Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Fernández Rodríguez
2011 TSPR 188
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Fernández Rodríguez
CC-2009-622
Derecho Probatorio – Privilegio abogado-cliente; Derecho Constitucional – derecho a no auto-incriminarse
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2011 TSPR 188
Waldemar Fernández Rodríguez
183 DPR ____
Peticionario
Número del Caso:
CC-2009-622
Fecha: 9 de diciembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel III
Jueza Ponente:
Hon. Zadette Bajandas Vélez
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Carlos Ramos Pantoja
Lcda. Carmen Dolores Ruiz López
Lcdo. René Muñoz del Castillo
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón
Subprocuradora General
Materia: Art. 106 CP, Art. 5.04 LA y Art. 5.15 LA
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
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compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2009-0622
Waldemar Fernández Rodríguez
Peticionario
Opinión
García.
del
Tribunal
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
Rivera
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.
Este
examinar
recurso
la
nos
imbricación
abogado-cliente
con
confidencialidad
clientes
presenta
y
el
oportunidad
inexorable
el
que
la
todo
del
deber
abogado
derecho
privilegio
ético
le
de
debe
constitucional
de
a
sus
a
no
autoincriminarse que posee toda persona imputada de
delito.
En
específico,
debemos
resolver
si
determinada información que vincula al peticionario
con
conducta delictiva
orden
público
privilegiada
por
contrario,
su
-ofrecida
abogado-
si
inadmisible
dicha
en
a
un
constituye
evidencia;
información
agente
es
o,
del
materia
por
el
admisible
por
razón de una renuncia al privilegio y al derecho a
no incriminarse.
Veamos.
CC-2009-0622
2
I
El caso que nos ocupa tiene su génesis en un doble
asesinato ocurrido el 1 de noviembre de 2006, en el Barrio
Venezuela de Río Piedras.
Se desprende del legajo, que en
horas de la tarde de ese día Waldemar Fernández Rodríguez
acudió
al
Cuartel
General
de
la
Policía
(en
adelante,
Cuartel General) en compañía de su abogado, Lcdo. Luis
Carbone, y de su amigo, también abogado, el Lcdo. Ovidio
Zayas.
Una vez en el Cuartel General, el señor Fernández
Rodríguez,
el
licenciado
Carbone
y
el
licenciado
Zayas
fueron entrevistados por el Sargento José Curbelo Muñiz,
adscrito a la División de Homicidios.
Véase, Apéndice de
certiorari, pág. 15.
A
preguntas
del
sargento
Curbelo
el
licenciado
Carbone expresó que en ese momento su cliente no emitiría
declaración
alguna
sobre
los
posteriormente sí lo haría.
hechos,
pero
que
Consecuentemente, el sargento
Curbelo le leyó las advertencias de ley al señor Fernández
Rodríguez y éste las firmó en presencia de su abogado.
Luego,
el
señor
Fernández
Rodríguez
fue
puesto
en
una
celda bajo la custodia de otros agentes.
Acto seguido, el
sargento
y
a
solas
con
el
sobre
el
arma
con
que
Curbelo
licenciado
Carbone
se
reunió
para
aparte
indagar
alegadamente se habían cometido los asesinatos.
Véase,
Apéndice de certiorari, págs. 15-16.
A
raíz
de
la
investigación
de
los
hechos,
presentaron sendas denuncias contra el peticionario.
se
El 3
CC-2009-0622
3
de enero de 2007 se celebró la vista al amparo de la Regla
6
de
Procedimiento
peticionario
Criminal,
estuvo
34
L.P.R.A.
representado
por
Ap.
varios
II.
El
abogados,
entre ellos el licenciado Carbone. Éstos no objetaron el
testimonio en cuestión del sargento Curbelo.
Escuchada la
prueba, se determinó causa probable para arresto contra el
señor
Fernández
Rodríguez.
La
vista
señalada para el 17 de enero de 2007.
preliminar
fue
Véase, Apéndice de
certiorari, pág. 145.
Luego
de
varias
suspensiones,
la
vista
preliminar
comenzó el 25 de mayo de 2007, y se extendió por varios
meses.
Ese
día
las
partes
estipularon
la
siguiente
prueba: (1) el informe de balística; (2) la prueba de ADN;
(3) el análisis forense de la ropa incautada al señor
Fernández Rodríguez; (4) servilletas y marcas de sangre de
uno de los occisos; y (5) el registro del arma de fuego y
la
licencia
Rodríguez.
de
tiro
al
blanco
del
señor
Fernández
Véase, Apéndice de certiorari, págs. 146-147.
Posteriormente,
preliminar
los
días
Ministerio
Público
en
la
25
y
presentó
continuación
29
de
como
octubre
parte
de
la
de
2007,
el
desfile
de
del
vista
prueba siete testigos, entre los que figuró el sargento
Curbelo.
como
a
Éste declaró que el día 1 de noviembre de 2006,
las
5:00
p.m.,
escuchó
por
radio
que
hubo
una
muerte violenta en la barriada Venezuela de Río Piedras,
por lo que se personó al lugar.
Estando en la escena, fue
instruido para que acudiera al Cuartel General debido a
CC-2009-0622
4
que
allí
se
encontraba
una
persona
relacionada
hechos acaecidos acompañado de dos abogados.
a
los
El testigo
añadió que en el Cuartel General entrevistó al licenciado
Carbone y que éste le indicó que representaba al señor
Fernández
Rodríguez.
Específicamente,
señaló
licenciado
Carbone
expresó
señor
le
que
el
que
el
Fernández
Rodríguez no haría declaración alguna en ese momento ya
que estaba muy nervioso y que posteriormente ofrecería una
declaración
completa
de
los
hechos
ocurridos.
Véase,
Transcripción de Vista Preliminar de 25 y 29 de octubre de
2007, págs. 6-9.
El
sargento
Curbelo
declaró,
además,
que
con
posterioridad a que el licenciado Carbone le informara que
su cliente guardaba relación con los hechos ocurridos en
la
barriada
Venezuela,
ellos
tres
(el
señor
Fernández
Rodríguez, el licenciado Carbone y él) se ubicaron en una
oficina del cuartel para hacerle las advertencias de ley
al imputado.
Así, señaló que el señor Fernández Rodríguez
leyó las advertencias de rigor y las firmó en presencia de
su
abogado.
Continuó
narrando
que
el
señor
Fernández
Rodríguez fue puesto bajo la custodia de otro agente en un
lugar distinto a la oficina donde se encontraban, por lo
que procedió a entrevistar a solas al licenciado Carbone.
Véase, Transcripción de Vista Preliminar de 25 y 29 de
octubre de 2007, págs. 46-47 y 49.
Así
las
cosas,
el
sargento
Curbelo
declaró
que
durante la entrevista el licenciado Carbone manifestó que
CC-2009-0622
5
su
cliente
estaba
siendo
desde hacía un tiempo.
extorsionado
por
los
occisos
De inmediato, el sargento Curbelo
le inquirió al licenciado Carbone sobre la localización
del arma de fuego utilizada para cometer los asesinatos, a
lo que éste contestó que estaba tirada en una jardinera de
una
casa
aledaña
al
área
de
los
hechos.
Con
esa
información, el sargento Curbelo procedió a llamar a la
agente Daliza Ortiz Claudio, quien se encontraba en la
escena del crimen.
agente,
el
Una vez estableció comunicación con la
sargento
Curbelo
le
pasó
el
teléfono
al
licenciado Carbone para que éste le explicara a la agente
Ortiz Claudio los detalles sobre la ubicación exacta del
arma.
Al
no
poder
localizar
el
cargador
ni
las
municiones, pero sí el arma de fuego, la agente Ortiz
Claudio
llamó
explicarle
lo
de
vuelta
sucedido.
al
Así,
sargento
el
Curbelo
sargento
para
Curbelo
la
comunicó nuevamente con el licenciado Carbone y éste le
indicó
a
la
municiones.
agente
dónde
estaban
el
cargador
y
las
Véase, Transcripción de Vista Preliminar de
25 y 29 de octubre de 2007, págs. 12-14.
En
reconoció
su
contrainterrogatorio,
que
la
información
naturaleza privilegiada.
el
sargento
abogado-cliente
Curbelo
es
de
De igual forma, a preguntas de
la defensa, indicó que una vez le hizo las advertencias de
ley al señor Fernández Rodríguez no le preguntó si iba a
emitir una declaración ya que el licenciado Carbone le
había dicho expresamente que su cliente no iba a hacer
CC-2009-0622
6
manifestación alguna porque se encontraba muy nervioso.
Asimismo, el testigo añadió que a su entender el señor
Fernández Rodríguez no había hecho renuncia alguna a su
privilegio
abogado-cliente,
licenciado
Carbone
a
como
que
tampoco
declarara
autorizó
por
él.
al
Véase,
Transcripción de Vista Preliminar de 29 de octubre de 2007
y 7 de mayo de 2008, págs. 47-52.
Finalmente, durante su
contrainterrogatorio, el sargento Curbelo admitió que no
le preguntó al señor Fernández Rodríguez si renunciaba a
sus
derechos
constitucionales
y
que
éste
no
había
autorizado al licenciado Carbone a divulgarle información
privilegiada.
En
Íd.
consecuencia,
solicitó
que
se
el
señor
suprimiera
el
Fernández
testimonio
Rodríguez
del
sargento
Curbelo, así como la evidencia ocupada.
En apoyo de su
petitorio,
testimonio
el
imputado
adujo
que
el
del
sargento Curbelo era inadmisible debido a que era producto
de
una
declaración
abogado,
que
privilegiada
confidencial
esta
y
que
abogado-cliente.
declaración
estaba
También
que
era
cobijada
alegó,
él
le
hizo
de
naturaleza
el
privilegio
por
que
el
arma
a
y
su
las
municiones ocupadas constituían frutos del árbol ponzoñoso
pues
su
descubrimiento
conversación privilegiada.
fue
producto
directo
de
una
Véase, Apéndice de certiorari,
pág. 146.
Luego de diversos trámites procesales, en febrero de
2008,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
emitió
una
CC-2009-0622
7
resolución
mediante
la
cual
descalificó
al
licenciado
Carbone como abogado del señor Fernández Rodríguez y lo
citó
para que compareciera
supresión de evidencia.
como testigo
a la vista de
Además, el foro primario citó
como testigo al licenciado Zayas, quien estuvo presente en
ciertas conversaciones entre el licenciado Carbone y el
imputado
Fernández
Rodríguez.
Todo
escudriñar
adecuadamente
la
testimonio
del
Curbelo.
sargento
ello
solicitud
de
Íd.
en
aras
de
supresión
del
Véase,
además,
Transcripción de Vistas de 29 de octubre 2007 y 7 de mayo
de 2008, págs. 106-108.
Así,
Primera
pues,
el
Instancia
7
de
mayo
de
celebró
una
2008
vista
el
de
Tribunal
de
supresión
de
evidencia en la que testificaron el licenciado Carbone y
el
licenciado
licenciado
Curbelo
Carbone
sobre
municiones
Zayas,
negó
la
debido
entre
otros.
haber
localización
a
que
no
En
esencia,
informado
al
del
cargador
estuvo
arma,
en
el
lugar
hechos y desconocía totalmente esta información.
el
sargento
de
y
los
Véase,
Transcripción de Vistas de 29 de octubre 2007 y 7 de mayo
de
2008,
págs.
106-108.
certiorari, pág. 146.
Véase,
además,
Apéndice
de
Por su parte, el licenciado Zayas
testificó, en lo pertinente, que el 1 de noviembre de 2006
acompañó al señor Fernández Rodríguez al Cuartel General
en calidad de amigo y no como su abogado.
de certiorari, págs. 146-147.
Véase, Apéndice
CC-2009-0622
8
Culminada la vista de supresión de evidencia, el 9 de
mayo de 2008 el Tribunal de Primera Instancia dictó dos
resoluciones.
En la primera de ellas, el foro primario
declaró no ha lugar la moción de supresión de evidencia
presentada
por
el
señor
Fernández
Rodríguez.
En
el
referido dictamen, el tribunal de instancia señaló que no
le
confirió
credibilidad
al
testimonio
del
licenciado
Carbone ni al del licenciado Zayas porque habían omitido
hechos
importantes
declaraciones.
y
fueron
inconsistentes
sus
Véase, Apéndice de certiorari, pág. 147.
Cónsono con lo anterior, el tribunal primario sostuvo
que no se había violado el privilegio abogado-cliente del
señor
Fernández
intención
Rodríguez.
siempre
Ello,
fue
acudir
esos
efectos,
entregarse.
A
Rodríguez
compareció
al
acompañado
debido
Cuartel
añadió
que
General
que
su
para
Fernández
y
asesorado
por
su
se
presentó
con
la
abogado,
el
licenciado
Carbone;
intención
de
hacer
declaraciones
unas
a
sobre
un
doble
asesinato que había ocurrido esa misma tarde; y estuvo
presente
cuando
comparecencia.
su
abogado
divulgó
la
razón
para
su
Véase, Apéndice de certiorari, págs. 65,
146-147.
De otra parte, en la segunda resolución, el Tribunal
de Primera Instancia determinó causa probable para acusar
por dos cargos de asesinato, dos cargos bajo el Artículo
5.15 y un cargo por infracción al Artículo 5.04 de la Ley
Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, según enmendada,
CC-2009-0622
9
conocida
como
Ley
de
Armas
de
Puerto
Rico.
Véase,
Apéndice de certiorari, pág. 65.
Subsiguientemente, el 16 de mayo de 2008 el Pueblo
presentó las acusaciones según autorizadas contra el señor
Fernández Rodríguez.
El 9 de junio del mismo año, el
imputado presentó una Moción de Desestimación al amparo de
la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.
II, R.64(p).
En su escrito adujo que la determinación de
causa probable para acusar fue contraria a derecho debido
a que la prueba presentada en la vista preliminar era
inadmisible
e
ilegal
por
ser
producto
de
información
privilegiada, la cual fue confiada por el imputado a su
representante legal.
Además, señaló que la única prueba
que lo ataba a los hechos era el testimonio del sargento
Curbelo y, siendo el mismo inadmisible, la determinación
de causa probable era contraria a derecho.
Oportunamente,
el 7 de agosto de 2008 la Fiscalía presentó su oposición
al petitorio de desestimación presentada por el imputado.
Véase, Apéndice de certiorari, págs. 65-69.
Luego
de
varias
incidencias
procesales,
el
29
de
diciembre de 2008 el foro primario emitió una resolución
en
la
que
imputado.
denegó
la
solicitud
de
desestimación
del
En su dictamen puntualizó que aunque el señor
Fernández Rodríguez no renunció a su privilegio abogadocliente, el testimonio del sargento Curbelo era admisible.
Ello, debido a que el sargento Curbelo actuó conforme a la
doctrina de “autoridad aparente”.
Es decir,
CC-2009-0622
10
el sargento Curbelo estaba convencido de que el
licenciado Carbone estaba autorizado a divulgar
[la]
información
que
divulgó.
Ciertamente
aparentaba tenerla.
Las propias actuaciones del
licenciado Carbone son las que dan base “a la
buena fe de los agentes de la policía y permite
llegar a una creencia o conclusión razonable de
que la persona que representa tener la autoridad…
la tiene”.
Véase, Apéndice de certiorari, págs.
76-86.
Inconforme,
presentó
un
el
28
de
recurso
de
certiorari
Apelaciones.
opuso
El
Ministerio
oportunamente.
enero
de
2009
ante
Público,
Estudiados
los
el
el
por
imputado
Tribunal
su
parte,
argumentos
de
de
se
las
partes, el 22 de mayo de 2009 el Tribunal de Apelaciones
dictó una sentencia y confirmó la resolución recurrida.
Sostuvo que la determinación de causa probable para acusar
fue
conforme
a
derecho
toda
vez
que
el
peticionario
renunció tácitamente al privilegio abogado-cliente.
Ello,
pues la prueba desfilada reveló que su intención siempre
fue acudir al Cuartel General para entregarse.
Véase,
Apéndice de certiorari, pág. 172.
Además, el foro apelativo intermedio señaló que el
peticionario
no
objetó
oportunamente
el
testimonio
del
sargento Curbelo durante la vista de causa probable para
arresto.
Por
esta
razón,
dicho
foro
coligió
que
era
innecesario que el Tribunal de Primera Instancia aplicara
por analogía la doctrina de “autoridad aparente”.
Íd.1
Nuevamente insatisfecho, el 21 de julio de 2009 el
imputado
1
presentó
una
petición
de
certiorari
ante
este
Sobre esta determinación, el imputado presentó una solicitud de
reconsideración, la cual fue denegada mediante resolución emitida el
16 de junio de 2009. Véase, Apéndice de certiorari, pág. 181.
CC-2009-0622
11
Tribunal.
En ella señaló la comisión de los siguientes
errores:
Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la
resolución del Tribunal de Primera Instancia
denegando la moción de desestimación presentada
por el peticionario bajo las disposiciones de la
Regla 64(p) de Procedimiento Criminal a pesar de
que la determinación de causa probable fue
contraria a derecho ya que la misma se basó en
prueba que legalmente no era admisible.
Es
errada
la
decisión
del
foro
apelativo
intermedio a los efectos de que medió una
renuncia implícita al privilegio abogado-cliente
porque:
el
peticionario
había
comparecido
voluntariamente al Cuartel General de la Policía
en relación a una investigación de unos hechos
delictivos;
la
información
ofrecida
por
el
abogado que lo representó en ese momento no fue
compelido a ofrecer la información en relación a
dónde se encontraba el arma de fuego sino que
brindó
voluntariamente
y
sin
coacción
tal
información; y no invocó oportunamente dicho
privilegio en el procedimiento judicial seguido
en su contra.
Con el beneficio de la comparecencia de las partes y
sus respectivos alegatos, procedemos a resolver.
II
Como
es
sabido,
los
privilegios
surgen
de
la
Constitución, de la ley, de las Reglas de Evidencia o de
las leyes especiales.
La Constitución, por un lado, puede
crear privilegios, como lo es el que se deriva del derecho
contra
la
autoincriminación.
Por
otro
lado,
la
Constitución puede limitar -y hasta suprimir- el alcance
de un privilegio cuando su aplicación está reñida con un
derecho
fundamental.
E.L.
Chiesa
Aponte,
Tratado
de
Derecho Probatorio, Publicaciones JTS, Tomo I, 2005, págs.
169-170.
CC-2009-0622
12
Los
privilegios
evidenciarios
buscan
adelantar
valores e intereses sociales que por consideraciones de
política pública se estiman superiores a la búsqueda de la
verdad.
supra,
Chiesa
pág.
Aponte,
169.
Tratado
El
de
Derecho
fundamento
Probatorio,
tradicional
es
el
utilitarismo.
Es decir, “se estima que el sacrificio de
evidencia
claro
con
valor
probatorio
adelantar un alto interés público….
el
interés
público
que
se
se
justifica
para
Mientras más alto sea
quiere
adelantar
con
el
privilegio, mayor será su alcance y menor las excepciones
al privilegio”.
E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia
de Puerto Rico 2009, Publicaciones JTS, 2009, pág. 149.
Véase,
además,
R.
Emmanuelli,
Prontuario
de
Derecho
Probatorio de Puerto Rico, Editorial Corripio, 1ra ed.,
1984, pág. 214.
En
ese
particularmente
contexto,
todo
proceso
el
tiene
el
criminal,
fin
judicial,
esencial
de
descubrir la verdad de lo acontecido, razón por la cual no
debe exceptuarse o excluirse la debida exposición de los
hechos pertinentes, salvo que exista un interés superior o
de mayor jerarquía para la sociedad o para la persona que
se interponga a ese fin.
D.P.R. 930 (2001).
Pueblo v. De Jesús Delgado, 155
Dicho de otro modo, los privilegios,
por su naturaleza y función, impiden el descubrimiento de
ciertos
actos,
hechos
o
comunicaciones
por
existir
intereses en conflicto que intervienen con esa búsqueda
exhaustiva de la verdad.
Es por ello que los privilegios,
CC-2009-0622
13
contenidos
en
las
Reglas
restrictivamente.
De
ahí
de
Evidencia,
que
el
se
interpretan
fundamento
de
los
privilegios sea totalmente independiente de la búsqueda de
la verdad.
Es decir, se excluye materia privilegiada por
razones
consideraciones
y
adelantar
valores
o
de
política
intereses
pública,
sociales
para
ajenos
o
antagónicos a la búsqueda de la verdad, tan fundamental
para
la
más
judiciales.
justa
adjudicación
de
las
controversias
Ortiz García v. Meléndez Lugo, 164 D.P.R. 16
(2005).
A. El Privilegio Abogado-Cliente
Al
momento
consideración,
de
la
los
Regla
hechos
delictivos
25
las
de
ante
derogadas
nuestra
Reglas
de
Evidencia de Puerto Rico de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R.
25 (2008), encarnaba el privilegio abogado-cliente de la
siguiente manera:
(A) Según usadas en esta regla, las siguientes
expresiones
tendrán
el
significado
que
a
continuación se indica:
(1) Abogado: Persona autorizada o a
quien el cliente razonablemente creyó
autorizada a ejercer la profesión de
abogado; incluye a la persona así
autorizada
y
a
sus
asociados,
asistentes y empleados de oficina.
(2)
Cliente:
Persona
natural
o
jurídica que, directamente o a través
de representante autorizado, consulta
a un abogado con el propósito de
contratarle o de obtener servicios
legales o consejo en su capacidad
profesional; incluye al incapaz que
consulta él mismo a un abogado o cuyo
tutor o encargado hace tal gestión con
el abogado a nombre del incapaz.
CC-2009-0622
14
(3) Comunicación Confidencial: Aquella
comunicación habida entre un abogado y
su
cliente
en
relación
a
alguna
gestión profesional, basada en la
confianza de que no será divulgada a
terceras personas, salvo a aquellas
personas que sea necesario para llevar
a
efecto
los
propósitos
de
la
comunicación.
(B) Sujeto a lo dispuesto en esta regla, el
cliente, sea o no parte en el pleito o acción,
tiene el privilegio de rehusar revelar, y de
impedir
que
otro
revele,
una
comunicación
confidencial
entre
él
y
su
abogado.
El
privilegio puede ser invocado no sólo por el
poseedor del privilegio que es el cliente, sino
también por una persona autorizada a invocarlo
en beneficio de éste, o por el abogado a quien
la comunicación fue hecha si lo invoca a nombre
de y para el beneficio del cliente.2
2
En la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico-probatorio encarna
el privilegio abogado-cliente en la Regla 503 de Evidencia, 32
L.P.R.A. Ap. VI, R.503. Ésta dispone, en lo pertinente, lo siguiente:
(a)
“Según
usadas
en
esta
Regla,
las
siguientes
expresiones
tendrán
el
significado
que
a
continuación se indica:
(1)
Abogado: Persona autorizada o a quien el
cliente razonablemente creyó autorizado
a ejercer la profesión de la abogacía en
Puerto
Rico
o
en
cualquier
otra
jurisdicción;
incluyendo
a
sus
asociadas, ayudantes y empleadas.
(2)
Cliente: Persona natural o jurídica que,
directamente o a través de representante
autorizado, consulta a un abogado con el
propósito de contratarle o de obtener
servicios
legales
o
consejo
en
su
capacidad profesional. Incluye a la
persona
incapaz
que
consulta
a
un
abogado o cuyo tutor o encargado hace
tal gestión con el abogado a nombre de
la persona incapaz.
(3)
Representante
autorizado:
Persona
facultada para obtener servicios legales
o actuar a base de consejo legal
ofrecido, en representación del que es
cliente. Incluye a una persona que, con
el
propósito
de
que
se
brinde
representación legal a quien es cliente,
hace
o
recibe
una
comunicación
confidencial mientras actúa dentro del
alcance de su empleo con el cliente.
(4)
Comunicación
confidencial:
Aquella
habida entre un abogado y su cliente en
relación con alguna gestión profesional,
basada en la confianza de que no será
divulgada a terceras personas, salvo
aquellas que sea necesario para llevar a
CC-2009-0622
15
El privilegio abogado-cliente es el más antiguo de
los privilegios que emanan del derecho común.
P.R. v. A.C.T., 167 D.P.R. 361 (2006).
Autopistas
En Inglaterra,
éste se reconoció aproximadamente en el año 1577, durante
los tiempos de la Reina Isabel I, en el caso de Berd v.
Lovelace, 21 Eng. Rep. 33.
No obstante, sus orígenes se
remontan al Derecho Romano y luego al Derecho Canónico.
Bajo la doctrina original, este privilegio le pertenecía
al abogado, no al cliente, ya que su fin no era más que
preservar el honor del abogado por no tener que revelar
los
secretos
Federal
confiados
Evidence,
2da
por
ed.,
el
cliente.
Lexis
Nexis,
Weinstein’s
Vol.
3,
Sec.
503.03 (1), 2011, págs. 503-511.
Desde
su génesis, el privilegio
abogado-cliente
protegido
el
vínculo
de
fiduciaria
ya
que
de
revelar
confianza
las
esta
confidencias
del
ha
relación
cliente
constituye, no sólo un acto de traición, sino que viola el
deber
de
lealtad
del
abogado.
Mueller,
Christopher
y
Kirkpatrick, Laird, Federal Evidence, Thompson/West, 2007,
(b)
efecto
los
propósitos
de
la
comunicación.
Sujeto a lo dispuesto en esta Regla, el cliente -sea
o no parte en el pleito o acción- tiene el
privilegio de rehusar revelar, y de impedir que otra
persona revele, una comunicación confidencial entre
ella y su abogado. El privilegio puede ser invocado
no solo por quien lo posee -que es la persona
cliente- sino también por una persona autorizada a
invocarlo en beneficio de ésta, o por el abogado a
quien la comunicación fue hecha si lo invoca a
nombre de y para beneficio del que es cliente”.
Como bien se deduce del texto citado, la nueva Regla 503 de
Evidencia de 2009 comparte un lenguaje similar en naturaleza a aquel
esbozado por la derogada Regla 25 de las Reglas de Evidencia de 1979,
supra.
Con excepción de la definición del término Representante
Autorizado, al igual que otros cambios menores, podemos interpretar
ambas reglas de igual forma.
CC-2009-0622
16
Vol. 2, Sec. 5:13, pág. 519.
Ap.
IX,
C.21;
In
re:
Véanse, además, 4 L.P.R.A.
Rochet
Santoro,
174
D.P.R.
123
(2008); In re: Monge García, 173 D.P.R. 379 (2008).
En la actualidad, los privilegios tienen un poseedor;
esto
es,
una
privilegio.
persona
a
favor
de
la
cual
se
crea
el
Ese titular es el que tiene el derecho a
invocar el privilegio y de objetar la evidencia que se
presenta en violación al mismo.
cliente
el
titular
del
En la relación abogado-
privilegio
lo
es
el
cliente.
McCormick on Evidence, West Publishing Corp., ed. 2006,
Sec. 73.1(a), págs. 342-344.
Así, no sólo son privilegiadas las comunicaciones del
cliente al abogado, sino también las hechas del abogado al
cliente en el curso del asesoramiento legal.
privilegio
se
extiende
en
ambas
En fin, el
direcciones.
Chiesa
Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, supra,
pág. 151.
De igual forma, “es suficiente con que el cliente
razonablemente crea que con quien habla es un abogado,
aunque en realidad no lo sea.
pasar
por
abogado,
sin
realmente
razonablemente
cree
comunicaciones
confidenciales
Para
que
abogado
que
el
privilegio
esté
admitido
Si una persona se hace
la
persona
son
opere,
al
serlo,
es
y
el
cliente
abogado,
privilegiadas”.
no
ejercicio
es
de
necesario
la
las
Íd.
que
el
abogacía
en
Puerto Rico, sino basta con que esté admitido en alguno de
CC-2009-0622
17
los Estados de los Estados Unidos.
Íd.
Véase, además,
Autopistas P.R. v. A.C.T., supra.
Acorde
con
lo
expresado,
el
privilegio
abogado-
cliente puede ser invocado, no sólo por quien lo posee -el
cliente-,
sino
también
por
una
persona
autorizada
a
invocarlo en beneficio de ésta, o por el abogado a quien
la comunicación fue hecha si lo invoca a nombre de y para
beneficio
puede
del
ser
cliente.
planteado
Se
reconoce
que
el
el
abogado
en
beneficio
por
privilegio
del
cliente, hasta tanto se demuestre que el abogado no está
autorizado para actuar en tal carácter.
Weinstein, op
cit., Sec. 503-20 (3), pág. 503.
Además,
el
privilegio
abogado-cliente
impide
al
abogado divulgar una comunicación confidencial que le hizo
su cliente, y si el abogado le divulga a un tercero la
comunicación confidencial, el tercero no podrá testificar
sobre
ella
ante
objeción
del
privilegio) o su representante.
cliente
(poseedor
del
No obstante, el abogado
sí puede testificar sobre una conversación con una persona
que no es su cliente, en cuyo caso no hay comunicación
privilegiada alguna protegida por el privilegio.
En otras
palabras, las manifestaciones que a un abogado haga una
persona
que
no
es
su
cliente,
no
son
privilegiadas,
pudiendo dicho abogado declarar en cuanto a las mismas.
Pueblo v. Rodríguez, 66 D.P.R. 317 (1946).
En ese sentido, para que un tribunal reconozca la
existencia de una comunicación privilegiada es necesario
CC-2009-0622
18
que concurran cuatro condiciones fundamentales, a saber:
(1)
la
comunicación
tiene
que
haberse
originado
en
la
confianza de que no será divulgada; (2) este elemento de
confiabilidad tiene que ser esencial para mantener plena y
satisfactoriamente la relación entre las partes; (3) la
relación debe ser una que la comunidad considere debe ser
diligentemente promovida; y (4) el perjuicio que causaría
la divulgación de la comunicación debe ser mayor que el
beneficio obtenido por la correcta disposición del pleito.
García
Negrón
v.
Tribunal
Superior,
104
D.P.R.727,
bajo
apartado
(C)
de
supra,
nuestro
732
(1976).
Sin
Regla
embargo,
25
probatorio
de
el
Evidencia,
establece
que
no
existe
la
derogada
ordenamiento
privilegio
abogado-
cliente si:
(1) Los servicios del abogado fueron solicitados
u obtenidos para permitir o ayudar a cualquier
persona a cometer o planear la comisión de un
delito, un acto torticero o un fraude.
(2)
La
comunicación
es
pertinente
a
una
controversia entre los herederos del cliente ya
fallecido,
independientemente
de
que
las
reclamaciones provengan de un testamento o de
sucesión intestada o de transacción entre vivos.
(3)
La
comunicación
es
pertinente
a
una
controversia relativa a una violación por el
abogado del cliente de un deber que surja de la
relación abogado-cliente.
(4)
La
comunicación
es
pertinente
a
una
controversia relativa a un documento en que
intervino el abogado en calidad de notario.
(5) La comunicación es pertinente a una materia
de común interés para dos o más clientes del
abogado, en cuyo caso un cliente no puede
invocar el privilegio contra los otros dos.3
3
Luego de la vigencia de las nuevas Reglas de Evidencia de 2009, las
excepciones al privilegio abogado-cliente se encuentran contempladas
en la Regla 503 (C), supra.
CC-2009-0622
19
B. Renuncia de los Privilegios
Todos
los
privilegios,
incluyendo
constitucional son renunciables.
los
de
rango
Chiesa Aponte, Tratado
de Derecho Probatorio, supra, págs. 173-174.
Como norma
general,
de
éstos
tienen
que
ser
renunciados
voluntaria, consciente e inteligente.
475
U.S.
412
(1986).
J.A.B.C.,
123
D.P.R.
551
Rodríguez,
118
D.P.R.
515
voluntaria
si
es
intimidación,
Pueblo
o
Moran v. Burbine,
en
interés
del
menor
(1989);
Pueblo
v.
López
(1987).
Una
renuncia
sin
que
haya
mediado
violencia
por
parte
de
“realizada
coacción
forma
será
los
funcionarios del Estado en el procedimiento que culmina en
la
toma
de
la
confesión”.
Pueblo
v.
Ruiz
Bosch,
127
D.P.R. 762, 775–776 (1991); Pueblo en interés del menor
J.A.B.C., supra, pág. 561.
Es decir, para que se entienda
renunciado un privilegio su dueño o poseedor, debe ser
advertido o informado por las autoridades pertinentes, de
su derecho al privilegio y de la existencia del mismo.
Las Reglas 33 y 34 de las Reglas de Evidencia de
1979, recogían estatutariamente los principios esbozados.
Así, la Regla 33 disponía lo siguiente:
Una persona que de otro modo tendría el
privilegio de no divulgar un asunto o materia
específico, o de impedir que otra persona los
divulgue, no tiene tal privilegio respecto a
dicho asunto o materia si el tribunal determina
que esa persona, o cualquiera otra mientras era
la poseedora del privilegio, se obligó con otro
a no invocar el privilegio, o que sin haber sido
coaccionada y con conocimiento del privilegio,
divulgó cualquier parte del asunto o materia, o
permitió tal divulgación por otra persona. Esta
regla
no
se
aplicara
a
los
privilegios
CC-2009-0622
20
[constitucionalmente reconocidos al acusado, al
igual que el privilegio en contra de la
autoincriminación.]4
32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 33
(2008)
4
Hoy día, la renuncia al privilegio abogado-cliente está reglamentado
en las Reglas 505 y 515 de Evidencia de 2009, supra. La Regla 505 de
Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, reza como sigue:
(A)
Aplicabilidad de esta Regla
Las disposiciones de esta Regla aplican a comunicaciones o
información protegida por el privilegio abogada o abogadocliente, contadora o contador público autorizado-cliente o
por el privilegio para el producto del trabajo, según se
definen dichos términos a continuación:
(1)
Privilegio abogada o abogado-cliente o contadora o
contador público autorizado-cliente: Significa la
protección
provista
a
comunicaciones
confidenciales entre abogada o abogado y cliente o
contadora o contador público autorizado y cliente
de conformidad con el Derecho aplicable.
(2)
Privilegio para el producto del trabajo: Significa
la protección provista a información que es el
producto del trabajo de una parte o de la persona
que es abogada, consultora, fiadora, aseguradora o
agente de dicha parte, preparada u obtenida en
anticipación de, o como parte de una investigación
o procedimiento civil, administrativo o penal.
(B)
Renuncia Voluntaria
La divulgación voluntaria de una información protegida por
el privilegio abogada o abogado-cliente, contadora o
contador público autorizado-cliente o el privilegio para el
producto del trabajo constituye una renuncia a estos
privilegios, la cual no se extiende a una comunicación no
divulgada o a información sobre la misma materia.
Esta
Regla no aplica si la comunicación no divulgada o los datos
en cuestión deben ser considerados para la más cabal
comprensión de la información divulgada.
(C)
Renuncia involuntaria
La divulgación de una comunicación o información protegida
por el privilegio abogada o abogado-cliente, contadora o
contador público autorizado-cliente o el privilegio para el
producto del trabajo, no se considerará una renuncia al
privilegio
si
se
cumple
con
todos
los
requisitos
siguientes:
(D)
(1)
si fue realizada por inadvertencia,
(2)
como
parte
del
procedimiento
judicial
administrativo en el cual se invoca la renuncia,
(3)
quien
posee
el
privilegio
tomó
medidas
de
precaución razonables para evitar la divulgación y
(4)
una vez el poseedor o la poseedora del privilegio
conoció o debió conocer de la divulgación, con
razonable prontitud tomó medidas para rectificar
el error.
o
Efectos de una renuncia mediante estipulación
Un acuerdo entre las partes en un litigio en relación con
el efecto que tendrá la divulgación de una información o
CC-2009-0622
21
Por su parte, la Regla 34 proveía que un Juez
[podía] admitir una comunicación de otra manera
privilegiada
cuando
determin[ara]
que
la
conducta del poseedor del privilegio equival[ía]
a
una
renuncia,
independientemente
de
lo
comunicación protegida por el privilegio abogada o abogadocliente, contadora o contador público autorizado-cliente o
el privilegio para el producto del trabajo, sólo tendrá
efecto vinculante entre las partes en el litigio, excepto
si el acuerdo de las partes es incorporado en una orden del
Tribunal.
(E)
Órdenes Judiciales
Una orden emitida como parte de un procedimiento judicial
en un Tribunal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y
la cual dispone que el privilegio abogada o abogadocliente,
el
privilegio
contadora
o
contador
público
autorizado-cliente o el privilegio para el producto del
trabajo no debe considerarse renunciado en virtud de una
divulgación de información efectuada en dicho procedimiento
judicial, obliga a todas las personas o entidades en todos
los procedimientos judiciales o administrativos ante el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, independientemente de
que dichas personas o entidades hayan sido parte en el
procedimiento judicial, si: (1) la orden incorpora el
acuerdo de las partes ante el Tribunal ó (2) en caso de
surgir controversia entre las partes respecto a si hubo una
renuncia al privilegio como resultado de una divulgación,
la orden determina que no hubo tal renuncia al privilegio
en cuestión.
Por otro lado, la Regla 517 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap.VI,
dispone lo siguiente:
(a)
Renuncia expresa
Una persona, que de otro modo tendría el privilegio de no
divulgar un asunto o materia específico, o de impedir que
otra los divulgue, no tiene tal privilegio respecto a dicho
asunto o materia si el Tribunal determina que: (1) esa
persona, o cualquiera otra mientras era la poseedora del
privilegio , se obligó con otra a no invocar el privilegio,
o (2) que sin haber sido coaccionada y con conocimiento del
privilegio, divulgó cualquier parte del asunto o materia, o
permitió tal divulgación por otra persona.
(b)
Renuncia implícita
La Jueza o el Juez que preside un caso podrá admitir una
comunicación de otra manera privilegiada cuando determine
que la conducta de quien posee el privilegio equivale a una
renuncia, independientemente de lo dispuesto en el inciso
(a) de esta Regla.
(C)
Esta
Regla
no
se
aplicará
a
los
establecidos en las Reglas 501, 502 y 512.
Privilegios
CC-2009-0622
22
dispuesto en la Regla 33[, supra]. 32 L.P.R.A.
Ap. IV, R. 34 (2008).
C. Interpretación Restrictiva de los Privilegios
La Regla 35 de Evidencia de 1979 proveía que los
privilegios
evidenciarios
restrictivamente
“en
relación
a
debían
interpretarse
cualquier
determinación
sobre la existencia de un privilegio”.
32 L.P.R.A. Ap.
IV, R. 35 (2008).
Esta
Curia
ha
invocado
en
numerosas
ocasiones
el
concepto de la interpretación restrictiva para limitar el
alcance
o
no
permitir
la
aplicación
de
un
privilegio.
Pueblo en interés del menor, L.R.R., 125 D.P.R. 78 (1989);
García
Negrón
v.
Tribunal
Superior,
supra;
Ward
v.
Tribunal Superior, 101 D.P.R. 865 (1974); Lugo Ortiz v.
Ferrer, 85 D.P.R. 862 (1962); Pueblo v. Matos, 86 D.P.R.
335 (1961).
pudiera
La interpretación restrictiva del privilegio,
inclinar
reconocimiento.
la
Ahora
balanza
bien,
ante
en
la
contra
de
su
ausencia
de
una
renuncia expresa es imperativo evaluar la totalidad de las
circunstancias,
donde
se
protegen
unos
derechos
constitucionales.
D. Consideraciones Éticas del privilegio y relación
Abogado-Cliente: sus implicaciones con el Derecho
Constitucional a no autoincriminarse
La
relación
de
abogado
y
cliente
debe
fundamentarse en la absoluta confianza.
Todo
miembro del foro legal le debe a sus clientes un
trato profesional caracterizado por la mayor
capacidad, la más devota lealtad y la más
completa honradez. El abogado debe poner todo su
empeño en llevar a cabo en esa forma su gestión
profesional y no debe dejar de cumplir con su
deber por temor a perder el favor judicial o por
CC-2009-0622
23
miedo a perder la estimación popular.
Ap. IX, Art. 18.
4 L.P.R.A.
La relación abogado-cliente es una sui generis.
Es
de naturaleza fiduciaria y está basada en la honestidad,
lealtad
medida,
y
fidelidad
a
las
absoluta.
inexorables
Ello
responde,
exigencias
en
gran
éticas
muy
particulares de la profesión legal.
López de Victoria v.
Rodríguez, 113 D.P.R. 265 (1982).
Así, esta relación se
fundamenta –en gran medida- en el deber de lealtad y de
confidencialidad que le debe todo abogado a su cliente.
L.P.R.A.
Ap.
IX,
C.21.5
Su
permite
que
una
persona
obtenga
fin
es
utilitario
consejo
legal
4
ya
que
con
la
confianza de que la comunicación se origina en un supuesto
de confidencialidad y que la misma no será divulgada más
allá
de
lo
necesario
para
Emanuelli, op cit., pág. 214.
llevar
a
cabo
sus
fines.
Esta obligación continúa
aun después de haber cesado las relaciones del abogado y
cliente.
In re: Guzmán, 80 D.P.R. 713, 724 (1958).
En su obra, Ética y Responsabilidad Disciplinaria del
Abogado, el Juez Sigfrido Steidel Figueroa, describe con
precisión las implicaciones éticas de la relación abogadocliente.
Al formalizar una relación profesional con un
cliente, un abogado se obliga a cumplir las
5
En lo pertinente, el Canon 21 de Ética Profesional reza como sigue:
“El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad
completa.
La obligación de representar a un cliente con
fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o
confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar
su divulgación. Será altamente impropio de un abogado el
utilizar las confidencias o secretos de un cliente en
perjuicio de éste”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.21.
CC-2009-0622
24
prestaciones que la relación contractual genera.
También se obliga a cumplir con los deberes que
el código de ética le impone, algunos de los
cuales
pueden
concebirse
como
prestaciones
accesorias a la prestación principal pactada.
Esos deberes no son exigibles sólo frente al
cliente inmediato del abogado durante el tiempo
en que subsiste la relación contractual. Algunos
son exigibles incluso luego de que el abogado
cumple la gestión específica que el cliente le
encomendó, pues no se proyectan exclusivamente en
la dinámica interna entre el abogado y su
representado.
También
tienen
implicaciones
frente a otros clientes, tanto simultáneos como
futuros.
Así, la responsabilidad ética y
disciplinaria del abogado trasciende tanto el
vínculo temporal de la relación contractual, al
proyectarse aún después de que la relación
finaliza, como la singularidad de la relación
contractual con una o varias personas.
En
similar situación se encuentra el abogado que
asume de oficio la representación legal de una
persona.
...
Un cliente selecciona a un abogado como su
representante por diversas razones: la reputación
ganada por el abogado; una relación de amistad,
de parentesco o de otra índole; accesibilidad
geográfica o de costo; por recomendación; por
designación de oficio del tribunal (en cuyo caso
no cabe hablar propiamente de selección por parte
del cliente); o por designación del bufete
contratado por el cliente; entre muchas otras
razones.
Indistintamente, el cliente habrá de
confiar en que el abogado cumplirá diligentemente
la tarea que se le ha encomendado. De este modo,
subyace en esa naciente relación la expectativa
del cliente de que el abogado que ha seleccionado
honrará la confianza que le ha depositado.
Para algunos, la relación de confianza exigible a
un abogado frente a un cliente no parece muy
distinta de la que debe [exigirse] en otro tipo
de relación profesional, como por ejemplo, entre
un médico y un paciente o entre un contador
público y un cliente.
No hay duda de que todas
estas relaciones profesionales requieren una
dosis significativa de confianza entre las partes
involucradas.
De
hecho,
toda
relación
contractual parte de un elemento mínimo de
confianza –confianza en que se cumplirán las
prestaciones según lo pactado, confianza en que
CC-2009-0622
25
se obrará de buena fe, etcétera.
Sin embargo,
distinto a otras relaciones profesionales, la
relación entre un abogado y un cliente con
frecuencia se opone a otros intereses, de
ordinario adversos, a los que el cliente mira con
desconfianza.
De
este
modo,
el
contexto
adversativo propio del sistema de dispensar
justicia -que no está presente en la relación
entre un médico y un paciente o entre un contador
y un cliente- adscribe un sitial de preeminencia
al deber de honrar la confianza depositada por un
cliente en un abogado.
“Hacer honor a la
confianza constituye, así, la piedra angular de
los deberes que el abogado debe cumplir en su
relación con un cliente.
Pero, ¿confianza en
qué?
Surgen entonces los deberes implícitos en
aquél: absoluta lealtad, honradez, diligencia y
competencia profesional.
El deber de lealtad hacia un cliente lleva
implícito
dos
obligaciones
principales
del
abogado:
“ejercer
un
criterio
profesional
independiente en defensa de los intereses del
cliente”
y
“no
divulgar
los
secretos
y
confidencias que el cliente haya compartido en el
transcurso de su representación.
Este último
deber subsiste aún después de que concluye la
relación abogado-cliente.
...
Ínsito en el deber de lealtad, también se
encuentra el deber del abogado de mantener la
secretividad de las confidencias que le hace un
cliente.
Este deber posibilita que el abogado
obtenga toda la información relevante al caso de
su cliente sin que éste tema que lo [expresado] a
su abogado llegue sin su consentimiento a oídos
de terceros que pudieran perjudicarlo….
Steidel
Figueroa, Ética y Responsabilidad Disciplinaria
del Abogado, JTS, 2010, págs. 173-177.
(Énfasis
nuestro.)
Así pues, las obligaciones que nacen de la relación
abogado-cliente
pueden
verse
desde
dos
ético-disciplinaria y probatoria-procesal.
perspectivas:
En esencia, se
trata de acercamientos a intereses jurídicamente tutelados
que tienen sus propios fundamentos y que operacionalmente
coinciden entre sí.
Steidel Figueroa, op cit., pág. 176.
CC-2009-0622
26
Desde
la
el
deber
tiene
vertiente
de
guardar
recibe de su cliente.
procesal-probatoria,
ético-disciplinaria,
todas
las
el
abogado
confidencias
que
De igual modo, desde su dimensión
“tanto
el
abogado
como
terceras
personas están obligadas a respetar ese vínculo de lealtad
que debe profesar un abogado hacia su cliente mediante el
reconocimiento de un privilegio probatorio invocable por
el cliente, incluso frente a terceros”.
Íd.
Asimismo,
el
deber
de
lealtad
y
secreto
profesional tiene tangencia con la protección
constitucional contra la autoincriminación.
De
ahí que se haya afirmado que el deber de secreto
profesional se basa “en la necesidad de la
libertad de comunicación que debe existir entre
el letrado y su cliente y en la obligación de
asegurarle a este último que sus confidencias no
serán violadas; en este sentido, está unido a la
garantía constitucional según la cual nadie está
obligado a declarar contra sí mismo”.
Steidel
Figueroa, op cit., pág. 176 citando a M.E.
Azerrad, G. Alberto Florio y M.S. Azerrad, El
Secreto
Profesional
y
el
Deber
de
Confidencialidad, 114 (Ediciones Jurídicas Cuyo,
2003). (Énfasis nuestro.)
Precisamente, es ese deber de secreto profesional y
la necesidad de que las comunicaciones habidas entre el
cliente y su abogado no sean divulgadas a terceros, lo que
hace que la garantía constitucional a no autoincriminarse
también
esté
probatorio.
encarnada
dentro
nuestro
esquema
Véanse, Reglas 23 y 24 de Evidencia de 1979,
32 L.P.R.A. Ap. IV, R.23 y
abogado
de
divulga
R.24. Ello, pues cuando un
información
confidencial
sin
la
autorización previa de su cliente, incurre en una de las
faltas éticas de mayor gravedad; particularmente en contra
de
los
deberes
de
lealtad
y
confidencialidad
que
debe
CC-2009-0622
27
honrarle a sus clientes.
4 L.P.R.A. Ap. IX, C.21.
Más
aún, si la información divulgada de forma no autorizada
incrimina penalmente a su cliente, el abogado, aparte de
incurrir en conducta impropia, viola el derecho a la no
autoincriminación de su cliente.
Cf. Nix v. Whiteside,
475 U.S. 157 (1986); In re: Clavell Ruiz, 131 D.P.R. 500
(1992).
Empero, si las circunstancias particulares del caso
revelan que el cliente renunció adecuadamente a su derecho
a no autoincriminarse y a su privilegio bajo la Regla 25
de
Evidencia,
conducta
supra,
impropia
el
abogado
alguna.
no
Véanse,
habrá
incurrido
además,
Brewer
en
v.
Williams, 430 U.S. 387 (1977) (el Tribunal Supremo federal
resolvió que la renuncia de un privilegio no sólo debe ser
inteligente,
sino
que
debe
demostrarse
renuncia del poseedor del privilegio.
la
intención
de
En ese sentido, en
relación al privilegio que emana de la Quinta Enmienda de
la
Constitución
de
los
Estados
Unidos,
es
fundamental
avisarle adecuadamente al poseedor del privilegio sobre
sus derechos y no limitarse a un ritual preliminar de
métodos existentes de interrogación); Miranda v. Arizona,
384 U.S. 460 (1966), y su progenie.
Un ejemplo de la normativa esbozada lo es People v.
Cassas, 84 N.Y. 2d 718 (1995).
En síntesis, los hechos
apuntan que James Cassas fue acusado y convicto por el
asesinato de su esposa, Jan Cassas, al dispararle con un
arma
de
fuego
cuatro
veces
por
detrás
de
la
cabeza
y
CC-2009-0622
28
cuello en horas de la mañana del 25 de junio de 1987.
People v. Cassas, supra, pág. 721.
A raíz de estos hechos, el señor Cassas y su abogado
Samuel Hirsch, acudieron a la Estación de la Policía más
cercana.
Una vez allí, el licenciado Hirsch se identificó
como abogado e indicó que en el hogar de su cliente había
ocurrido un problema, por lo que era necesario la pronta
asistencia de la policía.
Cassas
permaneció
en
el
Ante ello, mientras el señor
cuartel,
el
licenciado
Hirsch
acompañó a los policías a la escena del crimen y allí
encontraron el cuerpo de la señora Cassas.
Luego, el
licenciado Hirsch regresó al cuartel donde el señor Cassas
le esperaba.
Íd.
Una vez en el cuartel, el abogado expresó que “había
llevado a su cliente para que se entregara.
fue él quien le disparó a su esposa.
`Entiendo que
Encontrarán el arma
en el cuarto, la cual tendrá las huellas dactilares de mi
cliente´”.
Consecuentemente,
el
señor
Cassas
fue
arrestado y, más tarde en el día, se recuperó el arma de
fuego justo en el lugar donde indicó el licenciado Hirsch.
Íd.
Durante el proceso judicial contra el señor Cassas,
el Tribunal de Primera Instancia del Estado de Nueva York
denegó una moción que presentó el imputado solicitando la
supresión de las declaraciones hechas por el licenciado
Hirsch
momento
a
la
policía.
El
foro
primario
de
emitirse
las
referidas
señaló
que
al
declaraciones
el
CC-2009-0622
29
licenciado Hirsch, como abogado del señor Cassas, fungía
como su agente,
sobre
la
por lo que estaba
información
a
él
autorizado a hablar
confesada
por
producto de su relación abogado-cliente.
el
imputado
Por lo tanto,
coligió que la declaración obligaba al acusado.
Íd.
El Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York
confirmó
el
dictamen
recurrido.
Concluyó
que
la
declaración en controversia, la cual fue admitida mediante
el testimonio de un detective, constituía prueba directa
sobre la culpabilidad del señor Cassas.
Atendida
la
controversia
Estado de Nueva York,
ese
por
la
Íd.
Corte
Suprema
del
foro revocó el dictamen del
tribunal apelativo intermedio y ordenó la celebración de
un nuevo juicio.
conocido
que
Apuntaló que como norma general es harto
las
declaraciones
de
admisibles en contra de su cliente.
un
abogado
son
People v. Cassas,
supra, pág. 722, citando a United States v. Margiotta, 662
F2d 131, 142 (1981); People v. Rivera, 58 AD2d 147, 149
(1977).
era
Sin embargo, añadió el Tribunal, que este caso
distinguible.
Del
expediente
no
surge
evidencia
alguna que la declaración hecha por el licenciado Hirsch
fue debidamente autorizada por su cliente como parte de
una renuncia a su privilegio abogado-cliente.
“Esto es
particularmente importante en casos criminales donde el
acusado
retiene
la
autoridad
para
cruciales
sobre
su
defensa
contra
en
tomar
de
decisiones
los
cargos
CC-2009-0622
30
criminales”.
People v. Cassas, supra, pág. 722, citando a
Jones v. Barnes, 463 US 745, 751 (1983).
Significativamente,
y
clave
en
la
correcta
disposición del caso, la declaración violaría el
privilegio
abogado-cliente
porque
no
existe
prueba alguna que evidencie que el acusado
renunció su privilegio.
Este privilegio existe
“para asegurar que quien busca consejo legal
pueda confiar plena y libremente en su abogado, y
se
asegure
que
sus
confidencias
no
serán
expuestas al público o a terceras personas en su
detrimento”.
(Citas omitidas.)
Más aún, en
People v. White, 73 NY2d 468, 478 (1989), este
Tribunal resolvió que “un acusado que acepta
representación legal retiene autoridad ... sobre
ciertas decisiones fundamentales referentes a su
caso (e.g. si se declara culpable, si renuncia al
derecho a juicio por jurado, si testifica a su
favor, si apela un dictamen ...)”.
(Citas
omitidas.)
El hecho de que un abogado es el agente de su
cliente no significa que ello constituye una
renuncia al privilegio abogado-cliente. Para que
ello sea así, esa autorización específica debe
provenir del cliente. People v. Cassas, supra,
págs. 723-724.
En atención a ello, el
más alto foro judicial
de
Nueva York concluyó que la alegada confesión hecha por el
licenciado Hirsch fue erróneamente admitida en evidencia.
Ello, toda vez que el abogado no fue autorizado por el
acusado a declarar a su nombre ante los agentes del orden
público
ni
a
renunciar
al
privilegio
abogado-cliente.
People v. Cassas, supra, págs. 723-724.
E. Quantum de prueba en la Vista Preliminar y los
fundamentos para Desestimación bajo la Regla 64(p)
Conforme nuestro ordenamiento procesal criminal y su
jurisprudencia
interpretativa,
la
vista
preliminar
contemplada en la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34
L.P.R.A. Ap. II, R.23, debe celebrarse en todos los casos
CC-2009-0622
31
de delito grave.
esta
vista
es
“En esencia, el propósito principal de
evitar
injustificadamente
Ello
se
logra
a
que
los
mediante
una
rigores
la
persona
sea
sometida
de
un
proceso
penal.
exigencia
de
que
Estado
el
presente alguna prueba sobre los elementos constitutivos
del
delito
comisión”.
y
sobre
la
conexión
Pueblo
v.
Rivera
parte,
durante
del
Vázquez,
imputado
177
con
su
D.P.R.
868
(2010).
Por
su
la
celebración
de
la
vista
preliminar el imputado de delito puede presentar prueba a
su favor y contrainterrogar a los testigos presentados por
el Ministerio Público.
De esta forma, si luego de evaluar
la prueba desfilada el juez de instancia queda convencido
que existe causa probable para acusar al imputado, debe
autorizar que se presente la acusación en contra de éste.
“De lo contrario, lo debe exonerar y ponerlo en libertad
si es que estaba detenido”.
supra.
Pueblo v. Rivera Vázquez,
Véanse, además: Pueblo v. Ríos Alonso, 149 D.P.R.
761, 766–67 (1999); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R.
653, 663 (1985).
En este sentido, reiteradamente hemos resuelto que la
vista preliminar posee los rasgos de un modelo procesal
híbrido que permite evaluar, tanto la validez del arresto,
como las probabilidades de que la persona sea culpable del
delito grave que se le imputa.
supra.
Pueblo v. Rivera Vázquez,
No obstante, cabe recalcar que en esta etapa del
procedimiento no se hace una adjudicación en los méritos
CC-2009-0622
32
sobre la culpabilidad del imputado.
Véanse, Pueblo en
interés del menor K.J.S.R., 172 D.P.R. 490 (2007); Pueblo
v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. 656, 662 (1997); Pueblo v.
Rodríguez Aponte, supra.
En ese contexto,
El propósito de la vista preliminar es tratar
con probabilidades, tanto en lo referente a la
comisión de un delito como en cuanto al autor de
dicho delito....
[H]ay envuelta una doble
situación
de
probabilidades:
la
de
que
determinado delito haya sido cometido y la de
que
determinada
persona
lo
haya
cometido.
Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, págs. 663664,
citando
a
N.
Frattallone,
La
Vista
Preliminar, 63 Rev. Der. Puertorriqueño 231, 234
(1977).
En consecuencia, la vista preliminar no involucra una
adjudicación
establecer
final
la
en
los
méritos.
culpabilidad
del
Su
función
acusado.
Más
no
es
bien,
su
objetivo es auscultar si, en efecto, el Estado tiene una
justificación
adecuada
para
continuar
judicial en contra del imputado.
con
un
proceso
En esta etapa, la prueba
no tiene que evidenciar la culpabilidad del acusado más
allá
de
probar
duda
razonable,
todos
los
sino,
elementos
como
mencionáramos,
constitutivos
del
debe
delito
y
conectar razonablemente al imputado con la comisión del
mismo.
Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra.
Corolario
de
esta
visión,
el
Ministerio
Fiscal
no
está en la obligación de presentar toda la evidencia que
posea. Pueblo v. López Pumarejo, 113 D.P.R. 349 (1982).
Sólo
se
le
constitutiva
requiere
del
quantum
que
presente
necesario
para
aquella
prueba
establecer
que
existe causa probable sobre todos los elementos del delito
CC-2009-0622
33
y su conexión con el imputado.
Pueblo v. Pillot Rentas,
169 D.P.R. 746 (2006); Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra.
Vázquez
Rosado
(1972).
En fin, la existencia de causa probable en la
etapa
de
la
autorización
v.
Tribunal
vista
al
Superior,
preliminar
Ministerio
Público
100
concede
para
D.P.R.
la
592
debida
presentar
la
acusación de rigor.
Así, ante una determinación de causa probable para
acusar, el remedio exclusivo del acusado lo es solicitar
la desestimación del procedimiento celebrado en su contra
al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34
L.P.R.A. Ap. II, R.64(p).
En esencia,
esta moción le
permite al acusado solicitar la desestimación del pliego
acusatorio, o cualquier cargo incluido en éste, “cuando no
se ha determinado causa probable por un juez u ordenado su
detención para responder del delito con arreglo a la ley y
a derecho”.
Pueblo v. Rivera Vázquez, supra; Pueblo v.
Jiménez Cruz, 145 D.P.R. 803, 815 (1998).
Conforme la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal,
supra,
ésta
puede
ser
invocada
por
dos
fundamentos;
a
saber: (1) la determinación de causa probable es contraria
a derecho porque hubo una ausencia total de prueba en la
vista
preliminar;
ó
(2)
se
infringió
alguno
de
los
requisitos o derechos procesales que se deben observar en
la
vista
preliminar.
“Ambos
fundamentos
requieren
una
demostración clara del error que se imputa al magistrado,
pues toda determinación de causa probable para acusar goza
CC-2009-0622
34
de
una
presunción
Vázquez, supra.
de
corrección”.
Pueblo
v.
Rivera
Véanse, además, Pueblo v. Andaluz Méndez,
supra, pág. 662; Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37,
42–43 (1989).
Bajo el primer fundamento, debe auscultarse
si en la vista preliminar hubo una situación de ausencia
total de prueba.
dictamen
de
apelación.
Ello no implica que la evaluación de un
causa
Por
probable
el
constituya
contrario,
“es
propiamente
sólo
en
el
una
caso
particular de que haya ausencia total de prueba en la
vista preliminar que se permite sustituir el criterio del
juez que atienda la moción por el del magistrado que haya
presidido la vista aludida”.
supra;
Vázquez
Rosado
v.
Pueblo v. Rodríguez Ríos,
Tribunal
Superior,
100
D.P.R.
592, 594 (1972).
En tales circunstancias, se debe examinar la
prueba de cargo y de defensa desfilada en la
vista preliminar, y determinar si esa prueba
establece la probabilidad de que esté presente
cada uno de los elementos del delito y la
conexión del imputado con éste.
Además, se debe
considerar que aunque la prueba pueda establecer
la posible comisión de otro delito, sólo procede
desestimar ante un caso claro de ausencia total
de prueba sobre uno o varios elementos del delito
imputado, o sobre la conexión de la persona con
éste.
(Énfasis nuestro.)
Pueblo v. Rivera
Vázquez, supra.
Véase, además, Pueblo v. Rivera
Alicea, supra.
III
En el caso que nos ocupa, el peticionario Fernández
Rodríguez aduce que el testimonio del sargento Curbelo es
inadmisible
en
evidencia
debido
a
que
fue
obtenido
en
violación al privilegio abogado-cliente y en detrimento de
su derecho a no autoincriminarse.
A consecuencia de ello,
CC-2009-0622
35
nos solicita que revoquemos la sentencia dictada por el
Tribunal
de
Apelaciones
referido
testimonio
cargador ocupados.
y
y
el
ordenemos
arma
de
la
supresión
fuego,
del
municiones
y
Le asiste la razón, en parte.
A. Privilegio abogado-cliente del señor Fernández
Rodríguez y la admisibilidad del testimonio del sargento
Curbelo
Primeramente,
no
tenemos
duda
alguna
que
entre
el
peticionario Fernández Rodríguez y el licenciado Carbone
existió
una
contenidos
relación
en
el
abogado-cliente.
expediente
Los
documentos
así
como
judicial,
las
transcripciones de los testimonios del sargento Curbelo y
del
propio
licenciado
Carbone,
revelan
que
durante
el
transcurso de esta relación fiduciaria el señor Fernández
Rodríguez le confió al licenciado Carbone la información
relacionada
con
la
comisión
de
los
actos
delictivos
imputados.
En ese sentido, los requisitos esbozados en
García Negrón v. Tribunal Superior, supra, pág. 732, se
cumplen a cabalidad.
A saber: (1) la comunicación entre
el señor Fernández Rodríguez y el licenciado Carbone se
originó con la expectativa de que no sería divulgada; (2)
ese elemento de confidencialidad jugó un papel esencial
para mantener la relación fiduciaria entre las partes; (3)
la comunidad claramente considera que esta relación debe
ser promovida diligentemente; y (4) el perjuicio que causó
la divulgación de la comunicación es palpablemente mayor
al beneficio obtenido.
en
controversia
-y
Consecuentemente, la comunicación
toda
la
información
confiada
al
CC-2009-0622
36
licenciado
protegida
Curbelopor
el
constituye
privilegio
materia
privilegiada
abogado-cliente.
Véase,
Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009,
supra, pág. 151.
Además, entendemos que los hechos pertinentes a la
controversia
de
autos
escenarios
provistos
Evidencia,
supra,
no
por
para
presentan
ninguno
de
los
Regla
25(C)
de
inexistente
el
la
otrora
se
considere
que
privilegio abogado-cliente.
Es decir, el caso de epígrafe
no
situación
en
donde
solicitados
u
obtenidos
presenta
abogado
una
fueron
los
servicios
para
ayudar
cometer o planificar la comisión de un delito.
contrario.
del
a
Todo lo
En esta ocasión, los servicios del licenciado
Carbone fueron solicitados para fungir como protector de
los
derechos
que
le
asisten
a
toda
confesar la comisión de un crimen.
persona
que
desea
De igual forma, el
caso de autos no involucra una comunicación que: (a) esté
relacionada con la muerte de un cliente del abogado ni con
un
pleito
pertinente
entre
sus
a
violación
una
respectivos
de
herederos;
los
deberes
(b)
sea
mutuos
que
surgen de la relación abogado-cliente; (c) sea pertinente
a
una
controversia
abogado
intervino
relativa
en
a
un
documento
en
calidad
de
notario;
o
que
(d)
el
sea
pertinente a una materia de común interés para dos o más
personas que son clientes del abogado.
En segundo lugar, entendemos que las circunstancias
particulares de este caso tampoco muestran que el poseedor
CC-2009-0622
37
del privilegio abogado-cliente haya renunciado al mismo,
según lo pautado por las Reglas 33 y 34 de Evidencia de
1979,
supra.
En
otras
palabras,
no
se
desprende
del
expediente, como tampoco se presentó prueba alguna, que
demuestre que el señor Fernández Rodríguez renunció a su
privilegio abogado-cliente.
recursos
presentados,
al
Al contrario, las mociones y
igual
que
la
prueba
desfilada
ante el Tribunal de Primera Instancia, demuestran que en
ningún
momento
el
señor
Fernández
Rodríguez
divulgó
la
información confidencial a un tercero ajeno a la relación
abogado-cliente.
Por ello, entendemos que el Tribunal de Apelaciones
erró al concluir que la intención y el comportamiento del
señor
Fernández
Rodríguez
constituyó
una
renuncia
implícita a su privilegio abogado-cliente.
Esa línea de
razonamiento
antecedentes
no
toma
en
consideración
los
fácticos particulares del caso de marras.
El
Cuartel
expediente
General,
judicial
el
sostiene
licenciado
Nos explicamos.
que
Carbone
al
llegar
expresó
que
al
el
señor Fernández Rodríguez no emitiría declaración alguna
sobre
los
hechos
acontecidos
porque
se
encontraba
nervioso, pero que posteriormente sí lo haría.
muy
Véanse,
Apéndice de certiorari, págs. 15-16; Transcripción de la
Vista Preliminar de 25 y 29 de octubre de 2007, págs. 6-9.
Asimismo, resulta importante puntualizar que en el momento
preciso
en
información
que
el
licenciado
privilegiada
al
Carbone
sargento
le
divulgó
la
Curbelo
ya
le
se
CC-2009-0622
38
habían leído las advertencias al señor Fernández Rodríguez
y éste se encontraba en otro lugar, o sea, en una celda
bajo
la
custodia
de
otros
agentes
del
orden
público.
Véase, Transcripción de la Vista Preliminar de 25 y 29 de
octubre de 2007, págs. 46-47 y 49.
Además, del propio
testimonio del sargento Curbelo se desprende que el señor
Fernández Rodríguez no autorizó al licenciado Carbone a
que
emitiera
declaración
alguna
a
su
nombre.
Véase,
Transcripción de la Vista Preliminar de 25 y 29 de octubre
de 2007, págs. 47-52.
El hecho de que durante la vista de determinación de
causa para arresto la representación legal del imputado no
haya
objetado
el
significa
que
imputado
haya
Tampoco
implica
testimonio
ante
las
renunciado
que
el
del
sargento
circunstancias
al
privilegio
propio
Curbelo,
no
presentes
el
abogado-cliente.
imputado,
quien
es
el
poseedor del privilegio, haya renunciado por no objetar
una parte específica del testimonio. Si bien el privilegio
abogado-cliente
no
tiene
rango
constitucional,
en
situaciones particulares como la presente tal privilegio
se
encuentra
interrelacionado
con
el
derecho
constitucional a la no autoincriminación. J.B. Weinstein &
M.A. Berger, Weinstein’s Federal Evidence, Vol. 3, Sec.
503.03[1] (Joseph M. McLaughlin, ed., Mattew Bender 2011);
Notas,
The
Attorney-Client
Balancing,
and
Constitutional
Rev.
480
(1977).
464,
Privilege:
Fixed
Entitlement,
91
Resultaría
en
una
Rules,
Harv.
L.
injusticia
CC-2009-0622
39
exigirle
a
un
ciudadano
conocimiento
sobre
materia
evidenciaria y sobre la forma de levantar una objeción
correcta, que sea oportuna y que esté fundamentada, como
condición
para
el
reconocimiento
Como sabemos, en el caso de autos el imputado
incorrecto
colegir
que
legal
al
no
de
y,
una
en
legal.
representación
goza
derechos
instancias
con
que
sus
aquellas
contó
en
de
por
haber
representación
lo
tanto,
objetado
él
sería
mismo,
permitió la divulgación de información privilegiada.
Cónsono con lo anterior, resulta forzoso colegir que
el señor Fernández Rodríguez no renunció implícitamente a
su
privilegio
People
v.
Fernández
abogado-cliente.
Cassas,
supra,
Rodríguez),
en
los
Aquí,
actos
unión
a
al
igual
que
en
del
cliente
(señor
las
circunstancias
particulares presentadas, no apoyan otra conclusión.
En
consecuencia,
al
el
foro
apelativo
intermedio
incidió
concluir que el testimonio del sargento Curbelo y el arma
de fuego, cargador y municiones ocupadas eran admisibles
en
evidencia.
Éstos
fueron
obtenidos
en
contra
del
privilegio abogado-cliente del imputado y de su derecho a
no
autoincriminarse.6
Const.
EE.UU.,
Enmd.
V;
Const.
E.L.A., Art. II, Sec. 11; 32 L.P.R.A. Ap. IV, R.23 y R.24.
6
Aclaramos, sin embargo, que la supresión de la evidencia ocupada en
el caso de marras (arma de fuego, cargador y municiones) se decreta
conforme a la normativa sobre el privilegio abogado-cliente y la
garantía constitucional a la no autoincriminación. Ello, claro está,
no es óbice alguno para que el Estado presente prueba separada e
independiente a la actuación ilegal que sostenga la admisibilidad de
dicha evidencia incautada. Véanse, Murray v. United States, 487 U.S.
533 (1988); Silverthorne v. United States, 251 U.S. 385 (1920).
Véase, además, E.L.
Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto
Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1991, Vol. 1, págs. 321-325.
CC-2009-0622
40
Véanse, además, People v. Cassas, supra, citando a Jones
v. Barnes, supra, y People v. White, supra.
Ahora bien, lo expresado anteriormente no dispone por
completo
del
asunto
ante
nuestra
consideración.
La
supresión del testimonio del sargento Curbelo se limita
única
y
exclusivamente
a
la
parte
que
información de naturaleza privilegiada.
contempla
32 L.P.R.A. Ap.
IV, R.7.7
Es decir, la inadmisibilidad del testimonio del
sargento
Curbelo
se
circunscribe
a
las
expresiones
vertidas por éste mediante las cuales narró lo divulgado
por
el
licenciado
abogado-cliente
Carbone
del
señor
en
violación
Fernández
al
privilegio
Rodríguez.
Véase,
Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009,
págs. 91-93.
Véanse, además, Gray v. Maryland, 523 U.S.
185 (1998); Richardson v. Marsh, 481 U.S. 200 (1987).
Por
consiguiente,
el
sargento
Curbelo
podrá
testificar en su día sobre cualquier información que le
conste
de
propio
y
personal
conocimiento,
como
también
sobre cualquier otra información que se derive del proceso
de investigación que no sea de naturaleza privilegiada.
B. Determinación de causa probable para acusar y la moción
de desestimación presentada por el señor Fernández
Rodríguez al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento
Criminal
7
Hoy la Regla 107 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R.107, dispone lo
siguiente:
Regla 107. Admisibilidad Limitada
Cuando determinada evidencia sea admisible en cuanto a una
parte o para un propósito, y sea inadmisible en cuanto a
otra parte o para otro propósito, el Tribunal, previa
solicitud al efecto, limitará la admisibilidad de esa
evidencia a su alcance apropiado e instruirá inmediatamente
sobre ello al Jurado, de haberlo.
CC-2009-0622
41
Conforme esbozamos en páginas anteriores, el quantum
de prueba requerido en la vista preliminar que se celebra
al amparo de la Regla 23 de Procedimiento Criminal, supra,
le
exige
al
Ministerio
Público
presentar
evidencia
que
demuestre todos los elementos constitutivos de determinado
delito
y
la
conexión
razonable
del
imputado
con
la
comisión del mismo.
Así, pues, en esta ocasión surge del expediente que
el 25 de mayo de 2007, fecha en que dio comienzo la vista
preliminar, las partes estipularon la siguiente prueba:
(1) el informe de balística; (2) una prueba de ADN; (3) el
análisis forense de la ropa incautada al señor Fernández
Rodríguez; (4) servilletas y marcas de sangre de uno de
los occisos; y (5) el registro del arma de fuego y la
licencia de tiro al blanco del señor Fernández Rodríguez.
Véase, Apéndice de certiorari, págs. 146-147.
Esta prueba
estipulada, en unión a las declaraciones vertidas por el
sargento Curbelo que no involucran materia privilegiada,
así como los testimonios vertidos por los demás testigos
presentados por la Fiscalía, es suficiente en derecho y
cumple
con
preliminar.
el
quantum
de
prueba
exigido
en
la
vista
En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones
actuó correctamente al avalar la determinación de causa
probable para acusar alcanzada por el Tribunal de Primera
Instancia.
Colegimos, pues, que el foro apelativo intermedio no
incidió
al
sostener
la
determinación
del
foro
primario
CC-2009-0622
42
mediante
la
cual
se
declaró
no
ha
lugar
la
moción
de
desestimación presentada por el señor Fernández Rodríguez
al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal,
supra.
Contrario a lo alegado por el peticionario, no
hubo una ausencia total de prueba durante la celebración
de la vista preliminar.
Pueblo v. Rivera Vázquez, supra;
Pueblo v. Andaluz Méndez, supra.
En cambio, la prueba
estipulada entre las partes y la restante prueba desfilada
durante la vista preliminar cumplió a cabalidad con el
estándar
requerido
para
sostener
una
determinación
de
causa probable para acusar al señor Fernández Rodríguez.
Por
ello,
no
procede
que
se
desestimen
los
acusatorios presentados en contra del acusado.
pliegos
Pueblo v.
Rivera Vázquez, supra; Pueblo v. Andaluz Méndez, supra;
Pueblo v. Rivera Alicea, supra; Pueblo v. Rodríguez Rios,
supra; Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, supra.
Asimismo, es oportuno puntualizar que no cabe duda
que
de
la
preliminar
prueba
se
admisible
conecta
al
y
presentada
imputado
con
la
en
la
vista
comisión
del
delito de Asesinato y las infracciones a la Ley de Armas.
De
igual
modo,
de
la
referida
prueba
razonablemente,
que
la
intención
del
puede
inferirse
señor
Fernández
Rodríguez cuando se presentó al Cuartel acompañado de su
abogado fue para entregarse a las autoridades por estar
relacionado con el crimen imputado.
CC-2009-0622
43
C. Derecho a no Autoincriminarse del señor Fernández
Rodríguez y los Deberes de Lealtad y Confidencialidad del
licenciado Curbelo para con su cliente
El
caso
bajo
examen
circunstancias muy peculiares.
es
uno
que
presenta
Así, los hechos ante nos
exhiben las dos perspectivas descritas anteriormente sobre
las obligaciones que nacen de la relación abogado-cliente.
Es
decir,
la
controversia
medular
debe
ser
escudriñada
desde una óptica ético-disciplinaria y otra probatoriaprocesal.
resta
Ya hemos dispuesto de esta última, por lo que
analizar
las
circunstancias
y
controversias
presentadas bajo el prisma de la ética profesional.
Ciertamente, coincidimos con las expresiones del Juez
Steidel
Figueroa.
Los
deberes
de
lealtad
y
secreto
profesional que emanan del Canon 21 de Ética Profesional,
supra, y que todo abogado debe honrarle a sus clientes,
tienen una relación directa con la garantía constitucional
de
toda
persona
a
no
autoincriminarse.
Estos
deberes
toman mayor relevancia, y multiplican exponencialmente las
repercusiones
negativas,
cuando
la
conducta
impropia
desplegada por el abogado consiste en divulgar de forma no
autorizada información confidencial de su cliente.
es
así,
implica
cliente.
debido
la
a
que
la
conducta
impropia
imposición
de
responsabilidad
Ello
desplegada
penal
a
su
Consecuentemente, cuando un abogado incurre en
este tipo de conducta impropia, aparte de conducirse en
detrimento de su cliente y los derechos constitucionales
que le cobijan,
actúa
en contra de los deberes éticos
CC-2009-0622
44
impuestos por el Canon 21 de Ética Profesional, supra.
Tal proceder es altamente censurable.
C.21.
4 L.P.R.A. Ap. IX,
Véanse, además, Mueller, Christopher y Kirkpatrick,
Laird, Federal Evidence, Thompson/West, 2007, Vol. 2, Sec.
5:13, pág.
519;
In re: Rochet Santoro, 174 D.P.R. 123
(2008); In re: Monge García, 173 D.P.R. 379 (2008).
En
esta
ocasión,
según
señaláramos,
surge
del
expediente
judicial
que
el
licenciado
Carbone
divulgó
información
privilegiada
de
su
sin
debida
autorización.
deberes
de
cliente
la
Ello constituye un quebrantamiento de los
lealtad
y
confidencialidad
Canon 21 de Ética Profesional, supra.
impuestos
por
el
Consecuentemente,
debe ordenársele a la Procuradora General que investigue
la
conducta
del
licenciado
Carbone
como
representante
legal del señor Fernández Rodríguez para la iniciación del
procedimiento disciplinario correspondiente.
Véanse, In
re: Martínez Almodóvar, 2011 T.S.P.R. 21; In re: Pérez
Riveiro, 2010 T.S.P.R. 230.
En
vista
de
lo
anterior,
advertimos
que
cualquier
letrado que incurra en conducta de esta naturaleza y en
contravención
Ética
a
los
Profesional,
principios
será
que
objeto
de
rigen
el
severas
Código
de
sanciones
disciplinarias.
IV
Por los fundamentos antes esbozados, se modifica la
sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones a los
fines de no admitir en evidencia las partes del testimonio
CC-2009-0622
45
del sargento Curbelo que involucran materia privilegiada.
Asimismo,
ordenamos
la
supresión
del
arma
de
fuego,
cargador y municiones ocupadas por ser producto de dicho
testimonio.
Véase, nota 6, supra.
Sin embargo, confirmamos la determinación
del foro
apelativo intermedio a los fines de declarar no ha lugar
la
moción
de
desestimación
presentada
por
el
señor
Fernández Rodríguez bajo la Regla 64(p) de Procedimiento
Criminal, supra.
de
Primera
Se devuelve el caso de autos al Tribunal
Instancia
para
la
continuación
de
los
procedimientos conforme con los pronunciamientos vertidos
en esta Opinión.
Finalmente,
Procuradora
desplegada
se
le
ordena
General
a
que
por
el
licenciado
a
la
Oficina
investigue
Carbone
la
en
de
la
conducta
calidad
de
representante legal del señor Fernández Rodríguez para la
iniciación
del
procedimiento
disciplinario
correspondiente.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Certiorari
Waldemar Fernández Rodríguez
Peticionario
CC-2009-0622
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.
Por los fundamentos enunciados, se modifica
la
sentencia
emitida
por
el
Tribunal
de
Apelaciones a los fines de no admitir en evidencia
las partes del testimonio del sargento Curbelo que
involucran
materia
privilegiada.
Asimismo,
ordenamos la supresión del arma de fuego, cargador
y municiones ocupadas por ser producto de dicho
testimonio. Véase, nota 6, supra.
Sin embargo, confirmamos la determinación del
foro apelativo intermedio a los fines de declarar
no ha lugar la moción de desestimación presentada
por el señor Fernández Rodríguez bajo la Regla
64(p) de Procedimiento Criminal, supra.
Se
devuelve el caso de autos al Tribunal de Primera
Instancia
para
la
continuación
de
los
procedimientos conforme con los pronunciamientos
vertidos en esta Opinión.
Finalmente, se le ordena a la Oficina de la
Procuradora General a que investigue la conducta
desplegada por el licenciado Carbone en calidad de
representante legal del señor Fernández Rodríguez
para la iniciación del procedimiento disciplinario
correspondiente.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Presidente
señor Hernández Denton, disiente con opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2009-622
Waldemar Fernández Rodríguez
Peticionario
Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ
DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.
Coincidimos con la Opinión de una mayoría de este
Tribunal de que no se configuró una renuncia al privilegio
abogado-cliente cuando el abogado divulgó la información
privilegiada
estaba
bajo
en
el
Cuartel
custodia
en
General
otro
mientras
lugar.
su
Sin
cliente
embargo,
entendemos que sí se renunció al referido privilegio al no
objetarse la divulgación de la información privilegiada en
la etapa de vista para la determinación de causa probable
para arresto. Por ello, nos vemos forzados a disentir.
I.
A raíz de un doble asesinato ocurrido en 2006, el Sr.
Waldemar Fernández Rodríguez acudió al Cuartel
CC-2009-622
2
General de la Policía en compañía del Lcdo. Luis Carbone.
Este último le informó al Sgto. José Curbelo Muñiz que su
cliente no declararía aún porque estaba muy nervioso, pero
que luego haría una declaración completa de los hechos, pues
estaba relacionado con el referido crimen. Posteriormente,
mientras
el
acusado
Curbelo
Muñiz
estaba
entrevistó
bajo
al
custodia,
licenciado
el
Carbone
sargento
a
solas.
Dicho abogado les indicó a los agentes dónde estaba el arma
con la que supuestamente se cometió el crimen. Así, estos
encontraron
el
arma,
el
cargador,
seis
balas
y
tres
casquillos.
En 2007, el Ministerio Público presentó dos denuncias por
asesinato en primer grado, tipificado en el Art. 106 del
Código
Penal
de
2004,
33
L.P.R.A.
sec.
4734,
y
tres
denuncias por infracciones a los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley
de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de
2000,
según
enmendada,
respectivamente.
Luego,
determinación
causa
de
25
L.P.R.A.
secs.
se
celebró
la
probable
para
458C
vista
arresto,
a
y
458N,
para
la
la
cual
compareció el señor Fernández Rodríguez representado por el
licenciado
Carbone
y
otros
tres
abogados
de
defensa:
la
Lcda. Carmen Dolores Ruiz López, el Lcdo. René José Muñoz
Del
Castillo
y
el
Lcdo.
Carlos
Ramos
Pantojas.
Además,
estaban presentes el Lcdo. Rafael Anglada López, como primo
y “tutor protectivo” del señor Fernández Rodríguez, y la
Lcda. Joanna Gilot Openheimer. Durante la vista, el sargento
Curbelo
Muñiz
información
declaró
provista
extensa
por
el
y
detalladamente
licenciado
Carbone.
sobre
la
En
ese
CC-2009-622
3
momento, ninguno de los cuatro abogados de defensa, ni el
señor Fernández Rodríguez, objetaron este testimonio.
Tampoco aludieron al privilegio abogado-cliente en el
contrainterrogatorio
al
sargento
Curbelo
Muñiz.
Consiguientemente, el foro primario halló causa probable
para arresto.
Así las cosas, se celebró la vista preliminar, a la cual
compareció el acusado con sus cuatro abogados de defensa.
En
esta
etapa
de
los
procedimientos,
estipularon el informe de balística,
las
partes
el certificado de
análisis forense de ADN sobre la ropa del señor Fernández
Rodríguez, una servilleta y manchas de sangre en el arma,
que
resultó
ser
la
sangre
de
uno
de
los
occisos,
el
registro de armas de fuego y la licencia vencida de tiro
al
blanco
del
señor
Fernández
Rodríguez.
Además,
testificaron
el sargento Curbelo Muñiz,
la Sra. Glenda
Pérez
el
el
Román,
Sr.
Fernando
Fernández,
Sr.
Harold
Huntley, la Sra. Brenda Pla Díaz, el Lcdo. Ovidio Zayas y
la Agente Daliza Ortiz Claudio.
Por
su
parte,
el
sargento
Curbelo
Muñiz
ofreció
básicamente el mismo testimonio que prestó en la vista
para la determinación de causa probable para arresto. En
esta ocasión, la defensa y el señor Fernández Rodríguez
tampoco objetaron el testimonio del sargento Curbelo Muñiz
sobre lo que le declaró el licenciado Carbone. Durante su
contrainterrogatorio, la licenciada Ruiz López le preguntó
al sargento Curbelo Muñiz los detalles de la conversación
que tuvo con el licenciado Carbone.
Es
decir,
prácticamente
se reprodujo el testimonio brindado en el directo, para
CC-2009-622
4
luego mencionar el privilegio abogado-cliente por primera
vez en el proceso criminal. Veamos:
P: ¿Qué le dijo, si algo, el Lcdo. Carbone?
R: Le pregunté al Lcdo. Carbone que dónde se encontraba
el arma que había utilizado su cliente con relación a los
hechos violentos que habían ocurrido en la Guaracanal.
Éste me manifestó que esa arma se encontraba en una
jardinera cerca de la Hummer. Inmediatamente, procedí a
tomar mi teléfono celular, llamé a la agente Daliza Ortiz
que estaba en la escena con la sargento Trinidad
ayudándole allí en la escena, le expliqué en dónde se
encontraba y le di el teléfono celular al Lcdo. Carbone
para que le explicara ya que él tenía conocimiento.
P: ¿Y usted se dialogó con el Lcdo. Carbone de todo
esto…?
R: No, él estaba hablando por teléfono, cuando terminó
de hablar por teléfono pues se quedó en la oficina conmigo
esperando que recibiera alguna llamada.
P: ¿Usted le preguntó en dónde estaba el arma, usted le
preguntó…?
R: Sí, le pregunté dónde estaba…
P: ¿Detalles sobre toda la situación?
R: No, simplemente le pregunté dónde estaba el arma con
relación a los hechos.
P: Y entonces yo le pregunto, usted me ha
anteriormente que usted reconoce que la persona
derecho a no declarar.
dicho
tiene
R: Eso es así.
P: Y usted reconoce ese derecho.
R: Eso es así.
P: Le pregunto también si usted sabe que existe también
un privilegio entre abogado y cliente y que la información
entre abogado y cliente es privilegiada y que la única
persona que puede responder a ese derecho es el cliente.
Transcripción Estipulada de la Vista Preliminar, 25 y 29
de octubre de 2007, páginas 50-51.
Acto seguido, el sargento Curbelo Muñiz reconoció que, a
su entender, el acusado no renunció al privilegio abogadocliente, ni autorizó al licenciado Carbone a que declarara a
CC-2009-622
su
nombre.
5
Fue
entonces
cuando
la
defensa
solicitó
la
supresión del testimonio del sargento Curbelo Muñiz. Luego
de un intenso intercambio entre el Ministerio Público y la
defensa, el juez se reservó el fallo sobre la supresión
solicitada.
Otro
testimonio
que
recibió
el
foro
primario,
sin
objeción de la defensa, fue el de la agente Ortiz Claudio.
Esta declaró que recibió por teléfono las instrucciones
del licenciado Carbone para encontrar el arma, las balas,
los casquillos y el cargador. A su vez, reconoció en el
contrainterrogatorio que encontraron la evidencia gracias
a lo que el licenciado Carbone les comunicó.
Presentada toda la prueba, quedó sometido el caso. Así las
cosas, el señor Fernández Rodríguez presentó una moción de
supresión de evidencia, en la cual alegó que el testimonio
del sargento Curbelo Muñiz era inadmisible por contener
materia privilegiada. También, adujo que el arma y las
municiones
ocupadas
eran
producto
inadmisibles,
descubrimiento
fue
directo
privilegiada.
Consecuentemente,
el
de
la
Tribunal
pues
su
información
de
Primera
Instancia descalificó al licenciado Carbone como abogado del
señor Fernández Rodríguez y lo citó para que comparecie ra
como testigo a la vista de supresión de evidencia.
vista, el licenciado Carbone negó
información
al
En
esa
haberle divulgado la
sargento Curbelo Muñiz. Finalmente, el foro
primario no le adjudicó credibilidad al licenciado Carbone y
resolvió que la evidencia era admisible porque el señor
Fernández Rodríguez renunció implícitamente al privilegio
CC-2009-622
6
abogado-cliente
cuando
acudió
al
Cuartel
General
a
entregarse.
Así las cosas, el foro primario encontró causa probable
para acusar al señor Fernández Rodríguez. Presentadas las
acusaciones
correspondientes,
la
defensa
solicitó
la
desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R.64(p). En esta, adujo que
la determinación de causa probable en la vista preliminar
fue
contraria
durante
la
información
a
misma
derecho
era
ya
que
la
prueba
por
ser
inadmisible
confidencial
abogado-cliente.
Planteó
consentimiento
del
cobijada
que
el
cliente
por
producto
el
abogado
para
presentada
no
de
privilegio
tenía
divulgar
el
las
comunicaciones confidenciales habidas entre ellos. Además,
sostuvo
que
la
autoincriminarse.
divulgación
violó
Igualmente,
su
alegó
derecho
que,
a
no
sin
la
información privilegiada y la evidencia física obtenida
como fruto de esta, no se satisfacía el estándar de prueba
para determinar causa probable. Ello, pues sostuvo que la
única prueba que vincula al señor Fernández Rodríguez con
los
hechos
delictivos
es
la
que
el
Ministerio
Público
obtuvo ilegalmente del abogado.
El foro de primera instancia denegó la desestimación
solicitada y concluyó que el testimonio del sargento Curbelo
Muñiz era admisible. A pesar de que encontró que no hubo una
renuncia al privilegio abogado-cliente, aplicó por
analogía
la
con
doctrina
de
autoridad
aparente
relacionada
la
normativa sobre registros y allanamientos irrazonables. En
particular, el foro primario expresó que el sargento Curbelo
CC-2009-622
7
Muñiz creyó de buena fe que el licenciado Carbone estaba
autorizado a divulgar la información. Insatisfecho, el señor
Fernández Rodríguez
acudió ante el Tribunal de Apelaciones.
El foro apelativo intermedio confirmó al Tribunal de
Primera Instancia, pero por entender que el señor Fernández
Rodríguez
renunció
tácitamente
al
privilegio
abogado-
cliente, al acudir al Cuartel General para entregarse y no
objetar el testimonio del sargento Curbelo Muñiz.
Aún inconforme, el señor Fernández Rodríguez acudió ante
nos y, en esencia, planteó los mismos fundamentos en que
se basó la moción de desestimación.
II.
El
privilegio
constitucional
Emmanuelli,
Rico,
abogado-cliente
más
Prontuario
Editorial
propósito
sólido
es
comunicaciones
de
de
es
nuestro
Derecho
“el
privilegio
no
ordenamiento”.
R.
Probatorio
Situm,
2da
ed.,
proteger
la
confidencialidad
entre
abogado
un
2005,
y
su
pág.
de
Puerto
322.
Su
de
las
cliente,
para
fomentar la más amplia comunicación entre ambos. Íd.
Las
Reglas
de
Evidencia
de
Puerto
Rico
de
1979,
32
L.P.R.A. Ap. IV (ed. 2008), vigentes al momento de los
hechos, reglamentaban el privilegio abogado-cliente. En lo
pertinente, la Regla 25 de dicho cuerpo legal disponía lo
siguiente:
(A) Según usadas en esta regla, las siguientes
expresiones
tendrán
el
significado
que
a
continuación se indica:
(1)
Abogado: Persona autorizada o a quien
el cliente razonablemente creyó autorizada
a ejercer la profesión de abogado; incluye
CC-2009-622
8
a la persona así autorizada y a sus
asociados, asistentes y empleados de
oficina.
(2)
Cliente: Persona natural o jurídica
que,
directamente
o
a
través
de
representante autorizado, consulta a un
abogado con el propósito de contratarle o
de obtener servicios legales o consejo en
su capacidad profesional; incluye al
incapaz que consulta él mismo a un
abogado o cuyo tutor o encargado hace tal
gestión con el abogado a nombre del
incapaz.
(3)
Comunicación confidencial: Aquella
comunicación habida entre un abogado y su
cliente en relación a alguna gestión
profesional, basada en la confianza de
que
no
será
divulgada
a
terceras
personas, salvo a aquellas personas que
sea necesario para llevar a efecto los
propósitos de la comunicación.
(B) Sujeto a los dispuesto en esta regla, el
cliente, sea o no parte en el pleito o acción,
tiene el privilegio de impedir que otro revele
una comunicación confidencial entre él y su
abogado. El privilegio puede ser invocado no
sólo por el poseedor del privilegio que es el
cliente,
sino
también
por
una
persona
autorizada a invocarlo en beneficio de éste, o
por el abogado a quien la comunicación fue
hecha si lo invoca a nombre de y para el
beneficio del cliente. 32 L.P.R.A. Ap. IV R.
25(B) (ed. 2008).
Conforme a la regla, el privilegio puede ser invocado
por su poseedor: el cliente. Asimismo, pueden invocarlo
una persona con autorización para ello o el abogado a
quien la comunicación fue hecha, si lo invocan a nombre de
y para beneficio del cliente. E.L. Chiesa Aponte, Tratado
de Derecho Probatorio, República Dominicana, Ed. Corripio,
[s. año], Tomo 3, pág. 223; J.B. Weinstein & M.A. Berger,
CC-2009-622
9
Weinstein’s
Federal
Evidence,
Vol.
3,
Sec.
503.20[3]
(Joseph M. McLaughlin, ed., Matthew Bender 2011).8
Para que la comunicación sea privilegiada, debe basarse
en
la
confianza
personas,
a
de
menos
que
que
no
sea
se
divulgará
necesario
para
a
terceras
alcanzar
los
fines de la comunicación. E.L. Chiesa Aponte, op cit.,
pág. 222. Precisamente, hemos establecido que para que un
tribunal
reconozca
una
comunicación
como
privilegiada
tienen que concurrir cuatro (4) requisitos:
(1) la comunicación tiene que haberse originado
en la confianza de que no será divulgada; (2)
este elemento de confiabilidad tiene que ser
esencial
para
mantener
plena
y
satisfactoriamente
la
relación
entre
las
partes; (3) la relación debe ser una que la
comunidad considere que debe ser diligentemente
promovida; y, (4) que el perjuicio que causaría
la divulgación de la comunicación sea mayor que
el
beneficio
obtenido
por
la
correcta
disposición
del
pleito.
García
Negrón
v.
Tribunal Superior, 104 D.P.R. 727, 734 (1976).
Como
todos
los
constitucional,
privilegios,
el
incluyendo
privilegio
los
de
rango
abogado-cliente
es
renunciable. E.L. Chiesa Aponte, op cit., pág. 233. Esta
renuncia debe ser voluntaria, consciente e inteligente.
Pueblo en interés del menor J.A.B.C., 123 D.P.R. 551, 561
(1989);
Pueblo
v.
Pellot
Pérez,
121
D.P.R.
791,
802
(1988).
Es decir, la renuncia debe ser realizada sin que
medie intimidación, coacción o violencia por parte del Estado.
8
“The privilege may be asserted by the client, the
client’s
guardian
or
conservator,
the
personal
representative of a deceased client, or the successor,
trustee, or similar representative of a corporation,
association, or other organization, whether or not the
organization
is
in
existence”.
Weinstein’s
Federal
Evidence, supra, Vol. 3, Sec. 503.20[3].
CC-2009-622
10
Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762, 775 (1991); Pueblo
en interés del menor J.A.B.C., supra. Con relación a esto,
la Regla 33 de las Reglas de Evidencia de 1979 disponía que:
Una persona que de otro modo tendría el
privilegio de no divulgar un asunto o materia
específico, o de impedir que otra persona lo
divulgue, no tiene tal privilegio respecto a
dicho asunto o materia si el tribunal determina
que esa persona, o cualquier otra mientras era
la poseedora del privilegio, se obligó con otro
a no invocar el privilegio, o que sin haber
sido
coaccionada
y
con
conocimiento
del
privilegio, divulgó cualquier parte del asunto
o materia, o permitió tal divulgación por otra
persona. Esta regla no se aplicará a los
privilegios establecidos en las Reglas 23 y 24.
32 L.P.R.A. Ap. IV R. 33 (ed. 2008). (Énfasis
suplido).
Asimismo, la Regla 34 del mismo cuerpo legal establecía
que
“el
juez
que
preside
un
caso
podrá
admitir
una
comunicación de otra manera privilegiada cuando determine
que la conducta del poseedor del privilegio equivale a una
renuncia, independientemente de lo dispuesto en la Regla
33”. 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 34 (ed. 2008). Así pues, esta
regla confiere discreción al tribunal para admitir materia
privilegiada cuando entienda que la conducta del poseedor
del privilegio es incompatible con la confidencialidad de
la
información.
R.
Emmanuelli,
op
cit.,
pág.
393.
El
ejemplo más común es cuando se trae a colación materia que
pudiera estar protegida por algún privilegio y la parte
que posee el privilegio no hace la oportuna y correcta
objeción ante el tribunal. Íd. Al desfilar la prueba sin
objeción, la misma se admite. Íd.
Este
deber
de
objetar
para
que
el
privilegio
no
entienda renunciado también aplica cuando es el abogado
se
CC-2009-622
11
quien divulga la información a un tercero. Al respecto, el
profesor Chiesa Aponte sostiene en su Tratado de Derecho
Probatorio que “el privilegio impide a un abogado divulgar
una comunicación confidencial que le hizo el cliente, y si
el
abogado
le
divulga
a
un
tercero
la
comunicación
confidencial, el tercero no podrá testificar sobre ella
ante objeción del cliente (poseedor del privilegio) o su
representante”.
E.L. Chiesa Aponte,
op cit., pág.
236.
(Énfasis suplido).
En la jurisdicción federal, la jurisprudencia9 y varios
tratadistas reconocidos en el campo del derecho probatorio
también han concluido que la falta de objeción ante la
admisión de prueba cobijada por el privilegio abogadocliente
equivale
específico,
el
a
una
tratado
renuncia
a
este
Weinstein’s
privilegio.
Federal
En
Evidence
expresa lo siguiente:
The privilege is not automatic: it must be asserted
whenever privileged evidence is sought to be
discovered or introduced. Failure to assert the
privilege when the evidence is first presented
constitutes a voluntary waiver. In addition to
9
United States v. Suarez, 820 F. 2d 1158 (11th Cir.,
1987)
(at
the
point
where
the
attorney-client
communications are no longer confidential, where there has
been disclosure of a privileged communication, there is no
justification for retaining the privilege); United States
v. Gurtner, 474 F. 2d 297, 299 (9th Cir., 1973) (The
failure to assert the privilege when the evidence was
first presented constituted a voluntary waiver of the
right… Once the subject matter is disclosed by a knowing
failure to object there is nothing left to protect from
disclosure); Banks v. Office of Senate Sergeant-at-Arms,
233 F.R.D. 1, 9 (D.D.C. 2005) (Failure to assert the
privilege within a reasonable time, without a showing of
good cause, constitutes a waiver of the privilege);
Perrington v. Berger Branswig Corp., 77 F.R.D. 455 (1978)
(By failing to make a timely objection, the client waived
any privilege that may have existed with respect to the
statements.)
CC-2009-622
12
raising the privilege objection, the claimant
generally must also refrain from disclosing the
privileged information until the court has ruled
on the privilege claim. Weinstein’s Federal
Evidence, supra, Vol. 3, Sec. 503.20[2].
Asimismo, el referido tratado sostiene que: “[i]f the
client
is
present
at
a
hearing
at
which
privileged
information is sought and is aware of his or her rights,
the client or the attorney must assert the privilege or it
will
be
deemed
waived”.
Weinstein’s
Federal
Evidence,
supra, Vol. 3, Sec. 503.43.
Por otra parte, el tratado McCormick on Evidence también
asevera que: “if the holder of the privilege fails to
claim his privilege by objecting to disclosure by himself
or another witness when he has an opportunity to do so, he
waives
his
privilege
as
to
the
communications
so
disclosed”. K.S. Broun y otros, McCormick on Evidence, 6ta
ed., Thomson West, 2006, pág. 421. Por lo tanto, si un
tercero declara sobre información privilegiada al amparo
del privilegio abogado-cliente, la defensa o el poseedor
del privilegio tienen que objetar oportunamente e invocar
el mismo para que no se entienda renunciado.
Una vez el cliente renuncia al privilegio
abogado-cliente
en una etapa del procedimiento, esa renuncia se extiende a
las etapas posteriores, sobre todo si
se
trata
de
testimonio
en corte. E.L. Chiesa Aponte, op cit., pág. 235. En la
jurisdicción federal, la opinión predominante al respecto
también sostiene lo anterior. En específico, el tratado
McCormick on Evidence explica lo siguiente: “When at an
earlier trial or stage of the case the privilege has been
CC-2009-622
13
waived and testimony as to the privileged communications
elicited without objection, the prevailing view is that
this is a waiver also for any subsequent hearing of the
same case.” McCormick on Evidence, op cit., pág. 424.
Por último, debemos recalcar que el privilegio abogadocliente, al igual que los demás privilegios decretados en
las Reglas de Evidencia, se interpreta restrictivamente.
Regla 35 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV R.
35 (ed.
2008). Véase, además: Lugo Ortiz v. Ferrer, 85 D.P.R. 862,
871
(1962).
restrictiva
Consiguientemente,
del
privilegio
esta
acarrea
la
interpretación
interpretación
liberal de la renuncia al privilegio. E.L., Chiesa Aponte,
op cit., pág. 235.
Además de lo dispuesto por estas Reglas de Evidencia, el
Canon 21 de Ética Profesional le impone al abogado, como
parte de su deber de fidelidad al cliente, la obligación
de no divulgar sus secretos o confidencias y de adoptar
medidas adecuadas para evitar su divulgación. 4 L.P.R.A.
Ap. IX C. 21. Por lo tanto, el abogado está obligado a
levantar el privilegio abogado-cliente para proteger las
confidencias de su cliente cuando surja la necesidad.
R.
Emmanuelli, op cit., pág. 325.
III.
La
Opinión
Fernández
de
este
Rodríguez
no
Tribunal
resuelve
renunció
al
que
privilegio
el
señor
abogado-
cliente, ya que, cuando el licenciado Carbone divulgó la
información
privilegiada
al
sargento
Curbelo
Muñiz,
acusado estaba bajo custodia en otro lugar. Además, sostiene
el
CC-2009-622
14
que el acusado no autorizó a su abogado a declarar a su
nombre. Coincidimos en que no hubo renuncia al privilegio
en ese momento. Sin embargo, somos del criterio de que sí
hubo
una
renuncia
al
privilegio
abogado-cliente
en
la
vista de determinación de causa probable para arresto,
debido a la falta de objeción de la defensa y del cliente
al testimonio del sargento Curbelo Muñiz. Dicha renuncia
se extiende a la etapa de vista preliminar, pues, como
expresamos, una vez renunciado el privilegio, su renuncia
se
extiende
a
las
etapas
posteriores
de
los
procedimientos. E.L. Chiesa Aponte, op cit., pág. 235. La
Opinión
mayoritaria
posibilidad
de
que
de
este
Tribunal
se
hubiera
no
renunciado
considera
al
la
referido
privilegio en alguna de estas dos vistas. Veamos.
En la etapa de vista para la determinación de causa
probable
para
arresto,
el
señor
Fernández
Rodríguez
compareció representado por cuatro abogados. Además, le
acompañaban otros dos abogados, aunque no en calidad de
representantes
legales.
Durante
esa
vista,
el
sargento
Curbelo Muñiz declaró en detalle sobre la información que
le proveyó el licenciado Carbone y la manera en que ello
propició el descubrimiento de la evidencia física cuya
inadmisibilidad solicitó la defensa. Ninguno de los cuatro
abogados de defensa objetó el referido testimonio. Tampoco
objetaron los otros dos abogados que asistieron a la vista
como acompañantes del entonces imputado. En cambio, la
defensa
permitió
la
divulgación
de
la
información
que
estaba protegida por el privilegio abogado-cliente. Esto, a pesar
CC-2009-622
15
de que la Regla 25 de Evidencia facultaba a los allí
presentes
para
invocar
el
privilegio
en
beneficio
del
señor Fernández Rodríguez e impedir dicho testimonio del
sargento Curbelo Muñiz. 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 25 (ed.
2008). Con relación a esto, el derecho aplicable es claro
y específico al preceptuar que la falta de objeción a la
divulgación de la información confidencial equivale a una
renuncia al privilegio.
Por todo lo anterior, nos vemos forzados a concluir que
el
señor
Fernández
Rodríguez
renunció
al
privilegio
abogado-cliente en la vista para la determinación de causa
probable para arresto y dicha renuncia se extiende a las
etapas
posteriores
del
procedimiento
criminal.
Por
lo
tanto, en este caso, la renuncia al privilegio se extiende
a la etapa de vista preliminar.
Aún
si
concluyéramos
determinación
renunció
al
de
causa
referido
que
en
la
vista
probable
para
arresto
privilegio,
igualmente
para
no
la
se
pudiéramos
concluir que hubo dicha renuncia en la vista preliminar.
En
esta,
el
sargento
detalladamente
licenciado
sobre
Carbone.
Curbelo
la
Muñiz
volvió
información
Asimismo,
la
a
declarar
divulgada
agente
por
Ortiz
el
Claudio
testificó sobre lo que le comunicó el licenciado Carbone
por
teléfono
física
que
respecto
a
la
ubicación
alegadamente
el
señor
de
la
evidencia
Fernández
Rodríguez
enterró en la jardinera. De nuevo, ninguno de los cuatro
abogados de defensa objetaron estos testimonios. No fue
hasta el contrainterrogatorio del sargento Curbelo Muñiz
que la licenciada Ruiz López mencionó por primera vez el
CC-2009-622
16
privilegio abogado-cliente, luego de ella misma provocar
que se reprodujera por completo el testimonio sobre la
información “privilegiada” cuya admisión ahora pretenden
impedir.
Nuevamente, la Regla 33 de Evidencia dispone que una
persona
no
tendrá
permitió
la
divulgación
de
la
información
persona.
32
L.P.R.A.
Ap.
IV
R.
33
defensa
quería
mantener
la
confidencialidad
comunicaciones
Fernández
entre
el
privilegio
el
Rodríguez,
licenciado
debió
abogado-cliente
(ed.
2008).
Carbone
objetar
por
y
si
otra
Si
de
el
la
las
señor
oportunamente
el
testimonio del sargento Curbelo Muñiz y de la agente Ortiz
Claudio. Ello incluye al acusado, quien tampoco objetó.
Por todo lo anterior, concluimos que, en el caso de
autos, se renunció al privilegio abogado-cliente, por lo
que
eran
sargento
admisibles
Curbelo
en
Muñiz
y
evidencia
la
el
testimonio
evidencia
física
del
obtenida
gracias a la divulgación por el licenciado Carbone de las
comunicaciones habidas con su cliente. En consecuencia, la
vista
preliminar
se
celebró
conforme
a
derecho
y
no
procedía desestimar las acusaciones al amparo de la Regla
64(p) de Procedimiento Criminal, supra.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente