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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Oficina de Ética Gubernamental v. Zayas Seijo

2011 TSPR 151

Poder Judicial de Puerto Rico

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Oficina de Ética Gubernamental v. Zayas Seijo

CC-2011-434

Resolución del Tribunal y Voto Particular Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Oficina de Ética Gubernamental

Certiorari

Recurrido

2011 TSPR 151

v.

183 DPR ____

Francisco R. Zayas Seijo

Peticionario

Número del Caso: CC

- 2011 - 434

Fecha: 11 de octubre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Panel II

Juez Ponente:

Hon. José A. Morales Rodríguez

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Pilar Muñoz Nazario

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Massiel Hernández Tolentino

Materia: Violación a los artí

culos 3.2(a) y (c) de la Ley de

Ética Gubernamental y a los artículos 6(a)(1), (3) y 6 del

Reglamento de Ética Gubernamental

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Oficina de Ética Gubernamental

Recurrido

v.

CC-2011-0434

Francisco R. Zayas Seijo

Peticionario

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.

A la Solicitud de certiorari presentada por la

parte peticionaria Francisco R. Zayas Seijo, no ha

lugar. Flores Concepción v. Taíno Motors, 168

D.P.R. 504 (2006).

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada

señora Fiol Matta expediría. La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez emitió voto particular

disidente. El Juez Presidente señor Hernández

Denton y el Juez Asociado señor Estrella Martínez

no intervinieron.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Oficina

de

Gubernamental

Ética

Querellante-Recurrido

v.

CC-2011-0434

Francisco R. Zayas Seijo

Querellado-Recurrente

Voto particular disidente emitido

señora Rodríguez Rodríguez.

por

la

Juez

Asociada

San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011

Por

las

razones

que

a

continuación

exponemos,

entendemos que la mayoría se ha equivocado al denegar la

expedición del presente recurso.

El recurso de epígrafe

plantea una cuestión de derecho que somos de la opinión

debe ser resuelta por este Tribunal.

El

peticionario

reconsideración

dentro

del

ante

término

presentó

la

de

Oficina

veinte

una

de

(20)

solicitud

Ética

días

de

Gubernamental

que

la

Ley

de

Procedimiento Administrativo Uniforme dispone para ello. 3

L.P.R.A. 2165.

Sin embargo, pasados los quince (15) días

que la misma ley establece para ser resuelta una solicitud

de reconsideración, la Oficina de Ética Gubernamental nada

hizo.

El

día

número

veinticuatro

(24),

y

dentro

del

término de treinta (30) días que el peticionario tenía para

presentar

un

recurso

de

revisión

administrativa

ante

el

Tribunal de Apelaciones, la Oficina de Ética Gubernamental

CC-2011-434

denegó

2

la

solicitud

de

reconsideración

en

una

extensa

resolución:

RESOLUCION EN RECONSIDERACIÓN

La audiencia del caso de epígrafe se celebró

el 17 de diciembre de 2010, fecha en que quedó

sometido para su adjudicación final.

El 4 de

enero de 2011, la oficina de Ética Gubernamental

de Puerto Rico (OEG) emitió la correspondiente

Resolución,

mediante

la

cual

impuso

al

querellado, Sr. Francisco R. Zayas Seijo, una

multa administrativa de $3,500.

Esto, por

incurrir en violaciones a los artículos 3.2 (a)

de la Ley de Ética Gubernamental y al a los

artículos 6(A)(1) y (3) del Reglamento de Ética

Gubernamental.

El archivo en autos de copia de

dicha Resolución se llevó a cabo el 11 de enero

de 2011.

El 31 de enero de 2011, la parte querellada

presentó una MOCION DE RECONSIDERACION, en la que

solicita la desestimación de la querella. En su

escrito señala que la OEG cometió los siguientes

errores:

(1)

Concluir que el querellado violó

el artículo 3.2(a) de la Ley de

Ética Gubernamental, citada, por

haber desacatado el artículo XIV

(e) y el artículo XV (e) de la

Ordenanza número 99, Serie 20042005, “Reglamento de gastos de

viajes,

dietas,

gastos

de

representación y uso de tarjetas

de crédito del Municipio Autónomo

de Ponce” (29 de abril de 2005).

(2)

Concluir

que

el

querellado

infringió el artículo 6(A)(1) y

(3)

del

Reglamento

de

Ética

Gubernamental, citado, ya que el

querellado

no

utilizó

fondos

públicos para un fin privado.

Ante

estos

argumentos,

sostenemos

lo

resuelto en la Resolución emitida. Por lo tanto,

se

deniega

la

solicitud

de

reconsideración

presentada.

De conformidad con la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme (L.P.A.U.), Ley Núm. 170

de 12 de agosto de 1988, según enmendada, la

parte adversamente afectada por esta Resolución

podrá

acudir

directamente

al

Tribunal

de

Apelaciones en revisión judicial, dentro del

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3

término de treinta (30) días del archivo en auto

de la resolución emitida.

La notificación del

recurso de revisión deberá efectuarse conforme a

lo dispuesto en el Art. 35 de las Reglas de

Procedimiento para Vistas Adjudicativas de la

OEG, Núm. 4749, aprobadas el 5 de agosto de 1992,

la sección 4.2 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. § 2172,

y la Regla 13 (B) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones.

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de

2011.

(fdo.) Lcda. Ana T. Ramírez Padilla

Subdirectora Ejecutiva

Somos del criterio, a diferencia de la mayoría, que la

Resolución

en

Reconsideración

emitida

por

la

Oficina

de

Ética Gubernamental el 24 de febrero de 2011 no constituyó

una denegatoria de plano. Esto toda vez que no sólo se hizo

un

resumen

de

la

reconsideración

querella

sino

que

de

la

también

cual

se

se

solicitaba

atendieron

los

señalamientos de error y se advirtió al peticionario sobre

su derecho a acudir directamente al Tribunal de Apelaciones

en revisión judicial, dentro del término de treinta (30)

días

del

sentido,

archivo

en

autos

es claro que

de

la

resolución.

En

este

tuvo el efecto de interrumpir el

término para acudir en revisión al Tribunal de Apelaciones.

El

Tribunal

profesor

ha

Javier

señalado

administrativos

Echevarría

que

poseen

.

Díaz

citando

todos

los

“.

.

la

facultad

a

este

organismos

inherente

para

reconsiderar sus órdenes y decisiones en cualquier momento

siempre

que

jurisdicción

ejerzan

sobre

el

esa

caso”.

acción

antes

Javier

que

Echevarría

pierda

Díaz,

Derecho Administrativo Puertorriqueño 212 (2010) citando a

CC-2011-434

4

Kelly Temporary Services v. F.S.E., 142 D.P.R. 290 (1997).

De igual manera hemos determinado que “. . . D.A.Co. podía

actuar

sobre

una

moción

de

reconsideración

fuera

del

término de 15 días dispuesto por esta sección, siempre y

cuando

no

haya

transcurrido

el

término

para

acudir

en

revisión de apelación”. Flores Concepción v. Taíno Motors,

168 D.P.R. 504 (2006).

De los autos se desprende que la Oficina de Ética

Gubernamental no había perdido jurisdicción al momento de

emitir la Resolución de Reconsideración del 24 de febrero

de 2011.

También se desprende que dicha Resolución de

Reconsideración no fue denegada de plano por lo cual tuvo

el

efecto

de

interrumpir

el

término

para

recurrir

en

revisión ante el Tribunal de Apelaciones.

Por

las

razones

antes

expuestas,

disentimos

de

la

mayoría y expediríamos el recurso presentado.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada