Tribunal Supremo de Puerto Rico
Aguadilla Paint Center, Inc. y otros v. Esso Standard Oil Company, Co. (Puerto Rico)
2011 TSPR 194
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Aguadilla Paint Center, Inc. y otros v. Esso Standard Oil Company, Co. (Puerto Rico)
CC-2010-1135
Ley de Gasolina / Ley de Monopolios – legitimación activa para presentar acción por violación al art. 4ª de la Ley de Gasolina
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Aguadilla Paint Center, Inc.;
CB Gasoline Service Group;
Micada de Puerto Rico, Inc.
Recurridos
Certiorari
2011 TSPR 194
v.
183 DPR ____
Esso Standard Oil, Co.
(Puerto Rico)
Peticionario
Número del Caso:
CC-2010-1135
Fecha: 15 de diciembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón, Panel VI
Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, la
Jueza Varona Méndez y la Juez Gómez Córdova
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Salvador Antonetti Stutts
Lcdo. Carlos Valldejully Sastre
Lcdo. Carlos J. Sagardía Abreu
Lcda. Carla Framil Ferrán
Lcdo. Pedro A. Delgado Hernández
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Juan A. Ramos Díaz
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Amir Cristina Nieves Villegas
Procuradora General Auxiliar
Materia: Ley de Monopolios (“Ley 77”); Ley de Gasolina
(“Ley 3”); Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del
Tribunal
Supremo
que
está
sujeto
a
los
cambios
y
correcciones del proceso de compilación y publicación
oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Aguadilla Paint Center, Inc.;
CB Gasoline Service Group;
Micada de Puerto Rico, Inc.
Recurridos
v.
CC-2010-1135
Certiorari
Esso Standard Oil Company,
(Puerto Rico)
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2011.
En
ocupa
esta
ocasión
la
controversia
es
relativamente
sencilla:
que
nos
¿tiene
legitimación activa una persona privada, detallista
de
gasolina,
ante
el
para
Tribunal
presentar
una
de
Instancia
Primera
causa
de
acción
contra
un
distribuidor-mayorista de ese producto por alegadas
violaciones a las disposiciones relativas al deber
de desvinculación operacional que establece el Art.
4A de la Ley de Control de Productores, Refinadores
y Distribuidores-Mayoristas de Gasolina?1 Al atender
1
23 L.P.R.A. sec. 1104a.
CC-2010-1135
2
tal interrogante, interpretamos por primera vez de forma
conjunta dos estatutos que regulan la competencia en el
mercado
de
gasolina,
Productores,
Gasolina,
a
Refinadores
Ley
Núm.
3
saber:
y
de
Control
de
Distribuidores-Mayoristas
de
21
la
de
Ley
marzo
de
de
1978,
según
enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1101 et seq. (Ley de Gasolina),
y la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio, Ley Núm.
77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A sec.
257 et seq. (Ley de Monopolios).
I
La
peticionaria
peticionaria
o
Esso
Esso)
es
Standard
una
Oil
corporación
Company
dedicada
(la
a
la
importación, distribución y venta de gasolina al por mayor,
o
sea,
un
recurridas
distribuidor-mayorista.2
Aguadilla
Paint
Center,
Por
su
parte,
Inc.,
y
CB
las
Gasoline
Service Group, Inc. (las recurridas) son detallistas,3 o
sea, vendedores al detal de gasolina, en este caso gasolina
importada, distribuida y vendida por la peticionaria Esso
(detallistas de marca).
Para agosto de 2004, las recurridas presentaron una
demanda ante el tribunal de instancia en la que imputaron a
2
Véase
1101(f).
Art.
1(f)
de
la
Ley
de
Gasolina,
supra,
23
L.P.R.A.
sec.
Véase Art.
1101(g).
1(g)
de
la
Ley
de
Gasolina,
supra,
23
L.P.R.A.
sec.
3
CC-2010-1135
3
la peticionaria Esso, inter alia, incurrir en la práctica de
vinculación operacional, en contravención al Art. 4A de la
Ley
de
Gasolina,
supra,
y
al
Art.
7
de
la
Ley
de
Monopolios.4 Además, solicitaron resarcimiento en daños y
perjuicios, según el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 5141.
Luego de múltiples incidentes procesales,5 el 12 de
marzo de 2010 Esso solicitó la desestimación de la demanda
al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil.6 En su
moción, Esso argumentó básicamente que la causa de acción de
las recurridas, fundada en la obligación de “desvinculación
operacional” que establece el Art. 4A de la Ley de Gasolina,
supra, debía ser desestimada porque el Art. 8 de la Ley de
Gasolina, 23 L.P.R.A. sec. 1108, establece que una violación
al
Art.
4A
“constituirá
una
práctica
o
acto
injusto
o
engañoso y estará sujeto a las disposiciones de las secs.
257 et seq.” de la Ley de Monopolios, supra.
4
10 L.P.R.A. sec. 263.
5
El 1 de octubre de 2004, Esso solicitó por primera vez la
desestimación de la demanda, basado en que el Art. 4 de la Ley de
Gasolina desplazaba la aplicación del Art. 7 de la Ley de Monopolios
(caso DAC2005-0343). Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia
denegó la solicitud de desestimación, por lo que Esso recurrió ante el
Tribunal
de
Apelaciones
(caso
KLCE2005-00564).
El
Tribunal
de
Apelaciones denegó la expedición del auto mediante “Resolución” de 26
de mayo de 2005. Entonces, Esso recurrió ante este Tribunal mediante
certiorari, el cual denegamos el 10 de noviembre de 2005. Tal
determinación advino final y firme, continuando así los procedimientos
ante el Tribunal de Primera Instancia.
6
32 L.P.R.A. Ap. III, R. 10.2.
CC-2010-1135
El
4
tribunal
de
instancia
declaró
no
ha
lugar
la
solicitud de desestimación de Esso, al concluir “que un
ente privado como la demandante puede presentar una acción
al
amparo
L.P.R.A.
gasolina,
del
Sec.
Artículo
1107]
ante
7
sobre
el
de
la
[Ley
competencia
Tribunal
de
de
en
Gasolina,
el
Primera
mercado
23
de
Instancia”.7
Inconforme, Esso recurrió ante el Tribunal de Apelaciones
mediante recurso de certiorari. Dicho foro concluyó que,
luego de un análisis ponderado del recurso presentado y los
documentos que obraban en el expediente, Esso no lo había
colocado en condiciones de conceder el remedio solicitado y
que el dictamen recurrido no ameritaba su intervención en
esa etapa procesal.
Ante
mediante
tal
dictamen,
recurso
de
Esso
certiorari
acudió
ante
esbozando
los
esta
Curia
siguientes
señalamientos de error:
Erró el Tribunal de Apelaciones al no expedir el
auto solicitado y reconocer que el Art. 12(a) de
la Ley de Monopolios excluye demandas privadas
por alegada vinculación operacional bajo el Art.
4A de la Ley de Gasolina.
Erró el Tribunal de Apelaciones al no expedir el
auto solicitado y no ordenar la desestimación de
la reclamación bajo el Art. 4A de la Ley de
Gasolina, ya que los demandantes no tienen
legitimación activa para incoarla y, por lo
tanto, el Tribunal de Primera Instancia carece de
jurisdicción sobre la materia para atenderla.
7
Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 179.
CC-2010-1135
5
Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que
Esso no lo colocó en “condiciones de conceder el
remedio solicitado”, ya que se cumplen los
criterios para la expedición del auto contenidos
en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones.
Expedido el certiorari, paralizamos los procedimientos
y
ordenamos
a
las
partes
presentar
sus
correspondientes
alegatos.8 Con el beneficio de la posición de todas las
partes, resolvemos.
II
A. Ley
de
Control
de
Productores,
Distribuidores-Mayoristas de Gasolina
Refinadores
y
Según surge de su Exposición de Motivos, la aprobación
de
la
Ley
de
Control
de
Productores,
Refinadores
y
Distribuidores-Mayoristas de Gasolina, Ley Núm. 3 de 21 de
marzo de 1978, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1101 et
seq.,
tuvo
como
propósito
–entre
otros-
combatir
el
problema “que representa el que el control de los abastos
de
productos
otros
energéticos
combustibles
y,
derivados
en
especial,
del
la
petróleo
gasolina
y
del
y
gas
natural, continúe concentrándose en las manos de unos pocos
que
dominan
todos
los
aspectos
relacionados
con
la
producción, refinación y mercadeo de estos productos”.9 De
8
También ordenamos a la Procuradora General de Puerto Rico que
compareciera y expresara su posición sobre la controversia, en carácter
de Amicus Curiae; la Procuradora General así lo hizo.
9
Véase Exposición de Motivos de la Ley de Gasolina, supra.
CC-2010-1135
manera
que
6
el
competitivas
legislador
existentes
en
buscó
el
eliminar
mercado
de
las
la
ventajas
gasolina
o
combustibles especiales de motor, así como disponer sobre
la supervisión de ese proceso y establecer medidas para el
cumplimiento
de
estatuto.
tenor
A
los
propósitos
perseguidos
este
el
con
fin,
por
legislador
dicho
tipificó
delitos y fijó penalidades a los infractores del estatuto.
De esta manera, la Asamblea Legislativa determinó que,
ante
la
falta
instituir
de
uniformidad
salvaguardas
competitiva,
minuciosas
que
era
necesario
impidieran
las
actuaciones de las compañías petroleras y distribuidoras de
productos energéticos dirigidas a monopolizar los puntos de
distribución
Gasolina
pública
persigue
de
gasolina.10
proteger
la
Además,
industria
de
la
la
Ley
de
venta
de
combustible al detal de toda práctica discriminatoria que
pretenda eliminar al detallista individual de gasolina de
la competencia del mercado, así como también de aquellas
prácticas discriminatorias y de control sobre la estructura
de
precios
dirigidas
a
favorecer
a
unos
detallistas
en
perjuicio de otros y del consumidor.11
Por otro lado, apenas unos meses después de aprobada
la Ley de Gasolina, la Legislatura aprobó
-a manera de
10
Véase Exposición de Motivos de la Ley de Gasolina, supra.
11
Íd.
CC-2010-1135
7
addendum a esta última- la Ley Núm. 73 de 23 de junio de
1978, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1131 et seq. (Ley
Núm. 73), dirigida a la “Reglamentación y Control de la
Industria de la Gasolina”. Con la aprobación de la Ley Núm.
73 se declaró “la industria de la gasolina en todas sus
facetas como una revestida de interés público”.12 Al así
hacerlo
se
reconoció
que
la
industria
de
la
gasolina
constituye un elemento fundamental para la seguridad y el
bienestar del pueblo de Puerto Rico. Esto debido a que de
la disponibilidad de ese producto dependía en gran medida
en aquel entonces –y evidentemente continúa siendo así en
la actualidad- el normal funcionamiento de nuestra economía
y el continuo desarrollo de las actividades cotidianas del
País.13
Cónsono con la Ley de Gasolina, el propósito de la Ley
Núm. 73 es regular de manera efectiva ciertos aspectos de
la
industria
intereses
del
de
la
pueblo
gasolina
de
Puerto
y
así
Rico
asegurar
estén
que
los
adecuadamente
protegidos de actividades perjudiciales que tengan lugar en
cualquiera de los distintos niveles operacionales de esa
industria.14 Al así actuar, el legislador señaló que es al
12
23 L.P.R.A. sec. 1131.
13
Véase la Exposición de Motivos de la Ley de Reglamentación y Control
de la Industria de la Gasolina, Ley Núm. 73 de 23 de junio de 1978,
según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1131 et seq. (Ley Núm. 73).
14
Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 73, supra.
CC-2010-1135
Gobierno
al
8
que
1e
compete
asegurar
que
exista
una
situación estable dentro de toda actividad que afecte el
bienestar general de la ciudadanía, así como asegurar el
buen orden de la comunidad y la protección de los mejores
intereses del sistema económico y gubernamental.15
Con
el
fin
de
cumplir
con
sus
propósitos,
la
Ley
Núm. 73 estableció ciertas obligaciones y prohibiciones que
se
detallan
ejemplo,
en
se
su
Art.
prohíbe
3.16
Entre
que
en
distribuidores-mayoristas
simultáneamente
subarrendamiento
las
y
de
and
y
a
manera
relaciones
detallistas
contratos
(lease
ellas
entre
existan
arrendamiento
lease-back),
de
cuando
y
dicha
relación tenga el efecto o el propósito de cancelar la
obligación
del
pago
entre
las
partes
o
de
restringir
irrazonablemente el derecho a la libre contratación o a la
disposición
de
la
propiedad.17
Además,
la
Ley
Núm.
73
estableció la obligación a todo distribuidor-mayorista de
presentar en la Oficina de Asuntos Monopolísticos (O.A.M.)18
una copia legible de todo contrato en el que se establezca
una relación comercial con un detallista, dentro de los
15
Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 73, supra.
16
23 L.P.R.A. sec. 1131.
17
23 L.P.R.A. sec. 1133(a).
18
Como detallaremos más adelante, la Oficina de Asuntos Monopolísticos
(O.A.M.) es una entidad adscrita al Departamento de Justicia, con
facultades para la administración de la legislación sobre prácticas
monopolísticas, así como para la fiscalización de éstas.
CC-2010-1135
diez
días
9
siguientes
a
su
formalización,
así
como
toda
enmienda o modificación subsiguiente a éste.
Conjuntamente, y para asegurar el cumplimiento de sus
objetivos y propósitos, la Ley Núm. 73 facultó a varias
agencias gubernamentales y les impuso la responsabilidad de
realizar
diversas
funciones.
Entre
esas
agencias
se
encuentran el Departamento de Comercio,19 la Comisión de
Servicio
Público,
la
Junta
de
Planificación,
la
Administración de Reglamentos y Permisos y el Departamento
de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.).20
Finalmente, es menester considerar lo que establece el
Art.
5
de
la
Ley
Núm.
73
con
relación
a
la
Ley
de
Monopolios, supra:
§ 1134 Aplicación de la Ley de Monopolios
Nada de lo aquí dispuesto o promulgado por
reglamento o de otra forma, conforme a las
disposiciones de las secs. 1131 a 1135 de este
título, será interpretado como que exceptúa de o
confiere inmunidad en cuanto a la aplicabilidad
de las disposiciones de las secs. 257 a 274 del
Título 10.21
En resumen, es evidente que desde sus inicios tanto la
Ley
de
Gasolina
como
su
addendum,
la
Ley
Núm.
73,
dispusieron no sólo para la protección de la industria de
venta
de
combustible
al
detal
de
toda
19
Actualmente Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
20
23 L.P.R.A. secs. 1133(c)-1133(h).
21
23 L.P.R.A. sec. 1134.
práctica
CC-2010-1135
10
discriminatoria en perjuicio de los mejores intereses del
pueblo de Puerto Rico, sino que reconocieron expresamente
la
injerencia
de
la
Ley
de
Monopolios,
supra,
en
tal
proceso. Así, ambas leyes dispusieron para que la actuación
del Departamento de Justicia de Puerto Rico, a través de su
O.A.M.,
fuera
una
cardinal
en
el
cumplimiento
de
sus
disposiciones fiscalizadoras. Además, el legislador dispuso
para
que
otras
agencias
gubernamentales,
tales
como
el
D.A.Co., tuvieran también participación.
A tono con todo lo anterior, el Art. 2(a) de la Ley de
Gasolina, supra, 23 L.P.R.A. sec. 1102, establece que:
... ningún productor, refinador o distribuidormayorista
adquirirá
o
establecerá,
abrirá,
operará o recobrará para operar estación alguna
de servicio de venta al detal de gasolina para
ser operada con personal de su propia compañía o
empresa subsidiaria, agente, agente por comisión,
o bajo contrato con alguna persona natural o
jurídica, que opere o administre dicha estación
de servicio de venta al detal mediante convenio o
arreglo remunerado con dicho productor, refinador
o distribuidor-mayorista. La estación de servicio
de venta de gasolina sólo podrá ser operada por
un detallista.
Asimismo, el Art. 4 de la Ley de Gasolina, supra, 23
L.P.R.A. sec. 1104, establece que:
[t]odo productor o refinador de petróleo o
distribuidor-mayorista de productos de petróleo
que supla gasolina y/o combustibles especiales a
estaciones de servicio para la venta al detal de
dichos
productos
estará
obligado
a
proveer
uniformemente a todos los detallistas de venta de
gasolina y/o combustibles especiales a quienes
supla, todo descuento, deducción, disminución o
CC-2010-1135
11
rebaja en precios que conceda de forma directa o
indirecta.22
Ahora bien, relacionado directamente a la controversia
que nos ocupa, analizamos el Art. 4A de la Ley de Gasolina,
supra, el cual dispone lo siguiente:
§ 1104a Desvinculación operacional
Ningún
refinador,
productor
de
petróleo
o
distribuidor-mayorista podrá, mediante convenio,
arreglo,
contrato,
esquema
corporativo
operacional, con cualquier detallista y/o persona
natural o jurídica, o de cualquier otra forma
operar directamente una estación de servicio de
venta al detal de gasolina de forma que impida su
completa
desvinculación
operacional.
Ningún
refinador, productor de petróleo o distribuidormayorista podrá, mediante convenio, arreglo,
contrato, esquema corporativa [sic] operacional,
con cualquier detallista y/o persona natural o
jurídica, o de cualquier otra forma imponer,
requerir, fijar o limitar directamente el margen
de ganancia y/o el precio de venta al detal de la
gasolina
y/o
combustibles
especiales
en
la
estación de servicio de venta al detal.
22
Por su parte, el Art. 5 de la Ley de Gasolina, supra, 23 L.P.R.A.
sec. 1105, dispone para que todo productor o refinador de petróleo o
distribuidor-mayorista de productos de petróleo que supla gasolina o
combustibles especiales a detallistas, le aplique uniformemente a todos
los vendedores al detal a quienes supla, de la renta de equipos y
rótulos, cuando de una forma directa o indirecta éstos sean provistos a
dichos detallistas por ese productor, refinador o distribuidormayorista.
Mientras, el Art. 6 de la Ley de Gasolina, supra, 23 L.P.R.A., sec.
1106, ordena la distribución uniforme de combustible en periodos de
escasez o disminución en el abasto o disponibilidad de gasolina o de
combustibles especiales. El Art. 7 de la mencionada Ley prohíbe que un
vendedor al detal de combustible, a sabiendas, solicite o induzca la
concesión, o rebaja en precios o en la renta de equipos y rótulos, en
violación a los Arts. 4 y 5 de la Ley de Gasolina, 23 L.P.R.A. sec.
1107.
CC-2010-1135
El
12
Art.
4A
de
la
Ley
de
Gasolina,
supra,
es
el
resultado de una enmienda que se hiciera a este estatuto
mediante la Ley Núm. 157 de 21 de agosto de 1996 y otra
enmienda al propio artículo –que añade la segunda oraciónmediante la aprobación de la Ley Núm. 74-2005. El artículo
establece la “desvinculación operacional” o, lo que es lo
mismo, prohíbe la llamada “vinculación operacional” de los
mayoristas
de
gasolina
con
las
estaciones
de
venta
a1
detal. La Ley Núm. 157 también enmendó la Ley de Gasolina
para establecer que “desvinculación operacional” es el cese
por
parte
de
un
refinador,
productor
de
petróleo
o
distribuidor-mayorista “de participar en forma directa en
la operación o actividades de intercambio comercial de la
venta al detal de gasolina y combustibles especiales en 1as
estaciones de servicio de venta al detal”.23
De otra parte, y cardinal a la controversia que nos
ocupa, debemos considerar también el Art. 8 de la Ley de
Gasolina, el cual dispone lo siguiente:
§ 1108 Violación de competencia justa
Cualquier violación a las secs. 1102, 1102a,
1104, 1104a, 1105 y 1105a de este título
constituirá una práctica o acto injusto
[o]
engañoso y estará sujeto a las disposiciones de
las secs. 257 et seq. del Título 10.24 (Énfasis
suplido.)
23
23 L.P.R.A. sec. 1101(j).
24
23 L.P.R.A. sec. 1108.
CC-2010-1135
13
El Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, está dirigido
a dos fines íntimamente ligados. En primer lugar, instaurar
como “práctica o acto injusto o engañoso” toda violación a
los Arts. 2, 2A, 4, 4A, 5 y 5A de la Ley de Gasolina. En
segundo
lugar,
establecer
que
cualquier
violación
a
los
artículos mencionados estará sujeta a lo dispuesto en la
Ley de Monopolios, supra. Complementando esta disposición,
el
Art.
10
de
la
Ley
de
Gasolina
dispone
que
“[e]l
cumplimiento de los propósitos y las disposiciones de las
secs.
1101
a
1110
de
[la
Ley
de
Gasolina]
será
responsabilidad del Secretario de Justicia, por conducto de
la
Oficina
de
Asuntos
Monopolísticos
de
original,
el
la
dicho
Departamento”.25
En
su
versión
Art.
8
de
Ley
de
Gasolina, supra, leía de la siguiente manera:
Cualquier violación a los Arts. 4, 5, 6 y 7
constituirá una práctica o acto injusto o
engañoso y estará sujeto a las disposiciones del
Artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de
1964.26
Nótese
que
este
artículo
originalmente
hacía
referencia a violaciones al Art. 4 de la Ley de Gasolina,
supra, el cual establece la obligación de todo productor o
refinador de petróleo o distribuidor-mayorista de productos
25
23 L.P.R.A. sec. 1110.
26
Art. 8 de la Ley Núm. 3 de 25 de marzo de 1978.
CC-2010-1135
de
14
petróleo
deducción,
de
proveer
uniformidad
disminución
o
rebaja
en
todo
en
descuento,
precios,
a
los
detallistas; violaciones al Art. 5, el cual establece la
obligación
de
todo
productor
o
refinador
de
petróleo
o
distribuidor-mayorista de productos de petróleo de proveer
uniformidad
en
la
renta
de
equipos
y
rótulos
a
los
detallistas; y violaciones al Art. 6, el cual establece la
obligación
de
todo
productor
distribuidor-mayorista
de
o
refinador
productos
de
de
petróleo
petróleo
o
de
instaurar un prorrateo indiscriminado y una distribución
uniforme
entre
gasolina
para
todos
la
los
venta,
detallistas
durante
a
tiempos
quienes
de
supla
escasez,
o
disminución en el abasto o disponibilidad de gasolina o de
combustibles especiales. Por otro lado, el Art. 8 en su
versión original también hacía referencia a violaciones al
Art. 7, el cual establece una prohibición al detallista de
solicitar o inducir la concesión o rebaja en precios en la
renta de equipos y rótulos. Como puede percibirse, cada
disposición a la cual el Art. 8 en su versión original
hacía referencia –Arts. 4 al 7- contenía una prohibición
cuya violación, constituía “una práctica o acto injusto o
engañoso”.
Ahora bien, desde su redacción original el Art. 8 de
la Ley de Gasolina, supra, ha sufrido dos enmiendas. La
primera de ellas mediante la aprobación de la Ley Núm. 157
de 21 de agosto de 1996 (Ley Núm. 157), la cual en su
Exposición
de
Motivos
señalaba
lo
siguiente
(haciendo
referencia a la Ley Núm. 3 de 1978, Ley de Gasolina):
CC-2010-1135
15
En el 1978, la Asamblea Legislativa aprobó
legislación dirigida a proteger a los detallistas
de gasolina de posibles prácticas
predadoras de
parte de compañías mayoristas distribuidora de
gasolina. Una de esas leyes, la Ley Núm. 3...
dispuso que ninguna compañía mayorista podía
operar
directamente
estaciones
de
gasolina,
sujeto
a
determinadas
excepciones.
La
responsabilidad para vigilar por el cumplimiento
de esta ley fue asignada al Secretario de
Justicia a través de su Oficina de Asuntos
Monopolísticos. (Énfasis suplido.)27
Como puede verse, en la Exposición de Motivos de la
Ley Núm. 157, la Asamblea Legislativa mencionó la Ley de
Gasolina entre aquellas cuya intención es “proteger a los
detallistas de gasolina de posibles prácticas predadoras de
parte de compañías mayoristas distribuidoras de gasolina”.
(Énfasis suplido.)28 Además, señaló que la Ley de Gasolina
“dispuso
que
ninguna
compañía
mayorista
podía
operar
directamente estaciones de gasolina, sujeto a determinadas
excepciones”.29
Exposición
de
De
manera
Motivos
que
la
Ley
reconoció
Núm.
como
157,
una
en
su
práctica
depredadora, esto es, dañina a los detallistas y prohibida
por la Ley de Gasolina, aquella en la cual el mayorista
operaba directamente una estación de gasolina. Señalaba,
además,
que
la
fiscalización
de
esa
prohibición
27
era
un
Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 157 de 21 de agosto
de 1996 (Ley Núm. 157).
28
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 157, supra.
29
Íd.
CC-2010-1135
asunto
a
16
ser
trabajado
por
la
Oficina
de
Asuntos
Monopolísticos.
Por otro lado, en su último párrafo, la Exposición de
Motivos de la Ley Núm. 157 también señala como su propósito
el enmendar la Ley de Gasolina a los efectos de que se
establezca la completa separación entre las operaciones de
ventas
al
detal
y
las
de
mayoristas
y
refinadores
de
gasolina. El texto mencionado lee así:
Con la presente
medida se pretende cerrar las
brechas de excepción que, por quedar abiertas en
1978, han limitado el logro de los objetivos
públicos en esta industria. En específico, se
establece
la
completa
separación
entre
las
operaciones
de
ventas
al
detal
y
las
de
mayoristas
y
refinadores
de
gasolina,
disponiéndose un plazo para que se lleven a
efectos las desvinculaciones necesarias hasta
lograrlos. (Énfasis suplido.)30
Como parte de las enmiendas realizadas a la Ley de
Gasolina dirigidas a establecer esa “completa separación
entre las operaciones” de detallistas y mayoristas, la Ley
Núm. 157 creó el mencionado Art. 4A, que prohíbe todo acto
que
impida
la
llamada
“desvinculación
operacional”.
La
definición de “desvinculación operacional”, que la propia
Ley Núm. 157 también estableció como una de las enmiendas a
la Ley de Gasolina, supra, señala que ésta “ocurre cuando
un... distribuidor mayorista cesa de participar en forma
directa
30
en
la
operación
y/o
actividades
Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 157.
de
intercambio
CC-2010-1135
comercial
17
de
la
venta
al
detal
de
gasolina...
en
las
Ley
de
estaciones de venta al detal”.31
Ahora
bien,
la
enmienda
al
Art.
8
de
la
Gasolina, supra, producida por la Ley Núm. 157 cambió la
mayoría de los artículos a los que hacía referencia la
versión
del
artículo
original.
La
versión
del
Art.
8
después de la enmienda de la Ley Núm. 157 pasó a ser la
siguiente:
Cualquier violación a los Artículos 1, 2, 3, 4 y
5 constituirá una práctica o acto injusto o
engañoso y estará sujeto a las disposiciones del
Artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de
1964, según enmendada.
Al analizar el texto anterior tenemos que concluir que
la referida enmienda al Art. 8 producida por la Ley Núm.
157 produjo cambios ilógicos en unos casos e inconsecuentes
en
otros.
relación
Nos
alguna
Exposición
de
explicamos.
con
la
Motivos
En
primer
lugar,
el
que
una
ley
señala
que
su
propósito
lógica
se
no
guarda
en
cuya
es
enmendar la Ley de Gasolina para establecer una completa
separación entre las operaciones de ventas al detal y las
de mayoristas, evitando así “posibles prácticas
predadoras
[monopolísticas]
mayoristas
distribuidoras
“desvinculación
31
de
parte
de
compañías
gasolina”;
que
crea
operacional”
para
esos
de
23 L.P.R.A. sec. 1101(j).
el
Art.
fines,
4A
de
y
que
CC-2010-1135
18
reconoce que la fiscalización de tal cumplimiento descansa
en el expertise de la O.A.M., no incluya el Art. 4A como
parte de la enmienda al mencionado Art. 8 de la Ley de
Gasolina, supra.
Por otro lado, la enmienda al Art. 8 de la Ley de
Gasolina,
supra,
incluyó,
como
que
introdujo
“práctica
o
la
acto
Ley
Núm.
injusto
157
o
también
engañoso”,
cualquier violación al Art. 1 de la Ley de Gasolina, supra,
23 L.P.R.A. sec. 1101. Sin embargo, el Art. 1 de la Ley de
Gasolina,
supra,
solo
establece
actualmente-
establecía
en
ese
entonces
–y
una
de
definiciones
de
serie
términos, ninguno de los cuales constituye una prohibición
per se. Por lo tanto, nadie podía cometer una violación al
Art. 1 de la Ley de Gasolina, supra, pues tal artículo no
prohibía ni prohíbe cosa alguna.
Por último, lo mismo ocurría con el Art. 3 de la Ley
de Gasolina, supra, 23 L.P.R.A. sec. 1103. Tal artículo
establecía en aquel momento –y permanece igual al presentela creación del “Comité Interagencial sobre la Industria de
la Gasolina”. Como ocurría con el Art. 1 (“Definiciones”),
el Art. 3 no instituía prohibición alguna, por lo que la
inclusión de ese artículo en la enumeración establecida por
la enmienda de la Ley Núm. 157 al Art. 8 de la Ley de
Gasolina, supra, resultaba totalmente inconsecuente.
Siendo así, la pregunta que procede es a qué obedeció
la redacción y aprobación final del Art. 8 de la Ley de
Gasolina, supra, después de la enmienda integrada por la
CC-2010-1135
19
Ley Núm. 157. Aunque el historial legislativo no nos arroja
demasiada luz al respecto, sí encontramos que la primera
versión de enmienda a este artículo (que se presentó en el
Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes) señalaba
que constituiría una práctica o acto injusto o engañoso
“[c]ualquier violación a los Artículos 2, 4, 4A, 5, 5A, 6,
6A, y 7”. (Itálicas en el original y énfasis suplido.)32
Por otro lado, al codificarse la versión de la segunda
y última enmienda que sufriera este artículo mediante la
Ley Núm. 74 de 25 de agosto de 2005, se señala en su
historial la siguiente nota de codificación:
La ley enmendadora de 1996 parece haberse
referido a los arts. 1, 2, 3, 4 y 5 de la propia
ley en vez de los artículos enmendados o
adicionados por la misma, a saber: arts. 1, 2,
4A, 5A y 8, o sea, secs. 1101, 1102, 1104a, 1105a
y 1108 de este título. Sin embargo, por tener
semejanza al contenido de las secciones referidas
originalmente en la ley de 1978, pudiera ser que
la ley de 1996 intentó referirse a los arts. 4,
4A, 5 y 5A de la ley, secs. 1104, 1104a, 1105 y
1105a de este título. (Énfasis suplido.)
Al considerar todo lo anterior, no nos cabe duda de
que la versión del Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, que
surgió como resultado de la enmienda realizada por la Ley
Núm.
157
fue
el
producto
de
un
error
probablemente
tipográfico, que no reflejaba la intención o voluntad del
legislador.
32
Como
sugiere
la
nota
de
codificación
del
Véase P. de la C. 2288 de 30 de enero de 1996, 7ma Sesión Ordinaria,
12 Asamblea Legislativa, pág. 7.
CC-2010-1135
20
historial de este artículo, entendemos que la intención de
la Ley Núm. 157 era incluir los Arts. 4, 4A, 5 y 5A en la
versión del Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, y su
exclusión
responde
a
un
mero
error
administrativo
(“clerical error”).
Determinamos
lo
anterior,
considerando
la
norma
de
hermenéutica jurídica que reiteramos en Passalacqua v. Mun.
de San Juan, 116 D.P.R. 618, 623 (1985), en donde señalamos
lo siguiente:
En Roig Commercial Bank v. Buscaglia, Tes., 74
D.P.R. 986, 998 (1953), este Tribunal determinó
que si una palabra, frase o disposición ha sido
aprobada por inadvertencia o error, especialmente
si es contraria al resto de la ley o limitaría la
efectividad
de
ésta,
se
puede
eliminar.
Entendemos que bajo las mismas circunstancias se
puede añadir una frase o palabras, para que se
pueda cumplir con la intención legislativa.
(Énfasis suplido.)
De manera que, siendo consistentes con lo que ha sido
nuestra
pauta
confrontar
en
materia
situaciones
en
de
interpretación
jurídica
al
una
ley
del
de
como
la
caso
autos, determinamos que el legislador tuvo la intención de
que el Art. 4A formara parte de los enumerados en el Art. 8
de la Ley de Gasolina, supra, desde la aprobación de la Ley
Núm. 157; así debe interpretarse.
Para finalizar el análisis de los artículos de la Ley
de
Gasolina
que
son
necesarios
considerar
para
la
resolución del caso de autos, tenemos que referirnos al
CC-2010-1135
21
Art. 7, de la mencionada ley, 23 L.P.R.A. sec. 1107. Dicho
artículo dispone lo siguiente:
§ 1107 Obligación del detallista
Ninguna persona natural o jurídica que opere una
estación de servicio de venta al detal podrá, a
sabiendas, solicitar o inducir la concesión, o
rebaja en precios o en la renta de equipos y
rótulos, en violación a las secs. 1104 y 1105 de
este título. (Énfasis suplido.)
Como
el
surge
título-,
claramente
este
de
artículo
su
se
texto
–incluso
desde
dirige
únicamente
al
vendedor al detal de combustible, prohibiéndole el que, a
sabiendas,
induzca
o
le
solicite
a
un
productor
o
distribuidor-mayorista (entre otros) la concesión o rebaja
en precios o en la renta de equipos y rótulos, en violación
a los Artículos 4 y 5 de la Ley de Gasolina. En otras
palabras,
que
el
objeto
pretende
de
solicitar
prohibición
es
aquel
o
a
un
inducir
detallista
productor
o
distribuidor-mayorista a que le provea precios distintos en
la
gasolina
o
los
combustibles
especiales,
que
los
que
provee a otros detallistas, esto, en violación al Art. 4 de
la Ley de Gasolina, supra. De igual manera, el artículo
está dirigido únicamente a aquel detallista que solicite o
induzca al productor o distribuidor-mayorista (entre otros)
a que le provea una renta distinta de equipos y rótulos que
aquella que se
le provee a otros detallistas, esto,
violación al Art. 5 de la Ley de Gasolina.
B. Ley de Monopolios
en
CC-2010-1135
Las
22
leyes
monopolísticas,
así
como
aquellas
que
pretenden establecer la justa competencia y que establecen
restricciones
al
comercio,
constituyen
estatutos
que
precisan extremo cuidado tanto en su legislación como en su
interpretación jurídica. El objetivo que inspira este tipo
de estatuto está fundamentado en intereses apremiantes y,
como
tal,
indispensables
para
la
economía
de
la
jurisdicción en la que se aplican.
Así,
en
Colón
Cabrera
v.
Caribbean
Petroleum,33
expresamos con relación a nuestra Ley de Monopolios que,
“considerando que se trata de un asunto que incide sobre
los cimientos de nuestra sociedad democrática, entendemos
que los propósitos que subyacen dicha legislación son de la
más alta jerarquía y constituyen un interés apremiante del
Estado”.
El propósito principal de este tipo de estatuto yace
en
el
principio
preservación
económico
de
entorpecimiento
la
de
fundamental
libertad
toda
de
práctica
que
dispone
competencia
que
la
y
el
perjudique
el
desarrollo de los distintos mercados. Por lo tanto, tales
estatutos tienen como objetivo la erradicación de los actos
abusivos, desleales y monopolísticos que tiendan a limitar
33
170 D.P.R. 582, 595 (2007).
CC-2010-1135
23
la actividad mercantil, favoreciendo así la libre y abierta
competencia en los mercados.34
En
Puerto
Rico,
la
Ley
de
Monopolios,
supra,
fue
redactada tomando como base dos estatutos federales: la Ley
Sherman35 y la Ley Clayton.36 De hecho, este también es el
patrón en la mayoría de los estados de la Unión que también
cuentan
con
estatutos
competencia,
los
que
regulan
monopolios
y
de
alguna
las
manera
la
restricciones
al
comercio, y que contienen disposiciones comparables con las
de las leyes federales antimonopolísticas.
Nuestra
asegurarle
Ley
al
comerciantes
en
competencia”.37
Caribbean
de
Monopolios
Pueblo
en
particular,
Como
Petroleum,
general,
los
señalamos
supra,
fue
el
y
promulgada
a
beneficios
en
los
pequeños
de
la
Colón
propósito
“para
de
libre
Cabrera
v.
la
de
Ley
Monopolios es
... evitar la confabulación entre firmas para
dominar
el
mercado,
[el]
acaparamiento
de
materias primas, [1os] aumentos indebidos en los
precios
resultantes
de
una
posición
monopolística, [1as] prácticas discriminatorias
en
las
relaciones
con
clientes
[y
la]
concentración extrema de la actividad económica y
34
J. von Kalinowski, Antitrust Laws and Trade Regulation, Sec. 1.02,
Second ed. (2004).
35
15 U.S.C.A. sec. 1 et seq.
36
15 U.S.C.A. sec. 12 et seq.; P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co.,
Inc., 149 D.P.R. 691, 706-707 (1999).
37
G.G. & Supp. Corp v. S.& F. Systs.,Inc., 153 D.P.R. 861, 869 (2001).
CC-2010-1135
24
de la riqueza en algunos grandes consorcios de
empresas.
Ahora bien, en cuanto a la controversia que nos ocupa,
es
necesario
considerar
en
específico
los
Arts.
3(a)
y
12(a) de la Ley de Monopolios.
C. El Art. 3(a) de la Ley de Monopolios
En
lo
pertinente,
Monopolios38
el
Art.
establece que serán
3(a)
de
la
ilegales “[l]os
Ley
de
métodos
injustos de competencia, así como las prácticas o actos
injustos
o
engañosos
(Énfasis
suplido.)
en
Así
los
negocios
también
el
o
inciso
el
comercio”.
(c)
de
este
artículo establece lo siguiente:
(c) Sin menoscabo de la facultad de recurrir a
los medios autorizados por la sec. 269 de este
título
[injuctions],
la
Oficina
de
Asuntos
Monopolísticos podrá radicar (sic) y tramitar
querellas administrativas en el Departamento de
Asuntos del Consumidor para prevenir, evitar y
detener las violaciones al inciso (a) de esta
sección
o
los
reglamentos
aprobados
de
conformidad al inciso (b) de la misma.39
Distinto
Monopolios, el
a
otras
disposiciones
de
la
Ley
de
Art. 3 tuvo su base en la Sec. 5(a)(1) de
la ley que creó la Comisión Federal de Comercio (15 U.S.C.
sec.
45),
la
cual
-al
38
10 L.P.R.A. sec. 259(a).
39
10 L.P.R.A. sec. 259(c).
igual
que
el
Art.
3(a)-
declara
CC-2010-1135
25
ilegales los métodos injustos de competencia y los actos o
prácticas injustas o engañosas que afectan el comercio.40
Por otra parte, el inciso (c) del Art. 3 de la Ley de
Gasolina, 23 L.P.R.A. sec. 259(c), faculta expresamente a
la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de
Justicia a actuar como ente fiscalizador ante el D.A.Co. en
cuanto
a
toda
competencia,
así
violación
como
las
por
“métodos
prácticas
o
injustos
actos
de
injustos
o
engañosos en los negocios o el comercio”. La Oficina de
Asuntos
Monopolísticos
fue
creada
por
el
Art.
16
del
mencionado estatuto para implementar el propósito que lo
inspira.41 La O.A.M. es una entidad adscrita al Departamento
de Justicia, con facultades para la administración de la
legislación sobre prácticas monopolísticas, así como para
la fiscalización de éstas. Además, posee la facultad de
promulgar
reglamentos
y
proscribir
actuaciones
que
constituyan métodos injustos de competencia y prácticas o
actos injustos o engañosos en los negocios o el comercio.42
En fin, la O.A.M. es una entidad creada con una delegación
de poderes amplios que le permite al Estado contar con los
instrumentos investigativos precisos para cumplir con el
40
Diario de Sesiones del Senado de Puerto Rico de 22 de mayo de 1964,
pág. 1706.
41
Art. 16(a) de la Ley de Monopolios, 23 L.P.R.A. sec. 272(a).
42
10 L.P.R.A. sec. 259(b).
CC-2010-1135
26
propósito fiscalizador de la Ley de Monopolios.43
No existe
duda de que, conforme al Art. 3 de la Ley de Monopolios,
supra, es la O.A.M. el organismo gubernamental con el deber
ministerial de fiscalizar y velar por el cumplimiento de
esa ley.
Ahora
bien,
nótese
que
el
Art.
3
de
la
Ley
de
Monopolios, supra, no le confiere poderes adjudicativos a
la
O.A.M.
Esto
es,
no
es
a
la
O.A.M.
a
la
cual
le
corresponde adjudicar la controversia, sino investigar y
presentar la causa de acción. El inciso (c) del Art. 3 de
la Ley de Monopolios, supra, dispone no sólo que es ante el
D.A.Co. que la O.A.M. podrá presentar y tramitar querellas
buscando
prevenir,
evitar
y
detener
las
violaciones
al
inciso (a) del propio artículo, sino que en el resto del
artículo se establece todo un esquema procesal y apelativo
que
deberá
seguirse
ante
esa
agencia
y
del
cual
mencionaremos algunos detalles.
Así, el inciso (c) del Art. 3 de la Ley de Monopolios,
supra, establece que una vez la parte querellada haya sido
notificada de la querella en su contra, el D.A.Co. deberá
celebrar una vista y resolver la controversia entre las
partes, otorgando el remedio más adecuado tan pronto le sea
posible.44 Mientras, el inciso (d) establece que la O.A.M.
43
Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, supra, pág. 594.
44
23 L.P.R.A. sec. 259(c).
CC-2010-1135
27
tendrá un término de treinta días para recurrir en revisión
de
la
decisión
del
D.A.Co.
al
Tribunal
Instancia, si esta le fuera adversa.45
de
Primera
Por su parte, el
inciso (e) establece la forma en que se formalizará tal
recurso de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia,
del cual se tendrá que notificar a la parte querellada y al
D.A.Co., que contará con un término de quince días para
solicitar intervención.46
El inciso (g) establece que el Tribunal de Primera
Instancia
revisará
la
decisión
del
D.A.Co.
a
base
del
récord administrativo que se sometió ante la agencia y sólo
en
cuanto
a
las
conclusiones
determinaciones de hecho del
para
el
tribunal
si
de
derecho.
D.A.Co.
estuvieren
Además,
las
“serán concluyentes
sostenidas
por
evidencia
sustancial”.47
Es
evidente
que,
por
procedimiento
agencia,
ante ésta
acción
el
por
la
referencia
tan
directa
detallado
a
esa
establecido
y considerando la naturaleza de la causas de
que
intrincan
-sobre todo ante
o engañosos-
las
controversias
monopolísticas
alegaciones de prácticas o actos injustos
el legislador decidió que fuera el D.A.Co. el
45
23 L.P.R.A. sec. 259(d).
46
23 L.P.R.A. sec. 259(e).
47
23 L.P.R.A. sec. 259(g).
CC-2010-1135
que
28
tuviera
la
jurisdicción
primaria
exclusiva
para
tramitar y adjudicar toda querella presentada por la O.A.M.
La jurisdicción primaria exclusiva de D.A.Co. en este
asunto se confirma, además, mediante la propia Ley Orgánica
del Departamento de Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 de
23 de abril de 1973, según enmendada,48 la cual en su Art.
6(x) incluye entre los poderes y facultades que ejercerá el
Secretario de Asuntos del Consumidor el “[a]djudicar las
querellas
que
la
Oficina
de
Asuntos
Monopolísticos
del
Departamento de Justicia, radique (sic) y procese en virtud
de lo dispuesto en la sec. 259 [Art. 3] del Título 10”.49
Como
vemos,
en
armonía
con
el
Art.
3(c)
de
la
Ley
de
Monopolios, el inciso (x) del Art. 6 de la Ley Orgánica de
D.A.Co.
le
confiere
jurisdicción
a
esa
agencia
para
adjudicar las querellas que 1e presente la O.A.M. al amparo
del Art. 3 de la Ley de Monopolios.
En conclusión, es al Departamento de Justicia a través
de
la
O.A.M.
al
que,
conforme
al
mandato
legislativo,
corresponde fiscalizar directamente las infracciones a la
Ley de Monopolios, específicamente en lo concerniente a 1as
violaciones a las disposiciones de prácticas injustas de
comercio,
incluyendo
toda
práctica
o
acto
injusto
o
engañoso. Además, concluimos que, en virtud del Art. 3 de
48
3 L.P.R.A. sec. 341e(x).
49
Íd.
CC-2010-1135
la
Ley
29
de
corresponde
Monopolios,
la
supra,
jurisdicción
es
al
primaria
D.A.Co.
al
que
exclusiva
en
toda
causa de acción antimonopolística emprendida por la O.A.M.,
cuya causa de acción esté basada en alguna práctica o acto
injusto o engañoso.
D. El Art. 12(a) de la Ley de Monopolios
Como
ya
hemos
establecido,
una
infracción
a
la
prohibición de vinculación operacional que estatuye el Art.
4A de la Ley de Gasolina, supra, constituye una “práctica o
acto injusto o engañoso”, acción que estaría sujeta a las
disposiciones
Art.
8
de
de
la
nuestra
Ley
de
Ley
de
Gasolina,
Monopolios,
conforme
al
supra.
manera
que
De
corresponde entonces, ante la alegación de una violación a
la disposición que exige tal “desvinculación operacional”,
remitirse a aquellos artículos de la Ley de Monopolios que
versan sobre 1as “prácticas o actos injustos o engañosos”
al comercio, a los fines de resolver cualquier interrogante
sobre esta materia. Ya hemos analizado el Art. 3 de la Ley
de Monopolios, supra, por lo que nos resta discutir el Art.
12 del mencionado estatuto, específicamente el inciso (a),
el cual dispone:
§ 268 Demandas por personas perjudicadas
(a) Cualquier persona que sea perjudicada en sus
negocios o propiedades por otra persona, por
razón de actos, o intentos de actos, prohibidos o
declarados ilegales por las disposiciones de este
capítulo, salvo las de las secs. 259 y 261 de
este título, puede demandar a causa de dichos
actos ante el Tribunal de Primera Instancia y
tendrá derecho a recobrar tres (3) veces el
importe de los daños y perjuicios que haya
sufrido, más las costas del procedimiento y una
CC-2010-1135
30
suma razonable para
(Énfasis suplido.)
El
honorarios
Art.
12(a)
de
la
Ley
establece
el
llamado
remedio
de
persona
que
sufra
daños
como
de
de
abogado.50
Monopolios,
triple
daño
consecuencia
supra,
para
toda
de
actos
antimonopolísticos. La acción judicial para recobrar tales
daños deberá iniciarse dentro de1 término de cuatro años,
contados a partir del nacimiento de la causa de acción.51
Ahora bien, es claro del texto de este inciso (a) del Art.
12
de la
alguna,
Ley de Monopolios,
éste
exceptúa
de
su
supra,
que, sin distinción
ámbito
jurisdiccional
toda
causa de acción que se pretenda o se tenga que iniciar al
amparo de la sec. 259 de la propia Ley de Monopolios. O
sea, toda causa de acción por prácticas o actos injustos o
engañosos.
III
En el presente caso no albergamos dudas con relación a
que una persona privada, ya sea natural o jurídica, carece
de legitimación activa para presentar una causa de acción
contra un distribuidor-mayorista por alegada violación al
Art. 4A de la Ley de Gasolina, supra. Así surge claramente
de cada estatuto concernido.
50
10 L.P.R.A. sec. 268(a).
51
10 L.P.R.A. sec. 268(c).
Veamos.
CC-2010-1135
31
El Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, establece como
una
“práctica
o
acto
injusto
[o]
engañoso”
cualquier
violación al Art. 4A de la mencionada ley y señala que tal
violación “estará sujet[a] a las disposiciones de las secs.
257 et seq. del Título 10”, o sea, a la sección 257 “y las
siguientes” de la Ley de Monopolios.
Por su parte, el Art. 3(a) de la Ley de Monopolios
(sec. 259(a)) declara como ilegal “las prácticas o actos
injustos
o
engañosos”,
que
es
precisamente
la
conducta
descrita y remitida ante el ámbito de esa ley por el Art. 8
de la Ley de Gasolina, supra. Nótese, entonces, que existe
una
clara
identificación
o
concordancia
en
el
lenguaje
utilizado en ambas disposiciones. De manera que, por el
lenguaje claro de ambos estatutos –Ley de Gasolina y Ley de
Monopolios- es evidente que el legislador dispuso, a través
del
Art.
8
de
la
Ley
de
Gasolina,
supra,
el
que
toda
violación al Art. 4A de esa ley fuera comprendida, cubierta
o estuviera bajo el ámbito jurisdiccional del Art. 3 de la
Ley de Monopolios, supra.
Una vez determinamos que la conducta prohibida por el
Art. 4A de la Ley de Gasolina, supra, se encuentra bajo el
ámbito jurisdiccional del Art. 3 de la Ley de Monopolios
(sec. 259), nos enfrentamos al Art. 12(a) de la Ley de
Monopolios, supra, que, a su vez, exceptúa expresamente de
su ámbito jurisdiccional toda acción que se presente al
amparo de la sección 259. Por lo tanto, cualquier persona
privada que sufra daños por actuaciones prohibidas por la
CC-2010-1135
32
Ley de Monopolios cuenta con un remedio de triple daño al
amparo
del
Art.
12(a)
de
la
Ley
de
Monopolios,
supra,
excepto que su causa de acción se fundamente en el Art. 3
de
la
Ley
de
Monopolios
259).52
(sec.
Siendo
así,
evidentemente toda causa de acción al amparo del Art. 4A de
la Ley de Gasolina,
supra,
se encuentra excluida de la
posibilidad del remedio de triple daño que provee el Art.
12(a) de la Ley de Monopolios, supra.
En este contexto, Esso argumenta que erró el foro de
instancia al no desestimar, al amparo de la Regla 10.2 de
Procedimiento
Civil,
la
reclamación
de
las
recurridas
fundamentada en el Art. 4A de la Ley de Gasolina.53 Le
asiste la razón. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de
1979, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, establece unas defensas
privilegiadas
que,
como
tal,
pueden
presentarse
en
cualquier momento del proceso.54 Es decir, tales defensas no
se
pierden
demanda
Regla
o
10.2
si
no
antes.
se
levantan
Entre
incluye
la
en
la
esas
defensas
falta
de
contestación
de
la
privilegiadas,
la
jurisdicción
sobre
la
materia.55
52
El Art. 12(a) también incluye dentro de dicha excepción la sec. 261.
53
Véase Alegato de la parte peticionaria, pág. 15.
54
R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho
Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2007, sec. 2601,
pág. 234.
55
La nueva Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.
11.3, señala que “[s]iempre que surja, por indicación de las partes o
CC-2010-1135
33
Recientemente,
Casino,
176
D.P.R.
en
González
848,
855
v.
Mayagüez
(2009),
pauta en el sentido de que la
Resort
reiteramos
&
nuestra
ausencia de jurisdicción
sobre la materia
(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las
partes no pueden voluntariamente conferírsela a
un tribunal como tampoco puede éste abrogársela
[sic]; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes
emitidos;
(4)
impone
a
los
tribunales
el
ineludible
deber
de
auscultar
su
propia
jurisdicción;
(5)
impone
a
los
tribunales
apelativos el deber de examinar la jurisdicción
del foro de donde procede el recurso; y (6) puede
presentarse en cualquier etapa del procedimiento,
a instancia de las partes o por el tribunal motu
proprio.
Por otro lado, una parte demandante posee legitimación
activa si cumple con los siguientes requisitos: “(1) ha
sufrido un daño claro y palpable; (2) el referido daño es
real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético;
(3) existe conexión entre el daño sufrido y la causa de
acción ejercitada; y (4) la causa de acción surge bajo el
palio de la Constitución o de una ley”.56 (Énfasis suplido.)
Considerando
entonces
que,
como
hemos
establecido,
una
persona privada no puede presentar una causa de acción por
alegada violación al Art. 4A de la Ley de Gasolina, supra,
las recurridas carecen de una causa de acción que surja
bajo el palio de una ley. Siendo así, el foro de instancia
______________________________________
de algún otro modo, que el tribunal carece de jurisdicción sobre la
materia, éste desestimará el pleito”.
56
Col. Peritos Elec. v. A. E. E., 150 D.P.R. 327, 331 (2000). Véase,
además, Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824, 835 (1992).
CC-2010-1135
34
ciertamente carecía de jurisdicción sobre la materia para
atender tal causa de acción y debió desestimarla, conforme
a la Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra.
De
otra
parte,
recientemente
establecimos
en
SLG
Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 D.P.R. 657, 676 (2009), que
“[s]i
[un]
organismo
estatuto
le
administrativo
estatutaria
confiere
se
(exclusiva)”.57
la
jurisdicción
trata
de
una
Allí
también
al
jurisdicción
pautamos
lo
siguiente:
El concepto jurisdicción estatutaria o exclusiva
guarda relación con la jurisdicción primaria
concurrente pero es distinto en cuanto a su
alcance
y
naturaleza.
En
la
jurisdicción
exclusiva se trata de situaciones en que no
aplica la doctrina de jurisdicción primaria
concurrente porque la propia ley aclara que esta
última no existe. Es decir, el propio estatuto
establece una jurisdicción exclusiva. En tales
casos estamos frente a un mandato legislativo. De
ahí, que cuando un estatuto le confiere de manera
expresa
la
jurisdicción
a
un
órgano
administrativo sobre determinado tipo de asuntos,
los
tribunales
no
tendrán
autoridad
para
dilucidar el caso en primera instancia. Claro
está, la jurisdicción primaria exclusiva no
soslaya la revisión judicial posterior de la
decisión
del
organismo.
(Citas
y
énfasis
omitidos.) 58
Al observar
la manera expresa, amplia y detallada con
la que el legislador se manifestó, determinamos que, con
excepción
de
los
remedios
autorizados
por
la
57
sec.
269
Véase, además, D. Fernández, Derecho Administrativo y Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia, Forum, 2001,
sec. 8.3, pág. 437 esc. 1.
58
SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 D.P.R. 657, 677 (2009).
CC-2010-1135
35
(injuctions), el Art. 3 de la Ley de Monopolios, supra, le
confiere jurisdicción primaria exclusiva al D.A.Co. en la
dilucidación
propio
de
cualquier
artículo,
injustos
de
esto
competencia
violación
es,
y
la
al
inciso
utilización
prácticas
o
actos
de
(a)
del
métodos
injustos
o
engañosos en los negocios o el comercio.
En cuanto a la determinación del tribunal de instancia
en el sentido de que “un ente privado como la demandante
puede presentar una causa de acción al amparo del Artículo
7
de
la
Ley
de
Control
de
Gasolina”,
por
lo
que
ya
explicamos determinamos que la misma es claramente errónea.
El Art. 7 de la Ley de Gasolina, supra, provee para una
causa de acción en contra de los detallistas y no a favor
de éstos. De otra parte, además de que la interpretación de
tal
estatuto
por
parte
del
foro
primario
no
fue
la
correcta, lo cierto es que las recurridas nunca reclamaron
una causa de acción al amparo del Art. 7 de la Ley de
Gasolina, sino del Art. 7 de la Ley de Monopolios, supra.59
Ahora bien, con relación a que la causa de acción de
las recurridas pueda ser resarcida como un remedio sencillo
u ordinario de daños y perjuicios al amparo del Art. 1802
del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, nada encontramos
en la ley que lo impida; al contrario. Como bien señala la
59
Véase la demanda instada por los recurridos. Apéndice de la Petición
de certiorari, págs. 79-84.
CC-2010-1135
36
Procuradora General en su comparecencia especial, surge de
la
discusión
reseñada
en
el
historial
legislativo
con
relación a los informes camerales que originaron la Ley de
Monopolios, lo siguiente:
En cuanto a las acciones de los particulares, por
triple daño, estas no se autorizan con respecto a
los actos prohibidos por el Artículo 3, sin que
por ello se intente afectar el derecho a entablar
una acción ordinaria de daños y perjuicios, si
ésta procediere conforme al Código Civil u otros
principios de ley. (Énfasis suplido.)60
Como
vemos,
las
expresiones
del
legislador
fueron
claras. La Asamblea Legislativa no tuvo la intención de que
una causa de acción como la del caso de autos no pudiera
ser resarcida como un remedio sencillo u ordinario de daños
y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil,
supra. Todo lo contrario.
Por
último,
al
final
de
su
alegato
las
recurridas
argumentan que la causa de acción en este litigio comprende
hechos ocurridos durante los años 2000 al 2005, periodo de
tiempo en el que el Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, no
había sido enmendado para incluir el Art. 4A. Por esto, las
recurridas
concluyen
que
en
vista
de
que
tal
enmienda
ocurrió con posterioridad a la presentación de su causa de
acción,
ésta
retroactivo
60
–la
en
enmienda
violación
Diario de Sesiones
de 1964, pág. 1708.
de
la
de
al
Cámara
2005Art. 3
de
tendría
de
un
efecto
nuestro
Código
Representantes,
22
de
mayo
CC-2010-1135
37
CC-2010-1135
38
Civil.61 No les asiste la razón.
En primer lugar, ya hemos determinado basado en el
análisis
del
artículo
enmendando
y
del
historial
legislativo de la Ley Núm. 157, supra, que la intención de
la Asamblea Legislativa fue que el Art. 4A de la Ley de
Gasolina,
supra,
jurisdiccional
del
estuviera
Art.
8
incluido
de
la
bajo
propia
el
Ley,
ámbito
desde
la
enmienda de 1996. Así lo interpretamos.
Pero,
además,
si
aceptáramos
la
proposición
de
las
recurridas en el sentido de que el Art. 8 de la Ley de
Gasolina, supra, no incluía bajo su ámbito jurisdiccional
el Art. 4A
acción,
para el año en que estos instaron su causa de
tendríamos
que
resolver
de
todos
modos
que
la
enmienda de 2005 no constituiría una enmienda con efecto
retroactivo. Nos explicamos.
La inclusión del Art. 4A de la Ley de Gasolina, supra,
al ámbito jurisdiccional del Art. 8 de la Ley de Gasolina,
supra, mediante la enmienda de 2005, constituyó un cambio
en el aspecto jurisdiccional de este artículo. Esto es,
desde la enmienda de 2005 toda causa de acción al amparo
del
Art.
4A
de
Ley
de
Gasolina,
supra,
se
encuentra
comprendida bajo el ámbito jurisdiccional del Art. 3 de la
61
El Art. 3 del Código Civil establece lo siguiente:
Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieran lo
contrario. En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una
ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una
legislación anterior. 31 L.P.R.A. sec. 3.
CC-2010-1135
Ley
de
39
Monopolios,
supra
(sec.
259).
Siendo
así,
la
enmienda de 2005 en efecto produjo que ya no se pueden
ejercer
causas
artículo
y
de
que
acción
es
privadas
D.A.Co.
el
al
que
amparo
de
este
adviene
a
tener
jurisdicción primaria exclusiva.
Desde el 1905, esta Curia resolvió, interpretando el
Art. 3 del Código Civil, supra, que:
... es un principio de derecho español, que los
estatutos que regulan la jurisdicción y el
procedimiento, son de interés público, y empiezan
a regir retroactivamente, o más bien, que no son
consideradas como retroactivas en tal sentido,
que caigan bajo las restricciones de este
artículo. (Énfasis suplido.)62
Así también, en Texas Co. v. Sancho Bonet, Tes., 52
D.P.R. 658, 667(1938), señalamos que:
... como se dice en 59 Corpus Juris 1173,
resumiendo la jurisprudencia, “... La regla
general
de
que
los
estatutos
sólo
se
interpretarán prospectivamente (prospectively) y
no retrospectiva o retroactivamente, de ordinario
no es aplicable a estatutos que afectan el
remedio o procedimiento, o, conforme se dice de
otro modo, esa regla general está sujeta a una
excepción cuando se trata de un estatuto relativo
al remedio o procedimiento”. (Énfasis suplido.)
De manera que, considerando que la enmienda producida
por la Ley Núm. 74 de 25 de agosto de 2005 al Art. 8 de la
Ley de Gasolina, supra, tuvo claramente un efecto sobre los
procesos y la jurisdicción del tribunal de instancia en
causas
62
de
acción
al
amparo
del
Art.
4A
de
la
Ley
de
American Railroad Co. of P.R. v. Hernández, 8 D.P.R. 516, 520 (1905).
CC-2010-1135
40
Gasolina, supra, tal enmienda no constituye una retroactiva
en el marco que el Art. 3 del Código Civil, supra, lo
prohíbe.63
IV
Por todo lo anterior, se revoca la Resolución emitida
por
el
Tribunal
de
Apelaciones
y,
en
consecuencia,
se
desestima la causa de acción fundamentada en el Art. 4A de
la Ley de Gasolina, supra, ante el Tribunal de Primera
Instancia, por falta de jurisdicción.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
63
J.R.T. v. A.E.E. 133 D.P.R. 1, 13, (1993). Véase, además, Texas Co.
v. Sancho Bonet, Tes., 52 D.P.R. 658, 667 (1938); R.E. Bernier y J.A.
Cuevas Segarra, Aprobación e intepretación de las leyes en Puerto Rico,
2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 63.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Aguadilla Paint Center, Inc.;
CB Gasoline Service Group;
Micada de Puerto Rico, Inc.
Recurridos
v.
CC-2010-1135
Certiorari
Esso Standard Oil Company,
(Puerto Rico)
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente, se revoca la Resolución emitida por
el Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, se
desestima la causa de acción fundamentada en el
Art. 4A de la Ley de Gasolina, Ley Núm. 3 de 21 de
marzo de 1978, según enmendada, ante el Tribunal de
Primera Instancia, por falta de jurisdicción.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo,
Interina. El Juez Presidente señor Hernández Denton
emitió Opinión Disidente a la cual se une la Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez.
Larissa Ortiz Modestti
Secretaria del Tribunal Supremo, Interina
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Aguadilla Paint Center, Inc.;
CB Gasoline Service Group;
Micada de Puerto Rico, Inc.
Recurridos
v.
CC-2010-1135 Certiorari
Esso Standard Oil, Co.
(Puerto Rico)
Peticionario
Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente señor
Hernández Denton a la cual se une la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez.
San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2011.
Por
entender
que
ni
la
Ley
de
Control
de
Productores, Refinadores y Distribuidores Mayoristas
de Gasolina, Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según
enmendada, 23 L.P.R.A. secs. 1101, et seq. (Ley de
Gasolina), ni la Ley de Monopolios y Restricción del
Comercio, Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según
enmendada, 10 L.P.R.A. secs. 257, et seq. (Ley de
Monopolios), impiden que un participante del mercado
presente una acción en daños por violaciones a las
prohibiciones de las referidas leyes, disentimos del
curso seguido por una mayoría de este Tribunal. En
esencia,
no
podemos
estar
de
acuerdo
porque
el
resultado de la Opinión del Tribunal es contrario a
los propósitos de los estatutos antimonopolísticos en
controversia.
CC-2010-1135
2
I.
Los
demandantes,
Aguadilla
Paint
Center,
Inc.,
CB
Gasoline Service Group y Micada de Puerto Rico, Inc., son
detallistas
o
vendedores
al
detal
de
gasolina
importada,
distribuida y vendida por Esso Standard Oil (Esso). Es decir,
detallistas de marca. En 2004, los detallistas presentaron
una demanda contra Esso en la cual le imputaban incurrir en
la práctica ilícita de vinculación operacional y discrimen de
precios y descuentos, en contravención al Art. 4A de la Ley
de Gasolina, 23 L.P.R.A. sec. 1104a y el Art. 7 de la Ley de
Monopolios,
10
L.P.R.A.
sec.
263.
Asimismo,
solicitaron
indemnización bajo el Art. 1802 del Código Civil de Puerto
Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141. En específico, los demandantes
alegan que Esso controla la operación de las estaciones de
gasolina en violación al Art. 4A, porque establece el costo
de
la
gasolina,
la
cantidad
de
gasolina
que
vende,
la
frecuencia con la que se compra la gasolina, la entrega de la
misma, el método de pago, el precio sugerido de venta y la
renta de las estaciones de servicio. De otro lado, la causa
de acción por violación al Art. 7 de la Ley de Monopolios se
basa en que, alegadamente, Esso mantiene un discrimen de
precios frente a compradores igualmente situados.
Por su parte, Esso solicitó la desestimación alegando,
en esencia, que esas dos causas de acción solo pueden ser
presentadas por el Departamento de Justicia. Por lo tanto,
los demandantes carecían de legitimación activa.
El Tribunal de Primera Instancia proveyó no ha lugar
a la moción de desestimación y el foro apelativo intermedio
CC-2010-1135
3
mantuvo ese dictamen al no expedir el auto solicitado, por no
estar
en
posición
Inconforme,
Esso
de
intervenir
acude
ante
en
esa
etapa
nos.
Por
su
procesal.
parte,
los
demandantes, cuyos planteamientos quedaron excluidos de la
Opinión del Tribunal, argumentan que son conscientes de que
existen
una
serie
de
remedios
en
los
estatutos
antes
mencionados que le han sido encomendados al Departamento de
Justicia.
En
específico,
aducen
que
los
injunctions
preliminares y permanentes reconocidos en dichas leyes para
paralizar actuaciones prohibidas son competencia exclusiva
del Secretario de Justicia y es este quien tiene legitimación
activa
para
procurarlos.
Sin
embargo,
los
demandantes
no
buscan interferir con esos remedios. Su única súplica es que
se les permita demostrar que Esso les causó daños al violar
los preceptos de ambas leyes por incurrir en prácticas de
vinculación operacional y discrimen de precios. Inclusive,
aunque
lo
solicitaron
originalmente
en
su
demanda,
los
demandantes sostienen ante nos que no reclaman el beneficio
de
triple
daño,
reconocido
en
los
estatutos
antimonopolísticos de Estados Unidos y Puerto Rico. De nuevo,
solo quieren que se les permita demostrar cómo, al incurrir
en las prácticas prohibidas por los referidos estatutos, se
les
causó
daños
que,
en
algunos
casos,
resultaron
en
la
quiebra de negocios familiares.
II.
A. Estatutos antimonopolísticos
La Ley de Gasolina, supra, tiene como propósito combatir
el control de los abastos de productos energéticos y eliminar
CC-2010-1135
las
ventajas
4
competitivas
existentes
en
el
mercado
de
gasolina. Por ello, nuestra Asamblea Legislativa procuró la
uniformidad competitiva e implantó prohibiciones a prácticas
discriminatorias y de control de precios. Unos meses más
tarde, se aprobó la Ley Núm. 73 del 23 de junio de 1978, 23
L.P.R.A. secs. 1131, et seq., (Ley 73), con el propósito de
declarar la industria de la gasolina -en todas sus facetascomo una revestida de interés público.
A
su
vez,
la
prohibiciones
Ley
sobre
73,
supra,
acuerdos
implantó
de
una
serie
de
arrendamiento
y
subarrendamiento y otro tipo de vinculación entre mayoristas
y detallistas. Además, estableció que los mayoristas están
obligados
a
presentar
ante
la
Oficina
de
Asuntos
Monopolísticos (O.A.M.) del Departamento de Justicia copia de
todos sus contratos con los detallistas. Asimismo, la Ley 73,
supra,
dispuso
que
reconocía
la
existencia
de
la
Ley
de
Monopolios, supra, y que nada de lo dispuesto en la primera
contravendría
la
segunda.
Esto
es,
que
la
Asamblea
Legislativa era consciente de la Ley de Monopolios, supra, y
de su operación.
A
tono
con
lo
anterior,
el
Art.
4A
de
la
Ley
Gasolina, 23 L.P.R.A. sec. 1104a, dispone que:
Ningún…
distribuidor-mayorista
podrá,
mediante
convenio…
operar
directamente
una
estación de servicio de venta al detal de
gasolina
de
forma
que
impida
su
completa
desvinculación operacional. Ningún… distribuidormayorista podrá, mediante convenio… imponer,
requerir, fijar o limitar directamente el margen
de ganancia y/o el precio de venta al detal de la
gasolina… en la estación de servicio de venta al
detal.
de
CC-2010-1135
Asimismo,
5
el
Art.
8
de
la
Ley
de
Gasolina,
23
L.P.R.A. sec. 1108, dispone que: “Cualquier violación a las
secs. 1102, 1102a, 1104, 1104a, 1105 y 1105a, de este título
constituirá una práctica o acto injusto o engañoso y estará
sujeto a las disposiciones de las secs. 257, et seq., del
Título 10.” (Énfasis suplido). Esto último sobre las secs.
257,
et
seq.,
del
Título
10
se
refiere
a
la
Ley
de
Monopolios.
De otra parte, la Oficina de Asuntos Monopolísticos
del Departamento de Justicia tiene a su haber una serie de
remedios y facultades para fiscalizar el cumplimiento con Ley
de Monopolios, supra. Cabe resaltar que todas las secciones
de
esa
ley
referencia,
a
las
que
disponen
la
Opinión
que
la
de
O.A.M.
este
Tribunal
“podrá”
hace
realizar
determinados actos.
Por su parte, el Art. 7 de la Ley de Monopolios
dispone, en lo pertinente, que:
Será ilegal el que cualquier persona, directa o
indirectamente,
discrimine
en
precio
entre
distintos compradores de cosas objeto de comercio
del mismo grado y calidad, cuando dichas cosas
sean vendidas para uso, consumo o reventa en
Puerto Rico, y cuando el efecto de tal discrimen
pueda ser el de reducir sustancialmente la
competencia o tender a crear un monopolio en
cualquier línea de comercio en Puerto Rico o
afectar, destruir o evitar la competencia con
cualquier persona que hubiese concedido o a
sabiendas hubiese recibido el beneficio de tal
discriminación, o con cualquier cliente de uno de
éstos. 10 L.P.R.A. sec. 263.
Por último, el Art. 12 de la Ley de Monopolios,
preceptúa que:
Cualquier persona que sea perjudicada en
sus negocios o propiedades por otra persona, por
razón de actos o intentos de actos, prohibidos o
CC-2010-1135
6
declarados ilegales por las disposiciones de este
capítulo, salvo las de las Secs. 259 y 261 de este
título pueden demandar a causa de dichos actos
ante el Tribunal de Primera Instancia y tendrá
derecho a recobrar tres (3) veces el importe de
los daños y perjuicios que haya sufrido, más las
costas del procedimiento y una suma razonable para
honorarios de abogado. 10 L.P.R.A. sec. 268.
(Énfasis suplido).
Como este último artículo excluye las acciones bajo
la Sec. 259, este Foro hoy concluye que no será cualquier
persona la que pueda presentar esa acción, sino que será la
O.A.M. la única legitimada bajo esa sección de la Ley de
Monopolios, supra. Por ello, ordena la desestimación de las
causas de acción bajo la Ley de Gasolina, supra, y la Ley de
Monopolios, supra, aunque permite que el caso continúe sobre
las alegaciones de daños bajo el Art. 1802 del Código Civil,
supra.
Como veremos más adelante, ese análisis es contrario
a lo expresado en Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.,
137 D.P.R. 497 (1994). Allí, establecimos el origen y los
propósitos abarcadores del Art. 2 de la Ley de Monopolios, 10
L.P.R.A.
sec.
258.
Este
busca
evitar
cualquier
acto,
contrato, o conspiración para restringir irrazonablemente los
negocios o el comercio en Puerto Rico. Para ello, nuestra
Asamblea Legislativa adoptó el mismo texto de la Sec. 1 del
Sherman Act, 15 U.S.C. 1. Véase: Pressure Vessels, supra;
Northern Pac. R. Co. v. United States, 356 U.S. 1, 4 (1958).
Además, establecimos que tanto el texto de nuestro
artículo como la doctrina federal coinciden en que hay tres
requisitos que se tienen que establecer para demostrar una
infracción
a
esta
disposición:
(1)
deberá
existir
algún
CC-2010-1135
7
contrato,
combinación
entidades,
(2)
el
o
conspiración
cual
restringe
entre
dos
o
más
irrazonablemente
los
negocios o el comercio (3) en Puerto Rico. Pressure Vessels,
supra, pág. 509. Finalmente, en el referido caso, resolvimos
que
un
demandante
irrazonabilidad
de
puede
traer
prueba
unos
contratos
a
la
para
demostrar
luz
de
su
la
efecto
sustancialmente adverso sobre la libre competencia, ello como
vehículo para probar que, “como consecuencia de la infracción
de la ley, el demandante haya sufrido un daño”. Íd. pág. 520.
B. Concesión de poder de reglamentación
El 23 de junio de 1978, la Asamblea Legislativa aprobó
dos leyes que nos atañen frente a la actual controversia. La
primera
es
la
Ley
Núm.
72,
que
tuvo
el
propósito
de
adicionar, al Art. 3 de la Ley de Monopolios, supra, una
disposición
“a
fin
de
autorizar
a
la
Oficina
de
Asuntos
Monopolísticos a radicar y tramitar querellas por violaciones
a
este
artículo
Consumidor”,
en
“autorizar
el
Departamento
a
dicho
de
Departamento
Asuntos
a
del
resolver
dichas querellas e imponer las sanciones aquí dispuestas” y
“establecer el trámite procesal para la revisión judicial de
dichas querellas”. Véase: Ley Núm. 72 de 23 de junio de 1978,
1978 Leyes de Puerto Rico, págs. 256-257. La exposición de
motivos de esa Ley establece claramente que lo que se quiso
fue “proveer un foro adicional a los existentes donde puedan
ventilarse los actos o métodos injustos en los negocios y el
comercio”. Íd., pág. 257. (Énfasis suplido.)
Por su parte, la segunda ley aprobada, la Ley Núm. 73 de
23 de junio de 1978, supra, se estableció con el propósito de
CC-2010-1135
8
“autorizar al Departamento de Justicia, de Comercio y de
Asuntos
del
Consumidor,
a
la
Junta
de
Planificación,
la
Administración de Reglamentos y Permisos y, a la Comisión de
Servicio
Público
a
adoptar
e
implantar
la
reglamentación
necesaria para poner en efectos los propósitos y objetivos de
esta ley”. Ley Núm. 73 de 23 de junio de 1978, 1978 Leyes de
Puerto Rico, pág. 259. La exposición de motivos de esta ley
dispone que es “necesaria la intervención gubernamental en su
ejercicio
del
Poder
de
Razón
de
Estado
para
evitar
la
dislocación en la integridad, funcionalidad y competencia que
debe prevalecer en el mercado de la gasolina en Puerto Rico,
industria vital a los mejores intereses de la ciudadanía y a
la dinámica económica del país”. Íd. pág. 260. Más adelante,
esa misma ley proscribe en su Art. 5 que “nada de lo aquí
dispuesto
o
promulgado
por
reglamento
o
de
otra
forma,
conforme a las disposiciones de esta ley, será interpretado
como
que
exceptúa
de
o
confiere
inmunidad
en
cuanto
al
aplicación de las disposiciones de la Ley Núm. 77 de 25 de
junio de 1964, según enmendada”. Íd. Pág. 264.
Así las cosas, la Asamblea Legislativa quiso adicionar
un
remedio
administrativo
con
el
propósito
de
allegar
herramientas a la lucha antimonopolística. No obstante, nada
de
lo
aquí
dispuesto
sobre
las
facultades
y
el
trámite
administrativo tuvo el propósito de eliminar los remedios
reconocidos
por
la
Ley
de
Monopolios,
supra,
como
bien
dispuso el Art. 5 de la Ley Núm. 73, supra.
Esa acción legislativa es totalmente consistente con la
enmienda de 1970 a la Ley de Monopolios, supra. Mediante la
CC-2010-1135
9
Ley Núm. 67 de 30 de mayo de 1970, se realizó una enmienda al
Art. 3 de la Ley de Monopolios, supra, que dispone que “sin
menoscabo
de
la
facultad
de
recurrir
a
los
remedios
autorizados en el Artículo 13 [que versa sobre los remedios
de
injunction],
la
Oficina
de
Asuntos
Monopolísticos,
mediante reglas y reglamentos promulgados… podrá proscribir
actos o prácticas específicas…”. Ley Núm. 67 de 30 de mayo de
1970, 1970 Leyes de Puerto Rico, pág. 185.
Por ello, el Art. 3 de la Ley de Monopolios, supra,
según
enmendado,
simplemente
reconoce
la
facultad
administrativa de reglamentar prácticas ilícitas y provee un
foro ante el Departamento de Asuntos del Consumidor para
examinar violaciones a los estatutos aquí discutidos.
III.
Por los fundamentos que anteceden, disentimos del
resultado de la Opinión Mayoritaria. Somos del criterio que
nada
en
los
estatutos
que
hemos
discutido
impide
la
legitimación activa de los demandantes y que, a pesar de que
bajo el Art. 12 de la Ley de Monopolios, supra, se excluye el
Art. 3, la acción de los demandantes en nada contraviene la
delegación
legislativa
de
poder
para
reglamentar,
que
se
concede en ese Art. 3. En síntesis, se les debe permitir a
los demandantes probar un caso de daños por violaciones a las
disposiciones específicas de los estatutos aquí discutidos.
Veamos.
La
Ley
de
Gasolina,
supra,
fue
adoptada
con
posterioridad a la aprobación de la Ley de Monopolios, supra.
Asimismo, la primera expresa que la Asamblea Legislativa fue
CC-2010-1135
10
consciente de las disposiciones de la segunda, al momento de
aprobarla.
La
Ley
de
Gasolina
expresa
en
su
Art.
8
que
cualquier violación a varios de sus artículos, incluyendo el
Art. 4A, “constituirá una práctica o acto injusto a (sic)
engañoso y estará sujeto a las disposiciones de las secs.
257, et seq. del Título 10”. 23 L.P.R.A. sec. 1108.
Cuando acudimos a las secs. 257 y siguientes del
Título 10, es decir, la Ley de Monopolios, encontramos que el
Art. 12 reconoce una causa de acción a: “cualquier persona
que sea perjudicada en sus negocios o propiedades por otra
persona, por razón de actos, o intentos de actos, prohibidos
o declarados ilegales por las disposiciones de este capítulo,
salvo las de las secs. 259 y 261…” 10 L.P.R.A. sec. 268.
Cónsono
con
los
propósitos
legislativos
de
nuestros
estatutos y de los estatutos federales en que se basa la
legislación
local,
esa
causa
de
acción,
es
totalmente
independiente del poder legislativo de reglamentar que se le
confirió a las agencias administrativas mediante el Art. 3 de
la Ley de Monopolios, 10 L.P.R.A. sec. 259.
Esto
es
importante
porque,
según
la
Opinión
del
Tribunal, las prácticas violatorias del Art. 8 de la Ley de
Gasolina, supra, sólo estarían sujetas a la acción bajo el
Art. 3 de la Ley de Monopolios, que dispone que “los métodos
injustos
de
competencia,
así
como
las
prácticas
o
actos
injustos o engañosos en los negocios o el comercio, por la
presente se declaran ilegales”. 10 L.P.R.A. sec. 259. Es
decir, que porque el Art. 8 de la Ley de Gasolina declara
“actos injustos y engañosos” lo prohibido en dicha ley y que,
CC-2010-1135
11
como el Art. 3 de la Ley de Monopolios es el que prohíbe los
“actos injustos y engañosos” y, éste, a su vez, está excluido
del Art. 12 de la Ley de Monopolios que reconoce la acción de
triple daño, entonces los demandantes no tienen disponible
esa causa de acción por violaciones a la Ley de Gasolina,
supra.
Esa
interpretación
textualista
-que
propone
el
peticionario y que adopta completamente este Tribunal- es
totalmente contraria a los propósitos de ambas leyes. Además,
los artículos bajo los cuales reclaman los demandantes no
deben interpretarse como los únicos artículos de esas leyes
que permiten una acción en daños. Si bien esa interpretación
que
hace
la
Opinión
de
este
Tribunal
permite
que
los
demandantes continúen con su causa de acción en daños bajo el
Art.
1802
del
preguntarnos:
demandantes
Código
Civil
¿qué
alegaciones
para
demostrar
prácticas
prohibidas
causaron
los
daños
por
que
de
Puerto
que
parte
buscan
supra,
cabe
podrán
presentar
los
fue
realización
de
del
Rico,
la
demandado
indemnizar,
la
que
le
se
le
han
si
desestimado las causas de acción bajo la Ley de Monopolios y
la Ley de Gasolina?
Somos
del
interpretación
criterio
distinta.
que
se
pudo
Máxime
ante
el
llegar
hecho
de
a
una
que
la
propia Opinión del Tribunal reconoce el origen directo de
nuestros
estatutos
antimonopolísticos
de
sus
análogos
federales.
En los Estados Unidos, los “private actions” juegan un
rol
crítico
en
el
régimen
antimonopolístico.
J.
Von
CC-2010-1135
12
Kalinowski, Antitrust Law and Trade Regulation, Sec. 160.01,
2d. ed., Vol. 8 pág. 160-2 (supl. 2011). “In enacting the
antitrust laws, the U.S. Congress was convinced that private
antitrust
litigation
is
one
of
the
surest
weapons
for
effective antitrust enforcement and that private suits are an
important
element
of
the
Nation´s
antitrust
enforcement
scheme… The Supreme Court has labeled the private action as a
vital means of enforcing the antitrust policy of the United
States and as an important weapon of antitrust enforcement.”
Íd. (Citas omitidas). (Énfasis suplido).
Por ello, nuestra interpretación es que la alegada
acción ilícita de los demandados podría estar prohibida por
la Ley de Monopolios, supra, y los demandantes así podrían
demostrarlo conforme a nuestra Opinión en Pressure Vessels,
supra, que, en esencia, le permite a un participante del
mercado reclamar daños por una actuación prohibida bajo el
estatuto antimonopolístico.
De
hecho,
en
la
legislación
federal,
el
remedio
de
triple daño está disponible bajo la Sec. 4 del Clayton Act.
El texto de esa sección es sumamente sencillo y simplemente
reconoce una causa de acción a cualquier persona afectada por
razón
de
cualquier
acto
prohibido
bajo
una
ley
antimonopolística. 15 USC sec. 15. Para obtener ese remedio,
el demandante sólo tiene que probar que el daño fue causado
por
razón
de
una
actuación
antimonopolística.
Kalinowski, op. cit. sec. 161.02, pág. 161-9.
J.
Von
(“Thus, in
antitrust cases, it is not sufficient simply to demonstrate
an injury, even injury directly caused by the defendant. The
CC-2010-1135
13
injury will not be considered antitrust injury unless it was
caused
by
reason
of
a
violation
of
the
antitrust
laws.”)(Citas omitidas.) Esto demuestra que el Congreso quiso
permitirles a los participantes del mercado presentar una
acción de daños por el mero hecho de otro haber realizado una
práctica antimonopolística.
Por
lo
tanto,
habríamos
concluido
recurridos
podía
presentada
por
los
decisión,
este
Tribunal
deja
en
que
la
continuar.
suspenso
un
demanda
Con
su
importante
elemento de la lucha antimonopolística, en particular sobre
el negocio de distribución de combustibles en Puerto Rico.
Basta mirar a décadas pasadas para recordar las prácticas
indeseables
que
sufrimos
en
el
País
durante
la
crisis
petrolera de los años 1970´s. Hoy, de espaldas a la política
pública de los Estados Unidos, a base de la cual formulamos
nuestros estatutos sobre esta materia, este Tribunal ata las
manos y cierra las puertas de la justicia a quienes alegan
haber
sufrido
un
daño
que
ahora
será
más
difícil
de
demostrar.
De la normativa federal antes descrita es evidente que,
desde principios del siglo pasado, el ordenamiento dispuso
que los competidores jugarían un rol central en la lucha
contra
el
control
ilícito
de
los
mercados,
mediante
la
presentación de acciones para recuperar el daño causado por
acciones monopolísticas. No vemos por qué los participantes
del mercado de gasolina puertorriqueño no puedan hacer lo
mismo, cuando nuestra legislación también tiene el propósito
CC-2010-1135
14
de apoderar a los afectados con legitimación para reclamar
remedios por prácticas injustas.
IV.
A modo de epílogo, la decisión de este Tribunal se emite
en los momentos en que está entredicho la capacidad de la
Oficina
de
Asuntos
Monopolísticos
para
adelantar
los
propósitos legislativos. De la propia información publicada
por el Departamento de Justicia sobre su presupuesto para el
año fiscal en curso surge que, desde el año 2009, dicha
Oficina ha perdido casi de un cuarenta por ciento de su
personal, apenas cuenta con cuatro abogados en la actualidad,
y, durante el mismo periodo, se le ha recortado sobre un
quince por ciento de su presupuesto. Véase: Departamento de
Justica, Presupuesto Aprobado para el año 2012, disponible
en: http://www.pr.gov/presupuesto/aprobado_2012/justicia.htm.
En
suma,
habríamos
permitido
que
el
litigio
continuara en sus méritos en vez de resolverlo sumariamente,
sin
permitirle
al
demandante
establecer
su
caso.
La
desestimación de acciones privadas contra el control ilícito
de los mercados en nuestra jurisdicción es contraria tanto a
la intención como al espíritu de la Ley de Monopolios y la
Ley de Gasolina y priva a los detallistas de gasolina un
instrumento muy importante para vindicar sus derechos ante
prácticas injustas de los mayoristas.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente