Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Yesenia Vázquez Torres
2011 TSPR 142
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Yesenia Vázquez Torres
TS-16169
Conducta Profesional – Se modifica la suspensión decretada a un plazo de (6) meses
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
2011 TSPR 142
182 DPR ___
Yesenia Vázquez Torres
Número del Caso: TS-16169
Fecha: 15 de septiembre de 2011
Abogado de la Querellada:
Lcdo. Guillermo Figueroa Prieto
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Yesenia Vázquez Torres
TS-16,169
PER CURIAM
En San Juan Puerto Rico a 15 de septiembre de 2011.
El 30 de junio de 2011, emitimos una Opinión Per
Curiam
mediante
la
cual
suspendimos
inmediata
e
indefinidamente de la profesión a la Sra. Yesenia
Vázquez Torres, conforme a lo dispuesto en la Sec. 9
de la Ley de 11 de marzo de 1909, 4 L.P.R.A. sec.
735.
Véase:
In
re
Yesenia
Vázquez
Torres,
2011
T.S.P.R. 106. A raíz de esto, comparece ante nos la
representación
solicita
que
readmitamos
legal
de
la
reconsideremos
al
ejercicio
de
referida
nuestra
la
abogada
posición
abogacía.
Por
y
y
la
los
fundamentos que se exponen a continuación, reducimos
su suspensión a un plazo de seis (6) meses.
TS-16,169
2
I.
El
27
de
mayo
de
2009,
la
abogada
de
epígrafe
fue
acusada por un Gran Jurado, junto al Sr. José D. Figueroa
Agosto
T/C/C
“Junior
Cápsula”,
Statement
in
Application
Abetting”,
18
U.S.C.
for
sec.
de
a
los
cargos
Passport
1542
and
2,
and
y
de
“False
Aiding
and
“Furnishing
a
Passport which was Secured by Reason of a False Statement”,
18 U.S.C. sec. 1542. Luego de llegar a un preacuerdo con el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la señora
Vázquez Torres se declaró culpable de perjurio en el caso
United States v. Yesenia Vázquez Torres, 10-CR-143 (JAF), el
26 abril de 2010.
De los hechos estipulados en ese preacuerdo surge que en
o alrededor de la fecha del 17 de diciembre de 1999, ésta
acompañó al señor Figueroa Agosto a la Oficina de Pasaportes
del Departamento de Estado de Puerto Rico. Allí, Figueroa
Agosto
solicitó
un
“Ángel
F.
Rivera”.
Torres
solicitó
Rosa
solicitudes
de
un
pasaporte
Por
bajo
su
pasaporte
pasaportes,
el
nombre
parte,
la
a
su
ambos
ficticio
señora
de
Vázquez
nombre.
En
dichas
ofrecieron
la
misma
dirección residencial -la de Vázquez Torres- a sabiendas de
que
Figueroa
Agosto
no
residía
allí.
En
específico,
la
licenciada Vázquez Torres se declaró culpable de “Official
certificates or writings”, según dispuesto en el capítulo 47
del título 18 del United States Code, 18 U.S.C. sec. 1018 and
2(b). Dicho delito preceptúa:
Whoever, being a public officer or other
person authorized by any law of the United States
to make or give a certificate or other writing,
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3
knowingly makes and delivers as true such a
certificate or writing, containing any statement
which he knows to be false, in a case where the
punishment thereof is not elsewhere expressly
provided by law, shall be fined under this title
or imprisoned not more than one year, or both. Íd.
Como
consecuencia
de
estos
hechos,
y
tras
habérsele
provisto un término de diez (10) días para mostrar causa,
mediante
una
Resolución
del
13
de
mayo
de
2011,
la
suspendimos del ejercicio de la abogacía. En nuestra Opinión
del 30 de junio de 2011, expresamos que cuando un abogado se
declara
culpable
de
unos
hechos
que
implican
depravación
moral y falta de honradez, corresponde la separación de la
profesión. In re Andújar Figueroa, 156 D.P.R. 873 (2002); In
re Rivera Medina, 127 D.P.R. 600 (1990).
II.
A.
Inconforme, La representación legal de Vázquez Torres
compareció ante nos y solicitó la reconsideración de nuestra
Opinión y la reinstalación de la abogada en la profesión. En
síntesis,
hizo
dos
argumento
principal,
planteamientos
la
principales.
representación
legal
de
En
su
Vázquez
Torres alega que un desaforo causado por la convicción de un
delito conforme a la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909,
supra, sólo se puede realizar contra abogados que cometen
delitos
durante
el
ejercicio
de
la
profesión.
Cuando
un
abogado comete una conducta antes de ejercer la profesión,
según aduce, este Tribunal tiene el poder de investigarla y
tomar medidas antes de admitirle en la profesión. Además,
sostiene que para poder desaforar al abogado bajo la referida
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4
disposición estatutaria, es necesario un juicio disciplinario
que incluya todas las garantías del debido proceso, pues está
en juego el derecho a ganarse el sustento y la vida. En apoyo
de esa contención cita los casos de In re Ruffalo, 390 U.S.
544 (1968); In re Pérez Riveiro, res. el 30 de noviembre de
2010, 2010 T.S.P.R. 230.
De igual forma, sostiene que, a la luz de In re Belén
Trujillo, 128 D.P.R. 949 (1991), cuando el Tribunal pretende
disciplinar a un abogado por conducta ocurrida antes de ser
admitido en el ejercicio de la abogacía es necesario llevar a
cabo un proceso con todas las garantías correspondientes. Por
ello, alega que el plazo de diez (10) días que le concedimos
para mostrar causa por la cual no debía ser suspendida de la
profesión mediante nuestra Resolución del 13 de mayo de 2011,
no satisfizo los imperativos del debido proceso de ley que
requieren los procesos disciplinarios.
Así las cosas, debemos recalcar que el uso y costumbre
de este Tribunal al atender procedimientos bajo la Sec. 9 de
la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, es proveer un término
mínimo para que el abogado convicto se exprese. Esto, pues
contrario a un proceso disciplinario formal, no se requiere
un
procedimiento
evidenciario
para
examinar
una
violación
ética.
El hecho que activa la función disciplinaria en el caso
de autos es cierto y constatable: una convicción por delito.
Como claramente señala la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de
1909, supra, ese hecho es la convicción, no la comisión del
delito.
De
ahí
que
el
texto
aplicable
dispone
que
“el
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5
abogado… que fuere culpable de cualquier delito que implicare
depravación moral, podrá ser suspendido”. 4 L.P.R.A. sec.
735. (énfasis suplido). El abogado ya tuvo la oportunidad de
un debido proceso frente a la acusación de la comisión del
delito.
Tal y como expresamos en In re Pérez Riveiro, supra,
citando
a
In
disciplinarios
re
son
Ruffalo,
de
supra,
naturaleza
los
procedimientos
cuasi-penal,
pues
se
sanciona a un abogado por determinada conducta en aras de
proteger al público general. Como correctamente señala la
peticionaria, en dichos procesos está en juego el derecho de
un abogado a ganarse el sustento. Por ello, en estos casos,
los
abogados
son
acreedores
de
las
garantías
del
debido
proceso de ley, el cual se satisface siempre que se le provea
al
abogado
querellado
la
oportunidad
de
responder
y
defenderse de los cargos imputados y notificados, así como de
ofrecer las teorías en las que se basen. In re Pérez Riveiro,
supra; Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel, 471 U.S.
626, 654-655 (1985).
Además, las exigencias mínimas del debido proceso de ley
incluyen el ser notificado adecuadamente de los cargos en su
contra,
la
oportunidad
de
ser
oído,
el
derecho
a
contrainterrogar y a examinar la prueba documental y material
presentada por la otra parte. In re Ríos Ríos, 175 D.P.R. 57
(2008); Salvá Santiago v. Torres Padró, 171 D.P.R. 332, 343
(2007).
De
otra
parte,
en
In
re
Belén
Trujillo,
supra,
resolvimos que el Tribunal tiene el poder inherente para
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6
investigar y determinar si cierta conducta ejercida por una
persona antes de convertirse en abogado puede ser considerada
para removerlo del ejercicio de la profesión.
No obstante, vemos que, en casos como el de autos, no hay
nada que investigar, pues es la convicción en el foro estatal
o federal la que activa el proceso disciplinario. Es por ello
que
las
exigencias
de
debido
proceso
aquí
mencionadas,
corresponden a la etapa en la cual el Tribunal recibe la
prueba
contra
el
abogado
y,
por
lo
tanto,
resultan
inaplicables a los hechos del presente caso. De esta forma,
no habiendo controversia sobre el hecho de que la abogada
Vázquez
Torres
es
la
persona
implicada
en
la
sentencia
condenatoria, entendemos que el término de diez (10) días
provisto para que dicha abogada ofreciera razones por las
cuales no debía ser suspendida le brindó suficiente tiempo
para controvertir cualquier asunto referente a su convicción.
B.
Por otro lado, también adujo que los hechos que dieron
paso a la declaración de culpabilidad ocurrieron en 1999,
cuando la hoy abogada todavía ni siquiera era estudiante de
derecho. La representación legal de la señora Vázquez Torres
añade que ella simplemente cometió un error de juventud al
permitirle a un cliente de su patrono utilizar su dirección
residencial
para
solicitar
un
pasaporte.
En
ese
momento,
según alega, desconocía que Figueroa Agosto era un prófugo.
Por ello, adujo que se sorprendió cuando fue acusada en el
año 2009.
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Si
7
bien
es
cierto
que
los
hechos
por
los
cuales
se
declaró culpable la abogada de epígrafe ocurrieron antes de
ésta haber estudiado derecho, discrepamos de su apreciación
al
describirlo
estipulados
como
como
un
parte
error
de
de
alegación
la
juventud.
Los
hechos
preacordada
de
culpabilidad difieren marcadamente de las alegaciones traídas
ahora por la abogada. La señora Vázquez Torres no prestó
meramente su dirección para que el señor Figueroa Agosto
recibiera
en
su
casa
el
pasaporte
fraudulento
que
iba
a
solicitar. Conforme a la estipulación suscrita por la señora
Vázquez Torres, ésta lo acompañó a sabiendas de que él iba a
mentir en el documento. Además, ella llenó una solicitud de
pasaporte propia, por lo que tenía que conocer el tipo de
aseveraciones falsas que contenía la solicitud de Figueroa
Agosto. Posteriormente, ella recibió el pasaporte y se lo
entregó al señor Figueroa Agosto.
A
pesar
de
que
no
podemos
tomar
livianamente
el
comportamiento de la señora Vázquez Torres, somos conscientes
de que en el presente caso existen una serie de atenuantes
que deben pesar sobre nuestra función disciplinaria. Entre
estos está el tiempo transcurrido entre la conducta y la
eventual
aceptación
de
culpabilidad,
el
hecho
de
que
la
abogada
cumplimentó verazmente su solicitud de admisión al
ejercicio de la abogacía y de que se ha desempeñado por más
de dos años en la práctica sin señalamientos éticos. Por
último,
entendemos
que
esta
conducta
representa
un
hecho
aislado y que no se han visto afectados clientes de la señora
Vázquez Torres en su práctica legal.
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8
III.
A
la
luz
de
los
fundamentos
antes
expuestos,
hemos
reconsiderado nuestra posición sobre la indefinición de la
suspensión de la abogada Vázquez Torres. En vista de los
atenuantes antes expresados, acordamos que la suspensión sea
por un término de seis (6) meses. En particular, tomamos en
consideración el tiempo transcurrido entre la conducta y la
eventual
aceptación
de
culpabilidad,
el
hecho
de
que
la
abogada cumplimentó verazmente su solicitud de admisión al
ejercicio de la abogacía y de que se ha desempeñado por más
de
dos
años
en
la
práctica
sin
señalamientos
éticos.
Asimismo, entendemos que esta conducta representa un hecho
aislado y que no se han visto afectados clientes de la señora
Vázquez Torres en su práctica legal.
De otra parte, nos reafirmamos en los señalamientos que
hiciéramos en In re Belén Trujillo, supra, con relación a
nuestro
poder
inherente
para
investigar
y
resolver
si
determinada conducta de una persona antes de ser abogado
puede
ser
considerada
para
removerlo
como
tal
cuando
advenimos en conocimiento de ello una vez es abogado, ya sea
mediante el mecanismo de nombrar un Comisionado para que
investigue
y
referir
asunto
utilizar
el
haga
cualquier
a
recomendaciones
sobre
la
Reputación;
así
como
que
con
las
otro
Comisión
de
mecanismo
el
particular;
cuente
garantías procesales correspondientes. En casos como el de
autos, cuando ha quedado demostrada la convicción de delito,
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procede
9
el
ejercicio
inmediato
de
nuestra
función
disciplinaria con las consecuencias que hemos expresado.
Se le apercibe a la señora Vázquez Torres que en el
futuro deberá cumplir estrictamente con los Cánones de Ética
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX y el ordenamiento que rige el
ejercicio de la profesión legal en Puerto Rico.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Yesenia Vázquez Torres
TS-16,169
SENTENCIA
En San Juan Puerto Rico a 15 de septiembre de
2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte
de
la presente,
hemos
reconsiderado
nuestra posición sobre la indefinición de la
suspensión de la señora Vázquez Torres. En vista
de los atenuantes expresados en la referida
Opinión,
acordamos
que
la
suspensión
del
ejercicio de la abogacía de la señora Vázquez
Torres sea por un término de seis (6) meses.
Se le apercibe a la señora Vázquez Torres
de que en el futuro deberá cumplir estrictamente
con los Cánones de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.
Ap. IX y el ordenamiento que rige el ejercicio
de la profesión jurídica en Puerto Rico.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez
Asociado señor Feliberti Cintrón reconsideraría,
reinstalando a la Lcda. Yesenia Vázquez Torres
al ejercicio de la abogacía inmediatamente. La
Jueza
Asociada
señora
Pabón
Charneco
no
intervino.
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo