LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Vázquez Pagán y otros v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado y otros

2011 TSPR 156

Poder Judicial de Puerto Rico

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Vázquez Pagán y otros v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado y otros

CC-2010-56

Derecho Laboral – Determinación de incapacidad post mortem; compensación a beneficiarios de obrero fallecido

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Daniel Vázquez Pagán

Lesionado

Nora Hernández Morales, et al

Peticionarios

Policía de Puerto Rico

Patrono Asegurado

Certiorari

2011 TSPR 156

v.

183 DPR ____

Corporación del Fondo del Seguro del

Estado

Recurrido

Comisión Industrial de Puerto Rico

Agencia Recurrida

Número del Caso: CC

- 2010 - 56

Fecha: 24 de octubre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel II

Juez Ponente:

Carmen A. Pesante Martínez

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Iván Torres Rivera

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Aleida Marxuach Rodriguez

Materia:

Revisión de Resolución

Industrial de P

uerto Rico

Administrativa

Comisión

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electró

nica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Daniel Vázquez Pagán

Lesionado

Nora Hernández Morales, et al.

Peticionarios

Policía de Puerto Rico

Patrono Asegurado

CC-2010-56

Certiorari

v.

Corporación del Fondo del Seguro

del Estado

Recurrido

Comisión Industrial

Rico

Agencia Recurrida

de

Puerto

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico a, 24 de octubre de 2011.

En el presente caso nos corresponde determinar si el

Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al confirmar

las decisiones de la Corporación del Fondo del Seguro del

Estado

y

la

Comisión

Industrial,

en

un

proceso

de

evaluación de incapacidad total permanente de un obrero, en

el que dichos foros sostuvieron el cierre automático del

proceso por causa de su muerte. Por considerar que tal

cierre automático no procedía, revocamos.

I

En el 1993 el Sr. Daniel Vázquez Pagán sufrió un

accidente ocupacional mientras se desempeñaba como agente

de la Policía de Puerto Rico. El accidente ocurrió cuando

el agente, al salir de una oficina de la Policía, tropezó

CC-2010-56

2

con una silla y se lastimó la espalda, el cuello y la

cabeza. Por causa de ello, la Corporación del Fondo del

Seguro del Estado (C.F.S.E) le otorgó una incapacidad de 5%

por la pérdida

de las funciones fisiológicas

del brazo

derecho en o más arriba del codo.1 Además, por su condición

de

la

espalda

le

otorgó

un

35%

de

incapacidad

de

las

funciones fisiológicas generales.

Posteriormente, mientras el caso antedicho seguía su

curso en la C.F.S.E. y en la Comisión Industrial, el señor

Vázquez

Pagán

presentó

una

nueva

reclamación

por

otro

accidente ocupacional acaecido, esta vez, en el 2000.2 En

esa ocasión, conforme a la investigación de la C.F.S.E., el

señor Vázquez Pagán cayó al suelo por tropezar con la raíz

de un árbol (dentro de los predios del patrono) cuando

realizaba labores de limpieza en los alrededores de un

cuartel. De esa forma, recibió golpes en el hombro y brazo

derecho, las piernas, la cabeza y otras partes del cuerpo.3

Luego de varias evaluaciones, en el 2002 la C.F.S.E.

determinó

que,

compensable

el

a

base

de

diagnóstico

ese

de

accidente,

trauma

de

sólo

era

cabeza.4

Del

informe médico surgía que el agente padeció de “Meningioma

Parietal Izquierdo”, “Convulsión”, “C.V.A.” y “Status Post

Craneotomía”, sin embargo, la C.F.S.E. concluyó que esas

1

Caso de la C.F.S.E. Núm. 93-21-00825-2.

2

Íd.

3

Véase Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 29.

4

Íd.

CC-2010-56

3

condiciones no estaban relacionadas con el accidente.5 Más

adelante,

la

incapacidad

Comisión

de

5%

de

Industrial

recomendó

otorgar

funciones

fisiológicas

una

al

señor

el

señor

de

mayor

Vázquez Pagán por el trauma de cabeza.

En

Vázquez

relación

Pagán

con

el

solicitó

primer

una

caso

(1993),

determinación

incapacidad. Así, en junio de 2004 la Comisión Industrial

refirió al agente a la C.F.S.E. para que el Comité de

Factores

Socio-Económicos

(Comité)

determinara

si

éste

estaba incapacitado totalmente para desempeñar una tarea

remunerativa.

El

23

de

agosto

de

2005,

día

en

el

que

confirmó la otorgación del 5% de incapacidad, la Comisión

Industrial también ordenó nuevamente al Comité realizar la

evaluación correspondiente para determinar la procedencia o

no de una incapacidad total. La Comisión Industrial ordenó

que dicha evaluación incluyera todos los casos activos del

señor Vázquez Pagán en la C.F.S.E., incluyendo los dos

casos

que

versan

sobre

los

accidentes

ocupacionales

antedichos.6

Así las cosas, luego de un intrincado proceso, el

Comité sólo logró obtener la evaluación del especialista en

rehabilitación. El informe reveló lo siguiente:

El Sr. Daniel Vázquez Pagán fue referido por

Factores

Socio

Económicos.

Posee

una

escolaridad de tercer año de universidad. Su

experiencia ocupacional es de conductor en

5

6

Íd.

Los casos que debían evaluarse en conjunto eran: el 90-21-00542-6, el

87-56-01804-2, el 93-21-00825-2 y el 01-15-01105-9. Véase Apéndice del

Alegato en Oposición, pág. 23.

CC-2010-56

4

mueblería durante nueve años aproximadamente y

Policía Estatal desde el 1986 al 2000. La

última vez que trabajó fue en julio de 2000.

Tiene reconocido los diagnósticos de Discos

Herniados L4-L5, Esguince Lumbo Sacral, Trauma

Cervico

Dorsal,

Sprain

Hombro

Derecho

y

Desorden Distímico leve. Alegó padecimiento por

condición no relacionada de Meningioma y CVA.

El [sic] indica que fue operado en la Clínica

Oncológica por tumor cerebral y en el Hospital

Pavía, en febrero de 2006. Presentó evidencia

médica del tratamiento recibido en el Hospital

Pavía.

El

[sic]

menciona

que

toma

anticonvulsivos diariamente para epilepsia.

Hace uso de silla de ruedas para moverse.

Indica que no puede permanecer de pie, ni

caminar debido a que la condición del tumor le

afectó. Además, tiene dificultad para el

agarre, sostener pesos y para la escritura.

El [sic] vive con un hijo actualmente, quien lo

cuida y le provee ayuda económica. Alegó que no

pudo

reincorporarse

al

trabajo

como

consecuencia del accidente de trabajo en julio

de 2000. Solicitó retiro por incapacidad

ocupacional y no se lo han aprobado. Desconoce

el “status” de su solicitud, en la oficina de

Retiro.

No

se

exploraron

otras

alternativas

vocacionales, debido a que en estos momentos es

poco probable que él pueda envolverse en algún

tipo de trabajo. El [sic] está recuperándose de

la cirugía que le hicieron en febrero de este

año y posiblemente lo operen nuevamente.

En

mi

opinión

las

expectativas

de

rehabilitación vocacional son pobres en estos

momentos, debido a su condición médica actual.7

Ya rendido este informe, y sin que hubiese culminado

el proceso de evaluación del Comité, en el 2007 el señor

Vázquez Pagán falleció por causa ajena a los accidentes

ocupacionales. Según el expediente, tanto el señor Vázquez

Pagán como el Comité, intentaron infructuosamente cumplir a

cabalidad con la evaluación. En principio, el señor Vázquez

7

Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 47. Énfasis suplido.

CC-2010-56

5

Pagán presentó mociones ante la Comisión Industrial para

que la C.F.S.E. realizara la evaluación. Posteriormente, la

C.F.S.E.

intentó

contactarle

pero

éste

estaba

fuera

de

Puerto Rico en un tratamiento médico.

Así las cosas,

ordenó

el

cierre

y

el 8 de

mayo de 2008 la

archivo

del

caso.

C.F.S.E.

Determinó

que

resultaba imposible cumplir con la orden de la Comisión

porque

no

procedía

una

Incapacidad

Total

Post

Mortem.

Explicó que no procedía la evaluación del Comité porque el

señor Vázquez Pagán no tenía un futuro laboral, principio

rector

para

el

otorgamiento

de

una

incapacidad

total

permanente. Enfatizó que la C.F.S.E. no le adeudaba dinero

alguno al señor Vázquez Pagán al momento de su muerte.

Señaló, además, que las únicas personas que cualificaban

como beneficiarios del señor Vázquez Pagán eran su viuda,

Nora Hernández Morales, y sus tres hijos menores de edad

(los peticionarios).

Inconformes con el cierre y archivo del caso, los

peticionarios apelaron ante la Comisión Industrial, y ésta

confirmó

el

dictamen

peticionarios

debidamente

de

solicitaron

acogida

por

la

C.F.S.E.

Oportunamente,

reconsideración,

la

Comisión

la

Industrial

los

cual

fue

y

luego

declarada “no ha lugar”.

Los

peticionarios

presentaron

oportunamente

un

recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. En

dicho escrito adujeron que la Comisión Industrial erró al

determinar que como beneficiarios del señor Vázquez Pagán

CC-2010-56

6

no tenían derecho a la continuación del proceso evaluativo

para

determinar

la

incapacidad

total

permanente.

Sin

embargo, el foro apelativo intermedio confirmó el dictamen

recurrido porque, según determinó, ante el fallecimiento

del señor Vázquez Pagán “la agencia no podía tomar una

determinación

razonable

sobre

si

procedía

concederle

la

incapacidad aducida”.8 De igual forma, sostuvo que como la

muerte del lesionado fue por una causa ajena al accidente

ocupacional, no existía el derecho a la reclamación. El

Tribunal

de

Apelaciones

concluyó,

además,

que

los

beneficios reclamados son un derecho personalísimo que se

extingue

con

la

muerte

del

lesionado,

por

lo

que

no

procedía la sustitución de éste por los beneficiarios.

Inconformes

con

el

dictamen

del

intermedio, los peticionarios presentaron

recurso

de

epígrafe

alegando

la

foro

apelativo

oportunamente el

comisión

de

múltiples

errores, los cuales se enumeran a continuación:

1. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones

al resolver que los beneficiarios del lesionado

fallecido no tienen derecho a continuar el

proceso evaluativo por conducto del Comité de

Factores

Socio-Económicos

para

una

recomendación y posterior determinación sobre

Incapacidad Total y Permanente, cuando lo

cierto es que obra una Decisión Institucional

Sobre Dependencia de la Corporación del Fondo

del Seguro del Estado que reconoce a la viuda y

a los hijos menores de edad como dependientes y

beneficiarios del obrero fallecido.

2. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones

al

dictaminar que solamente el Comité de

Factores Socio-Económicos evalúa al obrero

exclusivamente

y

que

tal

derecho

es

personalísimo cuando lo cierto es que dicho

8

Íd., pág. 32.

CC-2010-56

7

Comité toma en consideración el núcleo familiar

de éste y los ingresos que tienen ambos

cónyuges, conforme lo establece el Reglamento

sobre Factores Socio-Económicos.

3. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones

al interpretar el Reglamento de Factores SocioEconómicos en su sección 2 inciso 7 en

perjuicio y detrimento de los dependientes,

(viuda e hijos menores) toda vez que éstos son

considerados por el Comité en la evaluación

social y económica que se realizan al respecto

conforme las disposiciones antes mencionadas.

4. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones

al no considerar el Informe del Especialista en

Rehabilitación señor Raúl Romero Pérez, el cual

señaló que las expectativas de rehabilitación

vocacional son pobres en estos momentos, debido

a su condición médica actual.

5. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones

al determinar que la Corporación del Fondo del

Seguro

del

Estado

no

podía

tomar

una

determinación

razonable

sobre

si

procedía

concederle la incapacidad aducida es decir, la

Incapacidad Total y Permanente por la vía de

los Factores Socio-Económicos.

6. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones

al resolver que la actuación de la Corporación

del Fondo del Seguro del Estado fue una

razonable

y

además

que

no

procedía

una

Incapacidad Post Mortem.

7. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones

al interpretar conforme a derecho el Artículo 2

de la Ley 45 de 18 de abril de 1935, conocida

como Ley del Sistema de Compensaciones por

Accidentes del Trabajo.9

Expedido

el

auto

y

perfeccionado

el

caso,

nos

disponemos a resolver. Por estar íntimamente relacionados,

discutiremos todos los errores señalados, en conjunto.

9

Petición de Certiorari, págs. 6-7.

CC-2010-56

8

II

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes

del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según

enmendada (Ley Núm. 45),10 es una legislación de carácter

remedial que le brinda ciertas garantías y beneficios al

obrero

en

el

contexto

de

accidentes

o

enfermedades

ocupacionales que ocurren en el escenario del trabajo.11

Dicho estatuto establece un sistema de seguro compulsorio y

exclusivo para compensar a los obreros que sufran lesiones

o enfermedades

en el curso del

empleo, brindándoles un

remedio rápido, eficiente y libre de las complejidades de

una reclamación ordinaria en daños.12

La Ley Núm. 45 dispone, como remedios a concederse,

la

asistencia

médica

y

la

compensación

por

incapacidad

transitoria, permanente (parcial o total), así como por

muerte.13 Los acreedores de esos remedios compensatorios son

todos

aquellos

obreros

y

empleados

que

trabajan

para

patronos asegurados y que sufran lesiones, se inutilicen o

pierdan la vida por accidentes o enfermedades ocasionadas

por un acto o función inherente a su trabajo o empleo, y

10

11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.

11

Toro v. Policía, 159 D.P.R. 339, 352-353 (2003); Rivera v. Blanco

Vélez Stores, 155 D.P.R. 460, 466 (2001); Santiago Hodge v. Park Davis

Co., 126 D.P.R. 1, 8 (1990).

12

Toro v. Policía, supra, pág. 353.

13

11 L.P.R.A. sec. 3.

CC-2010-56

9

que ocurran en el curso de éste y como consecuencia del

mismo.14

Por otro lado, como parte de los componentes de la

C.F.S.E. se creó el Comité de Factores Socio-Económicos

(Comité).

Dicho

Comité

tiene

su

génesis

al

amparo

del

Reglamento Núm. 3470 de la C.F.S.E. de 12 de junio de 1987,

Reglamento sobre Factores Socio-Económicos (Reglamento) y a

base de varias decisiones nuestras.15 El propósito principal

del Reglamento

es establecer las bases que permitan el

estudio, análisis y una determinación uniforme de los casos

en los que exista la posibilidad de una incapacidad total

permanente por factores socio-económicos.16 El Comité es una

estructura administrativa creada en cada Oficina Regional

de la C.F.S.E. que ayuda a dicha corporación en la función

fundamental de evaluar la capacidad de un obrero lesionado

para realizar un empleo remunerativo.17

Según

se

desprende

del

Reglamento,

el

objetivo

y

función del Comité es evaluar los casos de los obreros o

empleados a los que se les haya reconocido una incapacidad

parcial

permanente

de

60%

o

más

de

las

funciones

14

Art. 2 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11

L.P.R.A. sec. 2; Martínez v. Bristol Myers, Inc., 147 D.P.R. 383, 394

(1999).

15

Las decisiones son: Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, 90

D.P.R. 764 (1964); Arzola Maldonado v. Comisión Industrial, 92 D.P.R.

549 (1965) y Herrera Ramos v. Comisión Industrial, 108 D.P.R. 316

(1979).

16

Reglamento sobre factores socio-económicos Núm. 3470, Corporación

del Fondo del Seguro del Estado, 12 de junio de 1987, pág. 1.

17

Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866, 871 (1993); Sec. 1.2 del

Reglamento, supra.

CC-2010-56

10

fisiológicas generales, a los fines de determinar si éste

es acreedor de una incapacidad total y permanente.18 Sin

embargo, en Agosto v. F.S.E., 132 D.P.R. 866 (1993) este

Tribunal aclaró que no se debía limitar la

incapacidad

total

obreros

por

empleados

factores

que

socioeconómicos

poseían

un

60%

sólo

de

a

incapacidad

en

o

las

funciones fisiológicas. A tales efectos, expresó que “[e]l

aludido criterio de sesenta por ciento (60%) de incapacidad

fijado

por

el

Fondo

no

debe

ser

utilizado

como

norma

inflexible que excluya en casos meritorios la evaluación de

alguna

reclamación”.19

Es

decir,

el

Comité

ya

no

está

limitado por el por ciento de incapacidad para evaluar los

casos de los obreros o empleados lesionados.

El Comité realizará la evaluación con el propósito de

determinar, si al considerar la incapacidad desde el punto

de vista médico, junto a los factores socio-económicos, el

obrero o empleado resulta o no acreedor de una incapacidad

total

y

permanente.

En

cuanto

a

los

factores

socio-

económicos, estos son definidos en el Reglamento como:

Aquellos factores que gravitan para facilitar u

obstaculizar el que un obrero pueda ganarse el

sustento propio y el de su familia en forma

ordinaria y de manera estable. Se considerarán

los siguientes factores: el impedimento físico

y/o mental del trabajador y su extensión,

medido y expresado desde el punto de vista

médico en términos de pérdida de las funciones

fisiológicas generales y el efecto de ese

impedimento

físico

y/o

mental

sobre

la

habilidad del obrero o trabajador para realizar

un empleo remunerativo en forma ordinaria y de

18

Secs. 3.2 y 4.1 del Reglamento.

19

Agosto Serrano v. F.S.E., supra, pág. 877.

CC-2010-56

11

manera estable, la edad, escolaridad, sexo y

las destrezas del obrero.20

De esa forma, la evaluación realizada por el Comité

no puede considerar únicamente el por ciento de incapacidad

desde el punto de vista médico, sino que está obligado a

considerar también los factores socio-económicos.

Ahora

bien,

al

adentrarnos

en

la

presente

controversia e interpretar la Ley Núm. 45 no podemos obviar

los “propósitos amplios y humanitarios que inspiraron su

redacción de brindar, en lo posible, la protección que el

obrero

fallecido

dependían”.21

De

representaba

igual

forma,

para

como

los

que

estatuto

de

de

él

carácter

remedial, la Ley Núm. 45 debe interpretarse liberalmente a

favor del obrero.22

Con ello en mente, la primera cuestión que debemos

aclarar es si la C.F.S.E. puede otorgar una incapacidad a

un obrero con posterioridad a su muerte. La respuesta es en

la

afirmativa.

En

varias

ocasiones

este

Tribunal

ha

reconocido y avalado la otorgación de una incapacidad post

mortem.23

En esas

ocasiones las

incapacidades

concedidas

estaban dirigidas exclusivamente al aspecto físico y médico

del empleado u obrero lesionado, ya que para la fecha en

20

Sec. II, inciso (7)

económicos, supra, pág. 2.

21

del

Reglamento

sobre

factores

socio-

Bruno Colón v. Comisión Industrial, 109 D.P.R. 785, 787 (1980).

22

Art. 2 de la Ley Núm. 45, 11 L.P.R.A. sec. 2; Rivera v. Ins. Wire

Prods., Corp., 158 D.P.R. 110, 126-127 (2002); Bruno Colón v. Comisión

Industrial, supra.

23

Véanse Rivera Avilés v. F.S.E., 113 D.P.R. 334 (1982); Bruno Colón

v. Comisión Industrial, supra; Montaner Admor. v. Comisión Industrial,

55 D.P.R. 270 (1939).

CC-2010-56

12

que fueron resueltos no existía el Comité, por lo que no se

consideraban los factores socio-económicos. Sin embargo, la

inclusión de esos factores en el proceso lógicamente no

tiene

por

qué

cambiar

la

doctrina

prevaleciente.

Al

contrario, ante un estatuto de carácter remedial dirigido

-entre otros fines- a brindar protección a los familiares

de un obrero fallecido, es evidente que la inclusión de

tales

factores

compensatorio

tuvo

de

la

como

Ley,

fin

al

ampliar

incluir

el

como

alcance

criterio

“el

efecto [de un] impedimento físico sobre la habilidad de un

obrero trabajador para realizar un empleo remunerativo”.24

No vemos cómo no podrían aplicarse tales factores en casos

post mortem. En otras palabras, la muerte de un obrero o

empleado lesionado no es causa para detener automáticamente

el proceso de evaluación dirigido por el Comité.

Por su parte, ¿cuáles son las consecuencias de la

muerte de un obrero lesionado? ¿Qué derechos tienen los

dependientes

o

beneficiarios

del

obrero

fallecido?

De

entrada, es importante destacar que en nuestro ordenamiento

jurídico

hemos

reconocido

que

los

derechos

y

las

compensaciones concedidas a los obreros o empleados, en

virtud de la Ley Núm. 45, son de carácter personalísimo.25

Es decir, la Ley Núm. 45 es una de dependencia y no de

herencia, ya que en la situación de que un obrero protegido

por

dicha

Ley

muera,

los

beneficios

económicos

24

Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, supra, pág. 772.

25

Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 183, 184 (1974).

CC-2010-56

13

correspondientes, no pasan automáticamente a sus herederos,

sino a los beneficiarios definidos por la propia Ley.26 “Los

dineros

provenientes

tanto,

un

bien

de

dicha

patrimonial

compensación

transmisible

no

por

son,

por

reglas

de

herencia a herederos no dependientes”.27 Ciertamente, al

tratarse

de

un

derecho

personalísimo

los

herederos

no

tienen derecho a subrogarse en la posición del empleado

fallecido, por el mero hecho de ser herederos, sino que la

Ley

Núm.

45

reconoce

beneficios

solamente

a

los

dependientes del empleado fallecido.28

Precisamente, la Ley Núm. 45 dispone con claridad los

efectos

que

tiene

la

muerte

de

un

obrero

o

empleado

lesionado. Según la Ley, los efectos serán distintos a base

de la causa de muerte del obrero, ya sea porque la muerte

ocurre por causa del accidente o enfermedad, o porque la

muerte ocurre por cualquier causa independiente a la lesión

recibida.

En el primer escenario, cuando la muerte surja “como

resultado del accidente sufrido” o “por razón de enfermedad

ocupacional compensable”, la Ley establece ciertos pagos.

Entre esos pagos están los gastos del funeral hasta un

máximo de $1,500 y otros gastos como los de asistencia

médica, hospitalización y medicinas incurridos por orden de

la C.F.S.E. para los casos en los que el obrero no deja

dependientes, y además, una compensación a graduarse según

26

Camacho Rodríguez v. F.S.E, 121 D.P.R. 877, 882 (1988).

27

Rivera Avilés v. F.S.E., supra, págs. 335-336.

28

11 L.P.R.A. sec. 3.

CC-2010-56

14

lo expresa la misma ley para los casos en

los

que

le

sobrevivan dependientes.29 Ante tales circunstancias a los

beneficiarios se les compensa por la muerte del obrero pero

no

se

les

pagan

los

beneficios

que

le

hubiesen

el

segundo

correspondido en vida al empleado.30

En

contraste

con

lo

anterior,

en

escenario, cuando la muerte del obrero fue producto de una

causa independiente a la lesión recibida, la Ley reconoce a

los

beneficiarios

el

derecho

a

recibir

la

pensión

por

incapacidad u otros beneficios. Específicamente, el inciso

(d-3) del Art. 3 de la Ley Núm. 45 dispone en lo pertinente

que,

[e]n todos los casos en que ocurriere la muerte

de un obrero o empleado por cualquier causa

independiente a la lesión recibida en el

accidente, por la cual se hubiere reconocido o

esté pendiente de reconocerse una incapacidad

total permanente, se procederá en la siguiente

forma:

(1) Si el lesionado hubiere optado por una

inversión, el remanente de su compensación se

pagará a los beneficiarios en pagos mensuales

de cuatrocientos treinta dólares ($430) sujeto

a las limitaciones impuestas por el primer

párrafo del inciso (e)(3)(C) de esta sección,

si subsistieren otros beneficiarios además de

la viuda, hijos o concubina, la distribución se

hará con sujeción a las disposiciones del

inciso (e)(3) de esta sección.

(2) Si el lesionado no hubiere optado por una

inversión, la compensación total se computará

multiplicando quinientas cuarenta (540) semanas

por su compensación semanal equivalente al

sesenta y seis y dos tercios (66⅔) del jornal

semanal que el lesionado percibía el día del

accidente o que hubiere de percibir a no ser

29

Art. 3, inciso (e), Núms. (1) al (3), sub-incisos (a) al (i) según

apliquen de la Ley Núm. 45, supra, 11 L.P.R.A. sec. 3.

30

Bruno Colón v. Comisión Industrial, supra.

CC-2010-56

por la ocurrencia del accidente, pero en ningún

caso se calcularán semanas de más de cien

dólares ($100), ni menos de treinta dólares

($30). La compensación total no excederá en

ningún caso de treinta y dos mil cuatrocientos

dólares ($32,400). De la compensación total así

computada se deducirá el montante pagado al

trabajador lesionado con anterioridad a su

muerte y el remanente se pagará a sus

beneficiarios,

en

la

forma

y

con

las

limitaciones dispuestas en la cláusula (1) de

este inciso.

(3) Sujeto a las limitaciones dispuestas en las

cláusulas (1) y (2) de este inciso, a los fines

de realizar una inversión que a juicio del

Administrador fuere provechosa, éste podrá

anticipar al cónyuge, concubinario o concubina

sobreviviente hasta un cincuenta por ciento

(50%) del valor total de sus pagos mensuales

futuros al momento de hacerse la inversión. Una

vez hecha la inversión, los pagos mensuales al

cónyuge, concubinario o concubina con cargo al

remanente se reducirán proporcionalmente de

forma tal que el período de pago del remanente

al momento de hacerse la inversión permanezca

inalterado, sin tomar en consideración las

mensualidades

mínimas

provistas

en

este

capítulo. El Administrador del Fondo del Seguro

del Estado podrá autorizar más de una inversión

a un mismo cónyuge, concubinario o concubina

pero nunca más de una en un período de tres (3)

años consecutivos. Los pagos mensuales con

cargo al remanente cesarán si el cónyuge,

concubinario o concubina se casara, viviera en

concubinato o muriera. De ocurrir una de las

situaciones indicadas en la oración anterior y

existir menores dependientes con derecho a

beneficios,

sus

pagos

mensuales

serán

aumentados

distribuyéndose

con

preferencia

entre

dichos

menores

dependientes

la

mensualidad con cargo al remanente que recibía

el cónyuge, concubinario o la concubina. En

ausencia

de

menores

dependientes

el

Administrador del Fondo del Seguro del Estado

estará obligado a hacer una redistribución de

la compensación entre los demás beneficiarios.

El Administrador del Fondo del Seguro del

Estado investigará todo lo concerniente a la

inversión que se desea hacer y de determinar

que no hay peligro, antes de autorizar la

inversión, tendrá la obligación de velar por

que la inversión resulte provechosa tanto para

el cónyuge, concubinario o la concubina, como

15

CC-2010-56

16

para los beneficiarios

existir los mismos.

menores

de

edad,

de

En todos los casos en que ocurriere la muerte

de un obrero o empleado por cualquier causa

independiente a la lesión recibida en el

accidente, por la cual se hubiere reconocido o

esté pendiente de reconocerse una incapacidad

parcial permanente, el Administrador del Fondo

del Seguro del Estado deberá, previa la prueba

justificada al efecto conceder y ordenar que se

pague el balance no pagado de cualquier

compensación

correspondiente

a

dicha

incapacidad parcial permanente perteneciente o

que se adeude al obrero o empleado lesionado al

tiempo de su muerte, a aquellos que dependieran

para su subsistencia del obrero o empleado

fallecido,

en

cuyos

derechos

quedan

expresamente subrogados. La compensación total

a otorgarse deberá incluir cualquier pago por

concepto de incapacidad transitoria a que

tuviere derecho el trabajador y que no se le

hubiere

pagado

antes

de

su

muerte.

Disponiéndose, que los pagos a las personas

dependientes

del

trabajador

se

efectuarán

dentro de un plazo que no excederá de doce (12)

meses, según determine el Administrador.31

Conforme a la disposición transcrita, la Ley Núm. 45

reconoce unos derechos de compensación a los beneficiarios

de aquel obrero lesionado que muera por cualquier causa

independiente

Asimismo,

al

expone

accidente

que

dicha

o

la

enfermedad

disposición

aplicará

sufrida.

en

los

casos en los que se hubiere reconocido o esté pendiente de

reconocerse una incapacidad total o parcial permanente. En

el caso particular de la frase “pendiente de reconocerse”

no

existe

una

definición

o

alcance

establecido.

Sin

embargo, a base de las disposiciones de la Ley podemos

presumir que dicha expresión se refiere a que el proceso de

determinación de una incapacidad permanente no termina con

31

11 L.P.R.A. sec. 3 (d).

CC-2010-56

la

17

muerte

circunstancias

del

lesionado.

los

Es

decir,

beneficiarios

tendrían

ante

tales

derecho

a

reclamar la compensación por incapacidad total permanente

del empleado fallecido, que aunque esté por reconocerse,

finalmente le sea reconocida.

III

En síntesis, los peticionarios alegan que los foros

recurridos erraron al no permitir que el Comité continuara

con el proceso de evaluación en el caso del señor Vázquez

Pagán. Arguyen que tal evaluación no puede considerarse

como un derecho personalísimo porque los factores socioeconómicos inciden directamente en el entorno familiar del

obrero

lesionado.

Puntualizan

que

tienen

derecho

a

continuar con la causa de acción, máxime cuando la tardanza

en la evaluación del caso es atribuible a la C.F.S.E.

Al

examinar

el

expediente

surge

que

la

C.F.S.E.

ordenó el cierre y archivo del caso del señor Vázquez Pagán

porque este murió previo a la culminación del proceso de

evaluación de su solicitud de incapacidad total permanente.

Enfatizó que no procedía la otorgación de una incapacidad

total

permanente

post

mortem,

ya

que

al

quedar

definitivamente fuera del mercado laboral, la agencia no

tendría

elementos

de

juicio

para

conceder

dicha

incapacidad. Al confirmar la decisión de la C.F.S.E., la

Comisión Industrial expresó que no procedía la continuación

de tal evaluación porque ello equivaldría a ordenarle a la

C.F.S.E. actuar en el vacío.

CC-2010-56

18

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones confirmó la

decisión

de

la

principio

de

deferencia.

expresó

que

Comisión

ante

la

Industrial

El

muerte

foro

del

basándose

apelativo

señor

en

el

intermedio

Vázquez

Pagán

la

agencia no podía tomar una determinación razonable sobre la

otorgación de la incapacidad alegada. Sostuvo además, que

como dicha muerte ocurrió por causas ajenas a la lesión,

ello contravenía los propósitos de la Ley Núm. 45 que se

enfocan en la enfermedad o lesión del empleado ocurrida en

el ambiente laboral. Asimismo, el Tribunal de Apelaciones

resaltó que los beneficios reclamados por los beneficiarios

eran un derecho personalísimo del señor Vázquez Pagán, por

ende, no heredables.

De

entrada,

como

ya

expusimos,

los

derechos

y

compensaciones concedidos a los obreros o empleados, en

virtud

de

la

Ley

Núm.

45,

son

de

Apelaciones

consiguiente,

el

Tribunal

concluir

la

reclamación

que

personalísimo.

personalísimo

en

Ciertamente,

los

personalísimos.

cuestión

como

peticionarios

no

es

es

no

erró

un

un

tienen

Por

al

derecho

derecho

derecho

a

subrogarse en la posición del empleado fallecido por el

mero hecho de ser herederos, sino que ellos sólo pueden

reclamar los derechos que la Ley Núm. 45 les reconoce como

dependientes del empleado fallecido.

Ahora

bien,

al

examinar

la

Ley

Núm.

45

en

lo

pertinente a la controversia que nos ocupa, encontramos que

esta concede beneficios a las personas que dependían del

CC-2010-56

19

empleado u obrero fallecido al momento de su muerte, si la

muerte está relacionada con algún incidente laboral. Sin

embargo,

cuando

la

muerte

no

está

relacionada

con

el

incidente laboral, la Ley reconoce ciertas instancias en

las que los beneficiarios podrían recibir la compensación

por

incapacidad

total

permanente

asignada

al

empleado

fallecido. A tales efectos la Ley Núm. 45 reconoce que si

un

empleado

accidente

u

obrero

laboral,

compensación

muere

sus

por

una

causa

ajena

a

su

beneficiarios

pueden

reclamar

la

correspondiente

a

la

incapacidad

total

permanente del empleado u obrero fallecido. Ello, si la

incapacidad

total

estuviese

pendiente

circunstancias

permanente

de

hubiese

sido

reconocerse.

descritas

en

la

A

Ley

reconocida

base

Núm.

o

de

las

45,

los

beneficiarios tendrían derecho a reclamar la compensación

ofrecida

o

por

incapacidad

ofrecerse

total

al

empleado

permanente.

Así,

fallecido

los

por

su

beneficiarios

tendrían un interés económico sobre tal compensación.

En

el

caso

de

autos,

no

existe

controversia

con

relación a que el señor Vázquez Pagán murió por una causa

ajena a su accidente laboral. Tampoco está en controversia

que

el

Comité

comenzó

el

proceso

de

evaluación

para

determinar si el señor Vázquez Pagán estaba incapacitado

total

y

permanentemente

y

a

su

vez,

tampoco

se

ha

controvertido el hecho de que dicho proceso de evaluación

se interrumpió con la muerte del señor Vázquez Pagán. No

obstante,

a

base

del

derecho

aplicable

expuesto,

es

CC-2010-56

20

evidente que la muerte del lesionado no es causa suficiente

para archivar o cerrar el caso de un obrero en el Comité.

Es decir, la muerte del señor Vázquez Pagán no acarreaba el

archivo automático de su caso.

Ante

tal

escenario,

colegimos

que

los

foros

recurridos erraron al determinar que procedía el cierre y

archivo automático del caso del señor Vázquez Pagán, por su

mera muerte. Conforme a la Ley, los beneficiarios de éste

podrían tener derechos sobre la posible otorgación de la

incapacidad total permanente. Por ello, la C.F.S.E. debió

culminar

el

proceso

de

evaluación

con

la

prueba

o

los

elementos de juicio que tenía ante su consideración. Hasta

el momento del fallecimiento del señor Vázquez Pagán el

Comité contaba con varios elementos de juicio, entre los

que

se

encontraba

el

informe

del

especialista

en

rehabilitación. En dicho informe se reconoció que a base de

la

condición

médica

del

señor

Vázquez

Pagán

las

expectativas de rehabilitación eran pobres.

Por

otro

lado,

como

parte

del

proceso,

el

Comité

puede continuar con la evaluación de los factores socioeconómicos

del

lesionado

y

sus

beneficiarios

o

dependientes. Ello implica que el proceso puede continuar

aunque el señor Vázquez Pagán haya fallecido. Tal proceder

resultaría cónsono con la directriz de que la Ley Núm. 45

debe interpretarse liberalmente a favor de los beneficios

de los empleados u obreros lesionados y sus dependientes.

Además, conviene señalar que una vez culmine el proceso y

CC-2010-56

21

la C.F.S.E. concluya que la incapacidad alegada procede o

no,

no

existe

impedimento

para

que

se

otorgue

una

incapacidad post mortem en caso de que esa sea la decisión.

Así, pues, concluimos que el Tribunal de Apelaciones

erró al confirmar el dictamen de la Comisión Industrial que

avaló el cierre y archivo del caso del señor Vázquez Pagán,

ya que no tomaron en cuenta el posible derecho que tenían

los peticionarios sobre dicha compensación. Ello ante el

hecho de que la Ley Núm. 45 contempla la posibilidad de

ofrecer dicha compensación aún si el empleado muere por una

causa

ajena

a

la

lesión

y

antes

de

ser

reconocida

la

se

la

incapacidad.

IV

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

revoca

sentencia del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de

San Juan, y se devuelve el caso a la Corporación del Fondo

del

Seguro

del

Estado

para

ulteriores

procedimientos

compatibles con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Daniel Vázquez Pagán

Lesionado

Nora Hernández Morales, et al.

Peticionarios

Policía de Puerto Rico

Patrono Asegurado

CC-2010-56

Certiorari

v.

Corporación del Fondo del Seguro

del Estado

Recurrido

Comisión Industrial

Rico

Agencia Recurrida

de

Puerto

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a, 24 de octubre de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente,

se

revoca

la

sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones, Región Judicial de San Juan, y se devuelve el

caso a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para

ulteriores procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Rivera García no interviene.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo