Tribunal Supremo de Puerto Rico
Departamento de Educación v. Díaz Maldonado
2011 TSPR 161
Poder Judicial de Puerto Rico
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Departamento de Educación v. Díaz Maldonado
CC-2009-1014
Laudo de Arbitraje – Revisión; notificación a las partes. Ley Núm. 34 de 1966- aumento de salario a maestros
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Departamento de Educación
Recurrido
Certiorari
v.
2011 TSPR 161
Ricardo Díaz Maldonado
183 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC
- 2009 - 1014
Fecha: 2 de noviembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel II
Juez Ponente:
Hon. Edgardo Rivera García
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Ricardo Santos Ortíz
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Rosa E. Pérez Agosto
Procuradora General Auxiliar
Materia:
Revisión de Laudo
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que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Departamento de Educación
Recurrido
v.
CC-2009-1014
Ricardo Díaz Maldonado
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de noviembre de 2011.
Este
caso
nos
permite
resolver,
en
primer
lugar, si un recurso de impugnación del laudo fue
notificado debidamente a las partes en el pleito.
Así conoceremos si el Tribunal de Primera Instancia
tenía jurisdicción para emitir una sentencia. En
segundo lugar, analizaremos si los años de servicio
prestados
como
maestro
mediante
un
contrato
transitorio en el Departamento de Educación deben
honrarse como años de experiencia al considerar la
elegibilidad para un aumento de salario.
Evaluada
Tribunal
de
la
controversia,
Primera
resolvemos
Instancia
que
actuó
el
con
CC-2009-1014
2
jurisdicción al momento de emitir la sentencia. Asimismo,
concluimos que nada en la Ley Núm. 34 de 13 de junio de
1966, 18 L.P.R.A. sec. 281-309j, impide que se computen
los
años
de
experiencia
como
maestro
bajo
contrato
transitorio para propósitos de aumento de salario una vez
se
obtiene
un
nombramiento
de
carrera.
Por
todo
lo
comenzó
a
anterior, revocamos al Tribunal de Apelaciones.
I
El
trabajar
peticionario
como
Departamento
Ricardo
maestro
de
Díaz
de
Maldonado
Educación
Educación
(antes
Física
en
el
Departamento
de
Instrucción Pública) en agosto de 1998, bajo contrato, con
un nombramiento clasificado como transitorio elegible. Es
decir, estaba “nombrado por un término fijo en una plaza
para la cual pose[ía] certificado regular de maestro para
la
categoría
Docente
del
correspondiente”.
Departamento
de
Reglamento
Instrucción
de
Personal
Pública,
Núm.
3083, Departamento de Instrucción Pública, 21 de marzo de
1984,
pág.
maestría
109.
en
En
mayo
Educación
de
con
1999
obtuvo
el
grado
de
concentración
en
Educación
Especial, y otra especialidad en Currículo y Enseñanza.
Ese mismo año, efectivo el 2 de agosto, se le concedió un
nombramiento
como
maestro
de
carrera,
con
status
probatorio, y un salario mensual de $1,570. Ese era el
salario
que
correspondía
a
los
maestros
que
poseían
maestría, pero no tenían experiencia.
Al ubicar al peticionario Díaz Maldonado en la escala
salarial
que
proveía
la
Ley
Núm.
34,
supra,
el
CC-2009-1014
3
Departamento de Educación no consideró el año en que este
trabajó
como
maestro
transitorio
elegible.
Ese
año
de
experiencia habría hecho una diferencia de $25 adicionales
por mes, para un salario total de $1,595 mensuales.
A través de los canales de quejas y agravios que
proveía el convenio colectivo vigente para esa fecha, el
señor Díaz Maldonado reclamó que se considerara el año en
que
trabajó
como
maestro
transitorio
elegible
para
ubicarlo en la escala superior. El 22 de febrero de 2008
la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público
emitió un laudo de arbitraje que concedió la petición del
maestro. Le reconoció como acreedor del salario mensual de
$1,595, retroactivo al 1 de mayo de 2000.
Inconforme, el 13 de marzo de 2008 el Departamento de
Educación impugnó el laudo de arbitraje en el Tribunal de
Primera
Instancia.
Ese
escrito
no
se
notificó
a
la
Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), que figuraba
como representante exclusivo del peticionario al momento
de
iniciar
la
reclamación,
pero
que
luego
quedó
descertificada el 8 de enero de 2008 por una orden de la
Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público
(CRTSP). Por esos hechos, la FMPR presentó un recurso de
revisión
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones
de
la
determinación de la CRTSP, acompañada de una solicitud en
auxilio de jurisdicción. El foro apelativo intermedio, al
amparo
de
las
Reglas
61(A)(1)
y
79
de
su
Reglamento,
paralizó temporalmente la decisión de la Comisión hasta el
22 de febrero de 2008, fecha límite que se le concedió al
CC-2009-1014
Departamento
4
de
Educación
Finalmente,
el
29
Apelaciones
dictó
de
para
febrero
sentencia
presentar
de
2008
en
la
su
alegato.
el
Tribunal
de
que
confirmó
la
desertificación de la FMPR (Caso Núm. KLRA200800115).
El 14 de mayo de 2008 el maestro Díaz Maldonado y la
FMPR impugnaron la jurisdicción del tribunal en su caso.
Alegaron
falta
Departamento
de
de
notificación
Educación
por
adecuada
por
parte
del
lo
solicitaron
la
que
desestimación de la petición de impugnación de laudo. En
la alternativa, pidieron que se les concediera un término
de 20 días para responder a la impugnación del laudo.
El
tiempo
Tribunal
de
solicitado
Primera
para
Instancia,
responder,
ni
sin
conceder
emitir
orden
el
o
notificación al respecto, revocó el laudo de arbitraje el
6 de abril de 2009. Ese foro entendió que la controversia
no fue resuelta conforme a derecho. Razonó que cuando el
señor Díaz Maldonado “recibió su nombramiento en el puesto
de
carrera
con
status
probatorio,
no
se
configuró
un
ascenso. Esto es así debido a que el Recurrido tenía un
año de experiencia, la cual fue adquirida en un puesto
transitorio”. Apéndice del recurso, pág. 42. Añadió que
[e]l Recurrido ingresó al servicio público al
recibir su nombramiento en un puesto de carrera
el 2 de agosto de 1999. Al ser nombrado a dicho
puesto de carrera, se le asign[ó] al Recurrido
el sueldo correspondiente al maestro con grado
de maestría. Desde ese momento en que comienza a
ocupar el puesto de carrera, es que comienza el
término
para
contar
la
experiencia
del
Recurrido. El año que el Recurrido ocupó antes
de ser nombrado a su puesto de carrera fue en un
puesto transitorio, el cual fue justificado por
la necesidad del puesto durante el año que el
Recurrido lo ocupaba.
CC-2009-1014
5
Apéndice del recurso, pág. 44.
Inconforme, el peticionario Díaz Maldonado recurrió
ante el Tribunal de Apelaciones, que denegó el certiorari
el
26
de
octubre
apelativo
de
intermedio
2009.
En
repitió
su
los
resolución,
mismos
el
foro
argumentos
del
Tribunal de Primera Instancia para concluir que “el año de
servicio
prestado
por
el
peticionario
[Díaz
Maldonado]
como empleado transitorio se justificó por la necesidad
del servicio, y su nombramiento al puesto de carrera no
constituyó
un
mayor
correspondiente,
al
ascenso
que
pudiese
justificar
para
maestro
un
un
sueldo
con
salario
básico y grado de maestría”. Apéndice del recurso, pág.
17.
Insatisfecho
recurre
ante
nos.
nuevamente,
Repite
el
sus
maestro
Díaz
planteamientos
Maldonado
de
que
el
Tribunal de Primera Instancia actuó sin jurisdicción al
atender la impugnación de un laudo que no se notificó a
todas las partes que estaban dentro del caso a la fecha de
presentación.
discreción
al
Además,
revocar
aduce
que
el
laudo
el
tribunal
de
excedió
arbitraje
que
su
le
reconoció una acreencia de $25 mensuales adicionales de
salario, conforme a su interpretación de la Ley Núm. 34,
supra.
El
certiorari.
7
de
mayo
de
2010
expedimos
el
auto
de
CC-2009-1014
6
II
A
La
Ley
de
Relaciones
del
Trabajo
del
Servicio
Público, Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 3 L.P.R.A.
sec.
1452f
y
ss.,
creó
la
Comisión
de
Relaciones
del
Trabajo del Servicio Público. Este organismo tiene entre
sus funciones
[i]nterpretar, aplicar y hacer cumplir las
disposiciones de este capítulo en todo lo
relativo
a
los
procesos
de
organización,
certificación,
descertificación
de
organizaciones sindicales; en los procedimientos
relacionados con la conciliación y arbitraje de
negociaciones de convenios colectivos, en los
procedimientos
relacionados
con
prácticas
ilícitas....
Sec. 11.15, 3 L.P.R.A. sec. 1452t.
La Sec. 10.1 de la Ley de Relaciones del Trabajo, 3
L.P.R.A.
sec.
revisión
de
1452d,
las
especifica
órdenes
y
que
el
resoluciones
mecanismo
finales
de
de
la
Comisión será la presentación de un recurso de revisión
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones.
Este
se
atenderá
discrecionalmente.
El término para esa revisión será el que dispone la
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.),
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2101
y ss. En lo pertinente, la Sec. 4.6 de la L.P.A.U., según
enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2176, señala que
[e]l Tribunal de Apelaciones revisará como
cuestión de derecho las decisiones, órdenes y
resoluciones finales de organismos o agencias
administrativas.
La
mera
presentación
del
recurso no paralizará el trámite en el organismo
o agencia administrativa, a menos que el
Tribunal así lo determine.
CC-2009-1014
7
El procedimiento a seguir para los recursos
de revisión será de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones
aprobado por el Tribunal Supremo. […]
Términos
Reglamento
iguales
del
se
Tribunal
expresan
de
en
la
Apelaciones,
Regla
4
61
del
L.P.R.A.
AP.
XXII-B, sobre los efectos de la presentación de un recurso
de revisión administrativa. A solicitud de parte, se podrá
emitir
una
orden
para
paralizar
los
efectos
de
una
sentencia.
B
El peticionario Díaz Maldonado esboza que el Tribunal
de Primera Instancia estaba impedido de ver el recurso de
impugnación del laudo de la Comisión porque el Departamento
de
Educación
específicamente,
no
notificó
a
la
a
todas
Federación
de
las
Maestros.
partes,
No
tiene
razón.
La organización sindical formó parte del caso ante la
Comisión,
pero
quedó
descertificada
como
representante
exclusivo de los maestros de la agencia el 8 de enero de
2008.
La
orden
de
la
Comisión
que
descertificó
a
la
Federación establecía expresamente, entre otras cosas, que
la
organización
representar
a
tenía
los
que
maestros
cesar
del
inmediatamente
sistema
público
de
de
enseñanza. Esa orden se emitió el 8 de enero de 2008 y se
enmendó el 1 de febrero de 2008. Conviene recordar que esa
orden
es
una
determinación
administrativa,
sujeta
a
revisión judicial en los términos que dispone la L.P.A.U.,
CC-2009-1014
según
la
8
Ley
de
Relaciones
la
Regla
del
Trabajo
del
Servicio
Público.
Según
61
del
Reglamento
del
Tribunal
de
Apelaciones, supra, y la Sección 4.3 de la L.P.A.U., supra,
las órdenes sujetas a revisión administrativa no quedan
paralizadas con la mera presentación de un recurso, a menos
que el foro apelativo disponga otra cosa. Así pues, la
orden que descertificó a la Federación fue efectiva desde
que se emitió.
Si
bien
es
cierto
que
el
Tribunal
de
Apelaciones
emitió una orden de suspensión de los efectos de la orden
administrativa de descertificación, esa orden judicial fue
efectiva solo desde el 11 hasta el 22 de febrero de 2008.
El
laudo
de
la
Comisión
de
Relaciones
del
Trabajo
se
publicó el 22 de febrero de 2008 y se notificó a todas las
partes.
Fue la impugnación del laudo en el caso del maestro
Díaz
Maldonado
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia,
presentada el 13 de marzo de 2008 por el Departamento de
Educación, lo que se dejó de notificar a la Federación de
Maestros. Para esa fecha, la orden de paralización del
Tribunal de Apelaciones en el caso de la descertificación
ya no estaba vigente, así que la descertificación de la
Federación estaba en plena efectividad.
El señor Díaz Maldonado plantea que se debió notificar
a la Federación porque la descertificación era final, pero
no firme, pues se encontraba en los canales apelativos.
Alega que la Federación debió ser parte en el pleito hasta
CC-2009-1014
9
el 27 de junio de 2008, cuando la descertificación advino a
ser una determinación final y firme, tras la disposición
del caso de la descertificación de la Federación ante este
Tribunal.
No nos convence su posición. Reiteramos que en los
casos de decisiones administrativas, éstas son efectivas
desde que se emiten y sus efectos se paralizan solo por
orden
de
emitió
los
el
tribunales.
Tribunal
de
La
orden
de
paralización
que
Apelaciones
en
el
la
caso
de
descertificación no estaba vigente en el momento que se
impugnó el laudo en el caso del maestro Díaz Maldonado. Por
ello,
el
Departamento
de
Educación
no
estaba
en
la
obligación de notificar a la Federación de Maestros de la
impugnación del laudo en el caso del señor Díaz Maldonado
porque la Federación había dejado de ser parte.
Aclarada
Instancia
la
para
jurisdicción
emitir
la
del
Tribunal
sentencia,
de
pasemos
Primera
entonces
a
analizar la segunda controversia que nos ocupa.
III
Hemos
expresado
en
reiteradas
ocasiones
que
“[e]n
Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor
del
arbitraje
obrero-patronal.
Se
entiende
que
el
arbitraje es el medio menos técnico, más flexible, menos
oneroso y, por lo tanto, más apropiado para la resolución
de las controversias que emanan de la relación laboral”.
C.F.S.E.
v.
Unión
de
Médicos,
170
D.P.R.
443,
448-449
(2007). Véanse, además, HIETEL v. PRTC, Op. de 30 de junio
de 2011, 2011 T.S.P.R. 100, 2011 J.T.S. 105, 182 D.P.R. __
CC-2009-1014
10
(2011); S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 D.P.R.
359, 368 (2010); U.G.T. v. Corp. Difusión Púb., 168 D.P.R.
674, 682 (2006); Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144
D.P.R. 673, 682 (1998); Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133
D.P.R. 986, 995 (1993). Por ello, “cuando se acuerda el
uso
del
arbitraje
como
mecanismo
para
ajustar
las
controversias, se crea un foro sustituto a los tribunales
de justicia, cuya interpretación merece gran deferencia”.
C.F.S.E.
v.
Unión
de
Médicos,
supra.
Véanse,
además,
HIETEL v. PRTC, supra; López v. Destilería Serrallés, 90
D.P.R. 245, 256 (1964). Por ello, “un laudo basado en una
sumisión voluntaria está sujeto a revisión judicial sólo
si las partes convienen que la controversia sometida al
árbitro sea resuelta conforme a derecho”. U.G.T. v. Corp.
Difusión Púb., supra, pág. 682. Véanse, además, Condado
Plaza Hotel v. Asoc. de Empleados de Casino, 149 D.P.R.
347, 349 (1999); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119
D.P.R. 62, 68 (1987); J.R.T. v. N.Y. & P.R. S/S Co., 69
D.P.R. 782, 801-802 (1949).
Así
pues,
en
atención
a
esa
deferencia,
hemos
establecido que la revisión de un laudo se circunscribirá,
cuando no se ha especificado que sea conforme a derecho,
“a la determinación de la existencia de fraude, conducta
impropia, falta del debido proceso de ley, violación a la
política pública, falta de jurisdicción o que el laudo no
resuelve todos los asuntos en controversia”. C.F.S.E. v.
Unión de Médicos, supra, pág. 449. Véase, además, Aquino
CC-2009-1014
11
González v. A.E.L.A., Op. de 25 de mayo de 2011, 2011
T.S.P.R. 77, 2011 J.T.S. 82, 182 D.P.R. __ (2011).
Ahora bien, cuando las partes acuerdan que el laudo
se haga conforme a derecho, la facultad revisora de los
tribunales
es
más
amplia.
Por
ello,
“podrán
corregir
errores jurídicos en atención al derecho aplicable. En tal
supuesto, la revisión judicial de los laudos de arbitraje
es
análoga
la
revisión
administrativas”.
C.F.S.E.
pág.
449.
a
Véanse,
además,
judicial
v.
Unión
Condado
de
las
de
Médicos,
Plaza
v.
decisiones
supra,
Asoc.
Emp.
Casinos P.R., 149 D.P.R. 347, 353 (1999); Rivera v. Dir.
Adm. Trib., 144 D.P.R. 808, 821-822 (1998).
Por consiguiente, cuando en un laudo se determina que
el árbitro deberá resolver conforme a derecho, “el árbitro
no puede ignorar las normas de derecho sustantivo en el
campo
del
controversias
derecho
de
laboral
acuerdo
con
y
debe
las
resolver
doctrinas
las
legales
prevalecientes”. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, pág.
449. Sin embargo, si en el convenio de arbitraje nada se
dice en cuanto a que deberá resolverse conforme a derecho,
“los árbitros pueden declarar cuál es la ley, haciendo
caso omiso de las reglas de derecho sustantivo” Íd., págs.
449-450. Véase, además, Rivera v. Samaritano & Co., Inc.,
108 D.P.R. 604, 609 (1979). Es decir, la facultad del
árbitro
para
diseñar
cuando
tales
remedios
remedios
se
sería
derivaran
amplia,
de
la
“siempre
esencia
y
del
convenio colectivo y el acuerdo de sumisión bajo el cual
se actuaba”. (Énfasis en el original.) C.O.P.R. v. S.P.U.,
CC-2009-1014
12
Op. de 28 de marzo de 2011, 2011 T.S.P.R. 47, 2011 J.T.S.
52,
pág.
1094,
181
D.P.R.
___,
___
(2011).
Por
eso,
“cuando un laudo está condicionado a emitirse [conforme a
derecho],
el
árbitro
debe
velar
celosamente
por
el
cumplimiento de las reglas jurídicas vigentes en nuestro
ordenamiento legal y rendir su decisión a tenor con las
doctrinas
legales
prevalecientes”.
(Énfasis
en
el
original.) Íd., pág. ___, 2011 J.T.S. 52, pág. 1093. Así
pues, “[u]n laudo conforme a derecho confiere a las partes
la
certidumbre
de
que
el
resultado
arbitral
estará
estrictamente aferrado a los límites de la ley, y que no
se concederá un remedio más allá del provisto por nuestro
andamiaje jurídico”. (Énfasis en el original.) Íd., pág.
___,
2011
J.T.S.
52,
pág.
1094.
Por
ello,
“[c]onceder
amplio margen a un árbitro para que diseñe remedios cuando
el laudo está condicionado a emitirse conforme a derecho y
las
partes
nada
han
dispuesto
sobre
los
poderes
del
árbitro, socava principios básicos de derecho contractual
y lesiona el acuerdo de voluntades plasmado en el convenio
colectivo.” (Énfasis en el original.) Íd.
No obstante, debe quedar claro que
el tribunal de instancia no debe inclinarse
fácilmente a decretar la nulidad del laudo a
menos que efectivamente el mismo no haya
resuelto la controversia con arreglo a derecho,
según lo pactaran las partes.... Debe tenerse
presente que una discrepancia de criterio con el
laudo no justifica la intervención judicial pues
destruye
los
propósitos
fundamentales
del
arbitraje
de
resolver
las
controversias
rápidamente, sin los costos y demoras del
proceso judicial.
CC-2009-1014
13
Rivera v. Samaritano & Co., 108 D.P.R. 604, 609
(1979).
En el caso ante nos, las partes acordaron que el laudo
de
arbitraje
se
emitiera
conforme
a
derecho.
Por
ende,
para
el
procede la revisión del laudo en toda su extensión.
IV
De
entrada,
es
necesario
puntualizar
que
momento en que se suscitó la controversia, al Departamento
de
Educación1
Servicio
no
le
Público
de
aplicaba
Puerto
la
Ley
de
Personal
del
Rico,
Ley
Núm.
5
de
de
14
octubre de 1975, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 1301 y
ss. El departamento fue designado administrador individual
por la Ley Núm. 49 de 7 de junio de 1977. En virtud de lo
anterior, el Departamento de Instrucción Pública promulgó
el
“Reglamento
de
Personal
Docente
del
Departamento
de
Instrucción Pública”. Este respondió al
propósito de cumplir con el mandato legal que
dispon[ía] que los administradores individuales
deb[ían] adoptar para sí un reglamento para las
áreas esenciales del principio de mérito y otras
disposiciones
necesarias
relativas
a
la
Administración
de
personal,
todo
ello
de
conformidad
con
las
disposiciones
de
las
Secciones 5.7 y 5.13 de la referida Ley Número
5.
Reglamento de Personal Docente del Departamento
de Instrucción Pública, supra, pág. 1.
Sin
embargo,
Administración
de
con
la
aprobación de
los
Recursos
Humanos
la
Ley
para
la
en
el
Servicio
Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm.
1
En 1990 el Departamento de Instrucción Pública fue
renombrado como Departamento de Educación en virtud de la
Ley de Reforma Escolar, Ley Núm. 68 de 28 de agosto de
1990.
CC-2009-1014
14
184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, 3 L.P.R.A.
sec. 1301, el Departamento de Educación dejó de ser un
administrador
individual
y
volvió
a
formar
sistema
de
recursos
humanos
del
Gobierno
de
Puerto
Rico.
obstante,
No
servicio
al
parte
del
público
del
momento
de
suscitarse la controversia de este caso, el Departamento de
Educación era un administrador individual que se regía por
el Reglamento de Personal Docente, supra, para todo lo
relacionado con el principio de mérito y administración de
personal.
Precisamente, el Art. 12 del Reglamento de Personal
Docente
disponía
que
“[e]l
aspecto
retributivo
del
personal docente del Departamento de Instrucción Pública
se
regir[ía]
especiales
por
las
aplicables
disposiciones
al
efecto
y
contenidas
los
en
leyes
procedimientos
internos aprobados”. Por ello, procedemos a resolver esta
controversia conforme a los principios de la ley especial
aplicable, la Ley Núm. 34, supra.
A
La
Ley
Núm.
34,
íd.,
respondió
“a
una
profunda
inquietud gubernamental por elevar la remuneración de los
maestros
de
conformidad
con
la
realidad
económica
del
momento y a tono con la aportación que estos servidores
públicos han prestado al desarrollo económico de Puerto
Rico así como a otros aspectos de nuestra vida colectiva”.
Informe de la Comisión de Instrucción y Cultura de la
Cámara de Representantes, P. de la C. 438, 21 de abril de
1966, pág. 3.
CC-2009-1014
15
Luego de un estudio de la remuneración de los maestros
en
ese
entonces,
se
encontró
que
“(1)
el
sueldo
que
recib[ían] los maestros afecta[ba] en proporción directa la
eficiencia del funcionamiento del sistema y la calidad del
producto educativo; [y] (2) existía un desbalance entre los
sueldos de los maestros y de los otros empleados públicos
en posiciones de responsabilidad y preparación similares.”
Íd., págs. 3-4. Conforme a lo anterior, se creó la política
de sueldos docentes dentro de tres normas básicas:
(1) equiparar el sueldo básico de los maestros
al de empleados del Gobierno de preparación
académica
y
responsabilidad
comparable;(2)
compensar la excelencia desarrollada por la
experiencia en la enseñanza y aumentar los
sueldos básicos en vigor; aumentar los índices
de retención en el servicio de los maestros; y
(3) estimular a los maestros a que logren la más
alta
preparación
académica,
estableciendo
diferencias razonables en los sueldos básicos y
en la compensación por experiencia, basados en
la preparación académica del maestro.
Informe de la Comisión de Hacienda, P. de la C.
438, 27 de abril de 1966, pág. 3.
Con
singular
esta
en
medida,
dotar
al
el
gobierno
país
de un
colocó
sistema
un
esfuerzo
educativo
que
facilitara a todos la oportunidad de una mejor educación.
Íd.,
pág.
4.
evidentemente,
Esa
encomienda
tendría
más
éxito,
si al personal docente se le remuneraba de
acuerdo a su preparación académica. De esta forma, se les
“induc[ía]
a
alcanzar
niveles
superiores
de
preparación
académica y [a] retenerlos en el servicio activo”. Íd.
Así pues, el legislador creó una fórmula de aumentos
en el sueldo de los maestros que dependía de su preparación
académica y los años de servicio. Esa fórmula se encuentra
CC-2009-1014
16
en el Art. 4 de la Ley Núm. 34, 18 L.P.R.A. sec. 309c. Ese
artículo dispone:
La retribución de cada maestro se aumentará
al siguiente tipo intermedio en la escala
correspondiente al terminar un año de servicio
hasta que alcance el sueldo máximo de la escala.
Por “año de servicio” se entenderá cualquier
periodo de nueve (9) meses, dentro de un año
escolar en que el maestro haya estado bajo
contrato o nombramiento, y la acumulación de
cualquier
periodo
de
diez
(10)
meses
de
servicios
prestados
en
diferentes
años
escolares;
entendiéndose,
que
para
los
propósitos de las secs. 309 a 309j de este
título, el año escolar comprende los meses
escolares de agosto a julio subsiguiente. Los
aumentos por razón de años de servicio serán
efectivos al empezar el año económico y en el
caso de maestros que reingresan al servicio, en
el mes en que el maestro empiece a trabajar
durante el año económico.2 [Énfasis suplido.]
Como
vemos,
se
le
aumentará
la
retribución
al
siguiente tipo intermedio en la escala correspondiente a
todo maestro que al terminar un año de servicio esté bajo
contrato o nombramiento. Así pues, primero es necesario
analizar quién es el maestro cobijado por la Ley Núm. 34,
supra.
2
Para el personal docente del programa regular del
Departamento de Educación, el Art. 1 de la Ley Núm. 34, 18
L.P.R.A.
sec.
309,
estableció
la
siguiente
escala
retributiva, a partir de julio de 1996:
ESCALA DE SUELDOS QUE REGIRÁN PARA EL PERSONAL DOCENTE
DEL PROGRAMA REGULAR DE EDUCACION PÚBLICA
A PARTIR DE JULIO DE 1996
TIPOS INTERMEDIOS
Categoría
Puesto
Sueldo
Básico
Mens.
1
2
3
4
5
6
Menos Normal
Normal
Bachillerato
Maestría
$ 1,147
1,162
1,177
1,193
1,210
1,226
1,244
1,235
1,500
1,570
1,255
1,525
1,595
1,275
1,550
1,620
1,295
1,575
1,645
1,317
1,600
1,670
1,337
1,625
1,695
1,357
1,650
1,720
1,378
1,675
1,745
1,398
1,700
1,770
1,418
1,725
1,795
1,440
1,750
1,820
Doctorado
1,712
1,737
1,762
1,787
1,812
1,837
1,862
1,887
1,912
1,937
1,962
.
7
8
9
Sueldo
Máximo
1,261
CC-2009-1014
El
17
Art.
10
de
la
Ley
Núm.
34,
18
L.P.R.A
sec.
309i(b)(c), define como maestro de instrucción pública a
“todo el personal docente, técnico y de supervisión del
sistema escolar”. La definición incluye también a “[l]os
maestros o principales contratados como tales por otros
departamentos
o
agencias
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto Rico”. Id. Sin embargo, quedan excluidos de esta
definición
“los
maestros
de
escuelas
nocturnas
y
los
profesores de la Universidad de Puerto Rico”, así como, el
“personal de oficina”. Id.
Ahora
bien,
el
Art.
4,
supra,
reduce
el
año
de
servicio a cualquier periodo de nueve meses, en un año
escolar en el que un maestro haya estado bajo contrato o
nombramiento. El año escolar comprende los meses de agosto
a julio. Íd. También, se considerará un año de servicio la
acumulación de cualquier periodo de diez meses de servicios
prestados en diferentes años escolares. Íd.
Finalmente,
el
Art.
4,
íd.,
menciona
que
le
corresponderá el aumento a todo maestro elegible que esté
“bajo contrato o nombramiento”. La Ley Núm. 34, supra, no
brinda una definición de esos términos. Sin embargo, el
Art.
18(35)
del
Reglamento
de
Personal
Docente,
supra,
definía el “nombramiento” como “la designación oficial de
una
persona
para
realizar
determinadas
funciones”.
Asimismo, definía al “maestro transitorio elegible” como
“aquél nombrado por un término fijo en una plaza para la
cual posee certificado regular de maestro para la categoría
correspondiente”. Íd., Art. 18(34).
CC-2009-1014
18
V
Sin lugar a dudas, el señor Díaz Maldonado disfrutó de
un nombramiento transitorio durante el año anterior a su
nombramiento
como
maestro
de
carrera
con
estatus
probatorio. Sobre ello coinciden ambas partes en el pleito.
Durante el año escolar 1998-1999 estudió una maestría en
Educación
con
concentración
en
Educación
Especial.
Sin
embargo, al nombrársele en el puesto de carrera en 1999, ya
con su maestría, se le adjudicó un sueldo que correspondía
al de un maestro con maestría, pero sin experiencia. El
árbitro resolvió que conforme a la Ley Núm. 34, supra, al
peticionario Díaz Maldonado le correspondía el sueldo de un
maestro con maestría y un año de experiencia. Sin embargo,
tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de
Apelaciones acogieron la postura de la agencia que entendía
que un año de servicio prestado como maestro transitorio no
cuenta para propósitos de un aumento por años de servicios.
Al concluir de esa forma erraron ambos foros.
En primer lugar, el maestro Díaz Maldonado está dentro
de la definición de maestro del Art. 10 de la Ley Núm. 34,
supra. Es parte del personal docente del sistema escolar.
No está incluido entre las excepciones del artículo. Por
ende, tenemos que concluir que la categoría de “maestro
transitorio
elegible”
definida
en
el
Art.
18(34)
del
Reglamento de Personal Docente está comprendida dentro de
la categoría general de “Maestro de Instrucción Pública”
que se menciona en el Art. 10 de la Ley Núm. 34, supra. Se
trata de dos disposiciones sobre el mismo asunto que “deben
CC-2009-1014
19
ser tratadas como un todo armónico, leyéndolas en conjunto,
no interpretando aisladamente sus disposiciones”. Torres
Santiago v. Mun. de Coamo, 170 D.P.R. 541, 560 (2007). Si
el
legislador
hubiera
querido
excluir
a
los
maestros
transitorios del aumento por años de servicio, lo habría
hecho constar palmariamente. Así lo hizo con los profesores
de escuelas nocturnas, los profesores de la Universidad de
Puerto Rico y el personal de oficina.
En segundo lugar, el señor Díaz Maldonado laboró como
maestro transitorio durante el año escolar 1998-1999. Es
decir, empezó en el sistema educativo en el mes de agosto
de 1998 y durante ese año, hasta el 31 de mayo de 1999,
ejerció sus funciones como maestro transitorio elegible.
Por
ende,
el
señor
Díaz
Maldonado
laboró
como
maestro
durante los nueve meses que constituyen un año escolar. Así
pues, cumple con el segundo requisito que impone el Art. 4
de la Ley Núm. 34, supra.
En tercer y último lugar, el señor Díaz Maldonado
laboró como maestro bajo contrato transitorio. El Tribunal
de Apelaciones no analizó directamente a qué se refería el
legislador
al
mencionar
al
maestro
“bajo
contrato
o
nombramiento” en el Art. 4 de la Ley Núm. 34, supra. Por el
contrario, ignoró lo dispuesto en el Art. 12 del Reglamento
de Personal Docente, supra, y resolvió la controversia al
amparo de leyes que no eran de aplicación a los hechos.
Específicamente, el foro apelativo intermedio utilizó el
Art. 4 y el Art. 6, Sección 6.12 del Reglamento de Personal
Docente, supra, la Ley de Retribución Uniforme, Ley Núm. 89
CC-2009-1014
20
de 12 de julio de 1978, así como la jurisprudencia en
cuanto a los nombramientos transitorios y de carrera en el
contexto de la Ley de Personal de Servicio Público, supra,
para
concluir
que
“el
año
de servicio
prestado
por
el
peticionario como empleado transitorio se justificó por la
necesidad del servicio, y su nombramiento al puesto de
carrera no constituyó un ascenso que pudiese justificar un
sueldo
mayor
al
correspondiente,
para
un
maestro
con
salario básico y grado de maestría”. Apéndice del recurso,
págs. 16-17. Esa conclusión es errada.
La educación de nuestro pueblo es de trascendental
importancia para el desarrollo de nuestra sociedad. Los
maestros y maestras que componen el cuerpo docente del
Departamento de Educación de Puerto Rico laboran a diario
por el desarrollo intelectual, emocional y social de los
niños
y
jóvenes
profesionales
importante
de
nuestra
del
más
alto
labor.
Por
eso,
sociedad.
calibre
el
Necesitamos
para
ejercer
tan
legislador
concluyó
que
incentivar a los maestros por su preparación académica y
experiencia repercute en un mejor funcionamiento laboral y
en un deseo personal de superación.
La Ley Núm. 34, supra, no distingue entre contratos
transitorios
y
nombramientos
probatorios
o
permanentes,
para propósitos de los aumentos salariales a los maestros.
Como
se
únicamente
aprecia
que
del
los
texto
empleados
de
la
ley,
docentes
esta
bajo
dispone
contrato
o
nombramiento recibirán un aumento de sueldo conforme a su
preparación y años de servicio. La ley no exige que los
CC-2009-1014
21
años de servicio se presten en calidad de empleado regular.
Recordemos que el Art. 4 de la Ley Núm. 34, supra, dispone
que
el
aumento
corresponderá
a
todo
empleado
docente
elegible, que haya estado bajo contrato o nombramiento. De
ahí
que
aumento
un
empleado
salarial,
docente
elegible
independientemente
tiene
derecho
de
ha
si
al
estado
trabajando bajo contrato como empleado transitorio o si
tiene
un
nombramiento
regular.
Concluir
de
otra
forma
frustraría el propósito del legislador de incentivar la
educación de nuestros maestros al remunerarlos conforme a
su preparación académica y su experiencia en el salón de
clase.
Por
todo
computarle
al
lo
anterior,
peticionario
concluimos
Díaz
que
Maldonado
corresponde
el
año
de
servicio que prestó como maestro bajo contrato transitorio.
Así pues, procede decretar el pago y ajuste al salario del
señor Díaz Maldonado correspondiente a $25 mensuales por
concepto de ajuste en la escala salarial al sueldo básico
de un maestro con un año de experiencia que posee el grado
de maestría, desde agosto de 1999 al presente.
VI
Por
los
fundamentos
expuestos
se
dictará
Sentencia
para revocar la del Tribunal de Apelaciones y ordenar la
restitución del laudo de arbitraje L-08-020.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Departamento de Educación
Recurrido
v.
Ricardo Díaz Maldonado
CC-2009-1014
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de noviembre de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
integrante de la presente Sentencia, se revoca al
Tribunal de Apelaciones y se ordena la restitución
del laudo de arbitraje L-08-020.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal. La Jueza Asociada señora
Fiol Matta concurre sin opinión escrita. El Juez
Asociado señor Rivera García no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo