ley no se considerarán de naturaleza criminal”.12

La naturaleza del proceso en asuntos de menores es

distinta a la naturaleza del proceso en la esfera penal,

parecidos. La naturaleza

aunque sus procedimientos sean

del proceso penal es una punitiva, esto es, va dirigida

principalmente a que el convicto pague su deuda con la

sociedad.

La

Dra.

Nevares

Muñiz

define

el

Derecho

Procesal

Penal

como

“aquella

área

del

derecho

público

constituida por el conjunto de disposiciones estatutarias

y decisiones jurisprudenciales, cuyo propósito es regular

el

proceso

enjuicia

y

delito”.13

señala

de

mediante

penaliza

Con

el

cual

el

a

la

persona

relación

a

esto,

igual

forma

que

el

la

Estado

identifica,

que

cometido

ha

un

Dra.

Ortega

Vélez

Derecho

Penal

“[s]e

caracteriza por prever las sanciones como forma de evitar

11

Pueblo en interés menor A.L.G.V., res. el 8 de mayo de 2007, 2007

T.S.P.R. 85, 170 D.P.R. __; Pueblo v. Suárez, 167 D.P.R. 850, 857

(2006); Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., supra, pág. 996;

Pueblo en interés menor G.R.S., supra, pág. 10; Pueblo en interés

menor N.O.R., 136 D.P.R. 949, 955 (1994) (Énfasis suplido).

12

Art. 37(a) de la Ley de Menores, supra, 34 L.P.R.A. sec. 2237

(Énfasis suplido).

13

D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño,

6ta ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc.,

2001, pág. 1.

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

10

los comportamientos que el Derecho juzga especialmente

peligrosos –delitos-. Así, el ordenamiento reacciona ante

la violación generando un mal al infractor como pago a su

comportamiento ilícito”.14

En cambio, y como ya señalamos, la naturaleza del

proceso en los asuntos de menores es uno dirigido en

primer lugar a la rehabilitación, tratando a los menores

“como

personas

necesitadas

de

supervisión,

cuidado

y

tratamiento”, a la vez que se les exige “un quantum [una

porción]

de

responsabilidad

responder

por

ellos”.15

En

para

los

dirigir

procesos

sus

de

actos

y

asuntos

de

menores nos encontramos ante “un procedimiento especial

donde

los

denomina

delitos

vista

se

denominan

adjudicativa

y

faltas,

la

el

juicio

sentencia,

se

medida

dispositiva”.16 Un proceso especial en el cual el menor

transgresor

(el

término

sustituye

“transgresor”

al

término “convicto” de la esfera penal),17 tiene derecho a

recibir tratamiento individualizado que propenda a sus

necesidades

especial

en

y

eventual

donde

el

rehabilitación.18

menor

no

puede

Un

ser

proceso

detenido,

14

R.E. Ortega Vélez, Código Penal de Puerto Rico (2004), 1ra. ed.,

San Juan, Ediciones Chrisely, 2007, pág. 5 (Énfasis nuestro).

15

Exposición de Motivos de la Ley de Menores, supra.

16

Pueblo v. Vargas, 120 D.P.R.404, 412 (1998); Pueblo v. Ríos Dávila,

supra; Pueblo en interés menor J.M.R. 147 D.P.R. 65, 72 (1998).

17

18

34 L.P.R.A. sec. 2203(t).

34 L.P.R.A. sec. 2235(b); 2237(a); véase además, Art. II, Sec. 15,

Constitución E.L.A., L.P.R.A., Tomo I.

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

11

transportado o recluido en instituciones para adultos.19

Un proceso especial en el cual todos los asuntos son

confidenciales, por lo que el público en general no tiene

acceso,

a

menos

que

los

padres,

encargados

o

el

representante legal del menor consientan que el asunto se

ventile públicamente.20 Un proceso especial en el que no

se admite la renuncia por parte de un menor a cualquiera

de los derechos constitucionales que lo cobijan, si no

están presentes sus padres o encargados.21

Además,

historial

del

la

Ley

de

menor

ante

Menores

el

dispone

Tribunal

no

“[q]ue

el

constituirá

impedimento para cualquier solicitud de empleo, puesto o

19

Íd.

20

34 L.P.R.A. sec. 2208; 34 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 13.9. En Pueblo en

interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990, 997 (1993),

claramente nos expresamos al respecto al señalar que:

Por

ser

éste

un

procedimiento

especial,

el

legislador optó por ampararlo bajo el manto de la

confidencialidad, de manera que se evite al máximo

cualquier daño al menor transgresor por el estigma que

acarrea la imputación de un acto delictivo, conforme a la

filosofía proteccionista que permea dicha Ley. Esta

corriente de pensamiento sostiene que la identificación

del menor transgresor ante la sociedad evita que dicha

persona

logre

su

rehabilitación

y

su

saludable

integración a la libre comunidad. Una vez se detecta la

conducta criminal en un menor, a temprana edad, es

posible moldearlo a tiempo y propiciar su desarrollo en

un ciudadano cumplidor de las leyes. De ahí que nuestra

legislación, en materia de menores, busque protegerlos

del escrutinio público y así disminuir el daño que esto

pueda causar en su autoestima. De la misma forma esto

abona a su reingreso a la sociedad y a su núcleo

familiar. (Énfasis suprimido y citas omitidas.)

Así pues, bajo la Ley de Menores vigente el Estado ha buscado

reducir al mínimo el estigma popular que conlleva todo acto

delictivo. Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., supra,

pág. 998.

21

34 L.P.R.A. sec. 2211.

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

12

cargo en el servicio público.”22 Incluso, el certificado

de antecedentes penales que emite la policía no provee

información respecto a faltas cometidas por un menor. Por

ser un proceso especial y distinto al penal, cualquier

referencia a una sentencia impuesta a un menor por la

comisión de una falta, es nula y debe eliminarse del

récord penal.23 Tampoco puede presentarse contra un menor

en

un

tribunal

procedimiento

contra

ese

de

civil

menor

o

en

jurisdicción

ordinaria

–en

penal-

evidencia

presentada

una

la

vista

adjudicativa

otro

ante

el

Tribunal de Menores.24

Por ser un proceso diferente al penal, la Ley de

Menores requiere que todo expediente de un menor en poder

de la policía tiene que ser destruido al cumplir éste los

dieciocho (18) años de edad, ni podrán considerarse las

faltas cometidas por éste a los fines de imputarle como

adulto

una

sentencia

en

expedientes

grado

de

judiciales

reincidencia.25

pueden

Ni

siquiera

los

archivarse

juntos,

pues el artículo 37(d) de la Ley de Menores

señala que “los expedientes en los casos de menores se

mantendrán

separados

de

los

de

adultos”,

confidenciales.26

22

34 L.P.R.A. sec. 2237(a).

23

Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286 (1975).

24

34 L.P.R.A. sec. 2209.

25

34 L.P.R.A. sec. 2237(e) y 33 L.P.R.A. Sec. 4710(d).

26

34 L.P.R.A. sec. 2237(d).

y

serán

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

Por

último,

pero

13

extremadamente

pertinente

a

la

controversia que nos ocupa, el artículo 38 de la Ley de

Menores27 establece que las disposiciones de esa Ley se

regirán, no por las Reglas de Procedimiento Criminal –que

pertenecen y fueron redactadas para el proceso penal-,

sino por las Reglas de Procedimientos para Asuntos de

Menores

(Reglas).

específicamente

Tribunal

Supremo

armonía

con

lo

para

y

Éstas

reglas

fueron

redactadas

este

proceso,

adoptadas

por

aprobadas

anterior

las

por

la

propias

este

Legislatura.28

Reglas

En

establecen

que:

...regirán

todos

los

procedimientos que se inicien a partir

de la vigencia de la Ley Núm. 88 de 9

de julio de 1986, denominada "Ley de

Menores de Puerto Rico", incluyendo

aquellas que estén pendientes a la

fecha de vigencia de estas reglas

siempre que su aplicación no perjudique

derechos sustantivos. Se interpretaran

de acuerdo a los propósitos que inspira

la Ley de Menores, secs. 2201 et seq.

de

este

título,

y

de

modo

que

garanticen una solución justa, rápida y

económica de todos los asuntos.29

De todo lo anterior, podemos colegir en primer lugar

que nuestra Ley de Menores se encuentra predicada en una

filosofía que exige responsabilidad al menor por la falta

cometida, mientras expresamente distingue el proceso de

27

34 L.P.R.A. sec. 2238.

28

Las Reglas para Asuntos de Menores fueron aprobadas por este

Tribunal Supremo el 31 de diciembre de 1986 y remitidas a la Asamblea

Legislativa, la cual le hizo varias enmiendas siendo aprobadas

finalmente mediante la Ley Núm. 33 de 19 de junio de 1987.

29

34 L.P.R.A. Ap. I-A, Regla 1.2.

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

uno

principalmente

punitivo.

14

En

segundo

lugar,

es

evidente que la naturaleza del proceso para menores es

distinta a la del proceso penal. Como en otras ocasiones

hemos expresado, los procedimientos de menores gozan de

una naturaleza sui generis, por lo que los mismos no

constituyen propiamente causas criminales.30

Es por eso que un adulto en un proceso penal

recibir

una

condena

que

lo

mantenga

en

puede

prisión

prácticamente el resto de su vida, mientras que un menor

en

un

proceso

de

menores

sólo

extinguirá

su

medida

dispositiva (“su sentencia”), como mucho, hasta los 21

años de edad.31 Tal diferencia es producto de la filosofía

o

la

naturaleza

que

entraña

cada

proceso:

el

adulto,

hablando filosóficamente, tiene que pagar su deuda con la

sociedad –proceso penal-32, mientras que al menor se le

provee

la

oportunidad

de

rehabilitarse

y

“comenzar

de

nuevo” al cumplir su mayoría de edad. De hecho, la medida

dispositiva de un joven incurso puede cesar (“extinguió

su sentencia”), en el momento mismo en que se prueba su

rehabilitación, sin importar la gravedad de la falta (“el

delito”)

que

hubiese

cometido,

ni

el

tiempo

que

le

30

Pueblo en interés menor F.R.F, 133 D.P.R. 172 (1993); Pueblo en

interés menores A.L.R.G. y F.R.G., supra, págs. 996-997.

31

32

Art. 28 de la Ley de Menores, supra, 34 L.P.R.A. sec. 2228.

Esto no implica que no se debe atender el mandato constitucional

que establece, como política pública del Estado, el que a la persona

que es juzgada y convicta como adulto, se le provea el tratamiento

adecuado para hacer posible su rehabilitación moral y social. Véase,

Art. VI, Sec. 19. Const. E.L.A., Tomo 1.

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

15

restara por cumplir.33 Esa alternativa no está de ninguna

manera disponible para un adulto.

De igual forma, la figura de la víctima es tratada

de manera distinta en ambos procesos. En el proceso penal

la

víctima

puede

sobreseimiento

persona

total

acusada.34

En

ser

resarcida

a

costa

de

un

de

los

cargos

en

contra

de

la

en

proceso

contra

un

cambio,

el

menor tal resarcimiento de la víctima no podría darse a

expensas

de

que

el

menor

se

le

prive

de

recibir

supervisión, cuidado y tratamiento -por las autoridades

que

tienen

a

cargo

su

diseño

y

ejecución-,

pues

tal

privación iría en contra de los propósitos expresos de la

Ley de Menores.35

III

A.

Naturaleza y propósito del proceso de

mediación en Puerto Rico

La doctora Mildred E. Negrón Martínez expresa que,

“[h]istóricamente, las sociedades han ensayado y utilizado

diferentes medios para atender los conflictos, bien para

resolverlos, evitarlos o reprimirlos”.36 Por consiguiente,

[e]l interés que la mediación y otros

métodos

de

resolución

de

conflictos

han

despertado durante los últimos años en los

33

Art. 28 de la Ley de Menores, supra, 34 L.P.R.A. sec. 2228.

34

Regla 246 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 246.

35

Art. 2 de la Ley de Menores, supra; Véase además, la exposición de

motivos de dicha ley.

36

M.E. Negrón Martínez y otros, Un Modelos Puertorriqueño de

Mediación de Conflictos, 1era ed., San Juan, Lexis-Nexis de Puerto

Rico, 2001, pág. 1.

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

16

países

occidentales,

particularmente

en

aquéllos del continente americano, tiene su

origen

en

diversos

factores.(…)

La

efervescencia política de las décadas de 1960 y

1970 en los Estados Unidos sirvió de marco

social a un sinnúmero de conflictos sociales

que propiciaron un replanteamiento sobre las

formas de enfrentar y resolver conflictos.

Asimismo,

las

críticas

crecientes

a

los

sistemas

judiciales

destacaban

la

inaccesibilidad de los tribunales para varios

sectores de la población civil…37

Es

en

métodos

este

alternos

contexto

de

que

resolución

surge

de

la

opción

conflictos

de

los

como

una

alternativa a la formalidad, el costo y la lentitud de

los procedimientos legales tradicionales.

En Puerto Rico, desde la década de 1970, la Rama

Judicial ha venido implantando diversos mecanismos con el

objetivo

de

remediar

algunas

dificultades

relacionadas

con el volumen y la administración de casos.38 En el año

1980,

el

Notarial

Secretariado

de

propuso

implantación

la

la

Conferencia

de

Judicial

y

alternativas

adicionales al sistema adversativo puertorriqueño, entre

las cuales incluyó la creación de programas adscritos al

sistema judicial y regulados por el Tribunal Supremo, que

permitieran la solución de conflictos entre ciudadanos,

entre

los

cuales

se

encontraba

la

mediación.39

Esta

sugerencia estuvo fundamentada en los hallazgos de una

37

Íd., págs. 2-3

38

Íd., pág. 16.

39

Íd., págs. 16-17; Véase además, Informe del Secretariado de la

Conferencia Judicial de Puerto Rico sobre métodos alternos para la

solución de disputas, octubre de 1980.

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

17

investigación realizada por el propio Secretariado de la

Conferencia

Judicial

que

mostraba

una

tendencia

de

aumento en la litigación de casos, a la vez de un atraso

en el manejo de algunos casos en los tribunales.40 De

manera que la idea de incorporar a nuestro ordenamiento

los métodos alternos para la solución de conflictos está

estrechamente

ligada

calendarios

los

de

al

problema

tribunales

de

de

la

primera

congestión

de

instancia

y,

consecuencia de esto, la intención o empeño de aligerar

la resolución de los casos pendientes ante dichos foros.41

B.

Como

Génesis y objetivos de la Ley Núm. 19

de 22 de septiembre de 1983

secuela

de

la

necesidad

de

aligerar

la

resolución de casos en nuestros tribunales, en el año

1980 el Secretariado de la Conferencia Judicial recomendó

la

aprobación

de

legislación

que

estableciera

ciertas

bases conceptuales y asignara fondos a la Rama Judicial

para la implantación de métodos alternos para la solución

de disputas. Así, en el año 1983, la legislatura aprueba

la Ley Núm. 19 de 22 de septiembre.42 Con la aprobación de

esta Ley la Asamblea Legislativa reconoció la importancia

y

40

utilidad

que

los

métodos

alternos

de

solución

de

Íd.

41

J. Trías Monge, “El Estado de la Judicatura, 1979-80”, en Sociedad,

Derecho y Justicia, 1era ed., San Juan, Ed. U.P.R., 1986, pág. 178.

42

4 L.P.R.A. sec. 532-532e.

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

18

conflictos representan para los esfuerzos por reducir la

carga de trabajo de los distintos componentes del sistema

de justicia puertorriqueño y convalidó las iniciativas de

la

Rama

Judicial

en

dirección.43

esa

La

Asamblea

Legislativa además instruyó a este Tribunal a adoptar las

reglas necesarias para la operación de los programas que

servirían

como

centros

bien,

con

informales

de

resolución

de

disputas.44

Ahora

casos

que

podrían

relación

ser

a

la

naturaleza

referidos

a

los

de

centros

los

cuyas

creación se autorizaba, el artículo 4 de la Ley Núm. 19,

supra, es meridianamente claro: “los centros o programas

que se establezcan proveerán para la pronta resolución de

determinados asuntos de naturaleza civil o criminal de

manera

informal,

sencilla

y

sin

la

autorización

de

procedimientos adversativos”.45

En cumplimiento con el mandato promulgado por la Ley

Núm. 19, supra, este Tribunal aprobó el Reglamento de

métodos

alternos

(Reglamento)46.

para

Este

la

solución

Reglamento

declara

de

como

conflictos

política

43

Exposición de Motivos, Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983,

1983 Leyes de Puerto Rico 422-423.

44

4 L.P.R.A. sec. 532-532ª

45

4 L.P.R.A. 532c

46

Este reglamento fue aprobado mediante resolución del 25 de junio de

1998, y enmendado posteriormente mediante resolución del 4 de marzo

de 2005. Véase, In re Aprobación del Reglamento de Métodos Alternos

para la Solución de Conflictos, 1998 T.S.P.R. 79; In re Enmiendas al

Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, 164

D.P.R. 45 (2005).

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

19

pública de la Rama Judicial “fomentar la utilización de

mecanismos

complementarios

al

sistema

adjudicativo

tradicional con el fin de impartir justicia en una forma

más eficiente, rápida y económica”.47

En

el

Reglamento

contexto

define

de

la

lo

que

mediación

nos

es

como

pertinente,

un

“proceso

el

de

intervención, no adjudicativo, en el cual un [interventor

neutral] ayuda a las personas en conflicto a lograr un

acuerdo que les resulte mutuamente aceptable”.48 Además,

la

Regla

propósito

7.01

añade

promover

la

que

“la

mediación

participación

de

tiene

personas

como

en

la

solución de sus conflictos y que las partes involucradas

asuman

responsabilidad

en

el

cumplimiento

de

los

acuerdos”.49

Por último, la Regla 7.02 del Reglamento50 establece

cuáles casos son elegibles para este mecanismo alterno,

señalando que “[s]erán elegibles para mediación los casos

civiles y los casos criminales de naturaleza menos grave,

que

puedan

transigirse

de

acuerdo

con

las

Reglas

de

Procedimiento Criminal.

En conclusión, la naturaleza de la Ley Núm. 19 de 22

de septiembre de 1983, supra, así como del Reglamento de

métodos alternos para la solución de conflictos de este

47

4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 1.01.

48

4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 1.03(c).

49

4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 7.01(b).

50

4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 7.02(a)

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

20

Tribunal, encierran cuatro objetivos; a saber: impartir

justicia en una forma más eficiente, rápida y económica.51

Impartir una justicia más eficiente, rápida y económica,

siendo

estos

tres

últimos

los

objetivos

a

destacarse–

hablando contextualmente- porque, impartir justicia, debe

ser

el

objetivo

o

propósito

general

de

cualquier

organismo adscrito a la Rama Judicial.

De manera que lo que se busca es que, de una manera

informal,

se

naturaleza,

resuelvan

puedan

aquellos

obviar

el

asuntos

que,

por

su

proceso

ordinario

o

tradicional de los tribunales, consiguiendo una justicia

más rápida y menos costosa, a la vez que se ayuda a

descongestionar

los

calendarios

de

nuestras

salas

de

que

se

instancia.

IV

¿Puede

referirse

a

mediación

un

caso

encuentra sometido ante la consideración de un Tribunal

de

Menores?

Antes

de

discutir

la

contestación

a

esa

pregunta, debemos comenzar señalando que existen varias

jurisdicciones

en

los

Estados

Unidos

en

las

que

los

procesos de mediación han probado ser de gran utilidad en

casos

de

delincuencia

juvenil,

particularmente

en

aquellos primeros ofensores.52

51

Véase, Regla 1.01 (“Declaración de Política Pública”) del

Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, supra.

52

S.A.

Beauregard,

Court-Connected

Juvenile

Victim-Offender

Mediation: An Appealing Alternative for Ohio’s Juvenile Delinquents,

13 Ohio St. J. on Disp. Resol. 1005 (1998); Hon. R. Bennet Burkemper,

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

La

mediación

que

se

21

utiliza

en

los

casos

de

delincuencia

juvenil

en

estos

estados,

como

en

países,

es

aquella

que

forma

parte

los

programas

basados

en

la

llamada

de

restaurativa.53

justicia

otros

Dicha

justicia restaurativa ha sido definida como un “proceso

por el cual todas las partes que tienen un interés en una

determinada

ofensa

colectivamente

y

se

para

juntan

tratar

para

sus

resolverla

implicaciones

de

futuro”.54

Bajo

esta

teoría

tanto

las

víctimas

como

los

ofensores asumen una función activa en la resolución del

conflicto y en la negociación de un acuerdo que pretende

restablecer las pérdidas materiales y psicológicas de la

víctima, mientras que inculca en el ofensor el "impacto

humano"

de

su

responsabilidad

conducta

del

criminal.55

ofensor

reside

Por

en

su

parte,

la

aceptar

la

responsabilidad por sus acciones y en el papel activo que

debe jugar en el proceso de restitución.56 A base de esta

teoría se han creado diversos programas, entre los que

Jr., Restorative Justice in Missouri’s Juvenile System, 63 J. Mo. B.

128 (2007).

53

Íd.; M. Liebmann, Restorative justice: how it works, 1era ed.,

Londres, Jessica Kingsley Publishers, 2007, pág. 25.

54

L.F. Gordillo Santana, La justicia restaurativa y la mediación

penal, 1era ed., Madrid, Ed. Iustel, 2007, pág. 72.

55

Beauregard, supra, pág. 1010.

56

Íd.

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

podemos

mencionar,

la

mediación

22

y

víctima-ofensor

las

juntas comunitarias o familiares, entre otros.57

Fundamentados

en

la

teoría

de

la

justicia

restaurativa, los programas de mediación víctima-ofensor

en casos de menores se centran en la experiencia de la

víctima,

la

parte

los

de

necesidad

de

ofensores

la

rendición

juveniles

y

la

de

cuentas

por

importancia

de

proporcionar a las partes la oportunidad de participar

activamente en el proceso sancionador.58 Además, se debe

tener en cuenta que entre los propósitos fundamentales de

este tipo de programas se encuentra el poder restaurar a

la víctima.59 En diversas jurisdicciones estadounidenses

se ha utilizado la mediación víctima-ofensor en los casos

de menores e incluso existen unas normas generales que

pueden ser utilizadas como guía en la ejecución de estos

programas.60

Ahora bien, en las jurisdicciones en las cuales se

utiliza

este

tipo

de

mediación,

los

tribunales

tienen

total discreción para exigir cierto nivel de capacidad,

conocimientos

57

y

características

Véase, Liebmann, supra,

supra; Bennet, supra.

58

Íd., pág. 1013.

59

Íd., pág. 1012.

60

págs.

27-28;

personales

Véase

además,

a

los

Beauregard,

Véase, The Institute of Judicial Administration, Center for Dispute

Settlement, National Standards for Court-Connected Mediation Program,

disponible

en

http://www.mbf.org/JAGWG2BADRNationalStandards.pdf

(1992).

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

23

mediadores en sus programas de mediación.61 Por tal razón,

se ha señalado que en los casos de mediadores víctimaofensor en los procesos de menores, los requisitos deben

reflejar los retos inherentes que envuelve la mediación

con menores ofensores.62

De

manera

detractores

de

que,

tanto

los

la

mediación

defensores

como

víctima-ofensor

los

hacen

hincapié en la importancia de la formación adecuada y la

creación

de

normas

guías

(standards)

para

los

mediadores.63 Esto parece ser aún más importante en el

tratamiento de niños y adolescentes.64 Los profesionales

de la mediación requieren un mayor nivel de habilidad

para utilizarla correctamente, a la luz de la necesidad

de

incurrir

en

un

trauma

adicional

mínimo,

cuando

se

interviene en casos de mala conducta de menores.65

Por tal razón, recientemente se han llevado a cabo

esfuerzos particulares por parte de varios estados de los

Estados Unidos, así como por la Conferencia Nacional de

61

Buauregard, supra, pág. 1020

62

Íd.; véase, Bennet, supra. Por ejemplo, en el estado de Ohio, el

programa fue promovido por la Corte Suprema del estado y se inició

con sesiones de entrenamiento sobre asuntos de mediación víctimaofensor dentro del contexto del sistema de justicia de menores. Así

mismo, en el estado de Missouri, se ha utilizado este tipo de

mediación en los procesos de menores mediante una selección cuidadosa

y preparando a ambas partes para que el proceso sea uno positivo y

restaurador. Beauregard, supra, pág. 1023, 1026-1027; Bennet, supra,

pág. 131.

63

N.

Lucas,

Restitution,

Rehabilitation,

Prevention,

and

Transformation: Victim-Offender Mediation for First-Time Non-Violent

Youthful Offenders, 29 Hofstra L. Rev. 1365, 1398 (2001)

64

Íd.

65

Íd.

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

Comisionados

sobre

Leyes

24

Estatales

Uniformes

(National

Conference of Commissioners on Uniform State Laws), para

establecer

una

mediadores.66

mediación

certificación

Además,

está

es

y

normas

evidente

palmariamente

que

para

este

definida

los

tipo

de

en

las

jurisdicciones en las cuales se utiliza, incluso existen

algunas en las cuales la legislación estatal claramente

promueve el proceso.67

En vista de lo anterior, debemos concluir que la

mediación utilizada en los procesos de menores en otras

jurisdicciones

estatales,

es

una

que

se

basa

principalmente en la justicia restaurativa y que se ha

diseñado

específicamente

para

atender

menores.

Por

consiguiente, entendemos que este proceso de mediación

debe diseñarse en el contexto de los procesos de menores

y en concordancia con los objetivos de la Ley de Menores.

En Puerto Rico el Negociado de Métodos Alternos para

la Solución de Conflictos –adscrito a la Oficina del Juez

Presidente-

(Negociado),

administra

el

Centro

de

Mediación de Conflictos del Tribunal General de Justicia

(Centro).

El

cumplimiento

66

67

Centro,

con

el

a

través

del

Reglamento,

Negociado

provee

de

y

en

una

Íd.

Por ejemplo en los estados de Arkansas, Colorado, Delaware,

Illinois, Montana, Tennessee y Wisconsin la legislación incluye

específicamente la mediación para sus procesos de menores. Véase,

Ark. Code Ann. 9-31-404 (2009); Colo. Rev. Stat. Ann. 19-2-102

(2008); Del. Code Ann., tit. 11, 9501 (2009); 705 Ill. Comp. Stat.

Ann. 405/5-310 (2009); Mont. Code Ann. 41-5-1304 (2009); Tenn. Code

Ann. 16-20-101 (2009); Wis. Stat. Ann. 938.34(5r) (2009).

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

25

certificación a toda aquella persona que interesa que su

nombre sea incluido en un registro de mediadores que

pueden prestar sus servicios a la Rama Judicial.68 En

realidad, una certificación como mediador no es requerida

en Puerto Rico, por lo que una persona puede ofrecer sus

servicios

como

mediador

sin

estar

certificado.

Ahora

bien, al igual que algunos Estados de los Estados Unidos,

en Puerto Rico la certificación de mediador que otorga el

Negociado es una condición obligada para que su nombre

aparezca en la lista o registro de mediadores capacitados

para dar servicio a la Rama Judicial.

No obstante, la capacitación que provee el propio

Negociado

para

adiestramiento

atender

otorgar

su

alguno

diseñado

menores

primeros

certificación,

no

incluye

específicamente

ofensores

en

para

asuntos

de

delincuencia juvenil, y mucho menos en el contexto de los

procesos de las salas de menores y en concordancia con

los objetivos de la Ley de Menores. De hecho, el único

adiestramiento en un área especializada que se requiere

como

parte

de

los

certificación

de

mediador,

unidades

adiestramiento

de

requisitos

es

el

sobre

para

completar

la

completar

ocho

(8)

manejo

casos

de

en

violencia doméstica.69

68

Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, 4

L.P.R.A. Ap. XXIX R.2.02(e).

69

Véase la Regla 3.05 del Reglamento de certificación y educación

continua relacionado con los métodos alternos para la resolución de

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

26

V

Incompatibilidad de la Mediación Actual

con la Ley de Menores

Como ya hemos resuelto, los procedimientos al amparo

de nuestra Ley de Menores no son de naturaleza criminal.70

Asimismo y como señalamos, tanto el texto de la Ley Núm.

19, supra, como el Reglamento de métodos alternos para la

solución de conflictos, enmarcan los referidos que pueden

hacerse a mediación dentro del contexto de un proceso

“criminal”.71 De manera que, por el propio lenguaje de la

Ley Núm. 19, así como de la Ley de Menores, es forzoso

concluir

que

la

mediación

no

fue

incluida

por

el

legislador en los procesos para asuntos de menores.72 De

igual manera, nuestro Reglamento de métodos alternos no

incluye en su lenguaje expresión alguna que autorice la

mediación en asuntos de menores.

conflictos, Negociado de Métodos Alternos

Conflictos, 15 de junio de 1999, pág. 10.

para

la

Solución

de

70

Pueblo en interés menor A.L.G.V., supra; Pueblo v. Suárez, supra;

Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., supra; Pueblo en interés

menor G.R.S., supra; Pueblo en interés menor N.O.R., supra.

71

Art. 4 de la Ley Núm. 19, supra; Regla 7.02 del Reglamento de

Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, supra.

72

El 8 de septiembre de 2009, se presentó en el Senado de Puerto Rico

el Proyecto del Senado 1108 de la autoría del Presidente de la

Comisión de lo Jurídico, Hon. Jose E. González, el cual busca

incorporar la mediación a los procesos de menores. En su exposición

de motivos se expresa que:

A pesar de que los procesos judiciales que se celebr[a]n

en el interés de un menor en ocasiones son referidos a

mediación, ni la Ley de Menores ni la Reglas de

Procedimiento

para

Asuntos

de

Menores

contemplan

expresamente la posibilidad de utilizar [e]ste mecanismo

como método alterno para la solución de conflictos

(Énfasis suplido).

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

Por

todo

lo

antes

27

discutido

y

a

la

luz

de

la

normativa jurisprudencial, es claro que la naturaleza y

los propósitos de la Ley de Menores no se ajustan a la

naturaleza y los propósitos del mecanismo de mediación,

como está hoy constituido. Al concluir lo anterior no

estamos interpretando restrictivamente nuestro Reglamento

de métodos alternos, negándole de esa forma –y según se

alega- derechos a los menores que les reconocemos a los

adultos. Más bien, lo que hacemos es reconocer la clara

intención y objetivos de la Ley Núm. 19 que autoriza

dicho reglamento, y siendo consistentes con la normativa

jurisprudencial esbozada hasta ahora por este Tribunal en

materia

de

asuntos

de

menores.

Además,

¿qué

sentido

tendría interpretar de manera liberal un reglamento para

reconocer un alegado derecho que en realidad perjudica a

quien lo recibe?

Por

otro

lado,

el

Reglamento

de

métodos

alternos

para la solución de conflictos establece como parámetro

para

la

aplicación

del

mecanismo

de

mediación

en

los

casos criminales, los delitos que se describen en las

Reglas de Procedimiento Criminal, supra. Tales delitos

figuran específicamente en la Regla 246 de ese cuerpo de

reglas.

Sin

embargo,

como

ya

se

ha

señalado,

los

procedimientos de menores se guían, no por las Reglas de

Procedimiento

Criminal,

si

no

por

las

Reglas

de

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

28

Procedimientos para Asuntos de Menores.73 En Pueblo en

interés del menor R.G.G., 123 D.P.R. 443, 463 (1989),

señalamos que “de una lectura de la totalidad de las

Reglas para Asuntos de Menores se desprende que dichas

reglas siguen fundamentalmente las disposiciones de las

Reglas

de

Procedimiento

jurisdicción,

los

Criminal

que

procedimientos

regulan,

criminales

en

esta

contra

adultos”.

Ahora bien, nótese que aunque en la confección de

las

Reglas

de

fundamentalmente

Asuntos

las

de

Menores

disposiciones

de

se

las

siguió

Reglas

de

Procedimiento Criminal, en las primeras, no se incluyó

una regla de “transacción de faltas” que fuera análoga a

la “transacción de delitos” que constituye la Regla 246

de las de Procedimiento Criminal. Así que, distinto al

proceso

penal

–de

Procedimientos

para

regla

que

permita

adultos-,

Asuntos

la

de

en

las

Menores

transacción

no

de

Reglas

de

existe

una

una

falta.74

Concluimos entonces que, mientras el legislador ha sido

muy claro al dejar plasmada su intención con relación a

la

posibilidad

de

transacción

para

los

casos

en

el

proceso penal, su silencio ha sido más que elocuente con

relación

a

tal

alternativa

para

con

los

procesos

de

menores.

73

74

Art. 38 de la Ley de Menores, supra.

El Art. 26 de la Ley de Menores, supra, hace referencia a la Ley de

Vehículos y Tránsitos de Puerto Rico, abriendo la posibilidad de la

transacción conforme a esa Ley, pero por infracciones de menores

denominadas “faltas administrativas”.

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

Por

último

y

como

Centro

de

Mediación

ocurre

en

otras

capacitación

que

de

29

señalamos,

actualmente

nuestro

Conflictos

no

como

sí

programa

de

cuenta,

jurisdicciones,

con

le

Negociado

permita

al

un

certificar

mediadores específicamente en el área de menores primeros

ofensores

en

asuntos

de

delincuencia

juvenil,

y

mucho

menos en el contexto de los procesos de las salas de

menores.

Así pues, acceder en el caso de autos a la solicitud

de

los

peticionarios,

permitiría

que

los

padres

o

encargados legales de los dos menores imputados sean los

que, junto a la víctima, negocien una salida “eficiente,

rápida

y

económica”

del

caso

que

éstos

enfrentan.

Permitir que esta negociación se lleve a cabo sin la

supervisión de un mediador preparado para esto y sin unas

normas guías (standards) que provean para la supervisión,

cuidado y tratamiento que deben acontecer como parte del

quantum de responsabilidad que según la Ley estos menores

deben enfrentar, sería, sin duda, hacerles un daño.

Entendemos que la mediación puede llegar a ser –como

ha ocurrido en otras jurisdicciones- un instrumento de

gran beneficio en área de asuntos de menores en Puerto

Rico.

Como

Judicial

se

sabe,

fomentar

es

política

pública

la

utilización

de

de

la

Rama

mecanismos

complementarios al sistema adjudicativo tradicional, como

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

lo

son

los

métodos

30

alternos

para

la

solución

de

conflictos.75

Sin embargo, es ampliamente reconocido que los niños

y

los

adolescentes

son

física,

intelectual

y

emocionalmente diferentes a los adultos.76 Así pues, estas

diferencias

redundan

en

conductas,

análisis,

juicios

valorativos y reacciones disímiles en contraste con los

adultos. Por tal razón, se ha expresado que: “[a]lthough

these

deficits

dangerous,

do

not

make

adolescents

any

experts

have

argued

that

require

they

less

a

specifically defined manner of adjudication and scope of

punishment”.77 Por consiguiente, si basado presumiblemente

en estas diferencias el legislador diseñó un sistema de

justicia especial para menores, ¿cómo hemos de exponerlos

a

un

proceso

de

mediación

que

ha

sido

diseñado

específicamente para adultos?

Como señala la compañera Juez, Hon. Laureana Pérez

Pérez, “[e]l joven, a diferencia del adulto está en un

proceso de formación y admite cambios radicales en su

vida. Así también, existe en él una actitud de combatir

las adversidades y reencaminarse en una dirección que le

ofrezca mayor felicidad.”78 Por eso entendemos necesario,

en

75

el

ejercicio

de

nuestro

poder

de

parens

patrie,

4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 1.01

76

M. A. Corriero, Judging Children as Children: A proposal for a

Juvenile Justice System, 1era ed., Philadelphia, Temple University

Press, 2006, págs. 22-23.

77

Íd., pág. 23. (Énfasis suplido.)

78

L. Pérez, op cit. pág. 11.

CC-2009-313 consolidado CC-2009-317

31

vigilar que en tal proceso formativo no se introduzcan

elementos

o

mecanismos

no

preparados

o

diseñados

para

ellos, que pudieran deformarlos en lugar de ayudarlos a

reencaminarse en la dirección correcta.

VI

Por

todo

lo

anterior,

determinamos

que

según

el

texto de los estatutos considerados y la naturaleza o

filosofía que encierran, el mecanismo de mediación, como

se

encuentra

configurado

al

presente,

está

disponible

únicamente para procesos civiles y criminales y no así

para asuntos de menores.

Por ende, confirmamos la sentencia del Tribunal de

Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera

Instancia para la continuación de los procedimientos.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez

Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

En interés del menor C.L.R.

CC-2009-313

Peticionario

consolidados

Certiorari

__________________________

El Pueblo de Puerto Rico

CC-2009-317

Recurrido

En interés del menor A.V.L.

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2010.

Por

los

fundamentos

expuestos

en

la

opinión

que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se expide el auto solicitado, se confirma la

sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el

caso

al

Tribunal

de

Primera

Instancia

para

la

continuación de los procedimientos de conformidad con lo

aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez emitió Opinión Disidente a la cual se

une el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Jueza

Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

CC-2009-313

En interés del menor

C.L.R.

Peticionario

Cons.

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

CC-2009-317

En interés del menor

A.V.L.

Peticionario

Opinión Disidente emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez a la que se le une el Juez

Presidente señor Hernández Denton y la Jueza Asociada

señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2010

El

presente

interpretar

por

alternos

para

Tribunal,

4

caso

primera

la

brindaba

vez

el

solución

de

L.P.R.A.

Ap.

la

oportunidad

Reglamento

de

conflictos

XXIX,

y

de

métodos

de

este

aplicar

sus

disposiciones a los casos iniciados al amparo de la Ley

de menores, Ley número 88 del 9 de julio de 1986.

L.P.R.A. secs. 2201-2238.

de

los

miembros

del

34

Lamentablemente una mayoría

Tribunal,

amparándose

en

que

la

naturaleza y filosofía que encierra la Ley de menores

es, alegadamente, incompatible con métodos alternos de

solución de conflictos, se niega a aplicarlos a estos

procesos.

Por ser del criterio que la mediación es una

herramienta útil y necesaria en la resolución de ciertos

casos

iniciados

al

amparo

de

la

Ley

de

respetuosamente disiento del dictamen emitido.

menores,

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

2

I.

El 2 de diciembre de 2008 el Procurador de Menores

presentó sendas quejas en interés de los menores C.L.R.

y A.V.L. quienes para esa fecha contaban con 14 y 13

años de edad, respectivamente.

Imputó a cada uno de los

menores una falta consistente en infracción al artículo

198 del Código Penal de Puerto Rico.

Específicamente,

en las quejas se alegó que los menores C.L.R. y A.V.L.,

actuando

en

común

acuerdo

y

mediando

fuerza

e

intimidación, le arrebataron un bulto a la también menor

de edad D.M.H. y se apropiaron de siete dólares ($7.00)

pertenecientes

a

esta

última,

sustrayéndolos

de

su

inmediata presencia y en contra de su voluntad.79

Durante

la

celebración

de

la

vista

de

causa

probable para presentar las querellas, los abogados de

defensa

de

los

menores

Primera

Instancia

que

proceso de mediación.

solicitaron

el

caso

al

fuera

Tribunal

referido

a

de

un

El Procurador de Menores se opuso

a tal solicitud arguyendo que la falta imputada a los

menores no era susceptible de ser referida a un proceso

de

mediación

toda

vez

que

equivalía

a

un

delito

de

ambas

partes,

el

naturaleza grave.

Considerados

Tribunal

de

los

Primera

argumentos

Instancia

de

emitió

una

resolución

mediante la cual ordenó a las partes a comparecer ante

la

79

Oficina

de

Mediación

de

Mayagüez.

El

La menor D.M.H. es compañera de estudio de los

recurrentes.

Tribunal

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

expresó

en

su

determinación

3

resolución

luego

de

que

había

examinar

la

efectuado

posición

de

su

los

padres de los menores involucrados en los hechos que

dieron origen al procedimiento y en atención a que se

trataba del primer proceso ante el Tribunal de Menores

al cual se exponían C.L.R. y A.V.L.

El Tribunal también

citó en apoyo de su determinación el artículo 7.04 del

Reglamento

de

métodos

alternos

conflictos

y

expresó

que

su

para

la

decisión

solución

de

respondía

al

interés de los menores y de la justicia.80

Inconforme con el curso de acción del Tribunal de

Primera Instancia, el Procurador de Menores presentó una

moción de reconsideración.

Alegó que la falta imputada

a los menores era una de naturaleza grave, clasificada

Clase III por la Ley de menores y, como tal, inelegible

para un programa de desvío o medida dispositiva nominal.

Sostuvo que en vista de ello, referir el caso al proceso

de

mediación

Reglamento

de

no

cumpliría

métodos

con

alternos

el

para

propósito

la

solución

del

de

conflictos ni con el fin de la Ley de menores de proveer

tratamiento

y

supervisión

al

menor

a

través

de

una

medida de libertad condicional o custodia.

El Tribunal

de

moción

Primera

Instancia

denegó

la

de

reconsideración.

80

La Regla 7.04 del Reglamento de métodos alternos para

la solución de conflictos establece: “el tribunal podrá

referir cualquier caso que tenga ante su consideración,

o parte del mismo, a mediación, ya sea por iniciativa

propia o a solicitud de alguna de las partes”. 4

L.P.R.A. Ap. XXIX R. 7.04. (Énfasis suplido).

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

En

vista

presentó

de

lo

4

anterior,

un

recurso

de

Apelaciones.

Dicho

foro

la

revisión

ante

revocó

Tribunal de Primera Instancia.

Procuradora

la

el

General

Tribunal

de

determinación

del

Concluyó que según las

disposiciones de la Ley de menores, por ser la falta

imputada a los menores C.L.R. y A.V.L. una de Clase III,

éstos no podrían ser referidos a un procedimiento de

desvío.

En consecuencia, devolvió el caso al foro de

instancia

para

la

continuación

Inconformes

con

este

del

procedimiento

ordinario.

presentaron

ante

oportunamente

nuestra

resultado,

sendos

consideración.

C.L.R.

recursos

y

de

Solicitaron

A.V.L.

revisión

además

la

paralización de los procedimientos a nivel de instancia

mediante

sus

respectivas

jurisdicción.

El

21

de

mociones

abril

de

de

auxilio

de

2009

emitimos

dos

resoluciones mediante las cuales denegamos la expedición

de cada uno de los recursos.

oportuna

menor

moción

C.L.R.,

de

el

Sin embargo, ante una

reconsideración

8

de

mayo

de

presentada

2009

por

el

ordenamos

la

paralización de los procedimientos y le concedimos a la

Procuradora General un término de quince (15) días para

que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el

auto

y

revocar

Apelaciones.

curso

de

la

determinación

del

Tribunal

de

El 11 de mayo de 2009 adoptamos el mismo

acción

en

relación

con

la

moción

de

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

5

reconsideración presentada por el menor A.V.L.

Además,

ordenamos la consolidación de los casos.

El

26

compareció

de

mayo

de

2009,

la

mediante

su

escrito

nuestra orden de mostrar causa.

de

mayo

de

2009,

autorizamos

Procuradora

en

General

cumplimiento

de

Posteriormente, el 29

la

intervención

de

los

profesores Carlos Del Valle Cruz y Francis Daniel Nina

Estrella

como

amigos

de

la

corte.81

Habiendo

éstos

comparecido mediante escrito, concedimos un término a la

Procuradora General, según solicitado, para expresar su

posición en relación con el mismo.

II.

En la Opinión emitida durante el día de hoy, el

Tribunal resuelve que la mediación como método alterno

de solución de conflictos no está disponible para casos

iniciados al amparo de la Ley de menores.

En primer

lugar, la mayoría sostiene que el Reglamento de métodos

alternos para la solución de conflictos emitido por este

Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXIX (en adelante el Reglamento

de

métodos

alternos),

indica

que

dichos

métodos

sólo

están disponibles para casos civiles y criminales, sin

hacer mención expresa de los casos iniciados al amparo

81

Accedimos a la petición de los Profesores Nina

Estrella y del Valle Cruz por estimar que se cumplían a

cabalidad los requisitos que hemos dispuesto para

considerar una solicitud de esta naturaleza, para un

caso como éste de carácter novel. Su comparecencia

abona a que este Tribunal se encuentre “mejor informado

para hacer la más cumplida justicia.” Pueblo ex rel

L.V.C., 110 D.P.R. 114, 129 (1980). Véase además, Regla

43 del Reglamento de este Tribunal. 4 L.P.R.A. Ap. XXIA.

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

de la Ley de menores.

6

Esta omisión denota, según la

mayoría, la intención de excluir a los procesos de la

Ley

de

menores

del

alcance

de

la

regulación

de

los

métodos alternos de solución de conflictos.

Por otro lado, la mayoría arguye que la Ley de

menores tiene un enfoque ecléctico -la habilitación o

rehabilitación

del

menor

imputado

de

falta

y

la

exigencia de responsabilidad a éste por sus actos- lo

cual no se cumple a través del proceso de mediación

regulado

por

el

Reglamento

de

métodos

alternos.

Entiende la mayoría que el fin del proceso de mediación

instituido

en

el

Reglamento

de

métodos

alternos

es

impartir justicia en una forma más eficiente, rápida y

económica y no necesariamente cumplir los propósitos de

la Ley de menores.

Por

último,

aunque

la

mayoría

reconoce

que

la

mediación penal podría llegar a ser “un instrumento de

gran beneficio en [el] área de asuntos de menores en

Puerto Rico”, establece que actualmente no es aplicable

a dichos casos, pues los mediadores certificados por el

Negociado

de

métodos

alternos

para

la

solución

de

conflictos (en adelante Negociado de métodos alternos)

carecen

de

la

delincuencia

capacidad

juvenil,

para

ya

que

lidiar

no

con

están

procesos

de

adiestrados

específicamente en esa área.

Como

estableceré

a

continuación,

ninguna

de

las

razones aducidas por la mayoría sustentan la conclusión

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

7

de que la mediación no es un método alterno disponible

para la resolución de casos iniciados al amparo de la

Ley de menores.

Lo que denota la posición del Tribunal,

por el contrario, es una interpretación restrictiva del

Reglamento, disociada de la política pública establecida

por este Tribunal en la regla 1.01.

una

visión

distorsionada

de

los

Igualmente, revela

métodos

alternos

de

solución de conflictos, especialmente del proceso de la

mediación.

Por último, pero no menos importante, se

menosprecia la capacidad de los mediadores certificados

por el Negociado de métodos alternos para llevar a cabo

su labor, así como la capacidad de los jueces asignados

a la Sala de Asuntos de Menores que discrecionalmente

refieren dichos casos a la mediación.

Veamos.

III.

A.

Como sabemos, los menores son personas que no han

alcanzado su pleno desarrollo y madurez mental, por lo

que no están sujetos a responder penalmente.

Pueblo en

interés del menor A.L.G.V., res. 8 de mayo de 2007, 2007

T.S.P.R. 85, 170 D.P.R. ____.

La Ley de menores actual

adoptó “un enfoque ecléctico de acción e intervención en

el cual se armoniza la responsabilidad de parens patriae

del

Estado,

en

cuanto

a

la

rehabilitación

de

los

ofensores, con el deber de éstos de responder por sus

actos”.

Pueblo en interés del menor G.R.S., 149 D.P.R.

1, 11 (1999).

Ello, sin desatender la responsabilidad

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

8

del Estado de velar por la seguridad de la sociedad en

general.

Pueblo v. Suárez Alers, res. 11 de mayo de

2006, 2006 T.S.P.R. 83, 167 D.P.R. ____.

Como parte de la Exposición de Motivos de la Ley de

menores, la Asamblea Legislativa expresó que:

Esta ley adopta como marco filosófico del

Sistema de Justicia Juvenil, el humanismo

dentro de un enfoque ecléctico de acción e

intervención,

donde

se

compatibilicen

la

propuesta

rehabilitadora

y

el

poder

y

responsabilidad posible inherente al Estado de

brindarle toda oportunidad rehabilitativa, así

como exigirle al menor un “quantum” de

responsabilidad para dirigir sus actos y

responder por éstos. . . .[E]sta ley incorpora

los

derechos

básicos

que

se

han

ido

extendiendo al ámbito juvenil con el propósito

de garantizar un procedimiento justo, rápido y

eficaz sin que por ello se altere el carácter

especial del proceso.

…

Toda ayuda al menor, que propenda a su

rehabilitación, debe concientizarlo de la

importancia del acto cometido llevándolo a

percatarse de éste, sus implicaciones, la

responsabilidad

individual

y

comunitaria

envuelta, donde se propicie a su vez respeto a

la ley existente.

Exposición de Motivos, Ley 88 del 9 de julio de 1986, 34

L.P.R.A. secs. 2201-2238. (Énfasis suplido.)

Así

Motivos

pues,

surge

claramente

de

la

Exposición

de

de

Ley

menores

que

el

propósito

del

la

de

legislador al aprobar dicha ley fue adoptar como marco

filosófico el humanismo, es decir, el enaltecimiento de

la dignidad humana por medio de la integración de los

valores humanos de más alto calibre al trato de los

asuntos de menores, a través de un procedimiento que

fuera justo, rápido y eficaz.

En dicho proceso, el

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

9

menor debe ser concientizado de la importancia del acto

antijurídico

en

que

ha

incurrido

de

manera

que

éste

asuma la responsabilidad que implican sus acciones y se

propicie el respeto a la ley existente.

Como parte del reconocimiento de la Ley de menores

de que éstos no responden penalmente, el artículo 37 (a)

especifica

que

“[l]os

procedimientos

y

las

órdenes

o

resoluciones del juez bajo esta ley no se considerarán

de naturaleza criminal”.

Basados en el texto de la ley,

es

ocasiones

que

en

innumerables

hemos

definido

los

procedimientos al amparo de la Ley de menores como unos

de carácter civil sui géneris. Pueblo en interés del

menor

K.J.S.R.

res.

6

de

noviembre

de

2007,

2007

T.S.P.R. 194, 172 D.P.R. ____ (2007); Pueblo en interés

del

menor

A.L.G.V.,

supra;

Pueblo

v.

Suárez

Alers,

supra; Pueblo en interés del menor G.R.S., supra en la

pág. 10; Pueblo en interés del menor R.H.M., 126 D.P.R.

404, 424 (1990).

la

Ley

de

Así, los casos iniciados al amparo de

menores

siguen

siendo

casos

civiles,

con

ciertas particularidades que le imprimen un carácter sui

generis.

Siendo

naturaleza

los

civil,

casos

debemos

de

asuntos

auscultar

de

si

menores

la

de

mediación,

como un método alterno de solución de conflictos, está

disponible

para

la

dilucidación

de

éstos.

Al

encaminarnos en esa tarea, debemos tener presente los

propósitos y objetivos de la Ley de menores de proveer

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

10

un procedimiento justo, rápido y eficaz en el cual el

menor reconozca y asuma su responsabilidad.

debemos

examinar

política

pública

relación

con

la

naturaleza

de

la

por

alternos

establecida

los

métodos

Igualmente,

mediación

y

la

este

Tribunal

en

de

solución

de

conflictos en nuestro ordenamiento.

IV.

A.

En términos generales y sin ánimo de agotar las

distintas acepciones del concepto, la mediación puede

ser

descrita

como

un

proceso

mediante

el

cual

las

partes, con la ayuda de un tercero neutral, aíslan los

conflictos

entre

sí

con

el

fin

de

desarrollar

alternativas y, en última instancia, forjar un acuerdo

consensual que satisfaga sus necesidades.

J. Folberg &

A. Taylor, Mediation: a comprehensive guide to resolving

conflicts,

Primera

Ed.,

Publishers, 1984, pág. 7.

California,

Jossey-Bass

Véase además, M.E. Negrón

Martínez y otros, Un Modelo Puertorriqueño de Mediación

de Conflictos, Primera Ed., Puerto Rico, Lexis Nexis de

Puerto Rico, 2001, pág. 12.

Con la asistencia de dicho

interventor neutral, los participantes de los procesos

de

mediación

trasforman

el

conflicto

mediante

la

reconciliación de los intereses que les vinculan.

D.

Nina, Mediación: Teoría y Práctica, Primera Ed., Puerto

Rico,

Ed.

Situm,

2006,

págs.

56-57.

Dicha

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

reconciliación

negociación.

se

logra,

11

a

su

vez,

mediante

la

Id. en la pág. 57.

Varios principios guían los procesos de mediación.

Entre

éstos

se

destacan

la

soberanía,

voluntad

e

interdependencia de las partes y la confidencialidad del

proceso.

Id. en las págs. 57-58.

Se trata de lograr un

fin dual de reducir conflictos y resolver disputas.

J.

Folberg

8.

En

interdependencia,

el

&

relación

A.

Taylor,

con

el

op.

cit.,

elemento

de

en

la

pág.

profesor Nina expresa que “el vínculo que une a las

partes

en

conflicto

por

encima

del

conflicto

en

sí

mismo, es un factor primordial para entender el proceso

de mediación”.

La

D. Nina, op cit., en la pág. 59.

índole

transformativa

de

los

procesos

de

mediación es particularmente evidente en los casos de

naturaleza penal.

Como sabemos, nuestro ordenamiento en

materia penal se funda sobre una teoría punitiva según

la cual la infracción de la ley penal constituye una

ofensa

a

la

sociedad

que

le

corresponde

encausar y, de ser necesario, castigar.

al

Estado

L.F. Gordillo

Santana, La Justicia Restaurativa y la Mediación Penal,

Primera

Ed.,

España,

2007,

pág.

184.

En

dichos

procedimientos penales tradicionales las partes son el

Estado y el ofensor, mientras que la víctima asume un

rol pasivo, muchas veces como testigo.

M. Gertz, The

Road Less Traveled: Using ADR to Help Reform First-Time

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

12

Juvenile Offenders, 8 Cardozo J. Conflict Resol. 339,

351-52 (Fall 2006).

La teoría restaurativa, por el contrario, propone

un cambio en dicho paradigma y se enfoca en el daño

causado a la víctima y en cómo enmendarlo.

Restorative

Justice:

How

Pennsylvania,

Jessica

Kingsley

25.

It

Works,

M. Liebmann,

Primera

Publishers,

2007,

Ed.,

pág.

De conformidad con tal principio, los procesos de

mediación alternativos al encausamiento penal persiguen

que

tanto

el

ofensor

como

activos en la negociación.

la

víctima

asuman

roles

El fin de dicha negociación

es, a su vez, reparar el daño material y psicológico a

la víctima, mientras se hace al ofensor consciente del

impacto de su conducta en la persona de ésta.

pág. 26.

Id. en la

Así, el objetivo de los procesos de mediación

es que el ofensor asuma responsabilidad por sus actos,

adquiera la oportunidad de reparar el daño causado y,

como resultado, corrija su conducta con el propósito de

evitar reincidir en la misma.

La

víctima,

por

su

parte,

Id. en las págs. 26-27.

ganaría

la

oportunidad

de

dialogar con el ofensor y recibir una disculpa de parte

de éste, además de la restitución de su propiedad de ser

necesaria.

Id. en la pág. 28.

Los procesos de mediación han probado ser de gran

utilidad

en

particularmente

casos

en

de

aquellos

delincuencia

de

primeros

juvenil,

ofensores.

Además de ser más rápido e informal y, como tal, menos

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

13

costoso, los comentaristas esbozan que las ventajas del

proceso de mediación consisten en que a través de éste

el menor ofensor adquiere consciencia de sus actos y del

daño causado a su víctima y se responsabiliza por el

mismo.

S.

A.

Beauregard,

Court-Connected

Juvenile

Victim-Offender Mediation: An Appealing Alternative for

Ohio’s Juvenile Delinquents, 13 Ohio St. J. on Disp.

Resol.

1005,

1012-13

(1998).

Al

igual

que

en

los

procesos de mediación penal, en la mediación de asuntos

de

menores

los

ofensores

tienen

la

oportunidad

de

reconocer o disculparse por sus acciones, entender la

dimensión

humana

de

su

comportamiento,

valorar

a

la

víctima como un igual y aprender los costos que conlleva

la violación de los derechos de los demás. Id.

su

vez,

causa

reincidir.

Id.

que

éstos

sean

menos

Esto, a

propensos

a

Véase además, Hon. R. Bennet Burkemper,

Jr., Restorative Justice in Missouri’s Juvenile System,

63 J. Mo. B. 128 (2007).

En suma, los procesos de mediación en el área de

asuntos de menores han probado ser una herramienta útil

y

beneficiosa

para

las

partes

involucradas

conflicto, tanto la víctima como el menor.

en

el

A través de

dicho método, se alcanzan igualmente los propósitos de

las leyes que regulan los casos de asuntos de menores y

delincuencia

teoría

juvenil,

punitiva

sin

necesariamente

tradicional.

Esta

nueva

utilizar

la

perspectiva

habilita al ofensor a reconocer el valor humano de la

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

víctima

a

través

consecuencias

de

de

sus

la

actos

14

consideración

sobre

ésta,

de

las

además

de

permitir que éste asuma responsabilidad por sus acciones

a través del arrepentimiento y la disculpa a la víctima

por el mal causado.

B.

Los primeros esfuerzos formales en Puerto Rico para

la

implantación

de

métodos

alternos

de

solución

de

conflictos comenzaron a principio de la década de 1980

cuando

la

Asamblea

Legislativa,

a

través

de

la

Ley

número 19 de 22 de septiembre de 1983, asignó fondos del

Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para

estos fines e instruyó a este Tribunal a adoptar, “en el

ejercicio de su poder de reglamentación general”, las

reglas necesarias para la operación de los programas que

servirían como centros informales para la resolución de

disputas.

4 L.P.R.A. secs. 532-532a.

En relación con

la naturaleza de los casos que podrían ser referidos a

los centros cuya creación se autorizó mediante la Ley

número

19,

supra,

se

estableció

lo

siguiente:

“los

centros o programas que se establezcan proveerán para la

pronta resolución de determinados asuntos de naturaleza

civil o criminal de manera informal, sencilla y sin la

utilización de procedimientos adversativos”.

4 L.P.R.A.

sec. 532c.

En cumplimiento con el mandato de la Ley número 19,

supra, este Tribunal aprobó mediante resolución del 25

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

15

de junio de 1998, el Reglamento de métodos alternos,

supra, posteriormente enmendado mediante resolución del

4

de

marzo

Vigencia

de

del

2005.

Véanse,

Reglamento

de

In

re:

Métodos

Aprobación

Alternos

para

y

la

Solución de Conflictos, 1998 T.S.P.R. 79; Enmiendas al

Reglamento

de

Métodos

Alternos

para

la

Solución

de

Conflictos, 164 D.P.R. 45 (2005).

Éste constituyó el

primer

la

acto

formal

para

regular

mediación en nuestra jurisdicción.

práctica

de

la

D. Nina, op cit.,

pág. 5.

El Reglamento de métodos alternos, supra, declara

como política pública de la Rama Judicial “fomentar la

utilización

de

mecanismos

complementarios

al

sistema

adjudicativo tradicional con el fin de impartir justicia

en una forma más eficiente, rápida y económica”.

L.P.R.A.

Ap.

XXIX,

R.

1.01.

Para

implantar

4

dicha

política pública, el Reglamento dispone la creación del

Negociado de métodos alternos y reconoce tres métodos

alternos

de

mediación,

el

solución

de

conflictos,

arbitraje

y

la

evaluación

a

saber:

la

neutral.

4

L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 2.01-2.02.

En

relación

con

la

controversia

ante

nuestra

consideración, el Reglamento de métodos alternos define

la

mediación

como

un

“proceso

de

intervención,

no

adjudicativo, en el cual un [interventor neutral] ayuda

a las personas en conflicto a lograr un acuerdo que les

resulte mutuamente aceptable”.

4 L.P.R.A. Ap. XXIX, R.

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

1.03(c).

16

La Regla 7.01 añade que “la mediación tiene

como propósitos promover la participación de personas en

la

solución

de

sus

conflictos

y

que

las

partes

involucradas asuman responsabilidad en el cumplimiento

de los acuerdos”.

De

número

4 L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 7.01 (b).

conformidad

19,

supra,

mediación,

mediación

el

y

con

las

de

acuerdo

Reglamento

voluntario

y

disposiciones

con

la

establece

un

confidencial.

de

la

Ley

teoría

de

la

proceso

de

Así,

una

vez

referida una controversia a mediación, las partes sólo

vienen compelidas a comparecer a una sesión inicial de

orientación,

siendo

potestad

de

éstas

voluntariamente si se someten al proceso.

Ap. XXIX, R. 3.05.

partes

logren

un

decidir

4 L.P.R.A.

De ello ocurrir y en caso de que las

acuerdo,

el

mismo

será

obligatorio,

pudiendo ser ejecutable entre las partes como cualquier

otro contrato escrito.

4 L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 5.02.

No obstante, cuando es el Tribunal el que refiere el

caso a mediación, como ocurrió en la controversia ante

nuestra consideración, el mediador o mediadora, luego de

dar por terminado el proceso, debe informar el acuerdo

alcanzado

al

Tribunal

conforme

la

regla

5.01.82

L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 7.11.

82

La regla 5.01 del Reglamento establece que:

Regla 5.01. Acuerdos

(a) Todos los acuerdos tomados dentro de un

método alterno para la solución de conflictos

deberán constar por escrito.

4

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

De

otra

tribunales

parte,

para

la

17

potestad

determinar

si

discrecional

referir

un

de

caso

a

los

un

proceso de mediación se canaliza a través del inciso (b)

de la Regla 7.02 el cual establece que “en los casos

pendientes ante el tribunal, éste determinará si un caso

es adecuado para referirlo a mediación.

El tribunal,

además, podrá acoger peticiones de las partes para que

un caso sea referido a mediación”.

4 L.P.R.A. Ap. XXIX

R.

texto

7.02(b).

Al

proponer

el

citado,

el

Secretariado de la Conferencia Judicial comentó en su

informe

que

la

Regla

7.02

destaca

que

“el

tribunal

retendrá siempre la prerrogativa de referir un caso al

proceso de mediación…”.

Judicial,

Medios

Secretariado de la Conferencia

Alternos

de

Resolución

de

Disputas,

(b) Cuando las partes lleguen a un acuerdo o a

una transacción dentro de un método alterno

para la solución de conflictos, o como

resultado del mismo, informarán por escrito de

tal circunstancia al tribunal.

(c) Los términos específicos de los acuerdos

deberán notificarse por escrito al tribunal, a

menos que las partes acuerden lo contrario.

No obstante, cuando el asunto en controversia

esté revestido de un alto interés público, las

partes tendrán que divulgar al tribunal el

contenido del acuerdo o la transacción. En

caso de que el acuerdo o la transacción afecte

el bienestar o los derechos de menores o

incapacitados, se seguirá el tramite dispuesto

por ley.

A base de dicha regla, el escrito del amicus curiae

presentado por los Profesores Nina Estrella y del Valle

Cruz arguye que la práctica que se sigue en las Salas de

Asuntos de Menores es que, una vez se llega a un acuerdo

en el proceso de mediación, las partes, incluyendo a la

Procuradora de Menores, comparecen ante el juez para que

éste apruebe dicho acuerdo. De no aprobarse éste, el

proceso sigue su curso normal según las Reglas de

Procedimiento para Asuntos de Menores.

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

Informe

Final

y

Reglamento,

(Énfasis suplido).

clara

al

18

junio

de

1996,

pág.

88.

En ese mismo tenor, la Regla 7.04 es

establecer

que

“el

tribunal

podrá

referir

cualquier caso que tenga ante su consideración, o parte

del mismo, a mediación, ya sea por iniciativa propia o a

solicitud de alguna de las partes”.

R. 7.04.

(Énfasis suplido).

Ahora

vacío.

4 L.P.R.A. Ap. XXIX

bien,

tal

discreción

no

se

ejerce

en

un

El inciso (c) de la Regla 7.02 establece que al

determinar si referir un caso a mediación, el tribunal

debe utilizar los criterios establecidos por las Reglas

3.01

y

3.02.

importancia

La

para

primera

la

de

éstas

controversia

es

de

ante

particular

nuestra

consideración por lo que conviene citarla en toda su

extensión:

(a) Al seleccionar los casos para ser

referidos

a

métodos

alternos

para

la

solución de conflictos, el tribunal deberá

considerar los factores siguientes:

(1) La naturaleza del caso.

(2) La naturaleza de la relación entre

las partes.

(3) La disposición de las partes para

negociar.

(4) La posibilidad de que la litigación

afecte adversamente la relación.

(5) Los riesgos a la integridad física

de los participantes o del interventor o de

la interventora neutral.

(6) La necesidad de proveer remedios de

emergencia antes del referimiento.

(7)

Los

costos

y

riesgos

de

la

litigación.

4 L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 3.01.

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

19

El primero de los criterios enumerados por la regla

3.01 necesariamente nos refiere, a su vez, a la regla

7.02,

la

cual

enumera

los

referidos a mediación.

expone

que

civiles

y

“serán

los

casos

elegibles

para

ser

En su inciso (a), dicha regla

elegibles

casos

para

criminales

mediación

de

los

casos

naturaleza

menos

grave, que puedan transigirse de acuerdo con las Reglas

de Procedimiento Criminal”. (Énfasis suplido).

de una norma general de elegibilidad.

Se trata

Secretariado de

la Conferencia Judicial, Medios Alternos de Resolución

de Disputas, Informe Final y Reglamento, supra, en la

pág. 89.

La

regla

7.03

complementa

tal

disposición

al

excluir expresamente de los procesos de mediación los

casos

criminales

Reglas

de

que

no

Procedimiento

sean

transigibles

Criminal;

los

bajo

las

casos

que

impliquen una reclamación de derechos civiles o de alto

interés público, excepto cuando medie el consentimiento

explícito de las partes; y aquellos en que una parte no

sea

capaz

de

proteger

durante la negociación.

(c).

efectivamente

sus

intereses

4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 7.03(a)-

La exclusión de estos tipos de casos responde a

que se entiende que los mismos no son apropiados para

ser referidos a mediación ya que “implican unos riesgos

o

conllevan

intervención

unos

del

resultados

tribunal”.

que

requieren

Secretariado

de

la

la

Conferencia Judicial, Medios Alternos de Resolución de

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

20

Disputas, Informe Final y Reglamento, supra, en la pág.

89.

Al

proponer

la

regla

3.01

antes

citada,

el

Secretariado de la Conferencia Judicial añadió que “la

enumeración

que

se

ha

meramente

ilustrativa

abstengan

de

categorías

aquí

y

referir

hecho

no

en

este

comentario

es

impide

que

los

se

casos

mencionadas

jueces

pertenecientes

o

que

refieran

a

las

casos

de

otras categorías que no estén expresamente excluidas por

Secretariado de la Conferencia Judicial,

estas reglas”.

Medios Alternos de Resolución de Disputas, Informe Final

y Reglamento, supra, en la pág. 61.

Es

decir,

que

la

lista

de

(Énfasis suplido).

casos

elegibles

para

participar de un proceso de mediación no es taxativa

sino que reside en la discreción del tribunal referir

controversias

mediación,

ante

su

consideración

siempre

y

cuando

las

a

procesos

mismas

no

de

estén

excluidas expresamente de dicho procedimiento.

V.

A.

Como

establecimos

anteriormente,

mediante

la

Ley

número 19 el legislador dispuso que, en general, tanto

los casos de naturaleza civil como los criminales serían

elegibles

para

participar

solución de conflictos.

de

los

métodos

alternos

de

Este Tribunal, por su parte, en

ejercicio de su poder de reglamentación y dentro de los

parámetros dispuestos por el legislador mediante la Ley

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

21

número 19, estableció los criterios que limitarían la

discreción

de

los

foros

judiciales

al

ejercer

su

prerrogativa de referir los casos a métodos alternos de

solución de conflictos.

Si bien el Reglamento de métodos alternos adoptado

no provee expresamente para el referido de los casos de

menores

a

procesos

de

mediación,

tampoco

Por

contrario,

el

Reglamento

de

el

lo

prohíbe.

métodos

alternos

provee para el referido de casos de naturaleza civil,

categoría a la que pertenecen los casos de asuntos de

menores.

Igualmente, al examinar la regla 7.03 vemos

que ésta no excluye los casos de asuntos de menores de

ser referidos al método alterno de la mediación.

Nada

hay en el historial de la aprobación del reglamento que

apunte a que hubo una intención expresa de dejar fuera

de su aplicación las disputas que involucren a menores.

Ante la ausencia de tal exclusión, la práctica, según lo

consignan

los

mediación

de

datos

oficiales

conflictos,

es

que

de

los

que

se

centros

han

de

referido

numerosos casos de menores a procesos de mediación.

El

informe de datos agregados para el año fiscal 2005-06

evidencia

que

de

los

13,611

casos

atendidos

por

los

centros de mediación durante dicho año, 11,123 fueron

“referidos de la comunidad”.

constar

que

los

“referidos

En dicho reglón se hizo

de

la

comunidad”

referidos del Procurador de Menores.

de

Métodos

Alternos

de

Solución

de

incluían

Véase, Negociado

Conflictos,

Datos

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

22

Agregados de los Centros de Mediación de Conflictos para

el Año Fiscal 2005-06.83

Como hemos apuntado, la regla 7.02 del Reglamento

de

métodos

alternos

elegibilidad

y

determinación

de

“cualquier

siempre

establece

deja

a

discreción

referir

a

caso

que

tenga

el

mismo

no

que

una

un

norma

general

de

del

tribunal

la

proceso

ante

su

pertenezca

de

mediación

consideración”,

a

una

de

las

categorías excluidas en virtud de la regla 7.03.

No

estando los casos de menores expresamente excluidos por

la regla 7.03 del Reglamento de métodos alternos,84 es

preciso

concluir

que

éstos

son

elegibles

para

ser

referidos a un proceso de mediación.

Es menester destacar, no obstante, que el hecho de

que los casos de asuntos de menores sean elegibles para

ser

referidos

necesariamente

a

un

que

proceso

todos

de

los

mediación,

casos

no

sometidos

implica

a

dicha

jurisdicción sean apropiados para ser referidos a ese

método

menores

83

alterno.

al

La

proceso

decisión

de

de

referir

un

caso

mediación

queda

en

la

de

sana

Disponible en

http://www.ramajudicial.pr/NegMed/Centros_Mediacion/datos

/CMC05-06.pdf

84

Nótese que, contrario al Capítulo 7 sobre Mediación,

los casos de menores están expresamente excluidos de los

procesos de arbitraje regulados por el Capítulo 8 del

Reglamento de métodos alternos para la solución de

conflictos. 4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 8.03. Tal exclusión

expresa derrota el argumento de la Procuradora General a

los efectos de que a pesar de ser adoptado una década

después de la vigencia de la Ley de menores, el

Reglamento de métodos alternos de solución de conflictos

no contempló la misma.

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

23

discreción del juez de la Sala de Asuntos de Menores,

guiado por los criterios esbozados en la regla 3.01.

Así,

la

naturaleza

del

caso,

la

naturaleza

de

la

relación entre las partes, la disposición de éstas a

someterse al proceso y los costos y riesgos del proceso

ordinario, entre otros factores enumerados en la regla

3.01, unidos a la capacidad y experiencia en esta área

de

los

jueces

y

juezas

de

las

Salas

de

Asuntos

de

Menores, le permitirán determinar cuáles de éstos casos

son apropiados para ser referidos a la mediación.

El

método

referido

de

casos

alterno

de

la

de

asuntos

mediación,

de

menores

además

de

al

estar

fundamentado en el Reglamento y en la política pública

de este Tribunal, es cónsono con los propósitos de la

Ley de menores en nuestra jurisdicción, particularmente

en cuanto a fomentar la habilitación y rehabilitación

del menor mientras se le exige responsabilidad por sus

actos.

Como

vimos,

dichos

principios

son

los

que

inspiran los procesos de mediación en el contexto de

casos de delincuencia juvenil.

Y es que, sin duda, la

naturaleza del proceso de mediación lo hace idóneo para

la dilucidación de ciertos conflictos en que se vean

involucrados menores, particularmente si se trata de una

primera infracción.

“Cuando, como en la materia, se

tiene claro que la solución informal del conflicto es

mucho más adecuada y la formalizada puede perjudicar el

fin último perseguido, es comprensible y adecuado, […]

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

procur[ar]

habilitar

cauces

24

para

reconducir

lo

antes

posible la cuestión a ámbitos de solución de conflictos

más

informales

que

los

procesales.”

J.

Cuello

Contreras, El nuevo Derecho penal de menores, Cuadernos

Civitas, Madrid, 2000, pág. 90.

B.

A la luz de lo antes expuesto, es forzoso concluir

que erra la mayoría al resolver que el método alterno de

la mediación es inaplicable a los casos de asuntos de

menores.

En primer lugar, el Reglamento sí contempla el

referido de ese tipo de caso a la mediación, pues todos

los

casos

referidos

civiles

son,

a

método

dicho

en

principio,

sujetos

alterno.

Aun

propósitos

de

argumentación,

Reglamento

de

métodos

alternos

expresáramos

no

provee

a

si,

ser

para

que

el

para

el

referido de casos de asuntos de menores a la mediación,

lo que es claramente erróneo, este Tribunal podría así

mandatarlo.

Después

de

todo,

dicho

reglamento

fue

aprobado al amparo del poder general de reglamentación

del

Tribunal

sobre

la

administración

de

la

justicia.

Por lo tanto, si este Tribunal entendiera apropiado el

referido de casos de asuntos de menores al proceso de

mediación, podría así disponerlo, de ser necesario.

Así

pues, no es una cuestión de poder, sino de querer.85

85

Inclusive, el Proyecto del Senado

septiembre de 2009 así lo reconoce:

1108

de

Esta Asamblea Legislativa reconoce que el

Estado debe ofrecer a los menores nuevas

8

de

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

Por

otro

lado,

25

no

hay

duda

mediación

transformativa

que

utiliza

justicia

restaurativa

cumple

a

que

el

modelo

de

como

base

la

con

los

cabalidad

propósitos y objetivos de la Ley de menores.

proceso

actos

el

y

menor

ofensor

adquiere

En dicho

consciencia

de

sus

a

su

víctima

y

se

mismo,

a

través

de

un

eficaz,

tal

como

lo

del

daño

causado

responsabiliza

por

el

procedimiento

justo,

rápido

y

y

establece la Exposición de Motivos de dicha ley.

En la Opinión del Tribunal se hace hincapié en la

alegada

necesidad

rehabilitación

del

del

castigo

menor,

por

para

lo

cumplir

que

el

con

la

proceso

de

mediación, según la mayoría, no cumple los propósitos de

la Ley de menores.

No obstante, dicha visión policíaca

y punitiva de la ley soslaya el hecho de que a través de

la mediación es posible “concientizar [al menor] de la

importancia del acto cometido llevándolo a percatarse de

éste, sus implicaciones, la responsabilidad individual y

comunitaria envuelta”,86 sin necesariamente someterlo a

una

medida

dispositiva

condicional

por

un

término

de

alternativas de tratamiento que propicien la

rehabilitación y subsiguiente adaptación del

menor en la sociedad. Después de todo, como

parte de la discreción judicial sobre la forma

de

adjudicar

un

caso,

muy

bien

podría

determinarse que el mecanismo más acertado y

conveniente es referir el mismo a mediación en

lugar de continuar el trámite tradicional.

(Énfasis suplido)

De esta manera, la Asamblea Legislativa reconoce el

poder que la mayoría se niega a utilizar.

86

Véase Exposición de Motivos, Ley 88 del 9 de julio de

1986.

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

26

hasta cuatro (4) años o de custodia en una institución

juvenil

por

un

término

de

hasta

tres

(3)

años.

No

podemos olvidar que el marco filosófico de la Ley de

menores es el humanismo, por lo que se deben examinar

vías alternas “fuera del órgano judicial para brindar la

atención oportuna” a estos jóvenes.

Véase Exposición de

Motivos, Ley 88 del 9 de julio de 1986.

la

medida

en

que

a

transformativa

el

menor

causado,

que

ha

lo

través

del

proceso

reconoce

sido

Igualmente, en

su

de

falta

demostrado

mediación

y

el

daño

reduce

la

reincidencia de estos transgresores, se cumple con el

fin del Estado en garantizar un orden social y proteger

el bienestar de la comunidad.

Por último, el argumento de la mayoría sobre la

alegada

falta

mediadores

de

adiestramiento

certificados

por

el

en

esta

área

Negociado

de

de

los

métodos

alternos deja de lado que a través del Reglamento de

certificación y educación continua relacionado con los

métodos

alternos

para

la

solución

de

conflictos87

se

establece un esquema detallado de requisitos que debe

cumplir todo aspirante a ser certificado como mediador.

Dicho esquema garantiza que los mediadores certificados

tienen

la

interventor

87

preparación

neutral

en

necesaria

cualquier

para

servir

conflicto

que

como

se

le

Dicho reglamento fue aprobado por el Negociado de

métodos alternos al amparo de la regla 2.02 del

Reglamento

de

métodos

alternos.

Disponible

en

http://www.ramajudicial.pr/NegMed/Recursos/Reglamentos/d

ocs/RegCertificacion_1999.pdf

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

presente,

Además,

incluyendo

no

debe

casos

descartarse

27

de

asuntos

de

la

experiencia

menores.

que

han

adquirido estos profesionales en los más de diez años de

haberse establecido el Reglamento de métodos alternos,

en el transcurso de los cuales, continuamente, se han

referido casos de asuntos de menores a la mediación.

Así surge de los relatos de los Profesores Nina Estrella

y del Valle Cruz a través del escrito de amicus curiae

conjuntamente presentado, e igualmente del texto de la

Dra.

Mildred

Enid

Negrón

Martínez,

citado

anteriormente.88

Así

pues,

establecida

la

aplicabilidad

de

los

procesos de mediación a los casos de asuntos de menores,

nos resta examinar los hechos del presente caso para

auscultar si erró el Tribunal de Apelaciones al revocar

la determinación del Tribunal de Primera Instancia de

referir el presente caso a un proceso de mediación.

88

El escrito del amicus curiae destaca que durante el

período en el cual el Profesor Nina Estrella dirigió la

Unidad de Mediación y Arbitraje de la Facultad de

Derecho Eugenio María de Hostos, entre el año 2004 al

2007, atendió cerca de 300 casos a través del proceso de

mediación, de los cuales alrededor del 40% se trataba de

casos de asuntos de menores. Específicamente, entre el

año 2006 y 2007, indica que cerca del 50% de dichos

casos eran referidos por la Oficina de la Procuradora de

Menores de Mayagüez.

Por otro lado, la Dra. Negrón

Martínez asegura que su experiencia ha sido que los

Centros de Mediación en el país “cubren un amplio

espectro

de

controversias

de

familia,

comunales,

comerciales, escolares, así como asuntos criminales

menos graves y casos de menores involucrados en

controversias que están bajo la jurisdicción de la Sala

de Menores del Tribunal de Primera Instancia”.

Negrón

Martínez y otros, Un Modelo Puertorriqueño de Mediación

de Conflictos, op. cit., pág. 20. (Énfasis suplido).

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

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C.

este

Como

adelantáramos

en

la

relación

caso

se

presentaron

en

interés

de

de

hechos,

los

en

menores

C.L.R. y A.V.L. sendas quejas en las que se les imputó

haber infringido el artículo 198 del Código Penal.

De

un

del

análisis

Reglamento

de

de

los

criterios

métodos

alternos

de

la

surge

regla

3.01

que

presente

el

caso, además de elegible, es también apropiado para ser

referido a un proceso de mediación.

Primeramente,

los

menores

involucrados

y

sus

padres, incluyendo los padres de la víctima, expresaron

ante el Tribunal de Primera Instancia su conformidad con

el referido del caso al proceso de mediación.

Así,

tanto la víctima como el ofensor deseaban solucionar su

conflicto a través del proceso de la mediación.

cuanto

a

la

naturaleza

del

caso,89

es

preciso

En

tener

presente que lo que se imputa a los menores recurrentes

es

la

apropiación

de

siete

dólares

pertenecientes a una compañera de estudio.

89

($7.00)

Se trata de

La Procuradora General arguye, haciéndose eco de lo

resuelto por el Tribunal de Apelaciones, que por este

caso tratarse de la imputación de una falta Clase III,

la mediación no está disponible, pues ese tipo de falta

no es susceptible de enviarse a un procedimiento de

desvío.

Dicha postura soslaya el hecho de que el

procedimiento de desvío al amparo de la Ley de menores y

el proceso de mediación dispuesto por el Reglamento de

métodos alternos son de distinta naturaleza y se

encuentran regulados por estatutos independientes.

La

clase de falta imputada es un factor más que se debe

sopesar al momento de referir un caso al proceso de

mediación, sin que una clasificación específica impida,

por sí sola, la dilucidación del caso a través de dicho

método alterno.

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un conflicto nacido en el contexto escolar, en el cual

los

menores

seguirán

interrelacionándose

aún

posterioridad a la resolución del presente caso.

con

Aunque

la conducta imputada a los recurrentes es constitutiva

de

falta,

en

el

balance

de

intereses

es

preferible

brindar a éstos una oportunidad de reconocer lo errado

de su proceder y asumir la responsabilidad por sus actos

a través del proceso de la mediación, sin someterlos a

un procedimiento estigmatizador y de naturaleza punitiva

como pudiese resultar el procedimiento ordinario.

Ante estos hechos y siendo la presente la primera

vez que C.L.R. y A.V.L. se exponen a un procedimiento

ante el Tribunal de Menores, es preciso concluir que las

circunstancias

brinde

la

del

presente

oportunidad

de

través de la mediación.

caso

ameritan

solucionar

este

que

se

les

conflicto

a

Nuestro sentido de justicia nos

debería compeler a particularizar la controversia ante

nuestra consideración y a sopesar que, a pesar de lo

reprochable de la conducta imputada a C.L.R. y A.V.L.,

la misma no merece exponerlos de primera intención a la

imposición de una medida dispositiva condicional o de

custodia al amparo de las disposiciones de la Ley de

menores.

Si el proceso de mediación se ve interrumpido

o no culmina satisfactoriamente, el caso revertiría al

foro

judicial

ordinario.

acuerdo

para

En

la

todo

alcanzado,

continuación

caso,

el

velando

por

del

procedimiento

Tribunal

examinará

el

que

adelante

los

éste

CC-2009-313 cons. CC-2009-317

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intereses públicos implicados del bienestar del menor y

la seguridad pública.

En conclusión, soy del criterio que analizadas las

circunstancias

del

presente

caso

a

la

luz

de

los

criterios de la regla 3.01 del Reglamento de métodos

alternos,

no

abusó

de

su

discreción

el

Tribunal

de

Primera Instancia al referirlo al proceso de mediación.

Erró

el

proceder.

Tribunal

de

Apelaciones

al

revocar

dicho

En consecuencia, revocaría la determinación

del Tribunal de Apelaciones recurrida, y devolvería el

presente caso para la continuación de los procedimientos

de conformidad con lo aquí expuesto.

Por no ser ese el

curso seguido por la mayoría, respetuosamente disiento

del dictamen emitido.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada