LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Eliecer Díaz

2011 TSPR 150

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Eliecer Díaz

CC-2010-395

Procedimiento Criminal – Regla 23: Carga probatoria para celebrar vista preliminar sin la presencia del público

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2011 TSPR 150

Rolando Eliecer Díaz

183 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC

- 2010 - 183

Fecha: 5 de octubre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Caguas, Panel X

Juez Ponente:

Troadio González Vargas

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Ana Rosa Montes Arraiza

Lcdo. Félix A. Cifredo Cancel

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Eva S. Soto Castelló

Procuradora General Auxiliar

Materia: Art.

5.01, 5.04, 5.07, 5.10 y 6.10 de la Ley de Armas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está

sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

CC-2010-0395

v.

Rolando Eliecer Díaz

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera

García

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.

El presente recurso de certiorari nos brinda

la oportunidad de reiterar y aclarar la normativa

pautada en Pueblo v. Pepín Cortes, 173 D.P.R. 968

(2008).

En

particular,

nos

permite

expresarnos

sobre la carga probatoria del Ministerio Público en

la vista de necesidad que debe celebrarse cuando el

Estado

solicita

la

exclusión

del

público

de

la

vista preliminar porque presentará el testimonio de

un agente encubierto.

Asimismo, nos permite pautar

sobre el análisis que debe ejercer el Tribunal de

Primera

Instancia

para

intereses involucrados.

salvaguardar

todos

los

CC-2010-0395

2

I

El

14

Instancia

de

diciembre

determinó

de

causa

2009,

el

probable

para

Tribunal

el

de

arresto

Primera

del

Sr.

Rolando Eliecer Díaz por violación a los Arts. 5.01, 5.04, 5.07,

5.10 y 6.01 de la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000,

según enmendada, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico.1

L.P.R.A. sec. 455 et sec.

25

La vista preliminar fue señalada para

el 28 de enero de 2010.

El 28 de diciembre de 2009, el Ministerio Público presentó

una

moción

Criminal.

al

amparo

de

la

34 L.P.R.A. Ap. II.

Regla

23(c)

de

Procedimiento

En ella, expuso que durante la

vista preliminar presentaría los testimonios del agente Julio

Báez Nieves y de un agente encubierto.

Puntualizó que el agente

08NAI29 es un agente encubierto en funciones perteneciente a la

División de Drogas y Narcóticos -región de Caguas- de la Policía

de

Puerto

Rico,

y

que

su

testimonio

en

la

vista

preliminar

versaría sobre hechos producto de sus gestiones investigativas.

Por ello, en aras de garantizar la seguridad y vida del referido

agente, y de proteger las investigaciones encubiertas que se

encontraban en curso, el Estado le solicitó al foro primario que

limitara el acceso del público a la vista preliminar únicamente

durante

1

el

testimonio

del

agente

encubierto.

Atendido

el

Esta determinación de causa probable para el arresto fue hecha en ausencia

del peticionario, debido a que el Ministerio Público presentó la denuncia del

caso de autos en ausencia del peticionario en aras de proteger la identidad

del agente encubierto.

CC-2010-0395

3

petitorio, la vista de necesidad fue pautada para el 13 de enero

de 2010.

Durante

la

vista

de

necesidad,

el

Ministerio

presentó como único testigo al agente Báez Nieves.

Fiscal

Éste declaró

estar adscrito a la División de Drogas y Narcóticos de la región

de Caguas y ser la persona contacto del agente 08NAI29 durante

la investigación criminal que originó el procedimiento de autos

y dio base a la presentación de cargos criminales contra otros

imputados.2

Además, manifestó que el agente encubierto continúa

laborando como tal para la Policía de Puerto Rico.

Finalizado

el

instancia

testimonio

del

agente

Báez

Nieves,

el

foro

de

declaró Con Lugar la solicitud del Ministerio Público y ordenó

que la vista preliminar fuera cerrada únicamente mientras el

agente encubierto ofreciera su testimonio.

Oportunamente,

el

imputado

Eliecer

Díaz

presentó

una

solicitud de reconsideración y adujo que el referido dictamen

atentaba contra su derecho a un juicio público.

de

2010

el

foro

primario

emitió

una

El 22 de enero

resolución

y

en

reconsideración, declaró No Ha Lugar la petición de cierre de la

vista.

Al así proceder, el foro de instancia concluyó que

[d]e la prueba presentada por el Ministerio Público a

través de su testigo Julio Báez Nieves, solamente

podemos concluir que el agente encubierto 08NAI29

continúa ejerciendo sus labores como tal.

No se

2

Tomamos conocimiento judicial de los casos Pueblo v. Luis A. Otero Lebrón,

Crim. Núm. E1VP200903087; Pueblo v. Israel García García, Crim. Núms.

E1VP200903090, E1VP200903091, E1VP200903091, E1VP200903092, E1VP200903093, y

E1VP200903099; los cuales fueron presentados a raíz de las gestiones

encubiertas investigativas del agente 08NAI29, y quien, a su vez, ha sido

anunciado como testigo de cargo en dichos procedimientos.

CC-2010-0395

4

demostró por parte del Ministerio Público que este

agente [esté] realizando investigaciones dentro de la

misma Región (Caguas), o que dichas investigaciones

estén relacionadas con los cargos que se radicaron, o

que [involucren] el mismo tipo de acto delictivo con

relación al trasiego de armas o drogas. No se demostró

por parte del Ministerio Público que se hayan tomado

medidas para proteger la identidad del agente ya que, a

diferencia de otros casos, en las denuncias presentadas

figura el nombre y [número] de placa reales del Agente

encubierto.

Tampoco fue materia de prueba que este

agente recibiera algún tipo de amenaza hacia él o sus

familiares. No se demostró que la vida de este agente

estuviera en peligro ya fuera por la investigación en

curso o que al prestar testimonio la investigación de

la cual participa se vería afectada.3

En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia entendió

que el Ministerio Público no probó ninguno de los criterios

esbozados por este Tribunal en Pueblo v. Pepín Cortés y otros,

supra.

Por ello, concluyó que el Estado había incumplido con su

carga probatoria; es decir, con el deber de demostrar que por

ser un agente encubierto en funciones “el limitar el acceso al

público en la vista preliminar constituía la alternativa menos

abarcadora”4 y que “la protección de ese interés debía ceder ante

un derecho constitucional como el que nos ocupa”.5

3

Véase Apéndice de recurso de certiorari, pág. 32.

El Tribunal de Primera

Instancia también señaló estar consciente del impedimento del Ministerio

Público en revelar información detallada sobre las investigaciones que

llevaba en curso el agente encubierto. Sin embargo, el foro primario añadió

que el Ministerio Público sí podía, de forma general, “poner al Tribunal en

posición de determinar que en el curso y protección de las mismas, la

seguridad del agente corre peligro haciendo necesaria la solicitud [de

cierre]”. Íd., pág. 32, nota 2.

Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia indicó que aun cuando no compartía

“el planteamiento de la defensa en cuanto a que el nombre y número de placa

[contenidos en la denuncia] revelan la identidad del agente, ciertamente es

evidencia de una medida de seguridad menos tomada por el estado para proteger

la identidad”. Íd., pág. 32, nota 3.

4

Véase Apéndice de recurso de certiorari, pág. 32.

5

Íd., págs. 32-33.

CC-2010-0395

5

Inconforme, el 12 de febrero de 2010 la Procuradora General

presentó

una

Apelaciones.

petición

de

certiorari

ante

el

Tribunal

de

En ella adujo que el foro de primera instancia

erró al declarar No Ha Lugar su solicitud para que se excluyera

al público de la vista preliminar únicamente mientras el agente

encubierto testificara.

Así las cosas, el 30 de marzo de 2010 el foro apelativo

intermedio

dictó

una

sentencia

mediante

la

dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

cual

revocó

el

Al así hacerlo,

señaló que durante la vista de necesidad la Fiscalía probó que

el

agente

08NAI29

aún

continuaba

en

funciones

y

que

ello

constituía un interés apremiante a los fines de cumplir con la

norma

pautada

en

circunstancias,

Pueblo

añadió

v.

el

Pepín

foro

Cortés,

apelativo

supra.

En

intermedio,

estas

no

es

necesario demostrar que dicho agente teme por su vida ni que su

seguridad

física

o

emocional

corre

peligro

porque

ello

es

inherente a la función encubierta que ejerce dicho agente.

Asimismo,

el

Tribunal

de

Apelaciones

sostuvo

que

la

solicitud del Estado se circunscribía al cierre parcial de la

vista preliminar; es decir, el Ministerio Público solicitó que

se

excluyera

al

público

de

la

vista

agente 08NAI29 prestaba su testimonio.

únicamente

mientras

el

Por tal razón, el foro

apelativo razonó que la solicitud se ajustaba a la normativa

pautada en Pueblo v. Pepín Cortés, supra, toda vez que el cierre

solicitado no es más amplio que lo necesario.

CC-2010-0395

6

Además,

el

Tribunal

“preservar

y

proteger

encubierto,

se

torna,

de

la

en

Apelaciones

seguridad

un

interés

puntualizó

personal

apremiante

que

del

que

el

agente

requiere

mayor protección que el menoscabo circunstancial y limitado del

derecho del imputado a [un] juicio público”.6

Por ello, razonó

que “el hecho de la identificación del agente en la denuncia

reduce ciertamente la efectividad de la medida solicitada...,

pero no la derrota totalmente, en la medida que es un hecho

incontrovertido que aún el testigo continúa prestando ese tipo

de servicio encubierto”.7

Consecuentemente, el foro apelativo

intermedio coligió que para propósitos del caso de autos, “lo

pertinente y determinante es el hecho de que, por las razones

que sean, todavía el agente en cuestión presta estos servicios,

por lo que su seguridad personal y emocional se encuentra aún

comprometida”.8

No conteste con esa determinación, el 10 de mayo de 2010 el

peticionario

Tribunal.

ordenar

presentó

un

recurso

de

certiorari

ante

este

En su petición, afirma que el foro recurrido erró al

que

la

vista

preliminar

fuese

cerrada

mientras el agente encubierto ofrecía su testimonio.

únicamente

Ello, a

pesar que el Ministerio Público “no probó ni tan sólo uno de los

criterios

esbozados

en

[Pueblo

v.

Pepín

Cortés,

supra]”.

Posteriormente, el 1 de junio de 2010 el peticionario presentó

6

Véase Apéndice de recurso de certiorari, pág. 85.

7

Íd., pág. 85.

8

Íd.

CC-2010-0395

7

una moción en auxilio de jurisdicción y solicitó que ordenáramos

la paralización de la vista preliminar pautada para el 7 de

junio de 2010 mientras entendíamos el recurso de certiorari.

Subsiguientemente,

resolución

vista

mediante

preliminar.

el

la

4

de

cual

junio

de

2010,

ordenamos

la

paralización

Asimismo,

le

concedimos

a

emitimos

la

de

una

la

Procuradora

General un término de quince días para que mostrara causa por la

cual no se debía expedir el recurso de certiorari presentado por

el

peticionario

y

revocar

la

sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones.

Todas

las

partes

han

comparecido.

Por

ello,

con

el

beneficio de sus argumentos, procedemos a resolver.

II

Como es sabido, la Sexta Enmienda de la Constitución de

Estados

Unidos

expresa

criminales

el

acusado

público”.

Const.

primeros

derechos

que

gozará

EE.UU.,

“en

del

Enmd.

contenidos

todos

los

procedimientos

derecho

a...

un

VI.

Este

fue

uno

de

los

la

Sexta

Enmienda

que

el

en

juicio

Tribunal Supremo federal catalogó como “elemento esencial del

debido proceso de ley y, por ello, aplicable a los Estados a

través de la Decimocuarta Enmienda”.

In re Oliver, 333 U.S. 257

(1948); W. LaFave, J. Israel, N. King, O. Kerr, 6 Crim. Proc. §

24.1(a)(3d ed.).

De igual forma, la Constitución de Puerto Rico

garantiza que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado

disfrutará del derecho a un juicio rápido y público...”.

E.L.A., Art. II, Sec. 11.

Const.

CC-2010-0395

8

Es oportuno apuntalar que el derecho a un juicio público le

pertenece al acusado.

El público y la prensa, más bien, gozan

de un derecho a “acceso a los juicios criminales” que tiene sus

orígenes

-y

está

cimentado-

en

la

Primera

Enmienda

de

la

Constitución de Estados Unidos y en la Sec. 4 del Art. II de la

Constitución de Puerto Rico, “así como también en el derecho de

acceso

a

la

información

en

manos

del

Estado,

el

cual

hemos

reconocido en nuestra jurisdicción como corolario del derecho a

la libre expresión”.

Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 977;

Globe Newspaper Co. v. Superior Court, 457 U.S. 596 (1982).

Véanse, además: López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219

(1987); Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982).

“El

carácter fundamental del derecho de acceso a los juicios penales

a favor del público y de la prensa ha dado lugar a que se

extienda este derecho a etapas anteriores al juicio.

Waller v.

Georgia, 467 U.S. 39 (1984); Press-Enterprise Co. v. Superior

Court,

464

Específicamente,

U.S.

se

501

ha

(1984)

reconocido

que

(Press-Enterprise

el

derecho

alcanza procedimientos como la vista preliminar”.

del

I).

acceso

Pueblo v.

Pepín Cortés, supra, pág. 978; Press-Enterprise Co. v. Superior

Court, 478 U.S. 1 (1986) (Press-Enterprise Co. II).

La exigencia de un juicio público es en beneficio del

acusado; que el público pueda observar la forma en que

él está siendo enjuiciado y no condenado injustamente

mantiene a sus juzgadores atentos a la responsabilidad

e importancia de sus funciones.

Aparte de asegurar que el juez y el fiscal desempeñan

sus funciones ministeriales responsablemente, el juicio

CC-2010-0395

9

público fomenta la participación de los

desalienta el perjurio.9 (Citas omitidas)

testigos

y

A

En

el

pasado,

la

anterior

Regla

23

de

Procedimiento

Criminal concebía la vista preliminar como una vista privada a

la cual, como norma general, el público no tenía acceso.

El

precepto disponía que la vista preliminar “será privada a menos

que

al

comenzar

pública.

la

misma

la

persona

solicitare

La „persona‟ se refiere al imputado”.

que

fuere

E.L. Chiesa

Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 51.

en

El

Vocero

rechazamos el

de

P.R.

v.

E.L.A.,

ratio decidendi

de

131

Cónsono con ello,

D.P.R.

356

(1992),

Press Enterprise Co. II

v.

Superior Court, supra, y resolvimos que éste “no se aplicaba a

la vista preliminar en Puerto Rico, por lo que la Regla 23 de

Procedimiento

preliminar

Criminal,

será

privada

en

a

cuanto

menos

que

dispone

el

pública, no viola la [Primera Enmienda]”.

que

la

vista

acusado

la

quiera

E.L. Chiesa Aponte,

op. cit., pág. 51.

No obstante lo anterior, en El Vocero de Puerto Rico v.

Puerto Rico, 508 U.S. 147 (1993), el Tribunal Supremo federal

dejó sin efecto el dictamen emitido en El Vocero de Puerto Rico

v. E.L.A., supra, y declaró la inconstitucionalidad de nuestra

antigua Regla 23 de Procedimiento Criminal.

Como consecuencia

de ello, mediante la Ley Núm. 197 de 12 de agosto de 1995,

9

Press Enterprise Co. v. Superior Court, 464 U.S. 501 (1984).

CC-2010-0395

nuestra

10

Asamblea

Procedimiento

pública.

Legislativa

Criminal

Así,

en

la

para

enmendó

la

Regla

que

la

vista

preliminar

Exposición

de

Motivos

del

23

de

fuese

estatuto

el

legislador declaró:

Resulta imprescindible atemperar las disposiciones de

la Regla 23 con la reciente determinación del Tribunal

Supremo Federal para evitar la situación de que

diferentes jueces puedan darle diferente interpretación

a dicha decisión.

Las enmiendas incorporadas al

estatuto tienen el propósito de aclarar el alcance de

la

determinación

jurisprudencial,

brindando

así

uniformidad en el procedimiento criminal.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Las enmiendas incorporadas a la Regla 23 tienen el

propósito de atemperar dicha disposición legal con la

reciente determinación del Tribunal Supremo Federal al

establecerse que las vistas preliminares serán de

naturaleza pública y disponerse las circunstancias

excepcionales cuando podrán ser privadas.

1995 (Parte

1) Leyes de Puerto Rico, págs. 976-978.

Cónsono con esos propósitos, la Regla 23 de Procedimiento

Criminal

fue

enmendada

y,

en

lo

pertinente,

dispone

siguiente:

La vista preliminar será pública a menos que el

magistrado determine, previa solicitud del imputado,

que

una

vista

pública

acarrea

una

probabilidad

sustancial de menoscabo a su derecho constitucional a

un juicio justo e imparcial, y que no hay disponibles

otras alternativas menos abarcadoras y razonables que

una vista privada para disipar tal probabilidad.

En

tales

casos,

la

decisión

del

magistrado

deberá

fundamentarse en forma precisa y detallada.

También se podrá limitar el acceso a la vista

preliminar cuando el magistrado determine, previa

solicitud a tales efectos, que tal limitación es

necesaria para proteger cualquier otro interés de

naturaleza

apremiante

y

que

no

existen

otras

alternativas menos abarcadoras y razonables.

La

decisión del magistrado deberá fundamentarse en forma

precisa y detallada.

lo

CC-2010-0395

11

Se dispone que el magistrado deberá limitar el acceso a

la vista preliminar, previa solicitud del fiscal, en

aquellos casos en que éste interese presentar el

testimonio de un agente encubierto o un confidente que

aún se encuentre en funciones o cuando esté declarando

la víctima de un caso de violación o actos impúdicos o

lascivos. 33 L.P.R.A. Ap. II, R.23.

Del citado texto puede colegirse diáfanamente que la vista

preliminar es de carácter público.

Empero, la actual Regla 23

de Procedimiento Criminal, supra, reconoce cuatro supuestos en

los

que

la

vista

puede

celebrarse

en

privado;

a

saber:

(1)

cuando se pretenden proteger los derechos constitucionales del

imputado a un juicio público, justo e imparcial; (2) cuando la

vista privada sea necesaria para proteger cualquier otro interés

de

naturaleza

apremiante;

(3)

cuando

el

Ministerio

Público

interese presentar el testimonio de un agente encubierto que aún

se encuentre en funciones o de un confidente; y (4) cuando esté

declarando

la

víctima

impúdicos o lascivos.

de

un

caso

de

violación

o

de

actos

Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 979.

B

En cuanto al primer supuesto enunciado (cuando se pretende

proteger

el

derecho

constitucional

del

imputado

a

un

juicio

público, justo e imparcial), en Press-Enterprise I v. Superior

Court,

supra,

el

Tribunal

Supremo

federal

resolvió

que

el

derecho a juicio público contenido en la Sexta Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos se extiende a los procedimientos

de

selección

atenta

contra

del

jurado

y

que

ello,

como

el

derecho

a

un

juicio

justo

cobija al acusado.

norma

e

general,

no

imparcial

que

CC-2010-0395

12

En el contexto fáctico el Sr. Albert Greenwood Brown, Jr.,

fue acusado de violar y asesinar a una niña adolecente.

Antes

de comenzar la desinsaculación del jurado (voir dire), PressEnterprise Co. compareció ante la corte de primera instancia del

Estado de California y solicitó acceso a ese procedimiento.

En

apoyo de su petitorio, adujo que el público tenía un derecho

absoluto de acceder al juicio del señor Greenwood Brown, Jr., y

que

éste

comenzaba

–propiamente-

con

el

voir

dire.

El

Ministerio Público, por su parte, arguyó que si el Tribunal le

concedía

el

acceso

jurados

potenciales

a

la

prensa,

adolecerían

las

del

contestaciones

candor

de

necesario

asegurarle al acusado su derecho a un juicio justo.

los

para

Press-

Enterprise I v. Superior Court, supra, pág. 503.

Examinados los argumentos de las partes, el foro primario

permitió que Press-Enterprise Co. asistiera a los procedimientos

preliminares de desinsaculación del jurado.

Sin embargo, señaló

que el procedimiento sería cerrado al público tan pronto las

partes comenzaran a interrogar a los jurados potenciales sobre

sus

cualificaciones

cualquier

otra

para

área

imponer

la

especial.

pena

El

de

muerte

y

sobre

procedimiento

de

desinsaculación en su totalidad duró seis semanas y tan sólo

tres días fueron abiertos al público.

Luego

de

constituido

el

jurado,

Íd.

Press-Enterprise

Co.

le

solicitó al tribunal de instancia que revelara en su totalidad

la transcripción del voir dire.

Ante tal solicitud, la defensa

de Greenwood Brown, Jr., y el Ministerio Público alegaron que

CC-2010-0395

13

ello atentaría contra del derecho a la privacidad del jurado.

De igual forma, el Ministerio Público añadió que los jurados

habían contestado las preguntas que se les hicieron bajo una

“promesa

implícita

de

confidencialidad”.

denegó la solicitud de Press-Enterprise Co.

El

foro

primario

Íd., págs. 503-504.

Una vez sentenciado, el señor Greenwood Brown, Jr., PressEnterprise Co.,

del

voir

solicitó nuevamente la transcripción completa

dire.

solicitud.

El

foro

primario,

nuevamente,

denegó

la

Íd., pág. 504.

El Tribunal Supremo federal señaló que las circunstancias

bajo las cuales la prensa y el público pueden ser excluidos de

un juicio criminal son limitadas, como también indicó que la

justificación del Estado denegando el acceso debe ser una de

alta importancia.

Así, cuando el Estado pretenda denegar el

acceso del público con el propósito de impedir la divulgación de

información

sensitiva,

debe

responde

un

apremiante

a

interés

demostrarse

y

que

que

la

exclusión

este

proceder

diseñado estrechamente en consecución de ese interés.

Enterprise

Co.,

I

v.

Superior

Court,

supra,

págs.

está

Press509-510,

citando a Globe Newspaper Co. v. Superior Court, supra.

Véase,

además, Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 983.

En armonía con lo anterior, el Máximo Foro federal razonó

que el tribunal de instancia erró al concluir que la celebración

pública de los procedimientos de desinsaculación atentaba contra

el

derecho

del

acusado

a

un

juicio

justo

e

imparcial

derecho de privacidad de los potenciales jurados.

y

el

Añadió que el

CC-2010-0395

foro

14

primario

no

consideró

otras

alternativas

al

cierre

prolongado disponibles para proteger los intereses esgrimidos,

por lo que no se justificaba el cierre.

Press-Enterprise Co., I

v. Superior Court, supra, págs. 510-511.

Posteriormente, en Waller v. Georgia, supra, el Tribunal

Supremo

federal

estableció

que

la

celebración

cerrada

e

injustificada de una vista de supresión de evidencia atentaba

contra el derecho del imputado a un juicio público.

El marco fáctico del citado precedente, en síntesis, es el

siguiente.

Para el año 1981, la Policía del Estado de Georgia

grabó

sinnúmero

un

de

conversaciones,

de

las

cuales

se

desprendió un gran esquema de lotería clandestina basado en el

tráfico y volumen de los valores negociados en el Mercado de

Valores

del

Estado

de

Nueva

York

(NYSE,

por

sus

siglas

en

inglés).

Como resultado

de estos hallazgos, treinta y seis

imputados

fueron

bajo

acusados

el

“Racketeer

Influenced

and

Corrupt Organizations Act.” (RICO, por sus siglas en inglés) del

Estado

de

Georgia,10

comerciales”

y

y

por

“divulgación

cometer

de

los

delitos

información

de

“apuestas

apuestas”.11

sobre

Waller v. Georgia, supra, pág. 41.

Iniciado

imputados

procesamiento

solicitaron

grabaciones.

obtenidas

el

Adujeron

mediando

del

que

causa

criminal

tribunal

las

que

órdenes

probable,

en

su

contra,

los

suprimiera

las

judiciales

estuvieron

10

Ga. Code Ann. §§ 16-14-1 a 16-14-15 (1982, Supp. 1983).

11

Ga. Code Ann. §§ 16-12-22 y 16-12-28 (1982).

no

fueron

basadas

en

CC-2010-0395

15

información general y que las grabaciones de las conversaciones

no fueron supervisadas.

Por

que

se

excluyera al público de la vista de supresión de evidencia.

En

apoyo

su

a

su

parte,

el

contención,

Estado

alegó

solicitó

que

bajo

del

Tribunal

las

leyes

de

Georgia

“cualquier publicación” de las comunicaciones grabadas que no

fuese necesaria y esencial conllevaría su inadmisibilidad como

evidencia.

Íd., págs. 41-42.

señaló

las

que

grabaciones

Además, el Ministerio Público

involucraban

a

varias

personas

acusadas, pero no enjuiciadas, y otras que no fueron acusadas.

Consecuentemente, razonó que la publicación de las grabaciones

contaminaría

la

evidencia

obtenida

y

utilizada en procedimientos posteriores.

ésta

no

podría

ser

Luego de escuchar a

las partes, el Tribunal ordenó el cierre de la vista.

Íd., pág.

42.

La celebración de la vista de supresión duró siete días y

tan solo dos horas y media fueron destinadas a escuchar las

grabaciones obtenidas.12

Íd.

Así, luego de celebrado el juicio,

los imputados fueron exonerados de los cargos bajo el “RICO Act”

del

Estado

de

Georgia

“apuestas

comerciales”

apuestas”.

Íd., pág. 43.

pero

y

convictos

“divulgación

bajo

de

los

cargos

información

de

sobre

12

El resto de la vista versó sobre el procedimiento seguido para obtener la

autorización para grabar las comunicaciones, las órdenes de allanamiento, y

la forma en que éstas fueron ejecutadas.

A raíz de lo anterior, y ante la admisión del Ministerio Público que una gran

cantidad de los documentos allanados eran de naturaleza personal y no estaban

relacionados a crimen alguno, el Tribunal ordenó la supresión de dichos

documentos.

CC-2010-0395

El

16

Tribunal

convicciones.

Supremo

del

Estado

de

Georgia

confirmó

las

En cuanto a la exclusión del público durante la

celebración de la vista de supresión de evidencia, dispuso que

el tribunal de instancia ponderó adecuadamente el derecho de los

imputados a un juicio público y el derecho a la intimidad de los

otros.

Íd.

Atendido

el

caso

por

el

Tribunal

Supremo

federal,

se

reconoció que el derecho a un juicio público contenido en la

Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos se extiende

a las vistas de supresión de evidencia.

Íd.

De este modo,

reiteró a Press Enterprise I v. Superior Court, supra, y señaló

que la norma general de apertura sólo podrá ser circunvalada

ante la existencia de un interés apremiante fundado en que el

cierre de la vista es esencial para la preservación de un valor

superior y en que ese remedio no es más amplio de lo debido.

Este interés debe ser articulado en conjunto con circunstancias

suficientemente específicas como para permitirle a un tribunal

de superior jerarquía revisar la adecuacidad de la orden de

clausura.

Íd.,

pág.

45,

citando

a

Press

Enterprise

I

v.

Superior Court, supra, pág. 510.

Al aplicar los criterios afirmados en Press Enterprise I v.

Superior Court, supra, el Tribunal Supremo federal razonó que la

clausura

total

de

la

vista

de

supresión

de

evidencia

fue

injustificada y pautó los factores que rigen el análisis de

controversias de esta naturaleza.

Estos son: (1) la parte que

solicita

debe

la

clausura

de

la

vista

presentar

un

interés

CC-2010-0395

apremiante

17

que,

de

no

ordenar

el

cierre

de

la

vista,

será

lesionado; (2) el cierre no debe ser más amplio de lo necesario

para proteger ese interés; (3) el tribunal de instancia debe

considerar

las

alternativas

disponibles

al

cierre;

y

(4)

el

tribunal debe hacer determinaciones adecuadas para sustentar su

determinación”.

Waller v. Georgia, supra, pág. 48.

A esos

efectos, el Tribunal expresó que “el único interés presentado

por

el

Ministerio

innecesaria‟

de

Público

las

lo

fue

el

grabaciones

que

la

impediría

procedimientos criminales posteriores”.

Íd.

„publicación

su

uso

en

Sin embargo, aun

cuando “bajo determinadas circunstancias este interés puede que

justifique

el

cierre

parcial

de

evidencia... en esta ocasión el

cuanto

a

quién

se

le

una

vista

Estado

quebrantaría

de

supresión

de

no fue específico en

su

privacidad,

cómo

se

infringiría este derecho y qué porciones de las grabaciones eran

las detrimentales”.

Íd.

Consecuentemente, el Tribunal Supremo federal razonó que

las determinaciones del tribunal de instancia fueron generales y

no justificaron el cierre total de la vista de supresión.

Íd.

Además,

al

advirtió

que

ese

foro

“no

consideró

alternativas

cierre total e inmediato de la vista; entre ellas: dirigir al

Ministerio

Público

para

que

proveyera

más

detalles

sobre

la

necesidad del cierre; ordenar el cierre de la vista sólo en

aquellos momentos en que se pudieran afectar los intereses que

se quieren proteger”.

Íd., págs. 48-49.

CC-2010-0395

Luego

18

de

Waller

v.

Georgia,

supra,

el

Tribunal

Supremo

Federal tuvo ante sí Press-Enterprise Co. II v. Superior Court,

supra.

Allí,

resolvió

específicamente

que

el

público

y

la

prensa gozan de un derecho de acceso a las vistas preliminares

bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y

que ello no atenta, como norma general, en contra del derecho

del imputado a un juicio justo e imparcial.

En aquella ocasión, el 23 de diciembre de 1981, el Estado

de California presentó una denuncia en contra del Sr. Robert

Díaz imputándole doce cargos de asesinato.

Alegadamente, el

señor Díaz, enfermero de profesión, asesinaba a sus víctimas

administrándole

grandes

cantidades

del

narcótico

lidocaína.

Press-Enterprise Co. II v. Superior Court, supra, pág. 3.

En la vista preliminar, el imputado le solicitó al tribunal

de instancia que ordenara el cierre de la vista y excluyera al

público

de

la

sala.

Ello,

debido

a

que

entendía

que

la

exclusión del público era necesaria para proteger su derecho a

un juicio justo e imparcial.

el cierre solicitado.

El tribunal de instancia concedió

Precisó que el caso había adquirido un

alto grado de notoriedad y que ello hacía necesario el cierre de

la vista.

La celebración de la vista preliminar duró cuarenta y

un días.13

Íd., págs. 3-4.

13

La mayoría de la prueba presentada fue científica, pero también se presentó

el testimonio de varios de los compañeros del imputado que trabajaron durante

los turnos en que las víctimas fueron asesinadas.

Además, el imputado no

desfiló prueba, pero sí contrainterrogó vigorosamente a los testigos

presentados.

CC-2010-0395

19

Luego que el tribunal de instancia determinara causa para

acusar

al

revelara

imputado,

la

preliminar.

Ministerio

Press-Enterprise

totalidad

de

las

Co.

transcripciones

Su solicitud fue denegada.

Público

presentó

solicitó

una

de

que

la

se

vista

Subsiguientemente, el

moción

en

la

solicitud similar a la de Press-Enterprise Co.14

que

hizo

una

El acusado se

opuso y señaló que la revelación de la transcripción generaría

una publicidad perjudicial.

Analizados

los

Íd., pág. 5.

planteamientos

de

las

partes,

el

foro

primario indicó que aun cuando el contenido de la transcripción

no era inflamatorio, existía una probabilidad razonable de que

su descubrimiento le causara perjuicio al acusado y lesionara su

derecho a un juicio justo e imparcial.

Por ello, denegó la

solicitud del Ministerio Público y de Press-Enterprise Co.

Considerada

la

controversia

por

el

Tribunal

Íd.

Supremo

del

Estado de California, este foro resolvió que la Primera Enmienda

de la Constitución de Estados Unidos no contempla un derecho de

acceso

a

las

vistas

preliminares.

Añadió

que

el

acceso

reconocido por el Tribunal Supremo federal en Press-Enterprise

Co.

I

v.

Superior

Court,

supra;

y

Globe

Newspaper

Co.

v.

Superior Court, supra, sólo se extendía a juicios criminales.

De igual forma, el Máximo Foro Judicial de California señaló que

las razones para el cierre invocadas en Press-Enterprise Co. I

v. Superior Court, supra; y en Globe Newspaper Co. v. Superior

14

Press-Enterprise Co. se unió a la solicitud del Ministerio Público.

CC-2010-0395

Court,

20

supra,

ocasión.

Público

no

eran

similares

a

las

presentadas

en

esa

Por ello, este foro concluyó que ni el Ministerio

ni

solicitud

Press-Enterprise

no

le

causaba

Co.

habían

perjuicio

al

demostrado

acusado,

que

su

conforme

lo

establecido en la sec. 868 del Código Penal de California.15

Press-Enterprise Co. II v. Superior Court, supra, pág. 5.

Insatisfecha, Press-Enterprise Co. presentó un recurso de

certiorari ante el Tribunal Supremo federal, quien expidió dicho

recurso y revocó el dictamen emitido por el Tribunal Supremo de

California.

Al así hacerlo, el Máximo Foro federal expresó que

el

a

derecho

un

juicio

público

del

acusado

bajo

la

Sexta

Enmienda no protege menos que el derecho de la prensa y del

público bajo la Primera Enmienda.16

Superior Court, supra, pág. 7.

Press-Enterprise Co. II v.

“Cuando un acusado se opone a

que la vista de supresión sea cerrada, ésta debe ser abierta a

menos que la parte que solicita el cierre presente un interés

apremiante, el cual lo más probable será lacerado” a no ser que

se excluya al público de la vista.

Cónsono

con

lo

anterior,

Íd.

el

Tribunal

Supremo

federal

resaltó que el derecho a juicio público del acusado no estaba en

pugna puesto que fue el propio acusado quien solicitó el cierre

15

16

Cal.Penal Code Ann. § 868 (West 1985).

Inicialmente, el Tribunal Supremo Federal razonó que la controversia ante

su consideración no era académica. Ello, pues aun cuando la transcripción de

la vista preliminar fue revelada al público con posterioridad a la renuncia

del acusado de su derecho a un juicio por jurado, lo cierto resultaba ser que

la controversia era capaz de repetirse y evadir revisión judicial. Íd., pág.

6, citando a Globe Newspaper Co. v. Superior Court, supra; Gannett Co. v.

DePasquale, 443 U.S. 368 (1979).

CC-2010-0395

de

la

21

vista

central

de

público

bajo

Primera

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Íd.

controversia

preliminar,

lo

era

el

sino

que

el

derecho

del

eje

la

la

Por ello,

luego de examinar el origen y naturaleza de la vista preliminar

bajo

el

sistema

procesal

penal

California,17

de

el

Tribunal

indicó que la prensa y el público gozan de un derecho de acceso

a

los

procedimientos

criminales.

Íd.,

pág.

13.

Así,

al

concluir el cierre de la vista preliminar por cuarenta y un días

no estuvo justificado, el Tribunal señaló lo siguiente:

Debido a que el derecho de acceso bajo la Primera

Enmienda se extiende a las vistas preliminares bajo la

sec. 958 del Código Penal de California, tales

procedimientos no pueden ser celebrados a puerta

cerrada

a

menos

que

se

hagan

determinaciones

específicas y se demuestre que el cierre es esencial

para preservar un interés superior y que tal proceder

está

diseñado

estrechamente

para

proteger

dicho

interés. Íd.

Por ello, si el interés alegado es el derecho del acusado a

un juicio justo e imparcial, la vista preliminar deberá ser

cerrada

sólo

demuestren,

si

en

se

esbozan

primer

determinaciones

lugar,

que

existe

específicas

una

que

probabilidad

sustancial que tal derecho será lacerado por la publicidad de la

vista, evitable mediante el cierre de la misma; y, en segundo

lugar,

las

adecuadamente

alternativas

el

existentes

referido

derecho.

al

cierre

no

protegen

(Traducción

nuestra.)

Press-Enterprise

Co.

II

v.

Superior

Court,

Press-Enterprise

Co.

I

v.

Superior

Court,

supra,

supra;

citando

Richmond

Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555, 581 (1980).

17

a

Véase, Press-Enterprise Co. II v. Superior Court, supra, págs. 8-13.

CC-2010-0395

22

C

En Puerto Rico no hemos escatimado a la hora de adoptar los

pronunciamientos del Tribunal Supremo federal reseñados.

Así,

en cuanto al tercer supuesto discutido (cuando el Ministerio

Público interese presentar el testimonio de un confidente o de

un agente encubierto que aún se encuentre en funciones), en

Pueblo v. Pepín Cortés, supra, resolvimos que ante una solicitud

del Ministerio Público para que se excluya al público de la

vista preliminar porque se presentará el testimonio de un agente

encubierto,

no

procede

que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

ordene -de forma automática- el cierre de la vista.

Más bien,

señalamos que el foro primario deberá celebrar una vista de

necesidad en la cual dilucide la procedencia del cierre y las

razones que el Ministerio Público presente para ello.

En esa ocasión, luego de encontrar causa probable para el

arresto

de

los

imputados,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

emitió una resolución mediante la cual dividió a los imputados

en varios grupos y señaló a cada grupo una fecha individual para

la celebración de la vista preliminar.

Llegado el día señalado

para

el

la

vista

de

los

grupos

I

y

II,

Ministerio

Público

solicitó que se excluyera al público de la sala para que el foro

primario determinara si era necesario o no el cierre de la misma

en

aras

de

proteger

la

identidad

y

seguridad

del

agente

encubierto cuyo testimonio iba a ser presentado como prueba.

La

defensa de los imputados se opuso a la solicitud del Ministerio

CC-2010-0395

23

Público y adujo que le asistía el derecho a una vista preliminar

pública.

Íd., pág. 973.

Luego de examinar los argumentos de las partes, el Tribunal

de Primera Instancia denegó la solicitud del Ministerio Público

por entender que fue tardía.

En reconsideración, reafirmó su

determinación y ordenó dar comienzo a la vista preliminar.

Así

las

por

cosas,

el

agente

encubierto

entró

a

sala

escoltado

varios agentes y con su rostro cubierto por una capucha negra.

A

preguntas

dispuesto

a

del

tribunal,

testificar

sin

el

agente

contestó

la

capucha.

que

Ante

no

ello,

estaba

el

foro

primario determinó que no existía causa probable para acusar a

los imputados de los grupos I y II dada una ausencia total de

prueba.

Íd., pág. 974.

Por su parte, en cuanto al grupo III, días antes de la

fecha señalada para la celebración de la vista preliminar, el

Ministerio Público presentó una moción en la que solicitó la

celebración

de

una

vista

de

necesidad

para

determinar

si

procedía la exclusión del público dado a que deseaba presentar

el

testimonio

del

agente

encubierto.

La

defensa

de

los

imputados se opuso y alegó que la naturaleza de la vista era

pública, que los imputados tenían un derecho a un juicio justo e

imparcial

que

el

procedimientos.18

Íd.

18

y

público

tenía

derecho

a

observar

los

La defensa de los imputados adujo, además, que la solicitud del Ministerio

Público fue tardía y que no les fue notificada. Pueblo v. Pepín Cortés, 173

D.P.R. 968, 974 (2008).

CC-2010-0395

24

El Tribunal de Primera Instancia accedió a lo solicitado

por el Ministerio Público.

Durante la vista de necesidad se

presentó el testimonio del Agente Félix Disdier González, quien

al momento de emitir su testimonio trabajaba en la División de

Drogas y Narcóticos de Caguas y fungía como la persona contacto

del

agente

encubierto.

Así,

el

agente

Disdier

González

testificó que el agente encubierto continuaba en funciones y

realizaba investigaciones y transacciones relacionadas con el

trasiego

ilegal

de

testimonio

del

agente

determinó

que

justificado.

el

sustancias

Disdier

cierre

de

la

controladas.

Escuchado

González,

foro

vista

el

preliminar

el

primario

no

estaba

Íd., pág. 975.

Inconforme, el Ministerio Público acudió ante el Tribunal

de Apelaciones en ambos casos.

apelativo

intermedio

dictámenes recurridos.

Llegado

el

caso

dictó

Luego de consolidarlos, el foro

una

sentencia

y

confirmó

los

Íd., págs. 975-976.

ante

nuestra

consideración,

y

luego

de

exponer un cuidadoso análisis de los derechos constitucionales

involucrados y su jurisprudencia interpretativa, señalamos que

“ante el reclamo del imputado de su derecho a un juicio justo,

toda solicitud de cierre de la vista preliminar deberá evaluarse

restrictivamente a favor de su apertura, según un escrutinio

estricto”.

Íd.,

expresamente

los

federal

Waller

en

pág.

factores

v.

986.

Al

así

hacerlo,

delineados

por

el

Georgia,

supra,

y

adoptamos

Tribunal

apuntalamos

Supremo

que

en

nuestro ordenamiento jurídico no hay cabida para “un decreto

CC-2010-0395

25

automático que ordene el cierre de la vista preliminar según la

Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, supra”.

Íd., págs. 986-

987.

Acorde con lo anterior, señalamos que, en los casos en que

el imputado invoque su derecho a un juicio público para oponerse

a una solicitud del Ministerio Público mediante la cual solicite

el

cierre

privado

de

el

la

vista

testimonio

preliminar

de

un

porque

agente

desea

presentar

en

que

se

encubierto

aún

encuentra en funciones, el tribunal deberá celebrar una vista de

necesidad

para

dilucidar

la

necesidad

de

la

solicitud.

Asimismo, especificamos que en esa vista el Ministerio Público

deberá demostrar que el agente encubierto aún se encuentra en

funciones

y

que

el

cierre

de

la

vista

preliminar

es

la

alternativa menos abarcadora para proteger su seguridad.

En cambio, cuando se trata de un agente encubierto que no

está en funciones, “el Ministerio Público deberá demostrar que

existe un interés apremiante que justificaría su solicitud, como

lo podría ser preservar la seguridad física o emocional del

agente y que la limitación del acceso del público no será más

amplia de lo necesario para proteger ese interés”.19

Íd., pág.

987.

Igualmente, para que la decisión del Tribunal de Primera

Instancia

19

constituya

un

dictamen

ecuánime

y

salvaguarde

Resolvimos, además, que la solicitud del Ministerio Público debe estar

fundamentada y, salvo justa causa, deberá notificársele al imputado dentro de

un tiempo razonable antes de la celebración de la vista preliminar.

Pueblo

v. Pepín Cortés, supra, pág. 988.

CC-2010-0395

26

adecuadamente

los

intereses

constitucionales

involucrados,

añadimos que en la vista de necesidad el foro primario podrá

tomar en consideración factores como los siguientes: (1) si el

agente encubierto continúa trabajando en investigaciones de esa

naturaleza;

(2)

investigaciones

si

continúa

trabajando

relacionadas

al

caso

en

los

casos

o

las

objeto

de

la

vista

de

necesidad; (3) si su identidad ha sido revelada; (4) las medidas

o

precauciones

que

ha

tomado

el

Estado

para

preservar

la

identidad y seguridad del agente; (5) si el agente ha recibido

amenazas; y (6) si el agente teme por su vida o seguridad física

o emocional, o la de su familia.20

Consecuentemente,

al

Íd., pág. 988.

aplicar

la

normativa

pautada,

concluimos que el Tribunal de Primera Instancia había excedido

sus límites de discreción y que el Tribunal de Apelaciones erró

al confirmar su dictamen.

dictada

por

devolución

el

del

foro

caso

Por ello, revocamos la sentencia

apelativo

para

que

intermedio

se

celebrara

y

ordenamos

una

vista

la

de

necesidad.

D

Como

podemos

apreciar,

cuando

el

Ministerio

Público

solicita del Tribunal que excluya al público de la sala debido a

que presentará como testigo a un agente encubierto, es necesario

que se celebre una vista en la cual se demuestre que el cierre

es imperativo para proteger la vida y seguridad del testigo.

20

El testimonio del agente encubierto no es necesario para demostrar estos

factores, aunque nada impide su comparecencia y testimonio en la vista de

necesidad. Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 988.

CC-2010-0395

27

Pueblo v. Pepín Cortés, supra.

embargo,

al

presente

no

El cierre no es automático.

habíamos

tenido

la

oportunidad

Sin

de

abundar sobre la carga probatoria que el Ministerio Público debe

satisfacer en esa vista y sobre el análisis que debe efectuar el

Tribunal de Primera Instancia para alcanzar la determinación más

adecuada a las circunstancias presentadas.

Por ello, y debido a

que nuestros pronunciamientos en Pueblo v. Pepín Cortés, supra,

se circunscribieron en resaltar lo imperioso de la vista de

necesidad,

examinaremos

deslindar

una

norma

la

casuística

coherente

que

federal

se

en

acople

aras

a

de

nuestro

ordenamiento procesal criminal.

En

Ayala

v.

Speckard,

131

F.3d

Tribunal

de

Apelaciones

federal

resolvió

que

el

de

tribunal

62

para

distrito

(2do

el

actuó

Cir.

1997),

Segundo

el

Circuito

correctamente

al

excluir el público de la sala mientras el agente testificaba

debido a que, entre otras cosas, éste continuaba en funciones

como agente encubierto en la misma región donde ocurrieron los

actos delictivos.

Ello, como medida efectiva para proteger la

vida

del

y

seguridad

agente

encubierto

sin

incurrir

en

una

que

se

violación al derecho del imputado a un juicio público.

En

aquella

ocasión,

durante

la

ejecución

de

lo

conoce como un operativo “adquisición y arresto” (buy and bust),

la Policía del Estado de Nueva York arrestó a los Sres. Steven

Ayala, Charles Okonowo y Howard Pearson por vender sustancias

narcóticas

ilegales.

Durante

el

juicio,

el

tribunal

de

instancia ordenó la exclusión del público de la sala únicamente

CC-2010-0395

mientras

28

los

agentes

encubiertos

testificaban.

Terminada

la

celebración del juicio, los señores Ayala, Okonowo y Pearson

fueron

declarados

convicciones.

culpables,

por

lo

que

apelaron

sus

Éstas fueron confirmadas.

El Tribunal de Apelaciones federal para el Segundo Circuito

mediante

recurso

de

habeas

corpus,

confirmó

las

convicciones

recurridas. En su dictamen, señaló que el tribunal sentenciador

actuó correctamente al ordenar, en tres ocasiones distintas, la

exclusión

del

público

de

la

sala

mientras

testificaban

los

agentes encubiertos que aún continuaban en funciones.

Ello, en

aras de proteger la vida y seguridad de los agentes.

Ayala v.

Speckard, supra, pág. 72.

En su análisis, examinó los factores reconocidos en Waller

v. Georgia, supra.

interés

aducido

efectividad

de

En cuanto al primero de ellos, señaló que el

por

las

el

Ministerio

operaciones

Público

encubiertas

y

–mantener

la

salvaguardar

la

vida y seguridad del agente- es uno extremadamente sustancial,

por

lo

que

el

tribunal

concluir

que

ese

hubiera

requerido

abierta.

Añadió que

de

instancia

interés

se

a

agentes

los

afectaría

que

actuó

correctamente

al

seriamente

si

se

testificaran

en

corte

creemos que el curso más sensible es que el juez de

instancia reconozca que la norma general es favorecer

la apertura de los juicios, y requerir evidencia

persuasiva que demuestre un riesgo serio de perjuicio

sobre un interés importante a la hora de ordenar el

cierre. Sin embargo, el juez debe tener en cuenta que

mientras más extenso sea el cierre solicitado, mayor

debe ser el riesgo y la gravedad del perjuicio que ese

le

CC-2010-0395

29

interés pudiera sufrir.

(Traducción nuestra.)

v. Speckard, supra, pág. 70.

Ayala

Asimismo, en cuanto al segundo factor consignado en Waller

v. Georgia, supra (el cierre solicitado no debe ser más amplio

de lo necesario para proteger el interés), el foro apelativo

federal

añadió

instancia

fue

que

el

cierre

únicamente

ordenado

mientras

los

por

el

agentes

tribunal

de

encubiertos

testificaban y que tal remedio limitado estuvo justificado y no

fue más amplio de lo necesario.

Íd., págs. 72-73.

Posteriormente, en Glaude v. Artuz21, se resolvió que el

tribunal de distrito actuó correctamente al rechazar el recurso

de habeas corpus presentado por el peticionario en el cual alegó

que su derecho a un juicio público fue violado por el cierre

parcial ordenado.

Ello, pues la prueba desfilada en la vista de

necesidad celebrada satisfizo los factores subrayados en Waller

v. Georgia, supra.

De los antecedentes fácticos se desprende, que un equipo de

agentes de la división de narcóticos persiguieron al Sr. Anthony

Glaude hasta un apartamento ubicado en el segundo piso de un

edifico de Brooklyn, N.Y.

narcóticos

(crack)

encontraron

al

Para el

y

Una vez allí, los agentes encontraron

parafernalia

peticionario

para

escondido

al

su

uso.

lado

de

También,

la

estufa.

juicio, el Ministerio Público solicitó que se excluyera

al público de la sala mientras el agente encubierto emitía su

21

1999 U.S. App. LEXIS 18147, *1,189 F. 3d 460 (2do Cir. 1999). Opinión no

publicada.

Nótese que su uso es permitido bajo la Regla 32.1 de la Corte

Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito.

CC-2010-0395

30

testimonio.

Ante esa solicitud, el tribunal sua sponte celebró

una

vista

necesario.22

de

necesidad

para

determinar

si

el

cierre

era

Glaude v. Artuz, supra.

Durante la vista de necesidad, la cual fue celebrada en

privado, el agente encubierto testificó que trabajaba para la

División de Narcóticos del Departamento de Policía de Nueva York

y

que,

en

indigente,

capacidad

comúnmente

de

agente

adquiría

encubierto

drogas

ilegales.

añadió, que temía por su vida y seguridad.

testimonio

ordenó

del

el

testificara.23

agente

cierre

encubierto,

del

juicio

el

disfrazado

ello,

Tras escuchar el

tribunal

únicamente

Por

de

de

instancia

mientras

éste

Íd.

22

Antes de celebrar la vista de necesidad, el Ministerio Público adujo que el

agente encubierto había realizado aproximadamente 260 compras de narcóticos,

que tenía casos pendientes en los tribunales de Brooklyn y Manhattan y que

posiblemente sería reasignado al equipo de operaciones tácticas de Brooklyn.

Glaude v. Artuz, 189 F.3d 460, 1 (2do Cir. 1999).

23

Al así ordenarlo, el tribunal de instancia señalo lo siguiente:

“Luego de interrogar al agente, y basándome en lo que me ha dicho,

básicamente que ha hecho más de 200 compras y que la gran mayoría

de esos casos criminales están pendientes, en adición al hecho de

que él aún se encuentra en funciones encubiertas, me veo obligado a

tomar conocimiento judicial de lo siguiente: (1) los procedimientos

criminales en los cuales están involucrados los asesinos del agente

Byrnes, quien fue asesinado a la orden de un capo para darle una

lección a la policía sobre el “me tumbas uno mío, yo te tumbo uno

tuyo”, aún están pendientes; y (2) las declaraciones hechas por

varias personas de la uniformada sobre los recientes asesinatos de

agentes de la policía.

Además, el tribunal toma conocimiento judicial de la muerte del

agente Hatcher (DEA), quien fue asesinado en Staten Island mientras

fungía como agente encubierto y cuyo asesino está siendo

perseguido; y todo esto, obviamente, tiene que estar en las mentes

de cada agente encubierto; y ello asusta; y es increíble cómo estos

hombres y mujeres tienen el valor de salir a la calle y hacer lo

que tienen que hacer día a día; y nuestra sociedad, incluyendo

nuestras cortes, ciertamente no deben poner la vida de estas

personas en más riesgo del que está, por lo que encuentro que

existen

suficientes

razones

convincentes

para

conceder

lo

solicitado; en específico, la protección de la vida de este agente

encubierto, la protección de la efectividad de su trabajo, y la

CC-2010-0395

31

Celebrado

el

juicio,

Glaude

fue

declarado

culpable

del

delito de posesión de sustancias controladas en primer grado por

el

uso

criminal

Consecuentemente,

de

parafernalia

fue

para

sentenciado

reclusión de dieciocho años.

a

el

uso

cumplir

de

narcóticos.

una

pena

de

Posteriormente, Glaude presentó un

recurso de habeas corpus ante el Tribunal de Distrito de Estados

Unidos para el Distrito Este de la ciudad de Nueva York. Este

foro judicial concluyó que sus alegaciones carecían de mérito.

Íd., pág. 3.

El

Tribunal

de

Apelaciones

federal

para

el

Segundo

Circuito, por su parte, confirmó el dictamen emitido por el

tribunal de distrito.

Al aplicar los factores de Waller v.

Georgia, supra, señaló, en cuanto al primer factor, que cuando

se pondera si ese factor se inclina a favor del cierre de la

vista, debe reconocerse, en primer lugar, que la norma general

favorece la apertura de los juicios.

De solicitarse su cierre,

debe presentarse evidencia que demuestre el riesgo sustancial de

perjuicio que algún interés importante ha de sufrir si no se

ordena la exclusión del público de la sala.

Por ello, “mientras

más extenso sea el cierre solicitado, mayor debe ser el riesgo y

la

gravedad

del

perjuicio

que

ese

interés

pudiera

sufrir”.

Glaude v. Artuz, supra, pág. 3, citando a Ayala v. Speckard,

supra, pág. 70.

protección de la efectividad del trabajo de todas las personas que

se desempeñan en esa posición. Por lo que el cierre de sala por

varios minutos mientras el agente testifica constituye un precio

pequeño a pagar por esa efectividad”.

(Traducción nuestra.)

Glaude v. Artuz, supra, pág. 2.

CC-2010-0395

32

En referencia al segundo elemento Waller v. Georgia, supra,

el foro apelativo federal advirtió que el interés del Ministerio

Público por proteger la vida y seguridad del agente encubierto

es suficientemente persuasivo (compelling) como para justificar

el

cierre

necesario.

solicitado,

pues

éste

no

era

más

amplio

de

lo

En ese contexto, el tribunal expresó que durante la

vista de necesidad el agente encubierto testificó que continuaba

en

funciones

y

que

temía

por

su

vida

y

seguridad.

En

consideración a lo anterior, confirmó el dictamen del tribunal

de distrito pues existía justificación para ordenar el cierre

limitado del juicio.

En

Bowden

v.

Glaude v. Artuz, supra, pág. 4.24

Keane,

237

F.3d

125

(2do

Cir.

2001),

el

Tribunal de Apelaciones federal para el Segundo Circuito alcanzó

la misma conclusión que en Glaude v. Artuz, supra.

En esa

ocasión, durante la ejecución de un operativo de “adquisición y

compra”, el Sr. Vernon Bowden fue arrestado en la calle número

126 de Manhattan por haber vendido tres “caplets” de “crack” a

un agente encubierto, el detective Billingy.

Bowden v. Keane,

supra, pág. 128.

24

Véanse, además: Nieblas v. Smith, 204 F.3d 29 (2do Cir. 1999) (se resolvió

que el tribunal de distrito actuó correctamente al denegar un recurso de

habeas corpus dado a que el cierre del juicio mientras el agente encubierto

testificaba, no violó el derecho del acusado a un juicio público.

Ello,

puesto que en la vista de necesidad celebrada, el agente declaró que

continuaba en funciones encubiertas en el área sur de Brooklyn y que por su

seguridad, su identidad no debía ser revelada); Brown v. Artuz, 283 F.3d 492

(2do Cir. 2002) (en donde se confirmó un dictamen del tribunal de distrito

denegando un recurso de habeas corpus luego de resolver que el cierre parcial

del juicio durante el testimonio de un agente encubierto no fue una

aplicación irrazonable de Waller v. Georgia, supra.

Ello pues, durante la

vista de necesidad el agente encubierto declaró que aún continuaba en

funciones en la misma región que el acusado fue arrestado y que temería por

su seguridad si emitía su testimonio en corte abierta).

CC-2010-0395

33

Iniciado el proceso judicial, el Estado solicitó el cierre

del juicio mientras el agente encubierto ofrecía su testimonio.

En atención a ello, el tribunal de instancia celebró una vista

de necesidad en la que testificó el detective Weathers, otro

agente

encubierto

asistió

en

el

compañero

operativo.

del

El

detective

referido

Billingy,

agente

acotó

quien

lo

que

él,

actualmente, participaba en operaciones criminales, que había

sido

amenazado

sospechaban

a

que

muerte

por

era

policía

él

los

y

narcotraficantes,

que

había

quienes

alrededor

de

veinticinco a treinta sospechosos que no habían sido arrestados.

Íd.

Escuchado

el

testimonio

de

Weathers,

el

foro

primario

concedió el cierre parcial solicitado por el Ministerio Público.

En particular, el juez de instancia puntualizó lo siguiente:

Entiendo que ahora el expediente de autos corrobora el

cierre de la sala....

Creo que [el expediente] habla

por sí sólo, sin dejar de mencionar la forma en que la

información se disemina a través de este sistema. Para

mí, es perfectamente concebible que si no se ordena el

cierre solicitado, se conocerá que un agente encubierto

testificará en corte abierta y él será identificado;

por lo que no es necesario que el público esté

presente. Bowden v. Keane, supra, pág. 128, citando a

Bowden v. Keane, 85 F.Supp.2d 246, 248-249 (S.D.N.Y.

2000).

Celebrado el juicio, que fue cerrado únicamente mientras el

agente

Weathers

culpable

por

testificaba,

la

venta

de

el

señor

Bowden

sustancias

fue

encontrado

controladas

y

fue

sentenciado a reclusión.

El

Tribunal

de

Apelaciones

federal

para

el

Segundo

Circuito, resolvió que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos

CC-2010-0395

para

el

34

Distrito

Sur

denegar el recurso de

de

Nueva

York

habeas corpus

actuó

correctamente

presentado por el señor

Bowden.

Bowden v. Keane, 237 F.3d 125, 128 (2001).

apelativo

federal

señaló,

como

norma

al

general,

que

El foro

la

Sexta

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos le garantiza a los

imputados de delito que sus juicios serán públicos y que este

derecho

aplica

Enmienda.

a

los

Estados

a

través

de

la

Decimocuarta

Bowden v. Keane, supra, págs. 128-129, citando a

Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145, 148 (1968).

Sin embargo,

añadió que este derecho no es absoluto y, en ciertas instancias,

un tribunal puede ordenar que se excluya al público de la sala

sin violar la Constitución de Estados Unidos.

Bowden v. Keane,

supra, pág. 129.

A esos efectos, el foro apelativo federal razonó que el

tribunal

de

instancia

actuó

correctamente

al

aplicar

la

normativa de Waller v. Georgia, supra, ordenar el cierre parcial

del juicio y excluir al público únicamente mientras el agente

encubierto testificaba.

Tal proceder estuvo justificado debido

a que el agente encubierto había testificado que aún continuaba

en funciones, éste fue amenazado a muerte y, más importante aún,

el remedio solicitado (cierre del juicio únicamente mientras el

agente declaraba) no era más amplio de lo debido.

Bowden v.

Keane, supra, pág. 130.

E

La

normativa

trazada

por

la

jurisprudencia

descrita

demuestra que las instancias en las cuales se solicite el cierre

CC-2010-0395

35

de un juicio criminal, o de algún procedimiento anterior a éste,

deben ser analizadas rigurosamente.

Así, debido a que cada

circunstancia que se presenta ante el tribunal es particular, el

análisis debe ser uno caso a caso.

Cónsono

con

lo

enunciado,

como

norma

general,

nuestro

ordenamiento jurídico favorece la apertura de los juicios.

debe

ser

así,

toda

vez

que

el

derecho

a

un

juicio

constituye, claramente, un derecho fundamental.

Ello

público

Const. EE.UU.,

Enmd. VI; Const. E.L.A., Art. II, Sec. 11; In re Oliver, supra;

LaFave, op cit.; Chiesa Aponte, op cit., Vol. II, pág. 185.

Empero, cuando se solicita excluir al público de sala, el juez

de instancia debe celebrar una vista de necesidad25 en la cual

tiene que

analizar lo siguiente: (1) si la parte que solicita

el

presenta

cierre

perjudicado

de

no

un

interés

concederse

el

apremiante,

el

cual

será

cierre;

si

el

cierre

(2)

solicitado no es más amplio de lo necesario para proteger ese

interés; (3) las alternativas razonables disponibles.

Además,

como

realizar

factor

adicional,

determinaciones

adecuadas

el

y

sostener el remedio concedido.

v. Pepín Cortés, supra.

tribunal

deberá

suficientemente

detalladas

para

Waller v. Georgia, supra; Pueblo

Véanse, además: Bowden v. Keane, supra;

Glaude v. Artuz, supra; Ayala v. Speckard, supra.

Ahora bien, en las instancias en que el Ministerio Fiscal

solicite

25

la

exclusión

del

público

de

la

sala

debido

a

que

Véanse: Pueblo v. Pepín Cortés, supra; People v. Hinton, 31 N.Y.2d 71

(1972) (caso medular del Estado de Nueva York de donde surge el pseudónimo de

las vistas de necesidad: Hinton Hearings).

CC-2010-0395

presentará

36

como

testigo

a

un

agente

encubierto,

el

juez

de

instancia deberá tener presente la normativa pautada en Pueblo

v. Pepín Cortés, supra, en la vista de necesidad que se celebre.

Esto es, si el Ministerio Público anuncia que presentará el

testimonio de un agente encubierto que aún sigue en funciones,

deberá

demostrar

funciones;

y

(1)

(2)

que

que

el

el

agente

cierre

es

aún

se

encuentra

la

alternativa

en

menos

abarcadora para proteger la vida y seguridad de dicho agente.

Íd.,

pág.

seguridad

987.

del

Nótese

agente

que

en

estas

constituyen,

instancias

propiamente,

la

ese

vida

y

interés

apremiante reconocido como primer factor en Waller v. Georgia,

supra.

Véanse: Bowden v. Keane, supra; Glaude v. Artuz, supra;

Ayala v. Speckard, supra.

En

cambio,

cuando

el

Ministerio

Público

anuncia

como

testigo a un agente encubierto que no se encuentra en funciones,

deberá

demostrar

(1)

que

existe

un

interés

apremiante

que

justifica su solicitud de cierre; y (2) que la limitación del

acceso

del

público

no

proteger dicho interés.

987.

la

será

más

amplia

de

lo

necesario

para

Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág.

Adviértase que bajo estas circunstancias, a diferencia de

anterior,

la

Fiscalía

deberá

presentar

prueba

sobre

la

existencia de un interés apremiante que justifique la concesión

del

cierre

solicitado

(primer

factor

esbozado

en

Waller

v.

Georgia, supra) puesto que el agente que testificará ya no se

encuentra en funciones y ello presupone que su vida y seguridad

no se encuentran en peligro.

Sin embargo, ello no es óbice para

CC-2010-0395

37

que se pueda desfilar prueba que demuestre lo contrario y que el

interés apremiante lo es el “preservar la seguridad física o

emocional del agente”.

Por

su

solicitado,

parte,

Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 987.

en

(segundo

cuanto

factor

a

la

esbozado

amplitud

en

Waller

del

remedio

v.

Georgia,

supra) nótese que en ambas instancias el Ministerio Público debe

demostrar que el cierre es la alternativa menos abarcadora –no

es más amplio de lo necesario- para proteger la vida y seguridad

del agente encubierto.

En ese sentido, el juez de instancia

debe tener presente que “mientras más extenso sea el cierre

solicitado,

mayor

debe

ser

el

riesgo

y

la

gravedad

perjuicio” que el interés a protegerse pueda sufrir.

Speckard, supra, pág. 70.

del

Ayala v.

Es decir, debe existir una proporción

racional entre el derecho del imputado a un juicio público y el

cierre solicitado, como también éste debe estar correlacionado

con el interés que se quiere proteger mediante la exclusión del

público

de

instancia

la

sala.

ponderar

Por

ello,

minuciosamente

está

en

estas

manos

del

variables

juez

para

de

así

alcanzar la solución que más se adecúe a las circunstancias

particulares del caso.26

26

Claro está, en las ocasiones en que la prensa o ciudadanía se opongan al

cierre solicitado por el Ministerio Público, el juez de instancia debe tener

presente que el público y la prensa gozan de un derecho fundamental de

“acceso a los juicios criminales”, el cual emana de la Primera Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos y de la Sec. 4 del Art. II de la Constitución

de Puerto Rico.

Press Enterprise Co. II, supra; Globe Newspaper Co. v.

Superior Court, supra; Press Enterprise I, supra.

Véase, además: Pueblo v.

Pepín Cortés, supra.

Así, el juez de instancia deberá ponderar entre el

“derecho de acceso” de la prensa y ciudadanía, y la prueba que presente el

Ministerio Público en apoyo de los factores esbozados en Waller v. Georgia,

supra.

Véanse: Press Enterprise Co. II, supra; Pueblo v. Pepín Cortés,

supra.

CC-2010-0395

38

Finalmente, en las dos instancias antes descritas el foro

primario

debe

disponibles

Waller

v.

adecuadas

al

tomar

cierre

Georgia,

y

en

consideración

solicitado

supra),

suficientes

y

(tercer

deberá

para

las

factor

realizar

sostener

alternativas

el

enunciado

en

determinaciones

cierre

solicitado

(cuarto factor esbozado en Waller v. Georgia, supra).

III

El peticionario aduce que el Tribunal de Apelaciones erró

al

dictar

Instancia

una

y

sentencia,

señalar

que

revocar

al

Tribunal

procedía

el

cierre

de

de

Primera

la

vista

preliminar durante el testimonio del agente encubierto.

Añade

que durante la vista de necesidad el Ministerio Público no probó

“ni tan solo uno de los criterios esbozados en Pueblo v. Pepín

Cortés, supra”.

En

la

No le asiste la razón.

resolución

emitida

por

Veamos.

el

Tribunal

de

Primera

Instancia, ese foro señaló que la prueba presentada en la vista

de necesidad sólo demostró que el agente 08NAI29 continuaba en

funciones.

probó

No obstante, razonó que el Ministerio Público no

ninguno

Cortés,

supra,

probatoria

de

de

y,

los

factores

sugeridos

consecuentemente,

demostrar

amplio de lo necesario.

que

el

en

Pueblo

incumplió

cierre

con

solicitado

v.

Pepín

su

carga

no

es

más

Por ello, el foro primario declaró, en

reconsideración, No Ha Lugar la solicitud de cierre presentada

por el Ministerio Público.

Este raciocinio constituye un error manifiesto.

lugar,

resulta

contradictorio

señalar,

por

un

En primer

lado,

que

el

CC-2010-0395

Ministerio

39

Público

demostró

que

el

agente

encubierto

aún

continúa en funciones y luego colegir, por otro lado, que no se

probó

ninguno

de

los

factores

esbozados

Tal

conclusión

omite

continúa

en

Cortés,

supra.

agente

encubierto

en

que

Pueblo

v.

“demostrar

funciones”,

Pepín

que

el

constituye,

propiamente, uno de los factores reconocidos en Pueblo v. Pepín

Cortés, supra.

En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia incidió

al concluir que el Estado incumplió con su carga probatoria al

no

demostrar

que

“limitar

el

acceso

al

público

en

la

vista

preliminar constituía la alternativa menos abarcadora” y que “la

protección

de

ese

interés

debía

ceder

constitucional como el que nos ocupa”.

desatinado.

ante

un

derecho

Tal proceder es uno

No toma en consideración que en las instancias en

que el Ministerio Público anuncia que presentará el testimonio

de un agente encubierto la carga probatoria exigida por Pueblo

v. Pepín Cortés, supra, sólo requiere que el Ministerio Público

demuestre: (a) que el agente encubierto aún se encuentra en

funciones; y (b) que el remedio solicitado es la alternativa

menos abarcadora para proteger la seguridad de dicho agente.

Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 988.

Así, aun cuando el

derecho del imputado a un juicio público es uno fundamental,

cuando

se

demuestra

que

el

agente

encubierto

continúa

en

funciones resulta evidente que su vida y seguridad, como la de

su

familia,

corren

peligro;

y

ello

constituye

apremiante que debe ponderarse adecuadamente.

un

interés

Véanse, Pueblo v.

CC-2010-0395

40

Garay López, 2011 T.S.P.R. 66, págs. 6-9; Glaude v. Artuz, ante,

nota 22.

Véase, además: Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R.

573, 582 (1961) (“Los jueces no debemos, después de todo, ser

tan

inocentes

como

para

creer

declaraciones

que

nadie

más

creería”).

Además, al declarar No Ha Lugar la solicitud de cierre, el

foro

primario

tampoco

tomó

en

consideración

que

el

cierre

solicitado en el caso de autos es uno parcial y no total.

Es

decir,

el

Ministerio

al

público

de

la

sala

Público

solicitó

que

se

únicamente

mientras

el

agente

emite su testimonio.

al

derecho

del

excluyera

encubierto

Tal remedio es racionalmente proporcional

imputado

a

un

juicio

público

y

está

correlacionado con el interés que el Ministerio Público pretende

proteger

(vida

y

seguridad

del

agente

encubierto

que

continúa en funciones) mediante el remedio que solicita.

aún

Ayala

v. Speckard, supra, pág. 70.

Adviértase, además, que en esta ocasión no se trata de un

cierre

total

de

la

vista

preliminar

o

de

la

público de la sala por un tiempo prolongado.

exclusión

del

Véanse: Press

Enterprise Co. I v. Superior Court, supra (en donde el cierre de

los

procedimientos

de

desinsaculación

del

jurado

duró

seis

semanas y tan solo tres días fue abierto al público); Waller v.

Georgia, supra, (en donde la celebración cerrada de una vista de

supresión de evidencia duró siete días y tan solo dos horas y

media

fueron

sustentó

destinadas

dicho

cierre);

a

la

Press

presentación

Enterprise

de

la

prueba

Co.

II

v.

que

Superior

CC-2010-0395

41

Court, supra, (en donde el cierre de la vista preliminar duró

cuarenta y un días).

Por el contrario, el remedio solicitado en

el caso de autos es uno temporero cuya duración incide en lo

mínimo sobre el derecho del imputado a un juicio público.

En

conclusión,

el

lo

necesario

para

cierre

solicitado

proteger

la

no

vida

es

y

más

amplio

seguridad

del

de

agente

encubierto que testificará en la vista preliminar.27

Asimismo, entendemos que el Tribunal de Primera Instancia

erró al sustentar su dictamen, en parte, en la revelación de la

identidad del agente encubierto por razón de haber incluido su

nombre y número de placa reales en la denuncia presentada.

Aun

cuando las medidas tomadas para proteger la identidad del agente

encubierto constituyen un factor a considerarse, tal proceder no

convierte en inoficiosa la solicitud de cierre del Ministerio

Público.28

Véase, U.S. v. Smith, 780 F.2d 1102, 1108 (1985) (en

donde se resolvió que la solicitud del Ministerio Público no se

desvirtualiza simplemente porque el acusado conozca el nombre e

identidad reales del confidente).

En cuanto al resto de los factores sugeridos en Pueblo v.

Pepín Cortés, supra, pág. 988 (si el agente encubierto ha sido

amenazado

y

investigaciones

si

continúa

relacionados

trabajando

al

caso

en

objeto

los

de

la

casos

o

vista

de

27

Somos conscientes que el remedio aquí concedido se limita al cierre de la

vista preliminar única y exclusivamente mientras el agente encubierto emite

su testimonio.

Así, una vez culmine dicho testimonio la vista preliminar

deberá abrirse nuevamente.

28

Distinto hubiera sido si el agente encubierto hubiese testificado en sala

abierta en alguno de los otros procedimientos criminales pendientes.

CC-2010-0395

42

necesidad), el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el

Ministerio

Público

no

desfiló

prueba

que

los

demostrara.

Empero, debemos tener presente que en su Escrito en Cumplimiento

de

Orden,

el

Estado

puntualizó

que

el

agente

encubierto

es

testigo esencial en varios procedimientos criminales adicionales

que están pendientes en el distrito judicial de Caguas29 y que

son

producto

de

sus

funciones

encubiertas.

Tal

y

como

adelantamos, tomamos conocimiento judicial de estos hechos bajo

la Regla 11(A)(2), (B) y (D) de las Reglas de Evidencia de

1979(equivalente a la Regla 201 de las Reglas de Evidencia de

2009).

Contrario a la opinión disidente, este Tribunal reafirma

que la vida y seguridad de un agente encubierto que continúa

trabajando en investigaciones de esa naturaleza, constituye un

interés apremiante del Estado.

Ante el justo balance de los

intereses en juego, ¿no es acaso el derecho a la vida el de

mayor

jerarquía

en

nuestro

Contestamos en la afirmativa.

ordenamiento

constitucional?

No podemos ser tan ingenuos en

pensar que la vida y la integridad física de un agente que se

adentra en el corazón mismo de la conspiración y penetra los más

oscuros

recintos

del

crimen

organizado

lo

anterior,

no

está

en

inminente

riesgo.

Cónsono

con

colegimos

que

el

Tribunal

de

Apelaciones actuó correctamente al dictar sentencia y revocar el

29

Véase, Escrito en Cumplimiento de Orden, pág. 9, nota 3.

CC-2010-0395

43

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

El foro

apelativo intermedio no abusó de su discreción al concluir que

las

circunstancias

meritorias

y

presentadas

justifican

que

en

se

el

caso

conceda

el

de

autos

cierre

son

parcial

solicitado por el Ministerio Público.

IV

Por

los

fundamentos

certiorari

presentado

sentencia

dictada

por

enunciados,

por

el

el

expedimos

peticionario

Tribunal

de

y

el

recurso

de

confirmamos

la

Apelaciones.

Por

consiguiente, ordenamos la devolución del expediente de autos al

foro de primera instancia para que continúen los procedimientos

de la vista preliminar conforme a lo aquí pautado.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Rolando Eliecer Díaz

Certiorari

CC-2010-0395

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.

Por los fundamentos enunciados, expedimos el

recurso de certiorari presentado por el peticionario y

confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal de

Apelaciones. Por consiguiente, ordenamos la devolución

del expediente de autos al foro de primera instancia

para que continúen los procedimientos conforme a lo

aquí pautado.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo.

La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión disidente

a la que se unen el Juez Presidente señor Hernández

Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2010-395

Rolando Eliecer Díaz

Peticionario

Opinión disiente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez a la que se une el Juez Presidente señor Hernández Denton

y la Jueza Asociada señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre 2011

La controversia ante este Tribunal requería que

evaluáramos si se justifica el cierre de la sala

durante

el

testimonio

de

un

agente

encubierto

durante la vista preliminar cuando lo único que se

demostró

fue

encubierto.

que

el

agente

continúa

labores

como

Por tratarse de un derecho de rango

constitucional, estimo que debe probarse que existe

un riesgo particular o real a la vida o seguridad

del agente encubierto y que el cierre de la sala es

la medida necesaria para salvaguardar ese interés.

Por entender que el camino que el Tribunal traza hoy

CC-2010-395

socava

el

2

derecho

fundamental

a

un

juicio

hechos

suscitaron

público,

disiento.

Repasemos

los

que

la

presente

controversia.

I.

El 14 de diciembre de 2009, el Tribunal de Primera

Instancia encontró causa probable para arresto contra el

señor Rolando Eliecer Díaz por infracciones a los artículos

5.01, 5.04, 5.07, 5.10 y 6.01 de la Ley de Armas.

L.P.R.A. secs. 458, 458c, 458f, 458i y 459.

fecha

de

la

vista

preliminar,

el

25

Pautada la

Ministerio

Público

presentó una Moción Solicitando Vista Preliminar en Privado

al

amparo

de

la

Regla

23(c)

Criminal.

En

específico,

acceso

al

público

durante

encubierto

08NAI29,

ya

que

de

las

solicitó

el

de

que

Procedimiento

se

limitara

testimonio

alegadamente

del

éste

el

agente

continuaba

trabajando como agente encubierto en la región judicial de

Caguas.

El

foro

primario

correspondiente.

El

celebró

la

Ministerio

vista

de

Público

necesidad

presentó

el

testimonio del agente Julio A. Báez Nieves, quien era el

agente contacto del agente encubierto al momento de éste

recopilar

la

prueba

para

procesar

a

Eliecer

Díaz.

Finalizado el testimonio del agente Báez Nieves, el foro

primario

declaró

con

lugar

la

solicitud

del

Ministerio

Público, por lo que ordenó que el testimonio del agente

encubierto

se

presente

vista preliminar.

en

privado

cuando

se

celebre

la

La defensa del Sr. Eliecer Díaz solicitó

CC-2010-395

3

reconsideración

del

dictamen

emitido.

El

foro

primario

emitió una resolución en la que acogió el planteamiento de

la defensa y declaró no ha lugar la petición del Ministerio

Público.

En su resolución, el foro primario señaló que, de la

prueba presentada en la vista, solamente se puede concluir

que el agente aún realiza labores como encubierto.

Hizo

constar que no se demostró que las investigaciones en las

que el agente trabaja actualmente se llevan a cabo en la

misma

región

donde

ocurrieron

los

hechos

imputados,

que

haya alguna relación entre el testimonio a ofrecer y las

investigaciones actuales, que haya recibido alguna amenaza

o que su vida se encuentre en peligro por la investigación

o que vaya a estarlo si presta testimonio.

Ministerio

Público

no

tomó

medidas

Añadió que el

particulares

para

proteger la identidad del agente y que se incluyó su número

de placa y su nombre real en las denuncias.

En fin, el

Tribunal de Primera Instancia concluyó que no se prestó

evidencia suficiente para justificar el cierre de la sala

durante el testimonio del agente encubierto en la vista

preliminar.

El foro primario también apuntó que estaba consciente

de que los detalles de las investigaciones que podría estar

realizando

actualmente

el

agente

08NAI29

no

podían

ser

revelados, pero opinó que el Ministerio Público sí podía de

forma

general-

poner

en

posición

al

tribunal

de

determinar que en el curso y protección de las mismas, la

seguridad

del

agente

corría

peligro

de

modo

que

fuera

CC-2010-395

4

necesaria la solicitud de cierre.

Igualmente, determinó

que, aunque no compartía el argumento de la defensa de que

incluir el nombre y número de placa verdadero del agente en

las

denuncias

identidad,

es

presentadas

prueba

de

revelaban

una

medida

necesariamente

de

seguridad

su

menos

tomada por el Estado para proteger la identidad del agente.

Inconforme

con

la

determinación

del

Tribunal

de

Primera Instancia, el Ministerio Público acudió al Tribunal

de Apelaciones, mediante auto de certiorari.

revocó la determinación del foro primario.

Dicho foro

Determinó que

en la vista de necesidad, el Ministerio Público probó que

el agente encubierto continuaba “en funciones”.

en

circunstancias

en

que

el

agente

se

Añadió que

encuentra

en

funciones, no es necesario demostrar que éste teme por su

vida o que su seguridad física o emocional está en peligro,

ya que ello es inherente a la función que ejerce.

Además,

indicó que el Ministerio Público sólo solicitó la exclusión

del público durante el testimonio del agente encubierto, lo

cual cumple con las directrices de este Tribunal, en cuanto

a

que

el

cierre

de

la

vista

no

sea

más

amplio

de

lo

necesario.

El foro a quo expresó que aunque el cierre

parcial

la

de

vista

preliminar

menoscaba

el

derecho

a

juicio público del acusado, ello no incide radicalmente en

otras

garantías

constitucionales

como

el

derecho

a

un

juicio justo e imparcial, la presunción de inocencia y el

debido proceso de ley.

De esta sentencia, Eliecer Díaz acudió ante este foro

mediante certiorari y moción de solicitud de paralización

CC-2010-395

5

de los procedimientos en auxilio de jurisdicción.

recurso,

el

peticionario

Apelaciones

erró

al

aduce

revocar

que

al

el

En su

Tribunal

Tribunal

de

de

Primera

Instancia, pues no se cumplió con los factores esbozados en

Pueblo v. Pepín Cortés, 173 D.P.R.

968 (2008), por lo que

se debió denegar la solicitud del Ministerio Público.

Examinado el recurso, paralizamos los procedimientos

en el foro primario el 4 de junio de 2010 y le ordenamos a

la Procuradora General a que mostrara causa por la cual no

debíamos expedirlo y revocar la sentencia del Tribunal de

Apelaciones.

La

Procuradora

General

compareció

en

cumplimiento de nuestra orden y alegó, por vez primera, que

el agente encubierto fue amenazado de muerte mientras se

procesaban otros sujetos cuyos casos fueron investigados

por el mismo agente.

II.

La Opinión del Tribunal correctamente reconoce que,

por

versar

este

caso

sobre

un

derecho

fundamental,

la

limitación a ese derecho debe evaluarse de forma rigurosa,

caso a caso.

hechos

del

Sin embargo, al aplicar esta norma a los

caso,

desvirtúa

lo

preceptuado

en

Pueblo

v.

Pepín Cortés, ante, respecto al análisis que el Tribunal de

Primera Instancia debe hacer al determinar si se concede el

cierre de sala durante el testimonio del agente encubierto.

Ello

es

así,

pues

sugiere

demostrar

que

hay

dirige

a

la

proporción

cierre

solicitado

un

y

que

interés

la

una

vez

se

cumple

con

apremiante

el

análisis

se

amplitud

del

racional

entre

gravedad

del

la

posible

perjuicio.

CC-2010-395

6

Ello, sin duda, tiene el efecto de flexibilizar el estándar

requerido por exigencia constitucional.

Ciertamente,

cuando

un

agente

ejerce

funciones

de

encubierto existen intereses apremiantes que el Estado debe

salvaguardar:

la

vida

y

la

seguridad

del

integridad de las investigaciones en curso.

agente

y

la

Sin embargo,

ello no es suficiente para restringir el derecho a juicio

público.

No basta con probar que el testigo aún funge como

agente encubierto.

Es necesario que los hechos del caso

demuestren que el testimonio en corte abierta por parte del

agente

encubierto

intereses.

pondría

en

riesgo

alguno

de

estos

Probar que el testigo aún funge como agente

encubierto no justifica per se que se limite el acceso del

público a la vista preliminar.

v. Pepín Cortés, ante.

Así lo resolvimos en Pueblo

En la medida que sugiere que es

razonable cerrar la sala cada vez que va a testificar un

agente encubierto, el análisis de la Opinión choca con lo

decidido en este precedente.

En Pueblo v. Pepín Cortés, ante, sostuvimos que toda

solicitud de cierre de la vista preliminar por parte del

Ministerio

Público

deberá

evaluarse

restrictivamente

a

favor de su apertura, utilizando para ello un escrutinio

estricto.

Así,

solicitada

es

apremiante

y

se

requiere

necesaria

que

esa

los

Estados

Unidos

en

para

medida

para proteger ese interés.

demostrar

que

salvaguardar

está

la

exclusión

un

interés

estrechamente

diseñada

Citando al Tribunal Supremo de

Waller

v.

Georgia,

467

U.S.

39

(1984), adoptamos los siguientes requisitos para evaluar

CC-2010-395

7

una solicitud de esta índole:

(1) la parte que interese el

cierre de la vista deberá exponer un interés apremiante;

(2) el cierre no será más amplio que lo necesario para

proteger

ese

interés;

(3)

el

tribunal

deberá

considerar

alternativas razonables al cierre; y (4) el tribunal deberá

realizar determinaciones adecuadas para sostener el cierre.

Pueblo v. Pepín Cortés, ante, págs. 986-87.

Resolvimos, además, que ante una solicitud de cierre

de la vista preliminar o del juicio durante el testimonio

de

un

agente

encubierto,

el

Tribunal

está

obligado

a

celebrar una vista de necesidad en la cual se tomarán en

consideración los siguientes factores para determinar si

ésta se concede o no:

en

investigaciones

de

(1) si el agente continúa trabajando

esa

naturaleza;

(2)

si

continúa

trabajando en casos o investigaciones relacionadas al caso

objeto de la vista de necesidad; (3) si su identidad ha

sido revelada; (4) las medidas o precauciones que ha tomado

el

Estado

para

preservar

la

identidad

o

seguridad

del

agente; (5) si el agente ha recibido amenazas; y (6) si el

agente teme por su vida o su seguridad física o emocional o

la de su familia.

Pueblo v. Pepín Cortés, ante, pág. 988.

Al exponer los factores antes enunciados, rechazamos

el lenguaje de la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal que

establecía una exclusión automática del público de la vista

preliminar

-a

pedido

del

Ministerio

Público-

cuando

se

interesara prestar testimonio de un agente encubierto que

aún se encontrara en funciones.

Véase,

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Regla 23(c) de

Indicamos que

CC-2010-395

“no

cabe

8

duda

de

que

la

posibilidad

de

un

decreto

automático que ordene el cierre de la vista preliminar al

amparo de la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, ante,

no encuentra apoyo en nuestro ordenamiento constitucional”.

Pueblo v. Pepín Cortés, ante, pág. 982.

Conforme a lo anterior, el Ministerio Público tiene la

carga de probar en la vista de necesidad correspondiente,

que existe un interés apremiante del Estado en celebrar la

vista preliminar en ausencia de público, y que dicha medida

es la menos abarcadora para proteger este interés.

Los

factores

de

antes

enunciados

no

constituyen

una

lista

cotejo taxativa que tenga que ser textualmente cumplida en

todos

los

casos,

sino

que

son

elementos

que

ayudan

al

juzgador a determinar si el Ministerio Público ha cumplido

con su obligación de demostrar la existencia de un riesgo a

un interés apremiante que valide la restricción al derecho

a juicio público del acusado e igualmente al derecho de

acceso a los procedimientos criminales de la ciudadanía y

de la prensa.

Véase, Pueblo v. Pepín Cortés, ante, pág.

988; Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555

(1980);

Press

Enterprise

Co.

v.

Superior

Court

of

California, 464 U.S. 501 (1984); Press Enterprise Co. v.

Superior Court, 478 U.S. 1, (1986); El Vocero de Puerto

Rico v. Puerto Rico, 508 U.S. 147 (1993).

Desde

Pueblo

v.

Pepín

Cortés,

queda

claro

que

la

solicitud de cierre de la sala por razón del testimonio de

un agente encubierto no puede concederse automáticamente.

Así

pues,

es

necesario

evaluar

las

particularidades

del

CC-2010-395

9

caso para poder determinar que, en efecto, la seguridad

personal

del

agente

o

las

investigaciones

en

curso

se

pondrían en riesgo si el testimonio se ofrece en corte

abierta.

Sin

ese

solicitada

con

justifica

la

público.

Por esta razón el test de Waller v. Georgia exige

el

eslabón

interés

limitación

que

relacione

se

desea

que

al

derecho

la

medida

proteger

fundamental

a

no

se

juicio

que se consideren otras alternativas al cierre de la sala.

Asimismo,

en

cuando

agente

el

Pueblo

v.

Pepín

encubierto

Cortés,

continúa

establecimos

en

funciones

que

como

encubierto se tiene que probar que el cierre solicitado es

la

medida

menos

abarcadora

para

proteger

mero

hecho

el

interés

en

continuar

en

cuestión.

Es

evidente

funciones

como

conceder el

que

agente

cierre.

el

encubierto

no

de

es

suficiente

para

En esos casos, la vista de necesidad

se dirige a probar ese factor conector entre el interés

apremiante

y

el

remedio

solicitado,

según

las

circunstancias particulares del caso. Con este propósito,

en Pueblo v. Pepín Cortés, ante, esbozamos los factores que

el tribunal debe evaluar para determinar si el testimonio

del agente en corte abierta pone en peligro un interés

apremiante del Estado.

Como es de notar, elementos como

una relación estrecha entre las investigaciones en curso y

la que desembocó en la denuncia del imputado o una cercanía

geográfica entre las investigaciones podrían demostrar una

necesidad

de

protección

que

no

existe

si

las

CC-2010-395

10

investigaciones

no

se

relacionan

o

se

distancian

geográficamente.

Pese a lo anterior, la Opinión interpreta a Pueblo v.

Pepín

Cortés

de

forma

tal

que

establece

que

cuando

el

agente se encuentra en funciones no es necesario presentar

prueba adicional que justifique el cierre.30

determina

que

Ello, pues

“aun cuando el derecho del imputado a un

juicio público es uno fundamental, cuando se demuestra que

el agente encubierto continúa en funciones resulta evidente

que su vida y seguridad, como la de su familia, corren

peligro; y ello constituye un interés apremiante que debe

adecuadamente”.31

ponderarse

Esta

regla

per

se

que

establece el Tribunal nos coloca al margen tanto de nuestra

Constitución, como de la de Estados Unidos.

El Vocero de

Puerto Rico v. Puerto Rico, 508 U.S. 147 (1993)

Como se ha señalado, si bien es cierto que existe un

interés

apremiante

encubierto

y

las

del

Estado

en

investigaciones

proteger

en

curso,

al

agente

todavía

el

Ministerio Público tendría que demostrar que el testimonio

en

corte

abierta

pondría

en

peligro

ese

interés.

El

Tribunal no aborda este asunto, por lo que determina que el

interés en proteger la vida de un agente encubierto es

suficiente para justificar el cierre.

Pasa directamente a

evaluar

racional

si

hay

una

proporcionalidad

entre

el

remedio solicitado –cerrar la sala durante el testimonio

del

30

31

agente-

y

el

interés

que

Opinión mayoritaria, pág. 38.

Opinión mayoritaria, pág. 41.

se

interesa

salvaguardar.

CC-2010-395

Así,

11

concluye

que

cerrar

la

sala

solamente

mientras

se

emite el testimonio del agente encubierto es un remedio

relacionado

al

racionalmente

interés

que

proporcional

se

al

desea

derecho

proteger

del

y

que

imputado

a

es

un

juicio público.

El elemento que se enfatiza es sobre la duración del

cierre, pues el Tribunal indica que el foro primario no

tomó en consideración que el cierre solicitado era parcial.

Valga aclarar que cuán amplio es el cierre de la sala no

incide sobre la justificación para tomar esta acción, sino

sobre el cuarto factor de Waller:

abarcador de lo necesario.

que el cierre no sea más

Previo a esta evaluación sobre

la amplitud del cierre se requería una determinación de

necesidad del cierre de la sala.

El Tribunal de Primera

Instancia no consideró este aspecto porque entendió que el

Ministerio Público no lo puso en posición para concluir que

el agente corría un peligro particular, por lo que no había

necesidad de cerrar la sala.

El

cierre

automática

cuando

encubierto.

primario

de la sala

se

no puede decretarse

ofrece

el

testimonio

Al realizar el análisis del

entendió

de

de forma

un

agente

caso, el foro

que no se le colocó en posición para

afirmar que había un peligro a la vida o seguridad del

agente.

No

es

suficiente

con

un

testimonio

en

que

se

asevera que el agente continúa fungiendo como encubierto

sin que se conozca si quiera en qué tipo de investigación o

en qué área se llevan a cabo estas investigaciones.

Por

tanto,

al

no

era

necesario

evaluar

otras

alternativas

CC-2010-395

12

cierre de la sala o si el cierre era lo menos abarcador

posible.

Incluso, si consideráramos que se probó que el interés

apremiante ameritaba protección en cuanto al testimonio, el

Ministerio Público no cumplió con demostrar que el cierre

era la alternativa menos abarcadora para protegerlo, pues

no ofreció alternativas al tribunal.

Aun así, la Opinión

concluye, mediante una retórica difusa e incongruente, que

si

lo

único

que

se

cierra

es

el

testimonio

del

agente

encubierto se cumple con el test de Waller.

Finalmente, el Tribunal expresa que el foro primario

no erró, pues no tuvo ante su consideración las alegaciones

de amenaza a la vida del agente que la Procuradora General

señala en su Escrito en Cumplimiento de Orden ante esta

Curia.

Estas expresiones son ciertamente alarmantes.

El

Tribunal confirma la actuación del Tribunal de Apelaciones

a base de unos hechos que se alegan por vez primera ante

este Foro.

Este proceder atenta contra principios básicos

de

sistema

nuestro

judicial.

Es

ante

el

Tribunal

de

Primera Instancia que se desfila la prueba que sustenta las

alegaciones de las partes, es ése el foro competente para

realizar determinaciones de hechos.

La tarea revisora de

los tribunales apelativos se limita a la decisión impugnada

y la evidencia relacionada que se haya presentado en el

foro inferior.

No nos confiere la autoridad para tomar por

ciertas las alegaciones que presentan las partes en sus

escritos,

cuando

la

parte

contraria

no

ha

tenido

oportunidad de refutar con otra prueba ni el foro primario

CC-2010-395

13

ha pasado juicio sobre ellas.

La deferencia que merecen

las

del

determinaciones

de

hechos

Tribunal

de

Primera

Instancia exige que nos circunscribamos a analizar si su

actuación se justificaba conforme a los hechos presentados

y probados ante ese foro.

Pueblo v. Falcón Negrón, 126

D.P.R. 75 (1990).

Acoger

ese

planteamiento

en

esta

etapa

implicaría

dejar inoperante la vista de necesidad que se llevó a cabo.

Por

imperativo

del

debido

proceso

de

ley,

la

parte

contraria tiene derecho a que se le brinde la oportunidad

en una vista de refutar con evidencia una alegación de esa

naturaleza.

debió

Por tanto, es la vista de necesidad donde se

presentar

cualquier

evidencia

pertinente

para

la

determinación de necesidad del cierre de la sala, de otro

modo se reduce esta exigencia del derecho a juicio público

en un procedimiento pro forma.

III.

En el presente caso, el Ministerio Público solicitó el

cierre de la vista preliminar mientras testifica el agente

encubierto

08NAI29.

conforme

nuestros

a

El

Tribunal

de

pronunciamientos

Primera

en

Pueblo

Instancia,

v.

Pepín

Cortés, ante, celebró una vista de necesidad para auscultar

la razonabilidad del pedido del Estado.

De acuerdo a la evidencia presentada en la vista de

necesidad, el Ministerio Público sólo pudo probar, mediante

el testimonio del agente Báez Nieves, que el agente 08NAI29

todavía se encontraba en funciones como agente encubierto.

Si bien es cierto que la solicitud contenía una alegación

CC-2010-395

14

de que el agente continuaba labores en Caguas, este hecho

no se probó.

No se presentó evidencia sobre el tipo de

investigaciones

en

que

estaba

trabajando

o

si

se

relacionaban con los cargos imputados al Sr. Eliecer Díaz.

Tampoco se consignó que éste haya recibido amenazas o que

temiera por su seguridad o la de su familia.

A base de dichas determinaciones de hecho, el foro

primario concluyó que el Ministerio Público no cumplió con

su carga de probar

la necesidad de proteger un

apremiante

el

mediante

cierre

de

la

vista

durante el testimonio del agente 08NAI29.

concluir.

Al

examinar

las

interés

preliminar

No erró al así

determinaciones

de

hecho

consignadas en la resolución del foro primario, somos del

criterio

que

insuficiente

cerrada

la

lo

en

la

para

establecer

la

vista

preliminar

durante

mencionado agente.

probado

vista

de

necesidad

necesidad

el

de

fue

mantener

testimonio

del

No se presentó prueba que relacione el

testimonio del agente con un riesgo al interés apremiante,

por lo que no se puede validar la restricción al derecho a

juicio público del acusado.

No obstante, como indicamos anteriormente, el Tribunal

de Apelaciones revocó al foro de instancia y este Tribunal

confirma su actuación.

Fundamentan su proceder en que el

Ministerio Público probó que el agente 08NAI29 todavía se

encontraba en funciones y que la solicitud de exclusión del

público era solamente durante el testimonio del agente, no

durante toda la vista preliminar.

Reiteramos que el hecho

de que un agente encubierto aún se mantenga “en funciones”,

CC-2010-395

de

suyo,

15

no

es

suficiente

para

validar

la

ausencia

de

público de una vista preliminar o juicio.

Resolver

de

esa

manera

significaría

que

ante

un

reclamo del Ministerio Público de que testificará un agente

encubierto que aún se encuentra en funciones, el tribunal

debe desalojar automáticamente al público de la vista.

Eso

fue,

como

precisamente,

lo

que

catalogamos

constitucionalmente impermisible en Pueblo v. Pepín Cortés,

pues

lo

impedía

tanto

el

derecho

a

juicio

público

del

acusado como el derecho de la ciudadanía y de la prensa en

presenciar los procedimientos criminales, al amparo de los

derechos de libertad de expresión y de prensa.

Pepín

Cortés,

ante.

Aunque

los

factores

Pueblo v.

incluidos

en

Pueblo v. Pepín Cortés no constituyen una lista de cotejo

taxativa,

ciertamente

simplemente

es

establecer

necesario

que

encuentra en funciones.

el

probar

agente

algo

más

que

encubierto

aún

se

Ello no ocurrió aquí.

No hay duda de que la labor de los agentes encubiertos

es un arma de investigación necesaria para esclarecer la

comisión

de

ciertos

delitos

que

se

distinguen

por

su

característica esencial de clandestinidad y dicha función

está

revestida

Carballosa

y

de

cierta

peligrosidad.

Balzac,

130

842,

D.P.R.

851

Pueblo

(1992).

v.

No

obstante, como establecimos en Pueblo v. Pepín Cortés, aun

cuando la protección de estos agentes puede constituir un

interés apremiante del Estado, es necesario demostrar en

una

vista

de

necesidad

que

en

el

caso

específico

se

justifica el cierre de la vista preliminar al público y que

CC-2010-395

16

esa es la medida menos abarcadora para lograr el interés

estatal.

No podemos olvidar que se trata de dejar de lado

derechos constitucionales de la más alta jerarquía, como lo

son

el

derecho

del

acusado

a

juicio

libertades de expresión y prensa.

público

y

las

Por lo tanto, en ningún

escenario el cierre es automático con sólo establecer que

el agente encubierto se encuentra “en funciones”, sino que

es necesario analizar los factores establecidos en Pueblo

v.

Pepín

Cortés,

y

todos

aquellos

que

puedan

ser

pertinentes al caso, con el propósito de determinar si la

medida

solicitada

es

necesaria

o

adelanta,

en

el

caso

que

procede

particular, el interés apremiante.

El

Tribunal

fundamenta

su

Opinión

en

conceder el pedido por ser razonable, por ser la solicitud

de

cierre

de

la

vista

preliminar

parcial,

durante el testimonio del agente 08NAI29.

únicamente

No tiene razón.

Como es de notar, dicha medida va dirigida a demostrar que

la limitación a los derechos constitucionales concernidos

no

es

más

abarcadora

interés estatal.

de

lo

necesario

para

proteger

el

Lo que ocurre es que en el presente caso

no se cumplió con el paso anterior, esto es, demostrar la

necesidad del cierre para proteger el interés apremiante

del Estado.

Como indicamos anteriormente, no es suficiente

demostrar que el agente encubierto está en funciones, sino

que hay que analizar los factores expuestos en Pueblo v.

Pepín Cortés para auscultar si se justifica el cierre de la

vista preliminar.

Al analizar los factores concernidos en

este caso, concluimos -al igual que el foro de instancia-

CC-2010-395

17

que no se cumplió con el estándar de escrutinio estricto.

Por lo tanto, la prueba presentada por el Estado no fue

suficiente para validar el cierre de la vista preliminar,

sea éste total o parcial.

En

incluyó

cuanto

al

en

denuncias

las

hecho

de

que

el

presentadas

Ministerio

Público

en

del

contra

Sr.

Eliecer Díaz el nombre y número de placa reales del agente

08NAI29, consideramos que esa acción, aunque denota cierto

descuido del Ministerio Público en proteger la identidad

del

agente

en

cuestión,

pedido del Estado.

no

convirtió

en

inoficioso

el

Es decir, ese hecho, por sí solo, no es

el causante de la denegatoria al pedido del Estado.

No

obstante, recalcamos, al igual que lo hicimos en Pueblo v.

Pepín Cortés, que las medidas tomadas por el Estado para

proteger

la

identidad

de

un

agente

encubierto,

o

la

ausencia de éstas, son un factor a considerar al momento de

determinar si procede el cierre de una vista preliminar o

juicio.

IV.

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia

concedió

una

vista

de

necesidad

ante

cierre parcial de la vista preliminar.

una

solicitud

de

Luego de ponderar

los factores esbozados en Pueblo v. Pepín Cortés, determinó

que no se justificaba el cierre, pues no se demostró la

necesidad de proteger un interés apremiante del Estado.

El

Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del foro

primario, actuación que hoy avala este Tribunal.

Al así

resolver, este Foro debilita la norma establecida en Pueblo

CC-2010-395

18

v. Pepín Cortés, ante, y autoriza una exclusión automática

del

público

cada

testimonio.

vez

que

un

agente

encubierto

presta

Esta Opinión, además de socavar un derecho

fundamental del imputado, atenta contra nociones básicas de

nuestro ordenamiento judicial, pues acoge como ciertas las

alegaciones de una de las partes sin respetar el principio

de

deferencia

a

las

determinaciones

de

hechos

del

foro

primario.

Disiento del curso de la Mayoría por considerar que en

este

caso

realizadas

procedía

la

-a

por

la

el

luz

de

las

Tribunal

solicitud

del

determinaciones

de

Primera

Ministerio

de

hecho

Instancia-

Público

de

parcialmente la vista preliminar al público.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

no

cerrar