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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Rivera Rivera

2011 TSPR 201

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Rivera Rivera

CC-2010-447

Derecho Penal- Delito de fuga bajo el Art. 281 del Código Penal de 2004

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Certiorari

Recurrido

v.

2011 TSPR 201

Jorge L. Rivera Rivera

Peticionario

Número del Caso:

183 DPR ____

CC-2010-447

Fecha: 16 de diciembre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Caguas Panel X

Jueza Ponente:

Hon. Carmen H. Carlos Cabrera

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcda. Zinia I. Acevedo Sánchez

Lcdo. Luis A. Pérez Bonilla

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Zaira Girón Anadón

Subprocuradora General

Lcda. María T. Caballero García

Procuradora General Auxiliar

Materia: Sobre Art. 281 del Código Penal

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2010-0447

Jorge L. Rivera Rivera

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2011

Nos corresponde evaluar nuevamente si una persona que

abandona un programa de tratamiento y rehabilitación en una

institución

privada

a

la

cual

fue

referida

por

la

Administración de Corrección para concluir su sentencia de

reclusión incurre en el delito de fuga tipificado en nuestro

ordenamiento penal.

Para ello debemos analizar si actuó

correctamente el Tribunal de Apelaciones al concluir que los

cambios introducidos en el artículo 281 del Código Penal de

2004,

33

L.P.R.A.

sec.

4909,

dejaron

sin

efecto

lo

establecido por este Tribunal en Pueblo v. González Vega, 147

D.P.R.

692

(2002),

donde

resolvimos

en

la

negativa

esta

controversia.

I.

El 27 de agosto de 2008 el señor Jorge L. Rivera Rivera

ingresó

en

la

Institución

Guayama

1000

para

cumplir

una

sentencia de dos (2) años, seis (6) meses un (1) día por

CC-2010-0447

2

violar el artículo 193, 33 L.P.R.A. sec. 4829, y el artículo

201, 33 L.P.R.A. sec. 4821, del Código Penal de 2004 (en

adelante Código de 2004).

El

17

de

septiembre

Corrección

lo

reclasificó

noviembre

de

2008

lo

de

a

2008

la

custodia

trasladaron

al

Administración

de

mínima.

El

14

de

Hogar

Cristiano

de

Rehabilitación y Transformación Nuevo Pacto, en Juncos, como

parte de un acuerdo entre la Administración de Corrección y

el Hogar para que culminara su sentencia y se beneficiara de

un programa de rehabilitación.

El 25 de noviembre de 2008 el señor Rivera se escapó de

la institución en contravención al pacto establecido.

El 10

de agosto de 2009 el Ministerio Público presentó una denuncia

contra el señor Rivera por alegada infracción al artículo 281

del Código de 2004, la cual dispone que:

El referido acusado, JORGE RIVERA RIVERA, allá en o

para el 25 de noviembre de 2008, en Juncos, Puerto

Rico, que forma parte de la jurisdicción del

Tribunal de Instancia, Sala de Caguas, ilegal,

voluntaria y criminalmente se fugó del “Hogar

Cristiano de Rehabilitación y Transformación Nuevo

Pacto” en Juncos, el cual tiene acuerdo o contrato

con la Administración de Corrección, mientras se

encontraba cumpliendo la sentencia firme de dos

años de reclusión en este lugar por el delito grave

de Apropiación Ilegal.

En la vista preliminar, el peticionario presentó una

“Moción de Desestimación al Amparo del Debido Proceso de Ley”

en la que indicó que de la denuncia no se configuraba el

delito de fuga según dispuesto en el artículo 281 del Código

de 2004.

CC-2010-0447

3

El Ministerio Público presentó una “Réplica a Moción de

Desestimación al Amparo del Debido Proceso de Ley”.

Planteó

que el Hogar de donde se había escapado Rivera tenía un

acuerdo suscrito con la Administración por lo que éste se

encontraba bajo su custodia hasta que cumpliera la sentencia

impuesta.

Sostuvo,

además,

que

dicho

Hogar

tenía

una

licencia otorgada por la Administración de Servicios de Salud

Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) por lo que el imputado

había

incurrido

en

el

delito

de

fuga

tipificado

en

el

artículo 281.

El

8

de

septiembre

de

2009

el

Tribunal

de

Primera

Instancia emitió una resolución mediante la cual declaró ha

lugar la moción de desestimación presentada por la defensa.

El tribunal concluyó que la situación de hechos del caso de

epígrafe no está contemplada en ninguna de las circunstancias

tipificadas en el artículo 281.

artículo

no

incluye

al

Ello, por entender que este

convicto

que

ha

sido

puesto

en

libertad por la Administración de Corrección y referido a su

residencia u otro lugar privado bajo programa de supervisión

electrónica o cualquier otro programa de rehabilitación no

especificado en el tipo delictivo.

El 8 de octubre de 2009 el Ministerio Público instó un

recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

haber

solicitado

prórroga

para

oponerse

al

recurso,

Tras

la

defensa presentó su escrito en oposición a la petición de

certiorari.

Mediante resolución de 26 de febrero de 2010, el

Tribunal

Apelaciones

de

revocó

el

dictamen

del

tribunal

inferior al concluir que los hechos alegados en la denuncia

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4

están comprendidos en el delito de fuga del Código de 2004.

Posteriormente,

el

apelativo

moción

una

señor

Rivera

de

presentó

reconsideración,

ante

el

foro

la

cual

fue

declarada no ha lugar.

Inconforme con dicha determinación, el 28 de mayo de

2010 el señor Rivera presentó ante este Tribunal una Petición

de Certiorari.

El peticionario alega que el foro apelativo

intermedio incurrió en error al revocar la resolución del

Tribunal de Primera Instancia mediante la cual se desestimó

el proceso en su contra basado en que la conducta imputada no

constituye delito bajo nuestro ordenamiento penal.

que

la

interpretación

realizada

por

el

Sostiene,

Tribunal

de

Apelaciones violó las normas de hermenéutica judicial y el

principio de legalidad al criminalizar conducta mediante el

uso de la analogía.

II.

A.

El principio de legalidad es el principal límite que se

impone al ejercicio de la potestad punitiva estatal, Claus

Roxin, Derecho Penal, Parte General 137 (trad.

Luzón Peña et

als.,

salvaguardas

Civitas,

2000),

junto

con

las

constitucionales que prohíben la pena de muerte en nuestra

jurisdicción, así como los castigos crueles e inusitados y la

aplicación retroactiva de la ley penal.

Este principio suele

expresarse mediante el aforismo popularizado por Feuerbach de

nullum crimen nulla poena sine lege.

Luis Ernesto Chiesa

Aponte, Derecho Penal Sustantivo 42 (Publicaciones JTS 2006).

La exigencia de la legalidad significa, en esencia, que no

CC-2010-0447

5

pueden prohibirse conductas ni imponerse penas que no se

encuentren previamente establecidas en la ley.

Francisco

Muñoz Conde & Mercedes García Arán, Derecho Penal, Parte

General 99 (Tirant Lo Blanch, 6ª ed., 2004).

La norma queda

recogida en el artículo 2 del Código de 2004, 33 L.P.R.A.

sec. 4630:

No se instará acción penal contra persona alguna

por un hecho que no esté expresamente definido como

delito en este Código o mediante ley especial, ni

se impondrá pena o medida de seguridad que la ley

no establezca con anterioridad a los hechos.

Este Tribunal ha reiterado en múltiples ocasiones que el

principio antedicho conlleva las garantías siguientes:

(1)

garantía criminal de que no se acusará a persona alguna por

un hecho que no esté previamente definido como delito; (2) la

garantía penal que prohíbe imposición de penas o medidas de

seguridad que no se hayan establecido previamente por ley;

(3) y la prohibición de leyes vagas.

Véase Pueblo v. Ruiz

Martínez, 159 D.P.R. 194, 235 (2006).

Consecuencia natural de este principio es, además, que

los tribunales no pueden ampliar el ámbito de aplicación de

los delitos mediante el uso de la analogía.

Por ello el

artículo 3 del Código de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4631, dispone

que “[n]o se podrán crear ni imponer por analogía delitos,

penas ni medidas de seguridad”.

Id.

La prohibición consiste

en impedir que un juez sancione a una persona por conducta no

tipificada que meramente se asemeja a conducta constitutiva

de delito.

Como señala la profesora Nevares-Muñiz, “[c]uando

se aplica la analogía, el juez está supliendo la voluntad del

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6

legislador, que no existe para los hechos que tiene ante sí,

puesto que si tal hubiera sido la intención del legislador la

hubiera expresado claramente en la ley”.

Dora Nevares-Muñiz,

Nuevo Código Penal de Puerto Rico 3 (3ª ed. 2008).

La prohibición de la creación de delitos por analogía no

debe confundirse con la capacidad interpretativa de la ley

que está facultado a ejercer todo juez cuando evalúa una

controversia

que

se

le

presenta.

Las

leyes,

incluidas

aquellas que puedan conllevar la privación de la libertad de

un ser humano, es decir, las leyes de carácter penal, no

están exentas de interpretación por el juez.

Véanse Pueblo

v. Ruiz Martínez, 159 DPR 194 (2003); Pueblo v. Ríos Dávila,

143 D.P.R. 687 (1997); Pueblo v. Rodríguez Jiménez, 128 DPR

114 (1991).

Lo que está vedado por nuestro ordenamiento

penal no es la ley que requiera interpretación, sino aquélla

cuya interpretación requiera un esfuerzo hermenéutico propio

de juristas para descifrar cuál es la conducta prohibida.

Pueblo v. Martínez Yanzanis, 142 DPR 871, 877 (1997).

Tribunal ha sido enfático en

legal

lo

fundamental

es

Este

que al evaluar una disposición

interpretarla

de

tal

manera

que

valide y adelante el propósito del legislador.

Id.

Por eso

en

530

(1999),

Pueblo

v.

Zayas

Rodríguez,

147

D.P.R.

expresamos que:

En materia de hermenéutica judicial sólo hay una

regla que es “absolutamente invariable”, y ésta es

la de que debe describirse y hacerse cumplir la

verdadera intención y deseo del poder legislativo.

En otras palabras, la regla de oro en materia de

interpretación de leyes es que el objeto principal

de todas las reglas de hermenéutica no es conseguir

un objetivo arbitrario preconcebido, sino dar

efecto al propósito del legislador.

CC-2010-0447

7

Id. en la pág. 549.

B.

En Pueblo v. González Vega, 147 D.P.R. 692 (2002),

este

Tribunal

se

expresó

en

torno

al

delito

de

fuga

tipificado en el artículo 232 del entonces vigente Código

Penal de 1974 (en adelante Código de 1974).

Conforme este

artículo, cometía el delito de fuga:

[t]oda persona sometida legalmente a detención

preventiva,

sometida

a

tratamiento

y

rehabilitación en un programa del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, o privado, supervisado y

licenciado por una agencia del mismo conforme a

un procedimiento especial de desvío bajo la Regla

247.1 de Procedimiento Criminal . . . o . . . [el

inciso (b) del artículo 404 de la de la Ley de

Sustancias Controladas], sometida legalmente a

reclusión o a medida de seguridad de internación,

que se fugare . . . .

33 L.P.R.A. sec. 4428 (Supl. 1997).

Los hechos del mencionado caso eran los siguientes: el

señor

González

Vega

había

sido

sentenciado

por

dos

(2)

cargos del delito de posesión de sustancias controladas.

El tribunal le impuso una pena de reclusión de tres (3)

años

por

cada

uno

excarcelado

y

Electrónica

de

permitiéndole

de

referido

la

que

los

cargos.

al

Posteriormente,

Programa

Administración

extinguiera

su

fue

de

Supervisión

de

Corrección,

condena

desde

su

residencia, sujeto al uso de un brazalete electrónico. Tras

recomendación de la Administración de Servicios de Salud

Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), el señor González

Vega fue ingresado en una de las instalaciones de Hogares

CREA.

Luego

de

un

tiempo,

González

institución y fue arrestado poco después.

Vega

abandonó

la

Por estos hechos

CC-2010-0447

fue

8

acusado

de

cometer

el

delito

de

fuga

del

entonces

artículo 232.

Al atender la controversia presentada ante nosotros en

aquel entonces, resolvimos que la conducta incurrida por el

peticionario

no

estaba

imputado.

El

señor

incluida

González

en

el

Vega

delito

“no

se

de

fuga

encontraba

sometido legalmente a detención preventiva,” González Vega,

147 D.P.R. 692, 701, ni se encontraba sometido legalmente a

una medida de seguridad de internación.

Id.

“[T]ampoco se

encontraba sometido a tratamiento y rehabilitación bajo un

procedimiento especial de desvío conforme a la Regla 247.1

de Procedimiento Criminal, supra, o bajo el inciso (b) del

Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto

Rico.” Id.

Asimismo, basándonos en la definición provista por el

artículo 40 del Código de 1974, el cual definía pena de

reclusión como “la privación de libertad en la institución

adecuada

durante

el

tiempo

señalado

en

la

sentencia,”

resolvimos que la reclusión de González Vega cesó cuando

éste salió de la cárcel y que su ingreso en Hogares CREA no

alteró esa circunstancia.

Código

de

1974

no

Razonamos que el legislador del

previó

como

un

hecho

penalmente

antijurídico que una persona que se encontraba extinguiendo

una condena sujeta a supervisión electrónica abandonase una

institución

pública

o

privada

en

la

que

recibiendo tratamiento de rehabilitación.

73-74.

se

encontrase

Id. en las págs.

CC-2010-0447

9

Luego de resuelto este caso, con la entrada en vigor

del Código de 2004 el 1 de mayo de 2005, el delito de fuga

fue reformulado, y está tipificado en el artículo 281, 33

L.P.R.A. sec. 4909.

El nuevo artículo dispone que:

Toda persona sometida legalmente a detención

preventiva, a pena de reclusión o de restricción

de

libertad,

o

a

medida

de

seguridad

de

internación, a tratamiento y rehabilitación en un

programa del Estado Libre Asociado o privado,

supervisado y licenciado por una agencia del

mismo, o a un procedimiento especial de desvío

bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal o

bajo ley especial, que se fugue o se evada de la

custodia legal que ejerce sobre ella otra persona

con autoridad legal y toda persona que actúe en

colaboración con aquella, incurrirá en delito

grave de cuarto grado.

La pena se impondrá además de la sentencia

que corresponda por el otro delito o a la que

esté cumpliendo. En este delito no estarán

disponibles

las

penas

alternativas

a

la

reclusión.

Como

señala

la

profesora

Nevares-Muñiz,

“el

objeto

jurídico de protección tutelar en este artículo es el respeto

que merece el Estado cuando impone límites a la libertad de

sus ciudadanos por razón de haber resultado convictos de un

delito o por estar sujetos a responder en un juicio por una

acusación pendiente”.

D. Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal

de Puerto Rico Comentado 359-60, Instituto para el Desarrollo

del Derecho, Inc. (2004-2005).

La esencia del delito lo

constituye la fuga o evasión por parte del sujeto activo de

la

custodia

legal

a

la

cual

está

sometido.

Rivera

v.

Delgado, 82 D.P.R. 692, 695 (1991).

En el caso de autos, nos corresponde evaluar si esta

nueva

redacción

del

delito

de

fuga

tuvo

como

propósito

ampliar el ámbito de aplicación de este delito para incluir a

CC-2010-0447

personas

10

que

abandonan

una

institución

privada

a

la

que

fueron ingresadas con el fin de extinguir una condena de

reclusión. Veamos.

III.

El señor Rivera Rivera plantea que la conducta imputada

no

constituye

fuga

bajo

nuestro

ordenamiento

penal

por

entender que dicho delito no contempla el abandono de una

institución privada a la que es referido un sentenciado para

culminar su pena de reclusión.

No le asiste la razón.

El artículo 281 del Código de 2004 comprende la fuga

como la evasión de la “custodia legal que ejerce sobre ella

otra persona con autoridad legal”.

Conforme a esta nueva

redacción, se configura la custodia legal cuando la persona

se encuentra sometida legalmente a (1) detención preventiva;

(2) pena de reclusión; (3) restricción a la libertad, ya sea

terapéutica

o

domiciliaria;

(4)

medida

de

seguridad

o

internación; (5) tratamiento y rehabilitación en un programa

del Estado Libre Asociado o privado, supervisado y licenciado

por una agencia del gobierno; o (6) un procedimiento especial

de desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal o ley

especial.

Tal y como señaló el Tribunal de Apelaciones, distinto

al artículo 232 del Código de 1974 que analizamos en González

Vega, este artículo dejó claramente definido el tratamiento y

rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado o

privado, supervisado y licenciado por una agencia del mismo,

como

una

modalidad

de

tipo

penal

independiente

del

CC-2010-0447

procedimiento

11

especial

de

desvío

bajo

la

Regla

247.1

de

Procedimiento Criminal o bajo una ley especial.

El

lenguaje

utilizado

es

cónsono

con

la

intención

legislativa de ampliar la cobertura del artículo de fuga del

Código de 1974, según demuestra el Informe de la Medida, P.

del

S. 2302, Comisión de lo Jurídico del Senado, pág. 65:

En el delito de fuga (Artículo 281) se

amplía su alcance para que incluya todas las

modalidades

de

custodia

que

se

mencionan

expresamente y las propuestas en el Nuevo Código

[de 2004]. Se hace mandatoria la imposición de

pena de reclusión. En el nuevo tipo de fuga la

redacción del Artículo 232 vigente, se modifica

para que su redacción precisa comprenda todas las

modalidades que se mencionan expresamente y las

creadas en el propuesto Código. Se incluye

cualquier programa de desvío por ley especial

ante una causa criminal. La Comisión propone que

incluya expresamente la fuga de un tratamiento y

rehabilitación en un programa del Estado Libre

Asociado o privado supervisado y licenciado por

una agencia gubernamental tal y como dispone el

Artículo 252 del Código Penal, 1974, vigente.

En el caso ante nuestra consideración, se le imputa al

señor

Rivera

Rivera

Hogar

Cristiano

de

Pacto, en Juncos.

haber

abandonado

Rehabilitación

y

una

instalación

Transformación

del

Nuevo

Como señala su nombre, el Hogar Nuevo

Pacto es una entidad privada encargada de dar tratamiento y

rehabilitación

a

personas

adictas

al

uso

de

sustancias

controladas.

La Administración de Corrección y el Hogar

establecieron un acuerdo para que los confinados pudieran

cumplir

su

pena

rehabilitadora.

de

reclusión

en

esta

institución

El peticionario fue ingresado al Hogar como

beneficiario de dicho acuerdo.

Estaba, por tanto, sometido

legalmente a la custodia legal de un programa de tratamiento

y rehabilitación supervisado y licenciado por una agencia del

CC-2010-0447

Estado.

12

Por consiguiente, no cabe duda de que la conducta

imputada al peticionario está incluida en el delito de fuga

de nuestro Código Penal.

IV.

Por entender que la conducta imputada al peticionario

está incluida en el delito de fuga tipificado en el artículo

281

del

Código

Penal

de

2004,

confirmamos

la

sentencia

recurrida.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2010-0447

Jorge L. Rivera Rivera

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2011

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la

presente, se dicta sentencia confirmando la sentencia

recurrida.

Así lo pronunció, manda

Secretaria General Interina.

el

Tribunal

y

certifica

la

Larissa Ortiz Modestti

Secretaria del Tribunal Supremo, Interina