Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Bonilla Peña
2011 TSPR 163
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Bonilla Peña
CC-2011-240
Procedimiento Criminal – Toma de juramento definitivo al jurado: efecto de error cometido en la toma del juramento; imposición de agravantes a base de factores no considerados por el jurado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2011 TSPR
Miguel Bonilla Peña, et al.
183 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC
- 2011 - 240
Fecha: 3 de noviembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de
Juez Ponente:
Ponce
Hon. Laura Ivette Ortiz Flores
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo.
Athos Vega, Jr.
Oficina de la Procuradora General:
Lcd a. Eva S. Soto Castelló
Procuradora General Auxiliar
Materia:
Asesinato en Primer Grado
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a
la comunidad.
163
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2011-240
Miguel Bonilla Peña, et al.
Peticionarios
Opinión del Tribunal
HERNÁNDEZ DENTON
emitida
por
el
Juez
Presidente
SEÑOR
San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2011.
Nos corresponde resolver, por primera vez, si
no
tomarle
el
juramento
definitivo
a
uno
de
los
integrantes de un jurado es causa suficiente para
anular un juicio criminal y ordenar la celebración
de un nuevo proceso. Para ello, debemos analizar qué
tipo
de
error
se
cometió
cuando
no
se
tomó
el
juramento definitivo a un jurado y si este error
podía ser impugnado con objeciones oportunas de la
defensa de modo que se preservara el asunto en el
récord para la fase apelativa.
Por
otro
lado,
una
segunda
controversia
que
debemos atender es si la imposición de la pena por
parte del juez del Tribunal de Primera Instancia,
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2
quien consideró factores agravantes no analizados por el
jurado
y se
excedió de la
pena
fija dispuesta
por el
estatuto penal, es contrario a lo resuelto por el Tribunal
Supremo federal en Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466
(2000), y por este Tribunal en Pueblo v. Santana Vélez,
177 D.P.R. 61 (2009).
I.
Por hechos ocurridos en Santa Isabel en 2002, el
Ministerio
Público
peticionarios,
de
acusó
a
asesinato
cinco
en
hombres,
primer
grado
los
aquí
y
varias
violaciones a la Ley de Armas, Ley Núm. 404 del 11 de
septiembre de 2000, según enmendada, 25 L.P.R.A. sec. 455
et
seq.
Al
quinteto
se
le
acusó,
abordar
un
vehículo
alquilado
específicamente,
con
cuatro
de
revólveres
calibre .38, una pistola calibre .45 y una escopeta de
cañón recortado, y disparar repetidas veces contra Alexis
Conde Torres, con premeditación y deliberadamente, hasta
causarle la muerte. Los cinco acusados – Miguel Bonilla
Peña,
Pedro
Francisco
Maldonado
Rodríguez
Matos,
Herrera
y
José
Rodríguez
Ángel
Pérez
Berríos,
Rodríguez
–
ejercieron su derecho constitucional a ser juzgados por un
jurado compuesto por sus pares.
Tras
el
juicio
celebrado
en
octubre
de
2007,
el
jurado, en votación nueve a tres, halló culpables a los
cinco
acusados
por
los
cargos
de
asesinato
en
primer
CC-2011-240
3
grado, tipificado en el Art. 83 del Código Penal de 1974.1
Asimismo, el jurado los halló culpables a cada uno por
cinco cargos de violar el Art 5.04 de la Ley de Armas
(Portación
y
uso
de
armas
de
fuego
sin
licencia),
25
L.P.R.A sec. 458 (c), y por una infracción al Art. 5.07 de
la Ley de Armas (Posesión y uso ilegal de armas largas
semiautomáticas, automáticas o escopeta de cañón corto),
25 L.P.R.A. sec. 458 (f).
Dos meses después del juicio, la defensa solicitó
que se dejara sin efecto el veredicto del jurado porque,
presuntamente,
no
se
le
había
tomado
el
juramento
definitivo a uno de los integrantes de ese cuerpo, el Sr.
Omar Alvarado Marrero.2 Según la defensa, la ausencia del
juramento definitivo a uno de los integrantes del jurado
debe
suponer
disolver
al
juicio
al
“mistrial”,
jurado
Procedimiento
alternativa,
un
como
Criminal,
lo
que
amparo
con
consecuencia
lo
permite
la
34
L.P.R.A.
Ap.
correspondía
de
la
la
Regla
de
Regla
144
de
II.
En
la
era
ordenar
188
de
un
nuevo
Procedimiento
1
El Código Penal de 1974 era el que estaba en vigor al
momento de los hechos, ocurridos en 2002, dos años antes
de que entrara en efecto el actual Código Penal.
2
En el expediente no hay constancia, ni debe haberla, de
cómo votó el señor Alvarado Marrero tras su deliberación
en este caso. Las deliberaciones del jurado, y la forma en
que votó cada integrante individualmente, son de carácter
secreto. Como hemos dicho anteriormente, el proceso de
razonamiento individual o colectivo del Jurado no puede
ser develado, ya que tal intromisión acarrearía la
desaparición de la franqueza y libertad de discusión.
Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 128 D.P.R. 299, 338
(1991).
CC-2011-240
4
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Específicamente, la defensa
adujo
en
legalmente
juicio
una
que,
“por
el
no
tenía
facultad
constituido,
sobre
acusados
moción
de
la
culpabilidad
epígrafe
y
o
por
no
jurado
no
estar
para
pasar
culpabilidad
tanto
fue
un
de
los
veredicto
contrario a derecho”.
El Tribunal de Primera Instancia reconoció que el
planteamiento
era
novel
en
nuestra
jurisdicción,
pero,
mediante una resolución y orden, proveyó no ha lugar a la
moción de la defensa y mantuvo en vigor el veredicto de
culpabilidad emitido por el jurado. Fundamentó su decisión
en que, desde octubre de 2006 hasta octubre de 2007, hubo
20 vistas o eventos procesales en los cuales ninguna de
las partes le señaló al tribunal que uno de los jurados
carecía del juramento definitivo. Más aun, destacó que en
mayo de 2007, tras varias posposiciones del juicio, el
Ministerio Público solicitó la disolución del jurado y la
defensa
manifestó
que
prefería
continuar
los
procedimientos con el jurado tal como estaba constituido
en ese momento. El foro de primera instancia concluyó que
el Sr. “Omar Alvarado Marrero entendió el espíritu del
juramento, el propósito de la selección de un jurado y sus
deberes
como
jurado,
según
le
fue
enfatizado
en
los
procedimientos de desinsaculación de jurado, del voir dire
y de las instrucciones al jurado”.
El mismo día en que tomó la decisión de validar el
juicio penal, el foro primario emitió una sentencia en la
que le impuso una pena carcelaria de 204 años a cada uno
CC-2011-240
de
los
5
peticionarios.
Inconforme
con
la
decisión,
la
defensa acudió al Tribunal de Apelaciones y planteó como
error el veredicto de un jurado indebidamente constituido.
El
foro
apelativo
intermedio
Primera
Instancia
en
una
confirmó
sentencia
al
Tribunal
emitida
el
30
de
de
noviembre de 2010. Aunque ambos foros llegaron al mismo
resultado de validar el veredicto del jurado, el análisis
del Tribunal de Apelaciones en torno a la juramentación
definitiva del jurado número dos fue distinto. Al citar el
acta
del
proceso
de
desinsaculación,
el
Tribunal
de
Apelaciones resaltó que esta señala:
El jurado queda constituido de la siguiente
manera:
[…]
2. Omar Alvarado Marrero
[…]
Se procede con la juramentación definitiva a
los jurados seleccionados.
El
anterior
desinsaculación
fragmento
del
de
jurado
lo
que
conduce
aconteció
al
en
la
Tribunal
de
Apelaciones a resolver que, “a pesar de que el acta indica
que
el
jurado
inicialmente
en
Omar
sala,
Alvarado
el
Marrero
tribunal
no
se
recurrido
encontraba
indicó
que
este se encontraba entre las personas que prestaron el
juramento
definitivo
establecido
en
la
Regla
125
de
Procedimiento Criminal el 15 de septiembre de 2006”.
Aun inconforme con la decisión, la defensa solicitó
reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones y entonces
argumentó, por primera vez, que la sentencia estaba reñida
con lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Santana
CC-2011-240
6
Vélez, supra, pues el juez de primera instancia tomó en
cuenta factores no contemplados por el jurado y dispuso
penas carcelarias que excedían el término fijo dispuesto
por el estatuto. El Tribunal de Apelaciones mantuvo su
decisión original y no atendió los asuntos relacionados
con la aplicabilidad de Pueblo v. Santana Vélez, supra, a
esta controversia.
Tras
ello,
los
peticionarios
acuden
ante
nos.
Sostienen que el foro intermedio erró al no revocar el
veredicto
de
un
jurado
que
se constituyó
indebidamente
ante la posibilidad de que uno de sus miembros no hubiese
tomado el juramento definitivo. Asimismo, alegan que la
norma que establecimos en Pueblo v. Santana Vélez, supra,
tiene carácter retroactivo a todos aquellos casos que no
hayan advenido finales y firmes al día en que se emitió el
dictamen, es decir, el 13 de octubre de 2009. Como el
presente caso no había advenido final y firme para esa
fecha, Pueblo v. Santana Vélez, supra, le aplica a la
presente
controversia,
según
esbozó
la
defensa
en
su
comparecencia ante nos.
Mediante resolución emitida el 24 de junio de 2011 y
notificada
el
29
término
20
días
de
de
junio
a
la
de
2011,
Procuradora
le
concedimos
General
para
un
que
mostrara causa por la cual, a la luz de Pueblo v. Santana
Vélez,
supra,
sentencia
este
dictada
jurisprudencia.
La
Tribunal
para
no
debía
atemperarla
Procuradora
General
modificar
a
la
nuestra
compareció
para
reclamar que la defensa expuso por primera vez el error
CC-2011-240
respecto
7
al
término
de
las
sentencias
en
la
fase
de
apelación. Esto, según la Procuradora General, vicia el
señalamiento pues se debió haber hecho a nivel de primera
instancia.
El recurso de certiorari se expidió y, tras examinar
los
escritos
Analizamos
de
en
ambas
la
partes,
Parte
II
procedemos
a
de
Opinión
esta
resolver.
los
planteamientos sobre el juramento definitivo a un miembro
del jurado y, en la Parte III, pasamos juicio sobre la
aplicabilidad de Pueblo v. Santana Vélez, supra, a esta
controversia.
II.
A.
Todos
procesos
los
miembros
criminales
del
en
jurado
nuestra
que
entienden
jurisdicción
en
están
obligados a prestar dos juramentos. Primeramente, se les
exige el juramento preliminar que se hace previo a la
desinsaculación
juramento
del
jurado.
En
que
toma
definitivo
se
segundo
una
lugar,
vez
está
el
concluida
la
desinsaculación y previo al juicio propiamente. Así, el
juramento
preliminar
que
exige
la
Regla
119
de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, es distinto, y
se
requiere
en
una
fase
procesal
diferente,
que
el
definitivo contemplado por la Regla 125, 34 L.P.R.A. Ap.
II.
La Regla 119 de Procedimiento Criminal, supra, exige
un
juramento
preliminar
que
se
toma
individual
o
colectivamente en el cual el potencial miembro del jurado
CC-2011-240
8
afirma o jura que contestará veraz y fielmente todas las
preguntas que se le hagan respecto a su capacidad para
actuar como jurado. Íd. Es decir, el juramento preliminar
se
toma
buscando
capacitado
para
garantizar
servir
que
como
cierto
jurado.
individuo
Dicho
esté
juramento
preliminar se toma previo a la desinsaculación del jurado,
fase en la cual la defensa y la fiscalía pueden excluir
potenciales miembros del jurado mediante los mecanismos
dispuestos para ello. Si un individuo ha sido seleccionado
para
formar
parte
procedimientos
del
jurado
criminales
requerirá
entonces
que
definitivo
exigido
por
que
entenderá
en
los
un
acusado,
se
le
otro
juramento
–
el
contra
preste
la
Regla
125
de
Procedimiento
Criminal, supra – que en esta ocasión busca garantizar que
actuará de forma imparcial y con rectitud al oír a las
partes y deliberar.
Este
hecho
Tribunal
el
no
Tribunal
ha
resuelto,
Supremo
de
como
tampoco
Estados
lo
Unidos,
ha
qué
consecuencias, si alguna, tiene la ausencia del juramento
definitivo de un solo miembro del jurado. Podemos colegir
desde
este
momento,
sin
embargo,
que
el
juramento
definitivo no es un mero formalismo. La importancia del
juramento definitivo del jurado en nuestro ordenamiento
penal es tal que ese evento procesal es precisamente el
que
activa
la
protección
contra
la
doble
exposición
o
“double jeopardy”. Lo anterior se debe a que ese juramento
definitivo “marca el inicio del juicio o la exposición del
acusado
a
riesgo
de
convicción”.
E.L.
Chiesa
Aponte,
CC-2011-240
9
Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos,
Colombia, Ed. Forum, Tomo III, 1995, pág. 288.
Así, no podemos tomar a la ligera la posibilidad de
que
un
miembro
formalmente
del
su
jurado
respuesta
no
haya
jurado
afirmativa
a
o
afirmado
la
siguiente
pregunta:
Vosotros y cada uno de vosotros, ¿juráis
solemnemente
desempeñar
bien
y
fielmente
vuestro cargo, juzgando con rectitud la causa
que pende ante este tribunal y emitiendo un
veredicto imparcial de conformidad con la
prueba producida? Así os ayude Dios. 32
L.P.R.A. Ap. II., R. 125
A
pesar
definitivo,
de
la
importancia
procesal
del
juramento
la
jurisprudencia
federal
muestra
una
tendencia rígida en contra de declarar errores manifiestos
o
“plain
errors”
cuando
la
defensa
reclama
que
hubo
irregularidades respecto a la constitución del jurado o su
proceso
deliberativo.
Procedure,
2007,
Estados
págs.
89-90.
Véase
Unidos,
Por
W.R.
LaFave,
Ed. Thomson
West,
ejemplo,
el
Criminal
Tomo
Tribunal
VII,
Supremo
federal ha resuelto que la decisión de un foro primario de
permitir que estuvieran presentes jurados alternos en la
deliberación
final
no
“plain
error”
que
través
de
Reglas
las
constituyó
pudiera
de
un
error
corregirse
Evidencia
manifiesto
o
automáticamente
a
federales.
U.S.
v.
Olano, 507 U.S. 725 (1993). En otras palabras, el Tribunal
Supremo federal mantuvo en vigor el veredicto a pesar de
que
en
la
deliberación
estuvieron
presentes
jurados
alternos ajenos a los que tomarían la decisión. Asimismo,
el máximo foro federal resolvió que tampoco era un error
CC-2011-240
10
manifiesto haber privado a un jurado de evaluar, en un
procesamiento criminal por perjurio, si era esencial o no
la naturaleza de la declaración bajo escrutinio. Johnson
v. U.S., 520 U.S. 461 (1997).
Los casos anteriormente discutidos tratan sobre la
figura del jurado y el proceder del máximo foro judicial
federal
ante
el
reclamo
de
alguna
irregularidad
en
el
proceso deliberativo de esa institución. A pesar de que,
como
dijimos
Tribunal
anteriormente,
Supremo
federal
que
no
hay
ningún
atienda
caso
del
puntualmente
el
asunto ante nos, es evidente la tendencia de analizar con
reservas
cualquier
plantea
para
reclamo
revertir
de
error
manifiesto
automáticamente
la
que
se
actuación
del
jurado.
Por otro lado, los circuitos federales, así como los
foros apelativos y supremos de otras jurisdicciones, han
atendido anteriormente situaciones en que los jurados no
han juramentado hasta una etapa avanzada del juicio. Sin
embargo,
en
todos
los
casos
examinados
se
evalúa
la
ausencia de juramento de la totalidad del jurado, no de
uno solo de sus miembros. Más aun, se trata de casos en
los cuales el juramento definitivo, aunque tardíamente, sí
se tomó previo a la deliberación y veredicto final.
En
Cooper
v.
Campbell,
597
F.2d
628
(1979),
el
Tribunal federal de Apelaciones para el Octavo Circuito se
enfrentó a una solicitud de habeas corpus en la cual el
peticionario alegó que el juramento tardío que se le tomó
al jurado que lo juzgó en una corte de Arkansas violó sus
CC-2011-240
11
derechos constitucionales a juicio por jurado, a un juicio
justo e imparcial y a su debido proceso de ley. El jurado
había sido juramentado luego de los informes iniciales de
las
partes
(“opening
presentación
de
la
statements”),
evidencia.
El
pero
antes
circuito
de
la
apelativo
federal resolvió que “no hallamos evidencia alguna que la
demora en la juramentación del jurado haya perjudicado los
derechos del peticionario de tener un juicio por jurado,
un juicio justo e imparcial, y su debido proceso de ley”.
Íd. (Traducción suplida.)
El
Tribunal
Circuito,
por
federal
de
parte,
también
su
Apelaciones
tuvo
para
que
el
Quinto
analizar
un
planteamiento de que la juramentación tardía del jurado
era un error de tal naturaleza que ameritaba la revocación
del
veredicto;
en
otras
palabras,
que
se
trataba
del
llamado “reversible error” contemplado por las Reglas de
Evidencia federales, y por las Reglas 104, 105 y 106 de
Evidencia
de
2009.
Evidencia,
175
Véase
D.P.R.
In
478,
re
Aprobación
483-485
(2009).
Reglas
En
U.S.
de
v.
Hopkins, 458 F. 2d 1353 (1972), el peticionario argumentó
ante
el
jurado
Quinto
después
equivalía
a
un
Circuito
que
de
la
fiscalía
sometiera
que
acarreaba
la
que
error
la
toma
del
juramento
al
su
caso
revocación
del
proceso criminal en su contra. No obstante, en el juicio
en instancia, la defensa no hizo objeción alguna en torno
a
la
juramentación
apelativo
federal
en
tardía
del
U.S.
Hopkins,
v.
jurado.
El
circuito
supra, manifestó
que, al examinar decisiones de otras jurisdicciones, se
CC-2011-240
percató
que
12
esta
situación
solía
tratarse
como
una
de
error no perjudicial o “harmless error”. Al coincidir con
las jurisdicciones estudiadas, el Quinto Circuito resolvió
que:
No prejudice has been shown by the delayed
swearing of the jury, no objection was made,
and the oath was administered before the jury
retired to begin its deliberations. Given all
of these circumstances, any error was clearly
harmless. Íd.
Por su parte, el foro apelativo intermedio de Nueva
York – la División Apelativa de la Corte Suprema estatal –
resolvió
en
un
caso
similar
que,
“en
ausencia
de
perjuicio, la dilación en la toma de juramento no amerita
la revocación del veredicto”. People of the State of New
York
v.
Morales,
168
A.D.2d
85
(1991).
(Traducción
suplida.) En ese caso, sin embargo, tanto la defensa como
la fiscalía advirtieron al tribunal que el juramento al
jurado no se había tomado. El tribunal tomó el juramento
justo antes de que la defensa presentara sus argumentos,
pero luego de que la fiscalía sometiera su caso. Cuando se
le cuestionó a la defensa si tenía alguna objeción, esta
respondió: “Tenemos objeción al momento, eso es todo”. Íd.
No hubo solicitud de la defensa para que se decretara un
“mistrial”, absolución de jurado y no se requirió otra
instrucción al jurado.
La defensa, sin embargo, presentó el argumento en la
fase
apelativa,
resolvió
que,
pero
por
la
el
foro
objeción
intermedio
incompleta
de
Nueva
York
anteriormente
descrita, el asunto no había sido preservado en el récord.
CC-2011-240
13
El foro apelativo neoyorquino concluyó que la tendencia de
los casos estatales y federales sostiene que una dilación
en la juramentación del jurado es meramente una anomalía
técnica y no es, de suyo, un error que amerite revertir el
veredicto. Íd. La corte apelativa de Nuevo México también
ha
resuelto
este
asunto
de
manera
similar.
Véase
New
Mexico v. Apodaca, 105 N.M. 650 (1987).
Asimismo, la Corte Suprema de Vermont determinó que
era
vital
que
la
deficiencia
en
la
Roberge,
155
Vt.
defensa
objetara
oportunamente
juramentación
del
jurado.
121
Allí,
luego
(1990).
una
Vermont
v.
de
el
que
Ministerio Público sometió su caso, y durante un receso
del tribunal, el fiscal se percató de que el jurado no
había sido juramentado ese día al inicio del juicio. La
defensa,
de
manera
explícita,
se
negó
a
objetar
la
situación y el tribunal procedió al juramento tardío, por
lo cual se desestimaron los planteamientos en las fases
apelativas.
B.
A pesar de que los casos estatales y de los circuitos
federales
anteriormente
citados
no
son
vinculantes
de
forma alguna para este Tribunal, arrojan luz sobre cómo
otras jurisdicciones han atendido situaciones similares.
No obstante, las circunstancias ante nos son distintas de
los casos citados porque la controversia actual trata de
un solo miembro del jurado – no la totalidad del cuerpo
institucional
–
que
posiblemente
jamás
juramentó,
ni
oportuna ni tardíamente. Sin embargo, como vimos en la
CC-2011-240
14
sección previa, la tendencia de otras jurisdicciones es
que tratan la ausencia del juramento del jurado como una
situación
en
la
cual
es
necesario
objetar
oportuna,
específica y correctamente. No se trata en estos casos,
pues, de un error extraordinario como el contemplado por
nuestra Regla 106 de Evidencia, supra, ni mucho menos de
un error estructural que acarrea la revocación automática
por haber lacerado los cimientos más básicos del proceso
adversativo.
Se
trata,
más
bien,
de
un
error
en
el
juicio
gobernado por las Reglas 104 y 105 de Evidencia, supra. El
Inciso (a) de la Regla 104 de Evidencia sobre “Admisión o
exclusión errónea de evidencia” dispone:
(A) Requisito de objeción
La parte perjudicada por la admisión
errónea de evidencia debe presentar una
objeción oportuna, específica y correcta o
una moción para que se elimine del récord
evidencia erróneamente admitida cuando el
fundamento
para
objetar
surge
con
posterioridad. Si el fundamento de la
objeción surge claramente del contexto del
ofrecimiento de la evidencia, no será
necesario aludir a tal fundamento. (Énfasis
suplido.)
Asimismo,
la
Regla
105
de
Evidencia
explica
el
efecto del error en la admisión o exclusión de evidencia:
(A) Regla general
No se dejará sin efecto una determinación
de
admisión
o
exclusión
errónea
de
evidencia ni se revocará por ello sentencia
o decisión alguna a menos que: (1) la parte
perjudicada con la admisión o exclusión de
evidencia hubiere satisfecho los requisitos
de objeción, fundamento u oferta de prueba
establecidos en la Regla 104 y (2) el
Tribunal que considera el señalamiento
CC-2011-240
15
estime que la evidencia admitida o excluida
fue un factor decisivo o sustancial en la
sentencia
emitida
o
decisión
cuya
revocación se solicita.
(B) Error constitucional
Si el error en la admisión o exclusión
constituye una violación a un derecho
constitucional de la persona acusada, el
tribunal
apelativo
sólo
confirmará
la
decisión si está convencido más allá de
duda razonable que, de no haberse cometido
el error, el resultado hubiera sido el
mismo.
Por último, la Regla 106 de Evidencia dispone que,
aun si no se satisfacen las exigencias explicadas en la
Regla
104
tribunal
de
Evidencia
apelativo
de
podrá
objetar
considerar
oportunamente,
un
un
señalamiento
de
error y revocar una sentencia o decisión. Se trata del
llamado “error extraordinario” y solo procederá, según la
Regla
106,
cuando
se
satisfagan
las
siguientes
condiciones: el error fue craso ya que no cabe duda de que
fue
cometido;
efecto
el
decisivo
error
o
fue
perjudicial
sustancial
en
la
porque
tuvo
decisión
un
cuya
revocación se solicita; y el no corregirlo resultaría en
un fracaso de la justicia.
Del expediente de este caso surge que el Tribunal de
Primera
Instancia
le
tomó
el
juramento
definitivo
al
jurado en septiembre de 2006. Sin embargo, de un examen
hecho por el propio foro de primera instancia de la vista
de
desinsaculación
del
jurado
ante
el
Honorable
Juez
Roberto Angleró Ortiz, proceso celebrado los días 10 de
agosto y 15 de septiembre de 2006, “surge que el jurado
CC-2011-240
número
16
dos,
presente
Omar
por
juramento
Alvarado
razón
de
Marrero,
enfermedad
definitivo
conforme
no
se
cuando
la
encontraba
se
Regla
tomó
el
125
de
Procedimiento Criminal”. No obstante, el examen realizado
por ese foro también arroja que, el mismo día en que se
tomó el juramento definitivo, el señor Alvarado Marrero se
integró a las labores del jurado.
Los
peticionarios
reconocen
que
no
hubo
objeción
alguna durante el juicio a la presunta irregularidad en el
proceso
de
juramentación
de
un
miembro
del
jurado.
Si
tomamos en cuenta las Reglas de Evidencia anteriormente
transcritas, así como los casos analizados en la sección
previa, es evidente la importancia de que la defensa haga
una objeción específica, oportuna y fundamentada sobre una
irregularidad que detecta en la juramentación de un jurado
o en cualquier otro asunto procesal del juicio. Es sabido
que
un
derecho,
incluso
de
naturaleza
constitucional,
puede ser renunciado en casos criminales si no se hace una
defensa oportuna de dicho derecho. Yakus v. U.S., 321 U.S.
414, 444 (1944).
El foro primario destacó en su resolución que hubo 20
oportunidades,
en
las
diferentes
vistas
y
eventos
procesales relacionados con este caso, para que la defensa
hiciera planteamientos sobre este asunto y, sin embargo,
no
los
hizo.
Más
aun,
es
la
propia
defensa,
en
su
comparecencia ante nos, la que admite que el asunto pasó
desapercibido para ellos así como para la fiscalía y el
juez. La defensa arguye que no se les puede penalizar por
CC-2011-240
17
ese desliz y que se percataron del asunto apenas dos días
después de concluido el caso.
No
cabe
jurado
duda
está
que
L.P.R.A.
juramentación
fundamentada
constitucionales
Constitución
la
enmarcados
en
en la
estadounidense,
Tomo
1,
y
en
el
los
Enmienda
VI,
Const.
II,
del
principios
Sexta
Emda.
Art.
definitiva
Secc.
11,
de
la
EE.UU.,
de
la
Constitución del E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, que establecen
el derecho a que un acusado sea juzgado imparcialmente por
sus
pares
como
hoy,
primera,
resolvemos
constituidos
juramentación
como
un
de
error
por
vez
un
miembro
un
jurado.
que
Por
la
ausencia
del jurado
debe
según
dispuesto
constitucional
lo
ello,
de
analizarse
en
la
Regla 105 (B) de Evidencia. Así, la no juramentación de un
miembro del jurado constituye una violación a un derecho
constitucional de la persona acusada que la defensa deberá
objetar oportunamente y que el juez de primera instancia
estará
obligado
a
remediar
con
la
toma
de
juramento,
aunque sea de manera tardía en el proceso. Véase U.S. v.
Hopkins, supra; Cooper v. Campbell, supra; People of the
State
of
New
York
v.
Morales,
supra;
New
Mexico
v.
con
Chapman
v.
el
máximo
Apodaca, supra; Vermont v. Roberge, supra.
Lo
que
resolvemos
California,
386
judicial
Estados
de
U.S.
hoy
18
es
cónsono
(1967).
Unidos
Allí,
sostuvo
que,
para
foro
que
un
tribunal apelativo federal mantenga en vigor una sentencia
de
instancia
en
la
cual
se
cometió
un
error
constitucional, el foro apelativo debe estar convencido,
CC-2011-240
18
más allá de duda razonable, que dicho error constitucional
no contribuyó a la convicción del acusado. Íd., pág. 24.
Véase, además, Fahy v. Connecticut, 375 U.S. 85 (1963).
Al
aplicar
la
normativa
anteriormente
descrita,
debemos primero, como cuestión de umbral, evaluar si la
defensa objetó oportuna y específicamente, con el debido
fundamento,
la
irregularidad
en
el
proceso
de
juramentación. En el supuesto de que tal objeción se haya
dado
de
forma
oportuna
y
de
manera
fundamentada,
el
Tribunal deberá concluir, acorde con lo resuelto hoy, que
tal error fue una violación al derecho constitucional de
la
persona
acusada.
El
segundo
paso
analítico
entonces
será evaluar si, de no haberse cometido dicho error, el
resultado
hubiera
sido
el
mismo.
El
quantum
de
prueba
necesario para este último eslabón del análisis – si de no
haberse
cometido
el
hubiera
sido
el
mismo
razonable,
según
lo
Evidencia
y
establecido
lo
error
–
constitucional
el
será
el
de
más
dispuesto
en
la
Regla
en
Chapman
resultado
allá
v.
de
105
duda
(b)
de
California,
supra.
Nuestra decisión en el presente caso, sin embargo, no
requiere
que
alcancemos
el
segundo
paso
del
análisis,
pues, como cuestión de umbral, es necesario determinar si
hubo una objeción adecuada en el momento oportuno. En este
caso no hubo tal objeción. Así, no procede revocar el
veredicto emitido por el jurado porque la posible ausencia
de juramentación de uno de sus miembros no fue objetada.
CC-2011-240
19
En conformidad con las Reglas de Evidencia y la mejor
práctica litigiosa, lo que le correspondía a la defensa
era
objetar
diligentemente
de
modo
que
el
asunto
se
corrigiera en la sala de instancia o, en caso de que eso
no sucediera, se preservara el planteamiento en el récord
para
la
fase
apelativa.
hubiera
sido
nuestro
objeción
oportuna
Eso
no
análisis
de
la
ocurrió.
hoy
si,
defensa
Muy
distinto
luego
al
de
una
proceso
de
juramentación del jurado, el juez de instancia la hubiera
ignorado y proseguido con el juicio. Una vez más, ese no
es el caso ante nos.
Por
último,
la
defensa
reclama
que
hizo
el
planteamiento de la falla en la juramentación después del
veredicto porque no se percató antes. No pasamos juicio
sobre
si
lo
anterior
en
efecto
fue
un
desliz
o
una
estrategia de litigación. Sin embargo, si se trató de una
estrategia de litigación, las partes asumieron los riesgos
que ello conlleva y no pueden ahora pedir un segundo turno
al bate para relitigar algo que tuvieron ante sí en la
fase del juicio. En el caso de que sea un desliz, como
reclama la defensa, ello no cambia en forma alguna lo que
aquí
resolvemos,
argumento
que
pues
la
no
se
defensa
conservó
debió
en
el
récord
un
proteger
para
la
fase
argumenta
que
el
foro
mayores
a
las
actual.
III.
Por
otra
parte,
primario
erró
al
la
defensa
imponer
sentencias
dispuestas por el término fijo consignado en la ley penal,
CC-2011-240
20
pues tomó en cuenta factores agravantes que no estuvieron
ante la consideración del jurado que emitió su veredicto
de
culpabilidad.
Lo
anterior,
sostuvo
la
defensa,
está
reñido con lo resuelto por el Tribunal Supremo federal en
Apprendi v. New Jersey, supra, y por este Tribunal en
Pueblo
v.
Santana
Vélez,
supra.
En
este
aspecto,
la
defensa tiene razón.
La Procuradora General afirma, sin embargo, que no
debemos
evaluar
este
planteamiento
pues
la
defensa
lo
presentó por primera vez cuando solicitó reconsideración
al
Tribunal
de
Apelaciones.
Es
decir,
la
Procuradora
General indica que la defensa renunció a este argumento al
no presentarlo ante el Tribunal de Primera Instancia ni
durante su primera comparecencia ante el foro apelativo
intermedio. La razón para ello, sin embargo, es que, en
esos momentos procesales, no habíamos resuelto Pueblo v.
Santana Vélez, supra, y, por ende, no estaba disponible
ese
planteamiento
para
la
defensa.
Al
emitir
nuestro
dictamen el 13 de octubre de 2009, expresamos que, “por
ser la norma que establecemos en este momento de carácter
constitucional
aplicable
a
los
procesos
penales,
tiene
efecto retroactivo a todos aquellos casos que no hayan
advenido finales y firmes al día de hoy”. Íd., pág. 78.
Por lo anterior, no hay duda de que lo decidido en Pueblo
v.
Santana
Vélez,
supra,
es
de
aplicación
a
la
controversia ante nos. Veamos.
Tanto bajo el Código Penal de 1974 como el actual, el
delito de asesinato en primer grado conlleva una pena de
CC-2011-240
21
99 años de cárcel. Asimismo, la violación del Art. 5.04 de
la Ley de Armas, supra, acarrea, en la modalidad imputada
a los peticionarios, una pena de cárcel fija de diez años.
Si hubiese circunstancias atenuantes en la violación del
Art. 5.04 de la Ley de Armas, la pena podría reducirse a
cinco años, y si hubiese circunstancias agravantes podría
subir a una reclusión carcelaria de 20 años. El Art. 5.07
de la Ley de Armas, por su parte, tiene una pena fija de
24 años de prisión. Las circunstancias atenuantes pueden
reducir la pena a 18 años, aunque las agravantes pueden
incrementarla a 36 años. Las penas carcelarias dispuestas
en la Ley de Armas se impondrán de forma consecutiva a
cualquier otra sentencia. Art. 7.03 de la Ley de Armas, 25
L.P.R.A. sec. 460(b). En este caso, las sentencias por la
Ley
de
Armas
se
cumplirán
de
manera
consecutiva
–
no
concurrente – con los 99 años de prisión dispuestos para
el asesinato en primer grado.
No obstante lo anterior, en el caso ante nos el juez
de instancia impuso una sentencia de 204 años de cárcel a
cada uno de los cinco peticionarios. El desglose de la
sentencia se hace de la siguiente forma: 99 años por el
asesinato en primer grado; 15 años por cada uno de los
cinco cargos del Art. 5.04 de la Ley de Armas, para un
total de 75 años en este renglón; y 30 años por el cargo
del Art. 5.07 de la Ley de Armas.
Como se puede apreciar, la sentencia impuesta por el
juez en cada una de las infracciones al Art. 5.04 de la
Ley de Armas excedió, por cinco años en cada cargo, la
CC-2011-240
22
pena fija dispuesta en el estatuto. Del mismo modo, la
pena en el cargo del Art. 5.07 de la Ley de Armas superó
por seis años la pena fija establecida en ese estatuto.
De
acuerdo
con
nuestra
jurisprudencia
y
la
del
Tribunal Supremo federal, era al jurado – y únicamente al
jurado – a quien le correspondía determinar, más allá de
duda
razonable,
si
había
factores
agravantes
en
la
violación de los Arts. 5.04 y 5.07 de la Ley de Armas que
ameritaran el incremento de la pena contemplada por el
límite
estatutario
penal.
Ese
análisis
por
parte
del
jurado no se dio. Como bien señalamos en Pueblo v. Santana
Vélez, supra, pág. 71, citando a Blakely v. Washington,
542 U.S. 296 (2004), “el límite estatutario es aquella
pena
máxima
que
el
juez
puede
imponer
con
el
solo
veredicto de culpabilidad del jurado, sin la necesidad de
determinar hechos adicionales”. Al interpretar Apprendi v.
New Jersey, supra, expusimos en Pueblo v. Santana Vélez,
supra, pág. 71, que “cualquier hecho que agrave la pena de
un acusado más allá del límite estatutario, salvo aquellos
hechos
relacionados
con
la
reincidencia,
debe
ser
determinado por un jurado más allá de duda razonable”.
El límite estatutario penal era 10 años de prisión
por cada violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra.
Es decir, esa era la pena máxima que el juez podía imponer
con el veredicto de culpabilidad del jurado sin determinar
hechos adicionales. Así, el juez de instancia se excedió
por
cinco
violación
años
al
en
Art.
cada
5.04
uno
de
la
de
Ley
los
cinco
cargos
de
de
Armas.
Como
las
CC-2011-240
23
sentencias por violaciones a la Ley de Armas se imponen de
manera
consecutiva,
Instancia
dictó
el
un
juez
exceso
del
de
Tribunal
25
años
de
de
Primera
pena
por
violaciones al Art. 5.04 del mencionado estatuto.
De igual manera, el Art. 5.07 de la Ley de Armas,
supra, tiene una pena fija de 24 años de prisión. Las
circunstancias agravantes pueden incrementar la pena a 36
años. El juez de instancia, tomando en cuenta factores
agravantes que no fueron decididos por el jurado más allá
de duda razonable, impuso una sentencia de 30 años, seis
años por encima del límite estatutario que contempla el
referido Art. 5.07 de la Ley de Armas. En total, los 25
años en exceso que dictó el juez por los cargos del Art.
5.04 de la Ley de Armas, y los seis años que impuso por
encima del límite estatutario del Art. 5.07 de la Ley de
Armas, hacen que la sentencia carcelaria actual contra los
peticionarios
sea
31
años
mayor
de
lo
que
en
derecho
hoy
que
la
falta
del
jurado
es
un
corresponde.
IV.
En
resumen,
juramentación
de
resolvemos
un
miembro
de
error
constitucional que puede provocar la nulidad de un juicio
criminal. Sin embargo, para que un acusado pueda reclamar
a
nivel
apelativo
que
se
le
violó
ese
derecho
constitucional durante su juicio, debe hacer una objeción
oportuna
y
fundamentada
en
el
Tribunal
de
Primera
Instancia. En este caso no hubo esa objeción oportuna y
fundamentada
y,
por
ende,
validamos
el
veredicto
de
CC-2011-240
24
culpabilidad
emitido
por
el
jurado
peticionarios.
Asimismo,
reiteramos
retroactiva
Pueblo
Santana
de
v.
contra
la
Vélez,
los
aplicabilidad
supra,
a
todo
proceso penal que no haya advenido final y firme antes del
día en que se emitió el dictamen, el 13 de octubre de
2009.
Por todo lo anterior, se modifica la sentencia del
Tribunal de Apelaciones en cuanto a las penas carcelarias
impuestas a los peticionarios. Se ordena la devolución del
presente caso al Tribunal de Primera Instancia para que,
de así solicitarlo el Ministerio Público, se celebre una
vista para establecer las circunstancias agravantes ante
un jurado
y
que
razonable.
Tras
estas sean
ello,
el
probadas más allá
juez
del
foro
de duda
primario
podrá
imponer la sentencia con los agravantes probados. Por el
contrario, si el Ministerio Fiscal no solicita la referida
vista, procede que los peticionarios sean resentenciados
al término fijo de las penas de los delitos por los cuales
fueron
convictos.
Así,
las
sentencias
de
los
convictos
reflejarán lo dispuesto en esta Opinión y las exigencias
explicadas en Apprendi v. New Jersey, supra, que adoptamos
recientemente en esta jurisdicción en Pueblo v. Santana
Vélez, supra.
jurado
que
Asimismo, reiteramos que la disolución del
encuentra
culpable
a
un
acusado
por
la
convicción de un delito, no es impedimento para constituir
otro jurado que juzgue los agravantes.
Por otra parte, resolvemos que es válido el veredicto
de
culpabilidad
emitido
por
el
jurado,
a
pesar
de
la
CC-2011-240
posible
25
deficiencia
integrantes,
porque
en
la
ese
juramentación
error
de
uno
de
sus
constitucional
no
fue
oportunamente objetado por la defensa y, de esa manera, se
renunció a ese argumento en la fase apelativa.
Se dictará sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2011-240
Miguel Bonilla Peña, et al.
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte de la
presente Sentencia, se modifica la sentencia del
Tribunal de Apelaciones en cuanto a las penas
carcelarias impuestas a los peticionarios. Se
ordena la devolución del presente caso al
Tribunal de Primera Instancia para que, de así
solicitarlo el Ministerio Público, se celebre una
vista
para
establecer
las
circunstancias
agravantes ante un jurado y que estas sean
probadas más allá de duda razonable. Tras ello,
el juez del foro primario podrá imponer la
sentencia con los agravantes probados. Por el
contrario, si el Ministerio Fiscal no solicita la
referida vista, procede que los peticionarios
sean resentenciados al término fijo de las penas
de los delitos por los cuales fueron convictos.
Así, las sentencias de los convictos reflejarán
lo dispuesto en esta Opinión y las exigencias
explicadas en Apprendi v. New Jersey, supra, que
adoptamos recientemente en esta jurisdicción en
Pueblo v. Santana Vélez, supra.
Asimismo,
reiteramos que la disolución del jurado que
encuentra culpable a un acusado por la convicción
de un delito, no es impedimento para constituir
otro jurado que juzgue los agravantes.
CC-2011-240
2
Por otra parte, resolvemos que es válido el veredicto
de culpabilidad emitido por el jurado, a pesar de la
posible deficiencia en la juramentación de uno de sus
integrantes, porque ese error constitucional no fue
oportunamente objetado por la defensa y, de esa manera, se
renunció a ese argumento en la fase apelativa.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora
Fiol Matta concurre con el resultado en este caso por
entender que se incumplió crasamente con nuestro mandato
en Pueblo v. Santana Vélez. Por ello, devolvería el caso
al Tribunal de Primera Instancia a los únicos efectos de
resentenciar a los peticionarios de acuerdo con las penas
fijas establecidas por ley. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado sin opinión
escrita. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no
interviene.
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo