Tribunal Supremo de Puerto Rico
L.M. Quality Motors, Inc. v. Motorambar, Inc
2011 TSPR 158
Poder Judicial de Puerto Rico
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L.M. Quality Motors, Inc. v. Motorambar, Inc
CC-2011-856
Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
L.M. Quality Motors, Inc.
Recurridos
Certiorari
v.
2011 TSPR 158
Motorambar, Inc.
183 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC
- 2011 - 856
Fecha: 28 de octubre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Jueza Ponente:
Hon. Migdalia Fraticelli Torres
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Jorge L. Peirats
Lcda. Maritere Colón Domínguez
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Eduardo H. Martínez Echevarría
Lcdo. Miguel A. Eliza Rivera
Materia:
Injuction Preliminar y Permanente; Incumplimiento de
Contrato; Ley 75; Daños
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Suprem o que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
L.M. Quality Motors, Inc.
Recurridos
vs.
CC-2011-856
Certiorari
Motorambar, Inc.
Peticionarios
RESOLUCIÓN
San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2011.
Se le concede a la parte recurrida un término de
quince (15) días, contados a partir de la notificación
de esta Resolución, para que comparezca y muestre
causa, si alguna tuviere, por la cual no se deba
revocar la Resolución dictada por el Tribunal de
Apelaciones en el caso núm. KLCE201101319, L.M.
Quality Motors, Inc. v. Motorambar, Inc.
Hasta tanto este Tribunal resuelva lo que
proceda en derecho, se ordena la paralización de los
procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia.
Notifíquese por teléfono, telefax y por la vía
ordinaria.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera
García emitió un Voto Particular Disidente al cual se
unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y los
Jueces Asociados señores Feliberti Cintrón y Estrella
Martínez.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
L.M. Quality Motors, Inc.
Recurrido
v.
CC-2010-0856
Motorambar, Inc.
Peticionario
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado Señor Rivera
García, al cual se une la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el
Juez Asociado señor Feliberti Cintrón y el Juez Asociado señor
Estrella Martínez.
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2011.
El curso decisorio de la mayoría del Tribunal
de paralizar las vistas de injunction preliminar y
permanente, y emitir una orden de mostrar causa,
con
clara
inclinación
a
revocar,
disentir muy respetuosamente.
me
obliga
a
Somos del criterio
que en el caso de autos, Motorambar no sufriría
daño
alguno
de
no
expedirse
auxilio de jurisdicción.
la
solicitud
de
Asimismo, consideramos
improcedente la expedición de una orden de mostrar
causa ya que ninguna de las partes contratantes,
Quality
y
Motorambar,
llegaron
a
un
acuerdo
de
voluntades necesario para consentir a la cláusula
de arbitraje redactada en este acuerdo.
CC-2010-0856
2
I
El
24
de
octubre
de
2011,
(Motorambar)
presentó
ante
este
certiorari
acompañado
de
una
auxilio de jurisdicción.
Motorambar,
Tribunal
moción
un
en
Inc.
recurso
de
solicitud
de
Nos solicitó que ordenaramos la
paralización de las vistas pautadas para el 24 y 31 de
octubre
del
2011
y
el
2
de
noviembre
de
2011
en
el
Tribunal de Primera Instancia, relacionadas con la demanda
de injunction preliminar y permanente, presentada en su
contra
por
L.M.
Quality
Motors,
Inc.
(Quality).
Así
también, solicitó la revocación de la resolución emitida
por el Tribunal de Apelaciones de 21 de octubre de 2011.
En ese dictamen, el foro apelativo determinó invalidar una
cláusula
sobre
arbitraje
para
la
solución
de
disputas
establecida en el contrato celebrado entre las partes.
Según
los
hechos
de
este
caso,
Quality,
quien
es
concesionaria de los vehículos Nissan en el municipio de
Manatí y otras áreas limítrofes, presentó ante el tribunal
de
primera
instancia
una
provisional,
injuction
preliminar
permanente
contra
solicitud
Motorambar.
de
los
y
de
entredicho
de
injunction
Esta
última,
vehículos
Nissan
es
distribuidora
general
Puerto Rico.
Esa corporación, a su vez, distribuye y
vende
esos
vehículos
a
entre
los
cuales
encuentra
se
sus
concesionarios
Quality.
en
la
todo
en
la
Isla,
En
esencia,
Quality alegó que el 16 de agosto de 2011 Motorambar, sin
justa
causa,
había
dejado
sin
efecto
el
contrato
de
CC-2010-0856
3
distribución en violación de la Ley Núm. 75.
Al amparo de
la sección 278 b-1 de la Ley Núm. 75, Quality solicita que
se
le
ordene
a
Motorambar
desistir
de
llevar
a
cabo
cualquier acción en menoscabo de la relación contractual
existente entre ellos.1
declaró
“no
ha
obstante
pautó
dilucidar
la
El Tribunal de Primera Instancia
lugar”
una
vista
procedencia
el
en
del
entredicho
preliminar,
no
una
posterior
para
fecha
injuction
preliminar
y
el
moción
de
injuction permanente.
Posteriormente,
desestimación.
Motorambar
instó
una
Adujo que el 20 de febrero de 2007 el Sr.
Luis Morales (en representación de Quality) y el señor
José
Ordeix
Llabaly
(en
un
contrato
suscribieron
representación
titulado
Concesionarios de Ventas No Exclusivo.
contrato,
específicamente
estableció
que
las
en
disputas
su
de
Contrato
de
Añadió que en ese
Cláusula
surgidas
Motorambar)
entre
36-1,
las
se
partes
serían resueltas mediante un procedimiento de arbitraje,
por lo cual el tribunal de primera instancia carecía de
jurisdicción.
El foro primario mediante resolución de 16
de septiembre del 2011, declaró “sin lugar” esta moción de
desestimación.
Razonó
también,
que
existía
una
controversia en relación a la vigencia del contrato y la
validez
de
la
cláusula
de
arbitraje
pactada.
En
1 La sección 278 b-1 de la Ley Núm. 75 establece que cualquier litigio en que
esté envuelto el menoscabo a los derechos de un distribuidor, el tribunal podrá
conceder cualquier remedio provisional o de naturaleza interdictal durante la
pendencia del pleito para que se haga o se deje de hacer o para que se ordene a
cualquier parte, o a ambas, continuar la relación tal y como existía esta antes del
mencionado menoscabo.
CC-2010-0856
4
consecuencia, para dilucidar tales controversias citó a
las
partes
a
una
vista
evidenciaría
a
ser
celebrada
posteriormente.
Luego de celebrada la vista evidenciaría, en la cual
se
desfiló
prueba
testifical
y
documental,
el
28
de
septiembre de 2011 el tribunal de primera instancia emitió
una resolución en la que declaró “no ha lugar” la moción
de
desestimación
presentada
por
Motorambar.
El
foro
primario le concedió credibilidad a los testimonios del
señor
Rocafort,
quien
funge
como
Gerente
General
de
Motorambar y trabaja directamente con los contratos de la
corporación
y
sus
concesionarios,
así
como
al
señor
Ordeix, representante de Motorambar.
Estos testificaron
desconocer
las
así
consecuencias
de
admitieron
que
particularidades,
la
cláusula
tampoco
de
orientaron
relación con dicha cláusula.
como
arbitraje.
al
señor
las
Asimismo,
Morales
en
A base de la prueba vertida
en la vista, el foro primario determinó que ambas partes,
al suscribir el contrato, no tenían conocimiento alguno
del contenido y alcance de la cláusula.
Es decir, no
conocían su significado ni las consecuencias reales.
consiguiente,
el
voluntad
de
partes,
tanto
pacto
ninguno
de
de
Quality
la
los
misma
no
respondía
contratantes,
como
ya
Motorambar,
que
Por
a
la
ambas
ignoraban
totalmente lo que acarreaba la referida cláusula.
Ante
tal desconocimiento, se determinó que esa cláusula no era
parte del contrato.
Por ello, puntualizó que la Cláusula
CC-2010-0856
5
36-1, al carecer del elemento de consentimiento de las
partes, era inválida.
Con relación al argumento de Motorambar referente a
la inconstitucionalidad del Artículo 3C de la Ley Núm. 75,
el foro primario resolvió que según con la doctrina de
autolimitación
judicial,
no
era
dilucidar dicho planteamiento.
necesario
entrar
a
Particularmente, al margen
del Artículo 3C de la Ley Núm. 75, el tribunal dispuso que
no existió voluntad alguna de las partes para pactar esa
cláusula de arbitraje, debido a la falta de información
necesaria para un consentimiento válido.
Inconforme
con
ese
dictamen,
el
14
de
octubre
de
2011, Motorambar presentó un recurso de certiorari ante el
Tribunal
de
Apelaciones.
En
esencia,
reiteró
argumentos presentados ante el foro primario.
la
cláusula
de
arbitraje
considerarse
lo
contrario,
era
válida,
procedía
sus
Arguyó que
empero,
entonces
que
de
se
declarara inconstitucional el Artículo 3C de la Ley Núm.
75.
El 21 de octubre de 2011, el Tribunal de Apelaciones
emitió una resolución en la que denegó la expedición del
auto
de
certiorari,
jurisdicción.
así
como
la
moción
en
auxilio
de
En la evaluación de esta controversia, el
foro apelativo intermedio examinó la transcripción de la
prueba oral y determinó que la apreciación de la prueba
realizada por el foro primario estaba apoyada en la prueba
vertida, ya que surgía de los testimonios de los señores
CC-2010-0856
6
Rocafort, Ordiex y Morales, que estos desconocían lo que
conlleva
una
cláusula
de
encontró
que
el
primario
foro
arbitraje.
Por
actuara
lo
tanto,
mediante
no
pasión,
prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su decisión.
En relación a la constitucionalidad de la ley, el
Tribunal
de
Apelaciones
pronunciamientos
doctrina
de
judicial
determinó
a
jurisprudenciales
autolimitación
debían
tenor
con
nuestros
relacionados
judicial,
abstenerse
que
en
de
su
a
la
función
dirimir
la
constitucionalidad del Artículo 3C de la Ley Núm. 75, ya
que no era necesario debido a que hay otro fundamento que
puede disponer del caso.
no
está
en
controversia,
dilucidar
su
arbitraje
que
inválida
porque
información
válido.
El Artículo 3C de la Ley Núm. 75
por
lo
cual
inconstitucionalidad.
es
objeto
ambas
necesaria
de
la
partes
para
no
es
La
cláusula
controversia
estaban
emitir
un
necesario
se
ausentes
de
declaró
de
la
consentimiento
Por último, el foro apelativo estableció que el
recurso presentado no cumple con lo dispuesto por la Regla
40 del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. R.
40.
Insatisfecho, el 24 de octubre de 2011, Motorambar
presentó ante nos un recurso de certiorari junto con una
moción
en
auxilio
de
jurisdicción.2
En
su
recurso
2 El recurso de certiorari presentado ante este Tribunal contiene un total de 26
páginas. El 24 de octubre de 2011, Motorambar presentó una moción para que se
admitiera su recurso en exceso de las páginas permitidas por la Regla 17(9) del
Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Consideramos innecesario en este
caso el exceso de páginas.
CC-2010-0856
reprodujo
7
los
mismos
errores
planteados
ante
el
foro
apelativo intermedio.
II
A. El Auxilio de Jurisdicción
El inciso (a) de la Regla 28 del Reglamento de este
Tribunal 4 L.P.R.A. AP. XXI-A, dispone: “El Tribunal podrá
expedir una orden provisional en auxilio de jurisdicción
cuando fuere necesario hacer efectiva su jurisdicción en
un asunto pendiente ante su consideración. A los fines de
esta Regla, se entenderá que el Tribunal atenderá, sin
sujeción
al
trámite
ordinario,
cualquier
asunto
relacionado con el recurso presentado o pendiente, con el
propósito de evitar alguna consecuencia adversa que afecte
su jurisdicción o que pueda causar daño sustancial a una
parte mientras resuelve el recurso”.
Mientras
el
inciso
(c)
de
esta
regla
señala
como
sigue: “Cuando una parte solicite una orden en auxilio de
jurisdicción con la intención de paralizar la celebración
de una vista, la misma deberá ser presentada no más tarde
de cinco (5) días antes de la fecha pautada para la vista
cuya
celebración
se
pretende
paralizar,
excepto
que
se
demuestre causa justificada.”
La decisión de paralizar el efecto de una decisión
mediante
decretando
una
o
solicitud
denegando
de
auxilio
la
de
jurisdicción
paralización
de
los
procedimientos, recae en la sana discreción del tribunal
que debe guiarse por los siguientes criterios: (a) que el
CC-2010-0856
8
peticionario presente un caso fuerte de probabilidad de
prevalecer
en
los
méritos
de
la
apelación;
(b)
que
demuestre que a menos que se detenga la ejecución, sufrirá
un daño irreparable; (c) que ningún daño sustancial se
causara
a
las
demás
suspensión
de
la
sentencia
no
Peña
v.
Federación
de
público.
partes
interesadas;
y
(d)
que
la
perjudica
el
interés
Esgrima
de
P.
R.,
108
petitorio
en
auxilio
de
D.P.R. 147, 154-155 (1978).
Motorambar
presentó
el
jurisdicción con intención de paralizar la celebración de
la vista sobre injunction preliminar y permanente, pautada
para el mismo día en que se presentó la moción, es decir
el 24 de octubre de 2011 y la cual continuaría el 31 de
ese mes, así como, el 2 de noviembre de este año.
El
inciso (c) de la Regla 28 de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap.
XXI-A,
establece
que
el
peticionario
de
la
moción
en
auxilio de jurisdicción deberá al menos presentarla cinco
(5) días antes de la celebración de la vista. Motorambar
incumplió sin justificación con esta Regla.
Una moción en auxilio de jurisdicción se expedirá en
situaciones de urgencia donde existe el peligro de un daño
sustancial, según lo establece el inciso (a) de la Regla
28 de este Tribunal, supra.
El caso de autos no cumple
con
expidamos
los
elementos
para
que
el
auxilio.
La
moción en auxilio de jurisdicción en el presente caso deja
de
cumplir
reiterado.
con
los
criterios
y
requisitos
que
hemos
Colegimos que el recurso, carece de méritos,
CC-2010-0856
9
ya que no existe ni la más remota posibilidad de causar
"daños
irreparables".
jurisdicción
Motorambar
tribunal
no
con
de
En
solicitud
de
establece
el
daño
que
dilucidación
del
injunction
se
la
la
instancia.
Advertimos,
auxilio
que
de
recibiría
en
ante
el
caso
de
prevalecer la postura de Motorambar, el contrato entre las
partes proveé para que este recupere de Quality todos los
gastos y
la
honorarios de abogados incurridos con relación a
determinación
final
y
la
transferencia
o
cambio
de
jurisdicción al foro arbitral. Véase, Cláusula 36.3 del
contrato,
Ap.
correlación
pág.
entre
260.
el
Por
daño
consiguiente,
alegado
y
las
no
existe
vistas
de
injunction a celebrarse en el tribunal.
Sin
embargo,
interdictales
ante
el
el
paralizar
tribunal
afectaría
irremediablemente
Quality,
en
claro
al
detrimento
de
los
primera
procedimientos
instancia
distribuidor
de
la
pautada a través de la Ley Núm. 75.
sí
exclusivo,
política
pública
Asimismo, opinamos
que aún de concluirse que erraron los foros inferiores al
no validar la cláusula de arbitraje, ello no impide que el
foro primario emita el remedio interdictal solicitado por
Quality. Nótese que la Ley Núm. 75 permite la concesión
del remedio provisional “en cualquier pleito en que éste
envuelva
directa
o
indirectamente
la
terminación
de
un
contrato de distribución o cualquier acto en menoscabo de
la relación establecida entre el principal o concedente”.
CC-2010-0856
10
Véase, Art. 3-A de la Ley Núm. 75, 10 L.P.R.A. sec. 278b1.
B. La improcedencia del recurso de Certiorari
A
tenor
con
la
jurisprudencia
federal,
hemos
expresado que los tribunales tenemos la tarea de dirimir
si un acuerdo establece un deber de las partes de arbitrar
una
controversia.
Corp.,
125
Technologies
World
D.P.R.
v.
352,
Films,
Inc.
361
(1990),
Communications
v
Paramount
Pict.
citando
a
At&t
U.S.
643
Workers,
475
(1986). Igualmente, en Rivera v. Clark Melvin Securities
Corp., 59 F. Supp. 2d 297, 305 (1999), el tribunal dispuso
que corresponde a los tribunales decidir si existe o no un
acuerdo válido para arbitrar.
Por otro lado, es harto conocido que de ordinario,
los contratos se perfeccionan mediante la concurrencia de
los elementos de la causa, el objeto y el consentimiento,
31 L.P.R.A. sec. 3391. En relación con el consentimiento,
el profesor José Vélez Torres, comentó que“[l]a prestación
del
consentimiento
para
que
sea
considerada
válida,
presume una voluntad capaz que sea, además, libre y que
tenga completo conocimiento sobre lo que se está haciendo,
es decir una voluntad que actúa libre y espontáneamente.”
(Énfasis nuestro.) Vélez Torres,
derecho
de
contratos,
San
Curso de Derecho Civil;
Juan,
Univ.
Interamericana
Facultad de Derecho, 1997, pág. 45. Asimismo, citando con
aprobación a Federico De Castro y Bravo y a Puig Brutau,
dispusimos
que
“para
que
se
entienda
prestado
el
CC-2010-0856
11
consentimiento
a
implícitamente,
es
conocimiento
(Énfasis
un
negocio
necesario
adecuado
nuestro.)
Colón
El
1971,
pág.
expresa
el
declarante
alcance
de
su
Gutiérrez
v.
Registrador,
o
tenga
declaración”
114
citando a Federico De Castro y
Negocio
Jurídico,
58;
Puig
J.
ya
que
del
D.P.R. 850, 863 (1983)
Bravo,
jurídico,
Madrid,
Brutau,
Gráficas
Fundamentos
Marisal,
de
Derecho
Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I,
pág. 77.
de
sus
En este caso, las partes desconocían el alcance
declaraciones
arbitraje
establecida
en
torno
en
el
a
la
Cláusula
contrato
que
36-1
de
suscribieron.
Los testimonios desfilados en la vista, a los cuales el
foro
primario
le
demostraron.
contrato,
Por
salvo
confirió
ende,
la
credibilidad,
las
Cláusula
partes
36-1,
así
lo
consintieron
el
porque
no
estaban
informados adecuadamente de lo que implicaba aceptarla.
Es también doctrina reiterada por este Tribunal, que
salvo
se
demuestre
parcialidad
o
error
tribunales
apelativos
apreciación
de
la
que
medió
manifiesto
pasión,
del
no
debemos
prueba
del
foro
prejuicio,
primario,
intervenir
Tribunal
de
con
los
la
Primera
Instancia. Rodríguez v. Urban Brands, 167 D.P.R. 509, 522
(2006).
Esto
es
así,
ya
que
los
juzgadores
del
foro
primario se encuentran en mejor posición de aquilatar la
prueba testifical y adjudicar credibilidad, toda vez que
escucharon a los testigos y observaron su comportamiento
mientras declaraban. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62,
CC-2010-0856
79
12
(2001).
Como
indicáramos
anteriormente,
el
foro
primario, a base de la prueba presentada y los testimonios
de los señores Rocafort, Ordiex y Morales, determinó que
ambas
partes
no
tenían
cláusula de arbitraje.
el
foro
la
voluntad
para
consentir
la
Conforme a la decisión emitida por
apelativo
intermedio,
consideramos
que
la
determinación del foro de instancia está libre de pasión,
prejuicio, parcialidad o error manifiesto. En atención a
ello,
debemos
otorgar
en
este
caso
deferencia
al
juez
sentenciador en su apreciación de la prueba.
Por otra parte, es doctrina reiterada la regla de
autolimitación
judicial.
Esta
exige
a
los
tribunales
abstenerse de resolver una controversia por medio de un
fundamento constitucional si le es posible solucionarla
mediante
algún
constitucional.
otro
En
fundamento
armonía
con
de
lo
índole
anterior,
el
no
foro
primario luego de aquilatar la prueba desfilada durante la
vista,
no
sobre
la
constitucionalidad del Artículo 3C de la Ley Núm. 75.
La
prudencia
consideró
judicial
necesario
de
ese
foro
pasar
se
juicio
basó
en
la
prueba
presentada durante la vista de la cual surgía diáfanamente
que
las
partes
no
tenían
voluntad
cláusula de arbitraje en el contrato.
de
establecer
una
Quedó probado que
tanto Quality como Motorambar desconocían el significado y
las consecuencias de la cláusula.
Es evidente que ninguna
de las partes explicó la cláusula de arbitraje durante la
contratación.
CC-2010-0856
13
Asimismo, si consideramos la presunción establecida
en el Artículo 3C de la Ley Núm. 75, llegaríamos al mismo
resultado.
Nótese que la ley federal de arbitraje no
ocupa el campo cuando las partes han establecido que la
ley de un estado regirá el acuerdo de arbitraje. World
Films, Inc., supra, pág. 358, citando a Volt Information
Sciences, Inc. v. Board of Trustee of Leland Stannford
Junior
Univ.,
485
U.S.
976
(1988).
El
contrato
en
su
Cláusula 36-2, estableció que las decisiones del árbitro
serán conforme al contrato o las leyes de Puerto Rico, en
las áreas en que pueda existir algún vacío en el contrato.
Evidentemente, las partes deseaban que en caso de surgir
algún
conflicto
en
torno
al
contrato
fuera
resuelto
conforme a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico.
La Ley 448 de 28 de diciembre de 2000 (10 L.P.R.A sec.
278b-3),
que
incorporarle
enmendó
a
esta
la
Ley
Núm.
75,
última
el
Artículo
3C,
supra,
para
reitera
la
política de proteger a los distribuidores en su relación
comercial con los principales. Establece lo siguiente:
Antes de que pueda invocarse o ponerse en
vigor cualquier convenio de cláusula que obligue
a las partes a resolver mediante arbitraje
cualquier controversia surgida bajo un contrato
de distribución otorgado al amparo del presente
capítulo, será requisito indispensable antes de
que dicha controversia pueda ser sometida a
arbitraje, a solicitud de cualquiera de las
partes, que un tribunal con jurisdicción en
Puerto Rico determine que dicha cláusula o
convenio de arbitraje fue suscrito en forma
libre y voluntaria por ambas partes.
Existirá una presunción controvertible de que
cualquier convenio o cláusula de arbitraje
CC-2010-0856
14
contenida en un contrato de distribución fue
incluida o suscrita a instancia del principal o
concedente, y de que cualquier convenio o
cláusula que obligue a las partes resolver
mediante
arbitraje
cualquier
controversia
surgida bajo dicho contrato es un contrato de
adhesión, a ser interpretado y puesto en vigor
como tal. (Énfasis nuestro.)
Con la aprobación de esta Ley, se persigue evitar
aquellas situaciones que han debilitado o disminuido la
protección ofrecida por la Ley Núm. 75.
Es por ello que
el legislador expresó, “es altamente recomendable asegurar
que la decisión de suscribir un acuerdo de arbitraje como
parte
de
un
contrato
de
distribución,
que
implica
una
renuncia al derecho a acudir al foro judicial, reciba por
lo menos una protección específica de ley, al disponer que
antes de poner en vigor cualquier convenio o cláusula de
arbitraje
sea
requisito
indispensable,
a
solicitud
de
cualquiera de las partes, que un Tribunal con jurisdicción
en Puerto Rico determine que dicha cláusula o convenio de
arbitraje fue suscrito en forma libre y voluntaria por
ambas partes”.
Exposición de Motivos de Ley Núm. 448-
2000, supra.
Por otro lado, el Tribunal Supremo federal, en Prima
Paint
Corp.
v.
Flood
(1967),
interpretó
Federal
de
Conklin
Mfg.
Co.,
388
3
4
las
secciones
2,
Arbitraje.
Resolvió
que
y
las
U.S.
de
395
la
Ley
cláusulas
de
arbitraje son separables del resto del contrato que se
incorporan, correspondiendo al tribunal, no a un árbitro
adjudicar un ataque a las mismas.
Distinto es cuando se
CC-2010-0856
impugna
15
la
totalidad
del
contrato,
en
cuyo
caso
le
corresponde a un árbitro dirimir esa controversia cuando
se
ha
pactado
el
arbitraje
para
resolver
las
que
se
susciten. Large v. Conseco, Fin. Ser. Corp., 292 F.3d 49
(2002).
La controversia en el caso de autos versa sobre la
validez
de
la
cláusula
de
contrato entre las partes.
arbitraje
incluida
en
el
El Artículo 3C de la Ley Núm.
75 exige que los tribunales adjudiquen si la cláusula de
arbitraje se acordó de manera libre y voluntaria.
Según
la
aunque
prueba
testimonial,
Quality
y
Motorambar
discutieron otras cláusulas del contrato, no fue así con
la
cláusula
significado,
de
arbitraje
alcance
y
no
porque
desconocían
su
concurrió
el
de
acuerdo
voluntades necesario para consentimiento válido.
Por lo
tanto, la prueba que mereció la credibilidad del foro de
primera instancia sostiene que ambas partes aceptaron el
contrato,
excepto
lo
dispuesto
en
la
cláusula
de
arbitraje.
III
Por los fundamentos expuestos, denegaría la expedición
del auto de certiorari, así como la solicitud de auxilio
de jurisdicción.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado