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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Yesenia Vázquez Torres

2011 TSPR 142

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Yesenia Vázquez Torres

TS-16169

Conducta Profesional – Se modifica la suspensión decretada a un plazo de (6) meses

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

2011 TSPR 142

182 DPR ___

Yesenia Vázquez Torres

Número del Caso: TS-16169

Fecha: 15 de septiembre de 2011

Abogado de la Querellada:

Lcdo. Guillermo Figueroa Prieto

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Yesenia Vázquez Torres

TS-16,169

PER CURIAM

En San Juan Puerto Rico a 15 de septiembre de 2011.

El 30 de junio de 2011, emitimos una Opinión Per

Curiam

mediante

la

cual

suspendimos

inmediata

e

indefinidamente de la profesión a la Sra. Yesenia

Vázquez Torres, conforme a lo dispuesto en la Sec. 9

de la Ley de 11 de marzo de 1909, 4 L.P.R.A. sec.

735.

Véase:

In

re

Yesenia

Vázquez

Torres,

2011

T.S.P.R. 106. A raíz de esto, comparece ante nos la

representación

solicita

que

readmitamos

legal

de

la

reconsideremos

al

ejercicio

de

referida

nuestra

la

abogada

posición

abogacía.

Por

y

y

la

los

fundamentos que se exponen a continuación, reducimos

su suspensión a un plazo de seis (6) meses.

TS-16,169

2

I.

El

27

de

mayo

de

2009,

la

abogada

de

epígrafe

fue

acusada por un Gran Jurado, junto al Sr. José D. Figueroa

Agosto

T/C/C

“Junior

Cápsula”,

Statement

in

Application

Abetting”,

18

U.S.C.

for

sec.

de

a

los

cargos

Passport

1542

and

2,

and

y

de

“False

Aiding

and

“Furnishing

a

Passport which was Secured by Reason of a False Statement”,

18 U.S.C. sec. 1542. Luego de llegar a un preacuerdo con el

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la señora

Vázquez Torres se declaró culpable de perjurio en el caso

United States v. Yesenia Vázquez Torres, 10-CR-143 (JAF), el

26 abril de 2010.

De los hechos estipulados en ese preacuerdo surge que en

o alrededor de la fecha del 17 de diciembre de 1999, ésta

acompañó al señor Figueroa Agosto a la Oficina de Pasaportes

del Departamento de Estado de Puerto Rico. Allí, Figueroa

Agosto

solicitó

un

“Ángel

F.

Rivera”.

Torres

solicitó

Rosa

solicitudes

de

un

pasaporte

Por

bajo

su

pasaporte

pasaportes,

el

nombre

parte,

la

a

su

ambos

ficticio

señora

de

Vázquez

nombre.

En

dichas

ofrecieron

la

misma

dirección residencial -la de Vázquez Torres- a sabiendas de

que

Figueroa

Agosto

no

residía

allí.

En

específico,

la

licenciada Vázquez Torres se declaró culpable de “Official

certificates or writings”, según dispuesto en el capítulo 47

del título 18 del United States Code, 18 U.S.C. sec. 1018 and

2(b). Dicho delito preceptúa:

Whoever, being a public officer or other

person authorized by any law of the United States

to make or give a certificate or other writing,

TS-16,619

3

knowingly makes and delivers as true such a

certificate or writing, containing any statement

which he knows to be false, in a case where the

punishment thereof is not elsewhere expressly

provided by law, shall be fined under this title

or imprisoned not more than one year, or both. Íd.

Como

consecuencia

de

estos

hechos,

y

tras

habérsele

provisto un término de diez (10) días para mostrar causa,

mediante

una

Resolución

del

13

de

mayo

de

2011,

la

suspendimos del ejercicio de la abogacía. En nuestra Opinión

del 30 de junio de 2011, expresamos que cuando un abogado se

declara

culpable

de

unos

hechos

que

implican

depravación

moral y falta de honradez, corresponde la separación de la

profesión. In re Andújar Figueroa, 156 D.P.R. 873 (2002); In

re Rivera Medina, 127 D.P.R. 600 (1990).

II.

A.

Inconforme, La representación legal de Vázquez Torres

compareció ante nos y solicitó la reconsideración de nuestra

Opinión y la reinstalación de la abogada en la profesión. En

síntesis,

hizo

dos

argumento

principal,

planteamientos

la

principales.

representación

legal

de

En

su

Vázquez

Torres alega que un desaforo causado por la convicción de un

delito conforme a la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909,

supra, sólo se puede realizar contra abogados que cometen

delitos

durante

el

ejercicio

de

la

profesión.

Cuando

un

abogado comete una conducta antes de ejercer la profesión,

según aduce, este Tribunal tiene el poder de investigarla y

tomar medidas antes de admitirle en la profesión. Además,

sostiene que para poder desaforar al abogado bajo la referida

TS-16,619

4

disposición estatutaria, es necesario un juicio disciplinario

que incluya todas las garantías del debido proceso, pues está

en juego el derecho a ganarse el sustento y la vida. En apoyo

de esa contención cita los casos de In re Ruffalo, 390 U.S.

544 (1968); In re Pérez Riveiro, res. el 30 de noviembre de

2010, 2010 T.S.P.R. 230.

De igual forma, sostiene que, a la luz de In re Belén

Trujillo, 128 D.P.R. 949 (1991), cuando el Tribunal pretende

disciplinar a un abogado por conducta ocurrida antes de ser

admitido en el ejercicio de la abogacía es necesario llevar a

cabo un proceso con todas las garantías correspondientes. Por

ello, alega que el plazo de diez (10) días que le concedimos

para mostrar causa por la cual no debía ser suspendida de la

profesión mediante nuestra Resolución del 13 de mayo de 2011,

no satisfizo los imperativos del debido proceso de ley que

requieren los procesos disciplinarios.

Así las cosas, debemos recalcar que el uso y costumbre

de este Tribunal al atender procedimientos bajo la Sec. 9 de

la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, es proveer un término

mínimo para que el abogado convicto se exprese. Esto, pues

contrario a un proceso disciplinario formal, no se requiere

un

procedimiento

evidenciario

para

examinar

una

violación

ética.

El hecho que activa la función disciplinaria en el caso

de autos es cierto y constatable: una convicción por delito.

Como claramente señala la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de

1909, supra, ese hecho es la convicción, no la comisión del

delito.

De

ahí

que

el

texto

aplicable

dispone

que

“el

TS-16,619

5

abogado… que fuere culpable de cualquier delito que implicare

depravación moral, podrá ser suspendido”. 4 L.P.R.A. sec.

735. (énfasis suplido). El abogado ya tuvo la oportunidad de

un debido proceso frente a la acusación de la comisión del

delito.

Tal y como expresamos en In re Pérez Riveiro, supra,

citando

a

In

disciplinarios

re

son

Ruffalo,

de

supra,

naturaleza

los

procedimientos

cuasi-penal,

pues

se

sanciona a un abogado por determinada conducta en aras de

proteger al público general. Como correctamente señala la

peticionaria, en dichos procesos está en juego el derecho de

un abogado a ganarse el sustento. Por ello, en estos casos,

los

abogados

son

acreedores

de

las

garantías

del

debido

proceso de ley, el cual se satisface siempre que se le provea

al

abogado

querellado

la

oportunidad

de

responder

y

defenderse de los cargos imputados y notificados, así como de

ofrecer las teorías en las que se basen. In re Pérez Riveiro,

supra; Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel, 471 U.S.

626, 654-655 (1985).

Además, las exigencias mínimas del debido proceso de ley

incluyen el ser notificado adecuadamente de los cargos en su

contra,

la

oportunidad

de

ser

oído,

el

derecho

a

contrainterrogar y a examinar la prueba documental y material

presentada por la otra parte. In re Ríos Ríos, 175 D.P.R. 57

(2008); Salvá Santiago v. Torres Padró, 171 D.P.R. 332, 343

(2007).

De

otra

parte,

en

In

re

Belén

Trujillo,

supra,

resolvimos que el Tribunal tiene el poder inherente para

TS-16,619

6

investigar y determinar si cierta conducta ejercida por una

persona antes de convertirse en abogado puede ser considerada

para removerlo del ejercicio de la profesión.

No obstante, vemos que, en casos como el de autos, no hay

nada que investigar, pues es la convicción en el foro estatal

o federal la que activa el proceso disciplinario. Es por ello

que

las

exigencias

de

debido

proceso

aquí

mencionadas,

corresponden a la etapa en la cual el Tribunal recibe la

prueba

contra

el

abogado

y,

por

lo

tanto,

resultan

inaplicables a los hechos del presente caso. De esta forma,

no habiendo controversia sobre el hecho de que la abogada

Vázquez

Torres

es

la

persona

implicada

en

la

sentencia

condenatoria, entendemos que el término de diez (10) días

provisto para que dicha abogada ofreciera razones por las

cuales no debía ser suspendida le brindó suficiente tiempo

para controvertir cualquier asunto referente a su convicción.

B.

Por otro lado, también adujo que los hechos que dieron

paso a la declaración de culpabilidad ocurrieron en 1999,

cuando la hoy abogada todavía ni siquiera era estudiante de

derecho. La representación legal de la señora Vázquez Torres

añade que ella simplemente cometió un error de juventud al

permitirle a un cliente de su patrono utilizar su dirección

residencial

para

solicitar

un

pasaporte.

En

ese

momento,

según alega, desconocía que Figueroa Agosto era un prófugo.

Por ello, adujo que se sorprendió cuando fue acusada en el

año 2009.

TS-16,619

Si

7

bien

es

cierto

que

los

hechos

por

los

cuales

se

declaró culpable la abogada de epígrafe ocurrieron antes de

ésta haber estudiado derecho, discrepamos de su apreciación

al

describirlo

estipulados

como

como

un

parte

error

de

de

alegación

la

juventud.

Los

hechos

preacordada

de

culpabilidad difieren marcadamente de las alegaciones traídas

ahora por la abogada. La señora Vázquez Torres no prestó

meramente su dirección para que el señor Figueroa Agosto

recibiera

en

su

casa

el

pasaporte

fraudulento

que

iba

a

solicitar. Conforme a la estipulación suscrita por la señora

Vázquez Torres, ésta lo acompañó a sabiendas de que él iba a

mentir en el documento. Además, ella llenó una solicitud de

pasaporte propia, por lo que tenía que conocer el tipo de

aseveraciones falsas que contenía la solicitud de Figueroa

Agosto. Posteriormente, ella recibió el pasaporte y se lo

entregó al señor Figueroa Agosto.

A

pesar

de

que

no

podemos

tomar

livianamente

el

comportamiento de la señora Vázquez Torres, somos conscientes

de que en el presente caso existen una serie de atenuantes

que deben pesar sobre nuestra función disciplinaria. Entre

estos está el tiempo transcurrido entre la conducta y la

eventual

aceptación

de

culpabilidad,

el

hecho

de

que

la

abogada

cumplimentó verazmente su solicitud de admisión al

ejercicio de la abogacía y de que se ha desempeñado por más

de dos años en la práctica sin señalamientos éticos. Por

último,

entendemos

que

esta

conducta

representa

un

hecho

aislado y que no se han visto afectados clientes de la señora

Vázquez Torres en su práctica legal.

TS-16,619

8

III.

A

la

luz

de

los

fundamentos

antes

expuestos,

hemos

reconsiderado nuestra posición sobre la indefinición de la

suspensión de la abogada Vázquez Torres. En vista de los

atenuantes antes expresados, acordamos que la suspensión sea

por un término de seis (6) meses. En particular, tomamos en

consideración el tiempo transcurrido entre la conducta y la

eventual

aceptación

de

culpabilidad,

el

hecho

de

que

la

abogada cumplimentó verazmente su solicitud de admisión al

ejercicio de la abogacía y de que se ha desempeñado por más

de

dos

años

en

la

práctica

sin

señalamientos

éticos.

Asimismo, entendemos que esta conducta representa un hecho

aislado y que no se han visto afectados clientes de la señora

Vázquez Torres en su práctica legal.

De otra parte, nos reafirmamos en los señalamientos que

hiciéramos en In re Belén Trujillo, supra, con relación a

nuestro

poder

inherente

para

investigar

y

resolver

si

determinada conducta de una persona antes de ser abogado

puede

ser

considerada

para

removerlo

como

tal

cuando

advenimos en conocimiento de ello una vez es abogado, ya sea

mediante el mecanismo de nombrar un Comisionado para que

investigue

y

referir

asunto

utilizar

el

haga

cualquier

a

recomendaciones

sobre

la

Reputación;

así

como

que

con

las

otro

Comisión

de

mecanismo

el

particular;

cuente

garantías procesales correspondientes. En casos como el de

autos, cuando ha quedado demostrada la convicción de delito,

TS-16,619

procede

9

el

ejercicio

inmediato

de

nuestra

función

disciplinaria con las consecuencias que hemos expresado.

Se le apercibe a la señora Vázquez Torres que en el

futuro deberá cumplir estrictamente con los Cánones de Ética

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX y el ordenamiento que rige el

ejercicio de la profesión legal en Puerto Rico.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Yesenia Vázquez Torres

TS-16,169

SENTENCIA

En San Juan Puerto Rico a 15 de septiembre de

2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte

de

la presente,

hemos

reconsiderado

nuestra posición sobre la indefinición de la

suspensión de la señora Vázquez Torres. En vista

de los atenuantes expresados en la referida

Opinión,

acordamos

que

la

suspensión

del

ejercicio de la abogacía de la señora Vázquez

Torres sea por un término de seis (6) meses.

Se le apercibe a la señora Vázquez Torres

de que en el futuro deberá cumplir estrictamente

con los Cánones de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.

Ap. IX y el ordenamiento que rige el ejercicio

de la profesión jurídica en Puerto Rico.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez

Asociado señor Feliberti Cintrón reconsideraría,

reinstalando a la Lcda. Yesenia Vázquez Torres

al ejercicio de la abogacía inmediatamente. La

Jueza

Asociada

señora

Pabón

Charneco

no

intervino.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo