LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Departamento de Educación v. Díaz Maldonado

2011 TSPR 161

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Departamento de Educación v. Díaz Maldonado

CC-2009-1014

Laudo de Arbitraje – Revisión; notificación a las partes. Ley Núm. 34 de 1966- aumento de salario a maestros

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Departamento de Educación

Recurrido

Certiorari

v.

2011 TSPR 161

Ricardo Díaz Maldonado

183 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC

- 2009 - 1014

Fecha: 2 de noviembre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel II

Juez Ponente:

Hon. Edgardo Rivera García

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Ricardo Santos Ortíz

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Rosa E. Pérez Agosto

Procuradora General Auxiliar

Materia:

Revisión de Laudo

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicació

n oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Departamento de Educación

Recurrido

v.

CC-2009-1014

Ricardo Díaz Maldonado

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de noviembre de 2011.

Este

caso

nos

permite

resolver,

en

primer

lugar, si un recurso de impugnación del laudo fue

notificado debidamente a las partes en el pleito.

Así conoceremos si el Tribunal de Primera Instancia

tenía jurisdicción para emitir una sentencia. En

segundo lugar, analizaremos si los años de servicio

prestados

como

maestro

mediante

un

contrato

transitorio en el Departamento de Educación deben

honrarse como años de experiencia al considerar la

elegibilidad para un aumento de salario.

Evaluada

Tribunal

de

la

controversia,

Primera

resolvemos

Instancia

que

actuó

el

con

CC-2009-1014

2

jurisdicción al momento de emitir la sentencia. Asimismo,

concluimos que nada en la Ley Núm. 34 de 13 de junio de

1966, 18 L.P.R.A. sec. 281-309j, impide que se computen

los

años

de

experiencia

como

maestro

bajo

contrato

transitorio para propósitos de aumento de salario una vez

se

obtiene

un

nombramiento

de

carrera.

Por

todo

lo

comenzó

a

anterior, revocamos al Tribunal de Apelaciones.

I

El

trabajar

peticionario

como

Departamento

Ricardo

maestro

de

Díaz

de

Maldonado

Educación

Educación

(antes

Física

en

el

Departamento

de

Instrucción Pública) en agosto de 1998, bajo contrato, con

un nombramiento clasificado como transitorio elegible. Es

decir, estaba “nombrado por un término fijo en una plaza

para la cual pose[ía] certificado regular de maestro para

la

categoría

Docente

del

correspondiente”.

Departamento

de

Reglamento

Instrucción

de

Personal

Pública,

Núm.

3083, Departamento de Instrucción Pública, 21 de marzo de

1984,

pág.

maestría

109.

en

En

mayo

Educación

de

con

1999

obtuvo

el

grado

de

concentración

en

Educación

Especial, y otra especialidad en Currículo y Enseñanza.

Ese mismo año, efectivo el 2 de agosto, se le concedió un

nombramiento

como

maestro

de

carrera,

con

status

probatorio, y un salario mensual de $1,570. Ese era el

salario

que

correspondía

a

los

maestros

que

poseían

maestría, pero no tenían experiencia.

Al ubicar al peticionario Díaz Maldonado en la escala

salarial

que

proveía

la

Ley

Núm.

34,

supra,

el

CC-2009-1014

3

Departamento de Educación no consideró el año en que este

trabajó

como

maestro

transitorio

elegible.

Ese

año

de

experiencia habría hecho una diferencia de $25 adicionales

por mes, para un salario total de $1,595 mensuales.

A través de los canales de quejas y agravios que

proveía el convenio colectivo vigente para esa fecha, el

señor Díaz Maldonado reclamó que se considerara el año en

que

trabajó

como

maestro

transitorio

elegible

para

ubicarlo en la escala superior. El 22 de febrero de 2008

la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público

emitió un laudo de arbitraje que concedió la petición del

maestro. Le reconoció como acreedor del salario mensual de

$1,595, retroactivo al 1 de mayo de 2000.

Inconforme, el 13 de marzo de 2008 el Departamento de

Educación impugnó el laudo de arbitraje en el Tribunal de

Primera

Instancia.

Ese

escrito

no

se

notificó

a

la

Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), que figuraba

como representante exclusivo del peticionario al momento

de

iniciar

la

reclamación,

pero

que

luego

quedó

descertificada el 8 de enero de 2008 por una orden de la

Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público

(CRTSP). Por esos hechos, la FMPR presentó un recurso de

revisión

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones

de

la

determinación de la CRTSP, acompañada de una solicitud en

auxilio de jurisdicción. El foro apelativo intermedio, al

amparo

de

las

Reglas

61(A)(1)

y

79

de

su

Reglamento,

paralizó temporalmente la decisión de la Comisión hasta el

22 de febrero de 2008, fecha límite que se le concedió al

CC-2009-1014

Departamento

4

de

Educación

Finalmente,

el

29

Apelaciones

dictó

de

para

febrero

sentencia

presentar

de

2008

en

la

su

alegato.

el

Tribunal

de

que

confirmó

la

desertificación de la FMPR (Caso Núm. KLRA200800115).

El 14 de mayo de 2008 el maestro Díaz Maldonado y la

FMPR impugnaron la jurisdicción del tribunal en su caso.

Alegaron

falta

Departamento

de

de

notificación

Educación

por

adecuada

por

parte

del

lo

solicitaron

la

que

desestimación de la petición de impugnación de laudo. En

la alternativa, pidieron que se les concediera un término

de 20 días para responder a la impugnación del laudo.

El

tiempo

Tribunal

de

solicitado

Primera

para

Instancia,

responder,

ni

sin

conceder

emitir

orden

el

o

notificación al respecto, revocó el laudo de arbitraje el

6 de abril de 2009. Ese foro entendió que la controversia

no fue resuelta conforme a derecho. Razonó que cuando el

señor Díaz Maldonado “recibió su nombramiento en el puesto

de

carrera

con

status

probatorio,

no

se

configuró

un

ascenso. Esto es así debido a que el Recurrido tenía un

año de experiencia, la cual fue adquirida en un puesto

transitorio”. Apéndice del recurso, pág. 42. Añadió que

[e]l Recurrido ingresó al servicio público al

recibir su nombramiento en un puesto de carrera

el 2 de agosto de 1999. Al ser nombrado a dicho

puesto de carrera, se le asign[ó] al Recurrido

el sueldo correspondiente al maestro con grado

de maestría. Desde ese momento en que comienza a

ocupar el puesto de carrera, es que comienza el

término

para

contar

la

experiencia

del

Recurrido. El año que el Recurrido ocupó antes

de ser nombrado a su puesto de carrera fue en un

puesto transitorio, el cual fue justificado por

la necesidad del puesto durante el año que el

Recurrido lo ocupaba.

CC-2009-1014

5

Apéndice del recurso, pág. 44.

Inconforme, el peticionario Díaz Maldonado recurrió

ante el Tribunal de Apelaciones, que denegó el certiorari

el

26

de

octubre

apelativo

de

intermedio

2009.

En

repitió

su

los

resolución,

mismos

el

foro

argumentos

del

Tribunal de Primera Instancia para concluir que “el año de

servicio

prestado

por

el

peticionario

[Díaz

Maldonado]

como empleado transitorio se justificó por la necesidad

del servicio, y su nombramiento al puesto de carrera no

constituyó

un

mayor

correspondiente,

al

ascenso

que

pudiese

justificar

para

maestro

un

un

sueldo

con

salario

básico y grado de maestría”. Apéndice del recurso, pág.

17.

Insatisfecho

recurre

ante

nos.

nuevamente,

Repite

el

sus

maestro

Díaz

planteamientos

Maldonado

de

que

el

Tribunal de Primera Instancia actuó sin jurisdicción al

atender la impugnación de un laudo que no se notificó a

todas las partes que estaban dentro del caso a la fecha de

presentación.

discreción

al

Además,

revocar

aduce

que

el

laudo

el

tribunal

de

excedió

arbitraje

que

su

le

reconoció una acreencia de $25 mensuales adicionales de

salario, conforme a su interpretación de la Ley Núm. 34,

supra.

El

certiorari.

7

de

mayo

de

2010

expedimos

el

auto

de

CC-2009-1014

6

II

A

La

Ley

de

Relaciones

del

Trabajo

del

Servicio

Público, Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 3 L.P.R.A.

sec.

1452f

y

ss.,

creó

la

Comisión

de

Relaciones

del

Trabajo del Servicio Público. Este organismo tiene entre

sus funciones

[i]nterpretar, aplicar y hacer cumplir las

disposiciones de este capítulo en todo lo

relativo

a

los

procesos

de

organización,

certificación,

descertificación

de

organizaciones sindicales; en los procedimientos

relacionados con la conciliación y arbitraje de

negociaciones de convenios colectivos, en los

procedimientos

relacionados

con

prácticas

ilícitas....

Sec. 11.15, 3 L.P.R.A. sec. 1452t.

La Sec. 10.1 de la Ley de Relaciones del Trabajo, 3

L.P.R.A.

sec.

revisión

de

1452d,

las

especifica

órdenes

y

que

el

resoluciones

mecanismo

finales

de

de

la

Comisión será la presentación de un recurso de revisión

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones.

Este

se

atenderá

discrecionalmente.

El término para esa revisión será el que dispone la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.),

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2101

y ss. En lo pertinente, la Sec. 4.6 de la L.P.A.U., según

enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2176, señala que

[e]l Tribunal de Apelaciones revisará como

cuestión de derecho las decisiones, órdenes y

resoluciones finales de organismos o agencias

administrativas.

La

mera

presentación

del

recurso no paralizará el trámite en el organismo

o agencia administrativa, a menos que el

Tribunal así lo determine.

CC-2009-1014

7

El procedimiento a seguir para los recursos

de revisión será de acuerdo con lo establecido

en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones

aprobado por el Tribunal Supremo. […]

Términos

Reglamento

iguales

del

se

Tribunal

expresan

de

en

la

Apelaciones,

Regla

4

61

del

L.P.R.A.

AP.

XXII-B, sobre los efectos de la presentación de un recurso

de revisión administrativa. A solicitud de parte, se podrá

emitir

una

orden

para

paralizar

los

efectos

de

una

sentencia.

B

El peticionario Díaz Maldonado esboza que el Tribunal

de Primera Instancia estaba impedido de ver el recurso de

impugnación del laudo de la Comisión porque el Departamento

de

Educación

específicamente,

no

notificó

a

la

a

todas

Federación

de

las

Maestros.

partes,

No

tiene

razón.

La organización sindical formó parte del caso ante la

Comisión,

pero

quedó

descertificada

como

representante

exclusivo de los maestros de la agencia el 8 de enero de

2008.

La

orden

de

la

Comisión

que

descertificó

a

la

Federación establecía expresamente, entre otras cosas, que

la

organización

representar

a

tenía

los

que

maestros

cesar

del

inmediatamente

sistema

público

de

de

enseñanza. Esa orden se emitió el 8 de enero de 2008 y se

enmendó el 1 de febrero de 2008. Conviene recordar que esa

orden

es

una

determinación

administrativa,

sujeta

a

revisión judicial en los términos que dispone la L.P.A.U.,

CC-2009-1014

según

la

8

Ley

de

Relaciones

la

Regla

del

Trabajo

del

Servicio

Público.

Según

61

del

Reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones, supra, y la Sección 4.3 de la L.P.A.U., supra,

las órdenes sujetas a revisión administrativa no quedan

paralizadas con la mera presentación de un recurso, a menos

que el foro apelativo disponga otra cosa. Así pues, la

orden que descertificó a la Federación fue efectiva desde

que se emitió.

Si

bien

es

cierto

que

el

Tribunal

de

Apelaciones

emitió una orden de suspensión de los efectos de la orden

administrativa de descertificación, esa orden judicial fue

efectiva solo desde el 11 hasta el 22 de febrero de 2008.

El

laudo

de

la

Comisión

de

Relaciones

del

Trabajo

se

publicó el 22 de febrero de 2008 y se notificó a todas las

partes.

Fue la impugnación del laudo en el caso del maestro

Díaz

Maldonado

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia,

presentada el 13 de marzo de 2008 por el Departamento de

Educación, lo que se dejó de notificar a la Federación de

Maestros. Para esa fecha, la orden de paralización del

Tribunal de Apelaciones en el caso de la descertificación

ya no estaba vigente, así que la descertificación de la

Federación estaba en plena efectividad.

El señor Díaz Maldonado plantea que se debió notificar

a la Federación porque la descertificación era final, pero

no firme, pues se encontraba en los canales apelativos.

Alega que la Federación debió ser parte en el pleito hasta

CC-2009-1014

9

el 27 de junio de 2008, cuando la descertificación advino a

ser una determinación final y firme, tras la disposición

del caso de la descertificación de la Federación ante este

Tribunal.

No nos convence su posición. Reiteramos que en los

casos de decisiones administrativas, éstas son efectivas

desde que se emiten y sus efectos se paralizan solo por

orden

de

emitió

los

el

tribunales.

Tribunal

de

La

orden

de

paralización

que

Apelaciones

en

el

la

caso

de

descertificación no estaba vigente en el momento que se

impugnó el laudo en el caso del maestro Díaz Maldonado. Por

ello,

el

Departamento

de

Educación

no

estaba

en

la

obligación de notificar a la Federación de Maestros de la

impugnación del laudo en el caso del señor Díaz Maldonado

porque la Federación había dejado de ser parte.

Aclarada

Instancia

la

para

jurisdicción

emitir

la

del

Tribunal

sentencia,

de

pasemos

Primera

entonces

a

analizar la segunda controversia que nos ocupa.

III

Hemos

expresado

en

reiteradas

ocasiones

que

“[e]n

Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor

del

arbitraje

obrero-patronal.

Se

entiende

que

el

arbitraje es el medio menos técnico, más flexible, menos

oneroso y, por lo tanto, más apropiado para la resolución

de las controversias que emanan de la relación laboral”.

C.F.S.E.

v.

Unión

de

Médicos,

170

D.P.R.

443,

448-449

(2007). Véanse, además, HIETEL v. PRTC, Op. de 30 de junio

de 2011, 2011 T.S.P.R. 100, 2011 J.T.S. 105, 182 D.P.R. __

CC-2009-1014

10

(2011); S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 D.P.R.

359, 368 (2010); U.G.T. v. Corp. Difusión Púb., 168 D.P.R.

674, 682 (2006); Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144

D.P.R. 673, 682 (1998); Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133

D.P.R. 986, 995 (1993). Por ello, “cuando se acuerda el

uso

del

arbitraje

como

mecanismo

para

ajustar

las

controversias, se crea un foro sustituto a los tribunales

de justicia, cuya interpretación merece gran deferencia”.

C.F.S.E.

v.

Unión

de

Médicos,

supra.

Véanse,

además,

HIETEL v. PRTC, supra; López v. Destilería Serrallés, 90

D.P.R. 245, 256 (1964). Por ello, “un laudo basado en una

sumisión voluntaria está sujeto a revisión judicial sólo

si las partes convienen que la controversia sometida al

árbitro sea resuelta conforme a derecho”. U.G.T. v. Corp.

Difusión Púb., supra, pág. 682. Véanse, además, Condado

Plaza Hotel v. Asoc. de Empleados de Casino, 149 D.P.R.

347, 349 (1999); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119

D.P.R. 62, 68 (1987); J.R.T. v. N.Y. & P.R. S/S Co., 69

D.P.R. 782, 801-802 (1949).

Así

pues,

en

atención

a

esa

deferencia,

hemos

establecido que la revisión de un laudo se circunscribirá,

cuando no se ha especificado que sea conforme a derecho,

“a la determinación de la existencia de fraude, conducta

impropia, falta del debido proceso de ley, violación a la

política pública, falta de jurisdicción o que el laudo no

resuelve todos los asuntos en controversia”. C.F.S.E. v.

Unión de Médicos, supra, pág. 449. Véase, además, Aquino

CC-2009-1014

11

González v. A.E.L.A., Op. de 25 de mayo de 2011, 2011

T.S.P.R. 77, 2011 J.T.S. 82, 182 D.P.R. __ (2011).

Ahora bien, cuando las partes acuerdan que el laudo

se haga conforme a derecho, la facultad revisora de los

tribunales

es

más

amplia.

Por

ello,

“podrán

corregir

errores jurídicos en atención al derecho aplicable. En tal

supuesto, la revisión judicial de los laudos de arbitraje

es

análoga

la

revisión

administrativas”.

C.F.S.E.

pág.

449.

a

Véanse,

además,

judicial

v.

Unión

Condado

de

las

de

Médicos,

Plaza

v.

decisiones

supra,

Asoc.

Emp.

Casinos P.R., 149 D.P.R. 347, 353 (1999); Rivera v. Dir.

Adm. Trib., 144 D.P.R. 808, 821-822 (1998).

Por consiguiente, cuando en un laudo se determina que

el árbitro deberá resolver conforme a derecho, “el árbitro

no puede ignorar las normas de derecho sustantivo en el

campo

del

controversias

derecho

de

laboral

acuerdo

con

y

debe

las

resolver

doctrinas

las

legales

prevalecientes”. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, pág.

449. Sin embargo, si en el convenio de arbitraje nada se

dice en cuanto a que deberá resolverse conforme a derecho,

“los árbitros pueden declarar cuál es la ley, haciendo

caso omiso de las reglas de derecho sustantivo” Íd., págs.

449-450. Véase, además, Rivera v. Samaritano & Co., Inc.,

108 D.P.R. 604, 609 (1979). Es decir, la facultad del

árbitro

para

diseñar

cuando

tales

remedios

remedios

se

sería

derivaran

amplia,

de

la

“siempre

esencia

y

del

convenio colectivo y el acuerdo de sumisión bajo el cual

se actuaba”. (Énfasis en el original.) C.O.P.R. v. S.P.U.,

CC-2009-1014

12

Op. de 28 de marzo de 2011, 2011 T.S.P.R. 47, 2011 J.T.S.

52,

pág.

1094,

181

D.P.R.

___,

___

(2011).

Por

eso,

“cuando un laudo está condicionado a emitirse [conforme a

derecho],

el

árbitro

debe

velar

celosamente

por

el

cumplimiento de las reglas jurídicas vigentes en nuestro

ordenamiento legal y rendir su decisión a tenor con las

doctrinas

legales

prevalecientes”.

(Énfasis

en

el

original.) Íd., pág. ___, 2011 J.T.S. 52, pág. 1093. Así

pues, “[u]n laudo conforme a derecho confiere a las partes

la

certidumbre

de

que

el

resultado

arbitral

estará

estrictamente aferrado a los límites de la ley, y que no

se concederá un remedio más allá del provisto por nuestro

andamiaje jurídico”. (Énfasis en el original.) Íd., pág.

___,

2011

J.T.S.

52,

pág.

1094.

Por

ello,

“[c]onceder

amplio margen a un árbitro para que diseñe remedios cuando

el laudo está condicionado a emitirse conforme a derecho y

las

partes

nada

han

dispuesto

sobre

los

poderes

del

árbitro, socava principios básicos de derecho contractual

y lesiona el acuerdo de voluntades plasmado en el convenio

colectivo.” (Énfasis en el original.) Íd.

No obstante, debe quedar claro que

el tribunal de instancia no debe inclinarse

fácilmente a decretar la nulidad del laudo a

menos que efectivamente el mismo no haya

resuelto la controversia con arreglo a derecho,

según lo pactaran las partes.... Debe tenerse

presente que una discrepancia de criterio con el

laudo no justifica la intervención judicial pues

destruye

los

propósitos

fundamentales

del

arbitraje

de

resolver

las

controversias

rápidamente, sin los costos y demoras del

proceso judicial.

CC-2009-1014

13

Rivera v. Samaritano & Co., 108 D.P.R. 604, 609

(1979).

En el caso ante nos, las partes acordaron que el laudo

de

arbitraje

se

emitiera

conforme

a

derecho.

Por

ende,

para

el

procede la revisión del laudo en toda su extensión.

IV

De

entrada,

es

necesario

puntualizar

que

momento en que se suscitó la controversia, al Departamento

de

Educación1

Servicio

no

le

Público

de

aplicaba

Puerto

la

Ley

de

Personal

del

Rico,

Ley

Núm.

5

de

de

14

octubre de 1975, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 1301 y

ss. El departamento fue designado administrador individual

por la Ley Núm. 49 de 7 de junio de 1977. En virtud de lo

anterior, el Departamento de Instrucción Pública promulgó

el

“Reglamento

de

Personal

Docente

del

Departamento

de

Instrucción Pública”. Este respondió al

propósito de cumplir con el mandato legal que

dispon[ía] que los administradores individuales

deb[ían] adoptar para sí un reglamento para las

áreas esenciales del principio de mérito y otras

disposiciones

necesarias

relativas

a

la

Administración

de

personal,

todo

ello

de

conformidad

con

las

disposiciones

de

las

Secciones 5.7 y 5.13 de la referida Ley Número

5.

Reglamento de Personal Docente del Departamento

de Instrucción Pública, supra, pág. 1.

Sin

embargo,

Administración

de

con

la

aprobación de

los

Recursos

Humanos

la

Ley

para

la

en

el

Servicio

Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm.

1

En 1990 el Departamento de Instrucción Pública fue

renombrado como Departamento de Educación en virtud de la

Ley de Reforma Escolar, Ley Núm. 68 de 28 de agosto de

1990.

CC-2009-1014

14

184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, 3 L.P.R.A.

sec. 1301, el Departamento de Educación dejó de ser un

administrador

individual

y

volvió

a

formar

sistema

de

recursos

humanos

del

Gobierno

de

Puerto

Rico.

obstante,

No

servicio

al

parte

del

público

del

momento

de

suscitarse la controversia de este caso, el Departamento de

Educación era un administrador individual que se regía por

el Reglamento de Personal Docente, supra, para todo lo

relacionado con el principio de mérito y administración de

personal.

Precisamente, el Art. 12 del Reglamento de Personal

Docente

disponía

que

“[e]l

aspecto

retributivo

del

personal docente del Departamento de Instrucción Pública

se

regir[ía]

especiales

por

las

aplicables

disposiciones

al

efecto

y

contenidas

los

en

leyes

procedimientos

internos aprobados”. Por ello, procedemos a resolver esta

controversia conforme a los principios de la ley especial

aplicable, la Ley Núm. 34, supra.

A

La

Ley

Núm.

34,

íd.,

respondió

“a

una

profunda

inquietud gubernamental por elevar la remuneración de los

maestros

de

conformidad

con

la

realidad

económica

del

momento y a tono con la aportación que estos servidores

públicos han prestado al desarrollo económico de Puerto

Rico así como a otros aspectos de nuestra vida colectiva”.

Informe de la Comisión de Instrucción y Cultura de la

Cámara de Representantes, P. de la C. 438, 21 de abril de

1966, pág. 3.

CC-2009-1014

15

Luego de un estudio de la remuneración de los maestros

en

ese

entonces,

se

encontró

que

“(1)

el

sueldo

que

recib[ían] los maestros afecta[ba] en proporción directa la

eficiencia del funcionamiento del sistema y la calidad del

producto educativo; [y] (2) existía un desbalance entre los

sueldos de los maestros y de los otros empleados públicos

en posiciones de responsabilidad y preparación similares.”

Íd., págs. 3-4. Conforme a lo anterior, se creó la política

de sueldos docentes dentro de tres normas básicas:

(1) equiparar el sueldo básico de los maestros

al de empleados del Gobierno de preparación

académica

y

responsabilidad

comparable;(2)

compensar la excelencia desarrollada por la

experiencia en la enseñanza y aumentar los

sueldos básicos en vigor; aumentar los índices

de retención en el servicio de los maestros; y

(3) estimular a los maestros a que logren la más

alta

preparación

académica,

estableciendo

diferencias razonables en los sueldos básicos y

en la compensación por experiencia, basados en

la preparación académica del maestro.

Informe de la Comisión de Hacienda, P. de la C.

438, 27 de abril de 1966, pág. 3.

Con

singular

esta

en

medida,

dotar

al

el

gobierno

país

de un

colocó

sistema

un

esfuerzo

educativo

que

facilitara a todos la oportunidad de una mejor educación.

Íd.,

pág.

4.

evidentemente,

Esa

encomienda

tendría

más

éxito,

si al personal docente se le remuneraba de

acuerdo a su preparación académica. De esta forma, se les

“induc[ía]

a

alcanzar

niveles

superiores

de

preparación

académica y [a] retenerlos en el servicio activo”. Íd.

Así pues, el legislador creó una fórmula de aumentos

en el sueldo de los maestros que dependía de su preparación

académica y los años de servicio. Esa fórmula se encuentra

CC-2009-1014

16

en el Art. 4 de la Ley Núm. 34, 18 L.P.R.A. sec. 309c. Ese

artículo dispone:

La retribución de cada maestro se aumentará

al siguiente tipo intermedio en la escala

correspondiente al terminar un año de servicio

hasta que alcance el sueldo máximo de la escala.

Por “año de servicio” se entenderá cualquier

periodo de nueve (9) meses, dentro de un año

escolar en que el maestro haya estado bajo

contrato o nombramiento, y la acumulación de

cualquier

periodo

de

diez

(10)

meses

de

servicios

prestados

en

diferentes

años

escolares;

entendiéndose,

que

para

los

propósitos de las secs. 309 a 309j de este

título, el año escolar comprende los meses

escolares de agosto a julio subsiguiente. Los

aumentos por razón de años de servicio serán

efectivos al empezar el año económico y en el

caso de maestros que reingresan al servicio, en

el mes en que el maestro empiece a trabajar

durante el año económico.2 [Énfasis suplido.]

Como

vemos,

se

le

aumentará

la

retribución

al

siguiente tipo intermedio en la escala correspondiente a

todo maestro que al terminar un año de servicio esté bajo

contrato o nombramiento. Así pues, primero es necesario

analizar quién es el maestro cobijado por la Ley Núm. 34,

supra.

2

Para el personal docente del programa regular del

Departamento de Educación, el Art. 1 de la Ley Núm. 34, 18

L.P.R.A.

sec.

309,

estableció

la

siguiente

escala

retributiva, a partir de julio de 1996:

ESCALA DE SUELDOS QUE REGIRÁN PARA EL PERSONAL DOCENTE

DEL PROGRAMA REGULAR DE EDUCACION PÚBLICA

A PARTIR DE JULIO DE 1996

TIPOS INTERMEDIOS

Categoría

Puesto

Sueldo

Básico

Mens.

1

2

3

4

5

6

Menos Normal

Normal

Bachillerato

Maestría

$ 1,147

1,162

1,177

1,193

1,210

1,226

1,244

1,235

1,500

1,570

1,255

1,525

1,595

1,275

1,550

1,620

1,295

1,575

1,645

1,317

1,600

1,670

1,337

1,625

1,695

1,357

1,650

1,720

1,378

1,675

1,745

1,398

1,700

1,770

1,418

1,725

1,795

1,440

1,750

1,820

Doctorado

1,712

1,737

1,762

1,787

1,812

1,837

1,862

1,887

1,912

1,937

1,962

.

7

8

9

Sueldo

Máximo

1,261

CC-2009-1014

El

17

Art.

10

de

la

Ley

Núm.

34,

18

L.P.R.A

sec.

309i(b)(c), define como maestro de instrucción pública a

“todo el personal docente, técnico y de supervisión del

sistema escolar”. La definición incluye también a “[l]os

maestros o principales contratados como tales por otros

departamentos

o

agencias

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico”. Id. Sin embargo, quedan excluidos de esta

definición

“los

maestros

de

escuelas

nocturnas

y

los

profesores de la Universidad de Puerto Rico”, así como, el

“personal de oficina”. Id.

Ahora

bien,

el

Art.

4,

supra,

reduce

el

año

de

servicio a cualquier periodo de nueve meses, en un año

escolar en el que un maestro haya estado bajo contrato o

nombramiento. El año escolar comprende los meses de agosto

a julio. Íd. También, se considerará un año de servicio la

acumulación de cualquier periodo de diez meses de servicios

prestados en diferentes años escolares. Íd.

Finalmente,

el

Art.

4,

íd.,

menciona

que

le

corresponderá el aumento a todo maestro elegible que esté

“bajo contrato o nombramiento”. La Ley Núm. 34, supra, no

brinda una definición de esos términos. Sin embargo, el

Art.

18(35)

del

Reglamento

de

Personal

Docente,

supra,

definía el “nombramiento” como “la designación oficial de

una

persona

para

realizar

determinadas

funciones”.

Asimismo, definía al “maestro transitorio elegible” como

“aquél nombrado por un término fijo en una plaza para la

cual posee certificado regular de maestro para la categoría

correspondiente”. Íd., Art. 18(34).

CC-2009-1014

18

V

Sin lugar a dudas, el señor Díaz Maldonado disfrutó de

un nombramiento transitorio durante el año anterior a su

nombramiento

como

maestro

de

carrera

con

estatus

probatorio. Sobre ello coinciden ambas partes en el pleito.

Durante el año escolar 1998-1999 estudió una maestría en

Educación

con

concentración

en

Educación

Especial.

Sin

embargo, al nombrársele en el puesto de carrera en 1999, ya

con su maestría, se le adjudicó un sueldo que correspondía

al de un maestro con maestría, pero sin experiencia. El

árbitro resolvió que conforme a la Ley Núm. 34, supra, al

peticionario Díaz Maldonado le correspondía el sueldo de un

maestro con maestría y un año de experiencia. Sin embargo,

tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de

Apelaciones acogieron la postura de la agencia que entendía

que un año de servicio prestado como maestro transitorio no

cuenta para propósitos de un aumento por años de servicios.

Al concluir de esa forma erraron ambos foros.

En primer lugar, el maestro Díaz Maldonado está dentro

de la definición de maestro del Art. 10 de la Ley Núm. 34,

supra. Es parte del personal docente del sistema escolar.

No está incluido entre las excepciones del artículo. Por

ende, tenemos que concluir que la categoría de “maestro

transitorio

elegible”

definida

en

el

Art.

18(34)

del

Reglamento de Personal Docente está comprendida dentro de

la categoría general de “Maestro de Instrucción Pública”

que se menciona en el Art. 10 de la Ley Núm. 34, supra. Se

trata de dos disposiciones sobre el mismo asunto que “deben

CC-2009-1014

19

ser tratadas como un todo armónico, leyéndolas en conjunto,

no interpretando aisladamente sus disposiciones”. Torres

Santiago v. Mun. de Coamo, 170 D.P.R. 541, 560 (2007). Si

el

legislador

hubiera

querido

excluir

a

los

maestros

transitorios del aumento por años de servicio, lo habría

hecho constar palmariamente. Así lo hizo con los profesores

de escuelas nocturnas, los profesores de la Universidad de

Puerto Rico y el personal de oficina.

En segundo lugar, el señor Díaz Maldonado laboró como

maestro transitorio durante el año escolar 1998-1999. Es

decir, empezó en el sistema educativo en el mes de agosto

de 1998 y durante ese año, hasta el 31 de mayo de 1999,

ejerció sus funciones como maestro transitorio elegible.

Por

ende,

el

señor

Díaz

Maldonado

laboró

como

maestro

durante los nueve meses que constituyen un año escolar. Así

pues, cumple con el segundo requisito que impone el Art. 4

de la Ley Núm. 34, supra.

En tercer y último lugar, el señor Díaz Maldonado

laboró como maestro bajo contrato transitorio. El Tribunal

de Apelaciones no analizó directamente a qué se refería el

legislador

al

mencionar

al

maestro

“bajo

contrato

o

nombramiento” en el Art. 4 de la Ley Núm. 34, supra. Por el

contrario, ignoró lo dispuesto en el Art. 12 del Reglamento

de Personal Docente, supra, y resolvió la controversia al

amparo de leyes que no eran de aplicación a los hechos.

Específicamente, el foro apelativo intermedio utilizó el

Art. 4 y el Art. 6, Sección 6.12 del Reglamento de Personal

Docente, supra, la Ley de Retribución Uniforme, Ley Núm. 89

CC-2009-1014

20

de 12 de julio de 1978, así como la jurisprudencia en

cuanto a los nombramientos transitorios y de carrera en el

contexto de la Ley de Personal de Servicio Público, supra,

para

concluir

que

“el

año

de servicio

prestado

por

el

peticionario como empleado transitorio se justificó por la

necesidad del servicio, y su nombramiento al puesto de

carrera no constituyó un ascenso que pudiese justificar un

sueldo

mayor

al

correspondiente,

para

un

maestro

con

salario básico y grado de maestría”. Apéndice del recurso,

págs. 16-17. Esa conclusión es errada.

La educación de nuestro pueblo es de trascendental

importancia para el desarrollo de nuestra sociedad. Los

maestros y maestras que componen el cuerpo docente del

Departamento de Educación de Puerto Rico laboran a diario

por el desarrollo intelectual, emocional y social de los

niños

y

jóvenes

profesionales

importante

de

nuestra

del

más

alto

labor.

Por

eso,

sociedad.

calibre

el

Necesitamos

para

ejercer

tan

legislador

concluyó

que

incentivar a los maestros por su preparación académica y

experiencia repercute en un mejor funcionamiento laboral y

en un deseo personal de superación.

La Ley Núm. 34, supra, no distingue entre contratos

transitorios

y

nombramientos

probatorios

o

permanentes,

para propósitos de los aumentos salariales a los maestros.

Como

se

únicamente

aprecia

que

del

los

texto

empleados

de

la

ley,

docentes

esta

bajo

dispone

contrato

o

nombramiento recibirán un aumento de sueldo conforme a su

preparación y años de servicio. La ley no exige que los

CC-2009-1014

21

años de servicio se presten en calidad de empleado regular.

Recordemos que el Art. 4 de la Ley Núm. 34, supra, dispone

que

el

aumento

corresponderá

a

todo

empleado

docente

elegible, que haya estado bajo contrato o nombramiento. De

ahí

que

aumento

un

empleado

salarial,

docente

elegible

independientemente

tiene

derecho

de

ha

si

al

estado

trabajando bajo contrato como empleado transitorio o si

tiene

un

nombramiento

regular.

Concluir

de

otra

forma

frustraría el propósito del legislador de incentivar la

educación de nuestros maestros al remunerarlos conforme a

su preparación académica y su experiencia en el salón de

clase.

Por

todo

computarle

al

lo

anterior,

peticionario

concluimos

Díaz

que

Maldonado

corresponde

el

año

de

servicio que prestó como maestro bajo contrato transitorio.

Así pues, procede decretar el pago y ajuste al salario del

señor Díaz Maldonado correspondiente a $25 mensuales por

concepto de ajuste en la escala salarial al sueldo básico

de un maestro con un año de experiencia que posee el grado

de maestría, desde agosto de 1999 al presente.

VI

Por

los

fundamentos

expuestos

se

dictará

Sentencia

para revocar la del Tribunal de Apelaciones y ordenar la

restitución del laudo de arbitraje L-08-020.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Departamento de Educación

Recurrido

v.

Ricardo Díaz Maldonado

CC-2009-1014

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de noviembre de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

integrante de la presente Sentencia, se revoca al

Tribunal de Apelaciones y se ordena la restitución

del laudo de arbitraje L-08-020.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal. La Jueza Asociada señora

Fiol Matta concurre sin opinión escrita. El Juez

Asociado señor Rivera García no interviene.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo