Tribunal Supremo de Puerto Rico
Roselló Puig v. Rodríguez Cruz
2011 TSPR 148
Poder Judicial de Puerto Rico
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Roselló Puig v. Rodríguez Cruz
CC-2006-1031
Contratos- Contrato suscrito fuera de Puerto Rico entre cónyuges casados bajo el régimen de sociedad legal de gananciales
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos Roselló Puig
Recurrido
Certiorari
v.
2011 TSPR 148
Ruth N. Rodríguez Cruz
183 DPR ___
Peticionaria
Número del Caso: CC
- 2006 - 1031
Fecha: 11 de octubre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón Panel VI
Jueza Ponente:
Hon. Migdalia Fraticelli Torres
Abogada de la Parte Peticionaria:
Luccianna M. Rechany Escudero
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Héctor M. Collazo Maldonado
Lcdo. Alfredo E. González Vega
Materia:
División Comunidad de Bienes
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos Roselló Puig
Recurrido
v.
CC-2006-1031
Certiorari
Ruth N. Rodríguez Cruz
Peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.
En esta ocasión nos corresponde determinar
si
surte
efectos
en
nuestra
jurisdicción
un
contrato suscrito en el estado de Florida por unos
cónyuges puertorriqueños sujetos al régimen de la
sociedad de bienes gananciales, mediante el cual
transfieren a uno solo de éstos la titularidad
exclusiva de un bien inmueble sito en ese estado.
Por los fundamentos que se discuten en la Opinión,
respondemos tal interrogante en la afirmativa.
I
La
Sr.
Sra.
Carlos
Ruth
N.
Rodríguez
Cruz
y
el
Roselló
Puig
contrajeron
nupcias
el
25 de junio de 1978 en San Juan, Puerto Rico. El
régimen económico bajo el cual constituyeron su
CC-2006-1031
2
matrimonio fue el de la sociedad de bienes gananciales.
Luego de concretado el vínculo matrimonial, los cónyuges
vivieron y adquirieron varios bienes inmuebles en la Isla.
Posteriormente
adquirieron
se
una
mudaron
al
propiedad
estado
inmueble
de
en
Florida
el
donde
condado
de
Seminole.
Ahora
bien,
mediante
una
escritura
intitulada
―Warranty Deed‖, otorgada por el matrimonio en el estado
de Florida el 29 de abril de 1997, y según lo permiten las
leyes de ese estado,1 el señor Roselló Puig le transfirió
su participación en el inmueble sito en el condado de
Seminole a la señora Rodríguez Cruz por la cantidad de
diez
dólares
―and
other
valuable
consideration‖.
El
propósito del contrato fue que, a tenor con las leyes del
estado de Florida, la propiedad dejara de ser ganancial y
se convirtiera en una privativa de la esposa.
El 7 de abril de 2003, el vínculo matrimonial se
declaró disuelto cuando el Tribunal de Primera Instancia,
Sala
Superior
de
Bayamón,
causal de separación.
1
decretó
el
divorcio
por
la
Sin embargo, no se procedió con la
La Sec. 708.09 del Florida Statutes establece:
§
708.09. Married
women's
rights;
husband, power of attorney, etc.
agreements
with
Every married woman may enter into agreements and
contracts with her husband, may become the partner of her
husband or others, may give a power of attorney to her
husband, and may execute powers conferred upon her by her
husband, including the power to execute and acknowledge
all instruments, including relinquishments of dower,
conveying, transferring, or encumbering property, or any
interest in it, owned by her, or by herself and her
husband as tenants by the entirety, or by her husband. All
powers of attorney heretofore executed by a wife to her
husband and vice versa, and the execution of all documents
executed thereunder, are hereby validated and confirmed.
CC-2006-1031
3
división de bienes gananciales de inmediato, sino que se
configuró una comunidad de bienes posganancial.
Estando
en comunidad, la señora Rodríguez Cruz vendió el inmueble
sito en el estado de Florida.
El 27 de octubre de 2003, el señor Roselló Puig
presentó una demanda mediante la cual solicitó la división
de la comunidad de bienes posganancial generada entre él y
su ex esposa.
Entre otras cosas, adujo que el producto de
la venta del inmueble localizado en el estado de Florida
era parte de la comunidad y no privativo de su excónyuge.
Alegó que si bien fue transferido a la señora Rodríguez
Cruz
durante
la
vigencia
del
matrimonio,
él
continuó
realizando los pagos del préstamo hipotecario del inmueble
hasta agosto de 2003, fecha en que la señora Rodríguez
Cruz lo vendió por la cantidad de $450,000.
Manifestó
que
en
vista
de
que
la
propiedad
fue
adquirida mientras estaban casados, ésta le pertenecía a
la sociedad de bienes gananciales aun cuando se encuentra
a nombre de uno de los consortes.
que
el
50%
del
dinero
A esos efectos, adujo
producto
de
esa
venta
le
correspondía a él, ya que el inmueble le pertenece a la
comunidad
que
es
objeto
de
la
división
o
que,
en
su
defecto, se le debía reconocer el crédito correspondiente.
La
señora
Rodríguez
Cruz
contestó
la
demanda
y
admitió que, vigente el matrimonio, compareció junto a su
ex marido como codeudora de la deuda hipotecaria asumida
por ambos para la obtención del inmueble.
Ahora bien,
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4
alegó
que
el
inmueble
debía
puesto
que
posteriormente
ser
considerado
lo
adquirió
ella
privativo
mediante
un
contrato otorgado al amparo de las leyes del estado de
Florida,
entre
jurisdicción
cónyuges.
A
donde
se
permite
esos
efectos,
la
contratación
aclaró
que
―[l]as
mensualidades de la hipoteca fueron satisfechas con bienes
de la Sociedad Legal de Gananciales desde que la misma fue
incurrida hasta aproximadamente el mes de agosto de 2003‖.2
Por ello, reclamó ser acreedora de un crédito por concepto
del dinero privativo que tuvo que utilizar al momento de
la venta del inmueble para satisfacer el resto de la deuda
hipotecaria.
El
señor
Roselló
Puig
replicó
lo
referente
al
crédito solicitado. Sin embargo, al refutar la procedencia
del crédito, se mostró conforme con el carácter privativo
de la propiedad. Esto es, al reconocer que en efecto la
titularidad
exclusiva
de
la
propiedad
de
Florida
sido cedida a su excónyuge, expresó:
La demandada a trav[é]s de esta cesión no
tan s[ó]lo acept[ó] toda participación de la
referida
propiedad,
sino
tambi[é]n
la
obligación
económica
futura
que
esto
conllevaba, por tanto[,] y como expresa en la
Contestación de la demanda, existen unos
créditos de la Sociedad Legal de Gananciales,
no obstante, no existen créditos a favor de la
demandada ya que simplemente ella cumplió con
su obligación econ[ó]mica para con su bien
privativo.3
2
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 80.
3
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 85.
había
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5
Así las alegaciones, el 7 de diciembre de 2004 el
Tribunal de Primera Instancia celebró una vista para la
discusión de varios asuntos, entre ellos, la controversia
surgida en cuanto a si el inmueble sito en el estado de
Florida
era
acordaron
un
bien
ganancial
presentar
escritos
o
privativo.
mediante
Las
los
partes
cuales
fundamentarían sus respectivas posiciones.
El 13 de diciembre de 2004, el señor Roselló Puig
acudió al foro primario en auxilio de su jurisdicción para
que le ordenara a su ex esposa que consignara los frutos
de
la
venta
del
inmueble
hasta
controversia definitivamente.
que
se
resolviera
la
Se fundamentó en que, como
consideraba que la propiedad formaba parte de la comunidad
de bienes que pretendía dividir, se afectaría su derecho a
la parte del producto de la venta que le correspondía,
pues la señora Rodríguez Cruz había aceptado que utilizaba
ese dinero para cubrir gastos personales.
La señora Rodríguez Cruz, por su parte, se reafirmó
en que la propiedad se tenía que considerar como un bien
privativo suyo, por lo que ―estaba en su pleno derecho de
disponer de ese bien según sus deseos sin crédito alguno a
la Sociedad Legal de Gananciales[] ni a la Comunidad de
Bienes
Posdivorcio[]‖.4
para
llevar
a
señor
Roselló
la
Puig
Además,
atención
en
su
del
aprovechó
tribunal
escrito
la
que
admitió
el
alegación
el
propio
carácter
privativo del bien, por lo que solicitó que esa expresión
4
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 102.
CC-2006-1031
se
6
considerara
naturaleza
como
una
privativa
―admisión
del
de
parte‖
sobre
la
En
fin,
la
inmueble.
señora Rodríguez Cruz le solicitó al tribunal primario que
dictara sentencia sumaria a su favor puesto que entendía
que
la
existencia
de
la
escritura
intitulada ―Warranty
Deed‖ hacía incontrovertible la naturaleza privativa del
inmueble.
El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud
y dictó una sentencia sumaria parcial.5
Concluyó que el
señor Roselló Puig le había transferido a su ex esposa la
titularidad exclusiva del inmueble mediante el ―Warranty
Deed‖.
Determinó que de acuerdo a las leyes del estado de
Florida, donde se permite la contratación entre cónyuges,
ese negocio jurídico fue válido. Explicó que las leyes de
esa jurisdicción eran las que aplicaban a la controversia
en vista de que los Arts. 10 y 11 del Código Civil de
Puerto
Rico
establecen
que
las
leyes
aplicables
a
los
bienes inmuebles y a los contratos que los afectan son las
del lugar en que está sita la propiedad inmueble.
de
lo
anterior,
privativo
de
la
dictaminó
señora
que
Rodríguez
el
bien
Cruz,
A base
inmueble
por
lo
que
era
no
procedía la consignación del producto de la venta de éste,
ya que quedaba excluido de los procedimientos de división
de la comunidad.
5
A pesar de que el foro primario la tituló ―Sentencia Sumaria
Parcial‖, en realidad era una resolución interlocutoria en la cual se
resolvió únicamente la controversia relativa al bien inmueble en
cuestión.
CC-2006-1031
7
Insatisfecho con ese dictamen, el señor Roselló Puig
acudió
mediante
recurso
de
certiorari
al
Tribunal
de
Apelaciones. Adujo que el foro primario había errado al
determinar
que
la
prohibición
de
contratación
entre
cónyuges —establecida en los Arts. 1286 y 1347 del Código
Civil de Puerto Rico— no aplica cuando el negocio jurídico
versa sobre la compraventa de un bien inmueble sito en el
estado de Florida.
al
estado
de
Expuso que esa decisión es contraria
derecho
vigente,
pues
éste
―reconoce
la
unicidad del patrimonio matrimonial, sin distinción entre
bienes muebles e inmuebles cuando se trata de conflictos
entre los cónyuges exclusivamente (sin afectar terceras
personas)‖.6
Además, alegó que realmente ―nunca fue la intención
de las partes hacer una donación o venta entre marido y
mujer‖,7
sino
que
suscribir
tal
contrato.8
otras
consideraciones
No
obstante,
lo
a
llevaron
pesar de
a
esa
alegación, lo que solicitó fue que se revocara al foro
primario para que se estableciese ―que las donaciones o
compraventa
recíprocas
entre
marido
y
mujer
est[á]n
proh[i]bidas a[u]n cuando el bien inmueble adquirido por
6
Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 48-49.
7
Íd., pág. 47.
8
El señor Roselló Puig manifestó que el contrato se suscribió a los
fines de proteger la propiedad por si en el futuro surgían acreedores
suyos, que éstos no pudieran hacerse con el bien en cobro de la deuda,
pues su esposa constaría legalmente como única titular del inmueble.
Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 90. Con relación a
la naturaleza de esta alegación, ese asunto no se encuentra ante
nuestra consideración en este recurso, por lo que corresponderá al
foro de instancia atenderlo en su día.
CC-2006-1031
8
dicha Sociedad Legal de Gananciales est[á] fuera de la
jurisdicción de Puerto Rico‖.9
El
Tribunal
de
Apelaciones
acogió
el
recurso
y
revocó el dictamen del foro primario.
Concluyó que ―[l]a
cesión
o
transferencia
realizó
Roselló
a
la
señora
simulada
Rodríguez
que
no
cambió
la
el
señor
naturaleza
ganancial del inmueble, porque en Puerto Rico, vigente el
matrimonio, los cónyuges no pueden alterar la naturaleza
del bien, aunque estuviera ubicado en otro país o estado,
la sociedad no puede donar ni vender el bien a uno de los
cónyuges, ni éstos disponer de su participación ganancial
para favorecer a uno solo de ellos‖.10
anterior,
el
foro
recurrido
se
Para concluir lo
fundamentó
en
que
aun
cuando la ley del estado de Florida permite la adquisición
de
un
bien
aplicación
ganancial
en
por
Puerto
uno
Rico
de
los
cónyuges,
implicaría
su
trastocar
sustancialmente nuestra norma de derecho civil que prohíbe
a los cónyuges realizar contratos y donaciones entre sí.
A base de lo anterior, el tribunal a quo determinó
que,
en
vista
de
lo
expresado
en
Toppel
v.
Toppel,
114 D.P.R. 775 (1983), no era aplicable a los hechos del
caso de autos el Art. 10 del Código Civil de Puerto Rico,11
9
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 56.
10
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Bayamón,
29 de septiembre de 2006, KLCE200500488, pág. 21.
11
Este precepto legal establece que ―[l]os bienes muebles están
sujetos a la ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles, a
las leyes del país en que están sitos‖.
Art. 10 del Código Civil,
31 L.P.R.A. sec. 10.
CC-2006-1031
9
sino que aplicaba el Art. 11 en su modalidad de efecto
atenuado.12
De esta forma, dispuso que el bien inmueble
sito
estado
en
el
de
Florida
era
uno
ganancial,
pues
―[a]unque el traspaso a la señora Rodríguez y la venta
subsiguiente
del
inmueble
a
un
tercero
fueran
válidas
según las leyes de Florida, el bien nunca salió idealmente
del
patrimonio
ganancial,
porque
no
podía
salir,
por
donación ni compraventa, para integrarse al patrimonio de
uno solo de los cónyuges‖. (Énfasis omitido.)13
Ahora bien, como aplicó esa disposición estatutaria
en
su
modalidad
de
efecto
atenuado,
el
foro
apelativo
intermedio reconoció, al amparo de las leyes del estado de
Florida y para propósitos de la titularidad actual, la
validez y la eficacia de la enajenación del bien inmueble
realizada
adquirente.
por
la
En
señora
Rodríguez
consecuencia,
tras
Cruz
al
establecer
tercero
que
el
dinero recibido de esa compraventa sustituyó al inmueble
en el patrimonio ganancial, ordenó al foro primario que lo
colacionara
como
activo
ganancial
a
adjudicarse
por
la
mitad entre ambos excónyuges.
12
En lo pertinente, esta disposición estatutaria establece que ―las
leyes prohibitivas concernientes a las personas, sus actos o sus
bienes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas
costumbres, no quedarán sin efecto por leyes o sentencias dictadas...
en países extranjeros‖. Art. 11 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 11.
13
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, supra, pág. 24.
El Juez
Asociado señor Martínez Torres, quien fuera el Presidente del Panel
que atendió este pleito en el Tribunal de Apelaciones, concurrió con
el resultado del caso, pero discrepó de esta conclusión a la que llegó
el mencionado foro.
Específicamente, el Juez Martínez Torres
fundamentó su opinión concurrente en un planteamiento similar al que
esbozamos en esta Opinión.
CC-2006-1031
En
10
desacuerdo
con
el
dictamen
del
Tribunal
de
Apelaciones, la señora Rodríguez Cruz acudió ante nuestra
consideración.
Esencialmente, adujo que había errado el
foro recurrido al determinar que la compraventa realizada
entre los excónyuges produjo efectos ante terceros pero
que, al margen de lo dispuesto en el mencionado Art. 10,
ello no tuvo el efecto de transferir el título del bien a
su patrimonio.
Manifestó que, en vista de que el bien
inmueble estaba sito en el estado de Florida, incidió ese
foro al obviar la figura de lex rei sitae codificada en
ese
artículo,
contraviniendo
así
las
doctrinas
de
conflicto de leyes, de entera fe y crédito, y de igual
protección de las leyes.
En cuanto a la doctrina de entera fe y crédito,
expresó
que
el
incorrectamente
Tribunal
al
no
de
reconocer
Apelaciones
la
dictaminó
efectividad
de
las
leyes del estado de Florida en relación con un negocio
jurídico efectuado según las leyes de ese estado sobre un
bien inmueble sito allí.
Sobre la igual protección de las
leyes, señaló que estaba en desacuerdo con que dicho foro
apelativo
aplicara
de
manera
diferente
las
leyes
del
estado de Florida y de Puerto Rico a la señora Rodríguez
Cruz
y
al
tercero
adquirente,
concediéndole
a
éste
de
enero
derechos que a ella le negó.
En
atención
a
estas
alegaciones,
el
26
de 2007 expedimos el auto solicitado. Ambas partes han
comparecido.
Procedemos a resolver.
CC-2006-1031
11
II
El
alcance
jurídico
del
matrimonio
es
uno
bidimensional: surte efectos personales y patrimoniales.
En el plano personal, el enlace de los consortes hace que
éstos se deban mutuamente la cohabitación, la fidelidad,
el socorro y la protección.14
Por otro lado, al contraer nupcias, los cónyuges
también configuran el régimen patrimonial que regirá su
matrimonio;
régimen
patrimoniales.
de
La
bienes,
de
deberes
constitución
de
ese
y
derechos
régimen
puede
realizarse mediante el previo otorgamiento de un contrato
de capitulaciones matrimoniales.15
ausencia
de
pacto
o
la
insuficiencia
capitulaciones
matrimoniales,
establece
el
que
régimen
No obstante, ante la
nuestro
económico
de
esas
Código
Civil
que
regirá
el
matrimonio será la sociedad legal de bienes gananciales.16
La
existencia
gananciales
implica
coadministradores
del
régimen
que
los
de
la
de
sociedad
cónyuges
son
totalidad
del
de
bienes
condueños
y
patrimonio
matrimonial, por lo que ostentan la titularidad conjunta
de
14
éste
sin
distinción
de
cuotas.17
Por
esta
razón,
Arts. 88 y 89 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 281 y 282.
15
Art. 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3551. Véase, además,
Domínguez Maldonado v. E.L.A., 137 D.P.R. 954, 964 (1995).
16
Art. 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3551.
17
Montalvo v. Rodríguez, 161 D.P.R. 411, 420 (2004).
CC-2006-1031
12
independientemente de que se adquieran para uno solo de
los consortes,18 ―[s]e reputan gananciales todos los bienes
del
matrimonio,
mientras
no
se
pruebe
privativamente al marido o a la mujer‖.19
que
pertenecen
De igual manera,
todas las deudas y obligaciones del matrimonio se reputan
gananciales a menos que se demuestre lo contrario.20
En
vista
de
lo
anterior,
tras
la
disolución
del
matrimonio, cuestión que provoca ipso facto la extinción
de
la
sociedad
exconsortes
―harán
legal
de
bienes
gananciales,
suyos
por
mitad…
las
ganancias
los
o
beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los
[ex] cónyuges durante el mismo matrimonio‖.21
―[e]l
divorcio
lleva
consigo
la
ruptura
Y es que
completa
del
vínculo matrimonial y la separación de propiedad y bienes
de todas clases entre los cónyuges‖.22
práctica,
la
necesariamente
No obstante, en la
liquidación
de
los
se
de
manera
produce
bienes
comunes
no
contemporánea
al
divorcio, sino que tras decretarse disuelta la sociedad
legal de bienes gananciales, surge una comunidad de bienes
ordinaria entre los excónyuges.23
_______________________________________________________________
18
Art. 1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3641.
19
Art. 1307 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3647.
20
Art. 1308 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3661; WRC Props., Inc.
v. Santana, 116 D.P.R. 127, 134-135 (1985).
21
Art. 1295 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3621.
22
Art. 105 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 381.
23
Montalvo v. Rodríguez, supra, págs. 421-422.
CC-2006-1031
13
El patrimonio que conforma esta comunidad de bienes,
conocida como comunidad posganancial, consta de los bienes
que fueron gananciales, cuya titularidad pertenece a ambos
excónyuges.
Así, pues, ésta se mantiene indivisa hasta
que se procede con la liquidación de la sociedad de bienes
gananciales.
Por ello, al momento de proceder con la
liquidación
de
dicha
sociedad,
inventario
actualizado
sobre
se
requiere
los
activos
realizar
y
un
pasivos
acumulados.24
El inventario actualizado es requerido puesto que,
cuando esta operación se pospone, el monto de los activos
y pasivos puede variar debido a los posibles cambios y
operaciones
común.
final
que
hayan
acaecido
en
relación
al
caudal
Por eso hemos establecido que ―en la adjudicación
de
la
participación
que
le
corresponde
a
cada
ex cónyuge, debe tomarse en consideración, de acuerdo con
la evidencia sometida, si uno de los ex cónyuges puede
interponer frente al otro un crédito por los cambios y las
operaciones que ocurrieron en el haber común‖. (Énfasis
omitido.)25
Por
ejemplo,
ese
es
el
caso
comunidad
posganancial,
uno
de
para
otros
con
fondos
sí
bienes
en
los
que,
vigente
la
excónyuges
adquiere
comunes.
Ante
esa
situación, habiéndose disuelto la sociedad de gananciales,
el bien le pertenece de manera privativa a ese comunero,
24
Art. 1316 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3691.
25
Montalvo v. Rodríguez, supra, págs. 422-423.
CC-2006-1031
14
ello ―sin perjuicio del ‗crédito a favor de la comunidad
postganancial
por
el
importe
comunes utilizados‘‖.26
actualizado
de
los
fondos
En este sentido, no surte efectos
la figura de subrogación real debido a la inexistencia de
la sociedad de gananciales.27
Ahora bien, ¿qué figura opera cuando unos cónyuges
sometidos
al
régimen
de
la
sociedad
legal
de
bienes
gananciales adquieren un bien inmueble en una jurisdicción
en
la
que
se
transcurrido
permite
algún
la
contratación
entre
optan
transferir
tiempo
por
éstos
y
la
titularidad de éste a uno solo de los consortes según lo
permiten las leyes de la jurisdicción en que el inmueble
está
sito?
estatutarias
Esta
situación
contenidas
contrapone
en
nuestro
disposiciones
Código
Civil.
que
nuestro
Delineemos, pues, la normativa aplicable.
III
De
entrada,
ordenamiento
téngase
jurídico
en
prohíbe
cuenta
la
contratación
entre
cónyuges sujetos al régimen de la sociedad legal de bienes
gananciales, con excepción de los convenios permitidos en
las
capitulaciones
matrimoniales
y
de
la
otorgación
de
contratos de mandato para delegar en uno de los cónyuges
la administración o disposición de bienes comunes.28
26
Íd., pág. 426.
27
Íd.
28
Arts. 91 y 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 284 y 3551.
CC-2006-1031
15
Asimismo,
tampoco
podrán
los
consortes
―venderse
bienes recíprocamente, sino cuando se hubiese pactado la
separación de bienes, o cuando hubiera separación judicial
de los mismos bienes‖.29
El origen de la normativa que
prohíbe la venta recíproca entre cónyuges se ha asociado
con el principio de la inmutabilidad del régimen económico
matrimonial,30 pues una vez éste ha sido seleccionado no
pueden los consortes alterar la composición de la masa
común mediante actos dispositivos entre ellos.
Por otro lado, y al margen de estas excepciones, el
Art.
1286
también
del
Código
prohíbe
el
que
Civil,
los
31
L.P.R.A.
cónyuges
se
sec.
3588,
donen
bienes
durante el matrimonio a no ser que se trate de regalos
módicos en ocasión de regocijo familiar.
Respecto a la
prohibición de donaciones mutuas entre los cónyuges, nos
explica el Prof. Raúl Serrano Geyls que ésta responde más
bien ―a la necesidad de evitar influencias, coacciones y
abusos que el cónyuge más fuerte podría ejercer sobre el
más débil‖.31
Ahora bien, es menester señalar que el Art. 1286 de
nuestro Código Civil tiene su origen en el Art. 1.334 del
Código
Civil
español.
En
ese
sentido
es
interesante
denotar que el 13 de mayo de 1981 se suprimieron las
29
Art. 1347 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3772.
30
Art. 1272 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3556.
31
R. Serrano Geyls, Derecho de familia de Puerto Rico y legislación
comparada, San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica Continua de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, Vol. I, pág. 317.
CC-2006-1031
16
limitaciones al poder de disposición de los cónyuges en el
Código Civil español.
los
comentaristas
De hecho, previo a esa eliminación,
españoles
ya
apuntaban
que
esas
prohibiciones a las donaciones mutuas entre los consortes
eran ―prohibiciones que no afecta[ban] el orden público
español,
por
lo
que
pod[ían]
ser
desconocidas
por
un
donante extranjero‖. (Énfasis suplido.)32
En el caso de autos, y como señalamos, la propiedad
en controversia fue transferida a la peticionaria por la
cantidad de diez dólares, precio que es uno nominal, pues
es evidente que el valor de cualquier inmueble en el
estado
de
Florida
excede
de
manera
considerable
tal
cantidad.
En ese sentido es igualmente evidente entonces
que
encontramos
nos
ante
una
donación
simulación relativa contractual.
disimulada
o
En Banco Popular v.
Registrador, 172 D.P.R. 448, 454 (2007), señalamos que la
donación
disimulada
o
simulación
relativa
contractual
ocurre:
cuando los contratantes llevan a cabo un
negocio jurídico aparente que encubre otro
real con causa lícita, fingido o disimulado.
En específico, hemos resuelto que hay una
donación
disimulada
en
un
contrato
de
compraventa cuando la causa de dicho contrato
no es onerosa, sino que responde a la mera
liberalidad de uno de los contratantes, el
donante.33
IV
32
A. Marín López, Comentarios a las Reformas del Código Civil, 1977,
Vol. I, pág. 539.
33
Véanse, además: Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1 (1989),
La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, 112 D.P.R. 9 (1982), Hernández
Usera v. Srio. De Hacienda, 86 D.P.R. 13 (1962).
CC-2006-1031
La
17
controversia
consideración
nos
que
tenemos
a
adentrarnos
obliga
ante
en
nuestra
materia
de
derecho internacional privado, ya que fue en el estado de
Florida -cuyas leyes permiten la contratación entre los
consortes- donde los excónyuges suscribieron el contrato
traslativo de titularidad de un inmueble ganancial sito
allí.
de
No obstante, es importante recordar que en materia
―derecho
internacional
privado
extranjeras
entre
sí
aquellas
legislación
propia
sobre
determinadas
se
consideran
jurisdicciones
materias,
con
cuyas
legislaciones pueden venir en conflicto unas con otras,
aunque
esas
extranjeras
jurisdicciones
a
los
fines
no
del
público‖. (Énfasis suplido.)34
sean
necesariamente
derecho
internacional
Precisamente, ese es el
caso de países organizados federalmente como por ejemplo
Estados Unidos de América, en el que las legislaciones de
los
diferentes
estados
conflictos de leyes.
solución
en
la
dan
margen
a
que
se
generen
Dichos conflictos suelen encontrar
aplicación
de
normas
o
principios
del
derecho internacional privado.
En cuanto a las relaciones jurídicas que se suscitan
entre cónyuges, y en el marco del derecho internacional
privado, nos comenta Miaja de la Muela lo siguiente:
Una de las cuestiones especiales de mayor
trascendencia, dentro de las relaciones entre
cónyuges, en Derecho internacional privado, es
la ley que rige la posibilidad jurídica de
contratos de donación, venta o sociedad entre
34
Armstrong v. Armstrong, 85 D.P.R. 404, 409 (1962).
CC-2006-1031
18
ellos, que unas legislaciones permiten y otras
prohíben. Luchan, en este caso particular,
como siempre, la ley nacional de los esposos y
el Derecho local, con su excepción de orden
público, que será o no aplicable según lo
riguroso de la prohibición en el respectivo
ordenamiento.35
V
En la actualidad, los problemas que se generan en
nuestra jurisdicción en materia de derecho internacional
privado son atendidos por los Arts. 9 (estatuto personal),
10 (estatuto real) y 11 (estatuto formal) del Código Civil
de Puerto Rico.
El estatuto personal (Art. 9) establece que ―[l]as
leyes relativas a los derechos y deberes de familia, o al
estado,
condición
y
capacidad
legal
[de]
las
personas,
obligan a los ciudadanos de Puerto Rico, aunque residan en
países extranjeros‖.36
Es de notar que este estatuto, tal
como lo indica su calificativo, surte efectos precisamente
sobre la persona, no sobre sus bienes.
modo
de
ejemplo,
determinante
el
ante
Art.
9
del
controversias
Por lo tanto, a
Código
Civil
es
con
el
relacionadas
contenido del matrimonio, del régimen matrimonial y del
contrato
sobre
bienes
con
ocasión
de
matrimonio
(capitulaciones matrimoniales).
Ahora bien, así como las cuestiones relativas a la
eficacia o la nulidad de los actos o contratos que afectan
directamente
a
las
personas
se
regulan
35
A. Miaja de la Muela, Derecho Internacional
Madrid, Ed. Atlas, 1982, Vol. 2, pág. 360.
36
Art. 9 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 9.
por
medio
Privado,
9na
del
ed.,
CC-2006-1031
19
estatuto personal (Art. 9), cuando nos enfrentamos a los
asuntos
relacionados
estatuto real.
con
los
bienes
emerge
el
llamado
A esos efectos, el Art. 10 del Código
Civil dispone que ―[l]os bienes muebles están sujetos a la
ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles, a
las leyes del país en que están sitos‖.37
Se desprende
que, a diferencia del estatuto personal, el estatuto real
establece claramente que todo lo referente a los bienes
inmuebles se rige por las leyes del lugar donde estén
ubicados,
―independientemente
del
domicilio
de
sus
dueños‖.38
Es sólo cuando de bienes muebles se trata que
corresponde aplicar la ley del domicilio del propietario.
En cuanto a este tema, es importante señalar que la
incorporación
del
actual
estatuto
real
como
parte
del
conjunto de normas que rige en esta jurisdicción provino
del
concepto
lex
Estados Unidos.
de
San
Juan,
rei
sitae
según
se
concebía
en
los
A esos efectos, en Bracons v. Registrador
24
D.P.R.
753,
757
(1917),
esta
Curia
catalogó tal proceder como la reforma más importante del
Título Preliminar del Código Civil, al citar con autoridad
a la Comisión Codificadora de 1902 en el sentido de que:
La reforma más importante hecha en el Título
Preliminar del Código ha sido la relativa a
restringir la doctrina de los estatutos
personal y real, tomando en cuenta y aplicando
el
principio
general
del
derecho
civil
americano de que los derechos respecto a los
bienes inmuebles han de regularse totalmente,
así en cuanto a la contratación como en cuanto
37
Art. 10 del Código Civil, supra.
38
Zarelli v. Registrador, 124 D.P.R. 543, 550 (1989).
CC-2006-1031
20
a los derechos hereditarios, por la ley del
país en que están sitos. (Énfasis suplido.)39
La razón de ser de la norma establecida en
estatuto
real,
según
ha
sido
aplicada
en
Unidos,
es
los
descrita
de
la
siguiente
manera
el
Estados
por
el
Prof. Raleigh C. Minor en su tratado sobre Conflicto de
las Leyes:
Cada Estado hace lo que está a su alcance
con el fin de que sus leyes que afectan la
entrega,
traspaso
y
gravamen
de
bienes
inmuebles situados dentro de sus límites sean
lo más terminantes y precisas posibles. Se
exigen formalidades especiales que no se
requieren en otras cuestiones. Y es sumamente
importante que las inscripciones legales de
dichas transacciones, las cuales constituyen
series de títulos a los bienes inmuebles, se
conserven
libres
de
toda
censura,
irregularidad o confusión con los requisitos
de otros Estados.
Por tanto, viene a ser especialmente
parte de la política de todo Estado el no
permitir que se verifique ninguna transacción
relativa al traspaso de cualquier derecho o
título a la propiedad inmueble que radica en
dicho Estado si con ello se infringe su propia
ley ya sea o no válida de acuerdo con la leyes
de Estados extranjeros. [...]
Ni pretenderán las cortes de otros
Estados
hacer
valer
sus
propias
leyes
relativas a los bienes inmuebles situados en
otras partes, no solamente por espíritu de
cortesía y su repugnancia a observar una
conducta hacia otros Estados que no permitirán
que estos últimos la observaran con ellos
mismos, sino también y tal vez principalmente
por la absoluta imposibilidad en que se
encuentran para dictar cualquier sentencia o
decreto que sea definitivo y eficaz para
traspasar cualquier derecho sobre el inmueble.
Por tanto, en vez de dictar sentencias que son
ociosas de conformidad con su misma ley, al
considerar el título de los bienes inmuebles
39
Bracons v. Registrador de San Juan, 24 D.P.R. 753, 757 (1917),
citando el Informe de la Comisión Codificadora del Código Civil de
1902, presentado a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el 31 de
diciembre de 1901.
CC-2006-1031
21
radicados en países extranjeros, las cortes
tratarán de fijar las reglas establecidas por
la lex situs de dichos bienes, y resolverán de
acuerdo con esa ley, pues a ella deben acudir
las partes en definitiva en todo caso.
Viene, pues, a ser un principio bien
establecido de derecho internacional privado,
sostenido por un fuerte núcleo de autoridades,
que todas las cuestiones relativas a traspasos
de títulos sobre bienes inmuebles donde quiera
que surjan se regirán por la lex situs, o sea,
por la ley del tribunal en que finalmente
deban
ser
resueltas
en
definitiva
esas
cuestiones. (Énfasis suplido.)40
Basándose en la explicación otorgada por la Comisión
Codificadora
que
preparó
el
proyecto
del
Código
Civil
de 1902, respecto a la razón por la cual se incorporó el
estatuto real en nuestro ordenamiento, y tras invocar la
opinión
Curia
de
tratadistas
―trazó
su
estudiosos
línea
de
de
conducta
la
con
materia,
toda
esta
claridad,
optando por aplicar a Puerto Rico íntegramente la teoría
americana, esto es, que la lex rei sitae es la norma que
debe
seguirse
al
determinar
la
capacidad
legal
de
las
a
los
partes en transacciones sobre bienes inmuebles‖.41
De
esta
forma,
toda
cuestión
relacionada
bienes inmuebles se rige por el estatuto real, esto es,
las leyes del lugar en que está sito son las que priman,
sin importar el domicilio de su propietario.
ilustrativo
de
ello
es
el
precedente
Un caso
establecido
en
40
Según citado en Colón et al. v. El Registrador, 22 D.P.R. 369,
373-374 (1915).
41
Bracons v. Registrador de San Juan, supra, pág. 757, interpretando
lo resuelto en Amadeo v. El Registrador, 3 D.P.R. 141 (1903), y en
Colón et al. v. El Registrador, supra, respecto a la capacidad de las
partes en transacciones sobre bienes inmuebles.
CC-2006-1031
22
Babilonia v. Registrador, 62 D.P.R. 688 (1943).
caso,
una
puertorriqueña
estableció
estado
de
Nueva
luego
estado
con
un
York
y
puertorriqueño
domiciliado allí.
En dicho
su
domicilio
en
el
contrajo
nupcias
en
ese
que
llevaba
varios
años
Al poco tiempo, ambos regresaron a la
Isla y posteriormente el marido abandonó a su esposa para
regresar nuevamente al estado de Nueva York.
matrimonio,
la
esposa
compró
tres
fincas
Vigente el
en
Aguadilla
mediante una escritura en la que hizo constar que era una
señora casada con domicilio en el mencionado municipio.
El
Registrador
de
la
Propiedad
inscribió
la
escritura con el defecto subsanable de no haber acreditado
que
el
dinero
invertido
en
esa
compra
era
privativo.
Luego de transcurrir varios años desde la inscripción, la
señora
solicitó
al
subsanara el defecto.
época en
que
se
Registrador
de
la
Propiedad
que
En particular, adujo que para la
casó ambos
tenían su domicilio en
el
estado de Nueva York, por lo que las leyes de dicho estado
eran las que regían los bienes inmuebles adquiridos con
posterioridad
a
su
matrimonio.
Por
lo
tanto,
según
argumentó la señora Babilonia, al no existir el régimen
económico de la sociedad legal de bienes gananciales en
Nueva York, entonces esos bienes inmuebles adquiridos por
ella en matrimonio eran propiedad privativa suya.
Ante esas alegaciones, esta Curia dispuso que aun
cuando el matrimonio no se contrajo sujeto al régimen de
la sociedad legal de bienes gananciales, pues esa regla de
CC-2006-1031
23
propiedad matrimonial no opera en el estado de Nueva York,
―en cuanto a bienes inmuebles adquiridos con posterioridad
al matrimonio, no cabe duda de que el estatuto real, y no
el personal, es el que rige‖. (Énfasis suplido).42
De este
modo, se concluyó que la celebración del matrimonio en el
estado de Nueva York más el domicilio temporal en ese
estado
―no
abandono
son suficientes
de
nuestra
propiedad‖.43
para
regla
justificar
local
sobre
tan
radical
derechos
de
Además, señalamos que ―en vista del hecho
de que el estatuto real es el que impera, no vemos qué
efecto pueda tener el domicilio sobre la cuestión aquí
envuelta, excepto a los fines … de probar que el dinero
con el cual compró los bienes inmuebles en cuestión fue
obtenido
por
ella
mientras
estaba
domiciliada
en
Nueva
York‖.44
Lo anterior se conforma íntegramente a la letra del
citado Art. 10, esto es, los bienes muebles se rigen por
las leyes del domicilio de su propietario, mientras que
los bienes inmuebles están sujetos a las normas del lugar
en
que
se
encuentran.
Además,
esa
doctrina
pautada
jurisprudencialmente es cónsona con lo establecido por el
Restatement
of
the
Law,
Second,
Conflicts
of
Laws,
American Law Institute, 1971, Vol. 2, Sec. 234, el cual
formula que el efecto que tendrá el matrimonio sobre los
42
Babilonia v. Registrador, 62 D.P.R. 688, 690 (1943). Esta norma fue
reiterada en Pueblo v. Denis Rivera, 98 D.P.R. 704, 714 (1970).
43
Babilonia v. Registrador, supra, pág. 692.
44
Íd., págs. 692-693.
CC-2006-1031
bienes
24
inmuebles
adquiridos
durante
la
vigencia
del
consorcio será determinado por el derecho que apliquen los
tribunales donde esté ubicada la propiedad, el cual -tal
como ha resuelto este Tribunal en reiteradas ocasionesusualmente será el suyo.
Ahora
bien,
a
pesar
de
que
la
letra
clara
del
estatuto real había sido aplicada de forma consistente, en
Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 775 (1983), esta Curia optó
por
variar
razonamos
la
que,
doctrina
establecida.
considerando
que
el
Al
Art.
así
hacerlo
de
nuestro
10
Código Civil encontraba su raíz y equivalente en el Código
Civil español, y debido a que para ese tiempo en España no
existía el divorcio, el estatuto real ―no se diseñó para
resolver los conflictos de leyes en la zona del régimen de
los bienes matrimoniales‖.45
Reexaminado ese razonamiento,
nos percatamos de que éste fue errado.46
Veamos.
Como reseñamos, desde Bracons v. Registrador de San
Juan,
supra,
citando
a
la
Comisión
Codificadora
del
Código Civil de 1902, la reforma legislativa relativa al
alcance
del
Art.
10
se
había
catalogado
como
importante del Título Preliminar del Código Civil.
al
incorporarse
el
principio
general
del
la
más
Esto,
derecho
estadounidense respecto a que los bienes inmuebles se
45
46
Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 775, 782 (1983).
Como veremos más adelante, igual razonamiento tuvo la Asamblea
Legislativa al enmendar el Art. 1277 del Código Civil, 31 L.P.R.A sec.
3561, y conservar la última oración de la mencionada disposición en lo
referente al estatuto real.
Véase la Ley Núm. 4 de 5 de marzo
de 1987.
CC-2006-1031
25
regulan totalmente por la ley del lugar en que estén
sitos.
Ante esa realidad y conforme a la clara intención
del legislador, lo que correspondía entonces en Toppel v.
Toppel, supra, era analizar el alcance que se le había
otorgado a la figura de lex rei sitae en el derecho
estadounidense.
De manera que, aunque el texto original del Art. 10
del Código Civil proviniera en un principio del Código
Civil
español,
en
Toppel
v.
Toppel,
supra,
debimos
interpretar dicho artículo a la luz de la nueva realidad
puertorriqueña que esbozara nuestra Asamblea Legislativa
en
el
1902.
En
ese
sentido,
por
ser
contrario
al
historial del Código Civil de Puerto Rico, consideramos
desacertado haber modificado la doctrina consistentemente
reiterada.47
Cónsono con lo anterior, en Zarelli v. Registrador,
124 D.P.R. 543 (1989), caso posterior a Toppel v. Toppel,
supra, este Tribunal obvió la referida modificación al
47
Al determinar en Toppel v. Toppel, supra, pág. 796, que el estatuto
real no se activaba ante controversias dentro del régimen de los
bienes matrimoniales, se dispuso que ello tenía la consecuencia de
afectar
el resultado o, a veces, el razonamiento tan sólo de
algunas
decisiones
nuestras.
Quedan
afectadas
especialmente las de Babilonia v. Registrador, 62 D.P.R.
688 (1943); Fenning v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 615
(1968); y Pueblo v. Denis Rivera, 98 D.P.R. 704 (1970). Se
les revoca en cuanto sean incompatibles con esta opinión.
Ahora bien, en vista de que mediante la Opinión de autos se afecta
el razonamiento de Toppel v. Toppel, supra, en lo relativo al alcance
del Art. 10 del Código Civil, supra, dejamos sin efecto la revocación
parcial de la jurisprudencia mencionada en Toppel v. Toppel, supra.
Ello es similar a lo realizado por nuestra Legislatura, la cual -como
se explica en la parte VI de esta Opinión- enmendó el Art. 1277 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3561, devolviéndole al Art. 10 su
vigencia dentro de la zona del régimen de bienes matrimoniales.
CC-2006-1031
aplicar
26
nuevamente
el
estatuto
real
para
resolver
una
cuestión relacionada a la enajenación de bienes inmuebles
gananciales, entiéndase, dentro de la zona del régimen de
bienes gananciales.
En específico, la controversia que se
presentó fue si un poder general otorgado en los Estados
Unidos
por
mandato
un
cónyuge
expreso
y
a
favor
requerido
de
en
otro
Puerto
constituye
el
Rico
la
enajenación de bienes inmuebles gananciales.
para
Al resolver
que, a tenor con el Art. 10 del Código Civil, supra, la
ley aplicable era la de Puerto Rico, expresamos que:
Aun cuando la señora Salemi no estuviese
domiciliada aquí y fuera solamente residente de
la
isla,
el
resultado
sería
el
mismo.
Tendríamos que aplicar las leyes locales porque
el inmueble está sito aquí.
El estatuto real
aplica a todos los inmuebles sitos en la isla,
independientemente del domicilio de sus dueños.
De manera que no existe controversia alguna de
que las leyes de Puerto Rico son las aplicables
al considerar la disposición del referido
inmueble.48
Desde esta perspectiva, como el Art. 10 del Código
Civil, supra, incorporó el principio general del derecho
estadounidense
regulan
respecto
totalmente
por
a
que
los
bienes
inmuebles
la
ley
del
lugar
en
que
se
estén
sitos, lo correcto entonces es identificar cómo ha sido su
desarrollo en aquella jurisdicción.
A manera de ejemplo,
la figura lex rei sitae ha sido aplicada de la siguiente
forma
en
los
Estados
Unidos
de
América,
ello
con
influencia del derecho civil en cuanto a los efectos del
matrimonio:
48
Zarelli v. Registrador, 124 D.P.R. 543, 550 (1989).
CC-2006-1031
27
Marriage is a very personal matter, and
its incidents are generally regulated by the
law of the matrimonial domicile. But the
Spanish and French laws touching community
property, and those of California and Texas and
other States derived from them, are held to be,
in the vocabulary of the civilians, statutes
real and not statutes personal: that is to say,
they apply to things within a country‘s
jurisdiction rather than to persons wherever
they may be or go. It should follow that
things, whether movable or immovable, actually
situated in a State and effectively within its
power, should be governed by the law of the
State. It is universally held that real or
immovable property is exclusively subject to
the law of the country or State in which it is
situated, and no interference with it by the
law of any other sovereignty is permitted. And
the question whether property is real or
personal is to be solved by the law of the
place where it is actually located. These rules
apply to questions of the marital rights of
spouses in property. (Énfasis suplido.)49
Como vemos, en el derecho estadounidense se le da
gran énfasis al hecho de que la propiedad inmueble se rige
única y exclusivamente por las leyes del estado en que
esté sito el inmueble.
Ello evita que surjan conflictos
entre estados hermanos en relación con la ley a aplicarse
respecto
a
las
propiedades
inmuebles
sitas
en
éstos.
Además, propicia un ambiente de mutua deferencia respecto
al
dominio
y
la
soberanía
de
éstos
sobre
el
bien
en
cuestión, a la vez que promulga la aplicación uniforme de
las leyes a todas las propiedades inmuebles dentro de un
mismo territorio. A su vez, introduce un alto grado de
previsibilidad, al mismo tiempo que refleja el control que
el estado puede ejercer sobre los bienes que se encuentran
49
Commissioner of Internal Revenue v. Skaggs, 122 F.2d 721, 723 (5to
Cir., 1941), cert. denegado en Skaggs v. Commissioner of Internal
Revenue, 315 U.S. 811 (1942).
CC-2006-1031
28
en su territorio.
Es claro que el estado en el que está
ubicado el inmueble posee un interés particular sobre éste
en vista de que precisamente esa propiedad es inamovible.
La
prevalece
confirmación
en
el
de
derecho
que
esta
visión
estadounidense
en
es
la
que
materia
de
conflicto de leyes la provee el Restatement of the Law:
Several factors serve to explain the
importance attributed by the rule to the
location of the land. The state where the land
is situated will have a natural interest in
transactions affecting it, particularly in view
of the fact that land by its nature is
immovable. Also, since in the situations
covered by the rule the land constitutes the
subject matter of the contract, it can often be
assumed that the parties, to the extend that
they thought about the matter at all, would
expect that the local law of state where the
land is situated would be applied to determine
many of the issues arising under the contract.
The rule furthers the choice-of-law values of
certainty, predictability and uniformity of
result and, since the state where the land is
situated will be readily ascertainable, of ease
in the determination of the applicable law.50
Incluso, como previamente hemos expuesto, ello es
aplicable
a
las
controversias
surgidas
respecto
a
los
derechos propietarios de los cónyuges dentro de la zona
del régimen económico matrimonial.
Así se protegen las
expectativas para las cuales los cónyuges contrataron a
tenor con las leyes que rigen la propiedad inmueble en
cuestión.
Todo esto es consistente con lo establecido de
manera reiterada por esta Curia, pues, como ha quedado
demostrado, al enfrentarse a controversias sobre bienes
50
Restatement of the Law, op cit., Vol. 1, Sec. 189.
CC-2006-1031
inmuebles
29
sitos
en
Puerto
Rico,
las
leyes
de
esta
jurisdicción han primado consistentemente.
VI
En cuanto a las cuestiones de cambio de domicilio
conyugal,
nuestra
Asamblea
Legislativa
dispuso
en
el
Art. 1277 del Código Civil, 31 L.P.R.A sec. 3561, la norma
aplicable al caso específico en que se contrae matrimonio
en
el
extranjero
puertorriqueño,
y
pero
sólo
los
uno
de
consortes
los
no
cónyuges
es
establecen
el
régimen económico que regirá su matrimonio con relación a
sus
bienes.
Ante
ese
escenario,
la
Legislatura
estableció que ―se entenderá que se casan bajo el régimen
de la ley del país en el cual los contratantes establezcan
su domicilio conyugal, tomando en cuenta otros factores
que en justicia deban considerarse, tales como conflicto
móvil o centro de intereses conyugales, todo sin perjuicio
de lo establecido en este título respecto a los bienes
inmuebles‖. (Énfasis suplido.)51
La
postulados
citada
disposición
establecidos
por
estatutaria
este
Tribunal
adopta
en
Toppel
los
v.
Toppel, supra, respecto a los asuntos generados a partir
de
la
situación
conocida
en
el
derecho
internacional
privado como conflicto móvil,52 pero en su última parte le
devuelve su plena eficacia al Art. 10 del Código Civil,
51
52
Art. 1277 del Código Civil, supra.
Este concepto constituye la norma de conflicto de leyes aplicable en
controversias surgidas en la zona de bienes gananciales ante cambios
en el domicilio conyugal o del centro de intereses del matrimonio.
CC-2006-1031
30
supra, en cuestiones relacionadas con la zona del régimen
económico matrimonial.
conflicto
móvil
o
establecida
en
dicha
Y es que la doctrina sobre el
centro
de
decisión
intereses
fue
conyugales
incorporada
por
el
legislador en 1987 al enmendar el Art. 1277 del Código
Civil, supra, pero ello ―sin perjuicio de lo establecido
[en el Art. 10] respecto a los bienes inmuebles‖.53 Con
esta
última
expresión,
la
Asamblea
Legislativa
rechazó
directamente la interpretación que del Art. 10 del Código
Civil, supra, se realizó en Toppel v. Toppel, supra, a los
efectos
de
que
el
estatuto
real
―no
se
diseñó
para
resolver los conflictos de leyes en la zona del régimen de
los bienes matrimoniales‖.54
Ello implica, además, que
para cuestiones como las de autos, el legislador rechazó
la
regla
de
unicidad
patrimonial
con
excepción
de
la
situación específica acaecida en Toppel v. Toppel, supra,
esto es, matrimonios contraídos en el extranjero en los
que ambos cónyuges sean extranjeros y se determine que el
centro de intereses del matrimonio es en Puerto Rico, y si
tanto los bienes muebles como los inmuebles están ubicados
aquí.
Respecto a este particular, resulta muy atinado el
análisis
que
realiza
el
ex
Juez
Asociado
Raúl
Serrano
Geyls en su tratado Derecho de familia de Puerto Rico y
legislación comparada:
53
Art. 1277 del Código Civil, supra.
54
Toppel v. Toppel, supra, pág. 782.
CC-2006-1031
31
La regla de la unicidad patrimonial,
rechazada en el art. 1277 del C.C. al quedar
expresamente vigente la aplicabilidad del art.
10 del mismo en cuanto a los bienes inmuebles,
podría
prevalecer
sólo
en
los
casos
de
matrimonios contraídos fuera de P.R. en los que
ambos cónyuges sean extranjeros y se determine
que el centro de intereses del matrimonio es
P.R., y si, como en el caso Toppel, tanto los
bienes muebles como los inmuebles están en
P.R., al momento del divorcio. Sería imposible
alcanzar con nuestra ley bienes extranjeros más
allá de nuestras fronteras, salvo que el país
concernido acepte la determinación de los
tribunales puertorriqueños.
Posiblemente
la
idea
más
innovadora
adoptada en el art. 1277 del C.C. fue la de la
mutabilidad limitada que permite, en casos donde
no
se
hayan
otorgado
capitulaciones
matrimoniales, un cambio de régimen económico
luego
de
celebrado
el
matrimonio
si
se
justificare el cambio a la luz de los criterios
de Toppel y lo establecido
en ese artículo.
Este concepto de la mutabilidad limitada fue
resultado de la doctrina de la voluntad presunta
reconocida en el Derecho Internacional Privado.
[...] Entendemos que este art. 1277, tanto antes
de ser enmendado como luego de la enmienda
vigente, no es de aplicación a matrimonios en
que son extranjeros ambos cónyuges, en cuyo
caso, como ya dijimos, habrá de regir lo
resuelto en Toppel aplicando la regla de la
unicidad patrimonial sólo en circunstancias
idénticas a las que se dieron allí. No obstante,
como el nuevo art. 1277 reafirma el principio
básico del art. 10 sobre bienes inmuebles,
podría interpretarse que ello se aplica a todas
las situaciones. (Énfasis suplido.) 55
Ciertamente, mediante el Art. 1277 del Código Civil,
supra, el legislador puertorriqueño alteró dos principios
comprendidos
dentro
de
la
zona
del
régimen
de
bienes
gananciales: la unicidad patrimonial y la inmutabilidad
del régimen económico matrimonial.
En cuanto al primero,
al reiterar la aplicación del Art. 10 del Código Civil,
55
R. Serrano Geyls, op. cit., págs. 510-511.
CC-2006-1031
32
supra, se provee para que los bienes inmuebles se rijan de
acuerdo a las leyes del país en que estén sitos, al margen
del régimen económico que rige la relación patrimonial de
los consortes.
De otro lado, la regla de inmutabilidad
del régimen económico dejó de ser absoluta.
Esto es, la
Asamblea Legislativa adentró en nuestro ordenamiento la
mutabilidad
limitada
en
casos
en
los
que
no
se
hayan
otorgado capitulaciones matrimoniales y sí se justifica su
aplicación a tenor con los criterios establecidos en el
Art. 1277 del Código Civil, supra, teniendo en cuenta los
factores identificados en Toppel v. Toppel, supra.
como
consecuencia
del
reconocimiento
por
Ello,
parte
del
legislador de la aplicación en Puerto Rico de la doctrina
de la voluntad presunta, la cual -en palabras de la propia
Legislatura- ―reconoce la autonomía de un nacional para
contratar
sobre
bienes
con
ocasión
del
matrimonio,
conservando la libertad durante el curso de su vida para
adquirir
nuevo
domicilio
forma
vida
y
de
sus
y
adoptar
prácticas
de
sus
costumbres,
negocios,
su
viniendo
eventualmente por elección a ser sujeto de un estatuto
personal distinto al que le dio su origen‖.56
VII
En Rojas, Randal & Co. v. El Registrador, 27 D.P.R.
21
(1919),
citando
a
Colón
et
al.
v.
El
Registrador,
22 D.P.R. 369 (1915), y a Bracons v. Registrador de San
Juan, supra, establecimos que, conforme al estatuto real,
56
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 4 del 5 de marzo de 1987.
CC-2006-1031
33
para decretar la validez de un contrato cuyo objeto sea un
bien inmueble basta con identificar que se hayan cumplido
los requisitos internos o esenciales -como la capacidad
legal de las partes- dispuestos para esos convenios por
las leyes del país en que esté sito el inmueble.
Es necesario, pues, distinguir entre lo que son los
requisitos
de
formales.
Las cuestiones de fondo son aquellas a las que
nos
referido
hemos
internos
o
inmuebles.
fondo
o
intrínsecos
antes
esenciales
de
respecto
los
y
los
a
requisitos
los
convenios
requisitos
sobre
bienes
Por otro lado, los requisitos formales de esos
contratos están regidos por el estatuto formal, consagrado
en
el
Art.
11
del
Código
Civil,
supra.
La
regla
establecida por el mencionado estatuto se le conoce como
locus regit actum (el lugar rige el acto) o lex loci actus
(la ley del
lugar de los
actos), la cual
dispone ―el
principio de que en el otorgamiento de un acto o contrato
en una jurisdicción extranjera las partes deben cumplir
con todas las formas y solemnidades exigidas por las leyes
de ese lugar‖.57
La existencia de esta norma se debe a que
es a ella que se recurre cuando surgen conflictos sobre
contratos formales o solemnes, esto es, si la solemnidad
requerida es la del foro extranjero o la del patrio.
Precisamente, en Armstrong v. Armstrong, 85 D.P.R.
404
(1962),
este
Tribunal
se
enfrentó
a
un
testamento
otorgado fuera de Puerto Rico acorde con las formas y
57
Vda. de Ruiz v. Registrador, 93 D.P.R. 914, 921 (1967).
CC-2006-1031
34
solemnidades
del
particularidad
derechos
de
sobre
jurisdicción.
requisitos
lugar
en
que
que
mediante
bienes
Como
formales
otorgó,
éste
inmuebles
vemos,
del
se
pero
se
con
la
transmitían
sitos
en
esta
la controversia
versó
sobre
documento
y
no
de
fondo
o
intrínsecos, pues no se planteó que lo dispuesto en el
testamento
contravenía
materia
Sucesiones.
de
nuestro
derecho
Habiendo
sido
sustantivo
de
en
exclusiva
competencia el estatuto formal, esta Curia determinó que
en Puerto Rico no es necesario que un testamento otorgado
en el extranjero cumpla con los requisitos formales que
exige nuestra ley aun cuando mediante ese testamento se
transmitan derechos sobre bienes inmuebles sitos aquí.
Ahora bien, el estatuto formal, cuyas disposiciones
son
de
naturaleza
potestativa
o
discrecional,
no
imperativas o mandatorias,58 contiene una disposición que,
aunque nada tiene que ver con las formas, crea una regla
excepcional.
En específico, el Art. 11 del Código Civil,
supra, establece lo siguiente:
Las formas y solemnidades de los contratos,
testamentos y demás instrumentos públicos, se
rigen por las leyes del país en que se otorguen.
[...]
No obstante lo dispuesto en esta sección y
en
la
anterior,
las
leyes
prohibitivas
concernientes a las personas, sus actos o sus
bienes, y las que tienen por objeto el orden
público y las buenas costumbres, no quedarán sin
efecto por leyes o sentencias dictadas, ni por
58
Vda. de Ruiz v. Registrador, supra, pág. 925.
CC-2006-1031
35
disposiciones o convenciones acordadas en países
extranjeros.59
Nótese que a pesar de que el estatuto formal sólo
aplica a actos jurídicos en los que la forma es lo que
importa, el legislador puertorriqueño optó por incluir en
éste una norma limitativa de las actuaciones que realizan
las personas en el extranjero.
VIII
El
caso
de
autos
presenta
una
situación
muy
particular en la que se enfrentan dos disposiciones del
Código Civil en materia de derecho internacional privado;
una
intentando
anular
sus
leyes.
sobreponerse
efectos
En
otras
ante
a
la
actos
palabras,
otra
al
prohibidos
tenemos
expresamente
por
aquí
nuestras
la
norma
limitativa del estatuto formal (Art. 11 del Código Civil,
supra) imponiéndose ante la sostenida figura de lex rei
sitae del estatuto real (Art. 10 del Código Civil, supra).
Ello a pesar del gran énfasis que esta última ha adquirido
en el derecho estadounidense -de donde proviene- a los
efectos
de
que
la
propiedad
inmueble
se
rige
única
y
exclusivamente por las leyes del estado donde está sita.
Ello es reflejo del control que el estado puede ejercer
sobre
los
bienes
inamovibles
que
se
encuentran
en
su
territorio.
Queda claro que la transacción realizada entre la
señora
59
Rodríguez
Cruz
y
Art. 11 del Código Civil, supra.
el
señor
Roselló
Puig,
al
CC-2006-1031
transferir
36
a
la
primera
la
titularidad
exclusiva
del
inmueble sito en el estado de Florida, a tenor con las
leyes de ese estado, fue una actuación que en nuestra
jurisdicción
no
Puerto
unos
Rico
podría
efectuarse.
cónyuges
sujetos
Recuérdese
que
en
al
de
la
régimen
sociedad legal de bienes gananciales no pueden contratar
entre sí ni realizarse donaciones más allá de aquellas
módicas
en
ocasión
de
regocijo
familiar.
Adquiere
relevancia, entonces, la regla prohibitiva del Art. 11 del
Código Civil, supra, la cual dicta que a pesar de lo que
una ley de un país extranjero disponga, en Puerto Rico
ello no tendrá efecto si aquí se prohíbe realizar tal
acto.
Lo anterior, ante situaciones como la presente,
tiene el efecto de limitar el alcance de la reforma más
importante hecha en el Título Preliminar del Código Civil
en
cuanto
a
―que
los
derechos
respecto
a
los
bienes
inmuebles han de regularse totalmente, así en cuanto a la
contratación como en cuanto a los derechos hereditarios,
por
la
ley
del
país
en
que
están
sitos‖.
(Énfasis
suplido.)60
Ahora bien, el caso de autos presenta otro asunto
muy particular.
de
que
el
Específicamente se trata de la realidad
negocio
jurídico
del
cual
el
inmueble
en
cuestión es objeto, se realizó, no en un país extranjero,
sino en y conforme a las leyes de un estado de los Estados
60
Bracons v. Registrador de San Juan, supra, pág. 757, citando el
Informe de la Comisión Codificadora del Código Civil de 1902,
presentado a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el 31 de diciembre
de 1901.
CC-2006-1031
37
Unidos de América, cuyo sistema federado integra a Puerto
Rico como un componente de éste.
Esta indudable realidad
nos obliga a plantearnos si obviar la actuación de la
peticionaria con el recurrido, realizada conforme a las
leyes
del
estado
de
Florida,
no
es
violatoria
de
la
cláusula de entera fe y crédito del Art. IV, Sec. 1 de la
Constitución
de
Estados
Unidos,
L.P.R.A.,
Tomo
1,
que
también rige en nuestra jurisdicción.
Téngase en cuenta
que
leyes
estamos
ante
un
conflicto
de
entre
dos
jurisdicciones de un mismo sistema federal.
Las leyes de un estado de los Estados Unidos de
América
no
son estatutos
jurídico.
América
ajenos
a
nuestro
ordenamiento
Todo lo contrario, en los Estados Unidos de
existen
salvaguardas
constitucionales
que
se
extienden a Puerto Rico, como lo son las cláusulas de
debido proceso
cuales
dan
oficiales
de ley,
certeza
dentro
de
de
y
de entera fe y
la
justicia
cada
uno
de
de
los
las
crédito,
las
actuaciones
estados.61
Esas
salvaguardas impiden que tratemos las leyes del estado de
Florida
como
unas
normas
extrañas.
Insistir
en
así
hacerlo implicaría aislarnos de una comunidad jurídica de
la que somos parte, abandonando de esa forma ―la cohesión
interna [que existe] entre las distintas jurisdicciones
que interrelacionan en los Estados Unidos‖.62
61
Restatement of the Law, op. cit., Vol. I, Sec. 10.
62
Pueblo v. Martínez Cruz, 167 D.P.R. 741, 759 (2006).
CC-2006-1031
38
De esta forma, en nuestro sistema federalista sería
un contrasentido afirmar que una ley de un estado, por ser
distinta
a
la
nuestra
(al
permitir
realizar
una
transacción respecto a un bien inmueble), es inaplicable
en Puerto Rico.
surge
del
supra),
Nótese que la prohibición en cuestión no
estatuto
sino
personal
que al ser
un
(Art.
9
asunto
del
Código
relativo
a
Civil,
un bien
inmueble entonces el estatuto real (Art. 10 del Código
Civil, supra) es el que aplica, obligándonos así y de
primera
intención
estado de Florida.
a
implementar
la
ley
concerniente
al
No obstante, lo cierto es que chocamos
con la regla excepcional del estatuto formal (Art. 11 del
Código Civil, supra) que impide en este caso la aplicación
del Art. 10 del Código Civil, supra, por ser la ley del
estado de Florida distinta a nuestra ley.
Ahora bien, siendo las leyes del estado de Florida
las que el Art. 11 del Código Civil, supra, nos obliga a
obviar, éste provoca que al aplicar tal norma excepcional
se entre en un claro conflicto con una disposición de la
más alta jerarquía: la cláusula constitucional de entera
fe
y
crédito.
Sabido
es
que
cuando
único
podemos
apartarnos del cumplimiento con la cláusula constitucional
federal de entera fe y crédito e ignorar lo que proveen
las leyes de otro estado es cuando respetar la Ley Suprema
federal implica darle entera fe y crédito a una ley que
tiene el efecto de contrariar el orden público local, esto
es, que esa ley estatal sea repugnante a los valores y a
CC-2006-1031
la
moral
39
establecida
en
o
nuestra
jurisdicción
o
social,
provoque
disturbios
económica
o
señalamos,
no estamos ante una sentencia o ley de un país
política.63
afecte
la
organización
Ello
en
vista
que
de
que,
como
ajeno al nuestro, sino que estamos ante un estatuto de un
estado
de
los
Estados
Unidos
de
América,
al
cual
le
debemos entera fe y crédito.
Como se expuso, la prohibición de contratación entre
cónyuges vigente en nuestro ordenamiento se ha asociado
con el principio de la inmutabilidad del régimen económico
matrimonial, a la vez que responde ―a la necesidad de
evitar influencias, coacciones y abusos que el cónyuge más
fuerte podría ejercer sobre el más débil‖.64
Ante estas
concepciones en las que se fundamenta la prohibición de
contratación
conyugal,
apartarnos
esta
de
nos
corresponde
limitación
para
identificar
darle
entera
fe
si
y
crédito a la ley del estado de Florida, obviando así la
norma excepcional del estatuto formal, pero reconociendo
todos los efectos de la figura lex rei sitae, conlleva
alterar nuestro orden público.
Como
ya
hemos
reconocido,
esta
inmutabilidad
ha
dejado de ser absoluta, pues -en reacción al dictamen de
Toppel v. Toppel, supra- la Asamblea Legislativa enmendó
el Art. 1277 del Código Civil, supra.
Al así proceder, el
legislador introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la
63
Véanse: Pacific Employers Insurance v. Industrial Accident Comm‘n,
306 U.S. 493 (1939); Bond et al. v. Hume, 234 U.S. 15 (1917).
64
Serrano Geyls, op. cit., pág. 317.
CC-2006-1031
40
mutabilidad limitada del régimen económico matrimonial en
casos
en
los
que
no
se
hayan
otorgado
capitulaciones
matrimoniales y se justificase su aplicación al tomar en
cuenta ―factores que en justicia deban considerarse, tales
como
conflicto
todo
sin
móvil
perjuicio
o
de
centro de
lo
intereses
establecido
en
conyugales,
[el
Art.
10]
respecto a los bienes inmuebles‖.65
Como es de notar, el propio legislador ha adentrado
en
nuestro
limitada
ordenamiento
del
régimen
la
noción
económico
de
la
mutabilidad
matrimonial.
De
esta
forma, resulta forzoso concluir que la inmutabilidad de
este
Rico.
régimen
no
es
una
norma
inquebrantable
en
Puerto
En este sentido, su concepción tampoco puede ser
catalogada como una cuestión arraigada y promulgadora del
orden
público
local,
circunstancias
desatendida.
en
ya
que
aquí
se
las
que
tal
han
preceptuado
inmutabilidad
es
En específico, el legislador, al aprobar la
versión vigente del Art. 1277 del Código Civil, supra, ha
determinado
que
la
norma
que
establece
que
los
bienes
inmuebles se rigen por la ley del lugar en que están sitos
funge como una excepción a la inmutabilidad del régimen
económico
matrimonial.
albergamos
duda
incorpora
esa
65
alguna
A
base
respecto
inmutabilidad
–el
a
de
lo
anterior,
no
que
el
precepto
que
1272
del
Art.
Código
Art. 1277 del Código Civil, supra.
Mediante esta disposición
estatutaria, la Legislatura también alteró el concepto de unicidad
patrimonial, pues al reiterar la aplicación del estatuto real para
resolver cuestiones dentro de la zona del régimen económico
matrimonial, le otorgó primacía a la norma de que los bienes inmuebles
se rigen de acuerdo a las leyes del lugar en que estén sitos, al
margen del régimen patrimonial establecido por los consortes.
CC-2006-1031
Civil-
41
tampoco
alcanza
el
rango
necesario
como
para
sobreponerse a la cláusula de entera fe y crédito.
Como
puede
notarse,
tal
como
apuntaban
los
comentaristas españoles respecto a las donaciones mutuas
entre los cónyuges cuando éstas estaban prohibidas en el
Código
Civil
contra
el
español,66
orden
obviadas
ante
Más
cuando
aun
esas
público
local,
situaciones
respetar
prohibiciones
por
lo
no
que
atentan
pueden
ser
meritorias
como
la
de
autos.
la
estado
de
Florida
ley
del
-a tenor con la cláusula de entera fe y crédito- a lo que
nos conduce es precisamente a sobreponer nuestro estatuto
real (Art. 10 de Código Civil, supra) que establece que
prevalecerá
aunque
la
dicha
ley
ley
del
sitio
donde
sea
distinta
a
esté
la
el
inmueble,
puertorriqueña.
Disposición
que,
al
regir
―totalmente‖
los
relacionados
con
los
bienes
inmuebles,
aplicable
cuestiones
surgidas
dentro
de
la
es
zona
del
asuntos
a
régimen
económico matrimonial.
En fin, como la propiedad está sita en el estado de
Florida
y
las
leyes
de
ese
estado
permiten
que
los
cónyuges alcancen acuerdos o contraten sobre sus bienes,
nos corresponde entonces otorgarle entera fe y crédito a
esas
leyes
titularidad
y
así
validar
exclusiva
del
la
bien
señora Rodríguez Cruz.
IX
66
transferencia
Véase A. Marín López, op cit., pág. 539.
inmueble
de
la
a
la
CC-2006-1031
42
Ahora bien, a pesar de que resulta forzoso reconocer
el carácter privativo de la propiedad sita en el estado de
Florida, no debe perderse de vista que el Art. 10 del
Código
Civil,
supra,
muebles
están
sujetos
propietario.
como
dueño
también
a
establece
la
ley
del
que
los
domicilio
bienes
de
su
De esta forma, la cuestión de quién figura
de
la
propiedad
inmueble
debe
resolverse
a
tenor con las leyes del estado de Florida por éste poseer
el
mayor
interés
cónyuges
leyes
haber
respecto
estado
locales
a
ese
asunto;
domiciliados
gobernarían
el
en
pero,
de
los
Rico,
las
concerniente
al
Puerto
asunto
crédito que corresponda por el dinero utilizado para la
adquisición y posterior pago de la deuda hipotecaria de
ese inmueble.67
sido
en
el
No obstante, en el supuesto de que haya
estado
de
Florida
donde
constituyeron
su
domicilio conyugal, entonces las leyes de esa jurisdicción
serían las aplicables respecto a ese particular.
Sin embargo, los autos no nos aclaran cuál era el
domicilio
de
los
cónyuges
al
momento
de
adquirir
la
propiedad inmueble y al posteriormente traspasarla a la
señora Rodríguez Cruz, por lo que no tenemos los elementos
de juicio necesarios para adjudicar ese asunto.
En ese
sentido, le asiste la razón a la peticionaria, la señora
Rodríguez
Cruz,
Tribunal
de
estaban
domiciliados
67
al
aducir
Apelaciones
en
al
en
su
alegato
concluir
Puerto
Rico.
que
que
erró
los
consortes
No
Véase Babilonia v. Registrador, supra, págs. 692-693.
el
encontramos
CC-2006-1031
43
adjudicación alguna sobre el particular por parte del foro
primario.
X
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
determinamos
que mediante la escritura otorgada entre las partes en el
estado de Florida el inmueble sito en ese estado pasó a
ser un bien privativo de la peticionaria. Por lo tanto, se
revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones
y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia
para que, luego de recibir prueba, adjudique cuál fue el
domicilio conyugal de los exconsortes y, a tenor con las
leyes
de
éste,
adjudique
la
cuantía
del
crédito
correspondiente.68
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
68
Recuérdese que por un lado el señor Roselló Puig alegó que si bien
la propiedad fue transferida a la señora Rodríguez Cruz durante la
vigencia del matrimonio, él continuó realizando los pagos del préstamo
hipotecario del inmueble hasta agosto de 2003 (posterior a decretado
el divorcio), fecha en que la señora Rodríguez Cruz lo vendió. Por su
parte, la señora Rodríguez Cruz adujo que ―[l]as mensualidades de la
hipoteca fueron satisfechas con bienes de la Sociedad Legal de
Gananciales desde que la misma fue incurrida hasta aproximadamente el
mes de agosto de 2003‖. Apéndice de la Petición de certiorari,
pág. 80.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos Roselló Puig
Recurrido
v.
CC-2006-1031
Certiorari
Ruth N. Rodríguez Cruz
Peticionaria
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente, se revoca la sentencia dictada por
el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al
Tribunal de Primera Instancia para que, luego de
recibir prueba, adjudique cuál fue el domicilio
conyugal de los exconsortes y, a tenor con las
leyes de éste, adjudique la cuantía del crédito
correspondiente
Así
lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La
Jueza Asociada señora Fiol Matta emitió Opinión
Disidente a la cual se une el Juez Presidente señor
Hernández Denton. La Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez
emitió
Opinión
Disidente.
El
Juez
Asociado señor Martínez Torres está inhibido.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos Roselló Puig
Recurrido
Certiorari
CC-2006-1031
v.
Ruth N. Rodríguez Cruz
Peticionaria
Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta a la
cual se une el Juez Presidente señor Hernández Denton
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.
Disiento del análisis de la mayoría de este
Tribunal
cuyo
efecto
es
darle
preeminencia,
injustificadamente, a las disposiciones legales de
otra jurisdicción, ignorando las normas vigentes
en la nuestra. Este caso nos requiere decidir qué
implicación tiene, para propósitos de una división
de bienes posdivorcio realizada en Puerto Rico, el
que las partes, mientras estaban casadas bajo el
régimen de sociedad de gananciales de Puerto Rico,
hubiesen suscrito un contrato permitido por las
leyes
del
estado
de
título
privativo
de
sito
en
ese
Florida
la
estado,
para
esposa un
adquirido
transferir
bien
por
la
a
inmueble
pareja
CC-2006-1031
2
durante el matrimonio.69 La respuesta que brinda la Opinión
mayoritaria
es
que
debemos
que
entre
y
dispone
a
la
de
Florida
porque
la
Unidos
así
lo
ordena.
Esta
solución
matrimonial,
Estados
la
la
puertorriqueña,
cónyuges
prohíbe
subordinar
la
normativa
contratación
y
donación
inmutabilidad
del
régimen
Constitución
es
de
errónea
tanto conforme a nuestro ordenamiento como al de Estados
Unidos.
I
La Constitución de Estados Unidos establece que ―[s]e
dará
entera
públicos,
fe
y
crédito
documentos
y
en
cada
estado
procedimientos
a
los
judiciales
actos
de
los
otros estados‖.70 Esta disposición constitucional, conocida
como la de ―full faith and credit‖, no cuenta con estatutos
que
ayuden
a
descifrar
su
alcance
o
aplicación.
No
obstante,
el
Tribunal
Supremo
Unidos
ha
establecido
que
inexorable.
Asimismo,
ha
no
se
trata
reconocido
que
estandarizar
su
de
Estados
de
un
mandato
la
disposición
aplica tanto a las sentencias judiciales como a las leyes
de los diferentes estados y territorios de Estados Unidos,
pero no de la misma manera.71
Por no haber controversia en cuanto a los hechos
reseñados en la Opinión mayoritaria, no los expondremos
nuevamente.
69
Art. IV, Sec. 1, Const. E.E. U.U (Traducción, 1 L.P.R.A.,
ed. 2008, pág. 177).
70
R.H. Jackson, Full Faith and Credit: The Lawyer‘s Clause
of the Constitution, New York, Columbia University Press,
71
CC-2006-1031
3
Los factores para determinar si un estado o territorio
está obligado a emplear las leyes y regulaciones de otro
por razón de la cláusula de entera fe y crédito difieren
sustancialmente de las que debe considerar un tribunal para
decidir
si
hace
valer
las
sentencias
dictadas
en
otra
jurisdicción. Esto se debe a que cada estado o territorio
tiene legitimidad para implementar la política pública que
entienda más apropiada, a través de sus propias leyes.72 Esa
potestad
es
parte
de
federalistas,
cuyos
componentes
ciertos
asuntos
pero
la
esencia
conservan
de
los
el
control
sobre
autonomía
sobre
muchos
ceden
sistemas
otros. En palabras del Tribunal Supremo de Estados Unidos:
La naturaleza misma de una unión federal de
estados, en la que cada uno de éstos mantiene su
derecho soberano para promulgar sus propias
leyes, impide recurrir a la Constitución como
medio para compeler a un estado a subordinar por
completo sus leyes y políticas concernientes a
sus asuntos domésticos peculiares a las leyes y
políticas de otros estados.73
_______________________________________________________________
1945, págs. 10-28. El Tribunal Supremo de Puerto Rico
también ha explicado que la cláusula de full faith and
credit no opera ex proprio vigore y está sujeta a
excepciones, por lo que, en el contexto de las sentencias
judiciales, no se le puede dar entera fe y crédito a una
sentencia de otro estado, haciendo caso omiso de las leyes
puertorriqueñas que exigen la intervención previa de un
tribunal local. Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414,
420 (1985); Roseberry v. Registrador, 114 D.P.R. 743, 747
(1983).
W.J. Rich, Modern Constitutional Law, 3ra ed., Minnesota,
Ed. West, 2011, Vol. 3, pág. 139.
72
(Traducción nuestra.) Pink v. A.A.A. Highway Exp., 314
U.S. 201, 210 (1941). La versión original en inglés lee:
―[T]he very nature of the federal union of states, to each
of which is reserved the sovereign right to make its own
laws, precludes resort to the Constitution as the means for
73
CC-2006-1031
El
4
estado
foro,
aquel
donde
se
está
atendiendo
el
caso, no tiene que subordinar automáticamente su ley a la
de otra jurisdicción también aplicable a la controversia,
sino que tiene la oportunidad de escoger, entre las dos
políticas estatales conflictivas, la que es más adecuada
para atender el caso. Además, no se le puede exigir a un
estado o territorio aplicar la ley de otra jurisdicción
cuando ésta se oponga a la moral o los principios básicos
del
foro.74
determinar,
La
clave
para
la
selección
por
un
lado,
si
aplicar
se
la
encuentra
ley
del
en
foro
constituiría un acto arbitrario y, por el otro, si la ley
extranjera
es
contraria
al
orden
público
del
foro.
El
estado foro, entonces, tiene que decidir si los intereses
por los que vela su ley tienen mayor peso que los del foro
alternativo, y para ello debe considerar el respeto que
merece la ley del otro, si las partes están debidamente
informadas
sobre
la
ley
que
se
pretende
aplicar
y
los
contactos de cada estado con las partes y la controversia.75
Si
el
foro
tiene
contactos
significativos
con
la
controversia, de modo que exista un interés del estado o
territorio en el pleito, puede aplicar su propia ley, y más
_______________________________________________________________
compelling one state wholly to subordinate its own laws and
policy concerning its peculiarly domestic affairs to the
laws and policy of others‖.
74
Hughes v. Fetter, 341 U.S. 609, 611-612 (1951).
75
Rich, op. cit., pág. 140.
CC-2006-1031
5
aun cuando la ley conflictiva de la otra jurisdicción va en
contra de su política pública.76
La cláusula de entera fe y crédito presenta serias
dificultades como vehículo de unificación de los diversos
sistemas
legales
estatales
de
Estados
Unidos,
pues
su
lenguaje y su historia demuestran que no se diseñó para
resolver
disputas
sobre
la
ley
estatal
aplicable,
y
el
texto no le prohíbe a los estados y territorios aplicar sus
propias
legítimas
leyes
para
en
casos
de
conflicto
si
tienen
hacerlo.77
Asimismo,
los
bases
estudiosos
estadounidenses concuerdan en que la Constitución federal
no provee guías adecuadas para seleccionar la ley estatal
más apropiada para la resolución de cada controversia ni el
Congreso ha legislado con claridad al respecto, por lo que
es necesario recurrir a las normas de conflicto de leyes
para hacer dicha determinación.78
Véase Philips Petroleum Co. v. Shutts, 472 U.S. 797, 821822 (1985).
76
A.T. Von Mehren & D.T. Trautman, The Law of Multistate
Problems, Boston, Ed. Little, Brown and Co., 1965, págs.
1243-1244. Inicialmente, esta cláusula estaba pensada para
que las sentencias de las cortes de los estados y las
deudas contributivas en virtud de leyes sobre impuestos
estatales se pudieran hacer valer en otras jurisdicciones.
Id. págs. 1229-1230. Estos autores también señalan que
pensar en uniformidad jurídica, especialmente en temas
―domésticos‖,
dentro
de
un
sistema
federalista
es
imposible, pues cada estado tiene la libertad de establecer
su propia política pública. Id. pág. 299.
77
78
Id. pág. 1242; Rich, op. cit., pág. 143.
CC-2006-1031
Para
leyes,
se
6
propósitos
de
las
doctrinas
consideran
extranjeras
las
de
conflicto
de
jurisdicciones
que
tienen legislación propia sobre ciertas materias que pueda
ser
incompatible
con
la
del
foro.
Así,
al
interior
de
sistemas federales, donde coexisten diversas legislaciones
estatales, como en Estados Unidos, se dan colisiones entre
cuerpos de ley extranjeros. Lo mismo sucede en sistemas
unitarios
con
legislaciones
forales,
como
España.79
Como
señala el académico Kurt Nadelmann, en referencia a cómo se
han
atendido
los
conflictos
de
leyes
dentro
de
Estados
Unidos, los problemas de selección de ley aplicable no son
más
fáciles
de
resolver
porque
surjan
en
una
unión
federal.80 Y es que este tipo de casos no se puede resolver
diciendo simplemente que se le va a dar deferencia a un
estado por estimarlo ―hermano‖ y se va a aplicar su ley en
lugar de la propia.81
La doctrina constitucional estadounidense indica que
no es razonable esperar que siempre que haya un conflicto
de leyes se le dé deferencia a la legislación del otro
estado, y la jurisprudencia federal más reciente permite a
los estados y territorios aplicar sus leyes y políticas
79
Armstrong v. Armstrong, 85 D.P.R. 404, 409 (1962).
―[C]hoice of law problems are not easier to solve if they
arise in a federal union‖. K.H. Nadelmann, Conflict of
Laws: International and Interstate, The Hague, Ed. Martinus
Nijhoff, 1972, pág. 213.
80
Véase
Roselló
Puig.
mayoritaria, págs. 35-38.
81
v.
Rodríguez
Cruz,
Opinión
CC-2006-1031
siempre
que
7
tengan
interés
en
la
disputa
y
una
base
racional para preferir sus normas.82 En el presente caso, no
se trata de rechazar la ley de Florida solamente porque es
distinta a la nuestra,83 sino porque el estatuto de ese
estado que podría aplicar a la controversia contraviene la
política pública vigente en Puerto Rico.
II
A. El matrimonio y el régimen de bienes matrimoniales
siempre han representado áreas de trabajo complejas para el
Derecho Internacional Privado, por la importancia social de
dicha institución, que está concebida para ser permanente
mas puede disolverse en cualquier momento. Los innumerables
cambios que puede experimentar el matrimonio en un mundo
donde cada estado lo regula de modos diferentes y cada día
hay
mayor
movilidad
dan
lugar
a
conflictos
de
leyes
internacionales e interestatales que no se han atendido de
manera
uniforme.84
situaciones
que
Más
bien,
involucran
la
bienes
trascendencia
matrimoniales
de
las
y
el
interés de que cualquier división se lleve a cabo de manera
que resulte justa y satisfactoria para la vida posterior de
82
Rich, op. cit., págs. 140-141.
83
Véase Opinión mayoritaria, pág. 36.
Véase J.M. de Lasala Samper, El régimen matrimonial de
bienes. Derecho Internacional Privado e Interregional,
Barcelona, Ed. Bosch, 1954, págs. 19-24. Véanse también L.
Pålsson, Marriage and Divorce in Comparative Conflict of
Laws, Leiden, Ed. A.W. Sijthoff, 1974; A. Miaja de la
Muela, Derecho Internacional Privado, 9na ed., Madrid, Ed.
Atlas, 1982, Tomo 2, págs. 357-376.
84
CC-2006-1031
8
los ex cónyuges obligan a desarrollar diferentes políticas
de selección de ley aplicable (choice of law) de acuerdo
con las diversas circunstancias que se enfrentan.85
No obstante lo anterior, a medida que se ha estudiado
el conflicto de leyes en el matrimonio, los tribunales y
los
tratadistas
han
coincidido
en
que
es
necesaria
la
unicidad. Esto es, seleccionar un cuerpo de leyes que sirva
como única referencia para resolver todas las controversias
sobre la participación de los esposos en las propiedades
que poseen.86 En su tratado sobre distribución equitativa,
Turner indica que la práctica mayoritaria en Estados Unidos
de dividir todos los bienes posdivorcio según una sola ley,
que
suele
ser
la
ley
del
foro,
es
la
mejor
política;
primero, por la razón práctica de que facilita la función
judicial al no obligar a los tribunales a estudiar las
leyes de otros estados y a recibir prueba para clasificar
cada activo de forma individual, y, segundo, porque cada
estado
tiene
su
conjunto
de
políticas
sobre
Derecho
de
Familia y al aplicar de manera fragmentada las leyes de
distintos
estados
se
puede
llegar
a
resultados
incongruentes o injustos.87
E.F. Scoles & P. Hay, Conflict
Minnesota, Ed. West, 1992, pág. 433.
85
Id. pág. 469. Véase
Conflicts Law, 3ra ed.,
Company, 1977, pág. 471.
86
of
Laws,
2da
ed.,
también R.A. Leflar, American
Indianapolis, Ed. Bobbs-Merrill
B.R. Turner, Equitable Distribution of Property, 3ra ed.,
Minnesota, Ed. Thomson West, 2005, Vol. 1, págs. 161-162.
87
CC-2006-1031
9
El sistema para gobernar los bienes matrimoniales en
Estados Unidos se divide en dos grandes categorías: los
estados en que se utilizan las doctrinas del common law y
los
estados
(community
con
property
ordenamientos
states).
de
Dentro
origen
de
esos
civilista
dos
grupos,
cada estado tiene sus propias reglas sobre clasificación y
división posdivorcio. El sistema de Florida es uno de los
del primer grupo, mientras que el de Puerto Rico es similar
al de los estados del segundo grupo.
Los
conflictos
principalmente
cuando
de
se
leyes
en
tienen
Estados
que
Unidos
dividir
los
surgen
bienes
luego del divorcio y la pareja posee muebles e inmuebles en
distintos estados, unos con régimen de common law y otros
en los que imperan normas de community property. La mayor
incompatibilidad
se
da
cuando
la
pareja
ha
estado
domiciliada en distintos estados y tiene que dividir bienes
sitos
en
una
jurisdicción
de
common
law
dentro
de
un
procedimiento que se lleva a cabo en un community property
state o vicecersa.88
La selección de la norma que regirá la división es
esencial porque en los community property states existe una
presunción de que todos los bienes adquiridos durante el
Hablamos de la mayor incompatibilidad, pues, dado que ni
siquiera hay uniformidad en las leyes de los estados que
están dentro de una misma categoría –common law o community
property states-, siempre surgen conflictos de leyes, mas,
si ambos estados utilizan sistemas similares de división,
se pueden armonizar los estatutos con mayor facilidad.
88
CC-2006-1031
10
matrimonio pertenecen por partes iguales a ambos cónyuges,
a menos que establezcan un régimen distinto al casarse, y
esa norma gobierna tanto durante el matrimonio como en la
división posdivorcio. Mientras, en los common law states no
opera esta presunción y la propiedad pertenece al cónyuge
que la haya adquirido durante el matrimonio, por lo que
todos los bienes podrían pertenecerle a una sola persona.
La
mayor
parte
de
estos
estados
recurre
entonces
a
la
distribución equitativa para resolver el problema de que el
cónyuge que no posee bienes de forma separada al momento
del divorcio se quede sin medios para subsistir. De esta
forma, los bienes de ambos ex cónyuges se asignan entre
ellos
de
acuerdo
a
sus
circunstancias
particulares,
sin
depender necesariamente del título legal sobre las cosas ni
repartirlas en partes iguales.89
Sin embargo, esa propiedad separada característica de
una jurisdicción de common law se consideraría privativa de
su dueño en un estado regido por las normas de community
property; en ese caso, no habrían bienes gananciales que
dividir.
Para
cónyuge
que
desprovisto,
atender
no
las
tiene
este
problema,
propiedades
normas
de
a
conflicto
de
su
de
manera
nombre
leyes
que
no
el
quede
sugieren
clasificar las propiedades adquiridas fuera del community
property state como si se hubiesen adquirido en éste. Así,
un inmueble recibido por algún miembro de la pareja durante
89
Turner, op. cit., Vol. 1, págs. 2-3.
CC-2006-1031
el
11
matrimonio
se
reputaría
matrimonial,
siempre
que
no
pudiera considerarse privativo como lo sería una herencia.90
Esta clasificación para efectos de división se conoce como
cuasi-comunidad.91
En
la
situación
contraria,
cuando
propiedad
ganancial
o
privativa
situada
en
un
property
state
va
a
en
de
common
se
dividir
uno
la
community
law,
afloran problemas para la clasificación, pues los bienes no
pueden
convertirse
automáticamente
en
matrimoniales
o
separados, ya que las características de las categorías no
son iguales en ambos sistemas. Para evitar incongruencias,
todos los bienes se dividen según un solo sistema.92 Es
decir,
se
utiliza
la
unicidad
del
patrimonio
y
se
años
en
selecciona una sola ley para la división.
La
práctica
generalizada
en
los
últimos
Estados Unidos, tanto en estados con régimen de common law
como en los de community property, ha sido la de aplicar a
todas las propiedades las normas del foro, en lugar de las
de estados extranjeros. En los common law states, se han
aplicado
las
leyes
locales
para
la
clasificación
y
distribución equitativa, ya sea por una política de que los
estatutos propios son los que reglamentan ese tipo de casos
Sobre bienes privativos en Puerto Rico, véase: Art. 1299,
Cód. Civ. PR, 31 L.P.R.A. sec. 3631.
90
Scoles, op. cit., págs. 487-489; H. Marsh, Marital
Property in Conflict of Laws, Seattle, University of
Washington Press, 1952, págs. 234-235, 247.
91
92
Marsh, op. cit., pág. 100.
CC-2006-1031
12
o porque, como suele determinarse, el foro es el estado con
mayor relación significativa con la controversia. Asimismo,
en la mayor parte de los community property states, se ha
legislado para que el foro aplique su ley de división y
clasifique los bienes ubicados en otros estados según la
normativa de cuasi-comunidad.93
Esta práctica es congruente con las expresiones del
Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los límites de la
cláusula
de
entera
fe
y
crédito:
tratándose
de
asuntos
sobre los cuales un estado o territorio puede legislar, no
se puede le compeler a sustituir sus estatutos por los de
otra jurisdicción, a menos que los intereses que defiende
la otra jurisdicción sean superiores a los del foro.94 En
esa situación, el peso de probar que, debido al conflicto
de leyes, el estado foro no debe hacer valer sus propios
estatutos en sus propios tribunales recae en la parte que
alega
que
la
otra
jurisdicción
tiene
valores
más
Turner, op. cit., Vol. 1, págs. 158-161. Por ejemplo, en
Louisiana, enmendaron las disposiciones del Código Civil
que atienden los conflictos de leyes en casos de división
de bienes entre los cónyuges para establecer que los
inmuebles en Louisiana adquiridos por los esposos se rigen
por las leyes de Louisiana, mientras que los inmuebles
ubicados fuera de ese estado y adquiridos por alguno de los
esposos durante el matrimonio, si mantenía domicilio en
Louisiana, también se rigen por las leyes de Louisiana a
los fines de determinar el derecho de cada cónyuge al valor
del inmueble al disolverse la comunidad posdivorcio. La.
C.C. arts. 3524-3525.
93
Franchise Tax Board of California v. Hyatt, 538 U.S. 488,
494-497 (2003); Pacific Employers Ins. Co. v. Industrial
Accident Commission of California, 306 U.S. 493, 501-503
(1939).
94
CC-2006-1031
13
importantes que proteger.95 De no hacerlo, prevalece la ley
del foro. En casos en que ambos estados proveen guías para
proteger a los ex cónyuges y sus intereses económicos de la
manera que entienden más justa, los fundamentos que acoge
un foro no podrían ir por encima de los del otro. Por eso,
en la doctrina de conflicto de leyes, de manera similar a
lo que sucede en la de entera fe y crédito, una política
apremiante del foro a favor de su ley sustantiva sobre
matrimonio
se
impondría
sobre
la
del
otro
estado
que
compite por reconocimiento.96
B.
Independientemente
seleccionado,
antes
del
de
método
distribuir
de
los
división
bienes
que
corresponden a cada ex cónyuge es necesario clasificar los
bienes como privativos y gananciales, si se catalogan según
la
doctrina
de
community
property,
o
como
separados
y
matrimoniales, si se realiza la distribución equitativa de
los estados de common law.
Esta distribución equitativa se lleva a cabo en tres
pasos: la clasificación, en la cual se determina la masa
divisible;
la
valoración
y
la
división.
Para
hacer
la
clasificación, se identifican todos los activos que sean
propiedad de cada uno de los ex cónyuges o de ambos, y
luego
se
determina
si
esos
bienes
95
Rich, op. cit., pág. 141.
96
Marsh, op. cit., págs. 114-117.
son
matrimoniales
o
CC-2006-1031
14
separados.97 Los bienes separados se le asignan a su dueño o
dueña y para que se decida otorgarle parte de éstos al otro
cónyuge
se
exige
necesidad
económica
con
un
estándar
difícil de cumplir.98 La parte interesada en que un bien se
considere
matrimonial
tiene
adquirió,
por
los
uno
de
que
probar
cónyuges
o
que
ambos,
éste
se
durante
el
matrimonio. Entonces, el activo se presumirá matrimonial y
quien se oponga a ello deberá probar que es separado.99
Aunque
tener
garantiza
el
que
título
ésta
se
legal
le
va
sobre
a
una
propiedad
no
adjudicar
finalmente
al
titular, el bien se clasifica como separado del cónyuge que
tenga el título. El otro cónyuge puede demostrar que, por
las aportaciones que hizo para la compra del bien o por
otras razones, éste debe clasificarse como matrimonial y
dividirse de forma equitativa.100 El título legal también es
importante
cuando
terceras
personas
son
dueñas
de
los
bienes junto a los esposos o los han adquirido de ellos,
porque
se
protege
su
interés
económico
sobre
la
propiedad.101
Turner, op. cit., Vol. 1, págs. 158, 251-253. A pesar de
que la distribución no se centra en el título sobre las
cosas, es importante la clasificación para determinar qué
bienes formarán parte de la masa matrimonial que se
dividirá.
97
98
Id. Vol. 2, págs. 940-944.
99
Id. Vol. 1, págs. 255-256.
100
Id. págs. 264-265.
101
Id. pág. 164.
CC-2006-1031
15
En Puerto Rico, como en otras jurisdicciones donde el
régimen
matrimonial
gananciales,
adquiridos
se
por
supletorio
presumen
cualquiera
es
la
sociedad
de
bienes
todos
los
bienes
cónyuges,
a
título
gananciales
de
los
oneroso, por sus esfuerzos o por los frutos que produzcan
otros bienes, desde la celebración del matrimonio hasta su
disolución.102 Este es el régimen que aplica a todas las
parejas que se casan en Puerto Rico, a menos que antes del
matrimonio establezcan capitulaciones matrimoniales en las
que seleccionen otro régimen para regir su propiedad.103 En
cualquiera de las dos instancias, el régimen seleccionado
antes de establecerse el vínculo matrimonial es inmutable:
no se puede cambiar mientras dure el matrimonio.104
Cuando se disuelve la sociedad de gananciales y nace
la comunidad de bienes posdivorcio, los bienes gananciales
forman una masa cuyos dueños, en común pro indiviso, son
ambos ex esposos. Para dividir la comunidad, se hace un
inventario de los bienes que pertenecen a los cónyuges y se
clasifican como privativos o gananciales. Los privativos
permanecerán en manos de su dueño o dueña, mientras que los
gananciales se dividirán en partes iguales, a menos que se
_______________________________________________________________
Arts. 1301 y 1307, Cód. Civ. PR, 31 L.P.R.A. secs. 3641 y
3647.
102
103
Maldonado v. Cruz, 161 D.P.R. 1, 15-19 (2004).
104
Art. 1272, Cód. Civ. PR, 31 L.P.R.A. sec. 3556.
CC-2006-1031
16
demuestre que la proporción justa para la distribución de
un bien es otra.105
III
A.
En
el
proceso
de
clasificación
de
los
bienes
posdivorcio, los tribunales se encuentran en la encrucijada
de cómo catalogar los inmuebles que se encuentran fuera del
foro: según la ley local o la del lugar en que ubica el
bien. El artículo 10 del Código Civil de Puerto Rico indica
que ―[l]os bienes muebles están sujetos a la ley de la
nación del propietario; los bienes inmuebles a las leyes
del país en que están sitos‖.106 Sin embargo, como veremos,
esta
disposición
no
aplica
automáticamente
a
todos
los
inmuebles, pues se deben sopesar cuestiones de conflicto de
leyes y razones de orden público antes de decidir qué ley
regirá la controversia relacionada con un inmueble.
En
la
jurisprudencia
puertorriqueña,
encontramos
variadas situaciones en las que se ha aplicado la ley de
Puerto Rico por ser la del lugar donde está radicado el
inmueble. Por ejemplo, en Babilonia v. Registrador, a una
mujer
casada
en
Nueva
York,
pero
domiciliada
en
Puerto
Rico, no se le permitió inscribir tres fincas ubicadas en
Puerto
Rico
presunción
como
de
bienes
gananciales
privativos,
que
dispone
pues
se
aplicó
la
ley
de
105
Montalván v. Rodríguez, 161 D.P.R. 411 (2004).
106
31 L.P.R.A. sec. 10.
la
Puerto
CC-2006-1031
17
Rico, donde se encontraban los inmuebles.107 De igual forma,
en Pueblo v. Denis Rivera, se decidió que regía la ley de
Puerto Rico para clasificar como ganancial una casa ubicada
en Puerto Rico que compró un hombre casado en Nueva York
que luego se mudó a la Isla, aunque el régimen matrimonial
por regla general en Nueva York no fuera la sociedad de
gananciales.108
Sin embargo, debemos hacer una distinción importante
de esos casos y otros similares respecto al presente. En
todos
aquéllos,
los
inmuebles
en
controversia
se
encontraban en Puerto Rico, por lo que, al decidir que
aplicarían la ley del lugar donde el bien estaba sito, se
estaba
aplicando
sencilla
la
la
ley
selección
del
de
foro.
No
hubiese
ley
del
sitio
la
sido
si
tan
estas
personas, con relaciones significativas con Puerto Rico,
hubiesen
tenido
controversias
relacionadas
con
bienes
ubicados fuera de la Isla y que involucraran choques con
otras disposiciones de orden público del País.
No se pueden usar esos precedentes para concluir que
el artículo 10 aplica a todo tipo de controversia y que,
cuando éste no se ha empleado, el Tribunal ha errado en su
razonamiento.109 Como bien explica la Opinión disidente de
la
juez
asociada
Rodríguez
Rodríguez,
107
62 D.P.R. 688 (1943).
108
98 D.P.R. 704 (1970).
109
Véase Opinión mayoritaria, pág. 23.
cuando
se
enmendó
CC-2006-1031
18
este estatuto real en el Código Civil, en 1902, se hizo
únicamente para eliminar la norma de que las sucesiones se
regirían por el estatuto personal y no para establecer que
toda controversia relacionada con inmuebles se atendería
según
la
Bracons
ley
v.
de
donde
éstos
Registrador,
encontraran.110
se
resuelto
pocos
años
El
caso
después,
explica esta supresión al hablar de la ―reforma importante‖
que
se
le
hizo
al
para
expresar
―totalmente‖
desde
entonces
no
Código
sólo
Civil
que
a
y
el
los
utiliza
la
palabra
estatuto
real
regiría
derechos
sobre
bienes
inmuebles en casos de Contratos, sino también en casos de
Sucesiones.111
Asimismo, no es posible basarse en un comentario que
se hizo cuando se enmendó el Código Civil en 1902 para
colegir que la norma vigente en Estados Unidos, y que debe
aplicar en Puerto Rico, es la de la ley del sitio. La
realidad actual dista mucho de esa aseveración. En Estados
Unidos, la regla general tradicional de que los inmuebles
se rigen por las normas del lugar en que están localizados
ha
sido
descartada
para
casos
de
división
de
bienes
posdivorcio en la mayor parte de los estados.112 La norma
Véase Roselló Puig. v. Rodríguez Cruz, Opinión disidente
de la juez Rodríguez Rodríguez, pág. 19.
110
24 D.P.R. 753, 757 (1917). Véase Opinión mayoritaria,
pág. 19.
111
Turner, op. cit., Vol. 1 pág. 158; Scoles, op. cit., pág.
469.
112
CC-2006-1031
19
del situs se ha dejado de utilizar por ser insuficiente
para una solución adecuada de las controversias. Desde hace
varias
décadas,
se
ha
estado
empleando
la
norma
de
la
fuente de origen, mediante la cual el interés matrimonial
sobre un inmueble no cambia porque haya sido adquirido por
un solo cónyuge como propiedad separada en un common law
state, si se demuestra que el dinero que se utilizó para
comprar la propiedad le pertenecía a la pareja o era un
bien
ganancial
matrimonio
en
estaba
recientemente,
se
el
community
property
domiciliado
está
aplicando
state
donde
el
anteriormente.113
Más
la
que
ley
del
foro
atiende el caso y la referencia al situs del inmueble sólo
se utiliza para saber si el tribunal, luego de realizar la
división,
puede
ordenar
la
transferencia
automática
del
título sobre el bien al cónyuge al que se le asignó o debe
ordenarle a la parte que haga los trámites en el registro
de propiedades de la otra jurisdicción.114
B. Cuando se resolvió Toppel v. Toppel, en 1983, la
―nueva realidad puertorriqueña‖ no era la que la Opinión
mayoritaria
identifica,
a
raíz
de
las
discusiones
Scoles, op. cit., pág. 472-473; Marsh, op. cit., pág.
102. El Restatement of the Law incluye esta regla como
límite a la aplicación de la ley del situs en el primer
comentario
a
la
disposición
sobre
los
efectos
del
matrimonio en el interés sobre tierras adquiridas luego del
casamiento. American Law Institute, Restatement of the Law
Second – Conflicts of Laws 2d, Minnesota, American Law
Institute Publishers, 1971, Vol. 2, sec. 234, pág. 37.
113
114
Turner, op. cit., Vol. 1 pág. 160; Vol. 3, págs. 21-22.
CC-2006-1031
20
legislativas de 1902 sobre la aplicación del estatuto real
a todo tipo de controversia referente a inmuebles, sino la
que la Constitución de Puerto Rico estableció en 1952 y
diversas leyes aprobadas entre 1975 y 1976 reforzaron: la
igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres.115 Por
eso,
es
sumamente
preocupante
la
revocación
parcial
innecesaria de Toppel que, sin mayor análisis, propone la
decisión
mayoritaria.116
En
Toppel,
se
interpretaron
las
normas de conflicto de leyes de modo que no violentaran la
política pública puertorriqueña de equiparar los derechos
de la esposa a los del marido. Se utilizaron las teorías
más innovadoras en ese momento para proveer guías para la
resolución de casos futuros de choques entre jurisdicciones
por controversias sobre bienes matrimoniales y se dejó la
puerta
abierta
circunstancias
para
estudiar
particulares
que
cada
caso
presentara,
según
mas
las
siempre
teniendo como máxima la sólida política pública de nuestro
foro de igualdad entre los géneros. Si Toppel se hubiese
resuelto aplicando rígidamente las normas de conflicto de
leyes que establece el Código Civil y otras leyes que los
foros inferiores entendían que aplicaban en aquel momento,
la señora Toppel hubiese recibido una minúscula parte del
Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 775, 793-795 (1983). Este
caso se resolvió en equidad, pues las leyes existentes eran
insuficientes para una solución razonable. Art. 7, Cód.
Civ. PR, 31 L.P.R.A. sec. 7.
115
116
Véase Opinión mayoritaria, págs. 23-26.
CC-2006-1031
21
patrimonio que forjó junto a su esposo durante los años en
que
manejaron
un
negocio
exitoso
en
Puerto
Rico.
Esa
solución hubiese estado muy lejos de los principios que
orientaban a los tribunales de Puerto Rico y de muchos
otros países en aquella época.
Además,
distinto
a
lo
que
señala
la
Opinión
mayoritaria, seis años después de la resolución de Toppel,
en
Zarelli
razonamiento
v.
de
Registrador,
Toppel
este
para
Tribunal
restablecer
no
la
―obvió‖
el
vigencia
del
estatuto real en casos de inmuebles gananciales, sino que
se distinguió el precedente.117 Ese caso claramente señala
que el Tribunal no utilizó Toppel porque no se trataba de
una
liquidación
de
bienes
gananciales
y
las
partes
no
estaban cuestionando la aplicación de las leyes de Puerto
Rico.118 En el presente caso también es necesario distinguir
a Toppel.
En Toppel, las partes no eran puertorriqueños casados
en Puerto Rico bajo el régimen de sociedad de gananciales,
sino una mujer británica y un hombre estadounidense que se
casaron
en
matrimonial
Nueva
de
York,
gananciales.
donde
Su
no
rige
relación
con
el
precepto
Puerto
Rico
para efectos de la división de bienes gananciales se debía
a que habían residido y construido su fortuna en la Isla
117
Véase Opinión mayoritaria, pág. 25.
Zarelli
(1989).
118
v.
Registrador,
124
D.P.R.
543,
550
esc.
4
CC-2006-1031
22
durante 13 años y se habían divorciado en este país. Como
explica
el
profesor
vigente
para
Raúl
Serrano
situaciones
como
Geyls,
las
Toppel
de
ese
continúa
caso:
dos
extranjeros casados en el extranjero que tienen bienes en
Puerto Rico y se divorcian aquí. Según señala, ello se debe
a que nuestras leyes no pueden alcanzar bienes de personas
extranjeras
ubicados
fuera
de
del
territoriales.119
Los
hechos
consideración
muy
diferentes,
son
puertorriqueños
que
se
casaron
en
nuestros
caso
pues
se
Puerto
límites
ante
nuestra
trata
de
dos
Rico
bajo
el
régimen de sociedad de gananciales y tienen bienes tanto en
la Isla como en el extranjero.
Por
todo
lo
anterior,
no
se
justifica
reducir
la
fuerza vinculante de Toppel, un precedente importante para
la
interpretación
de
nuestra
política
constitucional
de
igualdad entre los géneros.120 En Toppel se dividieron los
inmuebles del matrimonio sitos en Puerto Rico según las
leyes de Puerto Rico sobre sociedad de bienes gananciales,
pero no porque aplicara el estatuto real, artículo 10 de
nuestro Código Civil.
Tenía que hacerse así porque el
R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y
legislación comparada, San Juan, Ed. Programa de Educación
Jurídica Continua Universidad Interamericana de Puerto
Rico, 1997, Vol. 1, pág. 510.
119
Véanse J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de
Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados
Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 868; I. Ramos
Buonomo, Derecho de Familia, 75 Rev. Jur. UPR 293, 316
(2006).
120
CC-2006-1031
estatuto
23
real
no
se
puede
aplicar
a
todo
tipo
de
controversias sobre inmuebles sin cometer injusticias en
algunos casos.
Por
otro
lado,
tampoco
aplica
al
presente
caso
el
artículo 1277 del Código Civil que la Opinión mayoritaria
cita para rechazar las aportaciones de Toppel a nuestra
doctrina
sobre
división
de
bienes
gananciales.
Dicho
artículo dispone la ley que regirá a los matrimonios en los
que uno de los miembros de la pareja sea puertorriqueño y
el
otro
sea
extranjero
y
que
se
casen
fuera
de
Puerto
Rico.121 Además, el que el texto de ese artículo se haya
enmendado, como consecuencia de lo resuelto en Toppel, para
añadir que se atenderán factores como el conflicto móvil y
el centro de intereses conyugales, no cambia en nada la
norma
vigente
de
hayan
contraído
que
a
las
matrimonio
parejas
en
Puerto
puertorriqueñas
Rico
sin
que
otorgar
capitulaciones matrimoniales válidas les aplica el régimen
de sociedad de gananciales y el mismo es inmutable. Esa
enmienda se realizó para atender una situación de conflicto
de
leyes
relacionada
con
matrimonios
extranjeros
y
de
ninguna manera reduce el alto interés público que tiene el
matrimonio en nuestro ordenamiento.122
121
31 L.P.R.A. sec. 3561.
122
Véase Opinión mayoritaria, pág. 28-31, 38-40.
CC-2006-1031
24
IV
El artículo 11 del Código Civil de Puerto Rico dispone
que los contratos se rigen por las leyes del país en que se
otorguen, pero con una excepción: ―las leyes prohibitivas
concernientes a las personas, sus actos o sus bienes, y las
que
tienen
por
objeto
el
orden
público
y
las
buenas
costumbres, no quedarán sin efecto por leyes o sentencias
dictadas ni por disposiciones o convenciones acordadas en
países extranjeros‖.123 Por lo tanto, la vigencia de los
contratos realizados en el extranjero que se quieran hacer
valer en Puerto Rico queda supeditada a la política pública
y las leyes de este país.
En
Colón
Aponte
v.
Registrador,
advertimos
que
el
tercer párrafo del artículo 11 impide que se lleven a cabo
negocios fuera de Puerto Rico con el fin de burlar las
leyes prohibitivas de la Isla sobre asuntos que afecten
relaciones o bienes en Puerto Rico.124 En ese caso, nos
negamos
a
darle
validez
a
un
testamento
mancomunado,
realizado por un matrimonio en un país donde está permitido
testar de esa manera, mediante el cual se le transfería a
31 L.P.R.A. sec. 11. Esta excepción, que se encuentra en
el tercer párrafo de dicho artículo, también aplica al
artículo 10 del Código Civil (el estatuto real). El párrafo
citado comienza con la frase: ―No obstante lo dispuesto en
esta sección y en la anterior‖.
123
67 D.P.R. 17, 23 (1947). Véanse también las discusiones
sobre la importancia del lugar donde el contrato va a tener
efecto tanto en la Opinión mayoritaria como en la disidente
de Rivera Nieves v. Registrador, 93 D.P.R. 914 (1967).
124
CC-2006-1031
la
esposa
25
una
finca
perteneciente
a
la
sociedad
de
gananciales constituida por ambos y ubicada en Puerto Rico.
Explicamos
que
los
testamentos
mancomunados
no
están
permitidos en Puerto Rico, por lo que no podíamos avalar
que se hiciera uno en otro país para afectar inmuebles
matrimoniales
en
la
Isla.
Asimismo,
al
resolver
un
conflicto entre las leyes de Puerto Rico y las de Venezuela
relacionado con el reconocimiento de un hijo, en Martínez
v.
Pérez
extranjera
Viuda
de
Martínez
aplicable
a
la
explicamos
controversia
que,
si
la
ley
contradijera
una
disposición de orden público de Puerto Rico, se le daría
preeminencia al derecho puertorriqueño porque el artículo
11 impide que los tribunales de Puerto Rico pongan en vigor
leyes,
sentencias
o
acuerdos
de
países
extranjeros
que
violen las políticas y buenas costumbres de nuestro país.125
De
manera
interestatal
similar,
en
casos
los
se
ha
en
que
de
conflicto
invocado
la
de
leyes
cláusula
de
entera fe y crédito, el Tribunal Supremo de Estados Unidos
ha
indicado
que
un
estado
o
territorio
no
tiene
que
subordinar sus leyes sobre contratos a las del estado en el
que se realizó el contrato. Al contrario, si el foro tiene
88 D.P.R. 443, 454-455 (1963). Véase también la Opinión
concurrente del juez Hernández Denton en el caso López
Torres v. González, 151 D.P.R. 225 (2000, Sentencia), en la
que se explica que, debido al alto interés público que
tienen las capitulaciones matrimoniales, no se pueden hacer
valer en Puerto Rico unas que no cumplen con los requisitos
de las leyes puertorriqueñas, aunque se hayan realizado
conforme a las leyes del lugar donde se otorgaron.
125
CC-2006-1031
un
interés
26
legítimo
en
aplicar
sus
propias
leyes
a
la
controversia, puede utilizar su normativa sobre contratos
para evaluar el contrato que se preparó según las leyes del
otro
estado.126
adquiridos
Asimismo,
mediante
un
ha
decidido
contrato
que
los
realizado
en
derechos
un
estado
distinto al foro se pueden hacer valer en éste siempre y
cuando no violen la política pública del foro.127 Por eso,
cuando
se
régimen
presentan
contratos
matrimonial,
jurisdicciones
cuyo
realizados
donde
dicho
fin
por
pacto
es
modificar
el
los
cónyuges
en
es
permitido,
los
tribunales de estados cuyas leyes admiten esos contratos
los han reputado válidos, pero los de estados cuyas leyes
los prohíben han rechazado hacerlos valer.128
Aunque en nuestro Derecho de Contratos se le da gran
peso
a
la
voluntad
también
establece
ejecutar
lo
que
de
las
instancias
éstas
leyes,
han
contra
de
las
la
País.129
El
ordenamiento
partes,
nuestro
ordenamiento
en
que
es
las
convenido
moral
o
jurídico
el
no
posible
porque
ello
va
en
orden
público
del
puertorriqueño
mantiene
Watson v. Employers Liability Assurance Corp., 348 U.S.
66, 73 (1954).
126
127
Griffin v. McCoach, 313 U.S. 498, 506-507 (1941).
128
Scoles & Hay, op. cit., pág. 490.
Véanse, como ejemplos, las disposiciones del Código Civil
de Puerto Rico sobre la voluntad de las partes en la
contratación, artículos 1221, 1225, 1228 a 1235 y 1248 a
1250, y sobre las restricciones a los pactos que pueden
realizar las partes contratantes, artículos 1222, 1225 y
129
CC-2006-1031
27
varias restricciones a los negocios jurídicos que pueden
celebrar los cónyuges. Las mismas tienen su base en la
inmutabilidad
del
régimen
matrimonial
y
en
la
política
pública de protección al cónyuge más débil de presiones del
más
fuerte
Nuestro
para
controlar
ordenamiento
el
considera
económico.130
patrimonio
de
alto
interés
público
estas y otras disposiciones relativas al matrimonio.131
El artículo 1347 de nuestro Código Civil prohíbe las
compraventas
entre
previamente
cónyuges
que
no
la
separación
de
bienes
matrimoniales.132
Asimismo,
el
artículo
donación
entre
los
cónyuges
durante
hayan
en
capitulaciones
1286
el
pactado
veda
toda
matrimonio,
sin
importar el régimen imperante entre ellos. Sólo se permiten
regalos módicos, según el estatus económico de la familia,
en
ocasiones
donaciones
de
son
regocijo
nulas,
o
familiar.
sea,
nunca
Todas
las
demás
sucedieron.133
El
contrato que se celebró en Florida en el presente caso es
nulo,
porque
los
cónyuges
no
podían
hacerse
donaciones
_______________________________________________________________
1238. 31 L.P.R.A. secs. 3371-3372, 3375, 3391, 3401-3407,
3421, 3471-3473.
130
Serrano Geyls, op. cit., pág. 317.
Véanse, como ejemplos, López Torres v. González, supra, a
las págs. 252-253; Ortiz Ortiz v. Sáez Ortiz, 90 D.P.R.
837, 838 (1964).
131
132
31 L.P.R.A. sec. 3772.
31 L.P.R.A. sec. 3588. Tampoco está permitida la cesión
de la participación en los bienes gananciales de un cónyuge
a otro sino hasta luego de disuelto el vínculo matrimonial.
Art. 1316, Cód. Civ. PR, 31 L.P.R.A. sec. 3691.
133
CC-2006-1031
28
entre sí durante el matrimonio. Aun si se considerara que
fue un contrato de compraventa, a pesar de que parece ser
una donación simulada pues
intercambiaron un inmueble por
diez dólares, tampoco sería válido, pues están prohibidas
las compraventas entre los miembros de la sociedad legal de
gananciales, que es el régimen que gobierna a los cónyuges
en este caso.
Más aun, si analizamos el contrato según las doctrinas
de
los
common
law
states,
nos
encontramos
con
que
la
clasificación de un bien puede cambiar de matrimonial a
separado por una acción voluntaria de las partes durante el
matrimonio, pero un cambio de título mediante contrato de
por sí no cambia la clasificación si otras razones apuntan
hacia
mantener
la
categoría
original,
ya
que
dejar
la
clasificación al arbitrio de los cónyuges puede prestarse a
abusos.134 Si mediante el acuerdo un cónyuge transfiere sus
derechos sobre el bien al otro cónyuge, se analiza si hubo
intención
de
donar.135
Aquí,
el
señor
Roselló
Puig
ha
señalado, y la señora Rodríguez Cruz no ha negado, que el
propósito
no
era
cambiar
ganancial
a
privativo,
cobraran
sus
deudas
la
sino
contra
clasificación
evitar
la
que
propiedad
del
sus
bien
de
acreedores
conyugal.
Otro
Turner, op. cit., págs. 69-70, 652-680. En Puerto Rico
también la inscripción a título privativo no es definitiva,
pues se puede presentar prueba de que el bien es ganancial.
Méndez v. Ruiz Rivera, 124 D.P.R. 579 (1989).
134
135
Turner, op. cit., págs. 661-679.
CC-2006-1031
29
hecho que se toma en consideración en los common law states
es si el cónyuge que hace la transferencia de la propiedad
termina toda relación con la misma.136 En este caso sucedió
lo contrario y el señor Roselló Puig continuó aportando al
pago de la hipoteca hasta que la señora Rodríguez Cruz
vendió el inmueble. Aunque el análisis bajo las normas de
distribución
equitativa
sería
más
extenso,
estos
son
indicios de que el traspaso podría quedar igualmente sin
efecto
si
se
hiciera
la
división
posdivorcio
fuera
de
Puerto Rico.
V
El señor Roselló Puig y la señora Rodríguez Cruz se
casaron
en
Puerto
Rico
sin
hacer
capitulaciones
matrimoniales, conscientes de que el régimen de sociedad de
bienes gananciales gobernaría sus relaciones patrimoniales
durante todo el matrimonio, ya que el régimen matrimonial
seleccionado
es
inmutable.137
durante
25
años
los
que
Según
alegan
estuvieron
las
partes,
casados,
vivieron
aproximadamente 10 años en Puerto Rico y alrededor de 15
136
Id. pág. 659.
Durante el proceso de revisión del Código Civil de Puerto
Rico que se llevó a cabo en la pasada década, se propuso
abolir la inmutabilidad del régimen matrimonial, pero esas
recomendaciones aún están pendientes de discusión. Véase Z.
Cruz Torres, Reforma del Derecho Internacional Privado
Puertorriqueño en el matrimonio y su régimen económico, 43
Rev. Jur. UIPR 151 (2008). Véase también M. Fraticelli
Torres, Un nuevo acercamiento a los regímenes económicos en
el matrimonio: la sociedad legal de gananciales en el
Derecho Puertorriqueño, 39 Rev. Jur. UIPR 113 (2004).
137
CC-2006-1031
30
años en Florida. Las alegaciones de ambas partes reflejan
que mientras residieron en Florida mantuvieron su vínculo
con Puerto Rico y adquirieron bienes en este país. De las
distintas propiedades inmuebles que compraron las partes
durante su matrimonio, la única ubicada fuera de Puerto
Rico
fue
la
casa
de
Florida
que
es
eje
de
esta
controversia. Los esposos sabían que la propiedad ubicada
en Florida era ganancial cuando hicieron el contrato para
intentar
transferirla
a
título
Rodríguez
Cruz.
Cuando
divorcio,
ambos
cónyuges
la
privativo
pareja
se
de
se
separó,
mudaron
a
la
señora
previo
Puerto
al
Rico.
Asimismo, se divorciaron en Puerto Rico.
Ante
estos
hechos,
no
resulta
arbitrario
que
los
tribunales de Puerto Rico a los que las partes acudieron
decidan
aplicar
controversias
las
leyes
relacionadas
de
con
Puerto
la
Rico
división
de
a
las
bienes
posdivorcio, proceso que se está llevando a cabo en Puerto
Rico. Así hacerlo constituye aplicar la ley del foro a una
situación
con
la
cual
el
foro
tiene
una
relación
significativa, siguiendo la tendencia actual de selección
de
ley
aplicable
para
casos
de
división
de
bienes
posdivorcio. Además, permite que todos los bienes y las
controversias sobre la división se atiendan bajo una sola
ley,
como
recomienda
la
norma
de
unicidad
patrimonial
avalada en gran parte de los estados de Estados Unidos y en
otros países. Asimismo, conlleva que Puerto Rico, como foro
CC-2006-1031
31
en el que se está atendiendo la controversia, ponga en
vigor su política pública y salvaguarde los intereses sobre
las
relaciones
colocar
por
matrimoniales
encima
de
éstos
que
defiende,
en
lugar
de
los
intereses
propietarios
protegidos por las leyes de Florida.
Como vimos, la regla de utilizar la ley del sitio
donde
un
inmueble
está
ubicado
para
regir
todas
las
controversias relacionadas con ese bien ha sido descartada
para
casos
de
división
de
bienes
posdivorcio.
Aún
si
continuara vigente, el artículo 10 del Código Civil, que
señala que los inmuebles están sujetos a las leyes del país
en el que están localizados, no aplica en toda ocasión,
pues el artículo 11 funciona como norma de excepción para
éste. En este caso, el inmueble se encuentra en Florida,
pero el contrato realizado de acuerdo con las normas de esa
jurisdicción no puede ser ejecutado en Puerto Rico, pues va
en
contra
de
una
ley
prohibitiva
concerniente
a
las
personas y sus bienes, que es a la vez una disposición de
orden público. El ordenamiento puertorriqueño prohíbe los
contratos de compraventa y las donaciones entre cónyuges
casados bajo el régimen de sociedad de bienes gananciales.
Como dispone el artículo 11, estas prohibiciones no quedan
sin efecto por el hecho de que el inmueble en controversia
esté ubicado en Florida o porque el contrato relacionado
con el inmueble se haya otorgado en ese estado y sea válido
allá.
CC-2006-1031
32
Entiendo,
contrato
como
entre
los
el
Tribunal
cónyuges
de
no
Apelaciones,
cambió
la
que
el
naturaleza
ganancial del inmueble sito en Florida, pues los bienes
adquiridos por el señor Roselló Puig y la señora Rodríguez
Cruz pertenecían a la sociedad de gananciales que ellos
componían
al
matrimonial
momento
del
seleccionado
contrato.
Dado
que
por
en
Puerto
ellos
el
régimen
Rico
era
inmutable, no podían hacer una excepción para que el esposo
le
traspasara
a
la
esposa
ese
bien.
La
sociedad
de
gananciales, con los derechos y las prohibiciones que ésta
acarrea,
siguió
siendo
la
misma
mientras
los
cónyuges
vivieron en Florida y ésta estuvo regida en todo momento
por las leyes de Puerto Rico.
La cláusula constitucional de entera fe y crédito no
requiere el resultado escogido por la mayoría. No podemos
erigir una barrera para la administración de las leyes de
Puerto
Rico
que
la
Constitución
de
Estados
Unidos
no
impone, y mucho menos cuando el efecto de esa traba es
ignorar el ordenamiento jurídico vigente en el País sobre
un aspecto de sumo interés público.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos Roselló Puig
Recurrido
CC-2006-1031
v.
Ruth N. Rodríguez Cruz
Peticionaria
Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011
Disiento de la opinión del Tribunal porque considero
que
la
Opinión
controversia
en
mayoritaria
este
caso
en
enmarca
el
erradamente
derecho
la
internacional
privado de contratos entre cónyuges, cuando de lo que se
trata
es
de
una
controversia
de
derecho
internacional
privado de derecho de familia relativa a la división de
bienes matrimoniales.
El error conceptual de la mayoría,
entre otras cosas, lo lleva a revocar un precedente de
hondo calado, Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 775 (1983), sin
que
ello
juicio,
fuera
tanto
necesario
y
bajo
deficiente
un
razonamiento,
como
a
mi
insuficiente.
CC-2006-1031
2
El asunto que debemos abordar versa sobre el carácter
privativo o ganancial de un inmueble sito en el estado de
Florida, cuando una pareja se estableció en más de una
jurisdicción
durante
la
vigencia
de
su
matrimonio.
Específicamente, debemos resolver qué efecto tiene, sobre
la naturaleza ganancial o privativa de un inmueble, el que
una pareja de puertorriqueños que contrajo matrimonio en
Puerto
Rico
bajo
posteriormente
otorgue
un
el
régimen
estableció
contrato
legal
su
para
de
gananciales
residencia
transferir
su
en
compete
determinar
bajo
qué
ley
se
Florida,
titularidad
manera exclusiva a uno de los cónyuges.
y
de
Asimismo, nos
debe
realizar
el
procedimiento de clasificación y división de los bienes,
incluyendo el inmueble sito en Florida.
Repasemos los hechos en este caso.
I.
Carlos
Roselló
Puig
y
Ruth
N.
Rodríguez
Cruz
se
casaron en Puerto Rico bajo el régimen de sociedad legal
de gananciales.
Luego de varios años de convivencia en la
Isla, la pareja se mudó a Florida.
Allí compraron un
inmueble que les sirvió como hogar familiar durante los
años de estadía en ese estado.
titularidad
que
ambos
El 29 de abril de 1997, la
cónyuges
ostentaban
sobre
el
inmueble se transfirió a favor de la señora Rodríguez Cruz
exclusivamente,
pública
a
conforme
adelante,
las
cambio
de
$10,
mediante
autorizan
las
leyes
de
partes
regresaron
a
escritura
Florida.
Puerto
Rico.
Más
El
CC-2006-1031
3
matrimonio se disolvió mediante sentencia de divorcio el 7
de
abril
de
2003,
por
la
señora
Posteriormente,
la
causal
Rodríguez
de
Cruz
separación.
vendió
el
inmueble sito en Florida.
El
27
presentó
de
octubre
de
2003,
una
demanda
ante
el
el
señor
Roselló
Tribunal
de
Puig
Primera
Instancia, en la que solicitó la división de la comunidad
postganancial.
Entre sus alegaciones, aseveró que pagó el
préstamo hipotecario del inmueble ubicado en Florida hasta
agosto de 2003, fecha en que la señora Rodríguez Cruz lo
vendió por la suma de $450,000.
el
inmueble
se
adquirió
También adujo que, como
durante
la
vigencia
del
matrimonio, la propiedad le pertenecía a la sociedad legal
de bienes gananciales y él tenía derecho al 50% del dinero
producto de la venta.
Luego
de
varios
eventos
procesales,
la
señora
Rodríguez Cruz presentó una moción de sentencia sumaria en
la que solicitó que se reconociera la naturaleza privativa
del inmueble sito en Florida.
El 4 de abril de 2005, el
Tribunal de Primera Instancia dictó una resolución en la
que dispuso que el inmueble era un bien privativo porque
el señor Roselló Puig había cedido su parte a favor de la
señora Rodríguez Cruz mediante un negocio jurídico válido
de acuerdo a las leyes de la jurisdicción donde ubica el
inmueble.
CC-2006-1031
4
Insatisfecho,
recurso
de
el
señor
certiorari
ante
Roselló
el
Puig
Tribunal
presentó
de
un
Apelaciones.
Alegó que las donaciones o compraventas entre cónyuges que
contraen matrimonio bajo el régimen de sociedad legal de
gananciales
están
prohibidas
por
nuestro
ordenamiento,
aunque se trate de un inmueble sito fuera de Puerto Rico.
En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó el
dictamen del foro inferior.
Concluyó que la ―cesión o
transferencia simulada‖ no alteró la naturaleza ganancial
del bien, pues el artículo 11 del Código Civil de Puerto
Rico establece que las leyes prohibitivas relacionadas a
las personas, sus actos o sus bienes no quedan sin efecto
por
leyes
o
sentencias
dictadas
en
países
extranjeros.
Sin embargo, el foro intermedio reconoció la validez de la
venta del bien inmueble a un tercero.
Asimismo, determinó
que la pareja mantuvo su domicilio conyugal en Puerto Rico
y que no se apartó del derecho puertorriqueño.
concluyó
que,
en
la
relación
entre
sí,
Por lo que
los
cónyuges
continuaban sujetos a las leyes relativas a la sociedad
legal
de
gananciales
y
la
comunidad
postganancial.
También señaló que el dinero obtenido de la compraventa
sustituyó el bien, por lo que se debía incluir como un
activo ganancial al que tienen derecho los ex cónyuges,
por partes iguales.
CC-2006-1031
5
De esta sentencia acudió ante este Tribunal la señora
Rodríguez
Cruz.
peticionaria
En
aduce
su
que
recurso
el
foro
de
certiorari,
intermedio
obvió
la
el
principio lex rei sitae que recoge el artículo 10 del
Código Civil.
31 L.P.R.A. sec. 10.
Además, indicó que la
determinación del foro intermedio viola las doctrinas de
conflicto de leyes, la cláusula de entera fe y crédito y
la
igual
recurrido
protección
de
alegó
el
que
las
leyes.
régimen
Por
su
económico
parte,
el
matrimonial
seleccionado a la fecha del matrimonio es el que debe
aplicar para la división de bienes, por lo que el producto
de la venta del inmueble debe reputarse ganancial.
Añade
que al momento de la división de bienes gananciales se
debe
aplicar
principio
de
Tribunal
en
Toppel
v.
Toppel,
114
pone
sobre
el
tapete
la
naturaleza de la controversia que debemos atender.
La
reconocido
por
el
este
unicidad
patrimonial
D.P.R. 775 (1983).
II.
La
relación
anterior
parte recurrida reconoce que el traspaso de titularidad se
realizó conforme a las leyes de Florida, por lo que no se
cuestiona la validez de esa transacción para efectos de la
venta a un tercero.
El asunto a dilucidar es qué normas
deben
liquidar
aplicar
al
una
sociedad
legal
de
gananciales cuando un bien que se alega forma parte del
CC-2006-1031
6
caudal está sito en una jurisdicción distinta de aquella
donde se decretó el divorcio y se realiza la división, y
existe un conflicto de leyes entre las jurisdicciones que
incide
sobre
la
necesariamente,
a
división.
abordar
Ello
esta
nos
controversia
lleva,
desde
la
perspectiva del derecho internacional privado.
A.
Las transformaciones sociales de las últimas décadas
han propiciado una mayor capacidad móvil de las nuevas
generaciones.
Este
fenómeno,
cada
vez
más
presente,
se
alza como un aspecto imprescindible para comprender los
cambios sociales y las transformaciones que acontecen en
las
sociedades
modernas
y
post
industriales.
Manuel
Castells, La era de la información: economía sociedad y
cultura, 2005, Alianza Editorial, Madrid, Vol. I.
Sus
causas
la
son
variadas:
la
globalización,
individualización y el desarrollo de nuevas tecnologías de
la comunicación se identifican como algunas de ellas.
Su
impacto, por otra parte, se manifiesta no tan sólo en la
esfera económica y política, sino también en la esfera
familiar.
Véase,
www.jobmob-and-famlives.eu,
última
visita 4 de agosto de 2011.
Ya es usual que un matrimonio, durante su vigencia,
establezca su domicilio en más de una jurisdicción.
Esto
supone nuevos retos para los ordenamientos legales en la
CC-2006-1031
7
medida en que las normas sobre las relaciones económicas
entre los cónyuges varían de jurisdicción en jurisdicción,
al
punto
de
generar
determinar
cómo
se
adquiridos
durante
normas
conflictivas
clasifican
el
y
se
matrimonio
al
dividen
para
momento
los
propósitos
de
bienes
de
la
liquidación de la comunidad postganancial.
El
caso
ante
nuestra
consideración
presenta,
precisamente, un problema de conflicto de leyes generado
por el traslado de las partes -mientras estaban casadasal estado de Florida, y la adquisición allí de un inmueble
y su posterior traspaso a uno de los cónyuges conforme
permiten las leyes del estado de Florida.
La solución que
el Tribunal ofrece para resolver este conflicto no es la
adecuada
para
estos
tiempos.
Ello,
pues
ignora
las
tendencias modernas en materia de derecho internacional
privado de familia y se aferra a una doctrina que no fue
concebida
para
gananciales.
el
procedimiento
de
división
de
bienes
Veamos.
B.
Cada jurisdicción determina cómo sus tribunales van a
atender
las
controversias
sobre
conflicto
de
leyes.
Restatement (Second) Conflicts of Laws, sec. 6, 1971.
nuestro
ordenamiento,
estas
reglas
están
En
recogidas
principalmente en los artículos 9 al 11 del Código Civil.
En
lo
pertinente,
el
artículo
9,
denominado
estatuto
CC-2006-1031
8
personal, establece que la ley del domicilio de la persona
aplica a los derechos y deberes de familia, o al estado,
condición y capacidad legal.
31 L.P.R.A. sec. 9.
Por su
parte, el artículo 10, conocido como el estatuto real,
recoge el principio lex rei sitae y atiende el conflicto
de leyes sobre bienes: ―Los bienes muebles están sujetos a
la ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles,
a las leyes del país en que están sitos.‖ 31 L.P.R.A. sec.
10.
La Opinión mayoritaria determina que el bien inmueble
sito
en
Florida
es
privativo
al
aplicar
a
esta
controversia el estatuto real, así como la cláusula de
entera fe y crédito de la Constitución de Estados Unidos.
Ello así, pues concluye que conforme a nuestro estatuto
real, la transferencia de titularidad del inmueble sito en
Florida por parte de los cónyuges a favor de uno de ellos
es un negocio jurídico válido a tenor con las leyes de ese
estado.
En un confuso análisis, el Tribunal aplica el
principio lex rei sitae al procedimiento de división de
comunidad de bienes postganancial para decretar que ese
inmueble
es
de
carácter
privativo.
De
este
modo,
el
Tribunal adjudica la naturaleza privativa del inmueble a
base del título de propiedad únicamente, sin considerar
CC-2006-1031
las
9
normas
de
clasificación
de
Puerto
Rico
o
de
Florida.138
Añade el Tribunal que la determinación de si existe
un crédito por el dinero utilizado para la adquisición del
bien y el pago de la hipoteca, deberá regirse por la ley
del lugar donde la pareja tenía su domicilio conyugal al
momento
de
traspaso.
adquirir
Devuelve
la
propiedad
entonces
el
y
de
realizar
el
caso
al
Tribunal
de
Primera Instancia para que determine el domicilio conyugal
y aplique la ley de esa jurisdicción a la adjudicación del
crédito sobre el inmueble sito en Florida.
No comparto
este razonamiento.
De
una
lectura
de
las
normas
estatutarias
de
los
artículos 9 al 11 del Código Civil, se desprende que estas
reglas generales no contemplan expresamente un mecanismo
para atender el conflicto móvil en cuanto a la división de
bienes como resultado de un divorcio.
Por una parte, se
podría argumentar que este procedimiento postmatrimonial
se debe regir por el estatuto personal, pues es un asunto
relativo al matrimonio.
Por otro lado, la división de
bienes incide directamente sobre el patrimonio de los ex
cónyuges,
lo
cual
podría
justificar
la
aplicación
del
estatuto real.
Recordemos que, en nuestro ordenamiento, la titularidad
activa una presunción sobre la naturaleza del bien que
puede ser rebatida si se prueba que el dinero utilizado en
la adquisición era ganancial.
138
CC-2006-1031
10
El Tribunal decide que se debe aplicar el estatuto
real porque, a su entender, así lo dicta el artículo 10
del Código Civil.
Sin embargo, no nos enfrentamos a una
controversia sobre la titularidad del inmueble, sobre la
validez del contrato que los cónyuges otorgaron entre sí
en
Florida
o
sobre
el
nuestra jurisdicción.
reconocimiento
de
este
acto
en
Se trata de determinar si procede
incluir el inmueble sito en Florida, o el dinero obtenido
de la venta al tercero, en el inventario del caudal a ser
dividido.
Para
ello,
debemos
determinar
antes
la
naturaleza, privativa o ganancial, del dinero obtenido de
la venta del inmueble sito en Florida.
Lamentablemente el
Tribunal no comprende adecuadamente la diferencia entre un
asunto y otro para efectos de la norma que adopta.
La experiencia de los tribunales ha demostrado que la
aplicación mecánica de estas disposiciones a controversias
que surgen en el derecho de familia podría culminar en
resultados inadecuados.
Así lo reconoce la doctrina, por
lo que se han desarrollado normas específicas para atender
los conflictos de leyes en este ámbito del derecho.
la
ausencia
de
una
disposición
en
nuestro
Ante
ordenamiento
jurídico que atienda este asunto de derecho internacional
privado, establecimos la norma en Toppel v. Toppel, 114
D.P.R. 775 (1983).
Repasemos la norma allí pautada, ya
que ésta gobierna a la controversia que hoy atendemos.
CC-2006-1031
11
C.
En Toppel v. Toppel, ante, un hombre estadounidense
residente
de
Nueva
Jersey
y
una
mujer
británica
contrajeron matrimonio en el estado de Nueva York.
Al
poco tiempo, la pareja se trasladó a Puerto Rico donde
estuvieron domiciliados por la mayor parte de la duración
del matrimonio.
Posteriormente, obtuvieron una sentencia
de divorcio en Puerto Rico y procedieron a la división
postmatrimonial
posible
de
conflicto
sus
de
bienes.
leyes,
internacional
procedimiento
de
de
que
a
un
existía
un
en cuanto a la norma de
privado
partición
enfrentarnos
reconocimos
vacío en nuestro ordenamiento
derecho
Al
que
bienes.
aplica
a
En
sentido
tal
un
aseveramos: ―El hecho de que el divorcio era desconocido
en España para el tiempo en que se aprueba el Código Civil
basta de por sí para demostrar que, al menos en cuanto a
tal aspecto, estamos ante una laguna de la ley.‖ Toppel v.
Toppel, ante, pág. 782.
Nuestra normativa estatuaria no
ha variado o modificado este hecho.
Luego
de
evaluar
las
tendencias
doctrinales
de
la
época, adoptamos la doctrina del centro de los intereses
matrimoniales atemperada a la teoría estadounidense de los
contactos
dominantes
determinar
la
ley
que
o
relación
rige
los
Toppel v. Toppel, ante pág. 791.
significativa
bienes
para
matrimoniales.
En ambas, el domicilio
CC-2006-1031
12
conyugal o residencia habitual es un factor determinante,
pero no es el único a considerar.
Al amparo de esta
norma, ordenamos la división de la masa de bienes de la
comunidad conforme a la ley de la jurisdicción que fue el
centro
de
intereses
de
la
pareja
conyugal
durante
la
vigencia del matrimonio.
Por otro lado, para determinar el centro de intereses
conyugal indicamos que se deben examinar varios factores
además
del
domicilio.
siguientes
intereses:
Entre
la
éstos,
se
localización
encuentran
principal
los
de
los
intereses financieros (inversiones e ingresos), los lazos
afectivos, la duración de la residencia, la nacionalidad
de
los
cónyuges,
las
necesidades
de
los
sistemas
interestatal e internacional, las políticas relevantes de
los
foros
afectados,
justificadas,
resultado
parte
en
más
la
situaciones
y
protección
previsibilidad
débil,
determinación
la
análogas,
además
de
aplicabilidad
expectativas
y
uniformidad
la
protección
de
la
facilidad
en
la
regla
justa.
la
de
de
la
más
del
Toppel v. Toppel, ante, págs. 791-92.
De este modo, acogimos la regla de mutabilidad que
permite que luego de contraer matrimonio bajo un régimen
económico
supletorio,
ciertas circunstancias.
los
cónyuges
lo
modifiquen
bajo
Nos alejamos así de la regla de
la inmutabilidad que considera que el régimen seleccionado
CC-2006-1031
13
a la fecha en que se contraen nupcias aplicará siempre a
la relación entre los cónyuges durante el matrimonio, e
incluso a los procedimientos posteriores a su disolución.
Sin
embargo,
ello
no
significa
que
cada
bien
se
clasificará y dividirá de forma individual según el lugar
donde radiquen los intereses o la pareja establezca su
domicilio a la fecha de adquisición.
Por esta razón,
incorporamos
patrimonial
el
principio
de
unicidad
para
tratar todos los bienes como una masa que se divide al
amparo de una sola ley.
Al preparar el inventario, tanto
los bienes muebles como los bienes inmuebles se clasifican
según
las
normas
de
la
ley
bajo
la
cual
se
hace
la
división.
Los ex cónyuges Roselló Puig y Rodríguez Cruz son
puertorriqueños que contrajeron matrimonio en Puerto Rico
bajo el régimen supletorio de la sociedad legal de bienes
gananciales.
el
estado
Durante el matrimonio, se establecieron en
de
Florida
por
Posteriormente,
regresaron
divorciaron
se
y
a
un
periodo
Puerto
encuentran
prolongado.
Rico,
actualmente
procedimiento de división de bienes.
donde
se
en
el
Como parte de esta
acción, surgió la controversia sobre la clasificación del
bien
inmueble
sito
en
Florida,
cuya
titularidad
fue
transferida a favor de la señora Rodríguez Cruz y que ella
vendió a un tercero.
CC-2006-1031
14
Luego del divorcio, la masa de bienes matrimoniales
se debe entender como una sola unidad para propósitos de
establecer
la
ley
matrimoniales.
aplicable
a
la
división
de
bienes
Conforme se discutirá más adelante, por
razones de justicia y economía procesal, esta ley debe
regir
tanto
la
clasificación
procedimiento
de
división.
unicidad
patrimonial,
todos
de
los
bienes
Afín
con
el
los
bienes,
como
el
principio
de
incluyendo
los
adquiridos fuera de Puerto Rico, se deben clasificar según
la ley aplicable al procedimiento de división.
Coincidimos
con
la
Opinión
mayoritaria
en
que
el
Tribunal de Primera Instancia no ha determinado cuál fue
el domicilio conyugal durante el matrimonio.
De igual
modo, no ha decretado cuál fue el centro de intereses.
Siendo ello así, se debe devolver el caso al foro primario
pero para que se determine cuál fue el centro conyugal de
intereses a la luz de Toppel v. Toppel.
determinación
se
decidirá
la
ley
A base de esa
aplicable
para
el
procedimiento ante su consideración, lo que incluye tanto
la
clasificación
de
los
bienes
como
su
división.
De
considerar el foro primario que el matrimonio tuvo más de
un centro de intereses, debe aplicar entonces la ley del
foro si éste es uno de ellos, ya que tiene jurisdicción
sobre ambas partes y es la ley que mejor conoce.
III.
CC-2006-1031
15
Pese a lo anterior, el Tribunal se niega a aplicar a
este caso lo decidido en Toppel v. Toppel, ante, y procede
a revocar este precedente.
La mayoría considera que la
norma
v.
establecida
en
Toppel
Toppel
es
historial legislativo del Código Civil.
contraria
al
Al descartar la
normativa vigente, realiza una aplicación defectuosa de
nuestras reglas de derecho internacional privado.
Así,
sostiene que su interpretación del estatuto real responde
a la práctica estadounidense de extender el principio lex
rei sitae a cualquier controversia sobre bienes.
Por
considerar
que
el
Tribunal
incide
en
su
razonamiento, y ante la falta de discusión en la Opinión
sobre
la
doctrina
aplicable
a
la
de
derecho
controversia
internacional
que
privado
enfrentamos
hoy,
consideramos necesario examinar cómo se ha desarrollado
este tema en otras jurisdicciones.
Además, atenderemos en
detalle los fundamentos deficientes que se invocan para
revocar Toppel v. Toppel, ante.
A.
El
derecho
mutabilidad
y
la
matrimonial
como
internacional
privado
inmutabilidad
del
principios
generales
reconoce
régimen
la
económico
aplicables
para
atender conflicto de leyes que se suscitan sobre bienes
matrimoniales.
El principio de inmutabilidad establece
que los cónyuges seleccionan un régimen económico a la
CC-2006-1031
16
fecha del matrimonio y esa será la ley aplicable durante
la vigencia del matrimonio y para la división de bienes.
Kathrin Kroll, Unification of Conflict of Laws in Europe
en
European
Challenges
in
Contemporary
Family
Law
(Katharina Boele-Woelki y Tone Sverdrup, eds.), Portland,
Editorial Intersentia, 2008, pág. 381; Thomas Oldham, What
if the Beckhams move to L.A. and Divorce? Marital Property
Rights of Mobile Spouses When They Divorce in the United
States, 42 Fam. L.Q. 263, 265 (2008).
mayoritaria en
reconoce
que
estabilidad
los países europeos.
este
y
Ésta es la práctica
principio
previsibilidad
Kroll, ante.
Se
la
ofrece
el
beneficio
de
ley
aplicable,
la
de
pero
presenta el problema de atentar contra la voluntad de las
partes de adoptar el régimen de la nueva jurisdicción en
la que se establecieron.
Además, implica que el tribunal
del foro aplicaría una ley que, como norma general, no
conoce con profundidad.
Oldham, What if the Beckhams move
to L.A. and Divorce?, ante; Marsh, op. cit., pág. 106.
Por su parte, el principio de mutabilidad reconoce el
derecho
de
la
pareja
conyugal
a
modificar
el
régimen
económico que regía a la fecha de contraer nupcias si se
traslada a otra jurisdicción y concurren ciertos factores.
Marsh, op. cit., pág. 104.
Por ejemplo, el artículo 7 de
la Convención de la Haya de 1978 sobre la Ley Aplicable a
Regímenes
de
Propiedad
Matrimonial,
considera
esta
CC-2006-1031
17
posibilidad
habitual
cuando
los
país
de
al
cónyuges
su
cambian
nacionalidad
su
residencia
común
o
cuando
permanecen en esa jurisdicción por un periodo mínimo de
diez años.
Convención de la Haya sobre la Ley Aplicable a
Regímenes
de
Propiedad
Kroll, ante, pág. 381.
Matrimonial,
Art.
7,
1978;139
La doctrina de la mutabilidad es
bien recibida en un número creciente de jurisdicciones,
pues respeta la autonomía de la voluntad de los cónyuges.
En
Estados
Unidos,
la
mutabilidad
tuvo
mejor
aceptación como principio que rige el régimen económico
matrimonial y su posterior división.
Esta preferencia se
debió, principalmente, al respeto a la voluntad de las
personas que comenzaban una nueva vida en Estados Unidos y
a facilitar la determinación de la ley aplicable en un
país
donde,
inmigrantes.
desde
sus
inicios,
sus
habitantes
eran
Marsh, op. cit., pág. 107; Oldham, What if
the Beckhams move to L.A. and Divorce?, ante, pág. 288.
Asimismo, la doctrina reconoce varias modalidades o
tipos de mutabilidad.
La mutabilidad parcial se refiere
al principio que establece que los intereses propietarios
de
los
cónyuges
sobre
bienes
adquiridos
durante
la
vigencia del matrimonio se determinan de acuerdo a las
Hasta la fecha, Francia, Luxemburgo y Holanda son los
únicos países que han ratificado la Convención de la Haya,
información
disponible
en
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=87,
última visita 19 de julio de 2011.
139
CC-2006-1031
18
leyes del domicilio matrimonial a la fecha de adquisición.
Friedrich K. Juenger, Marital Property and the Conflicts
of Laws: A Tale of Two Countries, 81 Colum. L. Rev. 1061,
1073
(1981).
De
este
modo,
una
pareja
que
cambia
de
domicilio modifica el régimen económico matrimonial bajo
el
que
contrajo
matrimonio
para
supletorio del nuevo domicilio.
conformarlo
al
sistema
Sin embargo, este cambio
es efectivo solamente respecto a los bienes adquiridos en
el
segundo
domicilio.
Quienes
favorecen
este
proceso
señalan que así se protegen los derechos adquiridos y las
expectativas de las partes.
Marsh, op. cit., pág. 109.
Ahora bien, sólo algunas jurisdicciones estatales han
extendido
la
mutabilidad
postdivorcio de bienes.
parcial
el
tribunal
la
división
Oldham, What if the Beckhams move
to L.A. and Divorce?, ante, pág. 268.
que
a
establezca
el
Ello pues requiere
domicilio
conyugal
a
la
fecha en que se adquirió cada bien para aplicarle la ley
de división de bienes de esa jurisdicción.
Es decir, este
proceso requiere que el foro en el cual se realiza la
división
aplique
más
de
una
ley,
lo
cual
afecta
la
economía procesal y aumenta la carga económica para las
partes en el litigio.
Id.; Juenger, ante, pág. 1073.
De otra parte, la mutabilidad completa implica que la
división de la totalidad de los bienes se realiza conforme
a la ley del lugar donde se decretó el divorcio.
Oldham,
CC-2006-1031
19
What if the Beckhams move to L.A. and Divorce?, ante, pág.
269; Marsh, op. cit., pág. 104.
Al igual que con el
principio de inmutabilidad, el tribunal examina solamente
una ley para adjudicar los derechos de las partes, con la
diferencia de que estaría aplicando, normalmente, la ley
de su jurisdicción.
Oldham, ante.
Un número considerable
de las jurisdicciones estatales de Estados Unidos aplican
esta norma.
Marsh, op. cit., pág. 104; J. Thomas Oldham,
Divorce, Separation and the Distribution of Property, New
York, Law Journal Seminars-Press, 1996, sec. 13.01[5].
El profesor J. Thomas Oldham advierte que la mayoría
de
los
estados
que
aplican
la
mutabilidad
completa
no
exigen un periodo mínimo de residencia o que ése sea el
domicilio
matrimonial
habitual,
por
lo
que
se
puede
prestar para la práctica de selección del foro (forumshopping).
Oldham, What if the Beckhams move to L.A. and
Divorce?, ante, pág. 271.
Por tanto, recomienda que estos
foros deben exigir unos contactos mínimos entre las partes
y
la
jurisdicción
antes
de
aplicar
su
ley.
Id.
Es
menester señalar que la doctrina de mutabilidad completa
entra en juego únicamente después de que se decreta el
divorcio, por lo que este mecanismo no altera los derechos
propietarios de las partes sobre los bienes durante la
vigencia del matrimonio.
Oldham, What if the Beckhams
move to L.A. and Divorce?, ante, pág. 269.
CC-2006-1031
Valga
20
señalar
desarrollado
mutabilidad,
que,
otras
la
en
tiempos
vertientes
diferencia
relación
entre
las
partes
aplicaría
para
el
modalidad
sería
aplicar
recientes,
del
entre
unas
en
pleito
el
procedimiento
la
ley
se
han
principio
de
otras
es
la
ley
que
y
y
la
de
división.
Una
del
último
de
lugar
residencia común, pues se entiende que ese régimen es la
última voluntad compartida.
Oldham, What if the Beckhams
move to L.A. and Divorce?, ante, págs. 289-92.
Otras
jurisdicciones de Estados Unidos han resuelto el problema
del conflicto de leyes en la división de bienes aplicando
la teoría del estado con ―mayor relación significativa,‖
según los criterios establecidos en el Restatement.
teoría
establece
que
cuando
una
jurisdicción
Esta
no
ha
promulgado una ley para atender expresamente un conflicto
de leyes, se deben considerar una serie de factores para
determinar qué ley será aplicable.
Restatement (Second)
of the Conflicts of Laws, sec. 6, 1971.140
Sin embargo,
esta
interés
doctrina
responde
principalmente
al
de
proteger derechos propietarios, por lo que los tribunales
140
El profesor J. Thomas Oldham señala que el Restatement
resulta inadecuado para atender ciertos problemas de
conflicto de leyes en el ámbito del divorcio, pues data de
antes de las leyes de distribución equitativa.
Oldham,
ante, págs. 272-73.
El profesor Brett Turner también ha
criticado la aplicación de esta teoría, ya que algunos
tribunales la utilizan solamente para la clasificación de
los bienes, pero luego dividen a base de la ley del foro.
A su entender, se debe aplicar la misma ley para ambas
etapas. Turner, op. cit.,,sec. 3.13, nota 4.
CC-2006-1031
21
estatales no la han aplicado de forma uniforme.
Oldham,
What if the Beckhams move to L.A. and Divorce?, ante,
págs. 272-73.
De otra parte, algunos tribunales evitan el análisis
de
estas
normas
derecho
y
aplican
internacional
el
principio
lex
fori
para
dividir
los
del
bienes
matrimoniales conforme a la ley del foro cuando tienen
jurisdicción
personal
sobre
ambas
partes.
Brett
R.
Turner, Equitable Distribution of Property, 3ra ed., West
Group, 2005, Vol. 1, sec. 3:13, pág. 158-60.
Sin embargo,
este proceder permite que cada cónyuge seleccione el foro
que mejor convenga a sus intereses, lo que a su vez podría
resultar que se litigue simultáneamente un mismo asunto en
más de un tribunal.
B.
En
el
día
Toppel,
ante,
contrario
al
de
por
hoy,
el
Tribunal
considerar
historial
revoca
Toppel
v.
es
que
este
precedente
legislativo
del
Código
Civil.
Asevera la mayoría, sin apoyo alguno más allá de la mera
aseveración, que la enmienda al artículo 10 del Código
Civil de 1902 tuvo la intención de que se aplicara el
estatuto
real
a
toda
controversia
posible
que
surgiera
sobre bienes inmuebles, ya que, según la mayoría, ―debimos
interpretar ese artículo a la luz de la nueva realidad
puertorriqueña que esbozara nuestra Asamblea Legislativa
CC-2006-1031
22
en el 1902‖.
De este modo, sugiere que la interpretación
de nuestro estatuto real se debe adecuar al desarrollo
estadounidense
conlleva
la
controversia
del
principio
lex
aplicación
de
relativa
bienes.
a
este
rei
sitae
y
que
principio
a
cualquier
El
Tribunal
no
ello
tiene
razón.
La Comisión Codificadora del Código Civil de 1902 no
contempló
el
asunto
perseguía
ese
propósito.
explica
con
claridad
de
autos,
Don
qué
se
pues
Luis
la
enmienda
no
Muñoz
Morales
nos
perseguía:
―En
el
título
preliminar (art. 10) se mantiene el principio de que los
bienes
muebles
se
rigen
por
la
Ley
de
la
Nación
del
propietario (estatuto personal), y los inmuebles por las
del
país
en
que
están
sitos
(estatuto
real);
pero
se
suprime la excepción contenida en el artículo concordante
del
Código
Español
hereditaria.‖
Luis
respecto
Muñoz
al
Morales,
caso
de
sucesión
Reseña
histórica
y
anotaciones al Código Civil de Puerto Rico, Libro I, 1947,
Imprenta Soltero: Santurce, P.R., pág. 25.
El
propósito
de
la
enmienda,
por
lo
tanto,
fue
eliminar la disposición que declaraba que las sucesiones
se
regían
por
el
estatuto
personal.
Nada
más.
Adscribirle otra intención a la modificación del artículo
introducida
en
histórica.
Y
1902
si
es
esa
desnaturalizar
desfiguración
se
la
realidad
utiliza
para
CC-2006-1031
23
rechazar y descartar el cuidadoso análisis de Toppel v.
Toppel, ante, no podemos menos que llamar la atención a
tan lamentable análisis.
Es evidente que existe un vacío
legal sobre qué norma se debe aplicar a la división de
bienes
postmatrimoniales.
resuelto
en
Toppel
v.
Con
lo
Toppel,
cual,
ante,
nada
es
de
lo
contrario
al
historial del Código Civil o a la intención legislativa de
la enmiendas del 1902.
Por lo que el fundamento de la
mayoría
Toppel
para
revocar
a
v.
Toppel,
ante,
no
se
justifica jurídicamente.
La mayoría surca otro camino en su intento de menguar
la actualidad de Toppel v. Toppel, ante.
El resultado es
igualmente
la
defectuoso.
Asegura
que
enmienda
al
artículo 1277 del Código Civil de 1987 tuvo el efecto de
rechazar
el
principio
de
estableció Toppel v. Toppel.
disposición
puertorriqueña
fuera
de
unicidad
patrimonial
que
31 L.P.R.A. sec. 3561.
Esta
establece
que
contrae
matrimonio
Puerto
Rico,
sin
que
cuando
con
una
una
medien
persona
extranjera,
capitulaciones,
aplica la ley del lugar donde establecieron su domicilio
conyugal, tomando en cuenta otros factores que en justicia
deban considerarse.
Colige la Opinión mayoritaria que al
cerrar la disposición con la frase ―todo sin perjuicio de
lo
establecido
en
este
título
respecto
a
los
bienes
inmuebles‖ se pretendió rechazar el principio de unicidad
CC-2006-1031
del
24
patrimonio
matrimonial.
Sin
embargo,
esta
frase
estaba incluida en la versión anterior del artículo 1277,
por lo que no representa una modificación en reacción a lo
resuelto en Toppel v. Toppel.
El propósito de esta medida fue ―enmendar el Artículo
1277 del Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, a
fin
de
eliminar
el
discrimen
por
razón
de
sexo
que
establece dicho artículo en los matrimonios celebrados en
país
extranjero
puertorriqueño
nuestro.)
y
en
que
el
otro
uno
es
de
los
contratantes
extranjero‖.
es
(Énfasis
Ley Núm. 4 de 5 de marzo de 1987, Leyes de
Puerto Rico, págs. 12-13.
La realidad es que la posible
convergencia entre esta disposición y el estatuto real no
fue lo que motivó la enmienda.
No se puede inferir un
rechazo de la Legislatura al análisis que Toppel v. Toppel
hace del estatuto real por el mero hecho de mantener la
porción referente al estatuto real.
Por lo tanto, es
errada la aseveración del Tribunal de que con la enmienda
del 1987 al artículo 1277 del Código Civil, ―la Asamblea
Legislativa rechazó directamente la interpretación que del
Art. 10 del Código Civil, supra, se realizó en Toppel v.
Toppel‖.
Por el contrario, la enmienda al artículo 1277 se
debe
entender
como
una
aceptación
por
parte
Legislatura a lo establecido en Toppel v. Toppel.
de
la
Como ya
CC-2006-1031
se
ha
25
señalado,
la
referencia
al
estatuto
real
que
permaneció en el artículo luego de la enmienda en nada
afecta la norma adoptada en Toppel v. Toppel.
Más aún,
desde entonces aclaramos que la norma allí establecida se
circunscribía al ámbito de la relación inter vivos de los
ex cónyuges y sostuvimos la importancia del estatuto real
en otras áreas del derecho.
784.
Toppel v. Toppel, ante, pág.
Además, la propia Opinión mayoritaria reconoce que
la Legislatura adoptó los principios esbozados en Toppel
v. Toppel sobre conflicto móvil y centro de intereses.
decir,
la
Opinión
del
Tribunal
invoca
fundamentos
Es
para
sostener su posición que no encuentran apoyo en nuestra
realidad histórica-jurídica.
Como vemos, la Opinión mayoritaria revoca Toppel v.
Toppel amparándose en unas actuaciones legislativas que
verdaderamente
no
son
establecida
este
precedente.
proceder
no
en
tan
sólo
incompatibles
se
con
la
Lamentablemente,
fundamenta
en
norma
este
presupuestos
erróneos sino que retrocedemos y retomamos doctrinas de
una pasado ya superado.
Me explico.
C.
La doctrina y jurisprudencia que la Opinión cita para
sostener la aplicabilidad del estatuto real al caso de
autos versan sobre la titularidad o la validez de los
CC-2006-1031
26
negocios jurídicos que se realizan sobre bienes inmuebles
durante
el
matrimonio.
Por
ejemplo,
la
Opinión
mayoritaria nos refiere al tratado del profesor Raleigh C.
Minor, el cual explica que
Cada Estado hace lo que está a su alcance con el
fin de que sus leyes que afectan la entrega,
traspaso y gravamen de bienes inmuebles situados
dentro de sus límites sean lo más terminantes y
precisas posibles. … Y es sumamente importante
que
las
inscripciones
legales
de
dichas
transacciones, las cuales constituyen series de
títulos a los bienes inmuebles, se conserven
libres
de
toda
censura,
irregularidad
o
confusión con los requisitos de otros Estados.
Por tanto viene a ser especialmente parte de la
política de todo Estado el no permitir que se
verifique
ninguna
transacción
relativa
al
traspaso de cualquier derecho o título a la
propiedad inmueble que radica en dicho Estado si
con ello se infringe su propia ley ya sea o no
válida de acuerdo con las leyes de Estados
extranjeros…141
Conforme
con
este
texto,
el
principio
lex
rei
sitae
persigue la protección de intereses de índole comercial y
registral.
Se trata del interés gubernamental de poder
determinar con previsibilidad la titularidad de los bienes
y en mantener la estabilidad de los negocios jurídicos que
toman lugar dentro de su territorio.
Cónsono con lo anterior, en Babilonia v. Registrador,
62 D.P.R. 688 (1943), aplicamos el estatuto real a una
controversia sobre bienes matrimoniales.
141
En ese recurso
Opinión mayoritaria, pág. 19, citando a Raleigh C.
Minor en Conflicts of Laws, según citado en Colón et al.
v. El Registrador, 22 D.P.R. 369 (1915).
CC-2006-1031
gubernativo
27
se
solicitó
modificar
una
constancia
sobre
titularidad de un bien en el Registro de la Propiedad al
amparo de una ley extranjera.
De este modo, resolvimos
que las transacciones sobre bienes inmuebles que realiza
una persona con posterioridad a su matrimonio, se rigen
por el estatuto real.
Es crucial notar que, nuevamente,
el asunto medular recaía sobre la titularidad de un bien
inmueble.
Sin
embargo,
la
controversia
que
debemos
resolver hoy no nos refiere a esta área del derecho.
intereses
que
inspiran
las
normas
sobre
Los
derechos
propietarios de titularidad son distintos a los relativos
a la división de bienes.
Aunque cada jurisdicción establece el procedimiento
de
división
de
bienes
matrimoniales
que
sus
tribunales
utilizan, existe consenso en que el fin es la repartición
justa
de
cargas
y
beneficios.
Anne-Florence
Bock,
Dividing the Assets Upon the Dissolution of a Marriage: A
Comparison Between Legal Systems Which Apply a “Hard and
Fast Rule” and Systems with a Discretionary Approach to
the
Division
of
Assets
en
European
Challenges
in
Contemporary Family Law (Katharina Boele-Woelki and Tone
Sverdrup,
eds.),
2008,
Portland,
Editorial
pág. 289; Turner, op. cit., sec. 2:2.
generales
que
discriminación
rigen
estos
por
género,
Los principios
procedimientos
el
Intersentia,
son:
la
no
reconocimiento
de
la
CC-2006-1031
28
contribución de cada cónyuge a los asuntos de la familia,
la
protección
de
responsabilidad.
intereses
Id.,
legítimos
págs.
y
la
289-90.
asunción
de
Asimismo,
se
considera un valor importante que la adjudicación de la
división sea eficaz y predecible.
Bock, op. cit., pág.
290; Turner, op. cit.
Resulta
mantiene
meridianamente
su
relevancia
propietarios,
incluso
matrimoniales.
Sin
matrimoniales
postdivorcio
que
no
claro
en
que
el
materia
estatuto
de
real
derechos
cuando
se
trata
de
bienes
embargo,
la
división
de
bienes
protege
intereses
y
derechos
coinciden
con
necesariamente
propietarios de los cónyuges.142
los
derechos
Debemos entonces hacer
eco de las sabias palabras del Juez Presidente señor Trías
Monge
cuando
aseveró
que
―[d]ebe
distinguirse
entre
diferentes situaciones conflictuales, aun dentro del mismo
campo.
Los valores envueltos en situaciones distintas o
aun superficialmente similares son numerosos y la relación
entre ellos varía a menudo.‖
Toppel v. Toppel, ante, pág.
790.
El professor Brett Turner comenta: ―Inception of title
is a reasonable principle of property and estate law, but
as a rule of classification for purposes of divorce, it
has become profoundly unpopular.
Equitable distribution
states have almost uniformly held that property is
acquired whenever contributions create real value, and not
only at the moment when legal title passes.‖ Brett R.
Turner, Equitable Distribution of Property, West Group,
2005, sec. 3:13, pág. 163.
142
CC-2006-1031
29
D.
Si
bien
extendieron
familia,
la
prontamente
algunas
el
jurisdicciones
principio
rigidez
por
la
lex
rei
de
este
doctrina
de
fondos (source of funds).
en
sitae
Estados
al
principio
la
Unidos
derecho
se
procedencia
de
matizó
de
los
Véanse, Restatement (Second) of
Conflict of Laws, secs. 238 y 259, 1971; Harold Marsh,
Marital Property in Conflict of Laws, Seattle, University
of Washington Press, 1952, pág. 102; Turner, op. cit.,
sec. 5:21, págs. 342-50.143
Esta última regla dictamina
que un bien se clasifica como privativo o matrimonial,
según
la
caracterización
adquisición.
dinero
bienes
mantiene
ocurra
cit., pág. 102.
con
dinero
utilizado
para
su
Es decir, un bien inmueble que se compra con
privativo
adquisición
del
su
caracterización
aunque
la
el
matrimonio.
Marsh,
op.
durante
De igual forma, si un bien se adquiere
privativos
y
con
bienes
matrimoniales,
el
interés sobre el bien se mantiene en la misma proporción
que la aportación del matrimonio y del cónyuge particular.
El efecto práctico de esta doctrina es que un bien
inmueble
tiene
matrimonial,
que
la
misma
tenía
el
naturaleza,
dinero
privativa
utilizado
para
o
su
Cabe destacar que el Restatement se publicó en 1971,
antes de la proliferación de las leyes de distribución
equitativa, además de que la discusión incluida se limita
a los derechos propietarios del matrimonio o de cada
cónyuge. Turner, op. cit., pág. 345.
143
CC-2006-1031
30
adquisición.
Como
señala
nuestro
estatuto
real
y
el
Restatement, los bienes muebles se rigen por el domicilio
de
su
propietario
significativa.
o
el
estado
con
mayor
relación
Restatement (Second) of Conflicts of Law,
sec. 258, 1971.
Por tanto, los estados no aplican el
principio lex rei sitae propiamente, sino que clasifican
los
inmuebles
igual
que
los
bienes
muebles
adquiridos
durante ese tiempo.
La doctrina también se ha alejado de la aplicación
mecánica
del
lex
rei
sitae
en
los
procedimientos
división, por las complicaciones que suscita.
de
Imaginemos
por un momento qué pasaría si una pareja compra durante la
vigencia
del
matrimonio
jurisdicciones.
En
bienes
ese
caso,
inmuebles
el
tribunal
en
múltiples
tendría
que
estudiar y aplicar las leyes de cada lugar donde ubican
los
bienes
inmuebles,
residido allí.
onerosa
para
Igualmente,
pareja
matrimonio
el
y,
el
matrimonio
no
haya
Lo anterior implicaría una carga demasiado
el
cambió
aunque
tribunal
tribunal
y
las
tendría
partes
que
en
el
litigio.
determinar
si
la
de
domicilio
durante
la
vigencia
del
de
ser
aplicar
la
ley
esa
así,
de
jurisdicción a los bienes muebles adquiridos durante ese
tiempo.
C.
CC-2006-1031
31
Por otra parte, el Tribunal afirma que nuestro Código
Civil
incorporó
estadounidense
―el
principio
respecto
por
general
del
derecho
a
que
los
bienes
inmuebles
la
ley
del
lugar
en
que
se
regulan
totalmente
estén
sitos‖.
Al partir de esa premisa, determina que el bien
inmueble sito en Florida era privativo porque solamente un
cónyuge ostentaba la titularidad exclusiva del bien.
Su
análisis
falla
la
aplicación
del
precisamente
principio
lex
porque
rei
sugiere
sitae
que
responde
supuesta práctica uniforme en los Estados Unidos.
a
una
Ello no
es cierto.
En
la
actualidad,
la
doctrina
estadounidense
prevaleciente reconoce esta distinción y limita, en este
ámbito, la aplicación del principio lex rei sitae a la
determinación del título legal.
3:13.
Turner, op. cit., sec.
Empero, este principio no se extiende a la etapa de
distribución de bienes matrimoniales, pues la mayoría de
las
jurisdicciones
consideración
la
postdivorcio.
Id.
Estado
Unidos,
estadounidenses
titularidad
al
no
decretar
toman
la
en
división
Un estudio de la realidad jurídica en
deja
de
manifiesto
que
no
hay
un
procedimiento uniforme para la caracterización de bienes o
su división postmatrimonial.
Tampoco existe uniformidad
para atender controversias de conflicto de leyes.
CC-2006-1031
32
Actualmente
hay
estados144
nueve
cuyo
régimen
económico matrimonial es la comunidad de bienes, mientras
que los otros cuarenta y un estados mantienen la doctrina
de
separación
de
bienes,
propia
Además,
aun
dentro
de
estos
estados
con
normas
iguales.
del
derecho
común.
dos
sistemas
no
hay
Por
ejemplo,
cada
dos
estado
tiene sus propias reglas para preparar el inventario de
bienes divisibles y adjudicar la división.
Una minoría de los estados se rige por un sistema de
comunidad de bienes, en ausencia de capitulaciones.
Las
leyes de estos estados siguen la tradición civilista, por
lo que establecen un régimen similar a nuestra sociedad
legal de gananciales que surte efectos desde la fecha del
matrimonio.
observa
en
La
la
protección
que
participación
ofrece
como
este
comuneros
sistema
de
se
derechos
propietarios sobre bienes adquiridos durante la vigencia
del
matrimonio.
Oldham,
Divorce,
Separation
and
the
Distribution of Property, op. cit. sec. 3.02[5]; Bea Ann
Smith,
The
Partnership
Theory
of
Marriage:
A
Borrowed
Solution Fails, 68 Tex. L. Rev. 689, 697-98 (1990).
La
comunidad también afecta los derechos de los cónyuges una
vez
se
disuelve
divorcio.
el
matrimonio,
sea
por
muerte
o
por
Turner, op. cit., sec. 2:4.
Estos estados son Arizona, California, Idaho, Luisiana,
Nevada, Nuevo México, Texas, Washington y Wisconsin.
144
CC-2006-1031
33
En cuanto a la partición, la mayoría de los estados
de comunidad aplica la norma de división de bienes comunes
por
partes
iguales
y
otorga
los
exclusivamente a su titular original.
pocos
de
estos
estados
bienes
privativos
Id., pág. 71.
contemplan
la
Unos
distribución
equitativa cuando las circunstancias lo ameritan, lo cual
puede favorecer porcentualmente más a uno de los cónyuges.
No obstante, existen diferencias en las leyes de estos
estados sobre la caracterización de ciertos bienes y otras
particularidades del procedimiento de división.
Las jurisdicciones de derecho común adoptaron leyes
de distribución de bienes recientemente.
El derecho común
puro en materia de familia establecía que el matrimonio no
surtía
efectos
cónyuges.
adquiría
los
derechos
propietarios
de
los
Los bienes que cada cual traía al matrimonio o
durante
separados145
incluso
sobre
del
después
su
vigencia
cónyuge
de
permanecían
adquirente
disuelto
el
en
como
bienes
todo
momento,
matrimonio.
Oldham,
Divorce, Separation and the Distribution of Property, op.
cit., sec. 3.02[1].
Una esposa que no trabajaba fuera del
hogar solamente tenía derecho a una pensión postdivorcio,
si no tuvo culpa en la causal del divorcio.
Id.; Turner,
El término ―separado‖ será utilizado para distinguir
esta
clasificación
del
derecho
común
del
concepto
―privativo‖, propio de los ordenamientos donde impera la
comunidad
de
bienes
o
nuestra
sociedad
legal
de
gananciales.
145
CC-2006-1031
34
op. cit., sec. 2:3.
En la década de 1970 y 1980, la
mayoría de los estados reformaron sus leyes de derecho de
familia y acogieron la teoría de que los cónyuges son
socios en el matrimonio.
promulgaron
leyes
Cónsono con lo anterior, se
para
establecer
distribución
equitativa
para
dependiente,
proveyéndole
así
futura.
procedimientos
proteger
al
estabilidad
de
cónyuge
económica
Turner, op. cit., secs. 1:3-1:5.
La distribución equitativa, es un sistema de división
de bienes postdivorcio en el que se reconoce un interés de
cada cónyuge sobre los bienes matrimoniales.
A diferencia
de la comunidad, este sistema solamente surte efectos con
posterioridad al decreto de divorcio y permite que el juez
adjudique los bienes según la distribución que le parezca
más equitativa, sin que tenga que ser por partes iguales.
Algunos
estados
preparan
el
inventario
de
bienes
divisibles a base de la totalidad de los bienes de los
cónyuges,
incluyendo
matrimonio.
Oldham,
aquellos
adquiridos
Divorce,
previos
al
and
the
Separation
Distribution of Property, op. cit. sec. 3.03[2].
La mayoría de los estados de derecho común clasifica
los
bienes
matrimoniales
para
y
propósitos
separados.
del
Los
inventario,
bienes
entre
separados
se
adjudican según la titularidad, mientras que los bienes
matrimoniales se distribuyen de forma equitativa.
Turner,
CC-2006-1031
35
op. cit., sec. 2:9.
no
se
Cabe señalar que como esta distinción
hace
hasta
matrimonial,
durante
derechos
el
propietarios
separados.
ciertos
después
de
disuelto
el
matrimonio
cada
cónyuge
tiene
absolutos
sobre
sus
bienes
Oldham, op. cit., sec. 3.03[3].
casos,
si
el
vínculo
juzgador
lo
Además, en
considera
justo,
se
permite que se adjudiquen bienes privativos de un cónyuge
a favor del otro. Id., sec. 3.04[4].
Nótese
entonces
conflicto
que
móvil
en
postmatrimoniales:
la
procedimiento
de
hay
dos
aspectos
las
relaciones
clasificación
división.
En
este
de
relativos
al
patrimoniales
bienes
tenor,
es
y
el
preciso
destacar que cada jurisdicción estatal tiene sus propias
normas respecto a uno y otro tema.
Ante esta realidad, la
aplicación del principio lex rei sitae es inadecuada, pues
puede causar que el procedimiento post divorcio resulte
excesivamente
complejo,
engorroso
y
extenuante.
Cabe
preguntarnos qué pasaría en el supuesto de una familia que
por razones de empleo se establezca inicialmente en un
estado, pero cambie periódicamente de domicilio.
No hay
dos estados con leyes exactamente iguales en cuanto al
derecho que rige los bienes durante el matrimonio o la
distribución postdivorcio.
Debemos
propósitos
subrayar
del
que
inventario
clasificar
según
la
ley
un
del
bien
para
lugar
de
CC-2006-1031
36
adquisición, para luego dividirlo de acuerdo a otra ley,
ha
producido
partes,
resultados
principalmente
injustos
para
para
el
alguna
cónyuge
de
las
dependiente.
Merrie Chappell, A Uniform Resolution to the Problem a
Migrating Spouse Encounters at Divorce and Death, 28 Idaho
L. Rev. 993, 1000-03 (1992).
Por ejemplo, en un pasado,
algunos tribunales de estados donde rige la comunidad de
bienes
aplicaban
el
principio
bienes
al
lex
momento
rei
de
sitae
para
clasificar
los
disolución
del
matrimonio.
Sin embargo, la división se hacía conforme a
la ley del foro que tenía ante sí la división de los
bienes.
William
W.
Bassett,
Repealing
Quasi-Community
Property: A Proposal to Readopt a Unitary Marital Property
Scheme, 22 U.S.F.L. Rev. 463, 467-69 (1988).
Por esta
razón, la masa de bienes de la comunidad se limitaba a los
bienes que se consideraban matrimoniales.
Como
es
propio
del
derecho
común,
los
bienes
adquiridos en un estado donde no regía la comunidad de
bienes
se
consideraban
estados
de
comunidad,
separados.
al
aplicar
Los
el
tribunales
principio
lex
en
rei
sitae e intentar adaptar el concepto a su sistema, les
adjudicaban carácter privativo.
Id.
Esta práctica tuvo
el efecto de que una mujer que había vivido con su esposo
en un estado de derecho común, pero que posteriormente se
mudaban a un estado donde rige la comunidad de bienes,
CC-2006-1031
recibía
37
una
cantidad
muy
inferior
a
la
que
hubiera
recibido de haberse clasificado y dividido la totalidad de
los bienes a la luz de una ley solamente.
Bassett, op.
cit., pág. 469.
Algunos
estados,
como
California,
donde
rige
la
comunidad de bienes han atendido este conflicto de leyes
mediante
legislación,
al
incorporar
la
doctrina
de
cuasicomunidad, una modalidad de la norma de mutabilidad.
Se
refiere
a
la
caracterización
que
se
le
da,
en
un
procedimiento de división, a los bienes adquiridos fuera
de
la
jurisdicción
adquirido
en
la
del
foro
jurisdicción
bienes de la comunidad.146
pero
del
que
si
se
hubieran
foro
se
considerarían
La aceptación de esta normativa
se observa en la proliferación de leyes similares en otros
estados donde rige la comunidad matrimonial de bienes.147
La
aplicación
procedimiento
de
del
división
principio
de
lex
bienes,
rei
sitae
requeriría
al
que
un
tribunal tenga que estudiar y aplicar leyes del derecho de
familia
de
múltiples
dividir
cada
bien.
jurisdicciones
Es
por
ello
que
para
se
clasificar
considera
y
que
cuando un conflicto se refiere a controversias internas
entre cónyuges, se debe aplicar la misma ley a bienes
146
147
Id.; Turner, op. cit, sec. 3:13.
Véase Ariz. Rev. Stat. Ann sec. 25-318(A); Cal. Civ.
Code sec. 125; La. Civ. Code Ann. Art. 3526; N.M. Stat.
Ann. Sec. 40-3-8(C)(1); Tex. Fam. Code Ann. sec. 7.002.
CC-2006-1031
muebles
e
Asimismo,
38
inmuebles.
para
Marsh,
evitar
la
op.
aplicación
cit.,
pág.
defectuosa
110.
de
una
norma u otra, se favorece la utilización de una ley única
para la clasificación y división de la totalidad de los
bienes.
A esta doctrina se le ha denominado el principio
de unicidad patrimonial y es la práctica favorecida no tan
sólo
en
la
mayoría
de
las
jurisdicciones
en
Estados
Unidos, Turner, op. cit., sec. 3.13, pág. 159, nota 7,
sino
también
por
los
países
civilistas.148
En
nuestro
ordenamiento impera esta normativa, la cual extendimos a
casos en que hay conflicto de leyes en Toppel v. Toppel,
ante,
págs.
790-91,
pero
que
hoy
este
Tribunal
injustificadamente abandona.
IV.
Contrario a lo que el Tribunal pretende afirmar, no
cabe hablar de una norma uniforme en Estados Unidos sobre
conflicto de leyes en el ámbito de división de
matrimoniales.
bienes
Tampoco puede aseverarse que la práctica
generalizada es la aplicación del principio lex rei sitae
a
los
procedimientos
de
clasificación
postdivorcio de bienes matrimoniales.
y
división
El estatuto real no
responde a los intereses relacionados a la división de
Cabe destacar, sin embargo, que el principio lex rei
sitae y la distinción entre los tipos de bienes mantiene
su importancia en otros ámbitos de derecho, como en
acciones relativas a la titularidad de un bien o a los
derechos de terceras personas sobre bienes matrimoniales.
Marsh, op. cit., pág. 110.
148
CC-2006-1031
bienes
39
matrimoniales.
Su
propósito
es
cónsono
con
la
protección de derechos propietarios, no así con el interés
de
dividir
los
bienes
matrimoniales
de
forma
justa
y
equitativa para asegurar la estabilidad económica futura
de cada cónyuge.
Lo cierto es que cada jurisdicción adopta la doctrina
o modalidad que le parece que mejor protege los intereses
de las partes, entre otras consideraciones.
Así hicimos
en Toppel v. Toppel, luego de considerar varias de las
tendencias modernas en esta área.
De conformidad con la
doctrina del precedente, ésta es la norma de conflicto de
leyes aplicable a la controversia de autos.
razón
para
realidad
de
abandonar
esta
nuestros
norma,
tiempos
y
pues
a
No existe
responde
las
a
la
corrientes
doctrinales modernas.
Por todo lo anterior, disiento de la Opinión de la
mayoría de este Tribunal.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada