LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Bonilla Peña

2011 TSPR 163

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Bonilla Peña

CC-2011-240

Procedimiento Criminal – Toma de juramento definitivo al jurado: efecto de error cometido en la toma del juramento; imposición de agravantes a base de factores no considerados por el jurado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2011 TSPR

Miguel Bonilla Peña, et al.

183 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC

- 2011 - 240

Fecha: 3 de noviembre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de

Juez Ponente:

Ponce

Hon. Laura Ivette Ortiz Flores

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo.

Athos Vega, Jr.

Oficina de la Procuradora General:

Lcd a. Eva S. Soto Castelló

Procuradora General Auxiliar

Materia:

Asesinato en Primer Grado

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a

la comunidad.

163

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2011-240

Miguel Bonilla Peña, et al.

Peticionarios

Opinión del Tribunal

HERNÁNDEZ DENTON

emitida

por

el

Juez

Presidente

SEÑOR

San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2011.

Nos corresponde resolver, por primera vez, si

no

tomarle

el

juramento

definitivo

a

uno

de

los

integrantes de un jurado es causa suficiente para

anular un juicio criminal y ordenar la celebración

de un nuevo proceso. Para ello, debemos analizar qué

tipo

de

error

se

cometió

cuando

no

se

tomó

el

juramento definitivo a un jurado y si este error

podía ser impugnado con objeciones oportunas de la

defensa de modo que se preservara el asunto en el

récord para la fase apelativa.

Por

otro

lado,

una

segunda

controversia

que

debemos atender es si la imposición de la pena por

parte del juez del Tribunal de Primera Instancia,

CC-2011-240

2

quien consideró factores agravantes no analizados por el

jurado

y se

excedió de la

pena

fija dispuesta

por el

estatuto penal, es contrario a lo resuelto por el Tribunal

Supremo federal en Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466

(2000), y por este Tribunal en Pueblo v. Santana Vélez,

177 D.P.R. 61 (2009).

I.

Por hechos ocurridos en Santa Isabel en 2002, el

Ministerio

Público

peticionarios,

de

acusó

a

asesinato

cinco

en

hombres,

primer

grado

los

aquí

y

varias

violaciones a la Ley de Armas, Ley Núm. 404 del 11 de

septiembre de 2000, según enmendada, 25 L.P.R.A. sec. 455

et

seq.

Al

quinteto

se

le

acusó,

abordar

un

vehículo

alquilado

específicamente,

con

cuatro

de

revólveres

calibre .38, una pistola calibre .45 y una escopeta de

cañón recortado, y disparar repetidas veces contra Alexis

Conde Torres, con premeditación y deliberadamente, hasta

causarle la muerte. Los cinco acusados – Miguel Bonilla

Peña,

Pedro

Francisco

Maldonado

Rodríguez

Matos,

Herrera

y

José

Rodríguez

Ángel

Pérez

Berríos,

Rodríguez

–

ejercieron su derecho constitucional a ser juzgados por un

jurado compuesto por sus pares.

Tras

el

juicio

celebrado

en

octubre

de

2007,

el

jurado, en votación nueve a tres, halló culpables a los

cinco

acusados

por

los

cargos

de

asesinato

en

primer

CC-2011-240

3

grado, tipificado en el Art. 83 del Código Penal de 1974.1

Asimismo, el jurado los halló culpables a cada uno por

cinco cargos de violar el Art 5.04 de la Ley de Armas

(Portación

y

uso

de

armas

de

fuego

sin

licencia),

25

L.P.R.A sec. 458 (c), y por una infracción al Art. 5.07 de

la Ley de Armas (Posesión y uso ilegal de armas largas

semiautomáticas, automáticas o escopeta de cañón corto),

25 L.P.R.A. sec. 458 (f).

Dos meses después del juicio, la defensa solicitó

que se dejara sin efecto el veredicto del jurado porque,

presuntamente,

no

se

le

había

tomado

el

juramento

definitivo a uno de los integrantes de ese cuerpo, el Sr.

Omar Alvarado Marrero.2 Según la defensa, la ausencia del

juramento definitivo a uno de los integrantes del jurado

debe

suponer

disolver

al

juicio

al

“mistrial”,

jurado

Procedimiento

alternativa,

un

como

Criminal,

lo

que

amparo

con

consecuencia

lo

permite

la

34

L.P.R.A.

Ap.

correspondía

de

la

la

Regla

de

Regla

144

de

II.

En

la

era

ordenar

188

de

un

nuevo

Procedimiento

1

El Código Penal de 1974 era el que estaba en vigor al

momento de los hechos, ocurridos en 2002, dos años antes

de que entrara en efecto el actual Código Penal.

2

En el expediente no hay constancia, ni debe haberla, de

cómo votó el señor Alvarado Marrero tras su deliberación

en este caso. Las deliberaciones del jurado, y la forma en

que votó cada integrante individualmente, son de carácter

secreto. Como hemos dicho anteriormente, el proceso de

razonamiento individual o colectivo del Jurado no puede

ser develado, ya que tal intromisión acarrearía la

desaparición de la franqueza y libertad de discusión.

Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 128 D.P.R. 299, 338

(1991).

CC-2011-240

4

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Específicamente, la defensa

adujo

en

legalmente

juicio

una

que,

“por

el

no

tenía

facultad

constituido,

sobre

acusados

moción

de

la

culpabilidad

epígrafe

y

o

por

no

jurado

no

estar

para

pasar

culpabilidad

tanto

fue

un

de

los

veredicto

contrario a derecho”.

El Tribunal de Primera Instancia reconoció que el

planteamiento

era

novel

en

nuestra

jurisdicción,

pero,

mediante una resolución y orden, proveyó no ha lugar a la

moción de la defensa y mantuvo en vigor el veredicto de

culpabilidad emitido por el jurado. Fundamentó su decisión

en que, desde octubre de 2006 hasta octubre de 2007, hubo

20 vistas o eventos procesales en los cuales ninguna de

las partes le señaló al tribunal que uno de los jurados

carecía del juramento definitivo. Más aun, destacó que en

mayo de 2007, tras varias posposiciones del juicio, el

Ministerio Público solicitó la disolución del jurado y la

defensa

manifestó

que

prefería

continuar

los

procedimientos con el jurado tal como estaba constituido

en ese momento. El foro de primera instancia concluyó que

el Sr. “Omar Alvarado Marrero entendió el espíritu del

juramento, el propósito de la selección de un jurado y sus

deberes

como

jurado,

según

le

fue

enfatizado

en

los

procedimientos de desinsaculación de jurado, del voir dire

y de las instrucciones al jurado”.

El mismo día en que tomó la decisión de validar el

juicio penal, el foro primario emitió una sentencia en la

que le impuso una pena carcelaria de 204 años a cada uno

CC-2011-240

de

los

5

peticionarios.

Inconforme

con

la

decisión,

la

defensa acudió al Tribunal de Apelaciones y planteó como

error el veredicto de un jurado indebidamente constituido.

El

foro

apelativo

intermedio

Primera

Instancia

en

una

confirmó

sentencia

al

Tribunal

emitida

el

30

de

de

noviembre de 2010. Aunque ambos foros llegaron al mismo

resultado de validar el veredicto del jurado, el análisis

del Tribunal de Apelaciones en torno a la juramentación

definitiva del jurado número dos fue distinto. Al citar el

acta

del

proceso

de

desinsaculación,

el

Tribunal

de

Apelaciones resaltó que esta señala:

El jurado queda constituido de la siguiente

manera:

[…]

2. Omar Alvarado Marrero

[…]

Se procede con la juramentación definitiva a

los jurados seleccionados.

El

anterior

desinsaculación

fragmento

del

de

jurado

lo

que

conduce

aconteció

al

en

la

Tribunal

de

Apelaciones a resolver que, “a pesar de que el acta indica

que

el

jurado

inicialmente

en

Omar

sala,

Alvarado

el

Marrero

tribunal

no

se

recurrido

encontraba

indicó

que

este se encontraba entre las personas que prestaron el

juramento

definitivo

establecido

en

la

Regla

125

de

Procedimiento Criminal el 15 de septiembre de 2006”.

Aun inconforme con la decisión, la defensa solicitó

reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones y entonces

argumentó, por primera vez, que la sentencia estaba reñida

con lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Santana

CC-2011-240

6

Vélez, supra, pues el juez de primera instancia tomó en

cuenta factores no contemplados por el jurado y dispuso

penas carcelarias que excedían el término fijo dispuesto

por el estatuto. El Tribunal de Apelaciones mantuvo su

decisión original y no atendió los asuntos relacionados

con la aplicabilidad de Pueblo v. Santana Vélez, supra, a

esta controversia.

Tras

ello,

los

peticionarios

acuden

ante

nos.

Sostienen que el foro intermedio erró al no revocar el

veredicto

de

un

jurado

que

se constituyó

indebidamente

ante la posibilidad de que uno de sus miembros no hubiese

tomado el juramento definitivo. Asimismo, alegan que la

norma que establecimos en Pueblo v. Santana Vélez, supra,

tiene carácter retroactivo a todos aquellos casos que no

hayan advenido finales y firmes al día en que se emitió el

dictamen, es decir, el 13 de octubre de 2009. Como el

presente caso no había advenido final y firme para esa

fecha, Pueblo v. Santana Vélez, supra, le aplica a la

presente

controversia,

según

esbozó

la

defensa

en

su

comparecencia ante nos.

Mediante resolución emitida el 24 de junio de 2011 y

notificada

el

29

término

20

días

de

de

junio

a

la

de

2011,

Procuradora

le

concedimos

General

para

un

que

mostrara causa por la cual, a la luz de Pueblo v. Santana

Vélez,

supra,

sentencia

este

dictada

jurisprudencia.

La

Tribunal

para

no

debía

atemperarla

Procuradora

General

modificar

a

la

nuestra

compareció

para

reclamar que la defensa expuso por primera vez el error

CC-2011-240

respecto

7

al

término

de

las

sentencias

en

la

fase

de

apelación. Esto, según la Procuradora General, vicia el

señalamiento pues se debió haber hecho a nivel de primera

instancia.

El recurso de certiorari se expidió y, tras examinar

los

escritos

Analizamos

de

en

ambas

la

partes,

Parte

II

procedemos

a

de

Opinión

esta

resolver.

los

planteamientos sobre el juramento definitivo a un miembro

del jurado y, en la Parte III, pasamos juicio sobre la

aplicabilidad de Pueblo v. Santana Vélez, supra, a esta

controversia.

II.

A.

Todos

procesos

los

miembros

criminales

del

en

jurado

nuestra

que

entienden

jurisdicción

en

están

obligados a prestar dos juramentos. Primeramente, se les

exige el juramento preliminar que se hace previo a la

desinsaculación

juramento

del

jurado.

En

que

toma

definitivo

se

segundo

una

lugar,

vez

está

el

concluida

la

desinsaculación y previo al juicio propiamente. Así, el

juramento

preliminar

que

exige

la

Regla

119

de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, es distinto, y

se

requiere

en

una

fase

procesal

diferente,

que

el

definitivo contemplado por la Regla 125, 34 L.P.R.A. Ap.

II.

La Regla 119 de Procedimiento Criminal, supra, exige

un

juramento

preliminar

que

se

toma

individual

o

colectivamente en el cual el potencial miembro del jurado

CC-2011-240

8

afirma o jura que contestará veraz y fielmente todas las

preguntas que se le hagan respecto a su capacidad para

actuar como jurado. Íd. Es decir, el juramento preliminar

se

toma

buscando

capacitado

para

garantizar

servir

que

como

cierto

jurado.

individuo

Dicho

esté

juramento

preliminar se toma previo a la desinsaculación del jurado,

fase en la cual la defensa y la fiscalía pueden excluir

potenciales miembros del jurado mediante los mecanismos

dispuestos para ello. Si un individuo ha sido seleccionado

para

formar

parte

procedimientos

del

jurado

criminales

requerirá

entonces

que

definitivo

exigido

por

que

entenderá

en

los

un

acusado,

se

le

otro

juramento

–

el

contra

preste

la

Regla

125

de

Procedimiento

Criminal, supra – que en esta ocasión busca garantizar que

actuará de forma imparcial y con rectitud al oír a las

partes y deliberar.

Este

hecho

Tribunal

el

no

Tribunal

ha

resuelto,

Supremo

de

como

tampoco

Estados

lo

Unidos,

ha

qué

consecuencias, si alguna, tiene la ausencia del juramento

definitivo de un solo miembro del jurado. Podemos colegir

desde

este

momento,

sin

embargo,

que

el

juramento

definitivo no es un mero formalismo. La importancia del

juramento definitivo del jurado en nuestro ordenamiento

penal es tal que ese evento procesal es precisamente el

que

activa

la

protección

contra

la

doble

exposición

o

“double jeopardy”. Lo anterior se debe a que ese juramento

definitivo “marca el inicio del juicio o la exposición del

acusado

a

riesgo

de

convicción”.

E.L.

Chiesa

Aponte,

CC-2011-240

9

Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

Colombia, Ed. Forum, Tomo III, 1995, pág. 288.

Así, no podemos tomar a la ligera la posibilidad de

que

un

miembro

formalmente

del

su

jurado

respuesta

no

haya

jurado

afirmativa

a

o

afirmado

la

siguiente

pregunta:

Vosotros y cada uno de vosotros, ¿juráis

solemnemente

desempeñar

bien

y

fielmente

vuestro cargo, juzgando con rectitud la causa

que pende ante este tribunal y emitiendo un

veredicto imparcial de conformidad con la

prueba producida? Así os ayude Dios. 32

L.P.R.A. Ap. II., R. 125

A

pesar

definitivo,

de

la

importancia

procesal

del

juramento

la

jurisprudencia

federal

muestra

una

tendencia rígida en contra de declarar errores manifiestos

o

“plain

errors”

cuando

la

defensa

reclama

que

hubo

irregularidades respecto a la constitución del jurado o su

proceso

deliberativo.

Procedure,

2007,

Estados

págs.

89-90.

Véase

Unidos,

Por

W.R.

LaFave,

Ed. Thomson

West,

ejemplo,

el

Criminal

Tomo

Tribunal

VII,

Supremo

federal ha resuelto que la decisión de un foro primario de

permitir que estuvieran presentes jurados alternos en la

deliberación

final

no

“plain

error”

que

través

de

Reglas

las

constituyó

pudiera

de

un

error

corregirse

Evidencia

manifiesto

o

automáticamente

a

federales.

U.S.

v.

Olano, 507 U.S. 725 (1993). En otras palabras, el Tribunal

Supremo federal mantuvo en vigor el veredicto a pesar de

que

en

la

deliberación

estuvieron

presentes

jurados

alternos ajenos a los que tomarían la decisión. Asimismo,

el máximo foro federal resolvió que tampoco era un error

CC-2011-240

10

manifiesto haber privado a un jurado de evaluar, en un

procesamiento criminal por perjurio, si era esencial o no

la naturaleza de la declaración bajo escrutinio. Johnson

v. U.S., 520 U.S. 461 (1997).

Los casos anteriormente discutidos tratan sobre la

figura del jurado y el proceder del máximo foro judicial

federal

ante

el

reclamo

de

alguna

irregularidad

en

el

proceso deliberativo de esa institución. A pesar de que,

como

dijimos

Tribunal

anteriormente,

Supremo

federal

que

no

hay

ningún

atienda

caso

del

puntualmente

el

asunto ante nos, es evidente la tendencia de analizar con

reservas

cualquier

plantea

para

reclamo

revertir

de

error

manifiesto

automáticamente

la

que

se

actuación

del

jurado.

Por otro lado, los circuitos federales, así como los

foros apelativos y supremos de otras jurisdicciones, han

atendido anteriormente situaciones en que los jurados no

han juramentado hasta una etapa avanzada del juicio. Sin

embargo,

en

todos

los

casos

examinados

se

evalúa

la

ausencia de juramento de la totalidad del jurado, no de

uno solo de sus miembros. Más aun, se trata de casos en

los cuales el juramento definitivo, aunque tardíamente, sí

se tomó previo a la deliberación y veredicto final.

En

Cooper

v.

Campbell,

597

F.2d

628

(1979),

el

Tribunal federal de Apelaciones para el Octavo Circuito se

enfrentó a una solicitud de habeas corpus en la cual el

peticionario alegó que el juramento tardío que se le tomó

al jurado que lo juzgó en una corte de Arkansas violó sus

CC-2011-240

11

derechos constitucionales a juicio por jurado, a un juicio

justo e imparcial y a su debido proceso de ley. El jurado

había sido juramentado luego de los informes iniciales de

las

partes

(“opening

presentación

de

la

statements”),

evidencia.

El

pero

antes

circuito

de

la

apelativo

federal resolvió que “no hallamos evidencia alguna que la

demora en la juramentación del jurado haya perjudicado los

derechos del peticionario de tener un juicio por jurado,

un juicio justo e imparcial, y su debido proceso de ley”.

Íd. (Traducción suplida.)

El

Tribunal

Circuito,

por

federal

de

parte,

también

su

Apelaciones

tuvo

para

que

el

Quinto

analizar

un

planteamiento de que la juramentación tardía del jurado

era un error de tal naturaleza que ameritaba la revocación

del

veredicto;

en

otras

palabras,

que

se

trataba

del

llamado “reversible error” contemplado por las Reglas de

Evidencia federales, y por las Reglas 104, 105 y 106 de

Evidencia

de

2009.

Evidencia,

175

Véase

D.P.R.

In

478,

re

Aprobación

483-485

(2009).

Reglas

En

U.S.

de

v.

Hopkins, 458 F. 2d 1353 (1972), el peticionario argumentó

ante

el

jurado

Quinto

después

equivalía

a

un

Circuito

que

de

la

fiscalía

sometiera

que

acarreaba

la

que

error

la

toma

del

juramento

al

su

caso

revocación

del

proceso criminal en su contra. No obstante, en el juicio

en instancia, la defensa no hizo objeción alguna en torno

a

la

juramentación

apelativo

federal

en

tardía

del

U.S.

Hopkins,

v.

jurado.

El

circuito

supra, manifestó

que, al examinar decisiones de otras jurisdicciones, se

CC-2011-240

percató

que

12

esta

situación

solía

tratarse

como

una

de

error no perjudicial o “harmless error”. Al coincidir con

las jurisdicciones estudiadas, el Quinto Circuito resolvió

que:

No prejudice has been shown by the delayed

swearing of the jury, no objection was made,

and the oath was administered before the jury

retired to begin its deliberations. Given all

of these circumstances, any error was clearly

harmless. Íd.

Por su parte, el foro apelativo intermedio de Nueva

York – la División Apelativa de la Corte Suprema estatal –

resolvió

en

un

caso

similar

que,

“en

ausencia

de

perjuicio, la dilación en la toma de juramento no amerita

la revocación del veredicto”. People of the State of New

York

v.

Morales,

168

A.D.2d

85

(1991).

(Traducción

suplida.) En ese caso, sin embargo, tanto la defensa como

la fiscalía advirtieron al tribunal que el juramento al

jurado no se había tomado. El tribunal tomó el juramento

justo antes de que la defensa presentara sus argumentos,

pero luego de que la fiscalía sometiera su caso. Cuando se

le cuestionó a la defensa si tenía alguna objeción, esta

respondió: “Tenemos objeción al momento, eso es todo”. Íd.

No hubo solicitud de la defensa para que se decretara un

“mistrial”, absolución de jurado y no se requirió otra

instrucción al jurado.

La defensa, sin embargo, presentó el argumento en la

fase

apelativa,

resolvió

que,

pero

por

la

el

foro

objeción

intermedio

incompleta

de

Nueva

York

anteriormente

descrita, el asunto no había sido preservado en el récord.

CC-2011-240

13

El foro apelativo neoyorquino concluyó que la tendencia de

los casos estatales y federales sostiene que una dilación

en la juramentación del jurado es meramente una anomalía

técnica y no es, de suyo, un error que amerite revertir el

veredicto. Íd. La corte apelativa de Nuevo México también

ha

resuelto

este

asunto

de

manera

similar.

Véase

New

Mexico v. Apodaca, 105 N.M. 650 (1987).

Asimismo, la Corte Suprema de Vermont determinó que

era

vital

que

la

deficiencia

en

la

Roberge,

155

Vt.

defensa

objetara

oportunamente

juramentación

del

jurado.

121

Allí,

luego

(1990).

una

Vermont

v.

de

el

que

Ministerio Público sometió su caso, y durante un receso

del tribunal, el fiscal se percató de que el jurado no

había sido juramentado ese día al inicio del juicio. La

defensa,

de

manera

explícita,

se

negó

a

objetar

la

situación y el tribunal procedió al juramento tardío, por

lo cual se desestimaron los planteamientos en las fases

apelativas.

B.

A pesar de que los casos estatales y de los circuitos

federales

anteriormente

citados

no

son

vinculantes

de

forma alguna para este Tribunal, arrojan luz sobre cómo

otras jurisdicciones han atendido situaciones similares.

No obstante, las circunstancias ante nos son distintas de

los casos citados porque la controversia actual trata de

un solo miembro del jurado – no la totalidad del cuerpo

institucional

–

que

posiblemente

jamás

juramentó,

ni

oportuna ni tardíamente. Sin embargo, como vimos en la

CC-2011-240

14

sección previa, la tendencia de otras jurisdicciones es

que tratan la ausencia del juramento del jurado como una

situación

en

la

cual

es

necesario

objetar

oportuna,

específica y correctamente. No se trata en estos casos,

pues, de un error extraordinario como el contemplado por

nuestra Regla 106 de Evidencia, supra, ni mucho menos de

un error estructural que acarrea la revocación automática

por haber lacerado los cimientos más básicos del proceso

adversativo.

Se

trata,

más

bien,

de

un

error

en

el

juicio

gobernado por las Reglas 104 y 105 de Evidencia, supra. El

Inciso (a) de la Regla 104 de Evidencia sobre “Admisión o

exclusión errónea de evidencia” dispone:

(A) Requisito de objeción

La parte perjudicada por la admisión

errónea de evidencia debe presentar una

objeción oportuna, específica y correcta o

una moción para que se elimine del récord

evidencia erróneamente admitida cuando el

fundamento

para

objetar

surge

con

posterioridad. Si el fundamento de la

objeción surge claramente del contexto del

ofrecimiento de la evidencia, no será

necesario aludir a tal fundamento. (Énfasis

suplido.)

Asimismo,

la

Regla

105

de

Evidencia

explica

el

efecto del error en la admisión o exclusión de evidencia:

(A) Regla general

No se dejará sin efecto una determinación

de

admisión

o

exclusión

errónea

de

evidencia ni se revocará por ello sentencia

o decisión alguna a menos que: (1) la parte

perjudicada con la admisión o exclusión de

evidencia hubiere satisfecho los requisitos

de objeción, fundamento u oferta de prueba

establecidos en la Regla 104 y (2) el

Tribunal que considera el señalamiento

CC-2011-240

15

estime que la evidencia admitida o excluida

fue un factor decisivo o sustancial en la

sentencia

emitida

o

decisión

cuya

revocación se solicita.

(B) Error constitucional

Si el error en la admisión o exclusión

constituye una violación a un derecho

constitucional de la persona acusada, el

tribunal

apelativo

sólo

confirmará

la

decisión si está convencido más allá de

duda razonable que, de no haberse cometido

el error, el resultado hubiera sido el

mismo.

Por último, la Regla 106 de Evidencia dispone que,

aun si no se satisfacen las exigencias explicadas en la

Regla

104

tribunal

de

Evidencia

apelativo

de

podrá

objetar

considerar

oportunamente,

un

un

señalamiento

de

error y revocar una sentencia o decisión. Se trata del

llamado “error extraordinario” y solo procederá, según la

Regla

106,

cuando

se

satisfagan

las

siguientes

condiciones: el error fue craso ya que no cabe duda de que

fue

cometido;

efecto

el

decisivo

error

o

fue

perjudicial

sustancial

en

la

porque

tuvo

decisión

un

cuya

revocación se solicita; y el no corregirlo resultaría en

un fracaso de la justicia.

Del expediente de este caso surge que el Tribunal de

Primera

Instancia

le

tomó

el

juramento

definitivo

al

jurado en septiembre de 2006. Sin embargo, de un examen

hecho por el propio foro de primera instancia de la vista

de

desinsaculación

del

jurado

ante

el

Honorable

Juez

Roberto Angleró Ortiz, proceso celebrado los días 10 de

agosto y 15 de septiembre de 2006, “surge que el jurado

CC-2011-240

número

16

dos,

presente

Omar

por

juramento

Alvarado

razón

de

Marrero,

enfermedad

definitivo

conforme

no

se

cuando

la

encontraba

se

Regla

tomó

el

125

de

Procedimiento Criminal”. No obstante, el examen realizado

por ese foro también arroja que, el mismo día en que se

tomó el juramento definitivo, el señor Alvarado Marrero se

integró a las labores del jurado.

Los

peticionarios

reconocen

que

no

hubo

objeción

alguna durante el juicio a la presunta irregularidad en el

proceso

de

juramentación

de

un

miembro

del

jurado.

Si

tomamos en cuenta las Reglas de Evidencia anteriormente

transcritas, así como los casos analizados en la sección

previa, es evidente la importancia de que la defensa haga

una objeción específica, oportuna y fundamentada sobre una

irregularidad que detecta en la juramentación de un jurado

o en cualquier otro asunto procesal del juicio. Es sabido

que

un

derecho,

incluso

de

naturaleza

constitucional,

puede ser renunciado en casos criminales si no se hace una

defensa oportuna de dicho derecho. Yakus v. U.S., 321 U.S.

414, 444 (1944).

El foro primario destacó en su resolución que hubo 20

oportunidades,

en

las

diferentes

vistas

y

eventos

procesales relacionados con este caso, para que la defensa

hiciera planteamientos sobre este asunto y, sin embargo,

no

los

hizo.

Más

aun,

es

la

propia

defensa,

en

su

comparecencia ante nos, la que admite que el asunto pasó

desapercibido para ellos así como para la fiscalía y el

juez. La defensa arguye que no se les puede penalizar por

CC-2011-240

17

ese desliz y que se percataron del asunto apenas dos días

después de concluido el caso.

No

cabe

jurado

duda

está

que

L.P.R.A.

juramentación

fundamentada

constitucionales

Constitución

la

enmarcados

en

en la

estadounidense,

Tomo

1,

y

en

el

los

Enmienda

VI,

Const.

II,

del

principios

Sexta

Emda.

Art.

definitiva

Secc.

11,

de

la

EE.UU.,

de

la

Constitución del E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, que establecen

el derecho a que un acusado sea juzgado imparcialmente por

sus

pares

como

hoy,

primera,

resolvemos

constituidos

juramentación

como

un

de

error

por

vez

un

miembro

un

jurado.

que

Por

la

ausencia

del jurado

debe

según

dispuesto

constitucional

lo

ello,

de

analizarse

en

la

Regla 105 (B) de Evidencia. Así, la no juramentación de un

miembro del jurado constituye una violación a un derecho

constitucional de la persona acusada que la defensa deberá

objetar oportunamente y que el juez de primera instancia

estará

obligado

a

remediar

con

la

toma

de

juramento,

aunque sea de manera tardía en el proceso. Véase U.S. v.

Hopkins, supra; Cooper v. Campbell, supra; People of the

State

of

New

York

v.

Morales,

supra;

New

Mexico

v.

con

Chapman

v.

el

máximo

Apodaca, supra; Vermont v. Roberge, supra.

Lo

que

resolvemos

California,

386

judicial

Estados

de

U.S.

hoy

18

es

cónsono

(1967).

Unidos

Allí,

sostuvo

que,

para

foro

que

un

tribunal apelativo federal mantenga en vigor una sentencia

de

instancia

en

la

cual

se

cometió

un

error

constitucional, el foro apelativo debe estar convencido,

CC-2011-240

18

más allá de duda razonable, que dicho error constitucional

no contribuyó a la convicción del acusado. Íd., pág. 24.

Véase, además, Fahy v. Connecticut, 375 U.S. 85 (1963).

Al

aplicar

la

normativa

anteriormente

descrita,

debemos primero, como cuestión de umbral, evaluar si la

defensa objetó oportuna y específicamente, con el debido

fundamento,

la

irregularidad

en

el

proceso

de

juramentación. En el supuesto de que tal objeción se haya

dado

de

forma

oportuna

y

de

manera

fundamentada,

el

Tribunal deberá concluir, acorde con lo resuelto hoy, que

tal error fue una violación al derecho constitucional de

la

persona

acusada.

El

segundo

paso

analítico

entonces

será evaluar si, de no haberse cometido dicho error, el

resultado

hubiera

sido

el

mismo.

El

quantum

de

prueba

necesario para este último eslabón del análisis – si de no

haberse

cometido

el

hubiera

sido

el

mismo

razonable,

según

lo

Evidencia

y

establecido

lo

error

–

constitucional

el

será

el

de

más

dispuesto

en

la

Regla

en

Chapman

resultado

allá

v.

de

105

duda

(b)

de

California,

supra.

Nuestra decisión en el presente caso, sin embargo, no

requiere

que

alcancemos

el

segundo

paso

del

análisis,

pues, como cuestión de umbral, es necesario determinar si

hubo una objeción adecuada en el momento oportuno. En este

caso no hubo tal objeción. Así, no procede revocar el

veredicto emitido por el jurado porque la posible ausencia

de juramentación de uno de sus miembros no fue objetada.

CC-2011-240

19

En conformidad con las Reglas de Evidencia y la mejor

práctica litigiosa, lo que le correspondía a la defensa

era

objetar

diligentemente

de

modo

que

el

asunto

se

corrigiera en la sala de instancia o, en caso de que eso

no sucediera, se preservara el planteamiento en el récord

para

la

fase

apelativa.

hubiera

sido

nuestro

objeción

oportuna

Eso

no

análisis

de

la

ocurrió.

hoy

si,

defensa

Muy

distinto

luego

al

de

una

proceso

de

juramentación del jurado, el juez de instancia la hubiera

ignorado y proseguido con el juicio. Una vez más, ese no

es el caso ante nos.

Por

último,

la

defensa

reclama

que

hizo

el

planteamiento de la falla en la juramentación después del

veredicto porque no se percató antes. No pasamos juicio

sobre

si

lo

anterior

en

efecto

fue

un

desliz

o

una

estrategia de litigación. Sin embargo, si se trató de una

estrategia de litigación, las partes asumieron los riesgos

que ello conlleva y no pueden ahora pedir un segundo turno

al bate para relitigar algo que tuvieron ante sí en la

fase del juicio. En el caso de que sea un desliz, como

reclama la defensa, ello no cambia en forma alguna lo que

aquí

resolvemos,

argumento

que

pues

la

no

se

defensa

conservó

debió

en

el

récord

un

proteger

para

la

fase

argumenta

que

el

foro

mayores

a

las

actual.

III.

Por

otra

parte,

primario

erró

al

la

defensa

imponer

sentencias

dispuestas por el término fijo consignado en la ley penal,

CC-2011-240

20

pues tomó en cuenta factores agravantes que no estuvieron

ante la consideración del jurado que emitió su veredicto

de

culpabilidad.

Lo

anterior,

sostuvo

la

defensa,

está

reñido con lo resuelto por el Tribunal Supremo federal en

Apprendi v. New Jersey, supra, y por este Tribunal en

Pueblo

v.

Santana

Vélez,

supra.

En

este

aspecto,

la

defensa tiene razón.

La Procuradora General afirma, sin embargo, que no

debemos

evaluar

este

planteamiento

pues

la

defensa

lo

presentó por primera vez cuando solicitó reconsideración

al

Tribunal

de

Apelaciones.

Es

decir,

la

Procuradora

General indica que la defensa renunció a este argumento al

no presentarlo ante el Tribunal de Primera Instancia ni

durante su primera comparecencia ante el foro apelativo

intermedio. La razón para ello, sin embargo, es que, en

esos momentos procesales, no habíamos resuelto Pueblo v.

Santana Vélez, supra, y, por ende, no estaba disponible

ese

planteamiento

para

la

defensa.

Al

emitir

nuestro

dictamen el 13 de octubre de 2009, expresamos que, “por

ser la norma que establecemos en este momento de carácter

constitucional

aplicable

a

los

procesos

penales,

tiene

efecto retroactivo a todos aquellos casos que no hayan

advenido finales y firmes al día de hoy”. Íd., pág. 78.

Por lo anterior, no hay duda de que lo decidido en Pueblo

v.

Santana

Vélez,

supra,

es

de

aplicación

a

la

controversia ante nos. Veamos.

Tanto bajo el Código Penal de 1974 como el actual, el

delito de asesinato en primer grado conlleva una pena de

CC-2011-240

21

99 años de cárcel. Asimismo, la violación del Art. 5.04 de

la Ley de Armas, supra, acarrea, en la modalidad imputada

a los peticionarios, una pena de cárcel fija de diez años.

Si hubiese circunstancias atenuantes en la violación del

Art. 5.04 de la Ley de Armas, la pena podría reducirse a

cinco años, y si hubiese circunstancias agravantes podría

subir a una reclusión carcelaria de 20 años. El Art. 5.07

de la Ley de Armas, por su parte, tiene una pena fija de

24 años de prisión. Las circunstancias atenuantes pueden

reducir la pena a 18 años, aunque las agravantes pueden

incrementarla a 36 años. Las penas carcelarias dispuestas

en la Ley de Armas se impondrán de forma consecutiva a

cualquier otra sentencia. Art. 7.03 de la Ley de Armas, 25

L.P.R.A. sec. 460(b). En este caso, las sentencias por la

Ley

de

Armas

se

cumplirán

de

manera

consecutiva

–

no

concurrente – con los 99 años de prisión dispuestos para

el asesinato en primer grado.

No obstante lo anterior, en el caso ante nos el juez

de instancia impuso una sentencia de 204 años de cárcel a

cada uno de los cinco peticionarios. El desglose de la

sentencia se hace de la siguiente forma: 99 años por el

asesinato en primer grado; 15 años por cada uno de los

cinco cargos del Art. 5.04 de la Ley de Armas, para un

total de 75 años en este renglón; y 30 años por el cargo

del Art. 5.07 de la Ley de Armas.

Como se puede apreciar, la sentencia impuesta por el

juez en cada una de las infracciones al Art. 5.04 de la

Ley de Armas excedió, por cinco años en cada cargo, la

CC-2011-240

22

pena fija dispuesta en el estatuto. Del mismo modo, la

pena en el cargo del Art. 5.07 de la Ley de Armas superó

por seis años la pena fija establecida en ese estatuto.

De

acuerdo

con

nuestra

jurisprudencia

y

la

del

Tribunal Supremo federal, era al jurado – y únicamente al

jurado – a quien le correspondía determinar, más allá de

duda

razonable,

si

había

factores

agravantes

en

la

violación de los Arts. 5.04 y 5.07 de la Ley de Armas que

ameritaran el incremento de la pena contemplada por el

límite

estatutario

penal.

Ese

análisis

por

parte

del

jurado no se dio. Como bien señalamos en Pueblo v. Santana

Vélez, supra, pág. 71, citando a Blakely v. Washington,

542 U.S. 296 (2004), “el límite estatutario es aquella

pena

máxima

que

el

juez

puede

imponer

con

el

solo

veredicto de culpabilidad del jurado, sin la necesidad de

determinar hechos adicionales”. Al interpretar Apprendi v.

New Jersey, supra, expusimos en Pueblo v. Santana Vélez,

supra, pág. 71, que “cualquier hecho que agrave la pena de

un acusado más allá del límite estatutario, salvo aquellos

hechos

relacionados

con

la

reincidencia,

debe

ser

determinado por un jurado más allá de duda razonable”.

El límite estatutario penal era 10 años de prisión

por cada violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra.

Es decir, esa era la pena máxima que el juez podía imponer

con el veredicto de culpabilidad del jurado sin determinar

hechos adicionales. Así, el juez de instancia se excedió

por

cinco

violación

años

al

en

Art.

cada

5.04

uno

de

la

de

Ley

los

cinco

cargos

de

de

Armas.

Como

las

CC-2011-240

23

sentencias por violaciones a la Ley de Armas se imponen de

manera

consecutiva,

Instancia

dictó

el

un

juez

exceso

del

de

Tribunal

25

años

de

de

Primera

pena

por

violaciones al Art. 5.04 del mencionado estatuto.

De igual manera, el Art. 5.07 de la Ley de Armas,

supra, tiene una pena fija de 24 años de prisión. Las

circunstancias agravantes pueden incrementar la pena a 36

años. El juez de instancia, tomando en cuenta factores

agravantes que no fueron decididos por el jurado más allá

de duda razonable, impuso una sentencia de 30 años, seis

años por encima del límite estatutario que contempla el

referido Art. 5.07 de la Ley de Armas. En total, los 25

años en exceso que dictó el juez por los cargos del Art.

5.04 de la Ley de Armas, y los seis años que impuso por

encima del límite estatutario del Art. 5.07 de la Ley de

Armas, hacen que la sentencia carcelaria actual contra los

peticionarios

sea

31

años

mayor

de

lo

que

en

derecho

hoy

que

la

falta

del

jurado

es

un

corresponde.

IV.

En

resumen,

juramentación

de

resolvemos

un

miembro

de

error

constitucional que puede provocar la nulidad de un juicio

criminal. Sin embargo, para que un acusado pueda reclamar

a

nivel

apelativo

que

se

le

violó

ese

derecho

constitucional durante su juicio, debe hacer una objeción

oportuna

y

fundamentada

en

el

Tribunal

de

Primera

Instancia. En este caso no hubo esa objeción oportuna y

fundamentada

y,

por

ende,

validamos

el

veredicto

de

CC-2011-240

24

culpabilidad

emitido

por

el

jurado

peticionarios.

Asimismo,

reiteramos

retroactiva

Pueblo

Santana

de

v.

contra

la

Vélez,

los

aplicabilidad

supra,

a

todo

proceso penal que no haya advenido final y firme antes del

día en que se emitió el dictamen, el 13 de octubre de

2009.

Por todo lo anterior, se modifica la sentencia del

Tribunal de Apelaciones en cuanto a las penas carcelarias

impuestas a los peticionarios. Se ordena la devolución del

presente caso al Tribunal de Primera Instancia para que,

de así solicitarlo el Ministerio Público, se celebre una

vista para establecer las circunstancias agravantes ante

un jurado

y

que

razonable.

Tras

estas sean

ello,

el

probadas más allá

juez

del

foro

de duda

primario

podrá

imponer la sentencia con los agravantes probados. Por el

contrario, si el Ministerio Fiscal no solicita la referida

vista, procede que los peticionarios sean resentenciados

al término fijo de las penas de los delitos por los cuales

fueron

convictos.

Así,

las

sentencias

de

los

convictos

reflejarán lo dispuesto en esta Opinión y las exigencias

explicadas en Apprendi v. New Jersey, supra, que adoptamos

recientemente en esta jurisdicción en Pueblo v. Santana

Vélez, supra.

jurado

que

Asimismo, reiteramos que la disolución del

encuentra

culpable

a

un

acusado

por

la

convicción de un delito, no es impedimento para constituir

otro jurado que juzgue los agravantes.

Por otra parte, resolvemos que es válido el veredicto

de

culpabilidad

emitido

por

el

jurado,

a

pesar

de

la

CC-2011-240

posible

25

deficiencia

integrantes,

porque

en

la

ese

juramentación

error

de

uno

de

sus

constitucional

no

fue

oportunamente objetado por la defensa y, de esa manera, se

renunció a ese argumento en la fase apelativa.

Se dictará sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2011-240

Miguel Bonilla Peña, et al.

Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente Sentencia, se modifica la sentencia del

Tribunal de Apelaciones en cuanto a las penas

carcelarias impuestas a los peticionarios. Se

ordena la devolución del presente caso al

Tribunal de Primera Instancia para que, de así

solicitarlo el Ministerio Público, se celebre una

vista

para

establecer

las

circunstancias

agravantes ante un jurado y que estas sean

probadas más allá de duda razonable. Tras ello,

el juez del foro primario podrá imponer la

sentencia con los agravantes probados. Por el

contrario, si el Ministerio Fiscal no solicita la

referida vista, procede que los peticionarios

sean resentenciados al término fijo de las penas

de los delitos por los cuales fueron convictos.

Así, las sentencias de los convictos reflejarán

lo dispuesto en esta Opinión y las exigencias

explicadas en Apprendi v. New Jersey, supra, que

adoptamos recientemente en esta jurisdicción en

Pueblo v. Santana Vélez, supra.

Asimismo,

reiteramos que la disolución del jurado que

encuentra culpable a un acusado por la convicción

de un delito, no es impedimento para constituir

otro jurado que juzgue los agravantes.

CC-2011-240

2

Por otra parte, resolvemos que es válido el veredicto

de culpabilidad emitido por el jurado, a pesar de la

posible deficiencia en la juramentación de uno de sus

integrantes, porque ese error constitucional no fue

oportunamente objetado por la defensa y, de esa manera, se

renunció a ese argumento en la fase apelativa.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora

Fiol Matta concurre con el resultado en este caso por

entender que se incumplió crasamente con nuestro mandato

en Pueblo v. Santana Vélez. Por ello, devolvería el caso

al Tribunal de Primera Instancia a los únicos efectos de

resentenciar a los peticionarios de acuerdo con las penas

fijas establecidas por ley. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado sin opinión

escrita. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no

interviene.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo