Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Negrón Rivera
2011 TSPR 157
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Negrón Rivera
CC-2010-463
Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente, Voto de Conformidad y Voto Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Nelson Negró
Certiorari
v.
2011 TSPR 157
n Rivera
183 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC
- 2010 - 0463
Fecha: 28 de octubre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce Panel X
Jueza Ponente:
- Especial
Hon. Carmen H. Carlos Cabrera
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Wanda Tamara Castro Alemán
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Luana R. Ramos Carrió
Procuradora General Auxiliar
Materia:
n
401 de la Ley de Sustancias Controladas
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución elect
rónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
CC-2010-463
Nelson Negrón Rivera
Peticionario
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2011.
Examinado el recurso de certiorari, y después
de
haber
considerado
lo
expresado
por
la
Procuradora General en su ―Escrito para mostrar
causa‖ y lo expresado por el peticionario Nelson
Negrón Rivera en su ―Moción aclaratoria y breve
réplica al escrito para mostrar causa‖, se provee
―no ha lugar‖ al recurso.
Lo
acordó
el
Tribunal
y
certifica
la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor
Martínez
Torres
emitió
un
Voto
de
conformidad. El Juez Asociado señor Rivera García
emitió un Voto particular de conformidad al cual
se une la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.
La Jueza Asociada señora Fiol Matta emitió un
Voto particular disidente al cual se une el Juez
Presidente
señor
Hernández
Denton.
El
Juez
Asociado señor Estrella Martínez emitió un Voto
disidente al cual se unen el Juez Presidente
señor Hernández Denton y el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2010-463
Nelson Negrón Rivera
Peticionario
Voto de Conformidad emitido por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2011.
Para
decidir
si
acogemos
este
recurso
hemos
analizado el Art. 308 del Código Penal de 2004, 33
L.P.R.A. sec. 4935. En específico, auscultamos si la
cláusula
de
reserva
de
ese
artículo
contiene
una
excepción en lo relativo a la imposición de la pena.
Como el Art. 308, íd., no hace distinción en lo
referente a la pena, y que su historial legislativo
demuestra su alcance verdadero, estoy conforme con
el resultado alcanzado por este Tribunal al denegar
la expedición del auto de certiorari.
I
Por hechos ocurridos el 13 de abril de 2004 el
CC-2010-463
Sr.
Nelson
posesión
2
Negrón
de
Rivera
sustancias
fue
acusado
controladas
por
el
delito
de
con
intención
de
distribuirlas. Art. 401(a)(2) de la Ley Núm. 109 de 4 de
junio de 1980, conocida como Ley de Sustancias Controladas,
24 L.P.R.A. sec. 2401. Además, se le imputó reincidencia
habitual porque ya contaba con dos convicciones anteriores.
El 22 de diciembre de 2006 el Tribunal de Primera
Instancia sentenció al señor Negrón Rivera bajo el Código
Penal de 1974 y lo encontró reincidente habitual al amparo
del Art. 62 de ese Código, 33 L.P.R.A. sec. 3302. Como
resultado de lo anterior, se le impuso la pena de cárcel
con separación permanente de la sociedad.
II
El
Art.
308
del
Código
Penal
de
2004,
supra,
establece:
La conducta realizada con anterioridad a la
vigencia de este Código en violación a las
disposiciones del Código Penal aquí derogado o de
cualquier otra ley especial de carácter penal se
regirá por las leyes vigentes al momento del
hecho.
Si este Código suprime algún delito no deberá
iniciarse el encausamiento, las acciones en
trámite deberán sobreseerse, y las sentencias
condenatorias deberán declararse nulas y liberar
a la persona. El cambio de nombre de un delito no
significa que el tipo delictivo ha quedado
suprimido.
La
Asociados
opiniones
señora
disidentes
FIOL
MATTA
de
los
compañeros
Jueces
y
señor
ESTRELLA
MARTÍNEZ
sostienen que la cláusula de reserva del Art. 308, íd., se
refiere solamente a la tipicidad de la conducta y que no
CC-2010-463
3
abarca la imposición de la pena. De esta forma, aplicarían
el principio de favorabilidad recogido en el Art. 9 del
Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4637, para concluir que en
este caso procede aplicar la reincidencia al amparo del
Código Penal de 2004. Sin embargo, un análisis del trámite
legislativo demuestra que la Asamblea Legislativa, luego de
recibir varias ponencias al respecto, hizo un cambio al
Art. 308, supra. En particular, eliminó una oración que
precisamente
recogía
la
conclusión
del
Núm.
a
la
que
llegan
12
de
mayo
los
compañeros.
El
P.
S.
2302
de
de
2003,
establecía en su Art. 308:
La conducta realizada con anterioridad a la
vigencia de este Código en violación a las
disposiciones del Código Penal aquí derogado o de
cualquier otra ley especial de carácter penal se
regirá por las leyes vigentes al momento del
hecho. Sin embargo, todas las disposiciones de
este Código le serán aplicables si resultara de
dicha aplicación un tratamiento más favorable al
imputado o al sentenciado.
Si este Código suprime algún delito no
deberá iniciarse el encausamiento, las acciones
en trámite deberán sobreseerse, y las sentencias
condenatorias deberán declararse nulas y liberar
a la persona. El cambio de nombre de un delito no
significa que el tipo delictivo ha quedado
suprimido. [Énfasis suplido.]
Como
se
aprecia,
el
contenía
una
oración
que
P.
del
S.
Núm.
específicamente
2302,
supra,
permitía
la
aplicación favorable del Código Penal de 2004 a la conducta
delictiva cometida durante la vigencia del Código Penal de
1974.
Incluso,
términos
el
imputados
proyecto
y
de
ley
sentenciados.
hacía
De
alusión
esta
a
los
forma,
se
CC-2010-463
establecía
favorable
4
diáfanamente
incluía
lo
que
la
concerniente
aplicación
a
la
retroactiva
pena,
tal
como
concluyen los hermanos Jueces Asociados señora FIOL MATTA y
señor ESTRELLA MARTÍNEZ.
Sin embargo, las críticas al Art. 308 propuesto no se
hicieron
esperar.
Así
pues,
la
entonces
Secretaria
de
Justicia, hoy Juez Asociada de este Foro, señora RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, presentó una ponencia el 3 de junio de 2003 en
la que señaló:
El Artículo 308 establece que todas las
disposiciones del Código Penal serán aplicables
si resultan en un tratamiento más favorable al
imputado o al sentenciado. Tal disposición no es
conveniente pues crea el escenario para que se
produzcan un sinnúmero de planteamientos de
proporciones insospechadas que pudieran afectar
detrimentalmente el proceso efectivo de las
causas en curso y aún de las ya adjudicadas. La
aplicación retroactiva de las disposiciones de
este Código es un asunto de grave preocupación
para m[í] como Secretaria y como principal
funcionaria
encargada
de
velar
por
el
cumplimiento de las leyes. Por consiguiente,
entiendo que se debe suprimir la segunda oración
del primer párrafo del Art. 308, líneas 13 a 15,
pág. 122 del proyecto. [Énfasis suplido.]
http://www.ramajudicial.pr/CodigoPenal/acrobat/46
-2003_0603-Departamento-de-Justicia.PDF.
(Última
visita, 18 de octubre de 2011.)
Esta parte de la ponencia demuestra sin ambages una
preocupación genuina de parte de la entonces Secretaria de
Justicia por las consecuencias prácticas que la aplicación
retroactiva del Código Penal de 2004 habría tenido si se
aprobaba sin enmiendas. Agraciadamente, la ponencia citada
no cayó en oídos sordos. De esta forma, el informe de la
CC-2010-463
5
Comisión de lo Jurídico de 22 de junio de 2003 sobre el P.
del S. 2302, pág. 67, señaló lo siguiente:
Esta Comisión acoge la recomendación de la
Secretaria de Justicia de que se enmiende el P.
del S. 2302 para que en el Artículo 30[8] se
elimine
la
oración
―[s]in
embargo,
las
disposiciones de este Código le serán aplicables
si resultara de dicha aplicación un tratamiento
más favorable al imputado o al sentenciado.‖ La
intención del legislador es que este Código
aplique a delitos cometidos con posterioridad a
su vigencia, salvo en cuanto a lo dispuesto en el
segundo párrafo de ese artículo para el caso en
que este Código suprima algún delito. [Énfasis
suplido.]
Esta expresión legislativa es contundente. Contrario a
lo indicado por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ en
su
Voto
Disidente,
en
el
informe
de
la
Comisión
de
lo
Jurídico sí se incluyó el término delito. Se esbozó que la
intención
legislativa
era
que
el
Código
Penal
de
2004
aplicara a los delitos cometidos con posterioridad a su
vigencia. De esta forma, se disipan todas las dudas en
torno al alcance del Art. 308, supra.
Más aún, la posición del hermano Juez Asociado señor
ESTRELLA MARTÍNEZ de aplicar el Código Penal de 2004 como
la
ley
más
benigna
no
solo
revive
el
lenguaje
que
el
legislador eliminó sino que borra de un plumazo el texto
que el mismo legislador aprobó.
Entonces, ¿dónde queda el
primer
íd.,
párrafo
del
Art.
308,
que
ordena
que
la
conducta delictiva cometida cuando estaba vigente el Código
Penal de 1974 se procese según las disposiciones de ese
cuerpo de ley y no por las del Código Penal de 2004?
CC-2010-463
6
Además, conviene señalar que no es la primera vez que
este
Tribunal
Pueblo
v.
se
enfrenta
Padín
a
Rodríguez,
esta
169
controversia.
D.P.R.
521
Así,
en
(2006),
nos
negamos igualmente a expedir un auto de certiorari, luego
de dos mociones de reconsideración, en que la controversia
era
idéntica
a
la
que
hoy
nos
ocupa.
Allí,
la
Jueza
Asociada señora FIOL MATTA emitió un voto disidente, al
igual que en este caso.
III
Luego de analizar en su justa perspectiva el historial
legislativo del Art. 308 del Código Penal de 2004, supra,
resulta forzoso concluir que este no contiene excepciones
en lo referente a la imposición de la pena. La intención
legislativa plasmada en el informe de la Comisión de lo
Jurídico del Senado y la propia redacción del Art. 308 no
hace distinción entre la conducta, los elementos del delito
y su pena.
Somos
conscientes
que
con
posterioridad
a
nuestra
opinión en Pueblo v. González Ramos, 165 D.P.R. 675 (2005),
se presentó el P. de la C. 2076 de 10 de octubre de 2005,
que pretendía enmendar el Art. 308, supra. Sabemos que el
proyecto no se aprobó. Ahora bien, es necesario dejar claro
que a la hora de estudiar la intención legislativa en una
ley,
como
el
Código
Penal,
es
necesario
brindarle
gran
deferencia al historial legislativo de la medida que se
aprobó,
no
de
la
que
se
aprobó
o
derrotó
después.
―Es
principio cardinal de interpretación estatutaria el que al
CC-2010-463
7
lenguaje de la ley debe dársele el significado que valide
el propósito que tuvo el legislador al aprobarla‖. R.E.
Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de
las Leyes en Puerto Rico, San Juan, Publicaciones JTS, Inc.,
2da.
ed.,
1987,
interpretación
pág.
no
245.
puede
La
liberalidad
conducirnos
a
en
la
violentar
la
intención legislativa. Íd., pág. 267. Claro está, hacemos
esto sin violar el principio de legalidad consagrado en el
Art. 2 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4630.
En
ocasiones
es
útil
evaluar
proyectos
de
ley
posteriores que intentan aclarar algo que parece confuso en
una
ley.
No
obstante,
nuestra
labor
es
interpretar
la
intención legislativa en las leyes aprobadas y no en los
proyectos que nunca se convirtieron en ley.
En
el
caso
que
nos
ocupa,
el
señor
Negrón
Rivera
cometió la conducta delictiva el 13 de abril de 2004 cuando
todavía estaba vigente el Código Penal de 1974. Así las
cosas,
lo
correcto
es
que
se
le
declarara
reincidente
habitual al amparo de ese Código, como ocurrió.
IV
Por los fundamentos expuestos, estoy conforme con la
decisión de este Tribunal de denegar la expedición del auto
de certiorari.
RAFAEL. L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
CC-2010-0463
v.
Nelson Negrón Rivera
Peticionario
Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado
Señor Rivera García, al cual se une la Jueza Asociada
señora Pabón Charneco
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2011.
―La criminalidad es uno de los
problemas
que
más
preocupa
al
Pueblo de Puerto Rico. El azote del
crimen
ha
llegado
[a]
cobrar
dimensión tal que ha restringido
marcadamente el ámbito de libertad
de
la
ciudadanía
con
grave
menoscabo al disfrute de la vida a
que tienen perfecto derecho todos
los
ciudadanos‖.
Exposición
de
Motivos de la Ley Núm. 34 – 1998
leyes de Puerto Rico 136
Estoy
conforme
con
la
Resolución
de
este
Tribunal en el caso de autos en la que denegó la
expedición
por
el
del
recurso
peticionario.
respetuosamente
entender
que
del
su
estado de derecho.
visión
de
de
certiorari
Asimismo,
disenso
de
razonamiento
la
es
presentado
difiero
muy
minoría
por
contrario
al
Me veo impedido de avalar una
extremo
liberalismo
CC-2010-463
2
judicial, cuya consecuencia sería extender el beneficio de
una pena más favorable a un delincuente habitual, vinculado
al narcotráfico.
Esbozamos
los
antecedentes
fácticos
pertinentes
al
recurso ante nuestra consideración.
I
El Ministerio Público presentó contra el Sr. Nelson
Negrón Rivera una denuncia por infracción al Artículo
401
de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada,
conocida como Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico,
24
L.P.R.A.
sec.
Controladas).
Se
realizado
una
2401
le
et
seq.
imputó
al
transacción
de
(Ley
aquí
de
Sustancias
peticionario
venta
de
haber
sustancias
controladas a un agente encubierto el 13 de abril de 2004.
Luego de varios incidentes procesales y del acto de lectura
de acusación, el Ministerio Fiscal alegó la reincidencia
habitual del señor Negrón Rivera ya que había sido convicto
y
sentenciado
en
múltiples
ocasiones
convicciones correspondían a siete
previas.
Las
delitos graves, en su
mayoría asociados con la venta, distribución y posesión con
la intención de distribuir sustancias controladas.
El juicio en su fondo se celebró el 8 de noviembre de
2006.
Culminado el proceso judicial y aquilatada la prueba
testifical y documental, el Tribunal de Primera Instancia
declaró culpable al peticionario por el delito tipificado
en el Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas,
supra.
Por su extenso historial delictivo, el foro de
CC-2010-463
primera
3
instancia
lo
declaró
delincuente
habitual
y
lo
condenó a la pena de separación permanente de la sociedad,
conforme lo disponía el Artículo 62 (c) del Código Penal de
1974 (33 L.P.R.A. sec. 3302 (c)), cuerpo legal vigente al
momento de los hechos.
Insatisfecho con el dictamen, el 18 de enero de 2007,
el señor Negrón Rivera presentó un recurso de apelación
ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el escrito de
apelación fue notificado al Tribunal de Primera Instancia
el 18 de febrero de 2007, es decir, un mes después de haber
interpuesto el recurso de apelación. El señor Negrón Rivera
justificó su demora argumentando que inadvertidamente se le
quedó
la
copia
para
el
Tribunal
de
Instancia
en
su
expediente.1
Por otra parte, en su recurso de apelación el señor
Negrón Rivera aceptó ser reincidente. Empero, solicitó la
aplicación de las disposiciones sobre reincidencia de la
Ley de Sustancias Controladas y no las establecidas en el
Código Penal.
permanente
de
También, arguyó que la pena de separación
la
sociedad
infringía
la
cláusula
constitucional contra castigos crueles e inusitados.
1
Apéndice del recurso de Apelación, pág. 379. El inciso (a)
de la Regla 24 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,
4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece como requisito de
cumplimiento estricto, que la notificación al Tribunal de
Instancia de la interposición de un recurso de apelación se
deberá efectuar en un periodo máximo de 48 horas. Un
tribunal solo tiene discreción para prorrogar un término de
cumplimiento estricto cuando se acredite la existencia de
justa causa; de lo contrario carece de jurisdicción para
expedir el recurso. García Ramis v. Serrallés, 171 D.P.R.
250 (2007); Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729 (2005).
CC-2010-463
4
El foro apelativo intermedio, mediante una Sentencia de
18 de diciembre de 2009, confirmó la sentencia apelada.
Determinó que el Artículo 62 del Código Penal de 1974,
supra,
era
la
disposición
expediente
delictivo
asociados
a
surgen
infracciones
aplicable,
otros
a
ya
delitos
la
Ley
que
que
de
de
no
su
están
Sustancias
Controladas, como era el delito de tentativa de recibo y
transportación de bienes apropiados ilegalmente.
que
la
norma
Controladas
de
reincidencia
aplica
con
en
la
Ley
exclusividad
de
Razonó
Sustancias
cuando
todos
los
delitos previos por los cuales se alegue la reincidencia
son también delitos relacionados con las drogas ilícitas.
Además,
de
acuerdo
con
los
precedentes
establecidos
en
Pueblo v. Martínez Ríos, 109 D.P.R. 303, 306 (1979), Pueblo
v. Reyes Morán, 123 D.P.R. 786, 797 (1999), y Rummel v.
Estelle, 445 U.S. 263 (1980), coligió que no se violentó la
cláusula
relativa
a
los
castigos
crueles
e
inusitados
referida en el caso de autos.
No conforme con el dictamen, el señor Negrón Rivera
presentó
una
moción
de
reconsideración
ante
el
foro
apelativo intermedio. Ese foro mediante resolución de 23 de
abril
de
2010,
declaró
―no
ha
lugar‖
la
solicitud
de
reconsideración.
Aún inconforme, el 1 de junio de 2010 el señor Negrón
Rivera presentó un recurso de certiorari ante esta Curia.
En
su
recurso,
el
peticionario
reprodujo
las
mismas
CC-2010-463
5
alegaciones que presentó en su escrito de apelación ante el
Tribunal de Apelaciones.
El 3 de diciembre de 2010, la mayoría de este Tribunal
emitió
una
resolución
mediante
la
cual
declaró
―no
ha
lugar‖ al auto de certiorari presentado por el señor Negrón
Rivera.
Igual
dictamen
se
que
peticionario
reconsideración
el
emitió
en
las
mociones
presentó
ante
de
este
Foro. El Juez Presidente Señor Hernández Denton disintió
sin opinión escrita, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta
emitió un voto disidente, al igual que el Juez Asociado
Señor Estrella Martínez.
La opinión disidente acogió la teoría del señor Negrón
Rivera.
Esta aduce que la pena impuesta constituye un
castigo cruel e inusitado. Además, la disidencia sostiene
que no es de aplicación el inciso (c) del Artículo 62 del
Código Penal de 1974, supra, por razón de que en Pueblo v.
González Ramos, 165 D.P.R. 675 (2005), resolvimos que las
limitaciones
de
la
cláusula
de
reserva
al
principio
de
favorabilidad concernían solo a la conducta delictiva y no
a las penas dispuestas en el Código Penal actual. A base de
esa interpretación, arguye que en relación con las penas,
el
principio
cláusula
de
de
favorabilidad
reserva,
es
no
está
limitado
decir,
que
a
las
por
la
conductas
delictivas cometidas vigente el Código Penal de 1974 les
aplican las penas del actual Código Penal.
Ante esa desacertada interpretación del Derecho, me veo
precisado
a
intervenir
mediante
este
voto
particular.
CC-2010-463
6
Específicamente,
en
cuanto
a
la
interacción
entre
la
cláusula de reserva con el principio de favorabilidad y la
errónea
interpretación
de
nuestros
pronunciamientos
emitidos en Pueblo v. González Ramos, supra.
Veamos los fundamentos jurídicos que sostienen nuestro voto
de conformidad.
II
A.
El
Principio
de
favorabilidad
en
la
ley
penal,
la
hechos
o
las
conductas
hermenéutica y la cláusula de reserva
De
ordinario,
todos
los
criminales ocurridas a partir de la fecha de vigencia de
una
nueva
ley
serán
procesados
de
acuerdo
con
sus
disposiciones. Lo anterior obedece a que de ordinario, las
leyes tienen carácter prospectivo, a menos que la Asamblea
Legislativa expresamente le imprima carácter retroactivo.
Pueblo
v.
Pizarro
Solís,
129,
D.P.R.
911,
927
(1992);
Pueblo v. Rexach Benítez, 130 D.P.R. 273, 301 (1992). En lo
pertinente,
el
Artículo
8
del
actual
Código
Penal
(33
L.P.R.A. sec. 4636) dispone que ―la ley penal aplica a
hechos realizados durante su vigencia‖.
Por otra parte, el Artículo 9 del actual Código Penal
contempla el principio de favorabilidad. A tales efectos,
dispone que ―la ley penal tiene efecto retroactivo en lo
que favorezca a la persona imputada de delito‖. 33 L.P.R.A.
sec. 4637. Según tal principio, ―[s]i durante el término en
que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor
una ley más benigna en cuanto a la pena o a la medida de
CC-2010-463
seguridad
7
o
al
modo
de
ejecutarlas,
se
aplicará
retroactivamente‖. Íd.
A diferencia de la prohibición de leyes ex post facto,
el
principio
de
favorabilidad
tiene
un
rango
meramente
legal; no surge de la Constitución, sino que es puramente
de
carácter
estatuario.
En
consecuencia,
se
reconoce
la
potestad del legislador para establecer excepciones a dicho
principio
ordenando
la
aplicación
de
la
ley
vigente
al
momento de la comisión del hecho punible, aunque implique
que la ley a ser aplicada sea más desfavorable para el
acusado que la ley de origen posterior, vigente al momento
de
la
condena.
Por
eso,
recae
en
la
pura
discreción
legislativa la aplicación prospectiva o retroactiva de una
nueva ley penal en cuanto esta beneficie al acusado. ―[L]a
aplicación retroactiva de las leyes penales que favorezcan
al
acusado
[queda]
legislador.‖ Pueblo
Para
reconocer
legislativa,
es
dentro
de
la
prerrogativa
total
del
v González Ramos, supra, pág. 686
el
curso
necesario
seguido
examinar
por
la
la
autoridad
hermenéutica.
Es
doctrina arraigada que cuando el lenguaje de una ley es
claro y la intención legislativa patente, los tribunales
están
obligados
Raimundi
a
respetar
la
voluntad
del
legislador.
v. Productora, 162 D.P.R. 215 (2004). Para ser
consecuentes
con
la
principios
la
hermenéutica
de
intención
del
penal
legislador,
establecen
que
los
los
estatutos deben leerse en armonía con el resto del cuerpo
legal. Así se evita incurrir en interpretaciones literales
CC-2010-463
8
que conduzcan a resultados absurdos, no queridos por el
legislador.
Pueblo
v.
Ríos
Dávila,
143
D.P.R.
687,
696
(1997).
Asimismo, es norma reiterada que "[p]ara interpretar
correctamente
una
ley,
debe
buscarse
legislativa,
no
en
una
frase
secciones,
sino
en
el
contexto
teniendo
en
cuenta
el
aislada
de
propósito
o
la
en
todo
intención
una
el
de
sus
estatuto,
perseguido
por
el
legislador". Asoc. de Farmacias v. Caribe Specialty, 179
D.P.R. 923 (2010). Véase Pueblo v. De Jesús, 70 D.P.R. 37,
42
(1949).
Por
consiguiente,
los
tribunales
no
pueden
disponer lo que el legislador no intentó proveer, porque
ello
significaría
Legislativa.
invadir
Raimundi
v.
los
poderes
Productora,
de
la
supra,
Asamblea
citando
a
Alejandro Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 538, 545 (1996). La
exposición
de
motivos
de
la
ley,
los
informes
de
las
comisiones y los debates en el hemiciclo, además del texto
de la ley son las fuentes de mayor importancia en la tarea
de determinar el significado de un acto legislativo. Pérez
v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697, 706-707 (2001). Véase,
además, Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R. 130, 148-149 (2004).
El actual Código Penal contiene en su Artículo 308 (33
L.P.R.A. sec. 4935)
una cláusula de reserva que afecta
directamente el principio de favorabilidad estatuido en el
Artículo
9
del
referido
Código,
supra,
el
cual
dispone
específicamente sobre su efecto retroactivo. Precisamente,
CC-2010-463
9
en el ejercicio de su discreción, la Asamblea Legislativa
dispuso en el Artículo 308, lo siguiente:
La conducta realizada con anterioridad a la
vigencia de este Código en violación a las
disposiciones del Código Penal aquí derogado o de
cualquier otra ley especial de carácter penal se
regirá por las leyes vigentes al momento del
hecho.
Si este Código suprime algún delito no deberá
iniciarse el encauzamiento, las acciones en
trámite deberán sobreseerse, y las sentencias
condenatorias deberán declararse nulas y liberar
a la persona. El cambio de nombre de un delito no
significa que el tipo delictivo ha quedado
suprimido. (Énfasis nuestro.) 33 L.P.R.A. sec.
4935
Como puede notarse, el primer párrafo de este Artículo
308 establece claramente que la conducta realizada antes de
la vigencia del Código se regirá por la ley penal vigente
al
momento
consumarse
de
el
disposición
realizarse
tal
acto
considerado
especial
encaminada
conducta;
es
delictivo.
a
que
no
decir,
Esta
se
es
al
una
aplique
retroactivamente el nuevo Código Penal a favor del acusado
o
de
los
convictos.
Adviértase,
pues,
que
la
Asamblea
Legislativa pudo haber establecido que la ley aplicable era
la que regía al momento en que el acusado fue juzgado y
sentenciado.
No
obstante,
estableció
claramente
que
la
fecha de la comisión del delito fijaría la ley sustantiva
que se aplicaría.
Ahora bien, vale aclarar que el legislador estableció
una excepción en el segundo párrafo del referido artículo:
si el Código suprimió completamente un delito, no habrá
responsabilidad penal aunque la conducta hubiera ocurrido
CC-2010-463
10
antes de la vigencia del Código. Esto obedece a principios
elementales de política criminal sobre la nueva valoración
social de determinadas conductas. Véase Pueblo v. O'Neill
Román, 165 D.P.R. 370 (2005).
Por otro lado, del historial legislativo del Artículo
308
del
diáfana
vigente
Código
que
legislador
el
retroactivo,
como
Originalmente,
el
lo
Penal,
no
considera
lenguaje
del
supra,
surge
de
manera
alcance
deseó
darle
un
la
opinión
disidente.
Artículo
308
del
actual
Código Penal indicaba:
La conducta realizada con anterioridad a la
vigencia de este Código en violación a las
disposiciones del Código Penal aquí derogado o de
cualquier otra ley especial de carácter penal se
regirá por las leyes vigentes al momento del
hecho. Sin embargo, todas las disposiciones de
este Código le serán aplicables si resultara de
dicha aplicación un tratamiento más favorable al
imputado o al sentenciado.
Si este Código suprime algún delito no deberá
iniciarse el encausamiento, las acciones en
trámite deberán sobreseerse, y las sentencias
condenatorias deberán declararse nulas y liberar
a la persona. P. del S. 2302 de 12 de mayo de
2003.
Posteriormente,
el
legislador
decidió
eliminar
la
oración enfatizada del texto del Artículo 308, supra. Así,
no dispuso que el cuerpo legal del vigente Código Penal
tuviese algún efecto retroactivo, con excepción como antes
señalamos, de lo dispuesto en el segundo párrafo de esa
normativa. Evidentemente, la intención legislativa fue que
las disposiciones del referido Artículo 9 del actual Código
Penal sólo se aplicarán prospectivamente a partir de su
vigencia, lo cual incluso se constata en el Informe sobre
CC-2010-463
11
el Proyecto del Senado 2302, de la Comisión de lo Jurídico
de 22 de junio de 2003, pág. 67, que expresa sobre dicha
cláusula como sigue:
Esta Comisión acoge la recomendación de la
Secretaria de Justicia de que se enmiende el P.
del S. 2302 para que en el Art. 309 [finalmente
el Art. 308 del Código aprobado] se elimine la
oración "sin embargo, las disposiciones de este
Código le serán aplicables si le resultara de
dicha aplicación un tratamiento más favorable al
imputado o al sentenciado". La intención del
legislador es que este Código aplique a conductas
ilícitas
cometidas
con
posterioridad
a
su
vigencia, salvo en cuanto a lo dispuesto en el
segundo párrafo de ese artículo para el caso en
que este Código suprima algún delito. (Énfasis
nuestro.)
Indudablemente, se eliminó del artículo una disposición
que hubiera activado en toda su extensión las disposiciones
del Artículo 9, supra -el principio de favorabilidad- para
que
los
acusados
disposiciones
razón,
las
y
más
penas
convictos
benignas
del
del
se
beneficien
actual
actual
Código
para
sostener
de
las
Por
tal
aplican
de
Código.
tampoco
manera retroactiva.
Como
señaláramos,
la
aplicación
del
Artículo 82 del actual Código Penal, en lugar del Artículo
61 del Código Penal de 1974, en tanto y en cuanto el nuevo
Código contiene un articulado que aplicado resulta en una
pena
más
benigna
que
el
anterior
Código,
la
opinión
disidente hace una distinción en la interpretación del caso
Pueblo v. González Ramos, supra. No estamos de acuerdo con
la interpretación de la opinión disidente. No respaldamos
la
bifurcación
que
pretende
hacer
la
disidencia
de
la
CC-2010-463
12
acción delictiva y de la pena a imponerse por el delito
cometido.
La decisión en Pueblo v. González Ramos, supra, no hace
la distinción que pretende hacer la opinión disidente entre
el ―tipo delictivo‖ y la ―pena‖ impuesta. La decisión en
Pueblo v. González Ramos, supra, va dirigida tanto a la
acción delictiva como a la pena a imponerse. Al interpretar
el texto del primer párrafo del Artículo 308 del Código
Penal de 2004, la referida decisión señala:
Resolvemos, en consecuencia, que la Cláusula de
Reserva contenida en el Artículo 308 del Código
Penal de 2004, impide que un acusado por hechos
delictivos
cometidos
durante
la
vigencia
del
derogado Código Penal de 1974, pueda invocar vía el
Artículo 4 del mismo -- las disposiciones del nuevo
Código Penal. En virtud de ello, a todos los hechos
cometidos bajo la vigencia y en violación de las
disposiciones del Código Penal 1974, les aplicará
el referido cuerpo legal en su totalidad. Ello así,
ya que la clara intención legislativa es a los
efectos de que el nuevo Código Penal tenga,
únicamente,
aplicación
prospectiva.
(Énfasis
nuestro.) Íd. pág. 139.
Además,
Legislatura
si
al
deseaba
derogar
impedir
el
el
antiguo
Código
procesamiento
Penal
la
criminal,
incluyendo las penas bajo dicho cuerpo legal, estaba en la
obligación
de así manifestarlo expresamente. Es evidente
que no lo hicieron, ya que sus intenciones eran otras;
darle una aplicación prospectiva a dicha ley penal y no
crear impedimento alguno para procesar criminalmente bajo
el anterior Código Penal, a quienes delinquieron durante su
vigencia. Véase,
Pueblo v. González Ramos, supra; Pueblo
v. Álvarez Torres, 127 D.P.R. 830 (1991).
CC-2010-463
13
Ciertamente
la
intención
legislativa,
referente
al
citado Artículo 308, es clara y patente. Como Tribunal,
estamos
obligados
a
respetar
la
voluntad
legislativa.
Raimundi v. Productora, supra. Por ende, seria indebido,
como Tribunal, que dispusiéramos algo que el legislador no
intentó proveer, porque ello significaría una invasión en
los poderes conferidos a la Asamblea Legislativa. Véase,
Raimundi v. Productora, supra.
En virtud de lo enunciado, es claro que en el caso de
autos
no
aplican
las
disposiciones
del
Artículo
82
del
actual Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. sec. 4710) a las
sentencias dictadas por hechos cometidos con anterioridad a
su
vigencia.
Esto
surge
de
manera
evidente
del
propio
historial legislativo del Artículo 308 del Código Penal,
supra.
Como
reseñamos,
la
Asamblea
Legislativa
decidió
eliminar de la cláusula de reserva del actual Código Penal
la oración que hacía referencia a la aplicación retroactiva
de
las
disposiciones
del
Código
si
les
resultaban
más
favorables al imputado o sentenciado. Con ello, queda fuera
toda
posibilidad
de
que
se
aplicara
el
principio
de
favorabilidad retroactivamente. Otra interpretación de este
precepto obviaría el propósito legislativo.
Las
disposiciones
del
Artículo
9
del
actual
Código
Penal, supra, en tanto recoge el principio de favorabilidad
a que apunta el señor Negrón Rivera en su recurso, queda
modificada
en
su
aplicación
por
la
cláusula
de
reserva
dispuesta en el Artículo 308, supra, del referido Código.
CC-2010-463
Por
14
consiguiente,
la
aplicación
del
Artículo
prospectiva; no le aplica retroactivamente
9
es
al señor Negrón
Rivera.
B. El castigo cruel e inusitado y la reincidencia habitual
El Artículo 62 (c) del Código Penal de 1974, supra,
establecía
que
convicto
será
―[e]n
caso
declarado
de
por
reincidencia
habitual
el
delincuente
tribunal
el
habitual y será sentenciado a separación permanente de la
sociedad mediante reclusión perpetua‖.
En Pueblo v. Rodríguez Cabrera, 156 D.P.R. 742, 748
(2002),
explicamos
el
alcance
de
la
figura
de
la
―reincidencia habitual‖:
[…] la reincidencia habitual se configura cuando
se comete cualquiera de los delitos mencionados
en el precepto tras antes haber sido convicto y
sentenciado
por
dos
o
más
delitos
graves
cometidos en tiempos diversos e independientes
unos de otros. Así, dicha figura presupone unos
delitos bases, los cuales han de haber sido
cometidos en tiempos diversos e independientes
unos de otros. Por ello, lo determinante para
propósitos de la reincidencia habitual es que
dichos delitos bases sean producto de episodios
criminales distintos y separados, sin que sea
imprescindible que sean producto de sentencias
emitidas en fechas distintas. (Citas omitidas.)
Por otra parte, la función adjudicativa de la Rama
Judicial persigue evitar la imposición de castigos crueles
e inusitados, según prohíbe el Artículo
II, Sec. 12, de la
Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., tomo 1. Pueblo v.
Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197, 201 (1985). Esta prohibición
constitucional protege, entre otras, contra la imposición
de penas desproporcionadas y arbitrarias. Brunet Justiniano
v. Gobernador, 130 D.P.R. 248, 272 (1992). No obstante, se
CC-2010-463
15
ha resuelto reiteradamente que si la pena impuesta está
comprendida
ley,
su
dentro
de
imposición
inusitado.
Pueblo
los
no
v.
parámetros
constituye
Ruiz
Bosch,
establecidos
en
la
e
un
castigo
cruel
127
D.P.R.
762,
790
(1991).
Sobre si el castigo por reincidencia habitual es un
castigo
cruel
e
inusitado,
hemos
expresado
que
la
―imposición de una penalidad adicional para quien ha sido
convicto
en
más
de
dos
ocasiones
era
parte
de
las
prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa‖,
Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R. 360, 379 (2006), y
que ello ―no viola la cláusula contra castigos crueles e
inusitados‖. Pueblo v. Reyes Morán, 123 D.P.R. 786, 797
(1989).
En
Pueblo
v.
Reyes
Morán,
aunque la pena que establece
delincuencia
Tribunal
habitual
Supremo
de
supra,
puntualizamos
que
el estatuto relativo a la
parezca
Estados
altamente
Unidos
punitiva,
validó
en
el
el
caso
Rummell v. Estelle, 445 U.S. 263 (1980), la imposición al
convicto
de
una
estatuto
de
Texas,
reconocimos
la
penalidad
de
similar
validez
de
cadena
al
la
perpetua,
nuestro.
pena
que
De
se
según
esta
el
forma
establece
en
nuestra jurisdicción para el reincidente habitual.
La
penalizar
reincidencia
habitual
a
delincuentes
aquellos
se
conceptualizó
que
han
hecho
para
de
la
comisión reiterada de actos delictivos, violentos o no, su
forma
de
vida.
Basta
que
la
conducta
delictiva
sea
de
CC-2010-463
16
naturaleza grave y persistente. Véase Pueblo v. Rodríguez
Cabrera, 156 D.P.R. 742 (2002).
En el caso de autos, el señor Negrón Rivera aduce que
no se le debe condenar como un delincuente habitual. No le
asiste la razón. El señor Negrón Rivera ha sido convicto y
sentenciado
por
la
comisión
de
varios
delitos
y
posesión
de
relacionados
con
la
venta
controladas.
Más
aún,
vigente
volvió
a
delinquir
el
infringiendo
anterior
otra
graves,
sustancias
Código
vez
la
Penal
Ley
de
Sustancias Controladas. Se le encontró culpable y conforme
a las disposiciones de ley penal vigente al momento de los
hechos,
se
le
imputó
ser
un
delincuente
habitual.
Esos
hechos son incontrovertibles. Igualmente, a la fecha cuando
el señor Negrón Rivera decidió cometer sus crímenes, el
Artículo 62 (c) informaba a toda la sociedad que la persona
convicta y sentenciada por dos o más delitos cometidos en
tiempos
diversos
e
independientes
unos
de
otros,
y
cometiese posteriormente delitos tales como violaciones a
ley
de
sustancias
controladas
sería
sentenciado
como
delincuente habitual. En atención a ello, el juez del foro
primario
sentenció
al
señor
Negrón
Rivera
conforme
al
estado de derecho correcto.
Aclaramos, que aquellos convictos y sentenciados bajo
el antiguo Artículo 62 (c) no fueron condenados por una
disposición que infringe la cláusula constitucional contra
castigos crueles e inusitados. La derogación de una ley o
alguna de sus disposiciones no significa que haya algún
CC-2010-463
17
vicio de inconstitucionalidad en la normativa derogada. La
condena al señor Negrón Rivera es legítima y producto de
sus propios actos.
III
El señor Negrón Rivera no es un primer ofensor o un
adicto
a
las
sustancias
controladas
que
necesite
un
tratamiento para su enfermedad, como pretende señalar la
opinión disidente. Más bien, es
quien inescrupulosamente
vende la droga, el veneno, a los adictos; delito grave que
ha cometido en infinidad de ocasiones. Recalcamos, que la
venta
de
observamos
niños
estupefacientes
por
los
inocentes
medios
y
arropa
de
buenos
la
isla.
difusión
Día
cuántos
ciudadanos
tras
día
jóvenes,
mueren
como
consecuencia de la guerra sin cuartel por el control de los
llamados ―puntos de drogas‖. De ninguna manera este asunto
debe tratarse livianamente y con guantes de seda, como si
se tratara de una conducta insignificante.
Es evidente que el largo historial delictivo del señor
Negrón Rivera revela que este ha hecho del crimen y del
narcotráfico su forma de vida. En más de siete ocasiones ha
sido
convicto
de
delitos
graves
y
no
ha
tratado
de
rehabilitarse. El inciso (c) del Artículo 62 del Código
Penal de 1974, supra, igual al inciso (c) del Artículo 81
del Código Penal vigente, 33 L.P.R.A. sec. 4709, tienen el
objetivo de proteger a nuestra sociedad de esta clase de
delincuentes, que por sus acciones recurrentes muestran un
CC-2010-463
18
claro rechazo a la rehabilitación y un total menosprecio a
la vida y a la seguridad de nuestro Pueblo.
Por los fundamentos que preceden, estamos conformes con
la Resolución emitida por el Tribunal mediante la cual se
deniega expedir el auto de certiorari.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Certiorari
CC-2010-463
Nelson Negrón Rivera
Peticionario
Voto particular disidente emitido por la Jueza Asociada señora
FIOL MATTA al cual se une el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ
DENTON
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2011.
El
13
de
abril
de
2004,
el
señor
Negrón
Rivera
participó en una venta de siete bolsitas de cocaína a un
agente encubierto. El Ministerio Público le imputó haber
cometido
el
delito
grave
de
posesión
con
intención
de
distribuir sustancias controladas, tipificado en el artículo
401 de la Ley de Sustancias Controladas.2 En la acusación,
además, se le imputó reincidencia por haber sido sentenciado
en
2
dos
ocasiones
anteriores,
una
por
Art. 401(a)(2), Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A.
sec. 2401. Véase Denuncia presentada el 11 de mayo de 2004,
Apéndice del Certiorari, pág. 431.
CC-2010-463
seis
cargos
2
de
posesión
de
narcóticos
bajo
la
Ley
de
Sustancias Controladas y otra bajo el Código Penal, por
tentativa de recibo y transportación de bienes apropiados
ilegalmente.3
Posteriormente,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia autorizó que se especificara que se trataba de
reincidencia habitual.4
El juicio comenzó el 24 de agosto de 2006. Ese día, se
presentó toda la prueba y se ordenó el traslado de los
expedientes de los casos anteriores por los que se alegaba
la reincidencia.5 El Tribunal recibió los récords para la
vista del 8 de noviembre de 2006. El acusado aceptó que los
expedientes eran suyos y se le declaró culpable.6 El 22 de
diciembre
de
2006,
sentencia
y
el
la
defensa
Tribunal
renunció
declaró
al
informe
delincuente
pre-
habitual
a
3
La parte de la acusación sobre la reincidencia lee: ―Alega
además el fiscal la reincidencia del acusado Nelson Negrón
Rivera, el cual ha sido convicto y sentenciado por este
Honorable Tribunal en los casos JPD1999G0631 – por tent.
art.
168,
JSC19940262,
JSC1994G0263,
JSC1994G0278,
JSC1994G0279, JSC1994G0280, JSC1994G0281 por sustancias
controladas. Sentencia final y firme‖. Acusación presentada
el 4 de enero de 2006, Apéndice del Certiorari, pág. 410.
El delito de tentativa de recibo y transportación de bienes
apropiados ilegalmente por el que fue sentenciado a un año
de cárcel en el 2000 se encontraba en el artículo 168 del
Código Penal de 1974, mientras que los cargos por violación
a la Ley de Sustancias Controladas se referían a que se
declaró culpable por posesión de drogas bajo el artículo
404 en el 1994 y fue sentenciado a cuatro años de reclusión
en el 1995.
4
Véase Acta del 16
Certiorari, pág. 403.
de
marzo
de
2006,
Apéndice
del
Véase Acta del 24 de
Certiorari, págs. 393-394.
agosto
de
2006,
Apéndice
del
Véase Acta del 8 de noviembre
Certiorari, págs. 389(A)-389(C).
de
2006,
Apéndice
del
5
6
CC-2010-463
3
Negrón Rivera. Lo sentenció a separación permanente de la
sociedad
mediante
reclusión
perpetua
en
una
cárcel
de
máxima seguridad, según dictaba el Código Penal de 1974
para
personas
convictas
independientes
que
por
dos
reincidieran
o
más
delitos
cometiendo
una
graves
de
las
violaciones especificadas, entre las cuales se incluía el
artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas.7
Negrón Rivera apeló el 19 de enero de 2007. Alegó que
el foro de instancia erró al imponer la pena de separación
permanente de la sociedad en vez de la reclusión por 35
años dispuesta para reincidencia en la Ley de Sustancias
Controladas y que la pena impuesta viola la prohibición
constitucional de castigos crueles e inusitados por no ser
proporcional
a
los
Apelaciones
concluyó
delitos
cometidos.8
El
Tribunal
de
que
correcta
la
sentencia
de
fue
reincidencia según el Código Penal de 1974, porque no todas
las convicciones previas eran por violación a la Ley de
Sustancias
Controladas.
El
Tribunal
entendió
que
eso
excluía la aplicación de la disposición de reincidencia de
dicha ley, de acuerdo con Pueblo v. Ramos Rivas, 171 D.P.R.
7
Arts. 61-62, Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. secs. 33013302 (derogadas). Véase Acta del 22 de diciembre de 2006,
Apéndice del Certiorari, pág. 388.
8
Arts. 401 y 414, Ley de Sustancias Controladas, 24
L.P.R.A. secs. 2401 y 2413; Art. II sec. 12, Const. P.R.
Véanse Escrito de Apelación de 18 de enero de 2007,
Apéndice del Certiorari, págs. 383-386; Alegato del
Apelante ante el Tribunal de Apelaciones de 24 de
septiembre de 2007, Apéndice del Certiorari, págs. 297-338.
En sus escritos, también incluyó como error que se le
encontrara culpable, alegando insuficiencia de la prueba e
identificación viciada.
CC-2010-463
826
4
(2007).
Asimismo,
determinó
reincidencia
aplicable
fue
legislativa,
por
lo
que
no
que
la
determinada
debía
disposición
por
de
prerrogativa
calificarse
como
un
castigo cruel e inusitado.9 Uno de los jueces del panel
apelativo
disintió,
pues
entendió
que
aplicaba
la
reincidencia bajo la Ley de Sustancias Controladas ya que
el
antecedente
de
tentativa
de
transportación
de
bienes
hurtados bajo el Código Penal estaba relacionado con la
necesidad
de
Negrón
Rivera
de
conseguir
dinero
para
satisfacer su adicción a drogas. Además, explicó que el
castigo
impuesto
no
guarda
proporción
con
los
delitos
cometidos, por lo que no debía aplicarse automáticamente
sin
estudiar
las
circunstancias
específicas
que
la
Legislatura no tuvo ante su consideración.10 El Tribunal de
Apelaciones
también
denegó
una
solicitud
de
reconsideración.11
9
Pueblo v. Negrón Rivera, Sentencia KLAN20070088, 18 de
diciembre de 2009, Apéndice del Certiorari, págs. 52-86. En
Pueblo v. Ramos Rivas, 171 D.P.R. 826, 839 (2007),
señalamos que ―la disposición de reincidencia del Art. 401
de la Ley de Sustancias Controladas aplica con exclusividad
cuando todos los delitos previos por los cuales se alegue
la reincidencia sean delitos graves según esta ley o
cualquier ley de Estados Unidos relacionada con drogas
narcóticas, desplazando, en virtud del principio de
especialidad, las disposiciones de reincidencia del Código
Penal‖.
10
Pueblo v. Negrón Rivera, Sentencia KLAN20070088, Opinión
disidente del juez González Vargas, 18 de diciembre de
2009, Apéndice del Certiorari, págs. 45-51. El juez
entendió que aplicar la pena de separación permanente a
este acusado violaba disposiciones constitucionales.
11
Resolución de 23 de abril de 2010, Apéndice del
Certiorari, págs. 12-16, con voto explicativo del juez
González Vargas, Apéndice del Certiorari, págs. 1-11.
CC-2010-463
5
El 1 de junio de 2010, Negrón Rivera recurrió ante este
Tribunal. Nuevamente, uno de los errores que planteó fue
que la pena de separación permanente de la sociedad es
excesiva.12
solicitud
El
3
de
diciembre
certiorari.13
de
de
También
2010,
denegamos
denegamos
una
su
primera
moción de reconsideración, el 4 de febrero de 2011.14 Una
vez más, el peticionario nos pidió que modificáramos la
pena
impuesta
y
argumentó
que,
al
momento
de
ser
sentenciado, ya la Legislatura había atenuado la pena por
reincidencia habitual, mediante la eliminación de la pena
de separación permanente en el Código Penal de 2004, por lo
que ningún ciudadano podía ser condenado a pasar el resto
de
su
vida
solicitud
de
encarcelado.15
Luego
reconsideración,
el
de
4
evaluar
de
su
marzo
segunda
de
2011
ordenamos a la Procuradora General mostrar causa por la
12
Petición de Certiorari ante el Tribunal Supremo, CC-10463, págs. 40-43. En su escrito, incluyó otros tres errores
que no atenderemos: insuficiencia de la prueba para rebatir
la presunción de inocencia, violación al principio de
especialidad al no aplicar la disposición de reincidencia
de la Ley de Sustancias Controladas y falta de notificación
adecuada de los cargos porque la reincidencia habitual no
se alegó expresamente en el pliego acusatorio.
13
El juez Hernández Denton y la jueza Fiol Matta hicieron
constar que expedirían.
14
El juez Hernández Denton y la jueza Fiol Matta hicieron
constar que reconsiderarían.
15
Segunda solicitud de reconsideración ante el Tribunal
Supremo, 11 de febrero de 2011.
CC-2010-463
cual
no
6
debíamos
modificar
la
pena
por
reincidencia
habitual impuesta al peticionario.16
La Procuradora presentó su oposición el 2 de mayo de
2011. En ésta, reitera todos sus argumentos en cuanto a los
errores
sobre
los
que
el
peticionario
solicitó
revisión
originalmente. Sobre la posibilidad de aplicar la pena de
reincidencia habitual más benigna que establece el Código
Penal de 2004 en lugar de la del Código Penal de 1974 sólo
menciona que el peticionario lo alegó de forma muy escueta,
pero no provee razones para no emplearla.17 Por su parte, el
peticionario presentó su réplica el 12 de mayo de 2011, en
la
que
insistió
en
que,
cuando
lo
sentenciaron,
la
valoración de la pena por reincidencia habitual ya había
cambiado. Tras estudiar los argumentos de ambas partes, una
mayoría de los jueces y las juezas de este Tribunal ha
decidido no expedir el auto. Respetuosamente, disiento.
El principio de favorabilidad establece que las leyes
penales
se
aplican
de
forma
retroactiva
en
lo
que
16
Aunque el peticionario pidió reconsideración respecto a
tres
errores,
emitimos
una
orden
de
mostrar
causa
únicamente respecto a la pena impuesta por reincidencia
habitual.
17
La mención se encuentra en la nota al calce 40, en la
página 44 del Escrito para Mostrar Causa. La Procuradora
indica que ―si el peticionario interesa hacer algún
planteamiento en cuanto a su eventual elegibilidad para
disfrutar de una libertad bajo palabra, a la luz del
principio de favorabilidad, éste deberá plantearlo y
discutirlo ante los foros pertinentes, en el momento
apropiado‖, y añade que esa controversia aún no ha
madurado. Entendemos que, dado que el peticionario se
encuentra cumpliendo su condena de reclusión, no hay razón
para posponer la consideración de su planteamiento sobre la
pena que debe cumplir.
CC-2010-463
7
beneficien a las personas imputadas de delito. Ello implica
que, cuando la ley vigente al cometerse el delito y la
vigente al imponerse la sentencia son distintas, siempre se
aplica el estatuto más benigno para el acusado.18 Incluso,
si la persona ya está cumpliendo la sentencia y entra en
vigor una ley con una pena o un modo de ejecutarla que es
menos severa que aquella bajo la cual se le sentenció, se
le debe aplicar la más favorecedora.19 Por ser un principio
general, esta regla beneficia a las personas acusadas o
convictas de todo tipo de delitos, sin distinción alguna.
De esta forma, nuestro ordenamiento permite, como excepción
a las normas generales de que la ley penal aplicable es la
que
estaba
vigente
al
cometerse
el
delito
y
de
la
irretroactividad de la ley nueva, que las personas acusadas
o
convictas
se
puedan
beneficiar
de
leyes
más
benignas
promulgadas en tiempo posterior a los hechos punibles.20
18
Art. 9(a), Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4637.
El principio de favorabilidad también estaba codificado en
el Código Penal de 1974, en el artículo 4, 33 L.P.R.A. sec.
3004
(derogada).
Sobre
aplicación
retroactiva,
véase
también Pueblo v. Thompson Faberllé, 2010 T.S.P.R. 237.
19
20
Art. 9(b), Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4637.
D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño – Parte
General, 5ta ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo
del
Derecho,
2005,
págs.
100-108.
El
principio
de
favorabilidad del Derecho Penal moderno ha sido adoptado
como máxima en el Derecho Internacional y las disposiciones
sobre derechos humanos, pues favorece la rehabilitación de
los transgresores. Véanse, por ejemplo: Art. 15.1, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, Nueva
York, 1966); Art. 9, Convención Americana sobre Derechos
Humanos (OEA, San José, 1969).
CC-2010-463
El
8
fundamento
del
nuestro
Derecho
Penal,
Ernesto
Chiesa,
es
imponer
una
considera
pena
principio
según
que
que
inadecuada
de
explica
sería
favorabilidad
el
profesor
irracional
al
momento
porque
las
de
la
expresiones
y
en
Luis
arbitrario
sentencia
se
legislativas
más recientes manifiestan que cierto castigo es excesivo
para
la
gravedad
del
hecho.
En
otras
palabras,
si
la
valoración jurídica de la conducta ha cambiado de modo que
se han atenuado sus consecuencias, lo justo es aplicar esa
nueva visión a los hechos cometidos antes del cambio, pues
no tiene sentido que los ciudadanos sigan padeciendo los
efectos
de
leyes
que
en
la
actualidad
se
entienden
demasiado rigurosas.21
Por otro lado, según el artículo 308 del Código Penal
de 2004, la conducta antijurídica que se haya realizado
antes de la vigencia del Código de 2004 se rige por la ley
penal que estuviese vigente al momento de los hechos.22 Esta
cláusula de reserva parcial pretende que los actos punibles
cometidos
bajo
el
penales
especiales
Código
de
1974
aplicables
derogado
cuando
se
o
las
leyes
cometió
la
conducta, que no hayan sido suprimidos por el Código de
2004,
sean
juzgados
según
la
tipificación
en
vigor
21
al
L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, San Juan,
Publicaciones JTS, 2007, págs. 54-55. Véase también, E.L.
Chiesa Aponte y L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal, 73 Rev.
Jur. UPR 671, 689-695 (2004).
22
Art. 308, Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4935.
CC-2010-463
9
tiempo en que ocurrieron.23 A base de ello, en Pueblo v.
González Ramos, 165 D.P.R. 675, 705 (2005), indicamos que
la Legislatura decidió mantener la aplicabilidad del Código
de
1974
para
juzgar
los
delitos
cometidos
durante
su
caso
nos
vigencia.
No
obstante,
limitamos
a
vale
estudiar
aclarar
el
que
artículo
en
308
ese
en
cuanto
a
la
tipificación de delitos y no lo evaluamos en el ámbito de
las consecuencias de la aplicación de la ley
decir,
de
las
penas.
En
Pueblo
v.
penal, es
González
Ramos,
determinamos que el asesinato estatutario tipificado en el
Código Penal de 1974 no fue suprimido en el Código de 2004,
y que, de acuerdo a la cláusula de reserva del Código de
2004, procedía juzgar al acusado según el delito tipificado
en el Código de 1974, que estaba vigente al momento de los
hechos
delictivos.
Aunque
nos
expresamos
en
términos
generales sobre la aplicación retroactiva de la ley penal
más benigna y las cláusulas de reserva como límites al
principio de favorabilidad, el análisis estuvo centrado en
el efecto de la cláusula de reserva del Código Penal de
2004 sobre la conducta que se considera delictiva.
En efecto, debemos distinguir entre la punibilidad y
la penalidad al analizar el axioma de aplicar la ley penal
más benigna en conjunto con la cláusula de reserva. El
análisis de las sanciones por la comisión de la conducta
23
D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, 2da
ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho,
2005, págs. 10-12 y 397.
CC-2010-463
10
punible tiene que ser distinto al que se refiere a los
elementos constitutivos del delito o de los supuestos de
hechos que deseamos prevenir. La razón es evidente: cada
uno
de
estos
componentes
de
la
norma
penal
cláusula
de
considera
factores diferentes.24
Si
leemos
detenidamente
la
reserva
del
Código Penal de 2004, podemos notar que está totalmente
dirigida
a
la
tipicidad
y
no
menciona
las
penas.
El
artículo 308 enuncia:
La conducta realizada con anterioridad a la
vigencia de este Código en violación a las
disposiciones del Código Penal aquí derogado
[1974] o de cualquier otra ley de carácter penal
se regirá por las leyes vigentes al momento del
hecho. Si este Código suprime algún delito, no
deberá iniciarse el encauzamiento, las acciones
en trámite deberán sobreseerse y las sentencias
condenatorias deberán declararse nulas y liberar
a la persona. El cambio de nombre de un delito no
significa que el tipo delictivo ha quedado
suprimido.25
Esta redacción se distingue de la que se usó en la cláusula
de reserva del Código de 1974. Ésta incluía expresamente
las sanciones entre los elementos que debían atenderse de
acuerdo al Código Penal anterior, al referirse al castigo
del
hecho
promulgación
cometido,
de
en
este
los
siguientes
Código
[1974]
términos:
no
―La
constituye
impedimento para acusar o perseguir y castigar un hecho ya
cometido en violación a las disposiciones del Código Penal
24
Véase F. Muñoz Conde y M. García Arán, Derecho Penal –
Parte General, 6ta ed., Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch,
2004, págs. 33-65.
25
(Énfasis suplido). 33 L.P.R.A. sec. 4935.
CC-2010-463
11
aquí derogado [1937] o de cualquier otra ley especial de
carácter penal‖.26
Distinto al Código de 1974, el de 2004
permite
la
aplicación retroactiva de las penas y medidas de seguridad
más favorables. Por eso, podemos razonar que la intención
legislativa al aprobar el Código actual fue que se juzgaran
los delitos cometidos bajo el Código anterior según las
disposiciones
de
ese
cuerpo,
pero
que
se
aplicaran
las
penas más benignas del nuevo Código para evitar un desfase
entre
las
sentencias
y
la
valorización
social
de
las
conductas al presente.27
El profesor Antonio Bascuñán, en un estudio detallado
sobre
el
desarrollo
del
principio
de
favorabilidad
en
Puerto Rico, explica que este Tribunal, al interpretar las
cláusulas de reserva de modo que la consecuencia para el
acusado sea razonable, se ha basado en la necesidad de que
las penas impuestas sean cónsonas con la valoración que les
asigna la Legislatura en el momento actual.28 Igualmente, el
autor señala que la jurisprudencia norteamericana muestra
26
(Énfasis suplido). Art. 281, Código Penal de 1974, 33
L.P.R.A. sec. 4625 (derogada).
27
Véase Voto disidente de la jueza Fiol Matta en Pueblo v.
Padín Rodríguez, 169 D.P.R. 521, 521-531 (2006).
28
A. Bascuñán Rodríguez, La aplicación de la ley penal más
favorable, 69 Rev. Jur. UPR 29, 65-66 (2000). Véase también
la discusión de la profesora Nevares Muñiz sobre casos en
los que este Tribunal ha aplicado retroactivamente leyes
posteriores
más
favorables
a
los
acusados,
independientemente de la cláusula de reserva. Nevares
Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, op. cit., a las págs.
109-110, citando: Pueblo v. Caballero Rodríguez, 109 D.P.R.
126 (1979); Pueblo v. Malavé, 61 D.P.R. 403 (1943); Pueblo
v. Otero, 61 D.P.R. 36 (1942).
CC-2010-463
12
descontento
con
concebir
las
cláusulas
de
reserva
como
mandatos genéricos y absolutos.29 Indica que, dado que la
formulación de las cláusulas de reserva suele ser formal y
abstracta,
su
aplicación
irrestricta
puede
llevar
al
―absurdo político-criminal de tener que imponer una pena
aunque
al
momento
de
la
condena
la
ley
haya
expresado
abiertamente su falta de necesidad‖.30
Cabe recordar, según explicamos en Pueblo v. González
Ramos, que la interpretación de las cláusulas de reserva
del
Código
Penal
de
1974
en
nuestra
jurisprudencia
fue
conflictiva.31 Hubo casos en los que aplicamos la ley penal
más
favorable,
aunque
fuera,
según
señala
Bascuñán,
―en
abierta infracción del tenor literal de las cláusulas de
reserva‖.32 La explicación, según este autor, era que en
esos
casos
encontraba
del
―la
razonabilidad
campo
contrario
a
político-criminal
se
dichas
lo
cláusulas:
razonable era evitar el exceso‖.33 Pero, más allá de las
29
Bascuñán Rodríguez, supra, a las págs. 122-123.
30
Íd. a la pág. 56.
31
Pueblo v. González Ramos, supra, a la pág. 702.
32
Bascuñán Rodríguez, supra, a la pág. 69.
33
Íd. Véase también Luis Rivera Román, El nuevo Código
Penal: su vigencia y el debate entre la aplicación de la
ley más benigna y las cláusulas de reserva, 40 Rev. Jur.
UIPR 41 (2005). En ese artículo se repasan los argumentos
respecto al principio de favorabilidad que se estuvieron
presentando en los tribunales de primera instancia durante
los primeros meses de vigencia del Código Penal de 2004 y
se concluye que se debe reconocer el valor jurídico de
dicho principio, pues ―el Código Penal de 2004 culmina un
desarrollo histórico que concede a un imputado toda ley más
benigna, la aplica en su mayor amplitud y a favor de
CC-2010-463
13
consideraciones
encontraran
de
presentes
justicia
en
esos
y
razonabilidad
casos,
debemos
que
se
tener
en
cuenta un detalle importante: el Código de 1974 disponía
que
el
principio
de
favorabilidad
aplicaría
sólo
prospectivamente.34 Ese mandato legislativo fue el que causó
las aparentes contradicciones en los casos que se discuten
en Pueblo v. González Ramos.35 El Código de 2004 no contiene
una disposición similar.
Más aun, debemos resaltar que, independientemente de
la interpretación que se hiciera de la cláusula de reserva
que
prohibía
la
aplicación
retroactiva
del
principio
de
favorabilidad, éste se aplicó de la misma manera en todos
los casos citados: ―lo decisivo al determinar la aplicación
de la ley era la fecha en que fue dictada la sentencia del
personas que han sido sentenciadas‖. Id. a la pág. 67.
Asimismo, señala que ―el más simple sentido de justicia‖ y
―una nueva valorativa social a una conducta criminal‖ deben
ser fundamentos suficientes para aplicar una ley más
benigna en todos los casos pendientes de adjudicación. Id.
34
Art. 282, Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec. 4626
(derogada).
35
Pueblo v. González Ramos, supra, a las págs. 699-702. Los
casos discutidos son: Pueblo v. Villafañe, Contreras, 142
D.P.R. 839 (1997); Pueblo v. Moreno Morales I, 132 D.P.R.
261 (1992); Pueblo v. Caballero Rodríguez, supra, y Pueblo
v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1977). En Pueblo v.
Moreno Morales I, la decisión de no aplicar una ley penal
más benigna no se basó en el principio de favorabilidad y
las cláusulas de reserva que establecía el Código Penal de
1974. Se debió a que la ley que el convicto pidió que se
empleara establecía expresamente que sus disposiciones sólo
aplicarían a personas juzgadas por hechos cometidos a
partir de la vigencia de esa ley y el delito se cometió
antes. Pueblo v. Moreno Morales I, supra, a la pág. 289.
CC-2010-463
tribunal
de
14
instancia‖.36
Así,
en
Pueblo
v.
Caballero
Rodríguez, este Tribunal declaró que ―[a]unque los hechos y
el juicio tuvieron lugar durante la vigencia del anterior
Código Penal, la sentencia se dictó el 4 de febrero de
1975, estando ya en vigor el presente Código Penal‖,37 y
analizó
las
instrucciones
al
jurado
a
la
luz
de
la
disposición más favorable del Código de 1974. Asimismo, en
Pueblo
v.
Rosso
Vázquez,
el
Tribunal
aclaró
que
no
reduciría la pena según las disposiciones más benignas del
nuevo cuerpo de ley, porque el principio de favorabilidad
aplicaba con carácter prospectivo y la sentencia se impuso
antes de que entrara en vigor el Código Penal de 1974.38
Este desarrollo implica que lo decisivo para determinar si
el acusado puede beneficiarse de una ley más favorable al
36
Pueblo v. González Ramos, supra, a la pág. 701, esc. 21,
resumiendo Pueblo v. Villafañe, Contreras, supra. En Pueblo
v. Villafañe, Contreras, el juez Rebollo López emitió una
Opinión disidente en la cual criticó que se ignorara el
principio de favorabilidad, con el efecto de castigar una
conducta que ya no se consideraba delictiva. Íd. a las
págs. 849-857.
37
(Énfasis suplido.) Pueblo v. Caballero Rodríguez, supra,
a la pág. 128.
38
Pueblo v. Rosso Vázquez, supra, a las págs. 910-911.
Además de considerar la fecha en que se dictó la sentencia,
el Tribunal indicó que ―las circunstancias repugnantes‖ del
caso, en que un policía violó a una joven, ―no nos mueven a
intervenir con la penalidad‖. Íd. a la pág. 911. Mientras,
cuatro de los ocho jueces que componían el Tribunal en ese
momento disintieron de la decisión de no modificar la
sentencia de acuerdo con el nuevo Código Penal para que la
misma fuera de un máximo de 25 años en lugar de ser una de
hasta 50 años. Fundamentaron su disenso en la importancia
de promover la rehabilitación de los confinados a través
del sistema correccional y de poner en vigor el axioma de
vanguardia que representa el principio de favorabilidad.
Íd. a las págs. 912-914.
CC-2010-463
15
ser sentenciado no es la fecha en que se cometieron los
hechos sino la fecha en que se dicta la sentencia.
En el presente caso, los hechos se cometieron en abril
de 2004, cuando todavía estaba vigente el Código Penal de
1974, por lo que se juzgó al acusado según los delitos
tipificados en ese Código.39 No obstante, la sentencia se
dictó en diciembre de 2006, cuando ya regía el Código Penal
de
2004,
por
lo
que
la
pena
se
debía
fijar
según
lo
establecido en esa legislación, de ser ésta más benigna.
Sin embargo, al acusado se le impuso incorrectamente la
pena dispuesta por el Código de 1974, que es más severa que
la del Código de 2004 que se le debía aplicar.
En su análisis sobre la concepción de la pena por
reincidencia habitual en ambos cuerpos de ley, la profesora
Dora
Nevares
Muñiz
explica
que
la
reincidencia
habitual
bajo el Código de 1974 era tan rigurosa que violaba el
principio
de
proporcionalidad
dictado
por
la
cláusula
constitucional contra castigos crueles e inusitados, pues
conllevaba
prisión
programas
de
perpetua
rehabilitación
y
prohibía
así
como
participar
cualificar
en
para
libertad bajo palabra.40 El Código de 2004, en lugar de
39
El Código Penal de 2004 comenzó a regir el 1 de mayo de
2005. Art. 314, Código Penal de 2004, Ley Núm. 149 de 18 de
junio de 2004. El propósito principal de la reforma del
Código Penal fue revisar las penas que establecían el
Código de 1974 y las leyes penales especiales. Íd.,
Exposición de Motivos del Código Penal de 2004.
40
D. Nevares Muñiz, Las penas en el nuevo Código Penal: a
cinco años de su vigencia, 79 Rev. Jur. UPR 1129, 1154-1155
(2010). Véase también D. Nevares Muñiz, Evaluación del
Modelo de Penas – Revisión del Código Penal, Comisión de lo
CC-2010-463
16
ordenar la reclusión permanente del reincidente, le impone
una condena de 99 años, igual que a los delitos graves de
primer grado.41 La persona así sentenciada tiene acceso a
programas de rehabilitación y puede ser considerada para
libertad bajo palabra.42
La Ley 316 de 2004, que enmendó la Ley Orgánica de la
Junta de Libertad Bajo Palabra de 1974 para atemperarla al
Código
Penal
de
2004,
dispuso
que
cualquier
persona
convicta que se haya declarado reincidente habitual puede
ser considerada para libertad bajo palabra al cumplir 25
años naturales de su sentencia, beneficio del que estaban
excluidos
los
reincidentes
habituales
anteriormente.43
Jurídico del Senado de Puerto Rico, 9 de abril de 2002,
pág. 18, http://www.ramajudicial.pr/CodigoPenal/acrobat/04Evaluacion-del-Modelo-de-Penas.pdf.
Sobre
las
teorías
acerca de las penas por reincidencia habitual, véase,
además: A. Von Hirsch, Doing Justice: The Choice of
Punishments, New York, Ed. Hill and Wang, 1976, págs. 8494. Este autor explica que, al imponer un castigo por ser
reincidente, no sólo se debe considerar la cantidad de
veces en que la persona delinquió sino también la seriedad
de las ofensas cometidas.
41
Art. 81(c), Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec.
4709(c). Al igual que el Código de 1974, el de 2004 dispone
el grado de reincidencia habitual cuando la persona ha sido
convicta anteriormente por dos o más delitos graves
independientes y comete otro delito grave en violación de
las disposiciones enumeradas, que incluyen el artículo 401
de la Ley de Sustancias Controladas. Las normas para la
determinación de reincidencia bajo el Código de 2004 se
encuentran en su artículo 82, 33 L.P.R.A. sec. 4710.
42
Véase R.N. Bell Bayrón, La significativa aportación al
compromiso con la rehabilitación del sentenciado de la
reforma
penal
de
2004
y
de
la
Ley
del
Mandato
Constitucional de Rehabilitación, 40 Rev. Jur. UIPR 1
(2005).
43
Art. 3(a)(1), Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo
Palabra, Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974 según
CC-2010-463
Asimismo,
17
según
Rehabilitación
la
de
Ley
de
Mandato
Constitucional
2004,
el
reincidente
habitual
de
que
cualifique para libertad bajo palabra podrá ser evaluado
con el fin de determinar si está capacitado para convivir
libremente
en
la
sociedad
sin
que
ello
manifieste
peligrosidad y, si el Departamento de Corrección certifica
su
rehabilitación,
posibilidad
de
dar
el
tribunal
por
cumplida
podrá
la
pena
considerar
la
restante.44
El
artículo 104 del Código Penal de 2004 también provee para
la
certificación
de
rehabilitación
del
recluso.45
Estas
diferencias se deben a que, con la reforma del Código Penal
en
el
2004,
respondieran
se
a
buscó
la
atemperar
severidad
de
las
los
penas
para
delitos
y
que
no
constituyeran castigos perpetuos.46
enmendada por la Ley Núm. 316 de 15 de septiembre de 2004,
4 L.P.R.A. sec. 1503. Para otros ejemplos sobre la
exclusión de los delincuentes habituales de beneficios para
su rehabilitación y reinserción en la sociedad bajo el
Código Penal de 1974, véase Pueblo v. Pizarro Solís, 129
D.P.R. 911 (1992).
44
Art. 7, Ley de Mandato Constitucional de Rehabilitación,
Ley Núm. 377 de 16 de septiembre de 2004, según enmendada
por la Ley Núm. 165 de 16 de diciembre de 2009, 4 L.P.R.A.
sec. 1615. Véase también A. Sánchez Galindo, El derecho a
la readaptación social, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1983.
45
Art. 104, Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4732. La
rehabilitación del sentenciado es una de las causas de
extinción de la pena. Art. 103, Código Penal de 2004, 33
L.P.R.A. sec. 4731.
46
Véase Nevares Muñiz, Las penas en el nuevo Código Penal,
supra, a las págs. 1131-1141 y 1160-1161. Véase también J.
Cid Moliné, ¿Pena justa o pena útil?, Madrid, Centro de
Publicaciones del Ministerio de Justicia, 1994.
CC-2010-463
18
Por lo tanto, procedía corregir la sentencia dictada en
este caso para modificar la pena según el Código Penal de
2004.47 De esa manera, la sanción impuesta correspondería a
la
valoración
legislativa
actual
de
la
consecuencia
jurídica de la reincidencia habitual y a nuestra política
constitucional
de
promover
resocialización
de
los
la
rehabilitación
confinados.48
Así
y
la
también,
se
propendería a que la pena guarde mayor proporcionalidad con
los delitos cometidos.49
El resultado de la aplicación lógica del principio de
favorabilidad,
parcial
del
en
conjunción
Código
Penal
con
de
la
2004
cláusula
de
reserva
y
el
fin
con
de
rehabilitación que recogen nuestra Constitución, nuestras
leyes y nuestra jurisprudencia, no es ni remotamente la
impunidad. El señor Negrón Rivera cumpliría una pena de 99
años naturales por haber mantenido una conducta delictiva
durante varios años. La diferencia al sentenciarlo según el
Código de 2004 vigente es que, cuando haya cumplido 25 años
naturales de su condena, tendrá la oportunidad de solicitar
salir de la cárcel con libertad bajo palabra. Esa opción,
que no se le otorgará automáticamente sino que se le podría
brindar después de evaluar si todavía representa un peligro
47
Véase Regla 213 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.
Ap. II R. 213.
48
Art.
VI
sec.
19,
Const.
P.R.;
Ley
de
Mandato
Constitucional de Rehabilitación, 4 L.P.R.A. secs. 16111616; Art. 50, Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4678.
49
Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197, 201-202 (1985).
CC-2010-463
19
para la sociedad, es la que puede motivarlo a superar su
adicción y a aprovechar el tiempo de su encarcelación para
desarrollar alguna habilidad que le permita ser productivo
cuando regrese a la libre comunidad. Si le negamos
oportunidad,
nada
de
lo
que
haga
dentro
de
la
esa
prisión
tendrá propósito. ¿Qué incentivo para rehabilitarse va a
tener
esta
persona?
¿Qué
gana
el
País
con
mantener
encerrado por el resto de su vida, en una prisión de máxima
seguridad, a expensas del erario, a un joven que cayó en el
vicio de las drogas?
La pena de separación permanente de la sociedad que se
le
impuso
al
señor
Negrón
excesiva.
No
sólo
es
Rivera
contraria
es,
a
a
las
todas
luces,
disposiciones
legislativas vigentes, sino que derrota nuestra política
pública de permitir y promover la rehabilitación. No puedo
estar de acuerdo.
Al señor Negrón Rivera, y a las personas acusadas en su
misma posición, sólo les quedará la esperanza de que la
Asamblea Legislativa aclare el alcance del artículo 308 del
Código Penal de 2004. Sólo así se podrá hacer valer la
prohibición
de
penas
desproporcionadas
a
los
delitos
cometidos que estipula nuestra Constitución y se le dará
eficacia al principio de favorabilidad que impera en los
sistemas penalistas modernos, como esperamos que sea el de
Puerto Rico.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2010-463
Certiorari
Nelson Negrón Rivera
Peticionario
Voto Disidente emitido por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
al cual se unen el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON y el Juez
Asociado SEÑOR KOLTHOFF CARABALLO
San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2011.
Por
totalidad
considerar
el
que
historial
debemos
evaluar
legislativo
y
en
su
que
la
codificación final elegida por el legislador para
preservar
Código
el
Penal
principio
de
favorabilidad
no
ser
derrotada
interpretación
puede
ceñida
exclusivamente
en
el
por
una
a
otro
articulado de dicha pieza legislativa, disiento
respetuosamente.
El presente caso nos permite armonizar por
primera vez el Art. 9 y el Art. 308 del Código
Penal de 2004 respecto a la imposición de la pena
CC-2010-463
más
21
benigna.
Esto,
debido
a
que
el
Art.
9
codifica
el
principio de favorabilidad y, en consecuencia, dispone que
se impondrá la sentencia más benigna aunque la ley vigente
al tiempo de cometerse el delito sea distinta. Mientras que
el
Art.
308
establece
que
la
conducta
realizada
con
anterioridad a la vigencia del Código Penal de 2004 se
regirá por las leyes vigentes al momento del hecho.
I
Por conducta ilícita ocurrida el 13 de abril de 2004,
mientras se encontraba en vigor el Código Penal de 1974, el
Sr. Nelson Negrón Rivera fue acusado por el delito grave de
posesión
con
intención
de
distribuir
sustancias
controladas.50 También se le imputó reincidencia por haber
sido sentenciado en dos ocasiones anteriores.51
El 1 de mayo de 2005 comenzó la vigencia del Código
Penal de 2004. Posteriormente, se celebró el juicio en su
fondo y el 22 de diciembre de 2006 el Tribunal de Primera
Instancia sentenció al señor Negrón Rivera de acuerdo con
el derogado Código. Esto, a pesar de que el Código Penal de
2004
se
encontraba
en
vigor
y
establecía
una
pena
más
benigna para la reincidencia habitual.
II
La
que
controversia
dilucidemos
50
si
Art. 401(a)(2),
L.P.R.A. sec. 2401.
51
ante
nuestra
consideración
requiere
una
persona
imputada
conducta
Ley
de
Sustancias
por
Controladas,
24
Una por tentativa de recibo y transportación de
bienes apropiados ilegalmente bajo el Código Penal de 1974 y
otra por seis cargos de posesión de narcóticos bajo la Ley de
Sustancias Controladas.
CC-2010-463
22
delictiva ocurrida antes del 1 de mayo de 2005, pero que
aún
se
encuentra
pendiente
de
ser
sentenciada,
puede
beneficiarse de las disposiciones del Código Penal de 2004
en cuanto a la pena, en virtud del Art. 9 de dicho Código.
El Art. 8 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec.
4636, describe como regla general la aplicación prospectiva
de la ley penal, en particular del Código Penal, de una
forma cónsona con la prohibición constitucional de leyes ex
post facto. Al aludir a una ley ex post facto nos referimos
a la aplicación retroactiva de una ley que agrava para el
acusado
su
relación
con
el
delito,
defenderse
y
la
forma
de
cumplir
extensión.
Véase,
E.L.
Chiesa
la
una
Aponte,
oportunidad
de
sentencia
su
Derecho
o
Procesal
Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum,
1992,
Vol.
II,
Sec.
19.1,
págs.
545-549.
Pero
la
prohibición de leyes ex post facto es un concepto distinto
a
la
concesión
legislativa
circunstancias
se
imputado.
ello,
Por
aplique
como
para
la
que
en
pena
más
excepción
a
determinadas
benigna
la
a
un
aplicación
prospectiva de las leyes penales, la Asamblea Legislativa
puede
aprobar
una
disposición
más
favorable
y
hacerla
retroactiva en cuanto estime apropiado.
Al respecto, el Art. 9 del Código Penal de 2004, 33
L.P.R.A. sec. 4637, dispone lo siguiente:
La ley penal tiene efecto retroactivo en lo
que favorezca a la persona imputada de
delito. En consecuencia, se aplican las
siguientes normas:
(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse
el delito es distinta de la que exista al
CC-2010-463
23
procesar al imputado o al imponerle la
sentencia, se aplicará siempre la ley más
benigna.
(b) Si durante el término en que la persona
está cumpliendo la sentencia entra en vigor
una ley más benigna en cuanto a la pena o a
la medida de seguridad o al modo de
ejecutarlas, se aplicará retroactivamente.
(c) Si durante el término en que la persona
está cumpliendo la sentencia entra en vigor
una ley que suprime el delito, o el Tribunal
Supremo emite una decisión que despenalice
el hecho, la pena quedará extinguida y la
persona liberada, de estar recluida o en
restricción de libertad. En estos casos los
efectos de la nueva ley o de la decisión
judicial operarán de pleno derecho. Íd.
(Énfasis nuestro.)52
Según el Art. 9 del Código Penal de 2004, y en lo
pertinente, la ley penal debe aplicarse retroactivamente si
la pena vigente al momento de la sentencia es menor que la
establecida cuando se cometió el delito. Véase, L.E. Chiesa
Aponte, Derecho Penal Sustantivo, San Juan, Publicaciones
JTS, 2007, pág. 55. En la doctrina se reconoce que ―si la
52
El Código Penal de 1974 reconoció por primera vez este
principio. El Art. 4 del derogado Código establecía el
principio de favorabilidad de la siguiente manera:
Las
leyes
penales
no
tienen
efecto
retroactivo, salvo en cuanto favorezcan a la
persona imputada de delito.
Si la ley vigente al tiempo de cometerse el
delito fuere distinta de la que exista al
imponerse la sentencia, se aplicará siempre
la más benigna.
Si durante la condena se aprobare una ley
más benigna en cuanto a la pena o al modo de
ejecución
la
misma
se
limitará
a
lo
establecido por esa ley.
En los casos de la presente sección los
efectos de la nueva ley operarán de pleno
derecho. 33 L.P.R.A. sec. 3304 (derogado).
CC-2010-463
24
ley más favorable es promulgada con posterioridad a los
hechos pero antes del juicio, deberá ser aplicada en la
sentencia que se dicte‖. F. Muñoz Conde, Derecho Penal,
Parte General, 7ma ed., Valencia, 2007, pág. 140.
Claro está, al ser la aplicación retroactiva de las
disposiciones
legales
que
beneficien
al
imputado
una
prerrogativa de la Asamblea Legislativa, como lo sería un
tipo
que
reúna
elementos
específicos
más
difíciles
de
cumplir para el delito en cuestión, el legislador puede
delimitar la disposición particular según su parecer. Es
por esto que la Asamblea Legislativa incluyó el Art. 308
del
Código
Penal
de
2004,
33
L.P.R.A.
sec.
4935,
que
dispone una cláusula de reserva parcial, la cual, en lo
pertinente,
establece
que
―[l]a
conducta
realizada
con
anterioridad a la vigencia de este Código en violación a
las
disposiciones
del
Código
Penal
aquí
derogado
o
de
cualquier otra ley especial de carácter penal se regirá por
las
leyes
vigentes
al
momento
del
hecho‖.
Íd.
(Énfasis
nuestro.)
La Asamblea Legislativa aprobó la expresión palmaria
de
que
la
―conducta‖
que
constituyera
delito
con
anterioridad a la vigencia del Código Penal de 2004 se
regiría por las leyes vigentes al momento del hecho. El
texto claro de la ley es la expresión por excelencia de la
intención legislativa, particularmente en el campo penal.
Pueblo v. Jesús Delgado, 155 D.P.R. 930, 941 (2001); Pueblo
v. Rexach Benítez, 130 D.P.R. 273, 302 (1992). El sujeto
indiscutible
del
primer
párrafo
del
Art.
308
es
la
CC-2010-463
25
―conducta‖, según lo dispuesto por el legislador, por lo
que tal párrafo va dirigido a establecer una cláusula de
reserva parcial al respecto. Esto es, el único asunto en el
aludido
párrafo
para
el
cual
el
legislador
prohibió
la
aplicación retroactiva del Código Penal de 2004 es para la
―conducta‖
realizada
con
anterioridad
a
la
vigencia
de
dicho Código.
Ahora bien, ¿qué significa ―conducta‖ en el Art. 308?
¿Significa ―pena‖? ¿O se refiere a las acciones u omisiones
que
constituyen
el
tipo
delictivo
según
la
ley
penal
vigente antes de la entrada en vigor del Código Penal de
2004?
El Art. 14 del nuevo Código, 33 L.P.R.A. sec. 4642, no
define
la
palabra
―conducta‖,
interpretarla
―según
el
sancionado
el
uso
común
2004,
33
Código
por
Penal
debemos
tener
de
estatutos
presente
penales
debe
por
contexto
y
y
la
hacerse
que
el
sec.
debemos
significado
corriente‖.
L.P.R.A.
que
lo
Art.
4641.
manera
del
Además,
interpretación
de
13
de
los
restrictiva
en
cuanto perjudica al acusado y liberalmente en cuanto lo
favorece. Pueblo v. Flores Flores, res. el 23 de mayo de
2011,
2011
T.S.P.R.
38;
Pueblo
v.
Negrón
Caldero,
157
D.P.R. 413, 423 (2002); Pueblo v. Rodríguez Jiménez, 128
D.P.R. 114, 119 (1991). Asimismo, las disposiciones de una
ley
deben
ser
conduzcan
a
Martell,
173
examinadas
resultados
D.P.R.
601,
e
interpretadas
armoniosos.
612
(2008);
Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 548 (1999).
de
Pueblo
Pueblo
modo
v.
v.
que
Rivera
Zayas
CC-2010-463
26
La Real Academia Española define ―conducta‖ como la
―manera que una persona se comporta en su vida y acciones‖,
y como el ―conjunto de las acciones con que un ser vivo
responde
a
una
situación‖.
Real
Academia
Española,
Diccionario Esencial de la Lengua Española, 1ra ed., Ed.
Espasa, 2006, pág. 382. También se define como la forma y
manera en que el ser humano gobierna su vida y dirige sus
acciones.
I.
Jurídicos,
Rivera
New
García,
Hampshire,
Diccionario
2da
Ed.
de
Términos
Revisada,
Equity
Publishing Corp., 1989, pág. 49. La conducta supone alguna
acción u omisión. Y para que exista conducta antijurídica
penal se requiere un acto cometido u omitido que viole
alguna
ley
que
lo
prohíba
u
ordene.
El
comportamiento
humano es una exigencia de los tipos penales. S. Mir Puig,
Derecho
Penal
Parte
General,
8va
ed.,
Barcelona,
Ed.
Reppertor, 2008, pág. 177. Así, pues, en el derecho penal
el
término
―conducta‖
es
la
primera
condición
para
la
imputación del resultado típico y sin ella éste no puede
imputársele a nadie. Íd., pág. 178. Sin conducta no hay
configuración de delito alguno. El fundamento es sencillo.
Cuando hay ausencia de conducta humana no sólo falta la
tipicidad penal, sino también la imputación personal del
hecho, a saber: el delito. Íd.
La
pena,
en
cambio,
es
la
consecuencia
jurídica
primaria de la conducta considerada como delito. Véase, S.
Mir Puig, op. cit., pág. 663. Dicho de otra manera, la pena
es
el
castigo
para
la
conducta
antijurídica
penalmente
CC-2010-463
27
típica. Por ello, resulta evidente que ―conducta‖ y ―pena‖
son términos distintos.
El
trasfondo
histórico
de
la
cláusula
de
reserva
parcial ilustra el alcance del Art. 308. A este articulado
le preceden las cláusulas de reserva del Código Penal de
1974 —Arts. 281 y 282— que el legislador justipreció debían
ser revisadas. El entonces Art. 281 disponía lo siguiente:
La
promulgación
de
este
Código
no
constituye
impedimento
para
acusar
o
perseguir y castigar un hecho ya cometido
en violación a las disposiciones del Código
Penal aquí derogado o de cualquier otra ley
especial de carácter penal. 33 L.P.R.A.
sec. 4625 (derogado). (Énfasis nuestro.)
Nótese que el lenguaje empuñado por esta cláusula de
reserva derogada incluye el término ―castigar‖, el cual de
conformidad con tal Código guarda inextricable relación con
la
pena.
Véase,
Art.
60
del
Código
Penal
de
1974,
33
L.P.R.A. sec. 3284 (derogada). Por lo tanto, esta derogada
cláusula
aplicación
de
reserva
retroactiva
prohibía
de
las
de
forma
nuevas
penas
indubitada
que
la
disponía
dicho Código. Pero además de lo anterior, el Código Penal
de 1974 contenía otra cláusula de reserva en su Art. 282
para
impedir
que
pudiera
invocarse
retroactivamente
el
principio de favorabilidad de su Art. 4. El Art. 282 del
derogado Código establecía lo siguiente:
Las disposiciones del Artículo 4 [principio
de
favorabilidad]
de
este
Código
se
aplicarán solamente con carácter prospectivo
a partir de la fecha de su vigencia. 33
L.P.R.A. sec. 4626 (derogado).
De lo anterior surge claramente que el legislador no
tuvo intención alguna de que el principio de favorabilidad
CC-2010-463
28
que en aquel entonces introducía, el cual aludía a las
penas, pudiera beneficiar a quienes cometieran algún delito
bajo
la
ley
anterior,
pero
que
fueran
sentenciados
con
posterioridad a la vigencia del Código Penal de 1974.
El historial legislativo de la cláusula de reserva del
Art. 308 del Código Penal de 2004 refleja la preocupación
de que se entendiera, equivocadamente, que los elementos
específicos del tipo particular del nuevo Código que fueren
más beneficiosos aplicarían retroactivamente a las personas
imputadas o sentenciadas según el Código Penal de 1974. El
Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado de 22 de
junio de 2003 reconoce esta situación y, por ello, expresa
que la intención del legislador es que el Código Penal de
2004 aplique a delitos cometidos con posterioridad a su
vigencia, para evitar que se suprimieran los procedimientos
ya iniciados. Esto es, para impedir escenarios de impunidad
producto de un vacío de legislación.53
Finalmente, el primer párrafo del Art. 308 del Código
Penal de 2004 quedó codificado de la siguiente manera:
53
El mencionado informe expresa lo siguiente:
Esta Comisión acoge la recomendación de la
Secretaria de Justicia de que se enmiende el P.
de la S. 2302 para que en el Artículo 30[8] se
elimine
la
oración
―[s]in
embargo,
las
disposiciones de este Código le serán aplicables
si resultara de dicha aplicación un tratamiento
más favorable al imputado o al sentenciado.‖ La
intención del legislador es que este Código
aplique a delitos cometidos con posterioridad a
su vigencia, salvo en cuanto a lo dispuesto en
el segundo párrafo de ese artículo para el caso
en que este Código suprima algún delito. Informe
de la Comisión de lo Jurídico del Senado de 22
de junio de 2003. (Énfasis nuestro.)
CC-2010-463
29
La conducta realizada con anterioridad a la
vigencia de este Código en violación a las
disposiciones del Código Penal aquí derogado o
de cualquier otra ley especial de carácter penal
se regirá por las leyes vigentes al momento del
hecho.
Si este Código suprime algún delito no deberá
iniciarse el encausamiento, las acciones en
trámite deberán sobreseerse, y las sentencias
condenatorias deberán declararse nulas y liberar
a la persona. El cambio de nombre de un delito
no significa que el tipo delictivo ha quedado
suprimido. 33 L.P.R.A. sec. 4935. (Énfasis
nuestro.)
Nótese que el legislador no estimó apropiado incluir
en la redacción final del primer párrafo de la cláusula de
reserva parcial del Art. 308 la palabra ―delito‖, sino que
empuñó el término ―conducta‖. Eso significa algo. Pero la
palabra
―delito‖
Legislativa
no
excluyó.
fue
Esto
lo
único
también
que
la
significa
Asamblea
algo.
En
el
ejercicio de sus prerrogativas el legislador eliminó toda
referencia
en
el
nuevo
Código
a
la
palabra
―castigo‖
utilizada en el Art. 281 del Código Penal de 1974, el cual
aludía a penas. Tampoco incorporó reserva alguna similar a
la
del
pudiera
Art.
282
invocarse
favorabilidad.
El
del
Código
derogado
retroactivamente
legislador
no
para
el
opera
en
impedir
que
principio
de
el
vacío
y
difícilmente puede argumentarse que la redacción empleada
en
la
cláusula
de
reserva
del
Art.
308
respondió
a
un
ejercicio de abstracción.
En Pueblo v. González Ramos, 165 D.P.R. 675 (2005), el
peticionario alegó que debían aplicársele retroactivamente
a través del Art. 9 del nuevo Código ―las disposiciones
‗más
benignas‘,
en
cuanto
a
la
definición
de
asesinato
CC-2010-463
30
estatutario‖. Íd., pág. 682. (Énfasis nuestro.) Ello, pues
según
adujo
la
nueva
definición
abolía
la
doctrina
del
felony murder rule y la interpretación del Art. 308 tenía
el efecto de suprimir la definición anterior. Íd. En aquel
entonces,
resolvimos
que
el
Código
Penal
de
2004
no
suprimió el delito de asesinato estatutario tipificado en
el Código Penal de 1976. Esto, pues el Art. 308 del nuevo
Código
disponía
tipificada
como
que
procedía
delito
en
el
encausar
derogado
la
Código
conducta
que
fuera
realizada bajo la vigencia de éste. No estaba ante nuestra
consideración
si
una
persona
que
cometiera
algún
acto
delictivo antes de la vigencia del nuevo Código, pero que
fuera
sentenciada
beneficiarse
de
la
con
posterioridad
pena
más
benigna
a
ésta,
establecida
podía
por
el
Código Penal de 2004. Así, pues, nuestro análisis atendió
el efecto de la cláusula de reserva del Art. 308 del nuevo
Código sobre la conducta según definida como delito en el
Código Penal de 1974. Ese es el único alcance vinculante de
nuestras expresiones.
De hecho, luego de la decisión de este Tribunal en
Pueblo v. González Ramos, supra, la Asamblea Legislativa
rechazó
aprobar
favorabilidad
legislación
del
Art.
9
para
del
que
nuevo
el
principio
Código
de
aplicara
prospectivamente. Mediante el P. de la C. 2076 de 10 de
octubre de 2005, algunos legisladores propusieron enmendar
el
Art.
9
para
disponer,
por
primera
vez
en
el
nuevo
Código, que tal artículo sólo tendría carácter prospectivo.
CC-2010-463
31
Esto, mediante la inclusión de un último párrafo a dicha
disposición, a saber:
En estos casos los efectos de la nueva ley o
de la decisión judicial operarán de pleno
derecho. Las disposiciones de este Artículo
se
aplicarán
solamente
con
carácter
prospectivo a partir de la fecha de su
vigencia. Íd. (Énfasis en el original.)
Asimismo, propusieron que el primer párrafo del Art.
308 estableciera que la promulgación del Código Penal de
2004
no
Código
era
para
óbice
para
conducta
imponer
ocurrida
las
antes
penas
del
de
vigencia
la
derogado
del
nuevo Código. Esto, de la siguiente manera:
La promulgación de este Código no constituye
de sí impedimento para acusar o perseguir y
castigar un hecho ya cometido en violación a
las disposiciones del anterior Código Penal
aquí derogado o de cualquier otra ley
especial de carácter penal. Véase, P. de la
C. 2076, supra. (Énfasis nuestro.)
No
obstante
lo
anterior,
estas
propuestas
no
se
convirtieron en ley. En cambio, fueron objeto de un informe
que
no
recomendó
Comisión
de
lo
su
aprobación.
Jurídico
y
Véase,
Seguridad
Informe
Pública
del
de
la
Senado
sobre el P. de la C. 2076 de 9 de septiembre de 2008. Por
lo
tanto,
forzoso
resulta
concluir
que
el
legislador,
aunque tuvo la oportunidad, ejerció su prerrogativa de no
condicionar ni limitar la favorabilidad retroactiva de las
penas en el nuevo Código.
Como
Juez
estoy
impedido
de
limitar
el
Art.
9
y
extender el alcance del Art. 308 del Código Penal de 2004
más allá de lo que la Asamblea Legislativa dispuso. El
trasfondo
histórico
y
legislativo
del
Art.
308,
más
la
CC-2010-463
32
redacción
elegida
cláusula
de
por
reserva
la
Asamblea
del
Código
Legislativa
Penal
de
para
2004,
y
la
el
significado sancionado por el uso común y corriente, me
obliga a concluir que la palabra ―conducta‖, en el contexto
del Art. 308, se refiere únicamente al acto cometido u
omitido
en
cualquier
violación
ley
de
especial
la
penal.
ley
penal
Esto
es,
derogada
a
los
o
de
elementos
constitutivos del delito.
De manera alguna el Art. 308 del Código Penal de 2004
impide
la
aplicación
retroactiva
del
principio
de
favorabilidad de su propio Art. 9, en cuanto a la pena más
beneficiosa
para
aquellas
personas
que
cometieron
algún
delito antes de la entrada en vigor de dicho Código, pero
que fueran sentenciadas con posterioridad a tal fecha. La
pena no es conducta en sí, sino la consecuencia jurídica de
ésta.
Si
el
aplicación
legislador
retroactiva
hubiera
del
querido
principio
de
reservar
la
favorabilidad,
habría incorporado un lenguaje similar al del Art. 281 del
derogado Código o una cláusula como la del Art. 282 de éste
que limitara la aplicación en el tiempo de este principio.
Pero mediante el Art. 308 del nuevo Código la Asamblea
Legislativa, en el ejercicio legítimo de sus facultades,
justipreció que la definición de lo que constituye conducta
punible se regiría por el Código Penal de 1974, mientras
que la pena a aplicarse sería la del nuevo Código, siempre
que fuera la más benigna. Así lo establecen claramente los
Arts. 9 y 308 del Código Penal de 2004 y así surge del
CC-2010-463
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rechazo elocuente de la Asamblea Legislativa a restringir
la retroactividad de la favorabilidad de la pena. El texto
claro
de
la
intención
ley
es
la
legislativa.
expresión
Pueblo
v.
por
excelencia
Jesús
Delgado,
de
la
supra;
Pueblo v. Rexach Benítez, supra. Donde dice conducta no
dice pena.
Recuérdese que la preocupación del legislador residía
en que los elementos específicos del tipo particular del
nuevo
Código
que
fueren
más
beneficiosos
aplicaran
retroactivamente a las personas imputadas o sentenciadas de
conformidad
con
el
Código
Penal
de
1974.
Ello
hubiera
creado múltiples escenarios inexplorados que podrían haber
afectado el procesamiento efectivo de las causas en curso.
La
intención
del
legislador
no
era
suprimir
los
procedimientos ya iniciados. Con el lenguaje empleado en el
Art. 308 del nuevo Código la Asamblea Legislativa atendió
tal
problema
y
garantizó
la
continuidad
de
los
casos
criminales, dejando incólume la definición anterior de los
delitos, pero permitiendo la aplicación retroactiva de la
pena
más
favorable.
¿Cómo
limitar
la
nueva
valoración
legislativa de lo que constituye una pena apropiada para la
conducta prohibida, cuando el propio legislador dejó a un
lado las reservas del pasado y dio paso al principio de
favorabilidad?
Aún
bajo
la
tesis
mayoritaria
resulta
inescapable
aplicar la pena más benigna. Si fuera cierto que en virtud
del Art. 308 del nuevo Código la controversia ante nos se
rige en su totalidad por el Código de 1974, entonces habría
CC-2010-463
34
que aplicar el principio de favorabilidad del Art. 4 del
Código de 1974 en cuanto a la pena más benigna que fuera
aprobada con posterioridad a la vigencia de dicho Código.
¿Acaso el Código Penal de 2004 no es una ley posterior que
en este caso provee una pena más benigna? Entonces, ¿dónde
queda el principio de favorabilidad de la pena del Art. 4
del Código de 1974 que ordenó que si la ley posterior era
más benigna sería esa la que tenía que ser aplicada en
cuanto a la pena?
En suma, es mi criterio que la cláusula de reserva del
Art. 308 va dirigida únicamente a impedir que se aplique
retroactivamente la nueva definición de lo que constituyen
los elementos del delito a conductas antijurídicas —no a
sus
consecuencias—
realizadas
antes
de
la
vigencia
del
Código Penal de 2004. Y que en virtud de su Art. 9 el nuevo
Código permite que se imponga la pena más benigna a las
personas pendientes de sentenciar por conducta antijurídica
ocurrida antes de su vigencia.
III
Por los fundamentos antes expuestos, respetuosamente
disiento
del
criterio
mayoritario.
Expediría
el
auto
y
resolvería según lo aquí intimado.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado