LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Domínguez Castro y otros v. Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

2010 TSPR 11

Poder Judicial de Puerto Rico

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Domínguez Castro y otros v. Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

CT-2009-4 CT-2009-5 CT-2009-6 CT-2009-9

Derecho Constitucional- Constitucionalidad de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009; debido proceso de ley · 2 febrero 2010

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Olga Domínguez Castro Sandra J. Guzmán

Hernández, Militza López Mateo,

Carlos Rivera Figueroa

Recurridos

Certiorari

v.

2010 TSPR 11

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, Secretario de Justicia,

Honorable Luis Fortuño, Gobernador del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico,

Departamento de la Familia y Junta de

Reestructuración y Estabilización Fiscal

177 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CT-2009-4

CT-2009-5

CT-2009-6

CT-2009-9

Fecha: 2 de febrero de 2010

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz

Lcda. Rosa Campos Silva

Lcdo. Eliezer A. Aldarondo López

Lcdo. Simone Cataldi Malpica

Abogados de la Parte Recurrida:

CT-2009-9

Lcda. Vivian Negrón Rodríguez

Lcda. Jeanette Rodríguez Claudio

Lcdo. José R. Pérez Ayala

CT-2009-6

Lcdo. Arcelio Maldonado Avilés II

CT-2009-4

Lcdo. David Noriega Rodríguez

Lcda. Myrna E. Cruz Colón

Lcdo. Frank Zorrilla Maldonado

CT-2009-5

Lcda. Sylvia M. Soto Matos

Lcda. Evelyn López Díaz

Lcda. Jinelly Laureano Vázquez

Materia: Interdicto Preliminar, Permanente y Sente

Declaratoria

ncia

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y

correcciones del proceso de compilación y publicaci

ón

oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribu

ción

electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Olga Domínguez Castro,

Sandra J. Guzmán Hernández,

Militza López Mateo,

Carlos Rivera Figueroa

Recurridos

v.

Gobierno

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

Secretario

de

Justicia,

Honorable

Luis

Fortuño,

Gobernador del Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

Departamento

de

Justicia,

Departamento de la Familia y

Junta de Reestructuración y

Estabilización Fiscal

CT-2009-4

CT-2009-5

CT-2009-6

CT-2009-9

Certificación

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2010.

La Ley no crea el interés social, lo reconoce y

delimita.

La

sociedad

civilizada

impone

ciertos

compromisos entre la libertad individual y el interés

social.

En primer plano está el interés social en la

seguridad general; el reclamo, el deseo o la exigencia de

sentirse libre de aquellos actos y conducta que amenazan

la existencia misma de la sociedad.

Cuando la sociedad

desarrolla su economía nace el interés individual en

asegurar

lo

adquirido

y

en

la

certeza

de

las

transacciones, moderado por el interés general en el

progreso, en la continuada mejoría y avance de la

ingeniería social que es tutela del Estado.1 (Énfasis

nuestro)

Nuestro País, y podríamos afirmar que el resto del

mundo, vive momentos muy convulsos en el aspecto económico

1

A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903, 907 (1975) citando

con aprobación a Pound, Jurisprudence, Tomo III, pág. 235 y ss.

(Énfasis suplido).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

2

y financiero. Parecería que las economías de los países

del mundo se encuentran entrelazadas y atadas al rabo de

una chiringa que no consigue finalmente elevarse.

El 25 de septiembre de 2009, y en virtud de la Ley

Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, infra,

el gobierno de

Puerto Rico anunció el despido de casi 17,000 empleados

públicos. Lamentablemente, tales despidos se suman a los

aproximadamente más de 120,000 empleados en la empresa

privada que en los pasados tres años también han perdido

sus empleos en nuestra Isla. De una u otra forma todos

hemos sido afectados por estas cesantías. Todos tenemos

algún miembro de nuestra familia íntima, algún familiar

cercano, algún buen amigo, algún compañero de trabajo o

algún buen vecino que ha perdido su empleo durante estos

tiempos tan difíciles.

Muy

conscientes

confrontamos

Antipática

empática

con

por

para

una

de

dura

realidad,

dura

y

igualmente

aparentar

con

esta

ser

aquellos

una

antipática.

insensible

compañeros

en

nos

el

o

poco

servicio

público que sufren la pérdida de sus empleos. La realidad

de

que

corresponde

al

Estado

velar

por

el

bienestar

económico colectivo, a expensas del bienestar individual.

Y la realidad de que le atañe a esta Curia -pues a los

jueces no nos puede dominar el temor a decidir- resolver

finalmente si es constitucional o no, a la luz de un

escrutinio racional y del balance de intereses, la ley

que autoriza tales despidos.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

3

I

Los

recurridos2

son

empleados

de

carrera,

algunos

unionados, del Gobierno de Puerto Rico, a quienes se les

anunció mediante carta que, el 6 de noviembre de 2009 o

el 8 de enero de 2010, quedarían cesantes de sus puestos3.

2

Durante el trámite procesal de los casos CT-2009-5 y CT-2009-6 se

nos peticionó la consolidación de los mismos con el CT-2009-4. Este

Tribunal denegó el petitorio por entender que atrasaría la resolución

del caso. No obstante, ante el trámite expedito seguido en los otros

recursos y en aras de la economía procesal, consolidamos en esta

Opinión los recursos CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6 y CT-2009-9.

3

En el CT-2009-4: Las Sra. Olga Domínguez Castro se desempeña como

Técnico de Sistemas de Oficina del Departamento de Justicia, desde

hace diez (10) años y unos meses; la Sra. Sandra J. Guzmán también

labora para el Departamento de Justicia pero como Oficinista Entrada

de Datos, desde hace diez (10) años; la Sra. Militza López Mateo

funge como Contador IV del Departamento de la Familia desde hace

siete (7) años, y el Sr. Carlos R. Rivera Figueroa trabaja igualmente

para el Departamento de la Familia, pero como Técnico de Presupuesto

III, desde hace ocho (8) años.

En el CT-2009-5: Durante el trámite del caso ante este Foro los

recurridos

instaron

una

Moción

de

Desistimiento

Parcial

sin

Perjuicio. Plantearon que las circunstancias de varios de los

recurridos había cambiado y que se les había informado que estaban en

el grupo que continuarían laborando. En consecuencia, peticionaron el

desistimiento sin perjuicio de dichos empleados. El peticionario

presentó oposición.

Declaramos Ha Lugar el petitorio de los

recurridos en cuestión.

A tales efectos, a continuación el listado

de los recurridos que permanecen en el pleito. `

El Sr. Luis Ramos Comas se desempeña como Inspector de Tiendas de

Instituciones Penales de la Administración de Corrección, desde hace

nueve (9) años y dos (2) meses; la Sra. Ivelisse Marrero Marcano

labora para la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra

la Adicción como Especialista de Recursos Humanos desde hace más de

ocho (8) años; la Sra. Mirys Rodríguez Jiménez funge como Auxiliar de

Sistema de Oficina II del Departamento de Recreación y Deportes desde

el 6 de noviembre de 2003, la Sra. Leemaris Rodríguez Aponte trabaja

para

la

Administración

de

Corrección,

como

Especialista

Administrativa Humana I, hace más de siete (7) años; la Sra. Yarigna

Leslie Osorio Santiago se desempeña como Analista de Presupuesto II

en el Departamento de Recreación y Deportes hace más de (6) años; y

la Sra. Ruth Daisy Fontanez Sánchez labora para la Administración de

Corrección desde el 8 de junio de 2002 como Administradora Sistema de

Oficinas hace más de diez (10) años.

De otra parte, la Sra. Ruth Evelyn Rivera Rosario funge como Auxiliar

Administrativo I en el Departamento de Recursos Humanos hace más de

doce (12) años; el Sr. Nelson Guzmán Algarín se desempeña como

Oficinista en el Departamento de la Vivienda desde hace más de seis

(6) años; la Sra. Luz C. León Rivera labora para el Departamento de

la Educación desde hace más de trece (13) años como Auxiliar

Administrativo I; Oscar E. Luna Ugarte funge como Conserje en el

Departamento de Educación más de siete (7) años; Biterbo Caldero

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

4

Las cesantías de todos estos empleados se dan en virtud

de la aprobación de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009,

Ley

Especial

Declarando

Estado

de

Emergencia

Fiscal

y

Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para

Salvar el Crédito de Puerto Rico (Ley Núm. 7).

Con la aprobación de la Ley Núm. 7, se creó la Junta

de Estabilización y Reconstrucción Fiscal de Puerto Rico

(JREF),

con

el

propósito

de

implantar,

en

toda

su

extensión, el referido Plan de Cesantías.4 Como parte de

la

preparación

estatuido

del

criterio

Plan

de

de

Cesantías,

antigüedad,

se

y

conforme

solicitó

a

al

cada

empleado gubernamental -incluyendo a los aquí recurridosque remitieran sus status de antigüedad a la agencia para

la cual laboran, o sea, el número de años trabajados en

Pérez labora como Empleado de Custodia I (Conserje) en el

Departamento de Educación; la Sra. Mireille Rodríguez Rodríguez se

desempeña como Auxiliar Administrativo I del Departamento de

Educación hace más de cinco (5) años.

CT-2009-6: La Sra. Zoraida Martínez Román se desempeña como empleada

de la Administración para el Sustento de Menores desde hace más de

seis (6) años; y la Sra. Saudy Leilany Hernández Colón labora para la

Administración de Sustento de Menores desde hace más de doce (12)

años; la Sra. Jesenia Ayala Maldonado labora en la Administración

para el Sustento de Menores desde hace más de siete (7) años. Estas

empleadas son unionadas.

CT-2009-9: En este caso la parte recurrida es la Sra. Erika Vispo

Figueroa, quien se desempeña como Técnica de Sistema de Oficina para

la Oficina Compensación de Víctimas de Delito, adscrita al

Departamento de Justicia, desde hace siete (7) años y siete meses

(7).

4

El Art. 37.03 (b)(5) de la Ley Núm. 7 establece que la JREF estará

compuesta por el Presidente del B.G.F. (el cual dirigirá la Junta),

el Secretario del Trabajo, el Secretario del Departamento de

Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, el Secretario del

Departamento de Hacienda y la Directora Ejecutiva de la OGP Sus

miembros, en el desempeño de esta encomienda, no habrán de recibir

remuneración adicional a la que reciben por el desempeño de sus

labores en sus agencias o departamentos.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

5

el gobierno.5 En vista de lo anterior, el 25 de septiembre

de 2009, y como ya señalamos, se les notificó a cada uno

de

los

aquí

recurridos

que

quedarían

cesantes

de

sus

puestos.

En las cartas de cesantías entregadas a cada uno de

los recurridos se les informó, entre otras cosas,

la

razón de su despido. Además, se les notificó claramente

de su derecho a solicitar revisión de la determinación de

la

agencia

ante

Administración

caso

de

los

la

de

Comisión

Recursos

empleados

Relaciones

del

Trabajo

consecución

de

lo

término

treinta

de

Apelativa

Humanos

unionados,

del

anterior

(30)

días,

Sistema

(CASARH),

ante

Servicio

los

del

la

o,

de

en

el

Comisión

de

Público.

Para

la

recurridos

tendrían

un

contados

partir

del

a

recibo de la carta.

Una vez notificados de sus cesantías, los recurridos

presentaron

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

demandas contra el Gobierno de Puerto Rico (Gobierno)6

solicitando un Injunction Preliminar y Permanente, así

como una solicitud de Sentencia Declaratoria, en la que

peticionaban,

entre

otras

cosas,

el

que

se

declarara

5

El Art. 37.04 (b)(4) de la Ley Núm. 7 señala que “[a] los fines de

determinar la antigüedad de empleados afectados se considerarán todos

los servicios prestados por los empleados afectados en el servicio

público, independientemente de las disposiciones de los convenios

colectivos, reglamentos, cartas circulares y otros documentos

normativos”.

6

En el CT2009-4 la demanda fue instada el 9 de octubre de 2009; en

el CT-2009-5 el 13 de octubre de 2009, en el CT-2009-6 el 21 de

octubre de 2009 y en el CT-2009-9 el 6 de noviembre de 2009.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

6

inconstitucional la Ley Núm. 7, y como consecuencia, se

declararan nulas sus cesantías.7 Así las cosas, en todos

estos casos el Gobierno presentó, entre otras mociones,

recursos

de

certificación.

asunto,

expedimos

procedimientos

ante

los

el

Habiendo

recursos,

Tribunal

de

considerado

paralizando

Primera

el

los

Instancia,

ordenando que se elevaran los autos y concediendo a las

partes término para presentar sus alegatos.8

En el ínterin, y en el CT-2009-4, el 19 de octubre

de 2009, los recurridos nos solicitaron, en auxilio de

jurisdicción, que emitiéramos una orden provisional a los

efectos

de

paralizar

las

cesantías

decretadas

por

el

Estado. El 26 de octubre de 2009, emitimos una resolución

en la que declaramos no ha lugar tal solicitud.9

Planteamientos de las partes recurridas:

En

los

recurridos

recursos

argumentan

que

CT-2009-4

tienen

y

un

CT-2009-5,

derecho

o

los

interés

7

La demanda en el CT-2009-4 incluye como partes demandadas al

Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis G. Fortuño, al Departamento de

Justicia, al Departamento de la Familia y a la Junta de

Reestructuración y Estabilización Fiscal, en el CT-2009-5 la parte

demandada es el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis G. Fortuño y el

Estado Libre Asociado y en el CT-2009-6 los demandados son el Estado

Libre Asociado, el Departamento de la Familia y la Administración

para el Sustento de Menores. En el CT-2009-9 las partes demandadas

son el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Junta de

Reestructuración Fiscal y Estabilización Fiscal y el Departamento de

Justicia.

8

En el recurso CT-2009-6 el peticionario solicitó prórroga para

someter un escrito de réplica al alegato, el cual, en aras de la

economía procesal, declaramos N/H/L.

9

Por el efecto de lo que se solicitaba, acogimos tal solicitud de

orden provisional en auxilio de jurisdicción como si fuera una

solicitud de injuction preliminar, declarándola no ha lugar por no

cumplir con los requisitos de tal recurso extraordinario.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

7

propietario sobre sus puestos como empleados de carrera,

el cual está protegido por el debido proceso de ley que

emana, tanto de la Constitución de Puerto Rico, como de

la

Constitución

Federal.

Argumentan

asimismo

que

ese

debido proceso de ley ha sido afectado mediante la Ley

Núm. 7, tanto en su aspecto sustantivo como procesal.

Señalan

los

recurridos

en

el

CT-2009-4

que

una

cesantía es el último recurso a seguir, pudiéndose tomar

otras medidas como lo son reducir el horario de trabajo

e, incluso, el salario de los empleados, y que dichas

medidas no se tomaron. En otras palabras, reclaman que no

se especificaron las razones económicas ni se presentó

prueba sobre la necesidad imperiosa de despedir personal

y no tomar otras medidas. Además, plantean los recurridos

en

el

CT-2009-4

que

la

aplicación

de

la

Ley

Núm.

7,

supra, elimina retroactivamente derechos adquiridos por

éstos, en contravención al Art. 3 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.3.

Por

otro

lado,

en

ambos

recursos

(CT-2009-4

y

CT-2009-5) los recurridos argumentan que la Ley Núm. 7

viola su debido proceso de ley al eximir del estricto

acatamiento

unos

procesos

anteriores

a

una

cesantía,

establecidos en la Ley Núm. 184,10 como lo son, el que el

plan

10

de

cesantías

no

fue

publicado

y

que

tampoco

se

Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, conocida como

Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio

Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. secs.

1461 et seq.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

publicaron

listas

ocupacional.

de

Además,

antigüedad

éstos

8

por

reclaman

clasificación

que

el

Plan

de

Cesantías de la Ley Núm. 7 no sigue un debido proceso de

ley

en

su

implantación,

al

no

ser

publicada

la

metodología ni las listas de antigüedad, ni proveérseles

una vista previa a sus cesantías.

Por su parte, en el CT-2009-6, se nos argumenta,

entre

otros,

contraria

al

que

la

notificación

Convenio

Colectivo

de

cesantía

suscrito

entre

fue

las

partes, al tenor de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de

1998, conocida como Ley de Relaciones del Trabajo para el

Servicio Público, por lo que violenta el debido proceso

de ley de los recurridos.

Éstos plantean que tienen un

derecho propietario sobre su empleo y que la Ley Núm. 7

deja sin efecto dichos derechos así como los negociados

colectivamente,

en

menoscabo

de

las

obligaciones

contractuales.

Finalmente,

en

el

CT-2009-9,

se

reproducen

esencialmente los mismos planteamientos esbozados en los

antedichos

recursos.

No

obstante,

la

parte

recurrida

también señala que el Art. 37.04 (b)(5),(6) y (7) de la

Ley Núm. 7, supra, delega a la JREF unos poderes sin

guías claras que ocasionan una concentración indebida de

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

poderes

en

dicho

9

organismo.11 Perfeccionados

todos

los

casos aquí consolidados, procedemos a resolver.

II

Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009

La Ley Núm. 7 es un extenso estatuto que establece

un plan de tres fases para la reducción de los gastos del

Gobierno.12

Entre

estos

gastos

se

incluyen

los

directamente relacionados con la nómina de los empleados

públicos.13

La

reducción

gubernamental se configura

de

los

gastos

de

la

nómina

específicamente en el “Plan

11

En el CT-2009-09 la parte recurrida también alegó que la Oficina de

Compensación a Víctimas de Delito adscrita al Departamento de

Justicia, que es donde labora, está excluida de la aplicación de la

Ley Núm. 7, supra. Sin embargo, los méritos de ese planteamiento

deben ser dilucidados en el foro de instancia. Nótese que éste

Tribunal acogió el recurso de certificación para resolver las

impugnaciones relacionadas a la constitucionalidad de la susodicha

ley. Por lo tanto, todos los asuntos que no comprendan la

constitucionalidad de la Ley Núm. 7, supra, deberán ser atendidos por

el Tribunal de Primera Instancia a no ser que estén relacionados a la

antigüedad del empleado público afectado, en cuyo caso será CASARH o

la Comisión de Relaciones del Trabajo de Servicio Público los foros

con jurisdicción para atender tal reclamo de forma primaria.

12

Esta Ley cuenta con un extenso Informe Conjunto, emitido por las

Comisiones de Hacienda y de Gobierno de la Cámara de Representantes.

Las Comisiones de Hacienda y de Gobierno celebraron vistas públicas

sobre la medida el 5 de marzo de 2009, en la que participaron el

Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, la Directora de la

Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Secretario de Hacienda, el

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, la Sub–Secretaria del

Departamento de Justicia, los economistas Juan Lara y Vicente

Feliciano, y representación del sector sindical del país.

13

El Art. 37.02 de esta Ley excluye de su aplicación a los siguientes

empleados públicos: policías y bomberos; oficiales de corrección y

oficiales

juveniles;

maestros

asignados

al

salón

de

clases;

bibliotecarios de escuelas; profesionales de la salud (médicos,

paramédicos, enfermeras, farmacéuticos y técnicos de laboratorio);

trabajadores sociales; operadores del sistema de llamadas de

emergencia 911; y patólogos del Instituto de Ciencias Forenses.

Además, surge de su Exposición de Motivos que estarán exentas del

plan para la reducción de la nómina gubernamental, la Rama Judicial,

las corporaciones públicas, la Universidad de Puerto Rico, la

Comisión Estatal de Elecciones y la Oficina de Ética Gubernamental.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

10

de Cesantías” que se detalla en el Capítulo III de la

ley, titulado “Medidas de Reducción de Gastos”. A su vez,

este

plan

de

cesantías

se

rige

por

el

criterio

de

antigüedad en el servicio público, esto es, deben ser

cesanteados

carrera

aquellos

o

empleados

permanentes

con

de

nombramiento

menor

de

antigüedad,

independientemente de la agencia o dependencia en la que

estén destacados.14 La única excepción a la utilización de

este

criterio

es

para

servicios

esenciales

necesarios

para

aquellos

a

la

mantener

empleados

ciudadanía,

la

continuidad

que

y

prestan

que

de

son

estos

servicios.

Del análisis de la Ley Núm. 7 se distinguen seis

fines principales que ésta persigue: (1) el atender de

manera integrada y responsable la crisis fiscal por la

cual atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, (2) proteger

el crédito de Puerto Rico de conformidad con la Sec. 8

del Art. VI de la Constitución;15 (3) proveer para un plan

de

estabilización

fiscal;

(4)

eliminar

el

déficit

estructural en cumplimiento con el mandato de la Sección

14

15

Véanse Exposición de Motivos y el Art. 37.03 (b)(3)de la Ley Núm.7.

El Art. VI, Sec. 8 de nuestra Constitución establece lo siguiente:

Sección

basten.

8.

Prioridad

de

desembolsos

cuando

recursos

no

Cuando los recursos disponibles para un año económico

no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese

año, se procederá en primer término, al pago de intereses y

amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás

desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se

establezca por ley. Art. VI, Sec. 8, Const. E.L.A., Tomo 1.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

11

7 del Artículo VI de la Constitución;16 (5) devolverle al

Gobierno su salud fiscal; y (6) establecer las bases para

que el Gobierno pueda impulsar el desarrollo económico de

Puerto Rico, mediante un plan integrado que consiste de

Medidas

de

Ingresos

y

Mejor

Fiscalización,

Medidas

de

Reducción de Gastos y Medidas Financieras.

La Ley Núm. 7 es un estatuto de carácter económico

(“economic

regulation”)

que

conlleva

un

impacto

socioeconómico, no sólo en el contexto de las cesantías

que autoriza, sino además por las medidas de ingresos

gubernamentales

(recaudos

para

el

fisco)

y

de

fiscalización y reducción de gastos gubernamentales que

impone.17 Conviene entonces mencionar con algún detalle,

lo

que

comprende

este

estatuto

en

sus

partes

más

algunos

de

pertinentes.

Esta

ley

abarca

cinco

(5)

capítulos,

ellos subdivididos a su vez en subcapítulos, en los que

se

16

establecen

en

total

72

artículos.

El

Capítulo

I

El Art. VI, Sec. 7 de nuestra Constitución establece lo siguiente:

Sección 7. Asignaciones no excederán de los recursos.

Las asignaciones hechas para un año económico no

podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho

año económico, a menos que se provea por ley para la

imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas

asignaciones. Art. VI, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo

1.

17

Esta ley no sólo dispone para la reducción de los gastos

gubernamentales, sino que establece una serie de contribuciones y/o

créditos

a

individuos

(Art.

4),

contribuciones

a

productos

(cigarrillos, Art. 5); a vehículos de motor (Art. 6) y a licores

(vinos y cervezas, Art. 14).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

establece

apenas

las

tres

“Disposiciones

Iniciales”,

artículos.

Art.

El

2

12

y

consta

de

(Declaración

de

Propósito y Política Pública) específicamente declara un

estado de emergencia económica y fiscal en el Gobierno,

ante el cuadro económico y fiscal actual de la Isla. Como

consecuencia de lo anterior, se establece como política

pública

del

establecer

Gobierno

un

plan

necesidad

“la

integrado

estabilización

fiscal,

estructural,

amortización

la

la

y

apremiante

de

coherente

de

eliminación

del

de

pública,

la

deuda

déficit

el

restablecimiento de la salud fiscal y las bases para que

el

Gobierno

pueda

impulsar

el

desarrollo

económico

de

Puerto Rico”.18 (Énfasis nuestro.)

El Art. 3 establece la primacía de esta ley por ser

una ley especial, señalando a su vez que se aprueba en el

ejercicio del poder de razón de Estado, así como en la

facultad

constitucional

que

tiene

la

Asamblea

Legislativa, reconocida en las Secs. 18 y 19 del Art. II

de nuestra Constitución,19 y al amparo de las Secs. 7 y 8

18

Art. 2 de la Ley Núm. 7, supra.

19

Las Secs. 18 y 19 del Art. II de

en lo pertinente, señalan:

la Constitución de Puerto Rico,

Sección 18. Derecho a la huelga, a establecer piquetes, etc.

...

Nada de lo contenido en esta sección menoscabará la

facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes para

casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro

la salud o la seguridad públicas, o los servicios públicos

esenciales. Art. II, Sec. 18, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo

1.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

13

del Art. VI de la Constitución de Puerto Rico, antes

citadas.

El Capítulo II consta de tres subcapítulos en el que

se

establecen

Fiscalización”.

las

En

“Medidas

el

de

Subcapítulo

Ingresos

I

se

y

Mejor

disponen

las

“Medidas Permanentes” y en el Subcapítulo II las “Medidas

Temporales”.

El

Subcapítulo

III

se

titula

“Efecto

en

Otras Leyes” y dispone unas enmiendas a dos estatutos

distintos,

ambas

relacionadas

con

transferencias

de

fondos: una enmienda relacionada con la Universidad de

Puerto Rico y otra que se relaciona

con transferencias

de fondos municipales.

En el Capítulo III, eje principal de la controversia

que nos ocupa, se establecen las “Medidas de Reducción de

Gastos”. En el Art. 33 de este Capítulo se establecen las

“Definiciones” que han de aplicarse al texto de la ley,

en el que destacamos el Art. 33(g). Este artículo señala

que el “Objetivo” de esta ley es el establecimiento de un

plan de emergencia dirigido a reducir en dos mil ($2,000)

millones de dólares los gastos operacionales y de nómina

Sección 19. Interpretación liberal de los derechos del ser

humano y facultades de la Asamblea Legislativa.

La enumeración de derechos que antecede no se

entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de

otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y

no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como

restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para

aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el

bienestar del pueblo. Art. II, Sec. 19, Const. E.L.A.,

L.P.R.A., Tomo 1.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

14

pagaderos del Fondo General para el año fiscal 2009-2010,

luego

de

excluir

asignaciones

Rico,

la

servicio

de

por

fórmulas

de

la

Rama

Judicial

y

los

asignaciones

interés

el

a

la

Rama

gubernamental

continuidad

en

el

de

de

las

Puerto

Municipios,

y

las

armonizado

con

el

asegurar

ofrecimiento

deuda,

Universidad

Legislativa,

de

la

la

calidad

y

la

los

servicios

a

la

ciudadanía. El Art. 34 instituye la aplicabilidad de la

misma.

Los Arts. 35 al 37 establecen lo que la Ley llama

“Plan de Emergencia de Medidas de Reducción de Gastos”.

Este

plan

cuales,

está

compuesto

Fase

II,

la

mientras

no

se

por

entrará

alcance

el

tres

en

fases,

vigor

Objetivo

una

de

las

progresivamente,

establecido

como

política pública en el Art. 33(g) de la Ley. El Art. 36

comprende la Fase I, en la cual se establece un “Programa

Voluntario

de

“Programa

de

Reducción

Renuncias

Permanente

de

Voluntarias

Jornada”

y

un

Incentivadas”,

disponible para los empleados elegibles en las agencias

afectadas.20

20

Específicamente, el Art. 36.01 señala que todo empleado de las

agencias a las que les aplique el Capítulo III y que tenga veinte

(20) años o más de empleo en el servicio público, sería elegible para

el programa, el cual constaría de la reducción de una jornada regular

diaria del empleado en cada quincena, es decir, un día en cada

quincena. (Art. 36.01(a) y (b) de la Ley Núm. 7, supra). El referido

artículo también advierte que la reducción de jornada dispuesta, al

igual que la consecuente reducción en paga, serán de carácter

permanente. ( Art. 36.01 (e)de la Ley Núm. 7, supra.)

El

artículo

36.02

establece

el

Programa

de

Renuncias

Voluntarias

Incentivadas,

cuyo

proceso

de

implementación

y

notificación estará a cargo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

El

Art.

36.04

15

(Certificación)

reviste

una

importancia particular. Este artículo establece que al

concluir

el

plazo

de

Programa

de

Renuncias

los

30

días

Voluntarias

para

acogerse

Incentivadas

y

al

al

Programa de Reducción Permanente de Jornada, las agencias

tendrán

un

término

no

mayor

de

siete

(7)

días

para

presentar a la OGP un informe indicando el monto de la

economía lograda. Es a partir de la fecha en que vence la

entrega

de

estos

agencias, y

informes

por

parte

de

las

distintas

en un término no mayor de diez días, que la

OGP tiene que certificar a la JREF y a los Presidentes de

los

Cuerpos

resultado

Legislativos

de

la

la

economía

implantación

de

la

proyectada

Fase

I

como

y

la

certificación de la economía proyectada del Art. 38.02,

Fase III.

que

la

OGP

Es basado en el análisis de esos resultados

tiene

que

anunciar

si

el

objetivo

se

ha

alcanzado y, de no ser así, recomendar poner en efecto la

Fase II.

El Art. 37.01 establece que una vez la OGP emite la

certificación (Art. 36.04) en la que se concluye que el

(OGP). El mismo acoge a todo empleado de las Agencias a las que le

es aplicable el Capítulo III, pero señala un término improrrogable de

30 días para poder acogerse, contados a partir de la notificación de

la OGP. Este artículo establece un incentivo económico que consiste

del pago de una cantidad monetaria, basado en el término de empleo en

el servicio público del empleado. Este incentivo es libre del pago de

contribuciones sobre ingresos, y de descuentos por concepto de

ahorros y aportaciones a los sistemas de retiro de los empleados

gubernamentales, o de contribución sobre ingresos. Además, el

empleado recibe,

conjuntamente con el pago de sus días por

vacaciones a liquidarse en el término plazo de 30 días, el pago de la

prima de cobertura médica por un término máximo de doce (12) meses o

hasta que éste sea elegible para cobertura de seguro de salud

en

otro empleo. (Art. 36.03 (a), (b) y (c)de la Ley Núm. 7, supra).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

16

objetivo establecido como política pública (Art. 2) no ha

sido alcanzado, el plan de cesantías entrará vigor. El

Art.

37.02

enumera

los

empleados

de

las

distintas

agencias que, con el fin de evitar un impacto negativo en

los servicios brindados por el Gobierno, están excluidos

de la aplicación de la Fase II.21 El Art. 37.03 señala que

la certificación por parte de la OGP enunciando que no se

alcanzó el objetivo establecido en la Fase I, pone en

vigor inmediatamente la Fase II.

Una vez se inicia la Fase II, el Art. 37.04 se torna

en uno de principal importancia. Este artículo establece

los

parámetros

y

el

procedimiento

a

llevarse

a

cabo

durante esa fase. Por ser de particular pertinencia a los

planteamientos de los aquí recurridos, lo citaremos casi

en su totalidad:

Artículo 37.04.-Procedimiento.

El procedimiento para llevar a cabo la Fase II

será el dispuesto en este Artículo.

(a) Suspensión Temporera.

Con el comienzo

inmediato de la Fase II, automáticamente se

suspenderá

toda

cláusula,

precepto

y/o

disposición aplicable a los empleados y/o

puestos sujetos a las disposiciones de este

Capítulo III, contenidas en leyes, convenios

colectivos, acuerdos, acuerdos suplementarios,

políticas,

manuales

de

empleo,

cartas

circulares,

cartas

contractuales,

addenda,

certificaciones,

reglamentos,

reglas

y

condiciones de empleo, cartas normativas,

planes

de

clasificación

y/o

planes

de

retribución, referentes a:

21

Este artículo también excluye, entre otros, a los empleados de

confianza. Art. 37.02 de la Ley Núm. 7, supra.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

(1) ascensos,

traslados;

descensos,

reubicaciones

17

y/o

(2) retención y cesantía, que conflija con lo

adoptado en esta Ley;

(3) reducción de fuerza laboral o cesantía, al

igual que cualquier otra disposición que

requiera observar ciertas medidas necesarias

previo

a

la

implantación

de

cualquier

reducción de fuerza laboral o cesantía;

(4) reingreso

elegibles;

y

de

adopción

de

registro

de

(5) toda disposición que impida asignar tareas

correspondientes a un grupo de empleados,

clases de puestos, niveles, unidad sindical o

unidad apropiada;

(6) toda

disposición

que

impida

la

subcontratación de tareas asignadas a un grupo de

empleados, clases de puestos, niveles, unidad

sindical o unidad apropiada;

(7) toda disposición

tareas en puestos,

niveles;

que impida

clases de

consolidar

puestos o

(8) disposiciones en cuanto a limitaciones de

los derechos de gerencia o de administración

de las Agencias; excepto en aquello que no

esté en conflicto con este Capítulo III;

(9) disposiciones o cláusulas donde la Agencia

se obligue a dar fiel cumplimiento a lo

acordado o pactado, en cuanto a los aspectos

que estén en conflicto con las disposiciones

de este Capítulo III;

(10) requisitos de utilizar antigüedad, en la

medida en que las disposiciones de antigüedad

sean contrarias a lo dispuesto en este

Capítulo III o constituyan una limitación para

efectuar

cambios

en

funciones,

ascensos,

descensos, reubicaciones, traslados, destaques

u otras transacciones necesarias para evitar

que se afecten los servicios; y

(11) procedimientos

de

resolución

de

controversias, revisión y/o apelación que

estén en conflicto con las disposiciones que,

en cuanto a esas áreas,

se proveen en este

Capítulo III.

La

suspensión

de

las

cláusulas

y

disposiciones descritas en el inciso (a) de

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

este Artículo será por un término de dos (2)

años, pudiendo el Gobernador reducir este

período

mediante

Orden

Ejecutiva,

de

certificar

la

OGP

que

las

economías

resultantes

de

la

implantación

de

los

mecanismos provistos por este Artículo son

suficientes para cubrir los objetivos.

(b)

Cesantías.

(1) En vista del estado de emergencia fiscal,

la escasez de recursos fiscales, la gravedad

de los problemas que enfrentamos y la urgencia

requerida

para

corregir

los

problemas

fiscales, se exime de agotar medidas tales

como reubicación de personal, readiestramiento

de

empleados,

disfrute

de

vacaciones

acumuladas, disfrute de licencia sin sueldo,

reducción de jornada de trabajo o descensos,

previo a instrumentar las cesantías.

(2) Las Agencias notificarán la terminación a

todo empleado que a la fecha de la vigencia de

esta Ley tenga un nombramiento transitorio o

irregular, por lo que no será necesario

observar, en cuanto a éstos, el criterio de

antigüedad. La notificación escrita que a esos

efectos las Agencias envíen, le apercibirá al

empleado de su derecho de solicitar revisión

de la decisión de la Agencia, ante la CASARH,

en conformidad a lo dispuesto por el Artículo

13, sección 13.14, de la Ley Núm. 184 del 3 de

agosto

de

2008,

y

su

reglamento.

La

notificación se hará mediante entrega a la

mano o por correo certificado con acuse de

recibo a la dirección que obra en los

expedientes de la Agencia.

(3) Las cesantías de los empleados con

nombramiento

permanente

o

de

carrera

se

efectuarán

observando

exclusivamente

el

criterio de antigüedad, de modo que sean

cesanteados en primer término aquellos que

tengan menor antigüedad.

(4)

…

(5) Se crea la JREF, la cual estará compuesta

por el Presidente del BGF, el cual dirigirá la

Junta,

el

Secretario

del

Trabajo,

el

Secretario del Departamento de Desarrollo

Económico y Comercio de Puerto Rico, el

Secretario del Departamento de Hacienda, y la

Directora Ejecutiva de la OGP. Sus miembros,

en el desempeño de esta encomienda, no habrán

de recibir remuneración adicional a la que

18

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

reciben por el desempeño de sus labores en sus

agencias o departamentos.

(6) Además de las facultades otorgadas por

este Capítulo III, la JREF tendrá todas las

facultades necesarias y convenientes para

descargar

la

encomienda

aquí

asignada,

incluyendo pero sin limitarse a la de realizar

o encomendar, a las agencias o departamentos

que están a su cargo, que se realicen los

estudios que sean necesarios; requerir a las

Agencias

la

información

necesaria

para

realizar su encomienda; asesorar al Gobernador

y a las Agencias en todo lo relativo a los

empleados a ser cesanteados; evaluar, aprobar

o

rechazar

peticiones

de

empleados

para

reducir la jornada de los puestos que ocupan;

llevar a cabo reuniones entre sí y con los

jefes de las Agencias; y reclutar de forma

temporal,

mediante

destaque,

el

personal

necesario para realizar la encomienda. Su

Presidente tendrá la facultad, además, para

asignar y/o poner a la disposición de la JREF

todo recurso del BGF que sea necesario para

descargar sus obligaciones bajo este Capítulo

III. La encomienda de la JREF, y su duración

finalizará una vez se cumpla el objetivo de la

ley.

(7) La JREF habrá de determinar la cantidad

global de empleados a ser cesanteados, en

conformidad con las disposiciones del Artículo

2 de esta Ley y en armonía con la necesidad de

asegurar la continuidad y calidad de los

servicios

gubernamentales,

dentro

de

un

término no mayor de cinco (5) días calendario

de iniciada la Fase II.

(8) Las Agencias identificarán y certificarán

a la JREF la antigüedad de cada uno de sus

empleados, dentro de un término no mayor de

quince (15) días calendario de iniciada la

Fase II.

En

el

mismo

término,

las

Agencias

certificarán por escrito a sus empleados

afectados,

individualmente,

su

fecha

de

antigüedad según surge de sus récords. En el

caso de empleados miembros de una unidad

apropiada representada por una organización

sindical

se

notificará,

además,

a

dicha

organización sindical. Dicha certificación se

notificará a los empleados, y, además, de ser

el caso, a la organización sindical, mediante

entrega a la mano o por correo certificado con

19

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

acuse de recibo, a la dirección que obra en

los

expedientes

de

las

Agencias

y

apercibiéndole

del

derecho

que

tiene

el

empleado a exponer y fundamentar por escrito

su versión en cuanto a su fecha de antigüedad.

La fecha de notificación será la de su entrega

o envío.

(9) El empleado, y de ser el caso, éste a

través de su organización sindical, tendrá un

término

no

mayor

de

treinta

(30)

días

calendario, a partir de la fecha de la

notificación, para presentar por escrito a la

Agencia, evidencia documental oficial emitida

por la autoridad o entidad gubernamental

competente (“evidencia documental fehaciente”)

que refute la antigüedad que le ha sido

certificada. Para ello utilizará el formulario

que para esos fines será provisto por su

respectiva Agencia, el cual completará y

someterá a su propia Agencia, con copia de la

evidencia documental fehaciente que refute la

fecha de antigüedad notificada por la Agencia.

(10) En la eventualidad de que el empleado

afectado no refute o no presente, dentro del

término aquí dispuesto, evidencia documental

fehaciente

que

sostenga

su

posición,

la

antigüedad a ser utilizada será aquella que le

fue

notificada

por

la

Agencia.

Dicha

antigüedad

será

concluyente

para

todo

propósito relacionado con este Capítulo III.

(11) En la eventualidad de que el empleado

afectado presente, dentro del término aquí

dispuesto, evidencia documental fehaciente que

controvierta la antigüedad que le ha sido

notificada, la Agencia no tomará determinación

final sobre la antigüedad sin antes darle la

oportunidad de tener una vista previa.

(12) La Agencia notificará al empleado su

determinación final que sobre la antigüedad

tome, y, además, de ser el caso, a la

organización sindical, en un término no mayor

de

treinta

(30)

días

calendario,

apercibiéndole de su derecho de solicitar

revisión de dicha determinación, conforme a lo

dispuesto a esos fines en el inciso incisos

(13) y (14), del Artículo 37.04 (b) de esta

Ley.

Dicha

notificación

se

hará

a

los

empleados, y, además, de ser el caso, a la

organización sindical, mediante entrega a la

mano o por correo certificado con acuse de

recibo, a la dirección que obra en los

20

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

21

expedientes de las Agencias. La fecha de

notificación será la de su entrega o envío. No

obstante, la presentación del recurso de

revisión no habrá de paralizar las cesantías;

disponiéndose, no obstante, que en el caso que

el empleado prevalezca, se le restituirá a su

puesto, efectivo a la fecha de su cesantía.

(13) El empleado afectado podrá solicitar

revisión de la determinación final tomada por

la

Agencia,

solamente

en

cuanto

a

su

antigüedad ante la CASARH, en conformidad a lo

dispuesto por el Artículo 13, sección 13.14,

de la Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 2004, y

su reglamento.

(14) Aquellos empleados que sean miembros de

una unidad apropiada, afiliados o no a una

organización

sindical,

podrán

revisar

la

determinación tomada final por la Agencia,

solamente en cuanto a su antigüedad, mediante

una petición que a esos efectos presenten a

los árbitros de la Comisión, creada al amparo

de la Ley Núm. 45 del 25 de febrero de 1998,

en un término no mayor de treinta (30) días

calendario del recibo de la notificación de la

Agencia.

(15) La Agencia notificará las cesantías con

al menos treinta (30) días calendario de

anticipación a la fecha de su efectividad,

mediante comunicación escrita dirigida al

empleado y, además, de ser el caso, a la

organización sindical, indicando la fecha de

efectividad de la misma. La notificación se

realizará

conforme

al

Artículo

37.04(b),

inciso (12) de este Capítulo III. (Énfasis

nuestro).

Por

otra

parte,

el

Art.

37.05

instaura

los

beneficios que recibirán los empleados cesanteados.22 El

22

Esto, además de la liquidación de vacaciones regulares. Asimismo,

para aquellos empleados elegibles para ello, también les corresponde

una

liquidación

por

licencia

por

enfermedad

y

por

tiempo

extraordinario acumulado. Tales beneficios se resumen de la siguiente

manera: pago de la prima de cobertura médica por un término

ininterrumpido de seis (6) meses o hasta que éste sea elegible para

cobertura de seguro de salud en otro empleo; serán considerados

elegibles al Programa de Alternativas para Empleados Públicos según

dispuesto en el Artículo 39 de la propia ley; y podrán elegir que se

les liquide lo acumulado como beneficio de retiro, o se les

transfiera, o se adopte cualquier otra alternativa de las dispuestas

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

Art.

37.06

dispone

agencias

deberán

refleje

las

que

al

presentar

economías

concluir

a

la

la

Fase

II

las

un

informe,

que

OGP

logradas

22

por

las

cesantías

realizadas. Con esa información, la OGP certificará a la

JREF y a los Presidentes de los Cuerpos Legislativos, la

economía proyectada como resultado de la implantación de

la Fase II, indicando, además, sus conclusiones en cuanto

a si el objetivo se alcanzó. La OGP y el Departamento de

Hacienda

someterán

a

los

Presidentes

de

los

Cuerpos

Legislativos un informe conjunto cada noventa (90) días

sobre

el

progreso

de

los

recaudos

y

la

reducción

de

gastos como el resultado de la implantación de la Fase

II.

Con el Art. 38 se establece la Fase III, la que

entró en vigor inmediatamente advino vigente la ley (Art.

38.01).

La

temporera,

Fase

III

por

el

establece

término

un

de

plan

dos

de

(2)

suspensión

años

(Art.

38.02(b)), de leyes, convenios colectivos, preceptos y

acuerdos,

disposición

así

como

contenidas

de

en

toda

cláusula,

leyes,

precepto

convenios

y/o

colectivos,

acuerdos, acuerdos suplementarios, políticas, manuales de

empleo, cartas circulares, cartas contractuales, addenda,

certificaciones,

reglamentos,

reglas

y

condiciones

de

empleo, cartas normativas, planes de clasificación y/o

planes de retribución, aplicable a los empleados sujetos

por, y en conformidad con la ley que regula su retiro, su reglamento

y/o el plan correspondiente.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

23

a lo establecido en el Capítulo III de la propia Ley, y

referentes a veintisiete (27) aspectos que se enumeran en

el propio artículo.

Además, este Art. 38 suspende la eficacia de toda

disposición

tales

como

reglamentaria,

políticas,

o

contenida

en

certificaciones,

documentos

circulares,

addenda, reglas y condiciones de empleo o por manuales de

empleo, de cualquier índole, que provea para una licencia

con paga, que no sea una establecida estatutariamente. El

Art.

39

establece

el

Programa

de

Alternativas

para

Empleados Públicos. Este programa consiste en proveerle

al empleado cesanteado bajo el Art. 37, como beneficio

adicional y con preeminencia, el que pueda escoger una de

tres (3) alternativas u opciones.23

El

Art.

40

(Negociación

de

convenios

vencidos),

señala que los convenios colectivos expirados a la fecha

de vigencia de la

ley o que expiren durante la vigencia

de ésta, no podrán ser extendidos ni negociados. Esta

prohibición se extenderá por un término de dos (2) años,

a partir de la vigencia de la propia ley.

23

Estas opciones no consisten de pagos o beneficios a recibirse

directamente por el empleado, sino que los mismos serán tramitados o

canalizados a la institución educativa, vocacional técnica o al nuevo

patrono de éste, sujeto a las directrices a establecerse por la JREF

a esos efectos. Las alternativas son las siguientes: un vale

educativo por una cantidad total de cinco mil ($5,000) dólares; un

vale vocacional/técnico o para relocalización por una cantidad total

de dos mil quinientos ($2,500) dólares; o un subsidio de cincuenta

(50%) por ciento del salario de transición a un empleo en el Sector

Privado o en el Tercer Sector aplicable a un salario bruto de hasta

un máximo de treinta mil ($30,000) dólares. Por tanto, el beneficio

máximo a concederse en virtud de este inciso es de quince mil

($15,000) dólares.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

El

Fases

Art.

I,

41

(Traslados)

y

III,

II

y

establece

con

el

24

que

durante

las

de

asegurar

la

fin

continuidad y calidad de los servicios gubernamentales,

la

JREF

podrá

puestos,

autorizar

clases

y

empleados,

unidades

sindicales

a

no

traslados

niveles

de

apropiadas;

sindicales

y

de

empleados

puestos,

traslados

viceversa,

entre

grupos

de

en

de

unidades

una

misma

agencia o entre agencias; disponiéndose, que el empleado

trasladado deberá cumplir con los requisitos mínimos de

preparación académica y experiencia necesaria para ocupar

el

puesto.

período

El

empleado

probatorio

trasladado

requerido

para

estará

el

sujeto

puesto.

al

Además,

quedará en suspenso, durante la vigencia de las Fases I,

II y III, toda aquella disposición de ley, reglamento,

convenio,

acuerdo

o

precepto

que

sea

contrario

a

lo

indicado en el Capítulo III; disponiéndose, que existirá

total flexibilidad para realizar los traslados.

El Art. 42 (Subcontratación) establece que durante

las

Fases

asegurar

I,

la

II

y

III,

y

nuevamente

continuidad

y

calidad

de

con

el

los

fin

de

servicios

gubernamentales, la JREF podrá autorizar la transferencia

y subcontratación de labores realizadas por empleados,

unidades apropiadas o unidades sindicales, quedando en

suspenso, durante la vigencia de las tres fases, toda

disposición

de

ley,

reglamento,

convenio

o

precepto

contrario a lo indicado en el Capítulo III de la ley.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

25

También se dispone que en todo contrato otorgado por

las agencias conforme a ese Art. 42, se le requerirá al

contratista

que,

en

contratados,

emplee

la

prestación

empleados

de

los

cesanteados

servicios

disponibles,

que tengan la preparación y experiencia necesaria para

prestar el servicio contratado, conforme a la lista de

candidatos a reempleo que habrá de preparar la Oficina de

Recursos

Humanos

del

Estado

Libre

Asociado

(O.R.H.E.L.A.), a tenor con lo dispuesto en el Artículo

43 del Capítulo III. El Art. 43 (Normas de reingreso y de

contratación

de

empleados

cesanteados)

implanta

un

registro de elegibilidad por el término de un (1) año, de

empleados cesanteados. Este registro deberá ser preparado

por O.R.H.E.L.A.24

En el Artículo 44 (Prácticas Ilícitas) se dispone

que la adopción de cualquier medida autorizada por el

Capítulo III, ya sea por la JREF, OGP, el BGF, la ORHELA,

las Agencias, sus Autoridades Nominadoras, el Gobernador

o

por

cualquiera

de

los

representantes

de

éstos,

no

constituirá una violación a los convenios colectivos, ni

una práctica ilícita.

24

La aplicación de tal registro se da en la circunstancia de que, si

al implantarse la Fase II existiere la necesidad de llenar una

posición vacante, y esto no pudiera lograrse mediante traslado, se

podrá reemplear a aquellos que figuran en el registro de elegibles y

que al momento de su despido estaban desempeñando labores iguales o

similares a las del puesto vacante, siguiendo para ello el criterio

de antigüedad. En estos casos se reempleará a estos empleados dándole

preferencia a los de mayor antigüedad.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

26

En el Art. 46 (Interés público y foro para dirimir

controversias) se establece la importancia de los asuntos

contenidos en la Ley, por estar revestidos de un gran

interés público.

A la vez, se resalta la importancia de

velar por los derechos de los empleados afectados, en

cuanto a las acciones a tomarse conforme a lo dispuesto

en el Capítulo III. En ese contexto, el artículo dispone

que CASARH tendrá jurisdicción para atender apelaciones

surgidas

como

consecuencia

de

acciones

o

decisiones

tomadas conforme al Capítulo III, en todo aquello que no

conflija con éste, de aquellos empleados no cubiertos por

las disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo

para Servicio Público, Ley Núm. 45 del 25 de febrero de

1998, según enmendada (Ley Núm. 45).

CASARH

tendrá,

asimismo,

sobre

los

empleados

sindicalmente

de

aquellas

agencias

aplicación

las

voluntaria

de

Administración

de

jurisdicción

disposiciones

los

Recursos

de

no

apelativa

organizados

excluidas

la

Humanos

Ley

en

el

de

la

para

la

Servicio

Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004”

(Ley Núm. 184), en cuanto a apelaciones surgidas como

consecuencia de acciones o decisiones tomadas conforme al

Capítulo III, en todo aquello que no conflija con este

último. También dispone que la Comisión de Relaciones del

Trabajo

del

Servicio

Público

(Comisión)

mantendrá

jurisdicción para ventilar cargos de práctica ilícita y

prestar servicios de arbitraje, en cuanto a acciones o

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

27

decisiones cubiertas por la Ley Núm. 45, según enmendada,

en armonía con las disposiciones de la Ley Núm. 7.

Finalmente, ante

la posibilidad de un aumento en la

cantidad de reclamaciones presentadas en la Comisión, y

para asegurar un debido proceso de ley y una solución

justa

y

rápida

en

los

procedimientos

ante

dichos

organismos, este Art. 46 aumenta la composición de la

Comisión

a

un

asociados,

y

nombrar

los

a

(1)

Presidente

autoriza

árbitros

al

y

cinco

Presidente

que

sean

de

(5)

miembros

la

Comisión

necesarios

para

que

realicen las labores encomendadas por el Capítulo III de

la ley. Asimismo, se autoriza al Presidente de CASARH a

nombrar y designar los Oficiales Examinadores que sean

necesarios. Los Arts. 47 al 67 configuran las “Medidas

Financieras (Cap. IV) y del Art. 68 al 72 se establecen

la “Disposiciones Finales” (Cap. V).

III

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto

Rico establece, en lo que nos es pertinente, que:

[n]inguna persona será privada de su

libertad

o

propiedad

sin

debido

proceso de ley, ni se negará a

persona alguna en Puerto Rico la

igual protección de las leyes.25

Por su parte, la Quinta Enmienda de la Constitución

de los Estados Unidos, en lo pertinente señala:

25

Art. II,

nuestro).

Sec.

7,

Const.

E.L.A.,

L.P.R.A.,

Tomo

1.

(Énfasis

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

28

…nor [shall any person] be deprived

of

life,

liberty,

or

property,

without due process of law;26

A su vez la Enmienda Catorce de la Constitución de los

Estados Unidos reza:

nor shall any State deprive

any

person of life, liberty, or property,

without due process of law; nor deny

to any person within its jurisdiction

the equal protection of the laws.27

Como se aprecia, tanto nuestra Constitución como la

Constitución Federal, reconocen como derecho fundamental

el debido proceso de ley. El debido proceso de ley se

manifiesta

en

dos

dimensiones:

la

sustantiva

y

la

procesal.28 Analizaremos ambas doctrinas en el contexto de

los reclamos esbozados por las partes recurridas.

Todos los recurridos en los casos aquí consolidados

reclaman tener, como empleados públicos de carrera, un

interés

propietario

sobre

sus

plazas.

Les

asiste

la

razón. Desde Lupiáñez v. Srio de Instrucción, 105 D.P.R.

696 (1977), reconocimos por primera vez tal derecho, en

esa ocasión basándonos en una expectativa legítima de que

un puesto se convertiría en permanente. Un año después,

en Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978),

reconocimos

expresamente

tal

derecho

a

los

empleados

públicos de carrera, como lo son los aquí recurridos. Ese

26

Emda. V, Const. EE.UU., L.P.R.A., Tomo I. (Énfasis nuestro).

27

Emda. XIV, Const. E.E.U.U., L.P.R.A., Tomo I.

28

Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 273 (1987).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

29

derecho propietario garantiza, al ser afectado por una

acción del Estado (State Action), la concurrencia de un

debido proceso de ley.29

Por otro lado, y como señala el siempre apreciado

profesor

Miguel

Velázquez

Rivera,

“la

jurisprudencia

constante del Tribunal Supremo de Estados Unidos y del de

Puerto Rico es clara en el sentido de que el ejercicio

del derecho de propiedad no es absoluto. Está supeditado

a intereses sociales que se agrupan en el concepto de

‘poder de razón de estado’ o ‘police power’”.30

A. Doctrina de Poder de Razón de Estado (Police Power)

“[T]oda comunidad políticamente organizada tiene lo

que hemos llamado el poder público del estado (police

power)

para

salvaguardar

la

seguridad,

la

salud

y

el

bienestar de sus habitantes”.31 Desde principios del siglo

pasado hemos interpretado las implicaciones que conlleva

este poder de razón de Estado. Desde entonces, también

hemos

reconocido

la

dificultad

que

entraña

una

“definición satisfactoria” de tal concepto.32 No obstante,

y por la presente, adoptamos la siguiente como definición

29

Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R 499 (1990).

30

M. Velázquez Rivera, Validez Legal de la Reglamentación por la

Asamblea Legislativa de la Importación, Venta y Posesión en Puerto

Rico de Perros de la Raza Pit Bull, 63 Rev. Jur. U.P.R. 1, 15 (1994).

31

Bordas & Co. v. Srio. de Agricultura, 87 D.P.R. 534, 547-548

(1963);citando a Barbier v. Connolly, 113 U.S. 27, 31 (1885); Brown

v. Maryland, 12 Wheaton 419, 442 (1827); Weaver, Constitutional Law

(1946), pág. 491.

32

Véase El Pueblo v. López, 28 D.P.R. 377, 380 (1920).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

30

de “poder de razón de estado”, por ser una que precisa el

concepto de manera práctica, sencilla y muy pertinente a

la controversia que nos ocupa:

Aquel poder inherente al Estado que es

utilizado por la Legislatura para prohibir

o reglamentar ciertas actividades con el

propósito de fomentar o proteger la paz

pública, moral, salud y bienestar general

de la comunidad, el cual puede delegarse a

los municipios.33 (Énfasis nuestro).

Ahora bien, como señala el profesor Serrano Geyls:

El Tribunal [Supremo Federal] se ha

negado consecuentemente a ofrecer una

definición exacta de las fronteras del

poder de reglamentación [police power]. Ha

preferido, al enfrentarse a objeciones

constitucionales a su uso, resolver cada

caso conforme a sus hechos. Originalmente

ese poder comprendía la facultad de dictar

reglas

para

proteger

la

salud,

la

seguridad y la moral públicas, según

las

tradiciones del “common law”. [Luego,] se

le añadió la frase, aún más amplia, de

“bienestar general”. Ha mantenido ese

significado hasta el presente.34 (Citas

omitidas y énfasis nuestro).

En ese contexto, ya hemos pautado que el poder de

razón de Estado es uno amplio. Por eso, al tratar de

delimitar su marco de injerencia debe hacerse de acuerdo

a

las

circunstancias

y/o

hechos

particulares

de

cada

33

(Reiterando el criterio expuesto en la Opinión del Secretario de

Justicia Núm. 1966-40.) Op. Sec. Just. Núm. 33 de 1984.

34

R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto

Rico, 1ra. ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. II, pág. 923.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

caso.35

Entre

precariedad

esas

de

circunstancias,

la

economía

31

hemos

reconocido

la

una

realidad

que

como

necesariamente pesa en la definición del ámbito de la

acción gubernamental bajo el poder de razón de Estado.36

Además, en el pasado hemos reconocido incluso “la

estética”

como

un

fundamento

único

y

válido

para

el

ejercicio por la Rama Legislativa del poder de razón de

Estado, específicamente en la consecución del bienestar

general.37 De hecho, desde principios del siglo pasado el

Tribunal

Supremo

poder,

se

Federal

pueda

ha

hasta

reconocido

limitar

que,

en

bajo

este

determinadas

circunstancias el número de personas que pueden ocupar

una vivienda y la relación entre éstas.38

el

ejercicio

Legislatura

de

“goza

su

de

poder

de

amplia

razón

facultad

Y es que, en

de

Estado,

para

la

aprobar

reglamentación económica dirigida a promover el bienestar

de la comunidad.

La única limitación que tiene es la

dispuesta por la garantía del debido proceso de ley”.39

35

Vélez v. Municipio de Toa Baja, 109 D.P.R. 369 (1980).

36

Véase Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., 132 D.P.R. 593 (1993).

37

Cervecería Corona, Inc. v. Srio. Obras Públicas, 97 D.P.R. 44

(1969). Esto, en el contexto del poder de la Asamblea Legislativa

para la eliminación sumaria de rótulos y anuncios instalados en

violación a las leyes y reglamentos de zonificación.

38

Village of Belle Terre v. Boraas, 416 U.S. 1 (1974). Véase también

Pennsylvania Coal Co. v. Mahon, 260 U.S. 393, 413 (1922).

39

Defendini Collazo et al, v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28 (1993);

véase además Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64,

80 (1983), E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393, 402 (1966).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

32

B. Debido Proceso de Ley Sustantivo:

La controversia con relación a la constitucionalidad

de la Ley Núm. 7, en el contexto de las cesantías que

autoriza,

así

como

la

eliminación

de

unos

procesos

anteriores a esas cesantías -establecidos mediante la Ley

Núm. 184-, es una estrictamente de debido proceso de ley

sustantivo. Por otro lado, la ausencia o inadecuacidad si ese fuera el caso- de otro proceso que sustituya el

dejado sin efecto por la Ley Núm. 7, es un asunto de

debido proceso de ley en su aspecto procesal. Conviene

entonces

revisitar

relacionado

al

ambas

debido

doctrinas,

proceso

de

ley

en

especial

sustantivo

y

lo

su

estrecha relación con lo concerniente a la reglamentación

del tipo económico.

“El

término

connotación

mucho

tiempo

debido

proceso

exclusivamente

se

ha

de

ley

conlleva

una

procesal.

No

obstante,

por

aceptado

que

una

ley

o

actuación

gubernamental puede violar el debido proceso de ley por

su contenido o su consecuencia, independientemente del

proceso para aplicarlas”.40 Para entender con corrección

el concepto “derecho procesal sustantivo” y su relación

con

la

reglamentación

de

tipo

económico,

conviene

considerar su trasfondo en la historia de los Estados

40

J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y

Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Temis,

2009, pág. 629.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

33

Unidos de América. El profesor Serrano Geyls nos señala

lo siguiente:

Los años que siguieron a la aprobación de

la enmienda XIV hasta

1934 se distinguieron

por

tres

desarrollos

fundamentales:…

el

acelerado

crecimiento

del

capitalismo

norteamericano con su secuela de abusos contra

individuos y grupos económicamente débiles;…

la intervención en las actividades económicas,

gradualmente más acentuada, de los gobiernos

de los estados y luego del gobierno federal

para eliminar o reducir esos abusos y …el uso

frecuente por los tribunales de una doctrina

constitucional que limitó extensamente el

poder de reglamentación económica de esos

gobiernos.

En los Slaughter-House Cases el Tribunal

Supremo rechazó (5-4) la idea… de que la

cláusula de privilegios e inmunidades de la

ciudadanía

contenida

en

la

Enmienda

XIV

incluye los derechos comprendidos en las

primeras diez enmiendas. Se trataba de una ley

de Louisiana que concedía el monopolio de la

matanza de ganado en New Orleans a una

corporación. Los demandantes alegaron también

que la ley violaba el debido proceso de ley.

…

Correspondió al Juez Bradley… discutir en

su opinión disidente, el debido proceso. Dijo

que “los derechos a la vida, la libertad y la

propiedad son derechos fundamentales de los

que solo puede disponerse mediante el debido

proceso de ley”.

…

Así

hizo

su

aparición,

en

la

jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal…

el

concepto

de

debido

proceso

de

ley

“sustantivo” como freno a la reglamentación

económica. Expresiones aisladas incluidas en

opiniones del Tribunal confirmaron la gradual

aceptación de la doctrina.

…

Luego en Holden v. Hardy… se sostuvo la

validez de una ley estatal que limitaba a ocho

horas la jornada de trabajo de los empleados

de minas y fundiciones, porque constituía un

ejercicio “razonable” del poder legislativo en

vista de las insalubres condiciones de trabajo

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

34

imperantes en la industria… Unos años después,

entró Lochner v. New York… [y] se produjo la

consagración definitiva del debido proceso de

ley sustantivo, a la vez que un intenso debate

sobre sus alcances.

…

De 1905 a 1934 [iniciando con Lochner en

1905] el Tribunal Supremo invalidó unas [200]

leyes de reglamentación económica, federales y

estatales, fundamentándose mayormente en el

debido proceso de ley sustantivo. Un número

mayor fue aprobado.

…

La gravísima situación económica que

aquejó a los Estados Unidos de 1930 – 1933…

los justos reclamos de los individuos y grupos

más perjudicados por ella, la simpatía de los

gobiernos hacia esos reclamos y las críticas

dentro y fuera del Tribunal a las aplicaciones

del debido proceso sustantivo provocaron un

cambio de interpretación. Nebbia v. New York,

229 U.S. 502 (1934) constituyó el primer paso.

Nebbia,

un

pequeño

tendero

[pequeño

comerciante], fue condenado por violar una ley

de New York que autorizaba

fijar precios

mínimos y máximos a la leche. Alegó que la ley

violaba

el

debido

proceso

y

la

igual

protección garantizados por la enmienda XIV.

El Tribunal sostuvo la validez de la ley por

votación 5-4.

…

West Coast Hotel v. Parrish… marca la

aceptación definitiva de una nueva aplicación

del debido proceso de ley sustantivo a la

reglamentación económica. La jurisprudencia

del Tribunal Supremo hasta nuestros tiempos ha

reafirmado, en términos aún más enfáticos, esa

nueva posición.41 (Citas omitidas)

41

Op cit., págs. 915-930. En el caso Lochner v. New York, 198 U.S. 45

(1905), la Corte de Apelaciones de Nueva York había confirmado la

condena del demandante (Lochner), quien había violado una ley de ese

estado que prohibía el empleo de panaderos por más de sesenta horas a

la semana o diez horas al día. El Tribunal Supremo Federal declaró

inconstitucional esa ley

al considerar que era una irrazonable,

innecesaria y arbitraria, y que interfería con la libertad de

contratación, sin tener el gobierno un propósito legítimo para

regular las condiciones y prácticas de trabajo. Este caso marcó un

periodo de casi treinta años que se conoció como la “era Lochner”.

Por otra parte, en West Coast Hotel v. Parrish, 300 U.S. 379

(1937).

el

Tribunal

Supremo

Federal

aplicó

la

doctrina

jurisprudencial sentada en Nebbia, supra, y señaló que:

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

Como

señala

consagración

el

profesor

definitiva

del

Serrano

debido

35

Geyls,

proceso

“la

de

ley

sustantivo” adviene con el caso de Lochner v. New York,

198 U.S. 45 (1905).

Lochner y su progenie marcan un

periodo en el que se presumía la inconstitucionalidad de

cualquier ley que intentara regular la propiedad privada,

obligando al Estado a probar que la legislación mantenía

algún tipo de relación razonable con un fin legítimo. Sin

embargo, este criterio judicial no se sostuvo por mucho

tiempo. El ocaso de la llamada “era Lochner” inició con

el caso de Nebbia v. New York, 291 U.S. 502 (1934). Es a

partir

de

ese

momento

que

ese

control

estricto

que

Lochner impuso sobre la legislación económica comenzó a

deteriorarse, encontrando su final a partir de 1937, con

el caso de West Coast Hotel Co. v. Parrish, supra. En

West Cost el Tribunal Supremo Federal sostuvo la validez

de una ley del Estado de Washington que establecía un

salario

mínimo

decisión

de

para

Adkin

v.

las

mujeres,

Children’s

revocando

Hospital42,

así

que

la

había

declarado inconstitucional una legislación que establecía

exactamente lo mismo, por constituir un menoscabo a las

[si]

[l]as

regulaciones

a

la

propiedad

privada guardan una relación razonable con un

legítimo

fin

legislativo,

y

no

son

discriminatorias

o

arbitrarias,

los

requerimientos

del

debido

proceso

se

encuentran satisfechos; los tribunales son

incompetentes para controlarlas si resulta

adecuada y practicable; (…) no puede ser

invalidada salvo que el exceso legislativo

sea palpable.

42

261 U.S. 525 (1923)

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

36

obligaciones contractuales. De hecho, Desde West Coast

Hotel

v.

Parish,

supra,

prácticamente

toda

revisión

judicial en casos relacionados con el Police Power del

Estado bajo la enmienda XIV de la Constitución Federal se

han efectuado bajo las cláusulas del debido proceso de

ley

y la de igual protección de las leyes. Cuando una

ley regula un derecho o una libertad que afecta a la

ciudadanía

en

general

por

igual,

se

la

somete

al

escrutinio del debido proceso de ley sustantivo; cuando

la ley establece clasificaciones que regulan el ejercicio

de un determinado derecho o libertad de un modo distinto

a

diversos

grupos

o

personas,

entonces

se

aplica

el

escrutinio (“test”) de la igual protección de las leyes.

Desarrollo en Puerto Rico:

En cuanto al desarrollo histórico de la doctrina del

debido proceso de ley sustantivo en nuestra Isla, citamos

gran

parte

de

lo

expuesto

por

el

profesor

González en su reciente obra:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico se

confrontó por primera vez con la aplicación de

Lochner v. New York… en Pueblo v. García &

García… Se acusó a una empresa de violar el

art. 553 del Código Penal de 1902 por haber

tenido abierto al público su establecimiento

de provisiones a las ocho y cuarto de la

noche. Ambas partes presentaron alegatos sobre

la aplicación de Lochner a aquella situación.

El Tribunal en García se negó a aplicar a

Lochner, tras diferenciar los hechos de ambos

casos. Concluyó que el estatuto de Nueva York

impugnado en Lochner establecía un límite al

número de horas que un obrero podía trabajar,

mientras que el art. 553 establecía una hora

Álvarez

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

límite

para

cerrar

establecimientos

comerciales, las seis de la tarde. A juicio

del Tribunal, el art. 553

no imponía un

límite al total de horas de trabajo que un

obrero

podía

contratar,

por

lo

que

la

situación era distinguible de la de Lochner.

Lo curioso de García no es tanto la forma

en que evadió aplicar a Lochner, sino que el

Tribunal dio señas de inclinarse hacía la

posición contraria a ese caso, a pesar de que

en efecto estaba interpretando la Constitución

federal, en la que la entidad acusada basaba

su defensa. El Tribunal enfatizó su deber de

sostener la constitucionalidad de una ley a

menos que resulte claramente lo contrario y

mostró renuencia a escudriñar el interés o

propósito legislativo:

[L]as cortes no investigarán respecto a

las razones que los legisladores hayan

podido tener en cuenta al aprobar dichas

reglamentaciones

siempre

que

las

reglamentaciones mismas no sea contrarias

a la razón.

Acto seguido, el Tribunal adoptó un

escrutinio de razonabilidad para adjudicar la

validez constitucional de la Ley de Cierre.

Resolvió que el que una reglamentación pueda

erigir un obstáculo al libre comercio sólo

provocará su invalidación cuando no se pueda

encontrar razón alguna que la justifique. En

la última oración de su opinión, el Tribunal

utilizó una técnica que el Tribunal Supremo

federal no vino a popularizar sino hasta

después del desplome del edificio Lochner:

conjeturar sobre el propósito legislativo y

sobre el cuadro de hechos que el legislador

tuvo ante sí.

…

No

obstante,

unos

años

después

el

Tribunal, que ahora interpretaba la cláusula

de debido proceso de ley de la Ley Jones, se

sintió obligado por la jurisprudencia federal

e invalidó una ley que autorizaba a los

municipios a crear monopolios para la venta de

carne, desplazando así a los carniceros del

ejercicio de su oficio, Pueblo v. Correa… e

invalidó también la ley de salario mínimo,

Pueblo v. Laurnaga & Co., Sucs.,S en C….

…

En 1937, el mismo año en que se decidió

West Coast Hotel Co. v. Parish… surgió en

37

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

Puerto Rico M. Taboada & Co. v. Rivera

Martínez,

Comisionado

(1937).

Este

caso

presentó una segunda oportunidad al Tribunal

para expresarse sobre el tipo de escrutinio a

usarse

ante

un

ataque

a

la

validez

constitucional de una medida de reglamentación

económica. En Taboada se pidió al Tribunal que

invalidara la Ley 49 de 1935, que regulaba las

horas

de

trabajo

de

los

empleados

de

establecimientos comerciales e industriales.

Esa era una controversia muy similar a la de

Lochner, por lo que el Tribunal no pudo evadir

discutir a fondo ese caso, cuya fuerza como

precedente ya estaba declinando rápidamente

para 1937. El Tribunal resumió la posición de

los jueces en Lochner y concluyó que la

minoría

postulaba

el

principio

correcto.

Añadió que en Bunting v. Oregon, (1917), el

Tribunal Supremo federal así lo reconoció

implícitamente, al negarse a indagar sobre el

motivo

legislativo

de

una

reglamentación

económica. Por ello, concluyó, Bunting revocó

sub silentio a Lochner.

…

En 1940, García v. Municipio de Humacao,

(1940) planteó de nuevo la validez de la Ley

de Cierre, según enmendada en 1917 y 1925.

Esas enmiendas autorizaron a los municipios a

aplicar esa ley a las farmacias. El Tribunal

reafirmó

a

García

&

García

y

sostuvo

expresamente que la opinión del Juez Holmes en

Lochner se había convertido en la norma

imperante.

Desde entonces el Tribunal ha pasado

ligeramente sobre solicitudes para que indague

sobre

la

motivación

legislativa

y

la

constitucionalidad

de

medidas

de

reglamentación

económica.

En

casos

como

Montaner

v.

Comisión

Industrial,

(1940);

Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo,

(1953); A. Roig, Sucr. v. Junta Azucarera,

(1954), expresó que no es su función enjuiciar

la sabiduría o conveniencia política de una

ley, sino sólo si ésta es irrazonable,

arbitraria o caprichosa, que es lo único que

exige el debido proceso [de ley].43 (Citas

omitidas).

43

Op. cit., pág. 631-632.

38

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

39

Como bien señala el profesor Álvarez González, desde

1915, en Pueblo v. García & García, 22 D.P.R. 817 (1915),

adoptamos un escrutinio de razonabilidad (nexo racional)

con relación a los ataques a medidas de reglamentación

socioeconómicas, bajo la cláusula de debido proceso de

ley

en

su

modalidad

sustantiva.

Esto,

incluso

y

como

refleja el caso de Pueblo v. García, supra, aun antes de

que el Tribunal Supremo Federal abrazara tal criterio.

Desde entonces, y a través de todo el siglo pasado,

sostuvimos

la

validez

de

múltiples

leyes

de

reglamentación socioeconómica apoyados en el criterio de

razonabilidad. Así por ejemplo, en Marina Ind. v. Brown

Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 80 (1983), señalamos que la

Legislatura, en el ejercicio de su poder de razón de

Estado, tiene amplia facultad para la reglamentación de

carácter económico, sujeta únicamente a las limitaciones

impuestas

por

la

garantía

del

debido

proceso

de

ley.

Señalamos específicamente que “[e]stas limitaciones solo

requieren

que

la

reglamentación

no

sea

irrazonable,

arbitraria o caprichosa y que el medio elegido tenga una

relación

real

y

sustancial

con

el

objetivo

que

se

persigue”.44

Diez años después de Marina Ind. v. Brown, supra, y

por

44

voz

de

la

Juez

Asociada

Naveira,

emitimos

dos

Marina Ind. v. Brown Boveri Corp., supra, pág. 77. Véase, además,

Morales v. Lizarribar, 100 D.P.R. 717 (1972); Central San Vicente v.

Junta Azucarera, 78 D.P.R. 799 (1955); A. Roig, Sucrs. v. Junta

Azucarera, 77 D.P.R. 342, 357 (1954).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

40

opiniones con algunas pautas que es menester citar. En

Defendini Collazo et al, v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28,

74

(1993),

sustantivo

reiteramos

que

el

impide

que

una

el

debido

proceso

persona

sea

de

ley

privada

arbitrariamente de un interés de libertad o propiedad. No

obstante,

también

señalamos

declarada

inconstitucional

que

por

“[u]na

violar

ley

esta

no

será

disposición

siempre que la misma tenga una relación real y sustancial

con el interés estatal que persigue” y cumpla con los

requisitos de razonabilidad y no arbitrariedad o capricho

legislativo.

Allí,

citando

expresamente

a

Morales

v.

Lizarribar, supra, reiteramos que

[l]os tribunales al examinar una

controversia relativa a esta garantía

constitucional

"no

entrarán

en

consideraciones sobre la sabiduría de las

medidas legislativas, sino que sostendrán

su constitucionalidad a menos que no

tengan un propósito público legítimo, o

sean claramente arbitrarias, o que no

guarden una relación razonable con el

propósito

público

que

persiguen".45

(Énfasis suplido).

Como puede observarse, la garantía del debido proceso

de ley exige que un estatuto de naturaleza socioeconómico

no sea irrazonable, arbitrario, caprichoso y que el medio

elegido tenga una relación racional con el interés que se

persigue.46

45

Es

decir,

para

determinar

la

Defendini Collazo et al, v. E.L.A., Cotto, supra, 74.

46

Salas v. Municipio de Moca, 119 D.P.R. 625, 633 (1987); Morales v.

Lizarribar, 100 D.P.R. 717, 731 (1972).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

41

constitucionalidad de una ley de carácter económico, bajo

el crisol del debido proceso de ley sustantivo, es de

aplicación un escrutinio de razonabilidad.47 Este análisis

es esencialmente similar al de la igual protección de las

leyes mediante el escrutinio de nexo racional.48

Por último, en San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134

D.P.R.

405,

escrutinio

408

de

(1993),

nexo

señalamos

racional

“el

que

al

utilizar

el

tiene

que

tribunal

adoptar una actitud de gran deferencia hacia la actuación

legislativa que se impugna.

El fundamento de esta norma

de deferencia reside en el principio constitucional de

separación

de

poderes”.49

(Énfasis

nuestro.)

Por

esta

razón, el estatuto o reglamento, según sea el caso, se

presume constitucional y el peso de la prueba recae sobre

quien cuestiona su validez.50

En

conclusión,

es

evidente

que

con

relación

a

reclamos bajo la cláusula de debido proceso de ley en su

modalidad sustantiva, y en lo relativo a medidas de corte

socioeconómico, este Tribunal ha seguido, hasta el día de

47

Defendini Collazo Et al, v E.L.A., Cotto, supra, pág. 74.

48

Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., supra, pág. 81. Véanse

además, Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267

(1975); Hermina González v. Srio del Trabajo, 107 D.P.R. 667, 673

(1978).

49

Véanse también Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 864, 881-882

(1991); Cleburne v. Cleburne Living Center, Inc., 473 U.S. 432

(1985); Schweiker v. Wilson, 450 U.S. 221 (1981); Minnesota v. Clover

Leaf Creamery Co., 449 U.S. 456, 464 (1981).

50

Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., supra, pág. 80.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

42

hoy, la pauta establecida por el Tribunal Supremo federal

de escrutinio o nexo racional; no vemos razón por la cual

debemos apartarnos de ésta ahora.

C. Debido Proceso de Ley en su Aspecto procesal

El “debido proceso de ley” es uno, pero lo es en

virtud de sus circunstancias. En el aspecto procesal y en

su sentido literal significa “un proceso justo”. Por eso

señalamos que es sólo uno, sin más acepciones; porque se

trata llanamente de un proceso que emane justicia, aunque

no todos advertimos la justicia de la misma manera.

El filósofo y el moralista ven

la justicia abstracta.

El hombre,

sea abogado, sea político, ha tratado

de

identificarla

con

el

interés

individual de su propia clase, de su

propia nación.

Para el jurista la

justicia es una realidad concreta.

Es la síntesis de la vida real.

Es

una entidad heterogénea compuesta,

como

el

hombre,

de

materia

y

espíritu, de oportunidad y de moral,

que no se excluyen, sino que se

equilibran, de razón y utilidad, de

pasado y futuro, de tradición y

renovación, que coexisten al igual

que en la máquina coexisten freno y

motor.51 (Énfasis omitido.)

Como hemos señalado, “[e]l debido proceso de ley es

una de esas fórmulas elásticas de justicia sustancial que

no es susceptible de definición genérica. No es una norma

invariable que pueda aplicarse por su propia virtualidad

51

B. Biondi, La ciencia del Derecho como arte de lo justo, 9 Anales

de la Academia Matritense 323, 352 (1957), citado por el Juez

Asociado Señor Negrón García en su opinión concurrente en Pueblo

Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 D.P.R. 703, 748 (1988).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

43

independientemente de las circunstancias que medien el

caso”.52

Al considerar la doctrina del debido proceso de ley

en su aspecto procesal, es necesario confirmar, en primer

lugar,

la

existencia

de

un

interés

de

libertad

o

propiedad protegido por esta cláusula constitucional y

que este interés se encuentre afectado por una acción del

Estado

(State

Action).

En

segundo

lugar,

es

menester

determinar las características mínimas que debe reunir el

procedimiento mediante el cual el Estado pretende afectar

negativamente ese derecho constitucionalmente protegido.

Como ya señalamos, desde Pierson Muller I v. Feijoó,

supra,

este

carrera

como

Tribunal

los

reconoció

aquí

que

recurridos

los

empleados

ostentan

un

de

claro

interés propietario que, como tal, se encuentra protegido

por la Constitución puertorriqueña, así como por la de

los Estados Unidos de América. También hemos señalado que

tal protección se concreta a que el derecho propietario

en cuestión no pueda ser afectado por el Estado, sin que

a los recurridos se les garantice un debido proceso de

ley.

En cuanto al procedimiento o proceso debido que se

le debe conceder a un empleado de carrera cuando se le

priva de su empleo, en Rivera Rodríguez & Co. v. Lee

Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 888(1991), señalamos que

“[d]ependiendo

52

de

las

circunstancias,

Santiago v. Jones, 74 D.P.R. 617, 621 (1953).

diversas

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

situaciones

pueden

procedimientos,

44

requerir

diferentes

siempre

persiste

pero

tipos

el

de

requisito

general de que el proceso gubernamental debe ser justo e

imparcial.”

(Énfasis

nuestro.)

A

renglón

seguido

pautamos, siguiendo la norma establecida por el Tribunal

Supremo

federal

en

Mathews

v.

Eldridge,

424

U.S.

319

(1976), que

[e]l Tribunal Supremo de Estados

Unidos

estableció

los

tres

(3)

criterios que deben sopesarse al

determinar cuál es el proceso debido

para privarle a un individuo de algún

derecho protegido. Estos son: (1) se

debe

determinar

cuáles

son

los

intereses individuales afectados por

la acción oficial; (2) el riesgo de

una determinación errónea que prive a

la persona del interés protegido

mediante el proceso utilizado y el

valor

probable

de

garantías

adicionales o distintas, y (3) el

interés gubernamental protegido con

la acción sumaria y la posibilidad de

usar

métodos

alternos.

(Énfasis

omitido.)

Asimismo, a la luz de los criterios enunciados en

Mathews

v.

Eldridge,

supra,

y

la

jurisprudencia

subsiguiente, se han establecido diversos requisitos con

los que debe cumplir todo procedimiento adversativo para

satisfacer las exigencias mínimas de un debido proceso

procesal, a saber:

(1) notificación adecuada del

proceso; (2) proceso ante un

juez imparcial; (3) oportunidad

de ser oído; (4) derecho a

contrainterrogar

testigos

y

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

45

examinar evidencia presentada en

su contra; (5) tener asistencia

de

abogado,

y

(6)

que

la

decisión se base en el récord.

Luego, en Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119

D.P.R. 265 (1987), añadimos que la decisión final debe

ser

explicada

parámetros

o

fundamentada.

que

debemos

Es

a

resolver,

la

luz

de

estos

sujeto

a

las

circunstancias de estos casos en particular, los reclamos

de

los

recurridos

en

cuanto

al

aspecto

procesal

del

debido proceso de ley.

De otra parte, en Vélez Ramírez v. Romero Barceló,53

-un caso relacionado al área de empleo público- señalamos

que

los

factores

reconocidos

por

el

Tribunal

Supremo

Federal en Mathews v. Eldridge, supra, son los que se

deben considerar para determinar si como requisito mínimo

del

debido

proceso

de

ley,

el

empleado

público

tiene

derecho a una vista informal previa a su despido.54 A la

luz de tales requisitos, este Tribunal ha resuelto que el

debido

proceso

de

ley,

en

su

modalidad

procesal,

les

garantiza a los trabajadores gubernamentales una vista

informal previa al despido, cuando estos demuestran tener

un interés propietario reconocido por el Estado.55

53

112 D.P.R. 716, 730-731 (1982).

54

Véase, Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499, 519 (1990).

55

A.E.E. v. Unión de Trabajadores, 153 D.P.R. 623, 630 (2000);

Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 D.P.R. 215, 221 (1995);

Torres Solano v. P.R.T.C., supra.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

46

IV

A. El estado de “emergencia fiscal”

La Ley Núm. 7 declara reiteradamente un “estado de

emergencia fiscal” en Puerto Rico.56 Ésta constituye la

primera

vez

en

la

historia

que

nuestra

Asamblea

Legislativa utiliza el término “estado de emergencia”, en

el contexto de una situación económica a nivel de todo el

País.57 Ahora bien, ya antes este Tribunal ha reconocido

56

Además de su título, “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia

Fiscal…”, la Ley Núm. 7 declara la existencia de un “estado de

emergencia fiscal”

en su Exposición de Motivos; un “estado de

emergencia económica y fiscal” en el Art. 2

(Declaración de

Propósito de Política Pública); y, nuevamente, un “estado de

emergencia fiscal” en el Art. 37.04(b) (Cesantías).

57

Podríamos encontrar un tipo de excepción a esta aseveración en dos

leyes que se aprobaron en la década de los años 40, a consecuencia de

la situación mundial provocada por la Segunda Guerra Mundial. Sin

embargo, ninguna de estas leyes abarcaba la magnitud -tanto en las

áreas afectadas como en sus implicaciones- de la Ley Núm. 7.

A continuación, hacemos un muy breve resumen de las leyes en

las que anteriormente la Asamblea Legislativa ha declarado “estados

de emergencia”. La Exposición de Motivos de la Ley de Tierras de

Puerto Rico, Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada,

consigna para la historia el que la Asamblea Legislativa de Puerto

Rico declaró un Estado de Emergencia por razón del desarrollo del

latifundio corporativo en el Puerto Rico de aquel entonces. La acción

que nuestra Asamblea Legislativa requirió en aquel momento, y en

virtud del “estado de emergencia” que había declarado, fue el

inmediato rescate de las tierras de manos de aquellas personas

jurídicas (corporaciones) que las monopolizaban, y exigiendo la

terminación del dominio, posesión o control de las tierras por tales

personas. Desde entonces, y en virtud de tales artículos de la Ley de

Tierras de Puerto Rico (28 L.P.R.A. secs. 268 -273), la Autoridad de

Tierras puede expropiar todo terreno perteneciente a una corporación

con más de 500 acres.

El 27 de noviembre de 1942, la Asamblea Legislativa de Puerto

Rico aprobó la Ley Núm. 16, cuyo propósito esencial, tal y como

aparece expresado en su título y en la Exposición de Motivos, era:

declarar la existencia en Puerto Rico de un estado de emergencia

grave ocasionado por la Segunda Guerra Mundial. Esta ley autorizaba

programas de trabajos de emergencia, para dar trabajo a los

desempleados; autorizaba proyectos de compensación de desempleo,

auxilio, abaratamiento de precios, y siembra y distribución de

alimentos, entre otros.

Otro estatuto pre Constitución en el que la Asamblea

Legislativa decretó un estado de emergencia lo es la Ley número 464,

aprobada el 25 de abril de 1946, conocida como Ley de Alquileres

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

47

la posibilidad de que, en circunstancias de emergencias

relacionadas

con

aspectos

económicos,

la

Asamblea

Legislativa puede hacer uso de sus amplios poderes.58 De

hecho, en el pasado hemos llegado a tomar conocimiento

judicial de “la precaria situación económica del país”, y

de cómo esa situación económica se refleja, produciendo

una “grave crisis” en las finanzas del Gobierno.59

Esta declaración de “estado de emergencia fiscal”

que enuncia la Ley Núm. 7 se emite como consecuencia, a

su

vez,

de

la

determinación

de

la

existencia

de

una

“grave emergencia fiscal” que justifica -según el texto

de la propia Ley- el uso del “poder de razón de Estado”

Razonables,

Mundial.

esto

también

en

el

contexto

de

la

Segunda

Guerra

Asimismo, los Arts. 1 al 6 de la Ley Núm. 3 de 16 de diciembre

de 1946, 3 L.P.R.A. secs. 487-492 establecen

una serie de medidas

que también preceden a la aprobación de nuestra Constitución.

Mediante tales artículos el Gobernador, con el consejo y aprobación

del “Consejo de Secretarios” puede determinar una emergencia en la

prestación de servicios públicos y declara un “estado de emergencia”

en un “departamento, dependencia o agencia”. Según el texto de la

sección 487 esta declaración de emergencia se daría en el contexto

del abandono del servicio o amenaza de abandono del servicio, en

acción concertada, por parte de un número de funcionarios o

empleados, ya sean a sueldo o jornal, de departamentos, dependencias

o agencias del Gobierno de Puerto Rico.

Por último, el Art. 48 de la Ley de Bancos, Ley Núm. 55 de 12

de mayo de 1933, según enmendada,7 L.P.R.A. sec. 204, dispone que en

caso de “periodos recesionarios

o de depresión que afecten en un

alto grado la estructura económica y monetaria del país con su

consabido efecto desfavorable sobre la banca, el Gobernador podrá

proclamar un estado de emergencia y tomar las medidas de emergencia

con relación a los bancos para la protección del público y los

mejores intereses de Puerto Rico”.

58

Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 396

(1973). Véase además, Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 D.P.R.

610, 634 (1990), opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón

García.

59

Aponte v. Srio. de Hacienda, supra, pág.625, esc. 11.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

por

parte

entonces

de

la

examinar

Asamblea

cuáles

Legislativa.

son

las

48

Corresponde

circunstancias

que

motivan a la Asamblea Legislativa para declarar un estado

de emergencia fiscal, invocando de esta forma su amplio

poder de razón de Estado y, mediante éste, aprobar una

medida que afecta los intereses propietarios de los aquí

recurridos.

B. La situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico,

a la luz de la legislación aprobada

Para

dramatizar

la

situación

tan

difícil

que

enfrenta el País, la Ley Núm. 7 comienza su Exposición de

Motivos señalando que:

Puerto Rico atraviesa por la crisis

fiscal más grave de nuestra historia.

[Encontrándose

en]

una

recesión

económica que está en su cuarto año

consecutivo y que está al borde de

convertirse

en

una

depresión—la

primera en Puerto Rico desde la

década

de

los

1930’s.

(Énfasis

60

nuestro).

Las razones para la crisis:

Señala la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7 que

el

Gobierno

estructural

millones,

de

Puerto

recurrente

lo

que

Rico

de

equivale

al

enfrenta

un

déficit

aproximadamente

$3,200

42%

de

los

recaudos

estimados para este año fiscal. El Gobierno no cuenta con

60

Exposición de Motivos, Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

49

los recursos para cubrir sus gastos operacionales.61 A

partir

del

primer

semestre

del

2006,

Puerto

Rico

ha

sufrido tres años consecutivos de crecimiento económico

negativo.

De julio de 2007 a junio de 2009, la economía

del

se

País

habría

contraído

a

razón

de

2.6%

anual,

proyectándose una caída económica que continuará durante

el

próximo

año

fiscal;

se

estima

que

la

economía

se

reducirá por lo menos un 2% adicional en el año fiscal

2010.62

El problema es que “[c]umulativamente, Puerto Rico

habrá experimentado cuatro años corridos de recesión”, lo

que constituiría “una depresión económica que básicamente

anularía todo el crecimiento experimentado en los seis

años del 2000 al 2006”.63 Agrava esta situación el hecho

de que, según se advierte en la Exposición de Motivos de

la Ley Núm. 7, a partir del primer semestre de 2006

y

hasta la promulgación de la ley, en Puerto Rico hubo una

sobre-estimación del crecimiento económico, lo que a su

vez

produjo

una

sobre-estimación

en

los

recaudos

del

Fondo General del Departamento de Hacienda, durante ese

mismo periodo.64

61

Íd.

62

Íd.

63

Íd

64

Íd.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

Desde

el

año

fiscal

2006

al

50

presente,

todos

los

presupuestos anuales sobre-estimaron los recaudos en un

promedio de $919 millones anuales o aproximadamente el

10% del presupuesto. Cumulativamente, durante ese período

de

cuatro

años

fiscales,

los

presupuestos

anuales

del

Gobierno sobre-estimaron los recaudos en una cantidad no

menor

de

$3,675

millones.65

Advierte

la

Exposición

de

Motivos que la consecuencia más seria de este patrón de

sobre-estimación

presupuestos

de

de

recaudos

gastos

fue

“la

confección

operacionales

que

de

excedían

sustancialmente los recaudos y que hacían caso omiso de

la

condición

recesionaria

de

nuestra

economía”.66

Continúa la Exposición de Motivos señalando que,

[d]e acuerdo a la proyección de

recaudos

más

reciente

del

Departamento

de

Hacienda,

la

diferencia

estimada

entre

los

recaudos y el presupuesto de gastos

del

año

2009

asciende

a

$1,888

millones, o aproximadamente el 20%

del presupuesto de gastos.

Durante

el período del año fiscal 2006 al

2009,

los

gastos

operacionales

presupuestados habrán excedido los

recaudos

en

no

menos

de

$4,637

millones.

Esta cantidad equivale a

más de la mitad del promedio de

recaudos anuales durante los últimos

cuatro

años

fiscales.67

(Énfasis

nuestro.)

65

Íd.

66

Íd.

67

Íd. Énfasis suplido.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

51

“La gravedad de esta brecha entre los recaudos y los

gastos presupuestados se recrudece cuando se consideran

los gastos actuales del Gobierno. Desde el año fiscal

2006

al

2009,

el

Gobierno

incurrió

en

gastos

que

excedieron en $5,817 millones los ingresos recurrentes”.68

Finalmente, el resultado neto es de un:

…desfase total entre los ingresos y

los gastos recurrentes del Gobierno y

el

entroncamiento

de

un

déficit

estructural que para el año fiscal en

curso aproxima $3,200 millones y que

se proyecta continúe por encima de

$3,000

millones

anuales

por

los

próximos años fiscales de no tomar

medidas inmediatas para estabilizar

nuestra

situación

fiscal

y

desarrollar nuestra economía.(Énfasis

nuestro.)

Consecuencias de la Crisis:

En

el

2004,

las

obligaciones

generales

de

Puerto

Rico estaban clasificadas a nivel Baa1/A- por las casas

acreditadoras Moody’s y Standard & Poor’s.69

situación

fiscal

y

económica

empeorando,

la

clasificación

bajando.

En

el

2005,

del

Mientras la

Gobierno

crediticia

ambas

casas

ha

ha

ido

seguido

acreditadoras

degradaron el crédito a Baa2/BBB; en el 2006, Moody’s

bajó

la

Poor’s

68

69

clasificación

a

BBB-

en

el

a

Baa3,

seguido

2007.

Al

por

Standard

presente,

&

nuestra

Íd

Moody’s y Standard & Poor’s son dos de las tres compañías más

importantes en el mundo, dedicadas a la publicación periódica de

análisis financieros que fijan la posición de solvencia de las

acciones y los bonos, en sus correspondientes mercados.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

52

clasificación está en Baa3/BBB-, a un paso de caer a

nivel

de

“chatarra”

(“junk”)

y

perder

su

grado

de

inversión (“investment grade”).70

Según la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7, “la

degradación

de

nuestro

catastrófica

para

crédito

a

Rico”.71

Puerto

“chatarra”

(Énfasis

sería

nuestro.)

Todas las cuentas de retiro individuales, los planes de

retiro, tanto públicos como privados, y las cuentas de

ahorro

e

Gobierno

inversión

se

que

verían

estén

seriamente

devaluadas.72

fuertemente

invertidas

en

bonos

del

afectadas,

al

ser

devaluación

vendría

Esta

acompañada de la necesidad inmediata de que los tenedores

de

estas

obligaciones

adicional

para

tengan

garantizar

sus

que

prestar

colateral

obligaciones

con

sus

acreedores.73

En el caso del Gobierno, el estimado del B.G.F. es

que el Gobierno tendría que poner, inmediatamente, más de

$900 millones en colateral.

individuos,

empresas

y

Por otro lado, todos los

otras

entidades

que

tengan

préstamos u otras facilidades de crédito garantizadas con

bonos del Gobierno de Puerto Rico tendrían que prestar

colateral

70

Íd.

71

Íd.

72

Íd.

73

Íd.

adicional

para

compensar

por

la

pérdida

en

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

valor

de

dichos

bonos.

El

B.G.F.

53

estima

que

estos

requisitos de colateral adicional podrían ascender hasta

$1,680

millones.

empresas

y

En

otras

aproximadamente

total,

el

entidades

$2,580

millones

Gobierno,

individuos,

tendrían

que

en

colateral

poner

adicional

como consecuencia de la degradación.74 La confluencia de

éstos

y

otros

efectos

adversos

que

se

señalan

en

la

Exposición de Motivos:

…recrudecería

nuestra

recesión

económica y resultaría en la pérdida,

según los modelos econométricos de la

Junta

de

Planificación,

de

aproximadamente 130,000 empleos para

un

impacto

adicional

en

nuestra

economía de aproximadamente $3,250

millones.

El impacto total de la

degradación

a

“chatarra”

sería

catastrófico.

Según los estimados

anteriores, el impacto total no sería

menor

de

$10,000

millones;

esto

equivale a aproximadamente el 17% del

Producto Nacional Bruto de Puerto

Rico

ó

1.3

veces

los

recaudos

proyectados del Gobierno para el año

fiscal en curso.75 (Énfasis nuestro.)

Para

finalizar,

devaluación,

y

las

en

cuanto

a

los

efectos

de

esta

consecuencias

que

tendría

sobre

la

Isla, la Exposición de Motivos señala que “la degradación

llevaría a Puerto Rico a una profunda depresión económica

74

Íd.

75

Íd. Énfasis suplido.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

nunca

antes

vista

en

nuestra

historia”,

54

cuyo

impacto

“sería inimaginable”.76 (Énfasis nuestro.) Se añade que

[h]abría una reducción abrupta en los

recaudos

y

una

imposibilidad

de

recurrir

a

financiamientos

para

suplir

insuficiencias

presupuestarias. El déficit operacional del

Gobierno ascendería a proporciones

nunca antes vistas [y] …simplemente

no

tendría

los

recursos

para

continuar operando: no podría pagar

los salarios de todos sus empleados;

no

podría

cumplir

con

las

obligaciones incurridas con todos sus

proveedores

de

servicios

y

materiales; no podría proveer todos

los servicios y beneficios… a la

ciudadanía; y estaría en riesgo de

incumplir sus obligaciones con los

bonistas.

El Gobierno tendría que

reducir

dramáticamente

sus

operaciones,…

tendría

que

cerrar

temporera o permanentemente algunas

de sus dependencias; y tendría que

concentrar sus limitados recursos en

aquellos servicios esenciales mínimos

que más necesita la ciudadanía.

Este

escenario

pondría

en

manifiesto

riesgo

la

salud,

la

seguridad y el bienestar del Pueblo

de Puerto Rico.77 (Énfasis nuestro.)

Las alternativas ante la crisis:

La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7 advierte

una

ausencia

de

soluciones

fáciles,

señalando

que

el

Gobernador de Puerto Rico ha tomado medidas inmediatas de

76

Íd. Énfasis suplido.

77

Íd. Énfasis suplido.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

55

control de gastos, incluyendo: la congelación de puestos

vacantes; la prohibición a la creación de nuevos puestos;

la eliminación de un 30% de los puestos de confianza en

las

agencias;

equivalente

al

la

reducción

10%

de

de

la

gastos

mitad

de

operacionales

los

gastos

operacionales presupuestados para el año fiscal 2008-09;

la

prohibición

del

uso

de

vehículos

limitación

al

uso

de

prohibición

del

uso

de

tarjetas

fondos

de

crédito;

oficiales;

públicos

para

y

la

la

sufragar

gastos relacionados al uso de teléfonos celulares, entre

otras medidas.78

Ahora bien, añade la Exposición de Motivos que “un

déficit estructural de la magnitud como el que enfrenta

la Isla no se puede eliminar solamente con reducciones de

gastos o solamente con medidas impositivas”.79 También se

expresa lo siguiente:

Las

medidas

impositivas

necesarias para cerrar una brecha de

$3,200

millones

ahogarían

a

la

ciudadanía y hundirían a Puerto Rico

en

una

depresión

catastrófica.

Requeriría

un

aumento

total

en

contribuciones

no

menor

de

42%

($3,200 millones adicionales a los

recaudos

proyectados

de

$7,400

millones) para poder levantar esta

cantidad

de

dinero.

Requeriría

aumentos dramáticos en las tasas del

78

Íd.

79

Íd.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

56

Impuesto sobre Ventas y Uso (“IVU”),

las tasas de contribuciones sobre

ingresos,

y

los

arbitrios

sobre

autos, gasolina, petróleo y otros

artículos.

Imponer cargas de esta

magnitud en una economía recesionaria

sería devastador para Puerto Rico.80

(Énfasis nuestro.)

Por

otro

solamente

con

lado,

cubrir

reducciones

este

de

déficit

gastos

estructural

gubernamentales

podría tener un efecto devastador sobre la operación del

Gobierno, los servicios a la ciudadanía y la economía en

general.81 Se indica que:

[a] modo de ejemplo, una reducción de

$3,200

millones

requeriría

la

cesantía de aproximadamente 110,000

empleados

del

Gobierno

Central

(estimando un costo de $30,000 por

empleado). En un Gobierno Central de

aproximadamente

190,000

empleados,

esta reducción representaría el 58%

de la plantilla gubernamental.

Este

tipo

de

acción

convertiría

al

Gobierno en inoperante y afectaría

seriamente

los

servicios

a

la

ciudadanía, poniendo en riesgo la

salud y la seguridad de nuestro

Pueblo.

Nuestro Gobierno se vería

prácticamente incapacitado de ayudar

a este gran número de empleados

cesanteados, sumida en una recesión

que ciertamente se agravaría con tal

acción, tampoco podría absorber a

todos

estos

empleados

en

otros

sectores. (Énfasis nuestro.)

80

81

Íd. Énfasis suplido.

Íd.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

57

Además, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7

explica

claramente

general,

como

déficit

estructural

Gobierno,

no

una

es

que

una

alternativa

y

reducción

viable

mantener

posible,

por

dos

de

para

las

jornada

reducir

operaciones

razones.82

En

el

del

primer

lugar, la magnitud de la reducción de jornada en todos

los empleados públicos que se necesitaría para alcanzar

los

recortes

necesarios,

requeriría

una

reducción

de

aproximadamente 2 a 3 días a la semana. Esto equivaldría

a una reducción de 40% a 60% en el sueldo de todos los

empleados públicos.83 Además de impactar enormemente los

ingresos

de

estos

empleados

y

crear

un

desasosiego

general dentro y fuera del Gobierno, ”[u]na reducción de

jornada de 2 a 3 días por semana dejaría al Gobierno

prácticamente inoperante”.84 (Énfasis nuestro.)

Segundo, aún de considerarse alguna combinación de

una transición de un número menor de empleados con una

reducción de jornada general para los empleados restantes

que

no

jornada

rinden

tendría

servicios

que

ser

esenciales,

la

reducción

considerable

para

lograr

de

los

ahorros necesarios. Esta reducción tendría que ser por lo

menos de un 20% del salario o un (1) día a la semana, y

tendría que ser indefinida.

82

Íd.

83

Íd.

84

Íd.

Esto es, la reducción de

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

jornada

duraría

un

mínimo

de

tres

(3)

58

años

fiscales,

pudiendo ser más dependiendo de la condición recesionaria

de la economía de Puerto Rico.85

La solución implantada por la Asamblea Legislativa

Ante el cuadro económico y fiscal al que el País se

enfrenta, la Asamblea Legislativa decidió que la forma de

cerrar el déficit estructural es creando un balance entre

medidas de control y reducción de gastos y medidas de

ingresos. En ese sentido, se estableció un plan mediante

el cual no más del 40% del déficit estructural estimado

de $3,200 millones deberá ser cubierto con nuevas medidas

de

ingresos

o

de

mejor

fiscalización

y

medidas

financieras.86 Con relación al restante 60% de este plan,

la

Exposición

de

Motivos

de

la

Ley

Núm.

7

siguiente:

Luego de la implantación de las

medidas impositivas, el restante 60%

del

déficit

estructural,

aproximadamente $2,000 millones, se

tiene

que

atender

mediante

el

control y la reducción de gastos.

Aproximadamente

el

27%

del

presupuesto de gastos del gobierno

está comprometido con el servicio de

la deuda del Gobierno… El remanente,

aproximadamente 73%, es la base de

gastos sujeta a control discrecional.

[O sea,]…(a) gastos operacionales que

no constituyen nómina y (b) gastos

operacionales de nómina.

En el

85

Íd.

86

Íd

señala

lo

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

59

presupuesto del año fiscal 2009, la

proporción entre estas dos partidas

es 33% en gastos operacionales que no

constituyen nómina, $2,700 millones,

y 67% en gastos operacionales de

nómina, $4,700 millones.

En vista de esta distribución de

gastos, es prácticamente imposible

lograr la reducción necesaria sin

afectar la nómina gubernamental.

Si

las economías se fueran a capturar

solamente

en

gastos

operacionales

(que no incluyen nómina) y suponiendo

que estos gastos ascienden a $2,700

millones,…habría

que

recortar

aproximadamente 74% de estos gastos.

En

estos

momentos,

esto

es

una

imposibilidad.

Es lamentable, pero

necesario, contemplar una reducción

sustancial

en

la

nómina

87

gubernamental. (Énfasis nuestro.)

V

Como

ya

hemos

señalado,

una

ley

de

carácter

socioeconómico -como lo es la Ley Núm. 7- requiere que al

evaluar su constitucionalidad a la luz de la cláusula de

debido

proceso

apliquemos

un

de

ley

en

escrutinio

su

vertiente

racional.

Este

sustantiva,

escrutinio

implica, en primer lugar, la necesidad de evaluar si la

acción del Estado, en este caso la Ley Núm. 7 -como una

legislación que afecta derechos de propiedad protegidos

por

la

Constitución-,

guarda

una

relación

real

y

sustancial con el interés estatal que persigue. En otras

palabras, si existe un nexo, una conexión entre lo que se

87

Íd. Énfasis suplido.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

60

hace y lo que se pretende, y si esa acción es de alguna

manera significativa. En segundo lugar, debemos discernir

si ese nexo real y sustancial es uno además razonable y,

por ende, no arbitrario ni caprichoso.

Relación real y sustancial con el interés que persigue:

La Ley Núm. 7 es muy clara con relación al interés

que persigue. Su declaración de propósitos en el Art. 2,

supra, así lo establece88:

la

necesidad

apremiante

de

establecer un plan integrado y

coherente

de

estabilización

fiscal,

la

eliminación

del

déficit

estructural,

la

amortización

de

la

deuda

pública, el restablecimiento de

la salud fiscal y las bases para

que el Gobierno pueda impulsar

el

desarrollo

económico

de

Puerto Rico. (Énfasis nuestro.)

Como se desprende del Art. 2 de la Ley Núm. 7, supra,

el interés del Estado al promulgar dicha ley no solamente

es legítimo sino que es uno apremiante. Así, aunque el

interés

que

se

le

exige

al

Estado

demostrar

bajo

el

escrutinio racional es uno legítimo, bajo la Ley Núm. 7,

supra, trasluce ser un interés apremiante.

88

Véase, además, el Art. 33(g) de la Ley Núm. 7, el cual establece que

el objetivo de ésta es el establecimiento de un plan de emergencia

dirigido a reducir en $2,000 millones los gastos operacionales y de

nómina pagaderos del Fondo General para el año fiscal 2009-2010.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

61

En los casos de autos, las acciones por parte del

Estado

que

debemos

someter

al

escrutinio

racional

lo

constituyen las cesantías de los recurridos, así como la

eliminación de unos procesos anteriores a esas cesantías,

establecidos mediante la Ley Núm. 184, supra, esto en

virtud de la Ley Núm. 7. Resolvemos que en este caso

existe una clara relación real y sustancial, entre la

acción del Estado y el interés que persigue.

La cesantía de los recurridos, junto a las cesantías

de

los

demás

miles

de

empleados,

aunque

lamentables,

provocarán, sin duda alguna, un ahorro real y sustancial

en las arcas del gobierno.89 Por otro lado, la eliminación

por

parte

de

la

Ley

Núm.

7

de

todos

los

procesos

anteriores a una cesantía que establece la Ley Núm. 184,

supra, responden a la necesidad de que el propósito de la

ley se alcance de manera apremiante. Como expresa el Art.

37.04

(b)(1)

corregir

trámite

de

los

de

la

propia

problemas

cesantías

Ley,

fiscales

que

urgencia

en

enfrentamos.

El

existe

que

establece

la

Ley

Núm.

184,

supra, es uno basado en el principio de méritos, el cual

es incompatible con el propósito del Art. 2 de la Ley

Núm.

7.90

Este

trámite

conllevaría

decretar una cesantía, se tendrían

el

que,

antes

de

que agotar todos los

89

Según estiman los propios recurridos en su alegato, el gobierno se

economizará $510 millones anuales con los despidos anunciados. Véase

Alegato de la parte recurrida, pág. 12.

90

Véase Art. 2, Sec. 2.1 de la Ley Núm. 184, supra.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

62

recursos disponibles al alcance de la agencia.91 Esto le

restaría

al

Gobierno

la

agilidad

que

necesita

para

alcanzar sus fines, de manera apremiante.

Además, la ley en cuestión presenta un cuadro fiscal

de un Gobierno que se encuentra al borde del caos. Esta

conclusión

no

está

basada

en

meras

especulaciones

sin

fundamento, sino en fuentes autorizadas, como lo son: la

Junta

de

Planificación,

el

B.G.F.

y

los

Informes

de

Transición 2008, de Presupuestos del Gobierno de Puerto

Rico,

de

la

OGP

y

del

Departamento

de

Hacienda.

Tal

situación, concluimos, justifica el estado de emergencia

fiscal declarado por la Asamblea Legislativa y, por ende,

la

necesidad

de

utilizar

procedimientos

que

realmente

respondan a tal urgencia. Sin duda, existe una relación

real

y

sustancial

procedimientos,

y

el

entre

la

interés

eliminación

o

fin

que

de

el

esos

Estado

persigue.

91

El referido trámite incluiría acciones como: reubicación de personal

en puestos de igual o similar clasificación en departamentos,

oficinas

o

programas

en

que

haya

necesidad

de

personal;

readiestramiento del empleado para reubicarlo en otro puesto, cuando

esto pueda hacerse razonablemente antes de la fecha límite para

decretar tales cesantías; disfrute de vacaciones acumuladas; licencia

sin sueldo hasta tanto cese la crisis presupuestaria, cuando la

agencia tome la decisión por la insuficiencia presupuestaria

temporera que no requiera la eliminación permanente del puesto. En

tales casos, deberá observarse el orden de prelación previamente

establecido en el método de decretar cesantías; reducción en la

jornada de trabajo y descenso de los empleados como último recurso

para evitar cesantías.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

63

La razonabilidad de la acción del Estado

Habiendo determinado la existencia de una relación

real y sustancial entre la acción del Estado y el interés

que persigue, nos corresponde establecer si tal acción es

una

razonable.

Ya

hemos

determinado

que

la

situación

fiscal del Gobierno y las consecuencias de no conseguir

el objetivo establecido para con la economía del País,

justifican el estado de emergencia fiscal declarado por

la Asamblea Legislativa. Ahora bien, a la luz de ese

estado de emergencia fiscal, ¿se justifica la acción de

la Asamblea Legislativa?; ¿es razonable la manera en que

se ha pretendido resolver tal emergencia? La respuesta es

en la afirmativa.

En Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 623 (1987),

reconocimos que, ante una grave crisis fiscal, el Estado

debe

tener

la

capacidad

y

la

flexibilidad

para

hacer

cambios y enmiendas razonables que sean necesarias para

adelantar sus intereses; claro está, siempre que estos

sean legítimos. Ante el cuadro que presenta la propia

ley, y nuestra obligación

deferencia

concluir

hacia

que

el

la

de adoptar una actitud de gran

actuación

Estado

actuó

legislativa,

debemos

razonablemente.

claramente se explica en la Exposición de Motivos:

…[t]odas las alternativas típicamente

usadas

como

pasos

previos

a

la

reducción

de

personal

[o

sea]

traslados,

reubicaciones,

readiestramientos,

licencias

sin

sueldo y reducción de jornada, entre

Como

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

64

otros no son viables dentro del

contexto de la magnitud del déficit

estructural

del

Gobierno

y

la

precariedad de la situación.

Es

necesario reducir dramáticamente y de

forma

expedita,

el

gasto

gubernamental.

En vista del tamaño

de la nómina y del tamaño del

déficit,

ninguna

de

las

demás

alternativas es compatible con este

objetivo

o

son

viables

ante

su

impacto

sobre

la

operación

del

Gobierno.

Los

traslados,

las

reubicaciones y los readiestramientos

meramente transfieren el empleado y,

por consiguiente, el gasto de un lado

a otro. La reducción general de

jornada y mucho menos las licencias

sin sueldos, no son alternativas

viables pues tendrían que ser de tal

magnitud y duración que impactarían

gravemente la gobernabilidad de la

Rama Ejecutiva.92 (Énfasis nuestro.)

Por

otro

lado,

y

como

también

se

explica

en

la

Exposición de Motivos de la ley, el establecer medidas

impositivas

únicamente,

tampoco

viable.

manera

la

De

funcionarios

que,

electos

y

es

Asamblea

legítimos

una

alternativa

Legislativa,

como

representantes

del

Pueblo de Puerto Rico, determinaron que la imposición al

contribuyente de los recaudos necesarios para cerrar una

brecha de $3,200 millones en el déficit ahogarían a la

ciudadanía y hundirían a Puerto Rico en una depresión

catastrófica. Sin duda, no nos corresponde intervenir con

tal determinación.

Concluimos entonces que la actuación del Gobierno al

promulgar la Ley Núm. 7, supra, en el contexto de las

92

Véase Exposición de Motivos Ley Núm., supra.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

cesantías

que

autoriza

y

promueve,

65

así

como

la

eliminación de unos procesos anteriores a esas cesantías,

constituye

una

acción

razonable

dirigida

a

salvar

la

solvencia del erario, a la luz de las circunstancias que

vive el País.

Siendo que, ante un análisis jurídico de escrutinio

racional,

la

actuación

de

la

Asamblea

Legislativa

claramente se sostiene, resolvemos que la Ley Núm. 7, en

el contexto de las cesantías que autoriza y promueve, así

como la eliminación de unos procesos anteriores a esas

cesantías, no viola el debido proceso de ley sustantivo.

VI

Resuelto

el

aspecto

procesal

sustantivo,

nos

corresponder analizar si las cesantías anunciadas violan

el debido proceso de ley en su aspecto procesal. Debemos

determinar entonces, si la Ley Núm. 7, dentro de las

circunstancias

partes

una

que

se

“oportunidad

han

descrito,

de

ser

le

oídos”,

provee

a

las

o

de

un

sea,

proceso justo. Además, debemos determinar si, contrario a

lo esbozado, la Ley Núm. 7 le concede a los empleados

cesanteados

una

vista

previa

informal

antes

de

ser

cesanteados.

Como hemos advertido, las cesantías que autoriza la

Ley

Núm.

7

se

rigen

única

y

exclusivamente

por

el

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

66

criterio de antigüedad.93 Es de notar que el procedimiento

que establece la ley en cuestión es bastante similar al

que

establece

la

Ley

184,

supra,

para

este

tipo

de

despido. La Sección 1462e(9)(a)de la Ley 184, supra,94 en

lo pertinente, dispone lo siguiente:

(a)…

A los fines de determinar antigüedad,

se considerara todo servicio prestado

en puestos de las agencias comprendidas

en el Sistema. La autoridad nominadora

de cada agencia notificará por escrito

a todo empleado a quien haya de

cesantear con no menos de treinta (30)

días de antelación a la fecha en que

habrá

de

quedar

cesante.

Ninguna

cesantía de empleados será efectiva a

menos que se cumpla con el requisito de

notificación. (Énfasis nuestro.)

De una lectura de las disposiciones pertinentes en

ambos

estatutos

podemos

colegir,

en

primer

lugar,

que

ambas requieren, para determinar la antigüedad, el que se

considere todo servicio prestado en el servicio público

por

los

requieren

empleados

que

la

afectados.95

autoridad

Además,

nominadora

de

ambas

leyes

cada

agencia

notifique por escrito a todo empleado a quien haya de

cesantear.96 Ambas leyes requieren que la notificación de

93

Véase Art. 37.04(b)(3) de la Ley Núm. 7.

94

3 L.P.R.A. Sec. 1462e.

95

Véase Art. 37.04(b)(4) de la Ley Núm. 7.

96

Véase Art. 37.04(b)(15) de la Ley Núm. 7.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

67

la cesantía se haga con no menos de treinta (30) días de

anticipación.97

Además, ambos estatutos les conceden a los empleados

la oportunidad de cuestionar las determinaciones, no sólo

ante la propia agencia, sino ante la CASARH o ante la

Comisión creada al amparo del Art. 11 de la Ley Núm. 45,

supra.

En

otras

palabras,

la

Ley

Núm.

7

recoge

los

procedimientos que rigen bajo la Ley Núm. 184, supra, y

los adapta con el propósito de expeditar el trámite para

decretar cesantías mediante un mecanismo más ágil.

Por otro lado, la Ley Núm. 7 le concede al empleado

el que, aún antes de ser notificado finalmente de su

cesantía,

cuestione

la

certificación

de

antigüedad

emitida por la agencia, concediéndole treinta (30) días

para presentar evidencia que refute la antigüedad que le

fue certificada.98 También y en la eventualidad de que el

empleado presente esa evidencia en el término concedido,

la agencia vendrá obligada a celebrar una vista donde

éste pueda ser oído.99

En el caso de que se decida finalmente su cesantía,

los Arts. 37.04(b)(12), 37.04(b)(13) y

37.04(b)(14) de

la Ley Núm. 7, establecen que el empleado tendrá que ser

97

Íd.

98

Véase Art. 37.04(b)(9).

99

Véase Art. 37.04(b)(11).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

68

notificado de manera personal o por correo certificado, y

en

caso

también

de

pertenecer

deberá

a

una

notificársele

organización

a

ésta.

sindical,

Además,

tal

notificación deberá advertir que el cesanteado cuenta con

treinta (30) días para acudir en revisión a C.A.S.A.H.R.

o ante la Comisión Apelativa creada al amparo de la Ley

Núm. 45, supra, conforme sea el caso.100

Al evaluar el procedimiento de cesantías establecido

por la Ley Núm. 7 a la luz de los criterios pautados en

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, supra, es claro

que éste sobrepasa los requisitos esperados. Nótese que

las cesantías bajo este estatuto se dan en razón del

criterio

de

antigüedad

únicamente,

por

lo

que,

una

revisión de la decisión de la Agencia se daría, como

señala el Art. 37.04(b)(13) de la Ley Núm. 7, solamente

en

cuanto

a

ese

criterio.

Eso

redunda

en

controversia,

por

meritoria

que

sea,

siempre

relativamente

sencilla:

si

el

empleado

cuenta

que

la

será

con

la

evidencia de los años trabajados.

En

los

recurridos

casos

fueron

ante

nuestra

notificados

de

consideración,

los

sus

por

cesantías,

escrito, y mucho antes de los 30 días que requiere la Ley

100

De hecho, el Art. 46 de la Ley Núm. 7, en atención a que los

cesanteados tengan la oportunidad de lograr una solución rápida y

justa de sus reclamaciones ante CASARH o la Comisión creada al amparo

de la Ley Núm. 45, supra,

aumenta el número de miembros a un

Presidente y cinco miembros asociados en el caso de CASARH y autoriza

al Presidente de la Comisión a nombrar los árbitros que entienda

necesarios para realizar las labores encomendadas por el Cap. III de

la Ley Núm. 7.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

69

Núm. 7, como establece el Art. 37.04(b)(15). Nada en los

expedientes de autos indica que tales cartas no fueran

notificadas

de

conformidad

al

Art.

37.04(b)(12)

de

la

ley, esto es, personalmente o por correo certificado. Las

cartas de cesantías claramente indicaban la razón de sus

despidos

y

de

su

derecho

determinación

de

la

Comisión,

el

término

en

a

solicitar

agencia

de

revisión

ante

CASARH

treinta

días,

de

la

ante

la

contados

a

o

partir del recibo de la misiva. Sin duda, los recurridos

contaron con una adecuada notificación.

Por otro lado, la Ley Núm. 7 dispone para que un

organismo competente e imparcial atienda sus reclamos y

aquilate la evidencia que éstos puedan presentar, en caso

de que decidan recurrir finalmente de la decisión de la

agencia.

De

manera

que

es

claro

que

la

Ley

Núm.

7

garantiza a los aquí recurridos una oportunidad real y

justa de ser oídos.

Es

evidente

circunstancias,

entonces

que,

a

la

luz

de

las

el proceso establecido por el Capítulo

III de la Ley Núm. 7 es uno que sobrepasa el mínimo

requerido

por

la

normativa

referente

al

debido

proceso

jurisprudencial

en

de

aspecto

ley

en

su

lo

procesal. Por lo tanto, al evaluar el procedimiento de

cesantías establecido por la Ley Núm. 7 a la luz de los

criterios

pautados

en

Rivera

Rodríguez

&

Co.

v.

Lee

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

es

Stowell,

claro

que

éste

sobrepasa

70

los

requisitos

esperados.

Por

otro

lado

y

como

adelantamos,

tanto

en

los

recursos CT-2009-4 y CT-2009-5, como en el CT-2009-9, los

recurridos

debido

han

proceso

planteado

que

el

Estado

de

por

no

concederle

ley

les

violó

una

el

vista

informal previa a las cesantías. No les asiste la razón.

La Ley Núm. 7, claramente les concede al empleado público

cesanteado

bajo

esa

ley,

la

oportunidad

de

una

vista

previa antes de que se le anuncie su cesantía, si éste

así lo solicita.

Como hemos dicho, las cesantías que autoriza la Ley

Núm. 7 se dan única y exclusivamente bajo el marco o el

criterio

de

antigüedad

del

empleado

público.

En

ese

contexto, una vez la JREF dispuso la cantidad global de

empleados

a

ser

cesanteados

–Art.

37.04(b)7-,

el

Art.

37.04(b)8 dispone que cada agencia notificará tanto a la

JREF

como

al

propio

empleado

–y

a

la

organización

sindical si fuera el caso- “su fecha de antigüedad según

surge

de

sus

récords…

apercibiéndole

del

derecho

que

tiene… a exponer… por escrito su versión en cuanto a la

fecha de su antigüedad”.101 El Art.

37.04(b)9 dispone que

el empleado tendrá un término de treinta (30), contados a

partir de la fecha de la notificación por parte de la

agencia de “su fecha de antigüedad según surge de sus

101

Véase Art. 37.04(b)(8).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

récords”,

para

documental…

que

“presentar

refute

la

por

71

escrito…

antigüedad

que

evidencia

le

ha

sido

certificada”.102

Si el empleado no presenta la evidencia documental

requerida para refutar la certificación de la agencia en

el término dispuesto, “la antigüedad a ser utilizada será

aquella que le fue notificada por la agencia”, antigüedad

que sería entonces concluyente para efectos del capítulo

III de la Ley Núm. 7. A contrario sensus,

[e]n la eventualidad de que el

empleado afectado presente, dentro del

término

aquí

dispuesto,

evidencia

documental fehaciente que controvierta

la

antigüedad

que

le

ha

sido

notificada,

la

Agencia

no

tomará

determinación final sobre la antigüedad

sin antes darle la oportunidad de tener

una vista previa. (Énfasis nuestro)

Nada

en

los

evidencia

que

a

expedientes

alguno

de

de

los

los

casos

recurridos

de

no

autos

se

les

hubiera certificado su antigüedad y se les hubiera negado

la oportunidad de refutar la misma en una vista anterior

a

que

se

les

anunciara

sus

cesantías,

de

haberlo

solicitado. Por lo tanto, es evidente que tampoco les

asiste la razón a los recurridos en este punto.

102

Véase Art. 37.04(b)(9).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

72

VI

Derechos adquiridos

En su alegato, las partes recurridas en el caso CT2009-4

argumentan que el Art. 3 del Código Civil de

Puerto Rico, supra, dispone que “[l]as leyes no tendrán

efecto

retroactivo,

si

no

dispusieren

expresamente

lo

contrario y, en ningún caso, podrá el efecto retroactivo

de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo

de

una

legislación

doctrina

de

señalan

que

elimina

anterior,

derechos

la

adquiridos”.103

aplicación

derechos

conforme

de

la

laborales

Ley

lo

establece

En

ese

Núm.

garantizados

la

contexto

7,

supra,

mediante

legislación laboral protectora que estaba en vigor con

anterioridad a la aprobación de dicha ley, por lo cual

vulnera el principio de la aplicación retroactiva de las

leyes, tal como el derecho de retención y el derecho

propietario

sobre

su

empleo

garantizado

en

la

Constitución.104 Específicamente argumentan los recurridos

que:

El derecho propietario que tiene

el empleado público sobre su empleo

no se (sic) le (sic) puede ser

eliminado a menos que éste tenga una

participación activa y consciente en

el método que ha de utilizarse para

la

eliminación

de

ese

derecho.

Nuestro más alto foro ha expresado

103

104

Véase alegato de la parte recurrida en el CT-2009-4, pág. 27.

Id. Con relación a la inmunidad por irretroactividad que ostentan

los derechos adquiridos y que dispone el Art. 3 del Código Civil,

supra, no nos expresaremos por no ser necesario.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

73

que ninguna nueva ley promulgada por

la legislatura puede tener (sic)

dejar sin efecto y de facto derogar

disposiciones que estaban en vigor

antes de entrar en efecto la misma y

que tenga como consecuencia eliminar

derechos adquiridos”.105

Además, citando lo resuelto recientemente por esta

Curia en Hernández Colón, et al. v. Policía de Puerto

Rico, 2009 TSPR 154, 177 DPR ____, y con relación a los

derechos adquiridos, los recurridos señalan que “…ni la

Legislatura al promulgar una nueva ley, ni el Gobernador

mediante

una

orden

ejecutiva,

los

puede

lesionar

o

ignorar.”106

Estas

premisa

de

adquirido.

argumentaciones

que

Sin

los

claramente

recurridos

embargo,

y

como

parten

de

la

ostentan

un

derecho

señalamos

también

en

Hernandez Colón v. Policía de Puerto Rico, supra, “[l]os

derechos

adquiridos

protegidos

pueden

concebirse

como

consecuencia de un hecho idóneo, al producirlos en virtud

de una ley vigente en el tiempo en que el hecho ha sido

realizado, y que se han incorporado a una persona”.107

(Énfasis nuestro.) Ese no es el caso con los empleados de

carrera en el servicio público.

105

Id.

106

Íd.

107

Hernández Colón, et al. v. Policía de Puerto Rico, supra, citando

Consejo de Titulares v. William Hospitality Group, 168 D.P.R. 101

(2006). Véase además, Vélez Reboyras v. Srio. de Justicia, 115

D.P.R 533 (1984).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

74

Indudablemente, un derecho adquirido, como secuela

de un derecho propietario, se encuentra cobijado por la

protección

que

la

sección

siete

de

nuestra

Carta

de

Derechos provee. Sin embargo, no todo derecho o interés

propietario es a su vez un derecho adquirido.108 Asimismo,

“no toda situación jurídica que surge al amparo de una

ley

anterior

principio

de

posterior”.109

es

un

derecho

adquirido

irretroactividad

cobijado

frente

a

por

otra

el

ley

Como señala Santos Briz:

Un derecho adquirido sólo puede

ser aquél que se deriva de un

título

individual

y

privado,

producto

de

una

situación

subjetiva consumada que es, a su

vez, resultado de un acto o

negocio jurídico amparado en un

estado de derecho creado por una

ley

anterior.

(Énfasis

nuestro.)110

También, Noguera Barreneche señala que un derecho

adquirido implica:

"la conjunción de una norma

jurídica

existente

(situación

abstracta

de

derecho)

y

la

ejecución de un hecho por ella

misma

previsto

(situación

108

Vélez Reboyras v. Srio. de Justicia, supra.

109

Asociación de Maestros de Puerto Rico por si y en representación

de sus socios v. Departamento de Educación, 2007 TSPR 123, 171 D.P.R.

__, opinión disidente de la Juez Asociada, Señora Fiol Mata.

110

J. Santos Briz y otros, Tratado de Derecho Civil,

Barcelona, Editorial Bosch, S.A., 2003, Tomo I, pág. 137.

1ra

ed.,

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

75

concreta); pero que, por razón

de la importancia del derecho

desde el punto de vista del

interés social, ha recibido vida

perdurable de la ley que lo

generó". (Énfasis nuestro.)111

Asimismo,

en

Consejo

de

Titulares

v.

William

Hospitality Group, 168 D.P.R. 101, __ (2006), pautamos que

“[e]l derecho adquirido… es una situación consumada, en

la que las partes afectadas descansaron en el estado de

derecho que regía al amparo de la ley anterior”. (Énfasis

suplido.)

Como

hemos

señalado,

un

empleado

en

el

servicio

público tiene un reconocido interés en la retención de su

empleo, si dicho interés está protegido por ley o cuando

las circunstancias crean una expectativa de continuidad.

Es la presencia de estos factores lo que determina la

existencia

de

un

interés

propietario.112

empleado

público

ostenta

un

evidente

Asimismo,

interés

en

un

la

retención de su empleo, siempre y cuando ese interés se

encuentre protegido por una ley, como en el caso de un

empleado de carrera, o cuando las circunstancias crean

una expectativa razonable de continuidad.113

111

R. Noguera Barreneche, De la no retroactividad de las leyes

civiles, 3ra ed., Santa Fe de Bogotá, Fondo de Publicaciones

Institución Universitaria Sergio Arboleda, 1995, págs. 73-74.

112

Pierson Muller I v. Feijoó, supra; véase también Perry v.

Sinderman, 408 U.S. 593 (1972); Board of Regents of State Colleges v.

Roth, 408 U.S. 564 (1972).

113

Lebrón Bonilla v. E.L.A., 2001 T.S.P.R. 145 (2001);

Ortiz v.

Padilla Ayala, 131 D.P.R. 227, 241 (1992); Torres Solano v. PRTC, 127

D.P.R. 499 (1990).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

Sin embargo, ninguna ley al

empleado

público

retención,

o

contrario,

todas

reconocen

un

un

como

una

derecho

derecho

las

a

leyes

realidad

76

momento le reconoce al

sin

limitaciones

no

ser

cesanteado.

concernientes

la

a

posibilidad

la

Al

al

asunto

de

que

el

empleado público no sea retenido o sea cesanteado de su

puesto, si se dan unas condiciones y se cumple con unos

procesos.114

En ese sentido, no cabe hablar de un derecho

adquirido a la retención o a no ser cesanteado de un

empleo en el servicio público, pues se encuentra ausente

el elemento del amparo de una ley anterior que hubiere

concedido tal derecho.

VII

Igual Protección de las Leyes

A.

La Sección 7 del Artículo II de la Constitución de

Puerto Rico consagra el derecho a la igual protección de

las

leyes.

En

lo

pertinente

dispone

que:

“[n]inguna

persona será privada de su libertad o propiedad sin el

debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en

Puerto Rico la igual protección de las leyes”.115

La igual protección de las leyes se funda en el

principio

cardinal

de

trato

similar

para

personas

114

Véase Ley Núm. 184, de 3 de agosto de 2004, según emendada, supra.

115

Art. II Sec. 7 Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo I. (Énfasis nuestro)

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

77

similarmente situadas.116 Esto significa que el gobierno

puede

hacer

clasificaciones

entre

las

personas

para

cualesquiera propósitos legítimos siempre que observe esa

norma básica.117 “El fundamento de este precepto surge de

la concepción básica de que para gobernar una sociedad

tan

compleja

y

variada,

en

la

cual

existen

distintos

intereses individuales y grupales, y diversas relaciones

sociales, es necesario establecer clasificaciones”.118 Es

decir,

gobernar

sociedad

cualquier

moderna

sin

sociedad

instituir

y

en

especial

clasificaciones

una

entre

personas, sin construir desigualdades que favorezcan a

algunos y perjudiquen a otros es imposible.119

Como corolario de lo anterior, hemos expresado que

el principio constitucional de la igual protección de las

leyes no exige que siempre se de un trato igual a todos

los

ciudadanos

sino

que

injustificado.120

El

Estado

entre

las

personas

sin

prohíbe

que

un

trato

puede

hacer

se

quebrante

desigual

e

clasificaciones

el

consabido

principio siempre y cuando la clasificación sea razonable

y con miras a la consecución o protección de un interés

116

R. Serrano Geyls, Op. cit, pág. 1082.

117

Íd.

118

López v. E.L.A., 165 D.P.R. 280, 297 (2005).

119

Íd.

120

Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676, 696 (1986); Pueblo v. Matías

Castro, 90 D.P.R. 528, 531 (1964).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

78

público legítimo.121 Es decir, la desigualdad que infringe

la Constitución es la que refleja una preferencia basada

en prejuicio, no la que descansa en un interés público.122

De ahí, que el problema principal que plantea la

aplicación de la igual protección de las leyes, es el de

diseñar

normas

que

permitan

al

gobierno

establecer

clasificaciones pero que a la vez protejan a las personas

contra desigualdades indebidas, irrazonables u odiosas.123

Por eso, para realizar esa tarea, se requiere hacer un

análisis de la relación entre el propósito que se desea

lograr y el medio o clasificación que se utiliza para

alcanzarlo;

también

debe

examinarse

el

efecto

que

esa

relación tiene sobre el derecho o interés del cual se

priva a las personas afectadas.124

Este Foro ha reiterado que bajo la igual protección

de

las

enfrenta

leyes,

cuando

un

a

un

análisis

razonabilidad

de

una

tribunal

en

Puerto

Rico

se

sobre

la

legislativa,

el

constitucional

clasificación

criterio o escrutinio a utilizarse por dicho foro deberá

ser o el escrutinio tradicional mínimo o de nexo racional

o el escrutinio estricto.125

121

Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277

(1975).

122

Vda. De Miranda v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 11, 14 (1983).

123

R. Serrano Geyls, Op. cit., pág. 1081.

124

Íd.

125

López v. E.L.A., supra, pág. 298; Vélez v. Srio. de Justicia, 115

D.P.R. 533, 537 (1983); León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804, 813

(1980).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

79

Como señalamos, el escrutinio racional es empleado

en

casos

económica

donde

y

se

social.

constitucionalidad

de

impugne

reglamentación

de

tipo

Al

aplicarlo,

se

presume

la

la

clasificación.126

Además,

el

tribunal tiene que adoptar una actitud de gran deferencia

hacia la actuación legislativa que se impugne; aunque la

clasificación

adecuada,

no

sabia

legislativo,

parezca

y

ser

eficiente

el

la

de

manera

más

acertada,

adelantar

el

propósito

tribunal

debe

mantener

su

constitucionalidad una vez se demuestre que existe una

relación racional entre ésta y el propósito esbozado; la

intervención judicial será muy limitada.127

Sobre este análisis hemos expresado que por virtud

del axioma de separación de poderes, es la legislatura y

no la rama judicial, la que tiene la facultad de diseñar

las

clasificaciones

consiguiente,

funciones

el

de

de

tribunal

la

tipo

no

socio-económica.128

Por

puede

adjudicarse

las

examinar

la

legislatura

al

constitucionalidad de un estatuto bajo la garantía de la

igual protección de las leyes.129

Bajo este escrutinio le corresponde a la parte que

sostiene

la

inconstitucionalidad

de

la

clasificación

126

Rodríguez Pagán v. Depto. Servicios Sociales, 130 D.P.R. 562, 582

(1992).

127

San Miguel Lorenzana v. E.L.A., supra, págs. 431-432.

128

Íd., pág. 432.

129

Íd.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

80

demostrar que no existe nexo racional alguno entre la

clasificación impugnada y un interés legítimo del Estado.

Íd. El tribunal solamente declarará inconstitucional la

clasificación si ésta discrimina de forma arbitraria e

irracional.130 El discrimen arbitrario o irracional existe

cuando la diferencia que la clasificación establece es

totalmente

irrelevante

al

propósito

que

se

pretende

alcanzar con ella.131

Como puede observarse, la enunciación del estándar

de adjudicación de racionalidad mínima bajo esta cláusula

es muy similar a la del debido proceso de ley en materia

de reglamentación económica. La diferencia consiste en

que

bajo

la

igual

protección

de

enjuicia

es

la

razonabilidad

las

leyes

de

la

lo

que

se

clasificación

discriminatoria a la luz del objetivo o propósitos que se

desea

alcanzar

y

bajo

el

debido

proceso

de

ley

la

pregunta es si la medida gubernamental, con independencia

de si contiene alguna clasificación, es razonable a la

luz de su propósito.132

Por su parte, el escrutinio estricto se utiliza para

analizar las clasificaciones que son sospechosas o cuando

la clasificación afecta un derecho fundamental. Íd., pág.

425. Las clasificaciones sospechosas son aquellas que se

130

Bankers Life & Casualty Co. v. Crenshaw, 486 U.S. 71, 83 (1988).

131

San Miguel Lorenzana v. E.L.A., supra, pág. 433.

132

J. J. Álvarez, op. cit., pág. 826.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

81

establecen por razón de raza, color, sexo, nacimiento,

origen o condición social, ideas políticas o religiosas o

nacionalidad.133 En torno a los derechos fundamentales se

ha

reconocido

libertad

de

el

derecho

expresión,

al

voto,

libertad

la

vida,

protección

a

de

culto,

de

ley

contra ataques abusivos a la honra y el derecho a la

intimidad.134

Bajo

el

palio

de

este

inconstitucionalidad

de

la

escrutinio

disposición

se

presume

la

impugnada.135

El

Estado tiene el peso de la prueba para demostrar que la

clasificación responde a un interés estatal apremiante y

que la misma es necesaria para promover ese interés, es

decir,

que

no

existe

un

medio

menos

oneroso

para

adelantar o alcanzar tal interés.136

Considerando todo lo anterior, procedemos a resolver

la controversia planteada sobre este asunto en el CT2009-06.

B.

En el CT-2009-06 la parte recurrida alega que la Ley

Núm.

7,

supra,

crea

unas

clasificaciones

sospechosas

entre empleados públicos sin justificación racional para

133

Art. II Sec. 1 Const. E.L.A. L.P.R.A. Tomo I; Defendini, et al. v.

E.L.A., supra, 61.

134

San Miguel Lorenzana v. E.L.A., supra, pág. 425.

135

Soto Ortega v. Administración de Instituciones Juveniles, 148

D.P.R. 810, 831 (1999); San Miguel Lorenzana v. E.L.A., supra, pág.

425; Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 864, 879 (1991).

136

Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 D.P.R. 102, 133 (1991). Véase,

además, R. Serrano Geyls, op. cit., Vol. II, pág. 1086.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

82

ello porque exime de su aplicación a los empleados de las

ramas judicial y legislativa. No le asiste la razón.

Como

ya

mencionamos,

en

Puerto

Rico

las

clasificaciones sospechosas están expresamente enumeradas

en la Sección 1 del Artículo II de nuestra Constitución,

supra. Es decir, deben ser clasificaciones por razón de

raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social,

ideas políticas, ideas religiosas o nacionalidad. Prima

facie, la clasificación que alega la parte recurrida no

se

fundamenta

comprendidas

en

en

ninguna

de

las

la

antedicha

sección.

prohibiciones

Por

ende,

no

estamos frente a una clasificación de tipo sospechosa.

Ahora

bien,

debemos

determinar

si

la

clasificación

impugnada soslaya algún derecho fundamental de la parte

recurrida. En específico, el derecho a trabajar.

La parte recurrida acota e insiste en que el derecho

a trabajar es uno fundamental y que éste le fue violado

con la decisión del Estado de cesantearla. Es cierto e

indubitado que los empleados afectados por la Ley Núm. 7,

supra, tienen derecho a trabajar y que dicho derecho es

uno muy importante en nuestra sociedad y jurisdicción.

Así lo reconocimos en Amy v. Admin. Deporte Hípico, 116

D.P.R. 414, 421 (1985) cuando expresamos que:

El derecho a un empleo, esto es, a devengar

ingresos y a tener una vida justa y decente, es

un

principio

inalienable

al

hombre,

preexistente

a

la

más

antigua

de

las

constituciones conocidas. El destino incierto

de

la

frustrada

Sec.

20

de

nuestra

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

83

Constitución, late entre aquellos derechos que

aunque no se mencionan expresamente en el

texto, el pueblo se reserva frente al poder

político creado.137

Ciertamente,

necesidad

de

tales

prestarle

expresiones

cuidadosa

demuestran

atención

a

la

aquellas

situaciones en las que esté de por medio el trabajo y las

necesidades

connota,

básicas

per

se,

de

que

las

personas.

hayamos

Empero,

reconocido

ello

como

no

derecho

fundamental el derecho al trabajo.138 De hecho, en García

Benavente v. Aljoma Lumber, 162 D.P.R. 572, 596 (2004)

este Tribunal, por voz del Juez Presidente señor Hernández

Denton, sostuvo que la Sección 20 de la Constitución de

Puerto Rico “sólo enumeraba aspiraciones que dependían

para su cumplimiento del desarrollo económico del País.

Se

trata

de

una

disposición

que

reconocía,

aunque

no

garantizaba, ciertos derechos humanos y sugería el mayor

esfuerzo del Estado para llevarlos al plano práctico”.

Íd. Esos derechos son de naturaleza económica y social.139

Con

mayor

Lumber,

supra,

razón,

este

en

García

Tribunal

Benavente

declaró

de

v.

Aljoma

forma

tajante

que:

En vista de un historial legislativo tan claro,

no podemos avalar la determinación judicial del

Tribunal de Apelaciones que instala un derecho

137

Véase, además, In

(Resolución, 2001).

re

Colton

Fontán,

138

154

D.P.R.

466,

472-473

Véase, J. J. Álvarez, Derecho Constitucional, 74 Rev. Jur. U.P.R.

597, 615 (2005).

139

R. Serrano Geyls, op. cit., pág. 1192.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

84

expresamente

excluido

del

ámbito

de

las

garantías constitucionales de la Carta de

Derechos mediante la interpretación de otro

derecho constitucional. La consecuencia del

veto del Congreso de la Sección 20 del Artículo

II de la Constitución, y de la correspondiente

aceptación de la Convención Constituyente, fue

excluir el derecho a obtener un trabajo como

garantía constitucional. (Énfasis suplido).140

Asimismo, en San Miguel Lorenzana v. E.L.A., supra,

pág.

430,

citando

a

los

tratadistas

de

Derecho

Constitucional, Rotunda, Nowak y Young, señalamos que no

existe

un

derecho

fundamental

federal

a

adquirir

o

mantener un empleo en el sector público.

A la luz de lo esbozado, podemos colegir que el

derecho

al

trabajo

no

es

un

derecho

fundamental

garantizado por nuestra Constitución. Claro está, eso no

significa que las aspiraciones plasmadas en la aludida

Sección

20

no

puedan

perseguirse

por

el

pueblo

puertorriqueño. No obstante, ese objetivo no es tarea de

la

Rama

Judicial

sino

que

le

compete

a

la

Asamblea

Legislativa.141

Por otro lado, en San Miguel Lorenzana v. E.L.A.,

supra, págs. 428-429, reconocimos que “el derecho a un

empleo está estrechamente relacionado con la garantía de

que

ninguna

persona

será

privada

de

su

libertad

o

propiedad sin un debido proceso de ley”. “[E]l derecho a

un

empleo

va

principalmente

dirigido

a

140

Véase, además, J. J. Álvarez, op. cit., pág. 935.

141

Véase, Íd.

garantizar

que

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

85

ante la privación de éste se cumpla con los requisitos

del debido proceso de ley”. Íd., pág. 429. Allí también,

citando con aprobación al tratadista Lawrence H. Tribe,

expusimos, ad verbatim:

Although we have argued ... that among the

rights to bodily integrity are rights to at

least minimal subsistence and that such rights

give rise to affirmative governmental duties,

we could not deduce from such duties a

judicially cognizable remedy for every instance

of unmet needs; as we saw, government's

affirmative

duties

must

ordinarily

be

translated

into

doctrine

somewhat

more

obliquely--through a variety of procedural,

structural, and other protections designed, in

their cumulative effect, to minimize the risk

that someone will in fact suffer extreme

deprivation. Among those protections has been a

revitalized

concern

to

prevent

at

least

procedurally

unfair

exclusions

from

the

occupation or vocation of one's choice.

[J]ust as we have seen that a claim of unmet

needs does not automatically give rise to a

judicially cognizable basis for insisting that

government step in with specific services, so

it must be the case that, even with respect to

employment, not every frustrated wish creates a

constitutional cause of action against the

state. As Justice Douglas said in his Barsky

dissent, '[c]ertainly a man has no affirmative

right to any particular job or skill or

occupation. The Bill of Rights does not say who

shall be doctors or lawyers or policemen. But

it does say that certain rights are protected,

that certain things shall not be done. And so

the question here is not what government must

give, but rather what it may not take away.'

What it may not take away without clear and

focused justification is a fair opportunity for

an individual to realize her identity in a

chosen vocation. Íd., págs. 429-430.

Así pues, en dicho caso, reconocimos que el derecho

al

trabajo,

o

sea,

su

privación,

tanto

en

nuestra

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

86

jurisdicción como en la Federal, es un asunto que debe

ser examinado bajo la cláusula del debido proceso de ley.

A la luz de la antepuesta discusión, y en relación a

la

cláusula

de

la

igual

protección

de

las

leyes,

concluimos que la clasificación creada por la aplicación

de

la

Ley

recurrida,

Núm.

7,

supra,

según

no

es

sospechosa

y

alegada

por

tampoco

la

parte

infringe

o

interfiere con un derecho fundamental. Por consiguiente,

el análisis de tal clasificación debe realizarse bajo el

escrutinio de nexo racional y no del escrutinio estricto.

Es

decir,

debemos

determinar

si

el

Estado

tiene

un

interés legítimo en promover la clasificación impugnada y

si ese interés se relaciona de manera racional con la

clasificación.

Como ya hemos discutido previamente, es indudable

que de la Ley Núm. 7, supra, surge que el Estado tiene un

interés más que legítimo en corregir la crisis fiscal que

atraviesa el Gobierno de Puerto Rico. En ese contexto, la

clasificación establecida por el Estado y que objeta la

parte recurrida, responde a la necesidad de atajar ese

problema fiscal. Así, el gasto relacionado a la nómina es

uno sustancial que hace necesaria la reducción en ese

renglón

para

atacar

el

déficit

presupuestario

que

se

anuncia en la propia ley. Así surge claramente, y como ya

hemos expuesto, de su Exposición de Motivos.142

142

Cabe señalar que en Vélez v. Srio. de Justicia, supra, pág. 538,

este Tribunal reconoció el valor intrínseco de la Exposición de

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

87

Es ostensible que de la Exposición de Motivos de la

Ley Núm. 7, supra, surge la existencia de una relación

racional entre la clasificación impugnada (cesantía de

los empleados públicos de la rama ejecutiva) y el interés

legítimo que persigue el Estado en aras de corregir la

crisis fiscal descrita en dicha ley.

Igualmente

debemos

señalar,

que

la

clasificación

impugnada por la parte recurrida aplica a un grupo de

personas similarmente situadas. Se limita a los empleados

públicos que trabajan en distintas Agencias del Gobierno

adscritas a la rama ejecutiva.143 De hecho, el criterio

predicado

por

la

mencionada

ley

para

cesantear

a

los

empleados en cuestión, es el de antigüedad. Véase, Art.

37.04 (b)(2),(9),(13),(14). Es decir, la aplicación de la

Ley Núm. 7, supra, es una general basada en un criterio

neutro que es la antigüedad. En ese sentido, aunque la

clasificación

impugnada

no

se

extiende

Judicial

y

Legislativa,

tampoco

desigual

e

injustificado

entre

a

las

Ramas

promueve

un

trato

aquellos

empleados

a

quienes sí aplica la Ley Núm. 7, supra.

A

fortiori,

la

determinación

de

la

Asamblea

Legislativa de promulgar una ley que aplicara únicamente

a la Rama Ejecutiva y no a la Legislativa ni Judicial,

Motivos de una ley a la hora de determinar el interés del Estado bajo

el análisis de la igual protección de las leyes.

143

Debemos señalar que el Art. 37.02 de la Ley Núm. 7, supra,

establece ciertas exclusiones en su aplicación con el fin de evitar

un impacto negativo en los servicios que brinda el Gobierno.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

88

respeta el principio cardinal de separación de poderes

que

consagra

tanto

la

nuestra

Rama

Constitución.

Judicial

como

la

Cabe

destacar

legislativa

que

poseen

autonomía presupuestaria.144 De ahí, que son estas ramas

las que administran los fondos que se le asignan y las

que

determinan,

gastos,

de

ser

incluyendo

cuándo

recortar

los

de

la

nómina.

Permitir,

por

Poder

Ejecutivo

pueda

legislación,

que

el

decisiones

sobre

las

definitivamente

necesario,

otras

atentaría

ramas

contra

la

del

medio

tomar

Gobierno,

separación

de

poderes.145

Por

todo

lo

antes

expuesto,

sostenemos

que

la

diferencia en tratamiento que promueve la aplicación de

la Ley Núm. 7, supra, entre las tres ramas del Gobierno,

no ofende ni viola la cláusula de la igual protección de

las

leyes.

creada

Por

tal,

la

la

Ley

Núm.

por

preferencia

clasificación

basada

en

razonable,

clasificación

7,

supra,

prejuicio.

Se

fundamentada

impugnada,

no

refleja

según

una

trata

de

en

interés

un

una

público legítimo. No debemos olvidar lo que el Tribunal

Supremo Federal ha expresado sobre la igual protección de

las leyes: “The Equal Protection Clause does not require

that a State choose between attacking every aspect of a

144

Véanse, la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada,

23 L.P.R.A. sec. 104 y la Ley Núm. 258 de 30 de julio de 1974, según

enmendada, 2 L.P.R.A. sec. 553.

145

Véase, Watkins v. New York State Ethics Com., 554 N.Y.S.2d 955,

965 (1990).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

89

problem or not attacking the problem at all. It is enough

that the State´s action be rationally based and free from

invidious

discrimination”.

Dandridge

v.

Williams,

397

U.S. 471, 486-487 (1970).146

VIII

Menoscabo de Obligaciones Contractuales

A.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico prohíbe la promulgación de leyes que menoscaben las

obligaciones

contractuales.147

De

igual

modo,

la

Constitución federal contiene una cláusula análoga que

prohíbe a los estados promulgar leyes que menoscaben las

obligaciones

contractuales

públicos

contratos

o

que

surjan

privados.148

de

Conforme

contratos

con

lo

anterior, a la hora de interpretar nuestra disposición

constitucional debemos referirnos a las decisiones del

Tribunal Supremo federal que evalúan la referida cláusula

146

Los recurridos en el CT-2009-06 alegan que la implantación de la

Ley Núm. 7, supra, les viola sus derechos constitucionales porque

establece un patrón de discrimen por razón de ideas políticas, así

como por razón de edad y de sexo. Sin embargo, considerando, como

hemos resuelto, que la Ley Núm. 7 utiliza como criterio para los

despidos

únicamente

el

de

antigüedad,

entendemos

que

tales

alegaciones carecen totalmente de méritos. No obstante, si en

la

interpretación o implementación de ese criterio único de antigüedad

existiera por parte de la agencia concernida algún discrimen que

pudiera catalogarse dentro de las clasificaciones alegadas, es

materia de prueba que en su día deberá ser aquilatada por un Tribunal

de Primera Instancia.

147

148

Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

Artículo 1, Sec. 10, Const. E.E. U.U., id; véase, además, United

States Trust Co. v. New Jersey, 431 U.S. 1 (1977).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

ya

que

constituyen

la

protección

90

mínima

que

estamos

obligados a reconocer en nuestro ordenamiento.149

La

garantía

contractuales

interferir

contra

limita

con

las

el

el

menoscabo

poder

de

del

obligaciones

obligaciones

gobierno

para

contractuales

entre

partes privadas, así como las obligaciones contractuales

contraídas por el Estado.150 Al considerar la validez de

estatutos

bajo

la

referida

cláusula,

el

escrutinio

aplicable depende del tipo de contrato en cuestión, ya

sea un contrato privado o uno público. Esta diferencia

responde

a

contexto

de

que

cuando

la

la

modificación

contratación

pública

se

da

en

el

el

escrutinio

judicial tiene que ser más cuidadoso “para asegurar que

la

actuación

del

Estado

no

sólo

sea

en

beneficio

propio”.151

Al

contexto

evaluar

la

de

contratación

la

interferencia

del

privada

gobierno

lo

en

el

primero

que

procede auscultar es si existe una relación contractual y

si

la

modificación

de

la

obligación

constituye

un

menoscabo sustancial o severo.152 Luego de determinar que

existe un menoscabo sustancial o severo de una obligación

149

Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 619 (1987).

150

Energy Reserves Group v. Kansas Power and Light, 459 U.S. 400

(1983); United States Trust Co. V. New Jersey, supra.

151

Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 620; United States Trust Co. v.

New Jersey, supra, pág. 17.

152

Véase, Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378

(1973); véase, además, General Motors Corp. V. Romein, 503 U.S. 181,

187 (1992) Energy Reserves Group v. Kansas Power and Light, supra,

pág. 411.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

contractual,

hay

que

evaluar

si

la

91

interferencia

gubernamental responde a un propósito o interés legítimo

del Estado y si está racionalmente relacionada con la

consecución de dicho objetivo.153 Como vemos, al auscultar

la validez de una ley bajo la cláusula de menoscabo de

obligaciones contractuales el criterio aplicable es el de

razonabilidad.154 La razonabilidad de la legislación se

determinará

del

tomando

interés

en

público

consideración

la

sustancialidad

promovido

la

dimensión

y

del

menoscabo ocasionado.155

Ahora bien, cuando el Estado modifica sus propias

obligaciones el escrutinio judicial es más cuidadoso.156

Claro está, aun cuando el escrutinio en el contexto de la

contratación pública es más severo, eso no significa que

hay

una

prohibición

reglamentación

del

absoluta

Estado

en

que

impida

beneficio

el

del

poder

de

interés

público.157 Por tanto, la función del foro judicial al

evaluar la validez de una legislación bajo la cláusula

del menoscabo de obligaciones contractuales consiste en

153

Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, supra; General Motors v.

Romein, supra; Nowak, J., Constitutional Law, 5 ed., West, 1995, p.

416-417.

154

Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, id.

155

Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, id.; Véase, Home Building

& Loan Association v. Blaisdell, 290 U.S. 398 (1934).

156

157

Bayron Toro v. Serra, id.

Bayron Toro v. Serra, id.; Warner Lambert Co. v, Tribunal Superior,

supra, pág. 394 (1973); véase, además, Allied Structural Steel Co. v.

Spannaus,

438

U.S.

234,

241

(1978);

R.

Epstein,

Toward

a

Revitalization of the Contract Clause , 51 U. Chi. L. Rev. 703, 717

(1984).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

92

establecer un balance entre el poder del Estado (police

power) para salvaguardar el bienestar y la seguridad de

la ciudadanía y el interés de proteger las relaciones

contractuales.158 A tales efectos, en United States Trust

Co . v. New Jersey, supra, pág. 109, el Tribunal Supremo

federal enunció lo siguiente:

Although the Contract Clause appears literally

to proscribe "any" impairment, this Court

observed in Blaisdell [Home Building & Loan

Association v. Blaisdell, supra] that "the

prohibition is not an absolute one and is not

to be read with literal exactness like a

mathematical formula."[citas omitidas].Thus, a

finding that there has been a technical

impairment is merely a preliminary step in

resolving the more difficult question whether

that

impairment

is

permitted

under

the

Constitution. In the instant case, as in

Blaisdell, we must attempt to reconcile the

strictures of the Contract Clause with the

"essential

attributes

of

sovereign

power,"[citas omitidas], necessarily reserved

by the States to safeguard the welfare of their

citizens.

En atención a lo anterior, al ejercer la revisión

judicial sobre la constitucionalidad de legislación bajo

la cláusula del menoscabo de obligaciones contractuales

del

Estado,

circuitos

diversos

apelativos

tribunales

han

federales

enfatizado

la

de

necesidad

los

de

evaluar si el propósito o interés del Estado en promulgar

la

legislación

impugnada

responde

al

ejercicio

de

su

poder de razón de Estado para proteger y mantener el

bienestar general, lo que incluye el bienestar económico

158

Warner Lambert v. Tribunal Superior, supra.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

de

la

sociedad.

A

tales

efectos

se

93

ha

señalado

lo

siguiente:

[T]he Supreme Court has defined “police power”

for Contract Clause purposes, “as an excercise

of the sovereign right of the Government to

protect the lives, health, morals, comforts,

and general welfare of the people…”[citas

omitidas] The state´s paramount authority is

not limited to health, morals and safety. It

extends to economic needs as well”. Veix v.

Sixth Ward Ass´n,310 U.S. 32, 39, 60 S. Ct.

792, 795, 84 L. Ed. 1061 81940). This doctrine

reflects the importance of allowing states to

legislate freely on social and economic matters

of importance to their citizens, modifying the

law to meet changing needs and conditions.159

(Énfasis nuestro)

Bajo

este

marco

conceptual,

en

los

casos

de

contratación pública procede evaluar, como cuestión de

umbral,

si

existe

modificación

sustancial

de

o

sustancialidad

la

una

obligación

severo.

o

obligación

Respecto

severidad

contractual

constituye

un

y

si

la

menoscabo

al

análisis

sobre

la

del

menoscabo

de

la

obligación, el Tribunal Supremo federal ha señalado lo

siguiente:

The severity of the impairment measures the

height of the hurdle the state legislation must

clear.

Minimal

alteration

of

contractual

obligations may end the inquiry at its first

stage. Severe impairment, on the other hand,

will push the inquiry to a careful examination

of the nature and purpose of the state

legislation. The severity of an impairment of

contractual obligations can be measured by the

factors that reflect the high value the Framers

placed on the protection of private contracts.

159

Local Division 589, Amalgamated Transit Union, AFL-CLC v.

Commonwealth of Massachusetts, 666 F.2d 618, 639 (1st Cir., 1981).

Véase, además, Buffalo Teachers Fed. V. Tobe, 464 F.3d. 362, 367 (2nd

Cir. 2006); Baltimore Teachers Union v. Mayor and City Council of

Baltimore, 6 F. 3d. 1012, 1018 (4th Cir., 1993).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

94

Contracts enable individuals to order their

personal and business affairs according to

their particular needs and interests. Once

arranged, those rights and obligations are

binding under the law, and the parties are

entitled to rely on them. Allied Structural

Steel Co. v. Spannaus, supra, 245.

Conforme con lo anterior, la garantía constitucional

contra

el

activa

cuando

términos

menoscabo

o

la

de

obligaciones

modificación

condiciones

principalmente

contrato

de

dieron

modo

que

se

se

adversamente

los

afecta

esenciales

motivo

contractuales

a

del

la

frustren

contrato

que

celebración

del

las

expectativas

razonables de las partes.160 A tono con esta definición,

el

Tribunal

Circuito

ha

Federal

de

Apelaciones

señalado

que:

“While

para

the

el

court

Cuarto

has

not

refined the analysis for assessing the substantiality of

an

impairment,

impairment

is

it

has

appeared

substantial

at

to

least

assume

where

that

the

an

right

abridged was one that induced the parties to contract in

the first place.”161 Por su parte, el Tribunal Federal de

Apelaciones

para

el

Segundo

siguiente:

“To

assess

Circuito

whether

an

ha

señalado

lo

impairment

is

substantial, we look at `the extent to which reasonable

expectations under the contract have been disrupted´.”162

160

City of El Paso v. Simmons, 379 U.S. 497 (1965); Allied Structural

Steel Co. v. Spannaus, supra, págs. 245-246.

161

Baltimore Teachers Union v. Mayor and City Council of Baltimore,

supra, pág. 1071.

162

Buffalo Teachers Fed. v. Tobe, supra, pág. 368.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

95

Una vez se determina que el menoscabo es sustancial,

procede auscultar si la modificación persigue adelantar

un interés importante en beneficio del bienestar general.

Por último, habrá que dirimir si la modificación, además

de razonable, es necesaria para adelantar ese propósito

importante.163

gubernamental

Si

la

modificación

es

razonable y necesaria para adelantar el interés público,

sostendremos la validez de la ley impugnada.164

Cabe

señalar

que

respecto

al

criterio

de

razonabilidad y necesidad, el Tribunal Supremo federal ha

manifestado

que

obligación

contractual

alternas

sean

que

no

se

sostendrá

el

menoscabo

a

Estado

si

existen

medidas

drásticas

o

severas

que

del

menos

la

la

ejercida por el Estado para lograr su objetivo.165 A la

hora de evaluar la razonabilidad y necesidad de la medida

en el contexto de la contratación pública, el Tribunal

Supremo federal señaló que, contrario a los casos sobre

contratación

deferencia

necesidad

privada,

a

o

la

no

es

determinación

razonabilidad

de

apropiado

dar

legislativa

la

completa

sobre

legislación.

la

United

States Trust Co. v. New York, id., págs. 22-26 (As is

customary in reviewing economic and social regulation,

however, courts properly defer to legislative judgment as

to

the

necessity

and

reasonableness

of

a

163

particular

Bayrón Toro v. Serra, id.; United States Trust Co. v. New Jersey,

id.

164

165

Bayrón Toro v. Serra, id.

United States Trust Co. v. New York, id. pág. 29-31.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

96

measure….But, as to public contracts, complete deference

to

a

legislative

necessity

is

not

significa

que

el

deferencia

a

assessment

of

appropriate…).

foro

la

reasonableness

Sin

judicial

determinación

embargo,

no

deba

de

and

esto

dar

no

alguna

necesidad

y

razonabilidad que hizo el legislador en el ejercicio de

su poder constitucional, especialmente cuando se trata de

regulaciones socioeconómicas.

A

modo

ilustrativo

interpretación

que

se

es

meritorio

ha

hecho

referirnos

en

los

a

la

circuitos

apelativos respecto al grado de deferencia que se le debe

dar a la determinación legislativa sobre la necesidad y

razonabilidad

Amalgamated

de

la

Transit

medida.

Union,

En

Local

Division

589,

AFL-CLC

v.

Commonwealth

of

Massachusetts, supra, pág. 623, el Tribunal Federal de

Apelaciones para el Primer Circuito señaló lo siguiente:

[D]etermining the “reasonableness and necessity

of a particular statute is a task far better

suited to legislators than to judges. Thus, in

the case before us, where economic or social

legislation is at issue, some deference to the

legislature´s judgment is surely called for.

De igual modo se manifestó el Tribunal Federal

de Apelaciones para el Segundo Circuito, en Buffalo

Teachers Fed. V. Tobe, supra, pág. 19, al enunciar

lo siguiente:

We hasten to point out that less deference does

not imply no deference…. Relatedly, we agree

with the First Circuit that U.S. Trust Co. does

not require courts to reexamine all of the

factors underlying the legislation at issue to

make a de novo determination whether another

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

97

alternative would have constituted a

statutory solution to a given problem.

better

En síntesis, al enfrentarnos a la impugnación de la

legislación

bajo

la

cláusula

del

menoscabo

de

obligaciones contractuales del Estado, debemos dar alguna

deferencia a la determinación del legislador respecto a

la necesidad y razonabilidad de la medida. Al llevar a

cabo

dicha

tarea,

determinación

final

hecho

la

de

que

es

de

relevante,

y

aporta

razonabilidad

de

la

legislación

sea

en

a

la

medida,

el

respuesta

a

una

situación de emergencia y que su aplicación sea temporal

o

transitoria.166

Conforme

con

lo

anterior,

en

Buffalo

Teachers Fed. v. Tobe, supra, págs. 373-372, el Tribunal

Federal para el Segundo Circuito consideró la situación

de

emergencia

duración

fiscal

limitada

de

de

la

ciudad

la

medida

de

sobre

Buffalo

y

la

congelación

de

salarios a empleados públicos para determinar el criterio

de razonabilidad y sostuvo la constitucionalidad de la

medida.

En

esa

misma

Apelaciones

para

el

línea,

Cuarto

el

Tribunal

Circuito

al

Federal

de

sostener

la

constitucionalidad de una medida de reducción de salarios

a empleados públicos unionados determinó que la actuación

gubernamental

166

era

razonable

en

atención

a

la

Building & Loan Association v. Blaisdell, supra, pág.447.

crisis

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

98

presupuestaria de la ciudad de Baltimore y a la duración

limitada de la medida.167

Conforme

dirimir

si

con

la

la

doctrina

legislación

expuesta,

ante

procedemos

nuestra

a

consideración

contraviene la cláusula que prohíbe el menoscabo de las

obligaciones

contractuales

en

el

contexto

de

la

contratación pública.

B

Las recurridas en CT-2009-6, son empleadas públicas

unionadas

del

Departamento

de

Administración

del

Sustento

de

escuetamente,

que

la

del

menoscaba

las

Ley

7

obligaciones

la

Familia

Menores.

9

de

contraídas

y

la

Éstas

alegan,

marzo

de

por

el

2009

Estado

mediante el convenio colectivo vigente entre las partes a

partir del 20 de julio de 2007. En específico señalan que

la

legislación

mérito”

impugnada

reconocido

en

el

“violenta

convenio

el

principio

colectivo

así

de

como

otros procedimientos para llevar a cabo las cesantías.168

Según

discutimos

anteriormente,

en

los

casos

de

contratación pública procede evaluar, como cuestión de

umbral,

si

existe

una

modificación

de

la

sustancial

o

severo.

contractual

entre

el

obligación

obligación

En

constituye

efecto,

Estado

y

contractual

los

y

si

la

un

menoscabo

una

relación

empleados

unionados

existe

167

Baltimore Teachers Union v. Mayor and City Council of Baltimore,

supra, págs. 23-26.

168

Véase, Alegato de la Parte Recurrida, págs.4-5.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

cuyas

obligaciones

colectivo.

En

están

ese

especificadas

sentido,

las

99

en

partes

el

convenio

contratantes

establecieron los términos que regularían la manera en

que el Estado podía disponer de los servicios de los

empleados unionados.

Según

surge

del

expediente,

en

la

Declaración

de

Principios del Convenio Colectivo se estableció como uno

de

los

fundamentos

para

llevar

a

cabo

el

acuerdo

establecer un sistema de personal basado en el principio

de mérito. En atención a lo anterior, el Artículo II

establece lo siguiente: “Las partes intentamos en este

convenio

armonizar

la

práctica

de

la

negociación

colectiva con el sistema de personal basado en el mérito

para dar cumplimiento a esta sabia política pública que

reafirma la Ley de Relaciones del Trabajo para el Sector

Público...”.

Véase,

Apéndice

del

Recurso,

Convenio

Colectivo, pág. 8. Conforme con lo anterior, las partes

se

obligaron

a

seguir

un

procedimiento

de

cesantías

basado en el principio de mérito dispuesto en el Artículo

XXVII del Convenio Colectivo.169 Conforme con lo anterior,

en

este

caso

hubo

un

menoscabo

sustancial

de

la

obligación contractual ya que se modificó el proceso de

cesantías

basado

en

el

principio

de

mérito

según

establecido en el convenio colectivo. Dicha obligación

169

Véase, Apéndice del recurso, Convenio Colectivo, pág. 30.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

100

fue esencial para la celebración del acuerdo, según surge

de la declaración de principios del Convenio Colectivo.

Ahora

bien,

el

hecho

de

que

exista

un

menoscabo

sustancial a una obligación contractual no dispone de la

controversia.

Procede,

entonces,

evaluar

si

la

modificación persigue adelantar un interés importante y

si

la

modificación,

además

de

razonable,

es

necesaria

para adelantar ese propósito gubernamental importante.170

Conforme

dispone

la

doctrina

antes

expuesta,

se

sostendrá la validez constitucional de una legislación

que menoscabe sustancialmente una obligación contractual

del Estado, si dicha medida responde a un interés público

importante,

dicho

y

es

propósito

razonable

o

interés

y

necesaria

para

gubernamental.

adelantar

Surge

de

la

extensa Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7, supra,

que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

se encuentra en una situación de emergencia debido a una

grave crisis fiscal. Para atender dicha crisis, el Estado

ejerció

ciertas

medidas

para

provocar

un

ahorro

sustancial y real en las arcas del gobierno entre las que

se encuentran las cesantías de las recurridas.

Conforme con este estado de emergencia, el legislador

determinó

que

era

necesario

y

razonable

establecer

un

procedimiento alterno para llevar a cabo las cesantías y

eliminar los procedimientos anteriores a éstas para así

170

Bayrón Toro v. Serra, supra; United States Trust Co. v. New Jersey,

supra.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

poder

alcanzar

el

propósito

101

apremiante

de

la

ley

de

manera expedita. Además, el legislador determinó utilizar

exclusivamente el criterio de antigüedad para llevar a

cabo

las

cesantías

de

modo

que

se

garantizara

una

aplicación equitativa del criterio objetivo de antigüedad

a través de todo el gobierno. Según dispone el Artículo

37.04 (b) (1) de la Ley 7, supra, existe urgencia en

atender y corregir los problemas fiscales que enfrenta el

Estado

de

manera

expedita.

A

tales

efectos,

y

como

citamos anteriormente, la Exposición de Motivos explica

lo siguiente:

[t]odas

las

alternativas

típicamente

usadas como pasos previos a la reducción

de

personal

[o

sea]

traslados,

reubicaciones,

readiestramientos,

licencias sin sueldo y de reducción de

jornada, entre otros no son viables

dentro del contexto de la magnitud del

déficit estructural del gobierno y la

precariedad de la situación. Es necesario

reducir

dramáticamente

y

de

forma

expedita, el gasto gubernamental. En

vista del tamaño de la nómina y del

tamaño del déficit, ninguna de las demás

alternativas

es

compatible

con

este

objetivo o son viables ante su impacto

sobre la operación del gobierno.

Como

público

forma

vemos,

el

importante

expedita

protección

legislación

del

Estado

demostró

tener

en

adoptar

medidas

para

atender

la

bienestar

impugnada

se

de

adoptó

como

interés

correctivas

crisis

general

un

la

de

fiscal

en

sociedad.

La

resultado

del

ejercicio del poder de razón de Estado para atender una

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

emergencia

fiscal

que

atenta

102

contra

el

bienestar

socioeconómico de la sociedad puertorriqueña.

Al evaluar la necesidad o razonabilidad de la medida

para

efectos

de

obligaciones

completa

la

cláusula

sobre

el

menoscabo

de

aunque

no

procede

dar

legislador,

sí

contractuales,

deferencia

al

debemos

darle

alguna deferencia a la determinación de necesidad que

éste

hizo,

por

determinación

lo

de

que

novo

no

nos

sobre

corresponde

hacer

existencia

de

la

una

otras

alternativas para la solución del problema.171

El legislador entendió necesario y razonable, y así lo

justificó extensamente en la Exposición de Motivos de la

referida

Ley

Núm.

7,

aquellas

disposiciones

supra,

suspender

contractuales,

temporeramente

reglamentarias

o

estatutarias que establecieran procedimientos y criterios

para

llevar

a

cabo

contravinieran

lo

las

cesantías

dispuesto

por

de

la

empleados

que

Núm.

La

Ley

Asamblea Legislativa llegó a esta conclusión

7.

porque las

alternativas típicamente usadas como pasos previos a la

reducción de personal conllevan traslados, reubicaciones,

readiestramientos, licencias sin sueldo y de reducción de

jornada,

entre

otros,

contexto

de

magnitud

la

que

no

del

son

viables

déficit

dentro

del

estructural

del

gobierno y la precariedad de la situación. Era necesario

establecer

un

procedimiento

de

cesantías

que

lograra

reducir el gasto gubernamental dramáticamente y de forma

171

Buffalo Teachers Fed v. Tobe, supra.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

103

expedita, para lograr la consecución del interés público

del Estado de atender con premura la crisis fiscal.

De igual modo, es totalmente razonable y necesario

que el legislador estableciera un criterio objetivo como

lo es el de antigüedad en el empleo, de modo que se

garantizara una aplicación equitativa del procedimiento

de cesantías a través de todo el gobierno. Además, es

meritorio

señalar

que

la

legislación

impugnada

es

producto de una situación de emergencia y la suspensión

de

las

disposiciones

de

los

convenios

que

no

sean

conformes a la referida Ley Núm. 7, supra, es temporera.

Véase, Artículo 37.04(a) y 38.02(b) de la Ley Núm. 7,

supra.

Estos

factores

abonan

a

la

determinación

de

razonabilidad de la medida.

Por

último

y

como

ya

hemos

determinado,

debemos

recordar que las recurridas no quedaron desprovistas de

un

procedimiento

debido

proceso

de

de

cesantías

ley.

que

Aunque,

les

en

garantizara

efecto

hubo

un

una

modificación de la obligación, el Estado les proveyó un

procedimiento de cesantías y de revisión, garantizándoles

así un debido proceso de ley.

Conforme

con

lo

anterior,

resolvemos

que

las

cesantías y el procedimiento establecido por la Ley Núm.

7,

supra,

no

infringen

la

cláusula

que

menoscabo de las obligaciones contractuales.

prohíbe

el

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

104

IX

Delegación Indebida de Poder

A.

Como señalamos en el recurso CT-2009-09, la parte

recurrida argumenta que el Art. 37.04 (b)(5),(6) y (7) de

la Ley Núm. 7, supra, delega a la JREF unos poderes sin

guías claras que ocasionan una concentración indebida de

poderes en dicho organismo. Sostiene que la Ley Núm. 7,

supra, confiere a la JREF la facultad de tomar todas las

acciones necesarias para que se de cumplimiento a la ley

sin establecer normas que limiten esa facultad. También

aduce, que el Art. 41 y 42 de la antedicha ley le concede

a

la

JREF

la

autoridad

para

realizar

traslados

y

subcontratación de labores sin unas guías que orienten la

utilización de ese poder delegado. A su vez, la parte

recurrida apunta que el Art. 68 de la Ley Núm. 7, supra,

hace una delegación de poder indebida al Gobernador que

viola la separación de poderes. No le asiste la razón.

En

Puerto

Rico

existe

un

sistema

republicano

de

gobierno que está compuesto por tres ramas de gobierno:

la Legislativa, la Judicial y la Ejecutiva.172 Así, los

poderes delegados por el pueblo al Gobierno, a través de

la Constitución, se distribuyen de manera tripartita. Esa

separación

de

poderes

es

la

salvaguarda

que

nuestra

Constitución consagra para preservar las libertades del

172

Véase, Art. I Sec. 2 Const. E.L.A., L.P.R.A, Tomo 1.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

Pueblo

y

un

sistema

democrático

de

105

Gobierno.173

Sin

embargo, cada uno de estos poderes, aunque soberano e

independiente respecto al ejercicio del poder conferido,

interrelaciona

con

los

otros

manteniendo

integra

de

se

la

autoridad de cada cual.174

La

doctrina

de

separación

poderes

asienta

sobre el principio de que el poder se delega en las tres

ramas de gobierno para evitar la concentración de poderes

en una sola rama, o el abuso de poder de parte de otra.175

Así, una rama de gobierno no puede usurpar o apropiarse

de

facultades

existencia

de

otra

de

rama

tres

sin

ocasionar

poderes

daño.176

co-iguales

“La

genera

necesariamente tensión y fricción entre las ramas que se

aminora mediante un sistema de pesos y contrapesos, que

permite calibrar el fino equilibrio en el ejercicio del

poder, según lo ordena la Constitución.177

El

principio

representa

el

constitucional,

axiomático

andamiaje

que

de

separación

de

poderes

de

la

concepción

purista

predica

que

el

que

poder

la

Constitución les reconoce a las Ramas del Gobierno es uno

exclusivo de éstas y por lo tanto no puede ser delegado a

173

Colón Cortés v. Pesquera, 150 D.P.R. 724, 752 (2000).

174

Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 361, 420 (1995).

175

Santana v. Gobernadora, 165 D.P.R. 28, 45 (2005).

176

Colón Cortés v. Pesquera, supra; Sinking Fund Cases, 99 U.S. 700,

718 (1878).

177

Santana v. Gobernadora, supra; Hernández Agosto v. Romero Barceló,

112 D.P.R. 407 (1982).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

106

otras entidades administrativas. “Lo fundamental de esta

postura es el carácter exclusivo que se le adscribe a los

poderes conferidos a cada rama de gobierno”.178 Bajo esta

filosofía, la doctrina de la separación de poderes le

niega

validez

constitucional

administrativos

exclusivos

de

toda

las

vez

Ramas

a

que

del

las

agencias

éstas

ejercen

Gobierno.179

En

o

entes

poderes

fin,

esta

visión no refrenda la delegación de poderes legislativos,

judiciales o ejecutivos a un organismo administrativo.

Ese fundamentalismo constitucional fue el que imperó

en Estados Unidos durante sus inicios históricos.180 Así,

ante

el

interés

de

delegar

poderes

a

las

agencias

administrativas, la primera reacción judicial fue denegar

la posibilidad de que el Congreso Federal pudiera delegar

su poder legislativo.181 No obstante, el desarrollo de la

moderna economía industrial y el período de la crisis de

la Gran Depresión Económica, pusieron de manifiesto la

necesidad de delegar poder a las agencias administrativas

--cuya creación se hizo cada vez más necesaria-- para

combatir la crisis económica que aquejaba a los Estados

Unidos de América.182 Esa coyuntura requirió utilizar una

178

D.

Fernández

Quiñones,

Derecho

Administrativo

y

Ley

de

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia, Ed. Forum,

2001, sec. 2.2, pág. 35.

179

Íd.

180

Véase, Field v. Clark, 143 U.S. 649, 692 (1892).

181

J. A. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño,

1ra ed. revisada, San Juan, Ed. Situm, Inc., 2009, pág. 8.

182

Íd., pág. 9.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

forma

más

ágil

de

establecer

107

parámetros

y

normas

suficientes. De esa manera, ya para el 1928, afloraba la

nueva

postura

judicial

en

torno

a

la

doctrina

de

delegación de poderes en los Estados Unidos. Así, en el

caso

de

ocurrió

J.W.

una

Hampton

v.

transmutación

U.S.,

en

276

la

U.S.

394

concepción

(1928),

puritana

constitucional, al sostenerse por el máximo Foro Federal,

que la delegación de poderes es permisible si la misma se

hace a través de un principio inteligible que guíe la

autoridad de la agencia.183

En la actualidad, tanto en la jurisdicción federal

como en nuestra jurisdicción estatal, es incuestionable

la

validez

de

habilitadora

aquellas

delegación

que

administrativo,

estándares,

la

crea

la

establezca

criterios,

garantías

siempre

o

agencia

normas

o

y

cuando

u

la

ley

organismo

adecuadas,

pautas,

principios

inteligibles

o

salvaguardas

procesales

y

sustantivas que sirvan de guía a la delegación y que

delimiten sus facultades, para evitar que las actuaciones

de

los

entes

caprichosas.184

expresos,

administrativos

Dichos

pueden

resulten

criterios

surgir,

no

arbitrarias

tienen

inclusive,

del

que

o

ser

historial

legislativo y pueden ser amplios y generales; si tiene un

fin

183

184

o

interés

público,

por

lo

general

es

suficiente

Íd., pág. 9.

Rodríguez Román v. Banco Gubernamental de Fomento de P.R., 151

D.P.R. 383, 400 (2000).

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

108

justificación para que se sostenga la delegación.185 Desde

Luce

&

Co.

desprende

v.

Junta

[...]

funcionarios

la

y

de

Salario

necesidad

juntas

de

Mínimo,

supra,

que

se

delegue

a

gran

parte

del

administrativas

“se

poder que la legislatura podría ejercitar...”.186 Sobre

esa necesidad de delegar este Tribunal ha expresado:

[E]l mundo moderno se caracteriza por la gran

complejidad

en

las

relaciones

sociales

y

económicas de las personas, conjuntamente con

la progresiva supervisión gubernativa sobre la

conducta individual, y ello implica que la

legislatura está imposibilitada de anticipar

legislativamente, en forma detallada, minuciosa

o específica, la multiplicidad de situaciones

que puedan surgir de esas relaciones complejas,

siendo suficiente en que la ley en cuestión

señale o establezca normas amplias y generales

que sirvan de guía o dirección a entidades

administrativas expertas, para que éstas, con

sus experiencia y conocimientos especiales,

apliquen esas normas concretamente a los hechos

que puedan surgir y ultimen los detalles que

implementen la política general legislativa.187

De

esta

manera,

nada

impide

que

la

Legislatura

establezca normas generales que sean amplias y que dejen

al

administrador

complementar

utilización

desarrollar

de

un

adecuado

margen

de

libertad

para

mediante

la

las

normas

legislativas

un

juicio

especializado,

conforme

un

análisis,

que

se

pueda

apreciación

185

y

Viajes Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R. 275 (1992); M. & B.S., Inc.

v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319 (1987); Hernández v. Montero

Cuevas, 88 D.P.R. 785 (1963); López Salas v. Junta de Planificación,

80 D.P.R. 646 (1958); Hilton Hotels International, Inc. v. Junta de

Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670 (1953); Luce & Co. v. Junta de Salario

Mínimo, 62 D.P.R. 452 (1944).

186

187

D. Fernández Quiñones, op. cit., sec. 2.3, pág. 48.

Hilton Hotel v. Junta de Salario Mínimo, supra, págs. 692-693.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

discreción

administrativa

que

tenga

109

una

base

de

razonabilidad.188

Con

el

marco

normativo

esbozado,

procedemos

a

resolver los planteamientos sobre delegación de poderes

expuestos por la parte recurrida en el recurso CT-2009-9.

B.

La JREF está definida en el Art. 33(f) de la Ley

Núm.

7,

supra,

como

la

Estabilización Fiscal.

Junta

de

Restructuración

y

Esta fue creada al amparo del

Art. 37.04(b)(5) de la consabida ley para hacer cumplir

los objetivos del Capítulo 3 de la propia ley.189 Además,

a dicha junta se le encomienda tomar todas las acciones

necesarias para el cumplimiento de la susodicha ley.190 Se

desprende pues de la Ley Núm. 7, supra, que la JREF es

una junta que fue creada para facilitar el cumplimiento

de

dicha

ley.

En

ese

sentido,

Legislatura

parte

del

poder

Constitución

de

Puerto

Rico

se

más

le

le

delegó

por

la

elemental

que

la

reconoce

a

la

Rama

Ejecutiva: hacer cumplir la ley.191

Por

su

parte,

el

Art.

37.04(b),

antes

citado,

establece claramente que las facultades que se le delegan

a la JREF y que están relacionadas a las cesantías de los

empleados

públicos,

deben

guiarse

y

regirse

188

Debién v. Junta de Contabilidad, 76 D.P.R. 96, 104 (1954).

189

Art. 33(f) de la Ley Núm. 7, supra.

190

Íd.

191

Véase, Art. IV Sec. 4 Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

por

el

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

110

criterio de antigüedad. Es decir, la JREF tendrá todas

las facultades necesarias y convenientes encaminadas al

cumplimiento de la Ley Núm. 7, supra, pero en materia de

cesantías, siempre estará obligada a respetar el criterio

de antigüedad. En ese sentido, la propia ley establece

una limitación a las potestades que pueda tener la JREF

al descargar sus funciones.

A su vez, la Ley Núm. 7, supra, provee unas guías

ilustrativas

que

enmarcan

las

prerrogativas

de

dicha

junta. Así por ejemplo, el inciso sexto del Art. 37.04(b)

establece que la JREF podrá realizar estudios necesarios

o encomendarlos a las agencias que estén a su cargo,

requerir

información

necesaria

para

llevar

a

cabo

su

encomienda, asesorar al Gobernador y a las agencias con

relación a los empleados cesanteados, aprobar, rechazar y

evaluar

peticiones

de

los

empleados

para

reducir

la

jornada de estos, reunirse con los jefes de agencias,

etc. Aún si concluyéramos que los criterios que la Ley

Núm.

7,

supra,

le

reconoce

a

la

JREF

son

amplios

y

generales, no cabe duda de que tales criterios tienen un

fin

o

interés

señalamos,

ese

delimitado.192

público

bien

interés

público

es

Como

suficiente

sostener la delegación.193

192

Véanse, Arts. 33(g), 37.04(b)(1).

193

Viajes Gallardo v. Clavell, supra, págs. 284, 285, 286.

ya

para

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

111

Igualmente y como ya hemos dicho, la Ley no deja

desprovisto

al

empleado

público

pues

éste

tiene

un

procedimiento a su haber para impugnar la determinación

de la JREF o de la agencia pertinente. Por tal razón, las

decisiones que tome la JREF no son infalibles y pueden

ser objeto de impugnación por parte de un empleado que

entienda que su despido no fue conforme al criterio de

antigüedad. Esa facultad que se le reconoce al empleado,

correlativamente, guía la discreción de la JREF ya que le

impone como deber ejercer propiamente las facultades que

la

ley

le

delega

para

evitar

que

sus

acciones

sean

impugnadas e invalidadas por un tribunal.

Por otro lado, los Arts. 41 y 42 de la Ley Núm. 7,

supra, le conceden a la JREF la facultad de realizar

traslados

y

subcontratación

de

empleados

de

manera

flexible:

Artículo 41 - Traslados

Durante las Fases I, II y III de este Capítulo

III, y con el fin de asegurar la continuidad y

calidad de los servicios gubernamentales, la

JREF podrá autorizar traslados de empleados

entre puestos, clases y niveles de puestos,

grupos de empleados, unidades apropiadas, de

unidades

sindicales

a

no

sindicales

y

viceversa, en una misma Agencia o entre

Agencias;

disponiéndose,

que

el

empleado

trasladado deberá cumplir con los requisitos

mínimos de preparación académica y experiencia

necesaria para ocupar el puesto. El empleado

trasladado estará sujeto al período probatorio

requerido para el puesto. Quedará en suspenso,

durante la vigencia de las Fases I, II y III,

toda aquella disposición de ley, reglamento,

convenio, acuerdo o precepto que sea contrario

a

lo

indicado

en

este

Capítulo

III;

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

112

disponiéndose, que existirá total flexibilidad

para realizar los traslados.

Artículo 42 - Subcontratación.

Durante las Fases I, II y III de este Capítulo

III, y con el fin de asegurar la continuidad y

calidad de los servicios gubernamentales, la

JREF

podrá

autorizar

la

transferencia

y

subcontratación

de

labores

realizadas

por

empleados,

unidades

apropiadas

o

unidades

sindicales.

Quedará en suspenso, durante la vigencia de las

Fases I, II y III, toda aquella disposición de

ley, reglamento, convenio o precepto contrario

a lo indicado en este Capítulo III.

En todo contrato otorgado por las Agencias

conforme a este Artículo se le requerirá al

contratista que, en la prestación de los

servicios

contratados,

emplee

empleados

cesanteados

disponibles,

que

tengan

la

preparación

y

experiencia

necesaria

para

prestar el servicio contratado, conforme a la

lista de candidatos a reempleo que habrá de

preparar la ORHELA a tenor con lo dispuesto en

el Artículo 43 de este Capítulo III. (Énfasis

suplido).

Se desprende de ambos articulados que los empleados

deberán tener la preparación y experiencia necesaria para

ocupar el puesto, si es un traslado, o para prestar el

servicio contratado en casos de subcontratación. Además,

ambas disposiciones establecen como parámetros, que la

facultad que se le delega a la JREF está subordinada al

objetivo

de

asegurar

la

continuidad

y

calidad

de

los

servicios gubernamentales. De esa manera, la JREF siempre

tendrá que justificar el traslado o la subcontratación.

Es

decir,

trasladar

la

aquel

experiencia

JREF

está

empleado

necesaria

limitada

que

para

tenga

ocupar

a

subcontratar

o

la

preparación

y

el

puesto

o

para

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

prestar

el

servicio

requerido,

y

que

113

además,

ayude

a

evitar una interrupción o paralización en los servicios.

Nuevamente,

la

discreción

de

la

JREF

tiene

que

guiarse por el propósito e interés público primordial de

la Ley Núm. 7, supra, que es atender la emergencia y

crisis

fiscal

que

impera

sobre

el

Gobierno

de

Puerto

Rico. Así, la encomienda principal de la JREF es buscar

la manera de reducir el déficit estructural, y a la vez,

velar

porque

la

prestación

de

los

servicios

gubernamentales no se afecte. Para lograr ese objetivo la

Ley

Núm.

7,

supra,

le

permite

trasladar

empleados

públicos y subcontratar.

Por todo lo anterior colegimos, que la delegación de

poder que la Legislatura le hace a la JREF --en cuanto a

subcontratación y traslado es constitucionalmente válida

y

no

viola

el

principio

de

separación

de

poderes

al

proveer unas guías adecuadas que orientan la utilización

de ese poder.

Finalmente, la parte recurrida alega que el Art. 68

de la Ley Núm. 7, supra, le delega indebidamente poder al

Gobernador de Puerto Rico en violación al principio de

separación de poderes. Dicho artículo dispone:

Se faculta al Gobernador para tomar toda medida

que sea necesaria y conveniente, además de

aquellas provistas por esta Ley, para que

mediante Orden Ejecutiva reduzca los gastos;

promueva la economía de la Rama Ejecutiva hasta

el máximo compatible con el funcionamiento

eficiente del Gobierno; mantenga la eficiencia

de las operaciones de la Rama Ejecutiva en el

mayor grado posible; y agrupe, coordine y

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

114

consolide funciones en cada Agencia; todo ello

de acuerdo con los objetivos de esta Ley.

Disponiéndose, no obstante, que el Gobernador

no

podrá

crear,

consolidar

o

reorganizar

departamentos

ejecutivos,

ni

suprimir

organismos

creados

por

Ley.

Aquellas

reorganizaciones que requieran legislación o

enmiendas a estatutos vigentes, deberán ser

presentadas ante la Asamblea Legislativa para

su consideración.

Las facultades concedidas bajo esta Ley no

limitan toda aquella otra que el Gobernador

pueda tener y tomar, de no lograrse el objetivo

fijado por el Artículo 33(g). Art. 68 de la Ley

Núm. 7, supra.

En primer lugar, debemos señalar que la Constitución

de

Puerto

Rico

establece

que

entre

los

deberes,

atribuciones y funciones del Gobernador se encuentran:

“[c]umplir y hacer cumplir la ley; [e]jercer las otras

facultades y atribuciones y cumplir los demás deberes que

se le señalen por esta Constitución o por ley”.194 Como

corolario

orden

de

lo

anterior,

se

ha

ejecutiva

encuentra

apoyo

interpretado

que

legal

facultad

en

la

una

general del Primer Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir

las leyes.195 Así, la facultad del Gobernador de emitir

órdenes ejecutivas emana de los poderes que le confieren

las

leyes

o

de

los

poderes

inherentes

a

su

cargo.196

Asimismo, toda orden ejecutiva enmarca un mandato que va

dirigido

a

los

organismos

gubernamentales

de

Ejecutiva.

194

Art. V Sec. 4 Const. E.L.A., supra.

195

Op. Sec. Just. Núm. 5 de 1985.

196

Op. Sec. Just. Núm. 24 1986; Op. Sec. Just. Núm. 31 1984.

la

Rama

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

115

Por eso, al permitirle al Gobernador emitir órdenes

ejecutivas, el Art. 68 de la Ley Núm. 7, supra, no hace

sino

conferirle

la

prerrogativa

constitucionalmente

válido.

de

ejercitar

un

poder

Cabe

apuntar,

que

el

Gobernador de Puerto Rico tiene la facultad para ejercer

la dirección general de la administración pública con el

claro

entendimiento

de

que

comprende

la

supervisión

e

inspección de los departamentos y agencias de gobierno de

la Rama Ejecutiva así como de las corporaciones públicas

y

de

ciertas

Además,

autónomas

creadas

por

ley.197

Constitución…

adoptó

un

Poder

entidades

“[n]uestra

Ejecutivo unitario al investir a un sólo funcionario… con

la

autoridad

suprema

en

la

Rama

Ejecutiva

sin

limitaciones de ninguna clase”198, que no sean las que

dispone

la

propia

Constitución

y

las

leyes

que

a

su

amparo se aprueben.

De otra parte, el Art. 68 de la Ley Núm. 7, supra,

le permite al Primer Mandatario emitir órdenes ejecutivas

conducentes a: reducir gastos, promover hasta al máximo

posible

la

economía

de

la

Rama

Ejecutiva

sin

que

se

afecte el funcionamiento eficiente del Gobierno, mantener

la eficiencia de las operaciones de la Rama Ejecutiva en

el mayor grado posible, y agrupar, coordinar y consolidar

funciones en cada Agencia de acuerdo a los objetivos de

la ley. Surge claramente del susodicho artículo, que las

197

Tomo 4, Diario de Sesiones, pág. 2606 (1962).

198

Santana v. Gobernadora, supra, pág. 47.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

116

facultades del Primer Mandatario se deben gobernar bajo

dos

principios

esenciales:

1)

deben

promover

los

objetivos de la Ley Núm. 7, supra; 2) y en consonancia

con

ese

parámetro,

no

puede

afectar

el

funcionamiento

eficiente del Gobierno. Es decir, la delegación de poder

que

se

le

despliega

al

Ejecutivo

se

regenta

por

principios diáfanamente establecidos. A su vez, el propio

Art. 68 de la Ley Núm. 7, supra, reconoce una limitación

adicional al poder del Gobernador. Éste no podrá crear,

consolidar

o

reorganizar

departamentos

ejecutivos,

ni

suprimir organismos creados por Ley; las reorganizaciones

que

requieran

vigentes,

legislación

deberán

ser

o

enmiendas

presentadas

ante

a

estatutos

la

Asamblea

Legislativa para su consideración.199 Lo anterior es un

claro ejemplo de que las facultades del Primer Ejecutivo

bajo la antedicha ley, encuentren sus límites ante las

prerrogativas de la Asamblea Legislativa de formular y

crear las leyes.

En conclusión, las facultades que les reconoce el

Art. 68 de la Ley Núm. 7, supra, al Gobernador, no son

una delegación impermisible o indebida de poder. Tales

facultades

ningún

se

circunscriben

momento

develan

la

a

la

Rama

intención

Ejecutiva

y

en

legislativa

de

claudicar a sus poderes constitucionales de legislar. Por

tanto, no podemos refrendar los argumentos de la parte

199

Art. 68 de la Ley Núm. 7, supra.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

117

recurrida a los efectos de que la Ley Núm. 7, supra,

delega indebidamente poder al Gobernador.

X

Por todo lo anterior, resolvemos que la Ley Núm. 7

de

9

de

marzo

de

2009,

conocida

como

Ley

Especial

Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo

Plan

Integral

de

Estabilización

Fiscal

para

Salvar

el

Crédito de Puerto Rico, es constitucional, en todos los

aspectos cubiertos por esta Opinión. Como consecuencia, y

en vista de que las partes recurridas no ostentan un

derecho

en

ley

que

requiera

hacerse

efectivo,200

se

declara No Ha Lugar la solicitud de injuction permanente.

Se

devuelve

el

recurso

CT-2009-09

al

Tribunal

de

Primera Instancia, Sala de San Juan, para la continuación

de

los

procedimientos

de

forma

consistente

Opinión.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

200

Abella v. Fernández, et al., 17 D.P.R. 1063 (1911).

con

esta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Olga Domínguez Castro,

Sandra J. Guzmán Hernández,

Militza López Mateo,

Carlos Rivera Figueroa

Recurridos

v.

Gobierno

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

Secretario

de

Justicia,

Honorable

Luis

Fortuño,

Gobernador del Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

Departamento

de

Justicia,

Departamento de la Familia y

Junta de Reestructuración y

Estabilización Fiscal

CT-2009-4

CT-2009-5

CT-2009-6

CT-2009-9

Certificación

Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2010.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, resolvemos que la Ley Núm. 7 de 9 de marzo

de 2009, conocida como Ley Especial Declarando Estado de

Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de

Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto

Rico, es constitucional, en todos los aspectos cubiertos

por esta Opinión. Como consecuencia, y en vista de que

las partes recurridas no ostentan un derecho en ley que

requiera hacerse efectivo, se declara No Ha Lugar la

solicitud de injuction permanente.

Se devuelve el recurso CT-2009-09 al Tribunal de

Primera Instancia, Sala de San Juan, para la continuación

de los procedimientos de forma consistente con esta

Opinión.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

2

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Rivera Pérez emitió voto particular. El Juez Asociado

señor Martínez Torres y la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco se acogen al término reglamentario de diez días

que se dispone en la Regla 5 de nuestro Reglamento, 4

L.P.R.A. Ap. XXI-A R.5, para reservarse el derecho de

emitir una opinión de conformidad, luego de examinar las

ponencias disidentes que no se circularon, en violación

de nuestro Reglamento. El Juez Presidente señor Hernández

Denton, la Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitieron Opiniones

disidentes.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Olga Domínguez Castro, Sandra

J. Guzmán Hernández, Militza

López

Mateo,

Carlos

Rivera

Figueroa

Recurridos

v.

Gobierno

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

Secretario de Justicia, Hon.

Luis Fortuño, Gobernador del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico, Departamento de

Justicia, Departamento de la

Familia

y

Junta

de

Reestructuración

y

Estabilización Fiscal

CT-2009-4

CT-2009-5

CT-2009-6

CT-2009-9

Peticionarios

Voto Particular del Juez Asociado señor Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2010.

La

Jueza

Asociada

señora

Fiol

Matta

señala

en

su

Opinión Disidente que ”… la mayoría también decidió acortar

el

término

de

treinta

(30)

días

que

provee

nuestro

Reglamento para que cada juez considere de forma sosegada

todas

las

opiniones

circuladas.

Incluso,

la

mayoría

no

permitió que los jueces y juezas que interesaran escribir

opiniones propias utilizaran la facultad que les provee el

Reglamento

de

acogerse

a

un

término

adicional

para

ese

propósito”.

La distinguida compañera Jueza Asociada señora

Fiol

omite

Matta

señalar

que

el

Juez

Asociado,

señor

Kolthoff Caraballo, circuló su ponencia como Opinión del

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

2

Tribunal el 4 de enero de 2010, o sea hace veinte y

nueve (29) días.

Se acortó el término para que cada uno de

los jueces pudieran expresar su criterio por el alto interés

público del que está revestida la presente controversia y la

urgencia

que

la

resolución

de

este

asunto

amerita.

No

obstante, todos los jueces han contado con (1) un mes para

considerar y evaluar la Opinión circulada como mayoritaria.

Con

mucho

respeto

tengo

que

recordarles

a

mis

compañeros de funciones que para el 20 de noviembre de 2004,

en el caso de Suarez v. C.E.E. I, 163 D.P.R. 347 (2004), la

mayoría de entonces decidió acortar el mismo término a que

hace alusión la Jueza Asociada señora Fiol Matta no a veinte

y nueve (29) días sino a tres (3) horas, para que cada juez

“considerara de forma sosegada las opiniones circuladas y

vertiera su criterio”.

alguna

que

No tomaron en consideración en forma

los entonces

Jueces

Asociados

señores

Rebollo

López y Corrada del Rio se encontraban fuera de Puerto Rico.

Al que suscribe, que estaba presente en el Tribunal, se le

concedió tres (3) horas para “considerar de forma sosegada

la opinión circulada como de mayoría, que ya contaba con la

mayoría

requerida

antes

de

ser

circulada

a

todos

los

jueces”.

Redujeron el término reglamentario de treinta (30)

días para ello a tres (3) horas y el término adicional de

treinta (30) días para escribir nuestra opinión a cero (0)

días o horas.

No obstante, en este caso el término de

veinte y nueve (29) días concedido por acuerdo del Tribunal

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

3

Supremo de Puerto Rico no es suficiente.

Similar

Hernández

criterio

Denton,

emite

el

Juez

quien

expresara

tramite

Tribunal

”…

luego

de

un

resulta

contrario

el

debido

Presidente,

que

la

judicial

proceso

de

señor

mayoría

del

apresurado

que

ley,

elimina

los

derechos adquiridos sobre sus empleos de miles de servidores

públicos”.

No obstante, no fue violatorio al debido proceso

de ley reducir los mismos términos no a veinte y nueve (29)

días sino a tres (3) horas.

al

Juez

Presidente,

Tal curso de acción, de acuerdo

señor

Hernández

Denton,

no

fue

apresurado cuando se estaba discutiendo el efecto práctico

sobre la elección general del derecho al voto de cientos de

miles de electores.

Por las razones antes expuestas el presente caso debe

certificarse el día de hoy.

No obstante, la Jueza Asociada

señora Fiol Matta nos ha circulado su Opinión Disidente hoy

a

las

2:45

p.m.

y

el

Juez

Presidente,

señor

Denton,

nos

circuló

la

suya

a

p.m.

las

3:00

Hernández

La

Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez circuló la suya a las

4:18

p.m.

escribir

Hemos

estos

contado

con

apenas

unos

minutos

pensamientos

sobre

algunas

para

de

las

inconsistencias plasmadas en nuestro registro histórico.

No

se

las

nos

ha

permitido

considerar

en

forma

sosegada

Opiniones Disidentes circuladas, por ello nos acogemos al

termino de diez (10) días dispuesto en la Regla 5 de nuestro

Reglamento,

4

L.P.R.A.

Ap.XXI

A,

R.

15

para

considerar y evaluar todas las Opiniones Disidentes y

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

determinar

si

es

necesaria

una

expresión

nuestra parte.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado

4

adicional

de

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Olga Domínguez Castro y otros

Recurridos

*

*

*

v.

*

*

Gobierno del Estado Libre

*

Asociado de P.R. y Otros

*

Peticionarios

*

*********************************

Kristy J. González Bou y otros *

Recurridos

*

*

v.

*

*

Estado Libre Asociado de P.R.

*

y Otros

*

Peticionarios en

*

Certificación

*

*********************************

Zoraida Martínez Román y otros *

Recurridos

*

*

v.

*

*

Estado Libre Asociado de P.R.

*

y Otros

*

Peticionarios

*

*********************************

Erika Vispo Figueroa

*

Recurrida

*

*

v.

*

*

Estado Libre Asociado de P.R.

*

y Otros

*

Peticionarios

*

*********************************

CT-2009-4

CT-2009-5

CT-2009-6

CT-2009-9

Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente SEÑOR

HERNÁNDEZ DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2010.

Disentimos del curso de acción seguido por una mayoría

del Tribunal en el día de hoy, pues éste, luego de un

trámite judicial apresurado que resulta contrario al debido

proceso de ley, elimina los derechos adquiridos sobre sus

empleos de miles de servidores públicos, en violación de la

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

prohibición

constitucional

contra

obligaciones

contractuales

establecida

2

el

menoscabo

de

tanto

la

en

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como

en la Constitución de los Estados Unidos.

Art. II, Sec. 7,

Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1; Art. 1, Sec. 10. Const.

E.E.U.U., L.P.R.A. Tomo 1. Específicamente, la Opinión que

emite el Tribunal para declarar la constitucionalidad de la

Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009 se basa en un expediente

judicial desprovisto de la prueba necesaria para resolver

de forma adecuada y fundamentada la controversia.

Peor aún, ésta ni siquiera cumple con el ámbito mínimo

de

protección

colocándonos

Tribunal

establecido

por

la

margen

la

normativa

al

Supremo

de

de

Estados

Constitución

Unidos

que

sobre

Federal,

formuló

la

el

referida

prohibición constitucional en United States Trust Co. v.

New Jersey, 431 U.S. 1 (1977), y que adoptó este Tribunal

en

Bayrón

Toro

v.

Serra,

119

D.P.R.

605

(1987).

La

necesidad de un expediente judicial completo que contenga

prueba

que

permita

establecidos

en

evaluar

dicha

adecuadamente

jurisprudencia

los

resulta

criterios

aún

más

imperiosa al considerar la magnitud del impacto de la Ley

Núm. 7, supra, sobre los empleados públicos afectados y el

efecto que la decisión del Tribunal tendrá en el país.

A nuestro juicio, la decisión que el Tribunal emite en

el caso de autos se toma únicamente basada en el propio

texto de la Ley Núm. 7, supra, y su Exposición de Motivos,

sin que se haya presentado en los tribunales la prueba

necesaria

para

establecer

que

el

plan

de

cesantías

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

3

decretado era la alternativa menos onerosa a la luz de la

situación

fiscal,

según

lo

requerido

por

la

doctrina

establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y

sin permitir a los empleados cesanteados refutarla. Con la

Opinión emitida en este caso por el Tribunal, nos colocamos

al

margen

de

la

Constitución

Federal

y

correspondería

entonces al Tribunal Supremo de Estados Unidos rectificar

esta decisión. Por ello, nos vemos obligados a disentir.

I.

A.

Como se desprende de la Opinión del Tribunal, cada uno

de los recursos de epígrafe llegó ante la consideración de

este

Foro

pocos

días

luego

de

presentarse

las

demandas

correspondientes ante el Tribunal de Primera Instancia y

diligenciarse los emplazamientos.

Estado

compareció

peticiones

de

ante

nos

certificación,

En todos los recursos el

mediante

sin

que

controversia en el foro de instancia.

sus

se

respectivas

dilucidara

la

En éstas, el Estado

nos solicitó obviar el trámite ordinario bajo el fundamento

de

que

esta

Curia

debía

adjudicar

la

controversia

en

primera instancia, a tenor de lo dispuesto en el Artículo

69 de la Ley Núm. 7, supra.

Dicho artículo dispone que, a

solicitud de una parte, este Tribunal “expedirá un auto de

certificación

resolver

…

para

cualquier

traer

asunto

inmediatamente

pendiente

ante

el

ante

sí

y

Tribunal

de

Primera Instancia o ante el Tribunal de Apelaciones cuando

se plantee la validez o constitucionalidad” de la Ley o

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

4

“cualquier impugnación a la misma de cualquier naturaleza”.

Art. 69, Ley Núm. 7, supra.

A pesar de la naturaleza discrecional y excepcional

que caracteriza al recurso de certificación, este Tribunal

no vaciló en expedir dichos recursos. Al circunvalar el

trámite ordinario en los casos de epígrafe, el Tribunal no

contó con un expediente para dilucidar las alegaciones de

las partes. En esencia, cada uno de los autos ante nuestra

consideración

solamente

consiste

de

la

petición

de

certificación, la demanda y los alegatos de las partes.

Aún así, el Tribunal no requirió escritos adicionales ni,

mucho menos, celebró una vista oral para ofrecerles a las

partes su día en corte y para que, a modo de excepción,

este Foro recibiera la prueba que ninguna de éstas tuvo la

oportunidad de presentar ante el foro de instancia, en una

controversia

muy

compleja,

que

involucra

diversos

planteamientos, y que, sin duda, es de gran trascendencia

pública.

Como resultado de la intervención a destiempo por

parte

de

este

Tribunal,

en

su

Opinión

éste

descansó

exclusivamente en el texto de la propia Ley Núm. 7, supra,

y en su Exposición de Motivos para dilucidar y declarar la

constitucionalidad del estatuto.

En otras palabras, ante

la ausencia de un expediente judicial completo en el cual

las

partes

hubiesen

fundamentado

sus

posiciones,

el

Tribunal optó por tomar como hechos las alegaciones del

Estado y los datos contenidos en la Exposición de Motivos

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

5

de la Ley Núm. 7, supra, para dirimir la validez de ésta.

Ello, sin que los empleados cesanteados hubiesen tenido la

oportunidad

de

presentar

prueba

en

contrario.

Tal

proceder, además de dar lugar a un razonamiento circular,

resulta contrario a lo establecido por el Tribunal Supremo

de los Estados Unidos en United States Trust Co. v. New

Jersey, supra.

En

United

States

Trust

Co.

v.

New

Jersey,

supra,

dicho foro formuló el escrutinio de adjudicación a seguir

en

casos

donde

se

alega

contractuales del Estado.

un

menoscabo

de

obligaciones

En esencia, para que el Estado

prevalezca en estos casos se requiere que el menoscabo de

la

obligación

contractual

responda

a

un

interés

gubernamental importante y que sea razonable y necesario

para

alcanzar

el

interés

gubernamental

involucrado.

United States Trust Co. v. New Jersey, supra, pág. 25.

A

págs.

tales

efectos,

620-21,

en

atendimos

Bayrón

un

Toro

reclamo

v.

Serra,

supra,

al

amparo

de

la

cláusula contra el menoscabo de obligaciones contractuales

establecida en el Art. II, Sec. 7 de nuestra Constitución,

supra, y adoptamos el escrutinio de adjudicación formulado

por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en United States

Trust Co. v. New Jersey, supra. De hecho, en esa ocasión

sostuvimos la actuación del Estado por entender que ésta

había sido razonable y necesaria. Bayrón Toro v. Serra,

supra, pág. 623.

Claro está, en ese caso se dilucidó la validez de la

actuación cuestionada ante el foro de instancia, el cual

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

6

contó con un expediente completo que incluía, entre otras

cosas, estipulaciones de hechos, memorandos de derecho y

un informe actuarial. Íd., págs. 609, 622. Con ello, el

Estado cumplió con su obligación de demostrar que no hubo

un menoscabo de obligaciones contractuales que infringiera

nuestra Constitución. Íd. Véase, además, Voto particular

del Juez Alonso Alonso.

En

cuanto

a

la

valoración

de

los

elementos

de

razonabilidad y necesidad de una medida impugnada en casos

como el de autos, el máximo foro federal resolvió que no

procede

otorgarle

deferencia

absoluta

al

juicio

legislativo cuando el propio interés del Estado está en

juego. United States Trust Co. v. New Jersey, supra, pág.

26; Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 620.

razonó

el

cláusula

Tribunal

Supremo

constitucional

Federal,

contra

Lo contrario,

implicaría

el

que

menoscabo

la

de

obligaciones contractuales no proveería protección alguna

y, en esencia, sería letra muerta. United States Trust Co.

v. New Jersey, supra, pág. 26. Por tanto, el Estado debe

probar en los tribunales que la medida es razonable y

necesaria. Íd., pág. 30.

En

este

sentido,

en

el

referido

precedente,

el

Tribunal Supremo de Estados Unidos dejó claro que: “Un

estado

no

es

completamente

libre

para

considerar

menoscabar las obligaciones de sus propios contratos a la

par con otras alternativas. Similarmente, un estado no es

libre para imponer un menoscabo drástico cuando una medida

evidente

y

más

moderada

serviría

sus

propósitos

de

la

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

misma

forma.”

(Traducción

y

énfasis

7

nuestro.)

Íd.

Es

decir, en estos casos se requiere que el Estado demuestre

que

no

existen

medidas

resolver,

el

Tribunal

alegación

del

Estado

alternativas

menos

drásticas.

Supremo

de

que

disponibles

Federal

la

es

un

que

esta

Íd.

Al

así

descartó

la

selección

asunto

de

de

las

absoluta

discreción legislativa. Íd.

Somos

del

criterio

norma

cobra

mayor

relevancia cuando la medida adoptada por el Estado tiene

el propósito de resolver una crisis fiscal relacionada con

la administración de sus finanzas y su efecto equivale a

menoscabar severamente los derechos adquiridos por miles

de

empleados

establecido

nombrados

por

la

Ley

a

tenor

para

la

con

el

ordenamiento

Administración

de

los

Recursos Humanos en el Servicio Público, Ley Núm. 184 de 3

de agosto de 2004, 3 L.P.R.A. sec. 1461 et seq, y sus

leyes

En

predecesoras.

momentos

de

crisis

fiscal,

el

Estado tiene la facultad y el deber de diseñar y adoptar

mecanismos para solventar sus problemas económicos.

Dicha

facultad, sin embargo, no es ilimitada. Justamente, la

cláusula

constitucional

contra

el

menoscabo

de

las

obligaciones contractuales impone un límite a dicho poder.

En el presente caso, el Estado, como parte de las

medidas

adoptadas

implantar

un

plan

en

la

Ley

Núm.

de

cesantías

de

7,

supra,

miles

de

optó

por

empleados

públicos que tienen derechos adquiridos sobre sus puestos.

No

está

en

controversia

el

hecho

de

que

éstos,

como

empleados del Gobierno, tienen una relación contractual

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

8

con su patrono, el Estado, establecida al amparo de la

legislación

aplicable,

severamente.

Igual

y

ocurre

que

ésta

fue

menoscabada

con

los

empleados

públicos

unionados, pues éstos, representados por sus sindicatos,

establecieron

una

relación

contractual

con

el

Estado

plasmada en los convenios colectivos suscritos al amparo

de

la

Ley

de

Relaciones

del

Trabajo

para

el

Servicio

Público, Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 3 L.P.R.A.

secs. 1451 et seq.

No obstante, el trámite judicial expedito solicitado

por el Estado y autorizado por este Tribunal redundó en

los parcos expedientes ante nuestra consideración, lo que

nos impide evaluar adecuadamente la constitucionalidad del

referido plan de cesantías de la Ley Núm. 7, supra, a la

luz

de

los

criterios

pautados

por

el

Tribunal

Supremo

Federal y por este Foro.

El

impedimento

es

más

grave

aún

al

considerar

el

hecho de que nunca se celebró una vista evidenciaria ante

un foro judicial que permitiera al Estado demostrar, según

lo requiere United States Trust Co. v. New Jersey, supra,

que su actuación es necesaria y cumple con los parámetros

requeridos para validar este tipo de legislación.

Es por

tal razón, precisamente, que la mayoría del Tribunal se ve

obligada

a

descansar

únicamente

en

la

Exposición

de

Motivos de la Ley Núm. 7 y da por hechos los datos allí

contenidos que, a fin de cuentas, sólo constituyen las

alegaciones

del

Estado.

De

esta

manera,

el

Tribunal

realmente otorga completa deferencia al texto de la ley,

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

9

abdica a su función judicial y, por tanto, priva a las

partes de un debido proceso de ley, en clara contravención

a lo resuelto en United States Trust Co. v. New Jersey,

supra.

De

acuerdo

con

nuestra

función

como

máximo

foro

judicial de Puerto Rico, debemos velar por que se respete,

al menos, el ámbito mínimo de protección que otorga la

cláusula contra el menoscabo de obligaciones contractuales

de la Constitución de Estados Unidos, según delimitado en

United States Trust Co. v. New Jersey, supra. Contrario a

ello, este Tribunal se aparta de esos criterios mínimos e

incurre,

justamente,

en

lo

que

dicha

jurisprudencia

persigue evitar: descansar ciegamente en la Exposición de

Motivos de la ley cuando el propio interés del Estado está

en juego.

A nuestro juicio, la Opinión del Tribunal constituye

una invitación al Tribunal Supremo de Estados Unidos para

que corrija los errores de este Foro, al igual que lo hizo

en El Vocero v. Puerto Rico, 508 U.S. 147 (1993). En esa

ocasión, el Tribunal Supremo Federal revocó el dictamen

mayoritario emitido en dicho caso y llegó a las mismas

conclusiones que sostuvimos tanto el Juez Asociado señor

Negrón

García

como

este

servidor,

quienes

disentimos

entonces. Véase El Vocero de P.R. v. E.L.A, 131 D.P.R.

356, 436, 440 (1992).

caso

abre

las

El tracto procesal seguido en este

puertas

para

que

el

único

foro

ahora

disponible para los empleados cesanteados intervenga en la

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

10

controversia y siga un curso de acción igual al de El

Vocero v. Puerto Rico, supra.

B.

De

otra

parte,

nos

parece

incomprensible

la

distinción que intenta hacer la mayoría en el día de hoy

de su decisión de otorgar escoltas policiacas vitalicias a

los ex gobernadores en Hernández Colón, Romero Barceló v.

Policía de P.R., res. el 13 de octubre de 2009, 2009

T.S.P.R.

154.

reclamaron

En

esa

tener

un

ocasión,

derecho

los

ex

adquirido

gobernadores

vitalicio

al

servicio de escoltas policiacas, del cual alegaron no se

les

podía

privar

sin

la

celebración

de

una

vista

que

cumpliera con las garantías del debido proceso de ley.

Este Tribunal les dio la razón y determinó que los ex

gobernadores tienen un derecho adquirido que goza de la

misma

protección

que

un

derecho

constitucional.

Más

importante aún, resolvió que un derecho adquirido “está

protegido constitucionalmente frente a cualquier gestión

gubernamental

que

pretenda

intervenirlo”.

(Énfasis

nuestro.) Hernández Colón, Romero Barceló v. Policía de

P.R., supra, pág. 28.

En

el

caso

de

autos,

sin

embargo,

este

Tribunal

resuelve que los empleados públicos de carrera no tienen

un derecho adquirido sobre sus empleos.

La razón que

esboza para llegar a dicha conclusión nos resulta, como

poco, sorprendente: “se encuentra ausente el elemento del

amparo

de

una

ley

anterior

que

hubiere

concedido

tal

derecho”. (Énfasis en el original). Op. del Tribunal, pág.

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

76.

Desafortunadamente,

al

así

11

proceder

el

Tribunal

soslaya las disposiciones de la Ley para la Administración

de los Recursos Humanos en el Servicio Público, supra, las

leyes anteriores a ésta y la normativa elaborada en la

jurisprudencia de este Foro.

El ordenamiento relacionado

con el personal de servicio público reconoce, desde hace

más de medio siglo, el principio de mérito como el pilar

fundamental que rige el sistema de los empleados públicos

de carrera en asuntos como su retención en el empleo.

No

obstante, el Tribunal pasa por alto lo anterior, así como

los

derechos

contenidos

en

los

convenios

colectivos

suscritos al amparo de la Ley Núm. 45, supra.

Por el contrario, en el caso de las escoltas de los

ex gobernadores no existía disposición legal alguna que

expresamente les reconociera el derecho que reclamaban.

Precisamente, por esa razón, éstos solicitaron que se les

permitiera demostrar, mediante una vista, que a través de

los años habían adquirido ese derecho por la costumbre de

la Policía de proveerle el servicio en controversia.

Ante

esa realidad, este Tribunal, sin recibir prueba alguna de

las partes, se amparó únicamente en las alegaciones de los

ex

gobernadores

enactment”

y

para

en

la

reconocer

cuestionada

la

doctrina

existencia

del

vitalicio a escoltas como un derecho adquirido.

de

“re-

derecho

Es decir,

aún ante el silencio legislativo, la misma mayoría que hoy

emite

la

Opinión

del

Tribunal

concluyó

gobernadores tenían un derecho adquirido.

que

los

ex

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

12

Ciertamente, la decisión del caso de las escoltas

contrasta drásticamente con el curso de acción que adopta

el Tribunal en el caso de autos.

los

ex

gobernadores,

el

de

Contrario al reclamo de

los

empleados

públicos

cesanteados se basa en las disposiciones expresas de un

ordenamiento que les garantiza el principio de mérito en

el servicio público y les otorga derechos propietarios.

No podemos avalar que ante el reclamo de sus derechos, no

sólo adquiridos, sino expresamente conferidos por ley, se

adopte un criterio distinto al pautado en el caso de las

escoltas de los ex gobernadores.

Consistente con lo que sostuvimos en dicho caso, este

Tribunal

debió

haber

denegado

expedir

los

recursos

de

certificación solicitados por el Estado y haber permitido

que

las

partes

tuvieran

una

oportunidad

de

probar

sus

alegaciones en el foro judicial. Al igual que señalamos

entonces, el hecho de que se dilucide la controversia ante

el foro de instancia no impediría que ésta se atienda con

la

premura

y

el

carácter

prioritario

que

requiere

un

asunto de tan alto interés público, como lo es el de

autos. Adviértase, además, que dicho trámite ordinario no

hubiese afectado el interés del Gobierno en validar los

despidos,

pues

éstos

obstante,

este

Tribunal

nunca

fueron

escogió

un

paralizados.

curso

de

No

acción

precipitado que eliminó los derechos adquiridos de los

servidores

públicos

que

tocaron

las

judicial en busca de nuestra protección.

puertas

del

foro

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

13

III.

En fin, aunque somos conscientes de la crisis fiscal

que afecta las arcas del Estado y de los esfuerzos que

están realizando los poderes constitucionales para atender

esta situación, la Opinión que emite el Tribunal en los

casos

de

epígrafe

se

aparta

de

las

pautas

mínimas

reconocidas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en

cuanto a la cláusula constitucional contra el menoscabo de

obligaciones contractuales.

Debido al trámite procesal

seguido en el presente caso, -donde no se celebró tan

siquiera una vista evidenciaria-, las partes no contaron

con

un

foro

donde,

mediante

informes

económicos,

testimonios o aportaciones de peritos o especialistas en

la materia, o cualquier otro mecanismo de prueba, pudiesen

exponer sus posiciones. De esa manera se hubiese formado,

ante

un

tercero

imparcial,

un

panorama

claro

de

la

situación fiscal que atraviesa el país y se hubiese podido

evaluar

adecuadamente

si,

de

cara

a

ésta,

la

decisión

tomada por el Estado es la alternativa menos onerosa, a

tenor de los parámetros establecidos en la jurisprudencia

federal y estatal.

No haberles provisto a las partes una oportunidad

adecuada de probar sus puntos de vista y disponer del caso

sin el rigor que nos exige una controversia como la de

autos, es a todas luces contrario al principio de equidad

procesal que debe regir todo proceso judicial. Así pues,

el

dictamen

públicos

de

este

afectados

de

Tribunal

sus

priva

derechos

a

los

adquiridos

empleados

sin

tan

CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

14

siquiera haberles provisto un proceso judicial completo y

transparente, lo que lamentablemente tendrá el efecto de

socavar la legitimidad de la decisión de este Tribunal y

contribuirá

a

crear

aún

más

desconfianza

sobre

la

sabiduría y la validez de la acción tomada por el Estado

para resolver sus problemas fiscales.

La magnitud del impacto de la Ley Núm. 7, supra,

sobre los empleados públicos, la economía y la situación

social

de

Puerto

Rico

nos

requiere

ser

en

extremo

rigurosos y cuidadosos al adjudicar la controversia ante

nos.

La decisión de la mayoría del Tribunal en el día de

hoy no sólo echa a un lado los derechos de los empleados

públicos,

sino

que

al

hacerlo,

obvia

el

procedimiento

adecuado y la normativa aplicable establecida tanto por el

Tribunal

Supremo

Federal

como

por

Tratándose

del

sustento

de

puertorriqueñas

y

habiéndole

este

Tribunal.

miles

de

familias

dedicado

gran

parte

de

nuestra vida profesional al servicio público, no podemos

tomar tan livianamente nuestra responsabilidad de vindicar

los derechos constitucionales de la ciudadanía. Por lo

tanto, disentimos.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Coordinadora Unitaria de Olga

Domínguez Castro, Sandra J.

Guzmán Hernández, Militza

López Mateo, Carlos Rivera

Figueroa

Recurridos

Certificación

CT-2009-4

cons. con

CT-2009-5

CT-2009-6

CT-2009-9

v.

Gobierno del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico,

Secretario de Justicia,

Honorable Luis Fortuño,

Gobernador del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico,

Departamento de Justicia,

Departamento de la Familia y

Junta de Reestructuración y

Estabilización Fiscal

Peticionarios

Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora FIOL

MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2010.

No hay duda que los intereses propietarios de un

empleado público se ven sustancialmente afectados

por una destitución. El salario de un empleado

público

constituye,

en

la

mayoría

de

las

situaciones, su única fuente de ingreso. De ello

depende para el sostenimiento, techo y sustento de

su familia. La privación del ingreso del empleado

público desarticula de manera significa-tiva la

estabilidad económica y emocional de aquellas

familias que se ven privadas de esa fuente de

ingresos.

J.J.

Álvarez

González,

Derecho

Constitucional

de

Puerto

Rico

y

Relaciones

Constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá,

Temis, 2009, pág. 598. Énfasis nuestro.

En la Opinión que hoy se certifica, la mayoría

este

Tribunal

se

esfuerza

en

elaborar

un

de

razonamiento

jurídico lógico capaz de sostener la constitucionalidad de

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

2

la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según emendada.201 Sin

embargo,

su

metodología,

constitucionales

son,

hermenéutica

según

mi

y

criterio,

premisas

totalmente

inaceptables y el resultado de su esfuerzo es un edificio

defectuoso en sus cimientos, tan frágil como un castillo de

naipes.

La

mayoría

ha

decidido

abordar

el

asunto

de

la

constitucionalidad del Capítulo III de la Ley Núm. 7 de 2009

consolidando

casos

prematuramente

para

disímiles

apresurarse

y

a

certificándolos

resolver

el

asunto

constitucional. Sin tener prueba en el expediente, se ha

inclinado

por

afectar

empleados

públicos

los

que

puestos

constituyen

de

un

trabajo

derecho

de

los

adquirido

constitucionalmente protegido. Esto lo hace fundamentándose

exclusivamente en la exposición de motivos de la ley o lo

que

es

lo

mismo,

en

las

alegaciones

del

Estado.

Tal

actuación provoca que este Tribunal no cumpla en este caso

con

su

función

controversias

de

judicial

forma

constitucional

mesurada

y

con

de

adjudicar

justificación

jurídica.

La mayoría se equivoca.

El Capítulo III de la Ley Núm.

7 de 2009 es inconstitucional, no tan solo en su faz sino

también en su aplicación. Viola la cláusula constitucional

de debido proceso de ley y la de menoscabo de obligaciones

201

Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y

Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para

Salvar el Crédito de Puerto Rico.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

contractuales.

3

En definitiva, no sólo afecta el derecho

adquirido a su puesto que tienen los empleados públicos,

sino que da al traste con nuestra legislación laboral y

medio

siglo

de

interpretación

constitucional.

Por

eso,

respetuosamente, disiento.

I.

Errores de Método en la Adjudicación

La génesis del problema fue la decisión de certificar

estos

casos

antes

de

que

se

recibiera

prueba

o

se

desarrollaran las teorías de las partes a nivel de primera

instancia.

El Artículo 69 de la Ley Núm. 7 de 2009 pretende

obligar a este foro a sustraer de los tribunales de primera

instancia o del tribunal apelativo cualquier caso en el que

se

cuestione

importar

la

la constitucionalidad

etapa

en

que

se

de

este

encuentre,

estatuto,

sin

con

mera

la

presentación de una solicitud a esos efectos por una de las

partes.202

La mayoría del Tribunal parece haber entendido

que con ello

se

impide o

anula

el ejercicio

de nuestra

202

El Artículo 69 de la Ley Especial Declarando Estado de

Emergencia

Fiscal

y

Estableciendo

Plan

Integral

de

Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico,

Ley Núm. 7 de 2009, dispone lo siguiente:

El Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico expedirá un auto de certificación a solicitud de

parte para traer inmediatamente ante sí y resolver

cualquier asunto pendiente ante el Tribunal de Primera

Instancia o ante el Tribunal de Apelaciones cuando se

plantee la validez o constitucionalidad de esta Ley

especial o cualquier impugnación a la misma de

cualquier naturaleza.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

La realidad es que

discreción para evaluar la solicitud.

este

precepto

nuestra

afecta

función

el

judicial

balance

de

poderes

y

esa

razón

por

4

e

no

incide

lo

en

podemos

interpretar abstrayéndonos de la naturaleza discrecional del

recurso

de

certificación.

Al

sopesar

si

se

expide

un

recurso de esta índole es necesario que se considere la

complejidad de la controversia, su urgencia, la necesidad de

recibir y dirimir la prueba y la etapa procesal en la cual

se encuentra el caso.203

Igualmente,

antes

de

tomar

la

determinación

de

consolidar varios casos, se debe evaluar si los hechos de

los casos y las controversias que requieren adjudicación son

comunes.204

La Opinión no indica si estos factores fueron

ponderados antes de consolidarse los casos que tenemos ante

nuestra consideración, lo cual hubiéramos esperado, máxime

cuando en dos de los casos consolidados, CT-2009-5 y CT2009-6, ya se habían emitido sendas resoluciones denegando

la consolidación.

Incluso, estos casos estaban asignados a

distintos jueces y no consta cuándo se tomó, ni quién tomó,

la

decisión

ponente,

el

de

consolidarlos

compañero

Juez

y

asignarlos

Asociado

todos

señor

al

Juez

Kolthoff

203

Regla 23 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A.

Ap. XXI-A, R. 23.

Véase, además, J.A. Cuevas Segarra,

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, JTS, 2000, T.

II, págs. 836-838, 890-892.

204

38.

Regla 38 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

Caraballo.205

La

consolidación

tan

accidentada,

5

por

así

decirlo, de estos casos, es el segundo factor que provoca

que el método y los fundamentos de derecho de la opinión

mayoritaria resulten inconsistentes e ilógicos.206

Un análisis somero de los expedientes de los recursos

consolidados nos permite percibir que las controversias que

se presentan no tan solo son complejas, sino múltiples y

diversas.

Entre éstas, en algunos casos se alega discrimen

por afiliación política, en otros discrimen por embarazo;

también

hay

alegaciones

de

discrimen

por

razón

de

edad,

incumplimiento en la aplicación de la ley respecto a la

antigüedad y al principio de mérito, así como alegaciones de

exclusión de la aplicación de la ley, fundamentado en el

artículo

37.02,

entre

inconstitucionalidad

de

otros.

Además,

se

argumenta

la

la

Núm.

de

2009

la

Ley

7

por

205

De acuerdo al Reglamento del Tribunal Supremo, la

asignación de los casos es facultad del Juez Presidente del

Tribunal y, en su defecto, del Juez Asociado de mayor

antigüedad. Regla 5 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4

L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 5.

206

Por ejemplo, en uno de los casos consolidados, CT-2009-5,

la representación legal de los empleados presentó, el 16 de

noviembre de 2009, una moción de desistimiento parcial sin

perjuicio porque la JREF había pospuesto los despidos de un

grupo de empleados.

Oportunamente, el Estado se opuso

porque entendió que la posposición de los despidos no hacía

académica la controversia debido a que la determinación del

Estado no tenía visos de permanencia. Estas mociones nunca

fueron resueltas por este Tribunal y en la opinión

mayoritaria se declara con lugar el desistimiento.

Sin

embargo, no se hizo lo mismo respecto al CT-2009-06. En este

último los despidos de las demandantes también fueron

pospuestos e, inexplicablemente, la mayoría no desestimó la

reclamación.

Entiendo que la posición del Estado es

correcta porque se configuró la excepción mencionada a la

doctrina de academicidad. Por consiguiente, no debió

desestimarse la demanda de los empleados que lo solicitaron.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

6

violación del debido proceso de ley en su vertiente procesal

y sustantiva, el menoscabo de las obligaciones contractuales

y la delegación inconstitucional de poderes por parte de la

Asamblea Legislativa al Poder Ejecutivo.

Cada uno de estos asuntos pudo requerir la intervención

inicial del foro administrativo o del Tribunal de Primera

Instancia

para

permitiera

la

dirimir

labor

prueba

y

crear

efectiva

de

los

incluyendo la de este Tribunal Supremo.

un

expediente

foros

que

apelativos,

Es axiomático que

el derecho no se aplica en el vacío, requiere de hechos que

sirvan

de

base

para

aplicar

las

normas.

Sobre

el

particular, el autor Casimiro A. Varela advierte sobre lo

siguiente:

…[L]os fallos judiciales no deben auto-sustentarse… no

basta que un fallo tenga fundamentos, es menester que

éstos estén, a su vez, fundados… [E]l correspondiente

al derecho y el que requieran las circunstancias

comprobadas de la causa.207

En esa misma línea de análisis, Varela explica

ausencia de prueba en la cual fundamentar un fallo:

que

la

…puede dar lugar también al fundamento aparente de hecho

o de derecho.

En tales casos… los jueces se

consideraron dispensados de fundar razonablemente su

decisión, sustituyendo las razones por afirmaciones

dogmáticas o fundamentos sólo aparentes.208

A pesar de todas estas consideraciones, estos recursos

se

certificaron

de

forma

apresurada

y

a

destiempo.

Ello

provocó (1) que no se le proveyera a las partes un foro en

el

cual

se

plantearan

207

y

se

pudieran

dirimir

sus

C.A. Varela, Valoración de la Prueba, 2da ed., Buenos

Aires, Astrea, 1999, pág. 53. Énfasis nuestro.

208

Íd.. Énfasis nuestro.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

7

discrepancias respecto a la prueba, (2) que los expedientes

con

los

que

debíamos

trabajar

en

esta

etapa

apelativa

carecieran de prueba y determinaciones de hechos, (3) que la

determinación

meras

de

este

Tribunal

alegaciones

y,

en

Tribunal

no

haya

adjudicativa.

podido

se

basara,

por

tanto,

resumidas

cuentas,

(4)

que

ejercer

adecuadamente

su

en

este

función

En definitiva, lo anterior ha provocado que

se violenten los derechos constitucionales y laborales de

estos empleados públicos del gobierno central.

Como lo único que hay en los expedientes de los casos

es la demanda, el recurso de certificación y las mociones

interlocutorias,

exclusivamente,

la

el

opinión

texto

de

la

mayoritaria

Ley

Núm.

7

utiliza,

de

2009

y,

particularmente, los hechos expuestos en su exposición de

motivos,

para

justificar

efectos

adjudicativos,

suficientes

hechos

alternativas

de

despidos;

(2)

acción

pues,

tales

acciones

el

la

alegado

se

como

que

dieron

(1)

pudieron

déficit

legislativa.

por

Para

ciertos

y

la

ausencia

de

haber

evitado

los

estructural

de

$3,200

millones; (3) el plan de cesantía diseñado por la JREF bajo

los parámetros de la Ley Núm. 7 de 2009; (4) la lista por

antigüedad de todos los empleados del gobierno central; (5)

estudios e informes que justificaran el optar por un nuevo

plan de cesantías en lugar del plan que dispone la Ley Núm.

184 del 3 de agosto de 2004, según enmendada, conocida como

la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el

Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

8

(6) los ahorros obtenidos como resultado de los despidos,

esto

con

relación

al

número

y

el

costo

de

las

subcontrataciones y (7) el alegado gigantismo gubernamental.

Todo ello sin posibilidad de cuestionamiento por los que

impugnaron la acción del Estado ni de ofrecer prueba en

contrario. De esa forma, la certificación prematura de los

recursos

propició

un

método

el

adjudicativo

procedimiento

defectuoso.

En

fin,

adjudicar

la

controversia

que

estructuralmente

que

se

está

siguió

ante

nuestra

consideración

resultó

en

una

determinación

que

justificación

válida.209

Para

el

Varela,

escritor

para

carece

de

esta

situación es problemática porque:

…dentro de un concepto racional de la justicia, la

condición que motiva la decisión ha de ser la

conclusión lógica de un examen analítico de los hechos

y de una apreciación crítica de los elementos de

prueba.

La existencia de un método posibilita que la

simple

creencia

subjetiva

adquiera

un

carácter

impersonal que se imponga a todos, no solamente en las

cuestiones de derecho, sino también en las de hecho.210

Ciertamente,

congruencia

entre

la

clave

las

para

normas

impartir

y

justicia

principios

reconocidos y los hechos concretos del caso.

de

es

la

derecho

Al respecto,

nos dice la tratadista Redondo:

Los jueces deben resolver los conflictos mediante

decisiones justificadas. Se entiende que una sentencia

judicial tiene que ser una decisión fundamentada en

normas generales.

Eso significa que tiene que poder

reconstruirse conforme a la estructura de un argumento

válido.

Los enunciados generales de deber jurídico

209

Véase: R. Badenes Gasset,

Barcelona, Bosch, 1959, pág. 17.

210

C.A. Varela, op. cit, pág. 86.

Metodología

del

Derecho,

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

9

(normas o principios) constituyen la premisa mayor, la

descripción de los hechos acaecidos constituye la

premisa menor y el contenido de la decisión individual

del juez configura la conclusión.211

Esta autora añade lo siguiente:

El argumento judicial debe apoyarse en premisas

garantizadas.

A su vez, esta idea constituye el

corolario de un principio de racionalidad más general,

según el cual toda justificación tiene que estar basada

en razones a su vez justificadas… El argumento

práctico, en el sentido lógico, sólo sirve a un

concepto formal de justificación y no garantiza que las

premisas

constituyan

razones

sustantivas

para

la

acción… Por definición, la conclusión sólo estará

justificada si las premisas también lo están212

En

definitiva,

todo

nuestro

esfuerzo

analítico

debe

dirigirnos a cernir las premisas de nuestros razonamientos

de

manera

podamos

que,

nutridos

honestamente

por

el

descartar

conocimiento

aquellas

fundamenten en razones sustantivas.

adquirido,

que

al

analizarla

enumerados

por

Redondo

equivoca

al

elaborar

a

la

luz

encontramos

las

se

Esto no fue lo que

ocurrió al confeccionarse la opinión mayoritaria.

contrario,

no

de

que

premisas

los

la

Por el

elementos

opinión

mayores

de

se

su

razonamiento, es decir, las normas de derecho aplicables,

según abundaremos más adelante, pero más peligrosamente, se

equivoca en cuanto a la función judicial se refiere pues

carece de una premisa menor válida, por cuanto descansa en

los hechos expuestos en la exposición de motivos de la ley

que son, en fin, los hechos alegados por el Estado.

211

La

M.C. Redondo, La noción de razón para la acción en el

análisis

jurídico,

Madrid,

Centro

de

Estudios

Constitucionales, 1996, pág. 118.

212

Íd., págs.

230-231.

Énfasis nuestro.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

10

unión de ambos errores de método tan solo puede llevarnos al

error

en

la

decisión.

Veamos

algunas

instancias

específicas.

Primero, como ya explicamos, para determinar los hechos

relevantes la opinión mayoritaria se sustenta exclusivamente

en la exposición de motivos y acepta, sin prueba, que existe

una crisis fiscal y un problema de gigantismo gubernamental,

así como que no existe otra opción para corregir el déficit

estructural del gobierno central, que no sea el despido de

empleados

públicos

y

la

suspensión

de

los

derechos

laborales. Esto, a pesar de que existen diversos informes o

documentos

que

palabras,

la

cuestionan

mayoría

estas

hipótesis.

este

Tribunal

de

consideración

posiciones

distintas

Legislatura,

porque

hubo

dirimir

prueba

en

no

un

foro

a

la

oportunidad

de

En

no

tomó

en

por

la

recibir

y

instancia

o

adoptada

para

primera

otras

administrativo.

En concreto, en

la parte

IV (B) de su

opinión, la

mayoría resume y parafrasea las partes de la exposición de

motivos de la Ley Núm. 7 de 2009, que aluden a la crisis

fiscal.

Específicamente,

desglosa

los

datos

sobre

el

alegado déficit estructural en cuatro subtemas, a saber: las

razones

para

la

crisis,

consecuencias

de

la

crisis,

las

alternativas ante la crisis y la solución implantada por la

Asamblea Legislativa.

Finalmente, aplica dichos datos, cuya

única fuente es la exposición de motivos, y que resultan ser

también las alegaciones del Estado, sin examinar prueba que

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

las sustente o las contradiga.

11

Este proceso de análisis y

razonamiento le lleva a expresiones como las siguientes:

Las cesantías de los recurridos, junto a las cesantías

de miles de empleados, aunque lamentables, provocarán,

sin duda alguna, un ahorro real y sustancial en las

arcas del gobierno.213

Además, la ley en cuestión presenta un cuadro fiscal de

un Gobierno que se encuentra al borde del caos.214

Por otro lado, la eliminación por parte de la Ley Núm.

7 de todos los procesos anteriores a una cesantía que

establece la Ley Núm. 184, supra, responde a la

necesidad de que el propósito de la ley se alcance de

manera apremiante. Como expresa el Art. 37.04 (b) (1)

de la propia ley, existe urgencia en corregir los

problemas fiscales que enfrentamos.

El trámite de

cesantías que establece la Ley Núm. 184, supra, es uno

basado en el principio de méritos, el cual es

incompatible con el propósito del Art. 2 de la Ley Núm.

7.215

Ante el cuadro que presenta la propia ley, y nuestra

obligación de adoptar una actitud de gran deferencia

hacia la actuación legislativa, debemos concluir que el

Estado actuó razonablemente.216

Por otro lado, y como también se explica en la

Exposición de Motivos de la Ley, el establecer medidas

impositivas únicamente, tampoco es una alternativa

viable.217

Segundo, en demasiadas ocasiones la opinión recurre a

generalidades para apuntalar su razonamiento. Por ejemplo,

expresiones tales como:

213

Opinión del Tribunal, pág. 61.

214

Íd., pág. 62.

215

Íd., págs. 61-62.

216

Íd., pág. 64.

217

Íd., págs. 64-65.

Énfasis nuestro.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

12

Nuestro país, y podríamos afirmar que el resto del

mundo, vive momentos muy convulsos en el aspecto

económico y financiero.218

…

Lamentablemente,

tales

despidos

se

suman

a

los

aproximadamente más de 120,000 empleados en la empresa

privada que en los pasados tres años también han

perdido sus empleos en la Isla.219

La Ley Núm. 7 declara reiteradamente un “estado de

emergencia” en Puerto Rico. Ésta constituye la primera

vez en la historia que nuestra Asamblea Legislativa

utiliza el término “estado de emergencia”, en el

contexto de una situación económica a nivel de todo el

País.220

Debo señalar que también se citan fuera de contexto

unas expresiones mías en una opinión disidente en el caso de

Asociación de Maestros v. Departamento de Educación, para

sostener la conclusión de que tener un interés propietario

en un puesto no conlleva el tener un derecho adquirido.221

218

Íd., pág. 1.

Énfasis nuestro.

219

Íd., pág. 2.

Énfasis nuestro.

220

Íd., pág. 46.

Énfasis nuestro.

En ocasiones, se pasa

por alto que algunos artículos de la Ley Núm. 7 de 2009 a

los que la opinión hace referencia, fueron enmendados. Por

ejemplo, el artículo 37.02, que en su versión enmendada

excluye de su aplicación a numerosos empleados además de los

mencionados en la nota 13, pág. 9 de la Opinión, en virtud

de la Ley Núm. 37 de 10 de julio de 2009. Por otro lado, se

menciona en el texto de la opinión el artículo 40 de la Ley

Núm. 7 de 2009 para establecer que éste dispone que “los

convenios expirados a la fecha de vigencia de la ley o que

expiren durante la vigencia de ésta, no podrán ser

extendidos ni negociados” y que “[e]sta prohibición se

extenderá por un término de dos (2) años, a partir de la

Este artículo

vigencia de la propia ley”.

Íd., pág. 23.

también fue enmendado por la Ley Núm. 37 de 2009, a los

efectos de extender los convenios colectivos vencidos, o que

vencieran durante la vigencia de la Ley Núm. 7 de 2009,

hasta el 9 de marzo del 2011 y prohibir la organización

sindical durante ese mismo periodo. No hay duda de que estos

errores son producto de la prisa en decidir el recurso.

221

Asociación Maestros v. Educación, 2007 T.S.P.R. 123.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

13

Específicamente, se cita que “no toda situación jurídica que

surge al amparo de una ley anterior es un derecho adquirido

cobijado por el principio de irretroactividad frente a otra

ley posterior”.222

La Opinión pasa por alto que un interés

propietario en un puesto de empleo es algo muy distinto a lo

considerado en ese caso, que era una exención del pago de

cargos

por

afiliados

servicios

a

una

que

unión,

disfrutaban

al

amparo

unos

de

una

empleados

no

legislación

posteriormente derogada.223

Tercero, y más preocupante aún, la opinión mayoritaria

saca

fuera

de

contexto

toda

una

sección

de

nuestra

Constitución al fundamentar el ejercicio del poder de razón

de estado en este caso en la disposición del Artículo II,

Sección

18.

Esta

sección

se

refiere,

concretamente,

al

derecho de los trabajadores a la huelga, establecer piquetes

y llevar a cabo actividades concertadas y no tiene que ver

222

223

Íd..

La controversia de este caso era si la Ley Núm. 96 de 7

de agosto del 2001, que autorizó el cobro por servicio a los

empleados que optaran por no afiliarse a la organización

sindical,

se

debía

aplicar

retroactivamente

a

estos

trabajadores que no se afiliaron cuando estaba vigente la

sección 4.2 de la Ley Núm. 45 del 25 de febrero de 1998,

conocida como Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio

Público, y, que por ejercer tal derecho, no tenían que pagar

los cargos por servicios.

Concluí que no constituía un

derecho adquirido el que la Ley Núm. 45 de 1998 eximiera del

pago de cargos por servicios a los empleados que no se

afiliaron a la unión antes de la aprobación de la Ley Núm.

96 de 2001, máxime cuando esos empleados también disfrutan

de los beneficios que se pueden obtener mediante la

negociación colectiva. Por lo tanto, se podía aplicar

retroactivamente

la

Ley

Núm.

96

de

2001

a

estos

trabajadores.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

con

la

facultad

de

la

Asamblea

Legislativa

leyes para atender una crisis fiscal.

para

14

aprobar

Es con relación a la

posibilidad de limitar estos derechos laborales que nuestra

Constitución reconoce la facultad de la Asamblea Legislativa

de

aprobar

leyes

para

casos

de

grave

emergencia.

Esta

sección, de la cual la opinión mayoritaria cita tan sólo la

última oración, dice lo siguiente:

Sección 18: Derecho a Huelga

A fin de asegurar el derecho a organizarse y a

negociar colectivamente, los trabajadores de empresas,

negocios

y

patronos

instrumentalidades

del

privados

y

de

gobierno

que

agencias

funcionen

o

como

empresas o negocios privados tendrán, en sus relaciones

directas

con

sus

propios

patronos,

el

derecho

a

la

huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras

actividades concertadas legales.

Nada de lo contenido en esta sección menoscabará la

facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes

para casos de grave emergencia cuando estén claramente

en peligro la salud o la seguridad pública, o los

servicios públicos esenciales. 224

Evidentemente, la intención de los constituyentes al

aprobar

esta

sección

derecho

a

negociación

la

era,

en

primer

colectiva

lugar,

y,

en

reconocer

segundo

el

lugar,

reconocerle a la Asamblea Legislativa la facultad de aprobar

las leyes que fueran necesarias para la protección de la

224

Art. II, sección 18, 1 L.P.R.A. sec. 18.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

15

salud,

se

la

suscitara

seguridad

una

y

emergencia

el

bienestar

producto

de

público,

una

cuando

huelga.225

En

específico, las situaciones de emergencias que preocupaban a

los constituyentes eran la privación de alimentos, medicinas

y servicios hospitalarios adecuados, la suspensión de luz

eléctrica y la transportación y otros perjuicios serios que

pudieran ser consecuencia de un estado huelgario.226

Cuarto, la mayoría optó por atender el planteamiento

constitucional de estos casos, en contra de los criterios de

autolimitación que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

estableció en el caso de Ashwander v. Tennessee227 y que este

Tribunal adoptó en el caso de E.L.A. v. Aguayo.228

En lo

pertinente, esta doctrina de autolimitación dispone:

…La Corte no se anticipará a decidir una cuestión de

derecho constitucional antes de que sea necesario

hacerlo.

…La

Corte

no

formulará

una

regla

de

derechos

constitucional más amplia que la que requieran los

hechos precisos a los cuales ha de aplicarse.

…La Corte no juzgará una cuestión constitucional aunque

haya sido sometida propiamente en los autos, si también

se somete un fundamento de otra índole que permita

disponer del caso.

…Cuando se cuestione la validez de una ley del

Congreso, y aun cuando se suscite una duda seria sobre

su constitucionalidad, es un principio cardinal que

esta Corte primero se asegurará de si existe una

225

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de

Puerto Rico, Puerto Rico, Lexis Nexis, 2003, T. III, pág.

2265. Véase, además, A.A.A v. Unión de Empleados A.A.A., 105

D.P.R. 437, 452-454 (1976).

226

Diario de Sesiones de la Convención

Puerto Rico, op. cit., pág. 2266.

Constituyente

227

Ashwander v. Tennessee, 297 U.S. 288, 346 (1936).

228

E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 566 (1958).

de

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

interpretación razonable de la ley,

soslayar la cuestión constitucional.229

Además,

Tribunal

tanto

han

el

Tribunal

resuelto

Supremo

enfáticamente

que

le

federal

que

16

permita

como

este

Corte

no

“la

entenderá en una cuestión constitucional si los autos no son

adecuados para hacer una determinación de esa índole”.230

Por

último,

la

mayoría

también

decidió

acortar

el

término de 30 días que provee nuestro Reglamento para que

cada

juez

considere

de

forma

sosegada

las

opiniones

circuladas.

Incluso, la mayoría no permitió que los jueces

y

que

juezas

utilizaran

la

interesaran

facultad

que

escribir

opiniones

les

el

provee

propias

reglamento

de

acogerse a un término adicional para ese propósito.231

Discrepo

de

este

curso

de

acción.

Al

hacerlo,

no

pretendo negar la importancia que tiene este recurso y la

bondad para el país de que se resuelva prioritariamente.

Sin embargo, precisamente por ser un caso de alto interés

público que incide de manera trascendental en los derechos

laborales y constitucionales de los empleados afectados, era

necesario

evaluarlo

con

cuidado

y

analizarlo

desde

229

Sánchez et. al. v. Srio. de Justicia et. al., 157 D.P.R.

360, 386-387 (2002); E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 596,

citando Ashwander v. Tennessee, supra, 346.

230

Sánchez et. al. v. Srio. de Justicia et. al., supra, pág.

387; E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 596, citando Rescue Army

v. Municipal Court, 331 U.S. 549, 575 (1946), International

Brotherhood v. Denver Milk Producers 334 U.S. 809 (1948);

Parker v. Los Angeles, 338 U.S. 327, 329 (1949).

Énfasis

nuestro.

231

Cabe señalar que la Regla 5 del Reglamento

acortar los términos. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 23.

permite

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

diferentes perspectivas.

nada

la

situación

El hacerlo no hubiera afectado en

existente

recurridos

ya

fueron

obstante,

como

la

17

puesto

despedidos

mayoría

de

de

que

sus

este

los

empleados

empleos.232

Tribunal

No

decidió

certificar y consolidar estos casos para atender el asunto

constitucional,

a

pesar

de

las consideraciones

que

hemos

expuesto y de la ausencia de prueba en el legajo, nos vemos

en la obligación de discutir los aspectos constitucionales

de esta controversia.

I.

Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, inconstitucional en su

aplicación

A. El Interés Propietario es una forma de Derecho Adquirido:

Los empleados públicos de carrera del gobierno central

tienen

232

un

interés

propietario

sobre

su

puesto,

como

Distinto a la última vez en que se acortaron los

términos, al decidir los casos de Suárez v. C.E.E. I, 163

D.P.R. 347 (2004) y Suárez v. C.E.E. II, 163 D.P.R. 374

(2004), cuando urgía resolver el caso para que se pudiera

certificar al gobernador que prevaleció en las elecciones

generales y que juramentaría su cargo en poco más de un mes.

En aquella ocasión, al igual que ahora, se trataba de una

controversia de alto interés público.

Sin embargo, la

controversia planteada en Suárez era solamente de derecho y

no de hechos.

Además, en Suárez la Comisión Estatal de

Elecciones era parte en el caso. También, este caso trataba

sobre el derecho fundamental al voto que le otorga nuestra

Constitución

a

todos

los

puertorriqueños

y,

por

consiguiente, era este Tribunal el llamado a entender

inicialmente en esta controversia. Por último, al dictar la

sentencia Per Curiam de Suárez tuvimos el beneficio de una

decisión que el tribunal de instancia había tomado en corte

abierta.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

18

resultado de las diversas leyes que la Asamblea Legislativa

ha

aprobado

recursos

para

humanos

regir

de

trabajadores

adquieren

cumplen

el

con

el

sistema

de

Puerto

Rico.233

este

interés

principio

de

mérito

administración

de

Usualmente,

los

propietario

cuando

al

de

momento

su

reclutamiento, es decir, al ser elegidos como las personas

más idóneas para el puesto y cuando una vez reclutados,

concluyen favorablemente el periodo probatorio.234

233

En un periodo de 103 años se han aprobado cinco leyes de

personal hasta llegar al estatuto que la Ley Núm. 7 de 2009

pretende suspender, la Ley del Sistema de Administración de

los Recursos Humanos, Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 2004,

2004 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 1122, 3 L.P.R.A. sec.

1462(e)(9)(a).

Véase, además, D. Fernández Quiñones,

Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme, 2da ed., Bogotá, Forum, 2001, págs. 375-376.

234

Sección 5.6(4) de la Ley del Sistema de Administración de

los Recursos Humanos de 2004; 3 L.P.R.A. sec. 1350 (1992 y

Supl. 1999).

Véase, además, D. Fernández Quiñones, op.

cit.,

págs.

388-389;

M.A.

Velázquez

Rivera,

Derecho

Administrativo, 70 Rev. Jur. U.P.R. 271, 279 (2001).

Otra forma de adquirir un interés propietario sobre un

puesto, que no sea a través de un estatuto, es cuando las

circunstancias del empleo crean una expectativa razonable de

continuidad

de

manera

que

el

trabajador

tiene

una

reclamación legítima, no unilateral, de titularidad sobre el

beneficio. S.L.G. Giovanetti v. E.L.A., 161 D.P.R. 492, 506

(2004); Lebrón Bonilla v. E.L.A., 155 D.P.R. 475, 489-490

(2001); Orta v. Padilla, 131 D.P.R. 227, 241 (1992); Pierson

Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 846 (1978); Lupiañez v.

Srio de Instrucción, 105 D.P.R. 696, 700-701 (1977). Sobre

el

concepto

jurídico

de

expectativa

razonable

de

continuidad, como modalidad de interés propietario, el

Tribunal Supremo Federal ha establecido la norma de que no

es necesario tener un contrato escrito, o una permanencia

basada en un estatuto, para tener un interés propietario

sobre el puesto.

Ese derecho propietario puede ser el

resultado de un contrato implícito.

No obstante, debe

existir un reclamo legítimo de titularidad y no una mera

expectativa unilateral a mantenerse en el puesto.

Bd.

Regents v. Roth, 408 U.S. 564, 577 (1972); Perry v.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

Una

vez

el

empleado

público

de

carrera

19

obtiene

un

interés propietario sobre su puesto “goza de seguridad en el

empleo y sólo puede ser destituido por justa causa y previo

a ciertos trámites de rigor”.235

acción

gubernamental

propietario

tendrá

Por lo cual, cualquier

que

intervenga

que

cumplir

con

con

este

los

interés

parámetros

establecidos por la cláusula de debido proceso de nuestra

Constitución, que tiene sus homólogas en la Constitución de

los Estados Unidos.236

Atendido lo anterior, la opinión mayoritaria plantea

que “no todo derecho o interés propietario es a su vez un

derecho adquirido.”237 Sustenta estas expresiones en un caso

que es totalmente distinguible de la controversia que está

ante nuestra consideración por la naturaleza de los derechos

infringidos. Me refiero al caso, citado por la mayoría del

Tribunal, de Vélez Reboyras v. Srio de Justicia.238

En ese caso, el Sr. José Vélez Reboyras tenía en el

pueblo de Utuado un negocio dedicado exclusivamente a las

máquinas

electrónicas

de

video-juegos.

La

Asamblea

Legislativa aprobó la Ley Núm. 45 de 4 de junio de 1982, que

Sindermann, 408 U.S. 593, 601 (1972).

Quiñones, op. cit., pág. 528.

235

Camacho v. AAFET, 168 D.P.R. 81,

Giovanetti v. E.L.A., supra, pág. 507.

236

Véase: D. Fernández

81

(2006);

Orta v. Padilla, supra, pág. 241; Torres

P.R.T.C., 127 D.P.R. 499, 520, 523 (1990).

237

Opinión del Tribunal, pág. 74.

238

115 D.P.R. 533 (1984).

S.L.G.

Solano

v.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

dispuso

que

exclusivamente

todo

establecimiento

a

máquinas

las

que

20

se

dedicara

de

juegos

electrónicas

o

máquinas de “Pin Ball” tendría que ubicarse a 200 metros de

distancia

de

las

escuelas

públicas

o

privadas.

También,

dispuso que aquellos negocios de esta naturaleza que ya

estuvieran ubicados a menos de 200 metros de las escuelas

tendrían que mantenerse cerrados durante el horario escolar.

El propósito de la medida era velar por la seguridad y

aprovechamiento académico de los niños y jóvenes.

Al evaluar la controversia, este Tribunal determinó que

la nueva ley no le quitaba al Sr. Vélez Reboyras su interés

propietario o derecho adquirido sobre la propiedad, sino que

sólo se le limitaba el horario en el cual podía operar su

negocio.

la

Además, la opinión hizo énfasis en que, antes de

aprobación

de

la

Ley

Núm.

45

de

1982,

no

existía

legislación específica que confiriera el “derecho” a operar

ilimitadamente un establecimiento dedicado exclusivamente a

la operación de máquinas de “pin balls”.

Este

Tribunal

reiteró

recientemente

que

“un

derecho

adquirido es una situación consumada, en la que las partes

afectadas descansaron en el estado de derecho que regía al

amparo de la ley anterior.”239 Como señala Albaladejo, no se

trata

239

de

“meras

facultades,

expectativas,

intereses

o

Hernández Colón, Romero Barceló v. Policía de Puerto

Rico, 2009 T.S.P.R. 154; Consejo de Titulares v. Williams

Hospitality, 168 D.P.R. 101, 109 (2006).

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

esperanzas.”240

Tampoco

son

facultades

que

la

21

legislación

anterior consentía que fueran ejercidas por los ciudadanos,

porque

éstas

pueden

ser

alteradas

o

cambiadas

por

la

legislación posterior.241

El término jurídico “derecho adquirido”, según definido

por el tratadista Suárez Collía, significa:

…aquellos que son consecuencia de un hecho idóneo, al

producirlos en virtud de la ley vigente en el tiempo en

que el hecho ha sido realizado, y que se han

incorporado al patrimonio de la persona aun cuando la

ocasión de ejercerlos se presente únicamente bajo la

ley nueva.242

Más concretamente, el autor Santos Briz explica cuáles actos

o

negocios

jurídicos

originan

un

derecho

adquirido.

Al

respecto, expone que:

…para que pueda hablarse de derechos adquiridos,

propiamente tales, es necesario que se trate de

situaciones subjetivas, cuya extensión y alcance son

determinados por un acto o negocio jurídico, no

directamente por ley, que se limita a hacer posible la

conclusión de ese acto o negocio (un contrato, por

ejemplo).

En cambio, las situaciones jurídicas

objetivas (por ejemplo, el régimen de la propiedad)

pueden ser modificadas por leyes posteriores.243

240

M. Albaladejo, Derecho Civil: I. Introducción y Parte

General, 11ma ed., Barcelona, Bosh, 1989, Vol. I, pág. 204.

241

Consejo de Titulares v. Williams Hospitality, supra, pág.

109.

242

J.M. Suárez Collía, El principio de la irretroactividad

de las normas jurídicas, 2da ed., Madrid, Actas, 1994, pág.

55.

Énfasis nuestro.

Véase, además, L. Diez-Picazo y A.

Gullón Ballesteros, Sistema de Derecho Civil, 9na ed.,

Madrid, Tecnos, 1997, Vol. I, pág. 108; J. Castán Tobeñas,

Derecho Civil Español, Común y Foral, 12ma ed., Madrid,

Reus, 1982, T. I, Vol. I, pág. 616.

243

J. Santos Briz, Tratado de Derecho Civil; Teoría y

Práctica, T. I, Barcelona, Bosch, 2004, pág. 294.

Véase,

además, Hernández Colón, Romero

Barceló v. Policía de

Puerto Rico, supra; Consejo de Titulares v. Williams

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

22

Además, este tratadista enfatiza en que una vez se adquiere

un derecho, éste no se pierde nunca.

Tan sólo pueden ser

sometidos a la nueva ley “los poderes y facultades que de él

dimanen, así como la forma y modo de su ejercicio”.244

y

no

la

supuesta

distinción

entre

interés

Eso,

propietario

y

derecho adquirido, fue lo que sucedió en Vélez Reboyras v.

Secretario de Justicia.245

En

el

carrera,

caso

su

particular

interés

de

los

propietario

empleados

públicos

de

sobre

puesto

fue

su

concedido, en principio, por alguna ley de personal del

servicio público vigente al momento de comenzar a laborar

para el gobierno.

Sin embargo, este interés propietario fue

concretado mediante un contrato de trabajo individual cuando

el empleado cumplió con el principio de mérito y terminó el

periodo probatorio, porque una vez el empleado cumple con

estos

dos

requisitos

se

convierte

en

carrera regular en el servicio público.

un

trabajador

de

Es en ese momento

que toda la legislación laboral, reglamentos y manuales se

hacen

parte

del

contrato

de

trabajo

que

es

el

negocio

jurídico existente entre el Estado, que es el patrono, y el

empleado.

Como

el

interés

propietario

que

un

trabajador

de

carrera regular tiene en su puesto surge de una ley que

Hospitality Group, Inc., supra,

referencia a esta misma cita.

pág.

109,

donde

244

J. Santos Briz, op. cit., pág. 294.

245

Vélez Reboyras v. Secretario de Justicia, supra.

se

hace

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

23

forma parte del contrato laboral, puede establecerse que

dicho interés cumple con los requisitos necesarios para ser

un derecho adquirido.

En efecto, el interés propietario

sobre el puesto es una modalidad de derecho adquirido.246

El

profesor Miguel Velázquez, citado a otros efectos en la

Opinión mayoritaria, expone este principio de la siguiente

manera:

En términos generales, la diferencia entre el empleado

de carrera y el de confianza es que el primero tiene un

derecho adquirido. Es decir, un interés propietario en

el desempeño permanente de su cargo. No se le puede

despedir, excepto por las causas señaladas por ley, y

luego de probarse cargos en su contra.247

A pesar de todas estas consideraciones jurídicas, la

mayoría se ha mantenido en la posición de que el interés

propietario al puesto que tienen los empleados de carrera no

es un derecho adquirido. Esta interpretación se da de bruces

con lo resuelto por este tribunal en el caso de Hernández

Colón, Romero

Barceló v. Policía de Puerto Rico.248 En esa

ocasión, se estableció que el derecho adquirido de los ex

246

El análisis que se hace en esta sección de la opinión

también aplica a los convenios colectivos. Los miembros de

un sindicato tienen un interés propietario o derecho

adquirido sobre sus puestos como resultado dual de su

contrato de trabajo individual y del convenio colectivo.

247

M.A. Velázquez Rivera, supra, pág. 279. Énfasis nuestro.

Algunos ejemplos de la jurisprudencia que ha reconocido

derechos adquiridos de los trabajadores y retirados del

servicio público son: Rodríguez v. Retiro, 159 D.P.R. 467,

475 (2003); Lebrón Bonilla v. E.L.A., supra, pág. 490;

Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia, 150 D.P.R. 252, 285

(2000); Rodríguez Díaz v. Autoridad de Puertos, 145 D.P.R.

595, 599 (1998).

248

Hernández

Rico, supra.

Colón,

Romero

Barceló

v.

Policía

de

Puerto

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

gobernadores

escoltas

en

Hernández

Colón

y

forma

vitalicia

Romero

se

Barceló

produjo

24

a

tener

porque

la

interpretación que durante años hizo la Policía de Puerto

Rico del artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 22 de junio de

1956, conocida como Ley de la Policía, fue avalada por la

Legislatura al ésta no enmendar dicho precepto en forma

material. Para sostener ese resultado, la mayoría distinguió

entre una expectativa y un derecho adquirido.

La primera es

una facultad que no fue ejercida antes de que se enmendara o

derogara

la

legislación,

es

más

bien

una

esperanza

o

probabilidad que puede modificarse. Mientras que el derecho

adquirido

es

aquella

facultad

que

se

ejerció

antes

del

cambio de estatuto y a través de ese ejercicio se convirtió

en un derecho que se incorporó en el patrimonio del titular,

por lo cual está protegido constitucionalmente de cualquier

acción gubernamental, incluyendo órdenes ejecutivas.

Argumenta entonces la opinión mayoritaria que como el

derecho

del

empleado

sobre

su

puesto

está

sujeto

a

la

posibilidad de ser cesanteado, “si se dan unas condiciones y

se cumple con unos procesos”, no se trata de un derecho

adquirido.

alguno.

Este

argumento

no

tiene

fundamento

jurídico

Es más, contradice todo lo que hemos explicado

sobre la figura del derecho adquirido.

¿Cómo es posible que

de la interpretación de un artículo de la Ley de la Policía

surja un derecho adquirido a escoltas, mientras que ante la

existencia de toda nuestra legislación laboral y el contrato

de trabajo individual se argumenta que sólo surge un interés

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

propietario, pero no un derecho adquirido?

25

Hemos explicado

que una ley puede limitar la forma y el modo del ejercicio

de

un

derecho

adquirido.

Lo

que

no

permite

nuestro

ordenamiento jurídico es eliminarlo sin un debido proceso de

ley.

Por

consiguiente,

el

fundamento

de

la

mayoría

es

equivocado y los empleados públicos de carrera poseen un

derecho adquirido sobre sus puestos.

El cuestionamiento que resta por dilucidar es si la Ley

Núm. 7 de 2009, que resulta ser una ley posterior a la

legislación laboral y a los contratos de trabajo individual

y

colectivo,

puede

aplicarse

en

forma

retroactiva

para

socavar el derecho adquirido que los empleados de carrera

tienen en su puesto.

Como regla general, en nuestro ordenamiento prevalece

el principio de la irretroactividad de las leyes. Éste es de

origen civilista y se rige por los siguientes parámetros:

Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no

dispusieren expresamente lo contrario.

En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley

perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una

legislación anterior.249

De acuerdo a Suárez Collía, la retroactividad implica

la “aplicación de la norma jurídica a supuestos de hechos,

actos, relaciones jurídicas y/o situaciones constituidas con

anterioridad

al

inicio

de

su

vigencia

formal”.250

La

finalidad de este principio es proveer, primero, seguridad

249

Artículo 3

Énfasis nuestro.

250

del

Código

Civil,

31

J.M. Suárez Collia, op.cit., pág. 10.

L.P.R.A.

sec.

3.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

26

jurídica y confianza en la efectividad de las leyes vigentes

y,251 segundo, reconocer una justificación de moral humana

basada

en

los

principios

de

libertad

individual

que

garantizan a los ciudadanos el poder actuar sin obstáculos

dentro del margen de la ley.252 Por último, el principio de

irretroactividad

de

las

leyes

responde

a

la

psicología

colectiva que proclama que las leyes deben mirar al porvenir

y no al pasado.253

A pesar de lo señalado, esta regla de irretroactividad

no es absoluta.254 Así se puede percibir del propio precepto,

cuando

dispone

que

para

aplique

retroactivamente

que

una

legislación

tiene

que

el

posterior

legislador

haberlo

establecido expresamente en su texto. No obstante, además de

la excepción que provee la cláusula, se ha establecido que

la retroactividad de una ley también puede surgir de forma

implícita,

a

través

del

estudio

de

la

intención

legislativa.255 Claro está, siempre que esta intención surja

251

Vázquez v. Morales, 114 D.P.R. 822, 826 (1983), citando a

M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones

forales, Madrid, Ed. Rev. de Derecho Privado, 1978, T. I,

pág. 75; Véase, además, J.M. Suárez Collia, op.cit., págs.

42-57.

252

Vázquez v. Morales, supra, pág. 826, citando a F. Puig

Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid,

Pirámide, 1976, T. I, Parte General, pág. 125.

253

Íd..

254

Warner Lamber v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 386

(1973).

255

Consejo de Titulares v. Williams Hospitality, supra, pág.

168; Rodríguez v. Retiro, supra, 476; Nieves Cruz v. U.P.R.,

151 D.P.R. 150, 158-159 (2000); Vélez Reboyras v. Srio. de

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

en

forma

clara

y

definitiva

del

texto

y

el

27

historial

legislativo del estatuto.256

Sin embargo, una limitación específica y significativa

al efecto retroactivo de una ley, se origine éste de manera

expresa o tácita, es que la retroactividad no podrá afectar

los derechos que las partes adquirieron como resultado de un

anterior.257

estatuto

adquirido

no

En

puede

otras

ante

palabras,

activarse

la

un

excepción

derecho

de

la

tienen

un

retroactividad de las leyes.

Como

se

ha

establecido

que

los

empleados

derecho adquirido sobre su puesto, la Ley Núm. 7 de 2009 no

puede

pueden

aplicarse

ser

en

forma

retroactiva.

prospectivos.

Resolver

Sus

lo

efectos

contrario

sólo

sería

eliminar súbitamente todos los derechos adquiridos que los

empleados públicos de carrera han obtenido mediante la ley,

el

contrato

de

trabajo

individual

y

los

convenios

colectivos.

B. Menoscabo de Obligaciones Contractuales

Nuestra ley suprema contiene una cláusula que limita la

facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar estatutos

que menoscaben las obligaciones contractuales existentes. El

Justicia, supra, 542; Warner Lambert v. Tribunal Superior,

supra, pág. 386.

256

Asociación Maestros v. Educación,

Retiro, 159 D.P.R. 248, 263-264 (2003).

257

Consejo de

págs. 108-109.

Titulares

v.

Williams

supra;

Vargas

Hospitality,

v.

supra,

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

28

texto de ese precepto dispone que “no se aprobarán leyes que

menoscaben

las obligaciones contractuales”.258 También la

Constitución de los Estados Unidos contiene una disposición

análoga que establece lo siguiente: "No state shall... pass

any... law impairing the obligations of contracts...".259

El origen de nuestra cláusula fue el artículo 2 de la

Ley Jones de 1917, específicamente sus párrafos primero y

quinto.260 Se decidió incorporar a nuestra Constitución esta

norma, sin enmiendas, porque los asesores de la Convención

Constituyente lo recomendaron para evitar que se originaran

malas

interpretaciones

que

perjudicaran

“las

medidas

encaminadas a traer inversiones y fomentar la producción en

todos sus aspectos.”261

El

propósito

estabilidad

en

consideran

un

protección

de

obligaciones

de

las

valor

esta

disposición

relaciones

social

nuestro

es

asegurar

la

porque

se

requiere

la

contractuales

importante

que

ordenamiento.

Menoscabar

las

implicaría

modificar

las

contractuales

consecuencias legales de lo pactado, en perjuicio de una de

las

partes

contratantes.

En

otras

palabras,

no

existiría

258

Artículo II, sección 7, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. sec. 7.

259

Artículo I,

sección 10, Const. E.U., 1 L.P.R.A. sec. 10.

260

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico,

1ra ed., Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto

Rico, 1982, Vol. III, págs. 187; R. Serrano Geyls, Derecho

Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Lillington,

Edward Brothers, 1988, Vol. II, págs. 858-859.

261

Raúl Serrano Geyls, op. cit., págs. 858-859.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

29

certeza de lo pactado; no habría fundamento racional para

los actos o negocios jurídicos. Tal situación, provocada por

la acción legislativa, resultaría en la desconfianza de las

partes

contratantes

y

en

la

desestabilización

de

la

de

las

sociedad.262

Sin

embargo,

este

principio

de

protección

obligaciones contractuales no es absoluto porque tiene que

ser balanceado con el poder de reglamentación del Estado.263

Es decir, debe existir una relación consistente entre la

búsqueda de certeza en las contrataciones que persigue la

limitación

constitucional

fundamentada

en

el

reglamentar

medidas

y

poder

que

la

excepción

que

tiene

salvaguarden

el

el

a

la

norma,

Estado

para

bienestar

de

la

262

Warner Lambert v. Tribunal Superior, supra, pág. 395.

Similar

finalidad

tenía

la

cláusula

homóloga

en

la

Constitución federal:

In the construction of the contract clause the debates

in the Constitutional convention are of little aid.

But the reasons which led to the adoption of the

clause, and of the other provision of section 10 of

article 1, are not left in doubt…The widespread

distress following the revolutionary period and the

plight of debtors had called forth in the States an

ignoble array of legislative schemes for the defeat of

creditors and the invasion of contractual obligations.

Legislative interferences had been so numerous and

extreme that the confidence essential to prosperous

trade had been undermined and the utter destruction of

credit was threatened… It was necessary to interpose

the restraining power of a central authority in order

to secure the foundations even of “private faith”…

Home Building & Loan Assn. Blaisdell, 290 U.S. 398, 423

(1934).

263

Véase: Beer Co. v. Massachusetts, 97 U.S. 25 (1878),

Louisville Gas, Co. v. Citizen’s Gas Co., 115 U.S. 685

(1883),

Contributors

to

Pennsylvania

Hospital

v.

Philadelphia, 245 U.S. 20 (1917), Treigle v. Acme Homestead

Asso., 297 U.S. 189 (1936).

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

sociedad.264

garantías

contra

30

De lo contrario, se perdería el objetivo de las

constitucionales

de

las

de

actuaciones

proteger

al

arbitrarias

ciudadano

e

en

irrazonables

sostenidas bajo el palio del poder soberano del Estado.

Es

imperativo

reconocer

que

no

todo

menoscabo

contractual viola la garantía constitucional.265 Al analizar

si

un

estatuto

obligaciones

viola

la

contractuales

cláusula

es

de

necesario

menoscabo

referirnos

de

a

la

interpretación que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha

realizado de este precepto, puesto que ésta representa el

mínimo

de

protección

que

nuestro

ordenamiento

le

puede

proveer a los ciudadanos.266 Claro está, siempre considerando

que “nuestra Constitución tiene una factura más ancha que la

Constitución federal con respecto a derechos tales como la

prohibición del menoscabo de obligaciones contractuales”.267

La

jurisprudencia

ha

elaborado

un

análisis

para

determinar si una legislación es inconstitucional, a la luz

de

la

cláusula

contractuales.

identificar

El

de

menoscabo

de

las

primer

paso

este

análisis

el tipo

de

en

relación

contractual

obligaciones

conlleva

afectado,

en

264

United States Trust Co. v. New Jersey, 431 U.S. 1, 21

(1977); Home Building & Loan Assn. Blaisdell, supra, pág.

439.

265

Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 619 (1987); United

States Trust Co. v. New Jersey, supra, pág. 16; El Paso v.

Simmons, 379 U.S. 497, 506-507 (1965).

266

267

Bayrón Toro v. Serra, supra.

Emp.

(2000).

Pur.

Des.

Inc.

v.

HIETEL,

150

D.P.R.

924,

948

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

31

términos de si el contrato es estrictamente entre partes

privadas o si el Estado es una de las partes contratantes.268

El segundo paso es evaluar si la modificación que la medida

legislativa provocó en el contrato es sustancial o severa.269

En el caso de los contratos privados, el tercer paso

requiere examinar si el interés que persigue el gobierno con

el estatuto es legítimo, como lo sería si la medida tuviera

la

finalidad

general.270

de

resolver

un

Finalmente,

problema

se

económico

utiliza

un

o

social

criterio

de

razonabilidad para evaluar si existe una relación razonable

entre el interés del Estado y el medio seleccionado para

lograrlo. Se trata de “un balance razonable entre el interés

social

de

promover

el

bien

común

y

el

interés,

también

social, de proteger las transacciones contractuales contra

la

aplicación

arbitraria

e

irrazonable

de

las

leyes”.271

Respecto a la evaluación de razonabilidad de una ley, el

Tribunal

Supremo

federal

le

ha

conferido

deferencia

al

268

Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 620; United States

Trust Co. v. New Jersey, supra, pág. 17.

269

Energy Reserves Group, Inc. v. Kansas Power Light Co.,

459 U.S. 400, 411 (1983); Warner Lambert v. Tribunal

Superior , supra, pág. 401.

270

United States Trust Co. v. New Jersey, supra, pág. 22;

Allied Structural Steel Co. v. Spannaus, 438 U.S. 234, 247,

249 (1978).

271

Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 620; Warner Lambert v.

Tribunal Superior, supra, pág. 395.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

juicio

legislativo.272

Como

se

puede

observar,

32

el

rigor

analítico en los contratos privados es similar al escrutinio

racional de debido proceso de ley e igual protección de las

leyes.273

Sin

embargo,

el

escrutinio

adoptado

por

nuestra

jurisprudencia, siguiendo las pautas de la jurisprudencia

federal, para verificar la constitucionalidad del estatuto

que modifica un contrato público, en el cual el Estado es

una de las partes contratantes, es de otro tipo.

En esos

casos, en Estados Unidos se utiliza un criterio de análisis

intermedio

que

“cuidadoso”.274

nuestra

La

idea

jurisprudencia

es

que

en

ha

estos

denominado

casos

no

es

suficiente descansar en el criterio de la razonabilidad pues

hay que evitar que la actuación del Estado sea en su propio

beneficio.275

Una

vez

identificado

el

tipo

de

relación

contractual como gubernamental, el segundo paso es evaluar

la severidad del menoscabo. Cuando el daño producido por el

menoscabo

de

las

relaciones

contractuales

es

severo,

se

aumenta el nivel de escrutinio a un examen cuidadoso de la

272

East New York Savings Bank v. Hahn, 326 U.S. 230, 232

(1945), citado en United States Trust Co. v. New Jersey,

supra, págs. 22-23.

273

Warner Lambert v. Tribunal Superior, supra, pág. 395.

274

Este análisis es similar al escrutinio intermedio

utilizado en la jurisprudencia federal para clasificaciones

semi sospechosas como lo es discrimen por género.

Véase:

Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976).

275

Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 620; United States

Trust Co. v. New Jersey, supra, págs. 25- 26.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

naturaleza

y

propósito

de

la

legislación

33

estatal.276

El

tercer paso es determinar si existe un interés gubernamental

importante.277 Se ha establecido que esta determinación no

pueden

tomarla

los

estados,

porque

si

éstos

pudieran

justificar el menoscabo de sus obligaciones contractuales a

partir de su propia determinación de lo que es importante,

entonces

la

cláusula

constitucional

no

tendría

valor

alguno.278

A diferencia de los contratos privados, la modificación

en

los

contratos

públicos

debe

ser

necesaria,

además

de

razonable.279 Para determinar la razonabilidad de una ley se

considera “la sustancialidad del interés público promovido

por el mismo, y la dimensión del menoscabo ocasionado por su

aplicación retroactiva”.280 Un factor para determinar esta

razonabilidad es la extensión del menoscabo y la existencia

de una emergencia declarada.281 Por otro lado, la necesidad

se establece tomando en consideración dos criterios: (1) si

la medida legislativa era esencial y (2) si no existían

276

Energy Reserves Group, Inc. v. Kansas Power & Light, Co.,

supra, pág. 411; Allied Structural Steel Co. v. Spannaus,

supra, pág. 261.

277

Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 621; United States

Trust Co. v. New Jersey, supra, pág. 21.

278

United States Trust Co . v. New Jersey, supra, pág. 26.

279

Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 620.

280

Warner Lambert v. Tribunal Superior, supra, pág. 396.

281

United States Trust Co . v. New Jersey, supra, págs. 15,

23.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

34

otras alternativas menos onerosas y dañinas para lograr el

objetivo

del

estatuto.

Utilizando

este

análisis,

la

jurisprudencia federal ha determinado que el Estado no puede

imponer medidas drásticas cuando existe evidencia de otros

cursos de acción más moderados y que, igualmente, pueden

satisfacer

el

interés

del

Estado.

Específicamente,

en

el

caso medular sobre este asunto el Tribunal Supremo federal

concluyó:

The determination of necessity can be considered on two

levels. First, it cannot be said that total repeal of

the covenant was essential; a less drastic modification

would have permitted the contemplated plan without

entirely removing the covenant's limitations on the use

of Port Authority revenues and reserves to subsidize

commuter railroads.

Second, without modifying the

covenant at all, the States could have adopted

alternative means of achieving their twin goals of

discouraging automobile use and improving mass transit.

Appellees contend, however, that choosing among these

alternatives is a matter for legislative discretion.

But a State is not completely free to consider

impairing the obligations of its own contracts on a par

with other policy alternatives. Similarly, a State is

not free to impose a drastic impairment when an evident

and more moderate course would serve its purposes

equally well.282

También ha señalado el Tribunal Supremo federal que, a

diferencia del menoscabo de los contratos privados, cuando

se

quebranta

deferencia

al

un

acuerdo

análisis

de

público

no

se

razonabilidad

otorga

y

completa

necesidad

que

pueda haber realizado la Legislatura. La razón es evidente:

existe un conflicto de interés, pues si se otorga deferencia

282

United States Trust Co . v. New Jersey, supra, págs. 3031. Énfasis nuestro.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

a

la

legislatura

en

este

contexto

el

Estado

35

terminaría

siendo juez y parte.283

A

pesar

federal,

de

la

contrario,

esta

opinión

clara

directriz

mayoritaria

fundamentándose

en

del

trata

de

más

alto

foro

justificar

jurisprudencia

de

lo

los

tribunales federales apelativos. Esto, sin duda, es un error

metodológico, porque las decisiones de esos tribunales son

meramente persuasivas, mientras que las interpretaciones de

la

Constitución

federal

que

hace

el

Tribunal

Supremo

de

Estados Unidos nos obligan.

Además, las decisiones de los tribunales federales de

circuito

que

utiliza

la

mayoría

no

sostienen

sus

conclusiones. Estos casos afirman que se le debe conceder al

Estado “alguna deferencia”, mientras la opinión mayoritaria

le concede una deferencia completa y obvia totalmente el

posible conflicto de interés. Ya explicamos que la opinión

de

este

Tribunal

fundamenta

su

determinación,

exclusivamente, en la exposición de motivos de la Ley Núm. 7

de 2009, sin que haya en el expediente alguna evidencia que

pruebe lo contenido en ésta. Este Tribunal ha tenido ocasión

de expresarse anteriormente sobre esto:

Nos

merecen

profundo

respeto

las

declaraciones

legislativas sobre los males sociales que el legislador

intenta remediar. Pero tales expresiones deben estar

283

Energy Reserves Group, Inc. v. Kansas Power & Light, Co.,

supra, págs. 412-413; United States Trust Co . v. New

Jersey, supra, pág. 26.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

fundadas en hechos de conocimiento

constituir un mero fíat legislativo.284

36

general

y

no

Ciertamente, el Estado debe tener libertad para ejercer

su poder de reglamentación y de esta forma, proteger los

intereses de los ciudadanos y salvaguardar el bien común.

Dicho poder, sin embargo, no es absoluto.

Tampoco puede ser

arbitrario

de

ni

irrazonable.

La

cláusula

menoscabo

de

obligaciones contractuales limita ese legítimo ejercicio del

poder legislativo, especialmente en los contratos públicos.

El

poder

público

inherente

del

permite

al

le

Estado

de

proteger

gobierno quebrantar

el

bienestar

una obligación

contractual pública, siempre y cuando no la destruya o la

afecte de forma severa.285

Cuando esto último ocurre, y no

se

razonabilidad

y

constitucional

de

pueda

establecer

la

estatuto,

la

limitación

menoscabo

de

obligaciones

contractuales

facultad

de

legislar

que

tiene

que

se

irrespectivamente

de

necesidad

del

la

cláusula

de

puede

superar

la

la

Asamblea

persiga

proteger

Legislativa,

un

interés

público que el Estado ha determinado importante.286

Una de las controversias planteadas ante este Tribunal

es que la Ley Núm. 7 de 2009 es inconstitucional porque

284

Warner Lambert v. Tribunal Superior, supra, pág. 398.

Énfasis nuestro.

285

286

United States Trust Co . v. New Jersey, supra, pág. 22.

“Yet the Contract Clause limits otherwise legitimate

exercises of state legislative authority, and the existence

of an important public interest is not always sufficient to

overcome that limitation.”

United States Trust Co. v. New

Jersey, supra, págs. 21-22; Home Building & Loan Assn.

Blaisdell, supra, pág. 439.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

viola

la

cláusula

de

menoscabo

de

obligaciones

contractuales.

De

entrada

hay

escrutinio

se

debe

utilizar

para

evaluar

el

más

cuidadoso,

porque

se

que

planteamiento

contratos

es

donde

el

gobierno

es

que

las

37

establecer

que

este

trata

Contrario

parte.

el

a

de

la

mayoría, que evalúa esta controversia desde la óptica de los

contratos colectivos, es decir, los convenios, entiendo que

el análisis sobre el menoscabo debe incluir, también, a los

contratos individuales.

Sin duda, existe una obligación contractual entre las

respectivas agencias del gobierno central y sus empleados.

Sólo

es

trabajo

necesario

para

repasar

llegar

a

la

esta

definición

del

conclusión.

contrato

Así

lo

de

expone

Caballenas de Torres al referirse al contrato de trabajo

como aquel “que tiene por objeto la prestación continuada de

servicios privados y con carácter económico, y por el cual

una

de

las

partes-el

patrono,

empresario

o

empleador-da

remuneración o compensa a cambio de disfrutar o servirse,

bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional

de otra, denominada el trabajador”.287 También hay un contrato

público entre las agencias y los sindicatos que representan

a

los

trabajadores.

firmados,

ya

sean

En

ambos

individuales

casos

o

existen

colectivos,

contratos

donde

se

establecen las condiciones de trabajo, los salarios y los

287

G. Caballenas de Torres, Diccionario de Derecho Laboral,

Argentina, Heliasta S. R. L., 2001, págs. 139-140; Véase,

además, Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 D.P.R.

508, 517 (1998).

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

derechos

y

obligaciones

de

cada

parte.

38

Antes

de

la

aprobación de la Ley Núm. 7 de 2009 estos contratos estaban

cobijados por las leyes de personal del servicio público,

Ley Núm. 184 de 2004, y la ley de relaciones del trabajo,

Ley Núm. 45 de 1998, entre otra legislación laboral del

país.

En el caso de los contratos individuales de trabajo, el

menoscabo que provocó la Ley Núm. 7 de 2009 fue severo.

En

concreto, esta legislación terminó totalmente y por tiempo

indefinido

la

obligación

contractual

existente

con

los

empleados. Como resultado de las cesantías masivas, miles de

empleados se quedaron sin sus empleos. Además, la ley limitó

la jurisdicción apelativa de la Comisión de Apelaciones para

el Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH),

de manera que ésta sólo pudiera revisar casos que plantearan

asuntos

de

inoperante

antigüedad.288

el

principio

Más

de

se

dejó

afectó

el

concretamente,

mérito

y

se

funcionamiento del Sistema de Administración de Personal del

Servicio Público.289

Respecto al menoscabo que causa esta legislación en los

convenios

severo

288

colectivos,

porque:290

(1)

se

puede establecer

afecta

la

que también

integridad

del

es

convenio

Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, Artículos 37.04 (b) y

46.

289

290

Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, Artículo 37.04.

Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, Artículo 37.04

(a)(2)(5)(6)(8)(9)(10)(11). El impacto de este artículo, en

términos de la legislación laboral, es sumamente amplio

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

39

colectivo; (2) limita los mecanismos para proteger a los

miembros y solucionar las controversias, de manera que se

pueda

proveer

la

justa

representación

a

la

que

están

obligados los sindicatos; (3) no se reconoce lo que está

negociado

colectivamente;

(4)

no

se

puede

negociar

colectivamente; (5) no se puede organizar sindicalmente;291

(6) la jurisdicción de los foros administrativos encargados

de tramitar las querellas de los trabajadores se limita a

porque dispone que “… se suspenderá toda cláusula, precepto

y/o disposición aplicable a los empleados y/o puestos

sujetos a las disposiciones de este Capítulo III, contenidas

en las leyes, convenios colectivos,…”.

En cuanto al

concepto “precepto”, esta misma ley lo define, en su

artículo 33, como:

“Precepto” significa leyes, artículo o sección de ley;

convenio

colectivo

o

disposiciones

contenidas

en

convenios

colectivos,

acuerdos,

acuerdos

suplementarios, políticas, manuales de empleo, cartas

circulares,

cartas

contractuales,

certificaciones,

addenda, reglamentos, reglas y condiciones de empleo,

cartas normativas, planes de clasificación y/o planes

de retribución. Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009,

Artículo 33(k).

Para ver un ejemplo concreto del impacto que tiene la Ley

Núm. 7 de 2009, detallamos algunas de las secciones del

Convenio Colectivo Departamento de la Familia y Servidores

Públicos Unidos de Puerto Rico, Unidad A, 2007-2010, que han

quedado

suspendidas:

Artículo

II:

Declaración

de

Principios, Artículo III: Exposición de Motivos, Artículo

VII: Mantenimiento de las Condiciones de Empleo, Artículo

VIII: Subcontratación, Artículo IX: Acuerdo de no discrimen,

Artículo XII: Procedimiento de Quejas y Agravios, Artículo

XIX: Clasificación y Retribución de Puestos, Artículo XX:

Reclutamiento y Selección, Artículo XXII: Ascensos, Artículo

XXIV: Traslados, Artículo XXVII: Cesantías.

Convenio

Colectivo Departamento de la Familia y Servidores Públicos

Unidos de Puerto Rico, Unidad A, 2007-2010, Autos de

Instancia CT-2009-6, Anejo 4, págs. 5-6, 9-10, 12-16, 22-24,

26, 28-33.

291

Sección 44 de la Ley Núm. 37 de 2009 que enmienda el

Artículo 40 de la Ley Núm. 7 de 2009.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

resolver

controversias

de

antigüedad;292

(7)

se

40

limita

el

alcance de la Ley de Relaciones del Trabajo para el Sector

Público, Ley Núm. 45 del 1998, lo que afecta el Sistema de

Relaciones Laborales en el Gobierno Central; (8) suspende

los controles legales y normativos sobre las cesantías que

establece la Ley Núm. 184 de 2004 y se sustituye por el

desarrollado en la Ley Núm. 7 de 2009293 y (9) permite y

promueve que se alteren las condiciones de empleo y los

beneficios económicos sin negociar, incluyendo el traslado

de los empleados y la subcontratación de los servicios.294

La

administración

gubernamental

ha

justificado

la

aprobación de la Ley Núm. 7 de 2009, que incluye medidas tan

drásticas como el despido masivo de empleados públicos con

contratos vigentes, basándose en que la economía de Puerto

Rico atraviesa una grave crisis fiscal. De acuerdo con la

administración existe un déficit estructural recurrente de

$3,200 millones en las finanzas del gobierno, que no le

permite cubrir sus gastos operacionales y que, a su vez,

mantiene

el

crédito

de

Puerto

Rico

en

condición

de

chatarra.295 Ante ese panorama, el gobierno optó por aprobar

un plan de estabilización, la denominada Ley Núm. 7 de 2009,

en el cual se incorporan y justifican medidas de ingresos y

292

Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, Artículos 37.04 b

(13)(14) y Artículo 46 a y b.

293

Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, Artículo 38.02 a (16).

294

Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, Artículo 38.02 a (16).

295

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7 de 2009, pág. 3.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

41

mejor fiscalización, control y reducción de gastos y otros

mecanismos fiscales.

El interés del gobierno en restablecer las finanzas es

importante

porque

posibilita

el

proveer

públicos necesarios a toda la sociedad. Sin

los

servicios

embargo,

al

aplicar el análisis que nuestra jurisprudencia ha denominado

“cuidadoso” no podemos menos que cuestionar la razonabilidad

de la medida de despidos masivos adoptada por la ley. Salta

a la vista que el Estado no ha probado la situación de

emergencia en la cual sustenta la aprobación de la Ley Núm.

7 de 2009, más allá de la información que se incluye en su

exposición de motivos, y no se ha permitido la presentación

de prueba en contrario.

Segundo, tampoco es razonable que

la alegada crisis fiscal se trate de atender en el corto

período de un año.

términos

de

los

Tercero, no es razonable pensar que, en

cesanteados,

el

daño

no

es

permanente,

cuando también se alega y hay estudios que recomiendan otras

opciones más moderadas.296

296

Véanse, por ejemplo,

económica

fiscal,

Sindicato

J E.

.

Rivera

Puertorriqueño

Santana,

de

Análisis

Trabajadores

de

la

situación

(SPT),

2009

;

Presentación:

Ante

la

Crisis

Presupuestaria,

Central

Puertorriqueña de Trabajadores, 2 de enero de 2009;

Presentación: Propuestas Sector Sindical: Medidas ante la

crisis fiscal, 7 de enero de 2009; Propuesta al Departamento

de Educación, Sindicato Puertorriqueño de TrabajadoresLocal 1996, febrero de 2007; Nuevo Modelo Organizativo para la Rama

Ejecutiva: Proyecto de Reforma Gubernamental

, Escuela Graduada de Administración Pública

de la Universidad de Puerto Rico

, julio de 2009; Sindicatos 2009.

Estrategias frente a la Crisis Mundial, el Multilateralismo

y los Acuerdos Comerciales y de Inversión, Brasil, Museo

Amano, 2009.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

42

A pesar de lo señalado, la mayoría pretende justificar

el despido masivo de empleados públicos y la duración del

impacto de la Ley Núm. 7 de 2009, aludiendo a casos del

segundo

y

cuarto

persuasivos,

suscitan

circuito

porque

la

federal

atienden

controversia

que

resultan

hechos

distintos

que

está

ser

poco

los

que

a

ante

nuestra

consideración. Primero, en el caso Buffalo Teachers Fed. v.

Tobe,297

la

emergencia

fiscal

de

la

ciudad

fue

atendida

congelando puestos y no concediendo aumentos. Esto significa

que no se modificó severamente y, ciertamente, no se eliminó

del

todo,

empleados

la

relación

públicos

trabajadores

no

y

se

contractual

el

patrono.

afectaron

con

existente

entre

Los

salarios

las

medidas

los

de

los

fiscales.

Tampoco se quedaron sin trabajo, o sea, sin su único medio

de

subsistencia.

Además,

las

acciones

tomadas

fueron

temporeras y prospectivas.298

El

otro

caso

que

cita

la

mayoría

para

validar

su

apreciación de que la Ley Núm. 7 de 2009 es razonable, es el

caso

de

Baltimore

Council.299

La

apelativo

del

caso.

Baltimore

En

Teachers

controversia

4to

Circuito

el

Union

que

también

déficit

v.

Mayor

resuelve

es

fiscal

and

el

tribunal

distinta a

de

la

City

nuestro

ciudad

se

enfrentó reduciendo en 1% el salario de policías y maestros.

297

Buffalo Teachers Fed. v. Tobe, 464 F. 3d. 362 (2nd Cir.

2006).

298

299

Íd., pág. 371.

Baltimore Teachers Union v. Mayor and City Council, 6 F.

3d 1012 (4th Cir. 1993).

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

43

El resultado de esta acción administrativa fue reducir la

jornada laboral en 2.5 días.

Claramente, esta actuación es

menos onerosa que la que tomó el gobierno de Puerto Rico.

En su ponderación de los hechos, el tribunal del circuito

apelativo

prueba

tuvo

suficiente

razonabilidad

fiscal.

ante

para

entre

Esto

su

para

las

consideración

un

expediente

con

poder

la

correlación

de

evaluar

medidas

efecto

de

tomadas

y

la

necesidad

determinar

si

hubo

violación a la cláusula de menoscabo de las

una

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

obligaciones

contractuales.

Concretamente,

el

44

tribunal

apelativo expresó:

Nor…can we conclude that the City chose a drastic

impairment

over

an

equally

acceptable,

more

moderate

course.

First,

the

amount

of

the

reduction was no greater than that necessary to

meet the anticipated shortfall… Second, the city

discontinued the plan immediately upon recognition

that the budgetary shortfall would not be so great

as anticipated… Finally, the plan did not alter

pay-dependent benefits, overtime pay, hourly rates

of pay, or the orientation of pay scales… Indeed,

the plan was less drastic than at least one

alternative, additional layoffs, which could have

been more detrimental to appellees… In short, the

City clearly sought to tailor the plan as narrowly

as possible to meet its unforeseen shortfalls.300

Al aplicar los criterios del escrutinio “cuidadoso” o

intermedio que es el correcto en este caso, es evidente que,

en efecto, la Ley Núm. 7 de 2009 menoscabó los contratos

individuales de los trabajadores y los convenios colectivos

acordados

con

el

representante

exclusivo.

Este

estatuto

suspendió todo el sistema de administración de personal del

servicio público, que establece la Ley Núm. 184 de 2004 y

sus predecesoras, y la normativa de relaciones laborales del

sector público, cobijada por la Ley Núm. 45 del 1998.

No

se

puede

llegar

Estado

no

evidenció

la

a

otra

determinación

existencia

de

la

porque

crisis

ni

el

la

razonabilidad de la medida, a pesar de que la mayoría trata

de hacerlo a través de su extensa referencia a la exposición

de motivos. Tampoco el gobierno validó la necesidad de la

medida con relación a otras opciones menos drásticas. En

fin, todo esto es la consecuencia inevitable y directa de

300

Íd., supra, págs. 1020-1021.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

45

certificar los casos sin que se hubiera presentado prueba

ante el tribunal de instancia, o los foros administrativos,

para sustentar las alegaciones de las partes.

C. Debido Proceso de Ley Procesal

Como quedó establecido en la Parte III (A) de esta

opinión,

los

empleados

regulares

de

carrera

del

sector

público tienen un interés propietario, es decir, un derecho

adquirido, sobre sus puestos. Ante ese hecho, y ante la

acción

del

ente

gubernamental

para

afectar

ese

derecho

propietario, se activa la cláusula de debido proceso de ley.

Concretamente, este Tribunal ha establecido que “[e]l debido

proceso de ley procesal tiene vigencia en las situaciones en

que el empleado goza de un interés propietario o tiene una

expectativa razonable de titularidad de propiedad”.301 Por

tanto,

visualizando

la

cesantía

como

una

modalidad

de

despido, si a un empleado se le deja cesante sin dársele la

oportunidad de ser oído, se le viola el derecho a un debido

proceso de ley.302

Esta garantía a un debido proceso de ley cuando se

priva

a

una

persona

de

su

propiedad

o

libertad,

está

incluida en la Carta de Derechos de nuestra Constitución y

es

parte

integral

de

nuestro

sistema

de

gobierno.

Al

Villanueva v. Mun. de San Juan, 2009 T.S.P.R. 103;

Fernández Quiñones, op. cit., pág. 375.

D.

respecto, el precepto constitucional establece:

301

302

Lupiañez de González v. Srio. de Instrucción, 105 D.P.R.

696, 701 (1977).

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

46

Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el

derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la

propiedad. No existirá la pena de muerte.

Ninguna

persona será privada de su libertad o propiedad sin

debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en

Puerto Rico la igual protección de las leyes.

No se

aprobarán

leyes

que

menoscaben

las

obligaciones

contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de

propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.303

Esta cláusula incluye el principio más importante del

derecho constitucional norteamericano, un principio que ha

formado parte de la historia del derecho humano desde su

incorporación inicial en la Magna Carta. Su objetivo, desde

siempre, ha sido velar porque se respeten los procedimientos

y

se

provean

las

“garantías

básicas

de

los

derechos

personales en su forma más amplia y general.”304 En fin, esta

norma constitucional simboliza la esencia de nuestro sistema

de justicia y refleja nuestra vida en sociedad y el grado de

civilización alcanzado.305

La garantía constitucional a un debido proceso de ley

tiene dos consideraciones en su análisis y en su aplicación.

Estas se han caracterizado como dos vertientes, por un lado,

la procesal y, por el otro, la sustantiva.306 La primera

tiene

la

finalidad

de

garantizar

un

proceso

justo

y

303

Artículo II, sección 7, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. sec. 2.

Esta cláusula tiene su homóloga en la Constitución de los

Estados Unidos, específicamente en las Enmiendas V y XIV.

Énfasis nuestro.

304

Diario de Sesiones de la Convención

Puerto Rico, op. cit., T. 2, pág. 1104.

Constituyente

305

de

López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 D.P.R. 109,

113 (1996).

306

Rivera v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881, 888 (1993).

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

47

equitativo

con

ante

acciones

estatales

intereses

privados.

Es

procesales

que

entidad

la

decir,

se

pública

que

interfieran

refiere

debe

a

las

reconocer

“pautas

a

las

personas, independientemente de si por ley o reglamento esas

pautas se reconocen”.307

Mientras, la segunda se refiere a

la validez de las leyes que implementa el Estado en cuanto a

su

protección

significa

de

que

irrazonable

los

el

o

derechos

Estado

no

de

los

puede

caprichosamente,

ciudadanos.308 Esto

afectar

mediante

arbitraria,

estatutos

o

actuaciones administrativas, los intereses de propiedad o

libertad de las personas.309

Ninguna de estas modalidades de la cláusula de

debido proceso de ley pueden ser invocadas sino se cumple con

el requisito de

acción estatal.310

Bajo la vertiente procesal del debido proceso de ley,

que

es

la

pertinente

en

este

caso,

son

tres

las

consideraciones que se examinan para determinar si en efecto

se ha violentado esta cláusula constitucional.

Éstas pueden

resumirse

en

libertad

o

tres

interrogantes:

propiedad

están

(1)

¿qué

intereses

protegidos

por

el

de

precepto?

307

Bd. Regents v. Roth, supra, pág. 576; J.J. Álvarez

González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones

Constitucionales con los Estados Unidos: Casos y Materiales,

Bogotá, Temis, 2009, pág. 608.

308

Villanueva v. Mun. de San Juan, supra; Almonte et. al. v.

Brito, 156 D.P.R. 475, 481 (2002); U. Ind. Emp. A.E.P. v.

A.E.P., 146 D.P.R. 611, 616 (1998).

309

Hernández v. Secretario, 164 D.P.R. 390, 394-395 (2005);

McConell v. Palua, 161 D.P.R. 734, 757-758 (2004); Rivera v.

Lee Stowell, supra, pág. 887; Rivera v. Srio. de Hacienda,

119 D.P.R. 265, 273-274 (1987).

310

D. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 315.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

48

(2)¿en qué etapa se debe conceder el debido proceso? y (3)

¿cuáles características debe tener el procedimiento que se

utilice para afectar, de algún modo, ese interés, de manera

que éste pueda ser el adecuado?311 Si no se logra superar el

primer

cuestionamiento

entonces

el

Estado

no

tiene

la

obligación de garantizar el debido proceso de ley.312

Como

regla

general,

el

debido

proceso

de

ley

debe

concederse antes de que la determinación administrativa sea

efectiva. No obstante, hay circunstancias particulares, como

las situaciones de emergencia en las que están en juego la

salud y la seguridad de la comunidad, que justifican el que

la

entidad

gubernamental

administrativa

y

conceda

tome

el

primero

debido

la

proceso

determinación

dentro

de

un

término razonable de tiempo.313

El procedimiento que debe ser concedido depende de la

controversia y los hechos que la rodean, ya que el debido

proceso de ley procesal no es técnico ni inflexible, sino

más bien circunstancial y pragmático.

Lo que se requiere, a

fin de cuentas, es que sea coherente con el principio de que

todo proceso debe ser justo, imparcial y no arbitrario.314

311

Rivera v. Lee Stowell, supra, págs. 888-899; Morales v.

Gobernador, 112 D.P.R. 761, 766-768 (1982); Vélez v. Romero

Barceló, 112 D.P.R. 716, 730-731 (1982); Lupiañez v. Cruz,

supra, pág. 700-701; J.J. Álvarez González, op.cit., pág.

591; D. Fernández Quiñones, op.cit., pág. 317.

312

Rivera v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 273-274; D.

Fernández Quiñones, op.cit., pág. 316.

313

314

D. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 317.

Almonte et. al. v. Brito, supra, pág. 481; P.A.C. v.

E.L.A., 150 D.P.R. 359, 376 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas,

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

Esta

ponderación

se

logra

al

sopesar

tres

49

criterios

medulares:

(1) se debe determinar cuáles son los intereses

individuales afectados por la acción oficial; (2) el

riesgo de una determinación errónea que prive a la

persona del interés protegido mediante el proceso

utilizado y el valor probable de garantías adicionales

o distintas; y (3) el interés gubernamental protegido

con la acción sumaria y la posibilidad de usar métodos

alternos.315

Es a base de estas consideraciones que este Tribunal ha

reconocido unos requisitos básicos que deben formar parte

del procedimiento adversativo. Éstos son: (1) notificación

adecuada del proceso, (2) que el proceso institucional se

realice ante un adjudicador imparcial; (3) oportunidad de

ser

oído;

(4)derecho

a

contrainterrogar

testigos

y

a

presentar prueba oral y escrita a su favor; (5) asistencia

de un abogado o una abogada; (6) que la decisión se base en

el

récord

y

(7)

que

la

decisión

sea

fundamentada

o

explicada.316

En el área del empleo público, hemos resuelto que los

trabajadores

derecho a

que

son

destituidos

de

sus

puestos

tienen

una vista informal antes del despido.317 Claro

Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521, 542 (1993); Domíguez v.

Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 428 (1974).

315

P.A.C. v. E.L.A., supra, 376-377; Rivera v. Lee Stowell,

supra, pág. 888-889; Vélez v. Romero Barceló, supra, 723724; Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319, 334-335 (1976).

316

Almonte et. al. v. Brito, supra, pág. 482; Rivera v. Lee

Stowell, supra, págs. 888-889; Rivera v. Srio. de Hacienda,

supra, págs. 277-278; Cleveland Board of Education v.

Loudermill, 470 U.S. 532, 546 (1985).

317

A.E.E. v. UTIER, 153 D.P.R. 623, 630 (2000); U. Ind. Emp.

v. A.E.P., supra, pág. 617; Marrero Caratini v. Rodríguez,

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

está,

antes

de

esa

vista

informal

previa,

la

50

Autoridad

Nominadora debe enviarle al empleado una notificación donde

le informe, de manera adecuada, los cargos administrativos y

la hora, fecha y lugar en el cual se realizará la audiencia

y le describa la prueba que tiene el patrono.318 Sin esa

notificación adecuada, la vista informal no cumple con los

requisitos del debido proceso de ley.319

Además, sin esa

notificación el trabajador será despojado de su empleo sin

estar preparado para rebatir los argumentos del patrono.

Cuando lo que ocurre es la cesantía, que no es otra

cosa que una modalidad de despido, hemos determinado que,

previo a esa acción, se le debe notificar al empleado el

plan de cesantías e informarle el método en el que está

basado.

Esto, antes de que sea separado de su puesto.320 Más

aun, hemos concluido que el hecho de que exista una crisis

fiscal no es suficiente, por sí solo, para concluir que la

cesantía

se

realizó

siguiendo

los

estatutos

o

normas

vigentes.321 Más concretamente, hemos expresado lo siguiente:

Independientemente de cuan justificadas pudieran haber

estado

unas

cesantías

desde

el

punto

de

vista

138 D.P.R. 215,

supra, pág. 520.

220

(1995);

Torres

Solano

v.

P.R.T.C.,

318

Villanueva v. Mun. de San Juan, supra; Torres Solano v.

P.R.T.C., supra, págs. 520-521, 523. Véase, además, U. Ind.

Emp. A.E.P. v. A.E.P, supra.

319

U.Ind. Emp. v. A.E.P., supra, pág. 622.

320

Olivieri Morales y otros v. Pierluisi y otros, 113 D.P.R.

790, 796 (1983); Pizarro y otros v. Municipio de Carolina,

112 D.P.R. 822, 828-829 (1982).

321

Calzada Quiñones v. D.A.C. O, 114 D.P.R. 757, 760 (1983).

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

51

económico,

la

política

pública

a

favor

de

la

implementación del sistema de mérito exige que haya

constancia de que al eliminarse uno o más puestos en

una clase se dejarán cesantes y serán retenidas las

personas indicadas de acuerdo con los criterios

objetivos que el sistema de mérito encarna. Es

igualmente vital que todos los empleados públicos

posean conocimiento previo del método a seguirse para

que puedan defender adecuadamente sus derechos, los

cuales son relativos a los derechos de los demás. La

ausencia de constancia clara, objetiva y difundida de

los criterios para determinar quiénes habrán de quedar

cesantes crea inseguridades y siembra dudas no sólo

sobre la legitimidad de cada cesantía particular, sino

sobre la validez y necesidad de la decisión de decretar

cesantías en general.322

Es cierto que esta interpretación se fundamentó, no en

la Constitución, sino en las disposiciones de la Ley de

Personal

del

Servicio

Público,

Ley

sustituida por la Ley Núm. 184 de 2004.

Núm.

5

de

1975,

Pero es que esa ley

incorporaba el debido proceso de ley constitucional en lo

que respecta a la retención de los trabajadores; por eso, en

aquel momento no era necesario recurrir a la Constitución

para

sustentar

significa

que

nuestra

decisión.

Sin

debamos

aceptar

otro

que

embargo,

estatuto

ello

no

socave

impunemente el debido proceso de ley constitucional vigente

en la actual Ley para la Administración de los Recursos

Humanos en el Servicio Público y contenido en los convenios

colectivos según el mandato de la Ley de Relaciones del

Trabajo del Servicio Público.

La mayoría argumenta que la

Ley Núm. 7

de 2009 le

concede a los empleados cesanteados un debido proceso de ley

“bastante

322

similar

al

que

establece

la

Ley

Núm.

184

de

Olivieri Morales y otros v. Pierluisi y otros, supra,

pág. 796. Énfasis nuestro.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

52

2004”.323 En fin, expresa la mayoría que lo que hace la Ley

Núm. 7 de 2009 es recoger los “procedimientos que rigen bajo

la Ley Núm. 184, supra, y los adapta…”.324

Nada más lejos de

la realidad. Para confirmarlo, es suficiente cuestionarnos

por qué, si ambos procedimientos de retención son similares,

no se utiliza el procedimiento de la Ley Núm. 184 de 2004.

Esta

interrogante

planteando

que

la

era

contesta

necesario

la

opinión

hacer

más

mayoritaria

expedito

el

procedimiento de despidos para “decretar cesantías mediante

un mecanismo más ágil”.325 Sin embargo, no existe prueba en

el expediente que demuestre esta afirmación. Lo que sí ha

sido evidente es que el proceso de cesantías de la Ley Núm.

7

de

2009

se

ha

complicado

violaciones

al

debido

y

proceso

alargado

debido

a

ínsitas

en

mismo,

el

las

derrotando la sensibilidad construida en el procedimiento de

retención

establecido

en

la

Ley

Núm.

184

de

2004,

que

siempre entendió las cesantías como el último recurso y no

como la política pública.

¿Cómo afectaba en términos de tiempo el aplicar el plan

de retención contenido en la Ley Núm. 184 de 2004?

Este

plan dispone que se podrán eliminar puestos por falta de

trabajo o de fondos, sujeto a lo siguiente:

En estos casos, las cesantías se decretarán dentro

de los grupos de empleados cuyos puestos tengan el

mismo título de clasificación y considerando dentro

323

Opinión del Tribunal, pág. 67.

324

Íd..

325

Íd., pág. 67.

Énfasis nuestro.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

53

de cada grupo el estatus de los empleados, su

productividad, hábitos y actitudes reflejadas en sus

evaluaciones y su antigüedad en el servicio. A los

fines de determinar antigüedad, se considerará todo

servicio prestado en puestos de las agencias

comprendidas en el Sistema. La autoridad nominadora

de cada agencia notificará por escrito a todo

empleado a quien haya de cesantear con no menos de

treinta (30) días de antelación a la fecha en que

habrá de quedar cesante.

Ninguna cesantía de

empleados será efectiva a menos que se cumpla con el

requisito de notificación. Cada agencia procederá a

establecer un procedimiento escrito a los efectos de

decretar cesantías en caso de estas ser necesarias,

el mismo será divulgado a [sic] estará disponible

para conocimiento de cualquier empleado interesado.

Antes de decretar la cesantía debido a la

eliminación de puestos por falta de trabajo o

fondos, se agotarán todos los recursos al alcance

para evitar dicha cesantías con acciones tales como:

(A)

Reubicación de personal en puestos de

igual

o

similar

clasificación

en

departamentos, oficinas o programas en que

haya necesidad de personal.

(B)

Readiestramiento

del

empleado

para

reubicarlo en otro puesto, cuando esto pueda

hacerse razonablemente antes de la fecha

límite para decretar tales cesantías.

(C)

Disfrute de vacaciones acumuladas.

(D)

Licencia sin sueldo hasta tanto cese la

crisis presupuestaria, cuando la agencia

tome la decisión por la insuficiencia

presupuestaria temporera que no requiera la

eliminación permanente del puesto. En tales

casos,

deberá

observarse

el

orden

de

prelación previamente establecido en el

método de decretar cesantías.

(E)

Reducción en la jornada de trabajo.

(F)

Descenso de los empleados como último

recurso para evitar cesantías.326

Evidentemente,

atender

la

alegada

este

plan

crisis

no

afecta

fiscal

del

el

objetivo

gobierno.

de

Al

contrario, crea un procedimiento justo y fundamentado en el

326

Sección 1462(e)(9(a) de la Ley Núm. 184 de 2004, supra.

Énfasis nuestro.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

54

principio de mérito, el cual evita no tan solo las dudas

sobre la legitimidad de las cesantías y la inseguridad en

los afectados, sino también potenciales disputas legales.

El plan de

proveía

un

cesantías bajo la

debido

proceso

de

Ley Núm. 184

ley

de

constitucional

2004

porque

permitía que los empleados estuviesen informados del proceso

de

las

cesantías,

de

manera

que

pudieran

defenderse

apropiadamente si no estaban de acuerdo con la determinación

administrativa. Distintamente, el plan de retención de la

Ley Núm. 7 de 2009 es contrario al debido proceso de ley

porque

no

les

provee

a

los

empleados

cesanteados

la

oportunidad de ser oídos ni una vista informal previa.

Respecto

salta

a

la

notificación

a

la

ausencia

vista,

como

de

cesantía

de

oportunidad

de

ser

oído,

consideración

inicial,

que

la

enviada

trabajadores

fue

a

los

defectuosa. Observemos un modelo de las cartas en las cuales

se notificó la cesantía a los trabajadores:

De conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 7

de 9 de marzo de 2009, conocida como “Ley Especial

Declarando Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan

Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el

Crédito de Puerto Rico” (en adelante Ley 7), y al orden

de

antigüedad

establecido

por

la

Junta

de

Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF), le

informo que efectivo el 6 de noviembre de 2009 queda

cesante del puesto clasificado…327

Sin

duda,

esta

notificación

justificación de la cesantía.

no

informa

la

causa

o

Sólo hace referencia a que el

despido se basa en la Ley Núm. 7 de 2009 y al orden de

antigüedad

327

diseñado

por

la

JREF.

Tampoco

se

describe

Autos de Instancia CT-2009-6, Anejo 6. Énfasis nuestro.

la

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

55

prueba que tenía el patrono; específicamente, no se describe

el plan de cesantía ni el método en el que se basó, como

tampoco la antigüedad que corresponde al empleado cesanteado

en relación a otros. Es decir, en la notificación no se

alude a la lista de antigüedad de todo el servicio público.

Por consiguiente, los empleados que la recibieron no estaban

en posición para defenderse e impugnar las alegaciones del

Estado. Como hemos expresado, en dichas circunstancias una

vista previa es fútil.

Aun cuando se incluyera como parte de la notificación

adecuada

la

descripción

de

la

prueba

del

patrono

antes

mencionada, la vista previa a la que se refiere la mayoría

es

insuficiente.

Esta

antigüedad

del

mayoritaria

cuando

vista

empleado,

expresa

se

según

que

limita

lo

“…

a

cuestionar

afirma

la

la

la

opinión

controversia,

por

meritoria que sea, siempre será relativamente sencilla: si

el

empleado

cuenta

con

la

evidencia

de

los

años

trabajados”.328 Es decir, la controversia se limita a que el

empleado demuestre, por ejemplo, que en vez de 12 años de

servicio realmente sirvió 13 años y medio. Sin embargo, el

empleado no puede impugnar su cesantía con relación a la de

otros empleados no cesanteados, ni la puede cuestionar por

razón de otros asuntos, como discrimen político, embarazo, o

edad, entre otros.

Por esto, esta vista informal previa

constituye un procedimiento totalmente pro-forma.

328

Opinión del Tribunal, pág. 69.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

56

Ante este panorama, se puede afirmar que la Ley Núm. 7

de

2009

violenta

constitucional.

el

debido

Limitada

la

proceso

de

controversia

ley

al

procesal

aspecto

de

antigüedad y sin que se le notificase siquiera lo pertinente

a ese criterio respecto a los demás empleados, la vista

informal previa era una mera formalidad. Aun conociendo que

tenían fundamentos distintos al de antigüedad para demostrar

que se estaba violando la ley, para los empleados públicos

el

foro

administrativo

estaba vedado.

Mayor

violación

al

debido proceso de ley procesal constitucional no vamos a

encontrar.

II.

Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, inconstitucional de su faz

La Constitución del Estado Libre Asociado, aprobada el

25 de julio de 1952, incluye una disposición que le prohíbe

a la Asamblea Legislativa aprobar estatutos que incorporen

más de un asunto o que no lo expongan en el título de la

medida. Sobre este particular, la ley suprema establece:

…No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción

de los de presupuesto general, que contenga más de un

asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su

título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no

haya sido expresado en el título será nula…329

Tal

limitación

al

proceso

legislativo

fue

adoptada,

por

primera vez, en la Ley Jones del 2 de marzo de 1917 y fue

329

Artículo III, sección 17, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. sec.

17. Énfasis nuestro.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

mantenida

por

los

constituyentes

al

aprobar

57

nuestra

constitución.330

Esta disposición es clara.

Requiere, por un lado, que

toda ley, salvo la de presupuesto, esté dirigida a un solo

objetivo

o

asunto.

Además,

título

el

asunto

o

toda

propósito

ley

que

debe

incluir

pretende

en

su

atender

la

Asamblea Legislativa y si se incluye alguna materia en el

cuerpo de la ley, pero no en su título, esta porción de la

medida será nula.

Desde sus orígenes en la Ley Jones, hemos tenido varias

oportunidades de interpretar este precepto.

Hemos expresado

la necesidad de que el título de una legislación refleje, en

forma general, su contenido.

Aclaramos que no se tiene que

incluir en el título una descripción minuciosa o un índice

del contenido de la ley.331 Claro está, la generalidad del

330

El precepto contenía el siguiente mandato:

No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de

los de presupuesto general, que contenga más de un

asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su

título; pero si algún asunto que no esté expresado en

el título fuere incluido en cualquier ley, esa ley será

nula solamente en aquella parte de ella que no haya

sido expresada en su título.

Documentos Históricos,

Carta Orgánica de 1917, 1 L.P.R.A. sec. 34.

La Carta Orgánica del 12 de abril de 1900, conocida como la

Ley Foraker, no incluyó esta prohibición.

R. E. Bernier y

J. A. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las

Leyes de Puerto Rico, 2da ed., San Juan, JTS, 1987, pág. 79;

Véase, además, J. Trías Monge, op. cit., págs. 159-160.

331

Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408, 428 (1998);

Cervecería Corona, Inc. v. JSM, 98 D.P.R. 801, 812 (1970);

Pueblo v. Vázquez, 93 D.P.R. 540, 542-543 (1966); Pueblo v.

Díaz Torres, 89 D.P.R. 720, 724-725 (1963); Rodríguez v.

Power, 30 D.P.R. 931, 932 (1922).

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

58

título no puede inducir a error a las partes afectadas por

la

ley

ni

a

evaluarla,

los

legisladores

estudiarla

que

tienen

aprobarla.332

y

la

función

Siempre

hay

de

que

asegurarse de que el único asunto o materia del que trate la

ley aparezca claramente en su título.333

Este principio constitucional persigue tres propósitos

principales:

“materias

(1)

impedir

que

incongruentes

inadvertencia,

la

legislación”;335

y

y

se

extrañas”;334

ocultación

(3)

incluyan

y

informar

a

el

la

en

el

estatuto

(2)

evitar

fraude

sociedad

y

“la

en

la

a

los

legisladores la finalidad de la medida, de manera que “el

primero

pueda

oponerse

a

su

aprobación

si

la

considera

lesiva a sus intereses y los segundos estén en condiciones

de emitir su voto conscientes del asunto que es objeto de

legislación”.336 En fin, el objetivo es que la legislatura y

el

público

puedan

deducir

que

se

aprobarán

únicamente

332

Laboy v. Sauri, 65 D.P.R. 422, 426 (1945); Rodríguez v.

Corte, 60 D.P.R. 919, 922 (1942); Pueblo v. Arocho, 34

D.P.R. 847, 855-856 (1926).

333

Pueblo v. Vázquez, 93 D.P.R. 540, 542-543 (1966); Pueblo

v. Díaz Torres, 89 D.P.R. 720, 724-725 (1963).

334

Dorante v. Wrangler of P.R., supra, pág. 428; Cervecería

Corona, Inc. v. JSM, supra, pág. 812; Laboy v. Sauri, supra,

pág. 426, citando el caso Posados v. Warner, B. & Co., 279

U.S. 340 (1929); Rodríguez v. Corte, supra, pág. 922.

335

Dorante v. Wrangler, supra, pág. 428; Laboy v. Sauri,

pág. 426, citando el caso Posados v. Warner, B. & Co.,

supra; Rodríguez v. Corte, supra, pág. 922.

336

Dorante v. Wrangler, supra, pág. 428; Laboy v. Sauri,

supra, pág. 425; Rodríguez v. Corte, supra, pág. 922-923.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

59

materias germanas a las expresadas en el título.337 Todas

estas consideraciones fueron analizadas y dilucidadas por

los constituyentes.338

En este momento, la pregunta obligada es, si el título

de la Ley Núm. 7 de 2009 cumple con los requisitos que

establece nuestra Constitución.

337

338

Veamos.

Cervecería Corona, Inc. v. JSM, supra, pág. 812.

A

esos

efectos,

se

consignaron

las

siguientes

expresiones:

Sr. Negrón López: Esta oración “no se aprobará ningún

proyecto de ley con excepción de los de presupuesto

general que contenga más de un asunto, el cual deberá

ser

claramente

expresado

en

su

título”

es

una

disposición encaminada a evitar los riders, a evitar

que se hagan enmiendas extrañas al propósito de los

proyectos y que se adultere el fin de un proyecto

aprobando

subrepticiamente

algo

que

la

Asamblea

Legislativa no dejaba aprobar, no debió haber permitido

que se aprobara de haber conocido la intención. Diario

de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto

Rico, op. cit., T. 2, pág. 896.

…

Las disposiciones sobre título y asunto “impiden

prácticas fraudulentas, facilitan la labor legislativa

y hacen imposible que grupos minoritarios incorporen

sus proposiciones favoritas en una sola pieza de

legislación y se unan para obtener una mayoría

artificial, la cual no existiría si las distintas

proposiciones se consideraran separadamente”.

Íd., T.

4, pág. 2584.

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

60

Una somera lectura de la Ley Núm. 7 de 2009, confirma

que ésta regula más de un asunto. Dicho estatuto impone

nuevos arbitrios, como en el caso de las motocicletas y

aumenta

otros,

como

el

de

los

cigarrillos

y

bebidas

alcohólicas. Además, permite que la Autoridad de Edificios

Públicos y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante

puedan

emitir

bonos

y

utilizar

otros

mecanismos

de

financiamiento y que los municipios puedan tomar dinero a

préstamo del Banco Gubernamental de Fomento. Como podemos

observar, se trata de crear estos mecanismos para allegar

dinero a las arcas del Estado. Estas medidas, evidentemente,

comprenden, entre ellas, un solo asunto. Sin embargo, en el

Capítulo III del mismo estatuto se crea una nueva ley de

despidos lo cual, sin duda, constituye un asunto diferente,

contrario a la disposición constitucional.

De otra parte, el título de la Ley Núm. 7 de 2009 ocupa

dos páginas y media del texto del estatuto, que se dedican

casi

en

su

totalidad

a

describir

en

detalle

todas

las

enmiendas sobre medidas de ingresos y mejor fiscalización

que se incluyeron en el Capítulo II y aquellas relacionadas

a las medidas fiscales que se incorporaron en el Capítulo

IV. Sin embargo, la porción que se refiere a las medidas de

control

y

dispuestas

reducción

de

en

Capítulo

el

gastos

operacionales

III

es

y

de

sumamente

nómina

parca

y

generalizada. En otras palabras, el título de la ley no

informa todos los asuntos o materias que forman parte del

Capítulo

III

del

estatuto

y

no

les

anuncia

a

los

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

61

legisladores y a los ciudadanos de qué trata el Capítulo

III.

Contrario a la descripción sumamente pormenorizada de

los

asuntos

atendidos

en

los

Capítulos

II

y

IV,

en

la

porción que se refiere a las medidas de control y reducción

de gastos operacionales y de nómina incluidas en el Capítulo

III,

el título de la Ley Núm. 7 de 2009 meramente alude a:

…en lo referente a la reducción de gastos, establecer

un plan de tres fases para la reducción de la nómina

gubernamental;…

Lo anterior no describe, ni siquiera escuetamente, el

contenido

del

Capítulo

III

de

la

Ley

Núm.

7

de

2009.

Primero, este capítulo contiene más de un asunto distinto a

la reducción de la nómina gubernamental.

el

Capítulo

III

se

suspende

el

Por ejemplo, en

sistema

de

relaciones

laborales en el sector público, que incluye la negociación

colectiva

y

los

convenios

colectivos;

se

suspende

la

aplicación del principio de mérito; se limita el sistema de

administración

de

personal

y

está

reorganización del gobierno central.

implícita

una

Segundo, aun si se

aceptara, para efectos del análisis, que el Capítulo III

trata de sólo un asunto, éste no se anuncia claramente en el

título.

En otras palabras, al leer el título de la ley, las

personas

o

entidades

afectadas

no

se

enteran

de

las

implicaciones de la medida.

Podría

incluida

plantearse

en

la

que

la

frase

legislación,

“para

resuelve

otros

fines”,

el

problema

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

constitucional.

Sin

embargo,

ya

este

62

Tribunal

se

ha

expresado sobre ese aspecto:

Aunque términos como “etcétera” y “para otros fines”

frecuentemente se usan en los títulos de las leyes,

tales frases tienen muy poco efecto sobre la validez de

los estatutos.

Aunque estos términos pueden servir

para

advertir

que

materias

adicionales

a

las

especificadas en el titulo aparecen en la ley, tales

términos

no

pueden

convalidar

la

inclusión

de

339

disposiciones incongruentes.

Ante

este

cuadro,

y

dado

que

la

ley

incluye

una

cláusula de separabilidad,340 lo que procede es declarar nulo

el

Capítulo

III

y

mantener

la

vigencia

del

resto

del

contenido de la Ley Núm. 7 de 2009.

III

Conclusión

El

análisis

que

he

expuesto

en

estas

apresuradas

páginas me lleva a disentir enérgicamente de la decisión a

la que hoy se adhiere la mayoría del Tribunal. Veo con mucha

tristeza la posición asumida por la mayoría en esta decisión

ante

asuntos

historia

tan

desgarradoramente

complejos

de

nuestro

pueblo.

desinformada,

resultado

de

un

improvisado

y

proceso

certificación.

En

ausencia

de

de

Ésta

es

para

la

una

decisión

mal

aplicado

339

Laboy v. Saurí, supra, pág. 428.

340

Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, Artículo 71.

prueba,

la

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

63

mayoría acaba por deshacer los fundamentos metodológicos de

la mejor hermenéutica constitucional y termina en el terreno

de la especulación acientífica.

La

Constitución

es

algo

más

que

un

depósito

de

palabras, es un pacto social maduro entre el Estado y los

ciudadanos, que ha sido bordado lentamente y se ha cimentado

en décadas de consenso. Central a este pacto está el valor

que le hemos concedido al trabajo en la estructura social de

nuestro

país.

Nuestros

tribunales

han

avalado

esta

apreciación por muchas décadas. Hoy, con esta determinación,

la

mayoría

de

este

desamparo

abandona

en

el

perdido

su

modo

Tribunal

de

rompe

este

a

miles

y

mantiene

vida

de

pacto

ciudadanos

en

la

social

que

y

han

inseguridad

jurídica a los que aún conservan sus puestos.

El capítulo III de la Ley Núm. 7 de 2009 elimina de un

plumazo el derecho de los empleados públicos a retener sus

puestos de empleo, a la vez que deroga o suspende derechos

que eran parte de sus contratos de trabajo. Así, el esfuerzo

humano que representa el trabajo, esa importante propiedad,

que posibilita la reproducción social y la integridad de los

contratos que la contenían, han sido tirados por la borda,

junto

con

medio

siglo

de

interpretación

constitucional

democrática y de avanzada. En fin, todo lo que significa el

Capítulo

III,

desde

su

faz

a

su

aplicación,

es

inconstitucional.

Los pactos sociales entre los diversos componentes de

un pueblo no deben deshacerse sino expandirse hacia nuevas

CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9

fronteras

de

justicia

social.

El

desarrollo

64

de

las

sociedades no se puede fundamentar en la desigualdad ni en

la violencia institucional, aniquilando los sueños que el

trabajo provee a los más débiles. Nuestros retos económicos

no pueden ser solventados aplastando la dignidad de nuestros

servidores públicos. Ante los nuevos retos, son necesarios

nuevos

pactos

y

consensos

sociales.

A

éstos

no

podremos

llegar cultivando la desconfianza de los ciudadanos en las

instituciones.

Lamentablemente, después de esta decisión, el derecho

constitucional

en

las

escuelas

de

derecho

se

enseñará

“antes” y “después” de la Ley Núm. 7 de 2009, pero no como

el derecho de filiación antes y después de nuestra honrosa

decisión en Ocasio v. Díaz,341 ni como la ley de divorcio

antes y después de Figueroa Ferrer v. E.L.A.,342 casos que

ampliaron y fortalecieron los derechos del individuo frente

al Estado. Todo lo contrario, esta decisión será estudiada

como aquella que entronizó al Estado como el protagonista

principal del sistema frente al ciudadano. Ante esto, yo

disiento. No puedo mantener silencio, ni ser cómplice de

esta enajenada visión.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

341

88 D.P.R. 676 (1963).

342

107 D.P.R. 250 (1978).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Olga Domínguez Castro y

otros

Recurridos

v.

CT-2009-4

Gobierno del Estado Libre

Asociado de P.R. y otros

Peticionarios

Kristy J. González Bou y

otros

Recurridos

v.

CT-2009-5

Estado Libre Asociado de

P.R. y otros

Peticionarios en

Certificación

Zoraida Martínez Román y

otros

Recurridos

CT-2009-6

v.

Estado Libre Asociado de

P.R. y otros

Peticionarios

Erika Vispo Figueroa

Recurrida

v.

CT-2009-9

Estado Libre Asociado de

P.R. y otros

Peticionarios

Opinión disidente emitida

Rodríguez Rodríguez

por

la

Juez

Asociada

señora

San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2010

Disiento.

No puedo avalar con mi voto un dictamen

como el hoy emitido que trastoca las vidas de miles de

servidores públicos sin concederles a éstos su verdadero

día

en

corte.

La

Opinión

mayoritaria

se

revela

como

galimatías constitucionales, expuestas así, sin un análisis

jurídico riguroso que acompañe la extensa e innecesaria

disertación, y carente, además, de evidencia que fundamente

CT-2009-4 cons. CT-2009-5

CT-2009-6/CT-2009-9

sus

conclusiones.

El

2

sustento

de

miles

de

servidores

públicos merecía un Tribunal que examinara a cabalidad sus

planteamientos a la luz de la prueba que en su momento se

presentara, y no que se atendieran sus reclamos mediante

una decisión que valida, cual sello de goma, los argumentos

del Estado.

El

este

trámite

acelerado

Tribunal

para

resolver

planteadas,

hizo

controversias

de

certificación

adoptado

apresuradamente

que

ello

fuera

por

las

posible.

Así, el récord en estos casos está huérfano de prueba que

sostenga las “conclusiones” a las que llega la mayoría con

respecto a la Ley núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según

enmendada (Ley 7).

Ello denota la fatalidad del proceso

adjudicativo seguido por este Tribunal pues los casos ante

nuestra

consideración

presentan,

no

sólo

asuntos

estrictamente de Derecho, sino que plantean controversias

cuya resolución no es factible sin recibir prueba alguna.

Por

ejemplo,

mediante

los

recursos

presentados

se

cuestionó

la

validez

constitucional

de

la

Ley

7,

con

diversos

argumentos

concernientes

a:

discrimen

por

afiliación política, discrimen por razón de edad, menoscabo

de obligaciones contractuales y violaciones al principio de

mérito

y

Alegaciones

a

la

como

antigüedad

éstas

del

empleado,

requerían,

como

entre

mínimo,

otros.

que

se

celebrara una vista en la que se presentara prueba sobre

las

violaciones

constitucionales

invocadas.

¿Cómo

es

posible que podamos atender argumentos como éstos y tomar

CT-2009-4 cons. CT-2009-5

CT-2009-6/CT-2009-9

una

determinación

al

3

respecto

si

no

le

hemos

dado

la

de

los

oportunidad al empleado de presentar su caso?

La

despreocupación

que

muestra

la

mayoría

miembros de este Tribunal --al certificar estos casos en un

trámite “fast track” o “por descargue”-- y su determinación

de resolver las controversias planteadas sin el beneficio

de la prueba requerida, demuestra la liviandad con la cual

se

ha

dispuesto

públicos.

Ello,

de

a

los

mi

reclamos

juicio,

de

vulnera

estos

los

empleados

valores

más

elementales de debido proceso de ley y de un procedimiento

justo.

Por otro lado, el intento fallido de la mayoría por

distinguir

su

reciente

dictamen

en

Hernández

Colón

v.

Policía de P.R., res. el 13 de octubre de 2009, 2009 TSPR

154, sobre los derechos adquiridos, es un vivo ejemplo de

la

carencia

de

rigor

de

la

Opinión

mayoritaria.

En

Hernández Colón, se dijo sobre los derechos adquiridos que

“son

las

facultades

legales

regularmente

ejercidas

[mientras que] las expectativas, [son] aquellas facultades

no ejercidas al momento del cambio de legislación”, íd.,

pág. 27, y que los primeros son “una situación consumada,

en la que las partes afectadas descansaron en el estado de

derecho que regía al amparo de la ley anterior”.

Íd, pág.

29, citando a Consejo de Titulares v. William Hospitality

Group, 168 D.P.R. 101, 109 (2006).

que

tales

derechos

son

de

tal

Inclusive, se indicó

naturaleza

que

“ni

Legislatura al promulgar una nueva ley, ni el Gobernador

la

CT-2009-4 cons. CT-2009-5

CT-2009-6/CT-2009-9

4

mediante una orden ejecutiva, los puede lesionar o ignorar.

… [Éstos] se incorpora[n] dentro del patrimonio del titular

del derecho y está protegido constitucionalmente frente a

cualquier gestión gubernamental que pretenda intervenirlo”.

Íd.,

págs.

27-28.

De

ahí

se

concluyó

que

los

ex

gobernadores peticionarios “no poseían una mera expectativa

sobre el derecho de protección [mediante escoltas], sino

que estos (sic) ostentan un derecho adquirido en virtud de

sus respectivos retiros como primeros ejecutivos del país,

bajo un estado de derecho específico”.

Íd., pág. 30.

En la Opinión que hoy emite este Tribunal, se dispone

que los empleados públicos que fueron cesanteados al amparo

de la Ley 7 no disfrutan de derechos adquiridos sobre sus

empleos “pues se encuentra ausente el elemento del amparo

de una ley anterior que hubiere concedido tal derecho”.

Op.

del

Tribunal,

pág.

76.

(Énfasis

en

el

original).

Confieso, que se me dificulta comprender este razonamiento

y

considero

mayoría

que

para

improcedente.

el

malabarismo

concluir

lo

jurídico

que

realiza

anterior

es

totalmente

Antes bien, la distinción elaborada en la

Opinión del Tribunal levanta numerosas interrogantes.

pueden

la

crearse

administrativas

derechos

y

en

adquiridos

mediante

ausencia

de

Cómo

prácticas

disposiciones

estatutarias, pero no mediante una extensa legislación que,

protegiendo

el

principio

de

relacionado

a:

reclutamiento

mérito,

y

regula

selección;

todo

lo

ascensos

y

descensos; traslados; adiestramientos; retribución; jornada

CT-2009-4 cons. CT-2009-5

CT-2009-6/CT-2009-9

5

laboral; beneficios marginales; retención, suspensiones y

cesantías de los miles de empleados que se desempeñan en el

servicio público.343

De igual forma, cabría preguntarse cómo es posible que

los

convenios

colectivos

suscritos

por

las

uniones

sindicales y el Estado, al amparo de la Ley de Relaciones

del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, Ley

núm.

45

de

“situación

25

de

febrero

consumada,

en

de

la

1998,

que

no

las

establezcan

partes

una

afectadas

descansaron en el estado de derecho que regía al amparo de

la ley anterior”.

Por qué las protecciones contenidas en

esos convenios colectivos no son “consecuencia de un hecho

idóneo, al producirlos en virtud de una ley vigente en el

tiempo en que el hecho ha sido realizado, y que se han

incorporado a una persona”.

Hernández Colón, supra, pág.

28, citando a Consejo de Titulares, supra, pág. 108-09,

citando a su vez a J.M. Suárez Collía, El principio de

irretroactividad de las normas jurídicas, 2da ed. rev.,

Madrid,

Actas,

1994,

pág.

55.

Lo

cierto

es

que,

en

estricto rigor, el mismo raciocinio que utilizó la mayoría

para concluir que los ex gobernadores tenían un derecho

adquirido al uso de escoltas policíacas exigía, en esta

ocasión,

que

se

concluyese

que

los

empleados

públicos

despedidos tenían igualmente un derecho adquirido sobre su

empleo.

343

La

inconsistencia

entre

ambos

dictámenes

es

Véase, Ley para la Administración de los Recursos

Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Ley núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 3

L.P.R.A. 1461.

CT-2009-4 cons. CT-2009-5

CT-2009-6/CT-2009-9

evidente e irrefutable.

6

Nada, que esta falta de constancia

sólo se puede entender --tal vez-- cuando, desde la orilla,

observamos el flujo y reflujo de la marea.

En suma, el esfuerzo de la mayoría por distinguir lo

indistinguible y su afán por disponer de las controversias

ante nuestra consideración sin contar con los elementos de

juicio

necesarios,

me

obligan

a

disentir

del

curso

de

acción que hoy toma este Tribunal.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada