LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Fernández Rodríguez

2011 TSPR 188

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Fernández Rodríguez

CC-2009-622

Derecho Probatorio – Privilegio abogado-cliente; Derecho Constitucional – derecho a no auto-incriminarse

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2011 TSPR 188

Waldemar Fernández Rodríguez

183 DPR ____

Peticionario

Número del Caso:

CC-2009-622

Fecha: 9 de diciembre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel III

Jueza Ponente:

Hon. Zadette Bajandas Vélez

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Carlos Ramos Pantoja

Lcda. Carmen Dolores Ruiz López

Lcdo. René Muñoz del Castillo

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Zaira Z. Girón Anadón

Subprocuradora General

Materia: Art. 106 CP, Art. 5.04 LA y Art. 5.15 LA

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2009-0622

Waldemar Fernández Rodríguez

Peticionario

Opinión

García.

del

Tribunal

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

Rivera

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.

Este

examinar

recurso

la

nos

imbricación

abogado-cliente

con

confidencialidad

clientes

presenta

y

el

oportunidad

inexorable

el

que

la

todo

del

deber

abogado

derecho

privilegio

ético

le

de

debe

constitucional

de

a

sus

a

no

autoincriminarse que posee toda persona imputada de

delito.

En

específico,

debemos

resolver

si

determinada información que vincula al peticionario

con

conducta delictiva

orden

público

privilegiada

por

contrario,

su

-ofrecida

abogado-

si

inadmisible

dicha

en

a

un

constituye

evidencia;

información

agente

es

o,

del

materia

por

el

admisible

por

razón de una renuncia al privilegio y al derecho a

no incriminarse.

Veamos.

CC-2009-0622

2

I

El caso que nos ocupa tiene su génesis en un doble

asesinato ocurrido el 1 de noviembre de 2006, en el Barrio

Venezuela de Río Piedras.

Se desprende del legajo, que en

horas de la tarde de ese día Waldemar Fernández Rodríguez

acudió

al

Cuartel

General

de

la

Policía

(en

adelante,

Cuartel General) en compañía de su abogado, Lcdo. Luis

Carbone, y de su amigo, también abogado, el Lcdo. Ovidio

Zayas.

Una vez en el Cuartel General, el señor Fernández

Rodríguez,

el

licenciado

Carbone

y

el

licenciado

Zayas

fueron entrevistados por el Sargento José Curbelo Muñiz,

adscrito a la División de Homicidios.

Véase, Apéndice de

certiorari, pág. 15.

A

preguntas

del

sargento

Curbelo

el

licenciado

Carbone expresó que en ese momento su cliente no emitiría

declaración

alguna

sobre

los

posteriormente sí lo haría.

hechos,

pero

que

Consecuentemente, el sargento

Curbelo le leyó las advertencias de ley al señor Fernández

Rodríguez y éste las firmó en presencia de su abogado.

Luego,

el

señor

Fernández

Rodríguez

fue

puesto

en

una

celda bajo la custodia de otros agentes.

Acto seguido, el

sargento

y

a

solas

con

el

sobre

el

arma

con

que

Curbelo

licenciado

Carbone

se

reunió

para

aparte

indagar

alegadamente se habían cometido los asesinatos.

Véase,

Apéndice de certiorari, págs. 15-16.

A

raíz

de

la

investigación

de

los

hechos,

presentaron sendas denuncias contra el peticionario.

se

El 3

CC-2009-0622

3

de enero de 2007 se celebró la vista al amparo de la Regla

6

de

Procedimiento

peticionario

Criminal,

estuvo

34

L.P.R.A.

representado

por

Ap.

varios

II.

El

abogados,

entre ellos el licenciado Carbone. Éstos no objetaron el

testimonio en cuestión del sargento Curbelo.

Escuchada la

prueba, se determinó causa probable para arresto contra el

señor

Fernández

Rodríguez.

La

vista

señalada para el 17 de enero de 2007.

preliminar

fue

Véase, Apéndice de

certiorari, pág. 145.

Luego

de

varias

suspensiones,

la

vista

preliminar

comenzó el 25 de mayo de 2007, y se extendió por varios

meses.

Ese

día

las

partes

estipularon

la

siguiente

prueba: (1) el informe de balística; (2) la prueba de ADN;

(3) el análisis forense de la ropa incautada al señor

Fernández Rodríguez; (4) servilletas y marcas de sangre de

uno de los occisos; y (5) el registro del arma de fuego y

la

licencia

Rodríguez.

de

tiro

al

blanco

del

señor

Fernández

Véase, Apéndice de certiorari, págs. 146-147.

Posteriormente,

preliminar

los

días

Ministerio

Público

en

la

25

y

presentó

continuación

29

de

como

octubre

parte

de

la

de

2007,

el

desfile

de

del

vista

prueba siete testigos, entre los que figuró el sargento

Curbelo.

como

a

Éste declaró que el día 1 de noviembre de 2006,

las

5:00

p.m.,

escuchó

por

radio

que

hubo

una

muerte violenta en la barriada Venezuela de Río Piedras,

por lo que se personó al lugar.

Estando en la escena, fue

instruido para que acudiera al Cuartel General debido a

CC-2009-0622

4

que

allí

se

encontraba

una

persona

relacionada

hechos acaecidos acompañado de dos abogados.

a

los

El testigo

añadió que en el Cuartel General entrevistó al licenciado

Carbone y que éste le indicó que representaba al señor

Fernández

Rodríguez.

Específicamente,

señaló

licenciado

Carbone

expresó

señor

le

que

el

que

el

Fernández

Rodríguez no haría declaración alguna en ese momento ya

que estaba muy nervioso y que posteriormente ofrecería una

declaración

completa

de

los

hechos

ocurridos.

Véase,

Transcripción de Vista Preliminar de 25 y 29 de octubre de

2007, págs. 6-9.

El

sargento

Curbelo

declaró,

además,

que

con

posterioridad a que el licenciado Carbone le informara que

su cliente guardaba relación con los hechos ocurridos en

la

barriada

Venezuela,

ellos

tres

(el

señor

Fernández

Rodríguez, el licenciado Carbone y él) se ubicaron en una

oficina del cuartel para hacerle las advertencias de ley

al imputado.

Así, señaló que el señor Fernández Rodríguez

leyó las advertencias de rigor y las firmó en presencia de

su

abogado.

Continuó

narrando

que

el

señor

Fernández

Rodríguez fue puesto bajo la custodia de otro agente en un

lugar distinto a la oficina donde se encontraban, por lo

que procedió a entrevistar a solas al licenciado Carbone.

Véase, Transcripción de Vista Preliminar de 25 y 29 de

octubre de 2007, págs. 46-47 y 49.

Así

las

cosas,

el

sargento

Curbelo

declaró

que

durante la entrevista el licenciado Carbone manifestó que

CC-2009-0622

5

su

cliente

estaba

siendo

desde hacía un tiempo.

extorsionado

por

los

occisos

De inmediato, el sargento Curbelo

le inquirió al licenciado Carbone sobre la localización

del arma de fuego utilizada para cometer los asesinatos, a

lo que éste contestó que estaba tirada en una jardinera de

una

casa

aledaña

al

área

de

los

hechos.

Con

esa

información, el sargento Curbelo procedió a llamar a la

agente Daliza Ortiz Claudio, quien se encontraba en la

escena del crimen.

agente,

el

Una vez estableció comunicación con la

sargento

Curbelo

le

pasó

el

teléfono

al

licenciado Carbone para que éste le explicara a la agente

Ortiz Claudio los detalles sobre la ubicación exacta del

arma.

Al

no

poder

localizar

el

cargador

ni

las

municiones, pero sí el arma de fuego, la agente Ortiz

Claudio

llamó

explicarle

lo

de

vuelta

sucedido.

al

Así,

sargento

el

Curbelo

sargento

para

Curbelo

la

comunicó nuevamente con el licenciado Carbone y éste le

indicó

a

la

municiones.

agente

dónde

estaban

el

cargador

y

las

Véase, Transcripción de Vista Preliminar de

25 y 29 de octubre de 2007, págs. 12-14.

En

reconoció

su

contrainterrogatorio,

que

la

información

naturaleza privilegiada.

el

sargento

abogado-cliente

Curbelo

es

de

De igual forma, a preguntas de

la defensa, indicó que una vez le hizo las advertencias de

ley al señor Fernández Rodríguez no le preguntó si iba a

emitir una declaración ya que el licenciado Carbone le

había dicho expresamente que su cliente no iba a hacer

CC-2009-0622

6

manifestación alguna porque se encontraba muy nervioso.

Asimismo, el testigo añadió que a su entender el señor

Fernández Rodríguez no había hecho renuncia alguna a su

privilegio

abogado-cliente,

licenciado

Carbone

a

como

que

tampoco

declarara

autorizó

por

él.

al

Véase,

Transcripción de Vista Preliminar de 29 de octubre de 2007

y 7 de mayo de 2008, págs. 47-52.

Finalmente, durante su

contrainterrogatorio, el sargento Curbelo admitió que no

le preguntó al señor Fernández Rodríguez si renunciaba a

sus

derechos

constitucionales

y

que

éste

no

había

autorizado al licenciado Carbone a divulgarle información

privilegiada.

En

Íd.

consecuencia,

solicitó

que

se

el

señor

suprimiera

el

Fernández

testimonio

Rodríguez

del

sargento

Curbelo, así como la evidencia ocupada.

En apoyo de su

petitorio,

testimonio

el

imputado

adujo

que

el

del

sargento Curbelo era inadmisible debido a que era producto

de

una

declaración

abogado,

que

privilegiada

confidencial

esta

y

que

abogado-cliente.

declaración

estaba

También

que

era

cobijada

alegó,

él

le

hizo

de

naturaleza

el

privilegio

por

que

el

arma

a

y

su

las

municiones ocupadas constituían frutos del árbol ponzoñoso

pues

su

descubrimiento

conversación privilegiada.

fue

producto

directo

de

una

Véase, Apéndice de certiorari,

pág. 146.

Luego de diversos trámites procesales, en febrero de

2008,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

emitió

una

CC-2009-0622

7

resolución

mediante

la

cual

descalificó

al

licenciado

Carbone como abogado del señor Fernández Rodríguez y lo

citó

para que compareciera

supresión de evidencia.

como testigo

a la vista de

Además, el foro primario citó

como testigo al licenciado Zayas, quien estuvo presente en

ciertas conversaciones entre el licenciado Carbone y el

imputado

Fernández

Rodríguez.

Todo

escudriñar

adecuadamente

la

testimonio

del

Curbelo.

sargento

ello

solicitud

de

Íd.

en

aras

de

supresión

del

Véase,

además,

Transcripción de Vistas de 29 de octubre 2007 y 7 de mayo

de 2008, págs. 106-108.

Así,

Primera

pues,

el

Instancia

7

de

mayo

de

celebró

una

2008

vista

el

de

Tribunal

de

supresión

de

evidencia en la que testificaron el licenciado Carbone y

el

licenciado

licenciado

Curbelo

Carbone

sobre

municiones

Zayas,

negó

la

debido

entre

otros.

haber

localización

a

que

no

En

esencia,

informado

al

del

cargador

estuvo

arma,

en

el

lugar

hechos y desconocía totalmente esta información.

el

sargento

de

y

los

Véase,

Transcripción de Vistas de 29 de octubre 2007 y 7 de mayo

de

2008,

págs.

106-108.

certiorari, pág. 146.

Véase,

además,

Apéndice

de

Por su parte, el licenciado Zayas

testificó, en lo pertinente, que el 1 de noviembre de 2006

acompañó al señor Fernández Rodríguez al Cuartel General

en calidad de amigo y no como su abogado.

de certiorari, págs. 146-147.

Véase, Apéndice

CC-2009-0622

8

Culminada la vista de supresión de evidencia, el 9 de

mayo de 2008 el Tribunal de Primera Instancia dictó dos

resoluciones.

En la primera de ellas, el foro primario

declaró no ha lugar la moción de supresión de evidencia

presentada

por

el

señor

Fernández

Rodríguez.

En

el

referido dictamen, el tribunal de instancia señaló que no

le

confirió

credibilidad

al

testimonio

del

licenciado

Carbone ni al del licenciado Zayas porque habían omitido

hechos

importantes

declaraciones.

y

fueron

inconsistentes

sus

Véase, Apéndice de certiorari, pág. 147.

Cónsono con lo anterior, el tribunal primario sostuvo

que no se había violado el privilegio abogado-cliente del

señor

Fernández

intención

Rodríguez.

siempre

Ello,

fue

acudir

esos

efectos,

entregarse.

A

Rodríguez

compareció

al

acompañado

debido

Cuartel

añadió

que

General

que

su

para

Fernández

y

asesorado

por

su

se

presentó

con

la

abogado,

el

licenciado

Carbone;

intención

de

hacer

declaraciones

unas

a

sobre

un

doble

asesinato que había ocurrido esa misma tarde; y estuvo

presente

cuando

comparecencia.

su

abogado

divulgó

la

razón

para

su

Véase, Apéndice de certiorari, págs. 65,

146-147.

De otra parte, en la segunda resolución, el Tribunal

de Primera Instancia determinó causa probable para acusar

por dos cargos de asesinato, dos cargos bajo el Artículo

5.15 y un cargo por infracción al Artículo 5.04 de la Ley

Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, según enmendada,

CC-2009-0622

9

conocida

como

Ley

de

Armas

de

Puerto

Rico.

Véase,

Apéndice de certiorari, pág. 65.

Subsiguientemente, el 16 de mayo de 2008 el Pueblo

presentó las acusaciones según autorizadas contra el señor

Fernández Rodríguez.

El 9 de junio del mismo año, el

imputado presentó una Moción de Desestimación al amparo de

la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.

II, R.64(p).

En su escrito adujo que la determinación de

causa probable para acusar fue contraria a derecho debido

a que la prueba presentada en la vista preliminar era

inadmisible

e

ilegal

por

ser

producto

de

información

privilegiada, la cual fue confiada por el imputado a su

representante legal.

Además, señaló que la única prueba

que lo ataba a los hechos era el testimonio del sargento

Curbelo y, siendo el mismo inadmisible, la determinación

de causa probable era contraria a derecho.

Oportunamente,

el 7 de agosto de 2008 la Fiscalía presentó su oposición

al petitorio de desestimación presentada por el imputado.

Véase, Apéndice de certiorari, págs. 65-69.

Luego

de

varias

incidencias

procesales,

el

29

de

diciembre de 2008 el foro primario emitió una resolución

en

la

que

imputado.

denegó

la

solicitud

de

desestimación

del

En su dictamen puntualizó que aunque el señor

Fernández Rodríguez no renunció a su privilegio abogadocliente, el testimonio del sargento Curbelo era admisible.

Ello, debido a que el sargento Curbelo actuó conforme a la

doctrina de “autoridad aparente”.

Es decir,

CC-2009-0622

10

el sargento Curbelo estaba convencido de que el

licenciado Carbone estaba autorizado a divulgar

[la]

información

que

divulgó.

Ciertamente

aparentaba tenerla.

Las propias actuaciones del

licenciado Carbone son las que dan base “a la

buena fe de los agentes de la policía y permite

llegar a una creencia o conclusión razonable de

que la persona que representa tener la autoridad…

la tiene”.

Véase, Apéndice de certiorari, págs.

76-86.

Inconforme,

presentó

un

el

28

de

recurso

de

certiorari

Apelaciones.

opuso

El

Ministerio

oportunamente.

enero

de

2009

ante

Público,

Estudiados

los

el

el

por

imputado

Tribunal

su

parte,

argumentos

de

de

se

las

partes, el 22 de mayo de 2009 el Tribunal de Apelaciones

dictó una sentencia y confirmó la resolución recurrida.

Sostuvo que la determinación de causa probable para acusar

fue

conforme

a

derecho

toda

vez

que

el

peticionario

renunció tácitamente al privilegio abogado-cliente.

Ello,

pues la prueba desfilada reveló que su intención siempre

fue acudir al Cuartel General para entregarse.

Véase,

Apéndice de certiorari, pág. 172.

Además, el foro apelativo intermedio señaló que el

peticionario

no

objetó

oportunamente

el

testimonio

del

sargento Curbelo durante la vista de causa probable para

arresto.

Por

esta

razón,

dicho

foro

coligió

que

era

innecesario que el Tribunal de Primera Instancia aplicara

por analogía la doctrina de “autoridad aparente”.

Íd.1

Nuevamente insatisfecho, el 21 de julio de 2009 el

imputado

1

presentó

una

petición

de

certiorari

ante

este

Sobre esta determinación, el imputado presentó una solicitud de

reconsideración, la cual fue denegada mediante resolución emitida el

16 de junio de 2009. Véase, Apéndice de certiorari, pág. 181.

CC-2009-0622

11

Tribunal.

En ella señaló la comisión de los siguientes

errores:

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la

resolución del Tribunal de Primera Instancia

denegando la moción de desestimación presentada

por el peticionario bajo las disposiciones de la

Regla 64(p) de Procedimiento Criminal a pesar de

que la determinación de causa probable fue

contraria a derecho ya que la misma se basó en

prueba que legalmente no era admisible.

Es

errada

la

decisión

del

foro

apelativo

intermedio a los efectos de que medió una

renuncia implícita al privilegio abogado-cliente

porque:

el

peticionario

había

comparecido

voluntariamente al Cuartel General de la Policía

en relación a una investigación de unos hechos

delictivos;

la

información

ofrecida

por

el

abogado que lo representó en ese momento no fue

compelido a ofrecer la información en relación a

dónde se encontraba el arma de fuego sino que

brindó

voluntariamente

y

sin

coacción

tal

información; y no invocó oportunamente dicho

privilegio en el procedimiento judicial seguido

en su contra.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y

sus respectivos alegatos, procedemos a resolver.

II

Como

es

sabido,

los

privilegios

surgen

de

la

Constitución, de la ley, de las Reglas de Evidencia o de

las leyes especiales.

La Constitución, por un lado, puede

crear privilegios, como lo es el que se deriva del derecho

contra

la

autoincriminación.

Por

otro

lado,

la

Constitución puede limitar -y hasta suprimir- el alcance

de un privilegio cuando su aplicación está reñida con un

derecho

fundamental.

E.L.

Chiesa

Aponte,

Tratado

de

Derecho Probatorio, Publicaciones JTS, Tomo I, 2005, págs.

169-170.

CC-2009-0622

12

Los

privilegios

evidenciarios

buscan

adelantar

valores e intereses sociales que por consideraciones de

política pública se estiman superiores a la búsqueda de la

verdad.

supra,

Chiesa

pág.

Aponte,

169.

Tratado

El

de

Derecho

fundamento

Probatorio,

tradicional

es

el

utilitarismo.

Es decir, “se estima que el sacrificio de

evidencia

claro

con

valor

probatorio

adelantar un alto interés público….

el

interés

público

que

se

se

justifica

para

Mientras más alto sea

quiere

adelantar

con

el

privilegio, mayor será su alcance y menor las excepciones

al privilegio”.

E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia

de Puerto Rico 2009, Publicaciones JTS, 2009, pág. 149.

Véase,

además,

R.

Emmanuelli,

Prontuario

de

Derecho

Probatorio de Puerto Rico, Editorial Corripio, 1ra ed.,

1984, pág. 214.

En

ese

particularmente

contexto,

todo

proceso

el

tiene

el

criminal,

fin

judicial,

esencial

de

descubrir la verdad de lo acontecido, razón por la cual no

debe exceptuarse o excluirse la debida exposición de los

hechos pertinentes, salvo que exista un interés superior o

de mayor jerarquía para la sociedad o para la persona que

se interponga a ese fin.

D.P.R. 930 (2001).

Pueblo v. De Jesús Delgado, 155

Dicho de otro modo, los privilegios,

por su naturaleza y función, impiden el descubrimiento de

ciertos

actos,

hechos

o

comunicaciones

por

existir

intereses en conflicto que intervienen con esa búsqueda

exhaustiva de la verdad.

Es por ello que los privilegios,

CC-2009-0622

13

contenidos

en

las

Reglas

restrictivamente.

De

ahí

de

Evidencia,

que

el

se

interpretan

fundamento

de

los

privilegios sea totalmente independiente de la búsqueda de

la verdad.

Es decir, se excluye materia privilegiada por

razones

consideraciones

y

adelantar

valores

o

de

política

intereses

pública,

sociales

para

ajenos

o

antagónicos a la búsqueda de la verdad, tan fundamental

para

la

más

judiciales.

justa

adjudicación

de

las

controversias

Ortiz García v. Meléndez Lugo, 164 D.P.R. 16

(2005).

A. El Privilegio Abogado-Cliente

Al

momento

consideración,

de

la

los

Regla

hechos

delictivos

25

las

de

ante

derogadas

nuestra

Reglas

de

Evidencia de Puerto Rico de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R.

25 (2008), encarnaba el privilegio abogado-cliente de la

siguiente manera:

(A) Según usadas en esta regla, las siguientes

expresiones

tendrán

el

significado

que

a

continuación se indica:

(1) Abogado: Persona autorizada o a

quien el cliente razonablemente creyó

autorizada a ejercer la profesión de

abogado; incluye a la persona así

autorizada

y

a

sus

asociados,

asistentes y empleados de oficina.

(2)

Cliente:

Persona

natural

o

jurídica que, directamente o a través

de representante autorizado, consulta

a un abogado con el propósito de

contratarle o de obtener servicios

legales o consejo en su capacidad

profesional; incluye al incapaz que

consulta él mismo a un abogado o cuyo

tutor o encargado hace tal gestión con

el abogado a nombre del incapaz.

CC-2009-0622

14

(3) Comunicación Confidencial: Aquella

comunicación habida entre un abogado y

su

cliente

en

relación

a

alguna

gestión profesional, basada en la

confianza de que no será divulgada a

terceras personas, salvo a aquellas

personas que sea necesario para llevar

a

efecto

los

propósitos

de

la

comunicación.

(B) Sujeto a lo dispuesto en esta regla, el

cliente, sea o no parte en el pleito o acción,

tiene el privilegio de rehusar revelar, y de

impedir

que

otro

revele,

una

comunicación

confidencial

entre

él

y

su

abogado.

El

privilegio puede ser invocado no sólo por el

poseedor del privilegio que es el cliente, sino

también por una persona autorizada a invocarlo

en beneficio de éste, o por el abogado a quien

la comunicación fue hecha si lo invoca a nombre

de y para el beneficio del cliente.2

2

En la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico-probatorio encarna

el privilegio abogado-cliente en la Regla 503 de Evidencia, 32

L.P.R.A. Ap. VI, R.503. Ésta dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

(a)

“Según

usadas

en

esta

Regla,

las

siguientes

expresiones

tendrán

el

significado

que

a

continuación se indica:

(1)

Abogado: Persona autorizada o a quien el

cliente razonablemente creyó autorizado

a ejercer la profesión de la abogacía en

Puerto

Rico

o

en

cualquier

otra

jurisdicción;

incluyendo

a

sus

asociadas, ayudantes y empleadas.

(2)

Cliente: Persona natural o jurídica que,

directamente o a través de representante

autorizado, consulta a un abogado con el

propósito de contratarle o de obtener

servicios

legales

o

consejo

en

su

capacidad profesional. Incluye a la

persona

incapaz

que

consulta

a

un

abogado o cuyo tutor o encargado hace

tal gestión con el abogado a nombre de

la persona incapaz.

(3)

Representante

autorizado:

Persona

facultada para obtener servicios legales

o actuar a base de consejo legal

ofrecido, en representación del que es

cliente. Incluye a una persona que, con

el

propósito

de

que

se

brinde

representación legal a quien es cliente,

hace

o

recibe

una

comunicación

confidencial mientras actúa dentro del

alcance de su empleo con el cliente.

(4)

Comunicación

confidencial:

Aquella

habida entre un abogado y su cliente en

relación con alguna gestión profesional,

basada en la confianza de que no será

divulgada a terceras personas, salvo

aquellas que sea necesario para llevar a

CC-2009-0622

15

El privilegio abogado-cliente es el más antiguo de

los privilegios que emanan del derecho común.

P.R. v. A.C.T., 167 D.P.R. 361 (2006).

Autopistas

En Inglaterra,

éste se reconoció aproximadamente en el año 1577, durante

los tiempos de la Reina Isabel I, en el caso de Berd v.

Lovelace, 21 Eng. Rep. 33.

No obstante, sus orígenes se

remontan al Derecho Romano y luego al Derecho Canónico.

Bajo la doctrina original, este privilegio le pertenecía

al abogado, no al cliente, ya que su fin no era más que

preservar el honor del abogado por no tener que revelar

los

secretos

Federal

confiados

Evidence,

2da

por

ed.,

el

cliente.

Lexis

Nexis,

Weinstein’s

Vol.

3,

Sec.

503.03 (1), 2011, págs. 503-511.

Desde

su génesis, el privilegio

abogado-cliente

protegido

el

vínculo

de

fiduciaria

ya

que

de

revelar

confianza

las

esta

confidencias

del

ha

relación

cliente

constituye, no sólo un acto de traición, sino que viola el

deber

de

lealtad

del

abogado.

Mueller,

Christopher

y

Kirkpatrick, Laird, Federal Evidence, Thompson/West, 2007,

(b)

efecto

los

propósitos

de

la

comunicación.

Sujeto a lo dispuesto en esta Regla, el cliente -sea

o no parte en el pleito o acción- tiene el

privilegio de rehusar revelar, y de impedir que otra

persona revele, una comunicación confidencial entre

ella y su abogado. El privilegio puede ser invocado

no solo por quien lo posee -que es la persona

cliente- sino también por una persona autorizada a

invocarlo en beneficio de ésta, o por el abogado a

quien la comunicación fue hecha si lo invoca a

nombre de y para beneficio del que es cliente”.

Como bien se deduce del texto citado, la nueva Regla 503 de

Evidencia de 2009 comparte un lenguaje similar en naturaleza a aquel

esbozado por la derogada Regla 25 de las Reglas de Evidencia de 1979,

supra.

Con excepción de la definición del término Representante

Autorizado, al igual que otros cambios menores, podemos interpretar

ambas reglas de igual forma.

CC-2009-0622

16

Vol. 2, Sec. 5:13, pág. 519.

Ap.

IX,

C.21;

In

re:

Véanse, además, 4 L.P.R.A.

Rochet

Santoro,

174

D.P.R.

123

(2008); In re: Monge García, 173 D.P.R. 379 (2008).

En la actualidad, los privilegios tienen un poseedor;

esto

es,

una

privilegio.

persona

a

favor

de

la

cual

se

crea

el

Ese titular es el que tiene el derecho a

invocar el privilegio y de objetar la evidencia que se

presenta en violación al mismo.

cliente

el

titular

del

En la relación abogado-

privilegio

lo

es

el

cliente.

McCormick on Evidence, West Publishing Corp., ed. 2006,

Sec. 73.1(a), págs. 342-344.

Así, no sólo son privilegiadas las comunicaciones del

cliente al abogado, sino también las hechas del abogado al

cliente en el curso del asesoramiento legal.

privilegio

se

extiende

en

ambas

En fin, el

direcciones.

Chiesa

Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, supra,

pág. 151.

De igual forma, “es suficiente con que el cliente

razonablemente crea que con quien habla es un abogado,

aunque en realidad no lo sea.

pasar

por

abogado,

sin

realmente

razonablemente

cree

comunicaciones

confidenciales

Para

que

abogado

que

el

privilegio

esté

admitido

Si una persona se hace

la

persona

son

opere,

al

serlo,

es

y

el

cliente

abogado,

privilegiadas”.

no

ejercicio

es

de

necesario

la

las

Íd.

que

el

abogacía

en

Puerto Rico, sino basta con que esté admitido en alguno de

CC-2009-0622

17

los Estados de los Estados Unidos.

Íd.

Véase, además,

Autopistas P.R. v. A.C.T., supra.

Acorde

con

lo

expresado,

el

privilegio

abogado-

cliente puede ser invocado, no sólo por quien lo posee -el

cliente-,

sino

también

por

una

persona

autorizada

a

invocarlo en beneficio de ésta, o por el abogado a quien

la comunicación fue hecha si lo invoca a nombre de y para

beneficio

puede

del

ser

cliente.

planteado

Se

reconoce

que

el

el

abogado

en

beneficio

por

privilegio

del

cliente, hasta tanto se demuestre que el abogado no está

autorizado para actuar en tal carácter.

Weinstein, op

cit., Sec. 503-20 (3), pág. 503.

Además,

el

privilegio

abogado-cliente

impide

al

abogado divulgar una comunicación confidencial que le hizo

su cliente, y si el abogado le divulga a un tercero la

comunicación confidencial, el tercero no podrá testificar

sobre

ella

ante

objeción

del

privilegio) o su representante.

cliente

(poseedor

del

No obstante, el abogado

sí puede testificar sobre una conversación con una persona

que no es su cliente, en cuyo caso no hay comunicación

privilegiada alguna protegida por el privilegio.

En otras

palabras, las manifestaciones que a un abogado haga una

persona

que

no

es

su

cliente,

no

son

privilegiadas,

pudiendo dicho abogado declarar en cuanto a las mismas.

Pueblo v. Rodríguez, 66 D.P.R. 317 (1946).

En ese sentido, para que un tribunal reconozca la

existencia de una comunicación privilegiada es necesario

CC-2009-0622

18

que concurran cuatro condiciones fundamentales, a saber:

(1)

la

comunicación

tiene

que

haberse

originado

en

la

confianza de que no será divulgada; (2) este elemento de

confiabilidad tiene que ser esencial para mantener plena y

satisfactoriamente la relación entre las partes; (3) la

relación debe ser una que la comunidad considere debe ser

diligentemente promovida; y (4) el perjuicio que causaría

la divulgación de la comunicación debe ser mayor que el

beneficio obtenido por la correcta disposición del pleito.

García

Negrón

v.

Tribunal

Superior,

104

D.P.R.727,

bajo

apartado

(C)

de

supra,

nuestro

732

(1976).

Sin

Regla

embargo,

25

probatorio

de

el

Evidencia,

establece

que

no

existe

la

derogada

ordenamiento

privilegio

abogado-

cliente si:

(1) Los servicios del abogado fueron solicitados

u obtenidos para permitir o ayudar a cualquier

persona a cometer o planear la comisión de un

delito, un acto torticero o un fraude.

(2)

La

comunicación

es

pertinente

a

una

controversia entre los herederos del cliente ya

fallecido,

independientemente

de

que

las

reclamaciones provengan de un testamento o de

sucesión intestada o de transacción entre vivos.

(3)

La

comunicación

es

pertinente

a

una

controversia relativa a una violación por el

abogado del cliente de un deber que surja de la

relación abogado-cliente.

(4)

La

comunicación

es

pertinente

a

una

controversia relativa a un documento en que

intervino el abogado en calidad de notario.

(5) La comunicación es pertinente a una materia

de común interés para dos o más clientes del

abogado, en cuyo caso un cliente no puede

invocar el privilegio contra los otros dos.3

3

Luego de la vigencia de las nuevas Reglas de Evidencia de 2009, las

excepciones al privilegio abogado-cliente se encuentran contempladas

en la Regla 503 (C), supra.

CC-2009-0622

19

B. Renuncia de los Privilegios

Todos

los

privilegios,

incluyendo

constitucional son renunciables.

los

de

rango

Chiesa Aponte, Tratado

de Derecho Probatorio, supra, págs. 173-174.

Como norma

general,

de

éstos

tienen

que

ser

renunciados

voluntaria, consciente e inteligente.

475

U.S.

412

(1986).

J.A.B.C.,

123

D.P.R.

551

Rodríguez,

118

D.P.R.

515

voluntaria

si

es

intimidación,

Pueblo

o

Moran v. Burbine,

en

interés

del

menor

(1989);

Pueblo

v.

López

(1987).

Una

renuncia

sin

que

haya

mediado

violencia

por

parte

de

“realizada

coacción

forma

será

los

funcionarios del Estado en el procedimiento que culmina en

la

toma

de

la

confesión”.

Pueblo

v.

Ruiz

Bosch,

127

D.P.R. 762, 775–776 (1991); Pueblo en interés del menor

J.A.B.C., supra, pág. 561.

Es decir, para que se entienda

renunciado un privilegio su dueño o poseedor, debe ser

advertido o informado por las autoridades pertinentes, de

su derecho al privilegio y de la existencia del mismo.

Las Reglas 33 y 34 de las Reglas de Evidencia de

1979, recogían estatutariamente los principios esbozados.

Así, la Regla 33 disponía lo siguiente:

Una persona que de otro modo tendría el

privilegio de no divulgar un asunto o materia

específico, o de impedir que otra persona los

divulgue, no tiene tal privilegio respecto a

dicho asunto o materia si el tribunal determina

que esa persona, o cualquiera otra mientras era

la poseedora del privilegio, se obligó con otro

a no invocar el privilegio, o que sin haber sido

coaccionada y con conocimiento del privilegio,

divulgó cualquier parte del asunto o materia, o

permitió tal divulgación por otra persona. Esta

regla

no

se

aplicara

a

los

privilegios

CC-2009-0622

20

[constitucionalmente reconocidos al acusado, al

igual que el privilegio en contra de la

autoincriminación.]4

32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 33

(2008)

4

Hoy día, la renuncia al privilegio abogado-cliente está reglamentado

en las Reglas 505 y 515 de Evidencia de 2009, supra. La Regla 505 de

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, reza como sigue:

(A)

Aplicabilidad de esta Regla

Las disposiciones de esta Regla aplican a comunicaciones o

información protegida por el privilegio abogada o abogadocliente, contadora o contador público autorizado-cliente o

por el privilegio para el producto del trabajo, según se

definen dichos términos a continuación:

(1)

Privilegio abogada o abogado-cliente o contadora o

contador público autorizado-cliente: Significa la

protección

provista

a

comunicaciones

confidenciales entre abogada o abogado y cliente o

contadora o contador público autorizado y cliente

de conformidad con el Derecho aplicable.

(2)

Privilegio para el producto del trabajo: Significa

la protección provista a información que es el

producto del trabajo de una parte o de la persona

que es abogada, consultora, fiadora, aseguradora o

agente de dicha parte, preparada u obtenida en

anticipación de, o como parte de una investigación

o procedimiento civil, administrativo o penal.

(B)

Renuncia Voluntaria

La divulgación voluntaria de una información protegida por

el privilegio abogada o abogado-cliente, contadora o

contador público autorizado-cliente o el privilegio para el

producto del trabajo constituye una renuncia a estos

privilegios, la cual no se extiende a una comunicación no

divulgada o a información sobre la misma materia.

Esta

Regla no aplica si la comunicación no divulgada o los datos

en cuestión deben ser considerados para la más cabal

comprensión de la información divulgada.

(C)

Renuncia involuntaria

La divulgación de una comunicación o información protegida

por el privilegio abogada o abogado-cliente, contadora o

contador público autorizado-cliente o el privilegio para el

producto del trabajo, no se considerará una renuncia al

privilegio

si

se

cumple

con

todos

los

requisitos

siguientes:

(D)

(1)

si fue realizada por inadvertencia,

(2)

como

parte

del

procedimiento

judicial

administrativo en el cual se invoca la renuncia,

(3)

quien

posee

el

privilegio

tomó

medidas

de

precaución razonables para evitar la divulgación y

(4)

una vez el poseedor o la poseedora del privilegio

conoció o debió conocer de la divulgación, con

razonable prontitud tomó medidas para rectificar

el error.

o

Efectos de una renuncia mediante estipulación

Un acuerdo entre las partes en un litigio en relación con

el efecto que tendrá la divulgación de una información o

CC-2009-0622

21

Por su parte, la Regla 34 proveía que un Juez

[podía] admitir una comunicación de otra manera

privilegiada

cuando

determin[ara]

que

la

conducta del poseedor del privilegio equival[ía]

a

una

renuncia,

independientemente

de

lo

comunicación protegida por el privilegio abogada o abogadocliente, contadora o contador público autorizado-cliente o

el privilegio para el producto del trabajo, sólo tendrá

efecto vinculante entre las partes en el litigio, excepto

si el acuerdo de las partes es incorporado en una orden del

Tribunal.

(E)

Órdenes Judiciales

Una orden emitida como parte de un procedimiento judicial

en un Tribunal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y

la cual dispone que el privilegio abogada o abogadocliente,

el

privilegio

contadora

o

contador

público

autorizado-cliente o el privilegio para el producto del

trabajo no debe considerarse renunciado en virtud de una

divulgación de información efectuada en dicho procedimiento

judicial, obliga a todas las personas o entidades en todos

los procedimientos judiciales o administrativos ante el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, independientemente de

que dichas personas o entidades hayan sido parte en el

procedimiento judicial, si: (1) la orden incorpora el

acuerdo de las partes ante el Tribunal ó (2) en caso de

surgir controversia entre las partes respecto a si hubo una

renuncia al privilegio como resultado de una divulgación,

la orden determina que no hubo tal renuncia al privilegio

en cuestión.

Por otro lado, la Regla 517 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap.VI,

dispone lo siguiente:

(a)

Renuncia expresa

Una persona, que de otro modo tendría el privilegio de no

divulgar un asunto o materia específico, o de impedir que

otra los divulgue, no tiene tal privilegio respecto a dicho

asunto o materia si el Tribunal determina que: (1) esa

persona, o cualquiera otra mientras era la poseedora del

privilegio , se obligó con otra a no invocar el privilegio,

o (2) que sin haber sido coaccionada y con conocimiento del

privilegio, divulgó cualquier parte del asunto o materia, o

permitió tal divulgación por otra persona.

(b)

Renuncia implícita

La Jueza o el Juez que preside un caso podrá admitir una

comunicación de otra manera privilegiada cuando determine

que la conducta de quien posee el privilegio equivale a una

renuncia, independientemente de lo dispuesto en el inciso

(a) de esta Regla.

(C)

Esta

Regla

no

se

aplicará

a

los

establecidos en las Reglas 501, 502 y 512.

Privilegios

CC-2009-0622

22

dispuesto en la Regla 33[, supra]. 32 L.P.R.A.

Ap. IV, R. 34 (2008).

C. Interpretación Restrictiva de los Privilegios

La Regla 35 de Evidencia de 1979 proveía que los

privilegios

evidenciarios

restrictivamente

“en

relación

a

debían

interpretarse

cualquier

determinación

sobre la existencia de un privilegio”.

32 L.P.R.A. Ap.

IV, R. 35 (2008).

Esta

Curia

ha

invocado

en

numerosas

ocasiones

el

concepto de la interpretación restrictiva para limitar el

alcance

o

no

permitir

la

aplicación

de

un

privilegio.

Pueblo en interés del menor, L.R.R., 125 D.P.R. 78 (1989);

García

Negrón

v.

Tribunal

Superior,

supra;

Ward

v.

Tribunal Superior, 101 D.P.R. 865 (1974); Lugo Ortiz v.

Ferrer, 85 D.P.R. 862 (1962); Pueblo v. Matos, 86 D.P.R.

335 (1961).

pudiera

La interpretación restrictiva del privilegio,

inclinar

reconocimiento.

la

Ahora

balanza

bien,

ante

en

la

contra

de

su

ausencia

de

una

renuncia expresa es imperativo evaluar la totalidad de las

circunstancias,

donde

se

protegen

unos

derechos

constitucionales.

D. Consideraciones Éticas del privilegio y relación

Abogado-Cliente: sus implicaciones con el Derecho

Constitucional a no autoincriminarse

La

relación

de

abogado

y

cliente

debe

fundamentarse en la absoluta confianza.

Todo

miembro del foro legal le debe a sus clientes un

trato profesional caracterizado por la mayor

capacidad, la más devota lealtad y la más

completa honradez. El abogado debe poner todo su

empeño en llevar a cabo en esa forma su gestión

profesional y no debe dejar de cumplir con su

deber por temor a perder el favor judicial o por

CC-2009-0622

23

miedo a perder la estimación popular.

Ap. IX, Art. 18.

4 L.P.R.A.

La relación abogado-cliente es una sui generis.

Es

de naturaleza fiduciaria y está basada en la honestidad,

lealtad

medida,

y

fidelidad

a

las

absoluta.

inexorables

Ello

responde,

exigencias

en

gran

éticas

muy

particulares de la profesión legal.

López de Victoria v.

Rodríguez, 113 D.P.R. 265 (1982).

Así, esta relación se

fundamenta –en gran medida- en el deber de lealtad y de

confidencialidad que le debe todo abogado a su cliente.

L.P.R.A.

Ap.

IX,

C.21.5

Su

permite

que

una

persona

obtenga

fin

es

utilitario

consejo

legal

4

ya

que

con

la

confianza de que la comunicación se origina en un supuesto

de confidencialidad y que la misma no será divulgada más

allá

de

lo

necesario

para

Emanuelli, op cit., pág. 214.

llevar

a

cabo

sus

fines.

Esta obligación continúa

aun después de haber cesado las relaciones del abogado y

cliente.

In re: Guzmán, 80 D.P.R. 713, 724 (1958).

En su obra, Ética y Responsabilidad Disciplinaria del

Abogado, el Juez Sigfrido Steidel Figueroa, describe con

precisión las implicaciones éticas de la relación abogadocliente.

Al formalizar una relación profesional con un

cliente, un abogado se obliga a cumplir las

5

En lo pertinente, el Canon 21 de Ética Profesional reza como sigue:

“El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad

completa.

La obligación de representar a un cliente con

fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o

confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar

su divulgación. Será altamente impropio de un abogado el

utilizar las confidencias o secretos de un cliente en

perjuicio de éste”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.21.

CC-2009-0622

24

prestaciones que la relación contractual genera.

También se obliga a cumplir con los deberes que

el código de ética le impone, algunos de los

cuales

pueden

concebirse

como

prestaciones

accesorias a la prestación principal pactada.

Esos deberes no son exigibles sólo frente al

cliente inmediato del abogado durante el tiempo

en que subsiste la relación contractual. Algunos

son exigibles incluso luego de que el abogado

cumple la gestión específica que el cliente le

encomendó, pues no se proyectan exclusivamente en

la dinámica interna entre el abogado y su

representado.

También

tienen

implicaciones

frente a otros clientes, tanto simultáneos como

futuros.

Así, la responsabilidad ética y

disciplinaria del abogado trasciende tanto el

vínculo temporal de la relación contractual, al

proyectarse aún después de que la relación

finaliza, como la singularidad de la relación

contractual con una o varias personas.

En

similar situación se encuentra el abogado que

asume de oficio la representación legal de una

persona.

...

Un cliente selecciona a un abogado como su

representante por diversas razones: la reputación

ganada por el abogado; una relación de amistad,

de parentesco o de otra índole; accesibilidad

geográfica o de costo; por recomendación; por

designación de oficio del tribunal (en cuyo caso

no cabe hablar propiamente de selección por parte

del cliente); o por designación del bufete

contratado por el cliente; entre muchas otras

razones.

Indistintamente, el cliente habrá de

confiar en que el abogado cumplirá diligentemente

la tarea que se le ha encomendado. De este modo,

subyace en esa naciente relación la expectativa

del cliente de que el abogado que ha seleccionado

honrará la confianza que le ha depositado.

Para algunos, la relación de confianza exigible a

un abogado frente a un cliente no parece muy

distinta de la que debe [exigirse] en otro tipo

de relación profesional, como por ejemplo, entre

un médico y un paciente o entre un contador

público y un cliente.

No hay duda de que todas

estas relaciones profesionales requieren una

dosis significativa de confianza entre las partes

involucradas.

De

hecho,

toda

relación

contractual parte de un elemento mínimo de

confianza –confianza en que se cumplirán las

prestaciones según lo pactado, confianza en que

CC-2009-0622

25

se obrará de buena fe, etcétera.

Sin embargo,

distinto a otras relaciones profesionales, la

relación entre un abogado y un cliente con

frecuencia se opone a otros intereses, de

ordinario adversos, a los que el cliente mira con

desconfianza.

De

este

modo,

el

contexto

adversativo propio del sistema de dispensar

justicia -que no está presente en la relación

entre un médico y un paciente o entre un contador

y un cliente- adscribe un sitial de preeminencia

al deber de honrar la confianza depositada por un

cliente en un abogado.

“Hacer honor a la

confianza constituye, así, la piedra angular de

los deberes que el abogado debe cumplir en su

relación con un cliente.

Pero, ¿confianza en

qué?

Surgen entonces los deberes implícitos en

aquél: absoluta lealtad, honradez, diligencia y

competencia profesional.

El deber de lealtad hacia un cliente lleva

implícito

dos

obligaciones

principales

del

abogado:

“ejercer

un

criterio

profesional

independiente en defensa de los intereses del

cliente”

y

“no

divulgar

los

secretos

y

confidencias que el cliente haya compartido en el

transcurso de su representación.

Este último

deber subsiste aún después de que concluye la

relación abogado-cliente.

...

Ínsito en el deber de lealtad, también se

encuentra el deber del abogado de mantener la

secretividad de las confidencias que le hace un

cliente.

Este deber posibilita que el abogado

obtenga toda la información relevante al caso de

su cliente sin que éste tema que lo [expresado] a

su abogado llegue sin su consentimiento a oídos

de terceros que pudieran perjudicarlo….

Steidel

Figueroa, Ética y Responsabilidad Disciplinaria

del Abogado, JTS, 2010, págs. 173-177.

(Énfasis

nuestro.)

Así pues, las obligaciones que nacen de la relación

abogado-cliente

pueden

verse

desde

dos

ético-disciplinaria y probatoria-procesal.

perspectivas:

En esencia, se

trata de acercamientos a intereses jurídicamente tutelados

que tienen sus propios fundamentos y que operacionalmente

coinciden entre sí.

Steidel Figueroa, op cit., pág. 176.

CC-2009-0622

26

Desde

la

el

deber

tiene

vertiente

de

guardar

recibe de su cliente.

procesal-probatoria,

ético-disciplinaria,

todas

las

el

abogado

confidencias

que

De igual modo, desde su dimensión

“tanto

el

abogado

como

terceras

personas están obligadas a respetar ese vínculo de lealtad

que debe profesar un abogado hacia su cliente mediante el

reconocimiento de un privilegio probatorio invocable por

el cliente, incluso frente a terceros”.

Íd.

Asimismo,

el

deber

de

lealtad

y

secreto

profesional tiene tangencia con la protección

constitucional contra la autoincriminación.

De

ahí que se haya afirmado que el deber de secreto

profesional se basa “en la necesidad de la

libertad de comunicación que debe existir entre

el letrado y su cliente y en la obligación de

asegurarle a este último que sus confidencias no

serán violadas; en este sentido, está unido a la

garantía constitucional según la cual nadie está

obligado a declarar contra sí mismo”.

Steidel

Figueroa, op cit., pág. 176 citando a M.E.

Azerrad, G. Alberto Florio y M.S. Azerrad, El

Secreto

Profesional

y

el

Deber

de

Confidencialidad, 114 (Ediciones Jurídicas Cuyo,

2003). (Énfasis nuestro.)

Precisamente, es ese deber de secreto profesional y

la necesidad de que las comunicaciones habidas entre el

cliente y su abogado no sean divulgadas a terceros, lo que

hace que la garantía constitucional a no autoincriminarse

también

esté

probatorio.

encarnada

dentro

nuestro

esquema

Véanse, Reglas 23 y 24 de Evidencia de 1979,

32 L.P.R.A. Ap. IV, R.23 y

abogado

de

divulga

R.24. Ello, pues cuando un

información

confidencial

sin

la

autorización previa de su cliente, incurre en una de las

faltas éticas de mayor gravedad; particularmente en contra

de

los

deberes

de

lealtad

y

confidencialidad

que

debe

CC-2009-0622

27

honrarle a sus clientes.

4 L.P.R.A. Ap. IX, C.21.

Más

aún, si la información divulgada de forma no autorizada

incrimina penalmente a su cliente, el abogado, aparte de

incurrir en conducta impropia, viola el derecho a la no

autoincriminación de su cliente.

Cf. Nix v. Whiteside,

475 U.S. 157 (1986); In re: Clavell Ruiz, 131 D.P.R. 500

(1992).

Empero, si las circunstancias particulares del caso

revelan que el cliente renunció adecuadamente a su derecho

a no autoincriminarse y a su privilegio bajo la Regla 25

de

Evidencia,

conducta

supra,

impropia

el

abogado

alguna.

no

Véanse,

habrá

incurrido

además,

Brewer

en

v.

Williams, 430 U.S. 387 (1977) (el Tribunal Supremo federal

resolvió que la renuncia de un privilegio no sólo debe ser

inteligente,

sino

que

debe

demostrarse

renuncia del poseedor del privilegio.

la

intención

de

En ese sentido, en

relación al privilegio que emana de la Quinta Enmienda de

la

Constitución

de

los

Estados

Unidos,

es

fundamental

avisarle adecuadamente al poseedor del privilegio sobre

sus derechos y no limitarse a un ritual preliminar de

métodos existentes de interrogación); Miranda v. Arizona,

384 U.S. 460 (1966), y su progenie.

Un ejemplo de la normativa esbozada lo es People v.

Cassas, 84 N.Y. 2d 718 (1995).

En síntesis, los hechos

apuntan que James Cassas fue acusado y convicto por el

asesinato de su esposa, Jan Cassas, al dispararle con un

arma

de

fuego

cuatro

veces

por

detrás

de

la

cabeza

y

CC-2009-0622

28

cuello en horas de la mañana del 25 de junio de 1987.

People v. Cassas, supra, pág. 721.

A raíz de estos hechos, el señor Cassas y su abogado

Samuel Hirsch, acudieron a la Estación de la Policía más

cercana.

Una vez allí, el licenciado Hirsch se identificó

como abogado e indicó que en el hogar de su cliente había

ocurrido un problema, por lo que era necesario la pronta

asistencia de la policía.

Cassas

permaneció

en

el

Ante ello, mientras el señor

cuartel,

el

licenciado

Hirsch

acompañó a los policías a la escena del crimen y allí

encontraron el cuerpo de la señora Cassas.

Luego, el

licenciado Hirsch regresó al cuartel donde el señor Cassas

le esperaba.

Íd.

Una vez en el cuartel, el abogado expresó que “había

llevado a su cliente para que se entregara.

fue él quien le disparó a su esposa.

`Entiendo que

Encontrarán el arma

en el cuarto, la cual tendrá las huellas dactilares de mi

cliente´”.

Consecuentemente,

el

señor

Cassas

fue

arrestado y, más tarde en el día, se recuperó el arma de

fuego justo en el lugar donde indicó el licenciado Hirsch.

Íd.

Durante el proceso judicial contra el señor Cassas,

el Tribunal de Primera Instancia del Estado de Nueva York

denegó una moción que presentó el imputado solicitando la

supresión de las declaraciones hechas por el licenciado

Hirsch

momento

a

la

policía.

El

foro

primario

de

emitirse

las

referidas

señaló

que

al

declaraciones

el

CC-2009-0622

29

licenciado Hirsch, como abogado del señor Cassas, fungía

como su agente,

sobre

la

por lo que estaba

información

a

él

autorizado a hablar

confesada

por

producto de su relación abogado-cliente.

el

imputado

Por lo tanto,

coligió que la declaración obligaba al acusado.

Íd.

El Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York

confirmó

el

dictamen

recurrido.

Concluyó

que

la

declaración en controversia, la cual fue admitida mediante

el testimonio de un detective, constituía prueba directa

sobre la culpabilidad del señor Cassas.

Atendida

la

controversia

Estado de Nueva York,

ese

por

la

Íd.

Corte

Suprema

del

foro revocó el dictamen del

tribunal apelativo intermedio y ordenó la celebración de

un nuevo juicio.

conocido

que

Apuntaló que como norma general es harto

las

declaraciones

de

admisibles en contra de su cliente.

un

abogado

son

People v. Cassas,

supra, pág. 722, citando a United States v. Margiotta, 662

F2d 131, 142 (1981); People v. Rivera, 58 AD2d 147, 149

(1977).

era

Sin embargo, añadió el Tribunal, que este caso

distinguible.

Del

expediente

no

surge

evidencia

alguna que la declaración hecha por el licenciado Hirsch

fue debidamente autorizada por su cliente como parte de

una renuncia a su privilegio abogado-cliente.

“Esto es

particularmente importante en casos criminales donde el

acusado

retiene

la

autoridad

para

cruciales

sobre

su

defensa

contra

en

tomar

de

decisiones

los

cargos

CC-2009-0622

30

criminales”.

People v. Cassas, supra, pág. 722, citando a

Jones v. Barnes, 463 US 745, 751 (1983).

Significativamente,

y

clave

en

la

correcta

disposición del caso, la declaración violaría el

privilegio

abogado-cliente

porque

no

existe

prueba alguna que evidencie que el acusado

renunció su privilegio.

Este privilegio existe

“para asegurar que quien busca consejo legal

pueda confiar plena y libremente en su abogado, y

se

asegure

que

sus

confidencias

no

serán

expuestas al público o a terceras personas en su

detrimento”.

(Citas omitidas.)

Más aún, en

People v. White, 73 NY2d 468, 478 (1989), este

Tribunal resolvió que “un acusado que acepta

representación legal retiene autoridad ... sobre

ciertas decisiones fundamentales referentes a su

caso (e.g. si se declara culpable, si renuncia al

derecho a juicio por jurado, si testifica a su

favor, si apela un dictamen ...)”.

(Citas

omitidas.)

El hecho de que un abogado es el agente de su

cliente no significa que ello constituye una

renuncia al privilegio abogado-cliente. Para que

ello sea así, esa autorización específica debe

provenir del cliente. People v. Cassas, supra,

págs. 723-724.

En atención a ello, el

más alto foro judicial

de

Nueva York concluyó que la alegada confesión hecha por el

licenciado Hirsch fue erróneamente admitida en evidencia.

Ello, toda vez que el abogado no fue autorizado por el

acusado a declarar a su nombre ante los agentes del orden

público

ni

a

renunciar

al

privilegio

abogado-cliente.

People v. Cassas, supra, págs. 723-724.

E. Quantum de prueba en la Vista Preliminar y los

fundamentos para Desestimación bajo la Regla 64(p)

Conforme nuestro ordenamiento procesal criminal y su

jurisprudencia

interpretativa,

la

vista

preliminar

contemplada en la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34

L.P.R.A. Ap. II, R.23, debe celebrarse en todos los casos

CC-2009-0622

31

de delito grave.

esta

vista

es

“En esencia, el propósito principal de

evitar

injustificadamente

Ello

se

logra

a

que

los

mediante

una

rigores

la

persona

sea

sometida

de

un

proceso

penal.

exigencia

de

que

Estado

el

presente alguna prueba sobre los elementos constitutivos

del

delito

comisión”.

y

sobre

la

conexión

Pueblo

v.

Rivera

parte,

durante

del

Vázquez,

imputado

177

con

su

D.P.R.

868

(2010).

Por

su

la

celebración

de

la

vista

preliminar el imputado de delito puede presentar prueba a

su favor y contrainterrogar a los testigos presentados por

el Ministerio Público.

De esta forma, si luego de evaluar

la prueba desfilada el juez de instancia queda convencido

que existe causa probable para acusar al imputado, debe

autorizar que se presente la acusación en contra de éste.

“De lo contrario, lo debe exonerar y ponerlo en libertad

si es que estaba detenido”.

supra.

Pueblo v. Rivera Vázquez,

Véanse, además: Pueblo v. Ríos Alonso, 149 D.P.R.

761, 766–67 (1999); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R.

653, 663 (1985).

En este sentido, reiteradamente hemos resuelto que la

vista preliminar posee los rasgos de un modelo procesal

híbrido que permite evaluar, tanto la validez del arresto,

como las probabilidades de que la persona sea culpable del

delito grave que se le imputa.

supra.

Pueblo v. Rivera Vázquez,

No obstante, cabe recalcar que en esta etapa del

procedimiento no se hace una adjudicación en los méritos

CC-2009-0622

32

sobre la culpabilidad del imputado.

Véanse, Pueblo en

interés del menor K.J.S.R., 172 D.P.R. 490 (2007); Pueblo

v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. 656, 662 (1997); Pueblo v.

Rodríguez Aponte, supra.

En ese contexto,

El propósito de la vista preliminar es tratar

con probabilidades, tanto en lo referente a la

comisión de un delito como en cuanto al autor de

dicho delito....

[H]ay envuelta una doble

situación

de

probabilidades:

la

de

que

determinado delito haya sido cometido y la de

que

determinada

persona

lo

haya

cometido.

Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, págs. 663664,

citando

a

N.

Frattallone,

La

Vista

Preliminar, 63 Rev. Der. Puertorriqueño 231, 234

(1977).

En consecuencia, la vista preliminar no involucra una

adjudicación

establecer

final

la

en

los

méritos.

culpabilidad

del

Su

función

acusado.

Más

no

es

bien,

su

objetivo es auscultar si, en efecto, el Estado tiene una

justificación

adecuada

para

continuar

judicial en contra del imputado.

con

un

proceso

En esta etapa, la prueba

no tiene que evidenciar la culpabilidad del acusado más

allá

de

probar

duda

razonable,

todos

los

sino,

elementos

como

mencionáramos,

constitutivos

del

debe

delito

y

conectar razonablemente al imputado con la comisión del

mismo.

Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra.

Corolario

de

esta

visión,

el

Ministerio

Fiscal

no

está en la obligación de presentar toda la evidencia que

posea. Pueblo v. López Pumarejo, 113 D.P.R. 349 (1982).

Sólo

se

le

constitutiva

requiere

del

quantum

que

presente

necesario

para

aquella

prueba

establecer

que

existe causa probable sobre todos los elementos del delito

CC-2009-0622

33

y su conexión con el imputado.

Pueblo v. Pillot Rentas,

169 D.P.R. 746 (2006); Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra.

Vázquez

Rosado

(1972).

En fin, la existencia de causa probable en la

etapa

de

la

autorización

v.

Tribunal

vista

al

Superior,

preliminar

Ministerio

Público

100

concede

para

D.P.R.

la

592

debida

presentar

la

acusación de rigor.

Así, ante una determinación de causa probable para

acusar, el remedio exclusivo del acusado lo es solicitar

la desestimación del procedimiento celebrado en su contra

al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34

L.P.R.A. Ap. II, R.64(p).

En esencia,

esta moción le

permite al acusado solicitar la desestimación del pliego

acusatorio, o cualquier cargo incluido en éste, “cuando no

se ha determinado causa probable por un juez u ordenado su

detención para responder del delito con arreglo a la ley y

a derecho”.

Pueblo v. Rivera Vázquez, supra; Pueblo v.

Jiménez Cruz, 145 D.P.R. 803, 815 (1998).

Conforme la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal,

supra,

ésta

puede

ser

invocada

por

dos

fundamentos;

a

saber: (1) la determinación de causa probable es contraria

a derecho porque hubo una ausencia total de prueba en la

vista

preliminar;

ó

(2)

se

infringió

alguno

de

los

requisitos o derechos procesales que se deben observar en

la

vista

preliminar.

“Ambos

fundamentos

requieren

una

demostración clara del error que se imputa al magistrado,

pues toda determinación de causa probable para acusar goza

CC-2009-0622

34

de

una

presunción

Vázquez, supra.

de

corrección”.

Pueblo

v.

Rivera

Véanse, además, Pueblo v. Andaluz Méndez,

supra, pág. 662; Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37,

42–43 (1989).

Bajo el primer fundamento, debe auscultarse

si en la vista preliminar hubo una situación de ausencia

total de prueba.

dictamen

de

apelación.

Ello no implica que la evaluación de un

causa

Por

probable

el

constituya

contrario,

“es

propiamente

sólo

en

el

una

caso

particular de que haya ausencia total de prueba en la

vista preliminar que se permite sustituir el criterio del

juez que atienda la moción por el del magistrado que haya

presidido la vista aludida”.

supra;

Vázquez

Rosado

v.

Pueblo v. Rodríguez Ríos,

Tribunal

Superior,

100

D.P.R.

592, 594 (1972).

En tales circunstancias, se debe examinar la

prueba de cargo y de defensa desfilada en la

vista preliminar, y determinar si esa prueba

establece la probabilidad de que esté presente

cada uno de los elementos del delito y la

conexión del imputado con éste.

Además, se debe

considerar que aunque la prueba pueda establecer

la posible comisión de otro delito, sólo procede

desestimar ante un caso claro de ausencia total

de prueba sobre uno o varios elementos del delito

imputado, o sobre la conexión de la persona con

éste.

(Énfasis nuestro.)

Pueblo v. Rivera

Vázquez, supra.

Véase, además, Pueblo v. Rivera

Alicea, supra.

III

En el caso que nos ocupa, el peticionario Fernández

Rodríguez aduce que el testimonio del sargento Curbelo es

inadmisible

en

evidencia

debido

a

que

fue

obtenido

en

violación al privilegio abogado-cliente y en detrimento de

su derecho a no autoincriminarse.

A consecuencia de ello,

CC-2009-0622

35

nos solicita que revoquemos la sentencia dictada por el

Tribunal

de

Apelaciones

referido

testimonio

cargador ocupados.

y

y

el

ordenemos

arma

de

la

supresión

fuego,

del

municiones

y

Le asiste la razón, en parte.

A. Privilegio abogado-cliente del señor Fernández

Rodríguez y la admisibilidad del testimonio del sargento

Curbelo

Primeramente,

no

tenemos

duda

alguna

que

entre

el

peticionario Fernández Rodríguez y el licenciado Carbone

existió

una

contenidos

relación

en

el

abogado-cliente.

expediente

Los

documentos

así

como

judicial,

las

transcripciones de los testimonios del sargento Curbelo y

del

propio

licenciado

Carbone,

revelan

que

durante

el

transcurso de esta relación fiduciaria el señor Fernández

Rodríguez le confió al licenciado Carbone la información

relacionada

con

la

comisión

de

los

actos

delictivos

imputados.

En ese sentido, los requisitos esbozados en

García Negrón v. Tribunal Superior, supra, pág. 732, se

cumplen a cabalidad.

A saber: (1) la comunicación entre

el señor Fernández Rodríguez y el licenciado Carbone se

originó con la expectativa de que no sería divulgada; (2)

ese elemento de confidencialidad jugó un papel esencial

para mantener la relación fiduciaria entre las partes; (3)

la comunidad claramente considera que esta relación debe

ser promovida diligentemente; y (4) el perjuicio que causó

la divulgación de la comunicación es palpablemente mayor

al beneficio obtenido.

en

controversia

-y

Consecuentemente, la comunicación

toda

la

información

confiada

al

CC-2009-0622

36

licenciado

protegida

Curbelopor

el

constituye

privilegio

materia

privilegiada

abogado-cliente.

Véase,

Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009,

supra, pág. 151.

Además, entendemos que los hechos pertinentes a la

controversia

de

autos

escenarios

provistos

Evidencia,

supra,

no

por

para

presentan

ninguno

de

los

Regla

25(C)

de

inexistente

el

la

otrora

se

considere

que

privilegio abogado-cliente.

Es decir, el caso de epígrafe

no

situación

en

donde

solicitados

u

obtenidos

presenta

abogado

una

fueron

los

servicios

para

ayudar

cometer o planificar la comisión de un delito.

contrario.

del

a

Todo lo

En esta ocasión, los servicios del licenciado

Carbone fueron solicitados para fungir como protector de

los

derechos

que

le

asisten

a

toda

confesar la comisión de un crimen.

persona

que

desea

De igual forma, el

caso de autos no involucra una comunicación que: (a) esté

relacionada con la muerte de un cliente del abogado ni con

un

pleito

pertinente

entre

sus

a

violación

una

respectivos

de

herederos;

los

deberes

(b)

sea

mutuos

que

surgen de la relación abogado-cliente; (c) sea pertinente

a

una

controversia

abogado

intervino

relativa

en

a

un

documento

en

calidad

de

notario;

o

que

(d)

el

sea

pertinente a una materia de común interés para dos o más

personas que son clientes del abogado.

En segundo lugar, entendemos que las circunstancias

particulares de este caso tampoco muestran que el poseedor

CC-2009-0622

37

del privilegio abogado-cliente haya renunciado al mismo,

según lo pautado por las Reglas 33 y 34 de Evidencia de

1979,

supra.

En

otras

palabras,

no

se

desprende

del

expediente, como tampoco se presentó prueba alguna, que

demuestre que el señor Fernández Rodríguez renunció a su

privilegio abogado-cliente.

recursos

presentados,

al

Al contrario, las mociones y

igual

que

la

prueba

desfilada

ante el Tribunal de Primera Instancia, demuestran que en

ningún

momento

el

señor

Fernández

Rodríguez

divulgó

la

información confidencial a un tercero ajeno a la relación

abogado-cliente.

Por ello, entendemos que el Tribunal de Apelaciones

erró al concluir que la intención y el comportamiento del

señor

Fernández

Rodríguez

constituyó

una

renuncia

implícita a su privilegio abogado-cliente.

Esa línea de

razonamiento

antecedentes

no

toma

en

consideración

los

fácticos particulares del caso de marras.

El

Cuartel

expediente

General,

judicial

el

sostiene

licenciado

Nos explicamos.

que

Carbone

al

llegar

expresó

que

al

el

señor Fernández Rodríguez no emitiría declaración alguna

sobre

los

hechos

acontecidos

porque

se

encontraba

nervioso, pero que posteriormente sí lo haría.

muy

Véanse,

Apéndice de certiorari, págs. 15-16; Transcripción de la

Vista Preliminar de 25 y 29 de octubre de 2007, págs. 6-9.

Asimismo, resulta importante puntualizar que en el momento

preciso

en

información

que

el

licenciado

privilegiada

al

Carbone

sargento

le

divulgó

la

Curbelo

ya

le

se

CC-2009-0622

38

habían leído las advertencias al señor Fernández Rodríguez

y éste se encontraba en otro lugar, o sea, en una celda

bajo

la

custodia

de

otros

agentes

del

orden

público.

Véase, Transcripción de la Vista Preliminar de 25 y 29 de

octubre de 2007, págs. 46-47 y 49.

Además, del propio

testimonio del sargento Curbelo se desprende que el señor

Fernández Rodríguez no autorizó al licenciado Carbone a

que

emitiera

declaración

alguna

a

su

nombre.

Véase,

Transcripción de la Vista Preliminar de 25 y 29 de octubre

de 2007, págs. 47-52.

El hecho de que durante la vista de determinación de

causa para arresto la representación legal del imputado no

haya

objetado

el

significa

que

imputado

haya

Tampoco

implica

testimonio

ante

las

renunciado

que

el

del

sargento

circunstancias

al

privilegio

propio

Curbelo,

no

presentes

el

abogado-cliente.

imputado,

quien

es

el

poseedor del privilegio, haya renunciado por no objetar

una parte específica del testimonio. Si bien el privilegio

abogado-cliente

no

tiene

rango

constitucional,

en

situaciones particulares como la presente tal privilegio

se

encuentra

interrelacionado

con

el

derecho

constitucional a la no autoincriminación. J.B. Weinstein &

M.A. Berger, Weinstein’s Federal Evidence, Vol. 3, Sec.

503.03[1] (Joseph M. McLaughlin, ed., Mattew Bender 2011);

Notas,

The

Attorney-Client

Balancing,

and

Constitutional

Rev.

480

(1977).

464,

Privilege:

Fixed

Entitlement,

91

Resultaría

en

una

Rules,

Harv.

L.

injusticia

CC-2009-0622

39

exigirle

a

un

ciudadano

conocimiento

sobre

materia

evidenciaria y sobre la forma de levantar una objeción

correcta, que sea oportuna y que esté fundamentada, como

condición

para

el

reconocimiento

Como sabemos, en el caso de autos el imputado

incorrecto

colegir

que

legal

al

no

de

y,

una

en

legal.

representación

goza

derechos

instancias

con

que

sus

aquellas

contó

en

de

por

haber

representación

lo

tanto,

objetado

él

sería

mismo,

permitió la divulgación de información privilegiada.

Cónsono con lo anterior, resulta forzoso colegir que

el señor Fernández Rodríguez no renunció implícitamente a

su

privilegio

People

v.

Fernández

abogado-cliente.

Cassas,

supra,

Rodríguez),

en

los

Aquí,

actos

unión

a

al

igual

que

en

del

cliente

(señor

las

circunstancias

particulares presentadas, no apoyan otra conclusión.

En

consecuencia,

al

el

foro

apelativo

intermedio

incidió

concluir que el testimonio del sargento Curbelo y el arma

de fuego, cargador y municiones ocupadas eran admisibles

en

evidencia.

Éstos

fueron

obtenidos

en

contra

del

privilegio abogado-cliente del imputado y de su derecho a

no

autoincriminarse.6

Const.

EE.UU.,

Enmd.

V;

Const.

E.L.A., Art. II, Sec. 11; 32 L.P.R.A. Ap. IV, R.23 y R.24.

6

Aclaramos, sin embargo, que la supresión de la evidencia ocupada en

el caso de marras (arma de fuego, cargador y municiones) se decreta

conforme a la normativa sobre el privilegio abogado-cliente y la

garantía constitucional a la no autoincriminación. Ello, claro está,

no es óbice alguno para que el Estado presente prueba separada e

independiente a la actuación ilegal que sostenga la admisibilidad de

dicha evidencia incautada. Véanse, Murray v. United States, 487 U.S.

533 (1988); Silverthorne v. United States, 251 U.S. 385 (1920).

Véase, además, E.L.

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto

Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1991, Vol. 1, págs. 321-325.

CC-2009-0622

40

Véanse, además, People v. Cassas, supra, citando a Jones

v. Barnes, supra, y People v. White, supra.

Ahora bien, lo expresado anteriormente no dispone por

completo

del

asunto

ante

nuestra

consideración.

La

supresión del testimonio del sargento Curbelo se limita

única

y

exclusivamente

a

la

parte

que

información de naturaleza privilegiada.

contempla

32 L.P.R.A. Ap.

IV, R.7.7

Es decir, la inadmisibilidad del testimonio del

sargento

Curbelo

se

circunscribe

a

las

expresiones

vertidas por éste mediante las cuales narró lo divulgado

por

el

licenciado

abogado-cliente

Carbone

del

señor

en

violación

Fernández

al

privilegio

Rodríguez.

Véase,

Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009,

págs. 91-93.

Véanse, además, Gray v. Maryland, 523 U.S.

185 (1998); Richardson v. Marsh, 481 U.S. 200 (1987).

Por

consiguiente,

el

sargento

Curbelo

podrá

testificar en su día sobre cualquier información que le

conste

de

propio

y

personal

conocimiento,

como

también

sobre cualquier otra información que se derive del proceso

de investigación que no sea de naturaleza privilegiada.

B. Determinación de causa probable para acusar y la moción

de desestimación presentada por el señor Fernández

Rodríguez al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento

Criminal

7

Hoy la Regla 107 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R.107, dispone lo

siguiente:

Regla 107. Admisibilidad Limitada

Cuando determinada evidencia sea admisible en cuanto a una

parte o para un propósito, y sea inadmisible en cuanto a

otra parte o para otro propósito, el Tribunal, previa

solicitud al efecto, limitará la admisibilidad de esa

evidencia a su alcance apropiado e instruirá inmediatamente

sobre ello al Jurado, de haberlo.

CC-2009-0622

41

Conforme esbozamos en páginas anteriores, el quantum

de prueba requerido en la vista preliminar que se celebra

al amparo de la Regla 23 de Procedimiento Criminal, supra,

le

exige

al

Ministerio

Público

presentar

evidencia

que

demuestre todos los elementos constitutivos de determinado

delito

y

la

conexión

razonable

del

imputado

con

la

comisión del mismo.

Así, pues, en esta ocasión surge del expediente que

el 25 de mayo de 2007, fecha en que dio comienzo la vista

preliminar, las partes estipularon la siguiente prueba:

(1) el informe de balística; (2) una prueba de ADN; (3) el

análisis forense de la ropa incautada al señor Fernández

Rodríguez; (4) servilletas y marcas de sangre de uno de

los occisos; y (5) el registro del arma de fuego y la

licencia de tiro al blanco del señor Fernández Rodríguez.

Véase, Apéndice de certiorari, págs. 146-147.

Esta prueba

estipulada, en unión a las declaraciones vertidas por el

sargento Curbelo que no involucran materia privilegiada,

así como los testimonios vertidos por los demás testigos

presentados por la Fiscalía, es suficiente en derecho y

cumple

con

preliminar.

el

quantum

de

prueba

exigido

en

la

vista

En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones

actuó correctamente al avalar la determinación de causa

probable para acusar alcanzada por el Tribunal de Primera

Instancia.

Colegimos, pues, que el foro apelativo intermedio no

incidió

al

sostener

la

determinación

del

foro

primario

CC-2009-0622

42

mediante

la

cual

se

declaró

no

ha

lugar

la

moción

de

desestimación presentada por el señor Fernández Rodríguez

al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal,

supra.

Contrario a lo alegado por el peticionario, no

hubo una ausencia total de prueba durante la celebración

de la vista preliminar.

Pueblo v. Rivera Vázquez, supra;

Pueblo v. Andaluz Méndez, supra.

En cambio, la prueba

estipulada entre las partes y la restante prueba desfilada

durante la vista preliminar cumplió a cabalidad con el

estándar

requerido

para

sostener

una

determinación

de

causa probable para acusar al señor Fernández Rodríguez.

Por

ello,

no

procede

que

se

desestimen

los

acusatorios presentados en contra del acusado.

pliegos

Pueblo v.

Rivera Vázquez, supra; Pueblo v. Andaluz Méndez, supra;

Pueblo v. Rivera Alicea, supra; Pueblo v. Rodríguez Rios,

supra; Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, supra.

Asimismo, es oportuno puntualizar que no cabe duda

que

de

la

preliminar

prueba

se

admisible

conecta

al

y

presentada

imputado

con

la

en

la

vista

comisión

del

delito de Asesinato y las infracciones a la Ley de Armas.

De

igual

modo,

de

la

referida

prueba

razonablemente,

que

la

intención

del

puede

inferirse

señor

Fernández

Rodríguez cuando se presentó al Cuartel acompañado de su

abogado fue para entregarse a las autoridades por estar

relacionado con el crimen imputado.

CC-2009-0622

43

C. Derecho a no Autoincriminarse del señor Fernández

Rodríguez y los Deberes de Lealtad y Confidencialidad del

licenciado Curbelo para con su cliente

El

caso

bajo

examen

circunstancias muy peculiares.

es

uno

que

presenta

Así, los hechos ante nos

exhiben las dos perspectivas descritas anteriormente sobre

las obligaciones que nacen de la relación abogado-cliente.

Es

decir,

la

controversia

medular

debe

ser

escudriñada

desde una óptica ético-disciplinaria y otra probatoriaprocesal.

resta

Ya hemos dispuesto de esta última, por lo que

analizar

las

circunstancias

y

controversias

presentadas bajo el prisma de la ética profesional.

Ciertamente, coincidimos con las expresiones del Juez

Steidel

Figueroa.

Los

deberes

de

lealtad

y

secreto

profesional que emanan del Canon 21 de Ética Profesional,

supra, y que todo abogado debe honrarle a sus clientes,

tienen una relación directa con la garantía constitucional

de

toda

persona

a

no

autoincriminarse.

Estos

deberes

toman mayor relevancia, y multiplican exponencialmente las

repercusiones

negativas,

cuando

la

conducta

impropia

desplegada por el abogado consiste en divulgar de forma no

autorizada información confidencial de su cliente.

es

así,

implica

cliente.

debido

la

a

que

la

conducta

impropia

imposición

de

responsabilidad

Ello

desplegada

penal

a

su

Consecuentemente, cuando un abogado incurre en

este tipo de conducta impropia, aparte de conducirse en

detrimento de su cliente y los derechos constitucionales

que le cobijan,

actúa

en contra de los deberes éticos

CC-2009-0622

44

impuestos por el Canon 21 de Ética Profesional, supra.

Tal proceder es altamente censurable.

C.21.

4 L.P.R.A. Ap. IX,

Véanse, además, Mueller, Christopher y Kirkpatrick,

Laird, Federal Evidence, Thompson/West, 2007, Vol. 2, Sec.

5:13, pág.

519;

In re: Rochet Santoro, 174 D.P.R. 123

(2008); In re: Monge García, 173 D.P.R. 379 (2008).

En

esta

ocasión,

según

señaláramos,

surge

del

expediente

judicial

que

el

licenciado

Carbone

divulgó

información

privilegiada

de

su

sin

debida

autorización.

deberes

de

cliente

la

Ello constituye un quebrantamiento de los

lealtad

y

confidencialidad

Canon 21 de Ética Profesional, supra.

impuestos

por

el

Consecuentemente,

debe ordenársele a la Procuradora General que investigue

la

conducta

del

licenciado

Carbone

como

representante

legal del señor Fernández Rodríguez para la iniciación del

procedimiento disciplinario correspondiente.

Véanse, In

re: Martínez Almodóvar, 2011 T.S.P.R. 21; In re: Pérez

Riveiro, 2010 T.S.P.R. 230.

En

vista

de

lo

anterior,

advertimos

que

cualquier

letrado que incurra en conducta de esta naturaleza y en

contravención

Ética

a

los

Profesional,

principios

será

que

objeto

de

rigen

el

severas

Código

de

sanciones

disciplinarias.

IV

Por los fundamentos antes esbozados, se modifica la

sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones a los

fines de no admitir en evidencia las partes del testimonio

CC-2009-0622

45

del sargento Curbelo que involucran materia privilegiada.

Asimismo,

ordenamos

la

supresión

del

arma

de

fuego,

cargador y municiones ocupadas por ser producto de dicho

testimonio.

Véase, nota 6, supra.

Sin embargo, confirmamos la determinación

del foro

apelativo intermedio a los fines de declarar no ha lugar

la

moción

de

desestimación

presentada

por

el

señor

Fernández Rodríguez bajo la Regla 64(p) de Procedimiento

Criminal, supra.

de

Primera

Se devuelve el caso de autos al Tribunal

Instancia

para

la

continuación

de

los

procedimientos conforme con los pronunciamientos vertidos

en esta Opinión.

Finalmente,

Procuradora

desplegada

se

le

ordena

General

a

que

por

el

licenciado

a

la

Oficina

investigue

Carbone

la

en

de

la

conducta

calidad

de

representante legal del señor Fernández Rodríguez para la

iniciación

del

procedimiento

disciplinario

correspondiente.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Certiorari

Waldemar Fernández Rodríguez

Peticionario

CC-2009-0622

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.

Por los fundamentos enunciados, se modifica

la

sentencia

emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones a los fines de no admitir en evidencia

las partes del testimonio del sargento Curbelo que

involucran

materia

privilegiada.

Asimismo,

ordenamos la supresión del arma de fuego, cargador

y municiones ocupadas por ser producto de dicho

testimonio. Véase, nota 6, supra.

Sin embargo, confirmamos la determinación del

foro apelativo intermedio a los fines de declarar

no ha lugar la moción de desestimación presentada

por el señor Fernández Rodríguez bajo la Regla

64(p) de Procedimiento Criminal, supra.

Se

devuelve el caso de autos al Tribunal de Primera

Instancia

para

la

continuación

de

los

procedimientos conforme con los pronunciamientos

vertidos en esta Opinión.

Finalmente, se le ordena a la Oficina de la

Procuradora General a que investigue la conducta

desplegada por el licenciado Carbone en calidad de

representante legal del señor Fernández Rodríguez

para la iniciación del procedimiento disciplinario

correspondiente.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Presidente

señor Hernández Denton, disiente con opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2009-622

Waldemar Fernández Rodríguez

Peticionario

Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ

DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.

Coincidimos con la Opinión de una mayoría de este

Tribunal de que no se configuró una renuncia al privilegio

abogado-cliente cuando el abogado divulgó la información

privilegiada

estaba

bajo

en

el

Cuartel

custodia

en

General

otro

mientras

lugar.

su

Sin

cliente

embargo,

entendemos que sí se renunció al referido privilegio al no

objetarse la divulgación de la información privilegiada en

la etapa de vista para la determinación de causa probable

para arresto. Por ello, nos vemos forzados a disentir.

I.

A raíz de un doble asesinato ocurrido en 2006, el Sr.

Waldemar Fernández Rodríguez acudió al Cuartel

CC-2009-622

2

General de la Policía en compañía del Lcdo. Luis Carbone.

Este último le informó al Sgto. José Curbelo Muñiz que su

cliente no declararía aún porque estaba muy nervioso, pero

que luego haría una declaración completa de los hechos, pues

estaba relacionado con el referido crimen. Posteriormente,

mientras

el

acusado

Curbelo

Muñiz

estaba

entrevistó

bajo

al

custodia,

licenciado

el

Carbone

sargento

a

solas.

Dicho abogado les indicó a los agentes dónde estaba el arma

con la que supuestamente se cometió el crimen. Así, estos

encontraron

el

arma,

el

cargador,

seis

balas

y

tres

casquillos.

En 2007, el Ministerio Público presentó dos denuncias por

asesinato en primer grado, tipificado en el Art. 106 del

Código

Penal

de

2004,

33

L.P.R.A.

sec.

4734,

y

tres

denuncias por infracciones a los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley

de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de

2000,

según

enmendada,

respectivamente.

Luego,

determinación

causa

de

25

L.P.R.A.

secs.

se

celebró

la

probable

para

458C

vista

arresto,

a

y

458N,

para

la

la

cual

compareció el señor Fernández Rodríguez representado por el

licenciado

Carbone

y

otros

tres

abogados

de

defensa:

la

Lcda. Carmen Dolores Ruiz López, el Lcdo. René José Muñoz

Del

Castillo

y

el

Lcdo.

Carlos

Ramos

Pantojas.

Además,

estaban presentes el Lcdo. Rafael Anglada López, como primo

y “tutor protectivo” del señor Fernández Rodríguez, y la

Lcda. Joanna Gilot Openheimer. Durante la vista, el sargento

Curbelo

Muñiz

información

declaró

provista

extensa

por

el

y

detalladamente

licenciado

Carbone.

sobre

la

En

ese

CC-2009-622

3

momento, ninguno de los cuatro abogados de defensa, ni el

señor Fernández Rodríguez, objetaron este testimonio.

Tampoco aludieron al privilegio abogado-cliente en el

contrainterrogatorio

al

sargento

Curbelo

Muñiz.

Consiguientemente, el foro primario halló causa probable

para arresto.

Así las cosas, se celebró la vista preliminar, a la cual

compareció el acusado con sus cuatro abogados de defensa.

En

esta

etapa

de

los

procedimientos,

estipularon el informe de balística,

las

partes

el certificado de

análisis forense de ADN sobre la ropa del señor Fernández

Rodríguez, una servilleta y manchas de sangre en el arma,

que

resultó

ser

la

sangre

de

uno

de

los

occisos,

el

registro de armas de fuego y la licencia vencida de tiro

al

blanco

del

señor

Fernández

Rodríguez.

Además,

testificaron

el sargento Curbelo Muñiz,

la Sra. Glenda

Pérez

el

el

Román,

Sr.

Fernando

Fernández,

Sr.

Harold

Huntley, la Sra. Brenda Pla Díaz, el Lcdo. Ovidio Zayas y

la Agente Daliza Ortiz Claudio.

Por

su

parte,

el

sargento

Curbelo

Muñiz

ofreció

básicamente el mismo testimonio que prestó en la vista

para la determinación de causa probable para arresto. En

esta ocasión, la defensa y el señor Fernández Rodríguez

tampoco objetaron el testimonio del sargento Curbelo Muñiz

sobre lo que le declaró el licenciado Carbone. Durante su

contrainterrogatorio, la licenciada Ruiz López le preguntó

al sargento Curbelo Muñiz los detalles de la conversación

que tuvo con el licenciado Carbone.

Es

decir,

prácticamente

se reprodujo el testimonio brindado en el directo, para

CC-2009-622

4

luego mencionar el privilegio abogado-cliente por primera

vez en el proceso criminal. Veamos:

P: ¿Qué le dijo, si algo, el Lcdo. Carbone?

R: Le pregunté al Lcdo. Carbone que dónde se encontraba

el arma que había utilizado su cliente con relación a los

hechos violentos que habían ocurrido en la Guaracanal.

Éste me manifestó que esa arma se encontraba en una

jardinera cerca de la Hummer. Inmediatamente, procedí a

tomar mi teléfono celular, llamé a la agente Daliza Ortiz

que estaba en la escena con la sargento Trinidad

ayudándole allí en la escena, le expliqué en dónde se

encontraba y le di el teléfono celular al Lcdo. Carbone

para que le explicara ya que él tenía conocimiento.

P: ¿Y usted se dialogó con el Lcdo. Carbone de todo

esto…?

R: No, él estaba hablando por teléfono, cuando terminó

de hablar por teléfono pues se quedó en la oficina conmigo

esperando que recibiera alguna llamada.

P: ¿Usted le preguntó en dónde estaba el arma, usted le

preguntó…?

R: Sí, le pregunté dónde estaba…

P: ¿Detalles sobre toda la situación?

R: No, simplemente le pregunté dónde estaba el arma con

relación a los hechos.

P: Y entonces yo le pregunto, usted me ha

anteriormente que usted reconoce que la persona

derecho a no declarar.

dicho

tiene

R: Eso es así.

P: Y usted reconoce ese derecho.

R: Eso es así.

P: Le pregunto también si usted sabe que existe también

un privilegio entre abogado y cliente y que la información

entre abogado y cliente es privilegiada y que la única

persona que puede responder a ese derecho es el cliente.

Transcripción Estipulada de la Vista Preliminar, 25 y 29

de octubre de 2007, páginas 50-51.

Acto seguido, el sargento Curbelo Muñiz reconoció que, a

su entender, el acusado no renunció al privilegio abogadocliente, ni autorizó al licenciado Carbone a que declarara a

CC-2009-622

su

nombre.

5

Fue

entonces

cuando

la

defensa

solicitó

la

supresión del testimonio del sargento Curbelo Muñiz. Luego

de un intenso intercambio entre el Ministerio Público y la

defensa, el juez se reservó el fallo sobre la supresión

solicitada.

Otro

testimonio

que

recibió

el

foro

primario,

sin

objeción de la defensa, fue el de la agente Ortiz Claudio.

Esta declaró que recibió por teléfono las instrucciones

del licenciado Carbone para encontrar el arma, las balas,

los casquillos y el cargador. A su vez, reconoció en el

contrainterrogatorio que encontraron la evidencia gracias

a lo que el licenciado Carbone les comunicó.

Presentada toda la prueba, quedó sometido el caso. Así las

cosas, el señor Fernández Rodríguez presentó una moción de

supresión de evidencia, en la cual alegó que el testimonio

del sargento Curbelo Muñiz era inadmisible por contener

materia privilegiada. También, adujo que el arma y las

municiones

ocupadas

eran

producto

inadmisibles,

descubrimiento

fue

directo

privilegiada.

Consecuentemente,

el

de

la

Tribunal

pues

su

información

de

Primera

Instancia descalificó al licenciado Carbone como abogado del

señor Fernández Rodríguez y lo citó para que comparecie ra

como testigo a la vista de supresión de evidencia.

vista, el licenciado Carbone negó

información

al

En

esa

haberle divulgado la

sargento Curbelo Muñiz. Finalmente, el foro

primario no le adjudicó credibilidad al licenciado Carbone y

resolvió que la evidencia era admisible porque el señor

Fernández Rodríguez renunció implícitamente al privilegio

CC-2009-622

6

abogado-cliente

cuando

acudió

al

Cuartel

General

a

entregarse.

Así las cosas, el foro primario encontró causa probable

para acusar al señor Fernández Rodríguez. Presentadas las

acusaciones

correspondientes,

la

defensa

solicitó

la

desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R.64(p). En esta, adujo que

la determinación de causa probable en la vista preliminar

fue

contraria

durante

la

información

a

misma

derecho

era

ya

que

la

prueba

por

ser

inadmisible

confidencial

abogado-cliente.

Planteó

consentimiento

del

cobijada

que

el

cliente

por

producto

el

abogado

para

presentada

no

de

privilegio

tenía

divulgar

el

las

comunicaciones confidenciales habidas entre ellos. Además,

sostuvo

que

la

autoincriminarse.

divulgación

violó

Igualmente,

su

alegó

derecho

que,

a

no

sin

la

información privilegiada y la evidencia física obtenida

como fruto de esta, no se satisfacía el estándar de prueba

para determinar causa probable. Ello, pues sostuvo que la

única prueba que vincula al señor Fernández Rodríguez con

los

hechos

delictivos

es

la

que

el

Ministerio

Público

obtuvo ilegalmente del abogado.

El foro de primera instancia denegó la desestimación

solicitada y concluyó que el testimonio del sargento Curbelo

Muñiz era admisible. A pesar de que encontró que no hubo una

renuncia al privilegio abogado-cliente, aplicó por

analogía

la

con

doctrina

de

autoridad

aparente

relacionada

la

normativa sobre registros y allanamientos irrazonables. En

particular, el foro primario expresó que el sargento Curbelo

CC-2009-622

7

Muñiz creyó de buena fe que el licenciado Carbone estaba

autorizado a divulgar la información. Insatisfecho, el señor

Fernández Rodríguez

acudió ante el Tribunal de Apelaciones.

El foro apelativo intermedio confirmó al Tribunal de

Primera Instancia, pero por entender que el señor Fernández

Rodríguez

renunció

tácitamente

al

privilegio

abogado-

cliente, al acudir al Cuartel General para entregarse y no

objetar el testimonio del sargento Curbelo Muñiz.

Aún inconforme, el señor Fernández Rodríguez acudió ante

nos y, en esencia, planteó los mismos fundamentos en que

se basó la moción de desestimación.

II.

El

privilegio

constitucional

Emmanuelli,

Rico,

abogado-cliente

más

Prontuario

Editorial

propósito

sólido

es

comunicaciones

de

de

es

nuestro

Derecho

“el

privilegio

no

ordenamiento”.

R.

Probatorio

Situm,

2da

ed.,

proteger

la

confidencialidad

entre

abogado

un

2005,

y

su

pág.

de

Puerto

322.

Su

de

las

cliente,

para

fomentar la más amplia comunicación entre ambos. Íd.

Las

Reglas

de

Evidencia

de

Puerto

Rico

de

1979,

32

L.P.R.A. Ap. IV (ed. 2008), vigentes al momento de los

hechos, reglamentaban el privilegio abogado-cliente. En lo

pertinente, la Regla 25 de dicho cuerpo legal disponía lo

siguiente:

(A) Según usadas en esta regla, las siguientes

expresiones

tendrán

el

significado

que

a

continuación se indica:

(1)

Abogado: Persona autorizada o a quien

el cliente razonablemente creyó autorizada

a ejercer la profesión de abogado; incluye

CC-2009-622

8

a la persona así autorizada y a sus

asociados, asistentes y empleados de

oficina.

(2)

Cliente: Persona natural o jurídica

que,

directamente

o

a

través

de

representante autorizado, consulta a un

abogado con el propósito de contratarle o

de obtener servicios legales o consejo en

su capacidad profesional; incluye al

incapaz que consulta él mismo a un

abogado o cuyo tutor o encargado hace tal

gestión con el abogado a nombre del

incapaz.

(3)

Comunicación confidencial: Aquella

comunicación habida entre un abogado y su

cliente en relación a alguna gestión

profesional, basada en la confianza de

que

no

será

divulgada

a

terceras

personas, salvo a aquellas personas que

sea necesario para llevar a efecto los

propósitos de la comunicación.

(B) Sujeto a los dispuesto en esta regla, el

cliente, sea o no parte en el pleito o acción,

tiene el privilegio de impedir que otro revele

una comunicación confidencial entre él y su

abogado. El privilegio puede ser invocado no

sólo por el poseedor del privilegio que es el

cliente,

sino

también

por

una

persona

autorizada a invocarlo en beneficio de éste, o

por el abogado a quien la comunicación fue

hecha si lo invoca a nombre de y para el

beneficio del cliente. 32 L.P.R.A. Ap. IV R.

25(B) (ed. 2008).

Conforme a la regla, el privilegio puede ser invocado

por su poseedor: el cliente. Asimismo, pueden invocarlo

una persona con autorización para ello o el abogado a

quien la comunicación fue hecha, si lo invocan a nombre de

y para beneficio del cliente. E.L. Chiesa Aponte, Tratado

de Derecho Probatorio, República Dominicana, Ed. Corripio,

[s. año], Tomo 3, pág. 223; J.B. Weinstein & M.A. Berger,

CC-2009-622

9

Weinstein’s

Federal

Evidence,

Vol.

3,

Sec.

503.20[3]

(Joseph M. McLaughlin, ed., Matthew Bender 2011).8

Para que la comunicación sea privilegiada, debe basarse

en

la

confianza

personas,

a

de

menos

que

que

no

sea

se

divulgará

necesario

para

a

terceras

alcanzar

los

fines de la comunicación. E.L. Chiesa Aponte, op cit.,

pág. 222. Precisamente, hemos establecido que para que un

tribunal

reconozca

una

comunicación

como

privilegiada

tienen que concurrir cuatro (4) requisitos:

(1) la comunicación tiene que haberse originado

en la confianza de que no será divulgada; (2)

este elemento de confiabilidad tiene que ser

esencial

para

mantener

plena

y

satisfactoriamente

la

relación

entre

las

partes; (3) la relación debe ser una que la

comunidad considere que debe ser diligentemente

promovida; y, (4) que el perjuicio que causaría

la divulgación de la comunicación sea mayor que

el

beneficio

obtenido

por

la

correcta

disposición

del

pleito.

García

Negrón

v.

Tribunal Superior, 104 D.P.R. 727, 734 (1976).

Como

todos

los

constitucional,

privilegios,

el

incluyendo

privilegio

los

de

rango

abogado-cliente

es

renunciable. E.L. Chiesa Aponte, op cit., pág. 233. Esta

renuncia debe ser voluntaria, consciente e inteligente.

Pueblo en interés del menor J.A.B.C., 123 D.P.R. 551, 561

(1989);

Pueblo

v.

Pellot

Pérez,

121

D.P.R.

791,

802

(1988).

Es decir, la renuncia debe ser realizada sin que

medie intimidación, coacción o violencia por parte del Estado.

8

“The privilege may be asserted by the client, the

client’s

guardian

or

conservator,

the

personal

representative of a deceased client, or the successor,

trustee, or similar representative of a corporation,

association, or other organization, whether or not the

organization

is

in

existence”.

Weinstein’s

Federal

Evidence, supra, Vol. 3, Sec. 503.20[3].

CC-2009-622

10

Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762, 775 (1991); Pueblo

en interés del menor J.A.B.C., supra. Con relación a esto,

la Regla 33 de las Reglas de Evidencia de 1979 disponía que:

Una persona que de otro modo tendría el

privilegio de no divulgar un asunto o materia

específico, o de impedir que otra persona lo

divulgue, no tiene tal privilegio respecto a

dicho asunto o materia si el tribunal determina

que esa persona, o cualquier otra mientras era

la poseedora del privilegio, se obligó con otro

a no invocar el privilegio, o que sin haber

sido

coaccionada

y

con

conocimiento

del

privilegio, divulgó cualquier parte del asunto

o materia, o permitió tal divulgación por otra

persona. Esta regla no se aplicará a los

privilegios establecidos en las Reglas 23 y 24.

32 L.P.R.A. Ap. IV R. 33 (ed. 2008). (Énfasis

suplido).

Asimismo, la Regla 34 del mismo cuerpo legal establecía

que

“el

juez

que

preside

un

caso

podrá

admitir

una

comunicación de otra manera privilegiada cuando determine

que la conducta del poseedor del privilegio equivale a una

renuncia, independientemente de lo dispuesto en la Regla

33”. 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 34 (ed. 2008). Así pues, esta

regla confiere discreción al tribunal para admitir materia

privilegiada cuando entienda que la conducta del poseedor

del privilegio es incompatible con la confidencialidad de

la

información.

R.

Emmanuelli,

op

cit.,

pág.

393.

El

ejemplo más común es cuando se trae a colación materia que

pudiera estar protegida por algún privilegio y la parte

que posee el privilegio no hace la oportuna y correcta

objeción ante el tribunal. Íd. Al desfilar la prueba sin

objeción, la misma se admite. Íd.

Este

deber

de

objetar

para

que

el

privilegio

no

entienda renunciado también aplica cuando es el abogado

se

CC-2009-622

11

quien divulga la información a un tercero. Al respecto, el

profesor Chiesa Aponte sostiene en su Tratado de Derecho

Probatorio que “el privilegio impide a un abogado divulgar

una comunicación confidencial que le hizo el cliente, y si

el

abogado

le

divulga

a

un

tercero

la

comunicación

confidencial, el tercero no podrá testificar sobre ella

ante objeción del cliente (poseedor del privilegio) o su

representante”.

E.L. Chiesa Aponte,

op cit., pág.

236.

(Énfasis suplido).

En la jurisdicción federal, la jurisprudencia9 y varios

tratadistas reconocidos en el campo del derecho probatorio

también han concluido que la falta de objeción ante la

admisión de prueba cobijada por el privilegio abogadocliente

equivale

específico,

el

a

una

tratado

renuncia

a

este

Weinstein’s

privilegio.

Federal

En

Evidence

expresa lo siguiente:

The privilege is not automatic: it must be asserted

whenever privileged evidence is sought to be

discovered or introduced. Failure to assert the

privilege when the evidence is first presented

constitutes a voluntary waiver. In addition to

9

United States v. Suarez, 820 F. 2d 1158 (11th Cir.,

1987)

(at

the

point

where

the

attorney-client

communications are no longer confidential, where there has

been disclosure of a privileged communication, there is no

justification for retaining the privilege); United States

v. Gurtner, 474 F. 2d 297, 299 (9th Cir., 1973) (The

failure to assert the privilege when the evidence was

first presented constituted a voluntary waiver of the

right… Once the subject matter is disclosed by a knowing

failure to object there is nothing left to protect from

disclosure); Banks v. Office of Senate Sergeant-at-Arms,

233 F.R.D. 1, 9 (D.D.C. 2005) (Failure to assert the

privilege within a reasonable time, without a showing of

good cause, constitutes a waiver of the privilege);

Perrington v. Berger Branswig Corp., 77 F.R.D. 455 (1978)

(By failing to make a timely objection, the client waived

any privilege that may have existed with respect to the

statements.)

CC-2009-622

12

raising the privilege objection, the claimant

generally must also refrain from disclosing the

privileged information until the court has ruled

on the privilege claim. Weinstein’s Federal

Evidence, supra, Vol. 3, Sec. 503.20[2].

Asimismo, el referido tratado sostiene que: “[i]f the

client

is

present

at

a

hearing

at

which

privileged

information is sought and is aware of his or her rights,

the client or the attorney must assert the privilege or it

will

be

deemed

waived”.

Weinstein’s

Federal

Evidence,

supra, Vol. 3, Sec. 503.43.

Por otra parte, el tratado McCormick on Evidence también

asevera que: “if the holder of the privilege fails to

claim his privilege by objecting to disclosure by himself

or another witness when he has an opportunity to do so, he

waives

his

privilege

as

to

the

communications

so

disclosed”. K.S. Broun y otros, McCormick on Evidence, 6ta

ed., Thomson West, 2006, pág. 421. Por lo tanto, si un

tercero declara sobre información privilegiada al amparo

del privilegio abogado-cliente, la defensa o el poseedor

del privilegio tienen que objetar oportunamente e invocar

el mismo para que no se entienda renunciado.

Una vez el cliente renuncia al privilegio

abogado-cliente

en una etapa del procedimiento, esa renuncia se extiende a

las etapas posteriores, sobre todo si

se

trata

de

testimonio

en corte. E.L. Chiesa Aponte, op cit., pág. 235. En la

jurisdicción federal, la opinión predominante al respecto

también sostiene lo anterior. En específico, el tratado

McCormick on Evidence explica lo siguiente: “When at an

earlier trial or stage of the case the privilege has been

CC-2009-622

13

waived and testimony as to the privileged communications

elicited without objection, the prevailing view is that

this is a waiver also for any subsequent hearing of the

same case.” McCormick on Evidence, op cit., pág. 424.

Por último, debemos recalcar que el privilegio abogadocliente, al igual que los demás privilegios decretados en

las Reglas de Evidencia, se interpreta restrictivamente.

Regla 35 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV R.

35 (ed.

2008). Véase, además: Lugo Ortiz v. Ferrer, 85 D.P.R. 862,

871

(1962).

restrictiva

Consiguientemente,

del

privilegio

esta

acarrea

la

interpretación

interpretación

liberal de la renuncia al privilegio. E.L., Chiesa Aponte,

op cit., pág. 235.

Además de lo dispuesto por estas Reglas de Evidencia, el

Canon 21 de Ética Profesional le impone al abogado, como

parte de su deber de fidelidad al cliente, la obligación

de no divulgar sus secretos o confidencias y de adoptar

medidas adecuadas para evitar su divulgación. 4 L.P.R.A.

Ap. IX C. 21. Por lo tanto, el abogado está obligado a

levantar el privilegio abogado-cliente para proteger las

confidencias de su cliente cuando surja la necesidad.

R.

Emmanuelli, op cit., pág. 325.

III.

La

Opinión

Fernández

de

este

Rodríguez

no

Tribunal

resuelve

renunció

al

que

privilegio

el

señor

abogado-

cliente, ya que, cuando el licenciado Carbone divulgó la

información

privilegiada

al

sargento

Curbelo

Muñiz,

acusado estaba bajo custodia en otro lugar. Además, sostiene

el

CC-2009-622

14

que el acusado no autorizó a su abogado a declarar a su

nombre. Coincidimos en que no hubo renuncia al privilegio

en ese momento. Sin embargo, somos del criterio de que sí

hubo

una

renuncia

al

privilegio

abogado-cliente

en

la

vista de determinación de causa probable para arresto,

debido a la falta de objeción de la defensa y del cliente

al testimonio del sargento Curbelo Muñiz. Dicha renuncia

se extiende a la etapa de vista preliminar, pues, como

expresamos, una vez renunciado el privilegio, su renuncia

se

extiende

a

las

etapas

posteriores

de

los

procedimientos. E.L. Chiesa Aponte, op cit., pág. 235. La

Opinión

mayoritaria

posibilidad

de

que

de

este

Tribunal

se

hubiera

no

renunciado

considera

al

la

referido

privilegio en alguna de estas dos vistas. Veamos.

En la etapa de vista para la determinación de causa

probable

para

arresto,

el

señor

Fernández

Rodríguez

compareció representado por cuatro abogados. Además, le

acompañaban otros dos abogados, aunque no en calidad de

representantes

legales.

Durante

esa

vista,

el

sargento

Curbelo Muñiz declaró en detalle sobre la información que

le proveyó el licenciado Carbone y la manera en que ello

propició el descubrimiento de la evidencia física cuya

inadmisibilidad solicitó la defensa. Ninguno de los cuatro

abogados de defensa objetó el referido testimonio. Tampoco

objetaron los otros dos abogados que asistieron a la vista

como acompañantes del entonces imputado. En cambio, la

defensa

permitió

la

divulgación

de

la

información

que

estaba protegida por el privilegio abogado-cliente. Esto, a pesar

CC-2009-622

15

de que la Regla 25 de Evidencia facultaba a los allí

presentes

para

invocar

el

privilegio

en

beneficio

del

señor Fernández Rodríguez e impedir dicho testimonio del

sargento Curbelo Muñiz. 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 25 (ed.

2008). Con relación a esto, el derecho aplicable es claro

y específico al preceptuar que la falta de objeción a la

divulgación de la información confidencial equivale a una

renuncia al privilegio.

Por todo lo anterior, nos vemos forzados a concluir que

el

señor

Fernández

Rodríguez

renunció

al

privilegio

abogado-cliente en la vista para la determinación de causa

probable para arresto y dicha renuncia se extiende a las

etapas

posteriores

del

procedimiento

criminal.

Por

lo

tanto, en este caso, la renuncia al privilegio se extiende

a la etapa de vista preliminar.

Aún

si

concluyéramos

determinación

renunció

al

de

causa

referido

que

en

la

vista

probable

para

arresto

privilegio,

igualmente

para

no

la

se

pudiéramos

concluir que hubo dicha renuncia en la vista preliminar.

En

esta,

el

sargento

detalladamente

licenciado

sobre

Carbone.

Curbelo

la

Muñiz

volvió

información

Asimismo,

la

a

declarar

divulgada

agente

por

Ortiz

el

Claudio

testificó sobre lo que le comunicó el licenciado Carbone

por

teléfono

física

que

respecto

a

la

ubicación

alegadamente

el

señor

de

la

evidencia

Fernández

Rodríguez

enterró en la jardinera. De nuevo, ninguno de los cuatro

abogados de defensa objetaron estos testimonios. No fue

hasta el contrainterrogatorio del sargento Curbelo Muñiz

que la licenciada Ruiz López mencionó por primera vez el

CC-2009-622

16

privilegio abogado-cliente, luego de ella misma provocar

que se reprodujera por completo el testimonio sobre la

información “privilegiada” cuya admisión ahora pretenden

impedir.

Nuevamente, la Regla 33 de Evidencia dispone que una

persona

no

tendrá

permitió

la

divulgación

de

la

información

persona.

32

L.P.R.A.

Ap.

IV

R.

33

defensa

quería

mantener

la

confidencialidad

comunicaciones

Fernández

entre

el

privilegio

el

Rodríguez,

licenciado

debió

abogado-cliente

(ed.

2008).

Carbone

objetar

por

y

si

otra

Si

de

el

la

las

señor

oportunamente

el

testimonio del sargento Curbelo Muñiz y de la agente Ortiz

Claudio. Ello incluye al acusado, quien tampoco objetó.

Por todo lo anterior, concluimos que, en el caso de

autos, se renunció al privilegio abogado-cliente, por lo

que

eran

sargento

admisibles

Curbelo

en

Muñiz

y

evidencia

la

el

testimonio

evidencia

física

del

obtenida

gracias a la divulgación por el licenciado Carbone de las

comunicaciones habidas con su cliente. En consecuencia, la

vista

preliminar

se

celebró

conforme

a

derecho

y

no

procedía desestimar las acusaciones al amparo de la Regla

64(p) de Procedimiento Criminal, supra.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente