LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

L.M. Quality Motors, Inc. v. Motorambar, Inc

2011 TSPR 158

Poder Judicial de Puerto Rico

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L.M. Quality Motors, Inc. v. Motorambar, Inc

CC-2011-856

Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

L.M. Quality Motors, Inc.

Recurridos

Certiorari

v.

2011 TSPR 158

Motorambar, Inc.

183 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC

- 2011 - 856

Fecha: 28 de octubre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Jueza Ponente:

Hon. Migdalia Fraticelli Torres

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Jorge L. Peirats

Lcda. Maritere Colón Domínguez

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Eduardo H. Martínez Echevarría

Lcdo. Miguel A. Eliza Rivera

Materia:

Injuction Preliminar y Permanente; Incumplimiento de

Contrato; Ley 75; Daños

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Suprem o que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

L.M. Quality Motors, Inc.

Recurridos

vs.

CC-2011-856

Certiorari

Motorambar, Inc.

Peticionarios

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2011.

Se le concede a la parte recurrida un término de

quince (15) días, contados a partir de la notificación

de esta Resolución, para que comparezca y muestre

causa, si alguna tuviere, por la cual no se deba

revocar la Resolución dictada por el Tribunal de

Apelaciones en el caso núm. KLCE201101319, L.M.

Quality Motors, Inc. v. Motorambar, Inc.

Hasta tanto este Tribunal resuelva lo que

proceda en derecho, se ordena la paralización de los

procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia.

Notifíquese por teléfono, telefax y por la vía

ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera

García emitió un Voto Particular Disidente al cual se

unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y los

Jueces Asociados señores Feliberti Cintrón y Estrella

Martínez.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

L.M. Quality Motors, Inc.

Recurrido

v.

CC-2010-0856

Motorambar, Inc.

Peticionario

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado Señor Rivera

García, al cual se une la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el

Juez Asociado señor Feliberti Cintrón y el Juez Asociado señor

Estrella Martínez.

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2011.

El curso decisorio de la mayoría del Tribunal

de paralizar las vistas de injunction preliminar y

permanente, y emitir una orden de mostrar causa,

con

clara

inclinación

a

revocar,

disentir muy respetuosamente.

me

obliga

a

Somos del criterio

que en el caso de autos, Motorambar no sufriría

daño

alguno

de

no

expedirse

auxilio de jurisdicción.

la

solicitud

de

Asimismo, consideramos

improcedente la expedición de una orden de mostrar

causa ya que ninguna de las partes contratantes,

Quality

y

Motorambar,

llegaron

a

un

acuerdo

de

voluntades necesario para consentir a la cláusula

de arbitraje redactada en este acuerdo.

CC-2010-0856

2

I

El

24

de

octubre

de

2011,

(Motorambar)

presentó

ante

este

certiorari

acompañado

de

una

auxilio de jurisdicción.

Motorambar,

Tribunal

moción

un

en

Inc.

recurso

de

solicitud

de

Nos solicitó que ordenaramos la

paralización de las vistas pautadas para el 24 y 31 de

octubre

del

2011

y

el

2

de

noviembre

de

2011

en

el

Tribunal de Primera Instancia, relacionadas con la demanda

de injunction preliminar y permanente, presentada en su

contra

por

L.M.

Quality

Motors,

Inc.

(Quality).

Así

también, solicitó la revocación de la resolución emitida

por el Tribunal de Apelaciones de 21 de octubre de 2011.

En ese dictamen, el foro apelativo determinó invalidar una

cláusula

sobre

arbitraje

para

la

solución

de

disputas

establecida en el contrato celebrado entre las partes.

Según

los

hechos

de

este

caso,

Quality,

quien

es

concesionaria de los vehículos Nissan en el municipio de

Manatí y otras áreas limítrofes, presentó ante el tribunal

de

primera

instancia

una

provisional,

injuction

preliminar

permanente

contra

solicitud

Motorambar.

de

los

y

de

entredicho

de

injunction

Esta

última,

vehículos

Nissan

es

distribuidora

general

Puerto Rico.

Esa corporación, a su vez, distribuye y

vende

esos

vehículos

a

entre

los

cuales

encuentra

se

sus

concesionarios

Quality.

en

la

todo

en

la

Isla,

En

esencia,

Quality alegó que el 16 de agosto de 2011 Motorambar, sin

justa

causa,

había

dejado

sin

efecto

el

contrato

de

CC-2010-0856

3

distribución en violación de la Ley Núm. 75.

Al amparo de

la sección 278 b-1 de la Ley Núm. 75, Quality solicita que

se

le

ordene

a

Motorambar

desistir

de

llevar

a

cabo

cualquier acción en menoscabo de la relación contractual

existente entre ellos.1

declaró

“no

ha

obstante

pautó

dilucidar

la

El Tribunal de Primera Instancia

lugar”

una

vista

procedencia

el

en

del

entredicho

preliminar,

no

una

posterior

para

fecha

injuction

preliminar

y

el

moción

de

injuction permanente.

Posteriormente,

desestimación.

Motorambar

instó

una

Adujo que el 20 de febrero de 2007 el Sr.

Luis Morales (en representación de Quality) y el señor

José

Ordeix

Llabaly

(en

un

contrato

suscribieron

representación

titulado

Concesionarios de Ventas No Exclusivo.

contrato,

específicamente

estableció

que

las

en

disputas

su

de

Contrato

de

Añadió que en ese

Cláusula

surgidas

Motorambar)

entre

36-1,

las

se

partes

serían resueltas mediante un procedimiento de arbitraje,

por lo cual el tribunal de primera instancia carecía de

jurisdicción.

El foro primario mediante resolución de 16

de septiembre del 2011, declaró “sin lugar” esta moción de

desestimación.

Razonó

también,

que

existía

una

controversia en relación a la vigencia del contrato y la

validez

de

la

cláusula

de

arbitraje

pactada.

En

1 La sección 278 b-1 de la Ley Núm. 75 establece que cualquier litigio en que

esté envuelto el menoscabo a los derechos de un distribuidor, el tribunal podrá

conceder cualquier remedio provisional o de naturaleza interdictal durante la

pendencia del pleito para que se haga o se deje de hacer o para que se ordene a

cualquier parte, o a ambas, continuar la relación tal y como existía esta antes del

mencionado menoscabo.

CC-2010-0856

4

consecuencia, para dilucidar tales controversias citó a

las

partes

a

una

vista

evidenciaría

a

ser

celebrada

posteriormente.

Luego de celebrada la vista evidenciaría, en la cual

se

desfiló

prueba

testifical

y

documental,

el

28

de

septiembre de 2011 el tribunal de primera instancia emitió

una resolución en la que declaró “no ha lugar” la moción

de

desestimación

presentada

por

Motorambar.

El

foro

primario le concedió credibilidad a los testimonios del

señor

Rocafort,

quien

funge

como

Gerente

General

de

Motorambar y trabaja directamente con los contratos de la

corporación

y

sus

concesionarios,

así

como

al

señor

Ordeix, representante de Motorambar.

Estos testificaron

desconocer

las

así

consecuencias

de

admitieron

que

particularidades,

la

cláusula

tampoco

de

orientaron

relación con dicha cláusula.

como

arbitraje.

al

señor

las

Asimismo,

Morales

en

A base de la prueba vertida

en la vista, el foro primario determinó que ambas partes,

al suscribir el contrato, no tenían conocimiento alguno

del contenido y alcance de la cláusula.

Es decir, no

conocían su significado ni las consecuencias reales.

consiguiente,

el

voluntad

de

partes,

tanto

pacto

ninguno

de

de

Quality

la

los

misma

no

respondía

contratantes,

como

ya

Motorambar,

que

Por

a

la

ambas

ignoraban

totalmente lo que acarreaba la referida cláusula.

Ante

tal desconocimiento, se determinó que esa cláusula no era

parte del contrato.

Por ello, puntualizó que la Cláusula

CC-2010-0856

5

36-1, al carecer del elemento de consentimiento de las

partes, era inválida.

Con relación al argumento de Motorambar referente a

la inconstitucionalidad del Artículo 3C de la Ley Núm. 75,

el foro primario resolvió que según con la doctrina de

autolimitación

judicial,

no

era

dilucidar dicho planteamiento.

necesario

entrar

a

Particularmente, al margen

del Artículo 3C de la Ley Núm. 75, el tribunal dispuso que

no existió voluntad alguna de las partes para pactar esa

cláusula de arbitraje, debido a la falta de información

necesaria para un consentimiento válido.

Inconforme

con

ese

dictamen,

el

14

de

octubre

de

2011, Motorambar presentó un recurso de certiorari ante el

Tribunal

de

Apelaciones.

En

esencia,

reiteró

argumentos presentados ante el foro primario.

la

cláusula

de

arbitraje

considerarse

lo

contrario,

era

válida,

procedía

sus

Arguyó que

empero,

entonces

que

de

se

declarara inconstitucional el Artículo 3C de la Ley Núm.

75.

El 21 de octubre de 2011, el Tribunal de Apelaciones

emitió una resolución en la que denegó la expedición del

auto

de

certiorari,

jurisdicción.

así

como

la

moción

en

auxilio

de

En la evaluación de esta controversia, el

foro apelativo intermedio examinó la transcripción de la

prueba oral y determinó que la apreciación de la prueba

realizada por el foro primario estaba apoyada en la prueba

vertida, ya que surgía de los testimonios de los señores

CC-2010-0856

6

Rocafort, Ordiex y Morales, que estos desconocían lo que

conlleva

una

cláusula

de

encontró

que

el

primario

foro

arbitraje.

Por

actuara

lo

tanto,

mediante

no

pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su decisión.

En relación a la constitucionalidad de la ley, el

Tribunal

de

Apelaciones

pronunciamientos

doctrina

de

judicial

determinó

a

jurisprudenciales

autolimitación

debían

tenor

con

nuestros

relacionados

judicial,

abstenerse

que

en

de

su

a

la

función

dirimir

la

constitucionalidad del Artículo 3C de la Ley Núm. 75, ya

que no era necesario debido a que hay otro fundamento que

puede disponer del caso.

no

está

en

controversia,

dilucidar

su

arbitraje

que

inválida

porque

información

válido.

El Artículo 3C de la Ley Núm. 75

por

lo

cual

inconstitucionalidad.

es

objeto

ambas

necesaria

de

la

partes

para

no

es

La

cláusula

controversia

estaban

emitir

un

necesario

se

ausentes

de

declaró

de

la

consentimiento

Por último, el foro apelativo estableció que el

recurso presentado no cumple con lo dispuesto por la Regla

40 del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. R.

40.

Insatisfecho, el 24 de octubre de 2011, Motorambar

presentó ante nos un recurso de certiorari junto con una

moción

en

auxilio

de

jurisdicción.2

En

su

recurso

2 El recurso de certiorari presentado ante este Tribunal contiene un total de 26

páginas. El 24 de octubre de 2011, Motorambar presentó una moción para que se

admitiera su recurso en exceso de las páginas permitidas por la Regla 17(9) del

Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Consideramos innecesario en este

caso el exceso de páginas.

CC-2010-0856

reprodujo

7

los

mismos

errores

planteados

ante

el

foro

apelativo intermedio.

II

A. El Auxilio de Jurisdicción

El inciso (a) de la Regla 28 del Reglamento de este

Tribunal 4 L.P.R.A. AP. XXI-A, dispone: “El Tribunal podrá

expedir una orden provisional en auxilio de jurisdicción

cuando fuere necesario hacer efectiva su jurisdicción en

un asunto pendiente ante su consideración. A los fines de

esta Regla, se entenderá que el Tribunal atenderá, sin

sujeción

al

trámite

ordinario,

cualquier

asunto

relacionado con el recurso presentado o pendiente, con el

propósito de evitar alguna consecuencia adversa que afecte

su jurisdicción o que pueda causar daño sustancial a una

parte mientras resuelve el recurso”.

Mientras

el

inciso

(c)

de

esta

regla

señala

como

sigue: “Cuando una parte solicite una orden en auxilio de

jurisdicción con la intención de paralizar la celebración

de una vista, la misma deberá ser presentada no más tarde

de cinco (5) días antes de la fecha pautada para la vista

cuya

celebración

se

pretende

paralizar,

excepto

que

se

demuestre causa justificada.”

La decisión de paralizar el efecto de una decisión

mediante

decretando

una

o

solicitud

denegando

de

auxilio

la

de

jurisdicción

paralización

de

los

procedimientos, recae en la sana discreción del tribunal

que debe guiarse por los siguientes criterios: (a) que el

CC-2010-0856

8

peticionario presente un caso fuerte de probabilidad de

prevalecer

en

los

méritos

de

la

apelación;

(b)

que

demuestre que a menos que se detenga la ejecución, sufrirá

un daño irreparable; (c) que ningún daño sustancial se

causara

a

las

demás

suspensión

de

la

sentencia

no

Peña

v.

Federación

de

público.

partes

interesadas;

y

(d)

que

la

perjudica

el

interés

Esgrima

de

P.

R.,

108

petitorio

en

auxilio

de

D.P.R. 147, 154-155 (1978).

Motorambar

presentó

el

jurisdicción con intención de paralizar la celebración de

la vista sobre injunction preliminar y permanente, pautada

para el mismo día en que se presentó la moción, es decir

el 24 de octubre de 2011 y la cual continuaría el 31 de

ese mes, así como, el 2 de noviembre de este año.

El

inciso (c) de la Regla 28 de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap.

XXI-A,

establece

que

el

peticionario

de

la

moción

en

auxilio de jurisdicción deberá al menos presentarla cinco

(5) días antes de la celebración de la vista. Motorambar

incumplió sin justificación con esta Regla.

Una moción en auxilio de jurisdicción se expedirá en

situaciones de urgencia donde existe el peligro de un daño

sustancial, según lo establece el inciso (a) de la Regla

28 de este Tribunal, supra.

El caso de autos no cumple

con

expidamos

los

elementos

para

que

el

auxilio.

La

moción en auxilio de jurisdicción en el presente caso deja

de

cumplir

reiterado.

con

los

criterios

y

requisitos

que

hemos

Colegimos que el recurso, carece de méritos,

CC-2010-0856

9

ya que no existe ni la más remota posibilidad de causar

"daños

irreparables".

jurisdicción

Motorambar

tribunal

no

con

de

En

solicitud

de

establece

el

daño

que

dilucidación

del

injunction

se

la

la

instancia.

Advertimos,

auxilio

que

de

recibiría

en

ante

el

caso

de

prevalecer la postura de Motorambar, el contrato entre las

partes proveé para que este recupere de Quality todos los

gastos y

la

honorarios de abogados incurridos con relación a

determinación

final

y

la

transferencia

o

cambio

de

jurisdicción al foro arbitral. Véase, Cláusula 36.3 del

contrato,

Ap.

correlación

pág.

entre

260.

el

Por

daño

consiguiente,

alegado

y

las

no

existe

vistas

de

injunction a celebrarse en el tribunal.

Sin

embargo,

interdictales

ante

el

el

paralizar

tribunal

afectaría

irremediablemente

Quality,

en

claro

al

detrimento

de

los

primera

procedimientos

instancia

distribuidor

de

la

pautada a través de la Ley Núm. 75.

sí

exclusivo,

política

pública

Asimismo, opinamos

que aún de concluirse que erraron los foros inferiores al

no validar la cláusula de arbitraje, ello no impide que el

foro primario emita el remedio interdictal solicitado por

Quality. Nótese que la Ley Núm. 75 permite la concesión

del remedio provisional “en cualquier pleito en que éste

envuelva

directa

o

indirectamente

la

terminación

de

un

contrato de distribución o cualquier acto en menoscabo de

la relación establecida entre el principal o concedente”.

CC-2010-0856

10

Véase, Art. 3-A de la Ley Núm. 75, 10 L.P.R.A. sec. 278b1.

B. La improcedencia del recurso de Certiorari

A

tenor

con

la

jurisprudencia

federal,

hemos

expresado que los tribunales tenemos la tarea de dirimir

si un acuerdo establece un deber de las partes de arbitrar

una

controversia.

Corp.,

125

Technologies

World

D.P.R.

v.

352,

Films,

Inc.

361

(1990),

Communications

v

Paramount

Pict.

citando

a

At&t

U.S.

643

Workers,

475

(1986). Igualmente, en Rivera v. Clark Melvin Securities

Corp., 59 F. Supp. 2d 297, 305 (1999), el tribunal dispuso

que corresponde a los tribunales decidir si existe o no un

acuerdo válido para arbitrar.

Por otro lado, es harto conocido que de ordinario,

los contratos se perfeccionan mediante la concurrencia de

los elementos de la causa, el objeto y el consentimiento,

31 L.P.R.A. sec. 3391. En relación con el consentimiento,

el profesor José Vélez Torres, comentó que“[l]a prestación

del

consentimiento

para

que

sea

considerada

válida,

presume una voluntad capaz que sea, además, libre y que

tenga completo conocimiento sobre lo que se está haciendo,

es decir una voluntad que actúa libre y espontáneamente.”

(Énfasis nuestro.) Vélez Torres,

derecho

de

contratos,

San

Curso de Derecho Civil;

Juan,

Univ.

Interamericana

Facultad de Derecho, 1997, pág. 45. Asimismo, citando con

aprobación a Federico De Castro y Bravo y a Puig Brutau,

dispusimos

que

“para

que

se

entienda

prestado

el

CC-2010-0856

11

consentimiento

a

implícitamente,

es

conocimiento

(Énfasis

un

negocio

necesario

adecuado

nuestro.)

Colón

El

1971,

pág.

expresa

el

declarante

alcance

de

su

Gutiérrez

v.

Registrador,

o

tenga

declaración”

114

citando a Federico De Castro y

Negocio

Jurídico,

58;

Puig

J.

ya

que

del

D.P.R. 850, 863 (1983)

Bravo,

jurídico,

Madrid,

Brutau,

Gráficas

Fundamentos

Marisal,

de

Derecho

Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I,

pág. 77.

de

sus

En este caso, las partes desconocían el alcance

declaraciones

arbitraje

establecida

en

torno

en

el

a

la

Cláusula

contrato

que

36-1

de

suscribieron.

Los testimonios desfilados en la vista, a los cuales el

foro

primario

le

demostraron.

contrato,

Por

salvo

confirió

ende,

la

credibilidad,

las

Cláusula

partes

36-1,

así

lo

consintieron

el

porque

no

estaban

informados adecuadamente de lo que implicaba aceptarla.

Es también doctrina reiterada por este Tribunal, que

salvo

se

demuestre

parcialidad

o

error

tribunales

apelativos

apreciación

de

la

que

medió

manifiesto

pasión,

del

no

debemos

prueba

del

foro

prejuicio,

primario,

intervenir

Tribunal

de

con

los

la

Primera

Instancia. Rodríguez v. Urban Brands, 167 D.P.R. 509, 522

(2006).

Esto

es

así,

ya

que

los

juzgadores

del

foro

primario se encuentran en mejor posición de aquilatar la

prueba testifical y adjudicar credibilidad, toda vez que

escucharon a los testigos y observaron su comportamiento

mientras declaraban. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62,

CC-2010-0856

79

12

(2001).

Como

indicáramos

anteriormente,

el

foro

primario, a base de la prueba presentada y los testimonios

de los señores Rocafort, Ordiex y Morales, determinó que

ambas

partes

no

tenían

cláusula de arbitraje.

el

foro

la

voluntad

para

consentir

la

Conforme a la decisión emitida por

apelativo

intermedio,

consideramos

que

la

determinación del foro de instancia está libre de pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. En atención a

ello,

debemos

otorgar

en

este

caso

deferencia

al

juez

sentenciador en su apreciación de la prueba.

Por otra parte, es doctrina reiterada la regla de

autolimitación

judicial.

Esta

exige

a

los

tribunales

abstenerse de resolver una controversia por medio de un

fundamento constitucional si le es posible solucionarla

mediante

algún

constitucional.

otro

En

fundamento

armonía

con

de

lo

índole

anterior,

el

no

foro

primario luego de aquilatar la prueba desfilada durante la

vista,

no

sobre

la

constitucionalidad del Artículo 3C de la Ley Núm. 75.

La

prudencia

consideró

judicial

necesario

de

ese

foro

pasar

se

juicio

basó

en

la

prueba

presentada durante la vista de la cual surgía diáfanamente

que

las

partes

no

tenían

voluntad

cláusula de arbitraje en el contrato.

de

establecer

una

Quedó probado que

tanto Quality como Motorambar desconocían el significado y

las consecuencias de la cláusula.

Es evidente que ninguna

de las partes explicó la cláusula de arbitraje durante la

contratación.

CC-2010-0856

13

Asimismo, si consideramos la presunción establecida

en el Artículo 3C de la Ley Núm. 75, llegaríamos al mismo

resultado.

Nótese que la ley federal de arbitraje no

ocupa el campo cuando las partes han establecido que la

ley de un estado regirá el acuerdo de arbitraje. World

Films, Inc., supra, pág. 358, citando a Volt Information

Sciences, Inc. v. Board of Trustee of Leland Stannford

Junior

Univ.,

485

U.S.

976

(1988).

El

contrato

en

su

Cláusula 36-2, estableció que las decisiones del árbitro

serán conforme al contrato o las leyes de Puerto Rico, en

las áreas en que pueda existir algún vacío en el contrato.

Evidentemente, las partes deseaban que en caso de surgir

algún

conflicto

en

torno

al

contrato

fuera

resuelto

conforme a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico.

La Ley 448 de 28 de diciembre de 2000 (10 L.P.R.A sec.

278b-3),

que

incorporarle

enmendó

a

esta

la

Ley

Núm.

75,

última

el

Artículo

3C,

supra,

para

reitera

la

política de proteger a los distribuidores en su relación

comercial con los principales. Establece lo siguiente:

Antes de que pueda invocarse o ponerse en

vigor cualquier convenio de cláusula que obligue

a las partes a resolver mediante arbitraje

cualquier controversia surgida bajo un contrato

de distribución otorgado al amparo del presente

capítulo, será requisito indispensable antes de

que dicha controversia pueda ser sometida a

arbitraje, a solicitud de cualquiera de las

partes, que un tribunal con jurisdicción en

Puerto Rico determine que dicha cláusula o

convenio de arbitraje fue suscrito en forma

libre y voluntaria por ambas partes.

Existirá una presunción controvertible de que

cualquier convenio o cláusula de arbitraje

CC-2010-0856

14

contenida en un contrato de distribución fue

incluida o suscrita a instancia del principal o

concedente, y de que cualquier convenio o

cláusula que obligue a las partes resolver

mediante

arbitraje

cualquier

controversia

surgida bajo dicho contrato es un contrato de

adhesión, a ser interpretado y puesto en vigor

como tal. (Énfasis nuestro.)

Con la aprobación de esta Ley, se persigue evitar

aquellas situaciones que han debilitado o disminuido la

protección ofrecida por la Ley Núm. 75.

Es por ello que

el legislador expresó, “es altamente recomendable asegurar

que la decisión de suscribir un acuerdo de arbitraje como

parte

de

un

contrato

de

distribución,

que

implica

una

renuncia al derecho a acudir al foro judicial, reciba por

lo menos una protección específica de ley, al disponer que

antes de poner en vigor cualquier convenio o cláusula de

arbitraje

sea

requisito

indispensable,

a

solicitud

de

cualquiera de las partes, que un Tribunal con jurisdicción

en Puerto Rico determine que dicha cláusula o convenio de

arbitraje fue suscrito en forma libre y voluntaria por

ambas partes”.

Exposición de Motivos de Ley Núm. 448-

2000, supra.

Por otro lado, el Tribunal Supremo federal, en Prima

Paint

Corp.

v.

Flood

(1967),

interpretó

Federal

de

Conklin

Mfg.

Co.,

388

3

4

las

secciones

2,

Arbitraje.

Resolvió

que

y

las

U.S.

de

395

la

Ley

cláusulas

de

arbitraje son separables del resto del contrato que se

incorporan, correspondiendo al tribunal, no a un árbitro

adjudicar un ataque a las mismas.

Distinto es cuando se

CC-2010-0856

impugna

15

la

totalidad

del

contrato,

en

cuyo

caso

le

corresponde a un árbitro dirimir esa controversia cuando

se

ha

pactado

el

arbitraje

para

resolver

las

que

se

susciten. Large v. Conseco, Fin. Ser. Corp., 292 F.3d 49

(2002).

La controversia en el caso de autos versa sobre la

validez

de

la

cláusula

de

contrato entre las partes.

arbitraje

incluida

en

el

El Artículo 3C de la Ley Núm.

75 exige que los tribunales adjudiquen si la cláusula de

arbitraje se acordó de manera libre y voluntaria.

Según

la

aunque

prueba

testimonial,

Quality

y

Motorambar

discutieron otras cláusulas del contrato, no fue así con

la

cláusula

significado,

de

arbitraje

alcance

y

no

porque

desconocían

su

concurrió

el

de

acuerdo

voluntades necesario para consentimiento válido.

Por lo

tanto, la prueba que mereció la credibilidad del foro de

primera instancia sostiene que ambas partes aceptaron el

contrato,

excepto

lo

dispuesto

en

la

cláusula

de

arbitraje.

III

Por los fundamentos expuestos, denegaría la expedición

del auto de certiorari, así como la solicitud de auxilio

de jurisdicción.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado