Tribunal Supremo de Puerto Rico
Vázquez Alejandro v. Superintendente del Centro de Detención de Bayamón
2011 TSPR 186
Poder Judicial de Puerto Rico
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Vázquez Alejandro v. Superintendente del Centro de Detención de Bayamón
CC-2011-834
Resolución del Tribunal
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor
R.
Vázquez Alejandro
Peticionario
Certiorari
v.
2011 TSPR 186
Superintendente del Centro de Detención
de Bayamón
183 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC
- 2011 - 834
Fecha: 9 de diciembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Guayama, Panel XI
Panel integrado por su presidente el Juez Cabán García, la Jueza
Medina Monteserín y la Jueza Cintrón Cintrón
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Zinia I. Acevedo Sánchez
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Liza M. Durán Ortiz
Procuradora General Auxiliar
Materia:
Habeas Corpus
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está
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de compilación y publicación oficial de las decisiones del
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor R. Vázquez Alejandro
Peticionario
Certiorari
v.
CC-2011-834
Superintendente del Centro de
Detención de Bayamón
Recurrido
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.
A la solicitud de reconsideración presentada
por el peticionario Héctor R. Vázquez Alejandro, se
provee no ha lugar.
Lo
acordó
el
Tribunal
y
certifica
la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Martínez Torres emitió un voto de conformidad
al que se unen la Jueza Asociada señora Pabón
Charneco y los Jueces Asociados señor Kolthoff
Caraballo, señor Rivera García y señor Feliberti
Cintrón. El Juez Presidente señor Hernández Denton
emitió un voto particular disidente al que se unen
las Juezas Asociadas señora Fiol Matta y señora
Rodríguez Rodríguez.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Vázquez Alejandro
Peticionario
v.
CC-2011-834
Superintendente del Centro de
Detención de Bayamón 705
Recurrido
Voto de Conformidad emitido por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES, al cual se unen la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO, el
Juez Asociado señor KOLTHOFF CARABALLO, el Juez Asociado señor
RIVERA GARCÍA y el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.
En Pueblo v. Camacho Delgado, 175 D.P.R. 1 (2008),
resolvimos
que
cuando
se
desestima
una
acusación
por
delito grave, debido al incumplimiento de los términos
dispuestos
en
la
Regla
64(n)(5)
de
Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, si el Ministerio Público
quiere reanudar el procesamiento del individuo afectado
tiene
que
presentar
una
denuncia
nueva
y
comenzar
el
proceso desde el inicio. Revocamos la norma dispuesta en
Pueblo v. Ortiz Díaz, 95 D.P.R. 244 (1967), que hasta
entonces le permitía al fiscal proseguir el caso en la
etapa previa a la desestimación, sin tener que presentar
una
denuncia
nueva.
Nos
basamos
en
que
“la
norma
CC-2011-834
2
establecida en Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, no se ajusta a
las necesidades de la sociedad donde vivimos actualmente
ni responde a una concepción correcta de la intención de
las Reglas de Procedimiento Criminal en esta materia...”.
Íd., págs. 19-20.
La
norma
que
ahora
nos
propone
el
señor
Juez
Presidente en su voto disidente adolece del mismo defecto.
En primer lugar, tenemos el deber de hacer cumplir las
garantías constitucionales que protegen a todo acusado.
Nuestro Pueblo no espera menos. De igual modo, nuestro
Pueblo tampoco espera que ante la necesidad de la sociedad
donde vivimos actualmente de que se haga cumplir la ley, y
se
procese
invente
y
encarcele
derechos
facilidad
a
al
delincuente,
que
no
existen
y
aquellos
que
insisten
este
excarcele
en
Tribunal
con
robarnos
suma
nuestra
tranquilidad y asesinar nuestro futuro.
En segundo lugar, la propuesta del peticionario, que
hoy
recoge
concepción
el
señor
incorrecta
Procedimiento
Criminal.
Juez
del
Presidente,
esquema
Señalamos
en
de
parte
las
Pueblo
de
una
Reglas
de
v.
Camacho
Delgado, supra, que a partir de lo resuelto en Pueblo v.
Carrión, 159 D.P.R. 633 (2003),
el Tribunal descartó el argumento de Carrión, en
cuanto a que la primera desestimación era
solamente
un
incidente
procesal
que
no
interrumpe
el
carácter
continuado
del
procedimiento criminal. En cambio, el Tribunal
expresó que la desestimación de una causa tiene
que entenderse como un evento que da por
terminada
la
acción
presentada
ante
los
tribunales por el Ministerio Público. [Énfasis
en el original.]
CC-2011-834
3
Pueblo v. Camacho Delgado, supra, págs. 13-14.
Así
pues,
está
resuelto
que
el
esquema
procesal
vigente es que la desestimación termina el encausamiento
del acusado. Si el Ministerio Público presenta una nueva
denuncia por delito grave, basada en los mismos hechos,
inaugura un proceso penal nuevo y distinto. Nace entonces
un nuevo término de seis meses de encarcelamiento si no se
presta una fianza, dispuesto en el Art. II, Sec. 11 de la
Constitución, L.P.R.A., Tomo 1.
El proceso no es nuevo para unas cosas y para otras
no.
Esa
distinción
no
está
en
la
Constitución
y
es
contraria a las reglas procesales. Se basa en una premisa
incorrecta: evitar abrir las puertas al Ministerio Público
para
burlar
la
protección
constitucional
detenciones
preventivas
en
exceso
celebrarse
juicio,
y
encarcelar
conclusión
es
contraria
contra
las
meses
sin
“indefinidamente”
al
a
de
de
seis
ciudadano.
Esa
Procedimiento
Criminal,
34
L.P.R.A.
permite
iniciación
de
otro
“la
la
Ap.
proceso
Regla
II.
por
67
Esta
regla
el
mismo
delito” después de la desestimación de un cargo por delito
grave. Íd. No permite la iniciación de procesos múltiples.
Por lo tanto, la detención preventiva finalizaría con el
transcurso de los seis meses y de ninguna manera podría
ser “indefinida”.
Ese
es
el
esquema
procesal
vigente.
El
Ministerio
Público puede proceder conforme a lo que la Regla 67 le
CC-2011-834
4
permite y este Tribunal no tiene la facultad de negarse a
reconocer esa realidad legislada.
De
igual
modo,
como
bien
señala
el
señor
Juez
Presidente, el sistema judicial debe asegurarse de que los
casos
se
atiendan
con
la
diligencia
y
eficiencia
que
ameritan. Es deber de todos nosotros, los jueces en todos
los
niveles,
cada
caso
asegurarnos
y
de
rechazar
dar
seguimiento
posposiciones
adecuado
múltiples
a
e
injustificadas, de manera que los casos penales se vean
dentro de los términos pautados por las reglas. Por eso,
es imperativo que en todo proceso penal, el juez tome las
medidas necesarias para que el juicio comience antes de
que venza el plazo de seis meses dispuesto en el Art. II,
Sec.
11
de
frustre
la
la
Constitución,
detención
supra.
preventiva
Así
que
el
evita
tribunal
que
se
ordenó
cuando el acusado no prestó la fianza que se le fijó.
Cumplir con esto es de interés tanto para el acusado como
para toda la sociedad. La retórica de la lucha de clases
no
va
a
preventiva
resolver
no
es
nada.
El
castigar
propósito
al
pobre.
de
la
detención
Lo
que
busca
es
proteger la seguridad pública al propiciar que los casos
se atiendan sin demora. La seguridad pública es un interés
básico
para
el
cual
se
organizó
un
gobierno
en
la
Constitución y merece tanta protección como el derecho de
todo
acusado
a
quedar
libre
cuando
esa
detención
preventiva por el delito imputado exceda de seis meses.
En los momentos de alta criminalidad que vive Puerto
Rico nuestro Pueblo reclama que atendamos sus necesidades
CC-2011-834
de
5
seguridad
sin
menoscabar
las
garantías
que
la
Constitución confiere a los individuos. Por consiguiente,
despojado de todo adorno, cualquier intento de inventar
derechos que no existen para luego lamentar su falta de
protección no es más que una manera de obviar la política
pública que permea las reglas procesales y las garantías
constitucionales
mismas.
Tanto
el
acusado
como
el
gran
número de nuestros habitantes que a diario son víctimas
del
crimen
exigen
y
merecen
la
protección
de
este
Tribunal. “Hacer lo contrario, en total abstracción de la
realidad
cotidiana
„convertiría
la
del
factura
Puerto
más
Rico
ancha
en
del
Siglo
XXI,
la
factura
más
costosa jamás pagada por el Pueblo de Puerto Rico”. Pueblo
v. Costas Elena, Rusell, McMillan, res. el 31 de marzo de
2011, 2011 T.S.P.R. 49, 2011 J.T.S. 54, págs. 1145-1146,
181 D.P.R. ___, ___ (2011), Opinión de conformidad del
Juez Asociado señor Martínez Torres, a la que se unieron
los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo y Rivera
García, citando la Opinión concurrente del Juez Asociado
señor Negrón García en RDT Const. Corp. v. Contralor I,
141 D.P.R. 424, 469 (1996).
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Vázquez Alejandro
Peticionario
v.
CC-2011-834
Superintendente del Centro
de Detención de Bayamón 705
Recurrido
Voto Particular Disidente emitido por el Juez Presidente señor
Hernández Denton al cual se unen la Jueza Asociada señora Fiol
Matta y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.
San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.
Por entender que una mayoría de este Tribunal ha
desaprovechado
una
oportunidad
para
considerar
una
controversia importante que tenemos por primera vez
ante nos, disentimos. El presente caso nos hubiera
permitido resolver cuál es el alcance de la cláusula
contra la detención preventiva en exceso de seis meses
dispuesta en la Sec. 11 del Art. II de la Constitución
de
Puerto
Rico.
Art.
II
Sec.
11
Const.
E.L.A.,
L.P.R.A., Tomo 1.
I.
La
Sociedad
representación
del
para
Sr.
Asistencia
Héctor
Vázquez
Legal,
en
Alejandro,
comparece ante nos y solicita que reconsideremos la
CC-2011-834
2
negativa de una mayoría de este Tribunal a excarcelarlo
inmediatamente. Los hechos que dan origen al recurso ante
nuestra consideración son claros y sencillos.
El señor Vázquez Alejandro fue detenido y encarcelado
el 24 de marzo de 2011, por supuestas violaciones al Art.
106 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4734, así
como infracciones a la Ley de Sustancias Controladas, 21
L.P.R.A. sec. 2101, et seq., y la Ley de Armas, Ley Núm.
404
de
11
L.P.R.A.
de
septiembre
sec.
455,
et
de
2000,
seq.
La
según
Vista
enmendada,
Preliminar
25
fue
suspendida tres veces. Por ello, el 10 de mayo de 2011, el
Tribunal
de
violación
a
Primera
los
Instancia
términos
archivó
de
la
rápido
causa
por
enjuiciamiento
dispuestos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal. 34
L.P.R.A.
Ap.
II
R.64(n).
Ese
mismo
día,
el
Ministerio
Público sometió nuevamente los cargos contra el acusado,
quien,
por
ser
indigente,
no
pudo
prestar
la
fianza
impuesta y permaneció encarcelado. Finalmente, se encontró
causa
probable
para
acusarle
por
asesinato
atenuado
e
infracciones a la Ley de Sustancias Controladas, supra, y
la Ley de Armas, supra.
Así las cosas, el 26 de septiembre de 2011, la defensa
presentó una petición de habeas corpus. En esencia, la
defensa
plantea
Constitución
de
que
la
Sec.
11
del
Puerto
Rico,
supra,
Art.
dispone
II
de
la
que
“la
detención preventiva antes de juicio no excederá de seis
meses”. Íd. Por ello, al no habérsele celebrado juicio, el
acusado
ya
había
cumplido
el
máximo
constitucional
de
CC-2011-834
3
tiempo en prisión y debía ser excarcelado. El Tribunal de
Primera Instancia declaró sin lugar dicha petición, por
entender
que,
aunque
se
trataba
de
los
mismos
hechos
alegadamente delictivos, las nuevas denuncias presentadas
contra el señor Vázquez Alejandro constituyeron un nuevo
procedimiento judicial que dio comienzo a un nuevo término
de detención preventiva de seis meses y a un nuevo término
de
seis
meses
para
iniciar
el
juicio.
El
Tribunal
de
Apelaciones confirmó al foro primario.
Inconforme, el señor Vázquez Alejandro acudió ante nos
mediante
petición
embargo,
una
de
mayoría
certiorari
y
de
Tribunal
este
habeas
corpus.
denegó
Sin
ambas
solicitudes. De esa manera, se favoreció el proceder de los
foros
inferiores.
En
aquella
ocasión,
hicimos
constar
nuestro desacuerdo y expresamos que le concederíamos un
término de diez (10) días al Ministerio Público para que se
expresara sobre el recurso presentado, en vista de que
presenta
una
controversia
nueva
e
importante
el
señor
de
rango
constitucional.
Todavía
insatisfecho,
Vázquez
Alejandro
acude otra vez ante nos y solicita que reconsideremos esa
denegatoria.
II.
Recientemente,
resolvimos
que
la
presentación
de
nuevas acusaciones que permite la Regla 67 de Procedimiento
Criminal,
34
desestimación
L.P.R.A.
por
Ap.
II
violar
los
R.
67,
luego
términos
de
de
una
rápido
enjuiciamiento, constituye un nuevo proceso criminal desde
CC-2011-834
4
la determinación de causa probable para arresto. Véase:
Pueblo
v.
obstante,
Camacho
dicha
Delgado,
expresión
se
175
D.P.R.
1
dio
en
contexto
el
(2008).
de
No
la
protección constitucional del derecho a juicio rápido. En
aquella
ocasión,
no
interpretamos
la
relación
entre
la
Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, y la protección
constitucional contra la detención preventiva en exceso de
seis
meses
sin
celebrarse
juicio.
Ambas
cláusulas
constitucionales están recogidas en la Sec. 11 del Art. II
de
nuestra
Carta
de
Derechos,
supra.
Sin
embargo,
son
cláusulas independientes que aparecen separadas por otras
cinco cláusulas.
III.
Considerar
Alejandro
como
la
segunda
un
nuevo
detención
proceso
del
señor
judicial
Vázquez
abriría
las
puertas al Ministerio Público para burlar la protección
constitucional contra las detenciones preventivas en exceso
de
seis
meses
sin
celebrarse
juicio.
Bastaría
dejar
transcurrir los términos de rápido enjuiciamiento, esperar
el archivo del caso y someterlo nuevamente, para poder
encarcelar
al
ciudadano
indefinidamente
sin
iniciar
el
juicio.
Esa
cláusula
constitucional
contra
la
detención
preventiva en exceso de seis meses fue diseñada con el
propósito de alentar una actuación diligente y rápida por
parte del Ministerio Público. Tan es así que, durante la
discusión de la Asamblea Constituyente, el Delegado José R.
Gelpí Bosch presentó una enmienda para reducir el término
CC-2011-834
5
de la detención a tan solo dos meses. Para una extensa
discusión
sobre
los
propósitos
de
esta
disposición
constitucional, véase: Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente de Puerto Rico, Ed. Conmemorativa, San Juan,
págs. 1593-1597 (2003). Como parte de dicha discusión, el
Delegado Gelpí Bosch explicó que era necesaria la reducción
del
plazo
de
seis
meses,
independientemente
de
que
se
tratase de una disposición distinta a la de juicio rápido,
porque si
para radicarse una acusación por un delito
cometido el actual Código de Enjuiciamiento
Criminal, que ha sido interpretado por el
Tribunal Supremo de Puerto Rico diferentes veces
solamente concede 60 días, ¿por qué vamos a tener
en prisión preventiva –que es lo que hacen los
fiscales– tener en prisión preventiva a un
acusado, no formular la acusación dentro de los
60 días? Y después viene la cuestión del tiempo
para celebrarle el juicio que debe ser dentro de
120 días. Íd., pág. 1594.
Por su parte, el Delegado Arcilio Alvarado Alvarado,
quien no favoreció la enmienda para reducir el plazo a dos
meses, planteó que “[d]entro de los seis meses hay que
celebrar el juicio. Si no se celebra el juicio dentro de
los seis meses, el hombre va para la calle”. Íd. De igual
forma,
habiéndose
eliminado
la
referida
enmienda,
el
Delegado Jaime Benítez Rexach expresó que, “[e]sto lo que
quiere
decir
es
que
en
los
casos
donde
no
ha
mediado
juicio, una persona no puede estar detenida en la cárcel
por más de seis meses. Llega el día del último mes de los
seis meses y entonces lo ponen en la calle y eso no impide
que se celebre juicio; pero se le celebra juicio ahora
CC-2011-834
6
estando como si estuviera bajo fianza, sin estarlo”. Íd.,
pág. 1597.
Ante
esta
importante
Constituyente,
nos
discusión
reafirmamos
en
en
nuestra
la
Asamblea
necesidad
de
interpretar el alcance de la disposición en controversia
con el interés de salvaguardar sus propósitos.
Asimismo, hemos reiterado en el pasado que el recurso
de
habeas
corpus
está
revestido
del
más
alto
interés
público. Más allá de un rol pasivo frente a controversias
ordinarias que dependen de los elementos de juicio que las
partes someten, cuando se trata de un habeas corpus este
Tribunal tiene que responder a un interés primordial del
Estado,
pues
se
trata
de
la
libertad
de
un
individuo.
Reynolds v. Delgado, 90 D.P.R. 373 (1964). Por ello, frente
a la presente controversia constitucional, no debemos tomar
livianamente los planteamientos del acusado.
Todo
esto
cobra
mayor
importancia
a
la
luz
de
importantes pronunciamientos del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos. Dicho foro ha establecido que el derecho a
un juicio rápido bajo la Constitución federal responde a la
importancia de “prevent undue and oppressive incarceration
prior
to
trial,
accompanying
public
to
minimize
accusation
anxiety
and
to
and
concern
limit
the
possibilities that long delay will impair the ability of an
accused to defend himself”. United States v. Ewell, 383
U.S.
116,
política
120
(1966).
pública,
constitucional
Esas
aunque
distinto,
mismas
expresadas
deben
consideraciones
de
en
un
contexto
movernos
a
analizar
CC-2011-834
7
responsablemente nuestra cláusula sobre el periodo máximo
de la detención preventiva en espera de la celebración de
un juicio. Más aún, en las presentes circunstancias, en las
que
si
este
Tribunal
concediera
validez
a
los
planteamientos del peticionario, en nada se afectaría la
continuidad del segundo proceso criminal.
Finalmente, recalcamos la importancia de que todas las
salas del Tribunal General de Justicia que atienden asuntos
criminales
sean
extremadamente
ágiles,
eficientes
y
diligentes con el manejo de sus calendarios en casos como
el de autos, de manera tal que evitemos enfrentarnos a la
presente situación. Esa rapidez que hoy recabamos, cobra
trascendencia
cuando
atendemos
casos
de
acusados
indigentes. Esto, pues la disposición contra la detención
preventiva en exceso de seis meses es la única esperanza de
salir en libertad que poseen quienes no pueden prestar la
fianza a la que tienen derecho -de rango constitucionaltodos los imputados de delito en nuestro País. No olvidemos
que la cláusula en controversia es la fianza de los pobres.
Por todo lo anterior, entendemos que es nuestro deber,
como
máximos
expresarnos
intérpretes
sobre
esta
de
delicada
nuestra
Constitución,
controversia.
Por
ello,
reconsideraríamos.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente