LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Vázquez Alejandro v. Superintendente del Centro de Detención de Bayamón

2011 TSPR 186

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Vázquez Alejandro v. Superintendente del Centro de Detención de Bayamón

CC-2011-834

Resolución del Tribunal

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor

R.

Vázquez Alejandro

Peticionario

Certiorari

v.

2011 TSPR 186

Superintendente del Centro de Detención

de Bayamón

183 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC

- 2011 - 834

Fecha: 9 de diciembre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Guayama, Panel XI

Panel integrado por su presidente el Juez Cabán García, la Jueza

Medina Monteserín y la Jueza Cintrón Cintrón

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Zinia I. Acevedo Sánchez

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Liza M. Durán Ortiz

Procuradora General Auxiliar

Materia:

Habeas Corpus

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está

sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor R. Vázquez Alejandro

Peticionario

Certiorari

v.

CC-2011-834

Superintendente del Centro de

Detención de Bayamón

Recurrido

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.

A la solicitud de reconsideración presentada

por el peticionario Héctor R. Vázquez Alejandro, se

provee no ha lugar.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Martínez Torres emitió un voto de conformidad

al que se unen la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco y los Jueces Asociados señor Kolthoff

Caraballo, señor Rivera García y señor Feliberti

Cintrón. El Juez Presidente señor Hernández Denton

emitió un voto particular disidente al que se unen

las Juezas Asociadas señora Fiol Matta y señora

Rodríguez Rodríguez.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Vázquez Alejandro

Peticionario

v.

CC-2011-834

Superintendente del Centro de

Detención de Bayamón 705

Recurrido

Voto de Conformidad emitido por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES, al cual se unen la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO, el

Juez Asociado señor KOLTHOFF CARABALLO, el Juez Asociado señor

RIVERA GARCÍA y el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.

En Pueblo v. Camacho Delgado, 175 D.P.R. 1 (2008),

resolvimos

que

cuando

se

desestima

una

acusación

por

delito grave, debido al incumplimiento de los términos

dispuestos

en

la

Regla

64(n)(5)

de

Procedimiento

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, si el Ministerio Público

quiere reanudar el procesamiento del individuo afectado

tiene

que

presentar

una

denuncia

nueva

y

comenzar

el

proceso desde el inicio. Revocamos la norma dispuesta en

Pueblo v. Ortiz Díaz, 95 D.P.R. 244 (1967), que hasta

entonces le permitía al fiscal proseguir el caso en la

etapa previa a la desestimación, sin tener que presentar

una

denuncia

nueva.

Nos

basamos

en

que

“la

norma

CC-2011-834

2

establecida en Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, no se ajusta a

las necesidades de la sociedad donde vivimos actualmente

ni responde a una concepción correcta de la intención de

las Reglas de Procedimiento Criminal en esta materia...”.

Íd., págs. 19-20.

La

norma

que

ahora

nos

propone

el

señor

Juez

Presidente en su voto disidente adolece del mismo defecto.

En primer lugar, tenemos el deber de hacer cumplir las

garantías constitucionales que protegen a todo acusado.

Nuestro Pueblo no espera menos. De igual modo, nuestro

Pueblo tampoco espera que ante la necesidad de la sociedad

donde vivimos actualmente de que se haga cumplir la ley, y

se

procese

invente

y

encarcele

derechos

facilidad

a

al

delincuente,

que

no

existen

y

aquellos

que

insisten

este

excarcele

en

Tribunal

con

robarnos

suma

nuestra

tranquilidad y asesinar nuestro futuro.

En segundo lugar, la propuesta del peticionario, que

hoy

recoge

concepción

el

señor

incorrecta

Procedimiento

Criminal.

Juez

del

Presidente,

esquema

Señalamos

en

de

parte

las

Pueblo

de

una

Reglas

de

v.

Camacho

Delgado, supra, que a partir de lo resuelto en Pueblo v.

Carrión, 159 D.P.R. 633 (2003),

el Tribunal descartó el argumento de Carrión, en

cuanto a que la primera desestimación era

solamente

un

incidente

procesal

que

no

interrumpe

el

carácter

continuado

del

procedimiento criminal. En cambio, el Tribunal

expresó que la desestimación de una causa tiene

que entenderse como un evento que da por

terminada

la

acción

presentada

ante

los

tribunales por el Ministerio Público. [Énfasis

en el original.]

CC-2011-834

3

Pueblo v. Camacho Delgado, supra, págs. 13-14.

Así

pues,

está

resuelto

que

el

esquema

procesal

vigente es que la desestimación termina el encausamiento

del acusado. Si el Ministerio Público presenta una nueva

denuncia por delito grave, basada en los mismos hechos,

inaugura un proceso penal nuevo y distinto. Nace entonces

un nuevo término de seis meses de encarcelamiento si no se

presta una fianza, dispuesto en el Art. II, Sec. 11 de la

Constitución, L.P.R.A., Tomo 1.

El proceso no es nuevo para unas cosas y para otras

no.

Esa

distinción

no

está

en

la

Constitución

y

es

contraria a las reglas procesales. Se basa en una premisa

incorrecta: evitar abrir las puertas al Ministerio Público

para

burlar

la

protección

constitucional

detenciones

preventivas

en

exceso

celebrarse

juicio,

y

encarcelar

conclusión

es

contraria

contra

las

meses

sin

“indefinidamente”

al

a

de

de

seis

ciudadano.

Esa

Procedimiento

Criminal,

34

L.P.R.A.

permite

iniciación

de

otro

“la

la

Ap.

proceso

Regla

II.

por

67

Esta

regla

el

mismo

delito” después de la desestimación de un cargo por delito

grave. Íd. No permite la iniciación de procesos múltiples.

Por lo tanto, la detención preventiva finalizaría con el

transcurso de los seis meses y de ninguna manera podría

ser “indefinida”.

Ese

es

el

esquema

procesal

vigente.

El

Ministerio

Público puede proceder conforme a lo que la Regla 67 le

CC-2011-834

4

permite y este Tribunal no tiene la facultad de negarse a

reconocer esa realidad legislada.

De

igual

modo,

como

bien

señala

el

señor

Juez

Presidente, el sistema judicial debe asegurarse de que los

casos

se

atiendan

con

la

diligencia

y

eficiencia

que

ameritan. Es deber de todos nosotros, los jueces en todos

los

niveles,

cada

caso

asegurarnos

y

de

rechazar

dar

seguimiento

posposiciones

adecuado

múltiples

a

e

injustificadas, de manera que los casos penales se vean

dentro de los términos pautados por las reglas. Por eso,

es imperativo que en todo proceso penal, el juez tome las

medidas necesarias para que el juicio comience antes de

que venza el plazo de seis meses dispuesto en el Art. II,

Sec.

11

de

frustre

la

la

Constitución,

detención

supra.

preventiva

Así

que

el

evita

tribunal

que

se

ordenó

cuando el acusado no prestó la fianza que se le fijó.

Cumplir con esto es de interés tanto para el acusado como

para toda la sociedad. La retórica de la lucha de clases

no

va

a

preventiva

resolver

no

es

nada.

El

castigar

propósito

al

pobre.

de

la

detención

Lo

que

busca

es

proteger la seguridad pública al propiciar que los casos

se atiendan sin demora. La seguridad pública es un interés

básico

para

el

cual

se

organizó

un

gobierno

en

la

Constitución y merece tanta protección como el derecho de

todo

acusado

a

quedar

libre

cuando

esa

detención

preventiva por el delito imputado exceda de seis meses.

En los momentos de alta criminalidad que vive Puerto

Rico nuestro Pueblo reclama que atendamos sus necesidades

CC-2011-834

de

5

seguridad

sin

menoscabar

las

garantías

que

la

Constitución confiere a los individuos. Por consiguiente,

despojado de todo adorno, cualquier intento de inventar

derechos que no existen para luego lamentar su falta de

protección no es más que una manera de obviar la política

pública que permea las reglas procesales y las garantías

constitucionales

mismas.

Tanto

el

acusado

como

el

gran

número de nuestros habitantes que a diario son víctimas

del

crimen

exigen

y

merecen

la

protección

de

este

Tribunal. “Hacer lo contrario, en total abstracción de la

realidad

cotidiana

„convertiría

la

del

factura

Puerto

más

Rico

ancha

en

del

Siglo

XXI,

la

factura

más

costosa jamás pagada por el Pueblo de Puerto Rico”. Pueblo

v. Costas Elena, Rusell, McMillan, res. el 31 de marzo de

2011, 2011 T.S.P.R. 49, 2011 J.T.S. 54, págs. 1145-1146,

181 D.P.R. ___, ___ (2011), Opinión de conformidad del

Juez Asociado señor Martínez Torres, a la que se unieron

los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo y Rivera

García, citando la Opinión concurrente del Juez Asociado

señor Negrón García en RDT Const. Corp. v. Contralor I,

141 D.P.R. 424, 469 (1996).

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Vázquez Alejandro

Peticionario

v.

CC-2011-834

Superintendente del Centro

de Detención de Bayamón 705

Recurrido

Voto Particular Disidente emitido por el Juez Presidente señor

Hernández Denton al cual se unen la Jueza Asociada señora Fiol

Matta y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.

San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.

Por entender que una mayoría de este Tribunal ha

desaprovechado

una

oportunidad

para

considerar

una

controversia importante que tenemos por primera vez

ante nos, disentimos. El presente caso nos hubiera

permitido resolver cuál es el alcance de la cláusula

contra la detención preventiva en exceso de seis meses

dispuesta en la Sec. 11 del Art. II de la Constitución

de

Puerto

Rico.

Art.

II

Sec.

11

Const.

E.L.A.,

L.P.R.A., Tomo 1.

I.

La

Sociedad

representación

del

para

Sr.

Asistencia

Héctor

Vázquez

Legal,

en

Alejandro,

comparece ante nos y solicita que reconsideremos la

CC-2011-834

2

negativa de una mayoría de este Tribunal a excarcelarlo

inmediatamente. Los hechos que dan origen al recurso ante

nuestra consideración son claros y sencillos.

El señor Vázquez Alejandro fue detenido y encarcelado

el 24 de marzo de 2011, por supuestas violaciones al Art.

106 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4734, así

como infracciones a la Ley de Sustancias Controladas, 21

L.P.R.A. sec. 2101, et seq., y la Ley de Armas, Ley Núm.

404

de

11

L.P.R.A.

de

septiembre

sec.

455,

et

de

2000,

seq.

La

según

Vista

enmendada,

Preliminar

25

fue

suspendida tres veces. Por ello, el 10 de mayo de 2011, el

Tribunal

de

violación

a

Primera

los

Instancia

términos

archivó

de

la

rápido

causa

por

enjuiciamiento

dispuestos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal. 34

L.P.R.A.

Ap.

II

R.64(n).

Ese

mismo

día,

el

Ministerio

Público sometió nuevamente los cargos contra el acusado,

quien,

por

ser

indigente,

no

pudo

prestar

la

fianza

impuesta y permaneció encarcelado. Finalmente, se encontró

causa

probable

para

acusarle

por

asesinato

atenuado

e

infracciones a la Ley de Sustancias Controladas, supra, y

la Ley de Armas, supra.

Así las cosas, el 26 de septiembre de 2011, la defensa

presentó una petición de habeas corpus. En esencia, la

defensa

plantea

Constitución

de

que

la

Sec.

11

del

Puerto

Rico,

supra,

Art.

dispone

II

de

la

que

“la

detención preventiva antes de juicio no excederá de seis

meses”. Íd. Por ello, al no habérsele celebrado juicio, el

acusado

ya

había

cumplido

el

máximo

constitucional

de

CC-2011-834

3

tiempo en prisión y debía ser excarcelado. El Tribunal de

Primera Instancia declaró sin lugar dicha petición, por

entender

que,

aunque

se

trataba

de

los

mismos

hechos

alegadamente delictivos, las nuevas denuncias presentadas

contra el señor Vázquez Alejandro constituyeron un nuevo

procedimiento judicial que dio comienzo a un nuevo término

de detención preventiva de seis meses y a un nuevo término

de

seis

meses

para

iniciar

el

juicio.

El

Tribunal

de

Apelaciones confirmó al foro primario.

Inconforme, el señor Vázquez Alejandro acudió ante nos

mediante

petición

embargo,

una

de

mayoría

certiorari

y

de

Tribunal

este

habeas

corpus.

denegó

Sin

ambas

solicitudes. De esa manera, se favoreció el proceder de los

foros

inferiores.

En

aquella

ocasión,

hicimos

constar

nuestro desacuerdo y expresamos que le concederíamos un

término de diez (10) días al Ministerio Público para que se

expresara sobre el recurso presentado, en vista de que

presenta

una

controversia

nueva

e

importante

el

señor

de

rango

constitucional.

Todavía

insatisfecho,

Vázquez

Alejandro

acude otra vez ante nos y solicita que reconsideremos esa

denegatoria.

II.

Recientemente,

resolvimos

que

la

presentación

de

nuevas acusaciones que permite la Regla 67 de Procedimiento

Criminal,

34

desestimación

L.P.R.A.

por

Ap.

II

violar

los

R.

67,

luego

términos

de

de

una

rápido

enjuiciamiento, constituye un nuevo proceso criminal desde

CC-2011-834

4

la determinación de causa probable para arresto. Véase:

Pueblo

v.

obstante,

Camacho

dicha

Delgado,

expresión

se

175

D.P.R.

1

dio

en

contexto

el

(2008).

de

No

la

protección constitucional del derecho a juicio rápido. En

aquella

ocasión,

no

interpretamos

la

relación

entre

la

Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, y la protección

constitucional contra la detención preventiva en exceso de

seis

meses

sin

celebrarse

juicio.

Ambas

cláusulas

constitucionales están recogidas en la Sec. 11 del Art. II

de

nuestra

Carta

de

Derechos,

supra.

Sin

embargo,

son

cláusulas independientes que aparecen separadas por otras

cinco cláusulas.

III.

Considerar

Alejandro

como

la

segunda

un

nuevo

detención

proceso

del

señor

judicial

Vázquez

abriría

las

puertas al Ministerio Público para burlar la protección

constitucional contra las detenciones preventivas en exceso

de

seis

meses

sin

celebrarse

juicio.

Bastaría

dejar

transcurrir los términos de rápido enjuiciamiento, esperar

el archivo del caso y someterlo nuevamente, para poder

encarcelar

al

ciudadano

indefinidamente

sin

iniciar

el

juicio.

Esa

cláusula

constitucional

contra

la

detención

preventiva en exceso de seis meses fue diseñada con el

propósito de alentar una actuación diligente y rápida por

parte del Ministerio Público. Tan es así que, durante la

discusión de la Asamblea Constituyente, el Delegado José R.

Gelpí Bosch presentó una enmienda para reducir el término

CC-2011-834

5

de la detención a tan solo dos meses. Para una extensa

discusión

sobre

los

propósitos

de

esta

disposición

constitucional, véase: Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente de Puerto Rico, Ed. Conmemorativa, San Juan,

págs. 1593-1597 (2003). Como parte de dicha discusión, el

Delegado Gelpí Bosch explicó que era necesaria la reducción

del

plazo

de

seis

meses,

independientemente

de

que

se

tratase de una disposición distinta a la de juicio rápido,

porque si

para radicarse una acusación por un delito

cometido el actual Código de Enjuiciamiento

Criminal, que ha sido interpretado por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico diferentes veces

solamente concede 60 días, ¿por qué vamos a tener

en prisión preventiva –que es lo que hacen los

fiscales– tener en prisión preventiva a un

acusado, no formular la acusación dentro de los

60 días? Y después viene la cuestión del tiempo

para celebrarle el juicio que debe ser dentro de

120 días. Íd., pág. 1594.

Por su parte, el Delegado Arcilio Alvarado Alvarado,

quien no favoreció la enmienda para reducir el plazo a dos

meses, planteó que “[d]entro de los seis meses hay que

celebrar el juicio. Si no se celebra el juicio dentro de

los seis meses, el hombre va para la calle”. Íd. De igual

forma,

habiéndose

eliminado

la

referida

enmienda,

el

Delegado Jaime Benítez Rexach expresó que, “[e]sto lo que

quiere

decir

es

que

en

los

casos

donde

no

ha

mediado

juicio, una persona no puede estar detenida en la cárcel

por más de seis meses. Llega el día del último mes de los

seis meses y entonces lo ponen en la calle y eso no impide

que se celebre juicio; pero se le celebra juicio ahora

CC-2011-834

6

estando como si estuviera bajo fianza, sin estarlo”. Íd.,

pág. 1597.

Ante

esta

importante

Constituyente,

nos

discusión

reafirmamos

en

en

nuestra

la

Asamblea

necesidad

de

interpretar el alcance de la disposición en controversia

con el interés de salvaguardar sus propósitos.

Asimismo, hemos reiterado en el pasado que el recurso

de

habeas

corpus

está

revestido

del

más

alto

interés

público. Más allá de un rol pasivo frente a controversias

ordinarias que dependen de los elementos de juicio que las

partes someten, cuando se trata de un habeas corpus este

Tribunal tiene que responder a un interés primordial del

Estado,

pues

se

trata

de

la

libertad

de

un

individuo.

Reynolds v. Delgado, 90 D.P.R. 373 (1964). Por ello, frente

a la presente controversia constitucional, no debemos tomar

livianamente los planteamientos del acusado.

Todo

esto

cobra

mayor

importancia

a

la

luz

de

importantes pronunciamientos del Tribunal Supremo de los

Estados Unidos. Dicho foro ha establecido que el derecho a

un juicio rápido bajo la Constitución federal responde a la

importancia de “prevent undue and oppressive incarceration

prior

to

trial,

accompanying

public

to

minimize

accusation

anxiety

and

to

and

concern

limit

the

possibilities that long delay will impair the ability of an

accused to defend himself”. United States v. Ewell, 383

U.S.

116,

política

120

(1966).

pública,

constitucional

Esas

aunque

distinto,

mismas

expresadas

deben

consideraciones

de

en

un

contexto

movernos

a

analizar

CC-2011-834

7

responsablemente nuestra cláusula sobre el periodo máximo

de la detención preventiva en espera de la celebración de

un juicio. Más aún, en las presentes circunstancias, en las

que

si

este

Tribunal

concediera

validez

a

los

planteamientos del peticionario, en nada se afectaría la

continuidad del segundo proceso criminal.

Finalmente, recalcamos la importancia de que todas las

salas del Tribunal General de Justicia que atienden asuntos

criminales

sean

extremadamente

ágiles,

eficientes

y

diligentes con el manejo de sus calendarios en casos como

el de autos, de manera tal que evitemos enfrentarnos a la

presente situación. Esa rapidez que hoy recabamos, cobra

trascendencia

cuando

atendemos

casos

de

acusados

indigentes. Esto, pues la disposición contra la detención

preventiva en exceso de seis meses es la única esperanza de

salir en libertad que poseen quienes no pueden prestar la

fianza a la que tienen derecho -de rango constitucionaltodos los imputados de delito en nuestro País. No olvidemos

que la cláusula en controversia es la fianza de los pobres.

Por todo lo anterior, entendemos que es nuestro deber,

como

máximos

expresarnos

intérpretes

sobre

esta

de

delicada

nuestra

Constitución,

controversia.

Por

ello,

reconsideraríamos.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente