LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Negrón Rivera

2011 TSPR 157

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Negrón Rivera

CC-2010-463

Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente, Voto de Conformidad y Voto Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Nelson Negró

Certiorari

v.

2011 TSPR 157

n Rivera

183 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC

- 2010 - 0463

Fecha: 28 de octubre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce Panel X

Jueza Ponente:

- Especial

Hon. Carmen H. Carlos Cabrera

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Wanda Tamara Castro Alemán

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Luana R. Ramos Carrió

Procuradora General Auxiliar

Materia:

n

401 de la Ley de Sustancias Controladas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución elect

rónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

CC-2010-463

Nelson Negrón Rivera

Peticionario

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2011.

Examinado el recurso de certiorari, y después

de

haber

considerado

lo

expresado

por

la

Procuradora General en su ―Escrito para mostrar

causa‖ y lo expresado por el peticionario Nelson

Negrón Rivera en su ―Moción aclaratoria y breve

réplica al escrito para mostrar causa‖, se provee

―no ha lugar‖ al recurso.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor

Martínez

Torres

emitió

un

Voto

de

conformidad. El Juez Asociado señor Rivera García

emitió un Voto particular de conformidad al cual

se une la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

La Jueza Asociada señora Fiol Matta emitió un

Voto particular disidente al cual se une el Juez

Presidente

señor

Hernández

Denton.

El

Juez

Asociado señor Estrella Martínez emitió un Voto

disidente al cual se unen el Juez Presidente

señor Hernández Denton y el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2010-463

Nelson Negrón Rivera

Peticionario

Voto de Conformidad emitido por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2011.

Para

decidir

si

acogemos

este

recurso

hemos

analizado el Art. 308 del Código Penal de 2004, 33

L.P.R.A. sec. 4935. En específico, auscultamos si la

cláusula

de

reserva

de

ese

artículo

contiene

una

excepción en lo relativo a la imposición de la pena.

Como el Art. 308, íd., no hace distinción en lo

referente a la pena, y que su historial legislativo

demuestra su alcance verdadero, estoy conforme con

el resultado alcanzado por este Tribunal al denegar

la expedición del auto de certiorari.

I

Por hechos ocurridos el 13 de abril de 2004 el

CC-2010-463

Sr.

Nelson

posesión

2

Negrón

de

Rivera

sustancias

fue

acusado

controladas

por

el

delito

de

con

intención

de

distribuirlas. Art. 401(a)(2) de la Ley Núm. 109 de 4 de

junio de 1980, conocida como Ley de Sustancias Controladas,

24 L.P.R.A. sec. 2401. Además, se le imputó reincidencia

habitual porque ya contaba con dos convicciones anteriores.

El 22 de diciembre de 2006 el Tribunal de Primera

Instancia sentenció al señor Negrón Rivera bajo el Código

Penal de 1974 y lo encontró reincidente habitual al amparo

del Art. 62 de ese Código, 33 L.P.R.A. sec. 3302. Como

resultado de lo anterior, se le impuso la pena de cárcel

con separación permanente de la sociedad.

II

El

Art.

308

del

Código

Penal

de

2004,

supra,

establece:

La conducta realizada con anterioridad a la

vigencia de este Código en violación a las

disposiciones del Código Penal aquí derogado o de

cualquier otra ley especial de carácter penal se

regirá por las leyes vigentes al momento del

hecho.

Si este Código suprime algún delito no deberá

iniciarse el encausamiento, las acciones en

trámite deberán sobreseerse, y las sentencias

condenatorias deberán declararse nulas y liberar

a la persona. El cambio de nombre de un delito no

significa que el tipo delictivo ha quedado

suprimido.

La

Asociados

opiniones

señora

disidentes

FIOL

MATTA

de

los

compañeros

Jueces

y

señor

ESTRELLA

MARTÍNEZ

sostienen que la cláusula de reserva del Art. 308, íd., se

refiere solamente a la tipicidad de la conducta y que no

CC-2010-463

3

abarca la imposición de la pena. De esta forma, aplicarían

el principio de favorabilidad recogido en el Art. 9 del

Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4637, para concluir que en

este caso procede aplicar la reincidencia al amparo del

Código Penal de 2004. Sin embargo, un análisis del trámite

legislativo demuestra que la Asamblea Legislativa, luego de

recibir varias ponencias al respecto, hizo un cambio al

Art. 308, supra. En particular, eliminó una oración que

precisamente

recogía

la

conclusión

del

Núm.

a

la

que

llegan

12

de

mayo

los

compañeros.

El

P.

S.

2302

de

de

2003,

establecía en su Art. 308:

La conducta realizada con anterioridad a la

vigencia de este Código en violación a las

disposiciones del Código Penal aquí derogado o de

cualquier otra ley especial de carácter penal se

regirá por las leyes vigentes al momento del

hecho. Sin embargo, todas las disposiciones de

este Código le serán aplicables si resultara de

dicha aplicación un tratamiento más favorable al

imputado o al sentenciado.

Si este Código suprime algún delito no

deberá iniciarse el encausamiento, las acciones

en trámite deberán sobreseerse, y las sentencias

condenatorias deberán declararse nulas y liberar

a la persona. El cambio de nombre de un delito no

significa que el tipo delictivo ha quedado

suprimido. [Énfasis suplido.]

Como

se

aprecia,

el

contenía

una

oración

que

P.

del

S.

Núm.

específicamente

2302,

supra,

permitía

la

aplicación favorable del Código Penal de 2004 a la conducta

delictiva cometida durante la vigencia del Código Penal de

1974.

Incluso,

términos

el

imputados

proyecto

y

de

ley

sentenciados.

hacía

De

alusión

esta

a

los

forma,

se

CC-2010-463

establecía

favorable

4

diáfanamente

incluía

lo

que

la

concerniente

aplicación

a

la

retroactiva

pena,

tal

como

concluyen los hermanos Jueces Asociados señora FIOL MATTA y

señor ESTRELLA MARTÍNEZ.

Sin embargo, las críticas al Art. 308 propuesto no se

hicieron

esperar.

Así

pues,

la

entonces

Secretaria

de

Justicia, hoy Juez Asociada de este Foro, señora RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ, presentó una ponencia el 3 de junio de 2003 en

la que señaló:

El Artículo 308 establece que todas las

disposiciones del Código Penal serán aplicables

si resultan en un tratamiento más favorable al

imputado o al sentenciado. Tal disposición no es

conveniente pues crea el escenario para que se

produzcan un sinnúmero de planteamientos de

proporciones insospechadas que pudieran afectar

detrimentalmente el proceso efectivo de las

causas en curso y aún de las ya adjudicadas. La

aplicación retroactiva de las disposiciones de

este Código es un asunto de grave preocupación

para m[í] como Secretaria y como principal

funcionaria

encargada

de

velar

por

el

cumplimiento de las leyes. Por consiguiente,

entiendo que se debe suprimir la segunda oración

del primer párrafo del Art. 308, líneas 13 a 15,

pág. 122 del proyecto. [Énfasis suplido.]

http://www.ramajudicial.pr/CodigoPenal/acrobat/46

-2003_0603-Departamento-de-Justicia.PDF.

(Última

visita, 18 de octubre de 2011.)

Esta parte de la ponencia demuestra sin ambages una

preocupación genuina de parte de la entonces Secretaria de

Justicia por las consecuencias prácticas que la aplicación

retroactiva del Código Penal de 2004 habría tenido si se

aprobaba sin enmiendas. Agraciadamente, la ponencia citada

no cayó en oídos sordos. De esta forma, el informe de la

CC-2010-463

5

Comisión de lo Jurídico de 22 de junio de 2003 sobre el P.

del S. 2302, pág. 67, señaló lo siguiente:

Esta Comisión acoge la recomendación de la

Secretaria de Justicia de que se enmiende el P.

del S. 2302 para que en el Artículo 30[8] se

elimine

la

oración

―[s]in

embargo,

las

disposiciones de este Código le serán aplicables

si resultara de dicha aplicación un tratamiento

más favorable al imputado o al sentenciado.‖ La

intención del legislador es que este Código

aplique a delitos cometidos con posterioridad a

su vigencia, salvo en cuanto a lo dispuesto en el

segundo párrafo de ese artículo para el caso en

que este Código suprima algún delito. [Énfasis

suplido.]

Esta expresión legislativa es contundente. Contrario a

lo indicado por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ en

su

Voto

Disidente,

en

el

informe

de

la

Comisión

de

lo

Jurídico sí se incluyó el término delito. Se esbozó que la

intención

legislativa

era

que

el

Código

Penal

de

2004

aplicara a los delitos cometidos con posterioridad a su

vigencia. De esta forma, se disipan todas las dudas en

torno al alcance del Art. 308, supra.

Más aún, la posición del hermano Juez Asociado señor

ESTRELLA MARTÍNEZ de aplicar el Código Penal de 2004 como

la

ley

más

benigna

no

solo

revive

el

lenguaje

que

el

legislador eliminó sino que borra de un plumazo el texto

que el mismo legislador aprobó.

Entonces, ¿dónde queda el

primer

íd.,

párrafo

del

Art.

308,

que

ordena

que

la

conducta delictiva cometida cuando estaba vigente el Código

Penal de 1974 se procese según las disposiciones de ese

cuerpo de ley y no por las del Código Penal de 2004?

CC-2010-463

6

Además, conviene señalar que no es la primera vez que

este

Tribunal

Pueblo

v.

se

enfrenta

Padín

a

Rodríguez,

esta

169

controversia.

D.P.R.

521

Así,

en

(2006),

nos

negamos igualmente a expedir un auto de certiorari, luego

de dos mociones de reconsideración, en que la controversia

era

idéntica

a

la

que

hoy

nos

ocupa.

Allí,

la

Jueza

Asociada señora FIOL MATTA emitió un voto disidente, al

igual que en este caso.

III

Luego de analizar en su justa perspectiva el historial

legislativo del Art. 308 del Código Penal de 2004, supra,

resulta forzoso concluir que este no contiene excepciones

en lo referente a la imposición de la pena. La intención

legislativa plasmada en el informe de la Comisión de lo

Jurídico del Senado y la propia redacción del Art. 308 no

hace distinción entre la conducta, los elementos del delito

y su pena.

Somos

conscientes

que

con

posterioridad

a

nuestra

opinión en Pueblo v. González Ramos, 165 D.P.R. 675 (2005),

se presentó el P. de la C. 2076 de 10 de octubre de 2005,

que pretendía enmendar el Art. 308, supra. Sabemos que el

proyecto no se aprobó. Ahora bien, es necesario dejar claro

que a la hora de estudiar la intención legislativa en una

ley,

como

el

Código

Penal,

es

necesario

brindarle

gran

deferencia al historial legislativo de la medida que se

aprobó,

no

de

la

que

se

aprobó

o

derrotó

después.

―Es

principio cardinal de interpretación estatutaria el que al

CC-2010-463

7

lenguaje de la ley debe dársele el significado que valide

el propósito que tuvo el legislador al aprobarla‖. R.E.

Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de

las Leyes en Puerto Rico, San Juan, Publicaciones JTS, Inc.,

2da.

ed.,

1987,

interpretación

pág.

no

245.

puede

La

liberalidad

conducirnos

a

en

la

violentar

la

intención legislativa. Íd., pág. 267. Claro está, hacemos

esto sin violar el principio de legalidad consagrado en el

Art. 2 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4630.

En

ocasiones

es

útil

evaluar

proyectos

de

ley

posteriores que intentan aclarar algo que parece confuso en

una

ley.

No

obstante,

nuestra

labor

es

interpretar

la

intención legislativa en las leyes aprobadas y no en los

proyectos que nunca se convirtieron en ley.

En

el

caso

que

nos

ocupa,

el

señor

Negrón

Rivera

cometió la conducta delictiva el 13 de abril de 2004 cuando

todavía estaba vigente el Código Penal de 1974. Así las

cosas,

lo

correcto

es

que

se

le

declarara

reincidente

habitual al amparo de ese Código, como ocurrió.

IV

Por los fundamentos expuestos, estoy conforme con la

decisión de este Tribunal de denegar la expedición del auto

de certiorari.

RAFAEL. L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

CC-2010-0463

v.

Nelson Negrón Rivera

Peticionario

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado

Señor Rivera García, al cual se une la Jueza Asociada

señora Pabón Charneco

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2011.

―La criminalidad es uno de los

problemas

que

más

preocupa

al

Pueblo de Puerto Rico. El azote del

crimen

ha

llegado

[a]

cobrar

dimensión tal que ha restringido

marcadamente el ámbito de libertad

de

la

ciudadanía

con

grave

menoscabo al disfrute de la vida a

que tienen perfecto derecho todos

los

ciudadanos‖.

Exposición

de

Motivos de la Ley Núm. 34 – 1998

leyes de Puerto Rico 136

Estoy

conforme

con

la

Resolución

de

este

Tribunal en el caso de autos en la que denegó la

expedición

por

el

del

recurso

peticionario.

respetuosamente

entender

que

del

su

estado de derecho.

visión

de

de

certiorari

Asimismo,

disenso

de

razonamiento

la

es

presentado

difiero

muy

minoría

por

contrario

al

Me veo impedido de avalar una

extremo

liberalismo

CC-2010-463

2

judicial, cuya consecuencia sería extender el beneficio de

una pena más favorable a un delincuente habitual, vinculado

al narcotráfico.

Esbozamos

los

antecedentes

fácticos

pertinentes

al

recurso ante nuestra consideración.

I

El Ministerio Público presentó contra el Sr. Nelson

Negrón Rivera una denuncia por infracción al Artículo

401

de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada,

conocida como Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico,

24

L.P.R.A.

sec.

Controladas).

Se

realizado

una

2401

le

et

seq.

imputó

al

transacción

de

(Ley

aquí

de

Sustancias

peticionario

venta

de

haber

sustancias

controladas a un agente encubierto el 13 de abril de 2004.

Luego de varios incidentes procesales y del acto de lectura

de acusación, el Ministerio Fiscal alegó la reincidencia

habitual del señor Negrón Rivera ya que había sido convicto

y

sentenciado

en

múltiples

ocasiones

convicciones correspondían a siete

previas.

Las

delitos graves, en su

mayoría asociados con la venta, distribución y posesión con

la intención de distribuir sustancias controladas.

El juicio en su fondo se celebró el 8 de noviembre de

2006.

Culminado el proceso judicial y aquilatada la prueba

testifical y documental, el Tribunal de Primera Instancia

declaró culpable al peticionario por el delito tipificado

en el Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas,

supra.

Por su extenso historial delictivo, el foro de

CC-2010-463

primera

3

instancia

lo

declaró

delincuente

habitual

y

lo

condenó a la pena de separación permanente de la sociedad,

conforme lo disponía el Artículo 62 (c) del Código Penal de

1974 (33 L.P.R.A. sec. 3302 (c)), cuerpo legal vigente al

momento de los hechos.

Insatisfecho con el dictamen, el 18 de enero de 2007,

el señor Negrón Rivera presentó un recurso de apelación

ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el escrito de

apelación fue notificado al Tribunal de Primera Instancia

el 18 de febrero de 2007, es decir, un mes después de haber

interpuesto el recurso de apelación. El señor Negrón Rivera

justificó su demora argumentando que inadvertidamente se le

quedó

la

copia

para

el

Tribunal

de

Instancia

en

su

expediente.1

Por otra parte, en su recurso de apelación el señor

Negrón Rivera aceptó ser reincidente. Empero, solicitó la

aplicación de las disposiciones sobre reincidencia de la

Ley de Sustancias Controladas y no las establecidas en el

Código Penal.

permanente

de

También, arguyó que la pena de separación

la

sociedad

infringía

la

cláusula

constitucional contra castigos crueles e inusitados.

1

Apéndice del recurso de Apelación, pág. 379. El inciso (a)

de la Regla 24 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece como requisito de

cumplimiento estricto, que la notificación al Tribunal de

Instancia de la interposición de un recurso de apelación se

deberá efectuar en un periodo máximo de 48 horas. Un

tribunal solo tiene discreción para prorrogar un término de

cumplimiento estricto cuando se acredite la existencia de

justa causa; de lo contrario carece de jurisdicción para

expedir el recurso. García Ramis v. Serrallés, 171 D.P.R.

250 (2007); Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729 (2005).

CC-2010-463

4

El foro apelativo intermedio, mediante una Sentencia de

18 de diciembre de 2009, confirmó la sentencia apelada.

Determinó que el Artículo 62 del Código Penal de 1974,

supra,

era

la

disposición

expediente

delictivo

asociados

a

surgen

infracciones

aplicable,

otros

a

ya

delitos

la

Ley

que

que

de

de

no

su

están

Sustancias

Controladas, como era el delito de tentativa de recibo y

transportación de bienes apropiados ilegalmente.

que

la

norma

Controladas

de

reincidencia

aplica

con

en

la

Ley

exclusividad

de

Razonó

Sustancias

cuando

todos

los

delitos previos por los cuales se alegue la reincidencia

son también delitos relacionados con las drogas ilícitas.

Además,

de

acuerdo

con

los

precedentes

establecidos

en

Pueblo v. Martínez Ríos, 109 D.P.R. 303, 306 (1979), Pueblo

v. Reyes Morán, 123 D.P.R. 786, 797 (1999), y Rummel v.

Estelle, 445 U.S. 263 (1980), coligió que no se violentó la

cláusula

relativa

a

los

castigos

crueles

e

inusitados

referida en el caso de autos.

No conforme con el dictamen, el señor Negrón Rivera

presentó

una

moción

de

reconsideración

ante

el

foro

apelativo intermedio. Ese foro mediante resolución de 23 de

abril

de

2010,

declaró

―no

ha

lugar‖

la

solicitud

de

reconsideración.

Aún inconforme, el 1 de junio de 2010 el señor Negrón

Rivera presentó un recurso de certiorari ante esta Curia.

En

su

recurso,

el

peticionario

reprodujo

las

mismas

CC-2010-463

5

alegaciones que presentó en su escrito de apelación ante el

Tribunal de Apelaciones.

El 3 de diciembre de 2010, la mayoría de este Tribunal

emitió

una

resolución

mediante

la

cual

declaró

―no

ha

lugar‖ al auto de certiorari presentado por el señor Negrón

Rivera.

Igual

dictamen

se

que

peticionario

reconsideración

el

emitió

en

las

mociones

presentó

ante

de

este

Foro. El Juez Presidente Señor Hernández Denton disintió

sin opinión escrita, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió un voto disidente, al igual que el Juez Asociado

Señor Estrella Martínez.

La opinión disidente acogió la teoría del señor Negrón

Rivera.

Esta aduce que la pena impuesta constituye un

castigo cruel e inusitado. Además, la disidencia sostiene

que no es de aplicación el inciso (c) del Artículo 62 del

Código Penal de 1974, supra, por razón de que en Pueblo v.

González Ramos, 165 D.P.R. 675 (2005), resolvimos que las

limitaciones

de

la

cláusula

de

reserva

al

principio

de

favorabilidad concernían solo a la conducta delictiva y no

a las penas dispuestas en el Código Penal actual. A base de

esa interpretación, arguye que en relación con las penas,

el

principio

cláusula

de

de

favorabilidad

reserva,

es

no

está

limitado

decir,

que

a

las

por

la

conductas

delictivas cometidas vigente el Código Penal de 1974 les

aplican las penas del actual Código Penal.

Ante esa desacertada interpretación del Derecho, me veo

precisado

a

intervenir

mediante

este

voto

particular.

CC-2010-463

6

Específicamente,

en

cuanto

a

la

interacción

entre

la

cláusula de reserva con el principio de favorabilidad y la

errónea

interpretación

de

nuestros

pronunciamientos

emitidos en Pueblo v. González Ramos, supra.

Veamos los fundamentos jurídicos que sostienen nuestro voto

de conformidad.

II

A.

El

Principio

de

favorabilidad

en

la

ley

penal,

la

hechos

o

las

conductas

hermenéutica y la cláusula de reserva

De

ordinario,

todos

los

criminales ocurridas a partir de la fecha de vigencia de

una

nueva

ley

serán

procesados

de

acuerdo

con

sus

disposiciones. Lo anterior obedece a que de ordinario, las

leyes tienen carácter prospectivo, a menos que la Asamblea

Legislativa expresamente le imprima carácter retroactivo.

Pueblo

v.

Pizarro

Solís,

129,

D.P.R.

911,

927

(1992);

Pueblo v. Rexach Benítez, 130 D.P.R. 273, 301 (1992). En lo

pertinente,

el

Artículo

8

del

actual

Código

Penal

(33

L.P.R.A. sec. 4636) dispone que ―la ley penal aplica a

hechos realizados durante su vigencia‖.

Por otra parte, el Artículo 9 del actual Código Penal

contempla el principio de favorabilidad. A tales efectos,

dispone que ―la ley penal tiene efecto retroactivo en lo

que favorezca a la persona imputada de delito‖. 33 L.P.R.A.

sec. 4637. Según tal principio, ―[s]i durante el término en

que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor

una ley más benigna en cuanto a la pena o a la medida de

CC-2010-463

seguridad

7

o

al

modo

de

ejecutarlas,

se

aplicará

retroactivamente‖. Íd.

A diferencia de la prohibición de leyes ex post facto,

el

principio

de

favorabilidad

tiene

un

rango

meramente

legal; no surge de la Constitución, sino que es puramente

de

carácter

estatuario.

En

consecuencia,

se

reconoce

la

potestad del legislador para establecer excepciones a dicho

principio

ordenando

la

aplicación

de

la

ley

vigente

al

momento de la comisión del hecho punible, aunque implique

que la ley a ser aplicada sea más desfavorable para el

acusado que la ley de origen posterior, vigente al momento

de

la

condena.

Por

eso,

recae

en

la

pura

discreción

legislativa la aplicación prospectiva o retroactiva de una

nueva ley penal en cuanto esta beneficie al acusado. ―[L]a

aplicación retroactiva de las leyes penales que favorezcan

al

acusado

[queda]

legislador.‖ Pueblo

Para

reconocer

legislativa,

es

dentro

de

la

prerrogativa

total

del

v González Ramos, supra, pág. 686

el

curso

necesario

seguido

examinar

por

la

la

autoridad

hermenéutica.

Es

doctrina arraigada que cuando el lenguaje de una ley es

claro y la intención legislativa patente, los tribunales

están

obligados

Raimundi

a

respetar

la

voluntad

del

legislador.

v. Productora, 162 D.P.R. 215 (2004). Para ser

consecuentes

con

la

principios

la

hermenéutica

de

intención

del

penal

legislador,

establecen

que

los

los

estatutos deben leerse en armonía con el resto del cuerpo

legal. Así se evita incurrir en interpretaciones literales

CC-2010-463

8

que conduzcan a resultados absurdos, no queridos por el

legislador.

Pueblo

v.

Ríos

Dávila,

143

D.P.R.

687,

696

(1997).

Asimismo, es norma reiterada que "[p]ara interpretar

correctamente

una

ley,

debe

buscarse

legislativa,

no

en

una

frase

secciones,

sino

en

el

contexto

teniendo

en

cuenta

el

aislada

de

propósito

o

la

en

todo

intención

una

el

de

sus

estatuto,

perseguido

por

el

legislador". Asoc. de Farmacias v. Caribe Specialty, 179

D.P.R. 923 (2010). Véase Pueblo v. De Jesús, 70 D.P.R. 37,

42

(1949).

Por

consiguiente,

los

tribunales

no

pueden

disponer lo que el legislador no intentó proveer, porque

ello

significaría

Legislativa.

invadir

Raimundi

v.

los

poderes

Productora,

de

la

supra,

Asamblea

citando

a

Alejandro Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 538, 545 (1996). La

exposición

de

motivos

de

la

ley,

los

informes

de

las

comisiones y los debates en el hemiciclo, además del texto

de la ley son las fuentes de mayor importancia en la tarea

de determinar el significado de un acto legislativo. Pérez

v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697, 706-707 (2001). Véase,

además, Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R. 130, 148-149 (2004).

El actual Código Penal contiene en su Artículo 308 (33

L.P.R.A. sec. 4935)

una cláusula de reserva que afecta

directamente el principio de favorabilidad estatuido en el

Artículo

9

del

referido

Código,

supra,

el

cual

dispone

específicamente sobre su efecto retroactivo. Precisamente,

CC-2010-463

9

en el ejercicio de su discreción, la Asamblea Legislativa

dispuso en el Artículo 308, lo siguiente:

La conducta realizada con anterioridad a la

vigencia de este Código en violación a las

disposiciones del Código Penal aquí derogado o de

cualquier otra ley especial de carácter penal se

regirá por las leyes vigentes al momento del

hecho.

Si este Código suprime algún delito no deberá

iniciarse el encauzamiento, las acciones en

trámite deberán sobreseerse, y las sentencias

condenatorias deberán declararse nulas y liberar

a la persona. El cambio de nombre de un delito no

significa que el tipo delictivo ha quedado

suprimido. (Énfasis nuestro.) 33 L.P.R.A. sec.

4935

Como puede notarse, el primer párrafo de este Artículo

308 establece claramente que la conducta realizada antes de

la vigencia del Código se regirá por la ley penal vigente

al

momento

consumarse

de

el

disposición

realizarse

tal

acto

considerado

especial

encaminada

conducta;

es

delictivo.

a

que

no

decir,

Esta

se

es

al

una

aplique

retroactivamente el nuevo Código Penal a favor del acusado

o

de

los

convictos.

Adviértase,

pues,

que

la

Asamblea

Legislativa pudo haber establecido que la ley aplicable era

la que regía al momento en que el acusado fue juzgado y

sentenciado.

No

obstante,

estableció

claramente

que

la

fecha de la comisión del delito fijaría la ley sustantiva

que se aplicaría.

Ahora bien, vale aclarar que el legislador estableció

una excepción en el segundo párrafo del referido artículo:

si el Código suprimió completamente un delito, no habrá

responsabilidad penal aunque la conducta hubiera ocurrido

CC-2010-463

10

antes de la vigencia del Código. Esto obedece a principios

elementales de política criminal sobre la nueva valoración

social de determinadas conductas. Véase Pueblo v. O'Neill

Román, 165 D.P.R. 370 (2005).

Por otro lado, del historial legislativo del Artículo

308

del

diáfana

vigente

Código

que

legislador

el

retroactivo,

como

Originalmente,

el

lo

Penal,

no

considera

lenguaje

del

supra,

surge

de

manera

alcance

deseó

darle

un

la

opinión

disidente.

Artículo

308

del

actual

Código Penal indicaba:

La conducta realizada con anterioridad a la

vigencia de este Código en violación a las

disposiciones del Código Penal aquí derogado o de

cualquier otra ley especial de carácter penal se

regirá por las leyes vigentes al momento del

hecho. Sin embargo, todas las disposiciones de

este Código le serán aplicables si resultara de

dicha aplicación un tratamiento más favorable al

imputado o al sentenciado.

Si este Código suprime algún delito no deberá

iniciarse el encausamiento, las acciones en

trámite deberán sobreseerse, y las sentencias

condenatorias deberán declararse nulas y liberar

a la persona. P. del S. 2302 de 12 de mayo de

2003.

Posteriormente,

el

legislador

decidió

eliminar

la

oración enfatizada del texto del Artículo 308, supra. Así,

no dispuso que el cuerpo legal del vigente Código Penal

tuviese algún efecto retroactivo, con excepción como antes

señalamos, de lo dispuesto en el segundo párrafo de esa

normativa. Evidentemente, la intención legislativa fue que

las disposiciones del referido Artículo 9 del actual Código

Penal sólo se aplicarán prospectivamente a partir de su

vigencia, lo cual incluso se constata en el Informe sobre

CC-2010-463

11

el Proyecto del Senado 2302, de la Comisión de lo Jurídico

de 22 de junio de 2003, pág. 67, que expresa sobre dicha

cláusula como sigue:

Esta Comisión acoge la recomendación de la

Secretaria de Justicia de que se enmiende el P.

del S. 2302 para que en el Art. 309 [finalmente

el Art. 308 del Código aprobado] se elimine la

oración "sin embargo, las disposiciones de este

Código le serán aplicables si le resultara de

dicha aplicación un tratamiento más favorable al

imputado o al sentenciado". La intención del

legislador es que este Código aplique a conductas

ilícitas

cometidas

con

posterioridad

a

su

vigencia, salvo en cuanto a lo dispuesto en el

segundo párrafo de ese artículo para el caso en

que este Código suprima algún delito. (Énfasis

nuestro.)

Indudablemente, se eliminó del artículo una disposición

que hubiera activado en toda su extensión las disposiciones

del Artículo 9, supra -el principio de favorabilidad- para

que

los

acusados

disposiciones

razón,

las

y

más

penas

convictos

benignas

del

del

se

beneficien

actual

actual

Código

para

sostener

de

las

Por

tal

aplican

de

Código.

tampoco

manera retroactiva.

Como

señaláramos,

la

aplicación

del

Artículo 82 del actual Código Penal, en lugar del Artículo

61 del Código Penal de 1974, en tanto y en cuanto el nuevo

Código contiene un articulado que aplicado resulta en una

pena

más

benigna

que

el

anterior

Código,

la

opinión

disidente hace una distinción en la interpretación del caso

Pueblo v. González Ramos, supra. No estamos de acuerdo con

la interpretación de la opinión disidente. No respaldamos

la

bifurcación

que

pretende

hacer

la

disidencia

de

la

CC-2010-463

12

acción delictiva y de la pena a imponerse por el delito

cometido.

La decisión en Pueblo v. González Ramos, supra, no hace

la distinción que pretende hacer la opinión disidente entre

el ―tipo delictivo‖ y la ―pena‖ impuesta. La decisión en

Pueblo v. González Ramos, supra, va dirigida tanto a la

acción delictiva como a la pena a imponerse. Al interpretar

el texto del primer párrafo del Artículo 308 del Código

Penal de 2004, la referida decisión señala:

Resolvemos, en consecuencia, que la Cláusula de

Reserva contenida en el Artículo 308 del Código

Penal de 2004, impide que un acusado por hechos

delictivos

cometidos

durante

la

vigencia

del

derogado Código Penal de 1974, pueda invocar vía el

Artículo 4 del mismo -- las disposiciones del nuevo

Código Penal. En virtud de ello, a todos los hechos

cometidos bajo la vigencia y en violación de las

disposiciones del Código Penal 1974, les aplicará

el referido cuerpo legal en su totalidad. Ello así,

ya que la clara intención legislativa es a los

efectos de que el nuevo Código Penal tenga,

únicamente,

aplicación

prospectiva.

(Énfasis

nuestro.) Íd. pág. 139.

Además,

Legislatura

si

al

deseaba

derogar

impedir

el

el

antiguo

Código

procesamiento

Penal

la

criminal,

incluyendo las penas bajo dicho cuerpo legal, estaba en la

obligación

de así manifestarlo expresamente. Es evidente

que no lo hicieron, ya que sus intenciones eran otras;

darle una aplicación prospectiva a dicha ley penal y no

crear impedimento alguno para procesar criminalmente bajo

el anterior Código Penal, a quienes delinquieron durante su

vigencia. Véase,

Pueblo v. González Ramos, supra; Pueblo

v. Álvarez Torres, 127 D.P.R. 830 (1991).

CC-2010-463

13

Ciertamente

la

intención

legislativa,

referente

al

citado Artículo 308, es clara y patente. Como Tribunal,

estamos

obligados

a

respetar

la

voluntad

legislativa.

Raimundi v. Productora, supra. Por ende, seria indebido,

como Tribunal, que dispusiéramos algo que el legislador no

intentó proveer, porque ello significaría una invasión en

los poderes conferidos a la Asamblea Legislativa. Véase,

Raimundi v. Productora, supra.

En virtud de lo enunciado, es claro que en el caso de

autos

no

aplican

las

disposiciones

del

Artículo

82

del

actual Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. sec. 4710) a las

sentencias dictadas por hechos cometidos con anterioridad a

su

vigencia.

Esto

surge

de

manera

evidente

del

propio

historial legislativo del Artículo 308 del Código Penal,

supra.

Como

reseñamos,

la

Asamblea

Legislativa

decidió

eliminar de la cláusula de reserva del actual Código Penal

la oración que hacía referencia a la aplicación retroactiva

de

las

disposiciones

del

Código

si

les

resultaban

más

favorables al imputado o sentenciado. Con ello, queda fuera

toda

posibilidad

de

que

se

aplicara

el

principio

de

favorabilidad retroactivamente. Otra interpretación de este

precepto obviaría el propósito legislativo.

Las

disposiciones

del

Artículo

9

del

actual

Código

Penal, supra, en tanto recoge el principio de favorabilidad

a que apunta el señor Negrón Rivera en su recurso, queda

modificada

en

su

aplicación

por

la

cláusula

de

reserva

dispuesta en el Artículo 308, supra, del referido Código.

CC-2010-463

Por

14

consiguiente,

la

aplicación

del

Artículo

prospectiva; no le aplica retroactivamente

9

es

al señor Negrón

Rivera.

B. El castigo cruel e inusitado y la reincidencia habitual

El Artículo 62 (c) del Código Penal de 1974, supra,

establecía

que

convicto

será

―[e]n

caso

declarado

de

por

reincidencia

habitual

el

delincuente

tribunal

el

habitual y será sentenciado a separación permanente de la

sociedad mediante reclusión perpetua‖.

En Pueblo v. Rodríguez Cabrera, 156 D.P.R. 742, 748

(2002),

explicamos

el

alcance

de

la

figura

de

la

―reincidencia habitual‖:

[…] la reincidencia habitual se configura cuando

se comete cualquiera de los delitos mencionados

en el precepto tras antes haber sido convicto y

sentenciado

por

dos

o

más

delitos

graves

cometidos en tiempos diversos e independientes

unos de otros. Así, dicha figura presupone unos

delitos bases, los cuales han de haber sido

cometidos en tiempos diversos e independientes

unos de otros. Por ello, lo determinante para

propósitos de la reincidencia habitual es que

dichos delitos bases sean producto de episodios

criminales distintos y separados, sin que sea

imprescindible que sean producto de sentencias

emitidas en fechas distintas. (Citas omitidas.)

Por otra parte, la función adjudicativa de la Rama

Judicial persigue evitar la imposición de castigos crueles

e inusitados, según prohíbe el Artículo

II, Sec. 12, de la

Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., tomo 1. Pueblo v.

Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197, 201 (1985). Esta prohibición

constitucional protege, entre otras, contra la imposición

de penas desproporcionadas y arbitrarias. Brunet Justiniano

v. Gobernador, 130 D.P.R. 248, 272 (1992). No obstante, se

CC-2010-463

15

ha resuelto reiteradamente que si la pena impuesta está

comprendida

ley,

su

dentro

de

imposición

inusitado.

Pueblo

los

no

v.

parámetros

constituye

Ruiz

Bosch,

establecidos

en

la

e

un

castigo

cruel

127

D.P.R.

762,

790

(1991).

Sobre si el castigo por reincidencia habitual es un

castigo

cruel

e

inusitado,

hemos

expresado

que

la

―imposición de una penalidad adicional para quien ha sido

convicto

en

más

de

dos

ocasiones

era

parte

de

las

prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa‖,

Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R. 360, 379 (2006), y

que ello ―no viola la cláusula contra castigos crueles e

inusitados‖. Pueblo v. Reyes Morán, 123 D.P.R. 786, 797

(1989).

En

Pueblo

v.

Reyes

Morán,

aunque la pena que establece

delincuencia

Tribunal

habitual

Supremo

de

supra,

puntualizamos

que

el estatuto relativo a la

parezca

Estados

altamente

Unidos

punitiva,

validó

en

el

el

caso

Rummell v. Estelle, 445 U.S. 263 (1980), la imposición al

convicto

de

una

estatuto

de

Texas,

reconocimos

la

penalidad

de

similar

validez

de

cadena

al

la

perpetua,

nuestro.

pena

que

De

se

según

esta

el

forma

establece

en

nuestra jurisdicción para el reincidente habitual.

La

penalizar

reincidencia

habitual

a

delincuentes

aquellos

se

conceptualizó

que

han

hecho

para

de

la

comisión reiterada de actos delictivos, violentos o no, su

forma

de

vida.

Basta

que

la

conducta

delictiva

sea

de

CC-2010-463

16

naturaleza grave y persistente. Véase Pueblo v. Rodríguez

Cabrera, 156 D.P.R. 742 (2002).

En el caso de autos, el señor Negrón Rivera aduce que

no se le debe condenar como un delincuente habitual. No le

asiste la razón. El señor Negrón Rivera ha sido convicto y

sentenciado

por

la

comisión

de

varios

delitos

y

posesión

de

relacionados

con

la

venta

controladas.

Más

aún,

vigente

volvió

a

delinquir

el

infringiendo

anterior

otra

graves,

sustancias

Código

vez

la

Penal

Ley

de

Sustancias Controladas. Se le encontró culpable y conforme

a las disposiciones de ley penal vigente al momento de los

hechos,

se

le

imputó

ser

un

delincuente

habitual.

Esos

hechos son incontrovertibles. Igualmente, a la fecha cuando

el señor Negrón Rivera decidió cometer sus crímenes, el

Artículo 62 (c) informaba a toda la sociedad que la persona

convicta y sentenciada por dos o más delitos cometidos en

tiempos

diversos

e

independientes

unos

de

otros,

y

cometiese posteriormente delitos tales como violaciones a

ley

de

sustancias

controladas

sería

sentenciado

como

delincuente habitual. En atención a ello, el juez del foro

primario

sentenció

al

señor

Negrón

Rivera

conforme

al

estado de derecho correcto.

Aclaramos, que aquellos convictos y sentenciados bajo

el antiguo Artículo 62 (c) no fueron condenados por una

disposición que infringe la cláusula constitucional contra

castigos crueles e inusitados. La derogación de una ley o

alguna de sus disposiciones no significa que haya algún

CC-2010-463

17

vicio de inconstitucionalidad en la normativa derogada. La

condena al señor Negrón Rivera es legítima y producto de

sus propios actos.

III

El señor Negrón Rivera no es un primer ofensor o un

adicto

a

las

sustancias

controladas

que

necesite

un

tratamiento para su enfermedad, como pretende señalar la

opinión disidente. Más bien, es

quien inescrupulosamente

vende la droga, el veneno, a los adictos; delito grave que

ha cometido en infinidad de ocasiones. Recalcamos, que la

venta

de

observamos

niños

estupefacientes

por

los

inocentes

medios

y

arropa

de

buenos

la

isla.

difusión

Día

cuántos

ciudadanos

tras

día

jóvenes,

mueren

como

consecuencia de la guerra sin cuartel por el control de los

llamados ―puntos de drogas‖. De ninguna manera este asunto

debe tratarse livianamente y con guantes de seda, como si

se tratara de una conducta insignificante.

Es evidente que el largo historial delictivo del señor

Negrón Rivera revela que este ha hecho del crimen y del

narcotráfico su forma de vida. En más de siete ocasiones ha

sido

convicto

de

delitos

graves

y

no

ha

tratado

de

rehabilitarse. El inciso (c) del Artículo 62 del Código

Penal de 1974, supra, igual al inciso (c) del Artículo 81

del Código Penal vigente, 33 L.P.R.A. sec. 4709, tienen el

objetivo de proteger a nuestra sociedad de esta clase de

delincuentes, que por sus acciones recurrentes muestran un

CC-2010-463

18

claro rechazo a la rehabilitación y un total menosprecio a

la vida y a la seguridad de nuestro Pueblo.

Por los fundamentos que preceden, estamos conformes con

la Resolución emitida por el Tribunal mediante la cual se

deniega expedir el auto de certiorari.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Certiorari

CC-2010-463

Nelson Negrón Rivera

Peticionario

Voto particular disidente emitido por la Jueza Asociada señora

FIOL MATTA al cual se une el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ

DENTON

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2011.

El

13

de

abril

de

2004,

el

señor

Negrón

Rivera

participó en una venta de siete bolsitas de cocaína a un

agente encubierto. El Ministerio Público le imputó haber

cometido

el

delito

grave

de

posesión

con

intención

de

distribuir sustancias controladas, tipificado en el artículo

401 de la Ley de Sustancias Controladas.2 En la acusación,

además, se le imputó reincidencia por haber sido sentenciado

en

2

dos

ocasiones

anteriores,

una

por

Art. 401(a)(2), Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A.

sec. 2401. Véase Denuncia presentada el 11 de mayo de 2004,

Apéndice del Certiorari, pág. 431.

CC-2010-463

seis

cargos

2

de

posesión

de

narcóticos

bajo

la

Ley

de

Sustancias Controladas y otra bajo el Código Penal, por

tentativa de recibo y transportación de bienes apropiados

ilegalmente.3

Posteriormente,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia autorizó que se especificara que se trataba de

reincidencia habitual.4

El juicio comenzó el 24 de agosto de 2006. Ese día, se

presentó toda la prueba y se ordenó el traslado de los

expedientes de los casos anteriores por los que se alegaba

la reincidencia.5 El Tribunal recibió los récords para la

vista del 8 de noviembre de 2006. El acusado aceptó que los

expedientes eran suyos y se le declaró culpable.6 El 22 de

diciembre

de

2006,

sentencia

y

el

la

defensa

Tribunal

renunció

declaró

al

informe

delincuente

pre-

habitual

a

3

La parte de la acusación sobre la reincidencia lee: ―Alega

además el fiscal la reincidencia del acusado Nelson Negrón

Rivera, el cual ha sido convicto y sentenciado por este

Honorable Tribunal en los casos JPD1999G0631 – por tent.

art.

168,

JSC19940262,

JSC1994G0263,

JSC1994G0278,

JSC1994G0279, JSC1994G0280, JSC1994G0281 por sustancias

controladas. Sentencia final y firme‖. Acusación presentada

el 4 de enero de 2006, Apéndice del Certiorari, pág. 410.

El delito de tentativa de recibo y transportación de bienes

apropiados ilegalmente por el que fue sentenciado a un año

de cárcel en el 2000 se encontraba en el artículo 168 del

Código Penal de 1974, mientras que los cargos por violación

a la Ley de Sustancias Controladas se referían a que se

declaró culpable por posesión de drogas bajo el artículo

404 en el 1994 y fue sentenciado a cuatro años de reclusión

en el 1995.

4

Véase Acta del 16

Certiorari, pág. 403.

de

marzo

de

2006,

Apéndice

del

Véase Acta del 24 de

Certiorari, págs. 393-394.

agosto

de

2006,

Apéndice

del

Véase Acta del 8 de noviembre

Certiorari, págs. 389(A)-389(C).

de

2006,

Apéndice

del

5

6

CC-2010-463

3

Negrón Rivera. Lo sentenció a separación permanente de la

sociedad

mediante

reclusión

perpetua

en

una

cárcel

de

máxima seguridad, según dictaba el Código Penal de 1974

para

personas

convictas

independientes

que

por

dos

reincidieran

o

más

delitos

cometiendo

una

graves

de

las

violaciones especificadas, entre las cuales se incluía el

artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas.7

Negrón Rivera apeló el 19 de enero de 2007. Alegó que

el foro de instancia erró al imponer la pena de separación

permanente de la sociedad en vez de la reclusión por 35

años dispuesta para reincidencia en la Ley de Sustancias

Controladas y que la pena impuesta viola la prohibición

constitucional de castigos crueles e inusitados por no ser

proporcional

a

los

Apelaciones

concluyó

delitos

cometidos.8

El

Tribunal

de

que

correcta

la

sentencia

de

fue

reincidencia según el Código Penal de 1974, porque no todas

las convicciones previas eran por violación a la Ley de

Sustancias

Controladas.

El

Tribunal

entendió

que

eso

excluía la aplicación de la disposición de reincidencia de

dicha ley, de acuerdo con Pueblo v. Ramos Rivas, 171 D.P.R.

7

Arts. 61-62, Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. secs. 33013302 (derogadas). Véase Acta del 22 de diciembre de 2006,

Apéndice del Certiorari, pág. 388.

8

Arts. 401 y 414, Ley de Sustancias Controladas, 24

L.P.R.A. secs. 2401 y 2413; Art. II sec. 12, Const. P.R.

Véanse Escrito de Apelación de 18 de enero de 2007,

Apéndice del Certiorari, págs. 383-386; Alegato del

Apelante ante el Tribunal de Apelaciones de 24 de

septiembre de 2007, Apéndice del Certiorari, págs. 297-338.

En sus escritos, también incluyó como error que se le

encontrara culpable, alegando insuficiencia de la prueba e

identificación viciada.

CC-2010-463

826

4

(2007).

Asimismo,

determinó

reincidencia

aplicable

fue

legislativa,

por

lo

que

no

que

la

determinada

debía

disposición

por

de

prerrogativa

calificarse

como

un

castigo cruel e inusitado.9 Uno de los jueces del panel

apelativo

disintió,

pues

entendió

que

aplicaba

la

reincidencia bajo la Ley de Sustancias Controladas ya que

el

antecedente

de

tentativa

de

transportación

de

bienes

hurtados bajo el Código Penal estaba relacionado con la

necesidad

de

Negrón

Rivera

de

conseguir

dinero

para

satisfacer su adicción a drogas. Además, explicó que el

castigo

impuesto

no

guarda

proporción

con

los

delitos

cometidos, por lo que no debía aplicarse automáticamente

sin

estudiar

las

circunstancias

específicas

que

la

Legislatura no tuvo ante su consideración.10 El Tribunal de

Apelaciones

también

denegó

una

solicitud

de

reconsideración.11

9

Pueblo v. Negrón Rivera, Sentencia KLAN20070088, 18 de

diciembre de 2009, Apéndice del Certiorari, págs. 52-86. En

Pueblo v. Ramos Rivas, 171 D.P.R. 826, 839 (2007),

señalamos que ―la disposición de reincidencia del Art. 401

de la Ley de Sustancias Controladas aplica con exclusividad

cuando todos los delitos previos por los cuales se alegue

la reincidencia sean delitos graves según esta ley o

cualquier ley de Estados Unidos relacionada con drogas

narcóticas, desplazando, en virtud del principio de

especialidad, las disposiciones de reincidencia del Código

Penal‖.

10

Pueblo v. Negrón Rivera, Sentencia KLAN20070088, Opinión

disidente del juez González Vargas, 18 de diciembre de

2009, Apéndice del Certiorari, págs. 45-51. El juez

entendió que aplicar la pena de separación permanente a

este acusado violaba disposiciones constitucionales.

11

Resolución de 23 de abril de 2010, Apéndice del

Certiorari, págs. 12-16, con voto explicativo del juez

González Vargas, Apéndice del Certiorari, págs. 1-11.

CC-2010-463

5

El 1 de junio de 2010, Negrón Rivera recurrió ante este

Tribunal. Nuevamente, uno de los errores que planteó fue

que la pena de separación permanente de la sociedad es

excesiva.12

solicitud

El

3

de

diciembre

certiorari.13

de

de

También

2010,

denegamos

denegamos

una

su

primera

moción de reconsideración, el 4 de febrero de 2011.14 Una

vez más, el peticionario nos pidió que modificáramos la

pena

impuesta

y

argumentó

que,

al

momento

de

ser

sentenciado, ya la Legislatura había atenuado la pena por

reincidencia habitual, mediante la eliminación de la pena

de separación permanente en el Código Penal de 2004, por lo

que ningún ciudadano podía ser condenado a pasar el resto

de

su

vida

solicitud

de

encarcelado.15

Luego

reconsideración,

el

de

4

evaluar

de

su

marzo

segunda

de

2011

ordenamos a la Procuradora General mostrar causa por la

12

Petición de Certiorari ante el Tribunal Supremo, CC-10463, págs. 40-43. En su escrito, incluyó otros tres errores

que no atenderemos: insuficiencia de la prueba para rebatir

la presunción de inocencia, violación al principio de

especialidad al no aplicar la disposición de reincidencia

de la Ley de Sustancias Controladas y falta de notificación

adecuada de los cargos porque la reincidencia habitual no

se alegó expresamente en el pliego acusatorio.

13

El juez Hernández Denton y la jueza Fiol Matta hicieron

constar que expedirían.

14

El juez Hernández Denton y la jueza Fiol Matta hicieron

constar que reconsiderarían.

15

Segunda solicitud de reconsideración ante el Tribunal

Supremo, 11 de febrero de 2011.

CC-2010-463

cual

no

6

debíamos

modificar

la

pena

por

reincidencia

habitual impuesta al peticionario.16

La Procuradora presentó su oposición el 2 de mayo de

2011. En ésta, reitera todos sus argumentos en cuanto a los

errores

sobre

los

que

el

peticionario

solicitó

revisión

originalmente. Sobre la posibilidad de aplicar la pena de

reincidencia habitual más benigna que establece el Código

Penal de 2004 en lugar de la del Código Penal de 1974 sólo

menciona que el peticionario lo alegó de forma muy escueta,

pero no provee razones para no emplearla.17 Por su parte, el

peticionario presentó su réplica el 12 de mayo de 2011, en

la

que

insistió

en

que,

cuando

lo

sentenciaron,

la

valoración de la pena por reincidencia habitual ya había

cambiado. Tras estudiar los argumentos de ambas partes, una

mayoría de los jueces y las juezas de este Tribunal ha

decidido no expedir el auto. Respetuosamente, disiento.

El principio de favorabilidad establece que las leyes

penales

se

aplican

de

forma

retroactiva

en

lo

que

16

Aunque el peticionario pidió reconsideración respecto a

tres

errores,

emitimos

una

orden

de

mostrar

causa

únicamente respecto a la pena impuesta por reincidencia

habitual.

17

La mención se encuentra en la nota al calce 40, en la

página 44 del Escrito para Mostrar Causa. La Procuradora

indica que ―si el peticionario interesa hacer algún

planteamiento en cuanto a su eventual elegibilidad para

disfrutar de una libertad bajo palabra, a la luz del

principio de favorabilidad, éste deberá plantearlo y

discutirlo ante los foros pertinentes, en el momento

apropiado‖, y añade que esa controversia aún no ha

madurado. Entendemos que, dado que el peticionario se

encuentra cumpliendo su condena de reclusión, no hay razón

para posponer la consideración de su planteamiento sobre la

pena que debe cumplir.

CC-2010-463

7

beneficien a las personas imputadas de delito. Ello implica

que, cuando la ley vigente al cometerse el delito y la

vigente al imponerse la sentencia son distintas, siempre se

aplica el estatuto más benigno para el acusado.18 Incluso,

si la persona ya está cumpliendo la sentencia y entra en

vigor una ley con una pena o un modo de ejecutarla que es

menos severa que aquella bajo la cual se le sentenció, se

le debe aplicar la más favorecedora.19 Por ser un principio

general, esta regla beneficia a las personas acusadas o

convictas de todo tipo de delitos, sin distinción alguna.

De esta forma, nuestro ordenamiento permite, como excepción

a las normas generales de que la ley penal aplicable es la

que

estaba

vigente

al

cometerse

el

delito

y

de

la

irretroactividad de la ley nueva, que las personas acusadas

o

convictas

se

puedan

beneficiar

de

leyes

más

benignas

promulgadas en tiempo posterior a los hechos punibles.20

18

Art. 9(a), Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4637.

El principio de favorabilidad también estaba codificado en

el Código Penal de 1974, en el artículo 4, 33 L.P.R.A. sec.

3004

(derogada).

Sobre

aplicación

retroactiva,

véase

también Pueblo v. Thompson Faberllé, 2010 T.S.P.R. 237.

19

20

Art. 9(b), Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4637.

D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño – Parte

General, 5ta ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo

del

Derecho,

2005,

págs.

100-108.

El

principio

de

favorabilidad del Derecho Penal moderno ha sido adoptado

como máxima en el Derecho Internacional y las disposiciones

sobre derechos humanos, pues favorece la rehabilitación de

los transgresores. Véanse, por ejemplo: Art. 15.1, Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, Nueva

York, 1966); Art. 9, Convención Americana sobre Derechos

Humanos (OEA, San José, 1969).

CC-2010-463

El

8

fundamento

del

nuestro

Derecho

Penal,

Ernesto

Chiesa,

es

imponer

una

considera

pena

principio

según

que

que

inadecuada

de

explica

sería

favorabilidad

el

profesor

irracional

al

momento

porque

las

de

la

expresiones

y

en

Luis

arbitrario

sentencia

se

legislativas

más recientes manifiestan que cierto castigo es excesivo

para

la

gravedad

del

hecho.

En

otras

palabras,

si

la

valoración jurídica de la conducta ha cambiado de modo que

se han atenuado sus consecuencias, lo justo es aplicar esa

nueva visión a los hechos cometidos antes del cambio, pues

no tiene sentido que los ciudadanos sigan padeciendo los

efectos

de

leyes

que

en

la

actualidad

se

entienden

demasiado rigurosas.21

Por otro lado, según el artículo 308 del Código Penal

de 2004, la conducta antijurídica que se haya realizado

antes de la vigencia del Código de 2004 se rige por la ley

penal que estuviese vigente al momento de los hechos.22 Esta

cláusula de reserva parcial pretende que los actos punibles

cometidos

bajo

el

penales

especiales

Código

de

1974

aplicables

derogado

cuando

se

o

las

leyes

cometió

la

conducta, que no hayan sido suprimidos por el Código de

2004,

sean

juzgados

según

la

tipificación

en

vigor

21

al

L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, San Juan,

Publicaciones JTS, 2007, págs. 54-55. Véase también, E.L.

Chiesa Aponte y L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal, 73 Rev.

Jur. UPR 671, 689-695 (2004).

22

Art. 308, Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4935.

CC-2010-463

9

tiempo en que ocurrieron.23 A base de ello, en Pueblo v.

González Ramos, 165 D.P.R. 675, 705 (2005), indicamos que

la Legislatura decidió mantener la aplicabilidad del Código

de

1974

para

juzgar

los

delitos

cometidos

durante

su

caso

nos

vigencia.

No

obstante,

limitamos

a

vale

estudiar

aclarar

el

que

artículo

en

308

ese

en

cuanto

a

la

tipificación de delitos y no lo evaluamos en el ámbito de

las consecuencias de la aplicación de la ley

decir,

de

las

penas.

En

Pueblo

v.

penal, es

González

Ramos,

determinamos que el asesinato estatutario tipificado en el

Código Penal de 1974 no fue suprimido en el Código de 2004,

y que, de acuerdo a la cláusula de reserva del Código de

2004, procedía juzgar al acusado según el delito tipificado

en el Código de 1974, que estaba vigente al momento de los

hechos

delictivos.

Aunque

nos

expresamos

en

términos

generales sobre la aplicación retroactiva de la ley penal

más benigna y las cláusulas de reserva como límites al

principio de favorabilidad, el análisis estuvo centrado en

el efecto de la cláusula de reserva del Código Penal de

2004 sobre la conducta que se considera delictiva.

En efecto, debemos distinguir entre la punibilidad y

la penalidad al analizar el axioma de aplicar la ley penal

más benigna en conjunto con la cláusula de reserva. El

análisis de las sanciones por la comisión de la conducta

23

D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, 2da

ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho,

2005, págs. 10-12 y 397.

CC-2010-463

10

punible tiene que ser distinto al que se refiere a los

elementos constitutivos del delito o de los supuestos de

hechos que deseamos prevenir. La razón es evidente: cada

uno

de

estos

componentes

de

la

norma

penal

cláusula

de

considera

factores diferentes.24

Si

leemos

detenidamente

la

reserva

del

Código Penal de 2004, podemos notar que está totalmente

dirigida

a

la

tipicidad

y

no

menciona

las

penas.

El

artículo 308 enuncia:

La conducta realizada con anterioridad a la

vigencia de este Código en violación a las

disposiciones del Código Penal aquí derogado

[1974] o de cualquier otra ley de carácter penal

se regirá por las leyes vigentes al momento del

hecho. Si este Código suprime algún delito, no

deberá iniciarse el encauzamiento, las acciones

en trámite deberán sobreseerse y las sentencias

condenatorias deberán declararse nulas y liberar

a la persona. El cambio de nombre de un delito no

significa que el tipo delictivo ha quedado

suprimido.25

Esta redacción se distingue de la que se usó en la cláusula

de reserva del Código de 1974. Ésta incluía expresamente

las sanciones entre los elementos que debían atenderse de

acuerdo al Código Penal anterior, al referirse al castigo

del

hecho

promulgación

cometido,

de

en

este

los

siguientes

Código

[1974]

términos:

no

―La

constituye

impedimento para acusar o perseguir y castigar un hecho ya

cometido en violación a las disposiciones del Código Penal

24

Véase F. Muñoz Conde y M. García Arán, Derecho Penal –

Parte General, 6ta ed., Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch,

2004, págs. 33-65.

25

(Énfasis suplido). 33 L.P.R.A. sec. 4935.

CC-2010-463

11

aquí derogado [1937] o de cualquier otra ley especial de

carácter penal‖.26

Distinto al Código de 1974, el de 2004

permite

la

aplicación retroactiva de las penas y medidas de seguridad

más favorables. Por eso, podemos razonar que la intención

legislativa al aprobar el Código actual fue que se juzgaran

los delitos cometidos bajo el Código anterior según las

disposiciones

de

ese

cuerpo,

pero

que

se

aplicaran

las

penas más benignas del nuevo Código para evitar un desfase

entre

las

sentencias

y

la

valorización

social

de

las

conductas al presente.27

El profesor Antonio Bascuñán, en un estudio detallado

sobre

el

desarrollo

del

principio

de

favorabilidad

en

Puerto Rico, explica que este Tribunal, al interpretar las

cláusulas de reserva de modo que la consecuencia para el

acusado sea razonable, se ha basado en la necesidad de que

las penas impuestas sean cónsonas con la valoración que les

asigna la Legislatura en el momento actual.28 Igualmente, el

autor señala que la jurisprudencia norteamericana muestra

26

(Énfasis suplido). Art. 281, Código Penal de 1974, 33

L.P.R.A. sec. 4625 (derogada).

27

Véase Voto disidente de la jueza Fiol Matta en Pueblo v.

Padín Rodríguez, 169 D.P.R. 521, 521-531 (2006).

28

A. Bascuñán Rodríguez, La aplicación de la ley penal más

favorable, 69 Rev. Jur. UPR 29, 65-66 (2000). Véase también

la discusión de la profesora Nevares Muñiz sobre casos en

los que este Tribunal ha aplicado retroactivamente leyes

posteriores

más

favorables

a

los

acusados,

independientemente de la cláusula de reserva. Nevares

Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, op. cit., a las págs.

109-110, citando: Pueblo v. Caballero Rodríguez, 109 D.P.R.

126 (1979); Pueblo v. Malavé, 61 D.P.R. 403 (1943); Pueblo

v. Otero, 61 D.P.R. 36 (1942).

CC-2010-463

12

descontento

con

concebir

las

cláusulas

de

reserva

como

mandatos genéricos y absolutos.29 Indica que, dado que la

formulación de las cláusulas de reserva suele ser formal y

abstracta,

su

aplicación

irrestricta

puede

llevar

al

―absurdo político-criminal de tener que imponer una pena

aunque

al

momento

de

la

condena

la

ley

haya

expresado

abiertamente su falta de necesidad‖.30

Cabe recordar, según explicamos en Pueblo v. González

Ramos, que la interpretación de las cláusulas de reserva

del

Código

Penal

de

1974

en

nuestra

jurisprudencia

fue

conflictiva.31 Hubo casos en los que aplicamos la ley penal

más

favorable,

aunque

fuera,

según

señala

Bascuñán,

―en

abierta infracción del tenor literal de las cláusulas de

reserva‖.32 La explicación, según este autor, era que en

esos

casos

encontraba

del

―la

razonabilidad

campo

contrario

a

político-criminal

se

dichas

lo

cláusulas:

razonable era evitar el exceso‖.33 Pero, más allá de las

29

Bascuñán Rodríguez, supra, a las págs. 122-123.

30

Íd. a la pág. 56.

31

Pueblo v. González Ramos, supra, a la pág. 702.

32

Bascuñán Rodríguez, supra, a la pág. 69.

33

Íd. Véase también Luis Rivera Román, El nuevo Código

Penal: su vigencia y el debate entre la aplicación de la

ley más benigna y las cláusulas de reserva, 40 Rev. Jur.

UIPR 41 (2005). En ese artículo se repasan los argumentos

respecto al principio de favorabilidad que se estuvieron

presentando en los tribunales de primera instancia durante

los primeros meses de vigencia del Código Penal de 2004 y

se concluye que se debe reconocer el valor jurídico de

dicho principio, pues ―el Código Penal de 2004 culmina un

desarrollo histórico que concede a un imputado toda ley más

benigna, la aplica en su mayor amplitud y a favor de

CC-2010-463

13

consideraciones

encontraran

de

presentes

justicia

en

esos

y

razonabilidad

casos,

debemos

que

se

tener

en

cuenta un detalle importante: el Código de 1974 disponía

que

el

principio

de

favorabilidad

aplicaría

sólo

prospectivamente.34 Ese mandato legislativo fue el que causó

las aparentes contradicciones en los casos que se discuten

en Pueblo v. González Ramos.35 El Código de 2004 no contiene

una disposición similar.

Más aun, debemos resaltar que, independientemente de

la interpretación que se hiciera de la cláusula de reserva

que

prohibía

la

aplicación

retroactiva

del

principio

de

favorabilidad, éste se aplicó de la misma manera en todos

los casos citados: ―lo decisivo al determinar la aplicación

de la ley era la fecha en que fue dictada la sentencia del

personas que han sido sentenciadas‖. Id. a la pág. 67.

Asimismo, señala que ―el más simple sentido de justicia‖ y

―una nueva valorativa social a una conducta criminal‖ deben

ser fundamentos suficientes para aplicar una ley más

benigna en todos los casos pendientes de adjudicación. Id.

34

Art. 282, Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec. 4626

(derogada).

35

Pueblo v. González Ramos, supra, a las págs. 699-702. Los

casos discutidos son: Pueblo v. Villafañe, Contreras, 142

D.P.R. 839 (1997); Pueblo v. Moreno Morales I, 132 D.P.R.

261 (1992); Pueblo v. Caballero Rodríguez, supra, y Pueblo

v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1977). En Pueblo v.

Moreno Morales I, la decisión de no aplicar una ley penal

más benigna no se basó en el principio de favorabilidad y

las cláusulas de reserva que establecía el Código Penal de

1974. Se debió a que la ley que el convicto pidió que se

empleara establecía expresamente que sus disposiciones sólo

aplicarían a personas juzgadas por hechos cometidos a

partir de la vigencia de esa ley y el delito se cometió

antes. Pueblo v. Moreno Morales I, supra, a la pág. 289.

CC-2010-463

tribunal

de

14

instancia‖.36

Así,

en

Pueblo

v.

Caballero

Rodríguez, este Tribunal declaró que ―[a]unque los hechos y

el juicio tuvieron lugar durante la vigencia del anterior

Código Penal, la sentencia se dictó el 4 de febrero de

1975, estando ya en vigor el presente Código Penal‖,37 y

analizó

las

instrucciones

al

jurado

a

la

luz

de

la

disposición más favorable del Código de 1974. Asimismo, en

Pueblo

v.

Rosso

Vázquez,

el

Tribunal

aclaró

que

no

reduciría la pena según las disposiciones más benignas del

nuevo cuerpo de ley, porque el principio de favorabilidad

aplicaba con carácter prospectivo y la sentencia se impuso

antes de que entrara en vigor el Código Penal de 1974.38

Este desarrollo implica que lo decisivo para determinar si

el acusado puede beneficiarse de una ley más favorable al

36

Pueblo v. González Ramos, supra, a la pág. 701, esc. 21,

resumiendo Pueblo v. Villafañe, Contreras, supra. En Pueblo

v. Villafañe, Contreras, el juez Rebollo López emitió una

Opinión disidente en la cual criticó que se ignorara el

principio de favorabilidad, con el efecto de castigar una

conducta que ya no se consideraba delictiva. Íd. a las

págs. 849-857.

37

(Énfasis suplido.) Pueblo v. Caballero Rodríguez, supra,

a la pág. 128.

38

Pueblo v. Rosso Vázquez, supra, a las págs. 910-911.

Además de considerar la fecha en que se dictó la sentencia,

el Tribunal indicó que ―las circunstancias repugnantes‖ del

caso, en que un policía violó a una joven, ―no nos mueven a

intervenir con la penalidad‖. Íd. a la pág. 911. Mientras,

cuatro de los ocho jueces que componían el Tribunal en ese

momento disintieron de la decisión de no modificar la

sentencia de acuerdo con el nuevo Código Penal para que la

misma fuera de un máximo de 25 años en lugar de ser una de

hasta 50 años. Fundamentaron su disenso en la importancia

de promover la rehabilitación de los confinados a través

del sistema correccional y de poner en vigor el axioma de

vanguardia que representa el principio de favorabilidad.

Íd. a las págs. 912-914.

CC-2010-463

15

ser sentenciado no es la fecha en que se cometieron los

hechos sino la fecha en que se dicta la sentencia.

En el presente caso, los hechos se cometieron en abril

de 2004, cuando todavía estaba vigente el Código Penal de

1974, por lo que se juzgó al acusado según los delitos

tipificados en ese Código.39 No obstante, la sentencia se

dictó en diciembre de 2006, cuando ya regía el Código Penal

de

2004,

por

lo

que

la

pena

se

debía

fijar

según

lo

establecido en esa legislación, de ser ésta más benigna.

Sin embargo, al acusado se le impuso incorrectamente la

pena dispuesta por el Código de 1974, que es más severa que

la del Código de 2004 que se le debía aplicar.

En su análisis sobre la concepción de la pena por

reincidencia habitual en ambos cuerpos de ley, la profesora

Dora

Nevares

Muñiz

explica

que

la

reincidencia

habitual

bajo el Código de 1974 era tan rigurosa que violaba el

principio

de

proporcionalidad

dictado

por

la

cláusula

constitucional contra castigos crueles e inusitados, pues

conllevaba

prisión

programas

de

perpetua

rehabilitación

y

prohibía

así

como

participar

cualificar

en

para

libertad bajo palabra.40 El Código de 2004, en lugar de

39

El Código Penal de 2004 comenzó a regir el 1 de mayo de

2005. Art. 314, Código Penal de 2004, Ley Núm. 149 de 18 de

junio de 2004. El propósito principal de la reforma del

Código Penal fue revisar las penas que establecían el

Código de 1974 y las leyes penales especiales. Íd.,

Exposición de Motivos del Código Penal de 2004.

40

D. Nevares Muñiz, Las penas en el nuevo Código Penal: a

cinco años de su vigencia, 79 Rev. Jur. UPR 1129, 1154-1155

(2010). Véase también D. Nevares Muñiz, Evaluación del

Modelo de Penas – Revisión del Código Penal, Comisión de lo

CC-2010-463

16

ordenar la reclusión permanente del reincidente, le impone

una condena de 99 años, igual que a los delitos graves de

primer grado.41 La persona así sentenciada tiene acceso a

programas de rehabilitación y puede ser considerada para

libertad bajo palabra.42

La Ley 316 de 2004, que enmendó la Ley Orgánica de la

Junta de Libertad Bajo Palabra de 1974 para atemperarla al

Código

Penal

de

2004,

dispuso

que

cualquier

persona

convicta que se haya declarado reincidente habitual puede

ser considerada para libertad bajo palabra al cumplir 25

años naturales de su sentencia, beneficio del que estaban

excluidos

los

reincidentes

habituales

anteriormente.43

Jurídico del Senado de Puerto Rico, 9 de abril de 2002,

pág. 18, http://www.ramajudicial.pr/CodigoPenal/acrobat/04Evaluacion-del-Modelo-de-Penas.pdf.

Sobre

las

teorías

acerca de las penas por reincidencia habitual, véase,

además: A. Von Hirsch, Doing Justice: The Choice of

Punishments, New York, Ed. Hill and Wang, 1976, págs. 8494. Este autor explica que, al imponer un castigo por ser

reincidente, no sólo se debe considerar la cantidad de

veces en que la persona delinquió sino también la seriedad

de las ofensas cometidas.

41

Art. 81(c), Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec.

4709(c). Al igual que el Código de 1974, el de 2004 dispone

el grado de reincidencia habitual cuando la persona ha sido

convicta anteriormente por dos o más delitos graves

independientes y comete otro delito grave en violación de

las disposiciones enumeradas, que incluyen el artículo 401

de la Ley de Sustancias Controladas. Las normas para la

determinación de reincidencia bajo el Código de 2004 se

encuentran en su artículo 82, 33 L.P.R.A. sec. 4710.

42

Véase R.N. Bell Bayrón, La significativa aportación al

compromiso con la rehabilitación del sentenciado de la

reforma

penal

de

2004

y

de

la

Ley

del

Mandato

Constitucional de Rehabilitación, 40 Rev. Jur. UIPR 1

(2005).

43

Art. 3(a)(1), Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo

Palabra, Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974 según

CC-2010-463

Asimismo,

17

según

Rehabilitación

la

de

Ley

de

Mandato

Constitucional

2004,

el

reincidente

habitual

de

que

cualifique para libertad bajo palabra podrá ser evaluado

con el fin de determinar si está capacitado para convivir

libremente

en

la

sociedad

sin

que

ello

manifieste

peligrosidad y, si el Departamento de Corrección certifica

su

rehabilitación,

posibilidad

de

dar

el

tribunal

por

cumplida

podrá

la

pena

considerar

la

restante.44

El

artículo 104 del Código Penal de 2004 también provee para

la

certificación

de

rehabilitación

del

recluso.45

Estas

diferencias se deben a que, con la reforma del Código Penal

en

el

2004,

respondieran

se

a

buscó

la

atemperar

severidad

de

las

los

penas

para

delitos

y

que

no

constituyeran castigos perpetuos.46

enmendada por la Ley Núm. 316 de 15 de septiembre de 2004,

4 L.P.R.A. sec. 1503. Para otros ejemplos sobre la

exclusión de los delincuentes habituales de beneficios para

su rehabilitación y reinserción en la sociedad bajo el

Código Penal de 1974, véase Pueblo v. Pizarro Solís, 129

D.P.R. 911 (1992).

44

Art. 7, Ley de Mandato Constitucional de Rehabilitación,

Ley Núm. 377 de 16 de septiembre de 2004, según enmendada

por la Ley Núm. 165 de 16 de diciembre de 2009, 4 L.P.R.A.

sec. 1615. Véase también A. Sánchez Galindo, El derecho a

la readaptación social, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1983.

45

Art. 104, Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4732. La

rehabilitación del sentenciado es una de las causas de

extinción de la pena. Art. 103, Código Penal de 2004, 33

L.P.R.A. sec. 4731.

46

Véase Nevares Muñiz, Las penas en el nuevo Código Penal,

supra, a las págs. 1131-1141 y 1160-1161. Véase también J.

Cid Moliné, ¿Pena justa o pena útil?, Madrid, Centro de

Publicaciones del Ministerio de Justicia, 1994.

CC-2010-463

18

Por lo tanto, procedía corregir la sentencia dictada en

este caso para modificar la pena según el Código Penal de

2004.47 De esa manera, la sanción impuesta correspondería a

la

valoración

legislativa

actual

de

la

consecuencia

jurídica de la reincidencia habitual y a nuestra política

constitucional

de

promover

resocialización

de

los

la

rehabilitación

confinados.48

Así

y

la

también,

se

propendería a que la pena guarde mayor proporcionalidad con

los delitos cometidos.49

El resultado de la aplicación lógica del principio de

favorabilidad,

parcial

del

en

conjunción

Código

Penal

con

de

la

2004

cláusula

de

reserva

y

el

fin

con

de

rehabilitación que recogen nuestra Constitución, nuestras

leyes y nuestra jurisprudencia, no es ni remotamente la

impunidad. El señor Negrón Rivera cumpliría una pena de 99

años naturales por haber mantenido una conducta delictiva

durante varios años. La diferencia al sentenciarlo según el

Código de 2004 vigente es que, cuando haya cumplido 25 años

naturales de su condena, tendrá la oportunidad de solicitar

salir de la cárcel con libertad bajo palabra. Esa opción,

que no se le otorgará automáticamente sino que se le podría

brindar después de evaluar si todavía representa un peligro

47

Véase Regla 213 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap. II R. 213.

48

Art.

VI

sec.

19,

Const.

P.R.;

Ley

de

Mandato

Constitucional de Rehabilitación, 4 L.P.R.A. secs. 16111616; Art. 50, Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4678.

49

Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197, 201-202 (1985).

CC-2010-463

19

para la sociedad, es la que puede motivarlo a superar su

adicción y a aprovechar el tiempo de su encarcelación para

desarrollar alguna habilidad que le permita ser productivo

cuando regrese a la libre comunidad. Si le negamos

oportunidad,

nada

de

lo

que

haga

dentro

de

la

esa

prisión

tendrá propósito. ¿Qué incentivo para rehabilitarse va a

tener

esta

persona?

¿Qué

gana

el

País

con

mantener

encerrado por el resto de su vida, en una prisión de máxima

seguridad, a expensas del erario, a un joven que cayó en el

vicio de las drogas?

La pena de separación permanente de la sociedad que se

le

impuso

al

señor

Negrón

excesiva.

No

sólo

es

Rivera

contraria

es,

a

a

las

todas

luces,

disposiciones

legislativas vigentes, sino que derrota nuestra política

pública de permitir y promover la rehabilitación. No puedo

estar de acuerdo.

Al señor Negrón Rivera, y a las personas acusadas en su

misma posición, sólo les quedará la esperanza de que la

Asamblea Legislativa aclare el alcance del artículo 308 del

Código Penal de 2004. Sólo así se podrá hacer valer la

prohibición

de

penas

desproporcionadas

a

los

delitos

cometidos que estipula nuestra Constitución y se le dará

eficacia al principio de favorabilidad que impera en los

sistemas penalistas modernos, como esperamos que sea el de

Puerto Rico.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2010-463

Certiorari

Nelson Negrón Rivera

Peticionario

Voto Disidente emitido por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

al cual se unen el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON y el Juez

Asociado SEÑOR KOLTHOFF CARABALLO

San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2011.

Por

totalidad

considerar

el

que

historial

debemos

evaluar

legislativo

y

en

su

que

la

codificación final elegida por el legislador para

preservar

Código

el

Penal

principio

de

favorabilidad

no

ser

derrotada

interpretación

puede

ceñida

exclusivamente

en

el

por

una

a

otro

articulado de dicha pieza legislativa, disiento

respetuosamente.

El presente caso nos permite armonizar por

primera vez el Art. 9 y el Art. 308 del Código

Penal de 2004 respecto a la imposición de la pena

CC-2010-463

más

21

benigna.

Esto,

debido

a

que

el

Art.

9

codifica

el

principio de favorabilidad y, en consecuencia, dispone que

se impondrá la sentencia más benigna aunque la ley vigente

al tiempo de cometerse el delito sea distinta. Mientras que

el

Art.

308

establece

que

la

conducta

realizada

con

anterioridad a la vigencia del Código Penal de 2004 se

regirá por las leyes vigentes al momento del hecho.

I

Por conducta ilícita ocurrida el 13 de abril de 2004,

mientras se encontraba en vigor el Código Penal de 1974, el

Sr. Nelson Negrón Rivera fue acusado por el delito grave de

posesión

con

intención

de

distribuir

sustancias

controladas.50 También se le imputó reincidencia por haber

sido sentenciado en dos ocasiones anteriores.51

El 1 de mayo de 2005 comenzó la vigencia del Código

Penal de 2004. Posteriormente, se celebró el juicio en su

fondo y el 22 de diciembre de 2006 el Tribunal de Primera

Instancia sentenció al señor Negrón Rivera de acuerdo con

el derogado Código. Esto, a pesar de que el Código Penal de

2004

se

encontraba

en

vigor

y

establecía

una

pena

más

benigna para la reincidencia habitual.

II

La

que

controversia

dilucidemos

50

si

Art. 401(a)(2),

L.P.R.A. sec. 2401.

51

ante

nuestra

consideración

requiere

una

persona

imputada

conducta

Ley

de

Sustancias

por

Controladas,

24

Una por tentativa de recibo y transportación de

bienes apropiados ilegalmente bajo el Código Penal de 1974 y

otra por seis cargos de posesión de narcóticos bajo la Ley de

Sustancias Controladas.

CC-2010-463

22

delictiva ocurrida antes del 1 de mayo de 2005, pero que

aún

se

encuentra

pendiente

de

ser

sentenciada,

puede

beneficiarse de las disposiciones del Código Penal de 2004

en cuanto a la pena, en virtud del Art. 9 de dicho Código.

El Art. 8 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec.

4636, describe como regla general la aplicación prospectiva

de la ley penal, en particular del Código Penal, de una

forma cónsona con la prohibición constitucional de leyes ex

post facto. Al aludir a una ley ex post facto nos referimos

a la aplicación retroactiva de una ley que agrava para el

acusado

su

relación

con

el

delito,

defenderse

y

la

forma

de

cumplir

extensión.

Véase,

E.L.

Chiesa

la

una

Aponte,

oportunidad

de

sentencia

su

Derecho

o

Procesal

Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum,

1992,

Vol.

II,

Sec.

19.1,

págs.

545-549.

Pero

la

prohibición de leyes ex post facto es un concepto distinto

a

la

concesión

legislativa

circunstancias

se

imputado.

ello,

Por

aplique

como

para

la

que

en

pena

más

excepción

a

determinadas

benigna

la

a

un

aplicación

prospectiva de las leyes penales, la Asamblea Legislativa

puede

aprobar

una

disposición

más

favorable

y

hacerla

retroactiva en cuanto estime apropiado.

Al respecto, el Art. 9 del Código Penal de 2004, 33

L.P.R.A. sec. 4637, dispone lo siguiente:

La ley penal tiene efecto retroactivo en lo

que favorezca a la persona imputada de

delito. En consecuencia, se aplican las

siguientes normas:

(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse

el delito es distinta de la que exista al

CC-2010-463

23

procesar al imputado o al imponerle la

sentencia, se aplicará siempre la ley más

benigna.

(b) Si durante el término en que la persona

está cumpliendo la sentencia entra en vigor

una ley más benigna en cuanto a la pena o a

la medida de seguridad o al modo de

ejecutarlas, se aplicará retroactivamente.

(c) Si durante el término en que la persona

está cumpliendo la sentencia entra en vigor

una ley que suprime el delito, o el Tribunal

Supremo emite una decisión que despenalice

el hecho, la pena quedará extinguida y la

persona liberada, de estar recluida o en

restricción de libertad. En estos casos los

efectos de la nueva ley o de la decisión

judicial operarán de pleno derecho. Íd.

(Énfasis nuestro.)52

Según el Art. 9 del Código Penal de 2004, y en lo

pertinente, la ley penal debe aplicarse retroactivamente si

la pena vigente al momento de la sentencia es menor que la

establecida cuando se cometió el delito. Véase, L.E. Chiesa

Aponte, Derecho Penal Sustantivo, San Juan, Publicaciones

JTS, 2007, pág. 55. En la doctrina se reconoce que ―si la

52

El Código Penal de 1974 reconoció por primera vez este

principio. El Art. 4 del derogado Código establecía el

principio de favorabilidad de la siguiente manera:

Las

leyes

penales

no

tienen

efecto

retroactivo, salvo en cuanto favorezcan a la

persona imputada de delito.

Si la ley vigente al tiempo de cometerse el

delito fuere distinta de la que exista al

imponerse la sentencia, se aplicará siempre

la más benigna.

Si durante la condena se aprobare una ley

más benigna en cuanto a la pena o al modo de

ejecución

la

misma

se

limitará

a

lo

establecido por esa ley.

En los casos de la presente sección los

efectos de la nueva ley operarán de pleno

derecho. 33 L.P.R.A. sec. 3304 (derogado).

CC-2010-463

24

ley más favorable es promulgada con posterioridad a los

hechos pero antes del juicio, deberá ser aplicada en la

sentencia que se dicte‖. F. Muñoz Conde, Derecho Penal,

Parte General, 7ma ed., Valencia, 2007, pág. 140.

Claro está, al ser la aplicación retroactiva de las

disposiciones

legales

que

beneficien

al

imputado

una

prerrogativa de la Asamblea Legislativa, como lo sería un

tipo

que

reúna

elementos

específicos

más

difíciles

de

cumplir para el delito en cuestión, el legislador puede

delimitar la disposición particular según su parecer. Es

por esto que la Asamblea Legislativa incluyó el Art. 308

del

Código

Penal

de

2004,

33

L.P.R.A.

sec.

4935,

que

dispone una cláusula de reserva parcial, la cual, en lo

pertinente,

establece

que

―[l]a

conducta

realizada

con

anterioridad a la vigencia de este Código en violación a

las

disposiciones

del

Código

Penal

aquí

derogado

o

de

cualquier otra ley especial de carácter penal se regirá por

las

leyes

vigentes

al

momento

del

hecho‖.

Íd.

(Énfasis

nuestro.)

La Asamblea Legislativa aprobó la expresión palmaria

de

que

la

―conducta‖

que

constituyera

delito

con

anterioridad a la vigencia del Código Penal de 2004 se

regiría por las leyes vigentes al momento del hecho. El

texto claro de la ley es la expresión por excelencia de la

intención legislativa, particularmente en el campo penal.

Pueblo v. Jesús Delgado, 155 D.P.R. 930, 941 (2001); Pueblo

v. Rexach Benítez, 130 D.P.R. 273, 302 (1992). El sujeto

indiscutible

del

primer

párrafo

del

Art.

308

es

la

CC-2010-463

25

―conducta‖, según lo dispuesto por el legislador, por lo

que tal párrafo va dirigido a establecer una cláusula de

reserva parcial al respecto. Esto es, el único asunto en el

aludido

párrafo

para

el

cual

el

legislador

prohibió

la

aplicación retroactiva del Código Penal de 2004 es para la

―conducta‖

realizada

con

anterioridad

a

la

vigencia

de

dicho Código.

Ahora bien, ¿qué significa ―conducta‖ en el Art. 308?

¿Significa ―pena‖? ¿O se refiere a las acciones u omisiones

que

constituyen

el

tipo

delictivo

según

la

ley

penal

vigente antes de la entrada en vigor del Código Penal de

2004?

El Art. 14 del nuevo Código, 33 L.P.R.A. sec. 4642, no

define

la

palabra

―conducta‖,

interpretarla

―según

el

sancionado

el

uso

común

2004,

33

Código

por

Penal

debemos

tener

de

estatutos

presente

penales

debe

por

contexto

y

y

la

hacerse

que

el

sec.

debemos

significado

corriente‖.

L.P.R.A.

que

lo

Art.

4641.

manera

del

Además,

interpretación

de

13

de

los

restrictiva

en

cuanto perjudica al acusado y liberalmente en cuanto lo

favorece. Pueblo v. Flores Flores, res. el 23 de mayo de

2011,

2011

T.S.P.R.

38;

Pueblo

v.

Negrón

Caldero,

157

D.P.R. 413, 423 (2002); Pueblo v. Rodríguez Jiménez, 128

D.P.R. 114, 119 (1991). Asimismo, las disposiciones de una

ley

deben

ser

conduzcan

a

Martell,

173

examinadas

resultados

D.P.R.

601,

e

interpretadas

armoniosos.

612

(2008);

Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 548 (1999).

de

Pueblo

Pueblo

modo

v.

v.

que

Rivera

Zayas

CC-2010-463

26

La Real Academia Española define ―conducta‖ como la

―manera que una persona se comporta en su vida y acciones‖,

y como el ―conjunto de las acciones con que un ser vivo

responde

a

una

situación‖.

Real

Academia

Española,

Diccionario Esencial de la Lengua Española, 1ra ed., Ed.

Espasa, 2006, pág. 382. También se define como la forma y

manera en que el ser humano gobierna su vida y dirige sus

acciones.

I.

Jurídicos,

Rivera

New

García,

Hampshire,

Diccionario

2da

Ed.

de

Términos

Revisada,

Equity

Publishing Corp., 1989, pág. 49. La conducta supone alguna

acción u omisión. Y para que exista conducta antijurídica

penal se requiere un acto cometido u omitido que viole

alguna

ley

que

lo

prohíba

u

ordene.

El

comportamiento

humano es una exigencia de los tipos penales. S. Mir Puig,

Derecho

Penal

Parte

General,

8va

ed.,

Barcelona,

Ed.

Reppertor, 2008, pág. 177. Así, pues, en el derecho penal

el

término

―conducta‖

es

la

primera

condición

para

la

imputación del resultado típico y sin ella éste no puede

imputársele a nadie. Íd., pág. 178. Sin conducta no hay

configuración de delito alguno. El fundamento es sencillo.

Cuando hay ausencia de conducta humana no sólo falta la

tipicidad penal, sino también la imputación personal del

hecho, a saber: el delito. Íd.

La

pena,

en

cambio,

es

la

consecuencia

jurídica

primaria de la conducta considerada como delito. Véase, S.

Mir Puig, op. cit., pág. 663. Dicho de otra manera, la pena

es

el

castigo

para

la

conducta

antijurídica

penalmente

CC-2010-463

27

típica. Por ello, resulta evidente que ―conducta‖ y ―pena‖

son términos distintos.

El

trasfondo

histórico

de

la

cláusula

de

reserva

parcial ilustra el alcance del Art. 308. A este articulado

le preceden las cláusulas de reserva del Código Penal de

1974 —Arts. 281 y 282— que el legislador justipreció debían

ser revisadas. El entonces Art. 281 disponía lo siguiente:

La

promulgación

de

este

Código

no

constituye

impedimento

para

acusar

o

perseguir y castigar un hecho ya cometido

en violación a las disposiciones del Código

Penal aquí derogado o de cualquier otra ley

especial de carácter penal. 33 L.P.R.A.

sec. 4625 (derogado). (Énfasis nuestro.)

Nótese que el lenguaje empuñado por esta cláusula de

reserva derogada incluye el término ―castigar‖, el cual de

conformidad con tal Código guarda inextricable relación con

la

pena.

Véase,

Art.

60

del

Código

Penal

de

1974,

33

L.P.R.A. sec. 3284 (derogada). Por lo tanto, esta derogada

cláusula

aplicación

de

reserva

retroactiva

prohibía

de

las

de

forma

nuevas

penas

indubitada

que

la

disponía

dicho Código. Pero además de lo anterior, el Código Penal

de 1974 contenía otra cláusula de reserva en su Art. 282

para

impedir

que

pudiera

invocarse

retroactivamente

el

principio de favorabilidad de su Art. 4. El Art. 282 del

derogado Código establecía lo siguiente:

Las disposiciones del Artículo 4 [principio

de

favorabilidad]

de

este

Código

se

aplicarán solamente con carácter prospectivo

a partir de la fecha de su vigencia. 33

L.P.R.A. sec. 4626 (derogado).

De lo anterior surge claramente que el legislador no

tuvo intención alguna de que el principio de favorabilidad

CC-2010-463

28

que en aquel entonces introducía, el cual aludía a las

penas, pudiera beneficiar a quienes cometieran algún delito

bajo

la

ley

anterior,

pero

que

fueran

sentenciados

con

posterioridad a la vigencia del Código Penal de 1974.

El historial legislativo de la cláusula de reserva del

Art. 308 del Código Penal de 2004 refleja la preocupación

de que se entendiera, equivocadamente, que los elementos

específicos del tipo particular del nuevo Código que fueren

más beneficiosos aplicarían retroactivamente a las personas

imputadas o sentenciadas según el Código Penal de 1974. El

Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado de 22 de

junio de 2003 reconoce esta situación y, por ello, expresa

que la intención del legislador es que el Código Penal de

2004 aplique a delitos cometidos con posterioridad a su

vigencia, para evitar que se suprimieran los procedimientos

ya iniciados. Esto es, para impedir escenarios de impunidad

producto de un vacío de legislación.53

Finalmente, el primer párrafo del Art. 308 del Código

Penal de 2004 quedó codificado de la siguiente manera:

53

El mencionado informe expresa lo siguiente:

Esta Comisión acoge la recomendación de la

Secretaria de Justicia de que se enmiende el P.

de la S. 2302 para que en el Artículo 30[8] se

elimine

la

oración

―[s]in

embargo,

las

disposiciones de este Código le serán aplicables

si resultara de dicha aplicación un tratamiento

más favorable al imputado o al sentenciado.‖ La

intención del legislador es que este Código

aplique a delitos cometidos con posterioridad a

su vigencia, salvo en cuanto a lo dispuesto en

el segundo párrafo de ese artículo para el caso

en que este Código suprima algún delito. Informe

de la Comisión de lo Jurídico del Senado de 22

de junio de 2003. (Énfasis nuestro.)

CC-2010-463

29

La conducta realizada con anterioridad a la

vigencia de este Código en violación a las

disposiciones del Código Penal aquí derogado o

de cualquier otra ley especial de carácter penal

se regirá por las leyes vigentes al momento del

hecho.

Si este Código suprime algún delito no deberá

iniciarse el encausamiento, las acciones en

trámite deberán sobreseerse, y las sentencias

condenatorias deberán declararse nulas y liberar

a la persona. El cambio de nombre de un delito

no significa que el tipo delictivo ha quedado

suprimido. 33 L.P.R.A. sec. 4935. (Énfasis

nuestro.)

Nótese que el legislador no estimó apropiado incluir

en la redacción final del primer párrafo de la cláusula de

reserva parcial del Art. 308 la palabra ―delito‖, sino que

empuñó el término ―conducta‖. Eso significa algo. Pero la

palabra

―delito‖

Legislativa

no

excluyó.

fue

Esto

lo

único

también

que

la

significa

Asamblea

algo.

En

el

ejercicio de sus prerrogativas el legislador eliminó toda

referencia

en

el

nuevo

Código

a

la

palabra

―castigo‖

utilizada en el Art. 281 del Código Penal de 1974, el cual

aludía a penas. Tampoco incorporó reserva alguna similar a

la

del

pudiera

Art.

282

invocarse

favorabilidad.

El

del

Código

derogado

retroactivamente

legislador

no

para

el

opera

en

impedir

que

principio

de

el

vacío

y

difícilmente puede argumentarse que la redacción empleada

en

la

cláusula

de

reserva

del

Art.

308

respondió

a

un

ejercicio de abstracción.

En Pueblo v. González Ramos, 165 D.P.R. 675 (2005), el

peticionario alegó que debían aplicársele retroactivamente

a través del Art. 9 del nuevo Código ―las disposiciones

‗más

benignas‘,

en

cuanto

a

la

definición

de

asesinato

CC-2010-463

30

estatutario‖. Íd., pág. 682. (Énfasis nuestro.) Ello, pues

según

adujo

la

nueva

definición

abolía

la

doctrina

del

felony murder rule y la interpretación del Art. 308 tenía

el efecto de suprimir la definición anterior. Íd. En aquel

entonces,

resolvimos

que

el

Código

Penal

de

2004

no

suprimió el delito de asesinato estatutario tipificado en

el Código Penal de 1976. Esto, pues el Art. 308 del nuevo

Código

disponía

tipificada

como

que

procedía

delito

en

el

encausar

derogado

la

Código

conducta

que

fuera

realizada bajo la vigencia de éste. No estaba ante nuestra

consideración

si

una

persona

que

cometiera

algún

acto

delictivo antes de la vigencia del nuevo Código, pero que

fuera

sentenciada

beneficiarse

de

la

con

posterioridad

pena

más

benigna

a

ésta,

establecida

podía

por

el

Código Penal de 2004. Así, pues, nuestro análisis atendió

el efecto de la cláusula de reserva del Art. 308 del nuevo

Código sobre la conducta según definida como delito en el

Código Penal de 1974. Ese es el único alcance vinculante de

nuestras expresiones.

De hecho, luego de la decisión de este Tribunal en

Pueblo v. González Ramos, supra, la Asamblea Legislativa

rechazó

aprobar

favorabilidad

legislación

del

Art.

9

para

del

que

nuevo

el

principio

Código

de

aplicara

prospectivamente. Mediante el P. de la C. 2076 de 10 de

octubre de 2005, algunos legisladores propusieron enmendar

el

Art.

9

para

disponer,

por

primera

vez

en

el

nuevo

Código, que tal artículo sólo tendría carácter prospectivo.

CC-2010-463

31

Esto, mediante la inclusión de un último párrafo a dicha

disposición, a saber:

En estos casos los efectos de la nueva ley o

de la decisión judicial operarán de pleno

derecho. Las disposiciones de este Artículo

se

aplicarán

solamente

con

carácter

prospectivo a partir de la fecha de su

vigencia. Íd. (Énfasis en el original.)

Asimismo, propusieron que el primer párrafo del Art.

308 estableciera que la promulgación del Código Penal de

2004

no

Código

era

para

óbice

para

conducta

imponer

ocurrida

las

antes

penas

del

de

vigencia

la

derogado

del

nuevo Código. Esto, de la siguiente manera:

La promulgación de este Código no constituye

de sí impedimento para acusar o perseguir y

castigar un hecho ya cometido en violación a

las disposiciones del anterior Código Penal

aquí derogado o de cualquier otra ley

especial de carácter penal. Véase, P. de la

C. 2076, supra. (Énfasis nuestro.)

No

obstante

lo

anterior,

estas

propuestas

no

se

convirtieron en ley. En cambio, fueron objeto de un informe

que

no

recomendó

Comisión

de

lo

su

aprobación.

Jurídico

y

Véase,

Seguridad

Informe

Pública

del

de

la

Senado

sobre el P. de la C. 2076 de 9 de septiembre de 2008. Por

lo

tanto,

forzoso

resulta

concluir

que

el

legislador,

aunque tuvo la oportunidad, ejerció su prerrogativa de no

condicionar ni limitar la favorabilidad retroactiva de las

penas en el nuevo Código.

Como

Juez

estoy

impedido

de

limitar

el

Art.

9

y

extender el alcance del Art. 308 del Código Penal de 2004

más allá de lo que la Asamblea Legislativa dispuso. El

trasfondo

histórico

y

legislativo

del

Art.

308,

más

la

CC-2010-463

32

redacción

elegida

cláusula

de

por

reserva

la

Asamblea

del

Código

Legislativa

Penal

de

para

2004,

y

la

el

significado sancionado por el uso común y corriente, me

obliga a concluir que la palabra ―conducta‖, en el contexto

del Art. 308, se refiere únicamente al acto cometido u

omitido

en

cualquier

violación

ley

de

especial

la

penal.

ley

penal

Esto

es,

derogada

a

los

o

de

elementos

constitutivos del delito.

De manera alguna el Art. 308 del Código Penal de 2004

impide

la

aplicación

retroactiva

del

principio

de

favorabilidad de su propio Art. 9, en cuanto a la pena más

beneficiosa

para

aquellas

personas

que

cometieron

algún

delito antes de la entrada en vigor de dicho Código, pero

que fueran sentenciadas con posterioridad a tal fecha. La

pena no es conducta en sí, sino la consecuencia jurídica de

ésta.

Si

el

aplicación

legislador

retroactiva

hubiera

del

querido

principio

de

reservar

la

favorabilidad,

habría incorporado un lenguaje similar al del Art. 281 del

derogado Código o una cláusula como la del Art. 282 de éste

que limitara la aplicación en el tiempo de este principio.

Pero mediante el Art. 308 del nuevo Código la Asamblea

Legislativa, en el ejercicio legítimo de sus facultades,

justipreció que la definición de lo que constituye conducta

punible se regiría por el Código Penal de 1974, mientras

que la pena a aplicarse sería la del nuevo Código, siempre

que fuera la más benigna. Así lo establecen claramente los

Arts. 9 y 308 del Código Penal de 2004 y así surge del

CC-2010-463

33

rechazo elocuente de la Asamblea Legislativa a restringir

la retroactividad de la favorabilidad de la pena. El texto

claro

de

la

intención

ley

es

la

legislativa.

expresión

Pueblo

v.

por

excelencia

Jesús

Delgado,

de

la

supra;

Pueblo v. Rexach Benítez, supra. Donde dice conducta no

dice pena.

Recuérdese que la preocupación del legislador residía

en que los elementos específicos del tipo particular del

nuevo

Código

que

fueren

más

beneficiosos

aplicaran

retroactivamente a las personas imputadas o sentenciadas de

conformidad

con

el

Código

Penal

de

1974.

Ello

hubiera

creado múltiples escenarios inexplorados que podrían haber

afectado el procesamiento efectivo de las causas en curso.

La

intención

del

legislador

no

era

suprimir

los

procedimientos ya iniciados. Con el lenguaje empleado en el

Art. 308 del nuevo Código la Asamblea Legislativa atendió

tal

problema

y

garantizó

la

continuidad

de

los

casos

criminales, dejando incólume la definición anterior de los

delitos, pero permitiendo la aplicación retroactiva de la

pena

más

favorable.

¿Cómo

limitar

la

nueva

valoración

legislativa de lo que constituye una pena apropiada para la

conducta prohibida, cuando el propio legislador dejó a un

lado las reservas del pasado y dio paso al principio de

favorabilidad?

Aún

bajo

la

tesis

mayoritaria

resulta

inescapable

aplicar la pena más benigna. Si fuera cierto que en virtud

del Art. 308 del nuevo Código la controversia ante nos se

rige en su totalidad por el Código de 1974, entonces habría

CC-2010-463

34

que aplicar el principio de favorabilidad del Art. 4 del

Código de 1974 en cuanto a la pena más benigna que fuera

aprobada con posterioridad a la vigencia de dicho Código.

¿Acaso el Código Penal de 2004 no es una ley posterior que

en este caso provee una pena más benigna? Entonces, ¿dónde

queda el principio de favorabilidad de la pena del Art. 4

del Código de 1974 que ordenó que si la ley posterior era

más benigna sería esa la que tenía que ser aplicada en

cuanto a la pena?

En suma, es mi criterio que la cláusula de reserva del

Art. 308 va dirigida únicamente a impedir que se aplique

retroactivamente la nueva definición de lo que constituyen

los elementos del delito a conductas antijurídicas —no a

sus

consecuencias—

realizadas

antes

de

la

vigencia

del

Código Penal de 2004. Y que en virtud de su Art. 9 el nuevo

Código permite que se imponga la pena más benigna a las

personas pendientes de sentenciar por conducta antijurídica

ocurrida antes de su vigencia.

III

Por los fundamentos antes expuestos, respetuosamente

disiento

del

criterio

mayoritario.

Expediría

el

auto

y

resolvería según lo aquí intimado.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado