Tribunal Supremo de Puerto Rico
Domínguez Castro y otros v. Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
2010 TSPR 11
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
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Domínguez Castro y otros v. Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
CT-2009-4 CT-2009-5 CT-2009-6 CT-2009-9
Derecho Constitucional- Constitucionalidad de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009; debido proceso de ley · 2 febrero 2010
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Olga Domínguez Castro Sandra J. Guzmán
Hernández, Militza López Mateo,
Carlos Rivera Figueroa
Recurridos
Certiorari
v.
2010 TSPR 11
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, Secretario de Justicia,
Honorable Luis Fortuño, Gobernador del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico,
Departamento de la Familia y Junta de
Reestructuración y Estabilización Fiscal
177 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CT-2009-4
CT-2009-5
CT-2009-6
CT-2009-9
Fecha: 2 de febrero de 2010
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz
Lcda. Rosa Campos Silva
Lcdo. Eliezer A. Aldarondo López
Lcdo. Simone Cataldi Malpica
Abogados de la Parte Recurrida:
CT-2009-9
Lcda. Vivian Negrón Rodríguez
Lcda. Jeanette Rodríguez Claudio
Lcdo. José R. Pérez Ayala
CT-2009-6
Lcdo. Arcelio Maldonado Avilés II
CT-2009-4
Lcdo. David Noriega Rodríguez
Lcda. Myrna E. Cruz Colón
Lcdo. Frank Zorrilla Maldonado
CT-2009-5
Lcda. Sylvia M. Soto Matos
Lcda. Evelyn López Díaz
Lcda. Jinelly Laureano Vázquez
Materia: Interdicto Preliminar, Permanente y Sente
Declaratoria
ncia
Este documento constituye un documento oficial del
Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y
correcciones del proceso de compilación y publicaci
ón
oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribu
ción
electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Olga Domínguez Castro,
Sandra J. Guzmán Hernández,
Militza López Mateo,
Carlos Rivera Figueroa
Recurridos
v.
Gobierno
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
Secretario
de
Justicia,
Honorable
Luis
Fortuño,
Gobernador del Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
Departamento
de
Justicia,
Departamento de la Familia y
Junta de Reestructuración y
Estabilización Fiscal
CT-2009-4
CT-2009-5
CT-2009-6
CT-2009-9
Certificación
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2010.
La Ley no crea el interés social, lo reconoce y
delimita.
La
sociedad
civilizada
impone
ciertos
compromisos entre la libertad individual y el interés
social.
En primer plano está el interés social en la
seguridad general; el reclamo, el deseo o la exigencia de
sentirse libre de aquellos actos y conducta que amenazan
la existencia misma de la sociedad.
Cuando la sociedad
desarrolla su economía nace el interés individual en
asegurar
lo
adquirido
y
en
la
certeza
de
las
transacciones, moderado por el interés general en el
progreso, en la continuada mejoría y avance de la
ingeniería social que es tutela del Estado.1 (Énfasis
nuestro)
Nuestro País, y podríamos afirmar que el resto del
mundo, vive momentos muy convulsos en el aspecto económico
1
A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903, 907 (1975) citando
con aprobación a Pound, Jurisprudence, Tomo III, pág. 235 y ss.
(Énfasis suplido).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
2
y financiero. Parecería que las economías de los países
del mundo se encuentran entrelazadas y atadas al rabo de
una chiringa que no consigue finalmente elevarse.
El 25 de septiembre de 2009, y en virtud de la Ley
Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, infra,
el gobierno de
Puerto Rico anunció el despido de casi 17,000 empleados
públicos. Lamentablemente, tales despidos se suman a los
aproximadamente más de 120,000 empleados en la empresa
privada que en los pasados tres años también han perdido
sus empleos en nuestra Isla. De una u otra forma todos
hemos sido afectados por estas cesantías. Todos tenemos
algún miembro de nuestra familia íntima, algún familiar
cercano, algún buen amigo, algún compañero de trabajo o
algún buen vecino que ha perdido su empleo durante estos
tiempos tan difíciles.
Muy
conscientes
confrontamos
Antipática
empática
con
por
para
una
de
dura
realidad,
dura
y
igualmente
aparentar
con
esta
ser
aquellos
una
antipática.
insensible
compañeros
en
nos
el
o
poco
servicio
público que sufren la pérdida de sus empleos. La realidad
de
que
corresponde
al
Estado
velar
por
el
bienestar
económico colectivo, a expensas del bienestar individual.
Y la realidad de que le atañe a esta Curia -pues a los
jueces no nos puede dominar el temor a decidir- resolver
finalmente si es constitucional o no, a la luz de un
escrutinio racional y del balance de intereses, la ley
que autoriza tales despidos.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
3
I
Los
recurridos2
son
empleados
de
carrera,
algunos
unionados, del Gobierno de Puerto Rico, a quienes se les
anunció mediante carta que, el 6 de noviembre de 2009 o
el 8 de enero de 2010, quedarían cesantes de sus puestos3.
2
Durante el trámite procesal de los casos CT-2009-5 y CT-2009-6 se
nos peticionó la consolidación de los mismos con el CT-2009-4. Este
Tribunal denegó el petitorio por entender que atrasaría la resolución
del caso. No obstante, ante el trámite expedito seguido en los otros
recursos y en aras de la economía procesal, consolidamos en esta
Opinión los recursos CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6 y CT-2009-9.
3
En el CT-2009-4: Las Sra. Olga Domínguez Castro se desempeña como
Técnico de Sistemas de Oficina del Departamento de Justicia, desde
hace diez (10) años y unos meses; la Sra. Sandra J. Guzmán también
labora para el Departamento de Justicia pero como Oficinista Entrada
de Datos, desde hace diez (10) años; la Sra. Militza López Mateo
funge como Contador IV del Departamento de la Familia desde hace
siete (7) años, y el Sr. Carlos R. Rivera Figueroa trabaja igualmente
para el Departamento de la Familia, pero como Técnico de Presupuesto
III, desde hace ocho (8) años.
En el CT-2009-5: Durante el trámite del caso ante este Foro los
recurridos
instaron
una
Moción
de
Desistimiento
Parcial
sin
Perjuicio. Plantearon que las circunstancias de varios de los
recurridos había cambiado y que se les había informado que estaban en
el grupo que continuarían laborando. En consecuencia, peticionaron el
desistimiento sin perjuicio de dichos empleados. El peticionario
presentó oposición.
Declaramos Ha Lugar el petitorio de los
recurridos en cuestión.
A tales efectos, a continuación el listado
de los recurridos que permanecen en el pleito. `
El Sr. Luis Ramos Comas se desempeña como Inspector de Tiendas de
Instituciones Penales de la Administración de Corrección, desde hace
nueve (9) años y dos (2) meses; la Sra. Ivelisse Marrero Marcano
labora para la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra
la Adicción como Especialista de Recursos Humanos desde hace más de
ocho (8) años; la Sra. Mirys Rodríguez Jiménez funge como Auxiliar de
Sistema de Oficina II del Departamento de Recreación y Deportes desde
el 6 de noviembre de 2003, la Sra. Leemaris Rodríguez Aponte trabaja
para
la
Administración
de
Corrección,
como
Especialista
Administrativa Humana I, hace más de siete (7) años; la Sra. Yarigna
Leslie Osorio Santiago se desempeña como Analista de Presupuesto II
en el Departamento de Recreación y Deportes hace más de (6) años; y
la Sra. Ruth Daisy Fontanez Sánchez labora para la Administración de
Corrección desde el 8 de junio de 2002 como Administradora Sistema de
Oficinas hace más de diez (10) años.
De otra parte, la Sra. Ruth Evelyn Rivera Rosario funge como Auxiliar
Administrativo I en el Departamento de Recursos Humanos hace más de
doce (12) años; el Sr. Nelson Guzmán Algarín se desempeña como
Oficinista en el Departamento de la Vivienda desde hace más de seis
(6) años; la Sra. Luz C. León Rivera labora para el Departamento de
la Educación desde hace más de trece (13) años como Auxiliar
Administrativo I; Oscar E. Luna Ugarte funge como Conserje en el
Departamento de Educación más de siete (7) años; Biterbo Caldero
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
4
Las cesantías de todos estos empleados se dan en virtud
de la aprobación de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009,
Ley
Especial
Declarando
Estado
de
Emergencia
Fiscal
y
Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para
Salvar el Crédito de Puerto Rico (Ley Núm. 7).
Con la aprobación de la Ley Núm. 7, se creó la Junta
de Estabilización y Reconstrucción Fiscal de Puerto Rico
(JREF),
con
el
propósito
de
implantar,
en
toda
su
extensión, el referido Plan de Cesantías.4 Como parte de
la
preparación
estatuido
del
criterio
Plan
de
de
Cesantías,
antigüedad,
se
y
conforme
solicitó
a
al
cada
empleado gubernamental -incluyendo a los aquí recurridosque remitieran sus status de antigüedad a la agencia para
la cual laboran, o sea, el número de años trabajados en
Pérez labora como Empleado de Custodia I (Conserje) en el
Departamento de Educación; la Sra. Mireille Rodríguez Rodríguez se
desempeña como Auxiliar Administrativo I del Departamento de
Educación hace más de cinco (5) años.
CT-2009-6: La Sra. Zoraida Martínez Román se desempeña como empleada
de la Administración para el Sustento de Menores desde hace más de
seis (6) años; y la Sra. Saudy Leilany Hernández Colón labora para la
Administración de Sustento de Menores desde hace más de doce (12)
años; la Sra. Jesenia Ayala Maldonado labora en la Administración
para el Sustento de Menores desde hace más de siete (7) años. Estas
empleadas son unionadas.
CT-2009-9: En este caso la parte recurrida es la Sra. Erika Vispo
Figueroa, quien se desempeña como Técnica de Sistema de Oficina para
la Oficina Compensación de Víctimas de Delito, adscrita al
Departamento de Justicia, desde hace siete (7) años y siete meses
(7).
4
El Art. 37.03 (b)(5) de la Ley Núm. 7 establece que la JREF estará
compuesta por el Presidente del B.G.F. (el cual dirigirá la Junta),
el Secretario del Trabajo, el Secretario del Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, el Secretario del
Departamento de Hacienda y la Directora Ejecutiva de la OGP Sus
miembros, en el desempeño de esta encomienda, no habrán de recibir
remuneración adicional a la que reciben por el desempeño de sus
labores en sus agencias o departamentos.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
5
el gobierno.5 En vista de lo anterior, el 25 de septiembre
de 2009, y como ya señalamos, se les notificó a cada uno
de
los
aquí
recurridos
que
quedarían
cesantes
de
sus
puestos.
En las cartas de cesantías entregadas a cada uno de
los recurridos se les informó, entre otras cosas,
la
razón de su despido. Además, se les notificó claramente
de su derecho a solicitar revisión de la determinación de
la
agencia
ante
Administración
caso
de
los
la
de
Comisión
Recursos
empleados
Relaciones
del
Trabajo
consecución
de
lo
término
treinta
de
Apelativa
Humanos
unionados,
del
anterior
(30)
días,
Sistema
(CASARH),
ante
Servicio
los
del
la
o,
de
en
el
Comisión
de
Público.
Para
la
recurridos
tendrían
un
contados
partir
del
a
recibo de la carta.
Una vez notificados de sus cesantías, los recurridos
presentaron
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
demandas contra el Gobierno de Puerto Rico (Gobierno)6
solicitando un Injunction Preliminar y Permanente, así
como una solicitud de Sentencia Declaratoria, en la que
peticionaban,
entre
otras
cosas,
el
que
se
declarara
5
El Art. 37.04 (b)(4) de la Ley Núm. 7 señala que “[a] los fines de
determinar la antigüedad de empleados afectados se considerarán todos
los servicios prestados por los empleados afectados en el servicio
público, independientemente de las disposiciones de los convenios
colectivos, reglamentos, cartas circulares y otros documentos
normativos”.
6
En el CT2009-4 la demanda fue instada el 9 de octubre de 2009; en
el CT-2009-5 el 13 de octubre de 2009, en el CT-2009-6 el 21 de
octubre de 2009 y en el CT-2009-9 el 6 de noviembre de 2009.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
6
inconstitucional la Ley Núm. 7, y como consecuencia, se
declararan nulas sus cesantías.7 Así las cosas, en todos
estos casos el Gobierno presentó, entre otras mociones,
recursos
de
certificación.
asunto,
expedimos
procedimientos
ante
los
el
Habiendo
recursos,
Tribunal
de
considerado
paralizando
Primera
el
los
Instancia,
ordenando que se elevaran los autos y concediendo a las
partes término para presentar sus alegatos.8
En el ínterin, y en el CT-2009-4, el 19 de octubre
de 2009, los recurridos nos solicitaron, en auxilio de
jurisdicción, que emitiéramos una orden provisional a los
efectos
de
paralizar
las
cesantías
decretadas
por
el
Estado. El 26 de octubre de 2009, emitimos una resolución
en la que declaramos no ha lugar tal solicitud.9
Planteamientos de las partes recurridas:
En
los
recurridos
recursos
argumentan
que
CT-2009-4
tienen
y
un
CT-2009-5,
derecho
o
los
interés
7
La demanda en el CT-2009-4 incluye como partes demandadas al
Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis G. Fortuño, al Departamento de
Justicia, al Departamento de la Familia y a la Junta de
Reestructuración y Estabilización Fiscal, en el CT-2009-5 la parte
demandada es el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis G. Fortuño y el
Estado Libre Asociado y en el CT-2009-6 los demandados son el Estado
Libre Asociado, el Departamento de la Familia y la Administración
para el Sustento de Menores. En el CT-2009-9 las partes demandadas
son el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Junta de
Reestructuración Fiscal y Estabilización Fiscal y el Departamento de
Justicia.
8
En el recurso CT-2009-6 el peticionario solicitó prórroga para
someter un escrito de réplica al alegato, el cual, en aras de la
economía procesal, declaramos N/H/L.
9
Por el efecto de lo que se solicitaba, acogimos tal solicitud de
orden provisional en auxilio de jurisdicción como si fuera una
solicitud de injuction preliminar, declarándola no ha lugar por no
cumplir con los requisitos de tal recurso extraordinario.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
7
propietario sobre sus puestos como empleados de carrera,
el cual está protegido por el debido proceso de ley que
emana, tanto de la Constitución de Puerto Rico, como de
la
Constitución
Federal.
Argumentan
asimismo
que
ese
debido proceso de ley ha sido afectado mediante la Ley
Núm. 7, tanto en su aspecto sustantivo como procesal.
Señalan
los
recurridos
en
el
CT-2009-4
que
una
cesantía es el último recurso a seguir, pudiéndose tomar
otras medidas como lo son reducir el horario de trabajo
e, incluso, el salario de los empleados, y que dichas
medidas no se tomaron. En otras palabras, reclaman que no
se especificaron las razones económicas ni se presentó
prueba sobre la necesidad imperiosa de despedir personal
y no tomar otras medidas. Además, plantean los recurridos
en
el
CT-2009-4
que
la
aplicación
de
la
Ley
Núm.
7,
supra, elimina retroactivamente derechos adquiridos por
éstos, en contravención al Art. 3 del Código Civil de
Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.3.
Por
otro
lado,
en
ambos
recursos
(CT-2009-4
y
CT-2009-5) los recurridos argumentan que la Ley Núm. 7
viola su debido proceso de ley al eximir del estricto
acatamiento
unos
procesos
anteriores
a
una
cesantía,
establecidos en la Ley Núm. 184,10 como lo son, el que el
plan
10
de
cesantías
no
fue
publicado
y
que
tampoco
se
Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, conocida como
Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio
Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. secs.
1461 et seq.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
publicaron
listas
ocupacional.
de
Además,
antigüedad
éstos
8
por
reclaman
clasificación
que
el
Plan
de
Cesantías de la Ley Núm. 7 no sigue un debido proceso de
ley
en
su
implantación,
al
no
ser
publicada
la
metodología ni las listas de antigüedad, ni proveérseles
una vista previa a sus cesantías.
Por su parte, en el CT-2009-6, se nos argumenta,
entre
otros,
contraria
al
que
la
notificación
Convenio
Colectivo
de
cesantía
suscrito
entre
fue
las
partes, al tenor de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de
1998, conocida como Ley de Relaciones del Trabajo para el
Servicio Público, por lo que violenta el debido proceso
de ley de los recurridos.
Éstos plantean que tienen un
derecho propietario sobre su empleo y que la Ley Núm. 7
deja sin efecto dichos derechos así como los negociados
colectivamente,
en
menoscabo
de
las
obligaciones
contractuales.
Finalmente,
en
el
CT-2009-9,
se
reproducen
esencialmente los mismos planteamientos esbozados en los
antedichos
recursos.
No
obstante,
la
parte
recurrida
también señala que el Art. 37.04 (b)(5),(6) y (7) de la
Ley Núm. 7, supra, delega a la JREF unos poderes sin
guías claras que ocasionan una concentración indebida de
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
poderes
en
dicho
9
organismo.11 Perfeccionados
todos
los
casos aquí consolidados, procedemos a resolver.
II
Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009
La Ley Núm. 7 es un extenso estatuto que establece
un plan de tres fases para la reducción de los gastos del
Gobierno.12
Entre
estos
gastos
se
incluyen
los
directamente relacionados con la nómina de los empleados
públicos.13
La
reducción
gubernamental se configura
de
los
gastos
de
la
nómina
específicamente en el “Plan
11
En el CT-2009-09 la parte recurrida también alegó que la Oficina de
Compensación a Víctimas de Delito adscrita al Departamento de
Justicia, que es donde labora, está excluida de la aplicación de la
Ley Núm. 7, supra. Sin embargo, los méritos de ese planteamiento
deben ser dilucidados en el foro de instancia. Nótese que éste
Tribunal acogió el recurso de certificación para resolver las
impugnaciones relacionadas a la constitucionalidad de la susodicha
ley. Por lo tanto, todos los asuntos que no comprendan la
constitucionalidad de la Ley Núm. 7, supra, deberán ser atendidos por
el Tribunal de Primera Instancia a no ser que estén relacionados a la
antigüedad del empleado público afectado, en cuyo caso será CASARH o
la Comisión de Relaciones del Trabajo de Servicio Público los foros
con jurisdicción para atender tal reclamo de forma primaria.
12
Esta Ley cuenta con un extenso Informe Conjunto, emitido por las
Comisiones de Hacienda y de Gobierno de la Cámara de Representantes.
Las Comisiones de Hacienda y de Gobierno celebraron vistas públicas
sobre la medida el 5 de marzo de 2009, en la que participaron el
Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, la Directora de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Secretario de Hacienda, el
Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, la Sub–Secretaria del
Departamento de Justicia, los economistas Juan Lara y Vicente
Feliciano, y representación del sector sindical del país.
13
El Art. 37.02 de esta Ley excluye de su aplicación a los siguientes
empleados públicos: policías y bomberos; oficiales de corrección y
oficiales
juveniles;
maestros
asignados
al
salón
de
clases;
bibliotecarios de escuelas; profesionales de la salud (médicos,
paramédicos, enfermeras, farmacéuticos y técnicos de laboratorio);
trabajadores sociales; operadores del sistema de llamadas de
emergencia 911; y patólogos del Instituto de Ciencias Forenses.
Además, surge de su Exposición de Motivos que estarán exentas del
plan para la reducción de la nómina gubernamental, la Rama Judicial,
las corporaciones públicas, la Universidad de Puerto Rico, la
Comisión Estatal de Elecciones y la Oficina de Ética Gubernamental.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
10
de Cesantías” que se detalla en el Capítulo III de la
ley, titulado “Medidas de Reducción de Gastos”. A su vez,
este
plan
de
cesantías
se
rige
por
el
criterio
de
antigüedad en el servicio público, esto es, deben ser
cesanteados
carrera
aquellos
o
empleados
permanentes
con
de
nombramiento
menor
de
antigüedad,
independientemente de la agencia o dependencia en la que
estén destacados.14 La única excepción a la utilización de
este
criterio
es
para
servicios
esenciales
necesarios
para
aquellos
a
la
mantener
empleados
ciudadanía,
la
continuidad
que
y
prestan
que
de
son
estos
servicios.
Del análisis de la Ley Núm. 7 se distinguen seis
fines principales que ésta persigue: (1) el atender de
manera integrada y responsable la crisis fiscal por la
cual atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, (2) proteger
el crédito de Puerto Rico de conformidad con la Sec. 8
del Art. VI de la Constitución;15 (3) proveer para un plan
de
estabilización
fiscal;
(4)
eliminar
el
déficit
estructural en cumplimiento con el mandato de la Sección
14
15
Véanse Exposición de Motivos y el Art. 37.03 (b)(3)de la Ley Núm.7.
El Art. VI, Sec. 8 de nuestra Constitución establece lo siguiente:
Sección
basten.
8.
Prioridad
de
desembolsos
cuando
recursos
no
Cuando los recursos disponibles para un año económico
no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese
año, se procederá en primer término, al pago de intereses y
amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás
desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se
establezca por ley. Art. VI, Sec. 8, Const. E.L.A., Tomo 1.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
11
7 del Artículo VI de la Constitución;16 (5) devolverle al
Gobierno su salud fiscal; y (6) establecer las bases para
que el Gobierno pueda impulsar el desarrollo económico de
Puerto Rico, mediante un plan integrado que consiste de
Medidas
de
Ingresos
y
Mejor
Fiscalización,
Medidas
de
Reducción de Gastos y Medidas Financieras.
La Ley Núm. 7 es un estatuto de carácter económico
(“economic
regulation”)
que
conlleva
un
impacto
socioeconómico, no sólo en el contexto de las cesantías
que autoriza, sino además por las medidas de ingresos
gubernamentales
(recaudos
para
el
fisco)
y
de
fiscalización y reducción de gastos gubernamentales que
impone.17 Conviene entonces mencionar con algún detalle,
lo
que
comprende
este
estatuto
en
sus
partes
más
algunos
de
pertinentes.
Esta
ley
abarca
cinco
(5)
capítulos,
ellos subdivididos a su vez en subcapítulos, en los que
se
16
establecen
en
total
72
artículos.
El
Capítulo
I
El Art. VI, Sec. 7 de nuestra Constitución establece lo siguiente:
Sección 7. Asignaciones no excederán de los recursos.
Las asignaciones hechas para un año económico no
podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho
año económico, a menos que se provea por ley para la
imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas
asignaciones. Art. VI, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo
1.
17
Esta ley no sólo dispone para la reducción de los gastos
gubernamentales, sino que establece una serie de contribuciones y/o
créditos
a
individuos
(Art.
4),
contribuciones
a
productos
(cigarrillos, Art. 5); a vehículos de motor (Art. 6) y a licores
(vinos y cervezas, Art. 14).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
establece
apenas
las
tres
“Disposiciones
Iniciales”,
artículos.
Art.
El
2
12
y
consta
de
(Declaración
de
Propósito y Política Pública) específicamente declara un
estado de emergencia económica y fiscal en el Gobierno,
ante el cuadro económico y fiscal actual de la Isla. Como
consecuencia de lo anterior, se establece como política
pública
del
establecer
Gobierno
un
plan
necesidad
“la
integrado
estabilización
fiscal,
estructural,
amortización
la
la
y
apremiante
de
coherente
de
eliminación
del
de
pública,
la
deuda
déficit
el
restablecimiento de la salud fiscal y las bases para que
el
Gobierno
pueda
impulsar
el
desarrollo
económico
de
Puerto Rico”.18 (Énfasis nuestro.)
El Art. 3 establece la primacía de esta ley por ser
una ley especial, señalando a su vez que se aprueba en el
ejercicio del poder de razón de Estado, así como en la
facultad
constitucional
que
tiene
la
Asamblea
Legislativa, reconocida en las Secs. 18 y 19 del Art. II
de nuestra Constitución,19 y al amparo de las Secs. 7 y 8
18
Art. 2 de la Ley Núm. 7, supra.
19
Las Secs. 18 y 19 del Art. II de
en lo pertinente, señalan:
la Constitución de Puerto Rico,
Sección 18. Derecho a la huelga, a establecer piquetes, etc.
...
Nada de lo contenido en esta sección menoscabará la
facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes para
casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro
la salud o la seguridad públicas, o los servicios públicos
esenciales. Art. II, Sec. 18, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo
1.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
13
del Art. VI de la Constitución de Puerto Rico, antes
citadas.
El Capítulo II consta de tres subcapítulos en el que
se
establecen
Fiscalización”.
las
En
“Medidas
el
de
Subcapítulo
Ingresos
I
se
y
Mejor
disponen
las
“Medidas Permanentes” y en el Subcapítulo II las “Medidas
Temporales”.
El
Subcapítulo
III
se
titula
“Efecto
en
Otras Leyes” y dispone unas enmiendas a dos estatutos
distintos,
ambas
relacionadas
con
transferencias
de
fondos: una enmienda relacionada con la Universidad de
Puerto Rico y otra que se relaciona
con transferencias
de fondos municipales.
En el Capítulo III, eje principal de la controversia
que nos ocupa, se establecen las “Medidas de Reducción de
Gastos”. En el Art. 33 de este Capítulo se establecen las
“Definiciones” que han de aplicarse al texto de la ley,
en el que destacamos el Art. 33(g). Este artículo señala
que el “Objetivo” de esta ley es el establecimiento de un
plan de emergencia dirigido a reducir en dos mil ($2,000)
millones de dólares los gastos operacionales y de nómina
Sección 19. Interpretación liberal de los derechos del ser
humano y facultades de la Asamblea Legislativa.
La enumeración de derechos que antecede no se
entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de
otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y
no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como
restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para
aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el
bienestar del pueblo. Art. II, Sec. 19, Const. E.L.A.,
L.P.R.A., Tomo 1.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
14
pagaderos del Fondo General para el año fiscal 2009-2010,
luego
de
excluir
asignaciones
Rico,
la
servicio
de
por
fórmulas
de
la
Rama
Judicial
y
los
asignaciones
interés
el
a
la
Rama
gubernamental
continuidad
en
el
de
de
las
Puerto
Municipios,
y
las
armonizado
con
el
asegurar
ofrecimiento
deuda,
Universidad
Legislativa,
de
la
la
calidad
y
la
los
servicios
a
la
ciudadanía. El Art. 34 instituye la aplicabilidad de la
misma.
Los Arts. 35 al 37 establecen lo que la Ley llama
“Plan de Emergencia de Medidas de Reducción de Gastos”.
Este
plan
cuales,
está
compuesto
Fase
II,
la
mientras
no
se
por
entrará
alcance
el
tres
en
fases,
vigor
Objetivo
una
de
las
progresivamente,
establecido
como
política pública en el Art. 33(g) de la Ley. El Art. 36
comprende la Fase I, en la cual se establece un “Programa
Voluntario
de
“Programa
de
Reducción
Renuncias
Permanente
de
Voluntarias
Jornada”
y
un
Incentivadas”,
disponible para los empleados elegibles en las agencias
afectadas.20
20
Específicamente, el Art. 36.01 señala que todo empleado de las
agencias a las que les aplique el Capítulo III y que tenga veinte
(20) años o más de empleo en el servicio público, sería elegible para
el programa, el cual constaría de la reducción de una jornada regular
diaria del empleado en cada quincena, es decir, un día en cada
quincena. (Art. 36.01(a) y (b) de la Ley Núm. 7, supra). El referido
artículo también advierte que la reducción de jornada dispuesta, al
igual que la consecuente reducción en paga, serán de carácter
permanente. ( Art. 36.01 (e)de la Ley Núm. 7, supra.)
El
artículo
36.02
establece
el
Programa
de
Renuncias
Voluntarias
Incentivadas,
cuyo
proceso
de
implementación
y
notificación estará a cargo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
El
Art.
36.04
15
(Certificación)
reviste
una
importancia particular. Este artículo establece que al
concluir
el
plazo
de
Programa
de
Renuncias
los
30
días
Voluntarias
para
acogerse
Incentivadas
y
al
al
Programa de Reducción Permanente de Jornada, las agencias
tendrán
un
término
no
mayor
de
siete
(7)
días
para
presentar a la OGP un informe indicando el monto de la
economía lograda. Es a partir de la fecha en que vence la
entrega
de
estos
agencias, y
informes
por
parte
de
las
distintas
en un término no mayor de diez días, que la
OGP tiene que certificar a la JREF y a los Presidentes de
los
Cuerpos
resultado
Legislativos
de
la
la
economía
implantación
de
la
proyectada
Fase
I
como
y
la
certificación de la economía proyectada del Art. 38.02,
Fase III.
que
la
OGP
Es basado en el análisis de esos resultados
tiene
que
anunciar
si
el
objetivo
se
ha
alcanzado y, de no ser así, recomendar poner en efecto la
Fase II.
El Art. 37.01 establece que una vez la OGP emite la
certificación (Art. 36.04) en la que se concluye que el
(OGP). El mismo acoge a todo empleado de las Agencias a las que le
es aplicable el Capítulo III, pero señala un término improrrogable de
30 días para poder acogerse, contados a partir de la notificación de
la OGP. Este artículo establece un incentivo económico que consiste
del pago de una cantidad monetaria, basado en el término de empleo en
el servicio público del empleado. Este incentivo es libre del pago de
contribuciones sobre ingresos, y de descuentos por concepto de
ahorros y aportaciones a los sistemas de retiro de los empleados
gubernamentales, o de contribución sobre ingresos. Además, el
empleado recibe,
conjuntamente con el pago de sus días por
vacaciones a liquidarse en el término plazo de 30 días, el pago de la
prima de cobertura médica por un término máximo de doce (12) meses o
hasta que éste sea elegible para cobertura de seguro de salud
en
otro empleo. (Art. 36.03 (a), (b) y (c)de la Ley Núm. 7, supra).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
16
objetivo establecido como política pública (Art. 2) no ha
sido alcanzado, el plan de cesantías entrará vigor. El
Art.
37.02
enumera
los
empleados
de
las
distintas
agencias que, con el fin de evitar un impacto negativo en
los servicios brindados por el Gobierno, están excluidos
de la aplicación de la Fase II.21 El Art. 37.03 señala que
la certificación por parte de la OGP enunciando que no se
alcanzó el objetivo establecido en la Fase I, pone en
vigor inmediatamente la Fase II.
Una vez se inicia la Fase II, el Art. 37.04 se torna
en uno de principal importancia. Este artículo establece
los
parámetros
y
el
procedimiento
a
llevarse
a
cabo
durante esa fase. Por ser de particular pertinencia a los
planteamientos de los aquí recurridos, lo citaremos casi
en su totalidad:
Artículo 37.04.-Procedimiento.
El procedimiento para llevar a cabo la Fase II
será el dispuesto en este Artículo.
(a) Suspensión Temporera.
Con el comienzo
inmediato de la Fase II, automáticamente se
suspenderá
toda
cláusula,
precepto
y/o
disposición aplicable a los empleados y/o
puestos sujetos a las disposiciones de este
Capítulo III, contenidas en leyes, convenios
colectivos, acuerdos, acuerdos suplementarios,
políticas,
manuales
de
empleo,
cartas
circulares,
cartas
contractuales,
addenda,
certificaciones,
reglamentos,
reglas
y
condiciones de empleo, cartas normativas,
planes
de
clasificación
y/o
planes
de
retribución, referentes a:
21
Este artículo también excluye, entre otros, a los empleados de
confianza. Art. 37.02 de la Ley Núm. 7, supra.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
(1) ascensos,
traslados;
descensos,
reubicaciones
17
y/o
(2) retención y cesantía, que conflija con lo
adoptado en esta Ley;
(3) reducción de fuerza laboral o cesantía, al
igual que cualquier otra disposición que
requiera observar ciertas medidas necesarias
previo
a
la
implantación
de
cualquier
reducción de fuerza laboral o cesantía;
(4) reingreso
elegibles;
y
de
adopción
de
registro
de
(5) toda disposición que impida asignar tareas
correspondientes a un grupo de empleados,
clases de puestos, niveles, unidad sindical o
unidad apropiada;
(6) toda
disposición
que
impida
la
subcontratación de tareas asignadas a un grupo de
empleados, clases de puestos, niveles, unidad
sindical o unidad apropiada;
(7) toda disposición
tareas en puestos,
niveles;
que impida
clases de
consolidar
puestos o
(8) disposiciones en cuanto a limitaciones de
los derechos de gerencia o de administración
de las Agencias; excepto en aquello que no
esté en conflicto con este Capítulo III;
(9) disposiciones o cláusulas donde la Agencia
se obligue a dar fiel cumplimiento a lo
acordado o pactado, en cuanto a los aspectos
que estén en conflicto con las disposiciones
de este Capítulo III;
(10) requisitos de utilizar antigüedad, en la
medida en que las disposiciones de antigüedad
sean contrarias a lo dispuesto en este
Capítulo III o constituyan una limitación para
efectuar
cambios
en
funciones,
ascensos,
descensos, reubicaciones, traslados, destaques
u otras transacciones necesarias para evitar
que se afecten los servicios; y
(11) procedimientos
de
resolución
de
controversias, revisión y/o apelación que
estén en conflicto con las disposiciones que,
en cuanto a esas áreas,
se proveen en este
Capítulo III.
La
suspensión
de
las
cláusulas
y
disposiciones descritas en el inciso (a) de
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
este Artículo será por un término de dos (2)
años, pudiendo el Gobernador reducir este
período
mediante
Orden
Ejecutiva,
de
certificar
la
OGP
que
las
economías
resultantes
de
la
implantación
de
los
mecanismos provistos por este Artículo son
suficientes para cubrir los objetivos.
(b)
Cesantías.
(1) En vista del estado de emergencia fiscal,
la escasez de recursos fiscales, la gravedad
de los problemas que enfrentamos y la urgencia
requerida
para
corregir
los
problemas
fiscales, se exime de agotar medidas tales
como reubicación de personal, readiestramiento
de
empleados,
disfrute
de
vacaciones
acumuladas, disfrute de licencia sin sueldo,
reducción de jornada de trabajo o descensos,
previo a instrumentar las cesantías.
(2) Las Agencias notificarán la terminación a
todo empleado que a la fecha de la vigencia de
esta Ley tenga un nombramiento transitorio o
irregular, por lo que no será necesario
observar, en cuanto a éstos, el criterio de
antigüedad. La notificación escrita que a esos
efectos las Agencias envíen, le apercibirá al
empleado de su derecho de solicitar revisión
de la decisión de la Agencia, ante la CASARH,
en conformidad a lo dispuesto por el Artículo
13, sección 13.14, de la Ley Núm. 184 del 3 de
agosto
de
2008,
y
su
reglamento.
La
notificación se hará mediante entrega a la
mano o por correo certificado con acuse de
recibo a la dirección que obra en los
expedientes de la Agencia.
(3) Las cesantías de los empleados con
nombramiento
permanente
o
de
carrera
se
efectuarán
observando
exclusivamente
el
criterio de antigüedad, de modo que sean
cesanteados en primer término aquellos que
tengan menor antigüedad.
(4)
…
(5) Se crea la JREF, la cual estará compuesta
por el Presidente del BGF, el cual dirigirá la
Junta,
el
Secretario
del
Trabajo,
el
Secretario del Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio de Puerto Rico, el
Secretario del Departamento de Hacienda, y la
Directora Ejecutiva de la OGP. Sus miembros,
en el desempeño de esta encomienda, no habrán
de recibir remuneración adicional a la que
18
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
reciben por el desempeño de sus labores en sus
agencias o departamentos.
(6) Además de las facultades otorgadas por
este Capítulo III, la JREF tendrá todas las
facultades necesarias y convenientes para
descargar
la
encomienda
aquí
asignada,
incluyendo pero sin limitarse a la de realizar
o encomendar, a las agencias o departamentos
que están a su cargo, que se realicen los
estudios que sean necesarios; requerir a las
Agencias
la
información
necesaria
para
realizar su encomienda; asesorar al Gobernador
y a las Agencias en todo lo relativo a los
empleados a ser cesanteados; evaluar, aprobar
o
rechazar
peticiones
de
empleados
para
reducir la jornada de los puestos que ocupan;
llevar a cabo reuniones entre sí y con los
jefes de las Agencias; y reclutar de forma
temporal,
mediante
destaque,
el
personal
necesario para realizar la encomienda. Su
Presidente tendrá la facultad, además, para
asignar y/o poner a la disposición de la JREF
todo recurso del BGF que sea necesario para
descargar sus obligaciones bajo este Capítulo
III. La encomienda de la JREF, y su duración
finalizará una vez se cumpla el objetivo de la
ley.
(7) La JREF habrá de determinar la cantidad
global de empleados a ser cesanteados, en
conformidad con las disposiciones del Artículo
2 de esta Ley y en armonía con la necesidad de
asegurar la continuidad y calidad de los
servicios
gubernamentales,
dentro
de
un
término no mayor de cinco (5) días calendario
de iniciada la Fase II.
(8) Las Agencias identificarán y certificarán
a la JREF la antigüedad de cada uno de sus
empleados, dentro de un término no mayor de
quince (15) días calendario de iniciada la
Fase II.
En
el
mismo
término,
las
Agencias
certificarán por escrito a sus empleados
afectados,
individualmente,
su
fecha
de
antigüedad según surge de sus récords. En el
caso de empleados miembros de una unidad
apropiada representada por una organización
sindical
se
notificará,
además,
a
dicha
organización sindical. Dicha certificación se
notificará a los empleados, y, además, de ser
el caso, a la organización sindical, mediante
entrega a la mano o por correo certificado con
19
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
acuse de recibo, a la dirección que obra en
los
expedientes
de
las
Agencias
y
apercibiéndole
del
derecho
que
tiene
el
empleado a exponer y fundamentar por escrito
su versión en cuanto a su fecha de antigüedad.
La fecha de notificación será la de su entrega
o envío.
(9) El empleado, y de ser el caso, éste a
través de su organización sindical, tendrá un
término
no
mayor
de
treinta
(30)
días
calendario, a partir de la fecha de la
notificación, para presentar por escrito a la
Agencia, evidencia documental oficial emitida
por la autoridad o entidad gubernamental
competente (“evidencia documental fehaciente”)
que refute la antigüedad que le ha sido
certificada. Para ello utilizará el formulario
que para esos fines será provisto por su
respectiva Agencia, el cual completará y
someterá a su propia Agencia, con copia de la
evidencia documental fehaciente que refute la
fecha de antigüedad notificada por la Agencia.
(10) En la eventualidad de que el empleado
afectado no refute o no presente, dentro del
término aquí dispuesto, evidencia documental
fehaciente
que
sostenga
su
posición,
la
antigüedad a ser utilizada será aquella que le
fue
notificada
por
la
Agencia.
Dicha
antigüedad
será
concluyente
para
todo
propósito relacionado con este Capítulo III.
(11) En la eventualidad de que el empleado
afectado presente, dentro del término aquí
dispuesto, evidencia documental fehaciente que
controvierta la antigüedad que le ha sido
notificada, la Agencia no tomará determinación
final sobre la antigüedad sin antes darle la
oportunidad de tener una vista previa.
(12) La Agencia notificará al empleado su
determinación final que sobre la antigüedad
tome, y, además, de ser el caso, a la
organización sindical, en un término no mayor
de
treinta
(30)
días
calendario,
apercibiéndole de su derecho de solicitar
revisión de dicha determinación, conforme a lo
dispuesto a esos fines en el inciso incisos
(13) y (14), del Artículo 37.04 (b) de esta
Ley.
Dicha
notificación
se
hará
a
los
empleados, y, además, de ser el caso, a la
organización sindical, mediante entrega a la
mano o por correo certificado con acuse de
recibo, a la dirección que obra en los
20
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
21
expedientes de las Agencias. La fecha de
notificación será la de su entrega o envío. No
obstante, la presentación del recurso de
revisión no habrá de paralizar las cesantías;
disponiéndose, no obstante, que en el caso que
el empleado prevalezca, se le restituirá a su
puesto, efectivo a la fecha de su cesantía.
(13) El empleado afectado podrá solicitar
revisión de la determinación final tomada por
la
Agencia,
solamente
en
cuanto
a
su
antigüedad ante la CASARH, en conformidad a lo
dispuesto por el Artículo 13, sección 13.14,
de la Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 2004, y
su reglamento.
(14) Aquellos empleados que sean miembros de
una unidad apropiada, afiliados o no a una
organización
sindical,
podrán
revisar
la
determinación tomada final por la Agencia,
solamente en cuanto a su antigüedad, mediante
una petición que a esos efectos presenten a
los árbitros de la Comisión, creada al amparo
de la Ley Núm. 45 del 25 de febrero de 1998,
en un término no mayor de treinta (30) días
calendario del recibo de la notificación de la
Agencia.
(15) La Agencia notificará las cesantías con
al menos treinta (30) días calendario de
anticipación a la fecha de su efectividad,
mediante comunicación escrita dirigida al
empleado y, además, de ser el caso, a la
organización sindical, indicando la fecha de
efectividad de la misma. La notificación se
realizará
conforme
al
Artículo
37.04(b),
inciso (12) de este Capítulo III. (Énfasis
nuestro).
Por
otra
parte,
el
Art.
37.05
instaura
los
beneficios que recibirán los empleados cesanteados.22 El
22
Esto, además de la liquidación de vacaciones regulares. Asimismo,
para aquellos empleados elegibles para ello, también les corresponde
una
liquidación
por
licencia
por
enfermedad
y
por
tiempo
extraordinario acumulado. Tales beneficios se resumen de la siguiente
manera: pago de la prima de cobertura médica por un término
ininterrumpido de seis (6) meses o hasta que éste sea elegible para
cobertura de seguro de salud en otro empleo; serán considerados
elegibles al Programa de Alternativas para Empleados Públicos según
dispuesto en el Artículo 39 de la propia ley; y podrán elegir que se
les liquide lo acumulado como beneficio de retiro, o se les
transfiera, o se adopte cualquier otra alternativa de las dispuestas
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
Art.
37.06
dispone
agencias
deberán
refleje
las
que
al
presentar
economías
concluir
a
la
la
Fase
II
las
un
informe,
que
OGP
logradas
22
por
las
cesantías
realizadas. Con esa información, la OGP certificará a la
JREF y a los Presidentes de los Cuerpos Legislativos, la
economía proyectada como resultado de la implantación de
la Fase II, indicando, además, sus conclusiones en cuanto
a si el objetivo se alcanzó. La OGP y el Departamento de
Hacienda
someterán
a
los
Presidentes
de
los
Cuerpos
Legislativos un informe conjunto cada noventa (90) días
sobre
el
progreso
de
los
recaudos
y
la
reducción
de
gastos como el resultado de la implantación de la Fase
II.
Con el Art. 38 se establece la Fase III, la que
entró en vigor inmediatamente advino vigente la ley (Art.
38.01).
La
temporera,
Fase
III
por
el
establece
término
un
de
plan
dos
de
(2)
suspensión
años
(Art.
38.02(b)), de leyes, convenios colectivos, preceptos y
acuerdos,
disposición
así
como
contenidas
de
en
toda
cláusula,
leyes,
precepto
convenios
y/o
colectivos,
acuerdos, acuerdos suplementarios, políticas, manuales de
empleo, cartas circulares, cartas contractuales, addenda,
certificaciones,
reglamentos,
reglas
y
condiciones
de
empleo, cartas normativas, planes de clasificación y/o
planes de retribución, aplicable a los empleados sujetos
por, y en conformidad con la ley que regula su retiro, su reglamento
y/o el plan correspondiente.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
23
a lo establecido en el Capítulo III de la propia Ley, y
referentes a veintisiete (27) aspectos que se enumeran en
el propio artículo.
Además, este Art. 38 suspende la eficacia de toda
disposición
tales
como
reglamentaria,
políticas,
o
contenida
en
certificaciones,
documentos
circulares,
addenda, reglas y condiciones de empleo o por manuales de
empleo, de cualquier índole, que provea para una licencia
con paga, que no sea una establecida estatutariamente. El
Art.
39
establece
el
Programa
de
Alternativas
para
Empleados Públicos. Este programa consiste en proveerle
al empleado cesanteado bajo el Art. 37, como beneficio
adicional y con preeminencia, el que pueda escoger una de
tres (3) alternativas u opciones.23
El
Art.
40
(Negociación
de
convenios
vencidos),
señala que los convenios colectivos expirados a la fecha
de vigencia de la
ley o que expiren durante la vigencia
de ésta, no podrán ser extendidos ni negociados. Esta
prohibición se extenderá por un término de dos (2) años,
a partir de la vigencia de la propia ley.
23
Estas opciones no consisten de pagos o beneficios a recibirse
directamente por el empleado, sino que los mismos serán tramitados o
canalizados a la institución educativa, vocacional técnica o al nuevo
patrono de éste, sujeto a las directrices a establecerse por la JREF
a esos efectos. Las alternativas son las siguientes: un vale
educativo por una cantidad total de cinco mil ($5,000) dólares; un
vale vocacional/técnico o para relocalización por una cantidad total
de dos mil quinientos ($2,500) dólares; o un subsidio de cincuenta
(50%) por ciento del salario de transición a un empleo en el Sector
Privado o en el Tercer Sector aplicable a un salario bruto de hasta
un máximo de treinta mil ($30,000) dólares. Por tanto, el beneficio
máximo a concederse en virtud de este inciso es de quince mil
($15,000) dólares.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
El
Fases
Art.
I,
41
(Traslados)
y
III,
II
y
establece
con
el
24
que
durante
las
de
asegurar
la
fin
continuidad y calidad de los servicios gubernamentales,
la
JREF
podrá
puestos,
autorizar
clases
y
empleados,
unidades
sindicales
a
no
traslados
niveles
de
apropiadas;
sindicales
y
de
empleados
puestos,
traslados
viceversa,
entre
grupos
de
en
de
unidades
una
misma
agencia o entre agencias; disponiéndose, que el empleado
trasladado deberá cumplir con los requisitos mínimos de
preparación académica y experiencia necesaria para ocupar
el
puesto.
período
El
empleado
probatorio
trasladado
requerido
para
estará
el
sujeto
puesto.
al
Además,
quedará en suspenso, durante la vigencia de las Fases I,
II y III, toda aquella disposición de ley, reglamento,
convenio,
acuerdo
o
precepto
que
sea
contrario
a
lo
indicado en el Capítulo III; disponiéndose, que existirá
total flexibilidad para realizar los traslados.
El Art. 42 (Subcontratación) establece que durante
las
Fases
asegurar
I,
la
II
y
III,
y
nuevamente
continuidad
y
calidad
de
con
el
los
fin
de
servicios
gubernamentales, la JREF podrá autorizar la transferencia
y subcontratación de labores realizadas por empleados,
unidades apropiadas o unidades sindicales, quedando en
suspenso, durante la vigencia de las tres fases, toda
disposición
de
ley,
reglamento,
convenio
o
precepto
contrario a lo indicado en el Capítulo III de la ley.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
25
También se dispone que en todo contrato otorgado por
las agencias conforme a ese Art. 42, se le requerirá al
contratista
que,
en
contratados,
emplee
la
prestación
empleados
de
los
cesanteados
servicios
disponibles,
que tengan la preparación y experiencia necesaria para
prestar el servicio contratado, conforme a la lista de
candidatos a reempleo que habrá de preparar la Oficina de
Recursos
Humanos
del
Estado
Libre
Asociado
(O.R.H.E.L.A.), a tenor con lo dispuesto en el Artículo
43 del Capítulo III. El Art. 43 (Normas de reingreso y de
contratación
de
empleados
cesanteados)
implanta
un
registro de elegibilidad por el término de un (1) año, de
empleados cesanteados. Este registro deberá ser preparado
por O.R.H.E.L.A.24
En el Artículo 44 (Prácticas Ilícitas) se dispone
que la adopción de cualquier medida autorizada por el
Capítulo III, ya sea por la JREF, OGP, el BGF, la ORHELA,
las Agencias, sus Autoridades Nominadoras, el Gobernador
o
por
cualquiera
de
los
representantes
de
éstos,
no
constituirá una violación a los convenios colectivos, ni
una práctica ilícita.
24
La aplicación de tal registro se da en la circunstancia de que, si
al implantarse la Fase II existiere la necesidad de llenar una
posición vacante, y esto no pudiera lograrse mediante traslado, se
podrá reemplear a aquellos que figuran en el registro de elegibles y
que al momento de su despido estaban desempeñando labores iguales o
similares a las del puesto vacante, siguiendo para ello el criterio
de antigüedad. En estos casos se reempleará a estos empleados dándole
preferencia a los de mayor antigüedad.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
26
En el Art. 46 (Interés público y foro para dirimir
controversias) se establece la importancia de los asuntos
contenidos en la Ley, por estar revestidos de un gran
interés público.
A la vez, se resalta la importancia de
velar por los derechos de los empleados afectados, en
cuanto a las acciones a tomarse conforme a lo dispuesto
en el Capítulo III. En ese contexto, el artículo dispone
que CASARH tendrá jurisdicción para atender apelaciones
surgidas
como
consecuencia
de
acciones
o
decisiones
tomadas conforme al Capítulo III, en todo aquello que no
conflija con éste, de aquellos empleados no cubiertos por
las disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo
para Servicio Público, Ley Núm. 45 del 25 de febrero de
1998, según enmendada (Ley Núm. 45).
CASARH
tendrá,
asimismo,
sobre
los
empleados
sindicalmente
de
aquellas
agencias
aplicación
las
voluntaria
de
Administración
de
jurisdicción
disposiciones
los
Recursos
de
no
apelativa
organizados
excluidas
la
Humanos
Ley
en
el
de
la
para
la
Servicio
Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004”
(Ley Núm. 184), en cuanto a apelaciones surgidas como
consecuencia de acciones o decisiones tomadas conforme al
Capítulo III, en todo aquello que no conflija con este
último. También dispone que la Comisión de Relaciones del
Trabajo
del
Servicio
Público
(Comisión)
mantendrá
jurisdicción para ventilar cargos de práctica ilícita y
prestar servicios de arbitraje, en cuanto a acciones o
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
27
decisiones cubiertas por la Ley Núm. 45, según enmendada,
en armonía con las disposiciones de la Ley Núm. 7.
Finalmente, ante
la posibilidad de un aumento en la
cantidad de reclamaciones presentadas en la Comisión, y
para asegurar un debido proceso de ley y una solución
justa
y
rápida
en
los
procedimientos
ante
dichos
organismos, este Art. 46 aumenta la composición de la
Comisión
a
un
asociados,
y
nombrar
los
a
(1)
Presidente
autoriza
árbitros
al
y
cinco
Presidente
que
sean
de
(5)
miembros
la
Comisión
necesarios
para
que
realicen las labores encomendadas por el Capítulo III de
la ley. Asimismo, se autoriza al Presidente de CASARH a
nombrar y designar los Oficiales Examinadores que sean
necesarios. Los Arts. 47 al 67 configuran las “Medidas
Financieras (Cap. IV) y del Art. 68 al 72 se establecen
la “Disposiciones Finales” (Cap. V).
III
La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto
Rico establece, en lo que nos es pertinente, que:
[n]inguna persona será privada de su
libertad
o
propiedad
sin
debido
proceso de ley, ni se negará a
persona alguna en Puerto Rico la
igual protección de las leyes.25
Por su parte, la Quinta Enmienda de la Constitución
de los Estados Unidos, en lo pertinente señala:
25
Art. II,
nuestro).
Sec.
7,
Const.
E.L.A.,
L.P.R.A.,
Tomo
1.
(Énfasis
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
28
…nor [shall any person] be deprived
of
life,
liberty,
or
property,
without due process of law;26
A su vez la Enmienda Catorce de la Constitución de los
Estados Unidos reza:
nor shall any State deprive
any
person of life, liberty, or property,
without due process of law; nor deny
to any person within its jurisdiction
the equal protection of the laws.27
Como se aprecia, tanto nuestra Constitución como la
Constitución Federal, reconocen como derecho fundamental
el debido proceso de ley. El debido proceso de ley se
manifiesta
en
dos
dimensiones:
la
sustantiva
y
la
procesal.28 Analizaremos ambas doctrinas en el contexto de
los reclamos esbozados por las partes recurridas.
Todos los recurridos en los casos aquí consolidados
reclaman tener, como empleados públicos de carrera, un
interés
propietario
sobre
sus
plazas.
Les
asiste
la
razón. Desde Lupiáñez v. Srio de Instrucción, 105 D.P.R.
696 (1977), reconocimos por primera vez tal derecho, en
esa ocasión basándonos en una expectativa legítima de que
un puesto se convertiría en permanente. Un año después,
en Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978),
reconocimos
expresamente
tal
derecho
a
los
empleados
públicos de carrera, como lo son los aquí recurridos. Ese
26
Emda. V, Const. EE.UU., L.P.R.A., Tomo I. (Énfasis nuestro).
27
Emda. XIV, Const. E.E.U.U., L.P.R.A., Tomo I.
28
Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 273 (1987).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
29
derecho propietario garantiza, al ser afectado por una
acción del Estado (State Action), la concurrencia de un
debido proceso de ley.29
Por otro lado, y como señala el siempre apreciado
profesor
Miguel
Velázquez
Rivera,
“la
jurisprudencia
constante del Tribunal Supremo de Estados Unidos y del de
Puerto Rico es clara en el sentido de que el ejercicio
del derecho de propiedad no es absoluto. Está supeditado
a intereses sociales que se agrupan en el concepto de
‘poder de razón de estado’ o ‘police power’”.30
A. Doctrina de Poder de Razón de Estado (Police Power)
“[T]oda comunidad políticamente organizada tiene lo
que hemos llamado el poder público del estado (police
power)
para
salvaguardar
la
seguridad,
la
salud
y
el
bienestar de sus habitantes”.31 Desde principios del siglo
pasado hemos interpretado las implicaciones que conlleva
este poder de razón de Estado. Desde entonces, también
hemos
reconocido
la
dificultad
que
entraña
una
“definición satisfactoria” de tal concepto.32 No obstante,
y por la presente, adoptamos la siguiente como definición
29
Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R 499 (1990).
30
M. Velázquez Rivera, Validez Legal de la Reglamentación por la
Asamblea Legislativa de la Importación, Venta y Posesión en Puerto
Rico de Perros de la Raza Pit Bull, 63 Rev. Jur. U.P.R. 1, 15 (1994).
31
Bordas & Co. v. Srio. de Agricultura, 87 D.P.R. 534, 547-548
(1963);citando a Barbier v. Connolly, 113 U.S. 27, 31 (1885); Brown
v. Maryland, 12 Wheaton 419, 442 (1827); Weaver, Constitutional Law
(1946), pág. 491.
32
Véase El Pueblo v. López, 28 D.P.R. 377, 380 (1920).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
30
de “poder de razón de estado”, por ser una que precisa el
concepto de manera práctica, sencilla y muy pertinente a
la controversia que nos ocupa:
Aquel poder inherente al Estado que es
utilizado por la Legislatura para prohibir
o reglamentar ciertas actividades con el
propósito de fomentar o proteger la paz
pública, moral, salud y bienestar general
de la comunidad, el cual puede delegarse a
los municipios.33 (Énfasis nuestro).
Ahora bien, como señala el profesor Serrano Geyls:
El Tribunal [Supremo Federal] se ha
negado consecuentemente a ofrecer una
definición exacta de las fronteras del
poder de reglamentación [police power]. Ha
preferido, al enfrentarse a objeciones
constitucionales a su uso, resolver cada
caso conforme a sus hechos. Originalmente
ese poder comprendía la facultad de dictar
reglas
para
proteger
la
salud,
la
seguridad y la moral públicas, según
las
tradiciones del “common law”. [Luego,] se
le añadió la frase, aún más amplia, de
“bienestar general”. Ha mantenido ese
significado hasta el presente.34 (Citas
omitidas y énfasis nuestro).
En ese contexto, ya hemos pautado que el poder de
razón de Estado es uno amplio. Por eso, al tratar de
delimitar su marco de injerencia debe hacerse de acuerdo
a
las
circunstancias
y/o
hechos
particulares
de
cada
33
(Reiterando el criterio expuesto en la Opinión del Secretario de
Justicia Núm. 1966-40.) Op. Sec. Just. Núm. 33 de 1984.
34
R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto
Rico, 1ra. ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. II, pág. 923.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
caso.35
Entre
precariedad
esas
de
circunstancias,
la
economía
31
hemos
reconocido
la
una
realidad
que
como
necesariamente pesa en la definición del ámbito de la
acción gubernamental bajo el poder de razón de Estado.36
Además, en el pasado hemos reconocido incluso “la
estética”
como
un
fundamento
único
y
válido
para
el
ejercicio por la Rama Legislativa del poder de razón de
Estado, específicamente en la consecución del bienestar
general.37 De hecho, desde principios del siglo pasado el
Tribunal
Supremo
poder,
se
Federal
pueda
ha
hasta
reconocido
limitar
que,
en
bajo
este
determinadas
circunstancias el número de personas que pueden ocupar
una vivienda y la relación entre éstas.38
el
ejercicio
Legislatura
de
“goza
su
de
poder
de
amplia
razón
facultad
Y es que, en
de
Estado,
para
la
aprobar
reglamentación económica dirigida a promover el bienestar
de la comunidad.
La única limitación que tiene es la
dispuesta por la garantía del debido proceso de ley”.39
35
Vélez v. Municipio de Toa Baja, 109 D.P.R. 369 (1980).
36
Véase Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., 132 D.P.R. 593 (1993).
37
Cervecería Corona, Inc. v. Srio. Obras Públicas, 97 D.P.R. 44
(1969). Esto, en el contexto del poder de la Asamblea Legislativa
para la eliminación sumaria de rótulos y anuncios instalados en
violación a las leyes y reglamentos de zonificación.
38
Village of Belle Terre v. Boraas, 416 U.S. 1 (1974). Véase también
Pennsylvania Coal Co. v. Mahon, 260 U.S. 393, 413 (1922).
39
Defendini Collazo et al, v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28 (1993);
véase además Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64,
80 (1983), E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393, 402 (1966).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
32
B. Debido Proceso de Ley Sustantivo:
La controversia con relación a la constitucionalidad
de la Ley Núm. 7, en el contexto de las cesantías que
autoriza,
así
como
la
eliminación
de
unos
procesos
anteriores a esas cesantías -establecidos mediante la Ley
Núm. 184-, es una estrictamente de debido proceso de ley
sustantivo. Por otro lado, la ausencia o inadecuacidad si ese fuera el caso- de otro proceso que sustituya el
dejado sin efecto por la Ley Núm. 7, es un asunto de
debido proceso de ley en su aspecto procesal. Conviene
entonces
revisitar
relacionado
al
ambas
debido
doctrinas,
proceso
de
ley
en
especial
sustantivo
y
lo
su
estrecha relación con lo concerniente a la reglamentación
del tipo económico.
“El
término
connotación
mucho
tiempo
debido
proceso
exclusivamente
se
ha
de
ley
conlleva
una
procesal.
No
obstante,
por
aceptado
que
una
ley
o
actuación
gubernamental puede violar el debido proceso de ley por
su contenido o su consecuencia, independientemente del
proceso para aplicarlas”.40 Para entender con corrección
el concepto “derecho procesal sustantivo” y su relación
con
la
reglamentación
de
tipo
económico,
conviene
considerar su trasfondo en la historia de los Estados
40
J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y
Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Temis,
2009, pág. 629.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
33
Unidos de América. El profesor Serrano Geyls nos señala
lo siguiente:
Los años que siguieron a la aprobación de
la enmienda XIV hasta
1934 se distinguieron
por
tres
desarrollos
fundamentales:…
el
acelerado
crecimiento
del
capitalismo
norteamericano con su secuela de abusos contra
individuos y grupos económicamente débiles;…
la intervención en las actividades económicas,
gradualmente más acentuada, de los gobiernos
de los estados y luego del gobierno federal
para eliminar o reducir esos abusos y …el uso
frecuente por los tribunales de una doctrina
constitucional que limitó extensamente el
poder de reglamentación económica de esos
gobiernos.
En los Slaughter-House Cases el Tribunal
Supremo rechazó (5-4) la idea… de que la
cláusula de privilegios e inmunidades de la
ciudadanía
contenida
en
la
Enmienda
XIV
incluye los derechos comprendidos en las
primeras diez enmiendas. Se trataba de una ley
de Louisiana que concedía el monopolio de la
matanza de ganado en New Orleans a una
corporación. Los demandantes alegaron también
que la ley violaba el debido proceso de ley.
…
Correspondió al Juez Bradley… discutir en
su opinión disidente, el debido proceso. Dijo
que “los derechos a la vida, la libertad y la
propiedad son derechos fundamentales de los
que solo puede disponerse mediante el debido
proceso de ley”.
…
Así
hizo
su
aparición,
en
la
jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal…
el
concepto
de
debido
proceso
de
ley
“sustantivo” como freno a la reglamentación
económica. Expresiones aisladas incluidas en
opiniones del Tribunal confirmaron la gradual
aceptación de la doctrina.
…
Luego en Holden v. Hardy… se sostuvo la
validez de una ley estatal que limitaba a ocho
horas la jornada de trabajo de los empleados
de minas y fundiciones, porque constituía un
ejercicio “razonable” del poder legislativo en
vista de las insalubres condiciones de trabajo
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
34
imperantes en la industria… Unos años después,
entró Lochner v. New York… [y] se produjo la
consagración definitiva del debido proceso de
ley sustantivo, a la vez que un intenso debate
sobre sus alcances.
…
De 1905 a 1934 [iniciando con Lochner en
1905] el Tribunal Supremo invalidó unas [200]
leyes de reglamentación económica, federales y
estatales, fundamentándose mayormente en el
debido proceso de ley sustantivo. Un número
mayor fue aprobado.
…
La gravísima situación económica que
aquejó a los Estados Unidos de 1930 – 1933…
los justos reclamos de los individuos y grupos
más perjudicados por ella, la simpatía de los
gobiernos hacia esos reclamos y las críticas
dentro y fuera del Tribunal a las aplicaciones
del debido proceso sustantivo provocaron un
cambio de interpretación. Nebbia v. New York,
229 U.S. 502 (1934) constituyó el primer paso.
Nebbia,
un
pequeño
tendero
[pequeño
comerciante], fue condenado por violar una ley
de New York que autorizaba
fijar precios
mínimos y máximos a la leche. Alegó que la ley
violaba
el
debido
proceso
y
la
igual
protección garantizados por la enmienda XIV.
El Tribunal sostuvo la validez de la ley por
votación 5-4.
…
West Coast Hotel v. Parrish… marca la
aceptación definitiva de una nueva aplicación
del debido proceso de ley sustantivo a la
reglamentación económica. La jurisprudencia
del Tribunal Supremo hasta nuestros tiempos ha
reafirmado, en términos aún más enfáticos, esa
nueva posición.41 (Citas omitidas)
41
Op cit., págs. 915-930. En el caso Lochner v. New York, 198 U.S. 45
(1905), la Corte de Apelaciones de Nueva York había confirmado la
condena del demandante (Lochner), quien había violado una ley de ese
estado que prohibía el empleo de panaderos por más de sesenta horas a
la semana o diez horas al día. El Tribunal Supremo Federal declaró
inconstitucional esa ley
al considerar que era una irrazonable,
innecesaria y arbitraria, y que interfería con la libertad de
contratación, sin tener el gobierno un propósito legítimo para
regular las condiciones y prácticas de trabajo. Este caso marcó un
periodo de casi treinta años que se conoció como la “era Lochner”.
Por otra parte, en West Coast Hotel v. Parrish, 300 U.S. 379
(1937).
el
Tribunal
Supremo
Federal
aplicó
la
doctrina
jurisprudencial sentada en Nebbia, supra, y señaló que:
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
Como
señala
consagración
el
profesor
definitiva
del
Serrano
debido
35
Geyls,
proceso
“la
de
ley
sustantivo” adviene con el caso de Lochner v. New York,
198 U.S. 45 (1905).
Lochner y su progenie marcan un
periodo en el que se presumía la inconstitucionalidad de
cualquier ley que intentara regular la propiedad privada,
obligando al Estado a probar que la legislación mantenía
algún tipo de relación razonable con un fin legítimo. Sin
embargo, este criterio judicial no se sostuvo por mucho
tiempo. El ocaso de la llamada “era Lochner” inició con
el caso de Nebbia v. New York, 291 U.S. 502 (1934). Es a
partir
de
ese
momento
que
ese
control
estricto
que
Lochner impuso sobre la legislación económica comenzó a
deteriorarse, encontrando su final a partir de 1937, con
el caso de West Coast Hotel Co. v. Parrish, supra. En
West Cost el Tribunal Supremo Federal sostuvo la validez
de una ley del Estado de Washington que establecía un
salario
mínimo
decisión
de
para
Adkin
v.
las
mujeres,
Children’s
revocando
Hospital42,
así
que
la
había
declarado inconstitucional una legislación que establecía
exactamente lo mismo, por constituir un menoscabo a las
[si]
[l]as
regulaciones
a
la
propiedad
privada guardan una relación razonable con un
legítimo
fin
legislativo,
y
no
son
discriminatorias
o
arbitrarias,
los
requerimientos
del
debido
proceso
se
encuentran satisfechos; los tribunales son
incompetentes para controlarlas si resulta
adecuada y practicable; (…) no puede ser
invalidada salvo que el exceso legislativo
sea palpable.
42
261 U.S. 525 (1923)
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
36
obligaciones contractuales. De hecho, Desde West Coast
Hotel
v.
Parish,
supra,
prácticamente
toda
revisión
judicial en casos relacionados con el Police Power del
Estado bajo la enmienda XIV de la Constitución Federal se
han efectuado bajo las cláusulas del debido proceso de
ley
y la de igual protección de las leyes. Cuando una
ley regula un derecho o una libertad que afecta a la
ciudadanía
en
general
por
igual,
se
la
somete
al
escrutinio del debido proceso de ley sustantivo; cuando
la ley establece clasificaciones que regulan el ejercicio
de un determinado derecho o libertad de un modo distinto
a
diversos
grupos
o
personas,
entonces
se
aplica
el
escrutinio (“test”) de la igual protección de las leyes.
Desarrollo en Puerto Rico:
En cuanto al desarrollo histórico de la doctrina del
debido proceso de ley sustantivo en nuestra Isla, citamos
gran
parte
de
lo
expuesto
por
el
profesor
González en su reciente obra:
El Tribunal Supremo de Puerto Rico se
confrontó por primera vez con la aplicación de
Lochner v. New York… en Pueblo v. García &
García… Se acusó a una empresa de violar el
art. 553 del Código Penal de 1902 por haber
tenido abierto al público su establecimiento
de provisiones a las ocho y cuarto de la
noche. Ambas partes presentaron alegatos sobre
la aplicación de Lochner a aquella situación.
El Tribunal en García se negó a aplicar a
Lochner, tras diferenciar los hechos de ambos
casos. Concluyó que el estatuto de Nueva York
impugnado en Lochner establecía un límite al
número de horas que un obrero podía trabajar,
mientras que el art. 553 establecía una hora
Álvarez
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
límite
para
cerrar
establecimientos
comerciales, las seis de la tarde. A juicio
del Tribunal, el art. 553
no imponía un
límite al total de horas de trabajo que un
obrero
podía
contratar,
por
lo
que
la
situación era distinguible de la de Lochner.
Lo curioso de García no es tanto la forma
en que evadió aplicar a Lochner, sino que el
Tribunal dio señas de inclinarse hacía la
posición contraria a ese caso, a pesar de que
en efecto estaba interpretando la Constitución
federal, en la que la entidad acusada basaba
su defensa. El Tribunal enfatizó su deber de
sostener la constitucionalidad de una ley a
menos que resulte claramente lo contrario y
mostró renuencia a escudriñar el interés o
propósito legislativo:
[L]as cortes no investigarán respecto a
las razones que los legisladores hayan
podido tener en cuenta al aprobar dichas
reglamentaciones
siempre
que
las
reglamentaciones mismas no sea contrarias
a la razón.
Acto seguido, el Tribunal adoptó un
escrutinio de razonabilidad para adjudicar la
validez constitucional de la Ley de Cierre.
Resolvió que el que una reglamentación pueda
erigir un obstáculo al libre comercio sólo
provocará su invalidación cuando no se pueda
encontrar razón alguna que la justifique. En
la última oración de su opinión, el Tribunal
utilizó una técnica que el Tribunal Supremo
federal no vino a popularizar sino hasta
después del desplome del edificio Lochner:
conjeturar sobre el propósito legislativo y
sobre el cuadro de hechos que el legislador
tuvo ante sí.
…
No
obstante,
unos
años
después
el
Tribunal, que ahora interpretaba la cláusula
de debido proceso de ley de la Ley Jones, se
sintió obligado por la jurisprudencia federal
e invalidó una ley que autorizaba a los
municipios a crear monopolios para la venta de
carne, desplazando así a los carniceros del
ejercicio de su oficio, Pueblo v. Correa… e
invalidó también la ley de salario mínimo,
Pueblo v. Laurnaga & Co., Sucs.,S en C….
…
En 1937, el mismo año en que se decidió
West Coast Hotel Co. v. Parish… surgió en
37
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
Puerto Rico M. Taboada & Co. v. Rivera
Martínez,
Comisionado
(1937).
Este
caso
presentó una segunda oportunidad al Tribunal
para expresarse sobre el tipo de escrutinio a
usarse
ante
un
ataque
a
la
validez
constitucional de una medida de reglamentación
económica. En Taboada se pidió al Tribunal que
invalidara la Ley 49 de 1935, que regulaba las
horas
de
trabajo
de
los
empleados
de
establecimientos comerciales e industriales.
Esa era una controversia muy similar a la de
Lochner, por lo que el Tribunal no pudo evadir
discutir a fondo ese caso, cuya fuerza como
precedente ya estaba declinando rápidamente
para 1937. El Tribunal resumió la posición de
los jueces en Lochner y concluyó que la
minoría
postulaba
el
principio
correcto.
Añadió que en Bunting v. Oregon, (1917), el
Tribunal Supremo federal así lo reconoció
implícitamente, al negarse a indagar sobre el
motivo
legislativo
de
una
reglamentación
económica. Por ello, concluyó, Bunting revocó
sub silentio a Lochner.
…
En 1940, García v. Municipio de Humacao,
(1940) planteó de nuevo la validez de la Ley
de Cierre, según enmendada en 1917 y 1925.
Esas enmiendas autorizaron a los municipios a
aplicar esa ley a las farmacias. El Tribunal
reafirmó
a
García
&
García
y
sostuvo
expresamente que la opinión del Juez Holmes en
Lochner se había convertido en la norma
imperante.
Desde entonces el Tribunal ha pasado
ligeramente sobre solicitudes para que indague
sobre
la
motivación
legislativa
y
la
constitucionalidad
de
medidas
de
reglamentación
económica.
En
casos
como
Montaner
v.
Comisión
Industrial,
(1940);
Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo,
(1953); A. Roig, Sucr. v. Junta Azucarera,
(1954), expresó que no es su función enjuiciar
la sabiduría o conveniencia política de una
ley, sino sólo si ésta es irrazonable,
arbitraria o caprichosa, que es lo único que
exige el debido proceso [de ley].43 (Citas
omitidas).
43
Op. cit., pág. 631-632.
38
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
39
Como bien señala el profesor Álvarez González, desde
1915, en Pueblo v. García & García, 22 D.P.R. 817 (1915),
adoptamos un escrutinio de razonabilidad (nexo racional)
con relación a los ataques a medidas de reglamentación
socioeconómicas, bajo la cláusula de debido proceso de
ley
en
su
modalidad
sustantiva.
Esto,
incluso
y
como
refleja el caso de Pueblo v. García, supra, aun antes de
que el Tribunal Supremo Federal abrazara tal criterio.
Desde entonces, y a través de todo el siglo pasado,
sostuvimos
la
validez
de
múltiples
leyes
de
reglamentación socioeconómica apoyados en el criterio de
razonabilidad. Así por ejemplo, en Marina Ind. v. Brown
Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 80 (1983), señalamos que la
Legislatura, en el ejercicio de su poder de razón de
Estado, tiene amplia facultad para la reglamentación de
carácter económico, sujeta únicamente a las limitaciones
impuestas
por
la
garantía
del
debido
proceso
de
ley.
Señalamos específicamente que “[e]stas limitaciones solo
requieren
que
la
reglamentación
no
sea
irrazonable,
arbitraria o caprichosa y que el medio elegido tenga una
relación
real
y
sustancial
con
el
objetivo
que
se
persigue”.44
Diez años después de Marina Ind. v. Brown, supra, y
por
44
voz
de
la
Juez
Asociada
Naveira,
emitimos
dos
Marina Ind. v. Brown Boveri Corp., supra, pág. 77. Véase, además,
Morales v. Lizarribar, 100 D.P.R. 717 (1972); Central San Vicente v.
Junta Azucarera, 78 D.P.R. 799 (1955); A. Roig, Sucrs. v. Junta
Azucarera, 77 D.P.R. 342, 357 (1954).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
40
opiniones con algunas pautas que es menester citar. En
Defendini Collazo et al, v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28,
74
(1993),
sustantivo
reiteramos
que
el
impide
que
una
el
debido
proceso
persona
sea
de
ley
privada
arbitrariamente de un interés de libertad o propiedad. No
obstante,
también
señalamos
declarada
inconstitucional
que
por
“[u]na
violar
ley
esta
no
será
disposición
siempre que la misma tenga una relación real y sustancial
con el interés estatal que persigue” y cumpla con los
requisitos de razonabilidad y no arbitrariedad o capricho
legislativo.
Allí,
citando
expresamente
a
Morales
v.
Lizarribar, supra, reiteramos que
[l]os tribunales al examinar una
controversia relativa a esta garantía
constitucional
"no
entrarán
en
consideraciones sobre la sabiduría de las
medidas legislativas, sino que sostendrán
su constitucionalidad a menos que no
tengan un propósito público legítimo, o
sean claramente arbitrarias, o que no
guarden una relación razonable con el
propósito
público
que
persiguen".45
(Énfasis suplido).
Como puede observarse, la garantía del debido proceso
de ley exige que un estatuto de naturaleza socioeconómico
no sea irrazonable, arbitrario, caprichoso y que el medio
elegido tenga una relación racional con el interés que se
persigue.46
45
Es
decir,
para
determinar
la
Defendini Collazo et al, v. E.L.A., Cotto, supra, 74.
46
Salas v. Municipio de Moca, 119 D.P.R. 625, 633 (1987); Morales v.
Lizarribar, 100 D.P.R. 717, 731 (1972).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
41
constitucionalidad de una ley de carácter económico, bajo
el crisol del debido proceso de ley sustantivo, es de
aplicación un escrutinio de razonabilidad.47 Este análisis
es esencialmente similar al de la igual protección de las
leyes mediante el escrutinio de nexo racional.48
Por último, en San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134
D.P.R.
405,
escrutinio
408
de
(1993),
nexo
señalamos
racional
“el
que
al
utilizar
el
tiene
que
tribunal
adoptar una actitud de gran deferencia hacia la actuación
legislativa que se impugna.
El fundamento de esta norma
de deferencia reside en el principio constitucional de
separación
de
poderes”.49
(Énfasis
nuestro.)
Por
esta
razón, el estatuto o reglamento, según sea el caso, se
presume constitucional y el peso de la prueba recae sobre
quien cuestiona su validez.50
En
conclusión,
es
evidente
que
con
relación
a
reclamos bajo la cláusula de debido proceso de ley en su
modalidad sustantiva, y en lo relativo a medidas de corte
socioeconómico, este Tribunal ha seguido, hasta el día de
47
Defendini Collazo Et al, v E.L.A., Cotto, supra, pág. 74.
48
Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., supra, pág. 81. Véanse
además, Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267
(1975); Hermina González v. Srio del Trabajo, 107 D.P.R. 667, 673
(1978).
49
Véanse también Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 864, 881-882
(1991); Cleburne v. Cleburne Living Center, Inc., 473 U.S. 432
(1985); Schweiker v. Wilson, 450 U.S. 221 (1981); Minnesota v. Clover
Leaf Creamery Co., 449 U.S. 456, 464 (1981).
50
Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., supra, pág. 80.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
42
hoy, la pauta establecida por el Tribunal Supremo federal
de escrutinio o nexo racional; no vemos razón por la cual
debemos apartarnos de ésta ahora.
C. Debido Proceso de Ley en su Aspecto procesal
El “debido proceso de ley” es uno, pero lo es en
virtud de sus circunstancias. En el aspecto procesal y en
su sentido literal significa “un proceso justo”. Por eso
señalamos que es sólo uno, sin más acepciones; porque se
trata llanamente de un proceso que emane justicia, aunque
no todos advertimos la justicia de la misma manera.
El filósofo y el moralista ven
la justicia abstracta.
El hombre,
sea abogado, sea político, ha tratado
de
identificarla
con
el
interés
individual de su propia clase, de su
propia nación.
Para el jurista la
justicia es una realidad concreta.
Es la síntesis de la vida real.
Es
una entidad heterogénea compuesta,
como
el
hombre,
de
materia
y
espíritu, de oportunidad y de moral,
que no se excluyen, sino que se
equilibran, de razón y utilidad, de
pasado y futuro, de tradición y
renovación, que coexisten al igual
que en la máquina coexisten freno y
motor.51 (Énfasis omitido.)
Como hemos señalado, “[e]l debido proceso de ley es
una de esas fórmulas elásticas de justicia sustancial que
no es susceptible de definición genérica. No es una norma
invariable que pueda aplicarse por su propia virtualidad
51
B. Biondi, La ciencia del Derecho como arte de lo justo, 9 Anales
de la Academia Matritense 323, 352 (1957), citado por el Juez
Asociado Señor Negrón García en su opinión concurrente en Pueblo
Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 D.P.R. 703, 748 (1988).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
43
independientemente de las circunstancias que medien el
caso”.52
Al considerar la doctrina del debido proceso de ley
en su aspecto procesal, es necesario confirmar, en primer
lugar,
la
existencia
de
un
interés
de
libertad
o
propiedad protegido por esta cláusula constitucional y
que este interés se encuentre afectado por una acción del
Estado
(State
Action).
En
segundo
lugar,
es
menester
determinar las características mínimas que debe reunir el
procedimiento mediante el cual el Estado pretende afectar
negativamente ese derecho constitucionalmente protegido.
Como ya señalamos, desde Pierson Muller I v. Feijoó,
supra,
este
carrera
como
Tribunal
los
reconoció
aquí
que
recurridos
los
empleados
ostentan
un
de
claro
interés propietario que, como tal, se encuentra protegido
por la Constitución puertorriqueña, así como por la de
los Estados Unidos de América. También hemos señalado que
tal protección se concreta a que el derecho propietario
en cuestión no pueda ser afectado por el Estado, sin que
a los recurridos se les garantice un debido proceso de
ley.
En cuanto al procedimiento o proceso debido que se
le debe conceder a un empleado de carrera cuando se le
priva de su empleo, en Rivera Rodríguez & Co. v. Lee
Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 888(1991), señalamos que
“[d]ependiendo
52
de
las
circunstancias,
Santiago v. Jones, 74 D.P.R. 617, 621 (1953).
diversas
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
situaciones
pueden
procedimientos,
44
requerir
diferentes
siempre
persiste
pero
tipos
el
de
requisito
general de que el proceso gubernamental debe ser justo e
imparcial.”
(Énfasis
nuestro.)
A
renglón
seguido
pautamos, siguiendo la norma establecida por el Tribunal
Supremo
federal
en
Mathews
v.
Eldridge,
424
U.S.
319
(1976), que
[e]l Tribunal Supremo de Estados
Unidos
estableció
los
tres
(3)
criterios que deben sopesarse al
determinar cuál es el proceso debido
para privarle a un individuo de algún
derecho protegido. Estos son: (1) se
debe
determinar
cuáles
son
los
intereses individuales afectados por
la acción oficial; (2) el riesgo de
una determinación errónea que prive a
la persona del interés protegido
mediante el proceso utilizado y el
valor
probable
de
garantías
adicionales o distintas, y (3) el
interés gubernamental protegido con
la acción sumaria y la posibilidad de
usar
métodos
alternos.
(Énfasis
omitido.)
Asimismo, a la luz de los criterios enunciados en
Mathews
v.
Eldridge,
supra,
y
la
jurisprudencia
subsiguiente, se han establecido diversos requisitos con
los que debe cumplir todo procedimiento adversativo para
satisfacer las exigencias mínimas de un debido proceso
procesal, a saber:
(1) notificación adecuada del
proceso; (2) proceso ante un
juez imparcial; (3) oportunidad
de ser oído; (4) derecho a
contrainterrogar
testigos
y
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
45
examinar evidencia presentada en
su contra; (5) tener asistencia
de
abogado,
y
(6)
que
la
decisión se base en el récord.
Luego, en Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119
D.P.R. 265 (1987), añadimos que la decisión final debe
ser
explicada
parámetros
o
fundamentada.
que
debemos
Es
a
resolver,
la
luz
de
estos
sujeto
a
las
circunstancias de estos casos en particular, los reclamos
de
los
recurridos
en
cuanto
al
aspecto
procesal
del
debido proceso de ley.
De otra parte, en Vélez Ramírez v. Romero Barceló,53
-un caso relacionado al área de empleo público- señalamos
que
los
factores
reconocidos
por
el
Tribunal
Supremo
Federal en Mathews v. Eldridge, supra, son los que se
deben considerar para determinar si como requisito mínimo
del
debido
proceso
de
ley,
el
empleado
público
tiene
derecho a una vista informal previa a su despido.54 A la
luz de tales requisitos, este Tribunal ha resuelto que el
debido
proceso
de
ley,
en
su
modalidad
procesal,
les
garantiza a los trabajadores gubernamentales una vista
informal previa al despido, cuando estos demuestran tener
un interés propietario reconocido por el Estado.55
53
112 D.P.R. 716, 730-731 (1982).
54
Véase, Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499, 519 (1990).
55
A.E.E. v. Unión de Trabajadores, 153 D.P.R. 623, 630 (2000);
Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 D.P.R. 215, 221 (1995);
Torres Solano v. P.R.T.C., supra.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
46
IV
A. El estado de “emergencia fiscal”
La Ley Núm. 7 declara reiteradamente un “estado de
emergencia fiscal” en Puerto Rico.56 Ésta constituye la
primera
vez
en
la
historia
que
nuestra
Asamblea
Legislativa utiliza el término “estado de emergencia”, en
el contexto de una situación económica a nivel de todo el
País.57 Ahora bien, ya antes este Tribunal ha reconocido
56
Además de su título, “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia
Fiscal…”, la Ley Núm. 7 declara la existencia de un “estado de
emergencia fiscal”
en su Exposición de Motivos; un “estado de
emergencia económica y fiscal” en el Art. 2
(Declaración de
Propósito de Política Pública); y, nuevamente, un “estado de
emergencia fiscal” en el Art. 37.04(b) (Cesantías).
57
Podríamos encontrar un tipo de excepción a esta aseveración en dos
leyes que se aprobaron en la década de los años 40, a consecuencia de
la situación mundial provocada por la Segunda Guerra Mundial. Sin
embargo, ninguna de estas leyes abarcaba la magnitud -tanto en las
áreas afectadas como en sus implicaciones- de la Ley Núm. 7.
A continuación, hacemos un muy breve resumen de las leyes en
las que anteriormente la Asamblea Legislativa ha declarado “estados
de emergencia”. La Exposición de Motivos de la Ley de Tierras de
Puerto Rico, Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada,
consigna para la historia el que la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico declaró un Estado de Emergencia por razón del desarrollo del
latifundio corporativo en el Puerto Rico de aquel entonces. La acción
que nuestra Asamblea Legislativa requirió en aquel momento, y en
virtud del “estado de emergencia” que había declarado, fue el
inmediato rescate de las tierras de manos de aquellas personas
jurídicas (corporaciones) que las monopolizaban, y exigiendo la
terminación del dominio, posesión o control de las tierras por tales
personas. Desde entonces, y en virtud de tales artículos de la Ley de
Tierras de Puerto Rico (28 L.P.R.A. secs. 268 -273), la Autoridad de
Tierras puede expropiar todo terreno perteneciente a una corporación
con más de 500 acres.
El 27 de noviembre de 1942, la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico aprobó la Ley Núm. 16, cuyo propósito esencial, tal y como
aparece expresado en su título y en la Exposición de Motivos, era:
declarar la existencia en Puerto Rico de un estado de emergencia
grave ocasionado por la Segunda Guerra Mundial. Esta ley autorizaba
programas de trabajos de emergencia, para dar trabajo a los
desempleados; autorizaba proyectos de compensación de desempleo,
auxilio, abaratamiento de precios, y siembra y distribución de
alimentos, entre otros.
Otro estatuto pre Constitución en el que la Asamblea
Legislativa decretó un estado de emergencia lo es la Ley número 464,
aprobada el 25 de abril de 1946, conocida como Ley de Alquileres
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
47
la posibilidad de que, en circunstancias de emergencias
relacionadas
con
aspectos
económicos,
la
Asamblea
Legislativa puede hacer uso de sus amplios poderes.58 De
hecho, en el pasado hemos llegado a tomar conocimiento
judicial de “la precaria situación económica del país”, y
de cómo esa situación económica se refleja, produciendo
una “grave crisis” en las finanzas del Gobierno.59
Esta declaración de “estado de emergencia fiscal”
que enuncia la Ley Núm. 7 se emite como consecuencia, a
su
vez,
de
la
determinación
de
la
existencia
de
una
“grave emergencia fiscal” que justifica -según el texto
de la propia Ley- el uso del “poder de razón de Estado”
Razonables,
Mundial.
esto
también
en
el
contexto
de
la
Segunda
Guerra
Asimismo, los Arts. 1 al 6 de la Ley Núm. 3 de 16 de diciembre
de 1946, 3 L.P.R.A. secs. 487-492 establecen
una serie de medidas
que también preceden a la aprobación de nuestra Constitución.
Mediante tales artículos el Gobernador, con el consejo y aprobación
del “Consejo de Secretarios” puede determinar una emergencia en la
prestación de servicios públicos y declara un “estado de emergencia”
en un “departamento, dependencia o agencia”. Según el texto de la
sección 487 esta declaración de emergencia se daría en el contexto
del abandono del servicio o amenaza de abandono del servicio, en
acción concertada, por parte de un número de funcionarios o
empleados, ya sean a sueldo o jornal, de departamentos, dependencias
o agencias del Gobierno de Puerto Rico.
Por último, el Art. 48 de la Ley de Bancos, Ley Núm. 55 de 12
de mayo de 1933, según enmendada,7 L.P.R.A. sec. 204, dispone que en
caso de “periodos recesionarios
o de depresión que afecten en un
alto grado la estructura económica y monetaria del país con su
consabido efecto desfavorable sobre la banca, el Gobernador podrá
proclamar un estado de emergencia y tomar las medidas de emergencia
con relación a los bancos para la protección del público y los
mejores intereses de Puerto Rico”.
58
Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 396
(1973). Véase además, Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 D.P.R.
610, 634 (1990), opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón
García.
59
Aponte v. Srio. de Hacienda, supra, pág.625, esc. 11.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
por
parte
entonces
de
la
examinar
Asamblea
cuáles
Legislativa.
son
las
48
Corresponde
circunstancias
que
motivan a la Asamblea Legislativa para declarar un estado
de emergencia fiscal, invocando de esta forma su amplio
poder de razón de Estado y, mediante éste, aprobar una
medida que afecta los intereses propietarios de los aquí
recurridos.
B. La situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico,
a la luz de la legislación aprobada
Para
dramatizar
la
situación
tan
difícil
que
enfrenta el País, la Ley Núm. 7 comienza su Exposición de
Motivos señalando que:
Puerto Rico atraviesa por la crisis
fiscal más grave de nuestra historia.
[Encontrándose
en]
una
recesión
económica que está en su cuarto año
consecutivo y que está al borde de
convertirse
en
una
depresión—la
primera en Puerto Rico desde la
década
de
los
1930’s.
(Énfasis
60
nuestro).
Las razones para la crisis:
Señala la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7 que
el
Gobierno
estructural
millones,
de
Puerto
recurrente
lo
que
Rico
de
equivale
al
enfrenta
un
déficit
aproximadamente
$3,200
42%
de
los
recaudos
estimados para este año fiscal. El Gobierno no cuenta con
60
Exposición de Motivos, Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
49
los recursos para cubrir sus gastos operacionales.61 A
partir
del
primer
semestre
del
2006,
Puerto
Rico
ha
sufrido tres años consecutivos de crecimiento económico
negativo.
De julio de 2007 a junio de 2009, la economía
del
se
País
habría
contraído
a
razón
de
2.6%
anual,
proyectándose una caída económica que continuará durante
el
próximo
año
fiscal;
se
estima
que
la
economía
se
reducirá por lo menos un 2% adicional en el año fiscal
2010.62
El problema es que “[c]umulativamente, Puerto Rico
habrá experimentado cuatro años corridos de recesión”, lo
que constituiría “una depresión económica que básicamente
anularía todo el crecimiento experimentado en los seis
años del 2000 al 2006”.63 Agrava esta situación el hecho
de que, según se advierte en la Exposición de Motivos de
la Ley Núm. 7, a partir del primer semestre de 2006
y
hasta la promulgación de la ley, en Puerto Rico hubo una
sobre-estimación del crecimiento económico, lo que a su
vez
produjo
una
sobre-estimación
en
los
recaudos
del
Fondo General del Departamento de Hacienda, durante ese
mismo periodo.64
61
Íd.
62
Íd.
63
Íd
64
Íd.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
Desde
el
año
fiscal
2006
al
50
presente,
todos
los
presupuestos anuales sobre-estimaron los recaudos en un
promedio de $919 millones anuales o aproximadamente el
10% del presupuesto. Cumulativamente, durante ese período
de
cuatro
años
fiscales,
los
presupuestos
anuales
del
Gobierno sobre-estimaron los recaudos en una cantidad no
menor
de
$3,675
millones.65
Advierte
la
Exposición
de
Motivos que la consecuencia más seria de este patrón de
sobre-estimación
presupuestos
de
de
recaudos
gastos
fue
“la
confección
operacionales
que
de
excedían
sustancialmente los recaudos y que hacían caso omiso de
la
condición
recesionaria
de
nuestra
economía”.66
Continúa la Exposición de Motivos señalando que,
[d]e acuerdo a la proyección de
recaudos
más
reciente
del
Departamento
de
Hacienda,
la
diferencia
estimada
entre
los
recaudos y el presupuesto de gastos
del
año
2009
asciende
a
$1,888
millones, o aproximadamente el 20%
del presupuesto de gastos.
Durante
el período del año fiscal 2006 al
2009,
los
gastos
operacionales
presupuestados habrán excedido los
recaudos
en
no
menos
de
$4,637
millones.
Esta cantidad equivale a
más de la mitad del promedio de
recaudos anuales durante los últimos
cuatro
años
fiscales.67
(Énfasis
nuestro.)
65
Íd.
66
Íd.
67
Íd. Énfasis suplido.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
51
“La gravedad de esta brecha entre los recaudos y los
gastos presupuestados se recrudece cuando se consideran
los gastos actuales del Gobierno. Desde el año fiscal
2006
al
2009,
el
Gobierno
incurrió
en
gastos
que
excedieron en $5,817 millones los ingresos recurrentes”.68
Finalmente, el resultado neto es de un:
…desfase total entre los ingresos y
los gastos recurrentes del Gobierno y
el
entroncamiento
de
un
déficit
estructural que para el año fiscal en
curso aproxima $3,200 millones y que
se proyecta continúe por encima de
$3,000
millones
anuales
por
los
próximos años fiscales de no tomar
medidas inmediatas para estabilizar
nuestra
situación
fiscal
y
desarrollar nuestra economía.(Énfasis
nuestro.)
Consecuencias de la Crisis:
En
el
2004,
las
obligaciones
generales
de
Puerto
Rico estaban clasificadas a nivel Baa1/A- por las casas
acreditadoras Moody’s y Standard & Poor’s.69
situación
fiscal
y
económica
empeorando,
la
clasificación
bajando.
En
el
2005,
del
Mientras la
Gobierno
crediticia
ambas
casas
ha
ha
ido
seguido
acreditadoras
degradaron el crédito a Baa2/BBB; en el 2006, Moody’s
bajó
la
Poor’s
68
69
clasificación
a
BBB-
en
el
a
Baa3,
seguido
2007.
Al
por
Standard
presente,
&
nuestra
Íd
Moody’s y Standard & Poor’s son dos de las tres compañías más
importantes en el mundo, dedicadas a la publicación periódica de
análisis financieros que fijan la posición de solvencia de las
acciones y los bonos, en sus correspondientes mercados.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
52
clasificación está en Baa3/BBB-, a un paso de caer a
nivel
de
“chatarra”
(“junk”)
y
perder
su
grado
de
inversión (“investment grade”).70
Según la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7, “la
degradación
de
nuestro
catastrófica
para
crédito
a
Rico”.71
Puerto
“chatarra”
(Énfasis
sería
nuestro.)
Todas las cuentas de retiro individuales, los planes de
retiro, tanto públicos como privados, y las cuentas de
ahorro
e
Gobierno
inversión
se
que
verían
estén
seriamente
devaluadas.72
fuertemente
invertidas
en
bonos
del
afectadas,
al
ser
devaluación
vendría
Esta
acompañada de la necesidad inmediata de que los tenedores
de
estas
obligaciones
adicional
para
tengan
garantizar
sus
que
prestar
colateral
obligaciones
con
sus
acreedores.73
En el caso del Gobierno, el estimado del B.G.F. es
que el Gobierno tendría que poner, inmediatamente, más de
$900 millones en colateral.
individuos,
empresas
y
Por otro lado, todos los
otras
entidades
que
tengan
préstamos u otras facilidades de crédito garantizadas con
bonos del Gobierno de Puerto Rico tendrían que prestar
colateral
70
Íd.
71
Íd.
72
Íd.
73
Íd.
adicional
para
compensar
por
la
pérdida
en
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
valor
de
dichos
bonos.
El
B.G.F.
53
estima
que
estos
requisitos de colateral adicional podrían ascender hasta
$1,680
millones.
empresas
y
En
otras
aproximadamente
total,
el
entidades
$2,580
millones
Gobierno,
individuos,
tendrían
que
en
colateral
poner
adicional
como consecuencia de la degradación.74 La confluencia de
éstos
y
otros
efectos
adversos
que
se
señalan
en
la
Exposición de Motivos:
…recrudecería
nuestra
recesión
económica y resultaría en la pérdida,
según los modelos econométricos de la
Junta
de
Planificación,
de
aproximadamente 130,000 empleos para
un
impacto
adicional
en
nuestra
economía de aproximadamente $3,250
millones.
El impacto total de la
degradación
a
“chatarra”
sería
catastrófico.
Según los estimados
anteriores, el impacto total no sería
menor
de
$10,000
millones;
esto
equivale a aproximadamente el 17% del
Producto Nacional Bruto de Puerto
Rico
ó
1.3
veces
los
recaudos
proyectados del Gobierno para el año
fiscal en curso.75 (Énfasis nuestro.)
Para
finalizar,
devaluación,
y
las
en
cuanto
a
los
efectos
de
esta
consecuencias
que
tendría
sobre
la
Isla, la Exposición de Motivos señala que “la degradación
llevaría a Puerto Rico a una profunda depresión económica
74
Íd.
75
Íd. Énfasis suplido.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
nunca
antes
vista
en
nuestra
historia”,
54
cuyo
impacto
“sería inimaginable”.76 (Énfasis nuestro.) Se añade que
[h]abría una reducción abrupta en los
recaudos
y
una
imposibilidad
de
recurrir
a
financiamientos
para
suplir
insuficiencias
presupuestarias. El déficit operacional del
Gobierno ascendería a proporciones
nunca antes vistas [y] …simplemente
no
tendría
los
recursos
para
continuar operando: no podría pagar
los salarios de todos sus empleados;
no
podría
cumplir
con
las
obligaciones incurridas con todos sus
proveedores
de
servicios
y
materiales; no podría proveer todos
los servicios y beneficios… a la
ciudadanía; y estaría en riesgo de
incumplir sus obligaciones con los
bonistas.
El Gobierno tendría que
reducir
dramáticamente
sus
operaciones,…
tendría
que
cerrar
temporera o permanentemente algunas
de sus dependencias; y tendría que
concentrar sus limitados recursos en
aquellos servicios esenciales mínimos
que más necesita la ciudadanía.
Este
escenario
pondría
en
manifiesto
riesgo
la
salud,
la
seguridad y el bienestar del Pueblo
de Puerto Rico.77 (Énfasis nuestro.)
Las alternativas ante la crisis:
La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7 advierte
una
ausencia
de
soluciones
fáciles,
señalando
que
el
Gobernador de Puerto Rico ha tomado medidas inmediatas de
76
Íd. Énfasis suplido.
77
Íd. Énfasis suplido.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
55
control de gastos, incluyendo: la congelación de puestos
vacantes; la prohibición a la creación de nuevos puestos;
la eliminación de un 30% de los puestos de confianza en
las
agencias;
equivalente
al
la
reducción
10%
de
de
la
gastos
mitad
de
operacionales
los
gastos
operacionales presupuestados para el año fiscal 2008-09;
la
prohibición
del
uso
de
vehículos
limitación
al
uso
de
prohibición
del
uso
de
tarjetas
fondos
de
crédito;
oficiales;
públicos
para
y
la
la
sufragar
gastos relacionados al uso de teléfonos celulares, entre
otras medidas.78
Ahora bien, añade la Exposición de Motivos que “un
déficit estructural de la magnitud como el que enfrenta
la Isla no se puede eliminar solamente con reducciones de
gastos o solamente con medidas impositivas”.79 También se
expresa lo siguiente:
Las
medidas
impositivas
necesarias para cerrar una brecha de
$3,200
millones
ahogarían
a
la
ciudadanía y hundirían a Puerto Rico
en
una
depresión
catastrófica.
Requeriría
un
aumento
total
en
contribuciones
no
menor
de
42%
($3,200 millones adicionales a los
recaudos
proyectados
de
$7,400
millones) para poder levantar esta
cantidad
de
dinero.
Requeriría
aumentos dramáticos en las tasas del
78
Íd.
79
Íd.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
56
Impuesto sobre Ventas y Uso (“IVU”),
las tasas de contribuciones sobre
ingresos,
y
los
arbitrios
sobre
autos, gasolina, petróleo y otros
artículos.
Imponer cargas de esta
magnitud en una economía recesionaria
sería devastador para Puerto Rico.80
(Énfasis nuestro.)
Por
otro
solamente
con
lado,
cubrir
reducciones
este
de
déficit
gastos
estructural
gubernamentales
podría tener un efecto devastador sobre la operación del
Gobierno, los servicios a la ciudadanía y la economía en
general.81 Se indica que:
[a] modo de ejemplo, una reducción de
$3,200
millones
requeriría
la
cesantía de aproximadamente 110,000
empleados
del
Gobierno
Central
(estimando un costo de $30,000 por
empleado). En un Gobierno Central de
aproximadamente
190,000
empleados,
esta reducción representaría el 58%
de la plantilla gubernamental.
Este
tipo
de
acción
convertiría
al
Gobierno en inoperante y afectaría
seriamente
los
servicios
a
la
ciudadanía, poniendo en riesgo la
salud y la seguridad de nuestro
Pueblo.
Nuestro Gobierno se vería
prácticamente incapacitado de ayudar
a este gran número de empleados
cesanteados, sumida en una recesión
que ciertamente se agravaría con tal
acción, tampoco podría absorber a
todos
estos
empleados
en
otros
sectores. (Énfasis nuestro.)
80
81
Íd. Énfasis suplido.
Íd.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
57
Además, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7
explica
claramente
general,
como
déficit
estructural
Gobierno,
no
una
es
que
una
alternativa
y
reducción
viable
mantener
posible,
por
dos
de
para
las
jornada
reducir
operaciones
razones.82
En
el
del
primer
lugar, la magnitud de la reducción de jornada en todos
los empleados públicos que se necesitaría para alcanzar
los
recortes
necesarios,
requeriría
una
reducción
de
aproximadamente 2 a 3 días a la semana. Esto equivaldría
a una reducción de 40% a 60% en el sueldo de todos los
empleados públicos.83 Además de impactar enormemente los
ingresos
de
estos
empleados
y
crear
un
desasosiego
general dentro y fuera del Gobierno, ”[u]na reducción de
jornada de 2 a 3 días por semana dejaría al Gobierno
prácticamente inoperante”.84 (Énfasis nuestro.)
Segundo, aún de considerarse alguna combinación de
una transición de un número menor de empleados con una
reducción de jornada general para los empleados restantes
que
no
jornada
rinden
tendría
servicios
que
ser
esenciales,
la
reducción
considerable
para
lograr
de
los
ahorros necesarios. Esta reducción tendría que ser por lo
menos de un 20% del salario o un (1) día a la semana, y
tendría que ser indefinida.
82
Íd.
83
Íd.
84
Íd.
Esto es, la reducción de
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
jornada
duraría
un
mínimo
de
tres
(3)
58
años
fiscales,
pudiendo ser más dependiendo de la condición recesionaria
de la economía de Puerto Rico.85
La solución implantada por la Asamblea Legislativa
Ante el cuadro económico y fiscal al que el País se
enfrenta, la Asamblea Legislativa decidió que la forma de
cerrar el déficit estructural es creando un balance entre
medidas de control y reducción de gastos y medidas de
ingresos. En ese sentido, se estableció un plan mediante
el cual no más del 40% del déficit estructural estimado
de $3,200 millones deberá ser cubierto con nuevas medidas
de
ingresos
o
de
mejor
fiscalización
y
medidas
financieras.86 Con relación al restante 60% de este plan,
la
Exposición
de
Motivos
de
la
Ley
Núm.
7
siguiente:
Luego de la implantación de las
medidas impositivas, el restante 60%
del
déficit
estructural,
aproximadamente $2,000 millones, se
tiene
que
atender
mediante
el
control y la reducción de gastos.
Aproximadamente
el
27%
del
presupuesto de gastos del gobierno
está comprometido con el servicio de
la deuda del Gobierno… El remanente,
aproximadamente 73%, es la base de
gastos sujeta a control discrecional.
[O sea,]…(a) gastos operacionales que
no constituyen nómina y (b) gastos
operacionales de nómina.
En el
85
Íd.
86
Íd
señala
lo
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
59
presupuesto del año fiscal 2009, la
proporción entre estas dos partidas
es 33% en gastos operacionales que no
constituyen nómina, $2,700 millones,
y 67% en gastos operacionales de
nómina, $4,700 millones.
En vista de esta distribución de
gastos, es prácticamente imposible
lograr la reducción necesaria sin
afectar la nómina gubernamental.
Si
las economías se fueran a capturar
solamente
en
gastos
operacionales
(que no incluyen nómina) y suponiendo
que estos gastos ascienden a $2,700
millones,…habría
que
recortar
aproximadamente 74% de estos gastos.
En
estos
momentos,
esto
es
una
imposibilidad.
Es lamentable, pero
necesario, contemplar una reducción
sustancial
en
la
nómina
87
gubernamental. (Énfasis nuestro.)
V
Como
ya
hemos
señalado,
una
ley
de
carácter
socioeconómico -como lo es la Ley Núm. 7- requiere que al
evaluar su constitucionalidad a la luz de la cláusula de
debido
proceso
apliquemos
un
de
ley
en
escrutinio
su
vertiente
racional.
Este
sustantiva,
escrutinio
implica, en primer lugar, la necesidad de evaluar si la
acción del Estado, en este caso la Ley Núm. 7 -como una
legislación que afecta derechos de propiedad protegidos
por
la
Constitución-,
guarda
una
relación
real
y
sustancial con el interés estatal que persigue. En otras
palabras, si existe un nexo, una conexión entre lo que se
87
Íd. Énfasis suplido.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
60
hace y lo que se pretende, y si esa acción es de alguna
manera significativa. En segundo lugar, debemos discernir
si ese nexo real y sustancial es uno además razonable y,
por ende, no arbitrario ni caprichoso.
Relación real y sustancial con el interés que persigue:
La Ley Núm. 7 es muy clara con relación al interés
que persigue. Su declaración de propósitos en el Art. 2,
supra, así lo establece88:
la
necesidad
apremiante
de
establecer un plan integrado y
coherente
de
estabilización
fiscal,
la
eliminación
del
déficit
estructural,
la
amortización
de
la
deuda
pública, el restablecimiento de
la salud fiscal y las bases para
que el Gobierno pueda impulsar
el
desarrollo
económico
de
Puerto Rico. (Énfasis nuestro.)
Como se desprende del Art. 2 de la Ley Núm. 7, supra,
el interés del Estado al promulgar dicha ley no solamente
es legítimo sino que es uno apremiante. Así, aunque el
interés
que
se
le
exige
al
Estado
demostrar
bajo
el
escrutinio racional es uno legítimo, bajo la Ley Núm. 7,
supra, trasluce ser un interés apremiante.
88
Véase, además, el Art. 33(g) de la Ley Núm. 7, el cual establece que
el objetivo de ésta es el establecimiento de un plan de emergencia
dirigido a reducir en $2,000 millones los gastos operacionales y de
nómina pagaderos del Fondo General para el año fiscal 2009-2010.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
61
En los casos de autos, las acciones por parte del
Estado
que
debemos
someter
al
escrutinio
racional
lo
constituyen las cesantías de los recurridos, así como la
eliminación de unos procesos anteriores a esas cesantías,
establecidos mediante la Ley Núm. 184, supra, esto en
virtud de la Ley Núm. 7. Resolvemos que en este caso
existe una clara relación real y sustancial, entre la
acción del Estado y el interés que persigue.
La cesantía de los recurridos, junto a las cesantías
de
los
demás
miles
de
empleados,
aunque
lamentables,
provocarán, sin duda alguna, un ahorro real y sustancial
en las arcas del gobierno.89 Por otro lado, la eliminación
por
parte
de
la
Ley
Núm.
7
de
todos
los
procesos
anteriores a una cesantía que establece la Ley Núm. 184,
supra, responden a la necesidad de que el propósito de la
ley se alcance de manera apremiante. Como expresa el Art.
37.04
(b)(1)
corregir
trámite
de
los
de
la
propia
problemas
cesantías
Ley,
fiscales
que
urgencia
en
enfrentamos.
El
existe
que
establece
la
Ley
Núm.
184,
supra, es uno basado en el principio de méritos, el cual
es incompatible con el propósito del Art. 2 de la Ley
Núm.
7.90
Este
trámite
conllevaría
decretar una cesantía, se tendrían
el
que,
antes
de
que agotar todos los
89
Según estiman los propios recurridos en su alegato, el gobierno se
economizará $510 millones anuales con los despidos anunciados. Véase
Alegato de la parte recurrida, pág. 12.
90
Véase Art. 2, Sec. 2.1 de la Ley Núm. 184, supra.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
62
recursos disponibles al alcance de la agencia.91 Esto le
restaría
al
Gobierno
la
agilidad
que
necesita
para
alcanzar sus fines, de manera apremiante.
Además, la ley en cuestión presenta un cuadro fiscal
de un Gobierno que se encuentra al borde del caos. Esta
conclusión
no
está
basada
en
meras
especulaciones
sin
fundamento, sino en fuentes autorizadas, como lo son: la
Junta
de
Planificación,
el
B.G.F.
y
los
Informes
de
Transición 2008, de Presupuestos del Gobierno de Puerto
Rico,
de
la
OGP
y
del
Departamento
de
Hacienda.
Tal
situación, concluimos, justifica el estado de emergencia
fiscal declarado por la Asamblea Legislativa y, por ende,
la
necesidad
de
utilizar
procedimientos
que
realmente
respondan a tal urgencia. Sin duda, existe una relación
real
y
sustancial
procedimientos,
y
el
entre
la
interés
eliminación
o
fin
que
de
el
esos
Estado
persigue.
91
El referido trámite incluiría acciones como: reubicación de personal
en puestos de igual o similar clasificación en departamentos,
oficinas
o
programas
en
que
haya
necesidad
de
personal;
readiestramiento del empleado para reubicarlo en otro puesto, cuando
esto pueda hacerse razonablemente antes de la fecha límite para
decretar tales cesantías; disfrute de vacaciones acumuladas; licencia
sin sueldo hasta tanto cese la crisis presupuestaria, cuando la
agencia tome la decisión por la insuficiencia presupuestaria
temporera que no requiera la eliminación permanente del puesto. En
tales casos, deberá observarse el orden de prelación previamente
establecido en el método de decretar cesantías; reducción en la
jornada de trabajo y descenso de los empleados como último recurso
para evitar cesantías.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
63
La razonabilidad de la acción del Estado
Habiendo determinado la existencia de una relación
real y sustancial entre la acción del Estado y el interés
que persigue, nos corresponde establecer si tal acción es
una
razonable.
Ya
hemos
determinado
que
la
situación
fiscal del Gobierno y las consecuencias de no conseguir
el objetivo establecido para con la economía del País,
justifican el estado de emergencia fiscal declarado por
la Asamblea Legislativa. Ahora bien, a la luz de ese
estado de emergencia fiscal, ¿se justifica la acción de
la Asamblea Legislativa?; ¿es razonable la manera en que
se ha pretendido resolver tal emergencia? La respuesta es
en la afirmativa.
En Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 623 (1987),
reconocimos que, ante una grave crisis fiscal, el Estado
debe
tener
la
capacidad
y
la
flexibilidad
para
hacer
cambios y enmiendas razonables que sean necesarias para
adelantar sus intereses; claro está, siempre que estos
sean legítimos. Ante el cuadro que presenta la propia
ley, y nuestra obligación
deferencia
concluir
hacia
que
el
la
de adoptar una actitud de gran
actuación
Estado
actuó
legislativa,
debemos
razonablemente.
claramente se explica en la Exposición de Motivos:
…[t]odas las alternativas típicamente
usadas
como
pasos
previos
a
la
reducción
de
personal
[o
sea]
traslados,
reubicaciones,
readiestramientos,
licencias
sin
sueldo y reducción de jornada, entre
Como
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
64
otros no son viables dentro del
contexto de la magnitud del déficit
estructural
del
Gobierno
y
la
precariedad de la situación.
Es
necesario reducir dramáticamente y de
forma
expedita,
el
gasto
gubernamental.
En vista del tamaño
de la nómina y del tamaño del
déficit,
ninguna
de
las
demás
alternativas es compatible con este
objetivo
o
son
viables
ante
su
impacto
sobre
la
operación
del
Gobierno.
Los
traslados,
las
reubicaciones y los readiestramientos
meramente transfieren el empleado y,
por consiguiente, el gasto de un lado
a otro. La reducción general de
jornada y mucho menos las licencias
sin sueldos, no son alternativas
viables pues tendrían que ser de tal
magnitud y duración que impactarían
gravemente la gobernabilidad de la
Rama Ejecutiva.92 (Énfasis nuestro.)
Por
otro
lado,
y
como
también
se
explica
en
la
Exposición de Motivos de la ley, el establecer medidas
impositivas
únicamente,
tampoco
viable.
manera
la
De
funcionarios
que,
electos
y
es
Asamblea
legítimos
una
alternativa
Legislativa,
como
representantes
del
Pueblo de Puerto Rico, determinaron que la imposición al
contribuyente de los recaudos necesarios para cerrar una
brecha de $3,200 millones en el déficit ahogarían a la
ciudadanía y hundirían a Puerto Rico en una depresión
catastrófica. Sin duda, no nos corresponde intervenir con
tal determinación.
Concluimos entonces que la actuación del Gobierno al
promulgar la Ley Núm. 7, supra, en el contexto de las
92
Véase Exposición de Motivos Ley Núm., supra.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
cesantías
que
autoriza
y
promueve,
65
así
como
la
eliminación de unos procesos anteriores a esas cesantías,
constituye
una
acción
razonable
dirigida
a
salvar
la
solvencia del erario, a la luz de las circunstancias que
vive el País.
Siendo que, ante un análisis jurídico de escrutinio
racional,
la
actuación
de
la
Asamblea
Legislativa
claramente se sostiene, resolvemos que la Ley Núm. 7, en
el contexto de las cesantías que autoriza y promueve, así
como la eliminación de unos procesos anteriores a esas
cesantías, no viola el debido proceso de ley sustantivo.
VI
Resuelto
el
aspecto
procesal
sustantivo,
nos
corresponder analizar si las cesantías anunciadas violan
el debido proceso de ley en su aspecto procesal. Debemos
determinar entonces, si la Ley Núm. 7, dentro de las
circunstancias
partes
una
que
se
“oportunidad
han
descrito,
de
ser
le
oídos”,
provee
a
las
o
de
un
sea,
proceso justo. Además, debemos determinar si, contrario a
lo esbozado, la Ley Núm. 7 le concede a los empleados
cesanteados
una
vista
previa
informal
antes
de
ser
cesanteados.
Como hemos advertido, las cesantías que autoriza la
Ley
Núm.
7
se
rigen
única
y
exclusivamente
por
el
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
66
criterio de antigüedad.93 Es de notar que el procedimiento
que establece la ley en cuestión es bastante similar al
que
establece
la
Ley
184,
supra,
para
este
tipo
de
despido. La Sección 1462e(9)(a)de la Ley 184, supra,94 en
lo pertinente, dispone lo siguiente:
(a)…
A los fines de determinar antigüedad,
se considerara todo servicio prestado
en puestos de las agencias comprendidas
en el Sistema. La autoridad nominadora
de cada agencia notificará por escrito
a todo empleado a quien haya de
cesantear con no menos de treinta (30)
días de antelación a la fecha en que
habrá
de
quedar
cesante.
Ninguna
cesantía de empleados será efectiva a
menos que se cumpla con el requisito de
notificación. (Énfasis nuestro.)
De una lectura de las disposiciones pertinentes en
ambos
estatutos
podemos
colegir,
en
primer
lugar,
que
ambas requieren, para determinar la antigüedad, el que se
considere todo servicio prestado en el servicio público
por
los
requieren
empleados
que
la
afectados.95
autoridad
Además,
nominadora
de
ambas
leyes
cada
agencia
notifique por escrito a todo empleado a quien haya de
cesantear.96 Ambas leyes requieren que la notificación de
93
Véase Art. 37.04(b)(3) de la Ley Núm. 7.
94
3 L.P.R.A. Sec. 1462e.
95
Véase Art. 37.04(b)(4) de la Ley Núm. 7.
96
Véase Art. 37.04(b)(15) de la Ley Núm. 7.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
67
la cesantía se haga con no menos de treinta (30) días de
anticipación.97
Además, ambos estatutos les conceden a los empleados
la oportunidad de cuestionar las determinaciones, no sólo
ante la propia agencia, sino ante la CASARH o ante la
Comisión creada al amparo del Art. 11 de la Ley Núm. 45,
supra.
En
otras
palabras,
la
Ley
Núm.
7
recoge
los
procedimientos que rigen bajo la Ley Núm. 184, supra, y
los adapta con el propósito de expeditar el trámite para
decretar cesantías mediante un mecanismo más ágil.
Por otro lado, la Ley Núm. 7 le concede al empleado
el que, aún antes de ser notificado finalmente de su
cesantía,
cuestione
la
certificación
de
antigüedad
emitida por la agencia, concediéndole treinta (30) días
para presentar evidencia que refute la antigüedad que le
fue certificada.98 También y en la eventualidad de que el
empleado presente esa evidencia en el término concedido,
la agencia vendrá obligada a celebrar una vista donde
éste pueda ser oído.99
En el caso de que se decida finalmente su cesantía,
los Arts. 37.04(b)(12), 37.04(b)(13) y
37.04(b)(14) de
la Ley Núm. 7, establecen que el empleado tendrá que ser
97
Íd.
98
Véase Art. 37.04(b)(9).
99
Véase Art. 37.04(b)(11).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
68
notificado de manera personal o por correo certificado, y
en
caso
también
de
pertenecer
deberá
a
una
notificársele
organización
a
ésta.
sindical,
Además,
tal
notificación deberá advertir que el cesanteado cuenta con
treinta (30) días para acudir en revisión a C.A.S.A.H.R.
o ante la Comisión Apelativa creada al amparo de la Ley
Núm. 45, supra, conforme sea el caso.100
Al evaluar el procedimiento de cesantías establecido
por la Ley Núm. 7 a la luz de los criterios pautados en
Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, supra, es claro
que éste sobrepasa los requisitos esperados. Nótese que
las cesantías bajo este estatuto se dan en razón del
criterio
de
antigüedad
únicamente,
por
lo
que,
una
revisión de la decisión de la Agencia se daría, como
señala el Art. 37.04(b)(13) de la Ley Núm. 7, solamente
en
cuanto
a
ese
criterio.
Eso
redunda
en
controversia,
por
meritoria
que
sea,
siempre
relativamente
sencilla:
si
el
empleado
cuenta
que
la
será
con
la
evidencia de los años trabajados.
En
los
recurridos
casos
fueron
ante
nuestra
notificados
de
consideración,
los
sus
por
cesantías,
escrito, y mucho antes de los 30 días que requiere la Ley
100
De hecho, el Art. 46 de la Ley Núm. 7, en atención a que los
cesanteados tengan la oportunidad de lograr una solución rápida y
justa de sus reclamaciones ante CASARH o la Comisión creada al amparo
de la Ley Núm. 45, supra,
aumenta el número de miembros a un
Presidente y cinco miembros asociados en el caso de CASARH y autoriza
al Presidente de la Comisión a nombrar los árbitros que entienda
necesarios para realizar las labores encomendadas por el Cap. III de
la Ley Núm. 7.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
69
Núm. 7, como establece el Art. 37.04(b)(15). Nada en los
expedientes de autos indica que tales cartas no fueran
notificadas
de
conformidad
al
Art.
37.04(b)(12)
de
la
ley, esto es, personalmente o por correo certificado. Las
cartas de cesantías claramente indicaban la razón de sus
despidos
y
de
su
derecho
determinación
de
la
Comisión,
el
término
en
a
solicitar
agencia
de
revisión
ante
CASARH
treinta
días,
de
la
ante
la
contados
a
o
partir del recibo de la misiva. Sin duda, los recurridos
contaron con una adecuada notificación.
Por otro lado, la Ley Núm. 7 dispone para que un
organismo competente e imparcial atienda sus reclamos y
aquilate la evidencia que éstos puedan presentar, en caso
de que decidan recurrir finalmente de la decisión de la
agencia.
De
manera
que
es
claro
que
la
Ley
Núm.
7
garantiza a los aquí recurridos una oportunidad real y
justa de ser oídos.
Es
evidente
circunstancias,
entonces
que,
a
la
luz
de
las
el proceso establecido por el Capítulo
III de la Ley Núm. 7 es uno que sobrepasa el mínimo
requerido
por
la
normativa
referente
al
debido
proceso
jurisprudencial
en
de
aspecto
ley
en
su
lo
procesal. Por lo tanto, al evaluar el procedimiento de
cesantías establecido por la Ley Núm. 7 a la luz de los
criterios
pautados
en
Rivera
Rodríguez
&
Co.
v.
Lee
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
es
Stowell,
claro
que
éste
sobrepasa
70
los
requisitos
esperados.
Por
otro
lado
y
como
adelantamos,
tanto
en
los
recursos CT-2009-4 y CT-2009-5, como en el CT-2009-9, los
recurridos
debido
han
proceso
planteado
que
el
Estado
de
por
no
concederle
ley
les
violó
una
el
vista
informal previa a las cesantías. No les asiste la razón.
La Ley Núm. 7, claramente les concede al empleado público
cesanteado
bajo
esa
ley,
la
oportunidad
de
una
vista
previa antes de que se le anuncie su cesantía, si éste
así lo solicita.
Como hemos dicho, las cesantías que autoriza la Ley
Núm. 7 se dan única y exclusivamente bajo el marco o el
criterio
de
antigüedad
del
empleado
público.
En
ese
contexto, una vez la JREF dispuso la cantidad global de
empleados
a
ser
cesanteados
–Art.
37.04(b)7-,
el
Art.
37.04(b)8 dispone que cada agencia notificará tanto a la
JREF
como
al
propio
empleado
–y
a
la
organización
sindical si fuera el caso- “su fecha de antigüedad según
surge
de
sus
récords…
apercibiéndole
del
derecho
que
tiene… a exponer… por escrito su versión en cuanto a la
fecha de su antigüedad”.101 El Art.
37.04(b)9 dispone que
el empleado tendrá un término de treinta (30), contados a
partir de la fecha de la notificación por parte de la
agencia de “su fecha de antigüedad según surge de sus
101
Véase Art. 37.04(b)(8).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
récords”,
para
documental…
que
“presentar
refute
la
por
71
escrito…
antigüedad
que
evidencia
le
ha
sido
certificada”.102
Si el empleado no presenta la evidencia documental
requerida para refutar la certificación de la agencia en
el término dispuesto, “la antigüedad a ser utilizada será
aquella que le fue notificada por la agencia”, antigüedad
que sería entonces concluyente para efectos del capítulo
III de la Ley Núm. 7. A contrario sensus,
[e]n la eventualidad de que el
empleado afectado presente, dentro del
término
aquí
dispuesto,
evidencia
documental fehaciente que controvierta
la
antigüedad
que
le
ha
sido
notificada,
la
Agencia
no
tomará
determinación final sobre la antigüedad
sin antes darle la oportunidad de tener
una vista previa. (Énfasis nuestro)
Nada
en
los
evidencia
que
a
expedientes
alguno
de
de
los
los
casos
recurridos
de
no
autos
se
les
hubiera certificado su antigüedad y se les hubiera negado
la oportunidad de refutar la misma en una vista anterior
a
que
se
les
anunciara
sus
cesantías,
de
haberlo
solicitado. Por lo tanto, es evidente que tampoco les
asiste la razón a los recurridos en este punto.
102
Véase Art. 37.04(b)(9).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
72
VI
Derechos adquiridos
En su alegato, las partes recurridas en el caso CT2009-4
argumentan que el Art. 3 del Código Civil de
Puerto Rico, supra, dispone que “[l]as leyes no tendrán
efecto
retroactivo,
si
no
dispusieren
expresamente
lo
contrario y, en ningún caso, podrá el efecto retroactivo
de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo
de
una
legislación
doctrina
de
señalan
que
elimina
anterior,
derechos
la
adquiridos”.103
aplicación
derechos
conforme
de
la
laborales
Ley
lo
establece
En
ese
Núm.
garantizados
la
contexto
7,
supra,
mediante
legislación laboral protectora que estaba en vigor con
anterioridad a la aprobación de dicha ley, por lo cual
vulnera el principio de la aplicación retroactiva de las
leyes, tal como el derecho de retención y el derecho
propietario
sobre
su
empleo
garantizado
en
la
Constitución.104 Específicamente argumentan los recurridos
que:
El derecho propietario que tiene
el empleado público sobre su empleo
no se (sic) le (sic) puede ser
eliminado a menos que éste tenga una
participación activa y consciente en
el método que ha de utilizarse para
la
eliminación
de
ese
derecho.
Nuestro más alto foro ha expresado
103
104
Véase alegato de la parte recurrida en el CT-2009-4, pág. 27.
Id. Con relación a la inmunidad por irretroactividad que ostentan
los derechos adquiridos y que dispone el Art. 3 del Código Civil,
supra, no nos expresaremos por no ser necesario.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
73
que ninguna nueva ley promulgada por
la legislatura puede tener (sic)
dejar sin efecto y de facto derogar
disposiciones que estaban en vigor
antes de entrar en efecto la misma y
que tenga como consecuencia eliminar
derechos adquiridos”.105
Además, citando lo resuelto recientemente por esta
Curia en Hernández Colón, et al. v. Policía de Puerto
Rico, 2009 TSPR 154, 177 DPR ____, y con relación a los
derechos adquiridos, los recurridos señalan que “…ni la
Legislatura al promulgar una nueva ley, ni el Gobernador
mediante
una
orden
ejecutiva,
los
puede
lesionar
o
ignorar.”106
Estas
premisa
de
adquirido.
argumentaciones
que
Sin
los
claramente
recurridos
embargo,
y
como
parten
de
la
ostentan
un
derecho
señalamos
también
en
Hernandez Colón v. Policía de Puerto Rico, supra, “[l]os
derechos
adquiridos
protegidos
pueden
concebirse
como
consecuencia de un hecho idóneo, al producirlos en virtud
de una ley vigente en el tiempo en que el hecho ha sido
realizado, y que se han incorporado a una persona”.107
(Énfasis nuestro.) Ese no es el caso con los empleados de
carrera en el servicio público.
105
Id.
106
Íd.
107
Hernández Colón, et al. v. Policía de Puerto Rico, supra, citando
Consejo de Titulares v. William Hospitality Group, 168 D.P.R. 101
(2006). Véase además, Vélez Reboyras v. Srio. de Justicia, 115
D.P.R 533 (1984).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
74
Indudablemente, un derecho adquirido, como secuela
de un derecho propietario, se encuentra cobijado por la
protección
que
la
sección
siete
de
nuestra
Carta
de
Derechos provee. Sin embargo, no todo derecho o interés
propietario es a su vez un derecho adquirido.108 Asimismo,
“no toda situación jurídica que surge al amparo de una
ley
anterior
principio
de
posterior”.109
es
un
derecho
adquirido
irretroactividad
cobijado
frente
a
por
otra
el
ley
Como señala Santos Briz:
Un derecho adquirido sólo puede
ser aquél que se deriva de un
título
individual
y
privado,
producto
de
una
situación
subjetiva consumada que es, a su
vez, resultado de un acto o
negocio jurídico amparado en un
estado de derecho creado por una
ley
anterior.
(Énfasis
nuestro.)110
También, Noguera Barreneche señala que un derecho
adquirido implica:
"la conjunción de una norma
jurídica
existente
(situación
abstracta
de
derecho)
y
la
ejecución de un hecho por ella
misma
previsto
(situación
108
Vélez Reboyras v. Srio. de Justicia, supra.
109
Asociación de Maestros de Puerto Rico por si y en representación
de sus socios v. Departamento de Educación, 2007 TSPR 123, 171 D.P.R.
__, opinión disidente de la Juez Asociada, Señora Fiol Mata.
110
J. Santos Briz y otros, Tratado de Derecho Civil,
Barcelona, Editorial Bosch, S.A., 2003, Tomo I, pág. 137.
1ra
ed.,
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
75
concreta); pero que, por razón
de la importancia del derecho
desde el punto de vista del
interés social, ha recibido vida
perdurable de la ley que lo
generó". (Énfasis nuestro.)111
Asimismo,
en
Consejo
de
Titulares
v.
William
Hospitality Group, 168 D.P.R. 101, __ (2006), pautamos que
“[e]l derecho adquirido… es una situación consumada, en
la que las partes afectadas descansaron en el estado de
derecho que regía al amparo de la ley anterior”. (Énfasis
suplido.)
Como
hemos
señalado,
un
empleado
en
el
servicio
público tiene un reconocido interés en la retención de su
empleo, si dicho interés está protegido por ley o cuando
las circunstancias crean una expectativa de continuidad.
Es la presencia de estos factores lo que determina la
existencia
de
un
interés
propietario.112
empleado
público
ostenta
un
evidente
Asimismo,
interés
en
un
la
retención de su empleo, siempre y cuando ese interés se
encuentre protegido por una ley, como en el caso de un
empleado de carrera, o cuando las circunstancias crean
una expectativa razonable de continuidad.113
111
R. Noguera Barreneche, De la no retroactividad de las leyes
civiles, 3ra ed., Santa Fe de Bogotá, Fondo de Publicaciones
Institución Universitaria Sergio Arboleda, 1995, págs. 73-74.
112
Pierson Muller I v. Feijoó, supra; véase también Perry v.
Sinderman, 408 U.S. 593 (1972); Board of Regents of State Colleges v.
Roth, 408 U.S. 564 (1972).
113
Lebrón Bonilla v. E.L.A., 2001 T.S.P.R. 145 (2001);
Ortiz v.
Padilla Ayala, 131 D.P.R. 227, 241 (1992); Torres Solano v. PRTC, 127
D.P.R. 499 (1990).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
Sin embargo, ninguna ley al
empleado
público
retención,
o
contrario,
todas
reconocen
un
un
como
una
derecho
derecho
las
a
leyes
realidad
76
momento le reconoce al
sin
limitaciones
no
ser
cesanteado.
concernientes
la
a
posibilidad
la
Al
al
asunto
de
que
el
empleado público no sea retenido o sea cesanteado de su
puesto, si se dan unas condiciones y se cumple con unos
procesos.114
En ese sentido, no cabe hablar de un derecho
adquirido a la retención o a no ser cesanteado de un
empleo en el servicio público, pues se encuentra ausente
el elemento del amparo de una ley anterior que hubiere
concedido tal derecho.
VII
Igual Protección de las Leyes
A.
La Sección 7 del Artículo II de la Constitución de
Puerto Rico consagra el derecho a la igual protección de
las
leyes.
En
lo
pertinente
dispone
que:
“[n]inguna
persona será privada de su libertad o propiedad sin el
debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en
Puerto Rico la igual protección de las leyes”.115
La igual protección de las leyes se funda en el
principio
cardinal
de
trato
similar
para
personas
114
Véase Ley Núm. 184, de 3 de agosto de 2004, según emendada, supra.
115
Art. II Sec. 7 Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo I. (Énfasis nuestro)
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
77
similarmente situadas.116 Esto significa que el gobierno
puede
hacer
clasificaciones
entre
las
personas
para
cualesquiera propósitos legítimos siempre que observe esa
norma básica.117 “El fundamento de este precepto surge de
la concepción básica de que para gobernar una sociedad
tan
compleja
y
variada,
en
la
cual
existen
distintos
intereses individuales y grupales, y diversas relaciones
sociales, es necesario establecer clasificaciones”.118 Es
decir,
gobernar
sociedad
cualquier
moderna
sin
sociedad
instituir
y
en
especial
clasificaciones
una
entre
personas, sin construir desigualdades que favorezcan a
algunos y perjudiquen a otros es imposible.119
Como corolario de lo anterior, hemos expresado que
el principio constitucional de la igual protección de las
leyes no exige que siempre se de un trato igual a todos
los
ciudadanos
sino
que
injustificado.120
El
Estado
entre
las
personas
sin
prohíbe
que
un
trato
puede
hacer
se
quebrante
desigual
e
clasificaciones
el
consabido
principio siempre y cuando la clasificación sea razonable
y con miras a la consecución o protección de un interés
116
R. Serrano Geyls, Op. cit, pág. 1082.
117
Íd.
118
López v. E.L.A., 165 D.P.R. 280, 297 (2005).
119
Íd.
120
Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676, 696 (1986); Pueblo v. Matías
Castro, 90 D.P.R. 528, 531 (1964).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
78
público legítimo.121 Es decir, la desigualdad que infringe
la Constitución es la que refleja una preferencia basada
en prejuicio, no la que descansa en un interés público.122
De ahí, que el problema principal que plantea la
aplicación de la igual protección de las leyes, es el de
diseñar
normas
que
permitan
al
gobierno
establecer
clasificaciones pero que a la vez protejan a las personas
contra desigualdades indebidas, irrazonables u odiosas.123
Por eso, para realizar esa tarea, se requiere hacer un
análisis de la relación entre el propósito que se desea
lograr y el medio o clasificación que se utiliza para
alcanzarlo;
también
debe
examinarse
el
efecto
que
esa
relación tiene sobre el derecho o interés del cual se
priva a las personas afectadas.124
Este Foro ha reiterado que bajo la igual protección
de
las
enfrenta
leyes,
cuando
un
a
un
análisis
razonabilidad
de
una
tribunal
en
Puerto
Rico
se
sobre
la
legislativa,
el
constitucional
clasificación
criterio o escrutinio a utilizarse por dicho foro deberá
ser o el escrutinio tradicional mínimo o de nexo racional
o el escrutinio estricto.125
121
Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277
(1975).
122
Vda. De Miranda v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 11, 14 (1983).
123
R. Serrano Geyls, Op. cit., pág. 1081.
124
Íd.
125
López v. E.L.A., supra, pág. 298; Vélez v. Srio. de Justicia, 115
D.P.R. 533, 537 (1983); León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804, 813
(1980).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
79
Como señalamos, el escrutinio racional es empleado
en
casos
económica
donde
y
se
social.
constitucionalidad
de
impugne
reglamentación
de
tipo
Al
aplicarlo,
se
presume
la
la
clasificación.126
Además,
el
tribunal tiene que adoptar una actitud de gran deferencia
hacia la actuación legislativa que se impugne; aunque la
clasificación
adecuada,
no
sabia
legislativo,
parezca
y
ser
eficiente
el
la
de
manera
más
acertada,
adelantar
el
propósito
tribunal
debe
mantener
su
constitucionalidad una vez se demuestre que existe una
relación racional entre ésta y el propósito esbozado; la
intervención judicial será muy limitada.127
Sobre este análisis hemos expresado que por virtud
del axioma de separación de poderes, es la legislatura y
no la rama judicial, la que tiene la facultad de diseñar
las
clasificaciones
consiguiente,
funciones
el
de
de
tribunal
la
tipo
no
socio-económica.128
Por
puede
adjudicarse
las
examinar
la
legislatura
al
constitucionalidad de un estatuto bajo la garantía de la
igual protección de las leyes.129
Bajo este escrutinio le corresponde a la parte que
sostiene
la
inconstitucionalidad
de
la
clasificación
126
Rodríguez Pagán v. Depto. Servicios Sociales, 130 D.P.R. 562, 582
(1992).
127
San Miguel Lorenzana v. E.L.A., supra, págs. 431-432.
128
Íd., pág. 432.
129
Íd.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
80
demostrar que no existe nexo racional alguno entre la
clasificación impugnada y un interés legítimo del Estado.
Íd. El tribunal solamente declarará inconstitucional la
clasificación si ésta discrimina de forma arbitraria e
irracional.130 El discrimen arbitrario o irracional existe
cuando la diferencia que la clasificación establece es
totalmente
irrelevante
al
propósito
que
se
pretende
alcanzar con ella.131
Como puede observarse, la enunciación del estándar
de adjudicación de racionalidad mínima bajo esta cláusula
es muy similar a la del debido proceso de ley en materia
de reglamentación económica. La diferencia consiste en
que
bajo
la
igual
protección
de
enjuicia
es
la
razonabilidad
las
leyes
de
la
lo
que
se
clasificación
discriminatoria a la luz del objetivo o propósitos que se
desea
alcanzar
y
bajo
el
debido
proceso
de
ley
la
pregunta es si la medida gubernamental, con independencia
de si contiene alguna clasificación, es razonable a la
luz de su propósito.132
Por su parte, el escrutinio estricto se utiliza para
analizar las clasificaciones que son sospechosas o cuando
la clasificación afecta un derecho fundamental. Íd., pág.
425. Las clasificaciones sospechosas son aquellas que se
130
Bankers Life & Casualty Co. v. Crenshaw, 486 U.S. 71, 83 (1988).
131
San Miguel Lorenzana v. E.L.A., supra, pág. 433.
132
J. J. Álvarez, op. cit., pág. 826.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
81
establecen por razón de raza, color, sexo, nacimiento,
origen o condición social, ideas políticas o religiosas o
nacionalidad.133 En torno a los derechos fundamentales se
ha
reconocido
libertad
de
el
derecho
expresión,
al
voto,
libertad
la
vida,
protección
a
de
culto,
de
ley
contra ataques abusivos a la honra y el derecho a la
intimidad.134
Bajo
el
palio
de
este
inconstitucionalidad
de
la
escrutinio
disposición
se
presume
la
impugnada.135
El
Estado tiene el peso de la prueba para demostrar que la
clasificación responde a un interés estatal apremiante y
que la misma es necesaria para promover ese interés, es
decir,
que
no
existe
un
medio
menos
oneroso
para
adelantar o alcanzar tal interés.136
Considerando todo lo anterior, procedemos a resolver
la controversia planteada sobre este asunto en el CT2009-06.
B.
En el CT-2009-06 la parte recurrida alega que la Ley
Núm.
7,
supra,
crea
unas
clasificaciones
sospechosas
entre empleados públicos sin justificación racional para
133
Art. II Sec. 1 Const. E.L.A. L.P.R.A. Tomo I; Defendini, et al. v.
E.L.A., supra, 61.
134
San Miguel Lorenzana v. E.L.A., supra, pág. 425.
135
Soto Ortega v. Administración de Instituciones Juveniles, 148
D.P.R. 810, 831 (1999); San Miguel Lorenzana v. E.L.A., supra, pág.
425; Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 864, 879 (1991).
136
Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 D.P.R. 102, 133 (1991). Véase,
además, R. Serrano Geyls, op. cit., Vol. II, pág. 1086.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
82
ello porque exime de su aplicación a los empleados de las
ramas judicial y legislativa. No le asiste la razón.
Como
ya
mencionamos,
en
Puerto
Rico
las
clasificaciones sospechosas están expresamente enumeradas
en la Sección 1 del Artículo II de nuestra Constitución,
supra. Es decir, deben ser clasificaciones por razón de
raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social,
ideas políticas, ideas religiosas o nacionalidad. Prima
facie, la clasificación que alega la parte recurrida no
se
fundamenta
comprendidas
en
en
ninguna
de
las
la
antedicha
sección.
prohibiciones
Por
ende,
no
estamos frente a una clasificación de tipo sospechosa.
Ahora
bien,
debemos
determinar
si
la
clasificación
impugnada soslaya algún derecho fundamental de la parte
recurrida. En específico, el derecho a trabajar.
La parte recurrida acota e insiste en que el derecho
a trabajar es uno fundamental y que éste le fue violado
con la decisión del Estado de cesantearla. Es cierto e
indubitado que los empleados afectados por la Ley Núm. 7,
supra, tienen derecho a trabajar y que dicho derecho es
uno muy importante en nuestra sociedad y jurisdicción.
Así lo reconocimos en Amy v. Admin. Deporte Hípico, 116
D.P.R. 414, 421 (1985) cuando expresamos que:
El derecho a un empleo, esto es, a devengar
ingresos y a tener una vida justa y decente, es
un
principio
inalienable
al
hombre,
preexistente
a
la
más
antigua
de
las
constituciones conocidas. El destino incierto
de
la
frustrada
Sec.
20
de
nuestra
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
83
Constitución, late entre aquellos derechos que
aunque no se mencionan expresamente en el
texto, el pueblo se reserva frente al poder
político creado.137
Ciertamente,
necesidad
de
tales
prestarle
expresiones
cuidadosa
demuestran
atención
a
la
aquellas
situaciones en las que esté de por medio el trabajo y las
necesidades
connota,
básicas
per
se,
de
que
las
personas.
hayamos
Empero,
reconocido
ello
como
no
derecho
fundamental el derecho al trabajo.138 De hecho, en García
Benavente v. Aljoma Lumber, 162 D.P.R. 572, 596 (2004)
este Tribunal, por voz del Juez Presidente señor Hernández
Denton, sostuvo que la Sección 20 de la Constitución de
Puerto Rico “sólo enumeraba aspiraciones que dependían
para su cumplimiento del desarrollo económico del País.
Se
trata
de
una
disposición
que
reconocía,
aunque
no
garantizaba, ciertos derechos humanos y sugería el mayor
esfuerzo del Estado para llevarlos al plano práctico”.
Íd. Esos derechos son de naturaleza económica y social.139
Con
mayor
Lumber,
supra,
razón,
este
en
García
Tribunal
Benavente
declaró
de
v.
Aljoma
forma
tajante
que:
En vista de un historial legislativo tan claro,
no podemos avalar la determinación judicial del
Tribunal de Apelaciones que instala un derecho
137
Véase, además, In
(Resolución, 2001).
re
Colton
Fontán,
138
154
D.P.R.
466,
472-473
Véase, J. J. Álvarez, Derecho Constitucional, 74 Rev. Jur. U.P.R.
597, 615 (2005).
139
R. Serrano Geyls, op. cit., pág. 1192.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
84
expresamente
excluido
del
ámbito
de
las
garantías constitucionales de la Carta de
Derechos mediante la interpretación de otro
derecho constitucional. La consecuencia del
veto del Congreso de la Sección 20 del Artículo
II de la Constitución, y de la correspondiente
aceptación de la Convención Constituyente, fue
excluir el derecho a obtener un trabajo como
garantía constitucional. (Énfasis suplido).140
Asimismo, en San Miguel Lorenzana v. E.L.A., supra,
pág.
430,
citando
a
los
tratadistas
de
Derecho
Constitucional, Rotunda, Nowak y Young, señalamos que no
existe
un
derecho
fundamental
federal
a
adquirir
o
mantener un empleo en el sector público.
A la luz de lo esbozado, podemos colegir que el
derecho
al
trabajo
no
es
un
derecho
fundamental
garantizado por nuestra Constitución. Claro está, eso no
significa que las aspiraciones plasmadas en la aludida
Sección
20
no
puedan
perseguirse
por
el
pueblo
puertorriqueño. No obstante, ese objetivo no es tarea de
la
Rama
Judicial
sino
que
le
compete
a
la
Asamblea
Legislativa.141
Por otro lado, en San Miguel Lorenzana v. E.L.A.,
supra, págs. 428-429, reconocimos que “el derecho a un
empleo está estrechamente relacionado con la garantía de
que
ninguna
persona
será
privada
de
su
libertad
o
propiedad sin un debido proceso de ley”. “[E]l derecho a
un
empleo
va
principalmente
dirigido
a
140
Véase, además, J. J. Álvarez, op. cit., pág. 935.
141
Véase, Íd.
garantizar
que
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
85
ante la privación de éste se cumpla con los requisitos
del debido proceso de ley”. Íd., pág. 429. Allí también,
citando con aprobación al tratadista Lawrence H. Tribe,
expusimos, ad verbatim:
Although we have argued ... that among the
rights to bodily integrity are rights to at
least minimal subsistence and that such rights
give rise to affirmative governmental duties,
we could not deduce from such duties a
judicially cognizable remedy for every instance
of unmet needs; as we saw, government's
affirmative
duties
must
ordinarily
be
translated
into
doctrine
somewhat
more
obliquely--through a variety of procedural,
structural, and other protections designed, in
their cumulative effect, to minimize the risk
that someone will in fact suffer extreme
deprivation. Among those protections has been a
revitalized
concern
to
prevent
at
least
procedurally
unfair
exclusions
from
the
occupation or vocation of one's choice.
[J]ust as we have seen that a claim of unmet
needs does not automatically give rise to a
judicially cognizable basis for insisting that
government step in with specific services, so
it must be the case that, even with respect to
employment, not every frustrated wish creates a
constitutional cause of action against the
state. As Justice Douglas said in his Barsky
dissent, '[c]ertainly a man has no affirmative
right to any particular job or skill or
occupation. The Bill of Rights does not say who
shall be doctors or lawyers or policemen. But
it does say that certain rights are protected,
that certain things shall not be done. And so
the question here is not what government must
give, but rather what it may not take away.'
What it may not take away without clear and
focused justification is a fair opportunity for
an individual to realize her identity in a
chosen vocation. Íd., págs. 429-430.
Así pues, en dicho caso, reconocimos que el derecho
al
trabajo,
o
sea,
su
privación,
tanto
en
nuestra
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
86
jurisdicción como en la Federal, es un asunto que debe
ser examinado bajo la cláusula del debido proceso de ley.
A la luz de la antepuesta discusión, y en relación a
la
cláusula
de
la
igual
protección
de
las
leyes,
concluimos que la clasificación creada por la aplicación
de
la
Ley
recurrida,
Núm.
7,
supra,
según
no
es
sospechosa
y
alegada
por
tampoco
la
parte
infringe
o
interfiere con un derecho fundamental. Por consiguiente,
el análisis de tal clasificación debe realizarse bajo el
escrutinio de nexo racional y no del escrutinio estricto.
Es
decir,
debemos
determinar
si
el
Estado
tiene
un
interés legítimo en promover la clasificación impugnada y
si ese interés se relaciona de manera racional con la
clasificación.
Como ya hemos discutido previamente, es indudable
que de la Ley Núm. 7, supra, surge que el Estado tiene un
interés más que legítimo en corregir la crisis fiscal que
atraviesa el Gobierno de Puerto Rico. En ese contexto, la
clasificación establecida por el Estado y que objeta la
parte recurrida, responde a la necesidad de atajar ese
problema fiscal. Así, el gasto relacionado a la nómina es
uno sustancial que hace necesaria la reducción en ese
renglón
para
atacar
el
déficit
presupuestario
que
se
anuncia en la propia ley. Así surge claramente, y como ya
hemos expuesto, de su Exposición de Motivos.142
142
Cabe señalar que en Vélez v. Srio. de Justicia, supra, pág. 538,
este Tribunal reconoció el valor intrínseco de la Exposición de
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
87
Es ostensible que de la Exposición de Motivos de la
Ley Núm. 7, supra, surge la existencia de una relación
racional entre la clasificación impugnada (cesantía de
los empleados públicos de la rama ejecutiva) y el interés
legítimo que persigue el Estado en aras de corregir la
crisis fiscal descrita en dicha ley.
Igualmente
debemos
señalar,
que
la
clasificación
impugnada por la parte recurrida aplica a un grupo de
personas similarmente situadas. Se limita a los empleados
públicos que trabajan en distintas Agencias del Gobierno
adscritas a la rama ejecutiva.143 De hecho, el criterio
predicado
por
la
mencionada
ley
para
cesantear
a
los
empleados en cuestión, es el de antigüedad. Véase, Art.
37.04 (b)(2),(9),(13),(14). Es decir, la aplicación de la
Ley Núm. 7, supra, es una general basada en un criterio
neutro que es la antigüedad. En ese sentido, aunque la
clasificación
impugnada
no
se
extiende
Judicial
y
Legislativa,
tampoco
desigual
e
injustificado
entre
a
las
Ramas
promueve
un
trato
aquellos
empleados
a
quienes sí aplica la Ley Núm. 7, supra.
A
fortiori,
la
determinación
de
la
Asamblea
Legislativa de promulgar una ley que aplicara únicamente
a la Rama Ejecutiva y no a la Legislativa ni Judicial,
Motivos de una ley a la hora de determinar el interés del Estado bajo
el análisis de la igual protección de las leyes.
143
Debemos señalar que el Art. 37.02 de la Ley Núm. 7, supra,
establece ciertas exclusiones en su aplicación con el fin de evitar
un impacto negativo en los servicios que brinda el Gobierno.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
88
respeta el principio cardinal de separación de poderes
que
consagra
tanto
la
nuestra
Rama
Constitución.
Judicial
como
la
Cabe
destacar
legislativa
que
poseen
autonomía presupuestaria.144 De ahí, que son estas ramas
las que administran los fondos que se le asignan y las
que
determinan,
gastos,
de
ser
incluyendo
cuándo
recortar
los
de
la
nómina.
Permitir,
por
Poder
Ejecutivo
pueda
legislación,
que
el
decisiones
sobre
las
definitivamente
necesario,
otras
atentaría
ramas
contra
la
del
medio
tomar
Gobierno,
separación
de
poderes.145
Por
todo
lo
antes
expuesto,
sostenemos
que
la
diferencia en tratamiento que promueve la aplicación de
la Ley Núm. 7, supra, entre las tres ramas del Gobierno,
no ofende ni viola la cláusula de la igual protección de
las
leyes.
creada
Por
tal,
la
la
Ley
Núm.
por
preferencia
clasificación
basada
en
razonable,
clasificación
7,
supra,
prejuicio.
Se
fundamentada
impugnada,
no
refleja
según
una
trata
de
en
interés
un
una
público legítimo. No debemos olvidar lo que el Tribunal
Supremo Federal ha expresado sobre la igual protección de
las leyes: “The Equal Protection Clause does not require
that a State choose between attacking every aspect of a
144
Véanse, la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada,
23 L.P.R.A. sec. 104 y la Ley Núm. 258 de 30 de julio de 1974, según
enmendada, 2 L.P.R.A. sec. 553.
145
Véase, Watkins v. New York State Ethics Com., 554 N.Y.S.2d 955,
965 (1990).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
89
problem or not attacking the problem at all. It is enough
that the State´s action be rationally based and free from
invidious
discrimination”.
Dandridge
v.
Williams,
397
U.S. 471, 486-487 (1970).146
VIII
Menoscabo de Obligaciones Contractuales
A.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico prohíbe la promulgación de leyes que menoscaben las
obligaciones
contractuales.147
De
igual
modo,
la
Constitución federal contiene una cláusula análoga que
prohíbe a los estados promulgar leyes que menoscaben las
obligaciones
contractuales
públicos
contratos
o
que
surjan
privados.148
de
Conforme
contratos
con
lo
anterior, a la hora de interpretar nuestra disposición
constitucional debemos referirnos a las decisiones del
Tribunal Supremo federal que evalúan la referida cláusula
146
Los recurridos en el CT-2009-06 alegan que la implantación de la
Ley Núm. 7, supra, les viola sus derechos constitucionales porque
establece un patrón de discrimen por razón de ideas políticas, así
como por razón de edad y de sexo. Sin embargo, considerando, como
hemos resuelto, que la Ley Núm. 7 utiliza como criterio para los
despidos
únicamente
el
de
antigüedad,
entendemos
que
tales
alegaciones carecen totalmente de méritos. No obstante, si en
la
interpretación o implementación de ese criterio único de antigüedad
existiera por parte de la agencia concernida algún discrimen que
pudiera catalogarse dentro de las clasificaciones alegadas, es
materia de prueba que en su día deberá ser aquilatada por un Tribunal
de Primera Instancia.
147
148
Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.
Artículo 1, Sec. 10, Const. E.E. U.U., id; véase, además, United
States Trust Co. v. New Jersey, 431 U.S. 1 (1977).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
ya
que
constituyen
la
protección
90
mínima
que
estamos
obligados a reconocer en nuestro ordenamiento.149
La
garantía
contractuales
interferir
contra
limita
con
las
el
el
menoscabo
poder
de
del
obligaciones
obligaciones
gobierno
para
contractuales
entre
partes privadas, así como las obligaciones contractuales
contraídas por el Estado.150 Al considerar la validez de
estatutos
bajo
la
referida
cláusula,
el
escrutinio
aplicable depende del tipo de contrato en cuestión, ya
sea un contrato privado o uno público. Esta diferencia
responde
a
contexto
de
que
cuando
la
la
modificación
contratación
pública
se
da
en
el
el
escrutinio
judicial tiene que ser más cuidadoso “para asegurar que
la
actuación
del
Estado
no
sólo
sea
en
beneficio
propio”.151
Al
contexto
evaluar
la
de
contratación
la
interferencia
del
privada
gobierno
lo
en
el
primero
que
procede auscultar es si existe una relación contractual y
si
la
modificación
de
la
obligación
constituye
un
menoscabo sustancial o severo.152 Luego de determinar que
existe un menoscabo sustancial o severo de una obligación
149
Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 619 (1987).
150
Energy Reserves Group v. Kansas Power and Light, 459 U.S. 400
(1983); United States Trust Co. V. New Jersey, supra.
151
Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 620; United States Trust Co. v.
New Jersey, supra, pág. 17.
152
Véase, Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378
(1973); véase, además, General Motors Corp. V. Romein, 503 U.S. 181,
187 (1992) Energy Reserves Group v. Kansas Power and Light, supra,
pág. 411.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
contractual,
hay
que
evaluar
si
la
91
interferencia
gubernamental responde a un propósito o interés legítimo
del Estado y si está racionalmente relacionada con la
consecución de dicho objetivo.153 Como vemos, al auscultar
la validez de una ley bajo la cláusula de menoscabo de
obligaciones contractuales el criterio aplicable es el de
razonabilidad.154 La razonabilidad de la legislación se
determinará
del
tomando
interés
en
público
consideración
la
sustancialidad
promovido
la
dimensión
y
del
menoscabo ocasionado.155
Ahora bien, cuando el Estado modifica sus propias
obligaciones el escrutinio judicial es más cuidadoso.156
Claro está, aun cuando el escrutinio en el contexto de la
contratación pública es más severo, eso no significa que
hay
una
prohibición
reglamentación
del
absoluta
Estado
en
que
impida
beneficio
el
del
poder
de
interés
público.157 Por tanto, la función del foro judicial al
evaluar la validez de una legislación bajo la cláusula
del menoscabo de obligaciones contractuales consiste en
153
Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, supra; General Motors v.
Romein, supra; Nowak, J., Constitutional Law, 5 ed., West, 1995, p.
416-417.
154
Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, id.
155
Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, id.; Véase, Home Building
& Loan Association v. Blaisdell, 290 U.S. 398 (1934).
156
157
Bayron Toro v. Serra, id.
Bayron Toro v. Serra, id.; Warner Lambert Co. v, Tribunal Superior,
supra, pág. 394 (1973); véase, además, Allied Structural Steel Co. v.
Spannaus,
438
U.S.
234,
241
(1978);
R.
Epstein,
Toward
a
Revitalization of the Contract Clause , 51 U. Chi. L. Rev. 703, 717
(1984).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
92
establecer un balance entre el poder del Estado (police
power) para salvaguardar el bienestar y la seguridad de
la ciudadanía y el interés de proteger las relaciones
contractuales.158 A tales efectos, en United States Trust
Co . v. New Jersey, supra, pág. 109, el Tribunal Supremo
federal enunció lo siguiente:
Although the Contract Clause appears literally
to proscribe "any" impairment, this Court
observed in Blaisdell [Home Building & Loan
Association v. Blaisdell, supra] that "the
prohibition is not an absolute one and is not
to be read with literal exactness like a
mathematical formula."[citas omitidas].Thus, a
finding that there has been a technical
impairment is merely a preliminary step in
resolving the more difficult question whether
that
impairment
is
permitted
under
the
Constitution. In the instant case, as in
Blaisdell, we must attempt to reconcile the
strictures of the Contract Clause with the
"essential
attributes
of
sovereign
power,"[citas omitidas], necessarily reserved
by the States to safeguard the welfare of their
citizens.
En atención a lo anterior, al ejercer la revisión
judicial sobre la constitucionalidad de legislación bajo
la cláusula del menoscabo de obligaciones contractuales
del
Estado,
circuitos
diversos
apelativos
tribunales
han
federales
enfatizado
la
de
necesidad
los
de
evaluar si el propósito o interés del Estado en promulgar
la
legislación
impugnada
responde
al
ejercicio
de
su
poder de razón de Estado para proteger y mantener el
bienestar general, lo que incluye el bienestar económico
158
Warner Lambert v. Tribunal Superior, supra.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
de
la
sociedad.
A
tales
efectos
se
93
ha
señalado
lo
siguiente:
[T]he Supreme Court has defined “police power”
for Contract Clause purposes, “as an excercise
of the sovereign right of the Government to
protect the lives, health, morals, comforts,
and general welfare of the people…”[citas
omitidas] The state´s paramount authority is
not limited to health, morals and safety. It
extends to economic needs as well”. Veix v.
Sixth Ward Ass´n,310 U.S. 32, 39, 60 S. Ct.
792, 795, 84 L. Ed. 1061 81940). This doctrine
reflects the importance of allowing states to
legislate freely on social and economic matters
of importance to their citizens, modifying the
law to meet changing needs and conditions.159
(Énfasis nuestro)
Bajo
este
marco
conceptual,
en
los
casos
de
contratación pública procede evaluar, como cuestión de
umbral,
si
existe
modificación
sustancial
de
o
sustancialidad
la
una
obligación
severo.
o
obligación
Respecto
severidad
contractual
constituye
un
y
si
la
menoscabo
al
análisis
sobre
la
del
menoscabo
de
la
obligación, el Tribunal Supremo federal ha señalado lo
siguiente:
The severity of the impairment measures the
height of the hurdle the state legislation must
clear.
Minimal
alteration
of
contractual
obligations may end the inquiry at its first
stage. Severe impairment, on the other hand,
will push the inquiry to a careful examination
of the nature and purpose of the state
legislation. The severity of an impairment of
contractual obligations can be measured by the
factors that reflect the high value the Framers
placed on the protection of private contracts.
159
Local Division 589, Amalgamated Transit Union, AFL-CLC v.
Commonwealth of Massachusetts, 666 F.2d 618, 639 (1st Cir., 1981).
Véase, además, Buffalo Teachers Fed. V. Tobe, 464 F.3d. 362, 367 (2nd
Cir. 2006); Baltimore Teachers Union v. Mayor and City Council of
Baltimore, 6 F. 3d. 1012, 1018 (4th Cir., 1993).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
94
Contracts enable individuals to order their
personal and business affairs according to
their particular needs and interests. Once
arranged, those rights and obligations are
binding under the law, and the parties are
entitled to rely on them. Allied Structural
Steel Co. v. Spannaus, supra, 245.
Conforme con lo anterior, la garantía constitucional
contra
el
activa
cuando
términos
menoscabo
o
la
de
obligaciones
modificación
condiciones
principalmente
contrato
de
dieron
modo
que
se
se
adversamente
los
afecta
esenciales
motivo
contractuales
a
del
la
frustren
contrato
que
celebración
del
las
expectativas
razonables de las partes.160 A tono con esta definición,
el
Tribunal
Circuito
ha
Federal
de
Apelaciones
señalado
que:
“While
para
the
el
court
Cuarto
has
not
refined the analysis for assessing the substantiality of
an
impairment,
impairment
is
it
has
appeared
substantial
at
to
least
assume
where
that
the
an
right
abridged was one that induced the parties to contract in
the first place.”161 Por su parte, el Tribunal Federal de
Apelaciones
para
el
Segundo
siguiente:
“To
assess
Circuito
whether
an
ha
señalado
lo
impairment
is
substantial, we look at `the extent to which reasonable
expectations under the contract have been disrupted´.”162
160
City of El Paso v. Simmons, 379 U.S. 497 (1965); Allied Structural
Steel Co. v. Spannaus, supra, págs. 245-246.
161
Baltimore Teachers Union v. Mayor and City Council of Baltimore,
supra, pág. 1071.
162
Buffalo Teachers Fed. v. Tobe, supra, pág. 368.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
95
Una vez se determina que el menoscabo es sustancial,
procede auscultar si la modificación persigue adelantar
un interés importante en beneficio del bienestar general.
Por último, habrá que dirimir si la modificación, además
de razonable, es necesaria para adelantar ese propósito
importante.163
gubernamental
Si
la
modificación
es
razonable y necesaria para adelantar el interés público,
sostendremos la validez de la ley impugnada.164
Cabe
señalar
que
respecto
al
criterio
de
razonabilidad y necesidad, el Tribunal Supremo federal ha
manifestado
que
obligación
contractual
alternas
sean
que
no
se
sostendrá
el
menoscabo
a
Estado
si
existen
medidas
drásticas
o
severas
que
del
menos
la
la
ejercida por el Estado para lograr su objetivo.165 A la
hora de evaluar la razonabilidad y necesidad de la medida
en el contexto de la contratación pública, el Tribunal
Supremo federal señaló que, contrario a los casos sobre
contratación
deferencia
necesidad
privada,
a
o
la
no
es
determinación
razonabilidad
de
apropiado
dar
legislativa
la
completa
sobre
legislación.
la
United
States Trust Co. v. New York, id., págs. 22-26 (As is
customary in reviewing economic and social regulation,
however, courts properly defer to legislative judgment as
to
the
necessity
and
reasonableness
of
a
163
particular
Bayrón Toro v. Serra, id.; United States Trust Co. v. New Jersey,
id.
164
165
Bayrón Toro v. Serra, id.
United States Trust Co. v. New York, id. pág. 29-31.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
96
measure….But, as to public contracts, complete deference
to
a
legislative
necessity
is
not
significa
que
el
deferencia
a
assessment
of
appropriate…).
foro
la
reasonableness
Sin
judicial
determinación
embargo,
no
deba
de
and
esto
dar
no
alguna
necesidad
y
razonabilidad que hizo el legislador en el ejercicio de
su poder constitucional, especialmente cuando se trata de
regulaciones socioeconómicas.
A
modo
ilustrativo
interpretación
que
se
es
meritorio
ha
hecho
referirnos
en
los
a
la
circuitos
apelativos respecto al grado de deferencia que se le debe
dar a la determinación legislativa sobre la necesidad y
razonabilidad
Amalgamated
de
la
Transit
medida.
Union,
En
Local
Division
589,
AFL-CLC
v.
Commonwealth
of
Massachusetts, supra, pág. 623, el Tribunal Federal de
Apelaciones para el Primer Circuito señaló lo siguiente:
[D]etermining the “reasonableness and necessity
of a particular statute is a task far better
suited to legislators than to judges. Thus, in
the case before us, where economic or social
legislation is at issue, some deference to the
legislature´s judgment is surely called for.
De igual modo se manifestó el Tribunal Federal
de Apelaciones para el Segundo Circuito, en Buffalo
Teachers Fed. V. Tobe, supra, pág. 19, al enunciar
lo siguiente:
We hasten to point out that less deference does
not imply no deference…. Relatedly, we agree
with the First Circuit that U.S. Trust Co. does
not require courts to reexamine all of the
factors underlying the legislation at issue to
make a de novo determination whether another
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
97
alternative would have constituted a
statutory solution to a given problem.
better
En síntesis, al enfrentarnos a la impugnación de la
legislación
bajo
la
cláusula
del
menoscabo
de
obligaciones contractuales del Estado, debemos dar alguna
deferencia a la determinación del legislador respecto a
la necesidad y razonabilidad de la medida. Al llevar a
cabo
dicha
tarea,
determinación
final
hecho
la
de
que
es
de
relevante,
y
aporta
razonabilidad
de
la
legislación
sea
en
a
la
medida,
el
respuesta
a
una
situación de emergencia y que su aplicación sea temporal
o
transitoria.166
Conforme
con
lo
anterior,
en
Buffalo
Teachers Fed. v. Tobe, supra, págs. 373-372, el Tribunal
Federal para el Segundo Circuito consideró la situación
de
emergencia
duración
fiscal
limitada
de
de
la
ciudad
la
medida
de
sobre
Buffalo
y
la
congelación
de
salarios a empleados públicos para determinar el criterio
de razonabilidad y sostuvo la constitucionalidad de la
medida.
En
esa
misma
Apelaciones
para
el
línea,
Cuarto
el
Tribunal
Circuito
al
Federal
de
sostener
la
constitucionalidad de una medida de reducción de salarios
a empleados públicos unionados determinó que la actuación
gubernamental
166
era
razonable
en
atención
a
la
Building & Loan Association v. Blaisdell, supra, pág.447.
crisis
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
98
presupuestaria de la ciudad de Baltimore y a la duración
limitada de la medida.167
Conforme
dirimir
si
con
la
la
doctrina
legislación
expuesta,
ante
procedemos
nuestra
a
consideración
contraviene la cláusula que prohíbe el menoscabo de las
obligaciones
contractuales
en
el
contexto
de
la
contratación pública.
B
Las recurridas en CT-2009-6, son empleadas públicas
unionadas
del
Departamento
de
Administración
del
Sustento
de
escuetamente,
que
la
del
menoscaba
las
Ley
7
obligaciones
la
Familia
Menores.
9
de
contraídas
y
la
Éstas
alegan,
marzo
de
por
el
2009
Estado
mediante el convenio colectivo vigente entre las partes a
partir del 20 de julio de 2007. En específico señalan que
la
legislación
mérito”
impugnada
reconocido
en
el
“violenta
convenio
el
principio
colectivo
así
de
como
otros procedimientos para llevar a cabo las cesantías.168
Según
discutimos
anteriormente,
en
los
casos
de
contratación pública procede evaluar, como cuestión de
umbral,
si
existe
una
modificación
de
la
sustancial
o
severo.
contractual
entre
el
obligación
obligación
En
constituye
efecto,
Estado
y
contractual
los
y
si
la
un
menoscabo
una
relación
empleados
unionados
existe
167
Baltimore Teachers Union v. Mayor and City Council of Baltimore,
supra, págs. 23-26.
168
Véase, Alegato de la Parte Recurrida, págs.4-5.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
cuyas
obligaciones
colectivo.
En
están
ese
especificadas
sentido,
las
99
en
partes
el
convenio
contratantes
establecieron los términos que regularían la manera en
que el Estado podía disponer de los servicios de los
empleados unionados.
Según
surge
del
expediente,
en
la
Declaración
de
Principios del Convenio Colectivo se estableció como uno
de
los
fundamentos
para
llevar
a
cabo
el
acuerdo
establecer un sistema de personal basado en el principio
de mérito. En atención a lo anterior, el Artículo II
establece lo siguiente: “Las partes intentamos en este
convenio
armonizar
la
práctica
de
la
negociación
colectiva con el sistema de personal basado en el mérito
para dar cumplimiento a esta sabia política pública que
reafirma la Ley de Relaciones del Trabajo para el Sector
Público...”.
Véase,
Apéndice
del
Recurso,
Convenio
Colectivo, pág. 8. Conforme con lo anterior, las partes
se
obligaron
a
seguir
un
procedimiento
de
cesantías
basado en el principio de mérito dispuesto en el Artículo
XXVII del Convenio Colectivo.169 Conforme con lo anterior,
en
este
caso
hubo
un
menoscabo
sustancial
de
la
obligación contractual ya que se modificó el proceso de
cesantías
basado
en
el
principio
de
mérito
según
establecido en el convenio colectivo. Dicha obligación
169
Véase, Apéndice del recurso, Convenio Colectivo, pág. 30.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
100
fue esencial para la celebración del acuerdo, según surge
de la declaración de principios del Convenio Colectivo.
Ahora
bien,
el
hecho
de
que
exista
un
menoscabo
sustancial a una obligación contractual no dispone de la
controversia.
Procede,
entonces,
evaluar
si
la
modificación persigue adelantar un interés importante y
si
la
modificación,
además
de
razonable,
es
necesaria
para adelantar ese propósito gubernamental importante.170
Conforme
dispone
la
doctrina
antes
expuesta,
se
sostendrá la validez constitucional de una legislación
que menoscabe sustancialmente una obligación contractual
del Estado, si dicha medida responde a un interés público
importante,
dicho
y
es
propósito
razonable
o
interés
y
necesaria
para
gubernamental.
adelantar
Surge
de
la
extensa Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7, supra,
que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
se encuentra en una situación de emergencia debido a una
grave crisis fiscal. Para atender dicha crisis, el Estado
ejerció
ciertas
medidas
para
provocar
un
ahorro
sustancial y real en las arcas del gobierno entre las que
se encuentran las cesantías de las recurridas.
Conforme con este estado de emergencia, el legislador
determinó
que
era
necesario
y
razonable
establecer
un
procedimiento alterno para llevar a cabo las cesantías y
eliminar los procedimientos anteriores a éstas para así
170
Bayrón Toro v. Serra, supra; United States Trust Co. v. New Jersey,
supra.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
poder
alcanzar
el
propósito
101
apremiante
de
la
ley
de
manera expedita. Además, el legislador determinó utilizar
exclusivamente el criterio de antigüedad para llevar a
cabo
las
cesantías
de
modo
que
se
garantizara
una
aplicación equitativa del criterio objetivo de antigüedad
a través de todo el gobierno. Según dispone el Artículo
37.04 (b) (1) de la Ley 7, supra, existe urgencia en
atender y corregir los problemas fiscales que enfrenta el
Estado
de
manera
expedita.
A
tales
efectos,
y
como
citamos anteriormente, la Exposición de Motivos explica
lo siguiente:
[t]odas
las
alternativas
típicamente
usadas como pasos previos a la reducción
de
personal
[o
sea]
traslados,
reubicaciones,
readiestramientos,
licencias sin sueldo y de reducción de
jornada, entre otros no son viables
dentro del contexto de la magnitud del
déficit estructural del gobierno y la
precariedad de la situación. Es necesario
reducir
dramáticamente
y
de
forma
expedita, el gasto gubernamental. En
vista del tamaño de la nómina y del
tamaño del déficit, ninguna de las demás
alternativas
es
compatible
con
este
objetivo o son viables ante su impacto
sobre la operación del gobierno.
Como
público
forma
vemos,
el
importante
expedita
protección
legislación
del
Estado
demostró
tener
en
adoptar
medidas
para
atender
la
bienestar
impugnada
se
de
adoptó
como
interés
correctivas
crisis
general
un
la
de
fiscal
en
sociedad.
La
resultado
del
ejercicio del poder de razón de Estado para atender una
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
emergencia
fiscal
que
atenta
102
contra
el
bienestar
socioeconómico de la sociedad puertorriqueña.
Al evaluar la necesidad o razonabilidad de la medida
para
efectos
de
obligaciones
completa
la
cláusula
sobre
el
menoscabo
de
aunque
no
procede
dar
legislador,
sí
contractuales,
deferencia
al
debemos
darle
alguna deferencia a la determinación de necesidad que
éste
hizo,
por
determinación
lo
de
que
novo
no
nos
sobre
corresponde
hacer
existencia
de
la
una
otras
alternativas para la solución del problema.171
El legislador entendió necesario y razonable, y así lo
justificó extensamente en la Exposición de Motivos de la
referida
Ley
Núm.
7,
aquellas
disposiciones
supra,
suspender
contractuales,
temporeramente
reglamentarias
o
estatutarias que establecieran procedimientos y criterios
para
llevar
a
cabo
contravinieran
lo
las
cesantías
dispuesto
por
de
la
empleados
que
Núm.
La
Ley
Asamblea Legislativa llegó a esta conclusión
7.
porque las
alternativas típicamente usadas como pasos previos a la
reducción de personal conllevan traslados, reubicaciones,
readiestramientos, licencias sin sueldo y de reducción de
jornada,
entre
otros,
contexto
de
magnitud
la
que
no
del
son
viables
déficit
dentro
del
estructural
del
gobierno y la precariedad de la situación. Era necesario
establecer
un
procedimiento
de
cesantías
que
lograra
reducir el gasto gubernamental dramáticamente y de forma
171
Buffalo Teachers Fed v. Tobe, supra.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
103
expedita, para lograr la consecución del interés público
del Estado de atender con premura la crisis fiscal.
De igual modo, es totalmente razonable y necesario
que el legislador estableciera un criterio objetivo como
lo es el de antigüedad en el empleo, de modo que se
garantizara una aplicación equitativa del procedimiento
de cesantías a través de todo el gobierno. Además, es
meritorio
señalar
que
la
legislación
impugnada
es
producto de una situación de emergencia y la suspensión
de
las
disposiciones
de
los
convenios
que
no
sean
conformes a la referida Ley Núm. 7, supra, es temporera.
Véase, Artículo 37.04(a) y 38.02(b) de la Ley Núm. 7,
supra.
Estos
factores
abonan
a
la
determinación
de
razonabilidad de la medida.
Por
último
y
como
ya
hemos
determinado,
debemos
recordar que las recurridas no quedaron desprovistas de
un
procedimiento
debido
proceso
de
de
cesantías
ley.
que
Aunque,
les
en
garantizara
efecto
hubo
un
una
modificación de la obligación, el Estado les proveyó un
procedimiento de cesantías y de revisión, garantizándoles
así un debido proceso de ley.
Conforme
con
lo
anterior,
resolvemos
que
las
cesantías y el procedimiento establecido por la Ley Núm.
7,
supra,
no
infringen
la
cláusula
que
menoscabo de las obligaciones contractuales.
prohíbe
el
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
104
IX
Delegación Indebida de Poder
A.
Como señalamos en el recurso CT-2009-09, la parte
recurrida argumenta que el Art. 37.04 (b)(5),(6) y (7) de
la Ley Núm. 7, supra, delega a la JREF unos poderes sin
guías claras que ocasionan una concentración indebida de
poderes en dicho organismo. Sostiene que la Ley Núm. 7,
supra, confiere a la JREF la facultad de tomar todas las
acciones necesarias para que se de cumplimiento a la ley
sin establecer normas que limiten esa facultad. También
aduce, que el Art. 41 y 42 de la antedicha ley le concede
a
la
JREF
la
autoridad
para
realizar
traslados
y
subcontratación de labores sin unas guías que orienten la
utilización de ese poder delegado. A su vez, la parte
recurrida apunta que el Art. 68 de la Ley Núm. 7, supra,
hace una delegación de poder indebida al Gobernador que
viola la separación de poderes. No le asiste la razón.
En
Puerto
Rico
existe
un
sistema
republicano
de
gobierno que está compuesto por tres ramas de gobierno:
la Legislativa, la Judicial y la Ejecutiva.172 Así, los
poderes delegados por el pueblo al Gobierno, a través de
la Constitución, se distribuyen de manera tripartita. Esa
separación
de
poderes
es
la
salvaguarda
que
nuestra
Constitución consagra para preservar las libertades del
172
Véase, Art. I Sec. 2 Const. E.L.A., L.P.R.A, Tomo 1.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
Pueblo
y
un
sistema
democrático
de
105
Gobierno.173
Sin
embargo, cada uno de estos poderes, aunque soberano e
independiente respecto al ejercicio del poder conferido,
interrelaciona
con
los
otros
manteniendo
integra
de
se
la
autoridad de cada cual.174
La
doctrina
de
separación
poderes
asienta
sobre el principio de que el poder se delega en las tres
ramas de gobierno para evitar la concentración de poderes
en una sola rama, o el abuso de poder de parte de otra.175
Así, una rama de gobierno no puede usurpar o apropiarse
de
facultades
existencia
de
otra
de
rama
tres
sin
ocasionar
poderes
daño.176
co-iguales
“La
genera
necesariamente tensión y fricción entre las ramas que se
aminora mediante un sistema de pesos y contrapesos, que
permite calibrar el fino equilibrio en el ejercicio del
poder, según lo ordena la Constitución.177
El
principio
representa
el
constitucional,
axiomático
andamiaje
que
de
separación
de
poderes
de
la
concepción
purista
predica
que
el
que
poder
la
Constitución les reconoce a las Ramas del Gobierno es uno
exclusivo de éstas y por lo tanto no puede ser delegado a
173
Colón Cortés v. Pesquera, 150 D.P.R. 724, 752 (2000).
174
Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 361, 420 (1995).
175
Santana v. Gobernadora, 165 D.P.R. 28, 45 (2005).
176
Colón Cortés v. Pesquera, supra; Sinking Fund Cases, 99 U.S. 700,
718 (1878).
177
Santana v. Gobernadora, supra; Hernández Agosto v. Romero Barceló,
112 D.P.R. 407 (1982).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
106
otras entidades administrativas. “Lo fundamental de esta
postura es el carácter exclusivo que se le adscribe a los
poderes conferidos a cada rama de gobierno”.178 Bajo esta
filosofía, la doctrina de la separación de poderes le
niega
validez
constitucional
administrativos
exclusivos
de
toda
las
vez
Ramas
a
que
del
las
agencias
éstas
ejercen
Gobierno.179
En
o
entes
poderes
fin,
esta
visión no refrenda la delegación de poderes legislativos,
judiciales o ejecutivos a un organismo administrativo.
Ese fundamentalismo constitucional fue el que imperó
en Estados Unidos durante sus inicios históricos.180 Así,
ante
el
interés
de
delegar
poderes
a
las
agencias
administrativas, la primera reacción judicial fue denegar
la posibilidad de que el Congreso Federal pudiera delegar
su poder legislativo.181 No obstante, el desarrollo de la
moderna economía industrial y el período de la crisis de
la Gran Depresión Económica, pusieron de manifiesto la
necesidad de delegar poder a las agencias administrativas
--cuya creación se hizo cada vez más necesaria-- para
combatir la crisis económica que aquejaba a los Estados
Unidos de América.182 Esa coyuntura requirió utilizar una
178
D.
Fernández
Quiñones,
Derecho
Administrativo
y
Ley
de
Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia, Ed. Forum,
2001, sec. 2.2, pág. 35.
179
Íd.
180
Véase, Field v. Clark, 143 U.S. 649, 692 (1892).
181
J. A. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño,
1ra ed. revisada, San Juan, Ed. Situm, Inc., 2009, pág. 8.
182
Íd., pág. 9.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
forma
más
ágil
de
establecer
107
parámetros
y
normas
suficientes. De esa manera, ya para el 1928, afloraba la
nueva
postura
judicial
en
torno
a
la
doctrina
de
delegación de poderes en los Estados Unidos. Así, en el
caso
de
ocurrió
J.W.
una
Hampton
v.
transmutación
U.S.,
en
276
la
U.S.
394
concepción
(1928),
puritana
constitucional, al sostenerse por el máximo Foro Federal,
que la delegación de poderes es permisible si la misma se
hace a través de un principio inteligible que guíe la
autoridad de la agencia.183
En la actualidad, tanto en la jurisdicción federal
como en nuestra jurisdicción estatal, es incuestionable
la
validez
de
habilitadora
aquellas
delegación
que
administrativo,
estándares,
la
crea
la
establezca
criterios,
garantías
siempre
o
agencia
normas
o
y
cuando
u
la
ley
organismo
adecuadas,
pautas,
principios
inteligibles
o
salvaguardas
procesales
y
sustantivas que sirvan de guía a la delegación y que
delimiten sus facultades, para evitar que las actuaciones
de
los
entes
caprichosas.184
expresos,
administrativos
Dichos
pueden
resulten
criterios
surgir,
no
arbitrarias
tienen
inclusive,
del
que
o
ser
historial
legislativo y pueden ser amplios y generales; si tiene un
fin
183
184
o
interés
público,
por
lo
general
es
suficiente
Íd., pág. 9.
Rodríguez Román v. Banco Gubernamental de Fomento de P.R., 151
D.P.R. 383, 400 (2000).
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
108
justificación para que se sostenga la delegación.185 Desde
Luce
&
Co.
desprende
v.
Junta
[...]
funcionarios
la
y
de
Salario
necesidad
juntas
de
Mínimo,
supra,
que
se
delegue
a
gran
parte
del
administrativas
“se
poder que la legislatura podría ejercitar...”.186 Sobre
esa necesidad de delegar este Tribunal ha expresado:
[E]l mundo moderno se caracteriza por la gran
complejidad
en
las
relaciones
sociales
y
económicas de las personas, conjuntamente con
la progresiva supervisión gubernativa sobre la
conducta individual, y ello implica que la
legislatura está imposibilitada de anticipar
legislativamente, en forma detallada, minuciosa
o específica, la multiplicidad de situaciones
que puedan surgir de esas relaciones complejas,
siendo suficiente en que la ley en cuestión
señale o establezca normas amplias y generales
que sirvan de guía o dirección a entidades
administrativas expertas, para que éstas, con
sus experiencia y conocimientos especiales,
apliquen esas normas concretamente a los hechos
que puedan surgir y ultimen los detalles que
implementen la política general legislativa.187
De
esta
manera,
nada
impide
que
la
Legislatura
establezca normas generales que sean amplias y que dejen
al
administrador
complementar
utilización
desarrollar
de
un
adecuado
margen
de
libertad
para
mediante
la
las
normas
legislativas
un
juicio
especializado,
conforme
un
análisis,
que
se
pueda
apreciación
185
y
Viajes Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R. 275 (1992); M. & B.S., Inc.
v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319 (1987); Hernández v. Montero
Cuevas, 88 D.P.R. 785 (1963); López Salas v. Junta de Planificación,
80 D.P.R. 646 (1958); Hilton Hotels International, Inc. v. Junta de
Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670 (1953); Luce & Co. v. Junta de Salario
Mínimo, 62 D.P.R. 452 (1944).
186
187
D. Fernández Quiñones, op. cit., sec. 2.3, pág. 48.
Hilton Hotel v. Junta de Salario Mínimo, supra, págs. 692-693.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
discreción
administrativa
que
tenga
109
una
base
de
razonabilidad.188
Con
el
marco
normativo
esbozado,
procedemos
a
resolver los planteamientos sobre delegación de poderes
expuestos por la parte recurrida en el recurso CT-2009-9.
B.
La JREF está definida en el Art. 33(f) de la Ley
Núm.
7,
supra,
como
la
Estabilización Fiscal.
Junta
de
Restructuración
y
Esta fue creada al amparo del
Art. 37.04(b)(5) de la consabida ley para hacer cumplir
los objetivos del Capítulo 3 de la propia ley.189 Además,
a dicha junta se le encomienda tomar todas las acciones
necesarias para el cumplimiento de la susodicha ley.190 Se
desprende pues de la Ley Núm. 7, supra, que la JREF es
una junta que fue creada para facilitar el cumplimiento
de
dicha
ley.
En
ese
sentido,
Legislatura
parte
del
poder
Constitución
de
Puerto
Rico
se
más
le
le
delegó
por
la
elemental
que
la
reconoce
a
la
Rama
Ejecutiva: hacer cumplir la ley.191
Por
su
parte,
el
Art.
37.04(b),
antes
citado,
establece claramente que las facultades que se le delegan
a la JREF y que están relacionadas a las cesantías de los
empleados
públicos,
deben
guiarse
y
regirse
188
Debién v. Junta de Contabilidad, 76 D.P.R. 96, 104 (1954).
189
Art. 33(f) de la Ley Núm. 7, supra.
190
Íd.
191
Véase, Art. IV Sec. 4 Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.
por
el
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
110
criterio de antigüedad. Es decir, la JREF tendrá todas
las facultades necesarias y convenientes encaminadas al
cumplimiento de la Ley Núm. 7, supra, pero en materia de
cesantías, siempre estará obligada a respetar el criterio
de antigüedad. En ese sentido, la propia ley establece
una limitación a las potestades que pueda tener la JREF
al descargar sus funciones.
A su vez, la Ley Núm. 7, supra, provee unas guías
ilustrativas
que
enmarcan
las
prerrogativas
de
dicha
junta. Así por ejemplo, el inciso sexto del Art. 37.04(b)
establece que la JREF podrá realizar estudios necesarios
o encomendarlos a las agencias que estén a su cargo,
requerir
información
necesaria
para
llevar
a
cabo
su
encomienda, asesorar al Gobernador y a las agencias con
relación a los empleados cesanteados, aprobar, rechazar y
evaluar
peticiones
de
los
empleados
para
reducir
la
jornada de estos, reunirse con los jefes de agencias,
etc. Aún si concluyéramos que los criterios que la Ley
Núm.
7,
supra,
le
reconoce
a
la
JREF
son
amplios
y
generales, no cabe duda de que tales criterios tienen un
fin
o
interés
señalamos,
ese
delimitado.192
público
bien
interés
público
es
Como
suficiente
sostener la delegación.193
192
Véanse, Arts. 33(g), 37.04(b)(1).
193
Viajes Gallardo v. Clavell, supra, págs. 284, 285, 286.
ya
para
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
111
Igualmente y como ya hemos dicho, la Ley no deja
desprovisto
al
empleado
público
pues
éste
tiene
un
procedimiento a su haber para impugnar la determinación
de la JREF o de la agencia pertinente. Por tal razón, las
decisiones que tome la JREF no son infalibles y pueden
ser objeto de impugnación por parte de un empleado que
entienda que su despido no fue conforme al criterio de
antigüedad. Esa facultad que se le reconoce al empleado,
correlativamente, guía la discreción de la JREF ya que le
impone como deber ejercer propiamente las facultades que
la
ley
le
delega
para
evitar
que
sus
acciones
sean
impugnadas e invalidadas por un tribunal.
Por otro lado, los Arts. 41 y 42 de la Ley Núm. 7,
supra, le conceden a la JREF la facultad de realizar
traslados
y
subcontratación
de
empleados
de
manera
flexible:
Artículo 41 - Traslados
Durante las Fases I, II y III de este Capítulo
III, y con el fin de asegurar la continuidad y
calidad de los servicios gubernamentales, la
JREF podrá autorizar traslados de empleados
entre puestos, clases y niveles de puestos,
grupos de empleados, unidades apropiadas, de
unidades
sindicales
a
no
sindicales
y
viceversa, en una misma Agencia o entre
Agencias;
disponiéndose,
que
el
empleado
trasladado deberá cumplir con los requisitos
mínimos de preparación académica y experiencia
necesaria para ocupar el puesto. El empleado
trasladado estará sujeto al período probatorio
requerido para el puesto. Quedará en suspenso,
durante la vigencia de las Fases I, II y III,
toda aquella disposición de ley, reglamento,
convenio, acuerdo o precepto que sea contrario
a
lo
indicado
en
este
Capítulo
III;
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
112
disponiéndose, que existirá total flexibilidad
para realizar los traslados.
Artículo 42 - Subcontratación.
Durante las Fases I, II y III de este Capítulo
III, y con el fin de asegurar la continuidad y
calidad de los servicios gubernamentales, la
JREF
podrá
autorizar
la
transferencia
y
subcontratación
de
labores
realizadas
por
empleados,
unidades
apropiadas
o
unidades
sindicales.
Quedará en suspenso, durante la vigencia de las
Fases I, II y III, toda aquella disposición de
ley, reglamento, convenio o precepto contrario
a lo indicado en este Capítulo III.
En todo contrato otorgado por las Agencias
conforme a este Artículo se le requerirá al
contratista que, en la prestación de los
servicios
contratados,
emplee
empleados
cesanteados
disponibles,
que
tengan
la
preparación
y
experiencia
necesaria
para
prestar el servicio contratado, conforme a la
lista de candidatos a reempleo que habrá de
preparar la ORHELA a tenor con lo dispuesto en
el Artículo 43 de este Capítulo III. (Énfasis
suplido).
Se desprende de ambos articulados que los empleados
deberán tener la preparación y experiencia necesaria para
ocupar el puesto, si es un traslado, o para prestar el
servicio contratado en casos de subcontratación. Además,
ambas disposiciones establecen como parámetros, que la
facultad que se le delega a la JREF está subordinada al
objetivo
de
asegurar
la
continuidad
y
calidad
de
los
servicios gubernamentales. De esa manera, la JREF siempre
tendrá que justificar el traslado o la subcontratación.
Es
decir,
trasladar
la
aquel
experiencia
JREF
está
empleado
necesaria
limitada
que
para
tenga
ocupar
a
subcontratar
o
la
preparación
y
el
puesto
o
para
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
prestar
el
servicio
requerido,
y
que
113
además,
ayude
a
evitar una interrupción o paralización en los servicios.
Nuevamente,
la
discreción
de
la
JREF
tiene
que
guiarse por el propósito e interés público primordial de
la Ley Núm. 7, supra, que es atender la emergencia y
crisis
fiscal
que
impera
sobre
el
Gobierno
de
Puerto
Rico. Así, la encomienda principal de la JREF es buscar
la manera de reducir el déficit estructural, y a la vez,
velar
porque
la
prestación
de
los
servicios
gubernamentales no se afecte. Para lograr ese objetivo la
Ley
Núm.
7,
supra,
le
permite
trasladar
empleados
públicos y subcontratar.
Por todo lo anterior colegimos, que la delegación de
poder que la Legislatura le hace a la JREF --en cuanto a
subcontratación y traslado es constitucionalmente válida
y
no
viola
el
principio
de
separación
de
poderes
al
proveer unas guías adecuadas que orientan la utilización
de ese poder.
Finalmente, la parte recurrida alega que el Art. 68
de la Ley Núm. 7, supra, le delega indebidamente poder al
Gobernador de Puerto Rico en violación al principio de
separación de poderes. Dicho artículo dispone:
Se faculta al Gobernador para tomar toda medida
que sea necesaria y conveniente, además de
aquellas provistas por esta Ley, para que
mediante Orden Ejecutiva reduzca los gastos;
promueva la economía de la Rama Ejecutiva hasta
el máximo compatible con el funcionamiento
eficiente del Gobierno; mantenga la eficiencia
de las operaciones de la Rama Ejecutiva en el
mayor grado posible; y agrupe, coordine y
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
114
consolide funciones en cada Agencia; todo ello
de acuerdo con los objetivos de esta Ley.
Disponiéndose, no obstante, que el Gobernador
no
podrá
crear,
consolidar
o
reorganizar
departamentos
ejecutivos,
ni
suprimir
organismos
creados
por
Ley.
Aquellas
reorganizaciones que requieran legislación o
enmiendas a estatutos vigentes, deberán ser
presentadas ante la Asamblea Legislativa para
su consideración.
Las facultades concedidas bajo esta Ley no
limitan toda aquella otra que el Gobernador
pueda tener y tomar, de no lograrse el objetivo
fijado por el Artículo 33(g). Art. 68 de la Ley
Núm. 7, supra.
En primer lugar, debemos señalar que la Constitución
de
Puerto
Rico
establece
que
entre
los
deberes,
atribuciones y funciones del Gobernador se encuentran:
“[c]umplir y hacer cumplir la ley; [e]jercer las otras
facultades y atribuciones y cumplir los demás deberes que
se le señalen por esta Constitución o por ley”.194 Como
corolario
orden
de
lo
anterior,
se
ha
ejecutiva
encuentra
apoyo
interpretado
que
legal
facultad
en
la
una
general del Primer Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir
las leyes.195 Así, la facultad del Gobernador de emitir
órdenes ejecutivas emana de los poderes que le confieren
las
leyes
o
de
los
poderes
inherentes
a
su
cargo.196
Asimismo, toda orden ejecutiva enmarca un mandato que va
dirigido
a
los
organismos
gubernamentales
de
Ejecutiva.
194
Art. V Sec. 4 Const. E.L.A., supra.
195
Op. Sec. Just. Núm. 5 de 1985.
196
Op. Sec. Just. Núm. 24 1986; Op. Sec. Just. Núm. 31 1984.
la
Rama
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
115
Por eso, al permitirle al Gobernador emitir órdenes
ejecutivas, el Art. 68 de la Ley Núm. 7, supra, no hace
sino
conferirle
la
prerrogativa
constitucionalmente
válido.
de
ejercitar
un
poder
Cabe
apuntar,
que
el
Gobernador de Puerto Rico tiene la facultad para ejercer
la dirección general de la administración pública con el
claro
entendimiento
de
que
comprende
la
supervisión
e
inspección de los departamentos y agencias de gobierno de
la Rama Ejecutiva así como de las corporaciones públicas
y
de
ciertas
Además,
autónomas
creadas
por
ley.197
Constitución…
adoptó
un
Poder
entidades
“[n]uestra
Ejecutivo unitario al investir a un sólo funcionario… con
la
autoridad
suprema
en
la
Rama
Ejecutiva
sin
limitaciones de ninguna clase”198, que no sean las que
dispone
la
propia
Constitución
y
las
leyes
que
a
su
amparo se aprueben.
De otra parte, el Art. 68 de la Ley Núm. 7, supra,
le permite al Primer Mandatario emitir órdenes ejecutivas
conducentes a: reducir gastos, promover hasta al máximo
posible
la
economía
de
la
Rama
Ejecutiva
sin
que
se
afecte el funcionamiento eficiente del Gobierno, mantener
la eficiencia de las operaciones de la Rama Ejecutiva en
el mayor grado posible, y agrupar, coordinar y consolidar
funciones en cada Agencia de acuerdo a los objetivos de
la ley. Surge claramente del susodicho artículo, que las
197
Tomo 4, Diario de Sesiones, pág. 2606 (1962).
198
Santana v. Gobernadora, supra, pág. 47.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
116
facultades del Primer Mandatario se deben gobernar bajo
dos
principios
esenciales:
1)
deben
promover
los
objetivos de la Ley Núm. 7, supra; 2) y en consonancia
con
ese
parámetro,
no
puede
afectar
el
funcionamiento
eficiente del Gobierno. Es decir, la delegación de poder
que
se
le
despliega
al
Ejecutivo
se
regenta
por
principios diáfanamente establecidos. A su vez, el propio
Art. 68 de la Ley Núm. 7, supra, reconoce una limitación
adicional al poder del Gobernador. Éste no podrá crear,
consolidar
o
reorganizar
departamentos
ejecutivos,
ni
suprimir organismos creados por Ley; las reorganizaciones
que
requieran
vigentes,
legislación
deberán
ser
o
enmiendas
presentadas
ante
a
estatutos
la
Asamblea
Legislativa para su consideración.199 Lo anterior es un
claro ejemplo de que las facultades del Primer Ejecutivo
bajo la antedicha ley, encuentren sus límites ante las
prerrogativas de la Asamblea Legislativa de formular y
crear las leyes.
En conclusión, las facultades que les reconoce el
Art. 68 de la Ley Núm. 7, supra, al Gobernador, no son
una delegación impermisible o indebida de poder. Tales
facultades
ningún
se
circunscriben
momento
develan
la
a
la
Rama
intención
Ejecutiva
y
en
legislativa
de
claudicar a sus poderes constitucionales de legislar. Por
tanto, no podemos refrendar los argumentos de la parte
199
Art. 68 de la Ley Núm. 7, supra.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
117
recurrida a los efectos de que la Ley Núm. 7, supra,
delega indebidamente poder al Gobernador.
X
Por todo lo anterior, resolvemos que la Ley Núm. 7
de
9
de
marzo
de
2009,
conocida
como
Ley
Especial
Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo
Plan
Integral
de
Estabilización
Fiscal
para
Salvar
el
Crédito de Puerto Rico, es constitucional, en todos los
aspectos cubiertos por esta Opinión. Como consecuencia, y
en vista de que las partes recurridas no ostentan un
derecho
en
ley
que
requiera
hacerse
efectivo,200
se
declara No Ha Lugar la solicitud de injuction permanente.
Se
devuelve
el
recurso
CT-2009-09
al
Tribunal
de
Primera Instancia, Sala de San Juan, para la continuación
de
los
procedimientos
de
forma
consistente
Opinión.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
200
Abella v. Fernández, et al., 17 D.P.R. 1063 (1911).
con
esta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Olga Domínguez Castro,
Sandra J. Guzmán Hernández,
Militza López Mateo,
Carlos Rivera Figueroa
Recurridos
v.
Gobierno
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
Secretario
de
Justicia,
Honorable
Luis
Fortuño,
Gobernador del Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
Departamento
de
Justicia,
Departamento de la Familia y
Junta de Reestructuración y
Estabilización Fiscal
CT-2009-4
CT-2009-5
CT-2009-6
CT-2009-9
Certificación
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2010.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, resolvemos que la Ley Núm. 7 de 9 de marzo
de 2009, conocida como Ley Especial Declarando Estado de
Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de
Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto
Rico, es constitucional, en todos los aspectos cubiertos
por esta Opinión. Como consecuencia, y en vista de que
las partes recurridas no ostentan un derecho en ley que
requiera hacerse efectivo, se declara No Ha Lugar la
solicitud de injuction permanente.
Se devuelve el recurso CT-2009-09 al Tribunal de
Primera Instancia, Sala de San Juan, para la continuación
de los procedimientos de forma consistente con esta
Opinión.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
2
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Rivera Pérez emitió voto particular. El Juez Asociado
señor Martínez Torres y la Jueza Asociada señora Pabón
Charneco se acogen al término reglamentario de diez días
que se dispone en la Regla 5 de nuestro Reglamento, 4
L.P.R.A. Ap. XXI-A R.5, para reservarse el derecho de
emitir una opinión de conformidad, luego de examinar las
ponencias disidentes que no se circularon, en violación
de nuestro Reglamento. El Juez Presidente señor Hernández
Denton, la Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitieron Opiniones
disidentes.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Olga Domínguez Castro, Sandra
J. Guzmán Hernández, Militza
López
Mateo,
Carlos
Rivera
Figueroa
Recurridos
v.
Gobierno
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
Secretario de Justicia, Hon.
Luis Fortuño, Gobernador del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto Rico, Departamento de
Justicia, Departamento de la
Familia
y
Junta
de
Reestructuración
y
Estabilización Fiscal
CT-2009-4
CT-2009-5
CT-2009-6
CT-2009-9
Peticionarios
Voto Particular del Juez Asociado señor Rivera Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2010.
La
Jueza
Asociada
señora
Fiol
Matta
señala
en
su
Opinión Disidente que ”… la mayoría también decidió acortar
el
término
de
treinta
(30)
días
que
provee
nuestro
Reglamento para que cada juez considere de forma sosegada
todas
las
opiniones
circuladas.
Incluso,
la
mayoría
no
permitió que los jueces y juezas que interesaran escribir
opiniones propias utilizaran la facultad que les provee el
Reglamento
de
acogerse
a
un
término
adicional
para
ese
propósito”.
La distinguida compañera Jueza Asociada señora
Fiol
omite
Matta
señalar
que
el
Juez
Asociado,
señor
Kolthoff Caraballo, circuló su ponencia como Opinión del
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
2
Tribunal el 4 de enero de 2010, o sea hace veinte y
nueve (29) días.
Se acortó el término para que cada uno de
los jueces pudieran expresar su criterio por el alto interés
público del que está revestida la presente controversia y la
urgencia
que
la
resolución
de
este
asunto
amerita.
No
obstante, todos los jueces han contado con (1) un mes para
considerar y evaluar la Opinión circulada como mayoritaria.
Con
mucho
respeto
tengo
que
recordarles
a
mis
compañeros de funciones que para el 20 de noviembre de 2004,
en el caso de Suarez v. C.E.E. I, 163 D.P.R. 347 (2004), la
mayoría de entonces decidió acortar el mismo término a que
hace alusión la Jueza Asociada señora Fiol Matta no a veinte
y nueve (29) días sino a tres (3) horas, para que cada juez
“considerara de forma sosegada las opiniones circuladas y
vertiera su criterio”.
alguna
que
No tomaron en consideración en forma
los entonces
Jueces
Asociados
señores
Rebollo
López y Corrada del Rio se encontraban fuera de Puerto Rico.
Al que suscribe, que estaba presente en el Tribunal, se le
concedió tres (3) horas para “considerar de forma sosegada
la opinión circulada como de mayoría, que ya contaba con la
mayoría
requerida
antes
de
ser
circulada
a
todos
los
jueces”.
Redujeron el término reglamentario de treinta (30)
días para ello a tres (3) horas y el término adicional de
treinta (30) días para escribir nuestra opinión a cero (0)
días o horas.
No obstante, en este caso el término de
veinte y nueve (29) días concedido por acuerdo del Tribunal
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
3
Supremo de Puerto Rico no es suficiente.
Similar
Hernández
criterio
Denton,
emite
el
Juez
quien
expresara
tramite
Tribunal
”…
luego
de
un
resulta
contrario
el
debido
Presidente,
que
la
judicial
proceso
de
señor
mayoría
del
apresurado
que
ley,
elimina
los
derechos adquiridos sobre sus empleos de miles de servidores
públicos”.
No obstante, no fue violatorio al debido proceso
de ley reducir los mismos términos no a veinte y nueve (29)
días sino a tres (3) horas.
al
Juez
Presidente,
Tal curso de acción, de acuerdo
señor
Hernández
Denton,
no
fue
apresurado cuando se estaba discutiendo el efecto práctico
sobre la elección general del derecho al voto de cientos de
miles de electores.
Por las razones antes expuestas el presente caso debe
certificarse el día de hoy.
No obstante, la Jueza Asociada
señora Fiol Matta nos ha circulado su Opinión Disidente hoy
a
las
2:45
p.m.
y
el
Juez
Presidente,
señor
Denton,
nos
circuló
la
suya
a
p.m.
las
3:00
Hernández
La
Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez circuló la suya a las
4:18
p.m.
escribir
Hemos
estos
contado
con
apenas
unos
minutos
pensamientos
sobre
algunas
para
de
las
inconsistencias plasmadas en nuestro registro histórico.
No
se
las
nos
ha
permitido
considerar
en
forma
sosegada
Opiniones Disidentes circuladas, por ello nos acogemos al
termino de diez (10) días dispuesto en la Regla 5 de nuestro
Reglamento,
4
L.P.R.A.
Ap.XXI
A,
R.
15
para
considerar y evaluar todas las Opiniones Disidentes y
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
determinar
si
es
necesaria
una
expresión
nuestra parte.
Efraín E. Rivera Pérez
Juez Asociado
4
adicional
de
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Olga Domínguez Castro y otros
Recurridos
*
*
*
v.
*
*
Gobierno del Estado Libre
*
Asociado de P.R. y Otros
*
Peticionarios
*
*********************************
Kristy J. González Bou y otros *
Recurridos
*
*
v.
*
*
Estado Libre Asociado de P.R.
*
y Otros
*
Peticionarios en
*
Certificación
*
*********************************
Zoraida Martínez Román y otros *
Recurridos
*
*
v.
*
*
Estado Libre Asociado de P.R.
*
y Otros
*
Peticionarios
*
*********************************
Erika Vispo Figueroa
*
Recurrida
*
*
v.
*
*
Estado Libre Asociado de P.R.
*
y Otros
*
Peticionarios
*
*********************************
CT-2009-4
CT-2009-5
CT-2009-6
CT-2009-9
Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente SEÑOR
HERNÁNDEZ DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2010.
Disentimos del curso de acción seguido por una mayoría
del Tribunal en el día de hoy, pues éste, luego de un
trámite judicial apresurado que resulta contrario al debido
proceso de ley, elimina los derechos adquiridos sobre sus
empleos de miles de servidores públicos, en violación de la
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
prohibición
constitucional
contra
obligaciones
contractuales
establecida
2
el
menoscabo
de
tanto
la
en
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como
en la Constitución de los Estados Unidos.
Art. II, Sec. 7,
Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1; Art. 1, Sec. 10. Const.
E.E.U.U., L.P.R.A. Tomo 1. Específicamente, la Opinión que
emite el Tribunal para declarar la constitucionalidad de la
Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009 se basa en un expediente
judicial desprovisto de la prueba necesaria para resolver
de forma adecuada y fundamentada la controversia.
Peor aún, ésta ni siquiera cumple con el ámbito mínimo
de
protección
colocándonos
Tribunal
establecido
por
la
margen
la
normativa
al
Supremo
de
de
Estados
Constitución
Unidos
que
sobre
Federal,
formuló
la
el
referida
prohibición constitucional en United States Trust Co. v.
New Jersey, 431 U.S. 1 (1977), y que adoptó este Tribunal
en
Bayrón
Toro
v.
Serra,
119
D.P.R.
605
(1987).
La
necesidad de un expediente judicial completo que contenga
prueba
que
permita
establecidos
en
evaluar
dicha
adecuadamente
jurisprudencia
los
resulta
criterios
aún
más
imperiosa al considerar la magnitud del impacto de la Ley
Núm. 7, supra, sobre los empleados públicos afectados y el
efecto que la decisión del Tribunal tendrá en el país.
A nuestro juicio, la decisión que el Tribunal emite en
el caso de autos se toma únicamente basada en el propio
texto de la Ley Núm. 7, supra, y su Exposición de Motivos,
sin que se haya presentado en los tribunales la prueba
necesaria
para
establecer
que
el
plan
de
cesantías
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
3
decretado era la alternativa menos onerosa a la luz de la
situación
fiscal,
según
lo
requerido
por
la
doctrina
establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y
sin permitir a los empleados cesanteados refutarla. Con la
Opinión emitida en este caso por el Tribunal, nos colocamos
al
margen
de
la
Constitución
Federal
y
correspondería
entonces al Tribunal Supremo de Estados Unidos rectificar
esta decisión. Por ello, nos vemos obligados a disentir.
I.
A.
Como se desprende de la Opinión del Tribunal, cada uno
de los recursos de epígrafe llegó ante la consideración de
este
Foro
pocos
días
luego
de
presentarse
las
demandas
correspondientes ante el Tribunal de Primera Instancia y
diligenciarse los emplazamientos.
Estado
compareció
peticiones
de
ante
nos
certificación,
En todos los recursos el
mediante
sin
que
controversia en el foro de instancia.
sus
se
respectivas
dilucidara
la
En éstas, el Estado
nos solicitó obviar el trámite ordinario bajo el fundamento
de
que
esta
Curia
debía
adjudicar
la
controversia
en
primera instancia, a tenor de lo dispuesto en el Artículo
69 de la Ley Núm. 7, supra.
Dicho artículo dispone que, a
solicitud de una parte, este Tribunal “expedirá un auto de
certificación
resolver
…
para
cualquier
traer
asunto
inmediatamente
pendiente
ante
el
ante
sí
y
Tribunal
de
Primera Instancia o ante el Tribunal de Apelaciones cuando
se plantee la validez o constitucionalidad” de la Ley o
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
4
“cualquier impugnación a la misma de cualquier naturaleza”.
Art. 69, Ley Núm. 7, supra.
A pesar de la naturaleza discrecional y excepcional
que caracteriza al recurso de certificación, este Tribunal
no vaciló en expedir dichos recursos. Al circunvalar el
trámite ordinario en los casos de epígrafe, el Tribunal no
contó con un expediente para dilucidar las alegaciones de
las partes. En esencia, cada uno de los autos ante nuestra
consideración
solamente
consiste
de
la
petición
de
certificación, la demanda y los alegatos de las partes.
Aún así, el Tribunal no requirió escritos adicionales ni,
mucho menos, celebró una vista oral para ofrecerles a las
partes su día en corte y para que, a modo de excepción,
este Foro recibiera la prueba que ninguna de éstas tuvo la
oportunidad de presentar ante el foro de instancia, en una
controversia
muy
compleja,
que
involucra
diversos
planteamientos, y que, sin duda, es de gran trascendencia
pública.
Como resultado de la intervención a destiempo por
parte
de
este
Tribunal,
en
su
Opinión
éste
descansó
exclusivamente en el texto de la propia Ley Núm. 7, supra,
y en su Exposición de Motivos para dilucidar y declarar la
constitucionalidad del estatuto.
En otras palabras, ante
la ausencia de un expediente judicial completo en el cual
las
partes
hubiesen
fundamentado
sus
posiciones,
el
Tribunal optó por tomar como hechos las alegaciones del
Estado y los datos contenidos en la Exposición de Motivos
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
5
de la Ley Núm. 7, supra, para dirimir la validez de ésta.
Ello, sin que los empleados cesanteados hubiesen tenido la
oportunidad
de
presentar
prueba
en
contrario.
Tal
proceder, además de dar lugar a un razonamiento circular,
resulta contrario a lo establecido por el Tribunal Supremo
de los Estados Unidos en United States Trust Co. v. New
Jersey, supra.
En
United
States
Trust
Co.
v.
New
Jersey,
supra,
dicho foro formuló el escrutinio de adjudicación a seguir
en
casos
donde
se
alega
contractuales del Estado.
un
menoscabo
de
obligaciones
En esencia, para que el Estado
prevalezca en estos casos se requiere que el menoscabo de
la
obligación
contractual
responda
a
un
interés
gubernamental importante y que sea razonable y necesario
para
alcanzar
el
interés
gubernamental
involucrado.
United States Trust Co. v. New Jersey, supra, pág. 25.
A
págs.
tales
efectos,
620-21,
en
atendimos
Bayrón
un
Toro
reclamo
v.
Serra,
supra,
al
amparo
de
la
cláusula contra el menoscabo de obligaciones contractuales
establecida en el Art. II, Sec. 7 de nuestra Constitución,
supra, y adoptamos el escrutinio de adjudicación formulado
por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en United States
Trust Co. v. New Jersey, supra. De hecho, en esa ocasión
sostuvimos la actuación del Estado por entender que ésta
había sido razonable y necesaria. Bayrón Toro v. Serra,
supra, pág. 623.
Claro está, en ese caso se dilucidó la validez de la
actuación cuestionada ante el foro de instancia, el cual
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
6
contó con un expediente completo que incluía, entre otras
cosas, estipulaciones de hechos, memorandos de derecho y
un informe actuarial. Íd., págs. 609, 622. Con ello, el
Estado cumplió con su obligación de demostrar que no hubo
un menoscabo de obligaciones contractuales que infringiera
nuestra Constitución. Íd. Véase, además, Voto particular
del Juez Alonso Alonso.
En
cuanto
a
la
valoración
de
los
elementos
de
razonabilidad y necesidad de una medida impugnada en casos
como el de autos, el máximo foro federal resolvió que no
procede
otorgarle
deferencia
absoluta
al
juicio
legislativo cuando el propio interés del Estado está en
juego. United States Trust Co. v. New Jersey, supra, pág.
26; Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 620.
razonó
el
cláusula
Tribunal
Supremo
constitucional
Federal,
contra
Lo contrario,
implicaría
el
que
menoscabo
la
de
obligaciones contractuales no proveería protección alguna
y, en esencia, sería letra muerta. United States Trust Co.
v. New Jersey, supra, pág. 26. Por tanto, el Estado debe
probar en los tribunales que la medida es razonable y
necesaria. Íd., pág. 30.
En
este
sentido,
en
el
referido
precedente,
el
Tribunal Supremo de Estados Unidos dejó claro que: “Un
estado
no
es
completamente
libre
para
considerar
menoscabar las obligaciones de sus propios contratos a la
par con otras alternativas. Similarmente, un estado no es
libre para imponer un menoscabo drástico cuando una medida
evidente
y
más
moderada
serviría
sus
propósitos
de
la
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
misma
forma.”
(Traducción
y
énfasis
7
nuestro.)
Íd.
Es
decir, en estos casos se requiere que el Estado demuestre
que
no
existen
medidas
resolver,
el
Tribunal
alegación
del
Estado
alternativas
menos
drásticas.
Supremo
de
que
disponibles
Federal
la
es
un
que
esta
Íd.
Al
así
descartó
la
selección
asunto
de
de
las
absoluta
discreción legislativa. Íd.
Somos
del
criterio
norma
cobra
mayor
relevancia cuando la medida adoptada por el Estado tiene
el propósito de resolver una crisis fiscal relacionada con
la administración de sus finanzas y su efecto equivale a
menoscabar severamente los derechos adquiridos por miles
de
empleados
establecido
nombrados
por
la
Ley
a
tenor
para
la
con
el
ordenamiento
Administración
de
los
Recursos Humanos en el Servicio Público, Ley Núm. 184 de 3
de agosto de 2004, 3 L.P.R.A. sec. 1461 et seq, y sus
leyes
En
predecesoras.
momentos
de
crisis
fiscal,
el
Estado tiene la facultad y el deber de diseñar y adoptar
mecanismos para solventar sus problemas económicos.
Dicha
facultad, sin embargo, no es ilimitada. Justamente, la
cláusula
constitucional
contra
el
menoscabo
de
las
obligaciones contractuales impone un límite a dicho poder.
En el presente caso, el Estado, como parte de las
medidas
adoptadas
implantar
un
plan
en
la
Ley
Núm.
de
cesantías
de
7,
supra,
miles
de
optó
por
empleados
públicos que tienen derechos adquiridos sobre sus puestos.
No
está
en
controversia
el
hecho
de
que
éstos,
como
empleados del Gobierno, tienen una relación contractual
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
8
con su patrono, el Estado, establecida al amparo de la
legislación
aplicable,
severamente.
Igual
y
ocurre
que
ésta
fue
menoscabada
con
los
empleados
públicos
unionados, pues éstos, representados por sus sindicatos,
establecieron
una
relación
contractual
con
el
Estado
plasmada en los convenios colectivos suscritos al amparo
de
la
Ley
de
Relaciones
del
Trabajo
para
el
Servicio
Público, Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 3 L.P.R.A.
secs. 1451 et seq.
No obstante, el trámite judicial expedito solicitado
por el Estado y autorizado por este Tribunal redundó en
los parcos expedientes ante nuestra consideración, lo que
nos impide evaluar adecuadamente la constitucionalidad del
referido plan de cesantías de la Ley Núm. 7, supra, a la
luz
de
los
criterios
pautados
por
el
Tribunal
Supremo
Federal y por este Foro.
El
impedimento
es
más
grave
aún
al
considerar
el
hecho de que nunca se celebró una vista evidenciaria ante
un foro judicial que permitiera al Estado demostrar, según
lo requiere United States Trust Co. v. New Jersey, supra,
que su actuación es necesaria y cumple con los parámetros
requeridos para validar este tipo de legislación.
Es por
tal razón, precisamente, que la mayoría del Tribunal se ve
obligada
a
descansar
únicamente
en
la
Exposición
de
Motivos de la Ley Núm. 7 y da por hechos los datos allí
contenidos que, a fin de cuentas, sólo constituyen las
alegaciones
del
Estado.
De
esta
manera,
el
Tribunal
realmente otorga completa deferencia al texto de la ley,
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
9
abdica a su función judicial y, por tanto, priva a las
partes de un debido proceso de ley, en clara contravención
a lo resuelto en United States Trust Co. v. New Jersey,
supra.
De
acuerdo
con
nuestra
función
como
máximo
foro
judicial de Puerto Rico, debemos velar por que se respete,
al menos, el ámbito mínimo de protección que otorga la
cláusula contra el menoscabo de obligaciones contractuales
de la Constitución de Estados Unidos, según delimitado en
United States Trust Co. v. New Jersey, supra. Contrario a
ello, este Tribunal se aparta de esos criterios mínimos e
incurre,
justamente,
en
lo
que
dicha
jurisprudencia
persigue evitar: descansar ciegamente en la Exposición de
Motivos de la ley cuando el propio interés del Estado está
en juego.
A nuestro juicio, la Opinión del Tribunal constituye
una invitación al Tribunal Supremo de Estados Unidos para
que corrija los errores de este Foro, al igual que lo hizo
en El Vocero v. Puerto Rico, 508 U.S. 147 (1993). En esa
ocasión, el Tribunal Supremo Federal revocó el dictamen
mayoritario emitido en dicho caso y llegó a las mismas
conclusiones que sostuvimos tanto el Juez Asociado señor
Negrón
García
como
este
servidor,
quienes
disentimos
entonces. Véase El Vocero de P.R. v. E.L.A, 131 D.P.R.
356, 436, 440 (1992).
caso
abre
las
El tracto procesal seguido en este
puertas
para
que
el
único
foro
ahora
disponible para los empleados cesanteados intervenga en la
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
10
controversia y siga un curso de acción igual al de El
Vocero v. Puerto Rico, supra.
B.
De
otra
parte,
nos
parece
incomprensible
la
distinción que intenta hacer la mayoría en el día de hoy
de su decisión de otorgar escoltas policiacas vitalicias a
los ex gobernadores en Hernández Colón, Romero Barceló v.
Policía de P.R., res. el 13 de octubre de 2009, 2009
T.S.P.R.
154.
reclamaron
En
esa
tener
un
ocasión,
derecho
los
ex
adquirido
gobernadores
vitalicio
al
servicio de escoltas policiacas, del cual alegaron no se
les
podía
privar
sin
la
celebración
de
una
vista
que
cumpliera con las garantías del debido proceso de ley.
Este Tribunal les dio la razón y determinó que los ex
gobernadores tienen un derecho adquirido que goza de la
misma
protección
que
un
derecho
constitucional.
Más
importante aún, resolvió que un derecho adquirido “está
protegido constitucionalmente frente a cualquier gestión
gubernamental
que
pretenda
intervenirlo”.
(Énfasis
nuestro.) Hernández Colón, Romero Barceló v. Policía de
P.R., supra, pág. 28.
En
el
caso
de
autos,
sin
embargo,
este
Tribunal
resuelve que los empleados públicos de carrera no tienen
un derecho adquirido sobre sus empleos.
La razón que
esboza para llegar a dicha conclusión nos resulta, como
poco, sorprendente: “se encuentra ausente el elemento del
amparo
de
una
ley
anterior
que
hubiere
concedido
tal
derecho”. (Énfasis en el original). Op. del Tribunal, pág.
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
76.
Desafortunadamente,
al
así
11
proceder
el
Tribunal
soslaya las disposiciones de la Ley para la Administración
de los Recursos Humanos en el Servicio Público, supra, las
leyes anteriores a ésta y la normativa elaborada en la
jurisprudencia de este Foro.
El ordenamiento relacionado
con el personal de servicio público reconoce, desde hace
más de medio siglo, el principio de mérito como el pilar
fundamental que rige el sistema de los empleados públicos
de carrera en asuntos como su retención en el empleo.
No
obstante, el Tribunal pasa por alto lo anterior, así como
los
derechos
contenidos
en
los
convenios
colectivos
suscritos al amparo de la Ley Núm. 45, supra.
Por el contrario, en el caso de las escoltas de los
ex gobernadores no existía disposición legal alguna que
expresamente les reconociera el derecho que reclamaban.
Precisamente, por esa razón, éstos solicitaron que se les
permitiera demostrar, mediante una vista, que a través de
los años habían adquirido ese derecho por la costumbre de
la Policía de proveerle el servicio en controversia.
Ante
esa realidad, este Tribunal, sin recibir prueba alguna de
las partes, se amparó únicamente en las alegaciones de los
ex
gobernadores
enactment”
y
para
en
la
reconocer
cuestionada
la
doctrina
existencia
del
vitalicio a escoltas como un derecho adquirido.
de
“re-
derecho
Es decir,
aún ante el silencio legislativo, la misma mayoría que hoy
emite
la
Opinión
del
Tribunal
concluyó
gobernadores tenían un derecho adquirido.
que
los
ex
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
12
Ciertamente, la decisión del caso de las escoltas
contrasta drásticamente con el curso de acción que adopta
el Tribunal en el caso de autos.
los
ex
gobernadores,
el
de
Contrario al reclamo de
los
empleados
públicos
cesanteados se basa en las disposiciones expresas de un
ordenamiento que les garantiza el principio de mérito en
el servicio público y les otorga derechos propietarios.
No podemos avalar que ante el reclamo de sus derechos, no
sólo adquiridos, sino expresamente conferidos por ley, se
adopte un criterio distinto al pautado en el caso de las
escoltas de los ex gobernadores.
Consistente con lo que sostuvimos en dicho caso, este
Tribunal
debió
haber
denegado
expedir
los
recursos
de
certificación solicitados por el Estado y haber permitido
que
las
partes
tuvieran
una
oportunidad
de
probar
sus
alegaciones en el foro judicial. Al igual que señalamos
entonces, el hecho de que se dilucide la controversia ante
el foro de instancia no impediría que ésta se atienda con
la
premura
y
el
carácter
prioritario
que
requiere
un
asunto de tan alto interés público, como lo es el de
autos. Adviértase, además, que dicho trámite ordinario no
hubiese afectado el interés del Gobierno en validar los
despidos,
pues
éstos
obstante,
este
Tribunal
nunca
fueron
escogió
un
paralizados.
curso
de
No
acción
precipitado que eliminó los derechos adquiridos de los
servidores
públicos
que
tocaron
las
judicial en busca de nuestra protección.
puertas
del
foro
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
13
III.
En fin, aunque somos conscientes de la crisis fiscal
que afecta las arcas del Estado y de los esfuerzos que
están realizando los poderes constitucionales para atender
esta situación, la Opinión que emite el Tribunal en los
casos
de
epígrafe
se
aparta
de
las
pautas
mínimas
reconocidas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en
cuanto a la cláusula constitucional contra el menoscabo de
obligaciones contractuales.
Debido al trámite procesal
seguido en el presente caso, -donde no se celebró tan
siquiera una vista evidenciaria-, las partes no contaron
con
un
foro
donde,
mediante
informes
económicos,
testimonios o aportaciones de peritos o especialistas en
la materia, o cualquier otro mecanismo de prueba, pudiesen
exponer sus posiciones. De esa manera se hubiese formado,
ante
un
tercero
imparcial,
un
panorama
claro
de
la
situación fiscal que atraviesa el país y se hubiese podido
evaluar
adecuadamente
si,
de
cara
a
ésta,
la
decisión
tomada por el Estado es la alternativa menos onerosa, a
tenor de los parámetros establecidos en la jurisprudencia
federal y estatal.
No haberles provisto a las partes una oportunidad
adecuada de probar sus puntos de vista y disponer del caso
sin el rigor que nos exige una controversia como la de
autos, es a todas luces contrario al principio de equidad
procesal que debe regir todo proceso judicial. Así pues,
el
dictamen
públicos
de
este
afectados
de
Tribunal
sus
priva
derechos
a
los
adquiridos
empleados
sin
tan
CT-2009-4, CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
14
siquiera haberles provisto un proceso judicial completo y
transparente, lo que lamentablemente tendrá el efecto de
socavar la legitimidad de la decisión de este Tribunal y
contribuirá
a
crear
aún
más
desconfianza
sobre
la
sabiduría y la validez de la acción tomada por el Estado
para resolver sus problemas fiscales.
La magnitud del impacto de la Ley Núm. 7, supra,
sobre los empleados públicos, la economía y la situación
social
de
Puerto
Rico
nos
requiere
ser
en
extremo
rigurosos y cuidadosos al adjudicar la controversia ante
nos.
La decisión de la mayoría del Tribunal en el día de
hoy no sólo echa a un lado los derechos de los empleados
públicos,
sino
que
al
hacerlo,
obvia
el
procedimiento
adecuado y la normativa aplicable establecida tanto por el
Tribunal
Supremo
Federal
como
por
Tratándose
del
sustento
de
puertorriqueñas
y
habiéndole
este
Tribunal.
miles
de
familias
dedicado
gran
parte
de
nuestra vida profesional al servicio público, no podemos
tomar tan livianamente nuestra responsabilidad de vindicar
los derechos constitucionales de la ciudadanía. Por lo
tanto, disentimos.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Coordinadora Unitaria de Olga
Domínguez Castro, Sandra J.
Guzmán Hernández, Militza
López Mateo, Carlos Rivera
Figueroa
Recurridos
Certificación
CT-2009-4
cons. con
CT-2009-5
CT-2009-6
CT-2009-9
v.
Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico,
Secretario de Justicia,
Honorable Luis Fortuño,
Gobernador del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico,
Departamento de Justicia,
Departamento de la Familia y
Junta de Reestructuración y
Estabilización Fiscal
Peticionarios
Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora FIOL
MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2010.
No hay duda que los intereses propietarios de un
empleado público se ven sustancialmente afectados
por una destitución. El salario de un empleado
público
constituye,
en
la
mayoría
de
las
situaciones, su única fuente de ingreso. De ello
depende para el sostenimiento, techo y sustento de
su familia. La privación del ingreso del empleado
público desarticula de manera significa-tiva la
estabilidad económica y emocional de aquellas
familias que se ven privadas de esa fuente de
ingresos.
J.J.
Álvarez
González,
Derecho
Constitucional
de
Puerto
Rico
y
Relaciones
Constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá,
Temis, 2009, pág. 598. Énfasis nuestro.
En la Opinión que hoy se certifica, la mayoría
este
Tribunal
se
esfuerza
en
elaborar
un
de
razonamiento
jurídico lógico capaz de sostener la constitucionalidad de
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
2
la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según emendada.201 Sin
embargo,
su
metodología,
constitucionales
son,
hermenéutica
según
mi
y
criterio,
premisas
totalmente
inaceptables y el resultado de su esfuerzo es un edificio
defectuoso en sus cimientos, tan frágil como un castillo de
naipes.
La
mayoría
ha
decidido
abordar
el
asunto
de
la
constitucionalidad del Capítulo III de la Ley Núm. 7 de 2009
consolidando
casos
prematuramente
para
disímiles
apresurarse
y
a
certificándolos
resolver
el
asunto
constitucional. Sin tener prueba en el expediente, se ha
inclinado
por
afectar
empleados
públicos
los
que
puestos
constituyen
de
un
trabajo
derecho
de
los
adquirido
constitucionalmente protegido. Esto lo hace fundamentándose
exclusivamente en la exposición de motivos de la ley o lo
que
es
lo
mismo,
en
las
alegaciones
del
Estado.
Tal
actuación provoca que este Tribunal no cumpla en este caso
con
su
función
controversias
de
judicial
forma
constitucional
mesurada
y
con
de
adjudicar
justificación
jurídica.
La mayoría se equivoca.
El Capítulo III de la Ley Núm.
7 de 2009 es inconstitucional, no tan solo en su faz sino
también en su aplicación. Viola la cláusula constitucional
de debido proceso de ley y la de menoscabo de obligaciones
201
Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y
Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para
Salvar el Crédito de Puerto Rico.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
contractuales.
3
En definitiva, no sólo afecta el derecho
adquirido a su puesto que tienen los empleados públicos,
sino que da al traste con nuestra legislación laboral y
medio
siglo
de
interpretación
constitucional.
Por
eso,
respetuosamente, disiento.
I.
Errores de Método en la Adjudicación
La génesis del problema fue la decisión de certificar
estos
casos
antes
de
que
se
recibiera
prueba
o
se
desarrollaran las teorías de las partes a nivel de primera
instancia.
El Artículo 69 de la Ley Núm. 7 de 2009 pretende
obligar a este foro a sustraer de los tribunales de primera
instancia o del tribunal apelativo cualquier caso en el que
se
cuestione
importar
la
la constitucionalidad
etapa
en
que
se
de
este
encuentre,
estatuto,
sin
con
mera
la
presentación de una solicitud a esos efectos por una de las
partes.202
La mayoría del Tribunal parece haber entendido
que con ello
se
impide o
anula
el ejercicio
de nuestra
202
El Artículo 69 de la Ley Especial Declarando Estado de
Emergencia
Fiscal
y
Estableciendo
Plan
Integral
de
Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico,
Ley Núm. 7 de 2009, dispone lo siguiente:
El Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico expedirá un auto de certificación a solicitud de
parte para traer inmediatamente ante sí y resolver
cualquier asunto pendiente ante el Tribunal de Primera
Instancia o ante el Tribunal de Apelaciones cuando se
plantee la validez o constitucionalidad de esta Ley
especial o cualquier impugnación a la misma de
cualquier naturaleza.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
La realidad es que
discreción para evaluar la solicitud.
este
precepto
nuestra
afecta
función
el
judicial
balance
de
poderes
y
esa
razón
por
4
e
no
incide
lo
en
podemos
interpretar abstrayéndonos de la naturaleza discrecional del
recurso
de
certificación.
Al
sopesar
si
se
expide
un
recurso de esta índole es necesario que se considere la
complejidad de la controversia, su urgencia, la necesidad de
recibir y dirimir la prueba y la etapa procesal en la cual
se encuentra el caso.203
Igualmente,
antes
de
tomar
la
determinación
de
consolidar varios casos, se debe evaluar si los hechos de
los casos y las controversias que requieren adjudicación son
comunes.204
La Opinión no indica si estos factores fueron
ponderados antes de consolidarse los casos que tenemos ante
nuestra consideración, lo cual hubiéramos esperado, máxime
cuando en dos de los casos consolidados, CT-2009-5 y CT2009-6, ya se habían emitido sendas resoluciones denegando
la consolidación.
Incluso, estos casos estaban asignados a
distintos jueces y no consta cuándo se tomó, ni quién tomó,
la
decisión
ponente,
el
de
consolidarlos
compañero
Juez
y
asignarlos
Asociado
todos
señor
al
Juez
Kolthoff
203
Regla 23 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A.
Ap. XXI-A, R. 23.
Véase, además, J.A. Cuevas Segarra,
Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, JTS, 2000, T.
II, págs. 836-838, 890-892.
204
38.
Regla 38 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
Caraballo.205
La
consolidación
tan
accidentada,
5
por
así
decirlo, de estos casos, es el segundo factor que provoca
que el método y los fundamentos de derecho de la opinión
mayoritaria resulten inconsistentes e ilógicos.206
Un análisis somero de los expedientes de los recursos
consolidados nos permite percibir que las controversias que
se presentan no tan solo son complejas, sino múltiples y
diversas.
Entre éstas, en algunos casos se alega discrimen
por afiliación política, en otros discrimen por embarazo;
también
hay
alegaciones
de
discrimen
por
razón
de
edad,
incumplimiento en la aplicación de la ley respecto a la
antigüedad y al principio de mérito, así como alegaciones de
exclusión de la aplicación de la ley, fundamentado en el
artículo
37.02,
entre
inconstitucionalidad
de
otros.
Además,
se
argumenta
la
la
Núm.
de
2009
la
Ley
7
por
205
De acuerdo al Reglamento del Tribunal Supremo, la
asignación de los casos es facultad del Juez Presidente del
Tribunal y, en su defecto, del Juez Asociado de mayor
antigüedad. Regla 5 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4
L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 5.
206
Por ejemplo, en uno de los casos consolidados, CT-2009-5,
la representación legal de los empleados presentó, el 16 de
noviembre de 2009, una moción de desistimiento parcial sin
perjuicio porque la JREF había pospuesto los despidos de un
grupo de empleados.
Oportunamente, el Estado se opuso
porque entendió que la posposición de los despidos no hacía
académica la controversia debido a que la determinación del
Estado no tenía visos de permanencia. Estas mociones nunca
fueron resueltas por este Tribunal y en la opinión
mayoritaria se declara con lugar el desistimiento.
Sin
embargo, no se hizo lo mismo respecto al CT-2009-06. En este
último los despidos de las demandantes también fueron
pospuestos e, inexplicablemente, la mayoría no desestimó la
reclamación.
Entiendo que la posición del Estado es
correcta porque se configuró la excepción mencionada a la
doctrina de academicidad. Por consiguiente, no debió
desestimarse la demanda de los empleados que lo solicitaron.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
6
violación del debido proceso de ley en su vertiente procesal
y sustantiva, el menoscabo de las obligaciones contractuales
y la delegación inconstitucional de poderes por parte de la
Asamblea Legislativa al Poder Ejecutivo.
Cada uno de estos asuntos pudo requerir la intervención
inicial del foro administrativo o del Tribunal de Primera
Instancia
para
permitiera
la
dirimir
labor
prueba
y
crear
efectiva
de
los
incluyendo la de este Tribunal Supremo.
un
expediente
foros
que
apelativos,
Es axiomático que
el derecho no se aplica en el vacío, requiere de hechos que
sirvan
de
base
para
aplicar
las
normas.
Sobre
el
particular, el autor Casimiro A. Varela advierte sobre lo
siguiente:
…[L]os fallos judiciales no deben auto-sustentarse… no
basta que un fallo tenga fundamentos, es menester que
éstos estén, a su vez, fundados… [E]l correspondiente
al derecho y el que requieran las circunstancias
comprobadas de la causa.207
En esa misma línea de análisis, Varela explica
ausencia de prueba en la cual fundamentar un fallo:
que
la
…puede dar lugar también al fundamento aparente de hecho
o de derecho.
En tales casos… los jueces se
consideraron dispensados de fundar razonablemente su
decisión, sustituyendo las razones por afirmaciones
dogmáticas o fundamentos sólo aparentes.208
A pesar de todas estas consideraciones, estos recursos
se
certificaron
de
forma
apresurada
y
a
destiempo.
Ello
provocó (1) que no se le proveyera a las partes un foro en
el
cual
se
plantearan
207
y
se
pudieran
dirimir
sus
C.A. Varela, Valoración de la Prueba, 2da ed., Buenos
Aires, Astrea, 1999, pág. 53. Énfasis nuestro.
208
Íd.. Énfasis nuestro.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
7
discrepancias respecto a la prueba, (2) que los expedientes
con
los
que
debíamos
trabajar
en
esta
etapa
apelativa
carecieran de prueba y determinaciones de hechos, (3) que la
determinación
meras
de
este
Tribunal
alegaciones
y,
en
Tribunal
no
haya
adjudicativa.
podido
se
basara,
por
tanto,
resumidas
cuentas,
(4)
que
ejercer
adecuadamente
su
en
este
función
En definitiva, lo anterior ha provocado que
se violenten los derechos constitucionales y laborales de
estos empleados públicos del gobierno central.
Como lo único que hay en los expedientes de los casos
es la demanda, el recurso de certificación y las mociones
interlocutorias,
exclusivamente,
la
el
opinión
texto
de
la
mayoritaria
Ley
Núm.
7
utiliza,
de
2009
y,
particularmente, los hechos expuestos en su exposición de
motivos,
para
justificar
efectos
adjudicativos,
suficientes
hechos
alternativas
de
despidos;
(2)
acción
pues,
tales
acciones
el
la
alegado
se
como
que
dieron
(1)
pudieron
déficit
legislativa.
por
Para
ciertos
y
la
ausencia
de
haber
evitado
los
estructural
de
$3,200
millones; (3) el plan de cesantía diseñado por la JREF bajo
los parámetros de la Ley Núm. 7 de 2009; (4) la lista por
antigüedad de todos los empleados del gobierno central; (5)
estudios e informes que justificaran el optar por un nuevo
plan de cesantías en lugar del plan que dispone la Ley Núm.
184 del 3 de agosto de 2004, según enmendada, conocida como
la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el
Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
8
(6) los ahorros obtenidos como resultado de los despidos,
esto
con
relación
al
número
y
el
costo
de
las
subcontrataciones y (7) el alegado gigantismo gubernamental.
Todo ello sin posibilidad de cuestionamiento por los que
impugnaron la acción del Estado ni de ofrecer prueba en
contrario. De esa forma, la certificación prematura de los
recursos
propició
un
método
el
adjudicativo
procedimiento
defectuoso.
En
fin,
adjudicar
la
controversia
que
estructuralmente
que
se
está
siguió
ante
nuestra
consideración
resultó
en
una
determinación
que
justificación
válida.209
Para
el
Varela,
escritor
para
carece
de
esta
situación es problemática porque:
…dentro de un concepto racional de la justicia, la
condición que motiva la decisión ha de ser la
conclusión lógica de un examen analítico de los hechos
y de una apreciación crítica de los elementos de
prueba.
La existencia de un método posibilita que la
simple
creencia
subjetiva
adquiera
un
carácter
impersonal que se imponga a todos, no solamente en las
cuestiones de derecho, sino también en las de hecho.210
Ciertamente,
congruencia
entre
la
clave
las
para
normas
impartir
y
justicia
principios
reconocidos y los hechos concretos del caso.
de
es
la
derecho
Al respecto,
nos dice la tratadista Redondo:
Los jueces deben resolver los conflictos mediante
decisiones justificadas. Se entiende que una sentencia
judicial tiene que ser una decisión fundamentada en
normas generales.
Eso significa que tiene que poder
reconstruirse conforme a la estructura de un argumento
válido.
Los enunciados generales de deber jurídico
209
Véase: R. Badenes Gasset,
Barcelona, Bosch, 1959, pág. 17.
210
C.A. Varela, op. cit, pág. 86.
Metodología
del
Derecho,
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
9
(normas o principios) constituyen la premisa mayor, la
descripción de los hechos acaecidos constituye la
premisa menor y el contenido de la decisión individual
del juez configura la conclusión.211
Esta autora añade lo siguiente:
El argumento judicial debe apoyarse en premisas
garantizadas.
A su vez, esta idea constituye el
corolario de un principio de racionalidad más general,
según el cual toda justificación tiene que estar basada
en razones a su vez justificadas… El argumento
práctico, en el sentido lógico, sólo sirve a un
concepto formal de justificación y no garantiza que las
premisas
constituyan
razones
sustantivas
para
la
acción… Por definición, la conclusión sólo estará
justificada si las premisas también lo están212
En
definitiva,
todo
nuestro
esfuerzo
analítico
debe
dirigirnos a cernir las premisas de nuestros razonamientos
de
manera
podamos
que,
nutridos
honestamente
por
el
descartar
conocimiento
aquellas
fundamenten en razones sustantivas.
adquirido,
que
al
analizarla
enumerados
por
Redondo
equivoca
al
elaborar
a
la
luz
encontramos
las
se
Esto no fue lo que
ocurrió al confeccionarse la opinión mayoritaria.
contrario,
no
de
que
premisas
los
la
Por el
elementos
opinión
mayores
de
se
su
razonamiento, es decir, las normas de derecho aplicables,
según abundaremos más adelante, pero más peligrosamente, se
equivoca en cuanto a la función judicial se refiere pues
carece de una premisa menor válida, por cuanto descansa en
los hechos expuestos en la exposición de motivos de la ley
que son, en fin, los hechos alegados por el Estado.
211
La
M.C. Redondo, La noción de razón para la acción en el
análisis
jurídico,
Madrid,
Centro
de
Estudios
Constitucionales, 1996, pág. 118.
212
Íd., págs.
230-231.
Énfasis nuestro.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
10
unión de ambos errores de método tan solo puede llevarnos al
error
en
la
decisión.
Veamos
algunas
instancias
específicas.
Primero, como ya explicamos, para determinar los hechos
relevantes la opinión mayoritaria se sustenta exclusivamente
en la exposición de motivos y acepta, sin prueba, que existe
una crisis fiscal y un problema de gigantismo gubernamental,
así como que no existe otra opción para corregir el déficit
estructural del gobierno central, que no sea el despido de
empleados
públicos
y
la
suspensión
de
los
derechos
laborales. Esto, a pesar de que existen diversos informes o
documentos
que
palabras,
la
cuestionan
mayoría
estas
hipótesis.
este
Tribunal
de
consideración
posiciones
distintas
Legislatura,
porque
hubo
dirimir
prueba
en
no
un
foro
a
la
oportunidad
de
En
no
tomó
en
por
la
recibir
y
instancia
o
adoptada
para
primera
otras
administrativo.
En concreto, en
la parte
IV (B) de su
opinión, la
mayoría resume y parafrasea las partes de la exposición de
motivos de la Ley Núm. 7 de 2009, que aluden a la crisis
fiscal.
Específicamente,
desglosa
los
datos
sobre
el
alegado déficit estructural en cuatro subtemas, a saber: las
razones
para
la
crisis,
consecuencias
de
la
crisis,
las
alternativas ante la crisis y la solución implantada por la
Asamblea Legislativa.
Finalmente, aplica dichos datos, cuya
única fuente es la exposición de motivos, y que resultan ser
también las alegaciones del Estado, sin examinar prueba que
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
las sustente o las contradiga.
11
Este proceso de análisis y
razonamiento le lleva a expresiones como las siguientes:
Las cesantías de los recurridos, junto a las cesantías
de miles de empleados, aunque lamentables, provocarán,
sin duda alguna, un ahorro real y sustancial en las
arcas del gobierno.213
Además, la ley en cuestión presenta un cuadro fiscal de
un Gobierno que se encuentra al borde del caos.214
Por otro lado, la eliminación por parte de la Ley Núm.
7 de todos los procesos anteriores a una cesantía que
establece la Ley Núm. 184, supra, responde a la
necesidad de que el propósito de la ley se alcance de
manera apremiante. Como expresa el Art. 37.04 (b) (1)
de la propia ley, existe urgencia en corregir los
problemas fiscales que enfrentamos.
El trámite de
cesantías que establece la Ley Núm. 184, supra, es uno
basado en el principio de méritos, el cual es
incompatible con el propósito del Art. 2 de la Ley Núm.
7.215
Ante el cuadro que presenta la propia ley, y nuestra
obligación de adoptar una actitud de gran deferencia
hacia la actuación legislativa, debemos concluir que el
Estado actuó razonablemente.216
Por otro lado, y como también se explica en la
Exposición de Motivos de la Ley, el establecer medidas
impositivas únicamente, tampoco es una alternativa
viable.217
Segundo, en demasiadas ocasiones la opinión recurre a
generalidades para apuntalar su razonamiento. Por ejemplo,
expresiones tales como:
213
Opinión del Tribunal, pág. 61.
214
Íd., pág. 62.
215
Íd., págs. 61-62.
216
Íd., pág. 64.
217
Íd., págs. 64-65.
Énfasis nuestro.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
12
Nuestro país, y podríamos afirmar que el resto del
mundo, vive momentos muy convulsos en el aspecto
económico y financiero.218
…
Lamentablemente,
tales
despidos
se
suman
a
los
aproximadamente más de 120,000 empleados en la empresa
privada que en los pasados tres años también han
perdido sus empleos en la Isla.219
La Ley Núm. 7 declara reiteradamente un “estado de
emergencia” en Puerto Rico. Ésta constituye la primera
vez en la historia que nuestra Asamblea Legislativa
utiliza el término “estado de emergencia”, en el
contexto de una situación económica a nivel de todo el
País.220
Debo señalar que también se citan fuera de contexto
unas expresiones mías en una opinión disidente en el caso de
Asociación de Maestros v. Departamento de Educación, para
sostener la conclusión de que tener un interés propietario
en un puesto no conlleva el tener un derecho adquirido.221
218
Íd., pág. 1.
Énfasis nuestro.
219
Íd., pág. 2.
Énfasis nuestro.
220
Íd., pág. 46.
Énfasis nuestro.
En ocasiones, se pasa
por alto que algunos artículos de la Ley Núm. 7 de 2009 a
los que la opinión hace referencia, fueron enmendados. Por
ejemplo, el artículo 37.02, que en su versión enmendada
excluye de su aplicación a numerosos empleados además de los
mencionados en la nota 13, pág. 9 de la Opinión, en virtud
de la Ley Núm. 37 de 10 de julio de 2009. Por otro lado, se
menciona en el texto de la opinión el artículo 40 de la Ley
Núm. 7 de 2009 para establecer que éste dispone que “los
convenios expirados a la fecha de vigencia de la ley o que
expiren durante la vigencia de ésta, no podrán ser
extendidos ni negociados” y que “[e]sta prohibición se
extenderá por un término de dos (2) años, a partir de la
Este artículo
vigencia de la propia ley”.
Íd., pág. 23.
también fue enmendado por la Ley Núm. 37 de 2009, a los
efectos de extender los convenios colectivos vencidos, o que
vencieran durante la vigencia de la Ley Núm. 7 de 2009,
hasta el 9 de marzo del 2011 y prohibir la organización
sindical durante ese mismo periodo. No hay duda de que estos
errores son producto de la prisa en decidir el recurso.
221
Asociación Maestros v. Educación, 2007 T.S.P.R. 123.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
13
Específicamente, se cita que “no toda situación jurídica que
surge al amparo de una ley anterior es un derecho adquirido
cobijado por el principio de irretroactividad frente a otra
ley posterior”.222
La Opinión pasa por alto que un interés
propietario en un puesto de empleo es algo muy distinto a lo
considerado en ese caso, que era una exención del pago de
cargos
por
afiliados
servicios
a
una
que
unión,
disfrutaban
al
amparo
unos
de
una
empleados
no
legislación
posteriormente derogada.223
Tercero, y más preocupante aún, la opinión mayoritaria
saca
fuera
de
contexto
toda
una
sección
de
nuestra
Constitución al fundamentar el ejercicio del poder de razón
de estado en este caso en la disposición del Artículo II,
Sección
18.
Esta
sección
se
refiere,
concretamente,
al
derecho de los trabajadores a la huelga, establecer piquetes
y llevar a cabo actividades concertadas y no tiene que ver
222
223
Íd..
La controversia de este caso era si la Ley Núm. 96 de 7
de agosto del 2001, que autorizó el cobro por servicio a los
empleados que optaran por no afiliarse a la organización
sindical,
se
debía
aplicar
retroactivamente
a
estos
trabajadores que no se afiliaron cuando estaba vigente la
sección 4.2 de la Ley Núm. 45 del 25 de febrero de 1998,
conocida como Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio
Público, y, que por ejercer tal derecho, no tenían que pagar
los cargos por servicios.
Concluí que no constituía un
derecho adquirido el que la Ley Núm. 45 de 1998 eximiera del
pago de cargos por servicios a los empleados que no se
afiliaron a la unión antes de la aprobación de la Ley Núm.
96 de 2001, máxime cuando esos empleados también disfrutan
de los beneficios que se pueden obtener mediante la
negociación colectiva. Por lo tanto, se podía aplicar
retroactivamente
la
Ley
Núm.
96
de
2001
a
estos
trabajadores.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
con
la
facultad
de
la
Asamblea
Legislativa
leyes para atender una crisis fiscal.
para
14
aprobar
Es con relación a la
posibilidad de limitar estos derechos laborales que nuestra
Constitución reconoce la facultad de la Asamblea Legislativa
de
aprobar
leyes
para
casos
de
grave
emergencia.
Esta
sección, de la cual la opinión mayoritaria cita tan sólo la
última oración, dice lo siguiente:
Sección 18: Derecho a Huelga
A fin de asegurar el derecho a organizarse y a
negociar colectivamente, los trabajadores de empresas,
negocios
y
patronos
instrumentalidades
del
privados
y
de
gobierno
que
agencias
funcionen
o
como
empresas o negocios privados tendrán, en sus relaciones
directas
con
sus
propios
patronos,
el
derecho
a
la
huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras
actividades concertadas legales.
Nada de lo contenido en esta sección menoscabará la
facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes
para casos de grave emergencia cuando estén claramente
en peligro la salud o la seguridad pública, o los
servicios públicos esenciales. 224
Evidentemente, la intención de los constituyentes al
aprobar
esta
sección
derecho
a
negociación
la
era,
en
primer
colectiva
lugar,
y,
en
reconocer
segundo
el
lugar,
reconocerle a la Asamblea Legislativa la facultad de aprobar
las leyes que fueran necesarias para la protección de la
224
Art. II, sección 18, 1 L.P.R.A. sec. 18.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
15
salud,
se
la
suscitara
seguridad
una
y
emergencia
el
bienestar
producto
de
público,
una
cuando
huelga.225
En
específico, las situaciones de emergencias que preocupaban a
los constituyentes eran la privación de alimentos, medicinas
y servicios hospitalarios adecuados, la suspensión de luz
eléctrica y la transportación y otros perjuicios serios que
pudieran ser consecuencia de un estado huelgario.226
Cuarto, la mayoría optó por atender el planteamiento
constitucional de estos casos, en contra de los criterios de
autolimitación que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
estableció en el caso de Ashwander v. Tennessee227 y que este
Tribunal adoptó en el caso de E.L.A. v. Aguayo.228
En lo
pertinente, esta doctrina de autolimitación dispone:
…La Corte no se anticipará a decidir una cuestión de
derecho constitucional antes de que sea necesario
hacerlo.
…La
Corte
no
formulará
una
regla
de
derechos
constitucional más amplia que la que requieran los
hechos precisos a los cuales ha de aplicarse.
…La Corte no juzgará una cuestión constitucional aunque
haya sido sometida propiamente en los autos, si también
se somete un fundamento de otra índole que permita
disponer del caso.
…Cuando se cuestione la validez de una ley del
Congreso, y aun cuando se suscite una duda seria sobre
su constitucionalidad, es un principio cardinal que
esta Corte primero se asegurará de si existe una
225
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de
Puerto Rico, Puerto Rico, Lexis Nexis, 2003, T. III, pág.
2265. Véase, además, A.A.A v. Unión de Empleados A.A.A., 105
D.P.R. 437, 452-454 (1976).
226
Diario de Sesiones de la Convención
Puerto Rico, op. cit., pág. 2266.
Constituyente
227
Ashwander v. Tennessee, 297 U.S. 288, 346 (1936).
228
E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 566 (1958).
de
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
interpretación razonable de la ley,
soslayar la cuestión constitucional.229
Además,
Tribunal
tanto
han
el
Tribunal
resuelto
Supremo
enfáticamente
que
le
federal
que
16
permita
como
este
Corte
no
“la
entenderá en una cuestión constitucional si los autos no son
adecuados para hacer una determinación de esa índole”.230
Por
último,
la
mayoría
también
decidió
acortar
el
término de 30 días que provee nuestro Reglamento para que
cada
juez
considere
de
forma
sosegada
las
opiniones
circuladas.
Incluso, la mayoría no permitió que los jueces
y
que
juezas
utilizaran
la
interesaran
facultad
que
escribir
opiniones
les
el
provee
propias
reglamento
de
acogerse a un término adicional para ese propósito.231
Discrepo
de
este
curso
de
acción.
Al
hacerlo,
no
pretendo negar la importancia que tiene este recurso y la
bondad para el país de que se resuelva prioritariamente.
Sin embargo, precisamente por ser un caso de alto interés
público que incide de manera trascendental en los derechos
laborales y constitucionales de los empleados afectados, era
necesario
evaluarlo
con
cuidado
y
analizarlo
desde
229
Sánchez et. al. v. Srio. de Justicia et. al., 157 D.P.R.
360, 386-387 (2002); E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 596,
citando Ashwander v. Tennessee, supra, 346.
230
Sánchez et. al. v. Srio. de Justicia et. al., supra, pág.
387; E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 596, citando Rescue Army
v. Municipal Court, 331 U.S. 549, 575 (1946), International
Brotherhood v. Denver Milk Producers 334 U.S. 809 (1948);
Parker v. Los Angeles, 338 U.S. 327, 329 (1949).
Énfasis
nuestro.
231
Cabe señalar que la Regla 5 del Reglamento
acortar los términos. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 23.
permite
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
diferentes perspectivas.
nada
la
situación
El hacerlo no hubiera afectado en
existente
recurridos
ya
fueron
obstante,
como
la
17
puesto
despedidos
mayoría
de
de
que
sus
este
los
empleados
empleos.232
Tribunal
No
decidió
certificar y consolidar estos casos para atender el asunto
constitucional,
a
pesar
de
las consideraciones
que
hemos
expuesto y de la ausencia de prueba en el legajo, nos vemos
en la obligación de discutir los aspectos constitucionales
de esta controversia.
I.
Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, inconstitucional en su
aplicación
A. El Interés Propietario es una forma de Derecho Adquirido:
Los empleados públicos de carrera del gobierno central
tienen
232
un
interés
propietario
sobre
su
puesto,
como
Distinto a la última vez en que se acortaron los
términos, al decidir los casos de Suárez v. C.E.E. I, 163
D.P.R. 347 (2004) y Suárez v. C.E.E. II, 163 D.P.R. 374
(2004), cuando urgía resolver el caso para que se pudiera
certificar al gobernador que prevaleció en las elecciones
generales y que juramentaría su cargo en poco más de un mes.
En aquella ocasión, al igual que ahora, se trataba de una
controversia de alto interés público.
Sin embargo, la
controversia planteada en Suárez era solamente de derecho y
no de hechos.
Además, en Suárez la Comisión Estatal de
Elecciones era parte en el caso. También, este caso trataba
sobre el derecho fundamental al voto que le otorga nuestra
Constitución
a
todos
los
puertorriqueños
y,
por
consiguiente, era este Tribunal el llamado a entender
inicialmente en esta controversia. Por último, al dictar la
sentencia Per Curiam de Suárez tuvimos el beneficio de una
decisión que el tribunal de instancia había tomado en corte
abierta.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
18
resultado de las diversas leyes que la Asamblea Legislativa
ha
aprobado
recursos
para
humanos
regir
de
trabajadores
adquieren
cumplen
el
con
el
sistema
de
Puerto
Rico.233
este
interés
principio
de
mérito
administración
de
Usualmente,
los
propietario
cuando
al
de
momento
su
reclutamiento, es decir, al ser elegidos como las personas
más idóneas para el puesto y cuando una vez reclutados,
concluyen favorablemente el periodo probatorio.234
233
En un periodo de 103 años se han aprobado cinco leyes de
personal hasta llegar al estatuto que la Ley Núm. 7 de 2009
pretende suspender, la Ley del Sistema de Administración de
los Recursos Humanos, Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 2004,
2004 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 1122, 3 L.P.R.A. sec.
1462(e)(9)(a).
Véase, además, D. Fernández Quiñones,
Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme, 2da ed., Bogotá, Forum, 2001, págs. 375-376.
234
Sección 5.6(4) de la Ley del Sistema de Administración de
los Recursos Humanos de 2004; 3 L.P.R.A. sec. 1350 (1992 y
Supl. 1999).
Véase, además, D. Fernández Quiñones, op.
cit.,
págs.
388-389;
M.A.
Velázquez
Rivera,
Derecho
Administrativo, 70 Rev. Jur. U.P.R. 271, 279 (2001).
Otra forma de adquirir un interés propietario sobre un
puesto, que no sea a través de un estatuto, es cuando las
circunstancias del empleo crean una expectativa razonable de
continuidad
de
manera
que
el
trabajador
tiene
una
reclamación legítima, no unilateral, de titularidad sobre el
beneficio. S.L.G. Giovanetti v. E.L.A., 161 D.P.R. 492, 506
(2004); Lebrón Bonilla v. E.L.A., 155 D.P.R. 475, 489-490
(2001); Orta v. Padilla, 131 D.P.R. 227, 241 (1992); Pierson
Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 846 (1978); Lupiañez v.
Srio de Instrucción, 105 D.P.R. 696, 700-701 (1977). Sobre
el
concepto
jurídico
de
expectativa
razonable
de
continuidad, como modalidad de interés propietario, el
Tribunal Supremo Federal ha establecido la norma de que no
es necesario tener un contrato escrito, o una permanencia
basada en un estatuto, para tener un interés propietario
sobre el puesto.
Ese derecho propietario puede ser el
resultado de un contrato implícito.
No obstante, debe
existir un reclamo legítimo de titularidad y no una mera
expectativa unilateral a mantenerse en el puesto.
Bd.
Regents v. Roth, 408 U.S. 564, 577 (1972); Perry v.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
Una
vez
el
empleado
público
de
carrera
19
obtiene
un
interés propietario sobre su puesto “goza de seguridad en el
empleo y sólo puede ser destituido por justa causa y previo
a ciertos trámites de rigor”.235
acción
gubernamental
propietario
tendrá
Por lo cual, cualquier
que
intervenga
que
cumplir
con
con
este
los
interés
parámetros
establecidos por la cláusula de debido proceso de nuestra
Constitución, que tiene sus homólogas en la Constitución de
los Estados Unidos.236
Atendido lo anterior, la opinión mayoritaria plantea
que “no todo derecho o interés propietario es a su vez un
derecho adquirido.”237 Sustenta estas expresiones en un caso
que es totalmente distinguible de la controversia que está
ante nuestra consideración por la naturaleza de los derechos
infringidos. Me refiero al caso, citado por la mayoría del
Tribunal, de Vélez Reboyras v. Srio de Justicia.238
En ese caso, el Sr. José Vélez Reboyras tenía en el
pueblo de Utuado un negocio dedicado exclusivamente a las
máquinas
electrónicas
de
video-juegos.
La
Asamblea
Legislativa aprobó la Ley Núm. 45 de 4 de junio de 1982, que
Sindermann, 408 U.S. 593, 601 (1972).
Quiñones, op. cit., pág. 528.
235
Camacho v. AAFET, 168 D.P.R. 81,
Giovanetti v. E.L.A., supra, pág. 507.
236
Véase: D. Fernández
81
(2006);
Orta v. Padilla, supra, pág. 241; Torres
P.R.T.C., 127 D.P.R. 499, 520, 523 (1990).
237
Opinión del Tribunal, pág. 74.
238
115 D.P.R. 533 (1984).
S.L.G.
Solano
v.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
dispuso
que
exclusivamente
todo
establecimiento
a
máquinas
las
que
20
se
dedicara
de
juegos
electrónicas
o
máquinas de “Pin Ball” tendría que ubicarse a 200 metros de
distancia
de
las
escuelas
públicas
o
privadas.
También,
dispuso que aquellos negocios de esta naturaleza que ya
estuvieran ubicados a menos de 200 metros de las escuelas
tendrían que mantenerse cerrados durante el horario escolar.
El propósito de la medida era velar por la seguridad y
aprovechamiento académico de los niños y jóvenes.
Al evaluar la controversia, este Tribunal determinó que
la nueva ley no le quitaba al Sr. Vélez Reboyras su interés
propietario o derecho adquirido sobre la propiedad, sino que
sólo se le limitaba el horario en el cual podía operar su
negocio.
la
Además, la opinión hizo énfasis en que, antes de
aprobación
de
la
Ley
Núm.
45
de
1982,
no
existía
legislación específica que confiriera el “derecho” a operar
ilimitadamente un establecimiento dedicado exclusivamente a
la operación de máquinas de “pin balls”.
Este
Tribunal
reiteró
recientemente
que
“un
derecho
adquirido es una situación consumada, en la que las partes
afectadas descansaron en el estado de derecho que regía al
amparo de la ley anterior.”239 Como señala Albaladejo, no se
trata
239
de
“meras
facultades,
expectativas,
intereses
o
Hernández Colón, Romero Barceló v. Policía de Puerto
Rico, 2009 T.S.P.R. 154; Consejo de Titulares v. Williams
Hospitality, 168 D.P.R. 101, 109 (2006).
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
esperanzas.”240
Tampoco
son
facultades
que
la
21
legislación
anterior consentía que fueran ejercidas por los ciudadanos,
porque
éstas
pueden
ser
alteradas
o
cambiadas
por
la
legislación posterior.241
El término jurídico “derecho adquirido”, según definido
por el tratadista Suárez Collía, significa:
…aquellos que son consecuencia de un hecho idóneo, al
producirlos en virtud de la ley vigente en el tiempo en
que el hecho ha sido realizado, y que se han
incorporado al patrimonio de la persona aun cuando la
ocasión de ejercerlos se presente únicamente bajo la
ley nueva.242
Más concretamente, el autor Santos Briz explica cuáles actos
o
negocios
jurídicos
originan
un
derecho
adquirido.
Al
respecto, expone que:
…para que pueda hablarse de derechos adquiridos,
propiamente tales, es necesario que se trate de
situaciones subjetivas, cuya extensión y alcance son
determinados por un acto o negocio jurídico, no
directamente por ley, que se limita a hacer posible la
conclusión de ese acto o negocio (un contrato, por
ejemplo).
En cambio, las situaciones jurídicas
objetivas (por ejemplo, el régimen de la propiedad)
pueden ser modificadas por leyes posteriores.243
240
M. Albaladejo, Derecho Civil: I. Introducción y Parte
General, 11ma ed., Barcelona, Bosh, 1989, Vol. I, pág. 204.
241
Consejo de Titulares v. Williams Hospitality, supra, pág.
109.
242
J.M. Suárez Collía, El principio de la irretroactividad
de las normas jurídicas, 2da ed., Madrid, Actas, 1994, pág.
55.
Énfasis nuestro.
Véase, además, L. Diez-Picazo y A.
Gullón Ballesteros, Sistema de Derecho Civil, 9na ed.,
Madrid, Tecnos, 1997, Vol. I, pág. 108; J. Castán Tobeñas,
Derecho Civil Español, Común y Foral, 12ma ed., Madrid,
Reus, 1982, T. I, Vol. I, pág. 616.
243
J. Santos Briz, Tratado de Derecho Civil; Teoría y
Práctica, T. I, Barcelona, Bosch, 2004, pág. 294.
Véase,
además, Hernández Colón, Romero
Barceló v. Policía de
Puerto Rico, supra; Consejo de Titulares v. Williams
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
22
Además, este tratadista enfatiza en que una vez se adquiere
un derecho, éste no se pierde nunca.
Tan sólo pueden ser
sometidos a la nueva ley “los poderes y facultades que de él
dimanen, así como la forma y modo de su ejercicio”.244
y
no
la
supuesta
distinción
entre
interés
Eso,
propietario
y
derecho adquirido, fue lo que sucedió en Vélez Reboyras v.
Secretario de Justicia.245
En
el
carrera,
caso
su
particular
interés
de
los
propietario
empleados
públicos
de
sobre
puesto
fue
su
concedido, en principio, por alguna ley de personal del
servicio público vigente al momento de comenzar a laborar
para el gobierno.
Sin embargo, este interés propietario fue
concretado mediante un contrato de trabajo individual cuando
el empleado cumplió con el principio de mérito y terminó el
periodo probatorio, porque una vez el empleado cumple con
estos
dos
requisitos
se
convierte
en
carrera regular en el servicio público.
un
trabajador
de
Es en ese momento
que toda la legislación laboral, reglamentos y manuales se
hacen
parte
del
contrato
de
trabajo
que
es
el
negocio
jurídico existente entre el Estado, que es el patrono, y el
empleado.
Como
el
interés
propietario
que
un
trabajador
de
carrera regular tiene en su puesto surge de una ley que
Hospitality Group, Inc., supra,
referencia a esta misma cita.
pág.
109,
donde
244
J. Santos Briz, op. cit., pág. 294.
245
Vélez Reboyras v. Secretario de Justicia, supra.
se
hace
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
23
forma parte del contrato laboral, puede establecerse que
dicho interés cumple con los requisitos necesarios para ser
un derecho adquirido.
En efecto, el interés propietario
sobre el puesto es una modalidad de derecho adquirido.246
El
profesor Miguel Velázquez, citado a otros efectos en la
Opinión mayoritaria, expone este principio de la siguiente
manera:
En términos generales, la diferencia entre el empleado
de carrera y el de confianza es que el primero tiene un
derecho adquirido. Es decir, un interés propietario en
el desempeño permanente de su cargo. No se le puede
despedir, excepto por las causas señaladas por ley, y
luego de probarse cargos en su contra.247
A pesar de todas estas consideraciones jurídicas, la
mayoría se ha mantenido en la posición de que el interés
propietario al puesto que tienen los empleados de carrera no
es un derecho adquirido. Esta interpretación se da de bruces
con lo resuelto por este tribunal en el caso de Hernández
Colón, Romero
Barceló v. Policía de Puerto Rico.248 En esa
ocasión, se estableció que el derecho adquirido de los ex
246
El análisis que se hace en esta sección de la opinión
también aplica a los convenios colectivos. Los miembros de
un sindicato tienen un interés propietario o derecho
adquirido sobre sus puestos como resultado dual de su
contrato de trabajo individual y del convenio colectivo.
247
M.A. Velázquez Rivera, supra, pág. 279. Énfasis nuestro.
Algunos ejemplos de la jurisprudencia que ha reconocido
derechos adquiridos de los trabajadores y retirados del
servicio público son: Rodríguez v. Retiro, 159 D.P.R. 467,
475 (2003); Lebrón Bonilla v. E.L.A., supra, pág. 490;
Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia, 150 D.P.R. 252, 285
(2000); Rodríguez Díaz v. Autoridad de Puertos, 145 D.P.R.
595, 599 (1998).
248
Hernández
Rico, supra.
Colón,
Romero
Barceló
v.
Policía
de
Puerto
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
gobernadores
escoltas
en
Hernández
Colón
y
forma
vitalicia
Romero
se
Barceló
produjo
24
a
tener
porque
la
interpretación que durante años hizo la Policía de Puerto
Rico del artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 22 de junio de
1956, conocida como Ley de la Policía, fue avalada por la
Legislatura al ésta no enmendar dicho precepto en forma
material. Para sostener ese resultado, la mayoría distinguió
entre una expectativa y un derecho adquirido.
La primera es
una facultad que no fue ejercida antes de que se enmendara o
derogara
la
legislación,
es
más
bien
una
esperanza
o
probabilidad que puede modificarse. Mientras que el derecho
adquirido
es
aquella
facultad
que
se
ejerció
antes
del
cambio de estatuto y a través de ese ejercicio se convirtió
en un derecho que se incorporó en el patrimonio del titular,
por lo cual está protegido constitucionalmente de cualquier
acción gubernamental, incluyendo órdenes ejecutivas.
Argumenta entonces la opinión mayoritaria que como el
derecho
del
empleado
sobre
su
puesto
está
sujeto
a
la
posibilidad de ser cesanteado, “si se dan unas condiciones y
se cumple con unos procesos”, no se trata de un derecho
adquirido.
alguno.
Este
argumento
no
tiene
fundamento
jurídico
Es más, contradice todo lo que hemos explicado
sobre la figura del derecho adquirido.
¿Cómo es posible que
de la interpretación de un artículo de la Ley de la Policía
surja un derecho adquirido a escoltas, mientras que ante la
existencia de toda nuestra legislación laboral y el contrato
de trabajo individual se argumenta que sólo surge un interés
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
propietario, pero no un derecho adquirido?
25
Hemos explicado
que una ley puede limitar la forma y el modo del ejercicio
de
un
derecho
adquirido.
Lo
que
no
permite
nuestro
ordenamiento jurídico es eliminarlo sin un debido proceso de
ley.
Por
consiguiente,
el
fundamento
de
la
mayoría
es
equivocado y los empleados públicos de carrera poseen un
derecho adquirido sobre sus puestos.
El cuestionamiento que resta por dilucidar es si la Ley
Núm. 7 de 2009, que resulta ser una ley posterior a la
legislación laboral y a los contratos de trabajo individual
y
colectivo,
puede
aplicarse
en
forma
retroactiva
para
socavar el derecho adquirido que los empleados de carrera
tienen en su puesto.
Como regla general, en nuestro ordenamiento prevalece
el principio de la irretroactividad de las leyes. Éste es de
origen civilista y se rige por los siguientes parámetros:
Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no
dispusieren expresamente lo contrario.
En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley
perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una
legislación anterior.249
De acuerdo a Suárez Collía, la retroactividad implica
la “aplicación de la norma jurídica a supuestos de hechos,
actos, relaciones jurídicas y/o situaciones constituidas con
anterioridad
al
inicio
de
su
vigencia
formal”.250
La
finalidad de este principio es proveer, primero, seguridad
249
Artículo 3
Énfasis nuestro.
250
del
Código
Civil,
31
J.M. Suárez Collia, op.cit., pág. 10.
L.P.R.A.
sec.
3.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
26
jurídica y confianza en la efectividad de las leyes vigentes
y,251 segundo, reconocer una justificación de moral humana
basada
en
los
principios
de
libertad
individual
que
garantizan a los ciudadanos el poder actuar sin obstáculos
dentro del margen de la ley.252 Por último, el principio de
irretroactividad
de
las
leyes
responde
a
la
psicología
colectiva que proclama que las leyes deben mirar al porvenir
y no al pasado.253
A pesar de lo señalado, esta regla de irretroactividad
no es absoluta.254 Así se puede percibir del propio precepto,
cuando
dispone
que
para
aplique
retroactivamente
que
una
legislación
tiene
que
el
posterior
legislador
haberlo
establecido expresamente en su texto. No obstante, además de
la excepción que provee la cláusula, se ha establecido que
la retroactividad de una ley también puede surgir de forma
implícita,
a
través
del
estudio
de
la
intención
legislativa.255 Claro está, siempre que esta intención surja
251
Vázquez v. Morales, 114 D.P.R. 822, 826 (1983), citando a
M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones
forales, Madrid, Ed. Rev. de Derecho Privado, 1978, T. I,
pág. 75; Véase, además, J.M. Suárez Collia, op.cit., págs.
42-57.
252
Vázquez v. Morales, supra, pág. 826, citando a F. Puig
Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid,
Pirámide, 1976, T. I, Parte General, pág. 125.
253
Íd..
254
Warner Lamber v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 386
(1973).
255
Consejo de Titulares v. Williams Hospitality, supra, pág.
168; Rodríguez v. Retiro, supra, 476; Nieves Cruz v. U.P.R.,
151 D.P.R. 150, 158-159 (2000); Vélez Reboyras v. Srio. de
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
en
forma
clara
y
definitiva
del
texto
y
el
27
historial
legislativo del estatuto.256
Sin embargo, una limitación específica y significativa
al efecto retroactivo de una ley, se origine éste de manera
expresa o tácita, es que la retroactividad no podrá afectar
los derechos que las partes adquirieron como resultado de un
anterior.257
estatuto
adquirido
no
En
puede
otras
ante
palabras,
activarse
la
un
excepción
derecho
de
la
tienen
un
retroactividad de las leyes.
Como
se
ha
establecido
que
los
empleados
derecho adquirido sobre su puesto, la Ley Núm. 7 de 2009 no
puede
pueden
aplicarse
ser
en
forma
retroactiva.
prospectivos.
Resolver
Sus
lo
efectos
contrario
sólo
sería
eliminar súbitamente todos los derechos adquiridos que los
empleados públicos de carrera han obtenido mediante la ley,
el
contrato
de
trabajo
individual
y
los
convenios
colectivos.
B. Menoscabo de Obligaciones Contractuales
Nuestra ley suprema contiene una cláusula que limita la
facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar estatutos
que menoscaben las obligaciones contractuales existentes. El
Justicia, supra, 542; Warner Lambert v. Tribunal Superior,
supra, pág. 386.
256
Asociación Maestros v. Educación,
Retiro, 159 D.P.R. 248, 263-264 (2003).
257
Consejo de
págs. 108-109.
Titulares
v.
Williams
supra;
Vargas
Hospitality,
v.
supra,
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
28
texto de ese precepto dispone que “no se aprobarán leyes que
menoscaben
las obligaciones contractuales”.258 También la
Constitución de los Estados Unidos contiene una disposición
análoga que establece lo siguiente: "No state shall... pass
any... law impairing the obligations of contracts...".259
El origen de nuestra cláusula fue el artículo 2 de la
Ley Jones de 1917, específicamente sus párrafos primero y
quinto.260 Se decidió incorporar a nuestra Constitución esta
norma, sin enmiendas, porque los asesores de la Convención
Constituyente lo recomendaron para evitar que se originaran
malas
interpretaciones
que
perjudicaran
“las
medidas
encaminadas a traer inversiones y fomentar la producción en
todos sus aspectos.”261
El
propósito
estabilidad
en
consideran
un
protección
de
obligaciones
de
las
valor
esta
disposición
relaciones
social
nuestro
es
asegurar
la
porque
se
requiere
la
contractuales
importante
que
ordenamiento.
Menoscabar
las
implicaría
modificar
las
contractuales
consecuencias legales de lo pactado, en perjuicio de una de
las
partes
contratantes.
En
otras
palabras,
no
existiría
258
Artículo II, sección 7, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. sec. 7.
259
Artículo I,
sección 10, Const. E.U., 1 L.P.R.A. sec. 10.
260
J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico,
1ra ed., Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto
Rico, 1982, Vol. III, págs. 187; R. Serrano Geyls, Derecho
Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Lillington,
Edward Brothers, 1988, Vol. II, págs. 858-859.
261
Raúl Serrano Geyls, op. cit., págs. 858-859.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
29
certeza de lo pactado; no habría fundamento racional para
los actos o negocios jurídicos. Tal situación, provocada por
la acción legislativa, resultaría en la desconfianza de las
partes
contratantes
y
en
la
desestabilización
de
la
de
las
sociedad.262
Sin
embargo,
este
principio
de
protección
obligaciones contractuales no es absoluto porque tiene que
ser balanceado con el poder de reglamentación del Estado.263
Es decir, debe existir una relación consistente entre la
búsqueda de certeza en las contrataciones que persigue la
limitación
constitucional
fundamentada
en
el
reglamentar
medidas
y
poder
que
la
excepción
que
tiene
salvaguarden
el
el
a
la
norma,
Estado
para
bienestar
de
la
262
Warner Lambert v. Tribunal Superior, supra, pág. 395.
Similar
finalidad
tenía
la
cláusula
homóloga
en
la
Constitución federal:
In the construction of the contract clause the debates
in the Constitutional convention are of little aid.
But the reasons which led to the adoption of the
clause, and of the other provision of section 10 of
article 1, are not left in doubt…The widespread
distress following the revolutionary period and the
plight of debtors had called forth in the States an
ignoble array of legislative schemes for the defeat of
creditors and the invasion of contractual obligations.
Legislative interferences had been so numerous and
extreme that the confidence essential to prosperous
trade had been undermined and the utter destruction of
credit was threatened… It was necessary to interpose
the restraining power of a central authority in order
to secure the foundations even of “private faith”…
Home Building & Loan Assn. Blaisdell, 290 U.S. 398, 423
(1934).
263
Véase: Beer Co. v. Massachusetts, 97 U.S. 25 (1878),
Louisville Gas, Co. v. Citizen’s Gas Co., 115 U.S. 685
(1883),
Contributors
to
Pennsylvania
Hospital
v.
Philadelphia, 245 U.S. 20 (1917), Treigle v. Acme Homestead
Asso., 297 U.S. 189 (1936).
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
sociedad.264
garantías
contra
30
De lo contrario, se perdería el objetivo de las
constitucionales
de
las
de
actuaciones
proteger
al
arbitrarias
ciudadano
e
en
irrazonables
sostenidas bajo el palio del poder soberano del Estado.
Es
imperativo
reconocer
que
no
todo
menoscabo
contractual viola la garantía constitucional.265 Al analizar
si
un
estatuto
obligaciones
viola
la
contractuales
cláusula
es
de
necesario
menoscabo
referirnos
de
a
la
interpretación que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha
realizado de este precepto, puesto que ésta representa el
mínimo
de
protección
que
nuestro
ordenamiento
le
puede
proveer a los ciudadanos.266 Claro está, siempre considerando
que “nuestra Constitución tiene una factura más ancha que la
Constitución federal con respecto a derechos tales como la
prohibición del menoscabo de obligaciones contractuales”.267
La
jurisprudencia
ha
elaborado
un
análisis
para
determinar si una legislación es inconstitucional, a la luz
de
la
cláusula
contractuales.
identificar
El
de
menoscabo
de
las
primer
paso
este
análisis
el tipo
de
en
relación
contractual
obligaciones
conlleva
afectado,
en
264
United States Trust Co. v. New Jersey, 431 U.S. 1, 21
(1977); Home Building & Loan Assn. Blaisdell, supra, pág.
439.
265
Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 619 (1987); United
States Trust Co. v. New Jersey, supra, pág. 16; El Paso v.
Simmons, 379 U.S. 497, 506-507 (1965).
266
267
Bayrón Toro v. Serra, supra.
Emp.
(2000).
Pur.
Des.
Inc.
v.
HIETEL,
150
D.P.R.
924,
948
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
31
términos de si el contrato es estrictamente entre partes
privadas o si el Estado es una de las partes contratantes.268
El segundo paso es evaluar si la modificación que la medida
legislativa provocó en el contrato es sustancial o severa.269
En el caso de los contratos privados, el tercer paso
requiere examinar si el interés que persigue el gobierno con
el estatuto es legítimo, como lo sería si la medida tuviera
la
finalidad
general.270
de
resolver
un
Finalmente,
problema
se
económico
utiliza
un
o
social
criterio
de
razonabilidad para evaluar si existe una relación razonable
entre el interés del Estado y el medio seleccionado para
lograrlo. Se trata de “un balance razonable entre el interés
social
de
promover
el
bien
común
y
el
interés,
también
social, de proteger las transacciones contractuales contra
la
aplicación
arbitraria
e
irrazonable
de
las
leyes”.271
Respecto a la evaluación de razonabilidad de una ley, el
Tribunal
Supremo
federal
le
ha
conferido
deferencia
al
268
Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 620; United States
Trust Co. v. New Jersey, supra, pág. 17.
269
Energy Reserves Group, Inc. v. Kansas Power Light Co.,
459 U.S. 400, 411 (1983); Warner Lambert v. Tribunal
Superior , supra, pág. 401.
270
United States Trust Co. v. New Jersey, supra, pág. 22;
Allied Structural Steel Co. v. Spannaus, 438 U.S. 234, 247,
249 (1978).
271
Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 620; Warner Lambert v.
Tribunal Superior, supra, pág. 395.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
juicio
legislativo.272
Como
se
puede
observar,
32
el
rigor
analítico en los contratos privados es similar al escrutinio
racional de debido proceso de ley e igual protección de las
leyes.273
Sin
embargo,
el
escrutinio
adoptado
por
nuestra
jurisprudencia, siguiendo las pautas de la jurisprudencia
federal, para verificar la constitucionalidad del estatuto
que modifica un contrato público, en el cual el Estado es
una de las partes contratantes, es de otro tipo.
En esos
casos, en Estados Unidos se utiliza un criterio de análisis
intermedio
que
“cuidadoso”.274
nuestra
La
idea
jurisprudencia
es
que
en
ha
estos
denominado
casos
no
es
suficiente descansar en el criterio de la razonabilidad pues
hay que evitar que la actuación del Estado sea en su propio
beneficio.275
Una
vez
identificado
el
tipo
de
relación
contractual como gubernamental, el segundo paso es evaluar
la severidad del menoscabo. Cuando el daño producido por el
menoscabo
de
las
relaciones
contractuales
es
severo,
se
aumenta el nivel de escrutinio a un examen cuidadoso de la
272
East New York Savings Bank v. Hahn, 326 U.S. 230, 232
(1945), citado en United States Trust Co. v. New Jersey,
supra, págs. 22-23.
273
Warner Lambert v. Tribunal Superior, supra, pág. 395.
274
Este análisis es similar al escrutinio intermedio
utilizado en la jurisprudencia federal para clasificaciones
semi sospechosas como lo es discrimen por género.
Véase:
Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976).
275
Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 620; United States
Trust Co. v. New Jersey, supra, págs. 25- 26.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
naturaleza
y
propósito
de
la
legislación
33
estatal.276
El
tercer paso es determinar si existe un interés gubernamental
importante.277 Se ha establecido que esta determinación no
pueden
tomarla
los
estados,
porque
si
éstos
pudieran
justificar el menoscabo de sus obligaciones contractuales a
partir de su propia determinación de lo que es importante,
entonces
la
cláusula
constitucional
no
tendría
valor
alguno.278
A diferencia de los contratos privados, la modificación
en
los
contratos
públicos
debe
ser
necesaria,
además
de
razonable.279 Para determinar la razonabilidad de una ley se
considera “la sustancialidad del interés público promovido
por el mismo, y la dimensión del menoscabo ocasionado por su
aplicación retroactiva”.280 Un factor para determinar esta
razonabilidad es la extensión del menoscabo y la existencia
de una emergencia declarada.281 Por otro lado, la necesidad
se establece tomando en consideración dos criterios: (1) si
la medida legislativa era esencial y (2) si no existían
276
Energy Reserves Group, Inc. v. Kansas Power & Light, Co.,
supra, pág. 411; Allied Structural Steel Co. v. Spannaus,
supra, pág. 261.
277
Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 621; United States
Trust Co. v. New Jersey, supra, pág. 21.
278
United States Trust Co . v. New Jersey, supra, pág. 26.
279
Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 620.
280
Warner Lambert v. Tribunal Superior, supra, pág. 396.
281
United States Trust Co . v. New Jersey, supra, págs. 15,
23.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
34
otras alternativas menos onerosas y dañinas para lograr el
objetivo
del
estatuto.
Utilizando
este
análisis,
la
jurisprudencia federal ha determinado que el Estado no puede
imponer medidas drásticas cuando existe evidencia de otros
cursos de acción más moderados y que, igualmente, pueden
satisfacer
el
interés
del
Estado.
Específicamente,
en
el
caso medular sobre este asunto el Tribunal Supremo federal
concluyó:
The determination of necessity can be considered on two
levels. First, it cannot be said that total repeal of
the covenant was essential; a less drastic modification
would have permitted the contemplated plan without
entirely removing the covenant's limitations on the use
of Port Authority revenues and reserves to subsidize
commuter railroads.
Second, without modifying the
covenant at all, the States could have adopted
alternative means of achieving their twin goals of
discouraging automobile use and improving mass transit.
Appellees contend, however, that choosing among these
alternatives is a matter for legislative discretion.
But a State is not completely free to consider
impairing the obligations of its own contracts on a par
with other policy alternatives. Similarly, a State is
not free to impose a drastic impairment when an evident
and more moderate course would serve its purposes
equally well.282
También ha señalado el Tribunal Supremo federal que, a
diferencia del menoscabo de los contratos privados, cuando
se
quebranta
deferencia
al
un
acuerdo
análisis
de
público
no
se
razonabilidad
otorga
y
completa
necesidad
que
pueda haber realizado la Legislatura. La razón es evidente:
existe un conflicto de interés, pues si se otorga deferencia
282
United States Trust Co . v. New Jersey, supra, págs. 3031. Énfasis nuestro.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
a
la
legislatura
en
este
contexto
el
Estado
35
terminaría
siendo juez y parte.283
A
pesar
federal,
de
la
contrario,
esta
opinión
clara
directriz
mayoritaria
fundamentándose
en
del
trata
de
más
alto
foro
justificar
jurisprudencia
de
lo
los
tribunales federales apelativos. Esto, sin duda, es un error
metodológico, porque las decisiones de esos tribunales son
meramente persuasivas, mientras que las interpretaciones de
la
Constitución
federal
que
hace
el
Tribunal
Supremo
de
Estados Unidos nos obligan.
Además, las decisiones de los tribunales federales de
circuito
que
utiliza
la
mayoría
no
sostienen
sus
conclusiones. Estos casos afirman que se le debe conceder al
Estado “alguna deferencia”, mientras la opinión mayoritaria
le concede una deferencia completa y obvia totalmente el
posible conflicto de interés. Ya explicamos que la opinión
de
este
Tribunal
fundamenta
su
determinación,
exclusivamente, en la exposición de motivos de la Ley Núm. 7
de 2009, sin que haya en el expediente alguna evidencia que
pruebe lo contenido en ésta. Este Tribunal ha tenido ocasión
de expresarse anteriormente sobre esto:
Nos
merecen
profundo
respeto
las
declaraciones
legislativas sobre los males sociales que el legislador
intenta remediar. Pero tales expresiones deben estar
283
Energy Reserves Group, Inc. v. Kansas Power & Light, Co.,
supra, págs. 412-413; United States Trust Co . v. New
Jersey, supra, pág. 26.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
fundadas en hechos de conocimiento
constituir un mero fíat legislativo.284
36
general
y
no
Ciertamente, el Estado debe tener libertad para ejercer
su poder de reglamentación y de esta forma, proteger los
intereses de los ciudadanos y salvaguardar el bien común.
Dicho poder, sin embargo, no es absoluto.
Tampoco puede ser
arbitrario
de
ni
irrazonable.
La
cláusula
menoscabo
de
obligaciones contractuales limita ese legítimo ejercicio del
poder legislativo, especialmente en los contratos públicos.
El
poder
público
inherente
del
permite
al
le
Estado
de
proteger
gobierno quebrantar
el
bienestar
una obligación
contractual pública, siempre y cuando no la destruya o la
afecte de forma severa.285
Cuando esto último ocurre, y no
se
razonabilidad
y
constitucional
de
pueda
establecer
la
estatuto,
la
limitación
menoscabo
de
obligaciones
contractuales
facultad
de
legislar
que
tiene
que
se
irrespectivamente
de
necesidad
del
la
cláusula
de
puede
superar
la
la
Asamblea
persiga
proteger
Legislativa,
un
interés
público que el Estado ha determinado importante.286
Una de las controversias planteadas ante este Tribunal
es que la Ley Núm. 7 de 2009 es inconstitucional porque
284
Warner Lambert v. Tribunal Superior, supra, pág. 398.
Énfasis nuestro.
285
286
United States Trust Co . v. New Jersey, supra, pág. 22.
“Yet the Contract Clause limits otherwise legitimate
exercises of state legislative authority, and the existence
of an important public interest is not always sufficient to
overcome that limitation.”
United States Trust Co. v. New
Jersey, supra, págs. 21-22; Home Building & Loan Assn.
Blaisdell, supra, pág. 439.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
viola
la
cláusula
de
menoscabo
de
obligaciones
contractuales.
De
entrada
hay
escrutinio
se
debe
utilizar
para
evaluar
el
más
cuidadoso,
porque
se
que
planteamiento
contratos
es
donde
el
gobierno
es
que
las
37
establecer
que
este
trata
Contrario
parte.
el
a
de
la
mayoría, que evalúa esta controversia desde la óptica de los
contratos colectivos, es decir, los convenios, entiendo que
el análisis sobre el menoscabo debe incluir, también, a los
contratos individuales.
Sin duda, existe una obligación contractual entre las
respectivas agencias del gobierno central y sus empleados.
Sólo
es
trabajo
necesario
para
repasar
llegar
a
la
esta
definición
del
conclusión.
contrato
Así
lo
de
expone
Caballenas de Torres al referirse al contrato de trabajo
como aquel “que tiene por objeto la prestación continuada de
servicios privados y con carácter económico, y por el cual
una
de
las
partes-el
patrono,
empresario
o
empleador-da
remuneración o compensa a cambio de disfrutar o servirse,
bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional
de otra, denominada el trabajador”.287 También hay un contrato
público entre las agencias y los sindicatos que representan
a
los
trabajadores.
firmados,
ya
sean
En
ambos
individuales
casos
o
existen
colectivos,
contratos
donde
se
establecen las condiciones de trabajo, los salarios y los
287
G. Caballenas de Torres, Diccionario de Derecho Laboral,
Argentina, Heliasta S. R. L., 2001, págs. 139-140; Véase,
además, Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 D.P.R.
508, 517 (1998).
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
derechos
y
obligaciones
de
cada
parte.
38
Antes
de
la
aprobación de la Ley Núm. 7 de 2009 estos contratos estaban
cobijados por las leyes de personal del servicio público,
Ley Núm. 184 de 2004, y la ley de relaciones del trabajo,
Ley Núm. 45 de 1998, entre otra legislación laboral del
país.
En el caso de los contratos individuales de trabajo, el
menoscabo que provocó la Ley Núm. 7 de 2009 fue severo.
En
concreto, esta legislación terminó totalmente y por tiempo
indefinido
la
obligación
contractual
existente
con
los
empleados. Como resultado de las cesantías masivas, miles de
empleados se quedaron sin sus empleos. Además, la ley limitó
la jurisdicción apelativa de la Comisión de Apelaciones para
el Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH),
de manera que ésta sólo pudiera revisar casos que plantearan
asuntos
de
inoperante
antigüedad.288
el
principio
Más
de
se
dejó
afectó
el
concretamente,
mérito
y
se
funcionamiento del Sistema de Administración de Personal del
Servicio Público.289
Respecto al menoscabo que causa esta legislación en los
convenios
severo
288
colectivos,
porque:290
(1)
se
puede establecer
afecta
la
que también
integridad
del
es
convenio
Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, Artículos 37.04 (b) y
46.
289
290
Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, Artículo 37.04.
Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, Artículo 37.04
(a)(2)(5)(6)(8)(9)(10)(11). El impacto de este artículo, en
términos de la legislación laboral, es sumamente amplio
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
39
colectivo; (2) limita los mecanismos para proteger a los
miembros y solucionar las controversias, de manera que se
pueda
proveer
la
justa
representación
a
la
que
están
obligados los sindicatos; (3) no se reconoce lo que está
negociado
colectivamente;
(4)
no
se
puede
negociar
colectivamente; (5) no se puede organizar sindicalmente;291
(6) la jurisdicción de los foros administrativos encargados
de tramitar las querellas de los trabajadores se limita a
porque dispone que “… se suspenderá toda cláusula, precepto
y/o disposición aplicable a los empleados y/o puestos
sujetos a las disposiciones de este Capítulo III, contenidas
en las leyes, convenios colectivos,…”.
En cuanto al
concepto “precepto”, esta misma ley lo define, en su
artículo 33, como:
“Precepto” significa leyes, artículo o sección de ley;
convenio
colectivo
o
disposiciones
contenidas
en
convenios
colectivos,
acuerdos,
acuerdos
suplementarios, políticas, manuales de empleo, cartas
circulares,
cartas
contractuales,
certificaciones,
addenda, reglamentos, reglas y condiciones de empleo,
cartas normativas, planes de clasificación y/o planes
de retribución. Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009,
Artículo 33(k).
Para ver un ejemplo concreto del impacto que tiene la Ley
Núm. 7 de 2009, detallamos algunas de las secciones del
Convenio Colectivo Departamento de la Familia y Servidores
Públicos Unidos de Puerto Rico, Unidad A, 2007-2010, que han
quedado
suspendidas:
Artículo
II:
Declaración
de
Principios, Artículo III: Exposición de Motivos, Artículo
VII: Mantenimiento de las Condiciones de Empleo, Artículo
VIII: Subcontratación, Artículo IX: Acuerdo de no discrimen,
Artículo XII: Procedimiento de Quejas y Agravios, Artículo
XIX: Clasificación y Retribución de Puestos, Artículo XX:
Reclutamiento y Selección, Artículo XXII: Ascensos, Artículo
XXIV: Traslados, Artículo XXVII: Cesantías.
Convenio
Colectivo Departamento de la Familia y Servidores Públicos
Unidos de Puerto Rico, Unidad A, 2007-2010, Autos de
Instancia CT-2009-6, Anejo 4, págs. 5-6, 9-10, 12-16, 22-24,
26, 28-33.
291
Sección 44 de la Ley Núm. 37 de 2009 que enmienda el
Artículo 40 de la Ley Núm. 7 de 2009.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
resolver
controversias
de
antigüedad;292
(7)
se
40
limita
el
alcance de la Ley de Relaciones del Trabajo para el Sector
Público, Ley Núm. 45 del 1998, lo que afecta el Sistema de
Relaciones Laborales en el Gobierno Central; (8) suspende
los controles legales y normativos sobre las cesantías que
establece la Ley Núm. 184 de 2004 y se sustituye por el
desarrollado en la Ley Núm. 7 de 2009293 y (9) permite y
promueve que se alteren las condiciones de empleo y los
beneficios económicos sin negociar, incluyendo el traslado
de los empleados y la subcontratación de los servicios.294
La
administración
gubernamental
ha
justificado
la
aprobación de la Ley Núm. 7 de 2009, que incluye medidas tan
drásticas como el despido masivo de empleados públicos con
contratos vigentes, basándose en que la economía de Puerto
Rico atraviesa una grave crisis fiscal. De acuerdo con la
administración existe un déficit estructural recurrente de
$3,200 millones en las finanzas del gobierno, que no le
permite cubrir sus gastos operacionales y que, a su vez,
mantiene
el
crédito
de
Puerto
Rico
en
condición
de
chatarra.295 Ante ese panorama, el gobierno optó por aprobar
un plan de estabilización, la denominada Ley Núm. 7 de 2009,
en el cual se incorporan y justifican medidas de ingresos y
292
Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, Artículos 37.04 b
(13)(14) y Artículo 46 a y b.
293
Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, Artículo 38.02 a (16).
294
Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, Artículo 38.02 a (16).
295
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7 de 2009, pág. 3.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
41
mejor fiscalización, control y reducción de gastos y otros
mecanismos fiscales.
El interés del gobierno en restablecer las finanzas es
importante
porque
posibilita
el
proveer
públicos necesarios a toda la sociedad. Sin
los
servicios
embargo,
al
aplicar el análisis que nuestra jurisprudencia ha denominado
“cuidadoso” no podemos menos que cuestionar la razonabilidad
de la medida de despidos masivos adoptada por la ley. Salta
a la vista que el Estado no ha probado la situación de
emergencia en la cual sustenta la aprobación de la Ley Núm.
7 de 2009, más allá de la información que se incluye en su
exposición de motivos, y no se ha permitido la presentación
de prueba en contrario.
Segundo, tampoco es razonable que
la alegada crisis fiscal se trate de atender en el corto
período de un año.
términos
de
los
Tercero, no es razonable pensar que, en
cesanteados,
el
daño
no
es
permanente,
cuando también se alega y hay estudios que recomiendan otras
opciones más moderadas.296
296
Véanse, por ejemplo,
económica
fiscal,
Sindicato
J E.
.
Rivera
Puertorriqueño
Santana,
de
Análisis
Trabajadores
de
la
situación
(SPT),
2009
;
Presentación:
Ante
la
Crisis
Presupuestaria,
Central
Puertorriqueña de Trabajadores, 2 de enero de 2009;
Presentación: Propuestas Sector Sindical: Medidas ante la
crisis fiscal, 7 de enero de 2009; Propuesta al Departamento
de Educación, Sindicato Puertorriqueño de TrabajadoresLocal 1996, febrero de 2007; Nuevo Modelo Organizativo para la Rama
Ejecutiva: Proyecto de Reforma Gubernamental
, Escuela Graduada de Administración Pública
de la Universidad de Puerto Rico
, julio de 2009; Sindicatos 2009.
Estrategias frente a la Crisis Mundial, el Multilateralismo
y los Acuerdos Comerciales y de Inversión, Brasil, Museo
Amano, 2009.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
42
A pesar de lo señalado, la mayoría pretende justificar
el despido masivo de empleados públicos y la duración del
impacto de la Ley Núm. 7 de 2009, aludiendo a casos del
segundo
y
cuarto
persuasivos,
suscitan
circuito
porque
la
federal
atienden
controversia
que
resultan
hechos
distintos
que
está
ser
poco
los
que
a
ante
nuestra
consideración. Primero, en el caso Buffalo Teachers Fed. v.
Tobe,297
la
emergencia
fiscal
de
la
ciudad
fue
atendida
congelando puestos y no concediendo aumentos. Esto significa
que no se modificó severamente y, ciertamente, no se eliminó
del
todo,
empleados
la
relación
públicos
trabajadores
no
y
se
contractual
el
patrono.
afectaron
con
existente
entre
Los
salarios
las
medidas
los
de
los
fiscales.
Tampoco se quedaron sin trabajo, o sea, sin su único medio
de
subsistencia.
Además,
las
acciones
tomadas
fueron
temporeras y prospectivas.298
El
otro
caso
que
cita
la
mayoría
para
validar
su
apreciación de que la Ley Núm. 7 de 2009 es razonable, es el
caso
de
Baltimore
Council.299
La
apelativo
del
caso.
Baltimore
En
Teachers
controversia
4to
Circuito
el
Union
que
también
déficit
v.
Mayor
resuelve
es
fiscal
and
el
tribunal
distinta a
de
la
City
nuestro
ciudad
se
enfrentó reduciendo en 1% el salario de policías y maestros.
297
Buffalo Teachers Fed. v. Tobe, 464 F. 3d. 362 (2nd Cir.
2006).
298
299
Íd., pág. 371.
Baltimore Teachers Union v. Mayor and City Council, 6 F.
3d 1012 (4th Cir. 1993).
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
43
El resultado de esta acción administrativa fue reducir la
jornada laboral en 2.5 días.
Claramente, esta actuación es
menos onerosa que la que tomó el gobierno de Puerto Rico.
En su ponderación de los hechos, el tribunal del circuito
apelativo
prueba
tuvo
suficiente
razonabilidad
fiscal.
ante
para
entre
Esto
su
para
las
consideración
un
expediente
con
poder
la
correlación
de
evaluar
medidas
efecto
de
tomadas
y
la
necesidad
determinar
si
hubo
violación a la cláusula de menoscabo de las
una
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
obligaciones
contractuales.
Concretamente,
el
44
tribunal
apelativo expresó:
Nor…can we conclude that the City chose a drastic
impairment
over
an
equally
acceptable,
more
moderate
course.
First,
the
amount
of
the
reduction was no greater than that necessary to
meet the anticipated shortfall… Second, the city
discontinued the plan immediately upon recognition
that the budgetary shortfall would not be so great
as anticipated… Finally, the plan did not alter
pay-dependent benefits, overtime pay, hourly rates
of pay, or the orientation of pay scales… Indeed,
the plan was less drastic than at least one
alternative, additional layoffs, which could have
been more detrimental to appellees… In short, the
City clearly sought to tailor the plan as narrowly
as possible to meet its unforeseen shortfalls.300
Al aplicar los criterios del escrutinio “cuidadoso” o
intermedio que es el correcto en este caso, es evidente que,
en efecto, la Ley Núm. 7 de 2009 menoscabó los contratos
individuales de los trabajadores y los convenios colectivos
acordados
con
el
representante
exclusivo.
Este
estatuto
suspendió todo el sistema de administración de personal del
servicio público, que establece la Ley Núm. 184 de 2004 y
sus predecesoras, y la normativa de relaciones laborales del
sector público, cobijada por la Ley Núm. 45 del 1998.
No
se
puede
llegar
Estado
no
evidenció
la
a
otra
determinación
existencia
de
la
porque
crisis
ni
el
la
razonabilidad de la medida, a pesar de que la mayoría trata
de hacerlo a través de su extensa referencia a la exposición
de motivos. Tampoco el gobierno validó la necesidad de la
medida con relación a otras opciones menos drásticas. En
fin, todo esto es la consecuencia inevitable y directa de
300
Íd., supra, págs. 1020-1021.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
45
certificar los casos sin que se hubiera presentado prueba
ante el tribunal de instancia, o los foros administrativos,
para sustentar las alegaciones de las partes.
C. Debido Proceso de Ley Procesal
Como quedó establecido en la Parte III (A) de esta
opinión,
los
empleados
regulares
de
carrera
del
sector
público tienen un interés propietario, es decir, un derecho
adquirido, sobre sus puestos. Ante ese hecho, y ante la
acción
del
ente
gubernamental
para
afectar
ese
derecho
propietario, se activa la cláusula de debido proceso de ley.
Concretamente, este Tribunal ha establecido que “[e]l debido
proceso de ley procesal tiene vigencia en las situaciones en
que el empleado goza de un interés propietario o tiene una
expectativa razonable de titularidad de propiedad”.301 Por
tanto,
visualizando
la
cesantía
como
una
modalidad
de
despido, si a un empleado se le deja cesante sin dársele la
oportunidad de ser oído, se le viola el derecho a un debido
proceso de ley.302
Esta garantía a un debido proceso de ley cuando se
priva
a
una
persona
de
su
propiedad
o
libertad,
está
incluida en la Carta de Derechos de nuestra Constitución y
es
parte
integral
de
nuestro
sistema
de
gobierno.
Al
Villanueva v. Mun. de San Juan, 2009 T.S.P.R. 103;
Fernández Quiñones, op. cit., pág. 375.
D.
respecto, el precepto constitucional establece:
301
302
Lupiañez de González v. Srio. de Instrucción, 105 D.P.R.
696, 701 (1977).
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
46
Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el
derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la
propiedad. No existirá la pena de muerte.
Ninguna
persona será privada de su libertad o propiedad sin
debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en
Puerto Rico la igual protección de las leyes.
No se
aprobarán
leyes
que
menoscaben
las
obligaciones
contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de
propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.303
Esta cláusula incluye el principio más importante del
derecho constitucional norteamericano, un principio que ha
formado parte de la historia del derecho humano desde su
incorporación inicial en la Magna Carta. Su objetivo, desde
siempre, ha sido velar porque se respeten los procedimientos
y
se
provean
las
“garantías
básicas
de
los
derechos
personales en su forma más amplia y general.”304 En fin, esta
norma constitucional simboliza la esencia de nuestro sistema
de justicia y refleja nuestra vida en sociedad y el grado de
civilización alcanzado.305
La garantía constitucional a un debido proceso de ley
tiene dos consideraciones en su análisis y en su aplicación.
Estas se han caracterizado como dos vertientes, por un lado,
la procesal y, por el otro, la sustantiva.306 La primera
tiene
la
finalidad
de
garantizar
un
proceso
justo
y
303
Artículo II, sección 7, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. sec. 2.
Esta cláusula tiene su homóloga en la Constitución de los
Estados Unidos, específicamente en las Enmiendas V y XIV.
Énfasis nuestro.
304
Diario de Sesiones de la Convención
Puerto Rico, op. cit., T. 2, pág. 1104.
Constituyente
305
de
López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 D.P.R. 109,
113 (1996).
306
Rivera v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881, 888 (1993).
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
47
equitativo
con
ante
acciones
estatales
intereses
privados.
Es
procesales
que
entidad
la
decir,
se
pública
que
interfieran
refiere
debe
a
las
reconocer
“pautas
a
las
personas, independientemente de si por ley o reglamento esas
pautas se reconocen”.307
Mientras, la segunda se refiere a
la validez de las leyes que implementa el Estado en cuanto a
su
protección
significa
de
que
irrazonable
los
el
o
derechos
Estado
no
de
los
puede
caprichosamente,
ciudadanos.308 Esto
afectar
mediante
arbitraria,
estatutos
o
actuaciones administrativas, los intereses de propiedad o
libertad de las personas.309
Ninguna de estas modalidades de la cláusula de
debido proceso de ley pueden ser invocadas sino se cumple con
el requisito de
acción estatal.310
Bajo la vertiente procesal del debido proceso de ley,
que
es
la
pertinente
en
este
caso,
son
tres
las
consideraciones que se examinan para determinar si en efecto
se ha violentado esta cláusula constitucional.
Éstas pueden
resumirse
en
libertad
o
tres
interrogantes:
propiedad
están
(1)
¿qué
intereses
protegidos
por
el
de
precepto?
307
Bd. Regents v. Roth, supra, pág. 576; J.J. Álvarez
González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones
Constitucionales con los Estados Unidos: Casos y Materiales,
Bogotá, Temis, 2009, pág. 608.
308
Villanueva v. Mun. de San Juan, supra; Almonte et. al. v.
Brito, 156 D.P.R. 475, 481 (2002); U. Ind. Emp. A.E.P. v.
A.E.P., 146 D.P.R. 611, 616 (1998).
309
Hernández v. Secretario, 164 D.P.R. 390, 394-395 (2005);
McConell v. Palua, 161 D.P.R. 734, 757-758 (2004); Rivera v.
Lee Stowell, supra, pág. 887; Rivera v. Srio. de Hacienda,
119 D.P.R. 265, 273-274 (1987).
310
D. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 315.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
48
(2)¿en qué etapa se debe conceder el debido proceso? y (3)
¿cuáles características debe tener el procedimiento que se
utilice para afectar, de algún modo, ese interés, de manera
que éste pueda ser el adecuado?311 Si no se logra superar el
primer
cuestionamiento
entonces
el
Estado
no
tiene
la
obligación de garantizar el debido proceso de ley.312
Como
regla
general,
el
debido
proceso
de
ley
debe
concederse antes de que la determinación administrativa sea
efectiva. No obstante, hay circunstancias particulares, como
las situaciones de emergencia en las que están en juego la
salud y la seguridad de la comunidad, que justifican el que
la
entidad
gubernamental
administrativa
y
conceda
tome
el
primero
debido
la
proceso
determinación
dentro
de
un
término razonable de tiempo.313
El procedimiento que debe ser concedido depende de la
controversia y los hechos que la rodean, ya que el debido
proceso de ley procesal no es técnico ni inflexible, sino
más bien circunstancial y pragmático.
Lo que se requiere, a
fin de cuentas, es que sea coherente con el principio de que
todo proceso debe ser justo, imparcial y no arbitrario.314
311
Rivera v. Lee Stowell, supra, págs. 888-899; Morales v.
Gobernador, 112 D.P.R. 761, 766-768 (1982); Vélez v. Romero
Barceló, 112 D.P.R. 716, 730-731 (1982); Lupiañez v. Cruz,
supra, pág. 700-701; J.J. Álvarez González, op.cit., pág.
591; D. Fernández Quiñones, op.cit., pág. 317.
312
Rivera v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 273-274; D.
Fernández Quiñones, op.cit., pág. 316.
313
314
D. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 317.
Almonte et. al. v. Brito, supra, pág. 481; P.A.C. v.
E.L.A., 150 D.P.R. 359, 376 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas,
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
Esta
ponderación
se
logra
al
sopesar
tres
49
criterios
medulares:
(1) se debe determinar cuáles son los intereses
individuales afectados por la acción oficial; (2) el
riesgo de una determinación errónea que prive a la
persona del interés protegido mediante el proceso
utilizado y el valor probable de garantías adicionales
o distintas; y (3) el interés gubernamental protegido
con la acción sumaria y la posibilidad de usar métodos
alternos.315
Es a base de estas consideraciones que este Tribunal ha
reconocido unos requisitos básicos que deben formar parte
del procedimiento adversativo. Éstos son: (1) notificación
adecuada del proceso, (2) que el proceso institucional se
realice ante un adjudicador imparcial; (3) oportunidad de
ser
oído;
(4)derecho
a
contrainterrogar
testigos
y
a
presentar prueba oral y escrita a su favor; (5) asistencia
de un abogado o una abogada; (6) que la decisión se base en
el
récord
y
(7)
que
la
decisión
sea
fundamentada
o
explicada.316
En el área del empleo público, hemos resuelto que los
trabajadores
derecho a
que
son
destituidos
de
sus
puestos
tienen
una vista informal antes del despido.317 Claro
Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521, 542 (1993); Domíguez v.
Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 428 (1974).
315
P.A.C. v. E.L.A., supra, 376-377; Rivera v. Lee Stowell,
supra, pág. 888-889; Vélez v. Romero Barceló, supra, 723724; Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319, 334-335 (1976).
316
Almonte et. al. v. Brito, supra, pág. 482; Rivera v. Lee
Stowell, supra, págs. 888-889; Rivera v. Srio. de Hacienda,
supra, págs. 277-278; Cleveland Board of Education v.
Loudermill, 470 U.S. 532, 546 (1985).
317
A.E.E. v. UTIER, 153 D.P.R. 623, 630 (2000); U. Ind. Emp.
v. A.E.P., supra, pág. 617; Marrero Caratini v. Rodríguez,
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
está,
antes
de
esa
vista
informal
previa,
la
50
Autoridad
Nominadora debe enviarle al empleado una notificación donde
le informe, de manera adecuada, los cargos administrativos y
la hora, fecha y lugar en el cual se realizará la audiencia
y le describa la prueba que tiene el patrono.318 Sin esa
notificación adecuada, la vista informal no cumple con los
requisitos del debido proceso de ley.319
Además, sin esa
notificación el trabajador será despojado de su empleo sin
estar preparado para rebatir los argumentos del patrono.
Cuando lo que ocurre es la cesantía, que no es otra
cosa que una modalidad de despido, hemos determinado que,
previo a esa acción, se le debe notificar al empleado el
plan de cesantías e informarle el método en el que está
basado.
Esto, antes de que sea separado de su puesto.320 Más
aun, hemos concluido que el hecho de que exista una crisis
fiscal no es suficiente, por sí solo, para concluir que la
cesantía
se
realizó
siguiendo
los
estatutos
o
normas
vigentes.321 Más concretamente, hemos expresado lo siguiente:
Independientemente de cuan justificadas pudieran haber
estado
unas
cesantías
desde
el
punto
de
vista
138 D.P.R. 215,
supra, pág. 520.
220
(1995);
Torres
Solano
v.
P.R.T.C.,
318
Villanueva v. Mun. de San Juan, supra; Torres Solano v.
P.R.T.C., supra, págs. 520-521, 523. Véase, además, U. Ind.
Emp. A.E.P. v. A.E.P, supra.
319
U.Ind. Emp. v. A.E.P., supra, pág. 622.
320
Olivieri Morales y otros v. Pierluisi y otros, 113 D.P.R.
790, 796 (1983); Pizarro y otros v. Municipio de Carolina,
112 D.P.R. 822, 828-829 (1982).
321
Calzada Quiñones v. D.A.C. O, 114 D.P.R. 757, 760 (1983).
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
51
económico,
la
política
pública
a
favor
de
la
implementación del sistema de mérito exige que haya
constancia de que al eliminarse uno o más puestos en
una clase se dejarán cesantes y serán retenidas las
personas indicadas de acuerdo con los criterios
objetivos que el sistema de mérito encarna. Es
igualmente vital que todos los empleados públicos
posean conocimiento previo del método a seguirse para
que puedan defender adecuadamente sus derechos, los
cuales son relativos a los derechos de los demás. La
ausencia de constancia clara, objetiva y difundida de
los criterios para determinar quiénes habrán de quedar
cesantes crea inseguridades y siembra dudas no sólo
sobre la legitimidad de cada cesantía particular, sino
sobre la validez y necesidad de la decisión de decretar
cesantías en general.322
Es cierto que esta interpretación se fundamentó, no en
la Constitución, sino en las disposiciones de la Ley de
Personal
del
Servicio
Público,
Ley
sustituida por la Ley Núm. 184 de 2004.
Núm.
5
de
1975,
Pero es que esa ley
incorporaba el debido proceso de ley constitucional en lo
que respecta a la retención de los trabajadores; por eso, en
aquel momento no era necesario recurrir a la Constitución
para
sustentar
significa
que
nuestra
decisión.
Sin
debamos
aceptar
otro
que
embargo,
estatuto
ello
no
socave
impunemente el debido proceso de ley constitucional vigente
en la actual Ley para la Administración de los Recursos
Humanos en el Servicio Público y contenido en los convenios
colectivos según el mandato de la Ley de Relaciones del
Trabajo del Servicio Público.
La mayoría argumenta que la
Ley Núm. 7
de 2009 le
concede a los empleados cesanteados un debido proceso de ley
“bastante
322
similar
al
que
establece
la
Ley
Núm.
184
de
Olivieri Morales y otros v. Pierluisi y otros, supra,
pág. 796. Énfasis nuestro.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
52
2004”.323 En fin, expresa la mayoría que lo que hace la Ley
Núm. 7 de 2009 es recoger los “procedimientos que rigen bajo
la Ley Núm. 184, supra, y los adapta…”.324
Nada más lejos de
la realidad. Para confirmarlo, es suficiente cuestionarnos
por qué, si ambos procedimientos de retención son similares,
no se utiliza el procedimiento de la Ley Núm. 184 de 2004.
Esta
interrogante
planteando
que
la
era
contesta
necesario
la
opinión
hacer
más
mayoritaria
expedito
el
procedimiento de despidos para “decretar cesantías mediante
un mecanismo más ágil”.325 Sin embargo, no existe prueba en
el expediente que demuestre esta afirmación. Lo que sí ha
sido evidente es que el proceso de cesantías de la Ley Núm.
7
de
2009
se
ha
complicado
violaciones
al
debido
y
proceso
alargado
debido
a
ínsitas
en
mismo,
el
las
derrotando la sensibilidad construida en el procedimiento de
retención
establecido
en
la
Ley
Núm.
184
de
2004,
que
siempre entendió las cesantías como el último recurso y no
como la política pública.
¿Cómo afectaba en términos de tiempo el aplicar el plan
de retención contenido en la Ley Núm. 184 de 2004?
Este
plan dispone que se podrán eliminar puestos por falta de
trabajo o de fondos, sujeto a lo siguiente:
En estos casos, las cesantías se decretarán dentro
de los grupos de empleados cuyos puestos tengan el
mismo título de clasificación y considerando dentro
323
Opinión del Tribunal, pág. 67.
324
Íd..
325
Íd., pág. 67.
Énfasis nuestro.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
53
de cada grupo el estatus de los empleados, su
productividad, hábitos y actitudes reflejadas en sus
evaluaciones y su antigüedad en el servicio. A los
fines de determinar antigüedad, se considerará todo
servicio prestado en puestos de las agencias
comprendidas en el Sistema. La autoridad nominadora
de cada agencia notificará por escrito a todo
empleado a quien haya de cesantear con no menos de
treinta (30) días de antelación a la fecha en que
habrá de quedar cesante.
Ninguna cesantía de
empleados será efectiva a menos que se cumpla con el
requisito de notificación. Cada agencia procederá a
establecer un procedimiento escrito a los efectos de
decretar cesantías en caso de estas ser necesarias,
el mismo será divulgado a [sic] estará disponible
para conocimiento de cualquier empleado interesado.
Antes de decretar la cesantía debido a la
eliminación de puestos por falta de trabajo o
fondos, se agotarán todos los recursos al alcance
para evitar dicha cesantías con acciones tales como:
(A)
Reubicación de personal en puestos de
igual
o
similar
clasificación
en
departamentos, oficinas o programas en que
haya necesidad de personal.
(B)
Readiestramiento
del
empleado
para
reubicarlo en otro puesto, cuando esto pueda
hacerse razonablemente antes de la fecha
límite para decretar tales cesantías.
(C)
Disfrute de vacaciones acumuladas.
(D)
Licencia sin sueldo hasta tanto cese la
crisis presupuestaria, cuando la agencia
tome la decisión por la insuficiencia
presupuestaria temporera que no requiera la
eliminación permanente del puesto. En tales
casos,
deberá
observarse
el
orden
de
prelación previamente establecido en el
método de decretar cesantías.
(E)
Reducción en la jornada de trabajo.
(F)
Descenso de los empleados como último
recurso para evitar cesantías.326
Evidentemente,
atender
la
alegada
este
plan
crisis
no
afecta
fiscal
del
el
objetivo
gobierno.
de
Al
contrario, crea un procedimiento justo y fundamentado en el
326
Sección 1462(e)(9(a) de la Ley Núm. 184 de 2004, supra.
Énfasis nuestro.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
54
principio de mérito, el cual evita no tan solo las dudas
sobre la legitimidad de las cesantías y la inseguridad en
los afectados, sino también potenciales disputas legales.
El plan de
proveía
un
cesantías bajo la
debido
proceso
de
Ley Núm. 184
ley
de
constitucional
2004
porque
permitía que los empleados estuviesen informados del proceso
de
las
cesantías,
de
manera
que
pudieran
defenderse
apropiadamente si no estaban de acuerdo con la determinación
administrativa. Distintamente, el plan de retención de la
Ley Núm. 7 de 2009 es contrario al debido proceso de ley
porque
no
les
provee
a
los
empleados
cesanteados
la
oportunidad de ser oídos ni una vista informal previa.
Respecto
salta
a
la
notificación
a
la
ausencia
vista,
como
de
cesantía
de
oportunidad
de
ser
oído,
consideración
inicial,
que
la
enviada
trabajadores
fue
a
los
defectuosa. Observemos un modelo de las cartas en las cuales
se notificó la cesantía a los trabajadores:
De conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 7
de 9 de marzo de 2009, conocida como “Ley Especial
Declarando Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan
Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el
Crédito de Puerto Rico” (en adelante Ley 7), y al orden
de
antigüedad
establecido
por
la
Junta
de
Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF), le
informo que efectivo el 6 de noviembre de 2009 queda
cesante del puesto clasificado…327
Sin
duda,
esta
notificación
justificación de la cesantía.
no
informa
la
causa
o
Sólo hace referencia a que el
despido se basa en la Ley Núm. 7 de 2009 y al orden de
antigüedad
327
diseñado
por
la
JREF.
Tampoco
se
describe
Autos de Instancia CT-2009-6, Anejo 6. Énfasis nuestro.
la
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
55
prueba que tenía el patrono; específicamente, no se describe
el plan de cesantía ni el método en el que se basó, como
tampoco la antigüedad que corresponde al empleado cesanteado
en relación a otros. Es decir, en la notificación no se
alude a la lista de antigüedad de todo el servicio público.
Por consiguiente, los empleados que la recibieron no estaban
en posición para defenderse e impugnar las alegaciones del
Estado. Como hemos expresado, en dichas circunstancias una
vista previa es fútil.
Aun cuando se incluyera como parte de la notificación
adecuada
la
descripción
de
la
prueba
del
patrono
antes
mencionada, la vista previa a la que se refiere la mayoría
es
insuficiente.
Esta
antigüedad
del
mayoritaria
cuando
vista
empleado,
expresa
se
según
que
limita
lo
“…
a
cuestionar
afirma
la
la
la
opinión
controversia,
por
meritoria que sea, siempre será relativamente sencilla: si
el
empleado
cuenta
con
la
evidencia
de
los
años
trabajados”.328 Es decir, la controversia se limita a que el
empleado demuestre, por ejemplo, que en vez de 12 años de
servicio realmente sirvió 13 años y medio. Sin embargo, el
empleado no puede impugnar su cesantía con relación a la de
otros empleados no cesanteados, ni la puede cuestionar por
razón de otros asuntos, como discrimen político, embarazo, o
edad, entre otros.
Por esto, esta vista informal previa
constituye un procedimiento totalmente pro-forma.
328
Opinión del Tribunal, pág. 69.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
56
Ante este panorama, se puede afirmar que la Ley Núm. 7
de
2009
violenta
constitucional.
el
debido
Limitada
la
proceso
de
controversia
ley
al
procesal
aspecto
de
antigüedad y sin que se le notificase siquiera lo pertinente
a ese criterio respecto a los demás empleados, la vista
informal previa era una mera formalidad. Aun conociendo que
tenían fundamentos distintos al de antigüedad para demostrar
que se estaba violando la ley, para los empleados públicos
el
foro
administrativo
estaba vedado.
Mayor
violación
al
debido proceso de ley procesal constitucional no vamos a
encontrar.
II.
Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, inconstitucional de su faz
La Constitución del Estado Libre Asociado, aprobada el
25 de julio de 1952, incluye una disposición que le prohíbe
a la Asamblea Legislativa aprobar estatutos que incorporen
más de un asunto o que no lo expongan en el título de la
medida. Sobre este particular, la ley suprema establece:
…No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción
de los de presupuesto general, que contenga más de un
asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su
título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no
haya sido expresado en el título será nula…329
Tal
limitación
al
proceso
legislativo
fue
adoptada,
por
primera vez, en la Ley Jones del 2 de marzo de 1917 y fue
329
Artículo III, sección 17, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. sec.
17. Énfasis nuestro.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
mantenida
por
los
constituyentes
al
aprobar
57
nuestra
constitución.330
Esta disposición es clara.
Requiere, por un lado, que
toda ley, salvo la de presupuesto, esté dirigida a un solo
objetivo
o
asunto.
Además,
título
el
asunto
o
toda
propósito
ley
que
debe
incluir
pretende
en
su
atender
la
Asamblea Legislativa y si se incluye alguna materia en el
cuerpo de la ley, pero no en su título, esta porción de la
medida será nula.
Desde sus orígenes en la Ley Jones, hemos tenido varias
oportunidades de interpretar este precepto.
Hemos expresado
la necesidad de que el título de una legislación refleje, en
forma general, su contenido.
Aclaramos que no se tiene que
incluir en el título una descripción minuciosa o un índice
del contenido de la ley.331 Claro está, la generalidad del
330
El precepto contenía el siguiente mandato:
No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de
los de presupuesto general, que contenga más de un
asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su
título; pero si algún asunto que no esté expresado en
el título fuere incluido en cualquier ley, esa ley será
nula solamente en aquella parte de ella que no haya
sido expresada en su título.
Documentos Históricos,
Carta Orgánica de 1917, 1 L.P.R.A. sec. 34.
La Carta Orgánica del 12 de abril de 1900, conocida como la
Ley Foraker, no incluyó esta prohibición.
R. E. Bernier y
J. A. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las
Leyes de Puerto Rico, 2da ed., San Juan, JTS, 1987, pág. 79;
Véase, además, J. Trías Monge, op. cit., págs. 159-160.
331
Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408, 428 (1998);
Cervecería Corona, Inc. v. JSM, 98 D.P.R. 801, 812 (1970);
Pueblo v. Vázquez, 93 D.P.R. 540, 542-543 (1966); Pueblo v.
Díaz Torres, 89 D.P.R. 720, 724-725 (1963); Rodríguez v.
Power, 30 D.P.R. 931, 932 (1922).
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
58
título no puede inducir a error a las partes afectadas por
la
ley
ni
a
evaluarla,
los
legisladores
estudiarla
que
tienen
aprobarla.332
y
la
función
Siempre
hay
de
que
asegurarse de que el único asunto o materia del que trate la
ley aparezca claramente en su título.333
Este principio constitucional persigue tres propósitos
principales:
“materias
(1)
impedir
que
incongruentes
inadvertencia,
la
legislación”;335
y
y
se
extrañas”;334
ocultación
(3)
incluyan
y
informar
a
el
la
en
el
estatuto
(2)
evitar
fraude
sociedad
y
“la
en
la
a
los
legisladores la finalidad de la medida, de manera que “el
primero
pueda
oponerse
a
su
aprobación
si
la
considera
lesiva a sus intereses y los segundos estén en condiciones
de emitir su voto conscientes del asunto que es objeto de
legislación”.336 En fin, el objetivo es que la legislatura y
el
público
puedan
deducir
que
se
aprobarán
únicamente
332
Laboy v. Sauri, 65 D.P.R. 422, 426 (1945); Rodríguez v.
Corte, 60 D.P.R. 919, 922 (1942); Pueblo v. Arocho, 34
D.P.R. 847, 855-856 (1926).
333
Pueblo v. Vázquez, 93 D.P.R. 540, 542-543 (1966); Pueblo
v. Díaz Torres, 89 D.P.R. 720, 724-725 (1963).
334
Dorante v. Wrangler of P.R., supra, pág. 428; Cervecería
Corona, Inc. v. JSM, supra, pág. 812; Laboy v. Sauri, supra,
pág. 426, citando el caso Posados v. Warner, B. & Co., 279
U.S. 340 (1929); Rodríguez v. Corte, supra, pág. 922.
335
Dorante v. Wrangler, supra, pág. 428; Laboy v. Sauri,
pág. 426, citando el caso Posados v. Warner, B. & Co.,
supra; Rodríguez v. Corte, supra, pág. 922.
336
Dorante v. Wrangler, supra, pág. 428; Laboy v. Sauri,
supra, pág. 425; Rodríguez v. Corte, supra, pág. 922-923.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
59
materias germanas a las expresadas en el título.337 Todas
estas consideraciones fueron analizadas y dilucidadas por
los constituyentes.338
En este momento, la pregunta obligada es, si el título
de la Ley Núm. 7 de 2009 cumple con los requisitos que
establece nuestra Constitución.
337
338
Veamos.
Cervecería Corona, Inc. v. JSM, supra, pág. 812.
A
esos
efectos,
se
consignaron
las
siguientes
expresiones:
Sr. Negrón López: Esta oración “no se aprobará ningún
proyecto de ley con excepción de los de presupuesto
general que contenga más de un asunto, el cual deberá
ser
claramente
expresado
en
su
título”
es
una
disposición encaminada a evitar los riders, a evitar
que se hagan enmiendas extrañas al propósito de los
proyectos y que se adultere el fin de un proyecto
aprobando
subrepticiamente
algo
que
la
Asamblea
Legislativa no dejaba aprobar, no debió haber permitido
que se aprobara de haber conocido la intención. Diario
de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto
Rico, op. cit., T. 2, pág. 896.
…
Las disposiciones sobre título y asunto “impiden
prácticas fraudulentas, facilitan la labor legislativa
y hacen imposible que grupos minoritarios incorporen
sus proposiciones favoritas en una sola pieza de
legislación y se unan para obtener una mayoría
artificial, la cual no existiría si las distintas
proposiciones se consideraran separadamente”.
Íd., T.
4, pág. 2584.
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
60
Una somera lectura de la Ley Núm. 7 de 2009, confirma
que ésta regula más de un asunto. Dicho estatuto impone
nuevos arbitrios, como en el caso de las motocicletas y
aumenta
otros,
como
el
de
los
cigarrillos
y
bebidas
alcohólicas. Además, permite que la Autoridad de Edificios
Públicos y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante
puedan
emitir
bonos
y
utilizar
otros
mecanismos
de
financiamiento y que los municipios puedan tomar dinero a
préstamo del Banco Gubernamental de Fomento. Como podemos
observar, se trata de crear estos mecanismos para allegar
dinero a las arcas del Estado. Estas medidas, evidentemente,
comprenden, entre ellas, un solo asunto. Sin embargo, en el
Capítulo III del mismo estatuto se crea una nueva ley de
despidos lo cual, sin duda, constituye un asunto diferente,
contrario a la disposición constitucional.
De otra parte, el título de la Ley Núm. 7 de 2009 ocupa
dos páginas y media del texto del estatuto, que se dedican
casi
en
su
totalidad
a
describir
en
detalle
todas
las
enmiendas sobre medidas de ingresos y mejor fiscalización
que se incluyeron en el Capítulo II y aquellas relacionadas
a las medidas fiscales que se incorporaron en el Capítulo
IV. Sin embargo, la porción que se refiere a las medidas de
control
y
dispuestas
reducción
de
en
Capítulo
el
gastos
operacionales
III
es
y
de
sumamente
nómina
parca
y
generalizada. En otras palabras, el título de la ley no
informa todos los asuntos o materias que forman parte del
Capítulo
III
del
estatuto
y
no
les
anuncia
a
los
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
61
legisladores y a los ciudadanos de qué trata el Capítulo
III.
Contrario a la descripción sumamente pormenorizada de
los
asuntos
atendidos
en
los
Capítulos
II
y
IV,
en
la
porción que se refiere a las medidas de control y reducción
de gastos operacionales y de nómina incluidas en el Capítulo
III,
el título de la Ley Núm. 7 de 2009 meramente alude a:
…en lo referente a la reducción de gastos, establecer
un plan de tres fases para la reducción de la nómina
gubernamental;…
Lo anterior no describe, ni siquiera escuetamente, el
contenido
del
Capítulo
III
de
la
Ley
Núm.
7
de
2009.
Primero, este capítulo contiene más de un asunto distinto a
la reducción de la nómina gubernamental.
el
Capítulo
III
se
suspende
el
Por ejemplo, en
sistema
de
relaciones
laborales en el sector público, que incluye la negociación
colectiva
y
los
convenios
colectivos;
se
suspende
la
aplicación del principio de mérito; se limita el sistema de
administración
de
personal
y
está
reorganización del gobierno central.
implícita
una
Segundo, aun si se
aceptara, para efectos del análisis, que el Capítulo III
trata de sólo un asunto, éste no se anuncia claramente en el
título.
En otras palabras, al leer el título de la ley, las
personas
o
entidades
afectadas
no
se
enteran
de
las
implicaciones de la medida.
Podría
incluida
plantearse
en
la
que
la
frase
legislación,
“para
resuelve
otros
fines”,
el
problema
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
constitucional.
Sin
embargo,
ya
este
62
Tribunal
se
ha
expresado sobre ese aspecto:
Aunque términos como “etcétera” y “para otros fines”
frecuentemente se usan en los títulos de las leyes,
tales frases tienen muy poco efecto sobre la validez de
los estatutos.
Aunque estos términos pueden servir
para
advertir
que
materias
adicionales
a
las
especificadas en el titulo aparecen en la ley, tales
términos
no
pueden
convalidar
la
inclusión
de
339
disposiciones incongruentes.
Ante
este
cuadro,
y
dado
que
la
ley
incluye
una
cláusula de separabilidad,340 lo que procede es declarar nulo
el
Capítulo
III
y
mantener
la
vigencia
del
resto
del
contenido de la Ley Núm. 7 de 2009.
III
Conclusión
El
análisis
que
he
expuesto
en
estas
apresuradas
páginas me lleva a disentir enérgicamente de la decisión a
la que hoy se adhiere la mayoría del Tribunal. Veo con mucha
tristeza la posición asumida por la mayoría en esta decisión
ante
asuntos
historia
tan
desgarradoramente
complejos
de
nuestro
pueblo.
desinformada,
resultado
de
un
improvisado
y
proceso
certificación.
En
ausencia
de
de
Ésta
es
para
la
una
decisión
mal
aplicado
339
Laboy v. Saurí, supra, pág. 428.
340
Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, Artículo 71.
prueba,
la
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
63
mayoría acaba por deshacer los fundamentos metodológicos de
la mejor hermenéutica constitucional y termina en el terreno
de la especulación acientífica.
La
Constitución
es
algo
más
que
un
depósito
de
palabras, es un pacto social maduro entre el Estado y los
ciudadanos, que ha sido bordado lentamente y se ha cimentado
en décadas de consenso. Central a este pacto está el valor
que le hemos concedido al trabajo en la estructura social de
nuestro
país.
Nuestros
tribunales
han
avalado
esta
apreciación por muchas décadas. Hoy, con esta determinación,
la
mayoría
de
este
desamparo
abandona
en
el
perdido
su
modo
Tribunal
de
rompe
este
a
miles
y
mantiene
vida
de
pacto
ciudadanos
en
la
social
que
y
han
inseguridad
jurídica a los que aún conservan sus puestos.
El capítulo III de la Ley Núm. 7 de 2009 elimina de un
plumazo el derecho de los empleados públicos a retener sus
puestos de empleo, a la vez que deroga o suspende derechos
que eran parte de sus contratos de trabajo. Así, el esfuerzo
humano que representa el trabajo, esa importante propiedad,
que posibilita la reproducción social y la integridad de los
contratos que la contenían, han sido tirados por la borda,
junto
con
medio
siglo
de
interpretación
constitucional
democrática y de avanzada. En fin, todo lo que significa el
Capítulo
III,
desde
su
faz
a
su
aplicación,
es
inconstitucional.
Los pactos sociales entre los diversos componentes de
un pueblo no deben deshacerse sino expandirse hacia nuevas
CC-2009-4 cons. con CT-2009-5, CT-2009-6, CT-2009-9
fronteras
de
justicia
social.
El
desarrollo
64
de
las
sociedades no se puede fundamentar en la desigualdad ni en
la violencia institucional, aniquilando los sueños que el
trabajo provee a los más débiles. Nuestros retos económicos
no pueden ser solventados aplastando la dignidad de nuestros
servidores públicos. Ante los nuevos retos, son necesarios
nuevos
pactos
y
consensos
sociales.
A
éstos
no
podremos
llegar cultivando la desconfianza de los ciudadanos en las
instituciones.
Lamentablemente, después de esta decisión, el derecho
constitucional
en
las
escuelas
de
derecho
se
enseñará
“antes” y “después” de la Ley Núm. 7 de 2009, pero no como
el derecho de filiación antes y después de nuestra honrosa
decisión en Ocasio v. Díaz,341 ni como la ley de divorcio
antes y después de Figueroa Ferrer v. E.L.A.,342 casos que
ampliaron y fortalecieron los derechos del individuo frente
al Estado. Todo lo contrario, esta decisión será estudiada
como aquella que entronizó al Estado como el protagonista
principal del sistema frente al ciudadano. Ante esto, yo
disiento. No puedo mantener silencio, ni ser cómplice de
esta enajenada visión.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
341
88 D.P.R. 676 (1963).
342
107 D.P.R. 250 (1978).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Olga Domínguez Castro y
otros
Recurridos
v.
CT-2009-4
Gobierno del Estado Libre
Asociado de P.R. y otros
Peticionarios
Kristy J. González Bou y
otros
Recurridos
v.
CT-2009-5
Estado Libre Asociado de
P.R. y otros
Peticionarios en
Certificación
Zoraida Martínez Román y
otros
Recurridos
CT-2009-6
v.
Estado Libre Asociado de
P.R. y otros
Peticionarios
Erika Vispo Figueroa
Recurrida
v.
CT-2009-9
Estado Libre Asociado de
P.R. y otros
Peticionarios
Opinión disidente emitida
Rodríguez Rodríguez
por
la
Juez
Asociada
señora
San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2010
Disiento.
No puedo avalar con mi voto un dictamen
como el hoy emitido que trastoca las vidas de miles de
servidores públicos sin concederles a éstos su verdadero
día
en
corte.
La
Opinión
mayoritaria
se
revela
como
galimatías constitucionales, expuestas así, sin un análisis
jurídico riguroso que acompañe la extensa e innecesaria
disertación, y carente, además, de evidencia que fundamente
CT-2009-4 cons. CT-2009-5
CT-2009-6/CT-2009-9
sus
conclusiones.
El
2
sustento
de
miles
de
servidores
públicos merecía un Tribunal que examinara a cabalidad sus
planteamientos a la luz de la prueba que en su momento se
presentara, y no que se atendieran sus reclamos mediante
una decisión que valida, cual sello de goma, los argumentos
del Estado.
El
este
trámite
acelerado
Tribunal
para
resolver
planteadas,
hizo
controversias
de
certificación
adoptado
apresuradamente
que
ello
fuera
por
las
posible.
Así, el récord en estos casos está huérfano de prueba que
sostenga las “conclusiones” a las que llega la mayoría con
respecto a la Ley núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según
enmendada (Ley 7).
Ello denota la fatalidad del proceso
adjudicativo seguido por este Tribunal pues los casos ante
nuestra
consideración
presentan,
no
sólo
asuntos
estrictamente de Derecho, sino que plantean controversias
cuya resolución no es factible sin recibir prueba alguna.
Por
ejemplo,
mediante
los
recursos
presentados
se
cuestionó
la
validez
constitucional
de
la
Ley
7,
con
diversos
argumentos
concernientes
a:
discrimen
por
afiliación política, discrimen por razón de edad, menoscabo
de obligaciones contractuales y violaciones al principio de
mérito
y
Alegaciones
a
la
como
antigüedad
éstas
del
empleado,
requerían,
como
entre
mínimo,
otros.
que
se
celebrara una vista en la que se presentara prueba sobre
las
violaciones
constitucionales
invocadas.
¿Cómo
es
posible que podamos atender argumentos como éstos y tomar
CT-2009-4 cons. CT-2009-5
CT-2009-6/CT-2009-9
una
determinación
al
3
respecto
si
no
le
hemos
dado
la
de
los
oportunidad al empleado de presentar su caso?
La
despreocupación
que
muestra
la
mayoría
miembros de este Tribunal --al certificar estos casos en un
trámite “fast track” o “por descargue”-- y su determinación
de resolver las controversias planteadas sin el beneficio
de la prueba requerida, demuestra la liviandad con la cual
se
ha
dispuesto
públicos.
Ello,
de
a
los
mi
reclamos
juicio,
de
vulnera
estos
los
empleados
valores
más
elementales de debido proceso de ley y de un procedimiento
justo.
Por otro lado, el intento fallido de la mayoría por
distinguir
su
reciente
dictamen
en
Hernández
Colón
v.
Policía de P.R., res. el 13 de octubre de 2009, 2009 TSPR
154, sobre los derechos adquiridos, es un vivo ejemplo de
la
carencia
de
rigor
de
la
Opinión
mayoritaria.
En
Hernández Colón, se dijo sobre los derechos adquiridos que
“son
las
facultades
legales
regularmente
ejercidas
[mientras que] las expectativas, [son] aquellas facultades
no ejercidas al momento del cambio de legislación”, íd.,
pág. 27, y que los primeros son “una situación consumada,
en la que las partes afectadas descansaron en el estado de
derecho que regía al amparo de la ley anterior”.
Íd, pág.
29, citando a Consejo de Titulares v. William Hospitality
Group, 168 D.P.R. 101, 109 (2006).
que
tales
derechos
son
de
tal
Inclusive, se indicó
naturaleza
que
“ni
Legislatura al promulgar una nueva ley, ni el Gobernador
la
CT-2009-4 cons. CT-2009-5
CT-2009-6/CT-2009-9
4
mediante una orden ejecutiva, los puede lesionar o ignorar.
… [Éstos] se incorpora[n] dentro del patrimonio del titular
del derecho y está protegido constitucionalmente frente a
cualquier gestión gubernamental que pretenda intervenirlo”.
Íd.,
págs.
27-28.
De
ahí
se
concluyó
que
los
ex
gobernadores peticionarios “no poseían una mera expectativa
sobre el derecho de protección [mediante escoltas], sino
que estos (sic) ostentan un derecho adquirido en virtud de
sus respectivos retiros como primeros ejecutivos del país,
bajo un estado de derecho específico”.
Íd., pág. 30.
En la Opinión que hoy emite este Tribunal, se dispone
que los empleados públicos que fueron cesanteados al amparo
de la Ley 7 no disfrutan de derechos adquiridos sobre sus
empleos “pues se encuentra ausente el elemento del amparo
de una ley anterior que hubiere concedido tal derecho”.
Op.
del
Tribunal,
pág.
76.
(Énfasis
en
el
original).
Confieso, que se me dificulta comprender este razonamiento
y
considero
mayoría
que
para
improcedente.
el
malabarismo
concluir
lo
jurídico
que
realiza
anterior
es
totalmente
Antes bien, la distinción elaborada en la
Opinión del Tribunal levanta numerosas interrogantes.
pueden
la
crearse
administrativas
derechos
y
en
adquiridos
mediante
ausencia
de
Cómo
prácticas
disposiciones
estatutarias, pero no mediante una extensa legislación que,
protegiendo
el
principio
de
relacionado
a:
reclutamiento
mérito,
y
regula
selección;
todo
lo
ascensos
y
descensos; traslados; adiestramientos; retribución; jornada
CT-2009-4 cons. CT-2009-5
CT-2009-6/CT-2009-9
5
laboral; beneficios marginales; retención, suspensiones y
cesantías de los miles de empleados que se desempeñan en el
servicio público.343
De igual forma, cabría preguntarse cómo es posible que
los
convenios
colectivos
suscritos
por
las
uniones
sindicales y el Estado, al amparo de la Ley de Relaciones
del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, Ley
núm.
45
de
“situación
25
de
febrero
consumada,
en
de
la
1998,
que
no
las
establezcan
partes
una
afectadas
descansaron en el estado de derecho que regía al amparo de
la ley anterior”.
Por qué las protecciones contenidas en
esos convenios colectivos no son “consecuencia de un hecho
idóneo, al producirlos en virtud de una ley vigente en el
tiempo en que el hecho ha sido realizado, y que se han
incorporado a una persona”.
Hernández Colón, supra, pág.
28, citando a Consejo de Titulares, supra, pág. 108-09,
citando a su vez a J.M. Suárez Collía, El principio de
irretroactividad de las normas jurídicas, 2da ed. rev.,
Madrid,
Actas,
1994,
pág.
55.
Lo
cierto
es
que,
en
estricto rigor, el mismo raciocinio que utilizó la mayoría
para concluir que los ex gobernadores tenían un derecho
adquirido al uso de escoltas policíacas exigía, en esta
ocasión,
que
se
concluyese
que
los
empleados
públicos
despedidos tenían igualmente un derecho adquirido sobre su
empleo.
343
La
inconsistencia
entre
ambos
dictámenes
es
Véase, Ley para la Administración de los Recursos
Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Ley núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 3
L.P.R.A. 1461.
CT-2009-4 cons. CT-2009-5
CT-2009-6/CT-2009-9
evidente e irrefutable.
6
Nada, que esta falta de constancia
sólo se puede entender --tal vez-- cuando, desde la orilla,
observamos el flujo y reflujo de la marea.
En suma, el esfuerzo de la mayoría por distinguir lo
indistinguible y su afán por disponer de las controversias
ante nuestra consideración sin contar con los elementos de
juicio
necesarios,
me
obligan
a
disentir
del
curso
de
acción que hoy toma este Tribunal.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada