Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Eliecer Díaz
2011 TSPR 150
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Eliecer Díaz
CC-2010-395
Procedimiento Criminal – Regla 23: Carga probatoria para celebrar vista preliminar sin la presencia del público
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2011 TSPR 150
Rolando Eliecer Díaz
183 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC
- 2010 - 183
Fecha: 5 de octubre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Caguas, Panel X
Juez Ponente:
Troadio González Vargas
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Ana Rosa Montes Arraiza
Lcdo. Félix A. Cifredo Cancel
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Eva S. Soto Castelló
Procuradora General Auxiliar
Materia: Art.
5.01, 5.04, 5.07, 5.10 y 6.10 de la Ley de Armas
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está
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de compilación y publicación oficial de las decisiones del
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público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
CC-2010-0395
v.
Rolando Eliecer Díaz
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera
García
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.
El presente recurso de certiorari nos brinda
la oportunidad de reiterar y aclarar la normativa
pautada en Pueblo v. Pepín Cortes, 173 D.P.R. 968
(2008).
En
particular,
nos
permite
expresarnos
sobre la carga probatoria del Ministerio Público en
la vista de necesidad que debe celebrarse cuando el
Estado
solicita
la
exclusión
del
público
de
la
vista preliminar porque presentará el testimonio de
un agente encubierto.
Asimismo, nos permite pautar
sobre el análisis que debe ejercer el Tribunal de
Primera
Instancia
para
intereses involucrados.
salvaguardar
todos
los
CC-2010-0395
2
I
El
14
Instancia
de
diciembre
determinó
de
causa
2009,
el
probable
para
Tribunal
el
de
arresto
Primera
del
Sr.
Rolando Eliecer Díaz por violación a los Arts. 5.01, 5.04, 5.07,
5.10 y 6.01 de la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000,
según enmendada, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico.1
L.P.R.A. sec. 455 et sec.
25
La vista preliminar fue señalada para
el 28 de enero de 2010.
El 28 de diciembre de 2009, el Ministerio Público presentó
una
moción
Criminal.
al
amparo
de
la
34 L.P.R.A. Ap. II.
Regla
23(c)
de
Procedimiento
En ella, expuso que durante la
vista preliminar presentaría los testimonios del agente Julio
Báez Nieves y de un agente encubierto.
Puntualizó que el agente
08NAI29 es un agente encubierto en funciones perteneciente a la
División de Drogas y Narcóticos -región de Caguas- de la Policía
de
Puerto
Rico,
y
que
su
testimonio
en
la
vista
preliminar
versaría sobre hechos producto de sus gestiones investigativas.
Por ello, en aras de garantizar la seguridad y vida del referido
agente, y de proteger las investigaciones encubiertas que se
encontraban en curso, el Estado le solicitó al foro primario que
limitara el acceso del público a la vista preliminar únicamente
durante
1
el
testimonio
del
agente
encubierto.
Atendido
el
Esta determinación de causa probable para el arresto fue hecha en ausencia
del peticionario, debido a que el Ministerio Público presentó la denuncia del
caso de autos en ausencia del peticionario en aras de proteger la identidad
del agente encubierto.
CC-2010-0395
3
petitorio, la vista de necesidad fue pautada para el 13 de enero
de 2010.
Durante
la
vista
de
necesidad,
el
Ministerio
presentó como único testigo al agente Báez Nieves.
Fiscal
Éste declaró
estar adscrito a la División de Drogas y Narcóticos de la región
de Caguas y ser la persona contacto del agente 08NAI29 durante
la investigación criminal que originó el procedimiento de autos
y dio base a la presentación de cargos criminales contra otros
imputados.2
Además, manifestó que el agente encubierto continúa
laborando como tal para la Policía de Puerto Rico.
Finalizado
el
instancia
testimonio
del
agente
Báez
Nieves,
el
foro
de
declaró Con Lugar la solicitud del Ministerio Público y ordenó
que la vista preliminar fuera cerrada únicamente mientras el
agente encubierto ofreciera su testimonio.
Oportunamente,
el
imputado
Eliecer
Díaz
presentó
una
solicitud de reconsideración y adujo que el referido dictamen
atentaba contra su derecho a un juicio público.
de
2010
el
foro
primario
emitió
una
El 22 de enero
resolución
y
en
reconsideración, declaró No Ha Lugar la petición de cierre de la
vista.
Al así proceder, el foro de instancia concluyó que
[d]e la prueba presentada por el Ministerio Público a
través de su testigo Julio Báez Nieves, solamente
podemos concluir que el agente encubierto 08NAI29
continúa ejerciendo sus labores como tal.
No se
2
Tomamos conocimiento judicial de los casos Pueblo v. Luis A. Otero Lebrón,
Crim. Núm. E1VP200903087; Pueblo v. Israel García García, Crim. Núms.
E1VP200903090, E1VP200903091, E1VP200903091, E1VP200903092, E1VP200903093, y
E1VP200903099; los cuales fueron presentados a raíz de las gestiones
encubiertas investigativas del agente 08NAI29, y quien, a su vez, ha sido
anunciado como testigo de cargo en dichos procedimientos.
CC-2010-0395
4
demostró por parte del Ministerio Público que este
agente [esté] realizando investigaciones dentro de la
misma Región (Caguas), o que dichas investigaciones
estén relacionadas con los cargos que se radicaron, o
que [involucren] el mismo tipo de acto delictivo con
relación al trasiego de armas o drogas. No se demostró
por parte del Ministerio Público que se hayan tomado
medidas para proteger la identidad del agente ya que, a
diferencia de otros casos, en las denuncias presentadas
figura el nombre y [número] de placa reales del Agente
encubierto.
Tampoco fue materia de prueba que este
agente recibiera algún tipo de amenaza hacia él o sus
familiares. No se demostró que la vida de este agente
estuviera en peligro ya fuera por la investigación en
curso o que al prestar testimonio la investigación de
la cual participa se vería afectada.3
En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia entendió
que el Ministerio Público no probó ninguno de los criterios
esbozados por este Tribunal en Pueblo v. Pepín Cortés y otros,
supra.
Por ello, concluyó que el Estado había incumplido con su
carga probatoria; es decir, con el deber de demostrar que por
ser un agente encubierto en funciones “el limitar el acceso al
público en la vista preliminar constituía la alternativa menos
abarcadora”4 y que “la protección de ese interés debía ceder ante
un derecho constitucional como el que nos ocupa”.5
3
Véase Apéndice de recurso de certiorari, pág. 32.
El Tribunal de Primera
Instancia también señaló estar consciente del impedimento del Ministerio
Público en revelar información detallada sobre las investigaciones que
llevaba en curso el agente encubierto. Sin embargo, el foro primario añadió
que el Ministerio Público sí podía, de forma general, “poner al Tribunal en
posición de determinar que en el curso y protección de las mismas, la
seguridad del agente corre peligro haciendo necesaria la solicitud [de
cierre]”. Íd., pág. 32, nota 2.
Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia indicó que aun cuando no compartía
“el planteamiento de la defensa en cuanto a que el nombre y número de placa
[contenidos en la denuncia] revelan la identidad del agente, ciertamente es
evidencia de una medida de seguridad menos tomada por el estado para proteger
la identidad”. Íd., pág. 32, nota 3.
4
Véase Apéndice de recurso de certiorari, pág. 32.
5
Íd., págs. 32-33.
CC-2010-0395
5
Inconforme, el 12 de febrero de 2010 la Procuradora General
presentó
una
Apelaciones.
petición
de
certiorari
ante
el
Tribunal
de
En ella adujo que el foro de primera instancia
erró al declarar No Ha Lugar su solicitud para que se excluyera
al público de la vista preliminar únicamente mientras el agente
encubierto testificara.
Así las cosas, el 30 de marzo de 2010 el foro apelativo
intermedio
dictó
una
sentencia
mediante
la
dictamen del Tribunal de Primera Instancia.
cual
revocó
el
Al así hacerlo,
señaló que durante la vista de necesidad la Fiscalía probó que
el
agente
08NAI29
aún
continuaba
en
funciones
y
que
ello
constituía un interés apremiante a los fines de cumplir con la
norma
pautada
en
circunstancias,
Pueblo
añadió
v.
el
Pepín
foro
Cortés,
apelativo
supra.
En
intermedio,
estas
no
es
necesario demostrar que dicho agente teme por su vida ni que su
seguridad
física
o
emocional
corre
peligro
porque
ello
es
inherente a la función encubierta que ejerce dicho agente.
Asimismo,
el
Tribunal
de
Apelaciones
sostuvo
que
la
solicitud del Estado se circunscribía al cierre parcial de la
vista preliminar; es decir, el Ministerio Público solicitó que
se
excluyera
al
público
de
la
vista
agente 08NAI29 prestaba su testimonio.
únicamente
mientras
el
Por tal razón, el foro
apelativo razonó que la solicitud se ajustaba a la normativa
pautada en Pueblo v. Pepín Cortés, supra, toda vez que el cierre
solicitado no es más amplio que lo necesario.
CC-2010-0395
6
Además,
el
Tribunal
“preservar
y
proteger
encubierto,
se
torna,
de
la
en
Apelaciones
seguridad
un
interés
puntualizó
personal
apremiante
que
del
que
el
agente
requiere
mayor protección que el menoscabo circunstancial y limitado del
derecho del imputado a [un] juicio público”.6
Por ello, razonó
que “el hecho de la identificación del agente en la denuncia
reduce ciertamente la efectividad de la medida solicitada...,
pero no la derrota totalmente, en la medida que es un hecho
incontrovertido que aún el testigo continúa prestando ese tipo
de servicio encubierto”.7
Consecuentemente, el foro apelativo
intermedio coligió que para propósitos del caso de autos, “lo
pertinente y determinante es el hecho de que, por las razones
que sean, todavía el agente en cuestión presta estos servicios,
por lo que su seguridad personal y emocional se encuentra aún
comprometida”.8
No conteste con esa determinación, el 10 de mayo de 2010 el
peticionario
Tribunal.
ordenar
presentó
un
recurso
de
certiorari
ante
este
En su petición, afirma que el foro recurrido erró al
que
la
vista
preliminar
fuese
cerrada
mientras el agente encubierto ofrecía su testimonio.
únicamente
Ello, a
pesar que el Ministerio Público “no probó ni tan sólo uno de los
criterios
esbozados
en
[Pueblo
v.
Pepín
Cortés,
supra]”.
Posteriormente, el 1 de junio de 2010 el peticionario presentó
6
Véase Apéndice de recurso de certiorari, pág. 85.
7
Íd., pág. 85.
8
Íd.
CC-2010-0395
7
una moción en auxilio de jurisdicción y solicitó que ordenáramos
la paralización de la vista preliminar pautada para el 7 de
junio de 2010 mientras entendíamos el recurso de certiorari.
Subsiguientemente,
resolución
vista
mediante
preliminar.
el
la
4
de
cual
junio
de
2010,
ordenamos
la
paralización
Asimismo,
le
concedimos
a
emitimos
la
de
una
la
Procuradora
General un término de quince días para que mostrara causa por la
cual no se debía expedir el recurso de certiorari presentado por
el
peticionario
y
revocar
la
sentencia
del
Tribunal
de
Apelaciones.
Todas
las
partes
han
comparecido.
Por
ello,
con
el
beneficio de sus argumentos, procedemos a resolver.
II
Como es sabido, la Sexta Enmienda de la Constitución de
Estados
Unidos
expresa
criminales
el
acusado
público”.
Const.
primeros
derechos
que
gozará
EE.UU.,
“en
del
Enmd.
contenidos
todos
los
procedimientos
derecho
a...
un
VI.
Este
fue
uno
de
los
la
Sexta
Enmienda
que
el
en
juicio
Tribunal Supremo federal catalogó como “elemento esencial del
debido proceso de ley y, por ello, aplicable a los Estados a
través de la Decimocuarta Enmienda”.
In re Oliver, 333 U.S. 257
(1948); W. LaFave, J. Israel, N. King, O. Kerr, 6 Crim. Proc. §
24.1(a)(3d ed.).
De igual forma, la Constitución de Puerto Rico
garantiza que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado
disfrutará del derecho a un juicio rápido y público...”.
E.L.A., Art. II, Sec. 11.
Const.
CC-2010-0395
8
Es oportuno apuntalar que el derecho a un juicio público le
pertenece al acusado.
El público y la prensa, más bien, gozan
de un derecho a “acceso a los juicios criminales” que tiene sus
orígenes
-y
está
cimentado-
en
la
Primera
Enmienda
de
la
Constitución de Estados Unidos y en la Sec. 4 del Art. II de la
Constitución de Puerto Rico, “así como también en el derecho de
acceso
a
la
información
en
manos
del
Estado,
el
cual
hemos
reconocido en nuestra jurisdicción como corolario del derecho a
la libre expresión”.
Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 977;
Globe Newspaper Co. v. Superior Court, 457 U.S. 596 (1982).
Véanse, además: López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219
(1987); Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982).
“El
carácter fundamental del derecho de acceso a los juicios penales
a favor del público y de la prensa ha dado lugar a que se
extienda este derecho a etapas anteriores al juicio.
Waller v.
Georgia, 467 U.S. 39 (1984); Press-Enterprise Co. v. Superior
Court,
464
Específicamente,
U.S.
se
501
ha
(1984)
reconocido
que
(Press-Enterprise
el
derecho
alcanza procedimientos como la vista preliminar”.
del
I).
acceso
Pueblo v.
Pepín Cortés, supra, pág. 978; Press-Enterprise Co. v. Superior
Court, 478 U.S. 1 (1986) (Press-Enterprise Co. II).
La exigencia de un juicio público es en beneficio del
acusado; que el público pueda observar la forma en que
él está siendo enjuiciado y no condenado injustamente
mantiene a sus juzgadores atentos a la responsabilidad
e importancia de sus funciones.
Aparte de asegurar que el juez y el fiscal desempeñan
sus funciones ministeriales responsablemente, el juicio
CC-2010-0395
9
público fomenta la participación de los
desalienta el perjurio.9 (Citas omitidas)
testigos
y
A
En
el
pasado,
la
anterior
Regla
23
de
Procedimiento
Criminal concebía la vista preliminar como una vista privada a
la cual, como norma general, el público no tenía acceso.
El
precepto disponía que la vista preliminar “será privada a menos
que
al
comenzar
pública.
la
misma
la
persona
solicitare
La „persona‟ se refiere al imputado”.
que
fuere
E.L. Chiesa
Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos,
Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 51.
en
El
Vocero
rechazamos el
de
P.R.
v.
E.L.A.,
ratio decidendi
de
131
Cónsono con ello,
D.P.R.
356
(1992),
Press Enterprise Co. II
v.
Superior Court, supra, y resolvimos que éste “no se aplicaba a
la vista preliminar en Puerto Rico, por lo que la Regla 23 de
Procedimiento
preliminar
Criminal,
será
privada
en
a
cuanto
menos
que
dispone
el
pública, no viola la [Primera Enmienda]”.
que
la
vista
acusado
la
quiera
E.L. Chiesa Aponte,
op. cit., pág. 51.
No obstante lo anterior, en El Vocero de Puerto Rico v.
Puerto Rico, 508 U.S. 147 (1993), el Tribunal Supremo federal
dejó sin efecto el dictamen emitido en El Vocero de Puerto Rico
v. E.L.A., supra, y declaró la inconstitucionalidad de nuestra
antigua Regla 23 de Procedimiento Criminal.
Como consecuencia
de ello, mediante la Ley Núm. 197 de 12 de agosto de 1995,
9
Press Enterprise Co. v. Superior Court, 464 U.S. 501 (1984).
CC-2010-0395
nuestra
10
Asamblea
Procedimiento
pública.
Legislativa
Criminal
Así,
en
la
para
enmendó
la
Regla
que
la
vista
preliminar
Exposición
de
Motivos
del
23
de
fuese
estatuto
el
legislador declaró:
Resulta imprescindible atemperar las disposiciones de
la Regla 23 con la reciente determinación del Tribunal
Supremo Federal para evitar la situación de que
diferentes jueces puedan darle diferente interpretación
a dicha decisión.
Las enmiendas incorporadas al
estatuto tienen el propósito de aclarar el alcance de
la
determinación
jurisprudencial,
brindando
así
uniformidad en el procedimiento criminal.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Las enmiendas incorporadas a la Regla 23 tienen el
propósito de atemperar dicha disposición legal con la
reciente determinación del Tribunal Supremo Federal al
establecerse que las vistas preliminares serán de
naturaleza pública y disponerse las circunstancias
excepcionales cuando podrán ser privadas.
1995 (Parte
1) Leyes de Puerto Rico, págs. 976-978.
Cónsono con esos propósitos, la Regla 23 de Procedimiento
Criminal
fue
enmendada
y,
en
lo
pertinente,
dispone
siguiente:
La vista preliminar será pública a menos que el
magistrado determine, previa solicitud del imputado,
que
una
vista
pública
acarrea
una
probabilidad
sustancial de menoscabo a su derecho constitucional a
un juicio justo e imparcial, y que no hay disponibles
otras alternativas menos abarcadoras y razonables que
una vista privada para disipar tal probabilidad.
En
tales
casos,
la
decisión
del
magistrado
deberá
fundamentarse en forma precisa y detallada.
También se podrá limitar el acceso a la vista
preliminar cuando el magistrado determine, previa
solicitud a tales efectos, que tal limitación es
necesaria para proteger cualquier otro interés de
naturaleza
apremiante
y
que
no
existen
otras
alternativas menos abarcadoras y razonables.
La
decisión del magistrado deberá fundamentarse en forma
precisa y detallada.
lo
CC-2010-0395
11
Se dispone que el magistrado deberá limitar el acceso a
la vista preliminar, previa solicitud del fiscal, en
aquellos casos en que éste interese presentar el
testimonio de un agente encubierto o un confidente que
aún se encuentre en funciones o cuando esté declarando
la víctima de un caso de violación o actos impúdicos o
lascivos. 33 L.P.R.A. Ap. II, R.23.
Del citado texto puede colegirse diáfanamente que la vista
preliminar es de carácter público.
Empero, la actual Regla 23
de Procedimiento Criminal, supra, reconoce cuatro supuestos en
los
que
la
vista
puede
celebrarse
en
privado;
a
saber:
(1)
cuando se pretenden proteger los derechos constitucionales del
imputado a un juicio público, justo e imparcial; (2) cuando la
vista privada sea necesaria para proteger cualquier otro interés
de
naturaleza
apremiante;
(3)
cuando
el
Ministerio
Público
interese presentar el testimonio de un agente encubierto que aún
se encuentre en funciones o de un confidente; y (4) cuando esté
declarando
la
víctima
impúdicos o lascivos.
de
un
caso
de
violación
o
de
actos
Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 979.
B
En cuanto al primer supuesto enunciado (cuando se pretende
proteger
el
derecho
constitucional
del
imputado
a
un
juicio
público, justo e imparcial), en Press-Enterprise I v. Superior
Court,
supra,
el
Tribunal
Supremo
federal
resolvió
que
el
derecho a juicio público contenido en la Sexta Enmienda de la
Constitución de Estados Unidos se extiende a los procedimientos
de
selección
atenta
contra
del
jurado
y
que
ello,
como
el
derecho
a
un
juicio
justo
cobija al acusado.
norma
e
general,
no
imparcial
que
CC-2010-0395
12
En el contexto fáctico el Sr. Albert Greenwood Brown, Jr.,
fue acusado de violar y asesinar a una niña adolecente.
Antes
de comenzar la desinsaculación del jurado (voir dire), PressEnterprise Co. compareció ante la corte de primera instancia del
Estado de California y solicitó acceso a ese procedimiento.
En
apoyo de su petitorio, adujo que el público tenía un derecho
absoluto de acceder al juicio del señor Greenwood Brown, Jr., y
que
éste
comenzaba
–propiamente-
con
el
voir
dire.
El
Ministerio Público, por su parte, arguyó que si el Tribunal le
concedía
el
acceso
jurados
potenciales
a
la
prensa,
adolecerían
las
del
contestaciones
candor
de
necesario
asegurarle al acusado su derecho a un juicio justo.
los
para
Press-
Enterprise I v. Superior Court, supra, pág. 503.
Examinados los argumentos de las partes, el foro primario
permitió que Press-Enterprise Co. asistiera a los procedimientos
preliminares de desinsaculación del jurado.
Sin embargo, señaló
que el procedimiento sería cerrado al público tan pronto las
partes comenzaran a interrogar a los jurados potenciales sobre
sus
cualificaciones
cualquier
otra
para
área
imponer
la
especial.
pena
El
de
muerte
y
sobre
procedimiento
de
desinsaculación en su totalidad duró seis semanas y tan sólo
tres días fueron abiertos al público.
Luego
de
constituido
el
jurado,
Íd.
Press-Enterprise
Co.
le
solicitó al tribunal de instancia que revelara en su totalidad
la transcripción del voir dire.
Ante tal solicitud, la defensa
de Greenwood Brown, Jr., y el Ministerio Público alegaron que
CC-2010-0395
13
ello atentaría contra del derecho a la privacidad del jurado.
De igual forma, el Ministerio Público añadió que los jurados
habían contestado las preguntas que se les hicieron bajo una
“promesa
implícita
de
confidencialidad”.
denegó la solicitud de Press-Enterprise Co.
El
foro
primario
Íd., págs. 503-504.
Una vez sentenciado, el señor Greenwood Brown, Jr., PressEnterprise Co.,
del
voir
solicitó nuevamente la transcripción completa
dire.
solicitud.
El
foro
primario,
nuevamente,
denegó
la
Íd., pág. 504.
El Tribunal Supremo federal señaló que las circunstancias
bajo las cuales la prensa y el público pueden ser excluidos de
un juicio criminal son limitadas, como también indicó que la
justificación del Estado denegando el acceso debe ser una de
alta importancia.
Así, cuando el Estado pretenda denegar el
acceso del público con el propósito de impedir la divulgación de
información
sensitiva,
debe
responde
un
apremiante
a
interés
demostrarse
y
que
que
la
exclusión
este
proceder
diseñado estrechamente en consecución de ese interés.
Enterprise
Co.,
I
v.
Superior
Court,
supra,
págs.
está
Press509-510,
citando a Globe Newspaper Co. v. Superior Court, supra.
Véase,
además, Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 983.
En armonía con lo anterior, el Máximo Foro federal razonó
que el tribunal de instancia erró al concluir que la celebración
pública de los procedimientos de desinsaculación atentaba contra
el
derecho
del
acusado
a
un
juicio
justo
e
imparcial
derecho de privacidad de los potenciales jurados.
y
el
Añadió que el
CC-2010-0395
foro
14
primario
no
consideró
otras
alternativas
al
cierre
prolongado disponibles para proteger los intereses esgrimidos,
por lo que no se justificaba el cierre.
Press-Enterprise Co., I
v. Superior Court, supra, págs. 510-511.
Posteriormente, en Waller v. Georgia, supra, el Tribunal
Supremo
federal
estableció
que
la
celebración
cerrada
e
injustificada de una vista de supresión de evidencia atentaba
contra el derecho del imputado a un juicio público.
El marco fáctico del citado precedente, en síntesis, es el
siguiente.
Para el año 1981, la Policía del Estado de Georgia
grabó
sinnúmero
un
de
conversaciones,
de
las
cuales
se
desprendió un gran esquema de lotería clandestina basado en el
tráfico y volumen de los valores negociados en el Mercado de
Valores
del
Estado
de
Nueva
York
(NYSE,
por
sus
siglas
en
inglés).
Como resultado
de estos hallazgos, treinta y seis
imputados
fueron
bajo
acusados
el
“Racketeer
Influenced
and
Corrupt Organizations Act.” (RICO, por sus siglas en inglés) del
Estado
de
Georgia,10
comerciales”
y
y
por
“divulgación
cometer
de
los
delitos
información
de
“apuestas
apuestas”.11
sobre
Waller v. Georgia, supra, pág. 41.
Iniciado
imputados
procesamiento
solicitaron
grabaciones.
obtenidas
el
Adujeron
mediando
del
que
causa
criminal
tribunal
las
que
órdenes
probable,
en
su
contra,
los
suprimiera
las
judiciales
estuvieron
10
Ga. Code Ann. §§ 16-14-1 a 16-14-15 (1982, Supp. 1983).
11
Ga. Code Ann. §§ 16-12-22 y 16-12-28 (1982).
no
fueron
basadas
en
CC-2010-0395
15
información general y que las grabaciones de las conversaciones
no fueron supervisadas.
Por
que
se
excluyera al público de la vista de supresión de evidencia.
En
apoyo
su
a
su
parte,
el
contención,
Estado
alegó
solicitó
que
bajo
del
Tribunal
las
leyes
de
Georgia
“cualquier publicación” de las comunicaciones grabadas que no
fuese necesaria y esencial conllevaría su inadmisibilidad como
evidencia.
Íd., págs. 41-42.
señaló
las
que
grabaciones
Además, el Ministerio Público
involucraban
a
varias
personas
acusadas, pero no enjuiciadas, y otras que no fueron acusadas.
Consecuentemente, razonó que la publicación de las grabaciones
contaminaría
la
evidencia
obtenida
y
utilizada en procedimientos posteriores.
ésta
no
podría
ser
Luego de escuchar a
las partes, el Tribunal ordenó el cierre de la vista.
Íd., pág.
42.
La celebración de la vista de supresión duró siete días y
tan solo dos horas y media fueron destinadas a escuchar las
grabaciones obtenidas.12
Íd.
Así, luego de celebrado el juicio,
los imputados fueron exonerados de los cargos bajo el “RICO Act”
del
Estado
de
Georgia
“apuestas
comerciales”
apuestas”.
Íd., pág. 43.
pero
y
convictos
“divulgación
bajo
de
los
cargos
información
de
sobre
12
El resto de la vista versó sobre el procedimiento seguido para obtener la
autorización para grabar las comunicaciones, las órdenes de allanamiento, y
la forma en que éstas fueron ejecutadas.
A raíz de lo anterior, y ante la admisión del Ministerio Público que una gran
cantidad de los documentos allanados eran de naturaleza personal y no estaban
relacionados a crimen alguno, el Tribunal ordenó la supresión de dichos
documentos.
CC-2010-0395
El
16
Tribunal
convicciones.
Supremo
del
Estado
de
Georgia
confirmó
las
En cuanto a la exclusión del público durante la
celebración de la vista de supresión de evidencia, dispuso que
el tribunal de instancia ponderó adecuadamente el derecho de los
imputados a un juicio público y el derecho a la intimidad de los
otros.
Íd.
Atendido
el
caso
por
el
Tribunal
Supremo
federal,
se
reconoció que el derecho a un juicio público contenido en la
Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos se extiende
a las vistas de supresión de evidencia.
Íd.
De este modo,
reiteró a Press Enterprise I v. Superior Court, supra, y señaló
que la norma general de apertura sólo podrá ser circunvalada
ante la existencia de un interés apremiante fundado en que el
cierre de la vista es esencial para la preservación de un valor
superior y en que ese remedio no es más amplio de lo debido.
Este interés debe ser articulado en conjunto con circunstancias
suficientemente específicas como para permitirle a un tribunal
de superior jerarquía revisar la adecuacidad de la orden de
clausura.
Íd.,
pág.
45,
citando
a
Press
Enterprise
I
v.
Superior Court, supra, pág. 510.
Al aplicar los criterios afirmados en Press Enterprise I v.
Superior Court, supra, el Tribunal Supremo federal razonó que la
clausura
total
de
la
vista
de
supresión
de
evidencia
fue
injustificada y pautó los factores que rigen el análisis de
controversias de esta naturaleza.
Estos son: (1) la parte que
solicita
debe
la
clausura
de
la
vista
presentar
un
interés
CC-2010-0395
apremiante
17
que,
de
no
ordenar
el
cierre
de
la
vista,
será
lesionado; (2) el cierre no debe ser más amplio de lo necesario
para proteger ese interés; (3) el tribunal de instancia debe
considerar
las
alternativas
disponibles
al
cierre;
y
(4)
el
tribunal debe hacer determinaciones adecuadas para sustentar su
determinación”.
Waller v. Georgia, supra, pág. 48.
A esos
efectos, el Tribunal expresó que “el único interés presentado
por
el
Ministerio
innecesaria‟
de
Público
las
lo
fue
el
grabaciones
que
la
impediría
procedimientos criminales posteriores”.
Íd.
„publicación
su
uso
en
Sin embargo, aun
cuando “bajo determinadas circunstancias este interés puede que
justifique
el
cierre
parcial
de
evidencia... en esta ocasión el
cuanto
a
quién
se
le
una
vista
Estado
quebrantaría
de
supresión
de
no fue específico en
su
privacidad,
cómo
se
infringiría este derecho y qué porciones de las grabaciones eran
las detrimentales”.
Íd.
Consecuentemente, el Tribunal Supremo federal razonó que
las determinaciones del tribunal de instancia fueron generales y
no justificaron el cierre total de la vista de supresión.
Íd.
Además,
al
advirtió
que
ese
foro
“no
consideró
alternativas
cierre total e inmediato de la vista; entre ellas: dirigir al
Ministerio
Público
para
que
proveyera
más
detalles
sobre
la
necesidad del cierre; ordenar el cierre de la vista sólo en
aquellos momentos en que se pudieran afectar los intereses que
se quieren proteger”.
Íd., págs. 48-49.
CC-2010-0395
Luego
18
de
Waller
v.
Georgia,
supra,
el
Tribunal
Supremo
Federal tuvo ante sí Press-Enterprise Co. II v. Superior Court,
supra.
Allí,
resolvió
específicamente
que
el
público
y
la
prensa gozan de un derecho de acceso a las vistas preliminares
bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y
que ello no atenta, como norma general, en contra del derecho
del imputado a un juicio justo e imparcial.
En aquella ocasión, el 23 de diciembre de 1981, el Estado
de California presentó una denuncia en contra del Sr. Robert
Díaz imputándole doce cargos de asesinato.
Alegadamente, el
señor Díaz, enfermero de profesión, asesinaba a sus víctimas
administrándole
grandes
cantidades
del
narcótico
lidocaína.
Press-Enterprise Co. II v. Superior Court, supra, pág. 3.
En la vista preliminar, el imputado le solicitó al tribunal
de instancia que ordenara el cierre de la vista y excluyera al
público
de
la
sala.
Ello,
debido
a
que
entendía
que
la
exclusión del público era necesaria para proteger su derecho a
un juicio justo e imparcial.
el cierre solicitado.
El tribunal de instancia concedió
Precisó que el caso había adquirido un
alto grado de notoriedad y que ello hacía necesario el cierre de
la vista.
La celebración de la vista preliminar duró cuarenta y
un días.13
Íd., págs. 3-4.
13
La mayoría de la prueba presentada fue científica, pero también se presentó
el testimonio de varios de los compañeros del imputado que trabajaron durante
los turnos en que las víctimas fueron asesinadas.
Además, el imputado no
desfiló prueba, pero sí contrainterrogó vigorosamente a los testigos
presentados.
CC-2010-0395
19
Luego que el tribunal de instancia determinara causa para
acusar
al
revelara
imputado,
la
preliminar.
Ministerio
Press-Enterprise
totalidad
de
las
Co.
transcripciones
Su solicitud fue denegada.
Público
presentó
solicitó
una
de
que
la
se
vista
Subsiguientemente, el
moción
en
la
solicitud similar a la de Press-Enterprise Co.14
que
hizo
una
El acusado se
opuso y señaló que la revelación de la transcripción generaría
una publicidad perjudicial.
Analizados
los
Íd., pág. 5.
planteamientos
de
las
partes,
el
foro
primario indicó que aun cuando el contenido de la transcripción
no era inflamatorio, existía una probabilidad razonable de que
su descubrimiento le causara perjuicio al acusado y lesionara su
derecho a un juicio justo e imparcial.
Por ello, denegó la
solicitud del Ministerio Público y de Press-Enterprise Co.
Considerada
la
controversia
por
el
Tribunal
Íd.
Supremo
del
Estado de California, este foro resolvió que la Primera Enmienda
de la Constitución de Estados Unidos no contempla un derecho de
acceso
a
las
vistas
preliminares.
Añadió
que
el
acceso
reconocido por el Tribunal Supremo federal en Press-Enterprise
Co.
I
v.
Superior
Court,
supra;
y
Globe
Newspaper
Co.
v.
Superior Court, supra, sólo se extendía a juicios criminales.
De igual forma, el Máximo Foro Judicial de California señaló que
las razones para el cierre invocadas en Press-Enterprise Co. I
v. Superior Court, supra; y en Globe Newspaper Co. v. Superior
14
Press-Enterprise Co. se unió a la solicitud del Ministerio Público.
CC-2010-0395
Court,
20
supra,
ocasión.
Público
no
eran
similares
a
las
presentadas
en
esa
Por ello, este foro concluyó que ni el Ministerio
ni
solicitud
Press-Enterprise
no
le
causaba
Co.
habían
perjuicio
al
demostrado
acusado,
que
su
conforme
lo
establecido en la sec. 868 del Código Penal de California.15
Press-Enterprise Co. II v. Superior Court, supra, pág. 5.
Insatisfecha, Press-Enterprise Co. presentó un recurso de
certiorari ante el Tribunal Supremo federal, quien expidió dicho
recurso y revocó el dictamen emitido por el Tribunal Supremo de
California.
Al así hacerlo, el Máximo Foro federal expresó que
el
a
derecho
un
juicio
público
del
acusado
bajo
la
Sexta
Enmienda no protege menos que el derecho de la prensa y del
público bajo la Primera Enmienda.16
Superior Court, supra, pág. 7.
Press-Enterprise Co. II v.
“Cuando un acusado se opone a
que la vista de supresión sea cerrada, ésta debe ser abierta a
menos que la parte que solicita el cierre presente un interés
apremiante, el cual lo más probable será lacerado” a no ser que
se excluya al público de la vista.
Cónsono
con
lo
anterior,
Íd.
el
Tribunal
Supremo
federal
resaltó que el derecho a juicio público del acusado no estaba en
pugna puesto que fue el propio acusado quien solicitó el cierre
15
16
Cal.Penal Code Ann. § 868 (West 1985).
Inicialmente, el Tribunal Supremo Federal razonó que la controversia ante
su consideración no era académica. Ello, pues aun cuando la transcripción de
la vista preliminar fue revelada al público con posterioridad a la renuncia
del acusado de su derecho a un juicio por jurado, lo cierto resultaba ser que
la controversia era capaz de repetirse y evadir revisión judicial. Íd., pág.
6, citando a Globe Newspaper Co. v. Superior Court, supra; Gannett Co. v.
DePasquale, 443 U.S. 368 (1979).
CC-2010-0395
de
la
21
vista
central
de
público
bajo
Primera
Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Íd.
controversia
preliminar,
lo
era
el
sino
que
el
derecho
del
eje
la
la
Por ello,
luego de examinar el origen y naturaleza de la vista preliminar
bajo
el
sistema
procesal
penal
California,17
de
el
Tribunal
indicó que la prensa y el público gozan de un derecho de acceso
a
los
procedimientos
criminales.
Íd.,
pág.
13.
Así,
al
concluir el cierre de la vista preliminar por cuarenta y un días
no estuvo justificado, el Tribunal señaló lo siguiente:
Debido a que el derecho de acceso bajo la Primera
Enmienda se extiende a las vistas preliminares bajo la
sec. 958 del Código Penal de California, tales
procedimientos no pueden ser celebrados a puerta
cerrada
a
menos
que
se
hagan
determinaciones
específicas y se demuestre que el cierre es esencial
para preservar un interés superior y que tal proceder
está
diseñado
estrechamente
para
proteger
dicho
interés. Íd.
Por ello, si el interés alegado es el derecho del acusado a
un juicio justo e imparcial, la vista preliminar deberá ser
cerrada
sólo
demuestren,
si
en
se
esbozan
primer
determinaciones
lugar,
que
existe
específicas
una
que
probabilidad
sustancial que tal derecho será lacerado por la publicidad de la
vista, evitable mediante el cierre de la misma; y, en segundo
lugar,
las
adecuadamente
alternativas
el
existentes
referido
derecho.
al
cierre
no
protegen
(Traducción
nuestra.)
Press-Enterprise
Co.
II
v.
Superior
Court,
Press-Enterprise
Co.
I
v.
Superior
Court,
supra,
supra;
citando
Richmond
Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555, 581 (1980).
17
a
Véase, Press-Enterprise Co. II v. Superior Court, supra, págs. 8-13.
CC-2010-0395
22
C
En Puerto Rico no hemos escatimado a la hora de adoptar los
pronunciamientos del Tribunal Supremo federal reseñados.
Así,
en cuanto al tercer supuesto discutido (cuando el Ministerio
Público interese presentar el testimonio de un confidente o de
un agente encubierto que aún se encuentre en funciones), en
Pueblo v. Pepín Cortés, supra, resolvimos que ante una solicitud
del Ministerio Público para que se excluya al público de la
vista preliminar porque se presentará el testimonio de un agente
encubierto,
no
procede
que
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
ordene -de forma automática- el cierre de la vista.
Más bien,
señalamos que el foro primario deberá celebrar una vista de
necesidad en la cual dilucide la procedencia del cierre y las
razones que el Ministerio Público presente para ello.
En esa ocasión, luego de encontrar causa probable para el
arresto
de
los
imputados,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
emitió una resolución mediante la cual dividió a los imputados
en varios grupos y señaló a cada grupo una fecha individual para
la celebración de la vista preliminar.
Llegado el día señalado
para
el
la
vista
de
los
grupos
I
y
II,
Ministerio
Público
solicitó que se excluyera al público de la sala para que el foro
primario determinara si era necesario o no el cierre de la misma
en
aras
de
proteger
la
identidad
y
seguridad
del
agente
encubierto cuyo testimonio iba a ser presentado como prueba.
La
defensa de los imputados se opuso a la solicitud del Ministerio
CC-2010-0395
23
Público y adujo que le asistía el derecho a una vista preliminar
pública.
Íd., pág. 973.
Luego de examinar los argumentos de las partes, el Tribunal
de Primera Instancia denegó la solicitud del Ministerio Público
por entender que fue tardía.
En reconsideración, reafirmó su
determinación y ordenó dar comienzo a la vista preliminar.
Así
las
por
cosas,
el
agente
encubierto
entró
a
sala
escoltado
varios agentes y con su rostro cubierto por una capucha negra.
A
preguntas
dispuesto
a
del
tribunal,
testificar
sin
el
agente
contestó
la
capucha.
que
Ante
no
ello,
estaba
el
foro
primario determinó que no existía causa probable para acusar a
los imputados de los grupos I y II dada una ausencia total de
prueba.
Íd., pág. 974.
Por su parte, en cuanto al grupo III, días antes de la
fecha señalada para la celebración de la vista preliminar, el
Ministerio Público presentó una moción en la que solicitó la
celebración
de
una
vista
de
necesidad
para
determinar
si
procedía la exclusión del público dado a que deseaba presentar
el
testimonio
del
agente
encubierto.
La
defensa
de
los
imputados se opuso y alegó que la naturaleza de la vista era
pública, que los imputados tenían un derecho a un juicio justo e
imparcial
que
el
procedimientos.18
Íd.
18
y
público
tenía
derecho
a
observar
los
La defensa de los imputados adujo, además, que la solicitud del Ministerio
Público fue tardía y que no les fue notificada. Pueblo v. Pepín Cortés, 173
D.P.R. 968, 974 (2008).
CC-2010-0395
24
El Tribunal de Primera Instancia accedió a lo solicitado
por el Ministerio Público.
Durante la vista de necesidad se
presentó el testimonio del Agente Félix Disdier González, quien
al momento de emitir su testimonio trabajaba en la División de
Drogas y Narcóticos de Caguas y fungía como la persona contacto
del
agente
encubierto.
Así,
el
agente
Disdier
González
testificó que el agente encubierto continuaba en funciones y
realizaba investigaciones y transacciones relacionadas con el
trasiego
ilegal
de
testimonio
del
agente
determinó
que
justificado.
el
sustancias
Disdier
cierre
de
la
controladas.
Escuchado
González,
foro
vista
el
preliminar
el
primario
no
estaba
Íd., pág. 975.
Inconforme, el Ministerio Público acudió ante el Tribunal
de Apelaciones en ambos casos.
apelativo
intermedio
dictámenes recurridos.
Llegado
el
caso
dictó
Luego de consolidarlos, el foro
una
sentencia
y
confirmó
los
Íd., págs. 975-976.
ante
nuestra
consideración,
y
luego
de
exponer un cuidadoso análisis de los derechos constitucionales
involucrados y su jurisprudencia interpretativa, señalamos que
“ante el reclamo del imputado de su derecho a un juicio justo,
toda solicitud de cierre de la vista preliminar deberá evaluarse
restrictivamente a favor de su apertura, según un escrutinio
estricto”.
Íd.,
expresamente
los
federal
Waller
en
pág.
factores
v.
986.
Al
así
hacerlo,
delineados
por
el
Georgia,
supra,
y
adoptamos
Tribunal
apuntalamos
Supremo
que
en
nuestro ordenamiento jurídico no hay cabida para “un decreto
CC-2010-0395
25
automático que ordene el cierre de la vista preliminar según la
Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, supra”.
Íd., págs. 986-
987.
Acorde con lo anterior, señalamos que, en los casos en que
el imputado invoque su derecho a un juicio público para oponerse
a una solicitud del Ministerio Público mediante la cual solicite
el
cierre
privado
de
el
la
vista
testimonio
preliminar
de
un
porque
agente
desea
presentar
en
que
se
encubierto
aún
encuentra en funciones, el tribunal deberá celebrar una vista de
necesidad
para
dilucidar
la
necesidad
de
la
solicitud.
Asimismo, especificamos que en esa vista el Ministerio Público
deberá demostrar que el agente encubierto aún se encuentra en
funciones
y
que
el
cierre
de
la
vista
preliminar
es
la
alternativa menos abarcadora para proteger su seguridad.
En cambio, cuando se trata de un agente encubierto que no
está en funciones, “el Ministerio Público deberá demostrar que
existe un interés apremiante que justificaría su solicitud, como
lo podría ser preservar la seguridad física o emocional del
agente y que la limitación del acceso del público no será más
amplia de lo necesario para proteger ese interés”.19
Íd., pág.
987.
Igualmente, para que la decisión del Tribunal de Primera
Instancia
19
constituya
un
dictamen
ecuánime
y
salvaguarde
Resolvimos, además, que la solicitud del Ministerio Público debe estar
fundamentada y, salvo justa causa, deberá notificársele al imputado dentro de
un tiempo razonable antes de la celebración de la vista preliminar.
Pueblo
v. Pepín Cortés, supra, pág. 988.
CC-2010-0395
26
adecuadamente
los
intereses
constitucionales
involucrados,
añadimos que en la vista de necesidad el foro primario podrá
tomar en consideración factores como los siguientes: (1) si el
agente encubierto continúa trabajando en investigaciones de esa
naturaleza;
(2)
investigaciones
si
continúa
trabajando
relacionadas
al
caso
en
los
casos
o
las
objeto
de
la
vista
de
necesidad; (3) si su identidad ha sido revelada; (4) las medidas
o
precauciones
que
ha
tomado
el
Estado
para
preservar
la
identidad y seguridad del agente; (5) si el agente ha recibido
amenazas; y (6) si el agente teme por su vida o seguridad física
o emocional, o la de su familia.20
Consecuentemente,
al
Íd., pág. 988.
aplicar
la
normativa
pautada,
concluimos que el Tribunal de Primera Instancia había excedido
sus límites de discreción y que el Tribunal de Apelaciones erró
al confirmar su dictamen.
dictada
por
devolución
el
del
foro
caso
Por ello, revocamos la sentencia
apelativo
para
que
intermedio
se
celebrara
y
ordenamos
una
vista
la
de
necesidad.
D
Como
podemos
apreciar,
cuando
el
Ministerio
Público
solicita del Tribunal que excluya al público de la sala debido a
que presentará como testigo a un agente encubierto, es necesario
que se celebre una vista en la cual se demuestre que el cierre
es imperativo para proteger la vida y seguridad del testigo.
20
El testimonio del agente encubierto no es necesario para demostrar estos
factores, aunque nada impide su comparecencia y testimonio en la vista de
necesidad. Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 988.
CC-2010-0395
27
Pueblo v. Pepín Cortés, supra.
embargo,
al
presente
no
El cierre no es automático.
habíamos
tenido
la
oportunidad
Sin
de
abundar sobre la carga probatoria que el Ministerio Público debe
satisfacer en esa vista y sobre el análisis que debe efectuar el
Tribunal de Primera Instancia para alcanzar la determinación más
adecuada a las circunstancias presentadas.
Por ello, y debido a
que nuestros pronunciamientos en Pueblo v. Pepín Cortés, supra,
se circunscribieron en resaltar lo imperioso de la vista de
necesidad,
examinaremos
deslindar
una
norma
la
casuística
coherente
que
federal
se
en
acople
aras
a
de
nuestro
ordenamiento procesal criminal.
En
Ayala
v.
Speckard,
131
F.3d
Tribunal
de
Apelaciones
federal
resolvió
que
el
de
tribunal
62
para
distrito
(2do
el
actuó
Cir.
1997),
Segundo
el
Circuito
correctamente
al
excluir el público de la sala mientras el agente testificaba
debido a que, entre otras cosas, éste continuaba en funciones
como agente encubierto en la misma región donde ocurrieron los
actos delictivos.
Ello, como medida efectiva para proteger la
vida
del
y
seguridad
agente
encubierto
sin
incurrir
en
una
que
se
violación al derecho del imputado a un juicio público.
En
aquella
ocasión,
durante
la
ejecución
de
lo
conoce como un operativo “adquisición y arresto” (buy and bust),
la Policía del Estado de Nueva York arrestó a los Sres. Steven
Ayala, Charles Okonowo y Howard Pearson por vender sustancias
narcóticas
ilegales.
Durante
el
juicio,
el
tribunal
de
instancia ordenó la exclusión del público de la sala únicamente
CC-2010-0395
mientras
28
los
agentes
encubiertos
testificaban.
Terminada
la
celebración del juicio, los señores Ayala, Okonowo y Pearson
fueron
declarados
convicciones.
culpables,
por
lo
que
apelaron
sus
Éstas fueron confirmadas.
El Tribunal de Apelaciones federal para el Segundo Circuito
mediante
recurso
de
habeas
corpus,
confirmó
las
convicciones
recurridas. En su dictamen, señaló que el tribunal sentenciador
actuó correctamente al ordenar, en tres ocasiones distintas, la
exclusión
del
público
de
la
sala
mientras
testificaban
los
agentes encubiertos que aún continuaban en funciones.
Ello, en
aras de proteger la vida y seguridad de los agentes.
Ayala v.
Speckard, supra, pág. 72.
En su análisis, examinó los factores reconocidos en Waller
v. Georgia, supra.
interés
aducido
efectividad
de
En cuanto al primero de ellos, señaló que el
por
las
el
Ministerio
operaciones
Público
encubiertas
y
–mantener
la
salvaguardar
la
vida y seguridad del agente- es uno extremadamente sustancial,
por
lo
que
el
tribunal
concluir
que
ese
hubiera
requerido
abierta.
Añadió que
de
instancia
interés
se
a
agentes
los
afectaría
que
actuó
correctamente
al
seriamente
si
se
testificaran
en
corte
creemos que el curso más sensible es que el juez de
instancia reconozca que la norma general es favorecer
la apertura de los juicios, y requerir evidencia
persuasiva que demuestre un riesgo serio de perjuicio
sobre un interés importante a la hora de ordenar el
cierre. Sin embargo, el juez debe tener en cuenta que
mientras más extenso sea el cierre solicitado, mayor
debe ser el riesgo y la gravedad del perjuicio que ese
le
CC-2010-0395
29
interés pudiera sufrir.
(Traducción nuestra.)
v. Speckard, supra, pág. 70.
Ayala
Asimismo, en cuanto al segundo factor consignado en Waller
v. Georgia, supra (el cierre solicitado no debe ser más amplio
de lo necesario para proteger el interés), el foro apelativo
federal
añadió
instancia
fue
que
el
cierre
únicamente
ordenado
mientras
los
por
el
agentes
tribunal
de
encubiertos
testificaban y que tal remedio limitado estuvo justificado y no
fue más amplio de lo necesario.
Íd., págs. 72-73.
Posteriormente, en Glaude v. Artuz21, se resolvió que el
tribunal de distrito actuó correctamente al rechazar el recurso
de habeas corpus presentado por el peticionario en el cual alegó
que su derecho a un juicio público fue violado por el cierre
parcial ordenado.
Ello, pues la prueba desfilada en la vista de
necesidad celebrada satisfizo los factores subrayados en Waller
v. Georgia, supra.
De los antecedentes fácticos se desprende, que un equipo de
agentes de la división de narcóticos persiguieron al Sr. Anthony
Glaude hasta un apartamento ubicado en el segundo piso de un
edifico de Brooklyn, N.Y.
narcóticos
(crack)
encontraron
al
Para el
y
Una vez allí, los agentes encontraron
parafernalia
peticionario
para
escondido
al
su
uso.
lado
de
También,
la
estufa.
juicio, el Ministerio Público solicitó que se excluyera
al público de la sala mientras el agente encubierto emitía su
21
1999 U.S. App. LEXIS 18147, *1,189 F. 3d 460 (2do Cir. 1999). Opinión no
publicada.
Nótese que su uso es permitido bajo la Regla 32.1 de la Corte
Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito.
CC-2010-0395
30
testimonio.
Ante esa solicitud, el tribunal sua sponte celebró
una
vista
necesario.22
de
necesidad
para
determinar
si
el
cierre
era
Glaude v. Artuz, supra.
Durante la vista de necesidad, la cual fue celebrada en
privado, el agente encubierto testificó que trabajaba para la
División de Narcóticos del Departamento de Policía de Nueva York
y
que,
en
indigente,
capacidad
comúnmente
de
agente
adquiría
encubierto
drogas
ilegales.
añadió, que temía por su vida y seguridad.
testimonio
ordenó
del
el
testificara.23
agente
cierre
encubierto,
del
juicio
el
disfrazado
ello,
Tras escuchar el
tribunal
únicamente
Por
de
de
instancia
mientras
éste
Íd.
22
Antes de celebrar la vista de necesidad, el Ministerio Público adujo que el
agente encubierto había realizado aproximadamente 260 compras de narcóticos,
que tenía casos pendientes en los tribunales de Brooklyn y Manhattan y que
posiblemente sería reasignado al equipo de operaciones tácticas de Brooklyn.
Glaude v. Artuz, 189 F.3d 460, 1 (2do Cir. 1999).
23
Al así ordenarlo, el tribunal de instancia señalo lo siguiente:
“Luego de interrogar al agente, y basándome en lo que me ha dicho,
básicamente que ha hecho más de 200 compras y que la gran mayoría
de esos casos criminales están pendientes, en adición al hecho de
que él aún se encuentra en funciones encubiertas, me veo obligado a
tomar conocimiento judicial de lo siguiente: (1) los procedimientos
criminales en los cuales están involucrados los asesinos del agente
Byrnes, quien fue asesinado a la orden de un capo para darle una
lección a la policía sobre el “me tumbas uno mío, yo te tumbo uno
tuyo”, aún están pendientes; y (2) las declaraciones hechas por
varias personas de la uniformada sobre los recientes asesinatos de
agentes de la policía.
Además, el tribunal toma conocimiento judicial de la muerte del
agente Hatcher (DEA), quien fue asesinado en Staten Island mientras
fungía como agente encubierto y cuyo asesino está siendo
perseguido; y todo esto, obviamente, tiene que estar en las mentes
de cada agente encubierto; y ello asusta; y es increíble cómo estos
hombres y mujeres tienen el valor de salir a la calle y hacer lo
que tienen que hacer día a día; y nuestra sociedad, incluyendo
nuestras cortes, ciertamente no deben poner la vida de estas
personas en más riesgo del que está, por lo que encuentro que
existen
suficientes
razones
convincentes
para
conceder
lo
solicitado; en específico, la protección de la vida de este agente
encubierto, la protección de la efectividad de su trabajo, y la
CC-2010-0395
31
Celebrado
el
juicio,
Glaude
fue
declarado
culpable
del
delito de posesión de sustancias controladas en primer grado por
el
uso
criminal
Consecuentemente,
de
parafernalia
fue
para
sentenciado
reclusión de dieciocho años.
a
el
uso
cumplir
de
narcóticos.
una
pena
de
Posteriormente, Glaude presentó un
recurso de habeas corpus ante el Tribunal de Distrito de Estados
Unidos para el Distrito Este de la ciudad de Nueva York. Este
foro judicial concluyó que sus alegaciones carecían de mérito.
Íd., pág. 3.
El
Tribunal
de
Apelaciones
federal
para
el
Segundo
Circuito, por su parte, confirmó el dictamen emitido por el
tribunal de distrito.
Al aplicar los factores de Waller v.
Georgia, supra, señaló, en cuanto al primer factor, que cuando
se pondera si ese factor se inclina a favor del cierre de la
vista, debe reconocerse, en primer lugar, que la norma general
favorece la apertura de los juicios.
De solicitarse su cierre,
debe presentarse evidencia que demuestre el riesgo sustancial de
perjuicio que algún interés importante ha de sufrir si no se
ordena la exclusión del público de la sala.
Por ello, “mientras
más extenso sea el cierre solicitado, mayor debe ser el riesgo y
la
gravedad
del
perjuicio
que
ese
interés
pudiera
sufrir”.
Glaude v. Artuz, supra, pág. 3, citando a Ayala v. Speckard,
supra, pág. 70.
protección de la efectividad del trabajo de todas las personas que
se desempeñan en esa posición. Por lo que el cierre de sala por
varios minutos mientras el agente testifica constituye un precio
pequeño a pagar por esa efectividad”.
(Traducción nuestra.)
Glaude v. Artuz, supra, pág. 2.
CC-2010-0395
32
En referencia al segundo elemento Waller v. Georgia, supra,
el foro apelativo federal advirtió que el interés del Ministerio
Público por proteger la vida y seguridad del agente encubierto
es suficientemente persuasivo (compelling) como para justificar
el
cierre
necesario.
solicitado,
pues
éste
no
era
más
amplio
de
lo
En ese contexto, el tribunal expresó que durante la
vista de necesidad el agente encubierto testificó que continuaba
en
funciones
y
que
temía
por
su
vida
y
seguridad.
En
consideración a lo anterior, confirmó el dictamen del tribunal
de distrito pues existía justificación para ordenar el cierre
limitado del juicio.
En
Bowden
v.
Glaude v. Artuz, supra, pág. 4.24
Keane,
237
F.3d
125
(2do
Cir.
2001),
el
Tribunal de Apelaciones federal para el Segundo Circuito alcanzó
la misma conclusión que en Glaude v. Artuz, supra.
En esa
ocasión, durante la ejecución de un operativo de “adquisición y
compra”, el Sr. Vernon Bowden fue arrestado en la calle número
126 de Manhattan por haber vendido tres “caplets” de “crack” a
un agente encubierto, el detective Billingy.
Bowden v. Keane,
supra, pág. 128.
24
Véanse, además: Nieblas v. Smith, 204 F.3d 29 (2do Cir. 1999) (se resolvió
que el tribunal de distrito actuó correctamente al denegar un recurso de
habeas corpus dado a que el cierre del juicio mientras el agente encubierto
testificaba, no violó el derecho del acusado a un juicio público.
Ello,
puesto que en la vista de necesidad celebrada, el agente declaró que
continuaba en funciones encubiertas en el área sur de Brooklyn y que por su
seguridad, su identidad no debía ser revelada); Brown v. Artuz, 283 F.3d 492
(2do Cir. 2002) (en donde se confirmó un dictamen del tribunal de distrito
denegando un recurso de habeas corpus luego de resolver que el cierre parcial
del juicio durante el testimonio de un agente encubierto no fue una
aplicación irrazonable de Waller v. Georgia, supra.
Ello pues, durante la
vista de necesidad el agente encubierto declaró que aún continuaba en
funciones en la misma región que el acusado fue arrestado y que temería por
su seguridad si emitía su testimonio en corte abierta).
CC-2010-0395
33
Iniciado el proceso judicial, el Estado solicitó el cierre
del juicio mientras el agente encubierto ofrecía su testimonio.
En atención a ello, el tribunal de instancia celebró una vista
de necesidad en la que testificó el detective Weathers, otro
agente
encubierto
asistió
en
el
compañero
operativo.
del
El
detective
referido
Billingy,
agente
acotó
quien
lo
que
él,
actualmente, participaba en operaciones criminales, que había
sido
amenazado
sospechaban
a
que
muerte
por
era
policía
él
los
y
narcotraficantes,
que
había
quienes
alrededor
de
veinticinco a treinta sospechosos que no habían sido arrestados.
Íd.
Escuchado
el
testimonio
de
Weathers,
el
foro
primario
concedió el cierre parcial solicitado por el Ministerio Público.
En particular, el juez de instancia puntualizó lo siguiente:
Entiendo que ahora el expediente de autos corrobora el
cierre de la sala....
Creo que [el expediente] habla
por sí sólo, sin dejar de mencionar la forma en que la
información se disemina a través de este sistema. Para
mí, es perfectamente concebible que si no se ordena el
cierre solicitado, se conocerá que un agente encubierto
testificará en corte abierta y él será identificado;
por lo que no es necesario que el público esté
presente. Bowden v. Keane, supra, pág. 128, citando a
Bowden v. Keane, 85 F.Supp.2d 246, 248-249 (S.D.N.Y.
2000).
Celebrado el juicio, que fue cerrado únicamente mientras el
agente
Weathers
culpable
por
testificaba,
la
venta
de
el
señor
Bowden
sustancias
fue
encontrado
controladas
y
fue
sentenciado a reclusión.
El
Tribunal
de
Apelaciones
federal
para
el
Segundo
Circuito, resolvió que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos
CC-2010-0395
para
el
34
Distrito
Sur
denegar el recurso de
de
Nueva
York
habeas corpus
actuó
correctamente
presentado por el señor
Bowden.
Bowden v. Keane, 237 F.3d 125, 128 (2001).
apelativo
federal
señaló,
como
norma
al
general,
que
El foro
la
Sexta
Enmienda de la Constitución de Estados Unidos le garantiza a los
imputados de delito que sus juicios serán públicos y que este
derecho
aplica
Enmienda.
a
los
Estados
a
través
de
la
Decimocuarta
Bowden v. Keane, supra, págs. 128-129, citando a
Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145, 148 (1968).
Sin embargo,
añadió que este derecho no es absoluto y, en ciertas instancias,
un tribunal puede ordenar que se excluya al público de la sala
sin violar la Constitución de Estados Unidos.
Bowden v. Keane,
supra, pág. 129.
A esos efectos, el foro apelativo federal razonó que el
tribunal
de
instancia
actuó
correctamente
al
aplicar
la
normativa de Waller v. Georgia, supra, ordenar el cierre parcial
del juicio y excluir al público únicamente mientras el agente
encubierto testificaba.
Tal proceder estuvo justificado debido
a que el agente encubierto había testificado que aún continuaba
en funciones, éste fue amenazado a muerte y, más importante aún,
el remedio solicitado (cierre del juicio únicamente mientras el
agente declaraba) no era más amplio de lo debido.
Bowden v.
Keane, supra, pág. 130.
E
La
normativa
trazada
por
la
jurisprudencia
descrita
demuestra que las instancias en las cuales se solicite el cierre
CC-2010-0395
35
de un juicio criminal, o de algún procedimiento anterior a éste,
deben ser analizadas rigurosamente.
Así, debido a que cada
circunstancia que se presenta ante el tribunal es particular, el
análisis debe ser uno caso a caso.
Cónsono
con
lo
enunciado,
como
norma
general,
nuestro
ordenamiento jurídico favorece la apertura de los juicios.
debe
ser
así,
toda
vez
que
el
derecho
a
un
juicio
constituye, claramente, un derecho fundamental.
Ello
público
Const. EE.UU.,
Enmd. VI; Const. E.L.A., Art. II, Sec. 11; In re Oliver, supra;
LaFave, op cit.; Chiesa Aponte, op cit., Vol. II, pág. 185.
Empero, cuando se solicita excluir al público de sala, el juez
de instancia debe celebrar una vista de necesidad25 en la cual
tiene que
analizar lo siguiente: (1) si la parte que solicita
el
presenta
cierre
perjudicado
de
no
un
interés
concederse
el
apremiante,
el
cual
será
cierre;
si
el
cierre
(2)
solicitado no es más amplio de lo necesario para proteger ese
interés; (3) las alternativas razonables disponibles.
Además,
como
realizar
factor
adicional,
determinaciones
adecuadas
el
y
sostener el remedio concedido.
v. Pepín Cortés, supra.
tribunal
deberá
suficientemente
detalladas
para
Waller v. Georgia, supra; Pueblo
Véanse, además: Bowden v. Keane, supra;
Glaude v. Artuz, supra; Ayala v. Speckard, supra.
Ahora bien, en las instancias en que el Ministerio Fiscal
solicite
25
la
exclusión
del
público
de
la
sala
debido
a
que
Véanse: Pueblo v. Pepín Cortés, supra; People v. Hinton, 31 N.Y.2d 71
(1972) (caso medular del Estado de Nueva York de donde surge el pseudónimo de
las vistas de necesidad: Hinton Hearings).
CC-2010-0395
presentará
36
como
testigo
a
un
agente
encubierto,
el
juez
de
instancia deberá tener presente la normativa pautada en Pueblo
v. Pepín Cortés, supra, en la vista de necesidad que se celebre.
Esto es, si el Ministerio Público anuncia que presentará el
testimonio de un agente encubierto que aún sigue en funciones,
deberá
demostrar
funciones;
y
(1)
(2)
que
que
el
el
agente
cierre
es
aún
se
encuentra
la
alternativa
en
menos
abarcadora para proteger la vida y seguridad de dicho agente.
Íd.,
pág.
seguridad
987.
del
Nótese
agente
que
en
estas
constituyen,
instancias
propiamente,
la
ese
vida
y
interés
apremiante reconocido como primer factor en Waller v. Georgia,
supra.
Véanse: Bowden v. Keane, supra; Glaude v. Artuz, supra;
Ayala v. Speckard, supra.
En
cambio,
cuando
el
Ministerio
Público
anuncia
como
testigo a un agente encubierto que no se encuentra en funciones,
deberá
demostrar
(1)
que
existe
un
interés
apremiante
que
justifica su solicitud de cierre; y (2) que la limitación del
acceso
del
público
no
proteger dicho interés.
987.
la
será
más
amplia
de
lo
necesario
para
Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág.
Adviértase que bajo estas circunstancias, a diferencia de
anterior,
la
Fiscalía
deberá
presentar
prueba
sobre
la
existencia de un interés apremiante que justifique la concesión
del
cierre
solicitado
(primer
factor
esbozado
en
Waller
v.
Georgia, supra) puesto que el agente que testificará ya no se
encuentra en funciones y ello presupone que su vida y seguridad
no se encuentran en peligro.
Sin embargo, ello no es óbice para
CC-2010-0395
37
que se pueda desfilar prueba que demuestre lo contrario y que el
interés apremiante lo es el “preservar la seguridad física o
emocional del agente”.
Por
su
solicitado,
parte,
Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 987.
en
(segundo
cuanto
factor
a
la
esbozado
amplitud
en
Waller
del
remedio
v.
Georgia,
supra) nótese que en ambas instancias el Ministerio Público debe
demostrar que el cierre es la alternativa menos abarcadora –no
es más amplio de lo necesario- para proteger la vida y seguridad
del agente encubierto.
En ese sentido, el juez de instancia
debe tener presente que “mientras más extenso sea el cierre
solicitado,
mayor
debe
ser
el
riesgo
y
la
gravedad
perjuicio” que el interés a protegerse pueda sufrir.
Speckard, supra, pág. 70.
del
Ayala v.
Es decir, debe existir una proporción
racional entre el derecho del imputado a un juicio público y el
cierre solicitado, como también éste debe estar correlacionado
con el interés que se quiere proteger mediante la exclusión del
público
de
instancia
la
sala.
ponderar
Por
ello,
minuciosamente
está
en
estas
manos
del
variables
juez
para
de
así
alcanzar la solución que más se adecúe a las circunstancias
particulares del caso.26
26
Claro está, en las ocasiones en que la prensa o ciudadanía se opongan al
cierre solicitado por el Ministerio Público, el juez de instancia debe tener
presente que el público y la prensa gozan de un derecho fundamental de
“acceso a los juicios criminales”, el cual emana de la Primera Enmienda de la
Constitución de Estados Unidos y de la Sec. 4 del Art. II de la Constitución
de Puerto Rico.
Press Enterprise Co. II, supra; Globe Newspaper Co. v.
Superior Court, supra; Press Enterprise I, supra.
Véase, además: Pueblo v.
Pepín Cortés, supra.
Así, el juez de instancia deberá ponderar entre el
“derecho de acceso” de la prensa y ciudadanía, y la prueba que presente el
Ministerio Público en apoyo de los factores esbozados en Waller v. Georgia,
supra.
Véanse: Press Enterprise Co. II, supra; Pueblo v. Pepín Cortés,
supra.
CC-2010-0395
38
Finalmente, en las dos instancias antes descritas el foro
primario
debe
disponibles
Waller
v.
adecuadas
al
tomar
cierre
Georgia,
y
en
consideración
solicitado
supra),
suficientes
y
(tercer
deberá
para
las
factor
realizar
sostener
alternativas
el
enunciado
en
determinaciones
cierre
solicitado
(cuarto factor esbozado en Waller v. Georgia, supra).
III
El peticionario aduce que el Tribunal de Apelaciones erró
al
dictar
Instancia
una
y
sentencia,
señalar
que
revocar
al
Tribunal
procedía
el
cierre
de
de
Primera
la
vista
preliminar durante el testimonio del agente encubierto.
Añade
que durante la vista de necesidad el Ministerio Público no probó
“ni tan solo uno de los criterios esbozados en Pueblo v. Pepín
Cortés, supra”.
En
la
No le asiste la razón.
resolución
emitida
por
Veamos.
el
Tribunal
de
Primera
Instancia, ese foro señaló que la prueba presentada en la vista
de necesidad sólo demostró que el agente 08NAI29 continuaba en
funciones.
probó
No obstante, razonó que el Ministerio Público no
ninguno
Cortés,
supra,
probatoria
de
de
y,
los
factores
sugeridos
consecuentemente,
demostrar
amplio de lo necesario.
que
el
en
Pueblo
incumplió
cierre
con
solicitado
v.
Pepín
su
carga
no
es
más
Por ello, el foro primario declaró, en
reconsideración, No Ha Lugar la solicitud de cierre presentada
por el Ministerio Público.
Este raciocinio constituye un error manifiesto.
lugar,
resulta
contradictorio
señalar,
por
un
En primer
lado,
que
el
CC-2010-0395
Ministerio
39
Público
demostró
que
el
agente
encubierto
aún
continúa en funciones y luego colegir, por otro lado, que no se
probó
ninguno
de
los
factores
esbozados
Tal
conclusión
omite
continúa
en
Cortés,
supra.
agente
encubierto
en
que
Pueblo
v.
“demostrar
funciones”,
Pepín
que
el
constituye,
propiamente, uno de los factores reconocidos en Pueblo v. Pepín
Cortés, supra.
En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia incidió
al concluir que el Estado incumplió con su carga probatoria al
no
demostrar
que
“limitar
el
acceso
al
público
en
la
vista
preliminar constituía la alternativa menos abarcadora” y que “la
protección
de
ese
interés
debía
ceder
constitucional como el que nos ocupa”.
desatinado.
ante
un
derecho
Tal proceder es uno
No toma en consideración que en las instancias en
que el Ministerio Público anuncia que presentará el testimonio
de un agente encubierto la carga probatoria exigida por Pueblo
v. Pepín Cortés, supra, sólo requiere que el Ministerio Público
demuestre: (a) que el agente encubierto aún se encuentra en
funciones; y (b) que el remedio solicitado es la alternativa
menos abarcadora para proteger la seguridad de dicho agente.
Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 988.
Así, aun cuando el
derecho del imputado a un juicio público es uno fundamental,
cuando
se
demuestra
que
el
agente
encubierto
continúa
en
funciones resulta evidente que su vida y seguridad, como la de
su
familia,
corren
peligro;
y
ello
constituye
apremiante que debe ponderarse adecuadamente.
un
interés
Véanse, Pueblo v.
CC-2010-0395
40
Garay López, 2011 T.S.P.R. 66, págs. 6-9; Glaude v. Artuz, ante,
nota 22.
Véase, además: Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R.
573, 582 (1961) (“Los jueces no debemos, después de todo, ser
tan
inocentes
como
para
creer
declaraciones
que
nadie
más
creería”).
Además, al declarar No Ha Lugar la solicitud de cierre, el
foro
primario
tampoco
tomó
en
consideración
que
el
cierre
solicitado en el caso de autos es uno parcial y no total.
Es
decir,
el
Ministerio
al
público
de
la
sala
Público
solicitó
que
se
únicamente
mientras
el
agente
emite su testimonio.
al
derecho
del
excluyera
encubierto
Tal remedio es racionalmente proporcional
imputado
a
un
juicio
público
y
está
correlacionado con el interés que el Ministerio Público pretende
proteger
(vida
y
seguridad
del
agente
encubierto
que
continúa en funciones) mediante el remedio que solicita.
aún
Ayala
v. Speckard, supra, pág. 70.
Adviértase, además, que en esta ocasión no se trata de un
cierre
total
de
la
vista
preliminar
o
de
la
público de la sala por un tiempo prolongado.
exclusión
del
Véanse: Press
Enterprise Co. I v. Superior Court, supra (en donde el cierre de
los
procedimientos
de
desinsaculación
del
jurado
duró
seis
semanas y tan solo tres días fue abierto al público); Waller v.
Georgia, supra, (en donde la celebración cerrada de una vista de
supresión de evidencia duró siete días y tan solo dos horas y
media
fueron
sustentó
destinadas
dicho
cierre);
a
la
Press
presentación
Enterprise
de
la
prueba
Co.
II
v.
que
Superior
CC-2010-0395
41
Court, supra, (en donde el cierre de la vista preliminar duró
cuarenta y un días).
Por el contrario, el remedio solicitado en
el caso de autos es uno temporero cuya duración incide en lo
mínimo sobre el derecho del imputado a un juicio público.
En
conclusión,
el
lo
necesario
para
cierre
solicitado
proteger
la
no
vida
es
y
más
amplio
seguridad
del
de
agente
encubierto que testificará en la vista preliminar.27
Asimismo, entendemos que el Tribunal de Primera Instancia
erró al sustentar su dictamen, en parte, en la revelación de la
identidad del agente encubierto por razón de haber incluido su
nombre y número de placa reales en la denuncia presentada.
Aun
cuando las medidas tomadas para proteger la identidad del agente
encubierto constituyen un factor a considerarse, tal proceder no
convierte en inoficiosa la solicitud de cierre del Ministerio
Público.28
Véase, U.S. v. Smith, 780 F.2d 1102, 1108 (1985) (en
donde se resolvió que la solicitud del Ministerio Público no se
desvirtualiza simplemente porque el acusado conozca el nombre e
identidad reales del confidente).
En cuanto al resto de los factores sugeridos en Pueblo v.
Pepín Cortés, supra, pág. 988 (si el agente encubierto ha sido
amenazado
y
investigaciones
si
continúa
relacionados
trabajando
al
caso
en
objeto
los
de
la
casos
o
vista
de
27
Somos conscientes que el remedio aquí concedido se limita al cierre de la
vista preliminar única y exclusivamente mientras el agente encubierto emite
su testimonio.
Así, una vez culmine dicho testimonio la vista preliminar
deberá abrirse nuevamente.
28
Distinto hubiera sido si el agente encubierto hubiese testificado en sala
abierta en alguno de los otros procedimientos criminales pendientes.
CC-2010-0395
42
necesidad), el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el
Ministerio
Público
no
desfiló
prueba
que
los
demostrara.
Empero, debemos tener presente que en su Escrito en Cumplimiento
de
Orden,
el
Estado
puntualizó
que
el
agente
encubierto
es
testigo esencial en varios procedimientos criminales adicionales
que están pendientes en el distrito judicial de Caguas29 y que
son
producto
de
sus
funciones
encubiertas.
Tal
y
como
adelantamos, tomamos conocimiento judicial de estos hechos bajo
la Regla 11(A)(2), (B) y (D) de las Reglas de Evidencia de
1979(equivalente a la Regla 201 de las Reglas de Evidencia de
2009).
Contrario a la opinión disidente, este Tribunal reafirma
que la vida y seguridad de un agente encubierto que continúa
trabajando en investigaciones de esa naturaleza, constituye un
interés apremiante del Estado.
Ante el justo balance de los
intereses en juego, ¿no es acaso el derecho a la vida el de
mayor
jerarquía
en
nuestro
Contestamos en la afirmativa.
ordenamiento
constitucional?
No podemos ser tan ingenuos en
pensar que la vida y la integridad física de un agente que se
adentra en el corazón mismo de la conspiración y penetra los más
oscuros
recintos
del
crimen
organizado
lo
anterior,
no
está
en
inminente
riesgo.
Cónsono
con
colegimos
que
el
Tribunal
de
Apelaciones actuó correctamente al dictar sentencia y revocar el
29
Véase, Escrito en Cumplimiento de Orden, pág. 9, nota 3.
CC-2010-0395
43
dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.
El foro
apelativo intermedio no abusó de su discreción al concluir que
las
circunstancias
meritorias
y
presentadas
justifican
que
en
se
el
caso
conceda
el
de
autos
cierre
son
parcial
solicitado por el Ministerio Público.
IV
Por
los
fundamentos
certiorari
presentado
sentencia
dictada
por
enunciados,
por
el
el
expedimos
peticionario
Tribunal
de
y
el
recurso
de
confirmamos
la
Apelaciones.
Por
consiguiente, ordenamos la devolución del expediente de autos al
foro de primera instancia para que continúen los procedimientos
de la vista preliminar conforme a lo aquí pautado.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Rolando Eliecer Díaz
Certiorari
CC-2010-0395
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.
Por los fundamentos enunciados, expedimos el
recurso de certiorari presentado por el peticionario y
confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal de
Apelaciones. Por consiguiente, ordenamos la devolución
del expediente de autos al foro de primera instancia
para que continúen los procedimientos conforme a lo
aquí pautado.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo.
La Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión disidente
a la que se unen el Juez Presidente señor Hernández
Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2010-395
Rolando Eliecer Díaz
Peticionario
Opinión disiente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez a la que se une el Juez Presidente señor Hernández Denton
y la Jueza Asociada señora Fiol Matta
San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre 2011
La controversia ante este Tribunal requería que
evaluáramos si se justifica el cierre de la sala
durante
el
testimonio
de
un
agente
encubierto
durante la vista preliminar cuando lo único que se
demostró
fue
encubierto.
que
el
agente
continúa
labores
como
Por tratarse de un derecho de rango
constitucional, estimo que debe probarse que existe
un riesgo particular o real a la vida o seguridad
del agente encubierto y que el cierre de la sala es
la medida necesaria para salvaguardar ese interés.
Por entender que el camino que el Tribunal traza hoy
CC-2010-395
socava
el
2
derecho
fundamental
a
un
juicio
hechos
suscitaron
público,
disiento.
Repasemos
los
que
la
presente
controversia.
I.
El 14 de diciembre de 2009, el Tribunal de Primera
Instancia encontró causa probable para arresto contra el
señor Rolando Eliecer Díaz por infracciones a los artículos
5.01, 5.04, 5.07, 5.10 y 6.01 de la Ley de Armas.
L.P.R.A. secs. 458, 458c, 458f, 458i y 459.
fecha
de
la
vista
preliminar,
el
25
Pautada la
Ministerio
Público
presentó una Moción Solicitando Vista Preliminar en Privado
al
amparo
de
la
Regla
23(c)
Criminal.
En
específico,
acceso
al
público
durante
encubierto
08NAI29,
ya
que
de
las
solicitó
el
de
que
Procedimiento
se
limitara
testimonio
alegadamente
del
éste
el
agente
continuaba
trabajando como agente encubierto en la región judicial de
Caguas.
El
foro
primario
correspondiente.
El
celebró
la
Ministerio
vista
de
Público
necesidad
presentó
el
testimonio del agente Julio A. Báez Nieves, quien era el
agente contacto del agente encubierto al momento de éste
recopilar
la
prueba
para
procesar
a
Eliecer
Díaz.
Finalizado el testimonio del agente Báez Nieves, el foro
primario
declaró
con
lugar
la
solicitud
del
Ministerio
Público, por lo que ordenó que el testimonio del agente
encubierto
se
presente
vista preliminar.
en
privado
cuando
se
celebre
la
La defensa del Sr. Eliecer Díaz solicitó
CC-2010-395
3
reconsideración
del
dictamen
emitido.
El
foro
primario
emitió una resolución en la que acogió el planteamiento de
la defensa y declaró no ha lugar la petición del Ministerio
Público.
En su resolución, el foro primario señaló que, de la
prueba presentada en la vista, solamente se puede concluir
que el agente aún realiza labores como encubierto.
Hizo
constar que no se demostró que las investigaciones en las
que el agente trabaja actualmente se llevan a cabo en la
misma
región
donde
ocurrieron
los
hechos
imputados,
que
haya alguna relación entre el testimonio a ofrecer y las
investigaciones actuales, que haya recibido alguna amenaza
o que su vida se encuentre en peligro por la investigación
o que vaya a estarlo si presta testimonio.
Ministerio
Público
no
tomó
medidas
Añadió que el
particulares
para
proteger la identidad del agente y que se incluyó su número
de placa y su nombre real en las denuncias.
En fin, el
Tribunal de Primera Instancia concluyó que no se prestó
evidencia suficiente para justificar el cierre de la sala
durante el testimonio del agente encubierto en la vista
preliminar.
El foro primario también apuntó que estaba consciente
de que los detalles de las investigaciones que podría estar
realizando
actualmente
el
agente
08NAI29
no
podían
ser
revelados, pero opinó que el Ministerio Público sí podía de
forma
general-
poner
en
posición
al
tribunal
de
determinar que en el curso y protección de las mismas, la
seguridad
del
agente
corría
peligro
de
modo
que
fuera
CC-2010-395
4
necesaria la solicitud de cierre.
Igualmente, determinó
que, aunque no compartía el argumento de la defensa de que
incluir el nombre y número de placa verdadero del agente en
las
denuncias
identidad,
es
presentadas
prueba
de
revelaban
una
medida
necesariamente
de
seguridad
su
menos
tomada por el Estado para proteger la identidad del agente.
Inconforme
con
la
determinación
del
Tribunal
de
Primera Instancia, el Ministerio Público acudió al Tribunal
de Apelaciones, mediante auto de certiorari.
revocó la determinación del foro primario.
Dicho foro
Determinó que
en la vista de necesidad, el Ministerio Público probó que
el agente encubierto continuaba “en funciones”.
en
circunstancias
en
que
el
agente
se
Añadió que
encuentra
en
funciones, no es necesario demostrar que éste teme por su
vida o que su seguridad física o emocional está en peligro,
ya que ello es inherente a la función que ejerce.
Además,
indicó que el Ministerio Público sólo solicitó la exclusión
del público durante el testimonio del agente encubierto, lo
cual cumple con las directrices de este Tribunal, en cuanto
a
que
el
cierre
de
la
vista
no
sea
más
amplio
de
lo
necesario.
El foro a quo expresó que aunque el cierre
parcial
la
de
vista
preliminar
menoscaba
el
derecho
a
juicio público del acusado, ello no incide radicalmente en
otras
garantías
constitucionales
como
el
derecho
a
un
juicio justo e imparcial, la presunción de inocencia y el
debido proceso de ley.
De esta sentencia, Eliecer Díaz acudió ante este foro
mediante certiorari y moción de solicitud de paralización
CC-2010-395
5
de los procedimientos en auxilio de jurisdicción.
recurso,
el
peticionario
Apelaciones
erró
al
aduce
revocar
que
al
el
En su
Tribunal
Tribunal
de
de
Primera
Instancia, pues no se cumplió con los factores esbozados en
Pueblo v. Pepín Cortés, 173 D.P.R.
968 (2008), por lo que
se debió denegar la solicitud del Ministerio Público.
Examinado el recurso, paralizamos los procedimientos
en el foro primario el 4 de junio de 2010 y le ordenamos a
la Procuradora General a que mostrara causa por la cual no
debíamos expedirlo y revocar la sentencia del Tribunal de
Apelaciones.
La
Procuradora
General
compareció
en
cumplimiento de nuestra orden y alegó, por vez primera, que
el agente encubierto fue amenazado de muerte mientras se
procesaban otros sujetos cuyos casos fueron investigados
por el mismo agente.
II.
La Opinión del Tribunal correctamente reconoce que,
por
versar
este
caso
sobre
un
derecho
fundamental,
la
limitación a ese derecho debe evaluarse de forma rigurosa,
caso a caso.
hechos
del
Sin embargo, al aplicar esta norma a los
caso,
desvirtúa
lo
preceptuado
en
Pueblo
v.
Pepín Cortés, ante, respecto al análisis que el Tribunal de
Primera Instancia debe hacer al determinar si se concede el
cierre de sala durante el testimonio del agente encubierto.
Ello
es
así,
pues
sugiere
demostrar
que
hay
dirige
a
la
proporción
cierre
solicitado
un
y
que
interés
la
una
vez
se
cumple
con
apremiante
el
análisis
se
amplitud
del
racional
entre
gravedad
del
la
posible
perjuicio.
CC-2010-395
6
Ello, sin duda, tiene el efecto de flexibilizar el estándar
requerido por exigencia constitucional.
Ciertamente,
cuando
un
agente
ejerce
funciones
de
encubierto existen intereses apremiantes que el Estado debe
salvaguardar:
la
vida
y
la
seguridad
del
integridad de las investigaciones en curso.
agente
y
la
Sin embargo,
ello no es suficiente para restringir el derecho a juicio
público.
No basta con probar que el testigo aún funge como
agente encubierto.
Es necesario que los hechos del caso
demuestren que el testimonio en corte abierta por parte del
agente
encubierto
intereses.
pondría
en
riesgo
alguno
de
estos
Probar que el testigo aún funge como agente
encubierto no justifica per se que se limite el acceso del
público a la vista preliminar.
v. Pepín Cortés, ante.
Así lo resolvimos en Pueblo
En la medida que sugiere que es
razonable cerrar la sala cada vez que va a testificar un
agente encubierto, el análisis de la Opinión choca con lo
decidido en este precedente.
En Pueblo v. Pepín Cortés, ante, sostuvimos que toda
solicitud de cierre de la vista preliminar por parte del
Ministerio
Público
deberá
evaluarse
restrictivamente
a
favor de su apertura, utilizando para ello un escrutinio
estricto.
Así,
solicitada
es
apremiante
y
se
requiere
necesaria
que
esa
los
Estados
Unidos
en
para
medida
para proteger ese interés.
demostrar
que
salvaguardar
está
la
exclusión
un
interés
estrechamente
diseñada
Citando al Tribunal Supremo de
Waller
v.
Georgia,
467
U.S.
39
(1984), adoptamos los siguientes requisitos para evaluar
CC-2010-395
7
una solicitud de esta índole:
(1) la parte que interese el
cierre de la vista deberá exponer un interés apremiante;
(2) el cierre no será más amplio que lo necesario para
proteger
ese
interés;
(3)
el
tribunal
deberá
considerar
alternativas razonables al cierre; y (4) el tribunal deberá
realizar determinaciones adecuadas para sostener el cierre.
Pueblo v. Pepín Cortés, ante, págs. 986-87.
Resolvimos, además, que ante una solicitud de cierre
de la vista preliminar o del juicio durante el testimonio
de
un
agente
encubierto,
el
Tribunal
está
obligado
a
celebrar una vista de necesidad en la cual se tomarán en
consideración los siguientes factores para determinar si
ésta se concede o no:
en
investigaciones
de
(1) si el agente continúa trabajando
esa
naturaleza;
(2)
si
continúa
trabajando en casos o investigaciones relacionadas al caso
objeto de la vista de necesidad; (3) si su identidad ha
sido revelada; (4) las medidas o precauciones que ha tomado
el
Estado
para
preservar
la
identidad
o
seguridad
del
agente; (5) si el agente ha recibido amenazas; y (6) si el
agente teme por su vida o su seguridad física o emocional o
la de su familia.
Pueblo v. Pepín Cortés, ante, pág. 988.
Al exponer los factores antes enunciados, rechazamos
el lenguaje de la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal que
establecía una exclusión automática del público de la vista
preliminar
-a
pedido
del
Ministerio
Público-
cuando
se
interesara prestar testimonio de un agente encubierto que
aún se encontrara en funciones.
Véase,
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.
Regla 23(c) de
Indicamos que
CC-2010-395
“no
cabe
8
duda
de
que
la
posibilidad
de
un
decreto
automático que ordene el cierre de la vista preliminar al
amparo de la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, ante,
no encuentra apoyo en nuestro ordenamiento constitucional”.
Pueblo v. Pepín Cortés, ante, pág. 982.
Conforme a lo anterior, el Ministerio Público tiene la
carga de probar en la vista de necesidad correspondiente,
que existe un interés apremiante del Estado en celebrar la
vista preliminar en ausencia de público, y que dicha medida
es la menos abarcadora para proteger este interés.
Los
factores
de
antes
enunciados
no
constituyen
una
lista
cotejo taxativa que tenga que ser textualmente cumplida en
todos
los
casos,
sino
que
son
elementos
que
ayudan
al
juzgador a determinar si el Ministerio Público ha cumplido
con su obligación de demostrar la existencia de un riesgo a
un interés apremiante que valide la restricción al derecho
a juicio público del acusado e igualmente al derecho de
acceso a los procedimientos criminales de la ciudadanía y
de la prensa.
Véase, Pueblo v. Pepín Cortés, ante, pág.
988; Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555
(1980);
Press
Enterprise
Co.
v.
Superior
Court
of
California, 464 U.S. 501 (1984); Press Enterprise Co. v.
Superior Court, 478 U.S. 1, (1986); El Vocero de Puerto
Rico v. Puerto Rico, 508 U.S. 147 (1993).
Desde
Pueblo
v.
Pepín
Cortés,
queda
claro
que
la
solicitud de cierre de la sala por razón del testimonio de
un agente encubierto no puede concederse automáticamente.
Así
pues,
es
necesario
evaluar
las
particularidades
del
CC-2010-395
9
caso para poder determinar que, en efecto, la seguridad
personal
del
agente
o
las
investigaciones
en
curso
se
pondrían en riesgo si el testimonio se ofrece en corte
abierta.
Sin
ese
solicitada
con
justifica
la
público.
Por esta razón el test de Waller v. Georgia exige
el
eslabón
interés
limitación
que
relacione
se
desea
que
al
derecho
la
medida
proteger
fundamental
a
no
se
juicio
que se consideren otras alternativas al cierre de la sala.
Asimismo,
en
cuando
agente
el
Pueblo
v.
Pepín
encubierto
Cortés,
continúa
establecimos
en
funciones
que
como
encubierto se tiene que probar que el cierre solicitado es
la
medida
menos
abarcadora
para
proteger
mero
hecho
el
interés
en
continuar
en
cuestión.
Es
evidente
funciones
como
conceder el
que
agente
cierre.
el
encubierto
no
de
es
suficiente
para
En esos casos, la vista de necesidad
se dirige a probar ese factor conector entre el interés
apremiante
y
el
remedio
solicitado,
según
las
circunstancias particulares del caso. Con este propósito,
en Pueblo v. Pepín Cortés, ante, esbozamos los factores que
el tribunal debe evaluar para determinar si el testimonio
del agente en corte abierta pone en peligro un interés
apremiante del Estado.
Como es de notar, elementos como
una relación estrecha entre las investigaciones en curso y
la que desembocó en la denuncia del imputado o una cercanía
geográfica entre las investigaciones podrían demostrar una
necesidad
de
protección
que
no
existe
si
las
CC-2010-395
10
investigaciones
no
se
relacionan
o
se
distancian
geográficamente.
Pese a lo anterior, la Opinión interpreta a Pueblo v.
Pepín
Cortés
de
forma
tal
que
establece
que
cuando
el
agente se encuentra en funciones no es necesario presentar
prueba adicional que justifique el cierre.30
determina
que
Ello, pues
“aun cuando el derecho del imputado a un
juicio público es uno fundamental, cuando se demuestra que
el agente encubierto continúa en funciones resulta evidente
que su vida y seguridad, como la de su familia, corren
peligro; y ello constituye un interés apremiante que debe
adecuadamente”.31
ponderarse
Esta
regla
per
se
que
establece el Tribunal nos coloca al margen tanto de nuestra
Constitución, como de la de Estados Unidos.
El Vocero de
Puerto Rico v. Puerto Rico, 508 U.S. 147 (1993)
Como se ha señalado, si bien es cierto que existe un
interés
apremiante
encubierto
y
las
del
Estado
en
investigaciones
proteger
en
curso,
al
agente
todavía
el
Ministerio Público tendría que demostrar que el testimonio
en
corte
abierta
pondría
en
peligro
ese
interés.
El
Tribunal no aborda este asunto, por lo que determina que el
interés en proteger la vida de un agente encubierto es
suficiente para justificar el cierre.
Pasa directamente a
evaluar
racional
si
hay
una
proporcionalidad
entre
el
remedio solicitado –cerrar la sala durante el testimonio
del
30
31
agente-
y
el
interés
que
Opinión mayoritaria, pág. 38.
Opinión mayoritaria, pág. 41.
se
interesa
salvaguardar.
CC-2010-395
Así,
11
concluye
que
cerrar
la
sala
solamente
mientras
se
emite el testimonio del agente encubierto es un remedio
relacionado
al
racionalmente
interés
que
proporcional
se
al
desea
derecho
proteger
del
y
que
imputado
a
es
un
juicio público.
El elemento que se enfatiza es sobre la duración del
cierre, pues el Tribunal indica que el foro primario no
tomó en consideración que el cierre solicitado era parcial.
Valga aclarar que cuán amplio es el cierre de la sala no
incide sobre la justificación para tomar esta acción, sino
sobre el cuarto factor de Waller:
abarcador de lo necesario.
que el cierre no sea más
Previo a esta evaluación sobre
la amplitud del cierre se requería una determinación de
necesidad del cierre de la sala.
El Tribunal de Primera
Instancia no consideró este aspecto porque entendió que el
Ministerio Público no lo puso en posición para concluir que
el agente corría un peligro particular, por lo que no había
necesidad de cerrar la sala.
El
cierre
automática
cuando
encubierto.
primario
de la sala
se
no puede decretarse
ofrece
el
testimonio
Al realizar el análisis del
entendió
de
de forma
un
agente
caso, el foro
que no se le colocó en posición para
afirmar que había un peligro a la vida o seguridad del
agente.
No
es
suficiente
con
un
testimonio
en
que
se
asevera que el agente continúa fungiendo como encubierto
sin que se conozca si quiera en qué tipo de investigación o
en qué área se llevan a cabo estas investigaciones.
Por
tanto,
al
no
era
necesario
evaluar
otras
alternativas
CC-2010-395
12
cierre de la sala o si el cierre era lo menos abarcador
posible.
Incluso, si consideráramos que se probó que el interés
apremiante ameritaba protección en cuanto al testimonio, el
Ministerio Público no cumplió con demostrar que el cierre
era la alternativa menos abarcadora para protegerlo, pues
no ofreció alternativas al tribunal.
Aun así, la Opinión
concluye, mediante una retórica difusa e incongruente, que
si
lo
único
que
se
cierra
es
el
testimonio
del
agente
encubierto se cumple con el test de Waller.
Finalmente, el Tribunal expresa que el foro primario
no erró, pues no tuvo ante su consideración las alegaciones
de amenaza a la vida del agente que la Procuradora General
señala en su Escrito en Cumplimiento de Orden ante esta
Curia.
Estas expresiones son ciertamente alarmantes.
El
Tribunal confirma la actuación del Tribunal de Apelaciones
a base de unos hechos que se alegan por vez primera ante
este Foro.
Este proceder atenta contra principios básicos
de
sistema
nuestro
judicial.
Es
ante
el
Tribunal
de
Primera Instancia que se desfila la prueba que sustenta las
alegaciones de las partes, es ése el foro competente para
realizar determinaciones de hechos.
La tarea revisora de
los tribunales apelativos se limita a la decisión impugnada
y la evidencia relacionada que se haya presentado en el
foro inferior.
No nos confiere la autoridad para tomar por
ciertas las alegaciones que presentan las partes en sus
escritos,
cuando
la
parte
contraria
no
ha
tenido
oportunidad de refutar con otra prueba ni el foro primario
CC-2010-395
13
ha pasado juicio sobre ellas.
La deferencia que merecen
las
del
determinaciones
de
hechos
Tribunal
de
Primera
Instancia exige que nos circunscribamos a analizar si su
actuación se justificaba conforme a los hechos presentados
y probados ante ese foro.
Pueblo v. Falcón Negrón, 126
D.P.R. 75 (1990).
Acoger
ese
planteamiento
en
esta
etapa
implicaría
dejar inoperante la vista de necesidad que se llevó a cabo.
Por
imperativo
del
debido
proceso
de
ley,
la
parte
contraria tiene derecho a que se le brinde la oportunidad
en una vista de refutar con evidencia una alegación de esa
naturaleza.
debió
Por tanto, es la vista de necesidad donde se
presentar
cualquier
evidencia
pertinente
para
la
determinación de necesidad del cierre de la sala, de otro
modo se reduce esta exigencia del derecho a juicio público
en un procedimiento pro forma.
III.
En el presente caso, el Ministerio Público solicitó el
cierre de la vista preliminar mientras testifica el agente
encubierto
08NAI29.
conforme
nuestros
a
El
Tribunal
de
pronunciamientos
Primera
en
Pueblo
Instancia,
v.
Pepín
Cortés, ante, celebró una vista de necesidad para auscultar
la razonabilidad del pedido del Estado.
De acuerdo a la evidencia presentada en la vista de
necesidad, el Ministerio Público sólo pudo probar, mediante
el testimonio del agente Báez Nieves, que el agente 08NAI29
todavía se encontraba en funciones como agente encubierto.
Si bien es cierto que la solicitud contenía una alegación
CC-2010-395
14
de que el agente continuaba labores en Caguas, este hecho
no se probó.
No se presentó evidencia sobre el tipo de
investigaciones
en
que
estaba
trabajando
o
si
se
relacionaban con los cargos imputados al Sr. Eliecer Díaz.
Tampoco se consignó que éste haya recibido amenazas o que
temiera por su seguridad o la de su familia.
A base de dichas determinaciones de hecho, el foro
primario concluyó que el Ministerio Público no cumplió con
su carga de probar
la necesidad de proteger un
apremiante
el
mediante
cierre
de
la
vista
durante el testimonio del agente 08NAI29.
concluir.
Al
examinar
las
interés
preliminar
No erró al así
determinaciones
de
hecho
consignadas en la resolución del foro primario, somos del
criterio
que
insuficiente
cerrada
la
lo
en
la
para
establecer
la
vista
preliminar
durante
mencionado agente.
probado
vista
de
necesidad
necesidad
el
de
fue
mantener
testimonio
del
No se presentó prueba que relacione el
testimonio del agente con un riesgo al interés apremiante,
por lo que no se puede validar la restricción al derecho a
juicio público del acusado.
No obstante, como indicamos anteriormente, el Tribunal
de Apelaciones revocó al foro de instancia y este Tribunal
confirma su actuación.
Fundamentan su proceder en que el
Ministerio Público probó que el agente 08NAI29 todavía se
encontraba en funciones y que la solicitud de exclusión del
público era solamente durante el testimonio del agente, no
durante toda la vista preliminar.
Reiteramos que el hecho
de que un agente encubierto aún se mantenga “en funciones”,
CC-2010-395
de
suyo,
15
no
es
suficiente
para
validar
la
ausencia
de
público de una vista preliminar o juicio.
Resolver
de
esa
manera
significaría
que
ante
un
reclamo del Ministerio Público de que testificará un agente
encubierto que aún se encuentra en funciones, el tribunal
debe desalojar automáticamente al público de la vista.
Eso
fue,
como
precisamente,
lo
que
catalogamos
constitucionalmente impermisible en Pueblo v. Pepín Cortés,
pues
lo
impedía
tanto
el
derecho
a
juicio
público
del
acusado como el derecho de la ciudadanía y de la prensa en
presenciar los procedimientos criminales, al amparo de los
derechos de libertad de expresión y de prensa.
Pepín
Cortés,
ante.
Aunque
los
factores
Pueblo v.
incluidos
en
Pueblo v. Pepín Cortés no constituyen una lista de cotejo
taxativa,
ciertamente
simplemente
es
establecer
necesario
que
encuentra en funciones.
el
probar
agente
algo
más
que
encubierto
aún
se
Ello no ocurrió aquí.
No hay duda de que la labor de los agentes encubiertos
es un arma de investigación necesaria para esclarecer la
comisión
de
ciertos
delitos
que
se
distinguen
por
su
característica esencial de clandestinidad y dicha función
está
revestida
Carballosa
y
de
cierta
peligrosidad.
Balzac,
130
842,
D.P.R.
851
Pueblo
(1992).
v.
No
obstante, como establecimos en Pueblo v. Pepín Cortés, aun
cuando la protección de estos agentes puede constituir un
interés apremiante del Estado, es necesario demostrar en
una
vista
de
necesidad
que
en
el
caso
específico
se
justifica el cierre de la vista preliminar al público y que
CC-2010-395
16
esa es la medida menos abarcadora para lograr el interés
estatal.
No podemos olvidar que se trata de dejar de lado
derechos constitucionales de la más alta jerarquía, como lo
son
el
derecho
del
acusado
a
juicio
libertades de expresión y prensa.
público
y
las
Por lo tanto, en ningún
escenario el cierre es automático con sólo establecer que
el agente encubierto se encuentra “en funciones”, sino que
es necesario analizar los factores establecidos en Pueblo
v.
Pepín
Cortés,
y
todos
aquellos
que
puedan
ser
pertinentes al caso, con el propósito de determinar si la
medida
solicitada
es
necesaria
o
adelanta,
en
el
caso
que
procede
particular, el interés apremiante.
El
Tribunal
fundamenta
su
Opinión
en
conceder el pedido por ser razonable, por ser la solicitud
de
cierre
de
la
vista
preliminar
parcial,
durante el testimonio del agente 08NAI29.
únicamente
No tiene razón.
Como es de notar, dicha medida va dirigida a demostrar que
la limitación a los derechos constitucionales concernidos
no
es
más
abarcadora
interés estatal.
de
lo
necesario
para
proteger
el
Lo que ocurre es que en el presente caso
no se cumplió con el paso anterior, esto es, demostrar la
necesidad del cierre para proteger el interés apremiante
del Estado.
Como indicamos anteriormente, no es suficiente
demostrar que el agente encubierto está en funciones, sino
que hay que analizar los factores expuestos en Pueblo v.
Pepín Cortés para auscultar si se justifica el cierre de la
vista preliminar.
Al analizar los factores concernidos en
este caso, concluimos -al igual que el foro de instancia-
CC-2010-395
17
que no se cumplió con el estándar de escrutinio estricto.
Por lo tanto, la prueba presentada por el Estado no fue
suficiente para validar el cierre de la vista preliminar,
sea éste total o parcial.
En
incluyó
cuanto
al
en
denuncias
las
hecho
de
que
el
presentadas
Ministerio
Público
en
del
contra
Sr.
Eliecer Díaz el nombre y número de placa reales del agente
08NAI29, consideramos que esa acción, aunque denota cierto
descuido del Ministerio Público en proteger la identidad
del
agente
en
cuestión,
pedido del Estado.
no
convirtió
en
inoficioso
el
Es decir, ese hecho, por sí solo, no es
el causante de la denegatoria al pedido del Estado.
No
obstante, recalcamos, al igual que lo hicimos en Pueblo v.
Pepín Cortés, que las medidas tomadas por el Estado para
proteger
la
identidad
de
un
agente
encubierto,
o
la
ausencia de éstas, son un factor a considerar al momento de
determinar si procede el cierre de una vista preliminar o
juicio.
IV.
En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia
concedió
una
vista
de
necesidad
ante
cierre parcial de la vista preliminar.
una
solicitud
de
Luego de ponderar
los factores esbozados en Pueblo v. Pepín Cortés, determinó
que no se justificaba el cierre, pues no se demostró la
necesidad de proteger un interés apremiante del Estado.
El
Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del foro
primario, actuación que hoy avala este Tribunal.
Al así
resolver, este Foro debilita la norma establecida en Pueblo
CC-2010-395
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v. Pepín Cortés, ante, y autoriza una exclusión automática
del
público
cada
testimonio.
vez
que
un
agente
encubierto
presta
Esta Opinión, además de socavar un derecho
fundamental del imputado, atenta contra nociones básicas de
nuestro ordenamiento judicial, pues acoge como ciertas las
alegaciones de una de las partes sin respetar el principio
de
deferencia
a
las
determinaciones
de
hechos
del
foro
primario.
Disiento del curso de la Mayoría por considerar que en
este
caso
realizadas
procedía
la
-a
por
la
el
luz
de
las
Tribunal
solicitud
del
determinaciones
de
Primera
Ministerio
de
hecho
Instancia-
Público
de
parcialmente la vista preliminar al público.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
no
cerrar