LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Brito Díaz y otros v. Bioculture Puerto Rico, Inc. y otros

2011 TSPR 185

Poder Judicial de Puerto Rico

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Brito Díaz y otros v. Bioculture Puerto Rico, Inc. y otros

CC-2011-929 CC-2011-931

Resolución del Tribunal

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Brito Díaz; Ángel Luis

Sanabria Morales; Keila Colón

Rivera; José C. Rodríguez Collazo;

José Enrique Cruz Mercado; Nydia

Luz Rivera Laporte; Marianita

Palau; Carla Capalli Rosa; Ángel

Torres y People Fort The Ethical

Treatment of Animals (PETA)

Recurridos

v.

Certiorari

Bioculture

Puerto

Rico,

Inc.;

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico;

Administración

de

Reglamentos y Permisos (ARPE);

Departamento de Justicia; Junta de

Calidad

Ambiental

(JCA);

Departamento de Recursos Naturales

y Ambientales (DRNA); Departamento

de

Agricultura;

Compañía

de

Fomento

Industrial

(PRIDCO);

Municipio de Guayama; Ing. José

Mateo Colón; e Ing. Germán Torres

Berríos

2011 TSPR 185

183 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2011-929

CC-2011-931

Fecha: 9 de diciembre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Arecibo, Guayama y Utuado,

Panel Especial XI

Juez Ponente:

Hon. Luis G. Saavedra Serrano

2

CC-2011-929

CC-2011-931

CC-2011-929

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Luis Sánchez Betances

Lcdo. Jorge Martínez Luciano

Lcdo. Emil Rodríguez Escudero

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Ricardo F. Casellas

Lcdo. César T. Alcover Acosta

Lcdo. Manuel Pietrantoni Cabrera

Lcdo. Segundo Meléndez

Lcdo. José Juan Nazario

________________________________________________________________

CC-2011-931

Oficina del Procurador General:

Lcda. Karla Pacheco Álvarez

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Ricardo F. Casellas

Lcdo. César T. Alcover Acosta

Lcdo. Manuel Pietrantoni Cabrera

Lcdo. Segundo Meléndez

Lcdo. José Juan Nazario

Materia:

Injuction

Preliminar

Provisionales

y

Permanente

y

Remedios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Brito Díaz; Ángel Luis

Sanabria Morales; Keila Colón

Rivera;

José

C.

Rodríguez

Collazo; José Enrique Cruz

Mercado;

Nydia

Luz

Rivera

Laporte;

Marianita

Palau;

Carla

Capalli

Rosa;

Ángel

Torres

y

People

Fort

The

Ethical Treatment of Animals

(PETA)

Recurridos

CC-2011-929

CC-2011-931

v.

Bioculture Puerto Rico, Inc.;

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico; Administración de

Reglamentos y Permisos (ARPE);

Departamento

de

Justicia;

Junta de Calidad Ambiental

(JCA);

Departamento

de

Recursos

Naturales

y

Ambientales

(DRNA);

Departamento de Agricultura;

Compañía de Fomento Industrial

(PRIDCO);

Municipio

de

Guayama;

Ing.

José

Mateo

Colón; e Ing. Germán Torres

Berríos

Peticionarios

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.

A las mociones en auxilio de jurisdicción, a la

moción en solicitud de autorización para comparecer como

amicus curiae y a los recursos de certiorari en los casos

de epígrafe, no ha lugar.

Notifíquese inmediatamente a las partes por teléfono,

fax y por la vía ordinaria.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y certifica

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

la

2

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CC-2011-931

Martínez Torres emitió voto de conformidad al cual se le

unió el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo. El Juez

Asociado señor Estrella Martínez emitió voto particular de

conformidad al cual se le unieron el Juez Presidente señor

Hernández Denton, la Jueza Asociada señora Fiol Matta y la

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez. La Jueza

Asociada señora Pabón Charneco emitió voto particular

disidente al cual se le unieron los Jueces Asociados señor

Rivera García y señor Feliberti Cintrón.

La Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el Juez

Asociado señor Rivera García y el Juez Asociado señor

Feliberti Cintrón declararían con lugar la moción en

solicitud de autorización para comparecer como amicus

curiae.

Aida Ileana Oquendo Gralau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Brito Díaz; Ángel Luis

Sanabria Morales; Keila Colón

Rivera;

José

C.

Rodríguez

Collazo; José Enrique Cruz

Mercado;

Nydia

Luz

Rivera

Laporte;

Marianita

Palau;

Carla

Capalli

Rosa;

Ángel

Torres

y

People

Fort

The

Ethical Treatment of Animals

(PETA)

Recurridos

CC-2011-929

CC-2011-931

v.

Bioculture Puerto Rico, Inc.;

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico; Administración de

Reglamentos y Permisos (ARPE);

Departamento

de

Justicia;

Junta de Calidad Ambiental

(JCA);

Departamento

de

Recursos

Naturales

y

Ambientales

(DRNA);

Departamento de Agricultura;

Compañía de Fomento Industrial

(PRIDCO);

Municipio

de

Guayama;

Ing.

José

Mateo

Colón; e Ing. Germán Torres

Berríos

Peticionarios

Voto de Conformidad emitido por el Juez Asociado señor

MARTÍNEZ TORRES a la cual se une el Juez Asociado señor

KOLTHOFF CARABALLO

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.

En

esta

ocasión

debemos

analizar

si

procede

un

recurso de injunction para paralizar una obra en la que el

permiso

de

construcción

está

impugnado

ante

la

Junta

2

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CC-2011-931

Revisora de Permisos y Uso de Terrenos. 1 Como entiendo que

procede el injunction, voto conforme con la decisión de

este

Foro

de

declarar

no

ha

lugar

los

recursos

presentados.

I

La

empresa

Bioculture

Ltd.

se

especializa

en

la

crianza de primates, en particular, del macaco cangrejero.

Estos primates son vendidos a empresas de desarrollo de

nuevas tecnologías en la industria farmacéutica, biomédica

y de alimentos.

En el 2008 esta compañía se registró en

el

de

Departamento

Estado

como

Bioculture

Puerto

Rico,

Inc., con el fin de comenzar sus operaciones en la Isla.

Con el aval de la Compañía de Fomento Industrial,

Bioculture comenzó a gestionar una serie de permisos para

la construcción de sus instalaciones en el barrio “Pozo

Hondo”, en el Municipio de Guayama. Para ello, contrató al

Ingeniero José A. Mateo Colón.

El 19 de diciembre de 2008

la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) le

expidió el permiso de construcción número 08CX2-CET-07702

a

Bioculture.

La

construcción

comenzó en febrero de 2009.

del

permiso,

un

grupo

de

del

centro

de

primates

En reacción a la expedición

residentes

del

Municipio

de

Guayama manifestó su oposición al proyecto.

La Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos es la

sucesora para todos los fines legales de la Junta de

Apelación sobre Construcciones y Lotificaciones. Sin

embargo, en la relación de hechos se hará referencia a

esta última porque era la que existía en el momento en que

el caso se dilucidó. Art. 11.11 de la Ley Núm. 161-2009, 23

L.P.R.A. sec. 9021j.

1

3

CC-2011-929

CC-2011-931

El 22 de abril de 2009 el demandante Roberto Brito

Díaz instó una querella ante A.R.Pe. El 15 de mayo de 2009

esta agencia ordenó la paralización del proyecto, luego de

identificar

algunas

expedición

del

deficiencias

permiso

en

el

trámite

original.

de

la

Posteriormente,

Bioculture presentó una nueva solicitud de permiso el 15

de

junio

de

Explicativo

2009,

esta

preparado

vez

por

acompañada

el

de

Ingeniero

un

Memorial

Germán

Torres

Berríos. La A.R.Pe. aprobó ese nuevo permiso y lo notificó

el 18 de junio de 2009.

El 21 de julio de 2009 el Sr. Brito Díaz y otros

presentaron un recurso de revisión oportuno ante la Junta

de

Apelaciones

sobre

Construcciones

y

Lotificaciones

(J.A.C.L.). Solicitaron la revocación del permiso expedido

por A.R.Pe. a Bioculture y la paralización inmediata de

las obras de construcción.

En oposición a esa apelación,

Bioculture presentó una Solicitud de Desestimación en la

que

adujo

que

activa.

los

apelantes

carecían

de

legitimación

La resolución de la controversia se encuentra

pendiente aún en ese organismo.

Por otro lado, el 21 de agosto de 2009 los apelados

presentaron

ante

“Solicitud

de

el

Tribunal

Interdicto

Remedios

Provisionales”

Junta

Calidad

de

de

Primera

Preliminar

contra

Ambiental

y/o

Bioculture,

(J.C.A.),

el

Instancia

una

Permanente

y

A.R.Pe.,

la

Municipio

de

Guayama, el ingeniero Mateo Colón y el ingeniero Torres

Berríos.

4

CC-2011-929

CC-2011-931

En su solicitud de interdicto, el señor Brito Díaz y

otros alegaron que el proyecto de Bioculture se construía

en

terrenos

reservados

carretera conocida como

para

la

construcción

de

una

la PR-711. Además, manifestaron

que el uso que se le pretende dar al proyecto sería de

naturaleza industrial y, por lo tanto, no era cónsono con

el uso estipulado para la calificación del área donde iba

a ser construido. El predio estaba zonificado como área

Rural General (R-G), por lo que se requería una consulta

de ubicación al amparo del Reglamento Núm. 4 de la Junta

de Planificación, aprobado el 11 de enero de 2009.

Por último, indicaron que por el impacto y riesgo

significativo al ambiente que a su juicio representaba el

proyecto, era necesaria la preparación de una Declaración

de

Impacto

Pública

Ambiental,

Ambiental,

Ley

conforme

Núm.

a

la

416-2004,

Ley

12

de

Política

L.P.R.A.

sec.

8001 y ss.

Además, el 28 de septiembre de 2009 el señor Brito

Díaz

y

otros

Preliminar

presentaron

y/o

una

Permanente

y

“Solicitud

Remedios

de

Interdicto

Provisionales

Enmendada” para, entre otras cosas, añadir una acción bajo

el procedimiento especial contemplado en el luego derogado

Artículo 28 de la Ley Orgánica de A.R.Pe., 23 L.P.R.A.

sec. 72.

El 23 de diciembre de 2009 el foro primario emitió

una sentencia en la que ordenó la paralización inmediata

de la construcción del centro de primates. Fundamentó su

5

CC-2011-929

CC-2011-931

decisión en que la crianza de monos no era una actividad

agrícola o agropecuaria, por lo que el uso propuesto no es

conforme

a

los

permitidos

para

un

distrito

clasificado

como R-G.

En

Estado

desacuerdo

apelaron

con

esa

decisión,

Bioculture

27

de

enero

2010.

el

de

y

el

Luego

de

consolidar ambos recursos, el foro apelativo intermedio

confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia de

otorgar el interdicto especial contemplado en el Art. 28

de la Ley Núm. 76, supra.

Inconformes,

Bioculture

y

el

Estado

nos

solicitan

mediante recursos de certiorari que revoquemos a los foros

recurridos,

y

en

consecuencia,

dejemos

sin

efecto

el

injunction especial.

II

A

En Plaza Las Américas v. N & H, 166 D.P.R. 631, 654

(2005),

mencionamos

permisos

que

que

concede

“[l]a

A.R.Pe.

plena

está

validez

sujeta

a

de

los

ciertas

condiciones”. Precisamente el Art. 31 de la Ley Núm. 76 de

24 de junio de 1975, 23 L.P.R.A. sec. 72(c), discutido en

Plaza

Las

Américas,

supra,

vigente

al

dilucidarse

esta

controversia, establecía un plazo de 30 días para instar

una apelación ante la J.A.C.L. En particular, el Art. 31

de la Ley Núm. 76, supra, disponía que una vez se presenta

el escrito de apelación ante la J.A.C.L. y se notifica,

“el organismo o funcionario de cuya actuación se apela,

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suspenderá todos los procedimientos ante sí, relativos a

la actuación, determinación, o resolución de la cual se

apela”.

Relacionado con lo anterior, precisa recordar que en

Fuertes, Guillermety v. A.R.Pe., 130 D.P.R. 971, 981-982

(1992), mencionamos que la expedición de un permiso antes

de que transcurran los 30 días que otorga el Art. 31 para

apelar la resolución de A.R.Pe. que lo autoriza es ultra

vires. Por lo tanto, una vez iniciada una apelación ante

la J.A.C.L., los procedimientos ante A.R.Pe. se paralizan.

Plaza Las Américas v. N & H, supra, pág. 655, citando a

Fuertes, Guillermety v. A.R.Pe., supra, pág. 981-892. En

el

caso

que

presentaron

nos

una

ocupa,

apelación

Roberto

Brito

ante

J.A.C.L.

la

Díaz

y

otros

dentro

del

término de 30 días que disponía el Art. 31 de la Ley Núm.

76, supra. Con ello, se suspendió la eficacia del permiso

concedido. No es el Tribunal de Primera Instancia el que

invalidó

el

permiso

concedido.

Su

vigencia

estaba

suspendida por mandato del Art. 31 de la Ley Núm. 76, íd.

El tribunal se limitó a hacer cumplir ese mandato y evitar

una construcción ilegal, como disponía el Art. 28, supra.

Por

eso

me

asombra

que

la

disidencia

ni

tan

siquiera

es

necesario

mencione el Art. 31, supra.

B

Como

marco

doctrinal

introductorio,

puntualizar que en A.R.Pe. v. Rodríguez, 127 D.P.R, 793,

806-807 (1991), señalamos que la intención del legislador

7

CC-2011-929

CC-2011-931

al aprobar el Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, fue crear

un procedimiento sumario. En específico, expresamos que el

Informe de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de

Representantes respecto al P. de la C. 1065, Diario de

Sesiones, Sesión Ordinaria 1953, Vol. II, Tomo II, pág.

1520, dispone:

El proyecto tiene por finalidad hacer aquellas

reformas en la legislación, reglamentación y

trámite

relacionadas

con

los

permisos

de

construcción que la experiencia ha ido señalando

es conveniente realizar para aclimatar dicha

legislación y reglamentación a las condiciones

reales de Puerto Rico. Se agrega más adelante:

"El procedimiento de imponer multas diarias no

ha dado resultado efectivo en la práctica para

evitar las construcciones clandestinas y en

sustitución

del

mismo

en

el

Proyecto

se

establece un procedimiento especial mediante el

cual se podría ordenar la paralización inmediata

de

obras

clandestinas.

Dicho

procedimiento

concede la oportunidad, a colindantes y vecinos

que puedan ser afectados, de instar el mismo.

Mediante ese procedimiento, a petición jurada

ante un juez del Tribunal de Primera Instancia

de Puerto Rico de que se está construyendo una

obra clandestina e identificando la misma y las

personas violadoras, se puede obtener una orden

provisional del tribunal dirigida a dichas

personas

requiriéndolas

para

que

paralicen

inmediatamente, bajo apercibimiento de desacato,

la obra a que la petición se refiere, hasta

tanto se ventile judicialmente su derecho. Se

establece

el

trámite

para

este

nuevo

procedimiento el cual es sumamente rápido,

económico y en beneficio de ambas partes.

Así

pues,

estableció

un

el

Art.

28

de

“mecanismo

la

Ley

Núm.

estatutario,

76,

supra,

independiente,

especial, sumario y limitado... [cuyo] propósito es hacer

viable

mediante

efectividad

de

la

paralización

las

leyes

y

de

usos

los

y

obras,

la

reglamentos

de

8

CC-2011-929

CC-2011-931

planificación cuyo cumplimiento A.R.Pe. está obligada a

fiscalizar”. Plaza Las Américas v. N & H, supra, pág. 646.

No podemos separar los conceptos construcción y uso.

La

ley

no

concibe

que

se

conceda

un

permiso

de

construcción enajenado del uso que se le va a proporcionar

a

la

edificación

construida.

Después

de

todo,

nadie

construye en el abstracto. Por eso, el Art. 28, supra,

derogado

fue

conceptualizado

para

paralizar

“cualquier

edificio o uso, hechos o mantenidos en violación de este

capítulo o de cualesquiera reglamentos adoptados conforme

a la ley y cuya estructuración le haya sido encomendada a

la

Administración”.

(Énfasis

suplido.)

Art.

28,

íd.

La

intención legislativa fue “establecer un mecanismo sumario

rápido,

limitado

a

la

obtención

de

órdenes

para

la

paralización inmediata, provisional o permanente, de obras

o usos contrarios a la ley”. (Énfasis suplido.) A.R.Pe. v.

Rodríguez, supra, págs. 807-808.

De

igual

administrador

vecinos,

manera,

de

el

Art.

A.R.Pe.,

al

propietarios

u

28,

supra,

Secretario

ocupantes

facultaba

de

al

Justicia,

perjudicados

o

que

podrían ser perjudicados, a instar recursos de interdicto,

mandamus,

nulidad

y

cualquiera

otra

acción

adecuada

o

remedio disponible en ley para impedir, prohibir, anular,

vacar,

remover

o

demoler

cualquier

edificio

o

uso

que

fuere construido o mantenido en violación a la ley de

9

CC-2011-929

CC-2011-931

A.R.Pe.2

A

su

vez,

el

artículo

reglamentó

el

aspecto

procesal que se tiene que cumplir para que el remedio

solicitado proceda.

El procedimiento especial consagrado en el Art. 28,

supra, lo podía utilizar una parte legitimada que mediante

una

petición

jurada

asegurase

que

determinada

persona

realizaba un uso u obra que violaba una ley o reglamento

de

planificación

que

fiscalizar.

La

ley

legitimada

invoca

a

la

disponía

este

A.R.Pe.

le

que

vez

una

procedimiento

correspondía

“el

una

parte

tribunal

paralizará provisionalmente la obra o uso, y cumplido los

demás requisitos enumerados en el estatuto, determinará si

ha ocurrido la violación alegada. En tal caso, se ordenará

la paralización permanente del uso u obra, sujeta a las

formas y condiciones que especifica el Art. 28”. Plaza Las

Américas v. N & H, supra, pág. 647.

Sin embargo, no debemos olvidar que el procedimiento

especial consagrado en el Art. 28, supra, no desplaza la

función administrativa ya que se trata de un mecanismo

2

El procedimiento para impugnar construcciones y usos

ilegales al amparo de la nueva Ley para la Reforma del

Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, 23

L.P.R.A. secs. 9024-9024c, varía del dispuesto en el Art.

28, supra, derogado. Ahora se establece que toda querella

debe presentarse ante el Inspector General. Si luego de la

investigación, éste decide ejercer sus facultades, puede

solicitar la revocación del permiso, o la paralización de

obras o usos no autorizados, para lo cual deberá obtener

una orden judicial. Ahora bien, si el inspector no actúa

dentro

del

término

de

quince

días

laborables,

el

querellante podrá acudir al tribunal a solicitar los

remedios antes mencionados. Íd.

10

CC-2011-929

CC-2011-931

provisional

que

requiere

de

una

acción

ulterior

e

independiente para adjudicar finalmente la controversia.

Íd. Además, ese procedimiento “no está sujeto a las normas

de

jurisdicción

primaria

ni

agotamiento

de

remedios

administrativos”. Íd.

III

Según

el

Art.

28,

supra,

la

parte

que

interesare

utilizar el remedio dispuesto en ese artículo tenía que

demostrar que estaba afectada por la construcción o uso

ilegal. Es decir, tenía que establecer que contaba con

legitimación activa para instar el pleito judicial. Ese

criterio es cónsono con nuestros pronunciamientos en Fund.

Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563 (2010).

Una

lectura

detenida

de

nuestra

Opinión

en

Fund.

Surfrider y otros v. A.R.Pe., íd., demuestra que la norma

de justiciabilidad que recoge la Sec. 4.2 de la Ley de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme,

3

L.P.R.A.

sec.

2172, y que interpretamos en ese caso, se fundamenta en la

limitación constitucional que tienen los tribunales para

atender

solamente

casos

y

controversias

reales.

Fund.

Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, págs. 574. Señalamos

entonces que la parte que acude al tribunal tiene que

demostrar “un interés sustancial en la controversia porque

sufre

o

sufrirá

una

lesión

o

daño

particular

que

es

causado por la acción administrativa que se impugna...”.

Fund.

Surfrider

y

otros

v.

A.R.Pe.,

supra,

pág.

579.

Inmediatamente, citando E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552,

11

CC-2011-929

CC-2011-931

558-559 (1958), reafirmamos la base constitucional de esta

regla

al

afirmar

que

el

requisito

procesal

indicado

“asegura que resolvamos „controversias genuinas surgidas

entre

partes

obtener

un

opuestas

remedio

que

que

tienen

haya

de

un

interés

afectar

sus

real

de

relaciones

jurídicas‟ ”. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra,

págs. 571-572.

Es por esto que rechazo vehementemente el análisis de

Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., íd., que el hermano

Juez Asociado señor Estrella Martínez realiza en su Voto

de Conformidad. No se puede concebir el Art. 28, supra,

como una llave maestra que permita que cualquier persona

obvie los requisitos constitucionales de justiciabilidad y

paralice la construcción de obras. La Asamblea Legislativa

no tiene la facultad de relevarnos de las limitaciones de

justiciabilidad

que

la

Constitución

nos

impone

y

que

reconocimos en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra,

y

E.L.A.

v.

Aguayo,

supra.

El

legislador

no

puede

facultarnos a emitir opiniones consultivas. Por la misma

razón tampoco puede crear una acción judicial que esté

divorciada del principio de legitimación activa.

Ahora bien, se desprende de nuestros pronunciamientos

en Plaza Las Américas v. N & H, supra, pág. 647, que

bastaba con que uno de los peticionarios del procedimiento

del Art. 28 tuviera legitimación activa para que pudiera

solicitar el injunction. Esto también es consecuente con

lo resuelto en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra.

12

CC-2011-929

CC-2011-931

En este caso, varios vecinos de Guayama figuran como

demandantes,

junto

a

la

organización

People

for

the

Ethical Treatment of Animals (P.E.T.A.). A esta última se

le reconoció legitimación activa para demandar porque uno

de los recurridos alegó que es miembro de la organización.

A

base

de

los

requisitos

constitucionales

para

establecer un caso y controversia, que explicamos en Fund.

Surfrider

y

otros

v.

A.R.Pe.,

íd.,

estas

personas

y

P.E.T.A. no tienen legitimación activa para reclamar en el

tribunal. Los individuos no

establecieron que sufrieron

daños reales y específicos debido a la construcción que

Bioculture lleva a cabo. Se limitaron a alegar daños a la

población

general

y

a

especular

por

la

ansiedad

y

la

angustia que supuestamente les provoca el destino de los

animales que Bioculture alojará en las instalaciones en

construcción.

Por

la

misma

razón,

P.E.T.A.

tampoco

demostró tener un daño claro, palpable real, inmediato,

preciso,

que

no

sea

general,

abstracto,

hipotético

o

especulativo. Además, si ninguno de los miembros de la

organización tiene legitimación activa la entidad tampoco

puede demandar a su nombre. Fund. Surfrider y otros v.

A.R.Pe., íd., págs. 572-573; Col. Ópticos de P.R. v. Vani

Visual

Center,

124

D.P.R.

559

(1989).

Al

respecto,

P.E.T.A. y la mayoría de los recurridos no se diferencian

de la fundación y el “vecino” a quienes no le reconocimos

legitimación activa en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe.,

supra.

13

CC-2011-929

CC-2011-931

Ahora bien, luego de un análisis minucioso de las

transcripciones

de

las

vistas

celebradas

ante

el

foro

primario, es forzoso concluir que el Sr. José Rodríguez

Collazo ostenta legitimación activa. Su finca colinda en

un extremo con la de Bioculture. Transcripción de Vista

Evidenciaria

de

9

de

noviembre

de

2009,

pág.

78.

En

particular, este colindante del proyecto testificó que no

ha podido vender parte de su propiedad debido a que tres

compradores potenciales se arrepintieron tras enterarse de

la construcción de las instalaciones de Bioculture:

P

...¿Por

qué

más

usted

demandó?

Concretamente[, ¿]que [sic] daño le causó a

usted la construcción que lleva a cabo...

R

Me causa el daño, que cuando usted me

dijo primero, yo desarrollé un proyecto allí...

P

Ajá.

R

A la cual yo le pus[e] agua...

P

Unjú.

R

Luz,

carretera,

y

tenía

tres

comprador[es] de par de esos solares y cuando

escucharon de la cosa esta de los monos, después

se me arrepintieron. Y los tengo allí, mire

muertos de la risa.

...

P

Okey. O sea, la razón por [la] cual

usted radicó este pleito es porque según usted,

usted no pudo vender un desarrollo de vivienda

urbano, [¿]esa es su razón[?]

R

S[í].... [Énfasis suplido.]

Transcripción, íd., págs. 98, 100.

Con

esta

declaración

incontrovertida,

el

señor

Rodríguez Collazo demostró tener un daño económico claro,

real, concreto y específico. Aunque más adelante señaló en

contrainterrogatorio que los edificios de Bioculture, por

sí solos, no le molestan (transcripción, pág. 101), dejó

establecido

el

daño

económico

que

la

construcción

le

14

CC-2011-929

CC-2011-931

causó,

sin

que

la

otra

parte

presentara

prueba

en

contrario. Esa prueba directa, que el juzgador creyó, es

suficiente

para

probar

ese

daño.

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI;

Regla

110(D)

de

S.L.G. Rivera Carrasquillo

v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 357 (2009); Ramírez Ferrer v.

Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799, 811 (2009); Trinidad v.

Chade, 153 D.P.R. 280 (2001). Nuestra decisión en Fund.

Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, no dejó esa norma sin

efecto

ni

requirió

probar

el

daño

reglas

que

le

evidenciarias

da

distintas

legitimación

activa

para

a

un

reclamante.

Es evidente, entonces, que la norma sentada en Fund.

Surfrider y otros v. A.R.Pe., íd., sigue vigente con toda

su fuerza. El anuncio de su muerte es una exageración,

parafraseando

la

nota

de

Mark

Twain

de

mayo

de

1897,

dirigida al New York Journal. Lo que diferencia este caso

es que uno de los reclamantes logró probar un daño real,

concreto,

inminente

y

preciso,

que

no

de

los

es

especulativo,

abstracto ni generalizado.

Así

las

cosas,

como

legitimación

activa,

eso

uno

era

recurridos

suficiente

para

tiene

emitir

el

injunction con el objetivo de que Bioculture paralice la

construcción hasta que la J.A.C.L., ahora Junta Revisora

de Permisos y Uso de Terrenos, dilucide los méritos de la

reclamación presentada ante su consideración.

Ahora bien, tanto el foro primario como el Tribunal

de

Apelaciones

erraron

al

dilucidar

los

méritos

del

15

CC-2011-929

CC-2011-931

permiso concedido por A.R.Pe. Es decir, fue desacertado

analizar y concluir que la clasificación agrícola del uso

propuesto para los terrenos de Bioculture no permite la

crianza

de

animales

que

estén

relacionados

a

la

agricultura tradicional. En esta etapa, esa facultad le

pertenece exclusivamente a la Junta Revisora de Permisos y

Uso de Terrenos. Tampoco está ante nosotros la bondad o

daño que se alegan que el proyecto propuesto puede tener.

Lo único que había que dilucidar en el tribunal era si

existía

una

construcción

afectado

por

ella,

lo

ilegal

que

se

y

si

probó.

alguien

estaba

Bioculture

está

construyendo sin un permiso de construcción final. Eso es

contrario a la ley. Por ende, procede el injunction para

paralizar

la

construcción

hasta

que

la

Junta

Revisora

resuelva la apelación en los méritos.

Lo

anterior

no

significa

que

Bioculture

queda

impedida permanentemente de construir sus instalaciones.

Meramente se mantiene el injunction hasta que la Junta

Revisora resuelva. De hecho, si la Junta Revisora y su

antecesora, la J.A.C.L., no se hubieran tardado dos años

en

atender

innecesario.

este

asunto,

el

injunction

habría

sido

16

CC-2011-929

CC-2011-931

IV

Debido

contra

la

a

que

decisión

la

y

revisión

no

de

contra

una

sus

sentencia

fundamentos,

se

da

voto

conforme con la decisión de este Tribunal de declarar no

ha lugar el recurso de certiorari. SLG Semidey Vázquez v.

ASIFAL, 177 D.P.R. 657, 693 (2009); Pérez v. VPH Motor

Corp., 152 D.P.R. 475, 487 (2000).

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Brito Díaz; Ángel Luis

Sanabria Morales; Keila Colón

Rivera; José C. Rodríguez

Collazo; José Enrique Cruz

Mercado; Nydia Luz Rivera

Laporte; Marianita Palau; Carla

Capalli Rosa; Ángel Torres;

People for the Ethical

Treatment of Animals (PETA)

Recurridos

CC-2011-929

v.

Bioculture Puerto Rico, Inc.;

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico; Administración de

Reglamentos y Permisos;

Departamento de Justicia;

Junta de Calidad Ambiental;

Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales;

Departamento de Agricultura;

Compañía de Fomento Industrial

(PRIDCO); Municipio de Guayama;

Ing. José A. Mateo

Colón; Ing. Germán Torres

Berríos

Cons.

Certiorari

CC-2011-931

Peticionarios

Voto de conformidad emitido por el Juez Asociado SEÑOR

ESTRELLA MARTÍNEZ al cual se unen el Juez Presidente SEÑOR

HERNÁNDEZ DENTON y las Juezas Asociadas SEÑORAS FIOL MATTA

Y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.

San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.

Por considerar que existen justificaciones de interés

público que se extienden a las colindancias del proyecto de

Bioculture y por entender que los vecinos y colindantes

cumplieron

con

los

requisitos

para

obtener

un

remedio

especial de paralización, estoy conforme con el resultado

alcanzado por este Tribunal al denegar la expedición del

auto de certiorari.

2

CC-2011-929

CC-2011-931

I.

La

corporación

organizada

al

Mauricio,

se

Bioculture

amparo

de

las

especializa

especie

Macaques

primates

que

suple

empresas

de

desarrollo

en

Mauritius

leyes

la

Fascicularis

esta

la

República

de

crianza

de

monos

la

(macaco

la

entidad

de

compañía

de

Ltd.,

de

cangrejero).

Los

utilizados

por

son

industria

farmacéutica,

biomédica y de alimentos. Examinemos los serios errores,

deficiencias y el patrón de irregularidades, cometidos por

Bioculture Puerto Rico, Inc. (Bioculture) por los cuales

diversas

agencias

de

la

Rama

Ejecutiva

emitieron

responsablemente el mismo remedio que eventualmente tuvo

que

adoptar

también

la

Rama

Judicial,

a

saber:

la

paralización temporera del proyecto de Bioculture.

Con el fin de comenzar operaciones en Puerto Rico, en

el 2008 la compañía fue registrada en el Departamento de

Estado como Bioculture Puerto Rico, Inc. Ese mismo año la

compañía comenzó a gestionar los correspondientes permisos

para la construcción de sus facilidades en el barrio Pozo

Hondo en el Municipio de Guayama. Así las cosas, el 19 de

diciembre

de

2008

la

Administración

de

Reglamentos

y

Permisos (A.R.Pe.) expidió el permiso de construcción. La

construcción comenzó en febrero de 2009.

El

22

de

abril

de

2009

el

Sr.

Roberto

Brito

Díaz

presentó una querella ante A.R.Pe. Dicha agencia identificó

deficiencias en el trámite de la expedición del permiso

original.

En

consecuencia,

ordenó

la

paralización

del

3

CC-2011-929

CC-2011-931

proyecto. Más adelante, Bioculture solicitó nuevamente el

permiso de construcción, el cual fue otorgado el 18 de

junio de 2009. En reacción a la expedición del permiso, un

grupo

de

residentes

del

Municipio,

así

como

otras

organizaciones, manifestaron su oposición al proyecto.

El 21 de julio de 2009 el señor Brito Díaz y otros

vecinos del Municipio de Guayama presentaron un recurso de

apelación ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones

y

Lotificaciones

(J.A.C.L.),

actual

Junta

Revisora

de

Permisos y Uso de Terrenos, bajo las disposiciones del Art.

72 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, 23 L.P.R.A.

sec. 72 (derogada). Los vecinos solicitaron la revocación

del

permiso

expedido

por

paralización

inmediata

de

oposición

a

esta

solicitud

de

apelantes

carecían

A.R.Pe.

las

apelación,

desestimación,

de

obras

a

Bioculture

y

la

de

construcción.

En

Bioculture

aduciendo

legitimación

presentó

que

activa.

los

El

una

allí

14

de

septiembre de 2011, Bioculture presentó una moción ante la

J.A.C.L. solicitando que se atendiera el recurso, dado que

la resolución de la controversia se encuentra aún pendiente

en ese organismo.

El 21 de agosto de 2009 los recurridos presentaron

ante

el

Tribunal

de

interdicto

preliminar

Bioculture,

A.R.Pe.,

Primera

y

la

Instancia

remedios

Junta

de

una

solicitud

provisionales

Calidad

de

contra

Ambiental,

el

Municipio de Guayama y la Compañía de Fomento Industrial.

Alegaron que era necesaria una consulta de ubicación al

4

CC-2011-929

CC-2011-931

amparo

del

Reglamento

Número

4

de

la

Junta

de

Planificación, aprobado el 11 de enero de 2009, ya que el

uso del proyecto sería de naturaleza industrial. Por ende,

no era cónsono con el uso estipulado para la calificación

del área donde iba a ser construido. Además, plantearon que

se requería una Declaración de Impacto Ambiental, conforme

a la Ley de Política Pública Ambiental, Ley Núm. 9 de 18 de

junio de 1970, 12 L.P.R.A. sec. 1121 et seq., debido al

riesgo

significativo

al

ambiente

que

representaba

el

proyecto. También alegaron que el proyecto de Bioculture

estaba

siendo

construido

en

terrenos

reservados

para

la

construcción de una carretera.

Esta solicitud fue enmendada el 28 de septiembre de

2009. Mediante la referida enmienda añadieron una causa de

acción bajo el procedimiento especial que brinda el Art. 28

de la Ley Orgánica de A.R.Pe., Ley Núm. 76 de 24 de junio

de

1975,

23

L.P.R.A.

sec.

71

et

seq.

(derogada).

Específicamente, arguyeron la posibilidad de daños físicos,

emocionales y de salud a los ciudadanos, además de daños a

la agricultura y a la biodiversidad de la Sierra de Cayey,

el Bosque Carite, incluyendo la Bahía de Jobos.

Lejos

de

presentar

generalidades,

entre

otros

argumentos, los demandantes plantearon que: (1) confrontan

un peligro ineludible a su seguridad y a varios problemas

serios de salud; (2) el hábitat quedaría afectado debido al

efecto

negativo

biodiversidad

del

en

la

área;

agricultura

de

la

(3)

un

potencial

existe

zona

y

a

la

daño

a

5

CC-2011-929

CC-2011-931

cosechas, habida cuenta de que uno de los demandantes es

agricultor y su finca de 139 cuerdas colinda con la finca

de Bioculture; (4) el proyecto atenta contra la fauna y la

flora

del

asociadas

área;

(5)

a

primates;

los

riesgos

de

(6)

enfermedades

se

trata

de

infecciosas

un

proyecto

industrial que ocasionaría ruidos generados por miles de

monos

enjaulados

y

que

resulta

perjudicial

a

las

áreas

adyacentes; (7) se trata de una operación de más de 100,000

pies cuadrados no compatible con el distrito en cuestión y

que provocaría un problema real de salubridad debido a las

heces fecales que generan miles de monos confinados; (8)

que

los

monos

que

Bioculture

importaría,

además

de

ser

omnívoros, no son una especie nativa y no son compatibles

con el hábitat natural de Puerto Rico, al no contar con

depredadores naturales; (9) el problema de propagación de

esta plaga es real en Puerto Rico, al punto que el gobierno

ha tenido que implantar un programa para lidiar con dicha

problemática; (10) el proyecto se está construyendo en una

servidumbre de paso

de

incumplimiento

Junta

de

la

la

Carretera PR-711; y (11) el

de

Calidad

Ambiental

con

el

Reglamento sobre Declaraciones de Impacto Ambiental.

El 23 de diciembre de 2009, el foro primario dictó una

sentencia en la cual ordenó la paralización provisional de

la construcción del centro de primates. La decisión estuvo

fundamentada

en

que

la

crianza

actividad

agrícola

o

propuesto

para

proyecto

el

de

agropecuaria,

de

monos

por

lo

Bioculture

no

era

una

que

el

uso

no

era

uno

6

CC-2011-929

CC-2011-931

conforme a los permitidos para un distrito clasificado como

Rural

General

ende,

resultaba

mediante

(R–G)

en

la

contrario

certificación

reglamentación

aplicable.

a

se

de

derecho

A.R.Pe.

la

que

Por

permitiese

construcción

del

mismo, ya que se requería llevar a cabo una consulta de

ubicación.

El

foro

primario,

basándose

en

la

prueba

presentada, consideró que los recurridos cumplieron con los

requisitos del Art. 28, 23 L.P.R.A. sec. 72, por lo que

procedía el remedio de interdicto especial que éste provee,

el cual es uno temporero.

Inconformes con el dictamen del Tribunal de Primera

Instancia,

sendos

tanto

Bioculture

recursos

Apelaciones.

sentencia

En

de

éstos,

dictada

por

como

apelación

el

E.L.A.

ante

el

solicitaron

el

foro

la

presentaron

Tribunal

revocación

primario.

Ambos

de

de

la

recursos

fueron consolidados y el foro apelativo intermedio confirmó

la determinación del Tribunal de Primera Instancia, a los

efectos de que procedía en derecho otorgar el interdicto

especial contemplado en el Art. 28.

Nuevamente

inconformes,

Bioculture

y

el

E.L.A.

nos

solicitan que se deje sin efecto el dictamen emitido por el

Tribunal de Primera Instancia y confirmado por el Tribunal

de Apelaciones.

II.

El caso ante nuestra consideración es uno bajo el Art.

28 de la derogada Ley Núm. 76. Este artículo establecía lo

siguiente:

7

CC-2011-929

CC-2011-931

El Administrador o Secretario de Justicia en los casos en

los que así se solicite a nombre del Pueblo de Puerto Rico,

o de cualquier propietario u ocupante de una propiedad

vecina, que resultare o pudiera resultar especialmente

perjudicado por cualesquiera de dichas violaciones, además,

de otros remedios provistos por ley, podrá entablar recurso

de interdicto, mandamus, nulidad o cualquier otra acción

adecuada para impedir, prohibir, anular, vacar, remover o

demoler cualquier edificio construido, o cualquier edificio

o uso, hechos o mantenidos en violación de este capítulo o

de cualesquiera reglamentos adoptados conforme a la ley y

cuya

estructuración

le

haya

sido

encomendada

a

la

Administración.

[…]

(c)

Tendrán

derecho

a

presentar

la

petición

los

colindantes y vecinos que pudieren ser afectados por la

violación y los funcionarios designados por los organismos

gubernamentales que insten la acción, así como ingenieros o

arquitectos que actúen como proyectistas o inspectores de

la obra. (Énfasis nuestro).

El

procedimiento

articulado

ha

sido

establecido

objeto

de

en

el

interpretación

mencionado

en

diversas

ocasiones por este Tribunal. El Art. 28 autoriza a entablar

el interdicto que provee como remedio para impedir el uso

de un edificio o pertenencia en violación de la ley o los

reglamentos. A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816, 820

(1986). El procedimiento establecido por el Art. 28 es un

mecanismo estatutario, independiente, especial, sumario y

limitado que permite la paralización de las obras o usos

que violen la ley. Además, viabiliza la efectividad de las

leyes y reglamentos que este organismo viene obligado a

fiscalizar.

A.R.P.E.

v.

Rodríguez,

127

D.P.R.

793,

808

(1991). En A.R.P.E. v. Ozores Pérez, supra, pág. 822, este

Tribunal expresó que, en ocasiones, la utilización de los

procedimientos sumarios que buscan dar la debida protección

a la salud y bienestar público, tal como el establecido en

8

CC-2011-929

CC-2011-931

este

articulado,

no

se

circunscribe

exclusivamente

a

situaciones de emergencia. Además, es menester señalar que

este mecanismo no desplaza la función administrativa,

sino

que es un mecanismo provisional. Plaza las Américas v. N &

H, 166 D.P.R. 631, 647 (2005).

No

podemos

perder

de

perspectiva

que

en

el

pasado

hemos descartado el planteamiento de que las doctrinas de

jurisdicción

primaria

y

de

agotamiento

de

remedios

administrativos impiden la concesión del remedio sumario

del Art. 28. La disponibilidad del procedimiento sumario

establecido en el referido Art. 28 no está supeditada a las

normas

de

jurisdicción

primaria

ni

de

agotamiento

de

remedios administrativos. Véase, Mun. de Caguas v. AT&T,

154 D.P.R. 401 (2001).

El

procedimiento

puede

invocarse

cuando

una

parte

alega, en petición jurada que: (1) determinada persona está

realizando un uso u obra, (2) dicha conducta viola una ley

o un reglamento de planificación; y (3) A.R.Pe. tiene la

obligación

de

velar

por

el

disposición. Plaza las Américas v.

cumplimiento

de

dicha

N & H, supra, pág. 646;

A.R.Pe. v. Rivera, 159 D.P.R. 429, 445 (2003). Invocado el

procedimiento

especial,

provisionalmente

la

requisitos

enumerados

el

tribunal

obra

o

uso,

y

cumplidos

en

el

estatuto,

paralizará

los

determinará

demás

si

ha

ocurrido la violación alegada. Plaza las Américas v. N & H,

supra,

págs.

646-647.

De

cumplirse

con

todos

requisitos, el Tribunal ordenará la paralización. Íd.

los

9

CC-2011-929

CC-2011-931

El

propósito

del

Art.

28

es

proveer

un

mecanismo

sumario rápido, independiente y complementario. A.R.P.E. v.

Rodríguez,

supra.

Además,

las

órdenes

de

paralización

solicitadas al amparo del procedimiento especial del Art.

28 son un remedio independiente y diferente del interdicto

tradicional.

Así

bien,

a

diferencia

del

interdicto

tradicional el mecanismo que brinda el Art. 28 no surge de

la equidad, sino que debe ser evaluado según la letra del

mismo

y

su

Américas v.

jurisprudencia

interpretativa.

Plaza

las

N & H, supra, pág. 650; A.R.Pe. v. Rivera, 159

D.P.R. 429, 444; A.R.Pe. v. Rodríguez, supra. Bajo el Art.

28 no se requiere prueba de daños irreparables, sino sólo

la

determinación

de

que

el

demandado

ha

violado

las

disposiciones de la ley. A.R.Pe. v. Rivera, supra; Pueblo

v. A. Roig, Sucrs., 63 D.P.R. 18 (1944).

En el caso ante nuestra consideración, los recurridos

lograron satisfacer los requisitos del Art. 28 y de su

jurisprudencia

parte,

nos

interpretativa.

invitan

a

Los

peticionarios,

adentrarnos

en

su

por

su

corriente

de

errores, lo que conllevaría pasar por alto los claros y

reiterados

precedentes

interpretativos

del

Art.

28.

Ese

ejercicio, o más bien omisión, conllevaría también aplicar

una

jurisprudencia

procedimiento

ajena

especial,

como

a

la

lo

naturaleza

es

el

caso

de

de

ese

Fund.

Surfrider y otros v. A.R.P.E., 178 D.P.R. 563 (2010). El

citado caso atendió la legitimación activa desde el ámbito

general del recurso de revisión judicial provisto en la Ley

10

CC-2011-929

CC-2011-931

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida

como

Ley

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme,

3

L.P.R.A. sec. 2101.

No

podemos

procedimiento

tradicional,

ignorar

que

especial

que

no

nos

encontramos

independiente

fue

objeto

de

y

ante

un

distinto

al

consideración

en

el

citado caso. En Fund. Surfrider y otros v. A.R.P.E., supra,

los peticionarios intentaron cuestionar una determinación

final de A.R.Pe. en torno a la aprobación de un proyecto

con variaciones a los reglamentos de zonificación. En el

caso ante nuestra consideración no nos encontramos en dicha

etapa

procesal.

Equiparar

ambas

situaciones

constituiría

desvirtuar la naturaleza del procedimiento especial que el

propio

legislador

utilizar

nuestra

le

adscribió

tinta

para

al

Art.

alterar

28.

los

¿Por

qué

requisitos

especiales que el legislador expresamente estableció en el

Art. 28 y extender un precedente inexistente al momento de

lograr los peticionarios su remedio de paralización? Máxime

cuando

nos

encontramos

ante

un

proyecto

que

ha

sido

altamente cuestionado por un informe final proveniente de

la propia rama de gobierno que estableció dicho articulado.

Examinemos la prueba desfilada ante el foro primario

para disipar cualquier duda en torno a la procedencia del

remedio cuestionado.

Los vecinos y colindantes recurridos presentaron el

testimonio pericial del Prof. Elías Rodríguez, quien evaluó

las solicitudes de permisos de construcción de Bioculture,

11

CC-2011-929

CC-2011-931

a la luz de las normas de planificación aplicables.

El

perito

una

catalogó

la

actividad

de

Bioculture

como

industrial. Específicamente, destacó que los monos no se

utilizan como alimento, fin de la agricultura. El contexto

en el que está planteada la crianza de animales no forma

parte de una actividad agrícola. Ciertamente, la crianza de

los

animales

es

para

propósitos

industriales.

Véase

Transcripción de la Vista del 30 de noviembre de 2009,

págs. 44-46.

El

perito

preocupación

del

Elías

Rodríguez

Departamento

de

coincidió

Recursos

con

la

Naturales

y

Ambientales, al indicar que:

[E]l proyecto propuesto conlleva un efecto detrimental en

la biodiversidad de Puerto Rico. Eso no es cualquier

persona la que está hablando en esa comunicación. Es la

persona

que

está

encargada

por

ley,

el

que

los

puertorriqueños seleccionaron para que protegiera los

recursos naturales y el medio ambiente. Y él cumpliendo su

función ministerial como Secretario de Recursos Naturales,

emite una comunicación diciendo: “Este proyecto tendrá un

efecto detrimental”. Transcripción de la Vista del 30 de

noviembre de 2009, pág. 58.

En torno al impacto ambiental real, el referido perito

testificó que:

El siguiente punto… es la existencia de la reserva natural

de la Bahía de Jobos. Como yo le dije, la reserva natural

de la Bahía de Jobos, forma parte del sistema nacional de

reserva, que se utiliza para investigación.

Es parte de

los acuerdos con los que llegó el Estado Libre Asociado, el

gobierno de Puerto Rico con el gobierno federal, cuando se

le delegó hacer cumplir la ley de zona de manejo zona

costanera, Costa Sur Management Act.… Desde la década del

‟70, el gobierno de Puerto Rico se comprometió hacer

cumplir… dicha disposición. El gobierno de Puerto Rico

estableció un plan de manejo de la zona costanera.

…

Por lo tanto, esto es un recurso que está identificado, que

tiene una reserva natural que es de alto valor ecológico,

12

CC-2011-929

CC-2011-931

de alta importancia para el país, proteger sus recursos. Y

él por si solo, repito lo que dice el AP del reglamento:

“Cualquier acción que puede impactar significativamente un

área donde exista recursos naturales, es de importancia”.

P ¿Y cómo esta acción puede impactar entonces la Reserva de

la Bahía Jobos.

La va a contaminar.

P ¿Cómo?

La va a contaminar con los químicos, con los residuos, con

los fecales de los monos, etcétera, que va a estar

depositándose sobre el terreno y cuando llueva, la lluvia

va a lavar el terreno o se van a estar depositando…

infiltrándose a ese acuífero, y el acuífero va a descargar,

parte del acuífero va… descargando a la reserva, al Río

Seco termina en el área de la Bahía de Jobos. Es el único

tributario, el único río que desemboca en la Bahía de

Jobos. Así lo reconoce el plan de manejo de la reserva de

la Bahía de Jobos.

P ¿Y qué relación tiene el Río Seco con la propiedad de

Bioculture?

La propiedad de Bioculture está dentro de la cuenca

geográfica del Río Seco. La cuenca geográfica es el área

superficial de terreno donde la lluvia que cae, termina en

el cauce de ese río. Transcripción de la Vista del 30 de

noviembre de 2009, págs. 59-61. (Énfasis nuestro.)

Las

aguas

usadas

que

pretende

utilizar

Bioculture

también fueron objeto de señalamientos por el perito de los

recurridos al testificar lo siguiente:

Aquí el acuífero se va a ver afectado. Y se ve afectado de

igual forma. Se ve afectado por los contaminantes que van a

llegar al acuífero. Acuérdese que ellos dicen en el

memorial explicativo… que de los cuarenta mil (40,000)

galones de agua diaria que ellos van a utilizar se espera

que treinta mil (30,000) de ellos sean aguas usadas. Van a

generar treinta mil (30,000) galones diarios en aguas

usadas.

Esas aguas usadas se van a manejar a través de

pozos filtrantes que van a filtrar las aguas al terreno y

de ahí se infiltra a subsuelo, al acuífero con el potencial

obviamente de contaminarlo. Transcripción de la Vista del

30 de noviembre de 2009, págs. 63-64. (Énfasis nuestro.)

Finalmente, el perito testificó también en torno al

13

CC-2011-929

CC-2011-931

impacto

en

las

utilidades

públicas;

servidumbre

de

paso

la

de

el

aspecto

carretera;

los

de

la

recursos

arqueológicos existentes y los riesgos de escape de los

monos.

De

la

transcripción

de

la

vista

evidenciaria

surge

claramente que los demandantes demostraron ser vecinos y

colindantes que pudieran quedar afectados por el proyecto.

Al así demostrarlo cumplieron con el requisito del Art. 28

el cual, como mencionamos, concede legitimación a vecinos y

colindantes que pudieren verse afectados. En específico, el

señor Brito Díaz testificó que vive desde hace trece (13)

años en el barrio Pueblito del Carmen el cual es cercano al

proyecto.

Véase,

Transcripción

de

la

Vista

del

9

de

noviembre de 2009, pág. 63. De igual forma, el Sr. Ángel L.

Sanabria

Morales

residente

del

testificó

barrio

ser

legislador

Pueblito

del

municipal3

Carmen.

y

Véase,

Transcripción de la Vista del 9 de noviembre de 2009, págs.

66-67.

Por su parte, el Sr. José Rodríguez Collazo testificó

que es agricultor y es dueño de una finca de ciento treinta

y nueve (139) cuerdas en el mencionado barrio Pueblito del

Carmen

en

dónde

vive

hace

quince

(15)

años.

Véase,

Transcripción de la Vista del 9 de noviembre de 2009, págs.

68-69. Fue estipulado que la mencionada finca es colindante

al

proyecto

de

Bioculture.

Íd.

págs.

73-75.

El

señor

Habida cuenta de que el señor Sanabria Morales satisface

los requisitos de ser vecino, huelga analizar su legitimación

activa en su capacidad de legislador municipal.

3

14

CC-2011-929

CC-2011-931

Rodríguez Collazo, a preguntas de uno de los representantes

legales

de

Bioculture,

afectado

con

el

testificó

proyecto.

acerca

de

Específicamente,

cómo

se

ve

expresó

que

desarrolló un proyecto de viviendas en la finca colindante

a la de Bioculture. A ese proyecto que desarrolló le puso

agua y luz. Además, construyó una carretera. Tenía tres (3)

compradores. Pero cuando éstos escucharon del proyecto de

los monos, se arrepintieron. Transcripción de la Vista del

9 de noviembre de 2009, págs. 99-100.

Así también, el señor Rodríguez Collazo testificó que

tenía planes para continuar desarrollando el resto de su

finca, mediante la construcción de una hacienda, pero que

debido a la situación con Bioculture la ha detenido. Íd.,

pág. 100.

Otro testigo, el Sr. Enrique Cruz Mercado, testificó

que ha sido residente del barrio Pueblito del Carmen por

toda su vida, y que su residencia queda cerca al proyecto

de Bioculture. Íd., pág. 108. De igual forma, la Sra. Lydia

Luz Rivera Laporte expresó en la vista que es residente del

barrio

Pueblito

del

Carmen

y

que

el

proyecto

estaba

aproximadamente a nueve (9) minutos de su parcela. Véase,

Transcripción de la Vista del 9 de noviembre de 2009, págs.

111-112. La Sra. Margarita Palou Morales también testificó

ser residente de Pueblito del Carmen y que el proyecto

estaba

a

una

distancia

de

residencia. Íd., págs. 113-114.

cinco

(5)

minutos

de

su

15

CC-2011-929

CC-2011-931

Como

vemos,

evidenciaria

la

logró

prueba

establecer

testifical

la

de

la

posibilidad

de

vista

que

los

vecinos y colindantes se vieran afectados. Reiteradamente

hemos establecido que ante la ausencia de indicio alguno de

que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en manifiesto

error,

prejuicio,

parcialidad

o

pasión

al

apreciar

la

evidencia desfilada, no intervendremos con la evaluación de

la prueba realizada por el foro primario. López Fantauzzi

v. 100% Natural, res. el 16 de marzo de 2011, 2011 T.S.P.R.

40; Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987);

Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985).

La

prueba

presentada

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia y que fue creída por el juzgador demostró que los

vecinos

cumplieron

con

los

requisitos

del

Art.

28.

Más

importante aún, para fines del procedimiento especial del

Art.

28

quedaron

demostradas

las

violaciones

a

la

reglamentación de planificación. Los terrenos en los que

Bioculture

pretende

establecer

su

laboratorio

industrial

están clasificados como R-G, uno esencialmente agrícola. En

consecuencia,

los

usos

a

ser

clasificado

como

R-G

deben

permitidos

ser

en

el

compatibles

distrito

con

los

propósitos del mismo.

No nos encontramos ante un proyecto agrícola. La propia

A.R.Pe.

paralizó

Bioculture

“por

laboratorio

de

el

15

entender

de

mayo

que

investigación

el

de

2009

proyecto

con

el

proyecto

de

conllevaría

un

primates…”.

(Énfasis

nuestro.) Véase, Informe Final de la Comisión de Recursos

16

CC-2011-929

CC-2011-931

Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico sobre la

R. del S. 513 de 10 de noviembre de 2009, 16ta. Asamblea

Legislativa, 2da. Sesión Ordinaria, pág. 9. La solicitud de

la propia Bioculture, ante el Departamento de Agricultura,

confirma la incompatibilidad de su fin primario con los

primates,

al

exponer

que

“…

se

dedicará

a

la

crianza,

reproducción y exportación de animales (SPF Gynos) y a la

realización de proyectos de investigación en el campo de la

biomedicina”.

Ante semejante cuadro, el Tribunal de Primera Instancia

resolvió conforme a derecho al conceder el remedio provisto

por el Art. 28.

Mientras tanto, siguen pasando los meses y la Junta

Revisora ha optado por no actuar a la ligera, emulando al

Tribunal

de

Apelaciones.

Es

su

decisión,

y

no

nuestra

función, intervenir en esta etapa en su raciocinio. Ahora

bien,

mientras

la

Junta

Revisora

emite

su

dictamen,

es

nuestro deber proteger el interés público y sostener el

remedio

temporero

concedido

por

el

foro

primario

y

de

fiscalización

confirmado por el Tribunal de Apelaciones.

Las

acciones

responsable

de

las

de

paralización

propias

agencias

y

administrativas

del

Gobierno de Puerto Rico, me mueven a ser cauteloso a la

hora de permitir la introducción de una colonia de miles de

primates

que

podrían

causar

serios

problemas

a

la

agricultura, a la seguridad y a las propiedades, tal como

ha surgido en el pasado en el litoral suroeste de Puerto

17

CC-2011-929

CC-2011-931

Rico. Es el propio Gobierno que ha paralizado inicialmente

dicho proyecto.

A

modo

de

ejemplo,

el

28

de

abril

de

2009,

el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales presentó

una solicitud de investigación de querella bajo el número

de caso 09CQ4-00000-01016 ante A.R.Pe. por la construcción

de estructuras para una alegada crianza de animales sin

permiso. El 15 de mayo de 2009, la A.R.Pe inspeccionó la

propiedad

y

encontró

que

el

proyecto

se

encontraba

en

construcción. La agencia, responsablemente, lo paralizó. De

igual forma, el 17 de julio de 2009, la Junta de Calidad

Ambiental inspeccionó el área del proyecto y los días 29 y

30

de

julio

emitió

dos

Notificaciones

por

Violación

a

Bioculture, relacionadas con el Reglamento para el Control

de los Desperdicios Fecales de Animales; el Reglamento de

Manejo

de

Reglamento

Desperdicios

para

el

Sólidos

Control

de

la

No

Peligrosos

Inyección

y

el

Subterránea.

Véase, Informe Final de la Comisión de Recursos Naturales y

Ambientales del Senado de Puerto Rico sobre la R. del S.

513, supra. Estos Reglamentos inciden en las preocupaciones

de salud, ambiente y seguridad que precisamente trajeron a

la

atención

del

Tribunal

de

Primera

Instancia

los

deficiencias

e

colindantes y vecinos recurridos.

Ante

la

incumplimientos

seriedad

de

del

cuadro

Bioculture,

la

de

meticulosidad,

la

prudencia y la protección del interés público por encima de

un interés privado, constituyen un acierto y no un error.

18

CC-2011-929

CC-2011-931

En resumen, para fines de los requisitos del Art. 28,

considero

que

actuó

correctamente

el

Tribunal

de

Apelaciones al confirmar el dictamen del foro primario. No

existen justificaciones de peso para conceder un auxilio de

jurisdicción

ni

revocar

la

sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones. Las consideraciones económicas y privadas que

plantea

Bioculture

no

me

motivan

a

revocar

un

remedio

provisional que protege al interés público. En atención a

lo antes intimado, estoy conforme con el curso tomado por

los compañeros y compañeras de la mayoría de este Tribunal.

III.

Por las razones anteriormente expuestas, es mi criterio

que no procede expedir el auto de certiorari en los casos

de epígrafe ni paralizar el efecto del interdicto especial

emitido.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Brito Díaz; Ángel Luis

Sanabria Morales; Keila Colón

Rivera;

José

C.

Rodríguez

Collazo; José Enrique Cruz

Mercado;

Nydia

Luz

Rivera

Laporte;

Marianita

Palau;

Carla

Capalli

Rosa;

Ángel

Torres

y

People

For

The

Ethical Treatment of Animals

(PETA)

Recurridos

v.

CC-2011-929

CC-2011-931

Bioculture Puerto Rico, Inc.;

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico; Administración de

Reglamentos y Permisos (ARPE);

Departamento

de

Justicia;

Junta de Calidad Ambiental

(JCA);

Departamento

de

Recursos

Naturales

y

Ambientales

(DRNA);

Departamento de Agricultura;

Compañía de Fomento Industrial

(PRIDCO);

Municipio

de

Guayama;

Ing.

José

Mateo

Colón; e Ing. Germán Torres

Berríos

Peticionarios

Voto particular disidente emitido por la Jueza Asociada

señora PABÓN CHARNECO, al cual se une el Juez Asociado

señor RIVERA GARCÍA y el Juez Asociado señor FELIBERTI

CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2011.

Difiero del proceder de una mayoría de miembros de

este Tribunal que decide denegar las mociones en auxilio

de jurisdicción y los recursos de certiorari presentados

2

CC-2011-929

CC-2011-931

en los casos de autos. Esta decisión tiene el efecto de

mantener vigente un injunction permanente en contra de una

parte involucrada en un pleito de alto interés público.

A su vez, hoy una mayoría del Tribunal permite que

una parte que ostenta un permiso de construcción de las

agencias pertinentes, que no ha sido invalidado por el

ente con jurisdicción exclusiva para ello, quede impedida

permanentemente

de

continuar

construyendo

unas

instalaciones en las cuales se han invertido millones de

dólares.

En

el

camino,

se

trastoca

la

confianza

en

nuestras instituciones y en nuestro ordenamiento jurídico,

el

cual

debe

aspirar

a

garantizar

un

ambiente

de

uniformidad y consistencia en la aplicación del Derecho.

Lamentablemente, para llegar a esta conclusión, una

mayoría del Tribunal trastoca nuestra normativa en cuanto

a legitimación activa en procedimientos administrativos.

Peor aún, en uno de los votos emitidos hoy se utilizan

factores exógenos al Derecho y escenarios que no surgen de

los autos - que envuelven simios fugitivos rondando por la

Isla destruyendo cosechas agrícolas - para llegar a su

conclusión. Por las razones que discuto a continuación, me

veo en la obligación de disentir respetuosamente de la

decisión que toma hoy el Tribunal.

I

El origen de los casos de autos se remonta al año

2006 cuando el Gobierno de Puerto Rico comenzó una campaña

3

CC-2011-929

CC-2011-931

para promocionar la Isla como un Centro de Desarrollo de

la Economía del Conocimiento. En esencia, se diseñó un

plan

para

incentivar

la

inversión

en

Puerto

Rico

de

compañías especializadas en el campo de la biotecnología.

Entre las entidades interesadas en invertir en Puerto Rico

se encontraba la compañía Bioculture Mauritius Ltd. (en

adelante B.M.). Esta entidad se dedica a la crianza de

primates

de

fascicularis),

la

especie

los

cuales

macaco

son

cangrejero

utilizados

(macaca

por

diversas

empresas para estudios científicos. Atraída por la campaña

del

Gobierno

organizó

Rico,

de

la

Inc.

Puerto

Rico,

corporación

(en

en

febrero

subsidiaria

adelante

de

2008

Bioculture

Bioculture)

para

B.M.

Puerto

dirigir

y

parte

de

coordinar su inversión en la Isla.

Así

las

Bioculture

la

cosas,

luego

entonces

de

gestiones

Administración

por

de

Reglamentos

y

Permisos (en adelante

A.R.P.E.)4 expidió en diciembre de

2008

construcción

un

permiso

de

para

un

centro

de

operaciones de primates en el Municipio de Guayama. Este

centro comenzó a construirse en febrero de 2009.

Para

esa

misma

fecha,

un

grupo

de

vecinos

del

Municipio de Guayama, dirigidos por Roberto Brito Díaz y

varias organizaciones tales como People for the Ethical

Treatment of Animals (en adelante P.E.T.A.), presentaron

4

Esta agencia fue reemplazada por la Oficina de Gerencia y Permisos, a

tenor con el esquema establecido por la Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. sec.

9012(b).

4

CC-2011-929

CC-2011-931

una

Querella

ante

A.R.P.E.

en

la

cual

cuestionaron

el

otorgamiento del permiso de construcción. A.R.P.E. ordenó

la

paralización

deficiencias

en

del

el

proyecto

trámite

al

de

identificar

otorgación

del

algunas

permiso

original. Luego de corregir las deficiencias y gestionar

un nuevo permiso, A.R.P.E. otorgó el mismo en junio de

2009. Inconformes, el grupo de vecinos apeló la otorgación

del permiso ante la entonces Junta de Apelaciones sobre

Construcciones y Lotificaciones (J.A.C.L.). Esta apelación

aún está pendiente ante la agencia.

Aún inconformes, y sin haber concluido los trámites

administrativos

adelante

a

nivel

recurridos),

apelativo,

presentaron

una

los

vecinos

Demanda

ante

(en

el

Tribunal de Primera Instancia al amparo del Art. 28 de la

Ley Núm. 76 de 24 de junio 1975, según enmendada, conocida

como Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y

Permisos, 23 L.P.R.A. sec 72. Luego de realizar vistas

evidenciarias durante los meses de noviembre y diciembre

de 2009 y concluir que los recurridos poseían legitimación

activa

para

entablar

el

pleito,

el

foro

de

instancia

ordenó la paralización permanente de la construcción de

Bioculture. En síntesis, el Tribunal de Primera Instancia

sostuvo que el uso que se le daría a las facilidades en

construcción no era compatible con la clasificación de los

terrenos del área, por lo cual procedía la paralización

del proyecto.

5

CC-2011-929

CC-2011-931

Insatisfechos,

Gobierno

de

Apelaciones.

apelativo

en

Puerto

A

enero

Rico

solicitud

intermedio

de

2010

recurrieron

de

dejó

Bioculture

al

y

el

Tribunal

de

los

peticionarios,

sin

efectos

la

el

foro

Orden

de

Paralización dictada por el Tribunal de Primera Instancia

mientras atendía la Apelación presentada. Luego de tener

esta

Apelación

ante

su

consideración

por

casi

dos

(2)

años, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia el

30

de

septiembre

dictamen

del

foro

de

este

año

en

la

cual

confirmó

de

instancia.5

En

síntesis,

el

el

foro

apelativo intermedio concluyó que la evidencia presentada

por los recurridos satisfizo el requisito de legitimación

activa del Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra y que la

reglamentación aplicable no permitía

la construcción de

las facilidades de Bioculture para su uso propuesto.

A posteriori, el 17 de noviembre de 2011 Bioculture y

el

Gobierno

de

Puerto

Rico

recurrieron

a

este

Foro

mediante dos (2) recursos de certiorari. A la misma vez,

presentaron dos (2) mociones en auxilio de jurisdicción en

las cuales solicitaron que dejáramos sin efecto la Orden

5

El trámite procesal ante el Tribunal de Apelaciones fue un tanto

anómalo. De los autos surge que se presentaron Recursos de Apelación

ante el Tribunal de Apelaciones los días 27 y 29 de enero de 2010. A

posteriori, dicho Foro emitió una Resolución el 29 de enero de 2010

en la cual declaró Ha Lugar dos mociones en auxilio de jurisdicción

presentadas por Bioculture y el Gobierno de Puerto Rico. Los días 16 y

25 de febrero de 2010 se presentaron los Alegatos en Oposición a los

Recursos de Apelación, por lo cual el foro apelativo intermedio estaba

en posición de resolver los recursos desde esa fecha. Sin embargo, los

recurridos de epígrafe presentaron diversas Mociones para Suplementar

las Oposiciones al Recurso de Apelación, que incluían documentos y

demás evidencia que no formó parte del trámite del caso ante el

Tribunal de Primera Instancia. La presentación de estas Mociones

Suplementarias se extendió hasta diciembre de 2010.

6

CC-2011-929

CC-2011-931

de

Paralización

Permanente

emitida

por

el

Tribunal

de

Primera Instancia.

II

Los peticionarios sostienen que los recurridos del

caso de autos carecen de legitimación activa para entablar

el pleito. Como sabemos, los tribunales en Puerto Rico

solo

pueden

ejercer

su

función

judicial

ante

casos

y

controversias. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). Uno

de los requisitos para que exista un caso justiciable es

que las partes que solicitan acceso al foro judicial, ya

sea en casos civiles o en procedimientos administrativos,

ostenten legitimación activa. Fund. Surfrider y otros v.

A.R.Pe., 178 D.P.R. 563 (2010), Crespo v. Cintrón, 159

D.P.R.

290

(2003),

Col.

Peritos

Elec.

v.

A.E.E.,

150

D.P.R. 327 (2000), Salas Soler v. Srio. de Agricultura,

102

D.P.R.

716

(1974).

Este

requisito

asegura

a

los

tribunales que los promoventes de un pleito en particular

tienen

un

genuino

controversia,

por

vigorosamente

y

tribunales

todos

interés

lo

cual

traerán

a

los

en

la

resolución

defenderán

la

asuntos

sus

la

posturas

consideración

pertinentes.

de

de

los

Crespo

v.

Cintrón, supra, pág. 299.

Como norma general, una parte ostenta legitimación

activa si cumple cuatro requisitos, a saber que: “(1) ha

sufrido un daño claro y palpable; (2) el referido daño es

real, inmediato y preciso, y no abstracto e hipotético;

7

CC-2011-929

CC-2011-931

(3) existe conexión entre el daño sufrido y la causa de

acción ejercitada, y (4) la causa de acción surge bajo el

palio de la Constitución o de una ley”. Col. Peritos Elec.

v. A.E.E., supra, pág. 331. (Énfasis suplido).

Recientemente nos expresamos en cuanto al significado

del

requisito

de

administrativos.

supra,

legitimación

activa

en

procedimientos

En Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe.,

establecimos

que

una

parte

posee

legitimación

activa para presentar un recurso de revisión judicial al

amparo de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según

enmendada,

conocida

como

Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., si

(1) es parte del proceso y (2) fue adversamente afectada

por la decisión de una agencia administrativa. Íd. págs.

575-576. A su vez, concluimos que una parte adversamente

afectada es aquella que “tiene un interés sustancial en la

controversia

porque

sufre

o

sufrirá

una

lesión

o

daño

particular que es causado por la acción administrativa que

se impugna mediante el recurso de revisión judicial. El

daño

tiene

abstracto,

que

ser

claro,

hipotético

o

específico

y

especulativo”.

no

puede

ser

Íd.

pág.

579.

(Énfasis suplido).

A pesar de que en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe.,

supra, analizamos el requisito de legitimación activa en

procedimientos administrativos, los fundamentos que allí

discutimos

son

de

igual

aplicación

a

casos

civiles

8

CC-2011-929

CC-2011-931

ordinarios. A su vez, y a diferencia de lo que concluye el

Juez

Asociado

señor

Estrella

Martínez

en

su

voto

de

conformidad, la normativa de Fund. Surfrider y otros v.

A.R.Pe., supra, es de aplicación al derogado Art. 28 de la

Ley Núm. 76, supra. El texto del artículo establecía que

tendrían

derecho

a

solicitar

la

acción

estatuida

“los

colindantes y vecinos que pudieren ser afectados” por la

alegada

violación

a

los

L.P.R.A. sec. 72(c).

reglamentos

de

A.R.P.E.

23

Al utilizar ese lenguaje, el propio

texto del derogado artículo establecía que los colindantes

y vecinos tendrían que demostrar que, de alguna forma,

habían sido o podían ser afectados por la construcción que

impugnan.

El lenguaje del Art. 28 es similar al de la Sección

4.2

de

la

Ley

interpretación

supra.

Esa

Núm.

en

sección

170,

Fund.

supra,

Surfrider

establece

que

que

y

fue

otros

solo

objeto

de

v.

A.R.Pe.,

podrá

solicitar

revisión de una orden o resolución final de una agencia

aquella

parte

que

sea

adversamente

afectada

por

esta.

Véase 3 L.P.R.A. sec. 2172. Ciertamente, no se requiere

que los vecinos o colindantes que comparecen al tribunal

al amparo del Art. 28 demuestren un daño de naturaleza

irreparable. Sin embargo, están obligados a demostrar que

fueron o serán afectados por la construcción que impugnan.

A.R.Pe. v. Rivera, 159 D.P.R. 429, 443 (2003), A.R.Pe. v.

Rodríguez,

127

D.P.R.

793,

808

(1991).

Por

ende,

los

9

CC-2011-929

CC-2011-931

vecinos y colindantes deben cumplir con los requisitos de

legitimación activa esbozados en nuestra jurisprudencia,

inclusive

lo

decidido

en

Fund.

Surfrider

y

otros

v.

A.R.Pe., supra. Como muy bien señala el compañero Juez

Asociado señor Martínez Torres en su voto de conformidad,

resolver lo contrario convertiría al Art. 28 en un amuleto

mágico

que

permitiría

requisitos

de

a

una

sola

legitimación

persona

activa

obviar

y

los

paralizar

permanentemente la construcción de proyectos.

En el caso de autos, existe un serio cuestionamiento

en cuanto a si los vecinos-recurridos poseen legitimación

activa para sostener un pleito al amparo del Art. 28 de la

Ley 76, supra. Surge de los recursos que varios de los

recurridos

alegaron

ser

“vecinos”

del

área

de

Guayama,

pero no se establece si sufrieron daños concretos debido a

la

construcción

de

las

facilidades

de

Bioculture.

A

contrario sensu, las alegaciones de la Demanda presentan

daños generalizados o especulativos, como por ejemplo, “la

ansiedad, la angustia, que provoca el conocer que estos

animales al arrebatarlos de su ambiente y al mantenerlos

en

cautiverio

estarán

sufriendo

daños

emocionales

severos”. Ap. Certiorari CC-2011-931, págs. 126-127.

Por otra parte, surge de los autos que durante las

vistas evidenciarias de noviembre y diciembre de 2009 ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia,

los

recurridos

se

limitaron a testificar su nombre y dirección, sin detallar

10

CC-2011-929

CC-2011-931

cuáles

daños

sufrirían

a

causa

de

la

construcción

de

Bioculture. A la organización P.E.T.A., por su parte, se

le

reconoció

legitimación

activa

porque

uno

de

los

recurridos alegó, sin más, ser miembro de esta. Ello es

contrario a nuestra normativa en la cual hemos establecido

que

una

organización

puede

demandar

a

nombre

de

sus

miembros, pero que “tienen la obligación de alegar que los

daños sufridos por uno o más de los socios dan lugar a una

causa de acción justiciable que cualquiera de ellos podría

incoar en los tribunales”. Col. Ópticos de P.R. v. Vani

Visual

Center,

124

D.P.R.

559,

565

(1989)

(Énfasis

suplido).

A pesar de estos cuestionamientos, algunos miembros

de este Tribunal quedan convencidos que por lo menos uno

de los recurridos del caso de autos ostenta legitimación

activa para llevar el pleito. Se trata de un colindante,

quien alegó en la vista evidenciaria del 9 de noviembre de

2009 que había sufrido daños económicos a causa

de la

construcción de Bioculture y que sufrirá otros tipos de

daños una vez la compañía comience sus operaciones. En

específico, se desprende de la transcripción de la vista

que el colindante testificó lo siguiente:

P . . .¿Por qué más usted demandó? Concretamente

que [sic] daño le causó a usted la construcción

que lleva a cabo. . .

R

Me causa el daño, que cuando usted me dijo

primero, yo desarrollé un proyecto allí. . .

CC-2011-929

CC-2011-931

P

Ajá.

R A la cual ya le pus[e] agua. . .

P Unjú.

R

Luz, carretera, y tenía tres comprador[es] de

par de esos solares y cuando escucharon de la

cosa

esta

de

los

monos,

después

se

me

arrepintieron. Y los tengo allí, mire muertos de

la risa.

. . .

P Okey. O sea, la razón por cual usted radicó

este pleito es porque según usted, usted no pudo

vender un desarrollo de vivienda urbano, [¿]esa

es su razón[?].

R Si y por la agricultura que yo tenía unos

planes ahora para continuar con el resto de la

finca con una hacienda que quería hacer y eso

pues me ha aguantado, licenciado.

P

No, pero explíqueme entonces como [sic] el

proyecto de Bioculture concretamente afecta su

actividad agrícola.

R

Entiendo por esos [sic] de los animales, de

los monos de esos, como quiera yo he oído tantos

rumores de lo que está ocurriendo por allá en

Lajas y esos sitios pues, entiendo que eso me va

a afectar a mis siembras también.

P Escúcheme la pregunta, ¿verdad que allí no hay

monos al día de hoy?

R No.

P Allí se construye[n] unos edificios.

R Exacto.

P ¿La construcción de esos edificios, de qué

manera le afecta a usted en su desarrollo urbano

o actividad agrícola?

LCDO. MELENDEZ ZAYAS: Preguntada contestada.

HONORABLE JUEZ: No, conteste. No lugar a la

objeción. Conteste.

TESTIGO: Bueno, el edificio como tal no me

molestarían [sic] en nada.

POR EL LCDO. MARTINEZ LUCIANO:

P

Eso es lo que. . . los edificios como tal,

no le molestan en nada.

R

Como tal.

P

¿Y está conciente [sic] que lo que usted está

impugnando en este caso es ese permiso de

construcción y esos edificios? ¿Correcto?

R

Unjú.

P

No le afectan en nada.

R

Los edificios no me molestan.

P

No tengo más preguntas.

11

12

CC-2011-929

CC-2011-931

Transcripción Vista Evidenciaria 9 de noviembre de 2009,

págs. 98-101.

Es

en

Tribunal

del

este

quedan

caso

de

legitimación

testimonio

que

convencidos

autos

activa

que

cumple

esbozados

algunos

el

con

en

comparto

esa

conclusión.

del

colindante-recurrido

los

requisitos

nuestra

para conceder un injunction permanente.

no

miembros

Prima

de

jurisprudencia

Respetuosamente,

impressionis,

este

testimonio levanta diversas interrogantes y dudas sobre la

naturaleza del daño alegadamente sufrido por el colindante

que me impiden identificar un daño claro y palpable.

Ello es así porque a la luz de este testimonio quedan

sin

respuestas

preguntas

tales

como:

¿Quiénes

eran

los

alegados compradores de los terrenos desarrollados? ¿Qué

evidencia,

más

allá

de

sus

alegaciones6,

tiene

el

colindante sobre la razón de los alegados compradores para

desistir de la venta? ¿Cuán serias fueron las ofertas de

compra?

¿En

qué

etapa

se

encontraban

las

alegadas

negociaciones cuando los alegados compradores se enteran

sobre “la cosa esa de los monos”? ¿Las alegadas ofertas

fueron

retiradas

a

causa

de

la

construcción

de

los

edificios de Bioculture o debido al futuro uso de estos?

¿Ha tenido otras ofertas desde que comenzó la construcción

de

6

Bioculture?

Todas

estas

interrogantes

me

hacen

Sabido es que las alegaciones hay que sustentarlas con prueba

adecuada. Meras alegaciones no son suficientes así como tampoco las

conjeturas. Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R. 750 (1999);

Pueblo v. López Guzmán, 131 D.P.R. 867 (1992); Henríquez v. Consejo

Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987).

13

CC-2011-929

CC-2011-931

imposible

llegar

a

la

conclusión

que

el

alegado

daño

sufrido por el colindante es claro y específico: faltan

eslabones en la cadena para demostrar que el daño es lo

suficientemente rastreable a la construcción que lleva a

cabo Bioculture en Guayama.

Peor aún, los posibles daños agrícolas que alega el

colindante

son

la

impresionante

que

especulativa

y

encarnación

ante

una

estas

que

de

la

especulación.

Es

dos

(2)

alegaciones,

una

interrogantes

que

levanta

más

certezas, algunos miembros de este Tribunal concluyan que

el colindante demostró sufrir un daño claro, específico y

que no resulte abstracto, hipotético o especulativo. Meras

opiniones y conclusiones no pueden mágicamente conferir

legitimación

activa.

No

podemos

cuestiones

legitimación

activa

de

permitir

se

que

conviertan

en

“ingenioso ejercicio académico de lo concebible”.

v.

Defenders

of

Wildlife,

504

U.S.

555,

566

las

un

Lujan

(1992),

citando a United States v. Students Challenging Regulatory

Agencies Procedures (SCRAP), 412 U.S. 669, 688 (1973).

Más

Tribunal

preocupante

le

resulta

reconozcan

que

algunos

legitimación

miembros

activa

a

del

este

recurrido cuando la tinta de un precedente tan reciente

como Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, todavía

está fresca. En ese caso sostuvimos que un demandante que

alegó que una construcción en Rincón tendría el efecto de

“rompe[r] la armonía y altera[r] las características de su

14

CC-2011-929

CC-2011-931

vecindario” Íd. pág. 588, y que entendía que agravaría un

problema

de

cumplía

con

Sustentamos

distribución

de

agua

los

requisitos

de

ese

proceder

en

en

la

comunidad,

legitimación

que

era

no

activa.

insostenible

reconocerle legitimación activa a una persona que presenta

tales alegaciones tan imprecisas y generales.

La

norma

de

Fund.

Surfrider

y

otros

v.

A.R.Pe.,

supra, tiene que significar algo. No puede sostenerse que

palabras

tan

contundentes

como

“claro”,

“específico”

y

daños “no hipotéticos, abstractos o especulativos” sean

sellos

cuyo

significado

está

sujeto

a

lo

que

en

determinado día entienda una Mayoría de los miembros de

este

Foro.

“Este

Tribunal

debe

ser

puntillosamente

consecuente con su propia doctrina. No puede, como una

Penélope jurídica, destejer en la oscuridad de la noche lo

que tejió por el día”. López y otros v. Porrata y otros,

156 D.P.R. 503, 529 (2002). (Opinión disidente del Juez

Asociado Fuster Berlingeri).

Nuestros precedentes no solo se mantienen vigentes

mientras

no

sean

revocados,

sino

mientras

exista

la

confianza de que estos serán aplicados consistentemente

por

los

tribunales,

particularmente

este

Tribunal.

Me

sostengo en que la alegación del colindante no cumple con

el

requisito

palpable

y

de

no

demostrar

un

especulativo.

daño

A

claro,

específico,

contrario

sensu,

especulativa es la conclusión de que con treinta y cuatro

15

CC-2011-929

CC-2011-931

(34)

palabras

en

una

transcripción

de

una

vista

evidenciaria, sin más, se le reconozca legitimación activa

a una sola persona, lo cual tiene el efecto de paralizar

permanentemente una inversión de millones de dólares. No

puedo validar con mi voto ese proceder.

III

Por otra parte, me veo en la obligación de expresarme

en cuanto a la metodología de adjudicación utilizada por

el Juez Asociado señor Estrella Martínez en su voto de

conformidad.

Los jueces debemos ser conscientes de la metodología

que utilizamos para cumplir con la facultad que nos ha

sido delegada por la Constitución y las Leyes. Obviamente,

no existe un modelo de metodología adjudicativa perfecto e

incuestionable. Después de todo, debemos recordar que la

vida de la Ley no ha sido dictada por la lógica, sino por

la experiencia humana.7 Por ende, es de vital importancia

que

los

juristas

tengamos

como

base

algún

modelo

de

metodología de adjudicación.

Mi metodología adjudicativa me obliga a resolver las

controversias

que

se

presentan

ante

este

Tribunal

utilizando el Derecho como única fuente. En el esquema

constitucional en el que vivimos, la Rama Judicial debe

velar por guardar celosamente su rol de resolver casos

7

Parafraseando el famoso pasaje del jurista Oliver Wendell Holmes:

“the life of the law has not been logic; it has been experience.” O.

Wendell Holmes, The Common Law, 1881 (dominio público).

16

CC-2011-929

CC-2011-931

conforme a Derecho. Y lo que es el Derecho no se encuentra

en

ponencias

que

una

Legislativa.

Mucho

Agencia

menos

presentó

son

fuente

ante

de

la

Rama

Derecho

las

decisiones de política pública que toma la Rama Ejecutiva.

Todos estos son factores exógenos a las herramientas que

contamos para resolver casos: la Ley escrita y nuestros

precedentes.

La

toga

que

ostentamos

nos

impide

convertirnos

en

entes formuladores de política pública. En nuestro esquema

constitucional, ese rol se le ha reservado a otras ramas

del gobierno. Así, cuando ante este foro comparece una

parte, y argumenta que en Derecho procede que se falle a

favor suyo, no podemos utilizar fuentes que van más allá

del

Derecho

contaminan

para

la

resolverle

sagrada

en

labor

contra.

Estas

constitucional

fuentes

de

este

Tribunal.

Toda vez que conozco mi metodología adjudicativa y mi

rol como jueza, no puedo tomar una decisión amparándome en

informes presentados ante la Cámara de Representantes, ni

especular

en

cuanto

a

simios

ruidosos

o

fugitivos

que

devastan el panorama de la Isla, ni “adoptar” en el vacío

las posiciones de agencias de la Rama Ejecutiva. No nos

incumbe a nosotros como juristas “ser cauteloso[s] a la

hora de permitir la introducción de una colonia de miles

de

primates

agricultura,

que

a

podrían

la

causar

seguridad

y

serios

problemas

a

la

a

propiedades”

de

las

17

CC-2011-929

CC-2011-931

personas. Opinión de Conformidad el Juez Asociado Estrella

Martínez, pág. 17. Ese juicio de política pública está

exclusivamente

Nuestro

rol

Ramas

han

encomendado

a

otras

determinar

si

las

actuaciones

conforme

al

Derecho

es

sido

Respetuosamente,

este

augusto

ramas

del

Tribunal

gobierno.

de

estas

vigente.

no

puede

convertirse en una segunda Asamblea Legislativa. Tampoco

debe

regresar

a

un

pasado

en

el

cual

se

sustituía

el

juicio de política pública de otras ramas por el de una

mayoría de miembros de este Foro. Véase Misión Ind. P.R.

v.

J.P.

y

A.A.A.,

142

D.P.R.

656,

689

(1997)

y

Colón

Cortés v. Pesquera, 150 D.P.R. 724, 789 (2000).

IV

En fin, la conclusión a la que llega el Tribunal hoy

es

altamente

consistencia

recientes

preocupante.

en

y,

Demuestra

la

aplicación

peor

aún,

de

una

nuestros

fomenta

un

falta

de

precedentes

panorama

de

incertidumbre en cuanto a la rectitud de las decisiones de

nuestras instituciones gubernamentales.

Al igual que en

otras ocasiones “[e]sta controversia está matizada por un

alto interés público y requiere de este Tribunal el más

ponderado y sereno análisis jurídico, a fin de garantizar

la

seguridad

ordenamiento

instituciones

jurídica

legal,

así

y

la

como

estabilidad

la

gubernamentales,

confianza

de

nuestro

en

nuestras

administrativas

y

18

CC-2011-929

CC-2011-931

judiciales”. San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174

D.P.R. 640, 644-645 (2008).

A su vez, debemos recordar que aunque el Art. 28 de

la

Ley

Núm.

76,

supra,

ha

sido

derogado,

cabe

la

posibilidad de que existan cientos de proyectos que estén

siendo cuestionados bajo las disposiciones de este. Con la

conclusión a la que llega el Tribunal hoy, se permite que

un

solo

colindante,

sin

ostentar

legitimación

activa,

logre paralizar permanente un proyecto de construcción en

el cual se han invertido millones de dólares.

A

la

luz

permanentemente

de

esta

impedida

decisión,

de

Bioculture

continuar

queda

construyendo

su

proyecto en Guayama. Ello a pesar de la expectativa que

nuestro ordenamiento le ha creado sobre la corrección de

los permisos de construcción que ostenta. Debemos recordar

que en enero de 2010 el Tribunal de Apelaciones dejó sin

efectos el injunction permanente en el caso de autos y por

dos

(2)

años

permitió

que

Bioculture

continuara

su

construcción.8

8

En aquellas circunstancias en que se solicite la paralización de los

efectos de un injunction, hemos establecido que la solicitud debe

cumplir los siguientes requisitos: (a) que la parte peticionaria

presente un caso fuerte con probabilidades de prevalecer en los

méritos; (b) que sufrirá un daño irreparable si no se detiene la

ejecución de la sentencia; (c) que la paralización no causará daño

sustancial a las demás partes; y (d) que no se verá perjudicado el

interés público. Véase Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, 2011

T.S.P.R. 82, 2011 J.T.S. 87, 182 D.P.R. ___ (2011), res. el 9 de junio

de 2011; Plaza Las Américas , Inc. v. N & H, 166 D.P.R. 631, 642-643

(2005); Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147, 154

(1978).

19

CC-2011-929

CC-2011-931

Hoy el Tribunal valida un escenario shakespeariano en

el cual una parte que ostenta permisos de construcción es

llevada a los tribunales por demandantes sin legitimación

activa, a la cual un tribunal apelativo le reconoce altas

probabilidades de prevalecer y, a posteriori, dos (2) años

después

le

anuncia

que

su

proyecto

de

construcción

es

ilegal y le prohíbe permanentemente continuar con este.

Respetuosamente, la “Comedia de los Errores” no debería

ser avalada por este Tribunal.

Aun

cuando

las

revisiones

de

sentencias

“se

dan

contra la decisión y no contra los fundamentos” (Voto de

Conformidad del Juez Asociado señor Martínez Torres, pág.

15), hacemos un pobre servicio al ordenamiento si nuestros

propios

fundamentos

son

cuestionables

y

carentes

de

consistencia. No puedo avalar con mi voto este proceder.

Consecuentemente,

declararía

Ha

Lugar

tanto

las

mociones en auxilio de jurisdicción como los recursos de

certiorari presentados.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada