Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo en interés de los menores C.L.R. y A.V.L.
2010 TSPR 20
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo en interés de los menores C.L.R. y A.V.L.
CC-2009-313 CC-2009-317
Procedimientos contra Menores- Inaplicabilidad del proceso de mediación en los casos bajo la Ley de Menores de 1986
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
En interés del menor C.L.R.
Certiorari
Peticionaria
______________________________
El Pueblo de Puerto Rico
2010 TSPR 20
178 DPR ____
Recurrido
En interés del menor A.V.L.
Peticionario
Número del Caso: CC-2009-313
CC-2009-317
Fecha: 17 de febrero de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Aguadilla, Panel IX
Juez Ponente:
Hon. Carlos Rivera Martínez
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcda. Eileen N. Díaz Ortiz
Lcdo. Rafael Juarbe Pagán
Lcda. Marisela Pérez Reisler
Oficina del Procurador General:
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón
Subprocuradora General
Abogados de Amicus Curiae:
Lcdo. Carlos del Valle Cruz
Lcdo. Francis Daniel Nina Estrella
Materia: Mediación en Caso de Menores
Este documento constituye un documento oficial del
Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del pr
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
En interés del menor C.L.R.
CC-2009-313
Peticionario
consolidados
Certiorari
__________________________
El Pueblo de Puerto Rico
CC-2009-317
Recurrido
En interés del menor A.V.L.
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2010.
“El Sistema de Justicia Juvenil tiene ciertas
ventajas en comparación con el Sistema Criminal
de adultos, que permite una mayor efectividad en
la intervención con el individuo. El primero
tiene
todo
un
andamiaje
creado
por
ley,
encaminado
a
fortalecer
los
procesos
de
seguimiento
de
las
medidas
condicionales
(probatorias) o desvío para el logro de la
rehabilitación.”1
El
presente
caso
nos
brinda
la
oportunidad
de
analizar por primera vez la aplicabilidad del Reglamento
de métodos alternos para la solución de conflictos de
este Tribunal en los casos iniciados al amparo de la Ley
de
Menores,
Ley
Núm.
88
del
9
de
julio
de
1986,
34
L.P.R.A. secs. 2201-2238.
1
L. Pérez Pérez, Protegiéndolos de la droga y la
San Juan, Ed. Situm, 2009, pág. 7. (Énfasis suplido.)
delincuencia,
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
2
I
El 2 de diciembre de 2008 se presentaron quejas en
interés de los menores C.L.R. y A.V.L. quienes para esa
fecha contaban con 14 y 13 años de edad respectivamente.
La falta imputada a cada uno de los menores consistió en
la infracción del artículo 198 del Código Penal de Puerto
Rico (Robo). Particularmente, en las quejas se alegaba
que
los
menores
C.L.R.
y
A.V.L.,
actuando
en
común
acuerdo y mediando fuerza e intimidación, le arrebataron
un bulto a la también menor de edad D.M.H., de donde
sacaron
su
cartera
y
se
apropiaron
de
siete
dólares
($7.00), sustrayéndolos de su inmediata presencia y en
contra de su voluntad. Esto, luego que, alegadamente, le
pidieran
cincuenta
centavos
($0.50)
para
comprar
cigarrillos y ésta no se los dio, ya que el dinero era
producto
de
una
venta
de
chocolates
de
la
clase
de
economía doméstica.
Durante la celebración de la vista de causa probable
para
presentar
las
querellas,
celebrada
el
16
de
diciembre de 2008, los abogados de defensa de los menores
solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que el caso
fuera referido a un proceso de mediación. El Procurador
de Menores se opuso a dicha solicitud argumentando que la
falta imputada a los menores (robo) no cualificaba para
un proceso de mediación, ya que ésta corresponde a un
delito de naturaleza grave.
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
3
Luego de considerar los argumentos de ambas partes,
el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución
mediante la cual ordenó a las partes comparecer ante la
Oficina de Mediación de Mayagüez. En su resolución, el
foro
primario
determinación
Mediación,
expresó
luego
de
examinar
la
que
había
consultar
posición
con
de
efectuado
su
la
de
los
Oficina
padres
de
los
menores y al considerar que era el primer proceso ante el
Tribunal de Menores al cual se exponían ambos menores. A
su vez, dicho foro citó en apoyo a su determinación el
artículo 7.04 del Reglamento de métodos alternos para la
solución
de
conflictos,
y
expresó
que
su
decisión
respondía al interés de los menores y de la justicia. En
vista de lo anterior el foro primario ordenó a las partes
acudir a mediación el 8 de abril de 2009.
Inconforme, el Procurador de Menores presentó una
oportuna moción de reconsideración. Alegó que la falta
imputada
a
los
menores
era
una
de
naturaleza
grave,
clasificada Clase III por la Ley de Menores, la cual ni
tan siquiera cualificaba para un programa de desvío o
medida
dispositiva
nominal.
En
vista
de
lo
anterior,
sostuvo que referir el caso al proceso de mediación no
cumpliría
con
el
propósito
del
Reglamento
de
métodos
alternos para la solución de conflictos ni con el fin de
la Ley de Menores de proveer tratamiento y supervisión al
menor a través de una medida de libertad condicional o
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
custodia.
El
Tribunal
de
4
Primera
Instancia
denegó
la
moción de reconsideración.
Así
pues,
la
Procuradora
General
de
Puerto
Rico
presentó un Recurso de certiorari ante el Tribunal de
Apelaciones. Dicho foro apelativo revocó la determinación
del Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que según las
disposiciones de la Ley de Menores, por ser la falta
imputada a los menores C.L.R. y A.V.L. una de Clase III,
éstos
no
podrían
desvío.
Por
devolvió
el
ser
referidos
consiguiente,
caso
al
el
a
un
procedimiento
Tribunal
foro
de
de
de
Apelaciones
instancia
para
la
continuación de los procedimientos.
Inconformes
presentaron
este
este
oportunamente
Tribunal
Tribunal
con
para
de
que
resultado,
C.L.R.
Recursos
certiorari
de
revocásemos
Apelaciones.
la
Además,
y
A.V.L.
ante
sentencia
del
solicitaron
la
paralización de los procedimientos a nivel de instancia
mediante
sus
jurisdicción.
respectivas
El
21
de
mociones
abril
de
de
auxilio
de
2009
emitimos
dos
resoluciones mediante las cuales denegamos la expedición
de
cada
oportuna
menor
uno
de
moción
C.L.R.,
los
de
el
recursos.
Sin
reconsideración
8
de
mayo
de
embargo,
ante
una
por
el
ordenamos
la
presentada
2009
paralización de los procedimientos y le concedimos a la
Procuradora General un término de quince (15) días para
que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el
auto
y
revocar
la
determinación
del
Tribunal
de
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
5
Apelaciones. El 11 de mayo de 2009, adoptamos el mismo
curso
de
acción
en
relación
con
la
moción
de
reconsideración presentada por el menor A.V.L. Además,
ordenamos la consolidación de los casos.
El
26
de
mayo
de
2009,
la
Procuradora
General
compareció mediante su escrito en cumplimiento de nuestra
orden de mostrar causa. Posteriormente, el 29 de mayo de
2009,
autorizamos
la
intervención
de
los
profesores
Carlos Del Valle Cruz y Francis Daniel Nina Estrella como
amigos de la corte. Así pues, habiendo éstos comparecido
mediante escrito, concedimos un término a la Procuradora
General, según solicitado, para expresar su posición en
relación con el mismo.
Contando con la comparecencia de las partes según
expuesta en sus respectivos escritos, estamos en posición
de resolver.
II
Naturaleza y Objetivos de la Ley de Menores
La
Ley
de
Menores,
supra,
reglamenta
los
procedimientos investigativos, judiciales y ejecutivos en
los
casos
de
menores
que
incurren
en
constitutiva
de
delito,
según
tipificada
en
conducta
el
Código
Penal o en las leyes especiales. Como toda ley especial,
“sus
disposiciones
aplicarán
con
preferencia
a
otras
leyes, y en caso de conflicto prevalecerán los principios
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
6
especiales” que ésta enmarca.2 Esta ley derogó la anterior
Ley de Menores del 1955 introduciendo un cambio en el
enfoque filosófico, de uno penal, a uno de fines duales,
esto es, rehabilitación y protección de la sociedad; y a
la vez que le garantiza derechos a los menores, le exige
responsabilidad penal por sus actos delictivos.3
La filosofía, así como los propósitos de la actual
Ley
de
Menores,
supra,
se
explican
en
detalle
en
su
Exposición de Motivos:
[E]sta
ley
adopta
como
marco
filosófico del Sistema de Justicia
Juvenil, el humanismo dentro de un
enfoque
ecléctico
de
acción
e
intervención, donde se compatibilicen
la propuesta rehabilitadora y el poder
y responsabilidad posible inherente al
Estado de brindarle toda oportunidad
rehabilitativa, así como exigirle al
menor un quantum de responsabilidad
para dirigir sus actos y responder por
éstos. (Énfasis nuestro).
Además, al final de esta Exposición de Motivos se
señala lo siguiente:
Toda ayuda al menor, que propenda
a
su
rehabilitación,
debe
concientizarlo de la importancia del
acto cometido llevándolo a percatarse
de
éste,
sus
implicaciones,
la
responsabilidad
individual
y
comunitaria envuelta, donde se propicie
a su vez respeto a la ley existente. El
tratamiento habilitador o rehabilitador
que se le preste debe cristalizar
mediante
objetivos
y
actividades
2
Véanse, el artículo 1 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34
L.P.R.A. sec. 2201 y los artículos 11 y 12 (a) del Código Penal de
Puerto Rico, 33 L.P.R.A. secs. 4639-4640.
3
D. Nevares Muñiz, Derecho de Menores, 6ta. ed., San Juan, Instituto
para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2009, pág. 4.
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
7
tangibles que han de ser alcanzados por
el esfuerzo genuino de las autoridades
que
tienen
a
cargo
su
diseño
y
ejecución. (Énfasis nuestro).
El artículo 2 de la Ley de Menores, supra, expone
los tres propósitos que ésta persigue, los cuales “deben
orientar en el análisis e interpretación de la misma, por
cuanto constituyen la expresión auténtica del legislador
de los objetivos de la ley.”4 Entre estos propósitos se
encuentra el de “proteger el interés público tratando a
los
menores
cuidado
y
como
personas
tratamiento,
necesitadas
a
la
actos”.5
responsabilidad
por
sus
propósito,
Dra.
Nevares
la
vez
de
que
supervisión,
se
le
exige
Con
relación
a
nos
comenta
que
Muñiz
este
el
objetivo es “protege[r] el interés de la comunidad al
reconocer
que
supervisión
y
responsabilidad
al
menor
delincuente
tratamiento,
pero
por
si
sus
actos
debe
proveérsele
también
éstos
exigirle
infringen
las
leyes penales”.6
Los procedimientos de menores han adquirido “matices
de
naturaleza
meramente
4
punitiva
rehabilitador
que
y
van
más
allá
paternalista
de
del
enfoque
la
[ley
de
Nevares Muñiz, op. cit., pág. 5.
5
Art. 2 de la Ley de Menores, supra, 34 L.P.R.A. Sec. 2202 (Énfasis
suplido).
6
Nevares Muñiz, op. cit., pág. 6
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
1955]”.7
La
Ley
de
Menores
8
actual
adoptó
“un
enfoque
ecléctico de acción e intervención en el cual se armoniza
la
responsabilidad
de
parens
patriae
del
Estado,
en
cuanto a la rehabilitación de los ofensores, con el deber
de
éstos
castigo
de
es
responder
de
por
sus
transcendental
actos”.8
Además,
importancia
en
“[e]l
nuestro
Sistema de Justicia Juvenil. La ley de menores de Puerto
Rico, parece reconocer que sin castigo no puede haber un
proceso
de
rehabilitación
efectivo”.9
Por
castigo,
nos
referimos a ese quantum de responsabilidad que la Ley de
Menores, supra, impone a cada menor.
La evasión de responsabilidad de
los ofensores juveniles sobre su vida,
sus actos, y las personas con quienes
conviven ha sido en muchos casos la
razón para haber incurrido en conducta
delictiva o antisocial. Por eso la
firmeza con que se impone el castigo es
de suma trascendencia, pues éste tiene
que percibir en el sistema autoridad y
constancia en sus determinaciones. La
falta
de
firmeza
del
juez,
el
trabajador social o el encargado de la
supervisión
del
castigo,
sería
detrimental
en
su
proceso
de
rehabilitación.10
Por otra parte y aunque hemos sido consistentes en
señalar
los
“matices
de
naturaleza
punitiva”
y
no
7
Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990, 997
(1992); Pueblo v. Ríos Dávila, 143 D.P.R. 687, 699 (1997); Pueblo en
interés G.R.S., 149 D.P.R. 1, 12 (1999).
8
Pueblo en interés menor G.R.S., supra, pág. 11; Pueblo en interés
menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989) (Énfasis suplido).
9
L. Pérez, op cit. pág. 21.
10
Íd., pág. 22.
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
9
“paternalista” de la actual Ley de Menores, también hemos
sido consistentes al puntualizar que los procedimientos
al amparo de esta Ley no son de naturaleza criminal.11 De
hecho,
y
propio
a
tenor
con
artículo
los
propósitos
37(a)
de
esta
especifica
Ley,
que
su
“[l]os
procedimientos y las órdenes o resoluciones del juez bajo
esta ley no se considerarán de naturaleza criminal”.12
La naturaleza del proceso en asuntos de menores es
distinta a la naturaleza del proceso en la esfera penal,
parecidos. La naturaleza
aunque sus procedimientos sean
del proceso penal es una punitiva, esto es, va dirigida
principalmente a que el convicto pague su deuda con la
sociedad.
La
Dra.
Nevares
Muñiz
define
el
Derecho
Procesal
Penal
como
“aquella
área
del
derecho
público
constituida por el conjunto de disposiciones estatutarias
y decisiones jurisprudenciales, cuyo propósito es regular
el
proceso
enjuicia
y
delito”.13
señala
de
mediante
penaliza
Con
el
cual
el
a
la
persona
relación
a
esto,
igual
forma
que
el
la
Estado
identifica,
que
cometido
ha
un
Dra.
Ortega
Vélez
Derecho
Penal
“[s]e
caracteriza por prever las sanciones como forma de evitar
11
Pueblo en interés menor A.L.G.V., res. el 8 de mayo de 2007, 2007
T.S.P.R. 85, 170 D.P.R. __; Pueblo v. Suárez, 167 D.P.R. 850, 857
(2006); Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., supra, pág. 996;
Pueblo en interés menor G.R.S., supra, pág. 10; Pueblo en interés
menor N.O.R., 136 D.P.R. 949, 955 (1994) (Énfasis suplido).
12
Art. 37(a) de la Ley de Menores, supra, 34 L.P.R.A. sec. 2237
(Énfasis suplido).
13
D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño,
6ta ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc.,
2001, pág. 1.
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
10
los comportamientos que el Derecho juzga especialmente
peligrosos –delitos-. Así, el ordenamiento reacciona ante
la violación generando un mal al infractor como pago a su
comportamiento ilícito”.14
En cambio, y como ya señalamos, la naturaleza del
proceso en los asuntos de menores es uno dirigido en
primer lugar a la rehabilitación, tratando a los menores
“como
personas
necesitadas
de
supervisión,
cuidado
y
tratamiento”, a la vez que se les exige “un quantum [una
porción]
de
responsabilidad
responder
por
ellos”.15
En
para
los
dirigir
procesos
sus
de
actos
y
asuntos
de
menores nos encontramos ante “un procedimiento especial
donde
los
denomina
delitos
vista
se
denominan
adjudicativa
y
faltas,
la
el
juicio
sentencia,
se
medida
dispositiva”.16 Un proceso especial en el cual el menor
transgresor
(el
término
sustituye
“transgresor”
al
término “convicto” de la esfera penal),17 tiene derecho a
recibir tratamiento individualizado que propenda a sus
necesidades
especial
en
y
eventual
donde
el
rehabilitación.18
menor
no
puede
Un
ser
proceso
detenido,
14
R.E. Ortega Vélez, Código Penal de Puerto Rico (2004), 1ra. ed.,
San Juan, Ediciones Chrisely, 2007, pág. 5 (Énfasis nuestro).
15
Exposición de Motivos de la Ley de Menores, supra.
16
Pueblo v. Vargas, 120 D.P.R.404, 412 (1998); Pueblo v. Ríos Dávila,
supra; Pueblo en interés menor J.M.R. 147 D.P.R. 65, 72 (1998).
17
18
34 L.P.R.A. sec. 2203(t).
34 L.P.R.A. sec. 2235(b); 2237(a); véase además, Art. II, Sec. 15,
Constitución E.L.A., L.P.R.A., Tomo I.
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
11
transportado o recluido en instituciones para adultos.19
Un proceso especial en el cual todos los asuntos son
confidenciales, por lo que el público en general no tiene
acceso,
a
menos
que
los
padres,
encargados
o
el
representante legal del menor consientan que el asunto se
ventile públicamente.20 Un proceso especial en el que no
se admite la renuncia por parte de un menor a cualquiera
de los derechos constitucionales que lo cobijan, si no
están presentes sus padres o encargados.21
Además,
historial
del
la
Ley
de
menor
ante
Menores
el
dispone
Tribunal
no
“[q]ue
el
constituirá
impedimento para cualquier solicitud de empleo, puesto o
19
Íd.
20
34 L.P.R.A. sec. 2208; 34 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 13.9. En Pueblo en
interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990, 997 (1993),
claramente nos expresamos al respecto al señalar que:
Por
ser
éste
un
procedimiento
especial,
el
legislador optó por ampararlo bajo el manto de la
confidencialidad, de manera que se evite al máximo
cualquier daño al menor transgresor por el estigma que
acarrea la imputación de un acto delictivo, conforme a la
filosofía proteccionista que permea dicha Ley. Esta
corriente de pensamiento sostiene que la identificación
del menor transgresor ante la sociedad evita que dicha
persona
logre
su
rehabilitación
y
su
saludable
integración a la libre comunidad. Una vez se detecta la
conducta criminal en un menor, a temprana edad, es
posible moldearlo a tiempo y propiciar su desarrollo en
un ciudadano cumplidor de las leyes. De ahí que nuestra
legislación, en materia de menores, busque protegerlos
del escrutinio público y así disminuir el daño que esto
pueda causar en su autoestima. De la misma forma esto
abona a su reingreso a la sociedad y a su núcleo
familiar. (Énfasis suprimido y citas omitidas.)
Así pues, bajo la Ley de Menores vigente el Estado ha buscado
reducir al mínimo el estigma popular que conlleva todo acto
delictivo. Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., supra,
pág. 998.
21
34 L.P.R.A. sec. 2211.
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
12
cargo en el servicio público.”22 Incluso, el certificado
de antecedentes penales que emite la policía no provee
información respecto a faltas cometidas por un menor. Por
ser un proceso especial y distinto al penal, cualquier
referencia a una sentencia impuesta a un menor por la
comisión de una falta, es nula y debe eliminarse del
récord penal.23 Tampoco puede presentarse contra un menor
en
un
tribunal
procedimiento
contra
ese
de
civil
menor
o
en
jurisdicción
ordinaria
–en
penal-
evidencia
presentada
una
la
vista
adjudicativa
otro
ante
el
Tribunal de Menores.24
Por ser un proceso diferente al penal, la Ley de
Menores requiere que todo expediente de un menor en poder
de la policía tiene que ser destruido al cumplir éste los
dieciocho (18) años de edad, ni podrán considerarse las
faltas cometidas por éste a los fines de imputarle como
adulto
una
sentencia
en
expedientes
grado
de
judiciales
reincidencia.25
pueden
Ni
siquiera
los
archivarse
juntos,
pues el artículo 37(d) de la Ley de Menores
señala que “los expedientes en los casos de menores se
mantendrán
separados
de
los
de
adultos”,
confidenciales.26
22
34 L.P.R.A. sec. 2237(a).
23
Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286 (1975).
24
34 L.P.R.A. sec. 2209.
25
34 L.P.R.A. sec. 2237(e) y 33 L.P.R.A. Sec. 4710(d).
26
34 L.P.R.A. sec. 2237(d).
y
serán
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
Por
último,
pero
13
extremadamente
pertinente
a
la
controversia que nos ocupa, el artículo 38 de la Ley de
Menores27 establece que las disposiciones de esa Ley se
regirán, no por las Reglas de Procedimiento Criminal –que
pertenecen y fueron redactadas para el proceso penal-,
sino por las Reglas de Procedimientos para Asuntos de
Menores
(Reglas).
específicamente
Tribunal
Supremo
armonía
con
lo
para
y
Éstas
reglas
fueron
redactadas
este
proceso,
adoptadas
por
aprobadas
anterior
las
por
la
propias
este
Legislatura.28
Reglas
En
establecen
que:
...regirán
todos
los
procedimientos que se inicien a partir
de la vigencia de la Ley Núm. 88 de 9
de julio de 1986, denominada "Ley de
Menores de Puerto Rico", incluyendo
aquellas que estén pendientes a la
fecha de vigencia de estas reglas
siempre que su aplicación no perjudique
derechos sustantivos. Se interpretaran
de acuerdo a los propósitos que inspira
la Ley de Menores, secs. 2201 et seq.
de
este
título,
y
de
modo
que
garanticen una solución justa, rápida y
económica de todos los asuntos.29
De todo lo anterior, podemos colegir en primer lugar
que nuestra Ley de Menores se encuentra predicada en una
filosofía que exige responsabilidad al menor por la falta
cometida, mientras expresamente distingue el proceso de
27
34 L.P.R.A. sec. 2238.
28
Las Reglas para Asuntos de Menores fueron aprobadas por este
Tribunal Supremo el 31 de diciembre de 1986 y remitidas a la Asamblea
Legislativa, la cual le hizo varias enmiendas siendo aprobadas
finalmente mediante la Ley Núm. 33 de 19 de junio de 1987.
29
34 L.P.R.A. Ap. I-A, Regla 1.2.
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
uno
principalmente
punitivo.
14
En
segundo
lugar,
es
evidente que la naturaleza del proceso para menores es
distinta a la del proceso penal. Como en otras ocasiones
hemos expresado, los procedimientos de menores gozan de
una naturaleza sui generis, por lo que los mismos no
constituyen propiamente causas criminales.30
Es por eso que un adulto en un proceso penal
recibir
una
condena
que
lo
mantenga
en
puede
prisión
prácticamente el resto de su vida, mientras que un menor
en
un
proceso
de
menores
sólo
extinguirá
su
medida
dispositiva (“su sentencia”), como mucho, hasta los 21
años de edad.31 Tal diferencia es producto de la filosofía
o
la
naturaleza
que
entraña
cada
proceso:
el
adulto,
hablando filosóficamente, tiene que pagar su deuda con la
sociedad –proceso penal-32, mientras que al menor se le
provee
la
oportunidad
de
rehabilitarse
y
“comenzar
de
nuevo” al cumplir su mayoría de edad. De hecho, la medida
dispositiva de un joven incurso puede cesar (“extinguió
su sentencia”), en el momento mismo en que se prueba su
rehabilitación, sin importar la gravedad de la falta (“el
delito”)
que
hubiese
cometido,
ni
el
tiempo
que
le
30
Pueblo en interés menor F.R.F, 133 D.P.R. 172 (1993); Pueblo en
interés menores A.L.R.G. y F.R.G., supra, págs. 996-997.
31
32
Art. 28 de la Ley de Menores, supra, 34 L.P.R.A. sec. 2228.
Esto no implica que no se debe atender el mandato constitucional
que establece, como política pública del Estado, el que a la persona
que es juzgada y convicta como adulto, se le provea el tratamiento
adecuado para hacer posible su rehabilitación moral y social. Véase,
Art. VI, Sec. 19. Const. E.L.A., Tomo 1.
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
15
restara por cumplir.33 Esa alternativa no está de ninguna
manera disponible para un adulto.
De igual forma, la figura de la víctima es tratada
de manera distinta en ambos procesos. En el proceso penal
la
víctima
puede
sobreseimiento
persona
total
acusada.34
En
ser
resarcida
a
costa
de
un
de
los
cargos
en
contra
de
la
en
proceso
contra
un
cambio,
el
menor tal resarcimiento de la víctima no podría darse a
expensas
de
que
el
menor
se
le
prive
de
recibir
supervisión, cuidado y tratamiento -por las autoridades
que
tienen
a
cargo
su
diseño
y
ejecución-,
pues
tal
privación iría en contra de los propósitos expresos de la
Ley de Menores.35
III
A.
Naturaleza y propósito del proceso de
mediación en Puerto Rico
La doctora Mildred E. Negrón Martínez expresa que,
“[h]istóricamente, las sociedades han ensayado y utilizado
diferentes medios para atender los conflictos, bien para
resolverlos, evitarlos o reprimirlos”.36 Por consiguiente,
[e]l interés que la mediación y otros
métodos
de
resolución
de
conflictos
han
despertado durante los últimos años en los
33
Art. 28 de la Ley de Menores, supra, 34 L.P.R.A. sec. 2228.
34
Regla 246 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 246.
35
Art. 2 de la Ley de Menores, supra; Véase además, la exposición de
motivos de dicha ley.
36
M.E. Negrón Martínez y otros, Un Modelos Puertorriqueño de
Mediación de Conflictos, 1era ed., San Juan, Lexis-Nexis de Puerto
Rico, 2001, pág. 1.
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
16
países
occidentales,
particularmente
en
aquéllos del continente americano, tiene su
origen
en
diversos
factores.(…)
La
efervescencia política de las décadas de 1960 y
1970 en los Estados Unidos sirvió de marco
social a un sinnúmero de conflictos sociales
que propiciaron un replanteamiento sobre las
formas de enfrentar y resolver conflictos.
Asimismo,
las
críticas
crecientes
a
los
sistemas
judiciales
destacaban
la
inaccesibilidad de los tribunales para varios
sectores de la población civil…37
Es
en
métodos
este
alternos
contexto
de
que
resolución
surge
de
la
opción
conflictos
de
los
como
una
alternativa a la formalidad, el costo y la lentitud de
los procedimientos legales tradicionales.
En Puerto Rico, desde la década de 1970, la Rama
Judicial ha venido implantando diversos mecanismos con el
objetivo
de
remediar
algunas
dificultades
relacionadas
con el volumen y la administración de casos.38 En el año
1980,
el
Notarial
Secretariado
de
propuso
implantación
la
la
Conferencia
de
Judicial
y
alternativas
adicionales al sistema adversativo puertorriqueño, entre
las cuales incluyó la creación de programas adscritos al
sistema judicial y regulados por el Tribunal Supremo, que
permitieran la solución de conflictos entre ciudadanos,
entre
los
cuales
se
encontraba
la
mediación.39
Esta
sugerencia estuvo fundamentada en los hallazgos de una
37
Íd., págs. 2-3
38
Íd., pág. 16.
39
Íd., págs. 16-17; Véase además, Informe del Secretariado de la
Conferencia Judicial de Puerto Rico sobre métodos alternos para la
solución de disputas, octubre de 1980.
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
17
investigación realizada por el propio Secretariado de la
Conferencia
Judicial
que
mostraba
una
tendencia
de
aumento en la litigación de casos, a la vez de un atraso
en el manejo de algunos casos en los tribunales.40 De
manera que la idea de incorporar a nuestro ordenamiento
los métodos alternos para la solución de conflictos está
estrechamente
ligada
calendarios
los
de
al
problema
tribunales
de
de
la
primera
congestión
de
instancia
y,
consecuencia de esto, la intención o empeño de aligerar
la resolución de los casos pendientes ante dichos foros.41
B.
Como
Génesis y objetivos de la Ley Núm. 19
de 22 de septiembre de 1983
secuela
de
la
necesidad
de
aligerar
la
resolución de casos en nuestros tribunales, en el año
1980 el Secretariado de la Conferencia Judicial recomendó
la
aprobación
de
legislación
que
estableciera
ciertas
bases conceptuales y asignara fondos a la Rama Judicial
para la implantación de métodos alternos para la solución
de disputas. Así, en el año 1983, la legislatura aprueba
la Ley Núm. 19 de 22 de septiembre.42 Con la aprobación de
esta Ley la Asamblea Legislativa reconoció la importancia
y
40
utilidad
que
los
métodos
alternos
de
solución
de
Íd.
41
J. Trías Monge, “El Estado de la Judicatura, 1979-80”, en Sociedad,
Derecho y Justicia, 1era ed., San Juan, Ed. U.P.R., 1986, pág. 178.
42
4 L.P.R.A. sec. 532-532e.
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
18
conflictos representan para los esfuerzos por reducir la
carga de trabajo de los distintos componentes del sistema
de justicia puertorriqueño y convalidó las iniciativas de
la
Rama
Judicial
en
dirección.43
esa
La
Asamblea
Legislativa además instruyó a este Tribunal a adoptar las
reglas necesarias para la operación de los programas que
servirían
como
centros
bien,
con
informales
de
resolución
de
disputas.44
Ahora
casos
que
podrían
relación
ser
a
la
naturaleza
referidos
a
los
de
centros
los
cuyas
creación se autorizaba, el artículo 4 de la Ley Núm. 19,
supra, es meridianamente claro: “los centros o programas
que se establezcan proveerán para la pronta resolución de
determinados asuntos de naturaleza civil o criminal de
manera
informal,
sencilla
y
sin
la
autorización
de
procedimientos adversativos”.45
En cumplimiento con el mandato promulgado por la Ley
Núm. 19, supra, este Tribunal aprobó el Reglamento de
métodos
alternos
(Reglamento)46.
para
Este
la
solución
Reglamento
declara
de
como
conflictos
política
43
Exposición de Motivos, Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983,
1983 Leyes de Puerto Rico 422-423.
44
4 L.P.R.A. sec. 532-532ª
45
4 L.P.R.A. 532c
46
Este reglamento fue aprobado mediante resolución del 25 de junio de
1998, y enmendado posteriormente mediante resolución del 4 de marzo
de 2005. Véase, In re Aprobación del Reglamento de Métodos Alternos
para la Solución de Conflictos, 1998 T.S.P.R. 79; In re Enmiendas al
Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, 164
D.P.R. 45 (2005).
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
19
pública de la Rama Judicial “fomentar la utilización de
mecanismos
complementarios
al
sistema
adjudicativo
tradicional con el fin de impartir justicia en una forma
más eficiente, rápida y económica”.47
En
el
Reglamento
contexto
define
de
la
lo
que
mediación
nos
es
como
pertinente,
un
“proceso
el
de
intervención, no adjudicativo, en el cual un [interventor
neutral] ayuda a las personas en conflicto a lograr un
acuerdo que les resulte mutuamente aceptable”.48 Además,
la
Regla
propósito
7.01
añade
promover
la
que
“la
mediación
participación
de
tiene
personas
como
en
la
solución de sus conflictos y que las partes involucradas
asuman
responsabilidad
en
el
cumplimiento
de
los
acuerdos”.49
Por último, la Regla 7.02 del Reglamento50 establece
cuáles casos son elegibles para este mecanismo alterno,
señalando que “[s]erán elegibles para mediación los casos
civiles y los casos criminales de naturaleza menos grave,
que
puedan
transigirse
de
acuerdo
con
las
Reglas
de
Procedimiento Criminal.
En conclusión, la naturaleza de la Ley Núm. 19 de 22
de septiembre de 1983, supra, así como del Reglamento de
métodos alternos para la solución de conflictos de este
47
4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 1.01.
48
4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 1.03(c).
49
4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 7.01(b).
50
4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 7.02(a)
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
20
Tribunal, encierran cuatro objetivos; a saber: impartir
justicia en una forma más eficiente, rápida y económica.51
Impartir una justicia más eficiente, rápida y económica,
siendo
estos
tres
últimos
los
objetivos
a
destacarse–
hablando contextualmente- porque, impartir justicia, debe
ser
el
objetivo
o
propósito
general
de
cualquier
organismo adscrito a la Rama Judicial.
De manera que lo que se busca es que, de una manera
informal,
se
naturaleza,
resuelvan
puedan
aquellos
obviar
el
asuntos
que,
por
su
proceso
ordinario
o
tradicional de los tribunales, consiguiendo una justicia
más rápida y menos costosa, a la vez que se ayuda a
descongestionar
los
calendarios
de
nuestras
salas
de
que
se
instancia.
IV
¿Puede
referirse
a
mediación
un
caso
encuentra sometido ante la consideración de un Tribunal
de
Menores?
Antes
de
discutir
la
contestación
a
esa
pregunta, debemos comenzar señalando que existen varias
jurisdicciones
en
los
Estados
Unidos
en
las
que
los
procesos de mediación han probado ser de gran utilidad en
casos
de
delincuencia
juvenil,
particularmente
en
aquellos primeros ofensores.52
51
Véase, Regla 1.01 (“Declaración de Política Pública”) del
Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, supra.
52
S.A.
Beauregard,
Court-Connected
Juvenile
Victim-Offender
Mediation: An Appealing Alternative for Ohio’s Juvenile Delinquents,
13 Ohio St. J. on Disp. Resol. 1005 (1998); Hon. R. Bennet Burkemper,
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
La
mediación
que
se
21
utiliza
en
los
casos
de
delincuencia
juvenil
en
estos
estados,
como
en
países,
es
aquella
que
forma
parte
los
programas
basados
en
la
llamada
de
restaurativa.53
justicia
otros
Dicha
justicia restaurativa ha sido definida como un “proceso
por el cual todas las partes que tienen un interés en una
determinada
ofensa
colectivamente
y
se
para
juntan
tratar
para
sus
resolverla
implicaciones
de
futuro”.54
Bajo
esta
teoría
tanto
las
víctimas
como
los
ofensores asumen una función activa en la resolución del
conflicto y en la negociación de un acuerdo que pretende
restablecer las pérdidas materiales y psicológicas de la
víctima, mientras que inculca en el ofensor el "impacto
humano"
de
su
responsabilidad
conducta
del
criminal.55
ofensor
reside
Por
en
su
parte,
la
aceptar
la
responsabilidad por sus acciones y en el papel activo que
debe jugar en el proceso de restitución.56 A base de esta
teoría se han creado diversos programas, entre los que
Jr., Restorative Justice in Missouri’s Juvenile System, 63 J. Mo. B.
128 (2007).
53
Íd.; M. Liebmann, Restorative justice: how it works, 1era ed.,
Londres, Jessica Kingsley Publishers, 2007, pág. 25.
54
L.F. Gordillo Santana, La justicia restaurativa y la mediación
penal, 1era ed., Madrid, Ed. Iustel, 2007, pág. 72.
55
Beauregard, supra, pág. 1010.
56
Íd.
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
podemos
mencionar,
la
mediación
22
y
víctima-ofensor
las
juntas comunitarias o familiares, entre otros.57
Fundamentados
en
la
teoría
de
la
justicia
restaurativa, los programas de mediación víctima-ofensor
en casos de menores se centran en la experiencia de la
víctima,
la
parte
los
de
necesidad
de
ofensores
la
rendición
juveniles
y
la
de
cuentas
por
importancia
de
proporcionar a las partes la oportunidad de participar
activamente en el proceso sancionador.58 Además, se debe
tener en cuenta que entre los propósitos fundamentales de
este tipo de programas se encuentra el poder restaurar a
la víctima.59 En diversas jurisdicciones estadounidenses
se ha utilizado la mediación víctima-ofensor en los casos
de menores e incluso existen unas normas generales que
pueden ser utilizadas como guía en la ejecución de estos
programas.60
Ahora bien, en las jurisdicciones en las cuales se
utiliza
este
tipo
de
mediación,
los
tribunales
tienen
total discreción para exigir cierto nivel de capacidad,
conocimientos
57
y
características
Véase, Liebmann, supra,
supra; Bennet, supra.
58
Íd., pág. 1013.
59
Íd., pág. 1012.
60
págs.
27-28;
personales
Véase
además,
a
los
Beauregard,
Véase, The Institute of Judicial Administration, Center for Dispute
Settlement, National Standards for Court-Connected Mediation Program,
disponible
en
http://www.mbf.org/JAGWG2BADRNationalStandards.pdf
(1992).
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
23
mediadores en sus programas de mediación.61 Por tal razón,
se ha señalado que en los casos de mediadores víctimaofensor en los procesos de menores, los requisitos deben
reflejar los retos inherentes que envuelve la mediación
con menores ofensores.62
De
manera
detractores
de
que,
tanto
los
la
mediación
defensores
como
víctima-ofensor
los
hacen
hincapié en la importancia de la formación adecuada y la
creación
de
normas
guías
(standards)
para
los
mediadores.63 Esto parece ser aún más importante en el
tratamiento de niños y adolescentes.64 Los profesionales
de la mediación requieren un mayor nivel de habilidad
para utilizarla correctamente, a la luz de la necesidad
de
incurrir
en
un
trauma
adicional
mínimo,
cuando
se
interviene en casos de mala conducta de menores.65
Por tal razón, recientemente se han llevado a cabo
esfuerzos particulares por parte de varios estados de los
Estados Unidos, así como por la Conferencia Nacional de
61
Buauregard, supra, pág. 1020
62
Íd.; véase, Bennet, supra. Por ejemplo, en el estado de Ohio, el
programa fue promovido por la Corte Suprema del estado y se inició
con sesiones de entrenamiento sobre asuntos de mediación víctimaofensor dentro del contexto del sistema de justicia de menores. Así
mismo, en el estado de Missouri, se ha utilizado este tipo de
mediación en los procesos de menores mediante una selección cuidadosa
y preparando a ambas partes para que el proceso sea uno positivo y
restaurador. Beauregard, supra, pág. 1023, 1026-1027; Bennet, supra,
pág. 131.
63
N.
Lucas,
Restitution,
Rehabilitation,
Prevention,
and
Transformation: Victim-Offender Mediation for First-Time Non-Violent
Youthful Offenders, 29 Hofstra L. Rev. 1365, 1398 (2001)
64
Íd.
65
Íd.
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
Comisionados
sobre
Leyes
24
Estatales
Uniformes
(National
Conference of Commissioners on Uniform State Laws), para
establecer
una
mediadores.66
mediación
certificación
Además,
está
es
y
normas
evidente
palmariamente
que
para
este
definida
los
tipo
de
en
las
jurisdicciones en las cuales se utiliza, incluso existen
algunas en las cuales la legislación estatal claramente
promueve el proceso.67
En vista de lo anterior, debemos concluir que la
mediación utilizada en los procesos de menores en otras
jurisdicciones
estatales,
es
una
que
se
basa
principalmente en la justicia restaurativa y que se ha
diseñado
específicamente
para
atender
menores.
Por
consiguiente, entendemos que este proceso de mediación
debe diseñarse en el contexto de los procesos de menores
y en concordancia con los objetivos de la Ley de Menores.
En Puerto Rico el Negociado de Métodos Alternos para
la Solución de Conflictos –adscrito a la Oficina del Juez
Presidente-
(Negociado),
administra
el
Centro
de
Mediación de Conflictos del Tribunal General de Justicia
(Centro).
El
cumplimiento
66
67
Centro,
con
el
a
través
del
Reglamento,
Negociado
provee
de
y
en
una
Íd.
Por ejemplo en los estados de Arkansas, Colorado, Delaware,
Illinois, Montana, Tennessee y Wisconsin la legislación incluye
específicamente la mediación para sus procesos de menores. Véase,
Ark. Code Ann. 9-31-404 (2009); Colo. Rev. Stat. Ann. 19-2-102
(2008); Del. Code Ann., tit. 11, 9501 (2009); 705 Ill. Comp. Stat.
Ann. 405/5-310 (2009); Mont. Code Ann. 41-5-1304 (2009); Tenn. Code
Ann. 16-20-101 (2009); Wis. Stat. Ann. 938.34(5r) (2009).
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
25
certificación a toda aquella persona que interesa que su
nombre sea incluido en un registro de mediadores que
pueden prestar sus servicios a la Rama Judicial.68 En
realidad, una certificación como mediador no es requerida
en Puerto Rico, por lo que una persona puede ofrecer sus
servicios
como
mediador
sin
estar
certificado.
Ahora
bien, al igual que algunos Estados de los Estados Unidos,
en Puerto Rico la certificación de mediador que otorga el
Negociado es una condición obligada para que su nombre
aparezca en la lista o registro de mediadores capacitados
para dar servicio a la Rama Judicial.
No obstante, la capacitación que provee el propio
Negociado
para
adiestramiento
atender
otorgar
su
alguno
diseñado
menores
primeros
certificación,
no
incluye
específicamente
ofensores
en
para
asuntos
de
delincuencia juvenil, y mucho menos en el contexto de los
procesos de las salas de menores y en concordancia con
los objetivos de la Ley de Menores. De hecho, el único
adiestramiento en un área especializada que se requiere
como
parte
de
los
certificación
de
mediador,
unidades
adiestramiento
de
requisitos
es
el
sobre
para
completar
la
completar
ocho
(8)
manejo
casos
de
en
violencia doméstica.69
68
Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, 4
L.P.R.A. Ap. XXIX R.2.02(e).
69
Véase la Regla 3.05 del Reglamento de certificación y educación
continua relacionado con los métodos alternos para la resolución de
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
26
V
Incompatibilidad de la Mediación Actual
con la Ley de Menores
Como ya hemos resuelto, los procedimientos al amparo
de nuestra Ley de Menores no son de naturaleza criminal.70
Asimismo y como señalamos, tanto el texto de la Ley Núm.
19, supra, como el Reglamento de métodos alternos para la
solución de conflictos, enmarcan los referidos que pueden
hacerse a mediación dentro del contexto de un proceso
“criminal”.71 De manera que, por el propio lenguaje de la
Ley Núm. 19, así como de la Ley de Menores, es forzoso
concluir
que
la
mediación
no
fue
incluida
por
el
legislador en los procesos para asuntos de menores.72 De
igual manera, nuestro Reglamento de métodos alternos no
incluye en su lenguaje expresión alguna que autorice la
mediación en asuntos de menores.
conflictos, Negociado de Métodos Alternos
Conflictos, 15 de junio de 1999, pág. 10.
para
la
Solución
de
70
Pueblo en interés menor A.L.G.V., supra; Pueblo v. Suárez, supra;
Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., supra; Pueblo en interés
menor G.R.S., supra; Pueblo en interés menor N.O.R., supra.
71
Art. 4 de la Ley Núm. 19, supra; Regla 7.02 del Reglamento de
Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, supra.
72
El 8 de septiembre de 2009, se presentó en el Senado de Puerto Rico
el Proyecto del Senado 1108 de la autoría del Presidente de la
Comisión de lo Jurídico, Hon. Jose E. González, el cual busca
incorporar la mediación a los procesos de menores. En su exposición
de motivos se expresa que:
A pesar de que los procesos judiciales que se celebr[a]n
en el interés de un menor en ocasiones son referidos a
mediación, ni la Ley de Menores ni la Reglas de
Procedimiento
para
Asuntos
de
Menores
contemplan
expresamente la posibilidad de utilizar [e]ste mecanismo
como método alterno para la solución de conflictos
(Énfasis suplido).
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
Por
todo
lo
antes
27
discutido
y
a
la
luz
de
la
normativa jurisprudencial, es claro que la naturaleza y
los propósitos de la Ley de Menores no se ajustan a la
naturaleza y los propósitos del mecanismo de mediación,
como está hoy constituido. Al concluir lo anterior no
estamos interpretando restrictivamente nuestro Reglamento
de métodos alternos, negándole de esa forma –y según se
alega- derechos a los menores que les reconocemos a los
adultos. Más bien, lo que hacemos es reconocer la clara
intención y objetivos de la Ley Núm. 19 que autoriza
dicho reglamento, y siendo consistentes con la normativa
jurisprudencial esbozada hasta ahora por este Tribunal en
materia
de
asuntos
de
menores.
Además,
¿qué
sentido
tendría interpretar de manera liberal un reglamento para
reconocer un alegado derecho que en realidad perjudica a
quien lo recibe?
Por
otro
lado,
el
Reglamento
de
métodos
alternos
para la solución de conflictos establece como parámetro
para
la
aplicación
del
mecanismo
de
mediación
en
los
casos criminales, los delitos que se describen en las
Reglas de Procedimiento Criminal, supra. Tales delitos
figuran específicamente en la Regla 246 de ese cuerpo de
reglas.
Sin
embargo,
como
ya
se
ha
señalado,
los
procedimientos de menores se guían, no por las Reglas de
Procedimiento
Criminal,
si
no
por
las
Reglas
de
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
28
Procedimientos para Asuntos de Menores.73 En Pueblo en
interés del menor R.G.G., 123 D.P.R. 443, 463 (1989),
señalamos que “de una lectura de la totalidad de las
Reglas para Asuntos de Menores se desprende que dichas
reglas siguen fundamentalmente las disposiciones de las
Reglas
de
Procedimiento
jurisdicción,
los
Criminal
que
procedimientos
regulan,
criminales
en
esta
contra
adultos”.
Ahora bien, nótese que aunque en la confección de
las
Reglas
de
fundamentalmente
Asuntos
las
de
Menores
disposiciones
de
se
las
siguió
Reglas
de
Procedimiento Criminal, en las primeras, no se incluyó
una regla de “transacción de faltas” que fuera análoga a
la “transacción de delitos” que constituye la Regla 246
de las de Procedimiento Criminal. Así que, distinto al
proceso
penal
–de
Procedimientos
para
regla
que
permita
adultos-,
Asuntos
la
de
en
las
Menores
transacción
no
de
Reglas
de
existe
una
una
falta.74
Concluimos entonces que, mientras el legislador ha sido
muy claro al dejar plasmada su intención con relación a
la
posibilidad
de
transacción
para
los
casos
en
el
proceso penal, su silencio ha sido más que elocuente con
relación
a
tal
alternativa
para
con
los
procesos
de
menores.
73
74
Art. 38 de la Ley de Menores, supra.
El Art. 26 de la Ley de Menores, supra, hace referencia a la Ley de
Vehículos y Tránsitos de Puerto Rico, abriendo la posibilidad de la
transacción conforme a esa Ley, pero por infracciones de menores
denominadas “faltas administrativas”.
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
Por
último
y
como
Centro
de
Mediación
ocurre
en
otras
capacitación
que
de
29
señalamos,
actualmente
nuestro
Conflictos
no
como
sí
programa
de
cuenta,
jurisdicciones,
con
le
Negociado
permita
al
un
certificar
mediadores específicamente en el área de menores primeros
ofensores
en
asuntos
de
delincuencia
juvenil,
y
mucho
menos en el contexto de los procesos de las salas de
menores.
Así pues, acceder en el caso de autos a la solicitud
de
los
peticionarios,
permitiría
que
los
padres
o
encargados legales de los dos menores imputados sean los
que, junto a la víctima, negocien una salida “eficiente,
rápida
y
económica”
del
caso
que
éstos
enfrentan.
Permitir que esta negociación se lleve a cabo sin la
supervisión de un mediador preparado para esto y sin unas
normas guías (standards) que provean para la supervisión,
cuidado y tratamiento que deben acontecer como parte del
quantum de responsabilidad que según la Ley estos menores
deben enfrentar, sería, sin duda, hacerles un daño.
Entendemos que la mediación puede llegar a ser –como
ha ocurrido en otras jurisdicciones- un instrumento de
gran beneficio en área de asuntos de menores en Puerto
Rico.
Como
Judicial
se
sabe,
fomentar
es
política
pública
la
utilización
de
de
la
Rama
mecanismos
complementarios al sistema adjudicativo tradicional, como
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
lo
son
los
métodos
30
alternos
para
la
solución
de
conflictos.75
Sin embargo, es ampliamente reconocido que los niños
y
los
adolescentes
son
física,
intelectual
y
emocionalmente diferentes a los adultos.76 Así pues, estas
diferencias
redundan
en
conductas,
análisis,
juicios
valorativos y reacciones disímiles en contraste con los
adultos. Por tal razón, se ha expresado que: “[a]lthough
these
deficits
dangerous,
do
not
make
adolescents
any
experts
have
argued
that
require
they
less
a
specifically defined manner of adjudication and scope of
punishment”.77 Por consiguiente, si basado presumiblemente
en estas diferencias el legislador diseñó un sistema de
justicia especial para menores, ¿cómo hemos de exponerlos
a
un
proceso
de
mediación
que
ha
sido
diseñado
específicamente para adultos?
Como señala la compañera Juez, Hon. Laureana Pérez
Pérez, “[e]l joven, a diferencia del adulto está en un
proceso de formación y admite cambios radicales en su
vida. Así también, existe en él una actitud de combatir
las adversidades y reencaminarse en una dirección que le
ofrezca mayor felicidad.”78 Por eso entendemos necesario,
en
75
el
ejercicio
de
nuestro
poder
de
parens
patrie,
4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 1.01
76
M. A. Corriero, Judging Children as Children: A proposal for a
Juvenile Justice System, 1era ed., Philadelphia, Temple University
Press, 2006, págs. 22-23.
77
Íd., pág. 23. (Énfasis suplido.)
78
L. Pérez, op cit. pág. 11.
CC-2009-313 consolidado CC-2009-317
31
vigilar que en tal proceso formativo no se introduzcan
elementos
o
mecanismos
no
preparados
o
diseñados
para
ellos, que pudieran deformarlos en lugar de ayudarlos a
reencaminarse en la dirección correcta.
VI
Por
todo
lo
anterior,
determinamos
que
según
el
texto de los estatutos considerados y la naturaleza o
filosofía que encierran, el mecanismo de mediación, como
se
encuentra
configurado
al
presente,
está
disponible
únicamente para procesos civiles y criminales y no así
para asuntos de menores.
Por ende, confirmamos la sentencia del Tribunal de
Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera
Instancia para la continuación de los procedimientos.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez
Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
En interés del menor C.L.R.
CC-2009-313
Peticionario
consolidados
Certiorari
__________________________
El Pueblo de Puerto Rico
CC-2009-317
Recurrido
En interés del menor A.V.L.
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2010.
Por
los
fundamentos
expuestos
en
la
opinión
que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se expide el auto solicitado, se confirma la
sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el
caso
al
Tribunal
de
Primera
Instancia
para
la
continuación de los procedimientos de conformidad con lo
aquí resuelto.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez emitió Opinión Disidente a la cual se
une el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Jueza
Asociada señora Fiol Matta.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
CC-2009-313
En interés del menor
C.L.R.
Peticionario
Cons.
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
CC-2009-317
En interés del menor
A.V.L.
Peticionario
Opinión Disidente emitida por la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez a la que se le une el Juez
Presidente señor Hernández Denton y la Jueza Asociada
señora Fiol Matta
San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2010
El
presente
interpretar
por
alternos
para
Tribunal,
4
caso
primera
la
brindaba
vez
el
solución
de
L.P.R.A.
Ap.
la
oportunidad
Reglamento
de
conflictos
XXIX,
y
de
métodos
de
este
aplicar
sus
disposiciones a los casos iniciados al amparo de la Ley
de menores, Ley número 88 del 9 de julio de 1986.
L.P.R.A. secs. 2201-2238.
de
los
miembros
del
34
Lamentablemente una mayoría
Tribunal,
amparándose
en
que
la
naturaleza y filosofía que encierra la Ley de menores
es, alegadamente, incompatible con métodos alternos de
solución de conflictos, se niega a aplicarlos a estos
procesos.
Por ser del criterio que la mediación es una
herramienta útil y necesaria en la resolución de ciertos
casos
iniciados
al
amparo
de
la
Ley
de
respetuosamente disiento del dictamen emitido.
menores,
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
2
I.
El 2 de diciembre de 2008 el Procurador de Menores
presentó sendas quejas en interés de los menores C.L.R.
y A.V.L. quienes para esa fecha contaban con 14 y 13
años de edad, respectivamente.
Imputó a cada uno de los
menores una falta consistente en infracción al artículo
198 del Código Penal de Puerto Rico.
Específicamente,
en las quejas se alegó que los menores C.L.R. y A.V.L.,
actuando
en
común
acuerdo
y
mediando
fuerza
e
intimidación, le arrebataron un bulto a la también menor
de edad D.M.H. y se apropiaron de siete dólares ($7.00)
pertenecientes
a
esta
última,
sustrayéndolos
de
su
inmediata presencia y en contra de su voluntad.79
Durante
la
celebración
de
la
vista
de
causa
probable para presentar las querellas, los abogados de
defensa
de
los
menores
Primera
Instancia
que
proceso de mediación.
solicitaron
el
caso
al
fuera
Tribunal
referido
a
de
un
El Procurador de Menores se opuso
a tal solicitud arguyendo que la falta imputada a los
menores no era susceptible de ser referida a un proceso
de
mediación
toda
vez
que
equivalía
a
un
delito
de
ambas
partes,
el
naturaleza grave.
Considerados
Tribunal
de
los
Primera
argumentos
Instancia
de
emitió
una
resolución
mediante la cual ordenó a las partes a comparecer ante
la
79
Oficina
de
Mediación
de
Mayagüez.
El
La menor D.M.H. es compañera de estudio de los
recurrentes.
Tribunal
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
expresó
en
su
determinación
3
resolución
luego
de
que
había
examinar
la
efectuado
posición
de
su
los
padres de los menores involucrados en los hechos que
dieron origen al procedimiento y en atención a que se
trataba del primer proceso ante el Tribunal de Menores
al cual se exponían C.L.R. y A.V.L.
El Tribunal también
citó en apoyo de su determinación el artículo 7.04 del
Reglamento
de
métodos
alternos
conflictos
y
expresó
que
su
para
la
decisión
solución
de
respondía
al
interés de los menores y de la justicia.80
Inconforme con el curso de acción del Tribunal de
Primera Instancia, el Procurador de Menores presentó una
moción de reconsideración.
Alegó que la falta imputada
a los menores era una de naturaleza grave, clasificada
Clase III por la Ley de menores y, como tal, inelegible
para un programa de desvío o medida dispositiva nominal.
Sostuvo que en vista de ello, referir el caso al proceso
de
mediación
Reglamento
de
no
cumpliría
métodos
con
alternos
el
para
propósito
la
solución
del
de
conflictos ni con el fin de la Ley de menores de proveer
tratamiento
y
supervisión
al
menor
a
través
de
una
medida de libertad condicional o custodia.
El Tribunal
de
moción
Primera
Instancia
denegó
la
de
reconsideración.
80
La Regla 7.04 del Reglamento de métodos alternos para
la solución de conflictos establece: “el tribunal podrá
referir cualquier caso que tenga ante su consideración,
o parte del mismo, a mediación, ya sea por iniciativa
propia o a solicitud de alguna de las partes”. 4
L.P.R.A. Ap. XXIX R. 7.04. (Énfasis suplido).
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
En
vista
presentó
de
lo
4
anterior,
un
recurso
de
Apelaciones.
Dicho
foro
la
revisión
ante
revocó
Tribunal de Primera Instancia.
Procuradora
la
el
General
Tribunal
de
determinación
del
Concluyó que según las
disposiciones de la Ley de menores, por ser la falta
imputada a los menores C.L.R. y A.V.L. una de Clase III,
éstos no podrían ser referidos a un procedimiento de
desvío.
En consecuencia, devolvió el caso al foro de
instancia
para
la
continuación
Inconformes
con
este
del
procedimiento
ordinario.
presentaron
ante
oportunamente
nuestra
resultado,
sendos
consideración.
C.L.R.
recursos
y
de
Solicitaron
A.V.L.
revisión
además
la
paralización de los procedimientos a nivel de instancia
mediante
sus
respectivas
jurisdicción.
El
21
de
mociones
abril
de
de
auxilio
de
2009
emitimos
dos
resoluciones mediante las cuales denegamos la expedición
de cada uno de los recursos.
oportuna
menor
moción
C.L.R.,
de
el
Sin embargo, ante una
reconsideración
8
de
mayo
de
presentada
2009
por
el
ordenamos
la
paralización de los procedimientos y le concedimos a la
Procuradora General un término de quince (15) días para
que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el
auto
y
revocar
Apelaciones.
curso
de
la
determinación
del
Tribunal
de
El 11 de mayo de 2009 adoptamos el mismo
acción
en
relación
con
la
moción
de
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
5
reconsideración presentada por el menor A.V.L.
Además,
ordenamos la consolidación de los casos.
El
26
compareció
de
mayo
de
2009,
la
mediante
su
escrito
nuestra orden de mostrar causa.
de
mayo
de
2009,
autorizamos
Procuradora
en
General
cumplimiento
de
Posteriormente, el 29
la
intervención
de
los
profesores Carlos Del Valle Cruz y Francis Daniel Nina
Estrella
como
amigos
de
la
corte.81
Habiendo
éstos
comparecido mediante escrito, concedimos un término a la
Procuradora General, según solicitado, para expresar su
posición en relación con el mismo.
II.
En la Opinión emitida durante el día de hoy, el
Tribunal resuelve que la mediación como método alterno
de solución de conflictos no está disponible para casos
iniciados al amparo de la Ley de menores.
En primer
lugar, la mayoría sostiene que el Reglamento de métodos
alternos para la solución de conflictos emitido por este
Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXIX (en adelante el Reglamento
de
métodos
alternos),
indica
que
dichos
métodos
sólo
están disponibles para casos civiles y criminales, sin
hacer mención expresa de los casos iniciados al amparo
81
Accedimos a la petición de los Profesores Nina
Estrella y del Valle Cruz por estimar que se cumplían a
cabalidad los requisitos que hemos dispuesto para
considerar una solicitud de esta naturaleza, para un
caso como éste de carácter novel. Su comparecencia
abona a que este Tribunal se encuentre “mejor informado
para hacer la más cumplida justicia.” Pueblo ex rel
L.V.C., 110 D.P.R. 114, 129 (1980). Véase además, Regla
43 del Reglamento de este Tribunal. 4 L.P.R.A. Ap. XXIA.
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
de la Ley de menores.
6
Esta omisión denota, según la
mayoría, la intención de excluir a los procesos de la
Ley
de
menores
del
alcance
de
la
regulación
de
los
métodos alternos de solución de conflictos.
Por otro lado, la mayoría arguye que la Ley de
menores tiene un enfoque ecléctico -la habilitación o
rehabilitación
del
menor
imputado
de
falta
y
la
exigencia de responsabilidad a éste por sus actos- lo
cual no se cumple a través del proceso de mediación
regulado
por
el
Reglamento
de
métodos
alternos.
Entiende la mayoría que el fin del proceso de mediación
instituido
en
el
Reglamento
de
métodos
alternos
es
impartir justicia en una forma más eficiente, rápida y
económica y no necesariamente cumplir los propósitos de
la Ley de menores.
Por
último,
aunque
la
mayoría
reconoce
que
la
mediación penal podría llegar a ser “un instrumento de
gran beneficio en [el] área de asuntos de menores en
Puerto Rico”, establece que actualmente no es aplicable
a dichos casos, pues los mediadores certificados por el
Negociado
de
métodos
alternos
para
la
solución
de
conflictos (en adelante Negociado de métodos alternos)
carecen
de
la
delincuencia
capacidad
juvenil,
para
ya
que
lidiar
no
con
están
procesos
de
adiestrados
específicamente en esa área.
Como
estableceré
a
continuación,
ninguna
de
las
razones aducidas por la mayoría sustentan la conclusión
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
7
de que la mediación no es un método alterno disponible
para la resolución de casos iniciados al amparo de la
Ley de menores.
Lo que denota la posición del Tribunal,
por el contrario, es una interpretación restrictiva del
Reglamento, disociada de la política pública establecida
por este Tribunal en la regla 1.01.
una
visión
distorsionada
de
los
Igualmente, revela
métodos
alternos
de
solución de conflictos, especialmente del proceso de la
mediación.
Por último, pero no menos importante, se
menosprecia la capacidad de los mediadores certificados
por el Negociado de métodos alternos para llevar a cabo
su labor, así como la capacidad de los jueces asignados
a la Sala de Asuntos de Menores que discrecionalmente
refieren dichos casos a la mediación.
Veamos.
III.
A.
Como sabemos, los menores son personas que no han
alcanzado su pleno desarrollo y madurez mental, por lo
que no están sujetos a responder penalmente.
Pueblo en
interés del menor A.L.G.V., res. 8 de mayo de 2007, 2007
T.S.P.R. 85, 170 D.P.R. ____.
La Ley de menores actual
adoptó “un enfoque ecléctico de acción e intervención en
el cual se armoniza la responsabilidad de parens patriae
del
Estado,
en
cuanto
a
la
rehabilitación
de
los
ofensores, con el deber de éstos de responder por sus
actos”.
Pueblo en interés del menor G.R.S., 149 D.P.R.
1, 11 (1999).
Ello, sin desatender la responsabilidad
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
8
del Estado de velar por la seguridad de la sociedad en
general.
Pueblo v. Suárez Alers, res. 11 de mayo de
2006, 2006 T.S.P.R. 83, 167 D.P.R. ____.
Como parte de la Exposición de Motivos de la Ley de
menores, la Asamblea Legislativa expresó que:
Esta ley adopta como marco filosófico del
Sistema de Justicia Juvenil, el humanismo
dentro de un enfoque ecléctico de acción e
intervención,
donde
se
compatibilicen
la
propuesta
rehabilitadora
y
el
poder
y
responsabilidad posible inherente al Estado de
brindarle toda oportunidad rehabilitativa, así
como exigirle al menor un “quantum” de
responsabilidad para dirigir sus actos y
responder por éstos. . . .[E]sta ley incorpora
los
derechos
básicos
que
se
han
ido
extendiendo al ámbito juvenil con el propósito
de garantizar un procedimiento justo, rápido y
eficaz sin que por ello se altere el carácter
especial del proceso.
…
Toda ayuda al menor, que propenda a su
rehabilitación, debe concientizarlo de la
importancia del acto cometido llevándolo a
percatarse de éste, sus implicaciones, la
responsabilidad
individual
y
comunitaria
envuelta, donde se propicie a su vez respeto a
la ley existente.
Exposición de Motivos, Ley 88 del 9 de julio de 1986, 34
L.P.R.A. secs. 2201-2238. (Énfasis suplido.)
Así
Motivos
pues,
surge
claramente
de
la
Exposición
de
de
Ley
menores
que
el
propósito
del
la
de
legislador al aprobar dicha ley fue adoptar como marco
filosófico el humanismo, es decir, el enaltecimiento de
la dignidad humana por medio de la integración de los
valores humanos de más alto calibre al trato de los
asuntos de menores, a través de un procedimiento que
fuera justo, rápido y eficaz.
En dicho proceso, el
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
9
menor debe ser concientizado de la importancia del acto
antijurídico
en
que
ha
incurrido
de
manera
que
éste
asuma la responsabilidad que implican sus acciones y se
propicie el respeto a la ley existente.
Como parte del reconocimiento de la Ley de menores
de que éstos no responden penalmente, el artículo 37 (a)
especifica
que
“[l]os
procedimientos
y
las
órdenes
o
resoluciones del juez bajo esta ley no se considerarán
de naturaleza criminal”.
Basados en el texto de la ley,
es
ocasiones
que
en
innumerables
hemos
definido
los
procedimientos al amparo de la Ley de menores como unos
de carácter civil sui géneris. Pueblo en interés del
menor
K.J.S.R.
res.
6
de
noviembre
de
2007,
2007
T.S.P.R. 194, 172 D.P.R. ____ (2007); Pueblo en interés
del
menor
A.L.G.V.,
supra;
Pueblo
v.
Suárez
Alers,
supra; Pueblo en interés del menor G.R.S., supra en la
pág. 10; Pueblo en interés del menor R.H.M., 126 D.P.R.
404, 424 (1990).
la
Ley
de
Así, los casos iniciados al amparo de
menores
siguen
siendo
casos
civiles,
con
ciertas particularidades que le imprimen un carácter sui
generis.
Siendo
naturaleza
los
civil,
casos
debemos
de
asuntos
auscultar
de
si
menores
la
de
mediación,
como un método alterno de solución de conflictos, está
disponible
para
la
dilucidación
de
éstos.
Al
encaminarnos en esa tarea, debemos tener presente los
propósitos y objetivos de la Ley de menores de proveer
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
10
un procedimiento justo, rápido y eficaz en el cual el
menor reconozca y asuma su responsabilidad.
debemos
examinar
política
pública
relación
con
la
naturaleza
de
la
por
alternos
establecida
los
métodos
Igualmente,
mediación
y
la
este
Tribunal
en
de
solución
de
conflictos en nuestro ordenamiento.
IV.
A.
En términos generales y sin ánimo de agotar las
distintas acepciones del concepto, la mediación puede
ser
descrita
como
un
proceso
mediante
el
cual
las
partes, con la ayuda de un tercero neutral, aíslan los
conflictos
entre
sí
con
el
fin
de
desarrollar
alternativas y, en última instancia, forjar un acuerdo
consensual que satisfaga sus necesidades.
J. Folberg &
A. Taylor, Mediation: a comprehensive guide to resolving
conflicts,
Primera
Ed.,
Publishers, 1984, pág. 7.
California,
Jossey-Bass
Véase además, M.E. Negrón
Martínez y otros, Un Modelo Puertorriqueño de Mediación
de Conflictos, Primera Ed., Puerto Rico, Lexis Nexis de
Puerto Rico, 2001, pág. 12.
Con la asistencia de dicho
interventor neutral, los participantes de los procesos
de
mediación
trasforman
el
conflicto
mediante
la
reconciliación de los intereses que les vinculan.
D.
Nina, Mediación: Teoría y Práctica, Primera Ed., Puerto
Rico,
Ed.
Situm,
2006,
págs.
56-57.
Dicha
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
reconciliación
negociación.
se
logra,
11
a
su
vez,
mediante
la
Id. en la pág. 57.
Varios principios guían los procesos de mediación.
Entre
éstos
se
destacan
la
soberanía,
voluntad
e
interdependencia de las partes y la confidencialidad del
proceso.
Id. en las págs. 57-58.
Se trata de lograr un
fin dual de reducir conflictos y resolver disputas.
J.
Folberg
8.
En
interdependencia,
el
&
relación
A.
Taylor,
con
el
op.
cit.,
elemento
de
en
la
pág.
profesor Nina expresa que “el vínculo que une a las
partes
en
conflicto
por
encima
del
conflicto
en
sí
mismo, es un factor primordial para entender el proceso
de mediación”.
La
D. Nina, op cit., en la pág. 59.
índole
transformativa
de
los
procesos
de
mediación es particularmente evidente en los casos de
naturaleza penal.
Como sabemos, nuestro ordenamiento en
materia penal se funda sobre una teoría punitiva según
la cual la infracción de la ley penal constituye una
ofensa
a
la
sociedad
que
le
corresponde
encausar y, de ser necesario, castigar.
al
Estado
L.F. Gordillo
Santana, La Justicia Restaurativa y la Mediación Penal,
Primera
Ed.,
España,
2007,
pág.
184.
En
dichos
procedimientos penales tradicionales las partes son el
Estado y el ofensor, mientras que la víctima asume un
rol pasivo, muchas veces como testigo.
M. Gertz, The
Road Less Traveled: Using ADR to Help Reform First-Time
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
12
Juvenile Offenders, 8 Cardozo J. Conflict Resol. 339,
351-52 (Fall 2006).
La teoría restaurativa, por el contrario, propone
un cambio en dicho paradigma y se enfoca en el daño
causado a la víctima y en cómo enmendarlo.
Restorative
Justice:
How
Pennsylvania,
Jessica
Kingsley
25.
It
Works,
M. Liebmann,
Primera
Publishers,
2007,
Ed.,
pág.
De conformidad con tal principio, los procesos de
mediación alternativos al encausamiento penal persiguen
que
tanto
el
ofensor
como
activos en la negociación.
la
víctima
asuman
roles
El fin de dicha negociación
es, a su vez, reparar el daño material y psicológico a
la víctima, mientras se hace al ofensor consciente del
impacto de su conducta en la persona de ésta.
pág. 26.
Id. en la
Así, el objetivo de los procesos de mediación
es que el ofensor asuma responsabilidad por sus actos,
adquiera la oportunidad de reparar el daño causado y,
como resultado, corrija su conducta con el propósito de
evitar reincidir en la misma.
La
víctima,
por
su
parte,
Id. en las págs. 26-27.
ganaría
la
oportunidad
de
dialogar con el ofensor y recibir una disculpa de parte
de éste, además de la restitución de su propiedad de ser
necesaria.
Id. en la pág. 28.
Los procesos de mediación han probado ser de gran
utilidad
en
particularmente
casos
en
de
aquellos
delincuencia
de
primeros
juvenil,
ofensores.
Además de ser más rápido e informal y, como tal, menos
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
13
costoso, los comentaristas esbozan que las ventajas del
proceso de mediación consisten en que a través de éste
el menor ofensor adquiere consciencia de sus actos y del
daño causado a su víctima y se responsabiliza por el
mismo.
S.
A.
Beauregard,
Court-Connected
Juvenile
Victim-Offender Mediation: An Appealing Alternative for
Ohio’s Juvenile Delinquents, 13 Ohio St. J. on Disp.
Resol.
1005,
1012-13
(1998).
Al
igual
que
en
los
procesos de mediación penal, en la mediación de asuntos
de
menores
los
ofensores
tienen
la
oportunidad
de
reconocer o disculparse por sus acciones, entender la
dimensión
humana
de
su
comportamiento,
valorar
a
la
víctima como un igual y aprender los costos que conlleva
la violación de los derechos de los demás. Id.
su
vez,
causa
reincidir.
Id.
que
éstos
sean
menos
Esto, a
propensos
a
Véase además, Hon. R. Bennet Burkemper,
Jr., Restorative Justice in Missouri’s Juvenile System,
63 J. Mo. B. 128 (2007).
En suma, los procesos de mediación en el área de
asuntos de menores han probado ser una herramienta útil
y
beneficiosa
para
las
partes
involucradas
conflicto, tanto la víctima como el menor.
en
el
A través de
dicho método, se alcanzan igualmente los propósitos de
las leyes que regulan los casos de asuntos de menores y
delincuencia
teoría
juvenil,
punitiva
sin
necesariamente
tradicional.
Esta
nueva
utilizar
la
perspectiva
habilita al ofensor a reconocer el valor humano de la
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
víctima
a
través
consecuencias
de
de
sus
la
actos
14
consideración
sobre
ésta,
de
las
además
de
permitir que éste asuma responsabilidad por sus acciones
a través del arrepentimiento y la disculpa a la víctima
por el mal causado.
B.
Los primeros esfuerzos formales en Puerto Rico para
la
implantación
de
métodos
alternos
de
solución
de
conflictos comenzaron a principio de la década de 1980
cuando
la
Asamblea
Legislativa,
a
través
de
la
Ley
número 19 de 22 de septiembre de 1983, asignó fondos del
Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para
estos fines e instruyó a este Tribunal a adoptar, “en el
ejercicio de su poder de reglamentación general”, las
reglas necesarias para la operación de los programas que
servirían como centros informales para la resolución de
disputas.
4 L.P.R.A. secs. 532-532a.
En relación con
la naturaleza de los casos que podrían ser referidos a
los centros cuya creación se autorizó mediante la Ley
número
19,
supra,
se
estableció
lo
siguiente:
“los
centros o programas que se establezcan proveerán para la
pronta resolución de determinados asuntos de naturaleza
civil o criminal de manera informal, sencilla y sin la
utilización de procedimientos adversativos”.
4 L.P.R.A.
sec. 532c.
En cumplimiento con el mandato de la Ley número 19,
supra, este Tribunal aprobó mediante resolución del 25
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
15
de junio de 1998, el Reglamento de métodos alternos,
supra, posteriormente enmendado mediante resolución del
4
de
marzo
Vigencia
de
del
2005.
Véanse,
Reglamento
de
In
re:
Métodos
Aprobación
Alternos
para
y
la
Solución de Conflictos, 1998 T.S.P.R. 79; Enmiendas al
Reglamento
de
Métodos
Alternos
para
la
Solución
de
Conflictos, 164 D.P.R. 45 (2005).
Éste constituyó el
primer
la
acto
formal
para
regular
mediación en nuestra jurisdicción.
práctica
de
la
D. Nina, op cit.,
pág. 5.
El Reglamento de métodos alternos, supra, declara
como política pública de la Rama Judicial “fomentar la
utilización
de
mecanismos
complementarios
al
sistema
adjudicativo tradicional con el fin de impartir justicia
en una forma más eficiente, rápida y económica”.
L.P.R.A.
Ap.
XXIX,
R.
1.01.
Para
implantar
4
dicha
política pública, el Reglamento dispone la creación del
Negociado de métodos alternos y reconoce tres métodos
alternos
de
mediación,
el
solución
de
conflictos,
arbitraje
y
la
evaluación
a
saber:
la
neutral.
4
L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 2.01-2.02.
En
relación
con
la
controversia
ante
nuestra
consideración, el Reglamento de métodos alternos define
la
mediación
como
un
“proceso
de
intervención,
no
adjudicativo, en el cual un [interventor neutral] ayuda
a las personas en conflicto a lograr un acuerdo que les
resulte mutuamente aceptable”.
4 L.P.R.A. Ap. XXIX, R.
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
1.03(c).
16
La Regla 7.01 añade que “la mediación tiene
como propósitos promover la participación de personas en
la
solución
de
sus
conflictos
y
que
las
partes
involucradas asuman responsabilidad en el cumplimiento
de los acuerdos”.
De
número
4 L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 7.01 (b).
conformidad
19,
supra,
mediación,
mediación
el
y
con
las
de
acuerdo
Reglamento
voluntario
y
disposiciones
con
la
establece
un
confidencial.
de
la
Ley
teoría
de
la
proceso
de
Así,
una
vez
referida una controversia a mediación, las partes sólo
vienen compelidas a comparecer a una sesión inicial de
orientación,
siendo
potestad
de
éstas
voluntariamente si se someten al proceso.
Ap. XXIX, R. 3.05.
partes
logren
un
decidir
4 L.P.R.A.
De ello ocurrir y en caso de que las
acuerdo,
el
mismo
será
obligatorio,
pudiendo ser ejecutable entre las partes como cualquier
otro contrato escrito.
4 L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 5.02.
No obstante, cuando es el Tribunal el que refiere el
caso a mediación, como ocurrió en la controversia ante
nuestra consideración, el mediador o mediadora, luego de
dar por terminado el proceso, debe informar el acuerdo
alcanzado
al
Tribunal
conforme
la
regla
5.01.82
L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 7.11.
82
La regla 5.01 del Reglamento establece que:
Regla 5.01. Acuerdos
(a) Todos los acuerdos tomados dentro de un
método alterno para la solución de conflictos
deberán constar por escrito.
4
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
De
otra
tribunales
parte,
para
la
17
potestad
determinar
si
discrecional
referir
un
de
caso
a
los
un
proceso de mediación se canaliza a través del inciso (b)
de la Regla 7.02 el cual establece que “en los casos
pendientes ante el tribunal, éste determinará si un caso
es adecuado para referirlo a mediación.
El tribunal,
además, podrá acoger peticiones de las partes para que
un caso sea referido a mediación”.
4 L.P.R.A. Ap. XXIX
R.
texto
7.02(b).
Al
proponer
el
citado,
el
Secretariado de la Conferencia Judicial comentó en su
informe
que
la
Regla
7.02
destaca
que
“el
tribunal
retendrá siempre la prerrogativa de referir un caso al
proceso de mediación…”.
Judicial,
Medios
Secretariado de la Conferencia
Alternos
de
Resolución
de
Disputas,
(b) Cuando las partes lleguen a un acuerdo o a
una transacción dentro de un método alterno
para la solución de conflictos, o como
resultado del mismo, informarán por escrito de
tal circunstancia al tribunal.
(c) Los términos específicos de los acuerdos
deberán notificarse por escrito al tribunal, a
menos que las partes acuerden lo contrario.
No obstante, cuando el asunto en controversia
esté revestido de un alto interés público, las
partes tendrán que divulgar al tribunal el
contenido del acuerdo o la transacción. En
caso de que el acuerdo o la transacción afecte
el bienestar o los derechos de menores o
incapacitados, se seguirá el tramite dispuesto
por ley.
A base de dicha regla, el escrito del amicus curiae
presentado por los Profesores Nina Estrella y del Valle
Cruz arguye que la práctica que se sigue en las Salas de
Asuntos de Menores es que, una vez se llega a un acuerdo
en el proceso de mediación, las partes, incluyendo a la
Procuradora de Menores, comparecen ante el juez para que
éste apruebe dicho acuerdo. De no aprobarse éste, el
proceso sigue su curso normal según las Reglas de
Procedimiento para Asuntos de Menores.
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
Informe
Final
y
Reglamento,
(Énfasis suplido).
clara
al
18
junio
de
1996,
pág.
88.
En ese mismo tenor, la Regla 7.04 es
establecer
que
“el
tribunal
podrá
referir
cualquier caso que tenga ante su consideración, o parte
del mismo, a mediación, ya sea por iniciativa propia o a
solicitud de alguna de las partes”.
R. 7.04.
(Énfasis suplido).
Ahora
vacío.
4 L.P.R.A. Ap. XXIX
bien,
tal
discreción
no
se
ejerce
en
un
El inciso (c) de la Regla 7.02 establece que al
determinar si referir un caso a mediación, el tribunal
debe utilizar los criterios establecidos por las Reglas
3.01
y
3.02.
importancia
La
para
primera
la
de
éstas
controversia
es
de
ante
particular
nuestra
consideración por lo que conviene citarla en toda su
extensión:
(a) Al seleccionar los casos para ser
referidos
a
métodos
alternos
para
la
solución de conflictos, el tribunal deberá
considerar los factores siguientes:
(1) La naturaleza del caso.
(2) La naturaleza de la relación entre
las partes.
(3) La disposición de las partes para
negociar.
(4) La posibilidad de que la litigación
afecte adversamente la relación.
(5) Los riesgos a la integridad física
de los participantes o del interventor o de
la interventora neutral.
(6) La necesidad de proveer remedios de
emergencia antes del referimiento.
(7)
Los
costos
y
riesgos
de
la
litigación.
4 L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 3.01.
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
19
El primero de los criterios enumerados por la regla
3.01 necesariamente nos refiere, a su vez, a la regla
7.02,
la
cual
enumera
los
referidos a mediación.
expone
que
civiles
y
“serán
los
casos
elegibles
para
ser
En su inciso (a), dicha regla
elegibles
casos
para
criminales
mediación
de
los
casos
naturaleza
menos
grave, que puedan transigirse de acuerdo con las Reglas
de Procedimiento Criminal”. (Énfasis suplido).
de una norma general de elegibilidad.
Se trata
Secretariado de
la Conferencia Judicial, Medios Alternos de Resolución
de Disputas, Informe Final y Reglamento, supra, en la
pág. 89.
La
regla
7.03
complementa
tal
disposición
al
excluir expresamente de los procesos de mediación los
casos
criminales
Reglas
de
que
no
Procedimiento
sean
transigibles
Criminal;
los
bajo
las
casos
que
impliquen una reclamación de derechos civiles o de alto
interés público, excepto cuando medie el consentimiento
explícito de las partes; y aquellos en que una parte no
sea
capaz
de
proteger
durante la negociación.
(c).
efectivamente
sus
intereses
4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 7.03(a)-
La exclusión de estos tipos de casos responde a
que se entiende que los mismos no son apropiados para
ser referidos a mediación ya que “implican unos riesgos
o
conllevan
intervención
unos
del
resultados
tribunal”.
que
requieren
Secretariado
de
la
la
Conferencia Judicial, Medios Alternos de Resolución de
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
20
Disputas, Informe Final y Reglamento, supra, en la pág.
89.
Al
proponer
la
regla
3.01
antes
citada,
el
Secretariado de la Conferencia Judicial añadió que “la
enumeración
que
se
ha
meramente
ilustrativa
abstengan
de
categorías
aquí
y
referir
hecho
no
en
este
comentario
es
impide
que
los
se
casos
mencionadas
jueces
pertenecientes
o
que
refieran
a
las
casos
de
otras categorías que no estén expresamente excluidas por
Secretariado de la Conferencia Judicial,
estas reglas”.
Medios Alternos de Resolución de Disputas, Informe Final
y Reglamento, supra, en la pág. 61.
Es
decir,
que
la
lista
de
(Énfasis suplido).
casos
elegibles
para
participar de un proceso de mediación no es taxativa
sino que reside en la discreción del tribunal referir
controversias
mediación,
ante
su
consideración
siempre
y
cuando
las
a
procesos
mismas
no
de
estén
excluidas expresamente de dicho procedimiento.
V.
A.
Como
establecimos
anteriormente,
mediante
la
Ley
número 19 el legislador dispuso que, en general, tanto
los casos de naturaleza civil como los criminales serían
elegibles
para
participar
solución de conflictos.
de
los
métodos
alternos
de
Este Tribunal, por su parte, en
ejercicio de su poder de reglamentación y dentro de los
parámetros dispuestos por el legislador mediante la Ley
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
21
número 19, estableció los criterios que limitarían la
discreción
de
los
foros
judiciales
al
ejercer
su
prerrogativa de referir los casos a métodos alternos de
solución de conflictos.
Si bien el Reglamento de métodos alternos adoptado
no provee expresamente para el referido de los casos de
menores
a
procesos
de
mediación,
tampoco
Por
contrario,
el
Reglamento
de
el
lo
prohíbe.
métodos
alternos
provee para el referido de casos de naturaleza civil,
categoría a la que pertenecen los casos de asuntos de
menores.
Igualmente, al examinar la regla 7.03 vemos
que ésta no excluye los casos de asuntos de menores de
ser referidos al método alterno de la mediación.
Nada
hay en el historial de la aprobación del reglamento que
apunte a que hubo una intención expresa de dejar fuera
de su aplicación las disputas que involucren a menores.
Ante la ausencia de tal exclusión, la práctica, según lo
consignan
los
mediación
de
datos
oficiales
conflictos,
es
que
de
los
que
se
centros
han
de
referido
numerosos casos de menores a procesos de mediación.
El
informe de datos agregados para el año fiscal 2005-06
evidencia
que
de
los
13,611
casos
atendidos
por
los
centros de mediación durante dicho año, 11,123 fueron
“referidos de la comunidad”.
constar
que
los
“referidos
En dicho reglón se hizo
de
la
comunidad”
referidos del Procurador de Menores.
de
Métodos
Alternos
de
Solución
de
incluían
Véase, Negociado
Conflictos,
Datos
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
22
Agregados de los Centros de Mediación de Conflictos para
el Año Fiscal 2005-06.83
Como hemos apuntado, la regla 7.02 del Reglamento
de
métodos
alternos
elegibilidad
y
determinación
de
“cualquier
siempre
establece
deja
a
discreción
referir
a
caso
que
tenga
el
mismo
no
que
una
un
norma
general
de
del
tribunal
la
proceso
ante
su
pertenezca
de
mediación
consideración”,
a
una
de
las
categorías excluidas en virtud de la regla 7.03.
No
estando los casos de menores expresamente excluidos por
la regla 7.03 del Reglamento de métodos alternos,84 es
preciso
concluir
que
éstos
son
elegibles
para
ser
referidos a un proceso de mediación.
Es menester destacar, no obstante, que el hecho de
que los casos de asuntos de menores sean elegibles para
ser
referidos
necesariamente
a
un
que
proceso
todos
de
los
mediación,
casos
no
sometidos
implica
a
dicha
jurisdicción sean apropiados para ser referidos a ese
método
menores
83
alterno.
al
La
proceso
decisión
de
de
referir
un
caso
mediación
queda
en
la
de
sana
Disponible en
http://www.ramajudicial.pr/NegMed/Centros_Mediacion/datos
/CMC05-06.pdf
84
Nótese que, contrario al Capítulo 7 sobre Mediación,
los casos de menores están expresamente excluidos de los
procesos de arbitraje regulados por el Capítulo 8 del
Reglamento de métodos alternos para la solución de
conflictos. 4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 8.03. Tal exclusión
expresa derrota el argumento de la Procuradora General a
los efectos de que a pesar de ser adoptado una década
después de la vigencia de la Ley de menores, el
Reglamento de métodos alternos de solución de conflictos
no contempló la misma.
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
23
discreción del juez de la Sala de Asuntos de Menores,
guiado por los criterios esbozados en la regla 3.01.
Así,
la
naturaleza
del
caso,
la
naturaleza
de
la
relación entre las partes, la disposición de éstas a
someterse al proceso y los costos y riesgos del proceso
ordinario, entre otros factores enumerados en la regla
3.01, unidos a la capacidad y experiencia en esta área
de
los
jueces
y
juezas
de
las
Salas
de
Asuntos
de
Menores, le permitirán determinar cuáles de éstos casos
son apropiados para ser referidos a la mediación.
El
método
referido
de
casos
alterno
de
la
de
asuntos
mediación,
de
menores
además
de
al
estar
fundamentado en el Reglamento y en la política pública
de este Tribunal, es cónsono con los propósitos de la
Ley de menores en nuestra jurisdicción, particularmente
en cuanto a fomentar la habilitación y rehabilitación
del menor mientras se le exige responsabilidad por sus
actos.
Como
vimos,
dichos
principios
son
los
que
inspiran los procesos de mediación en el contexto de
casos de delincuencia juvenil.
Y es que, sin duda, la
naturaleza del proceso de mediación lo hace idóneo para
la dilucidación de ciertos conflictos en que se vean
involucrados menores, particularmente si se trata de una
primera infracción.
“Cuando, como en la materia, se
tiene claro que la solución informal del conflicto es
mucho más adecuada y la formalizada puede perjudicar el
fin último perseguido, es comprensible y adecuado, […]
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
procur[ar]
habilitar
cauces
24
para
reconducir
lo
antes
posible la cuestión a ámbitos de solución de conflictos
más
informales
que
los
procesales.”
J.
Cuello
Contreras, El nuevo Derecho penal de menores, Cuadernos
Civitas, Madrid, 2000, pág. 90.
B.
A la luz de lo antes expuesto, es forzoso concluir
que erra la mayoría al resolver que el método alterno de
la mediación es inaplicable a los casos de asuntos de
menores.
En primer lugar, el Reglamento sí contempla el
referido de ese tipo de caso a la mediación, pues todos
los
casos
referidos
civiles
son,
a
método
dicho
en
principio,
sujetos
alterno.
Aun
propósitos
de
argumentación,
Reglamento
de
métodos
alternos
expresáramos
no
provee
a
si,
ser
para
que
el
para
el
referido de casos de asuntos de menores a la mediación,
lo que es claramente erróneo, este Tribunal podría así
mandatarlo.
Después
de
todo,
dicho
reglamento
fue
aprobado al amparo del poder general de reglamentación
del
Tribunal
sobre
la
administración
de
la
justicia.
Por lo tanto, si este Tribunal entendiera apropiado el
referido de casos de asuntos de menores al proceso de
mediación, podría así disponerlo, de ser necesario.
Así
pues, no es una cuestión de poder, sino de querer.85
85
Inclusive, el Proyecto del Senado
septiembre de 2009 así lo reconoce:
1108
de
Esta Asamblea Legislativa reconoce que el
Estado debe ofrecer a los menores nuevas
8
de
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
Por
otro
lado,
25
no
hay
duda
mediación
transformativa
que
utiliza
justicia
restaurativa
cumple
a
que
el
modelo
de
como
base
la
con
los
cabalidad
propósitos y objetivos de la Ley de menores.
proceso
actos
el
y
menor
ofensor
adquiere
En dicho
consciencia
de
sus
a
su
víctima
y
se
mismo,
a
través
de
un
eficaz,
tal
como
lo
del
daño
causado
responsabiliza
por
el
procedimiento
justo,
rápido
y
y
establece la Exposición de Motivos de dicha ley.
En la Opinión del Tribunal se hace hincapié en la
alegada
necesidad
rehabilitación
del
del
castigo
menor,
por
para
lo
cumplir
que
el
con
la
proceso
de
mediación, según la mayoría, no cumple los propósitos de
la Ley de menores.
No obstante, dicha visión policíaca
y punitiva de la ley soslaya el hecho de que a través de
la mediación es posible “concientizar [al menor] de la
importancia del acto cometido llevándolo a percatarse de
éste, sus implicaciones, la responsabilidad individual y
comunitaria envuelta”,86 sin necesariamente someterlo a
una
medida
dispositiva
condicional
por
un
término
de
alternativas de tratamiento que propicien la
rehabilitación y subsiguiente adaptación del
menor en la sociedad. Después de todo, como
parte de la discreción judicial sobre la forma
de
adjudicar
un
caso,
muy
bien
podría
determinarse que el mecanismo más acertado y
conveniente es referir el mismo a mediación en
lugar de continuar el trámite tradicional.
(Énfasis suplido)
De esta manera, la Asamblea Legislativa reconoce el
poder que la mayoría se niega a utilizar.
86
Véase Exposición de Motivos, Ley 88 del 9 de julio de
1986.
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
26
hasta cuatro (4) años o de custodia en una institución
juvenil
por
un
término
de
hasta
tres
(3)
años.
No
podemos olvidar que el marco filosófico de la Ley de
menores es el humanismo, por lo que se deben examinar
vías alternas “fuera del órgano judicial para brindar la
atención oportuna” a estos jóvenes.
Véase Exposición de
Motivos, Ley 88 del 9 de julio de 1986.
la
medida
en
que
a
transformativa
el
menor
causado,
que
ha
lo
través
del
proceso
reconoce
sido
Igualmente, en
su
de
falta
demostrado
mediación
y
el
daño
reduce
la
reincidencia de estos transgresores, se cumple con el
fin del Estado en garantizar un orden social y proteger
el bienestar de la comunidad.
Por último, el argumento de la mayoría sobre la
alegada
falta
mediadores
de
adiestramiento
certificados
por
el
en
esta
área
Negociado
de
de
los
métodos
alternos deja de lado que a través del Reglamento de
certificación y educación continua relacionado con los
métodos
alternos
para
la
solución
de
conflictos87
se
establece un esquema detallado de requisitos que debe
cumplir todo aspirante a ser certificado como mediador.
Dicho esquema garantiza que los mediadores certificados
tienen
la
interventor
87
preparación
neutral
en
necesaria
cualquier
para
servir
conflicto
que
como
se
le
Dicho reglamento fue aprobado por el Negociado de
métodos alternos al amparo de la regla 2.02 del
Reglamento
de
métodos
alternos.
Disponible
en
http://www.ramajudicial.pr/NegMed/Recursos/Reglamentos/d
ocs/RegCertificacion_1999.pdf
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
presente,
Además,
incluyendo
no
debe
casos
descartarse
27
de
asuntos
de
la
experiencia
menores.
que
han
adquirido estos profesionales en los más de diez años de
haberse establecido el Reglamento de métodos alternos,
en el transcurso de los cuales, continuamente, se han
referido casos de asuntos de menores a la mediación.
Así surge de los relatos de los Profesores Nina Estrella
y del Valle Cruz a través del escrito de amicus curiae
conjuntamente presentado, e igualmente del texto de la
Dra.
Mildred
Enid
Negrón
Martínez,
citado
anteriormente.88
Así
pues,
establecida
la
aplicabilidad
de
los
procesos de mediación a los casos de asuntos de menores,
nos resta examinar los hechos del presente caso para
auscultar si erró el Tribunal de Apelaciones al revocar
la determinación del Tribunal de Primera Instancia de
referir el presente caso a un proceso de mediación.
88
El escrito del amicus curiae destaca que durante el
período en el cual el Profesor Nina Estrella dirigió la
Unidad de Mediación y Arbitraje de la Facultad de
Derecho Eugenio María de Hostos, entre el año 2004 al
2007, atendió cerca de 300 casos a través del proceso de
mediación, de los cuales alrededor del 40% se trataba de
casos de asuntos de menores. Específicamente, entre el
año 2006 y 2007, indica que cerca del 50% de dichos
casos eran referidos por la Oficina de la Procuradora de
Menores de Mayagüez.
Por otro lado, la Dra. Negrón
Martínez asegura que su experiencia ha sido que los
Centros de Mediación en el país “cubren un amplio
espectro
de
controversias
de
familia,
comunales,
comerciales, escolares, así como asuntos criminales
menos graves y casos de menores involucrados en
controversias que están bajo la jurisdicción de la Sala
de Menores del Tribunal de Primera Instancia”.
Negrón
Martínez y otros, Un Modelo Puertorriqueño de Mediación
de Conflictos, op. cit., pág. 20. (Énfasis suplido).
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
28
C.
este
Como
adelantáramos
en
la
relación
caso
se
presentaron
en
interés
de
de
hechos,
los
en
menores
C.L.R. y A.V.L. sendas quejas en las que se les imputó
haber infringido el artículo 198 del Código Penal.
De
un
del
análisis
Reglamento
de
de
los
criterios
métodos
alternos
de
la
surge
regla
3.01
que
presente
el
caso, además de elegible, es también apropiado para ser
referido a un proceso de mediación.
Primeramente,
los
menores
involucrados
y
sus
padres, incluyendo los padres de la víctima, expresaron
ante el Tribunal de Primera Instancia su conformidad con
el referido del caso al proceso de mediación.
Así,
tanto la víctima como el ofensor deseaban solucionar su
conflicto a través del proceso de la mediación.
cuanto
a
la
naturaleza
del
caso,89
es
preciso
En
tener
presente que lo que se imputa a los menores recurrentes
es
la
apropiación
de
siete
dólares
pertenecientes a una compañera de estudio.
89
($7.00)
Se trata de
La Procuradora General arguye, haciéndose eco de lo
resuelto por el Tribunal de Apelaciones, que por este
caso tratarse de la imputación de una falta Clase III,
la mediación no está disponible, pues ese tipo de falta
no es susceptible de enviarse a un procedimiento de
desvío.
Dicha postura soslaya el hecho de que el
procedimiento de desvío al amparo de la Ley de menores y
el proceso de mediación dispuesto por el Reglamento de
métodos alternos son de distinta naturaleza y se
encuentran regulados por estatutos independientes.
La
clase de falta imputada es un factor más que se debe
sopesar al momento de referir un caso al proceso de
mediación, sin que una clasificación específica impida,
por sí sola, la dilucidación del caso a través de dicho
método alterno.
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
29
un conflicto nacido en el contexto escolar, en el cual
los
menores
seguirán
interrelacionándose
aún
posterioridad a la resolución del presente caso.
con
Aunque
la conducta imputada a los recurrentes es constitutiva
de
falta,
en
el
balance
de
intereses
es
preferible
brindar a éstos una oportunidad de reconocer lo errado
de su proceder y asumir la responsabilidad por sus actos
a través del proceso de la mediación, sin someterlos a
un procedimiento estigmatizador y de naturaleza punitiva
como pudiese resultar el procedimiento ordinario.
Ante estos hechos y siendo la presente la primera
vez que C.L.R. y A.V.L. se exponen a un procedimiento
ante el Tribunal de Menores, es preciso concluir que las
circunstancias
brinde
la
del
presente
oportunidad
de
través de la mediación.
caso
ameritan
solucionar
este
que
se
les
conflicto
a
Nuestro sentido de justicia nos
debería compeler a particularizar la controversia ante
nuestra consideración y a sopesar que, a pesar de lo
reprochable de la conducta imputada a C.L.R. y A.V.L.,
la misma no merece exponerlos de primera intención a la
imposición de una medida dispositiva condicional o de
custodia al amparo de las disposiciones de la Ley de
menores.
Si el proceso de mediación se ve interrumpido
o no culmina satisfactoriamente, el caso revertiría al
foro
judicial
ordinario.
acuerdo
para
En
la
todo
alcanzado,
continuación
caso,
el
velando
por
del
procedimiento
Tribunal
examinará
el
que
adelante
los
éste
CC-2009-313 cons. CC-2009-317
30
intereses públicos implicados del bienestar del menor y
la seguridad pública.
En conclusión, soy del criterio que analizadas las
circunstancias
del
presente
caso
a
la
luz
de
los
criterios de la regla 3.01 del Reglamento de métodos
alternos,
no
abusó
de
su
discreción
el
Tribunal
de
Primera Instancia al referirlo al proceso de mediación.
Erró
el
proceder.
Tribunal
de
Apelaciones
al
revocar
dicho
En consecuencia, revocaría la determinación
del Tribunal de Apelaciones recurrida, y devolvería el
presente caso para la continuación de los procedimientos
de conformidad con lo aquí expuesto.
Por no ser ese el
curso seguido por la mayoría, respetuosamente disiento
del dictamen emitido.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada