LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Aguadilla Paint Center, Inc. y otros v. Esso Standard Oil Company, Co. (Puerto Rico)

2011 TSPR 194

Poder Judicial de Puerto Rico

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Aguadilla Paint Center, Inc. y otros v. Esso Standard Oil Company, Co. (Puerto Rico)

CC-2010-1135

Ley de Gasolina / Ley de Monopolios – legitimación activa para presentar acción por violación al art. 4ª de la Ley de Gasolina

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Aguadilla Paint Center, Inc.;

CB Gasoline Service Group;

Micada de Puerto Rico, Inc.

Recurridos

Certiorari

2011 TSPR 194

v.

183 DPR ____

Esso Standard Oil, Co.

(Puerto Rico)

Peticionario

Número del Caso:

CC-2010-1135

Fecha: 15 de diciembre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón, Panel VI

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, la

Jueza Varona Méndez y la Juez Gómez Córdova

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Salvador Antonetti Stutts

Lcdo. Carlos Valldejully Sastre

Lcdo. Carlos J. Sagardía Abreu

Lcda. Carla Framil Ferrán

Lcdo. Pedro A. Delgado Hernández

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Juan A. Ramos Díaz

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Amir Cristina Nieves Villegas

Procuradora General Auxiliar

Materia: Ley de Monopolios (“Ley 77”); Ley de Gasolina

(“Ley 3”); Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal

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electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Aguadilla Paint Center, Inc.;

CB Gasoline Service Group;

Micada de Puerto Rico, Inc.

Recurridos

v.

CC-2010-1135

Certiorari

Esso Standard Oil Company,

(Puerto Rico)

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2011.

En

ocupa

esta

ocasión

la

controversia

es

relativamente

sencilla:

que

nos

¿tiene

legitimación activa una persona privada, detallista

de

gasolina,

ante

el

para

Tribunal

presentar

una

de

Instancia

Primera

causa

de

acción

contra

un

distribuidor-mayorista de ese producto por alegadas

violaciones a las disposiciones relativas al deber

de desvinculación operacional que establece el Art.

4A de la Ley de Control de Productores, Refinadores

y Distribuidores-Mayoristas de Gasolina?1 Al atender

1

23 L.P.R.A. sec. 1104a.

CC-2010-1135

2

tal interrogante, interpretamos por primera vez de forma

conjunta dos estatutos que regulan la competencia en el

mercado

de

gasolina,

Productores,

Gasolina,

a

Refinadores

Ley

Núm.

3

saber:

y

de

Control

de

Distribuidores-Mayoristas

de

21

la

de

Ley

marzo

de

de

1978,

según

enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1101 et seq. (Ley de Gasolina),

y la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio, Ley Núm.

77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A sec.

257 et seq. (Ley de Monopolios).

I

La

peticionaria

peticionaria

o

Esso

Esso)

es

Standard

una

Oil

corporación

Company

dedicada

(la

a

la

importación, distribución y venta de gasolina al por mayor,

o

sea,

un

recurridas

distribuidor-mayorista.2

Aguadilla

Paint

Center,

Por

su

parte,

Inc.,

y

CB

las

Gasoline

Service Group, Inc. (las recurridas) son detallistas,3 o

sea, vendedores al detal de gasolina, en este caso gasolina

importada, distribuida y vendida por la peticionaria Esso

(detallistas de marca).

Para agosto de 2004, las recurridas presentaron una

demanda ante el tribunal de instancia en la que imputaron a

2

Véase

1101(f).

Art.

1(f)

de

la

Ley

de

Gasolina,

supra,

23

L.P.R.A.

sec.

Véase Art.

1101(g).

1(g)

de

la

Ley

de

Gasolina,

supra,

23

L.P.R.A.

sec.

3

CC-2010-1135

3

la peticionaria Esso, inter alia, incurrir en la práctica de

vinculación operacional, en contravención al Art. 4A de la

Ley

de

Gasolina,

supra,

y

al

Art.

7

de

la

Ley

de

Monopolios.4 Además, solicitaron resarcimiento en daños y

perjuicios, según el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 5141.

Luego de múltiples incidentes procesales,5 el 12 de

marzo de 2010 Esso solicitó la desestimación de la demanda

al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil.6 En su

moción, Esso argumentó básicamente que la causa de acción de

las recurridas, fundada en la obligación de “desvinculación

operacional” que establece el Art. 4A de la Ley de Gasolina,

supra, debía ser desestimada porque el Art. 8 de la Ley de

Gasolina, 23 L.P.R.A. sec. 1108, establece que una violación

al

Art.

4A

“constituirá

una

práctica

o

acto

injusto

o

engañoso y estará sujeto a las disposiciones de las secs.

257 et seq.” de la Ley de Monopolios, supra.

4

10 L.P.R.A. sec. 263.

5

El 1 de octubre de 2004, Esso solicitó por primera vez la

desestimación de la demanda, basado en que el Art. 4 de la Ley de

Gasolina desplazaba la aplicación del Art. 7 de la Ley de Monopolios

(caso DAC2005-0343). Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia

denegó la solicitud de desestimación, por lo que Esso recurrió ante el

Tribunal

de

Apelaciones

(caso

KLCE2005-00564).

El

Tribunal

de

Apelaciones denegó la expedición del auto mediante “Resolución” de 26

de mayo de 2005. Entonces, Esso recurrió ante este Tribunal mediante

certiorari, el cual denegamos el 10 de noviembre de 2005. Tal

determinación advino final y firme, continuando así los procedimientos

ante el Tribunal de Primera Instancia.

6

32 L.P.R.A. Ap. III, R. 10.2.

CC-2010-1135

El

4

tribunal

de

instancia

declaró

no

ha

lugar

la

solicitud de desestimación de Esso, al concluir “que un

ente privado como la demandante puede presentar una acción

al

amparo

L.P.R.A.

gasolina,

del

Sec.

Artículo

1107]

ante

7

sobre

el

de

la

[Ley

competencia

Tribunal

de

de

en

Gasolina,

el

Primera

mercado

23

de

Instancia”.7

Inconforme, Esso recurrió ante el Tribunal de Apelaciones

mediante recurso de certiorari. Dicho foro concluyó que,

luego de un análisis ponderado del recurso presentado y los

documentos que obraban en el expediente, Esso no lo había

colocado en condiciones de conceder el remedio solicitado y

que el dictamen recurrido no ameritaba su intervención en

esa etapa procesal.

Ante

mediante

tal

dictamen,

recurso

de

Esso

certiorari

acudió

ante

esbozando

los

esta

Curia

siguientes

señalamientos de error:

Erró el Tribunal de Apelaciones al no expedir el

auto solicitado y reconocer que el Art. 12(a) de

la Ley de Monopolios excluye demandas privadas

por alegada vinculación operacional bajo el Art.

4A de la Ley de Gasolina.

Erró el Tribunal de Apelaciones al no expedir el

auto solicitado y no ordenar la desestimación de

la reclamación bajo el Art. 4A de la Ley de

Gasolina, ya que los demandantes no tienen

legitimación activa para incoarla y, por lo

tanto, el Tribunal de Primera Instancia carece de

jurisdicción sobre la materia para atenderla.

7

Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 179.

CC-2010-1135

5

Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que

Esso no lo colocó en “condiciones de conceder el

remedio solicitado”, ya que se cumplen los

criterios para la expedición del auto contenidos

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones.

Expedido el certiorari, paralizamos los procedimientos

y

ordenamos

a

las

partes

presentar

sus

correspondientes

alegatos.8 Con el beneficio de la posición de todas las

partes, resolvemos.

II

A. Ley

de

Control

de

Productores,

Distribuidores-Mayoristas de Gasolina

Refinadores

y

Según surge de su Exposición de Motivos, la aprobación

de

la

Ley

de

Control

de

Productores,

Refinadores

y

Distribuidores-Mayoristas de Gasolina, Ley Núm. 3 de 21 de

marzo de 1978, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1101 et

seq.,

tuvo

como

propósito

–entre

otros-

combatir

el

problema “que representa el que el control de los abastos

de

productos

otros

energéticos

combustibles

y,

derivados

en

especial,

del

la

petróleo

gasolina

y

del

y

gas

natural, continúe concentrándose en las manos de unos pocos

que

dominan

todos

los

aspectos

relacionados

con

la

producción, refinación y mercadeo de estos productos”.9 De

8

También ordenamos a la Procuradora General de Puerto Rico que

compareciera y expresara su posición sobre la controversia, en carácter

de Amicus Curiae; la Procuradora General así lo hizo.

9

Véase Exposición de Motivos de la Ley de Gasolina, supra.

CC-2010-1135

manera

que

6

el

competitivas

legislador

existentes

en

buscó

el

eliminar

mercado

de

las

la

ventajas

gasolina

o

combustibles especiales de motor, así como disponer sobre

la supervisión de ese proceso y establecer medidas para el

cumplimiento

de

estatuto.

tenor

A

los

propósitos

perseguidos

este

el

con

fin,

por

legislador

dicho

tipificó

delitos y fijó penalidades a los infractores del estatuto.

De esta manera, la Asamblea Legislativa determinó que,

ante

la

falta

instituir

de

uniformidad

salvaguardas

competitiva,

minuciosas

que

era

necesario

impidieran

las

actuaciones de las compañías petroleras y distribuidoras de

productos energéticos dirigidas a monopolizar los puntos de

distribución

Gasolina

pública

persigue

de

gasolina.10

proteger

la

Además,

industria

de

la

la

Ley

de

venta

de

combustible al detal de toda práctica discriminatoria que

pretenda eliminar al detallista individual de gasolina de

la competencia del mercado, así como también de aquellas

prácticas discriminatorias y de control sobre la estructura

de

precios

dirigidas

a

favorecer

a

unos

detallistas

en

perjuicio de otros y del consumidor.11

Por otro lado, apenas unos meses después de aprobada

la Ley de Gasolina, la Legislatura aprobó

-a manera de

10

Véase Exposición de Motivos de la Ley de Gasolina, supra.

11

Íd.

CC-2010-1135

7

addendum a esta última- la Ley Núm. 73 de 23 de junio de

1978, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1131 et seq. (Ley

Núm. 73), dirigida a la “Reglamentación y Control de la

Industria de la Gasolina”. Con la aprobación de la Ley Núm.

73 se declaró “la industria de la gasolina en todas sus

facetas como una revestida de interés público”.12 Al así

hacerlo

se

reconoció

que

la

industria

de

la

gasolina

constituye un elemento fundamental para la seguridad y el

bienestar del pueblo de Puerto Rico. Esto debido a que de

la disponibilidad de ese producto dependía en gran medida

en aquel entonces –y evidentemente continúa siendo así en

la actualidad- el normal funcionamiento de nuestra economía

y el continuo desarrollo de las actividades cotidianas del

País.13

Cónsono con la Ley de Gasolina, el propósito de la Ley

Núm. 73 es regular de manera efectiva ciertos aspectos de

la

industria

intereses

del

de

la

pueblo

gasolina

de

Puerto

y

así

Rico

asegurar

estén

que

los

adecuadamente

protegidos de actividades perjudiciales que tengan lugar en

cualquiera de los distintos niveles operacionales de esa

industria.14 Al así actuar, el legislador señaló que es al

12

23 L.P.R.A. sec. 1131.

13

Véase la Exposición de Motivos de la Ley de Reglamentación y Control

de la Industria de la Gasolina, Ley Núm. 73 de 23 de junio de 1978,

según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1131 et seq. (Ley Núm. 73).

14

Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 73, supra.

CC-2010-1135

Gobierno

al

8

que

1e

compete

asegurar

que

exista

una

situación estable dentro de toda actividad que afecte el

bienestar general de la ciudadanía, así como asegurar el

buen orden de la comunidad y la protección de los mejores

intereses del sistema económico y gubernamental.15

Con

el

fin

de

cumplir

con

sus

propósitos,

la

Ley

Núm. 73 estableció ciertas obligaciones y prohibiciones que

se

detallan

ejemplo,

en

se

su

Art.

prohíbe

3.16

Entre

que

en

distribuidores-mayoristas

simultáneamente

subarrendamiento

las

y

de

and

y

a

manera

relaciones

detallistas

contratos

(lease

ellas

entre

existan

arrendamiento

lease-back),

de

cuando

y

dicha

relación tenga el efecto o el propósito de cancelar la

obligación

del

pago

entre

las

partes

o

de

restringir

irrazonablemente el derecho a la libre contratación o a la

disposición

de

la

propiedad.17

Además,

la

Ley

Núm.

73

estableció la obligación a todo distribuidor-mayorista de

presentar en la Oficina de Asuntos Monopolísticos (O.A.M.)18

una copia legible de todo contrato en el que se establezca

una relación comercial con un detallista, dentro de los

15

Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 73, supra.

16

23 L.P.R.A. sec. 1131.

17

23 L.P.R.A. sec. 1133(a).

18

Como detallaremos más adelante, la Oficina de Asuntos Monopolísticos

(O.A.M.) es una entidad adscrita al Departamento de Justicia, con

facultades para la administración de la legislación sobre prácticas

monopolísticas, así como para la fiscalización de éstas.

CC-2010-1135

diez

días

9

siguientes

a

su

formalización,

así

como

toda

enmienda o modificación subsiguiente a éste.

Conjuntamente, y para asegurar el cumplimiento de sus

objetivos y propósitos, la Ley Núm. 73 facultó a varias

agencias gubernamentales y les impuso la responsabilidad de

realizar

diversas

funciones.

Entre

esas

agencias

se

encuentran el Departamento de Comercio,19 la Comisión de

Servicio

Público,

la

Junta

de

Planificación,

la

Administración de Reglamentos y Permisos y el Departamento

de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.).20

Finalmente, es menester considerar lo que establece el

Art.

5

de

la

Ley

Núm.

73

con

relación

a

la

Ley

de

Monopolios, supra:

§ 1134 Aplicación de la Ley de Monopolios

Nada de lo aquí dispuesto o promulgado por

reglamento o de otra forma, conforme a las

disposiciones de las secs. 1131 a 1135 de este

título, será interpretado como que exceptúa de o

confiere inmunidad en cuanto a la aplicabilidad

de las disposiciones de las secs. 257 a 274 del

Título 10.21

En resumen, es evidente que desde sus inicios tanto la

Ley

de

Gasolina

como

su

addendum,

la

Ley

Núm.

73,

dispusieron no sólo para la protección de la industria de

venta

de

combustible

al

detal

de

toda

19

Actualmente Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

20

23 L.P.R.A. secs. 1133(c)-1133(h).

21

23 L.P.R.A. sec. 1134.

práctica

CC-2010-1135

10

discriminatoria en perjuicio de los mejores intereses del

pueblo de Puerto Rico, sino que reconocieron expresamente

la

injerencia

de

la

Ley

de

Monopolios,

supra,

en

tal

proceso. Así, ambas leyes dispusieron para que la actuación

del Departamento de Justicia de Puerto Rico, a través de su

O.A.M.,

fuera

una

cardinal

en

el

cumplimiento

de

sus

disposiciones fiscalizadoras. Además, el legislador dispuso

para

que

otras

agencias

gubernamentales,

tales

como

el

D.A.Co., tuvieran también participación.

A tono con todo lo anterior, el Art. 2(a) de la Ley de

Gasolina, supra, 23 L.P.R.A. sec. 1102, establece que:

... ningún productor, refinador o distribuidormayorista

adquirirá

o

establecerá,

abrirá,

operará o recobrará para operar estación alguna

de servicio de venta al detal de gasolina para

ser operada con personal de su propia compañía o

empresa subsidiaria, agente, agente por comisión,

o bajo contrato con alguna persona natural o

jurídica, que opere o administre dicha estación

de servicio de venta al detal mediante convenio o

arreglo remunerado con dicho productor, refinador

o distribuidor-mayorista. La estación de servicio

de venta de gasolina sólo podrá ser operada por

un detallista.

Asimismo, el Art. 4 de la Ley de Gasolina, supra, 23

L.P.R.A. sec. 1104, establece que:

[t]odo productor o refinador de petróleo o

distribuidor-mayorista de productos de petróleo

que supla gasolina y/o combustibles especiales a

estaciones de servicio para la venta al detal de

dichos

productos

estará

obligado

a

proveer

uniformemente a todos los detallistas de venta de

gasolina y/o combustibles especiales a quienes

supla, todo descuento, deducción, disminución o

CC-2010-1135

11

rebaja en precios que conceda de forma directa o

indirecta.22

Ahora bien, relacionado directamente a la controversia

que nos ocupa, analizamos el Art. 4A de la Ley de Gasolina,

supra, el cual dispone lo siguiente:

§ 1104a Desvinculación operacional

Ningún

refinador,

productor

de

petróleo

o

distribuidor-mayorista podrá, mediante convenio,

arreglo,

contrato,

esquema

corporativo

operacional, con cualquier detallista y/o persona

natural o jurídica, o de cualquier otra forma

operar directamente una estación de servicio de

venta al detal de gasolina de forma que impida su

completa

desvinculación

operacional.

Ningún

refinador, productor de petróleo o distribuidormayorista podrá, mediante convenio, arreglo,

contrato, esquema corporativa [sic] operacional,

con cualquier detallista y/o persona natural o

jurídica, o de cualquier otra forma imponer,

requerir, fijar o limitar directamente el margen

de ganancia y/o el precio de venta al detal de la

gasolina

y/o

combustibles

especiales

en

la

estación de servicio de venta al detal.

22

Por su parte, el Art. 5 de la Ley de Gasolina, supra, 23 L.P.R.A.

sec. 1105, dispone para que todo productor o refinador de petróleo o

distribuidor-mayorista de productos de petróleo que supla gasolina o

combustibles especiales a detallistas, le aplique uniformemente a todos

los vendedores al detal a quienes supla, de la renta de equipos y

rótulos, cuando de una forma directa o indirecta éstos sean provistos a

dichos detallistas por ese productor, refinador o distribuidormayorista.

Mientras, el Art. 6 de la Ley de Gasolina, supra, 23 L.P.R.A., sec.

1106, ordena la distribución uniforme de combustible en periodos de

escasez o disminución en el abasto o disponibilidad de gasolina o de

combustibles especiales. El Art. 7 de la mencionada Ley prohíbe que un

vendedor al detal de combustible, a sabiendas, solicite o induzca la

concesión, o rebaja en precios o en la renta de equipos y rótulos, en

violación a los Arts. 4 y 5 de la Ley de Gasolina, 23 L.P.R.A. sec.

1107.

CC-2010-1135

El

12

Art.

4A

de

la

Ley

de

Gasolina,

supra,

es

el

resultado de una enmienda que se hiciera a este estatuto

mediante la Ley Núm. 157 de 21 de agosto de 1996 y otra

enmienda al propio artículo –que añade la segunda oraciónmediante la aprobación de la Ley Núm. 74-2005. El artículo

establece la “desvinculación operacional” o, lo que es lo

mismo, prohíbe la llamada “vinculación operacional” de los

mayoristas

de

gasolina

con

las

estaciones

de

venta

a1

detal. La Ley Núm. 157 también enmendó la Ley de Gasolina

para establecer que “desvinculación operacional” es el cese

por

parte

de

un

refinador,

productor

de

petróleo

o

distribuidor-mayorista “de participar en forma directa en

la operación o actividades de intercambio comercial de la

venta al detal de gasolina y combustibles especiales en 1as

estaciones de servicio de venta al detal”.23

De otra parte, y cardinal a la controversia que nos

ocupa, debemos considerar también el Art. 8 de la Ley de

Gasolina, el cual dispone lo siguiente:

§ 1108 Violación de competencia justa

Cualquier violación a las secs. 1102, 1102a,

1104, 1104a, 1105 y 1105a de este título

constituirá una práctica o acto injusto

[o]

engañoso y estará sujeto a las disposiciones de

las secs. 257 et seq. del Título 10.24 (Énfasis

suplido.)

23

23 L.P.R.A. sec. 1101(j).

24

23 L.P.R.A. sec. 1108.

CC-2010-1135

13

El Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, está dirigido

a dos fines íntimamente ligados. En primer lugar, instaurar

como “práctica o acto injusto o engañoso” toda violación a

los Arts. 2, 2A, 4, 4A, 5 y 5A de la Ley de Gasolina. En

segundo

lugar,

establecer

que

cualquier

violación

a

los

artículos mencionados estará sujeta a lo dispuesto en la

Ley de Monopolios, supra. Complementando esta disposición,

el

Art.

10

de

la

Ley

de

Gasolina

dispone

que

“[e]l

cumplimiento de los propósitos y las disposiciones de las

secs.

1101

a

1110

de

[la

Ley

de

Gasolina]

será

responsabilidad del Secretario de Justicia, por conducto de

la

Oficina

de

Asuntos

Monopolísticos

de

original,

el

la

dicho

Departamento”.25

En

su

versión

Art.

8

de

Ley

de

Gasolina, supra, leía de la siguiente manera:

Cualquier violación a los Arts. 4, 5, 6 y 7

constituirá una práctica o acto injusto o

engañoso y estará sujeto a las disposiciones del

Artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de

1964.26

Nótese

que

este

artículo

originalmente

hacía

referencia a violaciones al Art. 4 de la Ley de Gasolina,

supra, el cual establece la obligación de todo productor o

refinador de petróleo o distribuidor-mayorista de productos

25

23 L.P.R.A. sec. 1110.

26

Art. 8 de la Ley Núm. 3 de 25 de marzo de 1978.

CC-2010-1135

de

14

petróleo

deducción,

de

proveer

uniformidad

disminución

o

rebaja

en

todo

en

descuento,

precios,

a

los

detallistas; violaciones al Art. 5, el cual establece la

obligación

de

todo

productor

o

refinador

de

petróleo

o

distribuidor-mayorista de productos de petróleo de proveer

uniformidad

en

la

renta

de

equipos

y

rótulos

a

los

detallistas; y violaciones al Art. 6, el cual establece la

obligación

de

todo

productor

distribuidor-mayorista

de

o

refinador

productos

de

de

petróleo

petróleo

o

de

instaurar un prorrateo indiscriminado y una distribución

uniforme

entre

gasolina

para

todos

la

los

venta,

detallistas

durante

a

tiempos

quienes

de

supla

escasez,

o

disminución en el abasto o disponibilidad de gasolina o de

combustibles especiales. Por otro lado, el Art. 8 en su

versión original también hacía referencia a violaciones al

Art. 7, el cual establece una prohibición al detallista de

solicitar o inducir la concesión o rebaja en precios en la

renta de equipos y rótulos. Como puede percibirse, cada

disposición a la cual el Art. 8 en su versión original

hacía referencia –Arts. 4 al 7- contenía una prohibición

cuya violación, constituía “una práctica o acto injusto o

engañoso”.

Ahora bien, desde su redacción original el Art. 8 de

la Ley de Gasolina, supra, ha sufrido dos enmiendas. La

primera de ellas mediante la aprobación de la Ley Núm. 157

de 21 de agosto de 1996 (Ley Núm. 157), la cual en su

Exposición

de

Motivos

señalaba

lo

siguiente

(haciendo

referencia a la Ley Núm. 3 de 1978, Ley de Gasolina):

CC-2010-1135

15

En el 1978, la Asamblea Legislativa aprobó

legislación dirigida a proteger a los detallistas

de gasolina de posibles prácticas

predadoras de

parte de compañías mayoristas distribuidora de

gasolina. Una de esas leyes, la Ley Núm. 3...

dispuso que ninguna compañía mayorista podía

operar

directamente

estaciones

de

gasolina,

sujeto

a

determinadas

excepciones.

La

responsabilidad para vigilar por el cumplimiento

de esta ley fue asignada al Secretario de

Justicia a través de su Oficina de Asuntos

Monopolísticos. (Énfasis suplido.)27

Como puede verse, en la Exposición de Motivos de la

Ley Núm. 157, la Asamblea Legislativa mencionó la Ley de

Gasolina entre aquellas cuya intención es “proteger a los

detallistas de gasolina de posibles prácticas predadoras de

parte de compañías mayoristas distribuidoras de gasolina”.

(Énfasis suplido.)28 Además, señaló que la Ley de Gasolina

“dispuso

que

ninguna

compañía

mayorista

podía

operar

directamente estaciones de gasolina, sujeto a determinadas

excepciones”.29

Exposición

de

De

manera

Motivos

que

la

Ley

reconoció

Núm.

como

157,

una

en

su

práctica

depredadora, esto es, dañina a los detallistas y prohibida

por la Ley de Gasolina, aquella en la cual el mayorista

operaba directamente una estación de gasolina. Señalaba,

además,

que

la

fiscalización

de

esa

prohibición

27

era

un

Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 157 de 21 de agosto

de 1996 (Ley Núm. 157).

28

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 157, supra.

29

Íd.

CC-2010-1135

asunto

a

16

ser

trabajado

por

la

Oficina

de

Asuntos

Monopolísticos.

Por otro lado, en su último párrafo, la Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 157 también señala como su propósito

el enmendar la Ley de Gasolina a los efectos de que se

establezca la completa separación entre las operaciones de

ventas

al

detal

y

las

de

mayoristas

y

refinadores

de

gasolina. El texto mencionado lee así:

Con la presente

medida se pretende cerrar las

brechas de excepción que, por quedar abiertas en

1978, han limitado el logro de los objetivos

públicos en esta industria. En específico, se

establece

la

completa

separación

entre

las

operaciones

de

ventas

al

detal

y

las

de

mayoristas

y

refinadores

de

gasolina,

disponiéndose un plazo para que se lleven a

efectos las desvinculaciones necesarias hasta

lograrlos. (Énfasis suplido.)30

Como parte de las enmiendas realizadas a la Ley de

Gasolina dirigidas a establecer esa “completa separación

entre las operaciones” de detallistas y mayoristas, la Ley

Núm. 157 creó el mencionado Art. 4A, que prohíbe todo acto

que

impida

la

llamada

“desvinculación

operacional”.

La

definición de “desvinculación operacional”, que la propia

Ley Núm. 157 también estableció como una de las enmiendas a

la Ley de Gasolina, supra, señala que ésta “ocurre cuando

un... distribuidor mayorista cesa de participar en forma

directa

30

en

la

operación

y/o

actividades

Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 157.

de

intercambio

CC-2010-1135

comercial

17

de

la

venta

al

detal

de

gasolina...

en

las

Ley

de

estaciones de venta al detal”.31

Ahora

bien,

la

enmienda

al

Art.

8

de

la

Gasolina, supra, producida por la Ley Núm. 157 cambió la

mayoría de los artículos a los que hacía referencia la

versión

del

artículo

original.

La

versión

del

Art.

8

después de la enmienda de la Ley Núm. 157 pasó a ser la

siguiente:

Cualquier violación a los Artículos 1, 2, 3, 4 y

5 constituirá una práctica o acto injusto o

engañoso y estará sujeto a las disposiciones del

Artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de

1964, según enmendada.

Al analizar el texto anterior tenemos que concluir que

la referida enmienda al Art. 8 producida por la Ley Núm.

157 produjo cambios ilógicos en unos casos e inconsecuentes

en

otros.

relación

Nos

alguna

Exposición

de

explicamos.

con

la

Motivos

En

primer

lugar,

el

que

una

ley

señala

que

su

propósito

lógica

se

no

guarda

en

cuya

es

enmendar la Ley de Gasolina para establecer una completa

separación entre las operaciones de ventas al detal y las

de mayoristas, evitando así “posibles prácticas

predadoras

[monopolísticas]

mayoristas

distribuidoras

“desvinculación

31

de

parte

de

compañías

gasolina”;

que

crea

operacional”

para

esos

de

23 L.P.R.A. sec. 1101(j).

el

Art.

fines,

4A

de

y

que

CC-2010-1135

18

reconoce que la fiscalización de tal cumplimiento descansa

en el expertise de la O.A.M., no incluya el Art. 4A como

parte de la enmienda al mencionado Art. 8 de la Ley de

Gasolina, supra.

Por otro lado, la enmienda al Art. 8 de la Ley de

Gasolina,

supra,

incluyó,

como

que

introdujo

“práctica

o

la

acto

Ley

Núm.

injusto

157

o

también

engañoso”,

cualquier violación al Art. 1 de la Ley de Gasolina, supra,

23 L.P.R.A. sec. 1101. Sin embargo, el Art. 1 de la Ley de

Gasolina,

supra,

solo

establece

actualmente-

establecía

en

ese

entonces

–y

una

de

definiciones

de

serie

términos, ninguno de los cuales constituye una prohibición

per se. Por lo tanto, nadie podía cometer una violación al

Art. 1 de la Ley de Gasolina, supra, pues tal artículo no

prohibía ni prohíbe cosa alguna.

Por último, lo mismo ocurría con el Art. 3 de la Ley

de Gasolina, supra, 23 L.P.R.A. sec. 1103. Tal artículo

establecía en aquel momento –y permanece igual al presentela creación del “Comité Interagencial sobre la Industria de

la Gasolina”. Como ocurría con el Art. 1 (“Definiciones”),

el Art. 3 no instituía prohibición alguna, por lo que la

inclusión de ese artículo en la enumeración establecida por

la enmienda de la Ley Núm. 157 al Art. 8 de la Ley de

Gasolina, supra, resultaba totalmente inconsecuente.

Siendo así, la pregunta que procede es a qué obedeció

la redacción y aprobación final del Art. 8 de la Ley de

Gasolina, supra, después de la enmienda integrada por la

CC-2010-1135

19

Ley Núm. 157. Aunque el historial legislativo no nos arroja

demasiada luz al respecto, sí encontramos que la primera

versión de enmienda a este artículo (que se presentó en el

Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes) señalaba

que constituiría una práctica o acto injusto o engañoso

“[c]ualquier violación a los Artículos 2, 4, 4A, 5, 5A, 6,

6A, y 7”. (Itálicas en el original y énfasis suplido.)32

Por otro lado, al codificarse la versión de la segunda

y última enmienda que sufriera este artículo mediante la

Ley Núm. 74 de 25 de agosto de 2005, se señala en su

historial la siguiente nota de codificación:

La ley enmendadora de 1996 parece haberse

referido a los arts. 1, 2, 3, 4 y 5 de la propia

ley en vez de los artículos enmendados o

adicionados por la misma, a saber: arts. 1, 2,

4A, 5A y 8, o sea, secs. 1101, 1102, 1104a, 1105a

y 1108 de este título. Sin embargo, por tener

semejanza al contenido de las secciones referidas

originalmente en la ley de 1978, pudiera ser que

la ley de 1996 intentó referirse a los arts. 4,

4A, 5 y 5A de la ley, secs. 1104, 1104a, 1105 y

1105a de este título. (Énfasis suplido.)

Al considerar todo lo anterior, no nos cabe duda de

que la versión del Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, que

surgió como resultado de la enmienda realizada por la Ley

Núm.

157

fue

el

producto

de

un

error

probablemente

tipográfico, que no reflejaba la intención o voluntad del

legislador.

32

Como

sugiere

la

nota

de

codificación

del

Véase P. de la C. 2288 de 30 de enero de 1996, 7ma Sesión Ordinaria,

12 Asamblea Legislativa, pág. 7.

CC-2010-1135

20

historial de este artículo, entendemos que la intención de

la Ley Núm. 157 era incluir los Arts. 4, 4A, 5 y 5A en la

versión del Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, y su

exclusión

responde

a

un

mero

error

administrativo

(“clerical error”).

Determinamos

lo

anterior,

considerando

la

norma

de

hermenéutica jurídica que reiteramos en Passalacqua v. Mun.

de San Juan, 116 D.P.R. 618, 623 (1985), en donde señalamos

lo siguiente:

En Roig Commercial Bank v. Buscaglia, Tes., 74

D.P.R. 986, 998 (1953), este Tribunal determinó

que si una palabra, frase o disposición ha sido

aprobada por inadvertencia o error, especialmente

si es contraria al resto de la ley o limitaría la

efectividad

de

ésta,

se

puede

eliminar.

Entendemos que bajo las mismas circunstancias se

puede añadir una frase o palabras, para que se

pueda cumplir con la intención legislativa.

(Énfasis suplido.)

De manera que, siendo consistentes con lo que ha sido

nuestra

pauta

confrontar

en

materia

situaciones

en

de

interpretación

jurídica

al

una

ley

del

de

como

la

caso

autos, determinamos que el legislador tuvo la intención de

que el Art. 4A formara parte de los enumerados en el Art. 8

de la Ley de Gasolina, supra, desde la aprobación de la Ley

Núm. 157; así debe interpretarse.

Para finalizar el análisis de los artículos de la Ley

de

Gasolina

que

son

necesarios

considerar

para

la

resolución del caso de autos, tenemos que referirnos al

CC-2010-1135

21

Art. 7, de la mencionada ley, 23 L.P.R.A. sec. 1107. Dicho

artículo dispone lo siguiente:

§ 1107 Obligación del detallista

Ninguna persona natural o jurídica que opere una

estación de servicio de venta al detal podrá, a

sabiendas, solicitar o inducir la concesión, o

rebaja en precios o en la renta de equipos y

rótulos, en violación a las secs. 1104 y 1105 de

este título. (Énfasis suplido.)

Como

el

surge

título-,

claramente

este

de

artículo

su

se

texto

–incluso

desde

dirige

únicamente

al

vendedor al detal de combustible, prohibiéndole el que, a

sabiendas,

induzca

o

le

solicite

a

un

productor

o

distribuidor-mayorista (entre otros) la concesión o rebaja

en precios o en la renta de equipos y rótulos, en violación

a los Artículos 4 y 5 de la Ley de Gasolina. En otras

palabras,

que

el

objeto

pretende

de

solicitar

prohibición

es

aquel

o

a

un

inducir

detallista

productor

o

distribuidor-mayorista a que le provea precios distintos en

la

gasolina

o

los

combustibles

especiales,

que

los

que

provee a otros detallistas, esto, en violación al Art. 4 de

la Ley de Gasolina, supra. De igual manera, el artículo

está dirigido únicamente a aquel detallista que solicite o

induzca al productor o distribuidor-mayorista (entre otros)

a que le provea una renta distinta de equipos y rótulos que

aquella que se

le provee a otros detallistas, esto,

violación al Art. 5 de la Ley de Gasolina.

B. Ley de Monopolios

en

CC-2010-1135

Las

22

leyes

monopolísticas,

así

como

aquellas

que

pretenden establecer la justa competencia y que establecen

restricciones

al

comercio,

constituyen

estatutos

que

precisan extremo cuidado tanto en su legislación como en su

interpretación jurídica. El objetivo que inspira este tipo

de estatuto está fundamentado en intereses apremiantes y,

como

tal,

indispensables

para

la

economía

de

la

jurisdicción en la que se aplican.

Así,

en

Colón

Cabrera

v.

Caribbean

Petroleum,33

expresamos con relación a nuestra Ley de Monopolios que,

“considerando que se trata de un asunto que incide sobre

los cimientos de nuestra sociedad democrática, entendemos

que los propósitos que subyacen dicha legislación son de la

más alta jerarquía y constituyen un interés apremiante del

Estado”.

El propósito principal de este tipo de estatuto yace

en

el

principio

preservación

económico

de

entorpecimiento

la

de

fundamental

libertad

toda

de

práctica

que

dispone

competencia

que

la

y

el

perjudique

el

desarrollo de los distintos mercados. Por lo tanto, tales

estatutos tienen como objetivo la erradicación de los actos

abusivos, desleales y monopolísticos que tiendan a limitar

33

170 D.P.R. 582, 595 (2007).

CC-2010-1135

23

la actividad mercantil, favoreciendo así la libre y abierta

competencia en los mercados.34

En

Puerto

Rico,

la

Ley

de

Monopolios,

supra,

fue

redactada tomando como base dos estatutos federales: la Ley

Sherman35 y la Ley Clayton.36 De hecho, este también es el

patrón en la mayoría de los estados de la Unión que también

cuentan

con

estatutos

competencia,

los

que

regulan

monopolios

y

de

alguna

las

manera

la

restricciones

al

comercio, y que contienen disposiciones comparables con las

de las leyes federales antimonopolísticas.

Nuestra

asegurarle

Ley

al

comerciantes

en

competencia”.37

Caribbean

de

Monopolios

Pueblo

en

particular,

Como

Petroleum,

general,

los

señalamos

supra,

fue

el

y

promulgada

a

beneficios

en

los

pequeños

de

la

Colón

propósito

“para

de

libre

Cabrera

v.

la

de

Ley

Monopolios es

... evitar la confabulación entre firmas para

dominar

el

mercado,

[el]

acaparamiento

de

materias primas, [1os] aumentos indebidos en los

precios

resultantes

de

una

posición

monopolística, [1as] prácticas discriminatorias

en

las

relaciones

con

clientes

[y

la]

concentración extrema de la actividad económica y

34

J. von Kalinowski, Antitrust Laws and Trade Regulation, Sec. 1.02,

Second ed. (2004).

35

15 U.S.C.A. sec. 1 et seq.

36

15 U.S.C.A. sec. 12 et seq.; P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co.,

Inc., 149 D.P.R. 691, 706-707 (1999).

37

G.G. & Supp. Corp v. S.& F. Systs.,Inc., 153 D.P.R. 861, 869 (2001).

CC-2010-1135

24

de la riqueza en algunos grandes consorcios de

empresas.

Ahora bien, en cuanto a la controversia que nos ocupa,

es

necesario

considerar

en

específico

los

Arts.

3(a)

y

12(a) de la Ley de Monopolios.

C. El Art. 3(a) de la Ley de Monopolios

En

lo

pertinente,

Monopolios38

el

Art.

establece que serán

3(a)

de

la

ilegales “[l]os

Ley

de

métodos

injustos de competencia, así como las prácticas o actos

injustos

o

engañosos

(Énfasis

suplido.)

en

Así

los

negocios

también

el

o

inciso

el

comercio”.

(c)

de

este

artículo establece lo siguiente:

(c) Sin menoscabo de la facultad de recurrir a

los medios autorizados por la sec. 269 de este

título

[injuctions],

la

Oficina

de

Asuntos

Monopolísticos podrá radicar (sic) y tramitar

querellas administrativas en el Departamento de

Asuntos del Consumidor para prevenir, evitar y

detener las violaciones al inciso (a) de esta

sección

o

los

reglamentos

aprobados

de

conformidad al inciso (b) de la misma.39

Distinto

Monopolios, el

a

otras

disposiciones

de

la

Ley

de

Art. 3 tuvo su base en la Sec. 5(a)(1) de

la ley que creó la Comisión Federal de Comercio (15 U.S.C.

sec.

45),

la

cual

-al

38

10 L.P.R.A. sec. 259(a).

39

10 L.P.R.A. sec. 259(c).

igual

que

el

Art.

3(a)-

declara

CC-2010-1135

25

ilegales los métodos injustos de competencia y los actos o

prácticas injustas o engañosas que afectan el comercio.40

Por otra parte, el inciso (c) del Art. 3 de la Ley de

Gasolina, 23 L.P.R.A. sec. 259(c), faculta expresamente a

la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de

Justicia a actuar como ente fiscalizador ante el D.A.Co. en

cuanto

a

toda

competencia,

así

violación

como

las

por

“métodos

prácticas

o

injustos

actos

de

injustos

o

engañosos en los negocios o el comercio”. La Oficina de

Asuntos

Monopolísticos

fue

creada

por

el

Art.

16

del

mencionado estatuto para implementar el propósito que lo

inspira.41 La O.A.M. es una entidad adscrita al Departamento

de Justicia, con facultades para la administración de la

legislación sobre prácticas monopolísticas, así como para

la fiscalización de éstas. Además, posee la facultad de

promulgar

reglamentos

y

proscribir

actuaciones

que

constituyan métodos injustos de competencia y prácticas o

actos injustos o engañosos en los negocios o el comercio.42

En fin, la O.A.M. es una entidad creada con una delegación

de poderes amplios que le permite al Estado contar con los

instrumentos investigativos precisos para cumplir con el

40

Diario de Sesiones del Senado de Puerto Rico de 22 de mayo de 1964,

pág. 1706.

41

Art. 16(a) de la Ley de Monopolios, 23 L.P.R.A. sec. 272(a).

42

10 L.P.R.A. sec. 259(b).

CC-2010-1135

26

propósito fiscalizador de la Ley de Monopolios.43

No existe

duda de que, conforme al Art. 3 de la Ley de Monopolios,

supra, es la O.A.M. el organismo gubernamental con el deber

ministerial de fiscalizar y velar por el cumplimiento de

esa ley.

Ahora

bien,

nótese

que

el

Art.

3

de

la

Ley

de

Monopolios, supra, no le confiere poderes adjudicativos a

la

O.A.M.

Esto

es,

no

es

a

la

O.A.M.

a

la

cual

le

corresponde adjudicar la controversia, sino investigar y

presentar la causa de acción. El inciso (c) del Art. 3 de

la Ley de Monopolios, supra, dispone no sólo que es ante el

D.A.Co. que la O.A.M. podrá presentar y tramitar querellas

buscando

prevenir,

evitar

y

detener

las

violaciones

al

inciso (a) del propio artículo, sino que en el resto del

artículo se establece todo un esquema procesal y apelativo

que

deberá

seguirse

ante

esa

agencia

y

del

cual

mencionaremos algunos detalles.

Así, el inciso (c) del Art. 3 de la Ley de Monopolios,

supra, establece que una vez la parte querellada haya sido

notificada de la querella en su contra, el D.A.Co. deberá

celebrar una vista y resolver la controversia entre las

partes, otorgando el remedio más adecuado tan pronto le sea

posible.44 Mientras, el inciso (d) establece que la O.A.M.

43

Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, supra, pág. 594.

44

23 L.P.R.A. sec. 259(c).

CC-2010-1135

27

tendrá un término de treinta días para recurrir en revisión

de

la

decisión

del

D.A.Co.

al

Tribunal

Instancia, si esta le fuera adversa.45

de

Primera

Por su parte, el

inciso (e) establece la forma en que se formalizará tal

recurso de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia,

del cual se tendrá que notificar a la parte querellada y al

D.A.Co., que contará con un término de quince días para

solicitar intervención.46

El inciso (g) establece que el Tribunal de Primera

Instancia

revisará

la

decisión

del

D.A.Co.

a

base

del

récord administrativo que se sometió ante la agencia y sólo

en

cuanto

a

las

conclusiones

determinaciones de hecho del

para

el

tribunal

si

de

derecho.

D.A.Co.

estuvieren

Además,

las

“serán concluyentes

sostenidas

por

evidencia

sustancial”.47

Es

evidente

que,

por

procedimiento

agencia,

ante ésta

acción

el

por

la

referencia

tan

directa

detallado

a

esa

establecido

y considerando la naturaleza de la causas de

que

intrincan

-sobre todo ante

o engañosos-

las

controversias

monopolísticas

alegaciones de prácticas o actos injustos

el legislador decidió que fuera el D.A.Co. el

45

23 L.P.R.A. sec. 259(d).

46

23 L.P.R.A. sec. 259(e).

47

23 L.P.R.A. sec. 259(g).

CC-2010-1135

que

28

tuviera

la

jurisdicción

primaria

exclusiva

para

tramitar y adjudicar toda querella presentada por la O.A.M.

La jurisdicción primaria exclusiva de D.A.Co. en este

asunto se confirma, además, mediante la propia Ley Orgánica

del Departamento de Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 de

23 de abril de 1973, según enmendada,48 la cual en su Art.

6(x) incluye entre los poderes y facultades que ejercerá el

Secretario de Asuntos del Consumidor el “[a]djudicar las

querellas

que

la

Oficina

de

Asuntos

Monopolísticos

del

Departamento de Justicia, radique (sic) y procese en virtud

de lo dispuesto en la sec. 259 [Art. 3] del Título 10”.49

Como

vemos,

en

armonía

con

el

Art.

3(c)

de

la

Ley

de

Monopolios, el inciso (x) del Art. 6 de la Ley Orgánica de

D.A.Co.

le

confiere

jurisdicción

a

esa

agencia

para

adjudicar las querellas que 1e presente la O.A.M. al amparo

del Art. 3 de la Ley de Monopolios.

En conclusión, es al Departamento de Justicia a través

de

la

O.A.M.

al

que,

conforme

al

mandato

legislativo,

corresponde fiscalizar directamente las infracciones a la

Ley de Monopolios, específicamente en lo concerniente a 1as

violaciones a las disposiciones de prácticas injustas de

comercio,

incluyendo

toda

práctica

o

acto

injusto

o

engañoso. Además, concluimos que, en virtud del Art. 3 de

48

3 L.P.R.A. sec. 341e(x).

49

Íd.

CC-2010-1135

la

Ley

29

de

corresponde

Monopolios,

la

supra,

jurisdicción

es

al

primaria

D.A.Co.

al

que

exclusiva

en

toda

causa de acción antimonopolística emprendida por la O.A.M.,

cuya causa de acción esté basada en alguna práctica o acto

injusto o engañoso.

D. El Art. 12(a) de la Ley de Monopolios

Como

ya

hemos

establecido,

una

infracción

a

la

prohibición de vinculación operacional que estatuye el Art.

4A de la Ley de Gasolina, supra, constituye una “práctica o

acto injusto o engañoso”, acción que estaría sujeta a las

disposiciones

Art.

8

de

de

la

nuestra

Ley

de

Ley

de

Gasolina,

Monopolios,

conforme

al

supra.

manera

que

De

corresponde entonces, ante la alegación de una violación a

la disposición que exige tal “desvinculación operacional”,

remitirse a aquellos artículos de la Ley de Monopolios que

versan sobre 1as “prácticas o actos injustos o engañosos”

al comercio, a los fines de resolver cualquier interrogante

sobre esta materia. Ya hemos analizado el Art. 3 de la Ley

de Monopolios, supra, por lo que nos resta discutir el Art.

12 del mencionado estatuto, específicamente el inciso (a),

el cual dispone:

§ 268 Demandas por personas perjudicadas

(a) Cualquier persona que sea perjudicada en sus

negocios o propiedades por otra persona, por

razón de actos, o intentos de actos, prohibidos o

declarados ilegales por las disposiciones de este

capítulo, salvo las de las secs. 259 y 261 de

este título, puede demandar a causa de dichos

actos ante el Tribunal de Primera Instancia y

tendrá derecho a recobrar tres (3) veces el

importe de los daños y perjuicios que haya

sufrido, más las costas del procedimiento y una

CC-2010-1135

30

suma razonable para

(Énfasis suplido.)

El

honorarios

Art.

12(a)

de

la

Ley

establece

el

llamado

remedio

de

persona

que

sufra

daños

como

de

de

abogado.50

Monopolios,

triple

daño

consecuencia

supra,

para

toda

de

actos

antimonopolísticos. La acción judicial para recobrar tales

daños deberá iniciarse dentro de1 término de cuatro años,

contados a partir del nacimiento de la causa de acción.51

Ahora bien, es claro del texto de este inciso (a) del Art.

12

de la

alguna,

Ley de Monopolios,

éste

exceptúa

de

su

supra,

que, sin distinción

ámbito

jurisdiccional

toda

causa de acción que se pretenda o se tenga que iniciar al

amparo de la sec. 259 de la propia Ley de Monopolios. O

sea, toda causa de acción por prácticas o actos injustos o

engañosos.

III

En el presente caso no albergamos dudas con relación a

que una persona privada, ya sea natural o jurídica, carece

de legitimación activa para presentar una causa de acción

contra un distribuidor-mayorista por alegada violación al

Art. 4A de la Ley de Gasolina, supra. Así surge claramente

de cada estatuto concernido.

50

10 L.P.R.A. sec. 268(a).

51

10 L.P.R.A. sec. 268(c).

Veamos.

CC-2010-1135

31

El Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, establece como

una

“práctica

o

acto

injusto

[o]

engañoso”

cualquier

violación al Art. 4A de la mencionada ley y señala que tal

violación “estará sujet[a] a las disposiciones de las secs.

257 et seq. del Título 10”, o sea, a la sección 257 “y las

siguientes” de la Ley de Monopolios.

Por su parte, el Art. 3(a) de la Ley de Monopolios

(sec. 259(a)) declara como ilegal “las prácticas o actos

injustos

o

engañosos”,

que

es

precisamente

la

conducta

descrita y remitida ante el ámbito de esa ley por el Art. 8

de la Ley de Gasolina, supra. Nótese, entonces, que existe

una

clara

identificación

o

concordancia

en

el

lenguaje

utilizado en ambas disposiciones. De manera que, por el

lenguaje claro de ambos estatutos –Ley de Gasolina y Ley de

Monopolios- es evidente que el legislador dispuso, a través

del

Art.

8

de

la

Ley

de

Gasolina,

supra,

el

que

toda

violación al Art. 4A de esa ley fuera comprendida, cubierta

o estuviera bajo el ámbito jurisdiccional del Art. 3 de la

Ley de Monopolios, supra.

Una vez determinamos que la conducta prohibida por el

Art. 4A de la Ley de Gasolina, supra, se encuentra bajo el

ámbito jurisdiccional del Art. 3 de la Ley de Monopolios

(sec. 259), nos enfrentamos al Art. 12(a) de la Ley de

Monopolios, supra, que, a su vez, exceptúa expresamente de

su ámbito jurisdiccional toda acción que se presente al

amparo de la sección 259. Por lo tanto, cualquier persona

privada que sufra daños por actuaciones prohibidas por la

CC-2010-1135

32

Ley de Monopolios cuenta con un remedio de triple daño al

amparo

del

Art.

12(a)

de

la

Ley

de

Monopolios,

supra,

excepto que su causa de acción se fundamente en el Art. 3

de

la

Ley

de

Monopolios

259).52

(sec.

Siendo

así,

evidentemente toda causa de acción al amparo del Art. 4A de

la Ley de Gasolina,

supra,

se encuentra excluida de la

posibilidad del remedio de triple daño que provee el Art.

12(a) de la Ley de Monopolios, supra.

En este contexto, Esso argumenta que erró el foro de

instancia al no desestimar, al amparo de la Regla 10.2 de

Procedimiento

Civil,

la

reclamación

de

las

recurridas

fundamentada en el Art. 4A de la Ley de Gasolina.53 Le

asiste la razón. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de

1979, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, establece unas defensas

privilegiadas

que,

como

tal,

pueden

presentarse

en

cualquier momento del proceso.54 Es decir, tales defensas no

se

pierden

demanda

Regla

o

10.2

si

no

antes.

se

levantan

Entre

incluye

la

en

la

esas

defensas

falta

de

contestación

de

la

privilegiadas,

la

jurisdicción

sobre

la

materia.55

52

El Art. 12(a) también incluye dentro de dicha excepción la sec. 261.

53

Véase Alegato de la parte peticionaria, pág. 15.

54

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho

Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2007, sec. 2601,

pág. 234.

55

La nueva Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.

11.3, señala que “[s]iempre que surja, por indicación de las partes o

CC-2010-1135

33

Recientemente,

Casino,

176

D.P.R.

en

González

848,

855

v.

Mayagüez

(2009),

pauta en el sentido de que la

Resort

reiteramos

&

nuestra

ausencia de jurisdicción

sobre la materia

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las

partes no pueden voluntariamente conferírsela a

un tribunal como tampoco puede éste abrogársela

[sic]; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes

emitidos;

(4)

impone

a

los

tribunales

el

ineludible

deber

de

auscultar

su

propia

jurisdicción;

(5)

impone

a

los

tribunales

apelativos el deber de examinar la jurisdicción

del foro de donde procede el recurso; y (6) puede

presentarse en cualquier etapa del procedimiento,

a instancia de las partes o por el tribunal motu

proprio.

Por otro lado, una parte demandante posee legitimación

activa si cumple con los siguientes requisitos: “(1) ha

sufrido un daño claro y palpable; (2) el referido daño es

real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético;

(3) existe conexión entre el daño sufrido y la causa de

acción ejercitada; y (4) la causa de acción surge bajo el

palio de la Constitución o de una ley”.56 (Énfasis suplido.)

Considerando

entonces

que,

como

hemos

establecido,

una

persona privada no puede presentar una causa de acción por

alegada violación al Art. 4A de la Ley de Gasolina, supra,

las recurridas carecen de una causa de acción que surja

bajo el palio de una ley. Siendo así, el foro de instancia

______________________________________

de algún otro modo, que el tribunal carece de jurisdicción sobre la

materia, éste desestimará el pleito”.

56

Col. Peritos Elec. v. A. E. E., 150 D.P.R. 327, 331 (2000). Véase,

además, Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824, 835 (1992).

CC-2010-1135

34

ciertamente carecía de jurisdicción sobre la materia para

atender tal causa de acción y debió desestimarla, conforme

a la Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra.

De

otra

parte,

recientemente

establecimos

en

SLG

Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 D.P.R. 657, 676 (2009), que

“[s]i

[un]

organismo

estatuto

le

administrativo

estatutaria

confiere

se

(exclusiva)”.57

la

jurisdicción

trata

de

una

Allí

también

al

jurisdicción

pautamos

lo

siguiente:

El concepto jurisdicción estatutaria o exclusiva

guarda relación con la jurisdicción primaria

concurrente pero es distinto en cuanto a su

alcance

y

naturaleza.

En

la

jurisdicción

exclusiva se trata de situaciones en que no

aplica la doctrina de jurisdicción primaria

concurrente porque la propia ley aclara que esta

última no existe. Es decir, el propio estatuto

establece una jurisdicción exclusiva. En tales

casos estamos frente a un mandato legislativo. De

ahí, que cuando un estatuto le confiere de manera

expresa

la

jurisdicción

a

un

órgano

administrativo sobre determinado tipo de asuntos,

los

tribunales

no

tendrán

autoridad

para

dilucidar el caso en primera instancia. Claro

está, la jurisdicción primaria exclusiva no

soslaya la revisión judicial posterior de la

decisión

del

organismo.

(Citas

y

énfasis

omitidos.) 58

Al observar

la manera expresa, amplia y detallada con

la que el legislador se manifestó, determinamos que, con

excepción

de

los

remedios

autorizados

por

la

57

sec.

269

Véase, además, D. Fernández, Derecho Administrativo y Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia, Forum, 2001,

sec. 8.3, pág. 437 esc. 1.

58

SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 D.P.R. 657, 677 (2009).

CC-2010-1135

35

(injuctions), el Art. 3 de la Ley de Monopolios, supra, le

confiere jurisdicción primaria exclusiva al D.A.Co. en la

dilucidación

propio

de

cualquier

artículo,

injustos

de

esto

competencia

violación

es,

y

la

al

inciso

utilización

prácticas

o

actos

de

(a)

del

métodos

injustos

o

engañosos en los negocios o el comercio.

En cuanto a la determinación del tribunal de instancia

en el sentido de que “un ente privado como la demandante

puede presentar una causa de acción al amparo del Artículo

7

de

la

Ley

de

Control

de

Gasolina”,

por

lo

que

ya

explicamos determinamos que la misma es claramente errónea.

El Art. 7 de la Ley de Gasolina, supra, provee para una

causa de acción en contra de los detallistas y no a favor

de éstos. De otra parte, además de que la interpretación de

tal

estatuto

por

parte

del

foro

primario

no

fue

la

correcta, lo cierto es que las recurridas nunca reclamaron

una causa de acción al amparo del Art. 7 de la Ley de

Gasolina, sino del Art. 7 de la Ley de Monopolios, supra.59

Ahora bien, con relación a que la causa de acción de

las recurridas pueda ser resarcida como un remedio sencillo

u ordinario de daños y perjuicios al amparo del Art. 1802

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, nada encontramos

en la ley que lo impida; al contrario. Como bien señala la

59

Véase la demanda instada por los recurridos. Apéndice de la Petición

de certiorari, págs. 79-84.

CC-2010-1135

36

Procuradora General en su comparecencia especial, surge de

la

discusión

reseñada

en

el

historial

legislativo

con

relación a los informes camerales que originaron la Ley de

Monopolios, lo siguiente:

En cuanto a las acciones de los particulares, por

triple daño, estas no se autorizan con respecto a

los actos prohibidos por el Artículo 3, sin que

por ello se intente afectar el derecho a entablar

una acción ordinaria de daños y perjuicios, si

ésta procediere conforme al Código Civil u otros

principios de ley. (Énfasis suplido.)60

Como

vemos,

las

expresiones

del

legislador

fueron

claras. La Asamblea Legislativa no tuvo la intención de que

una causa de acción como la del caso de autos no pudiera

ser resarcida como un remedio sencillo u ordinario de daños

y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil,

supra. Todo lo contrario.

Por

último,

al

final

de

su

alegato

las

recurridas

argumentan que la causa de acción en este litigio comprende

hechos ocurridos durante los años 2000 al 2005, periodo de

tiempo en el que el Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, no

había sido enmendado para incluir el Art. 4A. Por esto, las

recurridas

concluyen

que

en

vista

de

que

tal

enmienda

ocurrió con posterioridad a la presentación de su causa de

acción,

ésta

retroactivo

60

–la

en

enmienda

violación

Diario de Sesiones

de 1964, pág. 1708.

de

la

de

al

Cámara

2005Art. 3

de

tendría

de

un

efecto

nuestro

Código

Representantes,

22

de

mayo

CC-2010-1135

37

CC-2010-1135

38

Civil.61 No les asiste la razón.

En primer lugar, ya hemos determinado basado en el

análisis

del

artículo

enmendando

y

del

historial

legislativo de la Ley Núm. 157, supra, que la intención de

la Asamblea Legislativa fue que el Art. 4A de la Ley de

Gasolina,

supra,

jurisdiccional

del

estuviera

Art.

8

incluido

de

la

bajo

propia

el

Ley,

ámbito

desde

la

enmienda de 1996. Así lo interpretamos.

Pero,

además,

si

aceptáramos

la

proposición

de

las

recurridas en el sentido de que el Art. 8 de la Ley de

Gasolina, supra, no incluía bajo su ámbito jurisdiccional

el Art. 4A

acción,

para el año en que estos instaron su causa de

tendríamos

que

resolver

de

todos

modos

que

la

enmienda de 2005 no constituiría una enmienda con efecto

retroactivo. Nos explicamos.

La inclusión del Art. 4A de la Ley de Gasolina, supra,

al ámbito jurisdiccional del Art. 8 de la Ley de Gasolina,

supra, mediante la enmienda de 2005, constituyó un cambio

en el aspecto jurisdiccional de este artículo. Esto es,

desde la enmienda de 2005 toda causa de acción al amparo

del

Art.

4A

de

Ley

de

Gasolina,

supra,

se

encuentra

comprendida bajo el ámbito jurisdiccional del Art. 3 de la

61

El Art. 3 del Código Civil establece lo siguiente:

Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieran lo

contrario. En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una

ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una

legislación anterior. 31 L.P.R.A. sec. 3.

CC-2010-1135

Ley

de

39

Monopolios,

supra

(sec.

259).

Siendo

así,

la

enmienda de 2005 en efecto produjo que ya no se pueden

ejercer

causas

artículo

y

de

que

acción

es

privadas

D.A.Co.

el

al

que

amparo

de

este

adviene

a

tener

jurisdicción primaria exclusiva.

Desde el 1905, esta Curia resolvió, interpretando el

Art. 3 del Código Civil, supra, que:

... es un principio de derecho español, que los

estatutos que regulan la jurisdicción y el

procedimiento, son de interés público, y empiezan

a regir retroactivamente, o más bien, que no son

consideradas como retroactivas en tal sentido,

que caigan bajo las restricciones de este

artículo. (Énfasis suplido.)62

Así también, en Texas Co. v. Sancho Bonet, Tes., 52

D.P.R. 658, 667(1938), señalamos que:

... como se dice en 59 Corpus Juris 1173,

resumiendo la jurisprudencia, “... La regla

general

de

que

los

estatutos

sólo

se

interpretarán prospectivamente (prospectively) y

no retrospectiva o retroactivamente, de ordinario

no es aplicable a estatutos que afectan el

remedio o procedimiento, o, conforme se dice de

otro modo, esa regla general está sujeta a una

excepción cuando se trata de un estatuto relativo

al remedio o procedimiento”. (Énfasis suplido.)

De manera que, considerando que la enmienda producida

por la Ley Núm. 74 de 25 de agosto de 2005 al Art. 8 de la

Ley de Gasolina, supra, tuvo claramente un efecto sobre los

procesos y la jurisdicción del tribunal de instancia en

causas

62

de

acción

al

amparo

del

Art.

4A

de

la

Ley

de

American Railroad Co. of P.R. v. Hernández, 8 D.P.R. 516, 520 (1905).

CC-2010-1135

40

Gasolina, supra, tal enmienda no constituye una retroactiva

en el marco que el Art. 3 del Código Civil, supra, lo

prohíbe.63

IV

Por todo lo anterior, se revoca la Resolución emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones

y,

en

consecuencia,

se

desestima la causa de acción fundamentada en el Art. 4A de

la Ley de Gasolina, supra, ante el Tribunal de Primera

Instancia, por falta de jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

63

J.R.T. v. A.E.E. 133 D.P.R. 1, 13, (1993). Véase, además, Texas Co.

v. Sancho Bonet, Tes., 52 D.P.R. 658, 667 (1938); R.E. Bernier y J.A.

Cuevas Segarra, Aprobación e intepretación de las leyes en Puerto Rico,

2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 63.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Aguadilla Paint Center, Inc.;

CB Gasoline Service Group;

Micada de Puerto Rico, Inc.

Recurridos

v.

CC-2010-1135

Certiorari

Esso Standard Oil Company,

(Puerto Rico)

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, se revoca la Resolución emitida por

el Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, se

desestima la causa de acción fundamentada en el

Art. 4A de la Ley de Gasolina, Ley Núm. 3 de 21 de

marzo de 1978, según enmendada, ante el Tribunal de

Primera Instancia, por falta de jurisdicción.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo,

Interina. El Juez Presidente señor Hernández Denton

emitió Opinión Disidente a la cual se une la Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez.

Larissa Ortiz Modestti

Secretaria del Tribunal Supremo, Interina

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Aguadilla Paint Center, Inc.;

CB Gasoline Service Group;

Micada de Puerto Rico, Inc.

Recurridos

v.

CC-2010-1135 Certiorari

Esso Standard Oil, Co.

(Puerto Rico)

Peticionario

Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente señor

Hernández Denton a la cual se une la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez.

San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2011.

Por

entender

que

ni

la

Ley

de

Control

de

Productores, Refinadores y Distribuidores Mayoristas

de Gasolina, Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según

enmendada, 23 L.P.R.A. secs. 1101, et seq. (Ley de

Gasolina), ni la Ley de Monopolios y Restricción del

Comercio, Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según

enmendada, 10 L.P.R.A. secs. 257, et seq. (Ley de

Monopolios), impiden que un participante del mercado

presente una acción en daños por violaciones a las

prohibiciones de las referidas leyes, disentimos del

curso seguido por una mayoría de este Tribunal. En

esencia,

no

podemos

estar

de

acuerdo

porque

el

resultado de la Opinión del Tribunal es contrario a

los propósitos de los estatutos antimonopolísticos en

controversia.

CC-2010-1135

2

I.

Los

demandantes,

Aguadilla

Paint

Center,

Inc.,

CB

Gasoline Service Group y Micada de Puerto Rico, Inc., son

detallistas

o

vendedores

al

detal

de

gasolina

importada,

distribuida y vendida por Esso Standard Oil (Esso). Es decir,

detallistas de marca. En 2004, los detallistas presentaron

una demanda contra Esso en la cual le imputaban incurrir en

la práctica ilícita de vinculación operacional y discrimen de

precios y descuentos, en contravención al Art. 4A de la Ley

de Gasolina, 23 L.P.R.A. sec. 1104a y el Art. 7 de la Ley de

Monopolios,

10

L.P.R.A.

sec.

263.

Asimismo,

solicitaron

indemnización bajo el Art. 1802 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141. En específico, los demandantes

alegan que Esso controla la operación de las estaciones de

gasolina en violación al Art. 4A, porque establece el costo

de

la

gasolina,

la

cantidad

de

gasolina

que

vende,

la

frecuencia con la que se compra la gasolina, la entrega de la

misma, el método de pago, el precio sugerido de venta y la

renta de las estaciones de servicio. De otro lado, la causa

de acción por violación al Art. 7 de la Ley de Monopolios se

basa en que, alegadamente, Esso mantiene un discrimen de

precios frente a compradores igualmente situados.

Por su parte, Esso solicitó la desestimación alegando,

en esencia, que esas dos causas de acción solo pueden ser

presentadas por el Departamento de Justicia. Por lo tanto,

los demandantes carecían de legitimación activa.

El Tribunal de Primera Instancia proveyó no ha lugar

a la moción de desestimación y el foro apelativo intermedio

CC-2010-1135

3

mantuvo ese dictamen al no expedir el auto solicitado, por no

estar

en

posición

Inconforme,

Esso

de

intervenir

acude

ante

en

esa

etapa

nos.

Por

su

procesal.

parte,

los

demandantes, cuyos planteamientos quedaron excluidos de la

Opinión del Tribunal, argumentan que son conscientes de que

existen

una

serie

de

remedios

en

los

estatutos

antes

mencionados que le han sido encomendados al Departamento de

Justicia.

En

específico,

aducen

que

los

injunctions

preliminares y permanentes reconocidos en dichas leyes para

paralizar actuaciones prohibidas son competencia exclusiva

del Secretario de Justicia y es este quien tiene legitimación

activa

para

procurarlos.

Sin

embargo,

los

demandantes

no

buscan interferir con esos remedios. Su única súplica es que

se les permita demostrar que Esso les causó daños al violar

los preceptos de ambas leyes por incurrir en prácticas de

vinculación operacional y discrimen de precios. Inclusive,

aunque

lo

solicitaron

originalmente

en

su

demanda,

los

demandantes sostienen ante nos que no reclaman el beneficio

de

triple

daño,

reconocido

en

los

estatutos

antimonopolísticos de Estados Unidos y Puerto Rico. De nuevo,

solo quieren que se les permita demostrar cómo, al incurrir

en las prácticas prohibidas por los referidos estatutos, se

les

causó

daños

que,

en

algunos

casos,

resultaron

en

la

quiebra de negocios familiares.

II.

A. Estatutos antimonopolísticos

La Ley de Gasolina, supra, tiene como propósito combatir

el control de los abastos de productos energéticos y eliminar

CC-2010-1135

las

ventajas

4

competitivas

existentes

en

el

mercado

de

gasolina. Por ello, nuestra Asamblea Legislativa procuró la

uniformidad competitiva e implantó prohibiciones a prácticas

discriminatorias y de control de precios. Unos meses más

tarde, se aprobó la Ley Núm. 73 del 23 de junio de 1978, 23

L.P.R.A. secs. 1131, et seq., (Ley 73), con el propósito de

declarar la industria de la gasolina -en todas sus facetascomo una revestida de interés público.

A

su

vez,

la

prohibiciones

Ley

sobre

73,

supra,

acuerdos

implantó

de

una

serie

de

arrendamiento

y

subarrendamiento y otro tipo de vinculación entre mayoristas

y detallistas. Además, estableció que los mayoristas están

obligados

a

presentar

ante

la

Oficina

de

Asuntos

Monopolísticos (O.A.M.) del Departamento de Justicia copia de

todos sus contratos con los detallistas. Asimismo, la Ley 73,

supra,

dispuso

que

reconocía

la

existencia

de

la

Ley

de

Monopolios, supra, y que nada de lo dispuesto en la primera

contravendría

la

segunda.

Esto

es,

que

la

Asamblea

Legislativa era consciente de la Ley de Monopolios, supra, y

de su operación.

A

tono

con

lo

anterior,

el

Art.

4A

de

la

Ley

Gasolina, 23 L.P.R.A. sec. 1104a, dispone que:

Ningún…

distribuidor-mayorista

podrá,

mediante

convenio…

operar

directamente

una

estación de servicio de venta al detal de

gasolina

de

forma

que

impida

su

completa

desvinculación operacional. Ningún… distribuidormayorista podrá, mediante convenio… imponer,

requerir, fijar o limitar directamente el margen

de ganancia y/o el precio de venta al detal de la

gasolina… en la estación de servicio de venta al

detal.

de

CC-2010-1135

Asimismo,

5

el

Art.

8

de

la

Ley

de

Gasolina,

23

L.P.R.A. sec. 1108, dispone que: “Cualquier violación a las

secs. 1102, 1102a, 1104, 1104a, 1105 y 1105a, de este título

constituirá una práctica o acto injusto o engañoso y estará

sujeto a las disposiciones de las secs. 257, et seq., del

Título 10.” (Énfasis suplido). Esto último sobre las secs.

257,

et

seq.,

del

Título

10

se

refiere

a

la

Ley

de

Monopolios.

De otra parte, la Oficina de Asuntos Monopolísticos

del Departamento de Justicia tiene a su haber una serie de

remedios y facultades para fiscalizar el cumplimiento con Ley

de Monopolios, supra. Cabe resaltar que todas las secciones

de

esa

ley

referencia,

a

las

que

disponen

la

Opinión

que

la

de

O.A.M.

este

Tribunal

“podrá”

hace

realizar

determinados actos.

Por su parte, el Art. 7 de la Ley de Monopolios

dispone, en lo pertinente, que:

Será ilegal el que cualquier persona, directa o

indirectamente,

discrimine

en

precio

entre

distintos compradores de cosas objeto de comercio

del mismo grado y calidad, cuando dichas cosas

sean vendidas para uso, consumo o reventa en

Puerto Rico, y cuando el efecto de tal discrimen

pueda ser el de reducir sustancialmente la

competencia o tender a crear un monopolio en

cualquier línea de comercio en Puerto Rico o

afectar, destruir o evitar la competencia con

cualquier persona que hubiese concedido o a

sabiendas hubiese recibido el beneficio de tal

discriminación, o con cualquier cliente de uno de

éstos. 10 L.P.R.A. sec. 263.

Por último, el Art. 12 de la Ley de Monopolios,

preceptúa que:

Cualquier persona que sea perjudicada en

sus negocios o propiedades por otra persona, por

razón de actos o intentos de actos, prohibidos o

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6

declarados ilegales por las disposiciones de este

capítulo, salvo las de las Secs. 259 y 261 de este

título pueden demandar a causa de dichos actos

ante el Tribunal de Primera Instancia y tendrá

derecho a recobrar tres (3) veces el importe de

los daños y perjuicios que haya sufrido, más las

costas del procedimiento y una suma razonable para

honorarios de abogado. 10 L.P.R.A. sec. 268.

(Énfasis suplido).

Como este último artículo excluye las acciones bajo

la Sec. 259, este Foro hoy concluye que no será cualquier

persona la que pueda presentar esa acción, sino que será la

O.A.M. la única legitimada bajo esa sección de la Ley de

Monopolios, supra. Por ello, ordena la desestimación de las

causas de acción bajo la Ley de Gasolina, supra, y la Ley de

Monopolios, supra, aunque permite que el caso continúe sobre

las alegaciones de daños bajo el Art. 1802 del Código Civil,

supra.

Como veremos más adelante, ese análisis es contrario

a lo expresado en Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.,

137 D.P.R. 497 (1994). Allí, establecimos el origen y los

propósitos abarcadores del Art. 2 de la Ley de Monopolios, 10

L.P.R.A.

sec.

258.

Este

busca

evitar

cualquier

acto,

contrato, o conspiración para restringir irrazonablemente los

negocios o el comercio en Puerto Rico. Para ello, nuestra

Asamblea Legislativa adoptó el mismo texto de la Sec. 1 del

Sherman Act, 15 U.S.C. 1. Véase: Pressure Vessels, supra;

Northern Pac. R. Co. v. United States, 356 U.S. 1, 4 (1958).

Además, establecimos que tanto el texto de nuestro

artículo como la doctrina federal coinciden en que hay tres

requisitos que se tienen que establecer para demostrar una

infracción

a

esta

disposición:

(1)

deberá

existir

algún

CC-2010-1135

7

contrato,

combinación

entidades,

(2)

el

o

conspiración

cual

restringe

entre

dos

o

más

irrazonablemente

los

negocios o el comercio (3) en Puerto Rico. Pressure Vessels,

supra, pág. 509. Finalmente, en el referido caso, resolvimos

que

un

demandante

irrazonabilidad

de

puede

traer

prueba

unos

contratos

a

la

para

demostrar

luz

de

su

la

efecto

sustancialmente adverso sobre la libre competencia, ello como

vehículo para probar que, “como consecuencia de la infracción

de la ley, el demandante haya sufrido un daño”. Íd. pág. 520.

B. Concesión de poder de reglamentación

El 23 de junio de 1978, la Asamblea Legislativa aprobó

dos leyes que nos atañen frente a la actual controversia. La

primera

es

la

Ley

Núm.

72,

que

tuvo

el

propósito

de

adicionar, al Art. 3 de la Ley de Monopolios, supra, una

disposición

“a

fin

de

autorizar

a

la

Oficina

de

Asuntos

Monopolísticos a radicar y tramitar querellas por violaciones

a

este

artículo

Consumidor”,

en

“autorizar

el

Departamento

a

dicho

de

Departamento

Asuntos

a

del

resolver

dichas querellas e imponer las sanciones aquí dispuestas” y

“establecer el trámite procesal para la revisión judicial de

dichas querellas”. Véase: Ley Núm. 72 de 23 de junio de 1978,

1978 Leyes de Puerto Rico, págs. 256-257. La exposición de

motivos de esa Ley establece claramente que lo que se quiso

fue “proveer un foro adicional a los existentes donde puedan

ventilarse los actos o métodos injustos en los negocios y el

comercio”. Íd., pág. 257. (Énfasis suplido.)

Por su parte, la segunda ley aprobada, la Ley Núm. 73 de

23 de junio de 1978, supra, se estableció con el propósito de

CC-2010-1135

8

“autorizar al Departamento de Justicia, de Comercio y de

Asuntos

del

Consumidor,

a

la

Junta

de

Planificación,

la

Administración de Reglamentos y Permisos y, a la Comisión de

Servicio

Público

a

adoptar

e

implantar

la

reglamentación

necesaria para poner en efectos los propósitos y objetivos de

esta ley”. Ley Núm. 73 de 23 de junio de 1978, 1978 Leyes de

Puerto Rico, pág. 259. La exposición de motivos de esta ley

dispone que es “necesaria la intervención gubernamental en su

ejercicio

del

Poder

de

Razón

de

Estado

para

evitar

la

dislocación en la integridad, funcionalidad y competencia que

debe prevalecer en el mercado de la gasolina en Puerto Rico,

industria vital a los mejores intereses de la ciudadanía y a

la dinámica económica del país”. Íd. pág. 260. Más adelante,

esa misma ley proscribe en su Art. 5 que “nada de lo aquí

dispuesto

o

promulgado

por

reglamento

o

de

otra

forma,

conforme a las disposiciones de esta ley, será interpretado

como

que

exceptúa

de

o

confiere

inmunidad

en

cuanto

al

aplicación de las disposiciones de la Ley Núm. 77 de 25 de

junio de 1964, según enmendada”. Íd. Pág. 264.

Así las cosas, la Asamblea Legislativa quiso adicionar

un

remedio

administrativo

con

el

propósito

de

allegar

herramientas a la lucha antimonopolística. No obstante, nada

de

lo

aquí

dispuesto

sobre

las

facultades

y

el

trámite

administrativo tuvo el propósito de eliminar los remedios

reconocidos

por

la

Ley

de

Monopolios,

supra,

como

bien

dispuso el Art. 5 de la Ley Núm. 73, supra.

Esa acción legislativa es totalmente consistente con la

enmienda de 1970 a la Ley de Monopolios, supra. Mediante la

CC-2010-1135

9

Ley Núm. 67 de 30 de mayo de 1970, se realizó una enmienda al

Art. 3 de la Ley de Monopolios, supra, que dispone que “sin

menoscabo

de

la

facultad

de

recurrir

a

los

remedios

autorizados en el Artículo 13 [que versa sobre los remedios

de

injunction],

la

Oficina

de

Asuntos

Monopolísticos,

mediante reglas y reglamentos promulgados… podrá proscribir

actos o prácticas específicas…”. Ley Núm. 67 de 30 de mayo de

1970, 1970 Leyes de Puerto Rico, pág. 185.

Por ello, el Art. 3 de la Ley de Monopolios, supra,

según

enmendado,

simplemente

reconoce

la

facultad

administrativa de reglamentar prácticas ilícitas y provee un

foro ante el Departamento de Asuntos del Consumidor para

examinar violaciones a los estatutos aquí discutidos.

III.

Por los fundamentos que anteceden, disentimos del

resultado de la Opinión Mayoritaria. Somos del criterio que

nada

en

los

estatutos

que

hemos

discutido

impide

la

legitimación activa de los demandantes y que, a pesar de que

bajo el Art. 12 de la Ley de Monopolios, supra, se excluye el

Art. 3, la acción de los demandantes en nada contraviene la

delegación

legislativa

de

poder

para

reglamentar,

que

se

concede en ese Art. 3. En síntesis, se les debe permitir a

los demandantes probar un caso de daños por violaciones a las

disposiciones específicas de los estatutos aquí discutidos.

Veamos.

La

Ley

de

Gasolina,

supra,

fue

adoptada

con

posterioridad a la aprobación de la Ley de Monopolios, supra.

Asimismo, la primera expresa que la Asamblea Legislativa fue

CC-2010-1135

10

consciente de las disposiciones de la segunda, al momento de

aprobarla.

La

Ley

de

Gasolina

expresa

en

su

Art.

8

que

cualquier violación a varios de sus artículos, incluyendo el

Art. 4A, “constituirá una práctica o acto injusto a (sic)

engañoso y estará sujeto a las disposiciones de las secs.

257, et seq. del Título 10”. 23 L.P.R.A. sec. 1108.

Cuando acudimos a las secs. 257 y siguientes del

Título 10, es decir, la Ley de Monopolios, encontramos que el

Art. 12 reconoce una causa de acción a: “cualquier persona

que sea perjudicada en sus negocios o propiedades por otra

persona, por razón de actos, o intentos de actos, prohibidos

o declarados ilegales por las disposiciones de este capítulo,

salvo las de las secs. 259 y 261…” 10 L.P.R.A. sec. 268.

Cónsono

con

los

propósitos

legislativos

de

nuestros

estatutos y de los estatutos federales en que se basa la

legislación

local,

esa

causa

de

acción,

es

totalmente

independiente del poder legislativo de reglamentar que se le

confirió a las agencias administrativas mediante el Art. 3 de

la Ley de Monopolios, 10 L.P.R.A. sec. 259.

Esto

es

importante

porque,

según

la

Opinión

del

Tribunal, las prácticas violatorias del Art. 8 de la Ley de

Gasolina, supra, sólo estarían sujetas a la acción bajo el

Art. 3 de la Ley de Monopolios, que dispone que “los métodos

injustos

de

competencia,

así

como

las

prácticas

o

actos

injustos o engañosos en los negocios o el comercio, por la

presente se declaran ilegales”. 10 L.P.R.A. sec. 259. Es

decir, que porque el Art. 8 de la Ley de Gasolina declara

“actos injustos y engañosos” lo prohibido en dicha ley y que,

CC-2010-1135

11

como el Art. 3 de la Ley de Monopolios es el que prohíbe los

“actos injustos y engañosos” y, éste, a su vez, está excluido

del Art. 12 de la Ley de Monopolios que reconoce la acción de

triple daño, entonces los demandantes no tienen disponible

esa causa de acción por violaciones a la Ley de Gasolina,

supra.

Esa

interpretación

textualista

-que

propone

el

peticionario y que adopta completamente este Tribunal- es

totalmente contraria a los propósitos de ambas leyes. Además,

los artículos bajo los cuales reclaman los demandantes no

deben interpretarse como los únicos artículos de esas leyes

que permiten una acción en daños. Si bien esa interpretación

que

hace

la

Opinión

de

este

Tribunal

permite

que

los

demandantes continúen con su causa de acción en daños bajo el

Art.

1802

del

preguntarnos:

demandantes

Código

Civil

¿qué

alegaciones

para

demostrar

prácticas

prohibidas

causaron

los

daños

por

que

de

Puerto

que

parte

buscan

supra,

cabe

podrán

presentar

los

fue

realización

de

del

Rico,

la

demandado

indemnizar,

la

que

le

se

le

han

si

desestimado las causas de acción bajo la Ley de Monopolios y

la Ley de Gasolina?

Somos

del

interpretación

criterio

distinta.

que

se

pudo

Máxime

ante

el

llegar

hecho

de

a

una

que

la

propia Opinión del Tribunal reconoce el origen directo de

nuestros

estatutos

antimonopolísticos

de

sus

análogos

federales.

En los Estados Unidos, los “private actions” juegan un

rol

crítico

en

el

régimen

antimonopolístico.

J.

Von

CC-2010-1135

12

Kalinowski, Antitrust Law and Trade Regulation, Sec. 160.01,

2d. ed., Vol. 8 pág. 160-2 (supl. 2011). “In enacting the

antitrust laws, the U.S. Congress was convinced that private

antitrust

litigation

is

one

of

the

surest

weapons

for

effective antitrust enforcement and that private suits are an

important

element

of

the

Nation´s

antitrust

enforcement

scheme… The Supreme Court has labeled the private action as a

vital means of enforcing the antitrust policy of the United

States and as an important weapon of antitrust enforcement.”

Íd. (Citas omitidas). (Énfasis suplido).

Por ello, nuestra interpretación es que la alegada

acción ilícita de los demandados podría estar prohibida por

la Ley de Monopolios, supra, y los demandantes así podrían

demostrarlo conforme a nuestra Opinión en Pressure Vessels,

supra, que, en esencia, le permite a un participante del

mercado reclamar daños por una actuación prohibida bajo el

estatuto antimonopolístico.

De

hecho,

en

la

legislación

federal,

el

remedio

de

triple daño está disponible bajo la Sec. 4 del Clayton Act.

El texto de esa sección es sumamente sencillo y simplemente

reconoce una causa de acción a cualquier persona afectada por

razón

de

cualquier

acto

prohibido

bajo

una

ley

antimonopolística. 15 USC sec. 15. Para obtener ese remedio,

el demandante sólo tiene que probar que el daño fue causado

por

razón

de

una

actuación

antimonopolística.

Kalinowski, op. cit. sec. 161.02, pág. 161-9.

J.

Von

(“Thus, in

antitrust cases, it is not sufficient simply to demonstrate

an injury, even injury directly caused by the defendant. The

CC-2010-1135

13

injury will not be considered antitrust injury unless it was

caused

by

reason

of

a

violation

of

the

antitrust

laws.”)(Citas omitidas.) Esto demuestra que el Congreso quiso

permitirles a los participantes del mercado presentar una

acción de daños por el mero hecho de otro haber realizado una

práctica antimonopolística.

Por

lo

tanto,

habríamos

concluido

recurridos

podía

presentada

por

los

decisión,

este

Tribunal

deja

en

que

la

continuar.

suspenso

un

demanda

Con

su

importante

elemento de la lucha antimonopolística, en particular sobre

el negocio de distribución de combustibles en Puerto Rico.

Basta mirar a décadas pasadas para recordar las prácticas

indeseables

que

sufrimos

en

el

País

durante

la

crisis

petrolera de los años 1970´s. Hoy, de espaldas a la política

pública de los Estados Unidos, a base de la cual formulamos

nuestros estatutos sobre esta materia, este Tribunal ata las

manos y cierra las puertas de la justicia a quienes alegan

haber

sufrido

un

daño

que

ahora

será

más

difícil

de

demostrar.

De la normativa federal antes descrita es evidente que,

desde principios del siglo pasado, el ordenamiento dispuso

que los competidores jugarían un rol central en la lucha

contra

el

control

ilícito

de

los

mercados,

mediante

la

presentación de acciones para recuperar el daño causado por

acciones monopolísticas. No vemos por qué los participantes

del mercado de gasolina puertorriqueño no puedan hacer lo

mismo, cuando nuestra legislación también tiene el propósito

CC-2010-1135

14

de apoderar a los afectados con legitimación para reclamar

remedios por prácticas injustas.

IV.

A modo de epílogo, la decisión de este Tribunal se emite

en los momentos en que está entredicho la capacidad de la

Oficina

de

Asuntos

Monopolísticos

para

adelantar

los

propósitos legislativos. De la propia información publicada

por el Departamento de Justicia sobre su presupuesto para el

año fiscal en curso surge que, desde el año 2009, dicha

Oficina ha perdido casi de un cuarenta por ciento de su

personal, apenas cuenta con cuatro abogados en la actualidad,

y, durante el mismo periodo, se le ha recortado sobre un

quince por ciento de su presupuesto. Véase: Departamento de

Justica, Presupuesto Aprobado para el año 2012, disponible

en: http://www.pr.gov/presupuesto/aprobado_2012/justicia.htm.

En

suma,

habríamos

permitido

que

el

litigio

continuara en sus méritos en vez de resolverlo sumariamente,

sin

permitirle

al

demandante

establecer

su

caso.

La

desestimación de acciones privadas contra el control ilícito

de los mercados en nuestra jurisdicción es contraria tanto a

la intención como al espíritu de la Ley de Monopolios y la

Ley de Gasolina y priva a los detallistas de gasolina un

instrumento muy importante para vindicar sus derechos ante

prácticas injustas de los mayoristas.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente