LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Roselló Puig v. Rodríguez Cruz

2011 TSPR 148

Poder Judicial de Puerto Rico

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Roselló Puig v. Rodríguez Cruz

CC-2006-1031

Contratos- Contrato suscrito fuera de Puerto Rico entre cónyuges casados bajo el régimen de sociedad legal de gananciales

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Roselló Puig

Recurrido

Certiorari

v.

2011 TSPR 148

Ruth N. Rodríguez Cruz

183 DPR ___

Peticionaria

Número del Caso: CC

- 2006 - 1031

Fecha: 11 de octubre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón Panel VI

Jueza Ponente:

Hon. Migdalia Fraticelli Torres

Abogada de la Parte Peticionaria:

Luccianna M. Rechany Escudero

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Héctor M. Collazo Maldonado

Lcdo. Alfredo E. González Vega

Materia:

División Comunidad de Bienes

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se h

ace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Roselló Puig

Recurrido

v.

CC-2006-1031

Certiorari

Ruth N. Rodríguez Cruz

Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.

En esta ocasión nos corresponde determinar

si

surte

efectos

en

nuestra

jurisdicción

un

contrato suscrito en el estado de Florida por unos

cónyuges puertorriqueños sujetos al régimen de la

sociedad de bienes gananciales, mediante el cual

transfieren a uno solo de éstos la titularidad

exclusiva de un bien inmueble sito en ese estado.

Por los fundamentos que se discuten en la Opinión,

respondemos tal interrogante en la afirmativa.

I

La

Sr.

Sra.

Carlos

Ruth

N.

Rodríguez

Cruz

y

el

Roselló

Puig

contrajeron

nupcias

el

25 de junio de 1978 en San Juan, Puerto Rico. El

régimen económico bajo el cual constituyeron su

CC-2006-1031

2

matrimonio fue el de la sociedad de bienes gananciales.

Luego de concretado el vínculo matrimonial, los cónyuges

vivieron y adquirieron varios bienes inmuebles en la Isla.

Posteriormente

adquirieron

se

una

mudaron

al

propiedad

estado

inmueble

de

en

Florida

el

donde

condado

de

Seminole.

Ahora

bien,

mediante

una

escritura

intitulada

―Warranty Deed‖, otorgada por el matrimonio en el estado

de Florida el 29 de abril de 1997, y según lo permiten las

leyes de ese estado,1 el señor Roselló Puig le transfirió

su participación en el inmueble sito en el condado de

Seminole a la señora Rodríguez Cruz por la cantidad de

diez

dólares

―and

other

valuable

consideration‖.

El

propósito del contrato fue que, a tenor con las leyes del

estado de Florida, la propiedad dejara de ser ganancial y

se convirtiera en una privativa de la esposa.

El 7 de abril de 2003, el vínculo matrimonial se

declaró disuelto cuando el Tribunal de Primera Instancia,

Sala

Superior

de

Bayamón,

causal de separación.

1

decretó

el

divorcio

por

la

Sin embargo, no se procedió con la

La Sec. 708.09 del Florida Statutes establece:

§

708.09. Married

women's

rights;

husband, power of attorney, etc.

agreements

with

Every married woman may enter into agreements and

contracts with her husband, may become the partner of her

husband or others, may give a power of attorney to her

husband, and may execute powers conferred upon her by her

husband, including the power to execute and acknowledge

all instruments, including relinquishments of dower,

conveying, transferring, or encumbering property, or any

interest in it, owned by her, or by herself and her

husband as tenants by the entirety, or by her husband. All

powers of attorney heretofore executed by a wife to her

husband and vice versa, and the execution of all documents

executed thereunder, are hereby validated and confirmed.

CC-2006-1031

3

división de bienes gananciales de inmediato, sino que se

configuró una comunidad de bienes posganancial.

Estando

en comunidad, la señora Rodríguez Cruz vendió el inmueble

sito en el estado de Florida.

El 27 de octubre de 2003, el señor Roselló Puig

presentó una demanda mediante la cual solicitó la división

de la comunidad de bienes posganancial generada entre él y

su ex esposa.

Entre otras cosas, adujo que el producto de

la venta del inmueble localizado en el estado de Florida

era parte de la comunidad y no privativo de su excónyuge.

Alegó que si bien fue transferido a la señora Rodríguez

Cruz

durante

la

vigencia

del

matrimonio,

él

continuó

realizando los pagos del préstamo hipotecario del inmueble

hasta agosto de 2003, fecha en que la señora Rodríguez

Cruz lo vendió por la cantidad de $450,000.

Manifestó

que

en

vista

de

que

la

propiedad

fue

adquirida mientras estaban casados, ésta le pertenecía a

la sociedad de bienes gananciales aun cuando se encuentra

a nombre de uno de los consortes.

que

el

50%

del

dinero

A esos efectos, adujo

producto

de

esa

venta

le

correspondía a él, ya que el inmueble le pertenece a la

comunidad

que

es

objeto

de

la

división

o

que,

en

su

defecto, se le debía reconocer el crédito correspondiente.

La

señora

Rodríguez

Cruz

contestó

la

demanda

y

admitió que, vigente el matrimonio, compareció junto a su

ex marido como codeudora de la deuda hipotecaria asumida

por ambos para la obtención del inmueble.

Ahora bien,

CC-2006-1031

4

alegó

que

el

inmueble

debía

puesto

que

posteriormente

ser

considerado

lo

adquirió

ella

privativo

mediante

un

contrato otorgado al amparo de las leyes del estado de

Florida,

entre

jurisdicción

cónyuges.

A

donde

se

permite

esos

efectos,

la

contratación

aclaró

que

―[l]as

mensualidades de la hipoteca fueron satisfechas con bienes

de la Sociedad Legal de Gananciales desde que la misma fue

incurrida hasta aproximadamente el mes de agosto de 2003‖.2

Por ello, reclamó ser acreedora de un crédito por concepto

del dinero privativo que tuvo que utilizar al momento de

la venta del inmueble para satisfacer el resto de la deuda

hipotecaria.

El

señor

Roselló

Puig

replicó

lo

referente

al

crédito solicitado. Sin embargo, al refutar la procedencia

del crédito, se mostró conforme con el carácter privativo

de la propiedad. Esto es, al reconocer que en efecto la

titularidad

exclusiva

de

la

propiedad

de

Florida

sido cedida a su excónyuge, expresó:

La demandada a trav[é]s de esta cesión no

tan s[ó]lo acept[ó] toda participación de la

referida

propiedad,

sino

tambi[é]n

la

obligación

económica

futura

que

esto

conllevaba, por tanto[,] y como expresa en la

Contestación de la demanda, existen unos

créditos de la Sociedad Legal de Gananciales,

no obstante, no existen créditos a favor de la

demandada ya que simplemente ella cumplió con

su obligación econ[ó]mica para con su bien

privativo.3

2

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 80.

3

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 85.

había

CC-2006-1031

5

Así las alegaciones, el 7 de diciembre de 2004 el

Tribunal de Primera Instancia celebró una vista para la

discusión de varios asuntos, entre ellos, la controversia

surgida en cuanto a si el inmueble sito en el estado de

Florida

era

acordaron

un

bien

ganancial

presentar

escritos

o

privativo.

mediante

Las

los

partes

cuales

fundamentarían sus respectivas posiciones.

El 13 de diciembre de 2004, el señor Roselló Puig

acudió al foro primario en auxilio de su jurisdicción para

que le ordenara a su ex esposa que consignara los frutos

de

la

venta

del

inmueble

hasta

controversia definitivamente.

que

se

resolviera

la

Se fundamentó en que, como

consideraba que la propiedad formaba parte de la comunidad

de bienes que pretendía dividir, se afectaría su derecho a

la parte del producto de la venta que le correspondía,

pues la señora Rodríguez Cruz había aceptado que utilizaba

ese dinero para cubrir gastos personales.

La señora Rodríguez Cruz, por su parte, se reafirmó

en que la propiedad se tenía que considerar como un bien

privativo suyo, por lo que ―estaba en su pleno derecho de

disponer de ese bien según sus deseos sin crédito alguno a

la Sociedad Legal de Gananciales[] ni a la Comunidad de

Bienes

Posdivorcio[]‖.4

para

llevar

a

señor

Roselló

la

Puig

Además,

atención

en

su

del

aprovechó

tribunal

escrito

la

que

admitió

el

alegación

el

propio

carácter

privativo del bien, por lo que solicitó que esa expresión

4

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 102.

CC-2006-1031

se

6

considerara

naturaleza

como

una

privativa

―admisión

del

de

parte‖

sobre

la

En

fin,

la

inmueble.

señora Rodríguez Cruz le solicitó al tribunal primario que

dictara sentencia sumaria a su favor puesto que entendía

que

la

existencia

de

la

escritura

intitulada ―Warranty

Deed‖ hacía incontrovertible la naturaleza privativa del

inmueble.

El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud

y dictó una sentencia sumaria parcial.5

Concluyó que el

señor Roselló Puig le había transferido a su ex esposa la

titularidad exclusiva del inmueble mediante el ―Warranty

Deed‖.

Determinó que de acuerdo a las leyes del estado de

Florida, donde se permite la contratación entre cónyuges,

ese negocio jurídico fue válido. Explicó que las leyes de

esa jurisdicción eran las que aplicaban a la controversia

en vista de que los Arts. 10 y 11 del Código Civil de

Puerto

Rico

establecen

que

las

leyes

aplicables

a

los

bienes inmuebles y a los contratos que los afectan son las

del lugar en que está sita la propiedad inmueble.

de

lo

anterior,

privativo

de

la

dictaminó

señora

que

Rodríguez

el

bien

Cruz,

A base

inmueble

por

lo

que

era

no

procedía la consignación del producto de la venta de éste,

ya que quedaba excluido de los procedimientos de división

de la comunidad.

5

A pesar de que el foro primario la tituló ―Sentencia Sumaria

Parcial‖, en realidad era una resolución interlocutoria en la cual se

resolvió únicamente la controversia relativa al bien inmueble en

cuestión.

CC-2006-1031

7

Insatisfecho con ese dictamen, el señor Roselló Puig

acudió

mediante

recurso

de

certiorari

al

Tribunal

de

Apelaciones. Adujo que el foro primario había errado al

determinar

que

la

prohibición

de

contratación

entre

cónyuges —establecida en los Arts. 1286 y 1347 del Código

Civil de Puerto Rico— no aplica cuando el negocio jurídico

versa sobre la compraventa de un bien inmueble sito en el

estado de Florida.

al

estado

de

Expuso que esa decisión es contraria

derecho

vigente,

pues

éste

―reconoce

la

unicidad del patrimonio matrimonial, sin distinción entre

bienes muebles e inmuebles cuando se trata de conflictos

entre los cónyuges exclusivamente (sin afectar terceras

personas)‖.6

Además, alegó que realmente ―nunca fue la intención

de las partes hacer una donación o venta entre marido y

mujer‖,7

sino

que

suscribir

tal

contrato.8

otras

consideraciones

No

obstante,

lo

a

llevaron

pesar de

a

esa

alegación, lo que solicitó fue que se revocara al foro

primario para que se estableciese ―que las donaciones o

compraventa

recíprocas

entre

marido

y

mujer

est[á]n

proh[i]bidas a[u]n cuando el bien inmueble adquirido por

6

Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 48-49.

7

Íd., pág. 47.

8

El señor Roselló Puig manifestó que el contrato se suscribió a los

fines de proteger la propiedad por si en el futuro surgían acreedores

suyos, que éstos no pudieran hacerse con el bien en cobro de la deuda,

pues su esposa constaría legalmente como única titular del inmueble.

Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 90. Con relación a

la naturaleza de esta alegación, ese asunto no se encuentra ante

nuestra consideración en este recurso, por lo que corresponderá al

foro de instancia atenderlo en su día.

CC-2006-1031

8

dicha Sociedad Legal de Gananciales est[á] fuera de la

jurisdicción de Puerto Rico‖.9

El

Tribunal

de

Apelaciones

acogió

el

recurso

y

revocó el dictamen del foro primario.

Concluyó que ―[l]a

cesión

o

transferencia

realizó

Roselló

a

la

señora

simulada

Rodríguez

que

no

cambió

la

el

señor

naturaleza

ganancial del inmueble, porque en Puerto Rico, vigente el

matrimonio, los cónyuges no pueden alterar la naturaleza

del bien, aunque estuviera ubicado en otro país o estado,

la sociedad no puede donar ni vender el bien a uno de los

cónyuges, ni éstos disponer de su participación ganancial

para favorecer a uno solo de ellos‖.10

anterior,

el

foro

recurrido

se

Para concluir lo

fundamentó

en

que

aun

cuando la ley del estado de Florida permite la adquisición

de

un

bien

aplicación

ganancial

en

por

Puerto

uno

Rico

de

los

cónyuges,

implicaría

su

trastocar

sustancialmente nuestra norma de derecho civil que prohíbe

a los cónyuges realizar contratos y donaciones entre sí.

A base de lo anterior, el tribunal a quo determinó

que,

en

vista

de

lo

expresado

en

Toppel

v.

Toppel,

114 D.P.R. 775 (1983), no era aplicable a los hechos del

caso de autos el Art. 10 del Código Civil de Puerto Rico,11

9

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 56.

10

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Bayamón,

29 de septiembre de 2006, KLCE200500488, pág. 21.

11

Este precepto legal establece que ―[l]os bienes muebles están

sujetos a la ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles, a

las leyes del país en que están sitos‖.

Art. 10 del Código Civil,

31 L.P.R.A. sec. 10.

CC-2006-1031

9

sino que aplicaba el Art. 11 en su modalidad de efecto

atenuado.12

De esta forma, dispuso que el bien inmueble

sito

estado

en

el

de

Florida

era

uno

ganancial,

pues

―[a]unque el traspaso a la señora Rodríguez y la venta

subsiguiente

del

inmueble

a

un

tercero

fueran

válidas

según las leyes de Florida, el bien nunca salió idealmente

del

patrimonio

ganancial,

porque

no

podía

salir,

por

donación ni compraventa, para integrarse al patrimonio de

uno solo de los cónyuges‖. (Énfasis omitido.)13

Ahora bien, como aplicó esa disposición estatutaria

en

su

modalidad

de

efecto

atenuado,

el

foro

apelativo

intermedio reconoció, al amparo de las leyes del estado de

Florida y para propósitos de la titularidad actual, la

validez y la eficacia de la enajenación del bien inmueble

realizada

adquirente.

por

la

En

señora

Rodríguez

consecuencia,

tras

Cruz

al

establecer

tercero

que

el

dinero recibido de esa compraventa sustituyó al inmueble

en el patrimonio ganancial, ordenó al foro primario que lo

colacionara

como

activo

ganancial

a

adjudicarse

por

la

mitad entre ambos excónyuges.

12

En lo pertinente, esta disposición estatutaria establece que ―las

leyes prohibitivas concernientes a las personas, sus actos o sus

bienes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas

costumbres, no quedarán sin efecto por leyes o sentencias dictadas...

en países extranjeros‖. Art. 11 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 11.

13

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, supra, pág. 24.

El Juez

Asociado señor Martínez Torres, quien fuera el Presidente del Panel

que atendió este pleito en el Tribunal de Apelaciones, concurrió con

el resultado del caso, pero discrepó de esta conclusión a la que llegó

el mencionado foro.

Específicamente, el Juez Martínez Torres

fundamentó su opinión concurrente en un planteamiento similar al que

esbozamos en esta Opinión.

CC-2006-1031

En

10

desacuerdo

con

el

dictamen

del

Tribunal

de

Apelaciones, la señora Rodríguez Cruz acudió ante nuestra

consideración.

Esencialmente, adujo que había errado el

foro recurrido al determinar que la compraventa realizada

entre los excónyuges produjo efectos ante terceros pero

que, al margen de lo dispuesto en el mencionado Art. 10,

ello no tuvo el efecto de transferir el título del bien a

su patrimonio.

Manifestó que, en vista de que el bien

inmueble estaba sito en el estado de Florida, incidió ese

foro al obviar la figura de lex rei sitae codificada en

ese

artículo,

contraviniendo

así

las

doctrinas

de

conflicto de leyes, de entera fe y crédito, y de igual

protección de las leyes.

En cuanto a la doctrina de entera fe y crédito,

expresó

que

el

incorrectamente

Tribunal

al

no

de

reconocer

Apelaciones

la

dictaminó

efectividad

de

las

leyes del estado de Florida en relación con un negocio

jurídico efectuado según las leyes de ese estado sobre un

bien inmueble sito allí.

Sobre la igual protección de las

leyes, señaló que estaba en desacuerdo con que dicho foro

apelativo

aplicara

de

manera

diferente

las

leyes

del

estado de Florida y de Puerto Rico a la señora Rodríguez

Cruz

y

al

tercero

adquirente,

concediéndole

a

éste

de

enero

derechos que a ella le negó.

En

atención

a

estas

alegaciones,

el

26

de 2007 expedimos el auto solicitado. Ambas partes han

comparecido.

Procedemos a resolver.

CC-2006-1031

11

II

El

alcance

jurídico

del

matrimonio

es

uno

bidimensional: surte efectos personales y patrimoniales.

En el plano personal, el enlace de los consortes hace que

éstos se deban mutuamente la cohabitación, la fidelidad,

el socorro y la protección.14

Por otro lado, al contraer nupcias, los cónyuges

también configuran el régimen patrimonial que regirá su

matrimonio;

régimen

patrimoniales.

de

La

bienes,

de

deberes

constitución

de

ese

y

derechos

régimen

puede

realizarse mediante el previo otorgamiento de un contrato

de capitulaciones matrimoniales.15

ausencia

de

pacto

o

la

insuficiencia

capitulaciones

matrimoniales,

establece

el

que

régimen

No obstante, ante la

nuestro

económico

de

esas

Código

Civil

que

regirá

el

matrimonio será la sociedad legal de bienes gananciales.16

La

existencia

gananciales

implica

coadministradores

del

régimen

que

los

de

la

de

sociedad

cónyuges

son

totalidad

del

de

bienes

condueños

y

patrimonio

matrimonial, por lo que ostentan la titularidad conjunta

de

14

éste

sin

distinción

de

cuotas.17

Por

esta

razón,

Arts. 88 y 89 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 281 y 282.

15

Art. 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3551. Véase, además,

Domínguez Maldonado v. E.L.A., 137 D.P.R. 954, 964 (1995).

16

Art. 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3551.

17

Montalvo v. Rodríguez, 161 D.P.R. 411, 420 (2004).

CC-2006-1031

12

independientemente de que se adquieran para uno solo de

los consortes,18 ―[s]e reputan gananciales todos los bienes

del

matrimonio,

mientras

no

se

pruebe

privativamente al marido o a la mujer‖.19

que

pertenecen

De igual manera,

todas las deudas y obligaciones del matrimonio se reputan

gananciales a menos que se demuestre lo contrario.20

En

vista

de

lo

anterior,

tras

la

disolución

del

matrimonio, cuestión que provoca ipso facto la extinción

de

la

sociedad

exconsortes

―harán

legal

de

bienes

gananciales,

suyos

por

mitad…

las

ganancias

los

o

beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los

[ex] cónyuges durante el mismo matrimonio‖.21

―[e]l

divorcio

lleva

consigo

la

ruptura

Y es que

completa

del

vínculo matrimonial y la separación de propiedad y bienes

de todas clases entre los cónyuges‖.22

práctica,

la

necesariamente

No obstante, en la

liquidación

de

los

se

de

manera

produce

bienes

comunes

no

contemporánea

al

divorcio, sino que tras decretarse disuelta la sociedad

legal de bienes gananciales, surge una comunidad de bienes

ordinaria entre los excónyuges.23

_______________________________________________________________

18

Art. 1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3641.

19

Art. 1307 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3647.

20

Art. 1308 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3661; WRC Props., Inc.

v. Santana, 116 D.P.R. 127, 134-135 (1985).

21

Art. 1295 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3621.

22

Art. 105 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 381.

23

Montalvo v. Rodríguez, supra, págs. 421-422.

CC-2006-1031

13

El patrimonio que conforma esta comunidad de bienes,

conocida como comunidad posganancial, consta de los bienes

que fueron gananciales, cuya titularidad pertenece a ambos

excónyuges.

Así, pues, ésta se mantiene indivisa hasta

que se procede con la liquidación de la sociedad de bienes

gananciales.

Por ello, al momento de proceder con la

liquidación

de

dicha

sociedad,

inventario

actualizado

sobre

se

requiere

los

activos

realizar

y

un

pasivos

acumulados.24

El inventario actualizado es requerido puesto que,

cuando esta operación se pospone, el monto de los activos

y pasivos puede variar debido a los posibles cambios y

operaciones

común.

final

que

hayan

acaecido

en

relación

al

caudal

Por eso hemos establecido que ―en la adjudicación

de

la

participación

que

le

corresponde

a

cada

ex cónyuge, debe tomarse en consideración, de acuerdo con

la evidencia sometida, si uno de los ex cónyuges puede

interponer frente al otro un crédito por los cambios y las

operaciones que ocurrieron en el haber común‖. (Énfasis

omitido.)25

Por

ejemplo,

ese

es

el

caso

comunidad

posganancial,

uno

de

para

otros

con

fondos

sí

bienes

en

los

que,

vigente

la

excónyuges

adquiere

comunes.

Ante

esa

situación, habiéndose disuelto la sociedad de gananciales,

el bien le pertenece de manera privativa a ese comunero,

24

Art. 1316 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3691.

25

Montalvo v. Rodríguez, supra, págs. 422-423.

CC-2006-1031

14

ello ―sin perjuicio del ‗crédito a favor de la comunidad

postganancial

por

el

importe

comunes utilizados‘‖.26

actualizado

de

los

fondos

En este sentido, no surte efectos

la figura de subrogación real debido a la inexistencia de

la sociedad de gananciales.27

Ahora bien, ¿qué figura opera cuando unos cónyuges

sometidos

al

régimen

de

la

sociedad

legal

de

bienes

gananciales adquieren un bien inmueble en una jurisdicción

en

la

que

se

transcurrido

permite

algún

la

contratación

entre

optan

transferir

tiempo

por

éstos

y

la

titularidad de éste a uno solo de los consortes según lo

permiten las leyes de la jurisdicción en que el inmueble

está

sito?

estatutarias

Esta

situación

contenidas

contrapone

en

nuestro

disposiciones

Código

Civil.

que

nuestro

Delineemos, pues, la normativa aplicable.

III

De

entrada,

ordenamiento

téngase

jurídico

en

prohíbe

cuenta

la

contratación

entre

cónyuges sujetos al régimen de la sociedad legal de bienes

gananciales, con excepción de los convenios permitidos en

las

capitulaciones

matrimoniales

y

de

la

otorgación

de

contratos de mandato para delegar en uno de los cónyuges

la administración o disposición de bienes comunes.28

26

Íd., pág. 426.

27

Íd.

28

Arts. 91 y 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 284 y 3551.

CC-2006-1031

15

Asimismo,

tampoco

podrán

los

consortes

―venderse

bienes recíprocamente, sino cuando se hubiese pactado la

separación de bienes, o cuando hubiera separación judicial

de los mismos bienes‖.29

El origen de la normativa que

prohíbe la venta recíproca entre cónyuges se ha asociado

con el principio de la inmutabilidad del régimen económico

matrimonial,30 pues una vez éste ha sido seleccionado no

pueden los consortes alterar la composición de la masa

común mediante actos dispositivos entre ellos.

Por otro lado, y al margen de estas excepciones, el

Art.

1286

también

del

Código

prohíbe

el

que

Civil,

los

31

L.P.R.A.

cónyuges

se

sec.

3588,

donen

bienes

durante el matrimonio a no ser que se trate de regalos

módicos en ocasión de regocijo familiar.

Respecto a la

prohibición de donaciones mutuas entre los cónyuges, nos

explica el Prof. Raúl Serrano Geyls que ésta responde más

bien ―a la necesidad de evitar influencias, coacciones y

abusos que el cónyuge más fuerte podría ejercer sobre el

más débil‖.31

Ahora bien, es menester señalar que el Art. 1286 de

nuestro Código Civil tiene su origen en el Art. 1.334 del

Código

Civil

español.

En

ese

sentido

es

interesante

denotar que el 13 de mayo de 1981 se suprimieron las

29

Art. 1347 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3772.

30

Art. 1272 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3556.

31

R. Serrano Geyls, Derecho de familia de Puerto Rico y legislación

comparada, San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica Continua de la

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, Vol. I, pág. 317.

CC-2006-1031

16

limitaciones al poder de disposición de los cónyuges en el

Código Civil español.

los

comentaristas

De hecho, previo a esa eliminación,

españoles

ya

apuntaban

que

esas

prohibiciones a las donaciones mutuas entre los consortes

eran ―prohibiciones que no afecta[ban] el orden público

español,

por

lo

que

pod[ían]

ser

desconocidas

por

un

donante extranjero‖. (Énfasis suplido.)32

En el caso de autos, y como señalamos, la propiedad

en controversia fue transferida a la peticionaria por la

cantidad de diez dólares, precio que es uno nominal, pues

es evidente que el valor de cualquier inmueble en el

estado

de

Florida

excede

de

manera

considerable

tal

cantidad.

En ese sentido es igualmente evidente entonces

que

encontramos

nos

ante

una

donación

simulación relativa contractual.

disimulada

o

En Banco Popular v.

Registrador, 172 D.P.R. 448, 454 (2007), señalamos que la

donación

disimulada

o

simulación

relativa

contractual

ocurre:

cuando los contratantes llevan a cabo un

negocio jurídico aparente que encubre otro

real con causa lícita, fingido o disimulado.

En específico, hemos resuelto que hay una

donación

disimulada

en

un

contrato

de

compraventa cuando la causa de dicho contrato

no es onerosa, sino que responde a la mera

liberalidad de uno de los contratantes, el

donante.33

IV

32

A. Marín López, Comentarios a las Reformas del Código Civil, 1977,

Vol. I, pág. 539.

33

Véanse, además: Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1 (1989),

La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, 112 D.P.R. 9 (1982), Hernández

Usera v. Srio. De Hacienda, 86 D.P.R. 13 (1962).

CC-2006-1031

La

17

controversia

consideración

nos

que

tenemos

a

adentrarnos

obliga

ante

en

nuestra

materia

de

derecho internacional privado, ya que fue en el estado de

Florida -cuyas leyes permiten la contratación entre los

consortes- donde los excónyuges suscribieron el contrato

traslativo de titularidad de un inmueble ganancial sito

allí.

de

No obstante, es importante recordar que en materia

―derecho

internacional

privado

extranjeras

entre

sí

aquellas

legislación

propia

sobre

determinadas

se

consideran

jurisdicciones

materias,

con

cuyas

legislaciones pueden venir en conflicto unas con otras,

aunque

esas

extranjeras

jurisdicciones

a

los

fines

no

del

público‖. (Énfasis suplido.)34

sean

necesariamente

derecho

internacional

Precisamente, ese es el

caso de países organizados federalmente como por ejemplo

Estados Unidos de América, en el que las legislaciones de

los

diferentes

estados

conflictos de leyes.

solución

en

la

dan

margen

a

que

se

generen

Dichos conflictos suelen encontrar

aplicación

de

normas

o

principios

del

derecho internacional privado.

En cuanto a las relaciones jurídicas que se suscitan

entre cónyuges, y en el marco del derecho internacional

privado, nos comenta Miaja de la Muela lo siguiente:

Una de las cuestiones especiales de mayor

trascendencia, dentro de las relaciones entre

cónyuges, en Derecho internacional privado, es

la ley que rige la posibilidad jurídica de

contratos de donación, venta o sociedad entre

34

Armstrong v. Armstrong, 85 D.P.R. 404, 409 (1962).

CC-2006-1031

18

ellos, que unas legislaciones permiten y otras

prohíben. Luchan, en este caso particular,

como siempre, la ley nacional de los esposos y

el Derecho local, con su excepción de orden

público, que será o no aplicable según lo

riguroso de la prohibición en el respectivo

ordenamiento.35

V

En la actualidad, los problemas que se generan en

nuestra jurisdicción en materia de derecho internacional

privado son atendidos por los Arts. 9 (estatuto personal),

10 (estatuto real) y 11 (estatuto formal) del Código Civil

de Puerto Rico.

El estatuto personal (Art. 9) establece que ―[l]as

leyes relativas a los derechos y deberes de familia, o al

estado,

condición

y

capacidad

legal

[de]

las

personas,

obligan a los ciudadanos de Puerto Rico, aunque residan en

países extranjeros‖.36

Es de notar que este estatuto, tal

como lo indica su calificativo, surte efectos precisamente

sobre la persona, no sobre sus bienes.

modo

de

ejemplo,

determinante

el

ante

Art.

9

del

controversias

Por lo tanto, a

Código

Civil

es

con

el

relacionadas

contenido del matrimonio, del régimen matrimonial y del

contrato

sobre

bienes

con

ocasión

de

matrimonio

(capitulaciones matrimoniales).

Ahora bien, así como las cuestiones relativas a la

eficacia o la nulidad de los actos o contratos que afectan

directamente

a

las

personas

se

regulan

35

A. Miaja de la Muela, Derecho Internacional

Madrid, Ed. Atlas, 1982, Vol. 2, pág. 360.

36

Art. 9 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 9.

por

medio

Privado,

9na

del

ed.,

CC-2006-1031

19

estatuto personal (Art. 9), cuando nos enfrentamos a los

asuntos

relacionados

estatuto real.

con

los

bienes

emerge

el

llamado

A esos efectos, el Art. 10 del Código

Civil dispone que ―[l]os bienes muebles están sujetos a la

ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles, a

las leyes del país en que están sitos‖.37

Se desprende

que, a diferencia del estatuto personal, el estatuto real

establece claramente que todo lo referente a los bienes

inmuebles se rige por las leyes del lugar donde estén

ubicados,

―independientemente

del

domicilio

de

sus

dueños‖.38

Es sólo cuando de bienes muebles se trata que

corresponde aplicar la ley del domicilio del propietario.

En cuanto a este tema, es importante señalar que la

incorporación

del

actual

estatuto

real

como

parte

del

conjunto de normas que rige en esta jurisdicción provino

del

concepto

lex

Estados Unidos.

de

San

Juan,

rei

sitae

según

se

concebía

en

los

A esos efectos, en Bracons v. Registrador

24

D.P.R.

753,

757

(1917),

esta

Curia

catalogó tal proceder como la reforma más importante del

Título Preliminar del Código Civil, al citar con autoridad

a la Comisión Codificadora de 1902 en el sentido de que:

La reforma más importante hecha en el Título

Preliminar del Código ha sido la relativa a

restringir la doctrina de los estatutos

personal y real, tomando en cuenta y aplicando

el

principio

general

del

derecho

civil

americano de que los derechos respecto a los

bienes inmuebles han de regularse totalmente,

así en cuanto a la contratación como en cuanto

37

Art. 10 del Código Civil, supra.

38

Zarelli v. Registrador, 124 D.P.R. 543, 550 (1989).

CC-2006-1031

20

a los derechos hereditarios, por la ley del

país en que están sitos. (Énfasis suplido.)39

La razón de ser de la norma establecida en

estatuto

real,

según

ha

sido

aplicada

en

Unidos,

es

los

descrita

de

la

siguiente

manera

el

Estados

por

el

Prof. Raleigh C. Minor en su tratado sobre Conflicto de

las Leyes:

Cada Estado hace lo que está a su alcance

con el fin de que sus leyes que afectan la

entrega,

traspaso

y

gravamen

de

bienes

inmuebles situados dentro de sus límites sean

lo más terminantes y precisas posibles. Se

exigen formalidades especiales que no se

requieren en otras cuestiones. Y es sumamente

importante que las inscripciones legales de

dichas transacciones, las cuales constituyen

series de títulos a los bienes inmuebles, se

conserven

libres

de

toda

censura,

irregularidad o confusión con los requisitos

de otros Estados.

Por tanto, viene a ser especialmente

parte de la política de todo Estado el no

permitir que se verifique ninguna transacción

relativa al traspaso de cualquier derecho o

título a la propiedad inmueble que radica en

dicho Estado si con ello se infringe su propia

ley ya sea o no válida de acuerdo con la leyes

de Estados extranjeros. [...]

Ni pretenderán las cortes de otros

Estados

hacer

valer

sus

propias

leyes

relativas a los bienes inmuebles situados en

otras partes, no solamente por espíritu de

cortesía y su repugnancia a observar una

conducta hacia otros Estados que no permitirán

que estos últimos la observaran con ellos

mismos, sino también y tal vez principalmente

por la absoluta imposibilidad en que se

encuentran para dictar cualquier sentencia o

decreto que sea definitivo y eficaz para

traspasar cualquier derecho sobre el inmueble.

Por tanto, en vez de dictar sentencias que son

ociosas de conformidad con su misma ley, al

considerar el título de los bienes inmuebles

39

Bracons v. Registrador de San Juan, 24 D.P.R. 753, 757 (1917),

citando el Informe de la Comisión Codificadora del Código Civil de

1902, presentado a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el 31 de

diciembre de 1901.

CC-2006-1031

21

radicados en países extranjeros, las cortes

tratarán de fijar las reglas establecidas por

la lex situs de dichos bienes, y resolverán de

acuerdo con esa ley, pues a ella deben acudir

las partes en definitiva en todo caso.

Viene, pues, a ser un principio bien

establecido de derecho internacional privado,

sostenido por un fuerte núcleo de autoridades,

que todas las cuestiones relativas a traspasos

de títulos sobre bienes inmuebles donde quiera

que surjan se regirán por la lex situs, o sea,

por la ley del tribunal en que finalmente

deban

ser

resueltas

en

definitiva

esas

cuestiones. (Énfasis suplido.)40

Basándose en la explicación otorgada por la Comisión

Codificadora

que

preparó

el

proyecto

del

Código

Civil

de 1902, respecto a la razón por la cual se incorporó el

estatuto real en nuestro ordenamiento, y tras invocar la

opinión

Curia

de

tratadistas

―trazó

su

estudiosos

línea

de

de

conducta

la

con

materia,

toda

esta

claridad,

optando por aplicar a Puerto Rico íntegramente la teoría

americana, esto es, que la lex rei sitae es la norma que

debe

seguirse

al

determinar

la

capacidad

legal

de

las

a

los

partes en transacciones sobre bienes inmuebles‖.41

De

esta

forma,

toda

cuestión

relacionada

bienes inmuebles se rige por el estatuto real, esto es,

las leyes del lugar en que está sito son las que priman,

sin importar el domicilio de su propietario.

ilustrativo

de

ello

es

el

precedente

Un caso

establecido

en

40

Según citado en Colón et al. v. El Registrador, 22 D.P.R. 369,

373-374 (1915).

41

Bracons v. Registrador de San Juan, supra, pág. 757, interpretando

lo resuelto en Amadeo v. El Registrador, 3 D.P.R. 141 (1903), y en

Colón et al. v. El Registrador, supra, respecto a la capacidad de las

partes en transacciones sobre bienes inmuebles.

CC-2006-1031

22

Babilonia v. Registrador, 62 D.P.R. 688 (1943).

caso,

una

puertorriqueña

estableció

estado

de

Nueva

luego

estado

con

un

York

y

puertorriqueño

domiciliado allí.

En dicho

su

domicilio

en

el

contrajo

nupcias

en

ese

que

llevaba

varios

años

Al poco tiempo, ambos regresaron a la

Isla y posteriormente el marido abandonó a su esposa para

regresar nuevamente al estado de Nueva York.

matrimonio,

la

esposa

compró

tres

fincas

Vigente el

en

Aguadilla

mediante una escritura en la que hizo constar que era una

señora casada con domicilio en el mencionado municipio.

El

Registrador

de

la

Propiedad

inscribió

la

escritura con el defecto subsanable de no haber acreditado

que

el

dinero

invertido

en

esa

compra

era

privativo.

Luego de transcurrir varios años desde la inscripción, la

señora

solicitó

al

subsanara el defecto.

época en

que

se

Registrador

de

la

Propiedad

que

En particular, adujo que para la

casó ambos

tenían su domicilio en

el

estado de Nueva York, por lo que las leyes de dicho estado

eran las que regían los bienes inmuebles adquiridos con

posterioridad

a

su

matrimonio.

Por

lo

tanto,

según

argumentó la señora Babilonia, al no existir el régimen

económico de la sociedad legal de bienes gananciales en

Nueva York, entonces esos bienes inmuebles adquiridos por

ella en matrimonio eran propiedad privativa suya.

Ante esas alegaciones, esta Curia dispuso que aun

cuando el matrimonio no se contrajo sujeto al régimen de

la sociedad legal de bienes gananciales, pues esa regla de

CC-2006-1031

23

propiedad matrimonial no opera en el estado de Nueva York,

―en cuanto a bienes inmuebles adquiridos con posterioridad

al matrimonio, no cabe duda de que el estatuto real, y no

el personal, es el que rige‖. (Énfasis suplido).42

De este

modo, se concluyó que la celebración del matrimonio en el

estado de Nueva York más el domicilio temporal en ese

estado

―no

abandono

son suficientes

de

nuestra

propiedad‖.43

para

regla

justificar

local

sobre

tan

radical

derechos

de

Además, señalamos que ―en vista del hecho

de que el estatuto real es el que impera, no vemos qué

efecto pueda tener el domicilio sobre la cuestión aquí

envuelta, excepto a los fines … de probar que el dinero

con el cual compró los bienes inmuebles en cuestión fue

obtenido

por

ella

mientras

estaba

domiciliada

en

Nueva

York‖.44

Lo anterior se conforma íntegramente a la letra del

citado Art. 10, esto es, los bienes muebles se rigen por

las leyes del domicilio de su propietario, mientras que

los bienes inmuebles están sujetos a las normas del lugar

en

que

se

encuentran.

Además,

esa

doctrina

pautada

jurisprudencialmente es cónsona con lo establecido por el

Restatement

of

the

Law,

Second,

Conflicts

of

Laws,

American Law Institute, 1971, Vol. 2, Sec. 234, el cual

formula que el efecto que tendrá el matrimonio sobre los

42

Babilonia v. Registrador, 62 D.P.R. 688, 690 (1943). Esta norma fue

reiterada en Pueblo v. Denis Rivera, 98 D.P.R. 704, 714 (1970).

43

Babilonia v. Registrador, supra, pág. 692.

44

Íd., págs. 692-693.

CC-2006-1031

bienes

24

inmuebles

adquiridos

durante

la

vigencia

del

consorcio será determinado por el derecho que apliquen los

tribunales donde esté ubicada la propiedad, el cual -tal

como ha resuelto este Tribunal en reiteradas ocasionesusualmente será el suyo.

Ahora

bien,

a

pesar

de

que

la

letra

clara

del

estatuto real había sido aplicada de forma consistente, en

Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 775 (1983), esta Curia optó

por

variar

razonamos

la

que,

doctrina

establecida.

considerando

que

el

Al

Art.

así

hacerlo

de

nuestro

10

Código Civil encontraba su raíz y equivalente en el Código

Civil español, y debido a que para ese tiempo en España no

existía el divorcio, el estatuto real ―no se diseñó para

resolver los conflictos de leyes en la zona del régimen de

los bienes matrimoniales‖.45

Reexaminado ese razonamiento,

nos percatamos de que éste fue errado.46

Veamos.

Como reseñamos, desde Bracons v. Registrador de San

Juan,

supra,

citando

a

la

Comisión

Codificadora

del

Código Civil de 1902, la reforma legislativa relativa al

alcance

del

Art.

10

se

había

catalogado

como

importante del Título Preliminar del Código Civil.

al

incorporarse

el

principio

general

del

la

más

Esto,

derecho

estadounidense respecto a que los bienes inmuebles se

45

46

Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 775, 782 (1983).

Como veremos más adelante, igual razonamiento tuvo la Asamblea

Legislativa al enmendar el Art. 1277 del Código Civil, 31 L.P.R.A sec.

3561, y conservar la última oración de la mencionada disposición en lo

referente al estatuto real.

Véase la Ley Núm. 4 de 5 de marzo

de 1987.

CC-2006-1031

25

regulan totalmente por la ley del lugar en que estén

sitos.

Ante esa realidad y conforme a la clara intención

del legislador, lo que correspondía entonces en Toppel v.

Toppel, supra, era analizar el alcance que se le había

otorgado a la figura de lex rei sitae en el derecho

estadounidense.

De manera que, aunque el texto original del Art. 10

del Código Civil proviniera en un principio del Código

Civil

español,

en

Toppel

v.

Toppel,

supra,

debimos

interpretar dicho artículo a la luz de la nueva realidad

puertorriqueña que esbozara nuestra Asamblea Legislativa

en

el

1902.

En

ese

sentido,

por

ser

contrario

al

historial del Código Civil de Puerto Rico, consideramos

desacertado haber modificado la doctrina consistentemente

reiterada.47

Cónsono con lo anterior, en Zarelli v. Registrador,

124 D.P.R. 543 (1989), caso posterior a Toppel v. Toppel,

supra, este Tribunal obvió la referida modificación al

47

Al determinar en Toppel v. Toppel, supra, pág. 796, que el estatuto

real no se activaba ante controversias dentro del régimen de los

bienes matrimoniales, se dispuso que ello tenía la consecuencia de

afectar

el resultado o, a veces, el razonamiento tan sólo de

algunas

decisiones

nuestras.

Quedan

afectadas

especialmente las de Babilonia v. Registrador, 62 D.P.R.

688 (1943); Fenning v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 615

(1968); y Pueblo v. Denis Rivera, 98 D.P.R. 704 (1970). Se

les revoca en cuanto sean incompatibles con esta opinión.

Ahora bien, en vista de que mediante la Opinión de autos se afecta

el razonamiento de Toppel v. Toppel, supra, en lo relativo al alcance

del Art. 10 del Código Civil, supra, dejamos sin efecto la revocación

parcial de la jurisprudencia mencionada en Toppel v. Toppel, supra.

Ello es similar a lo realizado por nuestra Legislatura, la cual -como

se explica en la parte VI de esta Opinión- enmendó el Art. 1277 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3561, devolviéndole al Art. 10 su

vigencia dentro de la zona del régimen de bienes matrimoniales.

CC-2006-1031

aplicar

26

nuevamente

el

estatuto

real

para

resolver

una

cuestión relacionada a la enajenación de bienes inmuebles

gananciales, entiéndase, dentro de la zona del régimen de

bienes gananciales.

En específico, la controversia que se

presentó fue si un poder general otorgado en los Estados

Unidos

por

mandato

un

cónyuge

expreso

y

a

favor

requerido

de

en

otro

Puerto

constituye

el

Rico

la

enajenación de bienes inmuebles gananciales.

para

Al resolver

que, a tenor con el Art. 10 del Código Civil, supra, la

ley aplicable era la de Puerto Rico, expresamos que:

Aun cuando la señora Salemi no estuviese

domiciliada aquí y fuera solamente residente de

la

isla,

el

resultado

sería

el

mismo.

Tendríamos que aplicar las leyes locales porque

el inmueble está sito aquí.

El estatuto real

aplica a todos los inmuebles sitos en la isla,

independientemente del domicilio de sus dueños.

De manera que no existe controversia alguna de

que las leyes de Puerto Rico son las aplicables

al considerar la disposición del referido

inmueble.48

Desde esta perspectiva, como el Art. 10 del Código

Civil, supra, incorporó el principio general del derecho

estadounidense

regulan

respecto

totalmente

por

a

que

los

bienes

inmuebles

la

ley

del

lugar

en

que

se

estén

sitos, lo correcto entonces es identificar cómo ha sido su

desarrollo en aquella jurisdicción.

A manera de ejemplo,

la figura lex rei sitae ha sido aplicada de la siguiente

forma

en

los

Estados

Unidos

de

América,

ello

con

influencia del derecho civil en cuanto a los efectos del

matrimonio:

48

Zarelli v. Registrador, 124 D.P.R. 543, 550 (1989).

CC-2006-1031

27

Marriage is a very personal matter, and

its incidents are generally regulated by the

law of the matrimonial domicile. But the

Spanish and French laws touching community

property, and those of California and Texas and

other States derived from them, are held to be,

in the vocabulary of the civilians, statutes

real and not statutes personal: that is to say,

they apply to things within a country‘s

jurisdiction rather than to persons wherever

they may be or go. It should follow that

things, whether movable or immovable, actually

situated in a State and effectively within its

power, should be governed by the law of the

State. It is universally held that real or

immovable property is exclusively subject to

the law of the country or State in which it is

situated, and no interference with it by the

law of any other sovereignty is permitted. And

the question whether property is real or

personal is to be solved by the law of the

place where it is actually located. These rules

apply to questions of the marital rights of

spouses in property. (Énfasis suplido.)49

Como vemos, en el derecho estadounidense se le da

gran énfasis al hecho de que la propiedad inmueble se rige

única y exclusivamente por las leyes del estado en que

esté sito el inmueble.

Ello evita que surjan conflictos

entre estados hermanos en relación con la ley a aplicarse

respecto

a

las

propiedades

inmuebles

sitas

en

éstos.

Además, propicia un ambiente de mutua deferencia respecto

al

dominio

y

la

soberanía

de

éstos

sobre

el

bien

en

cuestión, a la vez que promulga la aplicación uniforme de

las leyes a todas las propiedades inmuebles dentro de un

mismo territorio. A su vez, introduce un alto grado de

previsibilidad, al mismo tiempo que refleja el control que

el estado puede ejercer sobre los bienes que se encuentran

49

Commissioner of Internal Revenue v. Skaggs, 122 F.2d 721, 723 (5to

Cir., 1941), cert. denegado en Skaggs v. Commissioner of Internal

Revenue, 315 U.S. 811 (1942).

CC-2006-1031

28

en su territorio.

Es claro que el estado en el que está

ubicado el inmueble posee un interés particular sobre éste

en vista de que precisamente esa propiedad es inamovible.

La

prevalece

confirmación

en

el

de

derecho

que

esta

visión

estadounidense

en

es

la

que

materia

de

conflicto de leyes la provee el Restatement of the Law:

Several factors serve to explain the

importance attributed by the rule to the

location of the land. The state where the land

is situated will have a natural interest in

transactions affecting it, particularly in view

of the fact that land by its nature is

immovable. Also, since in the situations

covered by the rule the land constitutes the

subject matter of the contract, it can often be

assumed that the parties, to the extend that

they thought about the matter at all, would

expect that the local law of state where the

land is situated would be applied to determine

many of the issues arising under the contract.

The rule furthers the choice-of-law values of

certainty, predictability and uniformity of

result and, since the state where the land is

situated will be readily ascertainable, of ease

in the determination of the applicable law.50

Incluso, como previamente hemos expuesto, ello es

aplicable

a

las

controversias

surgidas

respecto

a

los

derechos propietarios de los cónyuges dentro de la zona

del régimen económico matrimonial.

Así se protegen las

expectativas para las cuales los cónyuges contrataron a

tenor con las leyes que rigen la propiedad inmueble en

cuestión.

Todo esto es consistente con lo establecido de

manera reiterada por esta Curia, pues, como ha quedado

demostrado, al enfrentarse a controversias sobre bienes

50

Restatement of the Law, op cit., Vol. 1, Sec. 189.

CC-2006-1031

inmuebles

29

sitos

en

Puerto

Rico,

las

leyes

de

esta

jurisdicción han primado consistentemente.

VI

En cuanto a las cuestiones de cambio de domicilio

conyugal,

nuestra

Asamblea

Legislativa

dispuso

en

el

Art. 1277 del Código Civil, 31 L.P.R.A sec. 3561, la norma

aplicable al caso específico en que se contrae matrimonio

en

el

extranjero

puertorriqueño,

y

pero

sólo

los

uno

de

consortes

los

no

cónyuges

es

establecen

el

régimen económico que regirá su matrimonio con relación a

sus

bienes.

Ante

ese

escenario,

la

Legislatura

estableció que ―se entenderá que se casan bajo el régimen

de la ley del país en el cual los contratantes establezcan

su domicilio conyugal, tomando en cuenta otros factores

que en justicia deban considerarse, tales como conflicto

móvil o centro de intereses conyugales, todo sin perjuicio

de lo establecido en este título respecto a los bienes

inmuebles‖. (Énfasis suplido.)51

La

postulados

citada

disposición

establecidos

por

estatutaria

este

Tribunal

adopta

en

Toppel

los

v.

Toppel, supra, respecto a los asuntos generados a partir

de

la

situación

conocida

en

el

derecho

internacional

privado como conflicto móvil,52 pero en su última parte le

devuelve su plena eficacia al Art. 10 del Código Civil,

51

52

Art. 1277 del Código Civil, supra.

Este concepto constituye la norma de conflicto de leyes aplicable en

controversias surgidas en la zona de bienes gananciales ante cambios

en el domicilio conyugal o del centro de intereses del matrimonio.

CC-2006-1031

30

supra, en cuestiones relacionadas con la zona del régimen

económico matrimonial.

conflicto

móvil

o

establecida

en

dicha

Y es que la doctrina sobre el

centro

de

decisión

intereses

fue

conyugales

incorporada

por

el

legislador en 1987 al enmendar el Art. 1277 del Código

Civil, supra, pero ello ―sin perjuicio de lo establecido

[en el Art. 10] respecto a los bienes inmuebles‖.53 Con

esta

última

expresión,

la

Asamblea

Legislativa

rechazó

directamente la interpretación que del Art. 10 del Código

Civil, supra, se realizó en Toppel v. Toppel, supra, a los

efectos

de

que

el

estatuto

real

―no

se

diseñó

para

resolver los conflictos de leyes en la zona del régimen de

los bienes matrimoniales‖.54

Ello implica, además, que

para cuestiones como las de autos, el legislador rechazó

la

regla

de

unicidad

patrimonial

con

excepción

de

la

situación específica acaecida en Toppel v. Toppel, supra,

esto es, matrimonios contraídos en el extranjero en los

que ambos cónyuges sean extranjeros y se determine que el

centro de intereses del matrimonio es en Puerto Rico, y si

tanto los bienes muebles como los inmuebles están ubicados

aquí.

Respecto a este particular, resulta muy atinado el

análisis

que

realiza

el

ex

Juez

Asociado

Raúl

Serrano

Geyls en su tratado Derecho de familia de Puerto Rico y

legislación comparada:

53

Art. 1277 del Código Civil, supra.

54

Toppel v. Toppel, supra, pág. 782.

CC-2006-1031

31

La regla de la unicidad patrimonial,

rechazada en el art. 1277 del C.C. al quedar

expresamente vigente la aplicabilidad del art.

10 del mismo en cuanto a los bienes inmuebles,

podría

prevalecer

sólo

en

los

casos

de

matrimonios contraídos fuera de P.R. en los que

ambos cónyuges sean extranjeros y se determine

que el centro de intereses del matrimonio es

P.R., y si, como en el caso Toppel, tanto los

bienes muebles como los inmuebles están en

P.R., al momento del divorcio. Sería imposible

alcanzar con nuestra ley bienes extranjeros más

allá de nuestras fronteras, salvo que el país

concernido acepte la determinación de los

tribunales puertorriqueños.

Posiblemente

la

idea

más

innovadora

adoptada en el art. 1277 del C.C. fue la de la

mutabilidad limitada que permite, en casos donde

no

se

hayan

otorgado

capitulaciones

matrimoniales, un cambio de régimen económico

luego

de

celebrado

el

matrimonio

si

se

justificare el cambio a la luz de los criterios

de Toppel y lo establecido

en ese artículo.

Este concepto de la mutabilidad limitada fue

resultado de la doctrina de la voluntad presunta

reconocida en el Derecho Internacional Privado.

[...] Entendemos que este art. 1277, tanto antes

de ser enmendado como luego de la enmienda

vigente, no es de aplicación a matrimonios en

que son extranjeros ambos cónyuges, en cuyo

caso, como ya dijimos, habrá de regir lo

resuelto en Toppel aplicando la regla de la

unicidad patrimonial sólo en circunstancias

idénticas a las que se dieron allí. No obstante,

como el nuevo art. 1277 reafirma el principio

básico del art. 10 sobre bienes inmuebles,

podría interpretarse que ello se aplica a todas

las situaciones. (Énfasis suplido.) 55

Ciertamente, mediante el Art. 1277 del Código Civil,

supra, el legislador puertorriqueño alteró dos principios

comprendidos

dentro

de

la

zona

del

régimen

de

bienes

gananciales: la unicidad patrimonial y la inmutabilidad

del régimen económico matrimonial.

En cuanto al primero,

al reiterar la aplicación del Art. 10 del Código Civil,

55

R. Serrano Geyls, op. cit., págs. 510-511.

CC-2006-1031

32

supra, se provee para que los bienes inmuebles se rijan de

acuerdo a las leyes del país en que estén sitos, al margen

del régimen económico que rige la relación patrimonial de

los consortes.

De otro lado, la regla de inmutabilidad

del régimen económico dejó de ser absoluta.

Esto es, la

Asamblea Legislativa adentró en nuestro ordenamiento la

mutabilidad

limitada

en

casos

en

los

que

no

se

hayan

otorgado capitulaciones matrimoniales y sí se justifica su

aplicación a tenor con los criterios establecidos en el

Art. 1277 del Código Civil, supra, teniendo en cuenta los

factores identificados en Toppel v. Toppel, supra.

como

consecuencia

del

reconocimiento

por

Ello,

parte

del

legislador de la aplicación en Puerto Rico de la doctrina

de la voluntad presunta, la cual -en palabras de la propia

Legislatura- ―reconoce la autonomía de un nacional para

contratar

sobre

bienes

con

ocasión

del

matrimonio,

conservando la libertad durante el curso de su vida para

adquirir

nuevo

domicilio

forma

vida

y

de

sus

y

adoptar

prácticas

de

sus

costumbres,

negocios,

su

viniendo

eventualmente por elección a ser sujeto de un estatuto

personal distinto al que le dio su origen‖.56

VII

En Rojas, Randal & Co. v. El Registrador, 27 D.P.R.

21

(1919),

citando

a

Colón

et

al.

v.

El

Registrador,

22 D.P.R. 369 (1915), y a Bracons v. Registrador de San

Juan, supra, establecimos que, conforme al estatuto real,

56

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 4 del 5 de marzo de 1987.

CC-2006-1031

33

para decretar la validez de un contrato cuyo objeto sea un

bien inmueble basta con identificar que se hayan cumplido

los requisitos internos o esenciales -como la capacidad

legal de las partes- dispuestos para esos convenios por

las leyes del país en que esté sito el inmueble.

Es necesario, pues, distinguir entre lo que son los

requisitos

de

formales.

Las cuestiones de fondo son aquellas a las que

nos

referido

hemos

internos

o

inmuebles.

fondo

o

intrínsecos

antes

esenciales

de

respecto

los

y

los

a

requisitos

los

convenios

requisitos

sobre

bienes

Por otro lado, los requisitos formales de esos

contratos están regidos por el estatuto formal, consagrado

en

el

Art.

11

del

Código

Civil,

supra.

La

regla

establecida por el mencionado estatuto se le conoce como

locus regit actum (el lugar rige el acto) o lex loci actus

(la ley del

lugar de los

actos), la cual

dispone ―el

principio de que en el otorgamiento de un acto o contrato

en una jurisdicción extranjera las partes deben cumplir

con todas las formas y solemnidades exigidas por las leyes

de ese lugar‖.57

La existencia de esta norma se debe a que

es a ella que se recurre cuando surgen conflictos sobre

contratos formales o solemnes, esto es, si la solemnidad

requerida es la del foro extranjero o la del patrio.

Precisamente, en Armstrong v. Armstrong, 85 D.P.R.

404

(1962),

este

Tribunal

se

enfrentó

a

un

testamento

otorgado fuera de Puerto Rico acorde con las formas y

57

Vda. de Ruiz v. Registrador, 93 D.P.R. 914, 921 (1967).

CC-2006-1031

34

solemnidades

del

particularidad

derechos

de

sobre

jurisdicción.

requisitos

lugar

en

que

que

mediante

bienes

Como

formales

otorgó,

éste

inmuebles

vemos,

del

se

pero

se

con

la

transmitían

sitos

en

esta

la controversia

versó

sobre

documento

y

no

de

fondo

o

intrínsecos, pues no se planteó que lo dispuesto en el

testamento

contravenía

materia

Sucesiones.

de

nuestro

derecho

Habiendo

sido

sustantivo

de

en

exclusiva

competencia el estatuto formal, esta Curia determinó que

en Puerto Rico no es necesario que un testamento otorgado

en el extranjero cumpla con los requisitos formales que

exige nuestra ley aun cuando mediante ese testamento se

transmitan derechos sobre bienes inmuebles sitos aquí.

Ahora bien, el estatuto formal, cuyas disposiciones

son

de

naturaleza

potestativa

o

discrecional,

no

imperativas o mandatorias,58 contiene una disposición que,

aunque nada tiene que ver con las formas, crea una regla

excepcional.

En específico, el Art. 11 del Código Civil,

supra, establece lo siguiente:

Las formas y solemnidades de los contratos,

testamentos y demás instrumentos públicos, se

rigen por las leyes del país en que se otorguen.

[...]

No obstante lo dispuesto en esta sección y

en

la

anterior,

las

leyes

prohibitivas

concernientes a las personas, sus actos o sus

bienes, y las que tienen por objeto el orden

público y las buenas costumbres, no quedarán sin

efecto por leyes o sentencias dictadas, ni por

58

Vda. de Ruiz v. Registrador, supra, pág. 925.

CC-2006-1031

35

disposiciones o convenciones acordadas en países

extranjeros.59

Nótese que a pesar de que el estatuto formal sólo

aplica a actos jurídicos en los que la forma es lo que

importa, el legislador puertorriqueño optó por incluir en

éste una norma limitativa de las actuaciones que realizan

las personas en el extranjero.

VIII

El

caso

de

autos

presenta

una

situación

muy

particular en la que se enfrentan dos disposiciones del

Código Civil en materia de derecho internacional privado;

una

intentando

anular

sus

leyes.

sobreponerse

efectos

En

otras

ante

a

la

actos

palabras,

otra

al

prohibidos

tenemos

expresamente

por

aquí

nuestras

la

norma

limitativa del estatuto formal (Art. 11 del Código Civil,

supra) imponiéndose ante la sostenida figura de lex rei

sitae del estatuto real (Art. 10 del Código Civil, supra).

Ello a pesar del gran énfasis que esta última ha adquirido

en el derecho estadounidense -de donde proviene- a los

efectos

de

que

la

propiedad

inmueble

se

rige

única

y

exclusivamente por las leyes del estado donde está sita.

Ello es reflejo del control que el estado puede ejercer

sobre

los

bienes

inamovibles

que

se

encuentran

en

su

territorio.

Queda claro que la transacción realizada entre la

señora

59

Rodríguez

Cruz

y

Art. 11 del Código Civil, supra.

el

señor

Roselló

Puig,

al

CC-2006-1031

transferir

36

a

la

primera

la

titularidad

exclusiva

del

inmueble sito en el estado de Florida, a tenor con las

leyes de ese estado, fue una actuación que en nuestra

jurisdicción

no

Puerto

unos

Rico

podría

efectuarse.

cónyuges

sujetos

Recuérdese

que

en

al

de

la

régimen

sociedad legal de bienes gananciales no pueden contratar

entre sí ni realizarse donaciones más allá de aquellas

módicas

en

ocasión

de

regocijo

familiar.

Adquiere

relevancia, entonces, la regla prohibitiva del Art. 11 del

Código Civil, supra, la cual dicta que a pesar de lo que

una ley de un país extranjero disponga, en Puerto Rico

ello no tendrá efecto si aquí se prohíbe realizar tal

acto.

Lo anterior, ante situaciones como la presente,

tiene el efecto de limitar el alcance de la reforma más

importante hecha en el Título Preliminar del Código Civil

en

cuanto

a

―que

los

derechos

respecto

a

los

bienes

inmuebles han de regularse totalmente, así en cuanto a la

contratación como en cuanto a los derechos hereditarios,

por

la

ley

del

país

en

que

están

sitos‖.

(Énfasis

suplido.)60

Ahora bien, el caso de autos presenta otro asunto

muy particular.

de

que

el

Específicamente se trata de la realidad

negocio

jurídico

del

cual

el

inmueble

en

cuestión es objeto, se realizó, no en un país extranjero,

sino en y conforme a las leyes de un estado de los Estados

60

Bracons v. Registrador de San Juan, supra, pág. 757, citando el

Informe de la Comisión Codificadora del Código Civil de 1902,

presentado a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el 31 de diciembre

de 1901.

CC-2006-1031

37

Unidos de América, cuyo sistema federado integra a Puerto

Rico como un componente de éste.

Esta indudable realidad

nos obliga a plantearnos si obviar la actuación de la

peticionaria con el recurrido, realizada conforme a las

leyes

del

estado

de

Florida,

no

es

violatoria

de

la

cláusula de entera fe y crédito del Art. IV, Sec. 1 de la

Constitución

de

Estados

Unidos,

L.P.R.A.,

Tomo

1,

que

también rige en nuestra jurisdicción.

Téngase en cuenta

que

leyes

estamos

ante

un

conflicto

de

entre

dos

jurisdicciones de un mismo sistema federal.

Las leyes de un estado de los Estados Unidos de

América

no

son estatutos

jurídico.

América

ajenos

a

nuestro

ordenamiento

Todo lo contrario, en los Estados Unidos de

existen

salvaguardas

constitucionales

que

se

extienden a Puerto Rico, como lo son las cláusulas de

debido proceso

cuales

dan

oficiales

de ley,

certeza

dentro

de

de

y

de entera fe y

la

justicia

cada

uno

de

de

los

las

crédito,

las

actuaciones

estados.61

Esas

salvaguardas impiden que tratemos las leyes del estado de

Florida

como

unas

normas

extrañas.

Insistir

en

así

hacerlo implicaría aislarnos de una comunidad jurídica de

la que somos parte, abandonando de esa forma ―la cohesión

interna [que existe] entre las distintas jurisdicciones

que interrelacionan en los Estados Unidos‖.62

61

Restatement of the Law, op. cit., Vol. I, Sec. 10.

62

Pueblo v. Martínez Cruz, 167 D.P.R. 741, 759 (2006).

CC-2006-1031

38

De esta forma, en nuestro sistema federalista sería

un contrasentido afirmar que una ley de un estado, por ser

distinta

a

la

nuestra

(al

permitir

realizar

una

transacción respecto a un bien inmueble), es inaplicable

en Puerto Rico.

surge

del

supra),

Nótese que la prohibición en cuestión no

estatuto

sino

personal

que al ser

un

(Art.

9

asunto

del

Código

relativo

a

Civil,

un bien

inmueble entonces el estatuto real (Art. 10 del Código

Civil, supra) es el que aplica, obligándonos así y de

primera

intención

estado de Florida.

a

implementar

la

ley

concerniente

al

No obstante, lo cierto es que chocamos

con la regla excepcional del estatuto formal (Art. 11 del

Código Civil, supra) que impide en este caso la aplicación

del Art. 10 del Código Civil, supra, por ser la ley del

estado de Florida distinta a nuestra ley.

Ahora bien, siendo las leyes del estado de Florida

las que el Art. 11 del Código Civil, supra, nos obliga a

obviar, éste provoca que al aplicar tal norma excepcional

se entre en un claro conflicto con una disposición de la

más alta jerarquía: la cláusula constitucional de entera

fe

y

crédito.

Sabido

es

que

cuando

único

podemos

apartarnos del cumplimiento con la cláusula constitucional

federal de entera fe y crédito e ignorar lo que proveen

las leyes de otro estado es cuando respetar la Ley Suprema

federal implica darle entera fe y crédito a una ley que

tiene el efecto de contrariar el orden público local, esto

es, que esa ley estatal sea repugnante a los valores y a

CC-2006-1031

la

moral

39

establecida

en

o

nuestra

jurisdicción

o

social,

provoque

disturbios

económica

o

señalamos,

no estamos ante una sentencia o ley de un país

política.63

afecte

la

organización

Ello

en

vista

que

de

que,

como

ajeno al nuestro, sino que estamos ante un estatuto de un

estado

de

los

Estados

Unidos

de

América,

al

cual

le

debemos entera fe y crédito.

Como se expuso, la prohibición de contratación entre

cónyuges vigente en nuestro ordenamiento se ha asociado

con el principio de la inmutabilidad del régimen económico

matrimonial, a la vez que responde ―a la necesidad de

evitar influencias, coacciones y abusos que el cónyuge más

fuerte podría ejercer sobre el más débil‖.64

Ante estas

concepciones en las que se fundamenta la prohibición de

contratación

conyugal,

apartarnos

esta

de

nos

corresponde

limitación

para

identificar

darle

entera

fe

si

y

crédito a la ley del estado de Florida, obviando así la

norma excepcional del estatuto formal, pero reconociendo

todos los efectos de la figura lex rei sitae, conlleva

alterar nuestro orden público.

Como

ya

hemos

reconocido,

esta

inmutabilidad

ha

dejado de ser absoluta, pues -en reacción al dictamen de

Toppel v. Toppel, supra- la Asamblea Legislativa enmendó

el Art. 1277 del Código Civil, supra.

Al así proceder, el

legislador introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la

63

Véanse: Pacific Employers Insurance v. Industrial Accident Comm‘n,

306 U.S. 493 (1939); Bond et al. v. Hume, 234 U.S. 15 (1917).

64

Serrano Geyls, op. cit., pág. 317.

CC-2006-1031

40

mutabilidad limitada del régimen económico matrimonial en

casos

en

los

que

no

se

hayan

otorgado

capitulaciones

matrimoniales y se justificase su aplicación al tomar en

cuenta ―factores que en justicia deban considerarse, tales

como

conflicto

todo

sin

móvil

perjuicio

o

de

centro de

lo

intereses

establecido

en

conyugales,

[el

Art.

10]

respecto a los bienes inmuebles‖.65

Como es de notar, el propio legislador ha adentrado

en

nuestro

limitada

ordenamiento

del

régimen

la

noción

económico

de

la

mutabilidad

matrimonial.

De

esta

forma, resulta forzoso concluir que la inmutabilidad de

este

Rico.

régimen

no

es

una

norma

inquebrantable

en

Puerto

En este sentido, su concepción tampoco puede ser

catalogada como una cuestión arraigada y promulgadora del

orden

público

local,

circunstancias

desatendida.

en

ya

que

aquí

se

las

que

tal

han

preceptuado

inmutabilidad

es

En específico, el legislador, al aprobar la

versión vigente del Art. 1277 del Código Civil, supra, ha

determinado

que

la

norma

que

establece

que

los

bienes

inmuebles se rigen por la ley del lugar en que están sitos

funge como una excepción a la inmutabilidad del régimen

económico

matrimonial.

albergamos

duda

incorpora

esa

65

alguna

A

base

respecto

inmutabilidad

–el

a

de

lo

anterior,

no

que

el

precepto

que

1272

del

Art.

Código

Art. 1277 del Código Civil, supra.

Mediante esta disposición

estatutaria, la Legislatura también alteró el concepto de unicidad

patrimonial, pues al reiterar la aplicación del estatuto real para

resolver cuestiones dentro de la zona del régimen económico

matrimonial, le otorgó primacía a la norma de que los bienes inmuebles

se rigen de acuerdo a las leyes del lugar en que estén sitos, al

margen del régimen patrimonial establecido por los consortes.

CC-2006-1031

Civil-

41

tampoco

alcanza

el

rango

necesario

como

para

sobreponerse a la cláusula de entera fe y crédito.

Como

puede

notarse,

tal

como

apuntaban

los

comentaristas españoles respecto a las donaciones mutuas

entre los cónyuges cuando éstas estaban prohibidas en el

Código

Civil

contra

el

español,66

orden

obviadas

ante

Más

cuando

aun

esas

público

local,

situaciones

respetar

prohibiciones

por

lo

no

que

atentan

pueden

ser

meritorias

como

la

de

autos.

la

estado

de

Florida

ley

del

-a tenor con la cláusula de entera fe y crédito- a lo que

nos conduce es precisamente a sobreponer nuestro estatuto

real (Art. 10 de Código Civil, supra) que establece que

prevalecerá

aunque

la

dicha

ley

ley

del

sitio

donde

sea

distinta

a

esté

la

el

inmueble,

puertorriqueña.

Disposición

que,

al

regir

―totalmente‖

los

relacionados

con

los

bienes

inmuebles,

aplicable

cuestiones

surgidas

dentro

de

la

es

zona

del

asuntos

a

régimen

económico matrimonial.

En fin, como la propiedad está sita en el estado de

Florida

y

las

leyes

de

ese

estado

permiten

que

los

cónyuges alcancen acuerdos o contraten sobre sus bienes,

nos corresponde entonces otorgarle entera fe y crédito a

esas

leyes

titularidad

y

así

validar

exclusiva

del

la

bien

señora Rodríguez Cruz.

IX

66

transferencia

Véase A. Marín López, op cit., pág. 539.

inmueble

de

la

a

la

CC-2006-1031

42

Ahora bien, a pesar de que resulta forzoso reconocer

el carácter privativo de la propiedad sita en el estado de

Florida, no debe perderse de vista que el Art. 10 del

Código

Civil,

supra,

muebles

están

sujetos

propietario.

como

dueño

también

a

establece

la

ley

del

que

los

domicilio

bienes

de

su

De esta forma, la cuestión de quién figura

de

la

propiedad

inmueble

debe

resolverse

a

tenor con las leyes del estado de Florida por éste poseer

el

mayor

interés

cónyuges

leyes

haber

respecto

estado

locales

a

ese

asunto;

domiciliados

gobernarían

el

en

pero,

de

los

Rico,

las

concerniente

al

Puerto

asunto

crédito que corresponda por el dinero utilizado para la

adquisición y posterior pago de la deuda hipotecaria de

ese inmueble.67

sido

en

el

No obstante, en el supuesto de que haya

estado

de

Florida

donde

constituyeron

su

domicilio conyugal, entonces las leyes de esa jurisdicción

serían las aplicables respecto a ese particular.

Sin embargo, los autos no nos aclaran cuál era el

domicilio

de

los

cónyuges

al

momento

de

adquirir

la

propiedad inmueble y al posteriormente traspasarla a la

señora Rodríguez Cruz, por lo que no tenemos los elementos

de juicio necesarios para adjudicar ese asunto.

En ese

sentido, le asiste la razón a la peticionaria, la señora

Rodríguez

Cruz,

Tribunal

de

estaban

domiciliados

67

al

aducir

Apelaciones

en

al

en

su

alegato

concluir

Puerto

Rico.

que

que

erró

los

consortes

No

Véase Babilonia v. Registrador, supra, págs. 692-693.

el

encontramos

CC-2006-1031

43

adjudicación alguna sobre el particular por parte del foro

primario.

X

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

determinamos

que mediante la escritura otorgada entre las partes en el

estado de Florida el inmueble sito en ese estado pasó a

ser un bien privativo de la peticionaria. Por lo tanto, se

revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones

y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia

para que, luego de recibir prueba, adjudique cuál fue el

domicilio conyugal de los exconsortes y, a tenor con las

leyes

de

éste,

adjudique

la

cuantía

del

crédito

correspondiente.68

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

68

Recuérdese que por un lado el señor Roselló Puig alegó que si bien

la propiedad fue transferida a la señora Rodríguez Cruz durante la

vigencia del matrimonio, él continuó realizando los pagos del préstamo

hipotecario del inmueble hasta agosto de 2003 (posterior a decretado

el divorcio), fecha en que la señora Rodríguez Cruz lo vendió. Por su

parte, la señora Rodríguez Cruz adujo que ―[l]as mensualidades de la

hipoteca fueron satisfechas con bienes de la Sociedad Legal de

Gananciales desde que la misma fue incurrida hasta aproximadamente el

mes de agosto de 2003‖. Apéndice de la Petición de certiorari,

pág. 80.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Roselló Puig

Recurrido

v.

CC-2006-1031

Certiorari

Ruth N. Rodríguez Cruz

Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, se revoca la sentencia dictada por

el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que, luego de

recibir prueba, adjudique cuál fue el domicilio

conyugal de los exconsortes y, a tenor con las

leyes de éste, adjudique la cuantía del crédito

correspondiente

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Jueza Asociada señora Fiol Matta emitió Opinión

Disidente a la cual se une el Juez Presidente señor

Hernández Denton. La Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

emitió

Opinión

Disidente.

El

Juez

Asociado señor Martínez Torres está inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Roselló Puig

Recurrido

Certiorari

CC-2006-1031

v.

Ruth N. Rodríguez Cruz

Peticionaria

Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta a la

cual se une el Juez Presidente señor Hernández Denton

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.

Disiento del análisis de la mayoría de este

Tribunal

cuyo

efecto

es

darle

preeminencia,

injustificadamente, a las disposiciones legales de

otra jurisdicción, ignorando las normas vigentes

en la nuestra. Este caso nos requiere decidir qué

implicación tiene, para propósitos de una división

de bienes posdivorcio realizada en Puerto Rico, el

que las partes, mientras estaban casadas bajo el

régimen de sociedad de gananciales de Puerto Rico,

hubiesen suscrito un contrato permitido por las

leyes

del

estado

de

título

privativo

de

sito

en

ese

Florida

la

estado,

para

esposa un

adquirido

transferir

bien

por

la

a

inmueble

pareja

CC-2006-1031

2

durante el matrimonio.69 La respuesta que brinda la Opinión

mayoritaria

es

que

debemos

que

entre

y

dispone

a

la

de

Florida

porque

la

Unidos

así

lo

ordena.

Esta

solución

matrimonial,

Estados

la

la

puertorriqueña,

cónyuges

prohíbe

subordinar

la

normativa

contratación

y

donación

inmutabilidad

del

régimen

Constitución

es

de

errónea

tanto conforme a nuestro ordenamiento como al de Estados

Unidos.

I

La Constitución de Estados Unidos establece que ―[s]e

dará

entera

públicos,

fe

y

crédito

documentos

y

en

cada

estado

procedimientos

a

los

judiciales

actos

de

los

otros estados‖.70 Esta disposición constitucional, conocida

como la de ―full faith and credit‖, no cuenta con estatutos

que

ayuden

a

descifrar

su

alcance

o

aplicación.

No

obstante,

el

Tribunal

Supremo

Unidos

ha

establecido

que

inexorable.

Asimismo,

ha

no

se

trata

reconocido

que

estandarizar

su

de

Estados

de

un

mandato

la

disposición

aplica tanto a las sentencias judiciales como a las leyes

de los diferentes estados y territorios de Estados Unidos,

pero no de la misma manera.71

Por no haber controversia en cuanto a los hechos

reseñados en la Opinión mayoritaria, no los expondremos

nuevamente.

69

Art. IV, Sec. 1, Const. E.E. U.U (Traducción, 1 L.P.R.A.,

ed. 2008, pág. 177).

70

R.H. Jackson, Full Faith and Credit: The Lawyer‘s Clause

of the Constitution, New York, Columbia University Press,

71

CC-2006-1031

3

Los factores para determinar si un estado o territorio

está obligado a emplear las leyes y regulaciones de otro

por razón de la cláusula de entera fe y crédito difieren

sustancialmente de las que debe considerar un tribunal para

decidir

si

hace

valer

las

sentencias

dictadas

en

otra

jurisdicción. Esto se debe a que cada estado o territorio

tiene legitimidad para implementar la política pública que

entienda más apropiada, a través de sus propias leyes.72 Esa

potestad

es

parte

de

federalistas,

cuyos

componentes

ciertos

asuntos

pero

la

esencia

conservan

de

los

el

control

sobre

autonomía

sobre

muchos

ceden

sistemas

otros. En palabras del Tribunal Supremo de Estados Unidos:

La naturaleza misma de una unión federal de

estados, en la que cada uno de éstos mantiene su

derecho soberano para promulgar sus propias

leyes, impide recurrir a la Constitución como

medio para compeler a un estado a subordinar por

completo sus leyes y políticas concernientes a

sus asuntos domésticos peculiares a las leyes y

políticas de otros estados.73

_______________________________________________________________

1945, págs. 10-28. El Tribunal Supremo de Puerto Rico

también ha explicado que la cláusula de full faith and

credit no opera ex proprio vigore y está sujeta a

excepciones, por lo que, en el contexto de las sentencias

judiciales, no se le puede dar entera fe y crédito a una

sentencia de otro estado, haciendo caso omiso de las leyes

puertorriqueñas que exigen la intervención previa de un

tribunal local. Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414,

420 (1985); Roseberry v. Registrador, 114 D.P.R. 743, 747

(1983).

W.J. Rich, Modern Constitutional Law, 3ra ed., Minnesota,

Ed. West, 2011, Vol. 3, pág. 139.

72

(Traducción nuestra.) Pink v. A.A.A. Highway Exp., 314

U.S. 201, 210 (1941). La versión original en inglés lee:

―[T]he very nature of the federal union of states, to each

of which is reserved the sovereign right to make its own

laws, precludes resort to the Constitution as the means for

73

CC-2006-1031

El

4

estado

foro,

aquel

donde

se

está

atendiendo

el

caso, no tiene que subordinar automáticamente su ley a la

de otra jurisdicción también aplicable a la controversia,

sino que tiene la oportunidad de escoger, entre las dos

políticas estatales conflictivas, la que es más adecuada

para atender el caso. Además, no se le puede exigir a un

estado o territorio aplicar la ley de otra jurisdicción

cuando ésta se oponga a la moral o los principios básicos

del

foro.74

determinar,

La

clave

para

la

selección

por

un

lado,

si

aplicar

se

la

encuentra

ley

del

en

foro

constituiría un acto arbitrario y, por el otro, si la ley

extranjera

es

contraria

al

orden

público

del

foro.

El

estado foro, entonces, tiene que decidir si los intereses

por los que vela su ley tienen mayor peso que los del foro

alternativo, y para ello debe considerar el respeto que

merece la ley del otro, si las partes están debidamente

informadas

sobre

la

ley

que

se

pretende

aplicar

y

los

contactos de cada estado con las partes y la controversia.75

Si

el

foro

tiene

contactos

significativos

con

la

controversia, de modo que exista un interés del estado o

territorio en el pleito, puede aplicar su propia ley, y más

_______________________________________________________________

compelling one state wholly to subordinate its own laws and

policy concerning its peculiarly domestic affairs to the

laws and policy of others‖.

74

Hughes v. Fetter, 341 U.S. 609, 611-612 (1951).

75

Rich, op. cit., pág. 140.

CC-2006-1031

5

aun cuando la ley conflictiva de la otra jurisdicción va en

contra de su política pública.76

La cláusula de entera fe y crédito presenta serias

dificultades como vehículo de unificación de los diversos

sistemas

legales

estatales

de

Estados

Unidos,

pues

su

lenguaje y su historia demuestran que no se diseñó para

resolver

disputas

sobre

la

ley

estatal

aplicable,

y

el

texto no le prohíbe a los estados y territorios aplicar sus

propias

legítimas

leyes

para

en

casos

de

conflicto

si

tienen

hacerlo.77

Asimismo,

los

bases

estudiosos

estadounidenses concuerdan en que la Constitución federal

no provee guías adecuadas para seleccionar la ley estatal

más apropiada para la resolución de cada controversia ni el

Congreso ha legislado con claridad al respecto, por lo que

es necesario recurrir a las normas de conflicto de leyes

para hacer dicha determinación.78

Véase Philips Petroleum Co. v. Shutts, 472 U.S. 797, 821822 (1985).

76

A.T. Von Mehren & D.T. Trautman, The Law of Multistate

Problems, Boston, Ed. Little, Brown and Co., 1965, págs.

1243-1244. Inicialmente, esta cláusula estaba pensada para

que las sentencias de las cortes de los estados y las

deudas contributivas en virtud de leyes sobre impuestos

estatales se pudieran hacer valer en otras jurisdicciones.

Id. págs. 1229-1230. Estos autores también señalan que

pensar en uniformidad jurídica, especialmente en temas

―domésticos‖,

dentro

de

un

sistema

federalista

es

imposible, pues cada estado tiene la libertad de establecer

su propia política pública. Id. pág. 299.

77

78

Id. pág. 1242; Rich, op. cit., pág. 143.

CC-2006-1031

Para

leyes,

se

6

propósitos

de

las

doctrinas

consideran

extranjeras

las

de

conflicto

de

jurisdicciones

que

tienen legislación propia sobre ciertas materias que pueda

ser

incompatible

con

la

del

foro.

Así,

al

interior

de

sistemas federales, donde coexisten diversas legislaciones

estatales, como en Estados Unidos, se dan colisiones entre

cuerpos de ley extranjeros. Lo mismo sucede en sistemas

unitarios

con

legislaciones

forales,

como

España.79

Como

señala el académico Kurt Nadelmann, en referencia a cómo se

han

atendido

los

conflictos

de

leyes

dentro

de

Estados

Unidos, los problemas de selección de ley aplicable no son

más

fáciles

de

resolver

porque

surjan

en

una

unión

federal.80 Y es que este tipo de casos no se puede resolver

diciendo simplemente que se le va a dar deferencia a un

estado por estimarlo ―hermano‖ y se va a aplicar su ley en

lugar de la propia.81

La doctrina constitucional estadounidense indica que

no es razonable esperar que siempre que haya un conflicto

de leyes se le dé deferencia a la legislación del otro

estado, y la jurisprudencia federal más reciente permite a

los estados y territorios aplicar sus leyes y políticas

79

Armstrong v. Armstrong, 85 D.P.R. 404, 409 (1962).

―[C]hoice of law problems are not easier to solve if they

arise in a federal union‖. K.H. Nadelmann, Conflict of

Laws: International and Interstate, The Hague, Ed. Martinus

Nijhoff, 1972, pág. 213.

80

Véase

Roselló

Puig.

mayoritaria, págs. 35-38.

81

v.

Rodríguez

Cruz,

Opinión

CC-2006-1031

siempre

que

7

tengan

interés

en

la

disputa

y

una

base

racional para preferir sus normas.82 En el presente caso, no

se trata de rechazar la ley de Florida solamente porque es

distinta a la nuestra,83 sino porque el estatuto de ese

estado que podría aplicar a la controversia contraviene la

política pública vigente en Puerto Rico.

II

A. El matrimonio y el régimen de bienes matrimoniales

siempre han representado áreas de trabajo complejas para el

Derecho Internacional Privado, por la importancia social de

dicha institución, que está concebida para ser permanente

mas puede disolverse en cualquier momento. Los innumerables

cambios que puede experimentar el matrimonio en un mundo

donde cada estado lo regula de modos diferentes y cada día

hay

mayor

movilidad

dan

lugar

a

conflictos

de

leyes

internacionales e interestatales que no se han atendido de

manera

uniforme.84

situaciones

que

Más

bien,

involucran

la

bienes

trascendencia

matrimoniales

de

las

y

el

interés de que cualquier división se lleve a cabo de manera

que resulte justa y satisfactoria para la vida posterior de

82

Rich, op. cit., págs. 140-141.

83

Véase Opinión mayoritaria, pág. 36.

Véase J.M. de Lasala Samper, El régimen matrimonial de

bienes. Derecho Internacional Privado e Interregional,

Barcelona, Ed. Bosch, 1954, págs. 19-24. Véanse también L.

Pålsson, Marriage and Divorce in Comparative Conflict of

Laws, Leiden, Ed. A.W. Sijthoff, 1974; A. Miaja de la

Muela, Derecho Internacional Privado, 9na ed., Madrid, Ed.

Atlas, 1982, Tomo 2, págs. 357-376.

84

CC-2006-1031

8

los ex cónyuges obligan a desarrollar diferentes políticas

de selección de ley aplicable (choice of law) de acuerdo

con las diversas circunstancias que se enfrentan.85

No obstante lo anterior, a medida que se ha estudiado

el conflicto de leyes en el matrimonio, los tribunales y

los

tratadistas

han

coincidido

en

que

es

necesaria

la

unicidad. Esto es, seleccionar un cuerpo de leyes que sirva

como única referencia para resolver todas las controversias

sobre la participación de los esposos en las propiedades

que poseen.86 En su tratado sobre distribución equitativa,

Turner indica que la práctica mayoritaria en Estados Unidos

de dividir todos los bienes posdivorcio según una sola ley,

que

suele

ser

la

ley

del

foro,

es

la

mejor

política;

primero, por la razón práctica de que facilita la función

judicial al no obligar a los tribunales a estudiar las

leyes de otros estados y a recibir prueba para clasificar

cada activo de forma individual, y, segundo, porque cada

estado

tiene

su

conjunto

de

políticas

sobre

Derecho

de

Familia y al aplicar de manera fragmentada las leyes de

distintos

estados

se

puede

llegar

a

resultados

incongruentes o injustos.87

E.F. Scoles & P. Hay, Conflict

Minnesota, Ed. West, 1992, pág. 433.

85

Id. pág. 469. Véase

Conflicts Law, 3ra ed.,

Company, 1977, pág. 471.

86

of

Laws,

2da

ed.,

también R.A. Leflar, American

Indianapolis, Ed. Bobbs-Merrill

B.R. Turner, Equitable Distribution of Property, 3ra ed.,

Minnesota, Ed. Thomson West, 2005, Vol. 1, págs. 161-162.

87

CC-2006-1031

9

El sistema para gobernar los bienes matrimoniales en

Estados Unidos se divide en dos grandes categorías: los

estados en que se utilizan las doctrinas del common law y

los

estados

(community

con

property

ordenamientos

states).

de

Dentro

origen

de

esos

civilista

dos

grupos,

cada estado tiene sus propias reglas sobre clasificación y

división posdivorcio. El sistema de Florida es uno de los

del primer grupo, mientras que el de Puerto Rico es similar

al de los estados del segundo grupo.

Los

conflictos

principalmente

cuando

de

se

leyes

en

tienen

Estados

que

Unidos

dividir

los

surgen

bienes

luego del divorcio y la pareja posee muebles e inmuebles en

distintos estados, unos con régimen de common law y otros

en los que imperan normas de community property. La mayor

incompatibilidad

se

da

cuando

la

pareja

ha

estado

domiciliada en distintos estados y tiene que dividir bienes

sitos

en

una

jurisdicción

de

common

law

dentro

de

un

procedimiento que se lleva a cabo en un community property

state o vicecersa.88

La selección de la norma que regirá la división es

esencial porque en los community property states existe una

presunción de que todos los bienes adquiridos durante el

Hablamos de la mayor incompatibilidad, pues, dado que ni

siquiera hay uniformidad en las leyes de los estados que

están dentro de una misma categoría –common law o community

property states-, siempre surgen conflictos de leyes, mas,

si ambos estados utilizan sistemas similares de división,

se pueden armonizar los estatutos con mayor facilidad.

88

CC-2006-1031

10

matrimonio pertenecen por partes iguales a ambos cónyuges,

a menos que establezcan un régimen distinto al casarse, y

esa norma gobierna tanto durante el matrimonio como en la

división posdivorcio. Mientras, en los common law states no

opera esta presunción y la propiedad pertenece al cónyuge

que la haya adquirido durante el matrimonio, por lo que

todos los bienes podrían pertenecerle a una sola persona.

La

mayor

parte

de

estos

estados

recurre

entonces

a

la

distribución equitativa para resolver el problema de que el

cónyuge que no posee bienes de forma separada al momento

del divorcio se quede sin medios para subsistir. De esta

forma, los bienes de ambos ex cónyuges se asignan entre

ellos

de

acuerdo

a

sus

circunstancias

particulares,

sin

depender necesariamente del título legal sobre las cosas ni

repartirlas en partes iguales.89

Sin embargo, esa propiedad separada característica de

una jurisdicción de common law se consideraría privativa de

su dueño en un estado regido por las normas de community

property; en ese caso, no habrían bienes gananciales que

dividir.

Para

cónyuge

que

desprovisto,

atender

no

las

tiene

este

problema,

propiedades

normas

de

a

conflicto

de

su

de

manera

nombre

leyes

que

no

el

quede

sugieren

clasificar las propiedades adquiridas fuera del community

property state como si se hubiesen adquirido en éste. Así,

un inmueble recibido por algún miembro de la pareja durante

89

Turner, op. cit., Vol. 1, págs. 2-3.

CC-2006-1031

el

11

matrimonio

se

reputaría

matrimonial,

siempre

que

no

pudiera considerarse privativo como lo sería una herencia.90

Esta clasificación para efectos de división se conoce como

cuasi-comunidad.91

En

la

situación

contraria,

cuando

propiedad

ganancial

o

privativa

situada

en

un

property

state

va

a

en

de

common

se

dividir

uno

la

community

law,

afloran problemas para la clasificación, pues los bienes no

pueden

convertirse

automáticamente

en

matrimoniales

o

separados, ya que las características de las categorías no

son iguales en ambos sistemas. Para evitar incongruencias,

todos los bienes se dividen según un solo sistema.92 Es

decir,

se

utiliza

la

unicidad

del

patrimonio

y

se

años

en

selecciona una sola ley para la división.

La

práctica

generalizada

en

los

últimos

Estados Unidos, tanto en estados con régimen de common law

como en los de community property, ha sido la de aplicar a

todas las propiedades las normas del foro, en lugar de las

de estados extranjeros. En los common law states, se han

aplicado

las

leyes

locales

para

la

clasificación

y

distribución equitativa, ya sea por una política de que los

estatutos propios son los que reglamentan ese tipo de casos

Sobre bienes privativos en Puerto Rico, véase: Art. 1299,

Cód. Civ. PR, 31 L.P.R.A. sec. 3631.

90

Scoles, op. cit., págs. 487-489; H. Marsh, Marital

Property in Conflict of Laws, Seattle, University of

Washington Press, 1952, págs. 234-235, 247.

91

92

Marsh, op. cit., pág. 100.

CC-2006-1031

12

o porque, como suele determinarse, el foro es el estado con

mayor relación significativa con la controversia. Asimismo,

en la mayor parte de los community property states, se ha

legislado para que el foro aplique su ley de división y

clasifique los bienes ubicados en otros estados según la

normativa de cuasi-comunidad.93

Esta práctica es congruente con las expresiones del

Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los límites de la

cláusula

de

entera

fe

y

crédito:

tratándose

de

asuntos

sobre los cuales un estado o territorio puede legislar, no

se puede le compeler a sustituir sus estatutos por los de

otra jurisdicción, a menos que los intereses que defiende

la otra jurisdicción sean superiores a los del foro.94 En

esa situación, el peso de probar que, debido al conflicto

de leyes, el estado foro no debe hacer valer sus propios

estatutos en sus propios tribunales recae en la parte que

alega

que

la

otra

jurisdicción

tiene

valores

más

Turner, op. cit., Vol. 1, págs. 158-161. Por ejemplo, en

Louisiana, enmendaron las disposiciones del Código Civil

que atienden los conflictos de leyes en casos de división

de bienes entre los cónyuges para establecer que los

inmuebles en Louisiana adquiridos por los esposos se rigen

por las leyes de Louisiana, mientras que los inmuebles

ubicados fuera de ese estado y adquiridos por alguno de los

esposos durante el matrimonio, si mantenía domicilio en

Louisiana, también se rigen por las leyes de Louisiana a

los fines de determinar el derecho de cada cónyuge al valor

del inmueble al disolverse la comunidad posdivorcio. La.

C.C. arts. 3524-3525.

93

Franchise Tax Board of California v. Hyatt, 538 U.S. 488,

494-497 (2003); Pacific Employers Ins. Co. v. Industrial

Accident Commission of California, 306 U.S. 493, 501-503

(1939).

94

CC-2006-1031

13

importantes que proteger.95 De no hacerlo, prevalece la ley

del foro. En casos en que ambos estados proveen guías para

proteger a los ex cónyuges y sus intereses económicos de la

manera que entienden más justa, los fundamentos que acoge

un foro no podrían ir por encima de los del otro. Por eso,

en la doctrina de conflicto de leyes, de manera similar a

lo que sucede en la de entera fe y crédito, una política

apremiante del foro a favor de su ley sustantiva sobre

matrimonio

se

impondría

sobre

la

del

otro

estado

que

compite por reconocimiento.96

B.

Independientemente

seleccionado,

antes

del

de

método

distribuir

de

los

división

bienes

que

corresponden a cada ex cónyuge es necesario clasificar los

bienes como privativos y gananciales, si se catalogan según

la

doctrina

de

community

property,

o

como

separados

y

matrimoniales, si se realiza la distribución equitativa de

los estados de common law.

Esta distribución equitativa se lleva a cabo en tres

pasos: la clasificación, en la cual se determina la masa

divisible;

la

valoración

y

la

división.

Para

hacer

la

clasificación, se identifican todos los activos que sean

propiedad de cada uno de los ex cónyuges o de ambos, y

luego

se

determina

si

esos

bienes

95

Rich, op. cit., pág. 141.

96

Marsh, op. cit., págs. 114-117.

son

matrimoniales

o

CC-2006-1031

14

separados.97 Los bienes separados se le asignan a su dueño o

dueña y para que se decida otorgarle parte de éstos al otro

cónyuge

se

exige

necesidad

económica

con

un

estándar

difícil de cumplir.98 La parte interesada en que un bien se

considere

matrimonial

tiene

adquirió,

por

los

uno

de

que

probar

cónyuges

o

que

ambos,

éste

se

durante

el

matrimonio. Entonces, el activo se presumirá matrimonial y

quien se oponga a ello deberá probar que es separado.99

Aunque

tener

garantiza

el

que

título

ésta

se

legal

le

va

sobre

a

una

propiedad

no

adjudicar

finalmente

al

titular, el bien se clasifica como separado del cónyuge que

tenga el título. El otro cónyuge puede demostrar que, por

las aportaciones que hizo para la compra del bien o por

otras razones, éste debe clasificarse como matrimonial y

dividirse de forma equitativa.100 El título legal también es

importante

cuando

terceras

personas

son

dueñas

de

los

bienes junto a los esposos o los han adquirido de ellos,

porque

se

protege

su

interés

económico

sobre

la

propiedad.101

Turner, op. cit., Vol. 1, págs. 158, 251-253. A pesar de

que la distribución no se centra en el título sobre las

cosas, es importante la clasificación para determinar qué

bienes formarán parte de la masa matrimonial que se

dividirá.

97

98

Id. Vol. 2, págs. 940-944.

99

Id. Vol. 1, págs. 255-256.

100

Id. págs. 264-265.

101

Id. pág. 164.

CC-2006-1031

15

En Puerto Rico, como en otras jurisdicciones donde el

régimen

matrimonial

gananciales,

adquiridos

se

por

supletorio

presumen

cualquiera

es

la

sociedad

de

bienes

todos

los

bienes

cónyuges,

a

título

gananciales

de

los

oneroso, por sus esfuerzos o por los frutos que produzcan

otros bienes, desde la celebración del matrimonio hasta su

disolución.102 Este es el régimen que aplica a todas las

parejas que se casan en Puerto Rico, a menos que antes del

matrimonio establezcan capitulaciones matrimoniales en las

que seleccionen otro régimen para regir su propiedad.103 En

cualquiera de las dos instancias, el régimen seleccionado

antes de establecerse el vínculo matrimonial es inmutable:

no se puede cambiar mientras dure el matrimonio.104

Cuando se disuelve la sociedad de gananciales y nace

la comunidad de bienes posdivorcio, los bienes gananciales

forman una masa cuyos dueños, en común pro indiviso, son

ambos ex esposos. Para dividir la comunidad, se hace un

inventario de los bienes que pertenecen a los cónyuges y se

clasifican como privativos o gananciales. Los privativos

permanecerán en manos de su dueño o dueña, mientras que los

gananciales se dividirán en partes iguales, a menos que se

_______________________________________________________________

Arts. 1301 y 1307, Cód. Civ. PR, 31 L.P.R.A. secs. 3641 y

3647.

102

103

Maldonado v. Cruz, 161 D.P.R. 1, 15-19 (2004).

104

Art. 1272, Cód. Civ. PR, 31 L.P.R.A. sec. 3556.

CC-2006-1031

16

demuestre que la proporción justa para la distribución de

un bien es otra.105

III

A.

En

el

proceso

de

clasificación

de

los

bienes

posdivorcio, los tribunales se encuentran en la encrucijada

de cómo catalogar los inmuebles que se encuentran fuera del

foro: según la ley local o la del lugar en que ubica el

bien. El artículo 10 del Código Civil de Puerto Rico indica

que ―[l]os bienes muebles están sujetos a la ley de la

nación del propietario; los bienes inmuebles a las leyes

del país en que están sitos‖.106 Sin embargo, como veremos,

esta

disposición

no

aplica

automáticamente

a

todos

los

inmuebles, pues se deben sopesar cuestiones de conflicto de

leyes y razones de orden público antes de decidir qué ley

regirá la controversia relacionada con un inmueble.

En

la

jurisprudencia

puertorriqueña,

encontramos

variadas situaciones en las que se ha aplicado la ley de

Puerto Rico por ser la del lugar donde está radicado el

inmueble. Por ejemplo, en Babilonia v. Registrador, a una

mujer

casada

en

Nueva

York,

pero

domiciliada

en

Puerto

Rico, no se le permitió inscribir tres fincas ubicadas en

Puerto

Rico

presunción

como

de

bienes

gananciales

privativos,

que

dispone

pues

se

aplicó

la

ley

de

105

Montalván v. Rodríguez, 161 D.P.R. 411 (2004).

106

31 L.P.R.A. sec. 10.

la

Puerto

CC-2006-1031

17

Rico, donde se encontraban los inmuebles.107 De igual forma,

en Pueblo v. Denis Rivera, se decidió que regía la ley de

Puerto Rico para clasificar como ganancial una casa ubicada

en Puerto Rico que compró un hombre casado en Nueva York

que luego se mudó a la Isla, aunque el régimen matrimonial

por regla general en Nueva York no fuera la sociedad de

gananciales.108

Sin embargo, debemos hacer una distinción importante

de esos casos y otros similares respecto al presente. En

todos

aquéllos,

los

inmuebles

en

controversia

se

encontraban en Puerto Rico, por lo que, al decidir que

aplicarían la ley del lugar donde el bien estaba sito, se

estaba

aplicando

sencilla

la

la

ley

selección

del

de

foro.

No

hubiese

ley

del

sitio

la

sido

si

tan

estas

personas, con relaciones significativas con Puerto Rico,

hubiesen

tenido

controversias

relacionadas

con

bienes

ubicados fuera de la Isla y que involucraran choques con

otras disposiciones de orden público del País.

No se pueden usar esos precedentes para concluir que

el artículo 10 aplica a todo tipo de controversia y que,

cuando éste no se ha empleado, el Tribunal ha errado en su

razonamiento.109 Como bien explica la Opinión disidente de

la

juez

asociada

Rodríguez

Rodríguez,

107

62 D.P.R. 688 (1943).

108

98 D.P.R. 704 (1970).

109

Véase Opinión mayoritaria, pág. 23.

cuando

se

enmendó

CC-2006-1031

18

este estatuto real en el Código Civil, en 1902, se hizo

únicamente para eliminar la norma de que las sucesiones se

regirían por el estatuto personal y no para establecer que

toda controversia relacionada con inmuebles se atendería

según

la

Bracons

ley

v.

de

donde

éstos

Registrador,

encontraran.110

se

resuelto

pocos

años

El

caso

después,

explica esta supresión al hablar de la ―reforma importante‖

que

se

le

hizo

al

para

expresar

―totalmente‖

desde

entonces

no

Código

sólo

Civil

que

a

y

el

los

utiliza

la

palabra

estatuto

real

regiría

derechos

sobre

bienes

inmuebles en casos de Contratos, sino también en casos de

Sucesiones.111

Asimismo, no es posible basarse en un comentario que

se hizo cuando se enmendó el Código Civil en 1902 para

colegir que la norma vigente en Estados Unidos, y que debe

aplicar en Puerto Rico, es la de la ley del sitio. La

realidad actual dista mucho de esa aseveración. En Estados

Unidos, la regla general tradicional de que los inmuebles

se rigen por las normas del lugar en que están localizados

ha

sido

descartada

para

casos

de

división

de

bienes

posdivorcio en la mayor parte de los estados.112 La norma

Véase Roselló Puig. v. Rodríguez Cruz, Opinión disidente

de la juez Rodríguez Rodríguez, pág. 19.

110

24 D.P.R. 753, 757 (1917). Véase Opinión mayoritaria,

pág. 19.

111

Turner, op. cit., Vol. 1 pág. 158; Scoles, op. cit., pág.

469.

112

CC-2006-1031

19

del situs se ha dejado de utilizar por ser insuficiente

para una solución adecuada de las controversias. Desde hace

varias

décadas,

se

ha

estado

empleando

la

norma

de

la

fuente de origen, mediante la cual el interés matrimonial

sobre un inmueble no cambia porque haya sido adquirido por

un solo cónyuge como propiedad separada en un common law

state, si se demuestra que el dinero que se utilizó para

comprar la propiedad le pertenecía a la pareja o era un

bien

ganancial

matrimonio

en

estaba

recientemente,

se

el

community

property

domiciliado

está

aplicando

state

donde

el

anteriormente.113

Más

la

que

ley

del

foro

atiende el caso y la referencia al situs del inmueble sólo

se utiliza para saber si el tribunal, luego de realizar la

división,

puede

ordenar

la

transferencia

automática

del

título sobre el bien al cónyuge al que se le asignó o debe

ordenarle a la parte que haga los trámites en el registro

de propiedades de la otra jurisdicción.114

B. Cuando se resolvió Toppel v. Toppel, en 1983, la

―nueva realidad puertorriqueña‖ no era la que la Opinión

mayoritaria

identifica,

a

raíz

de

las

discusiones

Scoles, op. cit., pág. 472-473; Marsh, op. cit., pág.

102. El Restatement of the Law incluye esta regla como

límite a la aplicación de la ley del situs en el primer

comentario

a

la

disposición

sobre

los

efectos

del

matrimonio en el interés sobre tierras adquiridas luego del

casamiento. American Law Institute, Restatement of the Law

Second – Conflicts of Laws 2d, Minnesota, American Law

Institute Publishers, 1971, Vol. 2, sec. 234, pág. 37.

113

114

Turner, op. cit., Vol. 1 pág. 160; Vol. 3, págs. 21-22.

CC-2006-1031

20

legislativas de 1902 sobre la aplicación del estatuto real

a todo tipo de controversia referente a inmuebles, sino la

que la Constitución de Puerto Rico estableció en 1952 y

diversas leyes aprobadas entre 1975 y 1976 reforzaron: la

igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres.115 Por

eso,

es

sumamente

preocupante

la

revocación

parcial

innecesaria de Toppel que, sin mayor análisis, propone la

decisión

mayoritaria.116

En

Toppel,

se

interpretaron

las

normas de conflicto de leyes de modo que no violentaran la

política pública puertorriqueña de equiparar los derechos

de la esposa a los del marido. Se utilizaron las teorías

más innovadoras en ese momento para proveer guías para la

resolución de casos futuros de choques entre jurisdicciones

por controversias sobre bienes matrimoniales y se dejó la

puerta

abierta

circunstancias

para

estudiar

particulares

que

cada

caso

presentara,

según

mas

las

siempre

teniendo como máxima la sólida política pública de nuestro

foro de igualdad entre los géneros. Si Toppel se hubiese

resuelto aplicando rígidamente las normas de conflicto de

leyes que establece el Código Civil y otras leyes que los

foros inferiores entendían que aplicaban en aquel momento,

la señora Toppel hubiese recibido una minúscula parte del

Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 775, 793-795 (1983). Este

caso se resolvió en equidad, pues las leyes existentes eran

insuficientes para una solución razonable. Art. 7, Cód.

Civ. PR, 31 L.P.R.A. sec. 7.

115

116

Véase Opinión mayoritaria, págs. 23-26.

CC-2006-1031

21

patrimonio que forjó junto a su esposo durante los años en

que

manejaron

un

negocio

exitoso

en

Puerto

Rico.

Esa

solución hubiese estado muy lejos de los principios que

orientaban a los tribunales de Puerto Rico y de muchos

otros países en aquella época.

Además,

distinto

a

lo

que

señala

la

Opinión

mayoritaria, seis años después de la resolución de Toppel,

en

Zarelli

razonamiento

v.

de

Registrador,

Toppel

este

para

Tribunal

restablecer

no

la

―obvió‖

el

vigencia

del

estatuto real en casos de inmuebles gananciales, sino que

se distinguió el precedente.117 Ese caso claramente señala

que el Tribunal no utilizó Toppel porque no se trataba de

una

liquidación

de

bienes

gananciales

y

las

partes

no

estaban cuestionando la aplicación de las leyes de Puerto

Rico.118 En el presente caso también es necesario distinguir

a Toppel.

En Toppel, las partes no eran puertorriqueños casados

en Puerto Rico bajo el régimen de sociedad de gananciales,

sino una mujer británica y un hombre estadounidense que se

casaron

en

matrimonial

Nueva

de

York,

gananciales.

donde

Su

no

rige

relación

con

el

precepto

Puerto

Rico

para efectos de la división de bienes gananciales se debía

a que habían residido y construido su fortuna en la Isla

117

Véase Opinión mayoritaria, pág. 25.

Zarelli

(1989).

118

v.

Registrador,

124

D.P.R.

543,

550

esc.

4

CC-2006-1031

22

durante 13 años y se habían divorciado en este país. Como

explica

el

profesor

vigente

para

Raúl

Serrano

situaciones

como

Geyls,

las

Toppel

de

ese

continúa

caso:

dos

extranjeros casados en el extranjero que tienen bienes en

Puerto Rico y se divorcian aquí. Según señala, ello se debe

a que nuestras leyes no pueden alcanzar bienes de personas

extranjeras

ubicados

fuera

de

del

territoriales.119

Los

hechos

consideración

muy

diferentes,

son

puertorriqueños

que

se

casaron

en

nuestros

caso

pues

se

Puerto

límites

ante

nuestra

trata

de

dos

Rico

bajo

el

régimen de sociedad de gananciales y tienen bienes tanto en

la Isla como en el extranjero.

Por

todo

lo

anterior,

no

se

justifica

reducir

la

fuerza vinculante de Toppel, un precedente importante para

la

interpretación

de

nuestra

política

constitucional

de

igualdad entre los géneros.120 En Toppel se dividieron los

inmuebles del matrimonio sitos en Puerto Rico según las

leyes de Puerto Rico sobre sociedad de bienes gananciales,

pero no porque aplicara el estatuto real, artículo 10 de

nuestro Código Civil.

Tenía que hacerse así porque el

R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y

legislación comparada, San Juan, Ed. Programa de Educación

Jurídica Continua Universidad Interamericana de Puerto

Rico, 1997, Vol. 1, pág. 510.

119

Véanse J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de

Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados

Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 868; I. Ramos

Buonomo, Derecho de Familia, 75 Rev. Jur. UPR 293, 316

(2006).

120

CC-2006-1031

estatuto

23

real

no

se

puede

aplicar

a

todo

tipo

de

controversias sobre inmuebles sin cometer injusticias en

algunos casos.

Por

otro

lado,

tampoco

aplica

al

presente

caso

el

artículo 1277 del Código Civil que la Opinión mayoritaria

cita para rechazar las aportaciones de Toppel a nuestra

doctrina

sobre

división

de

bienes

gananciales.

Dicho

artículo dispone la ley que regirá a los matrimonios en los

que uno de los miembros de la pareja sea puertorriqueño y

el

otro

sea

extranjero

y

que

se

casen

fuera

de

Puerto

Rico.121 Además, el que el texto de ese artículo se haya

enmendado, como consecuencia de lo resuelto en Toppel, para

añadir que se atenderán factores como el conflicto móvil y

el centro de intereses conyugales, no cambia en nada la

norma

vigente

de

hayan

contraído

que

a

las

matrimonio

parejas

en

Puerto

puertorriqueñas

Rico

sin

que

otorgar

capitulaciones matrimoniales válidas les aplica el régimen

de sociedad de gananciales y el mismo es inmutable. Esa

enmienda se realizó para atender una situación de conflicto

de

leyes

relacionada

con

matrimonios

extranjeros

y

de

ninguna manera reduce el alto interés público que tiene el

matrimonio en nuestro ordenamiento.122

121

31 L.P.R.A. sec. 3561.

122

Véase Opinión mayoritaria, pág. 28-31, 38-40.

CC-2006-1031

24

IV

El artículo 11 del Código Civil de Puerto Rico dispone

que los contratos se rigen por las leyes del país en que se

otorguen, pero con una excepción: ―las leyes prohibitivas

concernientes a las personas, sus actos o sus bienes, y las

que

tienen

por

objeto

el

orden

público

y

las

buenas

costumbres, no quedarán sin efecto por leyes o sentencias

dictadas ni por disposiciones o convenciones acordadas en

países extranjeros‖.123 Por lo tanto, la vigencia de los

contratos realizados en el extranjero que se quieran hacer

valer en Puerto Rico queda supeditada a la política pública

y las leyes de este país.

En

Colón

Aponte

v.

Registrador,

advertimos

que

el

tercer párrafo del artículo 11 impide que se lleven a cabo

negocios fuera de Puerto Rico con el fin de burlar las

leyes prohibitivas de la Isla sobre asuntos que afecten

relaciones o bienes en Puerto Rico.124 En ese caso, nos

negamos

a

darle

validez

a

un

testamento

mancomunado,

realizado por un matrimonio en un país donde está permitido

testar de esa manera, mediante el cual se le transfería a

31 L.P.R.A. sec. 11. Esta excepción, que se encuentra en

el tercer párrafo de dicho artículo, también aplica al

artículo 10 del Código Civil (el estatuto real). El párrafo

citado comienza con la frase: ―No obstante lo dispuesto en

esta sección y en la anterior‖.

123

67 D.P.R. 17, 23 (1947). Véanse también las discusiones

sobre la importancia del lugar donde el contrato va a tener

efecto tanto en la Opinión mayoritaria como en la disidente

de Rivera Nieves v. Registrador, 93 D.P.R. 914 (1967).

124

CC-2006-1031

la

esposa

25

una

finca

perteneciente

a

la

sociedad

de

gananciales constituida por ambos y ubicada en Puerto Rico.

Explicamos

que

los

testamentos

mancomunados

no

están

permitidos en Puerto Rico, por lo que no podíamos avalar

que se hiciera uno en otro país para afectar inmuebles

matrimoniales

en

la

Isla.

Asimismo,

al

resolver

un

conflicto entre las leyes de Puerto Rico y las de Venezuela

relacionado con el reconocimiento de un hijo, en Martínez

v.

Pérez

extranjera

Viuda

de

Martínez

aplicable

a

la

explicamos

controversia

que,

si

la

ley

contradijera

una

disposición de orden público de Puerto Rico, se le daría

preeminencia al derecho puertorriqueño porque el artículo

11 impide que los tribunales de Puerto Rico pongan en vigor

leyes,

sentencias

o

acuerdos

de

países

extranjeros

que

violen las políticas y buenas costumbres de nuestro país.125

De

manera

interestatal

similar,

en

casos

los

se

ha

en

que

de

conflicto

invocado

la

de

leyes

cláusula

de

entera fe y crédito, el Tribunal Supremo de Estados Unidos

ha

indicado

que

un

estado

o

territorio

no

tiene

que

subordinar sus leyes sobre contratos a las del estado en el

que se realizó el contrato. Al contrario, si el foro tiene

88 D.P.R. 443, 454-455 (1963). Véase también la Opinión

concurrente del juez Hernández Denton en el caso López

Torres v. González, 151 D.P.R. 225 (2000, Sentencia), en la

que se explica que, debido al alto interés público que

tienen las capitulaciones matrimoniales, no se pueden hacer

valer en Puerto Rico unas que no cumplen con los requisitos

de las leyes puertorriqueñas, aunque se hayan realizado

conforme a las leyes del lugar donde se otorgaron.

125

CC-2006-1031

un

interés

26

legítimo

en

aplicar

sus

propias

leyes

a

la

controversia, puede utilizar su normativa sobre contratos

para evaluar el contrato que se preparó según las leyes del

otro

estado.126

adquiridos

Asimismo,

mediante

un

ha

decidido

contrato

que

los

realizado

en

derechos

un

estado

distinto al foro se pueden hacer valer en éste siempre y

cuando no violen la política pública del foro.127 Por eso,

cuando

se

régimen

presentan

contratos

matrimonial,

jurisdicciones

cuyo

realizados

donde

dicho

fin

por

pacto

es

modificar

el

los

cónyuges

en

es

permitido,

los

tribunales de estados cuyas leyes admiten esos contratos

los han reputado válidos, pero los de estados cuyas leyes

los prohíben han rechazado hacerlos valer.128

Aunque en nuestro Derecho de Contratos se le da gran

peso

a

la

voluntad

también

establece

ejecutar

lo

que

de

las

instancias

éstas

leyes,

han

contra

de

las

la

País.129

El

ordenamiento

partes,

nuestro

ordenamiento

en

que

es

las

convenido

moral

o

jurídico

el

no

posible

porque

ello

va

en

orden

público

del

puertorriqueño

mantiene

Watson v. Employers Liability Assurance Corp., 348 U.S.

66, 73 (1954).

126

127

Griffin v. McCoach, 313 U.S. 498, 506-507 (1941).

128

Scoles & Hay, op. cit., pág. 490.

Véanse, como ejemplos, las disposiciones del Código Civil

de Puerto Rico sobre la voluntad de las partes en la

contratación, artículos 1221, 1225, 1228 a 1235 y 1248 a

1250, y sobre las restricciones a los pactos que pueden

realizar las partes contratantes, artículos 1222, 1225 y

129

CC-2006-1031

27

varias restricciones a los negocios jurídicos que pueden

celebrar los cónyuges. Las mismas tienen su base en la

inmutabilidad

del

régimen

matrimonial

y

en

la

política

pública de protección al cónyuge más débil de presiones del

más

fuerte

Nuestro

para

controlar

ordenamiento

el

considera

económico.130

patrimonio

de

alto

interés

público

estas y otras disposiciones relativas al matrimonio.131

El artículo 1347 de nuestro Código Civil prohíbe las

compraventas

entre

previamente

cónyuges

que

no

la

separación

de

bienes

matrimoniales.132

Asimismo,

el

artículo

donación

entre

los

cónyuges

durante

hayan

en

capitulaciones

1286

el

pactado

veda

toda

matrimonio,

sin

importar el régimen imperante entre ellos. Sólo se permiten

regalos módicos, según el estatus económico de la familia,

en

ocasiones

donaciones

de

son

regocijo

nulas,

o

familiar.

sea,

nunca

Todas

las

demás

sucedieron.133

El

contrato que se celebró en Florida en el presente caso es

nulo,

porque

los

cónyuges

no

podían

hacerse

donaciones

_______________________________________________________________

1238. 31 L.P.R.A. secs. 3371-3372, 3375, 3391, 3401-3407,

3421, 3471-3473.

130

Serrano Geyls, op. cit., pág. 317.

Véanse, como ejemplos, López Torres v. González, supra, a

las págs. 252-253; Ortiz Ortiz v. Sáez Ortiz, 90 D.P.R.

837, 838 (1964).

131

132

31 L.P.R.A. sec. 3772.

31 L.P.R.A. sec. 3588. Tampoco está permitida la cesión

de la participación en los bienes gananciales de un cónyuge

a otro sino hasta luego de disuelto el vínculo matrimonial.

Art. 1316, Cód. Civ. PR, 31 L.P.R.A. sec. 3691.

133

CC-2006-1031

28

entre sí durante el matrimonio. Aun si se considerara que

fue un contrato de compraventa, a pesar de que parece ser

una donación simulada pues

intercambiaron un inmueble por

diez dólares, tampoco sería válido, pues están prohibidas

las compraventas entre los miembros de la sociedad legal de

gananciales, que es el régimen que gobierna a los cónyuges

en este caso.

Más aun, si analizamos el contrato según las doctrinas

de

los

common

law

states,

nos

encontramos

con

que

la

clasificación de un bien puede cambiar de matrimonial a

separado por una acción voluntaria de las partes durante el

matrimonio, pero un cambio de título mediante contrato de

por sí no cambia la clasificación si otras razones apuntan

hacia

mantener

la

categoría

original,

ya

que

dejar

la

clasificación al arbitrio de los cónyuges puede prestarse a

abusos.134 Si mediante el acuerdo un cónyuge transfiere sus

derechos sobre el bien al otro cónyuge, se analiza si hubo

intención

de

donar.135

Aquí,

el

señor

Roselló

Puig

ha

señalado, y la señora Rodríguez Cruz no ha negado, que el

propósito

no

era

cambiar

ganancial

a

privativo,

cobraran

sus

deudas

la

sino

contra

clasificación

evitar

la

que

propiedad

del

sus

bien

de

acreedores

conyugal.

Otro

Turner, op. cit., págs. 69-70, 652-680. En Puerto Rico

también la inscripción a título privativo no es definitiva,

pues se puede presentar prueba de que el bien es ganancial.

Méndez v. Ruiz Rivera, 124 D.P.R. 579 (1989).

134

135

Turner, op. cit., págs. 661-679.

CC-2006-1031

29

hecho que se toma en consideración en los common law states

es si el cónyuge que hace la transferencia de la propiedad

termina toda relación con la misma.136 En este caso sucedió

lo contrario y el señor Roselló Puig continuó aportando al

pago de la hipoteca hasta que la señora Rodríguez Cruz

vendió el inmueble. Aunque el análisis bajo las normas de

distribución

equitativa

sería

más

extenso,

estos

son

indicios de que el traspaso podría quedar igualmente sin

efecto

si

se

hiciera

la

división

posdivorcio

fuera

de

Puerto Rico.

V

El señor Roselló Puig y la señora Rodríguez Cruz se

casaron

en

Puerto

Rico

sin

hacer

capitulaciones

matrimoniales, conscientes de que el régimen de sociedad de

bienes gananciales gobernaría sus relaciones patrimoniales

durante todo el matrimonio, ya que el régimen matrimonial

seleccionado

es

inmutable.137

durante

25

años

los

que

Según

alegan

estuvieron

las

partes,

casados,

vivieron

aproximadamente 10 años en Puerto Rico y alrededor de 15

136

Id. pág. 659.

Durante el proceso de revisión del Código Civil de Puerto

Rico que se llevó a cabo en la pasada década, se propuso

abolir la inmutabilidad del régimen matrimonial, pero esas

recomendaciones aún están pendientes de discusión. Véase Z.

Cruz Torres, Reforma del Derecho Internacional Privado

Puertorriqueño en el matrimonio y su régimen económico, 43

Rev. Jur. UIPR 151 (2008). Véase también M. Fraticelli

Torres, Un nuevo acercamiento a los regímenes económicos en

el matrimonio: la sociedad legal de gananciales en el

Derecho Puertorriqueño, 39 Rev. Jur. UIPR 113 (2004).

137

CC-2006-1031

30

años en Florida. Las alegaciones de ambas partes reflejan

que mientras residieron en Florida mantuvieron su vínculo

con Puerto Rico y adquirieron bienes en este país. De las

distintas propiedades inmuebles que compraron las partes

durante su matrimonio, la única ubicada fuera de Puerto

Rico

fue

la

casa

de

Florida

que

es

eje

de

esta

controversia. Los esposos sabían que la propiedad ubicada

en Florida era ganancial cuando hicieron el contrato para

intentar

transferirla

a

título

Rodríguez

Cruz.

Cuando

divorcio,

ambos

cónyuges

la

privativo

pareja

se

de

se

separó,

mudaron

a

la

señora

previo

Puerto

al

Rico.

Asimismo, se divorciaron en Puerto Rico.

Ante

estos

hechos,

no

resulta

arbitrario

que

los

tribunales de Puerto Rico a los que las partes acudieron

decidan

aplicar

controversias

las

leyes

relacionadas

de

con

Puerto

la

Rico

división

de

a

las

bienes

posdivorcio, proceso que se está llevando a cabo en Puerto

Rico. Así hacerlo constituye aplicar la ley del foro a una

situación

con

la

cual

el

foro

tiene

una

relación

significativa, siguiendo la tendencia actual de selección

de

ley

aplicable

para

casos

de

división

de

bienes

posdivorcio. Además, permite que todos los bienes y las

controversias sobre la división se atiendan bajo una sola

ley,

como

recomienda

la

norma

de

unicidad

patrimonial

avalada en gran parte de los estados de Estados Unidos y en

otros países. Asimismo, conlleva que Puerto Rico, como foro

CC-2006-1031

31

en el que se está atendiendo la controversia, ponga en

vigor su política pública y salvaguarde los intereses sobre

las

relaciones

colocar

por

matrimoniales

encima

de

éstos

que

defiende,

en

lugar

de

los

intereses

propietarios

protegidos por las leyes de Florida.

Como vimos, la regla de utilizar la ley del sitio

donde

un

inmueble

está

ubicado

para

regir

todas

las

controversias relacionadas con ese bien ha sido descartada

para

casos

de

división

de

bienes

posdivorcio.

Aún

si

continuara vigente, el artículo 10 del Código Civil, que

señala que los inmuebles están sujetos a las leyes del país

en el que están localizados, no aplica en toda ocasión,

pues el artículo 11 funciona como norma de excepción para

éste. En este caso, el inmueble se encuentra en Florida,

pero el contrato realizado de acuerdo con las normas de esa

jurisdicción no puede ser ejecutado en Puerto Rico, pues va

en

contra

de

una

ley

prohibitiva

concerniente

a

las

personas y sus bienes, que es a la vez una disposición de

orden público. El ordenamiento puertorriqueño prohíbe los

contratos de compraventa y las donaciones entre cónyuges

casados bajo el régimen de sociedad de bienes gananciales.

Como dispone el artículo 11, estas prohibiciones no quedan

sin efecto por el hecho de que el inmueble en controversia

esté ubicado en Florida o porque el contrato relacionado

con el inmueble se haya otorgado en ese estado y sea válido

allá.

CC-2006-1031

32

Entiendo,

contrato

como

entre

los

el

Tribunal

cónyuges

de

no

Apelaciones,

cambió

la

que

el

naturaleza

ganancial del inmueble sito en Florida, pues los bienes

adquiridos por el señor Roselló Puig y la señora Rodríguez

Cruz pertenecían a la sociedad de gananciales que ellos

componían

al

matrimonial

momento

del

seleccionado

contrato.

Dado

que

por

en

Puerto

ellos

el

régimen

Rico

era

inmutable, no podían hacer una excepción para que el esposo

le

traspasara

a

la

esposa

ese

bien.

La

sociedad

de

gananciales, con los derechos y las prohibiciones que ésta

acarrea,

siguió

siendo

la

misma

mientras

los

cónyuges

vivieron en Florida y ésta estuvo regida en todo momento

por las leyes de Puerto Rico.

La cláusula constitucional de entera fe y crédito no

requiere el resultado escogido por la mayoría. No podemos

erigir una barrera para la administración de las leyes de

Puerto

Rico

que

la

Constitución

de

Estados

Unidos

no

impone, y mucho menos cuando el efecto de esa traba es

ignorar el ordenamiento jurídico vigente en el País sobre

un aspecto de sumo interés público.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Roselló Puig

Recurrido

CC-2006-1031

v.

Ruth N. Rodríguez Cruz

Peticionaria

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011

Disiento de la opinión del Tribunal porque considero

que

la

Opinión

controversia

en

mayoritaria

este

caso

en

enmarca

el

erradamente

derecho

la

internacional

privado de contratos entre cónyuges, cuando de lo que se

trata

es

de

una

controversia

de

derecho

internacional

privado de derecho de familia relativa a la división de

bienes matrimoniales.

El error conceptual de la mayoría,

entre otras cosas, lo lleva a revocar un precedente de

hondo calado, Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 775 (1983), sin

que

ello

juicio,

fuera

tanto

necesario

y

bajo

deficiente

un

razonamiento,

como

a

mi

insuficiente.

CC-2006-1031

2

El asunto que debemos abordar versa sobre el carácter

privativo o ganancial de un inmueble sito en el estado de

Florida, cuando una pareja se estableció en más de una

jurisdicción

durante

la

vigencia

de

su

matrimonio.

Específicamente, debemos resolver qué efecto tiene, sobre

la naturaleza ganancial o privativa de un inmueble, el que

una pareja de puertorriqueños que contrajo matrimonio en

Puerto

Rico

bajo

posteriormente

otorgue

un

el

régimen

estableció

contrato

legal

su

para

de

gananciales

residencia

transferir

su

en

compete

determinar

bajo

qué

ley

se

Florida,

titularidad

manera exclusiva a uno de los cónyuges.

y

de

Asimismo, nos

debe

realizar

el

procedimiento de clasificación y división de los bienes,

incluyendo el inmueble sito en Florida.

Repasemos los hechos en este caso.

I.

Carlos

Roselló

Puig

y

Ruth

N.

Rodríguez

Cruz

se

casaron en Puerto Rico bajo el régimen de sociedad legal

de gananciales.

Luego de varios años de convivencia en la

Isla, la pareja se mudó a Florida.

Allí compraron un

inmueble que les sirvió como hogar familiar durante los

años de estadía en ese estado.

titularidad

que

ambos

El 29 de abril de 1997, la

cónyuges

ostentaban

sobre

el

inmueble se transfirió a favor de la señora Rodríguez Cruz

exclusivamente,

pública

a

conforme

adelante,

las

cambio

de

$10,

mediante

autorizan

las

leyes

de

partes

regresaron

a

escritura

Florida.

Puerto

Rico.

Más

El

CC-2006-1031

3

matrimonio se disolvió mediante sentencia de divorcio el 7

de

abril

de

2003,

por

la

señora

Posteriormente,

la

causal

Rodríguez

de

Cruz

separación.

vendió

el

inmueble sito en Florida.

El

27

presentó

de

octubre

de

2003,

una

demanda

ante

el

el

señor

Roselló

Tribunal

de

Puig

Primera

Instancia, en la que solicitó la división de la comunidad

postganancial.

Entre sus alegaciones, aseveró que pagó el

préstamo hipotecario del inmueble ubicado en Florida hasta

agosto de 2003, fecha en que la señora Rodríguez Cruz lo

vendió por la suma de $450,000.

el

inmueble

se

adquirió

También adujo que, como

durante

la

vigencia

del

matrimonio, la propiedad le pertenecía a la sociedad legal

de bienes gananciales y él tenía derecho al 50% del dinero

producto de la venta.

Luego

de

varios

eventos

procesales,

la

señora

Rodríguez Cruz presentó una moción de sentencia sumaria en

la que solicitó que se reconociera la naturaleza privativa

del inmueble sito en Florida.

El 4 de abril de 2005, el

Tribunal de Primera Instancia dictó una resolución en la

que dispuso que el inmueble era un bien privativo porque

el señor Roselló Puig había cedido su parte a favor de la

señora Rodríguez Cruz mediante un negocio jurídico válido

de acuerdo a las leyes de la jurisdicción donde ubica el

inmueble.

CC-2006-1031

4

Insatisfecho,

recurso

de

el

señor

certiorari

ante

Roselló

el

Puig

Tribunal

presentó

de

un

Apelaciones.

Alegó que las donaciones o compraventas entre cónyuges que

contraen matrimonio bajo el régimen de sociedad legal de

gananciales

están

prohibidas

por

nuestro

ordenamiento,

aunque se trate de un inmueble sito fuera de Puerto Rico.

En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó el

dictamen del foro inferior.

Concluyó que la ―cesión o

transferencia simulada‖ no alteró la naturaleza ganancial

del bien, pues el artículo 11 del Código Civil de Puerto

Rico establece que las leyes prohibitivas relacionadas a

las personas, sus actos o sus bienes no quedan sin efecto

por

leyes

o

sentencias

dictadas

en

países

extranjeros.

Sin embargo, el foro intermedio reconoció la validez de la

venta del bien inmueble a un tercero.

Asimismo, determinó

que la pareja mantuvo su domicilio conyugal en Puerto Rico

y que no se apartó del derecho puertorriqueño.

concluyó

que,

en

la

relación

entre

sí,

Por lo que

los

cónyuges

continuaban sujetos a las leyes relativas a la sociedad

legal

de

gananciales

y

la

comunidad

postganancial.

También señaló que el dinero obtenido de la compraventa

sustituyó el bien, por lo que se debía incluir como un

activo ganancial al que tienen derecho los ex cónyuges,

por partes iguales.

CC-2006-1031

5

De esta sentencia acudió ante este Tribunal la señora

Rodríguez

Cruz.

peticionaria

En

aduce

su

que

recurso

el

foro

de

certiorari,

intermedio

obvió

la

el

principio lex rei sitae que recoge el artículo 10 del

Código Civil.

31 L.P.R.A. sec. 10.

Además, indicó que la

determinación del foro intermedio viola las doctrinas de

conflicto de leyes, la cláusula de entera fe y crédito y

la

igual

recurrido

protección

de

alegó

el

que

las

leyes.

régimen

Por

su

económico

parte,

el

matrimonial

seleccionado a la fecha del matrimonio es el que debe

aplicar para la división de bienes, por lo que el producto

de la venta del inmueble debe reputarse ganancial.

Añade

que al momento de la división de bienes gananciales se

debe

aplicar

principio

de

Tribunal

en

Toppel

v.

Toppel,

114

pone

sobre

el

tapete

la

naturaleza de la controversia que debemos atender.

La

reconocido

por

el

este

unicidad

patrimonial

D.P.R. 775 (1983).

II.

La

relación

anterior

parte recurrida reconoce que el traspaso de titularidad se

realizó conforme a las leyes de Florida, por lo que no se

cuestiona la validez de esa transacción para efectos de la

venta a un tercero.

El asunto a dilucidar es qué normas

deben

liquidar

aplicar

al

una

sociedad

legal

de

gananciales cuando un bien que se alega forma parte del

CC-2006-1031

6

caudal está sito en una jurisdicción distinta de aquella

donde se decretó el divorcio y se realiza la división, y

existe un conflicto de leyes entre las jurisdicciones que

incide

sobre

la

necesariamente,

a

división.

abordar

Ello

esta

nos

controversia

lleva,

desde

la

perspectiva del derecho internacional privado.

A.

Las transformaciones sociales de las últimas décadas

han propiciado una mayor capacidad móvil de las nuevas

generaciones.

Este

fenómeno,

cada

vez

más

presente,

se

alza como un aspecto imprescindible para comprender los

cambios sociales y las transformaciones que acontecen en

las

sociedades

modernas

y

post

industriales.

Manuel

Castells, La era de la información: economía sociedad y

cultura, 2005, Alianza Editorial, Madrid, Vol. I.

Sus

causas

la

son

variadas:

la

globalización,

individualización y el desarrollo de nuevas tecnologías de

la comunicación se identifican como algunas de ellas.

Su

impacto, por otra parte, se manifiesta no tan sólo en la

esfera económica y política, sino también en la esfera

familiar.

Véase,

www.jobmob-and-famlives.eu,

última

visita 4 de agosto de 2011.

Ya es usual que un matrimonio, durante su vigencia,

establezca su domicilio en más de una jurisdicción.

Esto

supone nuevos retos para los ordenamientos legales en la

CC-2006-1031

7

medida en que las normas sobre las relaciones económicas

entre los cónyuges varían de jurisdicción en jurisdicción,

al

punto

de

generar

determinar

cómo

se

adquiridos

durante

normas

conflictivas

clasifican

el

y

se

matrimonio

al

dividen

para

momento

los

propósitos

de

bienes

de

la

liquidación de la comunidad postganancial.

El

caso

ante

nuestra

consideración

presenta,

precisamente, un problema de conflicto de leyes generado

por el traslado de las partes -mientras estaban casadasal estado de Florida, y la adquisición allí de un inmueble

y su posterior traspaso a uno de los cónyuges conforme

permiten las leyes del estado de Florida.

La solución que

el Tribunal ofrece para resolver este conflicto no es la

adecuada

para

estos

tiempos.

Ello,

pues

ignora

las

tendencias modernas en materia de derecho internacional

privado de familia y se aferra a una doctrina que no fue

concebida

para

gananciales.

el

procedimiento

de

división

de

bienes

Veamos.

B.

Cada jurisdicción determina cómo sus tribunales van a

atender

las

controversias

sobre

conflicto

de

leyes.

Restatement (Second) Conflicts of Laws, sec. 6, 1971.

nuestro

ordenamiento,

estas

reglas

están

En

recogidas

principalmente en los artículos 9 al 11 del Código Civil.

En

lo

pertinente,

el

artículo

9,

denominado

estatuto

CC-2006-1031

8

personal, establece que la ley del domicilio de la persona

aplica a los derechos y deberes de familia, o al estado,

condición y capacidad legal.

31 L.P.R.A. sec. 9.

Por su

parte, el artículo 10, conocido como el estatuto real,

recoge el principio lex rei sitae y atiende el conflicto

de leyes sobre bienes: ―Los bienes muebles están sujetos a

la ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles,

a las leyes del país en que están sitos.‖ 31 L.P.R.A. sec.

10.

La Opinión mayoritaria determina que el bien inmueble

sito

en

Florida

es

privativo

al

aplicar

a

esta

controversia el estatuto real, así como la cláusula de

entera fe y crédito de la Constitución de Estados Unidos.

Ello así, pues concluye que conforme a nuestro estatuto

real, la transferencia de titularidad del inmueble sito en

Florida por parte de los cónyuges a favor de uno de ellos

es un negocio jurídico válido a tenor con las leyes de ese

estado.

En un confuso análisis, el Tribunal aplica el

principio lex rei sitae al procedimiento de división de

comunidad de bienes postganancial para decretar que ese

inmueble

es

de

carácter

privativo.

De

este

modo,

el

Tribunal adjudica la naturaleza privativa del inmueble a

base del título de propiedad únicamente, sin considerar

CC-2006-1031

las

9

normas

de

clasificación

de

Puerto

Rico

o

de

Florida.138

Añade el Tribunal que la determinación de si existe

un crédito por el dinero utilizado para la adquisición del

bien y el pago de la hipoteca, deberá regirse por la ley

del lugar donde la pareja tenía su domicilio conyugal al

momento

de

traspaso.

adquirir

Devuelve

la

propiedad

entonces

el

y

de

realizar

el

caso

al

Tribunal

de

Primera Instancia para que determine el domicilio conyugal

y aplique la ley de esa jurisdicción a la adjudicación del

crédito sobre el inmueble sito en Florida.

No comparto

este razonamiento.

De

una

lectura

de

las

normas

estatutarias

de

los

artículos 9 al 11 del Código Civil, se desprende que estas

reglas generales no contemplan expresamente un mecanismo

para atender el conflicto móvil en cuanto a la división de

bienes como resultado de un divorcio.

Por una parte, se

podría argumentar que este procedimiento postmatrimonial

se debe regir por el estatuto personal, pues es un asunto

relativo al matrimonio.

Por otro lado, la división de

bienes incide directamente sobre el patrimonio de los ex

cónyuges,

lo

cual

podría

justificar

la

aplicación

del

estatuto real.

Recordemos que, en nuestro ordenamiento, la titularidad

activa una presunción sobre la naturaleza del bien que

puede ser rebatida si se prueba que el dinero utilizado en

la adquisición era ganancial.

138

CC-2006-1031

10

El Tribunal decide que se debe aplicar el estatuto

real porque, a su entender, así lo dicta el artículo 10

del Código Civil.

Sin embargo, no nos enfrentamos a una

controversia sobre la titularidad del inmueble, sobre la

validez del contrato que los cónyuges otorgaron entre sí

en

Florida

o

sobre

el

nuestra jurisdicción.

reconocimiento

de

este

acto

en

Se trata de determinar si procede

incluir el inmueble sito en Florida, o el dinero obtenido

de la venta al tercero, en el inventario del caudal a ser

dividido.

Para

ello,

debemos

determinar

antes

la

naturaleza, privativa o ganancial, del dinero obtenido de

la venta del inmueble sito en Florida.

Lamentablemente el

Tribunal no comprende adecuadamente la diferencia entre un

asunto y otro para efectos de la norma que adopta.

La experiencia de los tribunales ha demostrado que la

aplicación mecánica de estas disposiciones a controversias

que surgen en el derecho de familia podría culminar en

resultados inadecuados.

Así lo reconoce la doctrina, por

lo que se han desarrollado normas específicas para atender

los conflictos de leyes en este ámbito del derecho.

la

ausencia

de

una

disposición

en

nuestro

Ante

ordenamiento

jurídico que atienda este asunto de derecho internacional

privado, establecimos la norma en Toppel v. Toppel, 114

D.P.R. 775 (1983).

Repasemos la norma allí pautada, ya

que ésta gobierna a la controversia que hoy atendemos.

CC-2006-1031

11

C.

En Toppel v. Toppel, ante, un hombre estadounidense

residente

de

Nueva

Jersey

y

una

mujer

británica

contrajeron matrimonio en el estado de Nueva York.

Al

poco tiempo, la pareja se trasladó a Puerto Rico donde

estuvieron domiciliados por la mayor parte de la duración

del matrimonio.

Posteriormente, obtuvieron una sentencia

de divorcio en Puerto Rico y procedieron a la división

postmatrimonial

posible

de

conflicto

sus

de

bienes.

leyes,

internacional

procedimiento

de

de

que

a

un

existía

un

en cuanto a la norma de

privado

partición

enfrentarnos

reconocimos

vacío en nuestro ordenamiento

derecho

Al

que

bienes.

aplica

a

En

sentido

tal

un

aseveramos: ―El hecho de que el divorcio era desconocido

en España para el tiempo en que se aprueba el Código Civil

basta de por sí para demostrar que, al menos en cuanto a

tal aspecto, estamos ante una laguna de la ley.‖ Toppel v.

Toppel, ante, pág. 782.

Nuestra normativa estatuaria no

ha variado o modificado este hecho.

Luego

de

evaluar

las

tendencias

doctrinales

de

la

época, adoptamos la doctrina del centro de los intereses

matrimoniales atemperada a la teoría estadounidense de los

contactos

dominantes

determinar

la

ley

que

o

relación

rige

los

Toppel v. Toppel, ante pág. 791.

significativa

bienes

para

matrimoniales.

En ambas, el domicilio

CC-2006-1031

12

conyugal o residencia habitual es un factor determinante,

pero no es el único a considerar.

Al amparo de esta

norma, ordenamos la división de la masa de bienes de la

comunidad conforme a la ley de la jurisdicción que fue el

centro

de

intereses

de

la

pareja

conyugal

durante

la

vigencia del matrimonio.

Por otro lado, para determinar el centro de intereses

conyugal indicamos que se deben examinar varios factores

además

del

domicilio.

siguientes

intereses:

Entre

la

éstos,

se

localización

encuentran

principal

los

de

los

intereses financieros (inversiones e ingresos), los lazos

afectivos, la duración de la residencia, la nacionalidad

de

los

cónyuges,

las

necesidades

de

los

sistemas

interestatal e internacional, las políticas relevantes de

los

foros

afectados,

justificadas,

resultado

parte

en

más

la

situaciones

y

protección

previsibilidad

débil,

determinación

la

análogas,

además

de

aplicabilidad

expectativas

y

uniformidad

la

protección

de

la

facilidad

en

la

regla

justa.

la

de

de

la

más

del

Toppel v. Toppel, ante, págs. 791-92.

De este modo, acogimos la regla de mutabilidad que

permite que luego de contraer matrimonio bajo un régimen

económico

supletorio,

ciertas circunstancias.

los

cónyuges

lo

modifiquen

bajo

Nos alejamos así de la regla de

la inmutabilidad que considera que el régimen seleccionado

CC-2006-1031

13

a la fecha en que se contraen nupcias aplicará siempre a

la relación entre los cónyuges durante el matrimonio, e

incluso a los procedimientos posteriores a su disolución.

Sin

embargo,

ello

no

significa

que

cada

bien

se

clasificará y dividirá de forma individual según el lugar

donde radiquen los intereses o la pareja establezca su

domicilio a la fecha de adquisición.

Por esta razón,

incorporamos

patrimonial

el

principio

de

unicidad

para

tratar todos los bienes como una masa que se divide al

amparo de una sola ley.

Al preparar el inventario, tanto

los bienes muebles como los bienes inmuebles se clasifican

según

las

normas

de

la

ley

bajo

la

cual

se

hace

la

división.

Los ex cónyuges Roselló Puig y Rodríguez Cruz son

puertorriqueños que contrajeron matrimonio en Puerto Rico

bajo el régimen supletorio de la sociedad legal de bienes

gananciales.

el

estado

Durante el matrimonio, se establecieron en

de

Florida

por

Posteriormente,

regresaron

divorciaron

se

y

a

un

periodo

Puerto

encuentran

prolongado.

Rico,

actualmente

procedimiento de división de bienes.

donde

se

en

el

Como parte de esta

acción, surgió la controversia sobre la clasificación del

bien

inmueble

sito

en

Florida,

cuya

titularidad

fue

transferida a favor de la señora Rodríguez Cruz y que ella

vendió a un tercero.

CC-2006-1031

14

Luego del divorcio, la masa de bienes matrimoniales

se debe entender como una sola unidad para propósitos de

establecer

la

ley

matrimoniales.

aplicable

a

la

división

de

bienes

Conforme se discutirá más adelante, por

razones de justicia y economía procesal, esta ley debe

regir

tanto

la

clasificación

procedimiento

de

división.

unicidad

patrimonial,

todos

de

los

bienes

Afín

con

el

los

bienes,

como

el

principio

de

incluyendo

los

adquiridos fuera de Puerto Rico, se deben clasificar según

la ley aplicable al procedimiento de división.

Coincidimos

con

la

Opinión

mayoritaria

en

que

el

Tribunal de Primera Instancia no ha determinado cuál fue

el domicilio conyugal durante el matrimonio.

De igual

modo, no ha decretado cuál fue el centro de intereses.

Siendo ello así, se debe devolver el caso al foro primario

pero para que se determine cuál fue el centro conyugal de

intereses a la luz de Toppel v. Toppel.

determinación

se

decidirá

la

ley

A base de esa

aplicable

para

el

procedimiento ante su consideración, lo que incluye tanto

la

clasificación

de

los

bienes

como

su

división.

De

considerar el foro primario que el matrimonio tuvo más de

un centro de intereses, debe aplicar entonces la ley del

foro si éste es uno de ellos, ya que tiene jurisdicción

sobre ambas partes y es la ley que mejor conoce.

III.

CC-2006-1031

15

Pese a lo anterior, el Tribunal se niega a aplicar a

este caso lo decidido en Toppel v. Toppel, ante, y procede

a revocar este precedente.

La mayoría considera que la

norma

v.

establecida

en

Toppel

Toppel

es

historial legislativo del Código Civil.

contraria

al

Al descartar la

normativa vigente, realiza una aplicación defectuosa de

nuestras reglas de derecho internacional privado.

Así,

sostiene que su interpretación del estatuto real responde

a la práctica estadounidense de extender el principio lex

rei sitae a cualquier controversia sobre bienes.

Por

considerar

que

el

Tribunal

incide

en

su

razonamiento, y ante la falta de discusión en la Opinión

sobre

la

doctrina

aplicable

a

la

de

derecho

controversia

internacional

que

privado

enfrentamos

hoy,

consideramos necesario examinar cómo se ha desarrollado

este tema en otras jurisdicciones.

Además, atenderemos en

detalle los fundamentos deficientes que se invocan para

revocar Toppel v. Toppel, ante.

A.

El

derecho

mutabilidad

y

la

matrimonial

como

internacional

privado

inmutabilidad

del

principios

generales

reconoce

régimen

la

económico

aplicables

para

atender conflicto de leyes que se suscitan sobre bienes

matrimoniales.

El principio de inmutabilidad establece

que los cónyuges seleccionan un régimen económico a la

CC-2006-1031

16

fecha del matrimonio y esa será la ley aplicable durante

la vigencia del matrimonio y para la división de bienes.

Kathrin Kroll, Unification of Conflict of Laws in Europe

en

European

Challenges

in

Contemporary

Family

Law

(Katharina Boele-Woelki y Tone Sverdrup, eds.), Portland,

Editorial Intersentia, 2008, pág. 381; Thomas Oldham, What

if the Beckhams move to L.A. and Divorce? Marital Property

Rights of Mobile Spouses When They Divorce in the United

States, 42 Fam. L.Q. 263, 265 (2008).

mayoritaria en

reconoce

que

estabilidad

los países europeos.

este

y

Ésta es la práctica

principio

previsibilidad

Kroll, ante.

Se

la

ofrece

el

beneficio

de

ley

aplicable,

la

de

pero

presenta el problema de atentar contra la voluntad de las

partes de adoptar el régimen de la nueva jurisdicción en

la que se establecieron.

Además, implica que el tribunal

del foro aplicaría una ley que, como norma general, no

conoce con profundidad.

Oldham, What if the Beckhams move

to L.A. and Divorce?, ante; Marsh, op. cit., pág. 106.

Por su parte, el principio de mutabilidad reconoce el

derecho

de

la

pareja

conyugal

a

modificar

el

régimen

económico que regía a la fecha de contraer nupcias si se

traslada a otra jurisdicción y concurren ciertos factores.

Marsh, op. cit., pág. 104.

Por ejemplo, el artículo 7 de

la Convención de la Haya de 1978 sobre la Ley Aplicable a

Regímenes

de

Propiedad

Matrimonial,

considera

esta

CC-2006-1031

17

posibilidad

habitual

cuando

los

país

de

al

cónyuges

su

cambian

nacionalidad

su

residencia

común

o

cuando

permanecen en esa jurisdicción por un periodo mínimo de

diez años.

Convención de la Haya sobre la Ley Aplicable a

Regímenes

de

Propiedad

Kroll, ante, pág. 381.

Matrimonial,

Art.

7,

1978;139

La doctrina de la mutabilidad es

bien recibida en un número creciente de jurisdicciones,

pues respeta la autonomía de la voluntad de los cónyuges.

En

Estados

Unidos,

la

mutabilidad

tuvo

mejor

aceptación como principio que rige el régimen económico

matrimonial y su posterior división.

Esta preferencia se

debió, principalmente, al respeto a la voluntad de las

personas que comenzaban una nueva vida en Estados Unidos y

a facilitar la determinación de la ley aplicable en un

país

donde,

inmigrantes.

desde

sus

inicios,

sus

habitantes

eran

Marsh, op. cit., pág. 107; Oldham, What if

the Beckhams move to L.A. and Divorce?, ante, pág. 288.

Asimismo, la doctrina reconoce varias modalidades o

tipos de mutabilidad.

La mutabilidad parcial se refiere

al principio que establece que los intereses propietarios

de

los

cónyuges

sobre

bienes

adquiridos

durante

la

vigencia del matrimonio se determinan de acuerdo a las

Hasta la fecha, Francia, Luxemburgo y Holanda son los

únicos países que han ratificado la Convención de la Haya,

información

disponible

en

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=87,

última visita 19 de julio de 2011.

139

CC-2006-1031

18

leyes del domicilio matrimonial a la fecha de adquisición.

Friedrich K. Juenger, Marital Property and the Conflicts

of Laws: A Tale of Two Countries, 81 Colum. L. Rev. 1061,

1073

(1981).

De

este

modo,

una

pareja

que

cambia

de

domicilio modifica el régimen económico matrimonial bajo

el

que

contrajo

matrimonio

para

supletorio del nuevo domicilio.

conformarlo

al

sistema

Sin embargo, este cambio

es efectivo solamente respecto a los bienes adquiridos en

el

segundo

domicilio.

Quienes

favorecen

este

proceso

señalan que así se protegen los derechos adquiridos y las

expectativas de las partes.

Marsh, op. cit., pág. 109.

Ahora bien, sólo algunas jurisdicciones estatales han

extendido

la

mutabilidad

postdivorcio de bienes.

parcial

el

tribunal

la

división

Oldham, What if the Beckhams move

to L.A. and Divorce?, ante, pág. 268.

que

a

establezca

el

Ello pues requiere

domicilio

conyugal

a

la

fecha en que se adquirió cada bien para aplicarle la ley

de división de bienes de esa jurisdicción.

Es decir, este

proceso requiere que el foro en el cual se realiza la

división

aplique

más

de

una

ley,

lo

cual

afecta

la

economía procesal y aumenta la carga económica para las

partes en el litigio.

Id.; Juenger, ante, pág. 1073.

De otra parte, la mutabilidad completa implica que la

división de la totalidad de los bienes se realiza conforme

a la ley del lugar donde se decretó el divorcio.

Oldham,

CC-2006-1031

19

What if the Beckhams move to L.A. and Divorce?, ante, pág.

269; Marsh, op. cit., pág. 104.

Al igual que con el

principio de inmutabilidad, el tribunal examina solamente

una ley para adjudicar los derechos de las partes, con la

diferencia de que estaría aplicando, normalmente, la ley

de su jurisdicción.

Oldham, ante.

Un número considerable

de las jurisdicciones estatales de Estados Unidos aplican

esta norma.

Marsh, op. cit., pág. 104; J. Thomas Oldham,

Divorce, Separation and the Distribution of Property, New

York, Law Journal Seminars-Press, 1996, sec. 13.01[5].

El profesor J. Thomas Oldham advierte que la mayoría

de

los

estados

que

aplican

la

mutabilidad

completa

no

exigen un periodo mínimo de residencia o que ése sea el

domicilio

matrimonial

habitual,

por

lo

que

se

puede

prestar para la práctica de selección del foro (forumshopping).

Oldham, What if the Beckhams move to L.A. and

Divorce?, ante, pág. 271.

Por tanto, recomienda que estos

foros deben exigir unos contactos mínimos entre las partes

y

la

jurisdicción

antes

de

aplicar

su

ley.

Id.

Es

menester señalar que la doctrina de mutabilidad completa

entra en juego únicamente después de que se decreta el

divorcio, por lo que este mecanismo no altera los derechos

propietarios de las partes sobre los bienes durante la

vigencia del matrimonio.

Oldham, What if the Beckhams

move to L.A. and Divorce?, ante, pág. 269.

CC-2006-1031

Valga

20

señalar

desarrollado

mutabilidad,

que,

otras

la

en

tiempos

vertientes

diferencia

relación

entre

las

partes

aplicaría

para

el

modalidad

sería

aplicar

recientes,

del

entre

unas

en

pleito

el

procedimiento

la

ley

se

han

principio

de

otras

es

la

ley

que

y

y

la

de

división.

Una

del

último

de

lugar

residencia común, pues se entiende que ese régimen es la

última voluntad compartida.

Oldham, What if the Beckhams

move to L.A. and Divorce?, ante, págs. 289-92.

Otras

jurisdicciones de Estados Unidos han resuelto el problema

del conflicto de leyes en la división de bienes aplicando

la teoría del estado con ―mayor relación significativa,‖

según los criterios establecidos en el Restatement.

teoría

establece

que

cuando

una

jurisdicción

Esta

no

ha

promulgado una ley para atender expresamente un conflicto

de leyes, se deben considerar una serie de factores para

determinar qué ley será aplicable.

Restatement (Second)

of the Conflicts of Laws, sec. 6, 1971.140

Sin embargo,

esta

interés

doctrina

responde

principalmente

al

de

proteger derechos propietarios, por lo que los tribunales

140

El profesor J. Thomas Oldham señala que el Restatement

resulta inadecuado para atender ciertos problemas de

conflicto de leyes en el ámbito del divorcio, pues data de

antes de las leyes de distribución equitativa.

Oldham,

ante, págs. 272-73.

El profesor Brett Turner también ha

criticado la aplicación de esta teoría, ya que algunos

tribunales la utilizan solamente para la clasificación de

los bienes, pero luego dividen a base de la ley del foro.

A su entender, se debe aplicar la misma ley para ambas

etapas. Turner, op. cit.,,sec. 3.13, nota 4.

CC-2006-1031

21

estatales no la han aplicado de forma uniforme.

Oldham,

What if the Beckhams move to L.A. and Divorce?, ante,

págs. 272-73.

De otra parte, algunos tribunales evitan el análisis

de

estas

normas

derecho

y

aplican

internacional

el

principio

lex

fori

para

dividir

los

del

bienes

matrimoniales conforme a la ley del foro cuando tienen

jurisdicción

personal

sobre

ambas

partes.

Brett

R.

Turner, Equitable Distribution of Property, 3ra ed., West

Group, 2005, Vol. 1, sec. 3:13, pág. 158-60.

Sin embargo,

este proceder permite que cada cónyuge seleccione el foro

que mejor convenga a sus intereses, lo que a su vez podría

resultar que se litigue simultáneamente un mismo asunto en

más de un tribunal.

B.

En

el

día

Toppel,

ante,

contrario

al

de

por

hoy,

el

Tribunal

considerar

historial

revoca

Toppel

v.

es

que

este

precedente

legislativo

del

Código

Civil.

Asevera la mayoría, sin apoyo alguno más allá de la mera

aseveración, que la enmienda al artículo 10 del Código

Civil de 1902 tuvo la intención de que se aplicara el

estatuto

real

a

toda

controversia

posible

que

surgiera

sobre bienes inmuebles, ya que, según la mayoría, ―debimos

interpretar ese artículo a la luz de la nueva realidad

puertorriqueña que esbozara nuestra Asamblea Legislativa

CC-2006-1031

22

en el 1902‖.

De este modo, sugiere que la interpretación

de nuestro estatuto real se debe adecuar al desarrollo

estadounidense

conlleva

la

controversia

del

principio

lex

aplicación

de

relativa

bienes.

a

este

rei

sitae

y

que

principio

a

cualquier

El

Tribunal

no

ello

tiene

razón.

La Comisión Codificadora del Código Civil de 1902 no

contempló

el

asunto

perseguía

ese

propósito.

explica

con

claridad

de

autos,

Don

qué

se

pues

Luis

la

enmienda

no

Muñoz

Morales

nos

perseguía:

―En

el

título

preliminar (art. 10) se mantiene el principio de que los

bienes

muebles

se

rigen

por

la

Ley

de

la

Nación

del

propietario (estatuto personal), y los inmuebles por las

del

país

en

que

están

sitos

(estatuto

real);

pero

se

suprime la excepción contenida en el artículo concordante

del

Código

Español

hereditaria.‖

Luis

respecto

Muñoz

al

Morales,

caso

de

sucesión

Reseña

histórica

y

anotaciones al Código Civil de Puerto Rico, Libro I, 1947,

Imprenta Soltero: Santurce, P.R., pág. 25.

El

propósito

de

la

enmienda,

por

lo

tanto,

fue

eliminar la disposición que declaraba que las sucesiones

se

regían

por

el

estatuto

personal.

Nada

más.

Adscribirle otra intención a la modificación del artículo

introducida

en

histórica.

Y

1902

si

es

esa

desnaturalizar

desfiguración

se

la

realidad

utiliza

para

CC-2006-1031

23

rechazar y descartar el cuidadoso análisis de Toppel v.

Toppel, ante, no podemos menos que llamar la atención a

tan lamentable análisis.

Es evidente que existe un vacío

legal sobre qué norma se debe aplicar a la división de

bienes

postmatrimoniales.

resuelto

en

Toppel

v.

Con

lo

Toppel,

cual,

ante,

nada

es

de

lo

contrario

al

historial del Código Civil o a la intención legislativa de

la enmiendas del 1902.

Por lo que el fundamento de la

mayoría

Toppel

para

revocar

a

v.

Toppel,

ante,

no

se

justifica jurídicamente.

La mayoría surca otro camino en su intento de menguar

la actualidad de Toppel v. Toppel, ante.

El resultado es

igualmente

la

defectuoso.

Asegura

que

enmienda

al

artículo 1277 del Código Civil de 1987 tuvo el efecto de

rechazar

el

principio

de

estableció Toppel v. Toppel.

disposición

puertorriqueña

fuera

de

unicidad

patrimonial

que

31 L.P.R.A. sec. 3561.

Esta

establece

que

contrae

matrimonio

Puerto

Rico,

sin

que

cuando

con

una

una

medien

persona

extranjera,

capitulaciones,

aplica la ley del lugar donde establecieron su domicilio

conyugal, tomando en cuenta otros factores que en justicia

deban considerarse.

Colige la Opinión mayoritaria que al

cerrar la disposición con la frase ―todo sin perjuicio de

lo

establecido

en

este

título

respecto

a

los

bienes

inmuebles‖ se pretendió rechazar el principio de unicidad

CC-2006-1031

del

24

patrimonio

matrimonial.

Sin

embargo,

esta

frase

estaba incluida en la versión anterior del artículo 1277,

por lo que no representa una modificación en reacción a lo

resuelto en Toppel v. Toppel.

El propósito de esta medida fue ―enmendar el Artículo

1277 del Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, a

fin

de

eliminar

el

discrimen

por

razón

de

sexo

que

establece dicho artículo en los matrimonios celebrados en

país

extranjero

puertorriqueño

nuestro.)

y

en

que

el

otro

uno

es

de

los

contratantes

extranjero‖.

es

(Énfasis

Ley Núm. 4 de 5 de marzo de 1987, Leyes de

Puerto Rico, págs. 12-13.

La realidad es que la posible

convergencia entre esta disposición y el estatuto real no

fue lo que motivó la enmienda.

No se puede inferir un

rechazo de la Legislatura al análisis que Toppel v. Toppel

hace del estatuto real por el mero hecho de mantener la

porción referente al estatuto real.

Por lo tanto, es

errada la aseveración del Tribunal de que con la enmienda

del 1987 al artículo 1277 del Código Civil, ―la Asamblea

Legislativa rechazó directamente la interpretación que del

Art. 10 del Código Civil, supra, se realizó en Toppel v.

Toppel‖.

Por el contrario, la enmienda al artículo 1277 se

debe

entender

como

una

aceptación

por

parte

Legislatura a lo establecido en Toppel v. Toppel.

de

la

Como ya

CC-2006-1031

se

ha

25

señalado,

la

referencia

al

estatuto

real

que

permaneció en el artículo luego de la enmienda en nada

afecta la norma adoptada en Toppel v. Toppel.

Más aún,

desde entonces aclaramos que la norma allí establecida se

circunscribía al ámbito de la relación inter vivos de los

ex cónyuges y sostuvimos la importancia del estatuto real

en otras áreas del derecho.

784.

Toppel v. Toppel, ante, pág.

Además, la propia Opinión mayoritaria reconoce que

la Legislatura adoptó los principios esbozados en Toppel

v. Toppel sobre conflicto móvil y centro de intereses.

decir,

la

Opinión

del

Tribunal

invoca

fundamentos

Es

para

sostener su posición que no encuentran apoyo en nuestra

realidad histórica-jurídica.

Como vemos, la Opinión mayoritaria revoca Toppel v.

Toppel amparándose en unas actuaciones legislativas que

verdaderamente

no

son

establecida

este

precedente.

proceder

no

en

tan

sólo

incompatibles

se

con

la

Lamentablemente,

fundamenta

en

norma

este

presupuestos

erróneos sino que retrocedemos y retomamos doctrinas de

una pasado ya superado.

Me explico.

C.

La doctrina y jurisprudencia que la Opinión cita para

sostener la aplicabilidad del estatuto real al caso de

autos versan sobre la titularidad o la validez de los

CC-2006-1031

26

negocios jurídicos que se realizan sobre bienes inmuebles

durante

el

matrimonio.

Por

ejemplo,

la

Opinión

mayoritaria nos refiere al tratado del profesor Raleigh C.

Minor, el cual explica que

Cada Estado hace lo que está a su alcance con el

fin de que sus leyes que afectan la entrega,

traspaso y gravamen de bienes inmuebles situados

dentro de sus límites sean lo más terminantes y

precisas posibles. … Y es sumamente importante

que

las

inscripciones

legales

de

dichas

transacciones, las cuales constituyen series de

títulos a los bienes inmuebles, se conserven

libres

de

toda

censura,

irregularidad

o

confusión con los requisitos de otros Estados.

Por tanto viene a ser especialmente parte de la

política de todo Estado el no permitir que se

verifique

ninguna

transacción

relativa

al

traspaso de cualquier derecho o título a la

propiedad inmueble que radica en dicho Estado si

con ello se infringe su propia ley ya sea o no

válida de acuerdo con las leyes de Estados

extranjeros…141

Conforme

con

este

texto,

el

principio

lex

rei

sitae

persigue la protección de intereses de índole comercial y

registral.

Se trata del interés gubernamental de poder

determinar con previsibilidad la titularidad de los bienes

y en mantener la estabilidad de los negocios jurídicos que

toman lugar dentro de su territorio.

Cónsono con lo anterior, en Babilonia v. Registrador,

62 D.P.R. 688 (1943), aplicamos el estatuto real a una

controversia sobre bienes matrimoniales.

141

En ese recurso

Opinión mayoritaria, pág. 19, citando a Raleigh C.

Minor en Conflicts of Laws, según citado en Colón et al.

v. El Registrador, 22 D.P.R. 369 (1915).

CC-2006-1031

gubernativo

27

se

solicitó

modificar

una

constancia

sobre

titularidad de un bien en el Registro de la Propiedad al

amparo de una ley extranjera.

De este modo, resolvimos

que las transacciones sobre bienes inmuebles que realiza

una persona con posterioridad a su matrimonio, se rigen

por el estatuto real.

Es crucial notar que, nuevamente,

el asunto medular recaía sobre la titularidad de un bien

inmueble.

Sin

embargo,

la

controversia

que

debemos

resolver hoy no nos refiere a esta área del derecho.

intereses

que

inspiran

las

normas

sobre

Los

derechos

propietarios de titularidad son distintos a los relativos

a la división de bienes.

Aunque cada jurisdicción establece el procedimiento

de

división

de

bienes

matrimoniales

que

sus

tribunales

utilizan, existe consenso en que el fin es la repartición

justa

de

cargas

y

beneficios.

Anne-Florence

Bock,

Dividing the Assets Upon the Dissolution of a Marriage: A

Comparison Between Legal Systems Which Apply a “Hard and

Fast Rule” and Systems with a Discretionary Approach to

the

Division

of

Assets

en

European

Challenges

in

Contemporary Family Law (Katharina Boele-Woelki and Tone

Sverdrup,

eds.),

2008,

Portland,

Editorial

pág. 289; Turner, op. cit., sec. 2:2.

generales

que

discriminación

rigen

estos

por

género,

Los principios

procedimientos

el

Intersentia,

son:

la

no

reconocimiento

de

la

CC-2006-1031

28

contribución de cada cónyuge a los asuntos de la familia,

la

protección

de

responsabilidad.

intereses

Id.,

legítimos

págs.

y

la

289-90.

asunción

de

Asimismo,

se

considera un valor importante que la adjudicación de la

división sea eficaz y predecible.

Bock, op. cit., pág.

290; Turner, op. cit.

Resulta

mantiene

meridianamente

su

relevancia

propietarios,

incluso

matrimoniales.

Sin

matrimoniales

postdivorcio

que

no

claro

en

que

el

materia

estatuto

de

real

derechos

cuando

se

trata

de

bienes

embargo,

la

división

de

bienes

protege

intereses

y

derechos

coinciden

con

necesariamente

propietarios de los cónyuges.142

los

derechos

Debemos entonces hacer

eco de las sabias palabras del Juez Presidente señor Trías

Monge

cuando

aseveró

que

―[d]ebe

distinguirse

entre

diferentes situaciones conflictuales, aun dentro del mismo

campo.

Los valores envueltos en situaciones distintas o

aun superficialmente similares son numerosos y la relación

entre ellos varía a menudo.‖

Toppel v. Toppel, ante, pág.

790.

El professor Brett Turner comenta: ―Inception of title

is a reasonable principle of property and estate law, but

as a rule of classification for purposes of divorce, it

has become profoundly unpopular.

Equitable distribution

states have almost uniformly held that property is

acquired whenever contributions create real value, and not

only at the moment when legal title passes.‖ Brett R.

Turner, Equitable Distribution of Property, West Group,

2005, sec. 3:13, pág. 163.

142

CC-2006-1031

29

D.

Si

bien

extendieron

familia,

la

prontamente

algunas

el

jurisdicciones

principio

rigidez

por

la

lex

rei

de

este

doctrina

de

fondos (source of funds).

en

sitae

Estados

al

principio

la

Unidos

derecho

se

procedencia

de

matizó

de

los

Véanse, Restatement (Second) of

Conflict of Laws, secs. 238 y 259, 1971; Harold Marsh,

Marital Property in Conflict of Laws, Seattle, University

of Washington Press, 1952, pág. 102; Turner, op. cit.,

sec. 5:21, págs. 342-50.143

Esta última regla dictamina

que un bien se clasifica como privativo o matrimonial,

según

la

caracterización

adquisición.

dinero

bienes

mantiene

ocurra

cit., pág. 102.

con

dinero

utilizado

para

su

Es decir, un bien inmueble que se compra con

privativo

adquisición

del

su

caracterización

aunque

la

el

matrimonio.

Marsh,

op.

durante

De igual forma, si un bien se adquiere

privativos

y

con

bienes

matrimoniales,

el

interés sobre el bien se mantiene en la misma proporción

que la aportación del matrimonio y del cónyuge particular.

El efecto práctico de esta doctrina es que un bien

inmueble

tiene

matrimonial,

que

la

misma

tenía

el

naturaleza,

dinero

privativa

utilizado

para

o

su

Cabe destacar que el Restatement se publicó en 1971,

antes de la proliferación de las leyes de distribución

equitativa, además de que la discusión incluida se limita

a los derechos propietarios del matrimonio o de cada

cónyuge. Turner, op. cit., pág. 345.

143

CC-2006-1031

30

adquisición.

Como

señala

nuestro

estatuto

real

y

el

Restatement, los bienes muebles se rigen por el domicilio

de

su

propietario

significativa.

o

el

estado

con

mayor

relación

Restatement (Second) of Conflicts of Law,

sec. 258, 1971.

Por tanto, los estados no aplican el

principio lex rei sitae propiamente, sino que clasifican

los

inmuebles

igual

que

los

bienes

muebles

adquiridos

durante ese tiempo.

La doctrina también se ha alejado de la aplicación

mecánica

del

lex

rei

sitae

en

los

procedimientos

división, por las complicaciones que suscita.

de

Imaginemos

por un momento qué pasaría si una pareja compra durante la

vigencia

del

matrimonio

jurisdicciones.

En

bienes

ese

caso,

inmuebles

el

tribunal

en

múltiples

tendría

que

estudiar y aplicar las leyes de cada lugar donde ubican

los

bienes

inmuebles,

residido allí.

onerosa

para

Igualmente,

pareja

matrimonio

el

y,

el

matrimonio

no

haya

Lo anterior implicaría una carga demasiado

el

cambió

aunque

tribunal

tribunal

y

las

tendría

partes

que

en

el

litigio.

determinar

si

la

de

domicilio

durante

la

vigencia

del

de

ser

aplicar

la

ley

esa

así,

de

jurisdicción a los bienes muebles adquiridos durante ese

tiempo.

C.

CC-2006-1031

31

Por otra parte, el Tribunal afirma que nuestro Código

Civil

incorporó

estadounidense

―el

principio

respecto

por

general

del

derecho

a

que

los

bienes

inmuebles

la

ley

del

lugar

en

que

se

regulan

totalmente

estén

sitos‖.

Al partir de esa premisa, determina que el bien

inmueble sito en Florida era privativo porque solamente un

cónyuge ostentaba la titularidad exclusiva del bien.

Su

análisis

falla

la

aplicación

del

precisamente

principio

lex

porque

rei

sugiere

sitae

que

responde

supuesta práctica uniforme en los Estados Unidos.

a

una

Ello no

es cierto.

En

la

actualidad,

la

doctrina

estadounidense

prevaleciente reconoce esta distinción y limita, en este

ámbito, la aplicación del principio lex rei sitae a la

determinación del título legal.

3:13.

Turner, op. cit., sec.

Empero, este principio no se extiende a la etapa de

distribución de bienes matrimoniales, pues la mayoría de

las

jurisdicciones

consideración

la

postdivorcio.

Id.

Estado

Unidos,

estadounidenses

titularidad

al

no

decretar

toman

la

en

división

Un estudio de la realidad jurídica en

deja

de

manifiesto

que

no

hay

un

procedimiento uniforme para la caracterización de bienes o

su división postmatrimonial.

Tampoco existe uniformidad

para atender controversias de conflicto de leyes.

CC-2006-1031

32

Actualmente

hay

estados144

nueve

cuyo

régimen

económico matrimonial es la comunidad de bienes, mientras

que los otros cuarenta y un estados mantienen la doctrina

de

separación

de

bienes,

propia

Además,

aun

dentro

de

estos

estados

con

normas

iguales.

del

derecho

común.

dos

sistemas

no

hay

Por

ejemplo,

cada

dos

estado

tiene sus propias reglas para preparar el inventario de

bienes divisibles y adjudicar la división.

Una minoría de los estados se rige por un sistema de

comunidad de bienes, en ausencia de capitulaciones.

Las

leyes de estos estados siguen la tradición civilista, por

lo que establecen un régimen similar a nuestra sociedad

legal de gananciales que surte efectos desde la fecha del

matrimonio.

observa

en

La

la

protección

que

participación

ofrece

como

este

comuneros

sistema

de

se

derechos

propietarios sobre bienes adquiridos durante la vigencia

del

matrimonio.

Oldham,

Divorce,

Separation

and

the

Distribution of Property, op. cit. sec. 3.02[5]; Bea Ann

Smith,

The

Partnership

Theory

of

Marriage:

A

Borrowed

Solution Fails, 68 Tex. L. Rev. 689, 697-98 (1990).

La

comunidad también afecta los derechos de los cónyuges una

vez

se

disuelve

divorcio.

el

matrimonio,

sea

por

muerte

o

por

Turner, op. cit., sec. 2:4.

Estos estados son Arizona, California, Idaho, Luisiana,

Nevada, Nuevo México, Texas, Washington y Wisconsin.

144

CC-2006-1031

33

En cuanto a la partición, la mayoría de los estados

de comunidad aplica la norma de división de bienes comunes

por

partes

iguales

y

otorga

los

exclusivamente a su titular original.

pocos

de

estos

estados

bienes

privativos

Id., pág. 71.

contemplan

la

Unos

distribución

equitativa cuando las circunstancias lo ameritan, lo cual

puede favorecer porcentualmente más a uno de los cónyuges.

No obstante, existen diferencias en las leyes de estos

estados sobre la caracterización de ciertos bienes y otras

particularidades del procedimiento de división.

Las jurisdicciones de derecho común adoptaron leyes

de distribución de bienes recientemente.

El derecho común

puro en materia de familia establecía que el matrimonio no

surtía

efectos

cónyuges.

adquiría

los

derechos

propietarios

de

los

Los bienes que cada cual traía al matrimonio o

durante

separados145

incluso

sobre

del

después

su

vigencia

cónyuge

de

permanecían

adquirente

disuelto

el

en

como

bienes

todo

momento,

matrimonio.

Oldham,

Divorce, Separation and the Distribution of Property, op.

cit., sec. 3.02[1].

Una esposa que no trabajaba fuera del

hogar solamente tenía derecho a una pensión postdivorcio,

si no tuvo culpa en la causal del divorcio.

Id.; Turner,

El término ―separado‖ será utilizado para distinguir

esta

clasificación

del

derecho

común

del

concepto

―privativo‖, propio de los ordenamientos donde impera la

comunidad

de

bienes

o

nuestra

sociedad

legal

de

gananciales.

145

CC-2006-1031

34

op. cit., sec. 2:3.

En la década de 1970 y 1980, la

mayoría de los estados reformaron sus leyes de derecho de

familia y acogieron la teoría de que los cónyuges son

socios en el matrimonio.

promulgaron

leyes

Cónsono con lo anterior, se

para

establecer

distribución

equitativa

para

dependiente,

proveyéndole

así

futura.

procedimientos

proteger

al

estabilidad

de

cónyuge

económica

Turner, op. cit., secs. 1:3-1:5.

La distribución equitativa, es un sistema de división

de bienes postdivorcio en el que se reconoce un interés de

cada cónyuge sobre los bienes matrimoniales.

A diferencia

de la comunidad, este sistema solamente surte efectos con

posterioridad al decreto de divorcio y permite que el juez

adjudique los bienes según la distribución que le parezca

más equitativa, sin que tenga que ser por partes iguales.

Algunos

estados

preparan

el

inventario

de

bienes

divisibles a base de la totalidad de los bienes de los

cónyuges,

incluyendo

matrimonio.

Oldham,

aquellos

adquiridos

Divorce,

previos

al

and

the

Separation

Distribution of Property, op. cit. sec. 3.03[2].

La mayoría de los estados de derecho común clasifica

los

bienes

matrimoniales

para

y

propósitos

separados.

del

Los

inventario,

bienes

entre

separados

se

adjudican según la titularidad, mientras que los bienes

matrimoniales se distribuyen de forma equitativa.

Turner,

CC-2006-1031

35

op. cit., sec. 2:9.

no

se

Cabe señalar que como esta distinción

hace

hasta

matrimonial,

durante

derechos

el

propietarios

separados.

ciertos

después

de

disuelto

el

matrimonio

cada

cónyuge

tiene

absolutos

sobre

sus

bienes

Oldham, op. cit., sec. 3.03[3].

casos,

si

el

vínculo

juzgador

lo

Además, en

considera

justo,

se

permite que se adjudiquen bienes privativos de un cónyuge

a favor del otro. Id., sec. 3.04[4].

Nótese

entonces

conflicto

que

móvil

en

postmatrimoniales:

la

procedimiento

de

hay

dos

aspectos

las

relaciones

clasificación

división.

En

este

de

relativos

al

patrimoniales

bienes

tenor,

es

y

el

preciso

destacar que cada jurisdicción estatal tiene sus propias

normas respecto a uno y otro tema.

Ante esta realidad, la

aplicación del principio lex rei sitae es inadecuada, pues

puede causar que el procedimiento post divorcio resulte

excesivamente

complejo,

engorroso

y

extenuante.

Cabe

preguntarnos qué pasaría en el supuesto de una familia que

por razones de empleo se establezca inicialmente en un

estado, pero cambie periódicamente de domicilio.

No hay

dos estados con leyes exactamente iguales en cuanto al

derecho que rige los bienes durante el matrimonio o la

distribución postdivorcio.

Debemos

propósitos

subrayar

del

que

inventario

clasificar

según

la

ley

un

del

bien

para

lugar

de

CC-2006-1031

36

adquisición, para luego dividirlo de acuerdo a otra ley,

ha

producido

partes,

resultados

principalmente

injustos

para

para

el

alguna

cónyuge

de

las

dependiente.

Merrie Chappell, A Uniform Resolution to the Problem a

Migrating Spouse Encounters at Divorce and Death, 28 Idaho

L. Rev. 993, 1000-03 (1992).

Por ejemplo, en un pasado,

algunos tribunales de estados donde rige la comunidad de

bienes

aplicaban

el

principio

bienes

al

lex

momento

rei

de

sitae

para

clasificar

los

disolución

del

matrimonio.

Sin embargo, la división se hacía conforme a

la ley del foro que tenía ante sí la división de los

bienes.

William

W.

Bassett,

Repealing

Quasi-Community

Property: A Proposal to Readopt a Unitary Marital Property

Scheme, 22 U.S.F.L. Rev. 463, 467-69 (1988).

Por esta

razón, la masa de bienes de la comunidad se limitaba a los

bienes que se consideraban matrimoniales.

Como

es

propio

del

derecho

común,

los

bienes

adquiridos en un estado donde no regía la comunidad de

bienes

se

consideraban

estados

de

comunidad,

separados.

al

aplicar

Los

el

tribunales

principio

lex

en

rei

sitae e intentar adaptar el concepto a su sistema, les

adjudicaban carácter privativo.

Id.

Esta práctica tuvo

el efecto de que una mujer que había vivido con su esposo

en un estado de derecho común, pero que posteriormente se

mudaban a un estado donde rige la comunidad de bienes,

CC-2006-1031

recibía

37

una

cantidad

muy

inferior

a

la

que

hubiera

recibido de haberse clasificado y dividido la totalidad de

los bienes a la luz de una ley solamente.

Bassett, op.

cit., pág. 469.

Algunos

estados,

como

California,

donde

rige

la

comunidad de bienes han atendido este conflicto de leyes

mediante

legislación,

al

incorporar

la

doctrina

de

cuasicomunidad, una modalidad de la norma de mutabilidad.

Se

refiere

a

la

caracterización

que

se

le

da,

en

un

procedimiento de división, a los bienes adquiridos fuera

de

la

jurisdicción

adquirido

en

la

del

foro

jurisdicción

bienes de la comunidad.146

pero

del

que

si

se

hubieran

foro

se

considerarían

La aceptación de esta normativa

se observa en la proliferación de leyes similares en otros

estados donde rige la comunidad matrimonial de bienes.147

La

aplicación

procedimiento

de

del

división

principio

de

lex

bienes,

rei

sitae

requeriría

al

que

un

tribunal tenga que estudiar y aplicar leyes del derecho de

familia

de

múltiples

dividir

cada

bien.

jurisdicciones

Es

por

ello

que

para

se

clasificar

considera

y

que

cuando un conflicto se refiere a controversias internas

entre cónyuges, se debe aplicar la misma ley a bienes

146

147

Id.; Turner, op. cit, sec. 3:13.

Véase Ariz. Rev. Stat. Ann sec. 25-318(A); Cal. Civ.

Code sec. 125; La. Civ. Code Ann. Art. 3526; N.M. Stat.

Ann. Sec. 40-3-8(C)(1); Tex. Fam. Code Ann. sec. 7.002.

CC-2006-1031

muebles

e

Asimismo,

38

inmuebles.

para

Marsh,

evitar

la

op.

aplicación

cit.,

pág.

defectuosa

110.

de

una

norma u otra, se favorece la utilización de una ley única

para la clasificación y división de la totalidad de los

bienes.

A esta doctrina se le ha denominado el principio

de unicidad patrimonial y es la práctica favorecida no tan

sólo

en

la

mayoría

de

las

jurisdicciones

en

Estados

Unidos, Turner, op. cit., sec. 3.13, pág. 159, nota 7,

sino

también

por

los

países

civilistas.148

En

nuestro

ordenamiento impera esta normativa, la cual extendimos a

casos en que hay conflicto de leyes en Toppel v. Toppel,

ante,

págs.

790-91,

pero

que

hoy

este

Tribunal

injustificadamente abandona.

IV.

Contrario a lo que el Tribunal pretende afirmar, no

cabe hablar de una norma uniforme en Estados Unidos sobre

conflicto de leyes en el ámbito de división de

matrimoniales.

bienes

Tampoco puede aseverarse que la práctica

generalizada es la aplicación del principio lex rei sitae

a

los

procedimientos

de

clasificación

postdivorcio de bienes matrimoniales.

y

división

El estatuto real no

responde a los intereses relacionados a la división de

Cabe destacar, sin embargo, que el principio lex rei

sitae y la distinción entre los tipos de bienes mantiene

su importancia en otros ámbitos de derecho, como en

acciones relativas a la titularidad de un bien o a los

derechos de terceras personas sobre bienes matrimoniales.

Marsh, op. cit., pág. 110.

148

CC-2006-1031

bienes

39

matrimoniales.

Su

propósito

es

cónsono

con

la

protección de derechos propietarios, no así con el interés

de

dividir

los

bienes

matrimoniales

de

forma

justa

y

equitativa para asegurar la estabilidad económica futura

de cada cónyuge.

Lo cierto es que cada jurisdicción adopta la doctrina

o modalidad que le parece que mejor protege los intereses

de las partes, entre otras consideraciones.

Así hicimos

en Toppel v. Toppel, luego de considerar varias de las

tendencias modernas en esta área.

De conformidad con la

doctrina del precedente, ésta es la norma de conflicto de

leyes aplicable a la controversia de autos.

razón

para

realidad

de

abandonar

esta

nuestros

norma,

tiempos

y

pues

a

No existe

responde

las

a

la

corrientes

doctrinales modernas.

Por todo lo anterior, disiento de la Opinión de la

mayoría de este Tribunal.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada