Tribunal Supremo de Puerto Rico
Vázquez Pagán y otros v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado y otros
2011 TSPR 156
Poder Judicial de Puerto Rico
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Vázquez Pagán y otros v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado y otros
CC-2010-56
Derecho Laboral – Determinación de incapacidad post mortem; compensación a beneficiarios de obrero fallecido
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Daniel Vázquez Pagán
Lesionado
Nora Hernández Morales, et al
Peticionarios
Policía de Puerto Rico
Patrono Asegurado
Certiorari
2011 TSPR 156
v.
183 DPR ____
Corporación del Fondo del Seguro del
Estado
Recurrido
Comisión Industrial de Puerto Rico
Agencia Recurrida
Número del Caso: CC
- 2010 - 56
Fecha: 24 de octubre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel II
Juez Ponente:
Carmen A. Pesante Martínez
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Iván Torres Rivera
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Aleida Marxuach Rodriguez
Materia:
Revisión de Resolución
Industrial de P
uerto Rico
Administrativa
Comisión
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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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Tribunal. Su distribución electró
nica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Daniel Vázquez Pagán
Lesionado
Nora Hernández Morales, et al.
Peticionarios
Policía de Puerto Rico
Patrono Asegurado
CC-2010-56
Certiorari
v.
Corporación del Fondo del Seguro
del Estado
Recurrido
Comisión Industrial
Rico
Agencia Recurrida
de
Puerto
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico a, 24 de octubre de 2011.
En el presente caso nos corresponde determinar si el
Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al confirmar
las decisiones de la Corporación del Fondo del Seguro del
Estado
y
la
Comisión
Industrial,
en
un
proceso
de
evaluación de incapacidad total permanente de un obrero, en
el que dichos foros sostuvieron el cierre automático del
proceso por causa de su muerte. Por considerar que tal
cierre automático no procedía, revocamos.
I
En el 1993 el Sr. Daniel Vázquez Pagán sufrió un
accidente ocupacional mientras se desempeñaba como agente
de la Policía de Puerto Rico. El accidente ocurrió cuando
el agente, al salir de una oficina de la Policía, tropezó
CC-2010-56
2
con una silla y se lastimó la espalda, el cuello y la
cabeza. Por causa de ello, la Corporación del Fondo del
Seguro del Estado (C.F.S.E) le otorgó una incapacidad de 5%
por la pérdida
de las funciones fisiológicas
del brazo
derecho en o más arriba del codo.1 Además, por su condición
de
la
espalda
le
otorgó
un
35%
de
incapacidad
de
las
funciones fisiológicas generales.
Posteriormente, mientras el caso antedicho seguía su
curso en la C.F.S.E. y en la Comisión Industrial, el señor
Vázquez
Pagán
presentó
una
nueva
reclamación
por
otro
accidente ocupacional acaecido, esta vez, en el 2000.2 En
esa ocasión, conforme a la investigación de la C.F.S.E., el
señor Vázquez Pagán cayó al suelo por tropezar con la raíz
de un árbol (dentro de los predios del patrono) cuando
realizaba labores de limpieza en los alrededores de un
cuartel. De esa forma, recibió golpes en el hombro y brazo
derecho, las piernas, la cabeza y otras partes del cuerpo.3
Luego de varias evaluaciones, en el 2002 la C.F.S.E.
determinó
que,
compensable
el
a
base
de
diagnóstico
ese
de
accidente,
trauma
de
sólo
era
cabeza.4
Del
informe médico surgía que el agente padeció de “Meningioma
Parietal Izquierdo”, “Convulsión”, “C.V.A.” y “Status Post
Craneotomía”, sin embargo, la C.F.S.E. concluyó que esas
1
Caso de la C.F.S.E. Núm. 93-21-00825-2.
2
Íd.
3
Véase Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 29.
4
Íd.
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3
condiciones no estaban relacionadas con el accidente.5 Más
adelante,
la
incapacidad
Comisión
de
5%
de
Industrial
recomendó
otorgar
funciones
fisiológicas
una
al
señor
el
señor
de
mayor
Vázquez Pagán por el trauma de cabeza.
En
Vázquez
relación
Pagán
con
el
solicitó
primer
una
caso
(1993),
determinación
incapacidad. Así, en junio de 2004 la Comisión Industrial
refirió al agente a la C.F.S.E. para que el Comité de
Factores
Socio-Económicos
(Comité)
determinara
si
éste
estaba incapacitado totalmente para desempeñar una tarea
remunerativa.
El
23
de
agosto
de
2005,
día
en
el
que
confirmó la otorgación del 5% de incapacidad, la Comisión
Industrial también ordenó nuevamente al Comité realizar la
evaluación correspondiente para determinar la procedencia o
no de una incapacidad total. La Comisión Industrial ordenó
que dicha evaluación incluyera todos los casos activos del
señor Vázquez Pagán en la C.F.S.E., incluyendo los dos
casos
que
versan
sobre
los
accidentes
ocupacionales
antedichos.6
Así las cosas, luego de un intrincado proceso, el
Comité sólo logró obtener la evaluación del especialista en
rehabilitación. El informe reveló lo siguiente:
El Sr. Daniel Vázquez Pagán fue referido por
Factores
Socio
Económicos.
Posee
una
escolaridad de tercer año de universidad. Su
experiencia ocupacional es de conductor en
5
6
Íd.
Los casos que debían evaluarse en conjunto eran: el 90-21-00542-6, el
87-56-01804-2, el 93-21-00825-2 y el 01-15-01105-9. Véase Apéndice del
Alegato en Oposición, pág. 23.
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4
mueblería durante nueve años aproximadamente y
Policía Estatal desde el 1986 al 2000. La
última vez que trabajó fue en julio de 2000.
Tiene reconocido los diagnósticos de Discos
Herniados L4-L5, Esguince Lumbo Sacral, Trauma
Cervico
Dorsal,
Sprain
Hombro
Derecho
y
Desorden Distímico leve. Alegó padecimiento por
condición no relacionada de Meningioma y CVA.
El [sic] indica que fue operado en la Clínica
Oncológica por tumor cerebral y en el Hospital
Pavía, en febrero de 2006. Presentó evidencia
médica del tratamiento recibido en el Hospital
Pavía.
El
[sic]
menciona
que
toma
anticonvulsivos diariamente para epilepsia.
Hace uso de silla de ruedas para moverse.
Indica que no puede permanecer de pie, ni
caminar debido a que la condición del tumor le
afectó. Además, tiene dificultad para el
agarre, sostener pesos y para la escritura.
El [sic] vive con un hijo actualmente, quien lo
cuida y le provee ayuda económica. Alegó que no
pudo
reincorporarse
al
trabajo
como
consecuencia del accidente de trabajo en julio
de 2000. Solicitó retiro por incapacidad
ocupacional y no se lo han aprobado. Desconoce
el “status” de su solicitud, en la oficina de
Retiro.
No
se
exploraron
otras
alternativas
vocacionales, debido a que en estos momentos es
poco probable que él pueda envolverse en algún
tipo de trabajo. El [sic] está recuperándose de
la cirugía que le hicieron en febrero de este
año y posiblemente lo operen nuevamente.
En
mi
opinión
las
expectativas
de
rehabilitación vocacional son pobres en estos
momentos, debido a su condición médica actual.7
Ya rendido este informe, y sin que hubiese culminado
el proceso de evaluación del Comité, en el 2007 el señor
Vázquez Pagán falleció por causa ajena a los accidentes
ocupacionales. Según el expediente, tanto el señor Vázquez
Pagán como el Comité, intentaron infructuosamente cumplir a
cabalidad con la evaluación. En principio, el señor Vázquez
7
Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 47. Énfasis suplido.
CC-2010-56
5
Pagán presentó mociones ante la Comisión Industrial para
que la C.F.S.E. realizara la evaluación. Posteriormente, la
C.F.S.E.
intentó
contactarle
pero
éste
estaba
fuera
de
Puerto Rico en un tratamiento médico.
Así las cosas,
ordenó
el
cierre
y
el 8 de
mayo de 2008 la
archivo
del
caso.
C.F.S.E.
Determinó
que
resultaba imposible cumplir con la orden de la Comisión
porque
no
procedía
una
Incapacidad
Total
Post
Mortem.
Explicó que no procedía la evaluación del Comité porque el
señor Vázquez Pagán no tenía un futuro laboral, principio
rector
para
el
otorgamiento
de
una
incapacidad
total
permanente. Enfatizó que la C.F.S.E. no le adeudaba dinero
alguno al señor Vázquez Pagán al momento de su muerte.
Señaló, además, que las únicas personas que cualificaban
como beneficiarios del señor Vázquez Pagán eran su viuda,
Nora Hernández Morales, y sus tres hijos menores de edad
(los peticionarios).
Inconformes con el cierre y archivo del caso, los
peticionarios apelaron ante la Comisión Industrial, y ésta
confirmó
el
dictamen
peticionarios
debidamente
de
solicitaron
acogida
por
la
C.F.S.E.
Oportunamente,
reconsideración,
la
Comisión
la
Industrial
los
cual
fue
y
luego
declarada “no ha lugar”.
Los
peticionarios
presentaron
oportunamente
un
recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. En
dicho escrito adujeron que la Comisión Industrial erró al
determinar que como beneficiarios del señor Vázquez Pagán
CC-2010-56
6
no tenían derecho a la continuación del proceso evaluativo
para
determinar
la
incapacidad
total
permanente.
Sin
embargo, el foro apelativo intermedio confirmó el dictamen
recurrido porque, según determinó, ante el fallecimiento
del señor Vázquez Pagán “la agencia no podía tomar una
determinación
razonable
sobre
si
procedía
concederle
la
incapacidad aducida”.8 De igual forma, sostuvo que como la
muerte del lesionado fue por una causa ajena al accidente
ocupacional, no existía el derecho a la reclamación. El
Tribunal
de
Apelaciones
concluyó,
además,
que
los
beneficios reclamados son un derecho personalísimo que se
extingue
con
la
muerte
del
lesionado,
por
lo
que
no
procedía la sustitución de éste por los beneficiarios.
Inconformes
con
el
dictamen
del
intermedio, los peticionarios presentaron
recurso
de
epígrafe
alegando
la
foro
apelativo
oportunamente el
comisión
de
múltiples
errores, los cuales se enumeran a continuación:
1. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones
al resolver que los beneficiarios del lesionado
fallecido no tienen derecho a continuar el
proceso evaluativo por conducto del Comité de
Factores
Socio-Económicos
para
una
recomendación y posterior determinación sobre
Incapacidad Total y Permanente, cuando lo
cierto es que obra una Decisión Institucional
Sobre Dependencia de la Corporación del Fondo
del Seguro del Estado que reconoce a la viuda y
a los hijos menores de edad como dependientes y
beneficiarios del obrero fallecido.
2. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones
al
dictaminar que solamente el Comité de
Factores Socio-Económicos evalúa al obrero
exclusivamente
y
que
tal
derecho
es
personalísimo cuando lo cierto es que dicho
8
Íd., pág. 32.
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7
Comité toma en consideración el núcleo familiar
de éste y los ingresos que tienen ambos
cónyuges, conforme lo establece el Reglamento
sobre Factores Socio-Económicos.
3. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones
al interpretar el Reglamento de Factores SocioEconómicos en su sección 2 inciso 7 en
perjuicio y detrimento de los dependientes,
(viuda e hijos menores) toda vez que éstos son
considerados por el Comité en la evaluación
social y económica que se realizan al respecto
conforme las disposiciones antes mencionadas.
4. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones
al no considerar el Informe del Especialista en
Rehabilitación señor Raúl Romero Pérez, el cual
señaló que las expectativas de rehabilitación
vocacional son pobres en estos momentos, debido
a su condición médica actual.
5. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones
al determinar que la Corporación del Fondo del
Seguro
del
Estado
no
podía
tomar
una
determinación
razonable
sobre
si
procedía
concederle la incapacidad aducida es decir, la
Incapacidad Total y Permanente por la vía de
los Factores Socio-Económicos.
6. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones
al resolver que la actuación de la Corporación
del Fondo del Seguro del Estado fue una
razonable
y
además
que
no
procedía
una
Incapacidad Post Mortem.
7. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones
al interpretar conforme a derecho el Artículo 2
de la Ley 45 de 18 de abril de 1935, conocida
como Ley del Sistema de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo.9
Expedido
el
auto
y
perfeccionado
el
caso,
nos
disponemos a resolver. Por estar íntimamente relacionados,
discutiremos todos los errores señalados, en conjunto.
9
Petición de Certiorari, págs. 6-7.
CC-2010-56
8
II
La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes
del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según
enmendada (Ley Núm. 45),10 es una legislación de carácter
remedial que le brinda ciertas garantías y beneficios al
obrero
en
el
contexto
de
accidentes
o
enfermedades
ocupacionales que ocurren en el escenario del trabajo.11
Dicho estatuto establece un sistema de seguro compulsorio y
exclusivo para compensar a los obreros que sufran lesiones
o enfermedades
en el curso del
empleo, brindándoles un
remedio rápido, eficiente y libre de las complejidades de
una reclamación ordinaria en daños.12
La Ley Núm. 45 dispone, como remedios a concederse,
la
asistencia
médica
y
la
compensación
por
incapacidad
transitoria, permanente (parcial o total), así como por
muerte.13 Los acreedores de esos remedios compensatorios son
todos
aquellos
obreros
y
empleados
que
trabajan
para
patronos asegurados y que sufran lesiones, se inutilicen o
pierdan la vida por accidentes o enfermedades ocasionadas
por un acto o función inherente a su trabajo o empleo, y
10
11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.
11
Toro v. Policía, 159 D.P.R. 339, 352-353 (2003); Rivera v. Blanco
Vélez Stores, 155 D.P.R. 460, 466 (2001); Santiago Hodge v. Park Davis
Co., 126 D.P.R. 1, 8 (1990).
12
Toro v. Policía, supra, pág. 353.
13
11 L.P.R.A. sec. 3.
CC-2010-56
9
que ocurran en el curso de éste y como consecuencia del
mismo.14
Por otro lado, como parte de los componentes de la
C.F.S.E. se creó el Comité de Factores Socio-Económicos
(Comité).
Dicho
Comité
tiene
su
génesis
al
amparo
del
Reglamento Núm. 3470 de la C.F.S.E. de 12 de junio de 1987,
Reglamento sobre Factores Socio-Económicos (Reglamento) y a
base de varias decisiones nuestras.15 El propósito principal
del Reglamento
es establecer las bases que permitan el
estudio, análisis y una determinación uniforme de los casos
en los que exista la posibilidad de una incapacidad total
permanente por factores socio-económicos.16 El Comité es una
estructura administrativa creada en cada Oficina Regional
de la C.F.S.E. que ayuda a dicha corporación en la función
fundamental de evaluar la capacidad de un obrero lesionado
para realizar un empleo remunerativo.17
Según
se
desprende
del
Reglamento,
el
objetivo
y
función del Comité es evaluar los casos de los obreros o
empleados a los que se les haya reconocido una incapacidad
parcial
permanente
de
60%
o
más
de
las
funciones
14
Art. 2 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del
Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11
L.P.R.A. sec. 2; Martínez v. Bristol Myers, Inc., 147 D.P.R. 383, 394
(1999).
15
Las decisiones son: Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, 90
D.P.R. 764 (1964); Arzola Maldonado v. Comisión Industrial, 92 D.P.R.
549 (1965) y Herrera Ramos v. Comisión Industrial, 108 D.P.R. 316
(1979).
16
Reglamento sobre factores socio-económicos Núm. 3470, Corporación
del Fondo del Seguro del Estado, 12 de junio de 1987, pág. 1.
17
Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866, 871 (1993); Sec. 1.2 del
Reglamento, supra.
CC-2010-56
10
fisiológicas generales, a los fines de determinar si éste
es acreedor de una incapacidad total y permanente.18 Sin
embargo, en Agosto v. F.S.E., 132 D.P.R. 866 (1993) este
Tribunal aclaró que no se debía limitar la
incapacidad
total
obreros
por
empleados
factores
que
socioeconómicos
poseían
un
60%
sólo
de
a
incapacidad
en
o
las
funciones fisiológicas. A tales efectos, expresó que “[e]l
aludido criterio de sesenta por ciento (60%) de incapacidad
fijado
por
el
Fondo
no
debe
ser
utilizado
como
norma
inflexible que excluya en casos meritorios la evaluación de
alguna
reclamación”.19
Es
decir,
el
Comité
ya
no
está
limitado por el por ciento de incapacidad para evaluar los
casos de los obreros o empleados lesionados.
El Comité realizará la evaluación con el propósito de
determinar, si al considerar la incapacidad desde el punto
de vista médico, junto a los factores socio-económicos, el
obrero o empleado resulta o no acreedor de una incapacidad
total
y
permanente.
En
cuanto
a
los
factores
socio-
económicos, estos son definidos en el Reglamento como:
Aquellos factores que gravitan para facilitar u
obstaculizar el que un obrero pueda ganarse el
sustento propio y el de su familia en forma
ordinaria y de manera estable. Se considerarán
los siguientes factores: el impedimento físico
y/o mental del trabajador y su extensión,
medido y expresado desde el punto de vista
médico en términos de pérdida de las funciones
fisiológicas generales y el efecto de ese
impedimento
físico
y/o
mental
sobre
la
habilidad del obrero o trabajador para realizar
un empleo remunerativo en forma ordinaria y de
18
Secs. 3.2 y 4.1 del Reglamento.
19
Agosto Serrano v. F.S.E., supra, pág. 877.
CC-2010-56
11
manera estable, la edad, escolaridad, sexo y
las destrezas del obrero.20
De esa forma, la evaluación realizada por el Comité
no puede considerar únicamente el por ciento de incapacidad
desde el punto de vista médico, sino que está obligado a
considerar también los factores socio-económicos.
Ahora
bien,
al
adentrarnos
en
la
presente
controversia e interpretar la Ley Núm. 45 no podemos obviar
los “propósitos amplios y humanitarios que inspiraron su
redacción de brindar, en lo posible, la protección que el
obrero
fallecido
dependían”.21
De
representaba
igual
forma,
para
como
los
que
estatuto
de
de
él
carácter
remedial, la Ley Núm. 45 debe interpretarse liberalmente a
favor del obrero.22
Con ello en mente, la primera cuestión que debemos
aclarar es si la C.F.S.E. puede otorgar una incapacidad a
un obrero con posterioridad a su muerte. La respuesta es en
la
afirmativa.
En
varias
ocasiones
este
Tribunal
ha
reconocido y avalado la otorgación de una incapacidad post
mortem.23
En esas
ocasiones las
incapacidades
concedidas
estaban dirigidas exclusivamente al aspecto físico y médico
del empleado u obrero lesionado, ya que para la fecha en
20
Sec. II, inciso (7)
económicos, supra, pág. 2.
21
del
Reglamento
sobre
factores
socio-
Bruno Colón v. Comisión Industrial, 109 D.P.R. 785, 787 (1980).
22
Art. 2 de la Ley Núm. 45, 11 L.P.R.A. sec. 2; Rivera v. Ins. Wire
Prods., Corp., 158 D.P.R. 110, 126-127 (2002); Bruno Colón v. Comisión
Industrial, supra.
23
Véanse Rivera Avilés v. F.S.E., 113 D.P.R. 334 (1982); Bruno Colón
v. Comisión Industrial, supra; Montaner Admor. v. Comisión Industrial,
55 D.P.R. 270 (1939).
CC-2010-56
12
que fueron resueltos no existía el Comité, por lo que no se
consideraban los factores socio-económicos. Sin embargo, la
inclusión de esos factores en el proceso lógicamente no
tiene
por
qué
cambiar
la
doctrina
prevaleciente.
Al
contrario, ante un estatuto de carácter remedial dirigido
-entre otros fines- a brindar protección a los familiares
de un obrero fallecido, es evidente que la inclusión de
tales
factores
compensatorio
tuvo
de
la
como
Ley,
fin
al
ampliar
incluir
el
como
alcance
criterio
“el
efecto [de un] impedimento físico sobre la habilidad de un
obrero trabajador para realizar un empleo remunerativo”.24
No vemos cómo no podrían aplicarse tales factores en casos
post mortem. En otras palabras, la muerte de un obrero o
empleado lesionado no es causa para detener automáticamente
el proceso de evaluación dirigido por el Comité.
Por su parte, ¿cuáles son las consecuencias de la
muerte de un obrero lesionado? ¿Qué derechos tienen los
dependientes
o
beneficiarios
del
obrero
fallecido?
De
entrada, es importante destacar que en nuestro ordenamiento
jurídico
hemos
reconocido
que
los
derechos
y
las
compensaciones concedidas a los obreros o empleados, en
virtud de la Ley Núm. 45, son de carácter personalísimo.25
Es decir, la Ley Núm. 45 es una de dependencia y no de
herencia, ya que en la situación de que un obrero protegido
por
dicha
Ley
muera,
los
beneficios
económicos
24
Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, supra, pág. 772.
25
Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 183, 184 (1974).
CC-2010-56
13
correspondientes, no pasan automáticamente a sus herederos,
sino a los beneficiarios definidos por la propia Ley.26 “Los
dineros
provenientes
tanto,
un
bien
de
dicha
patrimonial
compensación
transmisible
no
por
son,
por
reglas
de
herencia a herederos no dependientes”.27 Ciertamente, al
tratarse
de
un
derecho
personalísimo
los
herederos
no
tienen derecho a subrogarse en la posición del empleado
fallecido, por el mero hecho de ser herederos, sino que la
Ley
Núm.
45
reconoce
beneficios
solamente
a
los
dependientes del empleado fallecido.28
Precisamente, la Ley Núm. 45 dispone con claridad los
efectos
que
tiene
la
muerte
de
un
obrero
o
empleado
lesionado. Según la Ley, los efectos serán distintos a base
de la causa de muerte del obrero, ya sea porque la muerte
ocurre por causa del accidente o enfermedad, o porque la
muerte ocurre por cualquier causa independiente a la lesión
recibida.
En el primer escenario, cuando la muerte surja “como
resultado del accidente sufrido” o “por razón de enfermedad
ocupacional compensable”, la Ley establece ciertos pagos.
Entre esos pagos están los gastos del funeral hasta un
máximo de $1,500 y otros gastos como los de asistencia
médica, hospitalización y medicinas incurridos por orden de
la C.F.S.E. para los casos en los que el obrero no deja
dependientes, y además, una compensación a graduarse según
26
Camacho Rodríguez v. F.S.E, 121 D.P.R. 877, 882 (1988).
27
Rivera Avilés v. F.S.E., supra, págs. 335-336.
28
11 L.P.R.A. sec. 3.
CC-2010-56
14
lo expresa la misma ley para los casos en
los
que
le
sobrevivan dependientes.29 Ante tales circunstancias a los
beneficiarios se les compensa por la muerte del obrero pero
no
se
les
pagan
los
beneficios
que
le
hubiesen
el
segundo
correspondido en vida al empleado.30
En
contraste
con
lo
anterior,
en
escenario, cuando la muerte del obrero fue producto de una
causa independiente a la lesión recibida, la Ley reconoce a
los
beneficiarios
el
derecho
a
recibir
la
pensión
por
incapacidad u otros beneficios. Específicamente, el inciso
(d-3) del Art. 3 de la Ley Núm. 45 dispone en lo pertinente
que,
[e]n todos los casos en que ocurriere la muerte
de un obrero o empleado por cualquier causa
independiente a la lesión recibida en el
accidente, por la cual se hubiere reconocido o
esté pendiente de reconocerse una incapacidad
total permanente, se procederá en la siguiente
forma:
(1) Si el lesionado hubiere optado por una
inversión, el remanente de su compensación se
pagará a los beneficiarios en pagos mensuales
de cuatrocientos treinta dólares ($430) sujeto
a las limitaciones impuestas por el primer
párrafo del inciso (e)(3)(C) de esta sección,
si subsistieren otros beneficiarios además de
la viuda, hijos o concubina, la distribución se
hará con sujeción a las disposiciones del
inciso (e)(3) de esta sección.
(2) Si el lesionado no hubiere optado por una
inversión, la compensación total se computará
multiplicando quinientas cuarenta (540) semanas
por su compensación semanal equivalente al
sesenta y seis y dos tercios (66⅔) del jornal
semanal que el lesionado percibía el día del
accidente o que hubiere de percibir a no ser
29
Art. 3, inciso (e), Núms. (1) al (3), sub-incisos (a) al (i) según
apliquen de la Ley Núm. 45, supra, 11 L.P.R.A. sec. 3.
30
Bruno Colón v. Comisión Industrial, supra.
CC-2010-56
por la ocurrencia del accidente, pero en ningún
caso se calcularán semanas de más de cien
dólares ($100), ni menos de treinta dólares
($30). La compensación total no excederá en
ningún caso de treinta y dos mil cuatrocientos
dólares ($32,400). De la compensación total así
computada se deducirá el montante pagado al
trabajador lesionado con anterioridad a su
muerte y el remanente se pagará a sus
beneficiarios,
en
la
forma
y
con
las
limitaciones dispuestas en la cláusula (1) de
este inciso.
(3) Sujeto a las limitaciones dispuestas en las
cláusulas (1) y (2) de este inciso, a los fines
de realizar una inversión que a juicio del
Administrador fuere provechosa, éste podrá
anticipar al cónyuge, concubinario o concubina
sobreviviente hasta un cincuenta por ciento
(50%) del valor total de sus pagos mensuales
futuros al momento de hacerse la inversión. Una
vez hecha la inversión, los pagos mensuales al
cónyuge, concubinario o concubina con cargo al
remanente se reducirán proporcionalmente de
forma tal que el período de pago del remanente
al momento de hacerse la inversión permanezca
inalterado, sin tomar en consideración las
mensualidades
mínimas
provistas
en
este
capítulo. El Administrador del Fondo del Seguro
del Estado podrá autorizar más de una inversión
a un mismo cónyuge, concubinario o concubina
pero nunca más de una en un período de tres (3)
años consecutivos. Los pagos mensuales con
cargo al remanente cesarán si el cónyuge,
concubinario o concubina se casara, viviera en
concubinato o muriera. De ocurrir una de las
situaciones indicadas en la oración anterior y
existir menores dependientes con derecho a
beneficios,
sus
pagos
mensuales
serán
aumentados
distribuyéndose
con
preferencia
entre
dichos
menores
dependientes
la
mensualidad con cargo al remanente que recibía
el cónyuge, concubinario o la concubina. En
ausencia
de
menores
dependientes
el
Administrador del Fondo del Seguro del Estado
estará obligado a hacer una redistribución de
la compensación entre los demás beneficiarios.
El Administrador del Fondo del Seguro del
Estado investigará todo lo concerniente a la
inversión que se desea hacer y de determinar
que no hay peligro, antes de autorizar la
inversión, tendrá la obligación de velar por
que la inversión resulte provechosa tanto para
el cónyuge, concubinario o la concubina, como
15
CC-2010-56
16
para los beneficiarios
existir los mismos.
menores
de
edad,
de
En todos los casos en que ocurriere la muerte
de un obrero o empleado por cualquier causa
independiente a la lesión recibida en el
accidente, por la cual se hubiere reconocido o
esté pendiente de reconocerse una incapacidad
parcial permanente, el Administrador del Fondo
del Seguro del Estado deberá, previa la prueba
justificada al efecto conceder y ordenar que se
pague el balance no pagado de cualquier
compensación
correspondiente
a
dicha
incapacidad parcial permanente perteneciente o
que se adeude al obrero o empleado lesionado al
tiempo de su muerte, a aquellos que dependieran
para su subsistencia del obrero o empleado
fallecido,
en
cuyos
derechos
quedan
expresamente subrogados. La compensación total
a otorgarse deberá incluir cualquier pago por
concepto de incapacidad transitoria a que
tuviere derecho el trabajador y que no se le
hubiere
pagado
antes
de
su
muerte.
Disponiéndose, que los pagos a las personas
dependientes
del
trabajador
se
efectuarán
dentro de un plazo que no excederá de doce (12)
meses, según determine el Administrador.31
Conforme a la disposición transcrita, la Ley Núm. 45
reconoce unos derechos de compensación a los beneficiarios
de aquel obrero lesionado que muera por cualquier causa
independiente
Asimismo,
al
expone
accidente
que
dicha
o
la
enfermedad
disposición
aplicará
sufrida.
en
los
casos en los que se hubiere reconocido o esté pendiente de
reconocerse una incapacidad total o parcial permanente. En
el caso particular de la frase “pendiente de reconocerse”
no
existe
una
definición
o
alcance
establecido.
Sin
embargo, a base de las disposiciones de la Ley podemos
presumir que dicha expresión se refiere a que el proceso de
determinación de una incapacidad permanente no termina con
31
11 L.P.R.A. sec. 3 (d).
CC-2010-56
la
17
muerte
circunstancias
del
lesionado.
los
Es
decir,
beneficiarios
tendrían
ante
tales
derecho
a
reclamar la compensación por incapacidad total permanente
del empleado fallecido, que aunque esté por reconocerse,
finalmente le sea reconocida.
III
En síntesis, los peticionarios alegan que los foros
recurridos erraron al no permitir que el Comité continuara
con el proceso de evaluación en el caso del señor Vázquez
Pagán. Arguyen que tal evaluación no puede considerarse
como un derecho personalísimo porque los factores socioeconómicos inciden directamente en el entorno familiar del
obrero
lesionado.
Puntualizan
que
tienen
derecho
a
continuar con la causa de acción, máxime cuando la tardanza
en la evaluación del caso es atribuible a la C.F.S.E.
Al
examinar
el
expediente
surge
que
la
C.F.S.E.
ordenó el cierre y archivo del caso del señor Vázquez Pagán
porque este murió previo a la culminación del proceso de
evaluación de su solicitud de incapacidad total permanente.
Enfatizó que no procedía la otorgación de una incapacidad
total
permanente
post
mortem,
ya
que
al
quedar
definitivamente fuera del mercado laboral, la agencia no
tendría
elementos
de
juicio
para
conceder
dicha
incapacidad. Al confirmar la decisión de la C.F.S.E., la
Comisión Industrial expresó que no procedía la continuación
de tal evaluación porque ello equivaldría a ordenarle a la
C.F.S.E. actuar en el vacío.
CC-2010-56
18
Por su parte, el Tribunal de Apelaciones confirmó la
decisión
de
la
principio
de
deferencia.
expresó
que
Comisión
ante
la
Industrial
El
muerte
foro
del
basándose
apelativo
señor
en
el
intermedio
Vázquez
Pagán
la
agencia no podía tomar una determinación razonable sobre la
otorgación de la incapacidad alegada. Sostuvo además, que
como dicha muerte ocurrió por causas ajenas a la lesión,
ello contravenía los propósitos de la Ley Núm. 45 que se
enfocan en la enfermedad o lesión del empleado ocurrida en
el ambiente laboral. Asimismo, el Tribunal de Apelaciones
resaltó que los beneficios reclamados por los beneficiarios
eran un derecho personalísimo del señor Vázquez Pagán, por
ende, no heredables.
De
entrada,
como
ya
expusimos,
los
derechos
y
compensaciones concedidos a los obreros o empleados, en
virtud
de
la
Ley
Núm.
45,
son
de
Apelaciones
consiguiente,
el
Tribunal
concluir
la
reclamación
que
personalísimo.
personalísimo
en
Ciertamente,
los
personalísimos.
cuestión
como
peticionarios
no
es
es
no
erró
un
un
tienen
Por
al
derecho
derecho
derecho
a
subrogarse en la posición del empleado fallecido por el
mero hecho de ser herederos, sino que ellos sólo pueden
reclamar los derechos que la Ley Núm. 45 les reconoce como
dependientes del empleado fallecido.
Ahora
bien,
al
examinar
la
Ley
Núm.
45
en
lo
pertinente a la controversia que nos ocupa, encontramos que
esta concede beneficios a las personas que dependían del
CC-2010-56
19
empleado u obrero fallecido al momento de su muerte, si la
muerte está relacionada con algún incidente laboral. Sin
embargo,
cuando
la
muerte
no
está
relacionada
con
el
incidente laboral, la Ley reconoce ciertas instancias en
las que los beneficiarios podrían recibir la compensación
por
incapacidad
total
permanente
asignada
al
empleado
fallecido. A tales efectos la Ley Núm. 45 reconoce que si
un
empleado
accidente
u
obrero
laboral,
compensación
muere
sus
por
una
causa
ajena
a
su
beneficiarios
pueden
reclamar
la
correspondiente
a
la
incapacidad
total
permanente del empleado u obrero fallecido. Ello, si la
incapacidad
total
estuviese
pendiente
circunstancias
permanente
de
hubiese
sido
reconocerse.
descritas
en
la
A
Ley
reconocida
base
Núm.
o
de
las
45,
los
beneficiarios tendrían derecho a reclamar la compensación
ofrecida
o
por
incapacidad
ofrecerse
total
al
empleado
permanente.
Así,
fallecido
los
por
su
beneficiarios
tendrían un interés económico sobre tal compensación.
En
el
caso
de
autos,
no
existe
controversia
con
relación a que el señor Vázquez Pagán murió por una causa
ajena a su accidente laboral. Tampoco está en controversia
que
el
Comité
comenzó
el
proceso
de
evaluación
para
determinar si el señor Vázquez Pagán estaba incapacitado
total
y
permanentemente
y
a
su
vez,
tampoco
se
ha
controvertido el hecho de que dicho proceso de evaluación
se interrumpió con la muerte del señor Vázquez Pagán. No
obstante,
a
base
del
derecho
aplicable
expuesto,
es
CC-2010-56
20
evidente que la muerte del lesionado no es causa suficiente
para archivar o cerrar el caso de un obrero en el Comité.
Es decir, la muerte del señor Vázquez Pagán no acarreaba el
archivo automático de su caso.
Ante
tal
escenario,
colegimos
que
los
foros
recurridos erraron al determinar que procedía el cierre y
archivo automático del caso del señor Vázquez Pagán, por su
mera muerte. Conforme a la Ley, los beneficiarios de éste
podrían tener derechos sobre la posible otorgación de la
incapacidad total permanente. Por ello, la C.F.S.E. debió
culminar
el
proceso
de
evaluación
con
la
prueba
o
los
elementos de juicio que tenía ante su consideración. Hasta
el momento del fallecimiento del señor Vázquez Pagán el
Comité contaba con varios elementos de juicio, entre los
que
se
encontraba
el
informe
del
especialista
en
rehabilitación. En dicho informe se reconoció que a base de
la
condición
médica
del
señor
Vázquez
Pagán
las
expectativas de rehabilitación eran pobres.
Por
otro
lado,
como
parte
del
proceso,
el
Comité
puede continuar con la evaluación de los factores socioeconómicos
del
lesionado
y
sus
beneficiarios
o
dependientes. Ello implica que el proceso puede continuar
aunque el señor Vázquez Pagán haya fallecido. Tal proceder
resultaría cónsono con la directriz de que la Ley Núm. 45
debe interpretarse liberalmente a favor de los beneficios
de los empleados u obreros lesionados y sus dependientes.
Además, conviene señalar que una vez culmine el proceso y
CC-2010-56
21
la C.F.S.E. concluya que la incapacidad alegada procede o
no,
no
existe
impedimento
para
que
se
otorgue
una
incapacidad post mortem en caso de que esa sea la decisión.
Así, pues, concluimos que el Tribunal de Apelaciones
erró al confirmar el dictamen de la Comisión Industrial que
avaló el cierre y archivo del caso del señor Vázquez Pagán,
ya que no tomaron en cuenta el posible derecho que tenían
los peticionarios sobre dicha compensación. Ello ante el
hecho de que la Ley Núm. 45 contempla la posibilidad de
ofrecer dicha compensación aún si el empleado muere por una
causa
ajena
a
la
lesión
y
antes
de
ser
reconocida
la
se
la
incapacidad.
IV
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
revoca
sentencia del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de
San Juan, y se devuelve el caso a la Corporación del Fondo
del
Seguro
del
Estado
para
ulteriores
procedimientos
compatibles con lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Daniel Vázquez Pagán
Lesionado
Nora Hernández Morales, et al.
Peticionarios
Policía de Puerto Rico
Patrono Asegurado
CC-2010-56
Certiorari
v.
Corporación del Fondo del Seguro
del Estado
Recurrido
Comisión Industrial
Rico
Agencia Recurrida
de
Puerto
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a, 24 de octubre de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente,
se
revoca
la
sentencia
del
Tribunal
de
Apelaciones, Región Judicial de San Juan, y se devuelve el
caso a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para
ulteriores procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Rivera García no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo