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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo v. Villafañe Marcano

2011 TSPR 146

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo v. Villafañe Marcano

CC-2008-314

Procedimientos contra Menores – Renuncia de jurisdicción por la Sala de Asuntos de Menores cuando el ofensor ha advenido a la mayoría de edad

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2011 TSPR

183 DPR ___

Eric Villafañe Marcano

Recurrido

Número del Caso: CC

- 2008 - 314

Fecha: 5 de octubre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Caguas, Panel XII

Jueza Ponente:

Carmen A. Pesante Martínez

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Zaira Z. Girón Anadón

Procuradora General Auxiliar

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Carmen Ana Rodríguez Maldonado

Materia: Art. 83 C.P. 1974 y Art. 4 L.A.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

146

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2008-314

Certiorari

Eric Villafañe Marcano

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2011.

“Nuestro ordenamiento jurídico no

requiere tan peregrino resultado,

en el que se le confiere a un

adulto inmunidad absoluta de que

se le juzgue en tribunal alguno”.

Pueblo v. Agosto Vázquez, 112

D.P.R. 57, 58 (1982).

El presente caso nos permite pautar si bajo

la

Ley

de

Menores

de

Puerto

Rico,

infra,

un

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de

Menores, debe tener la oportunidad de renunciar a

su jurisdicción sobre una persona mayor de edad que

alegadamente cometió un acto antijurídico mientras

contaba

con

14

años

de

edad,

sin

importar

las

razones para la dilación del Estado en presentar la

CC-2008-314

2

queja o denuncia en su contra. La contestación es en la

afirmativa.

I

Los

hechos

pertinentes

al

caso

se

detallan

a

continuación. El 10 de enero de 1997, el acusado Eric

Villafañe Marcano (Villafañe Marcano o recurrido) contaba

con

14

años

de

edad

cuando

alegadamente

asesinó

de

6

heridas punzantes a la menor Sheila M. Marcano Pastrana,

de 15 años de edad. Por tales hechos, el 12 de febrero de

2004,

esto

presentó

es,

sendas

7

años

después,

denuncias

en

el

las

Ministerio

que

le

Público

imputó

al

recurrido la comisión de un asesinato en primer grado en

la modalidad de muerte alevosa, deliberada y premeditada

(Art. 83 del Código Penal de 1974) y portación de arma

blanca (Art. 4 de la Ley de Armas de Puerto Rico).

Así,

el

para

tribunal

arresto

de instancia

por

ambos

determinó

causa

graves.

Para

delitos

probable

ese

entonces

Villafañe Marcano contaba con 21 años, por lo que ya era

mayor de edad.

El 22 de agosto de 2006 se determinó causa probable

para acusar a Villafañe Marcano y el 20 de septiembre

de 2006 el Ministerio Público formuló la acusación contra

éste por los hechos señalados.

el

recurrido

presentó

una

El 29 de octubre de 2007

moción

de

desestimación

por

falta de jurisdicción fundamentada en que para la fecha de

los

hechos

contaba

con

14

años

de

edad,

por

lo

que

CC-2008-314

3

correspondía al Tribunal de Menores la potestad única para

juzgarlo

e

imponerle

una

medida

dispositiva.

Sostuvo,

además, que toda vez que él no obstruyó la investigación

de las autoridades para que se esclareciera el delito, no

existía razón alguna por la cual un tribunal ordinario de

justicia pudiera asumir jurisdicción.1

Llegado el día del juicio en su fondo, Villafañe

Marcano argumentó -en apoyo a su moción de desestimaciónque debido a que los hechos alegadamente constitutivos de

asesinato

alevosa,

en

primer

deliberada

grado

y

(en

su

premeditada)

modalidad

de

se

cuando

dieron

muerte

él

tenía 14 años de edad y no 15, era la Sala de Asuntos de

Menores la que en su momento tuvo jurisdicción, pues no se

daba un supuesto de renuncia de jurisdicción ―automática‖.

Entonces, señaló, que el Tribunal de Menores tenía que

haber

asumido

su

jurisdicción

renunciaba a la misma.

para

luego

decidir

si

No obstante, advirtió que este

proceso no podía darse en vista de que el recurrido ya era

mayor de 21 años.

1

En su moción, Villafañe Marcano argumentó específicamente que las

autoridades conocían la fecha de los hechos, su fecha de nacimiento y,

por consiguiente, tenían conocimiento de que a la fecha de los hechos,

él sólo tenía 14 años de edad. Además, señaló que mientras fue menor

de edad nunca se le indicó que era sospechoso ni se inició proceso

alguno en su contra, por lo que señaló que la responsabilidad por la

dilación para someter el caso correspondía única y exclusivamente al

Estado.

En ese contexto, el recurrido indicó que no ofreció información

confusa ni falsa sobre sus circunstancias personales y que nunca

obstruyó ni dilató el proceso, por lo que sugirió que no se le podía

imponer responsabilidad por el hecho de que no se había presentado un

caso en su contra en la Sala de Asuntos de Menores.

Así, pues,

Villafañe Marcano solicitó al tribunal de instancia que desestimara

las acusaciones por alegada falta de jurisdicción. Véase Apéndice de

la Petición de certiorari, págs. 5-6.

CC-2008-314

4

En esa primera etapa, el Ministerio Público se opuso

a la moción de Villafañe Marcano aduciendo que, pasados

unos días de la fecha de los hechos, éste se había fugado

y

había

abandonado

desconociéndose

su

la

jurisdicción

paradero

o

su

de

Puerto

dirección

Rico,

hasta

que

finalmente en agosto de 2005 se logró su extradición desde

el estado de New Jersey.

Público

señaló

que

el

En ese contexto, el Ministerio

abandono

de

la

jurisdicción

de

Puerto Rico por parte del recurrido obstruyó y dilató la

investigación y que esa actuación representó una renuncia

implícita a que el foro de justicia juvenil dirimiera el

caso, esto según Pueblo v. Cruz Alicea, 170 D.P.R. 837

(2007) y Pueblo v. Agosto Vázquez, 112 D.P.R. 57 (1982).

El

tribunal

de

instancia

declaró

no

ha

lugar

la

moción de desestimación fundamentando su determinación en

que

el

límite

ordenamiento

jurídico

para

Estado

criminales.

que

el

no

establece

culmine

sus

un

término

investigaciones

Asimismo, distinguió el presente caso de un

precedente en el cual el Estado se ―cruzó de brazos‖ y

días antes de que prescribiera el delito imputado entonces

el Ministerio Público presentó la denuncia.

En ese caso,

aseguró el foro de instancia, procedía que se diera paso a

la defensa de estado de indefensión.

de

instancia

señaló

que

era

Además, el tribunal

evidente

que

a

Villafañe

Marcano no se le había presentado proceso alguno ante la

Sala

de

Asuntos

de

Menores

considerado un sospechoso.

porque

inicialmente

no

era

Añadió que debido a que en un

CC-2008-314

5

momento u otro Villafañe Marcano salió de Puerto Rico,

ello impidió en gran medida que el Estado culminara su

proceso investigativo, pues a la fecha en que culminó la

investigación

y

el

Estado

se

movió

a

presentar

las

denuncias, no encontraron al recurrido en Puerto Rico.

Por último, la ilustrada sala de instancia señaló

que

el

ordenamiento

exige

que

los

tribunales

tengan

jurisdicción sobre la materia y sobre la persona, pero que

esto no puede derrotar el fin último que debe guiar todo

proceso judicial: que el acusado, a quien se le presume

inocente, pueda enfrentar el proceso judicial y el Estado

cumpla con demostrar si cometió o no los delitos que se le

imputan. Finalmente, el foro de instancia determinó que

tenía jurisdicción para procesar a Villafañe Marcano como

adulto y se negó a desestimar las acusaciones contra éste.

Inconforme,

Apelaciones

el

mediante

recurrido

acudió

recurso

certiorari,

de

al

Tribunal

en

el

de

cual

argumentó básicamente lo mismo que había planteado ante el

tribunal de instancia.

Por otro lado, y contrario a lo

que el Ministerio Público había argumentado ante el foro

de instancia, el Procurador General adujo en su alegato

que, luego de reexaminar el expediente del caso, estaba

convencido de que no se satisfacían los criterios de los

casos Pueblo v. Cruz Alicea, supra, y Pueblo v. Agosto

Vázquez,

supra.

sujeto

responder

a

acusación

sino

Aclaró

por

hasta

que

Villafañe

Marcano

los

delitos

que

febrero

de

2004.

ahora

no

estuvo

enfrenta

Asimismo,

el

CC-2008-314

Procurador

6

General

concluyó

que

no

existía

impedimento

legal para que el recurrido abandonara la jurisdicción de

Puerto

Rico

y,

además,

aseguró

que

carecía

de

prueba

contundente que apuntara a que Villafañe Marcano hubiera

impedido el curso de la investigación criminal.

Además, el Procurador General adujo que había sido

un error presentar el caso ante el tribunal ordinario de

justicia una vez culminó la investigación, pero que ese

error procesal no impedía que el asunto fuera remitido a

la Sala de Asuntos de Menores para que se evaluara si bajo

los

criterios

de

la

legislación

aplicable

y

de

las

circunstancias del recurrido, ese foro hubiera renunciado

a

su

jurisdicción

Villafañe

Marcano

para

bajo

el

que

entonces

sistema

de

se

encausara

justicia

a

criminal

ordinario (de adultos).

Atendidos los escritos de ambas partes, el Tribunal

de

Apelaciones

revocó

desestimó

la

determinación

del

tribunal

las

acusaciones

contra

de

instancia

y

Villafañe

Marcano.

En su sentencia, ese foro apelativo señaló que

el ―TPI debió declararse sin jurisdicción para ventilar el

caso criminal que se inició contra el peticionario‖.

En

específico,

lo

el

Tribunal

de

Apelaciones

indicó

siguiente:

Los hechos delictivos por los que

enfrenta acusación el peticionario se

suscitaron cuando tenía 14 años.

El

Estado tenía conocimiento de ese hecho y

el peticionario no proveyó información

falsa que llevara al Estado a desconocer

de su minoridad.

Además, el Estado

CC-2008-314

7

reconoce ahora, contrario a la teoría que

presentó originalmente ante el TPI, que el

peticionario no llevó a cabo actos que

resultaran en un impedimento para la

investigación.

Esto es, indicó que el

peticionario no era sospechoso y podía

libremente salir de la jurisdicción de

Puerto Rico —como de hecho lo hizo. De lo

anterior, se infiere razonablemente que el

Estado se allana a una determinación de

que

el

peticionario

no

renunció

implícitamente a que la Sala de Asuntos de

Menores asumiera jurisdicción de su caso.

De haberse dado lo contrario, entonces

hubiera procedido avalar la actuación del

TPI en cuanto a procesar al peticionario

como

adulto,

sin

mayor

análisis

o

2

contemplación. (Énfasis omitido.)

Además, el Tribunal de Apelaciones planteó que el

recurrido ―pudo haberse beneficiado del enfoque ecléctico

o fin rehabilitador que se profesa que promueve la Ley de

Menores…‖, 3 concluyendo que no pudo hacerlo debido a la

dilación de 7 años del Ministerio Público en presentar los

cargos.

Por último, en la conclusión de su sentencia, el

Tribunal de Apelaciones expone una serie de interrogantes

o

inquietudes

que

ciertamente

son

legítimas

y

que,

mediante el resultado al que llegamos hoy, se atienden en

esta Opinión.

Específicamente, el Tribunal de Apelaciones

plantea lo siguiente:

Hay

precedente

jurisprudencial

claramente establecido que atiende los

supuestos en que corresponde procesar como

adulto, al imputado o acusado de delito,

cuando éste es responsable de que el caso

2

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 80.

3

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 80.

CC-2008-314

8

no se sometiera a tiempo ante la Sala de

Asuntos de Menores. No obstante, nada se

ha indicado para aclarar cómo se debe

atender el supuesto en que se inicia el

proceso judicial criminal, como adulto,

contra

una

persona

que

alegadamente

cometió los hechos delictivos cuando era

menor de edad. Máxime, cuando el propio

Estado reconoce que el imputado o el

acusado no es responsable por la dilación

en el proceso. Tampoco se ha señalado si

el Estado tiene que justificar la dilación

que, en última instancia, le impide al

imputado o acusado beneficiarse de las

disposiciones de la legislación especial

creada para los ofensores menores de edad.

Mucho menos se ha comentado si lo que

procede en esos casos es devolver el caso

a la Sala de Menores para que determine si

tiene o no jurisdicción y autoridad para

lidiar con el caso; o si este curso de

acción debe rechazarse por resultar en un

ejercicio en futilidad, en vista de que el

imputado o acusado ya llegó a la mayoría

de edad, lo cual, en principio, impide que

la Sala de Asuntos de Menores pueda asumir

jurisdicción sobre el caso o pueda ejercer

su autoridad sobre el ofensor. Más aún, no

se han aclarado las implicaciones que

pueda tener un supuesto como el de autos

con el debido proceso de ley de un

imputado o acusado de delito; o si hay

espacio, para plantear y oponer contra el

estado,

la

defensa

de

estado

de

indefensión, principalmente, en casos como

el presente en que subyace una imputación

o una acusación por un delito que no

prescribe. (Énfasis suplido.)4

Inconforme

Apelaciones,

el

con

la

decisión

del

Procurador

General

acude

Tribunal

ante

de

nuestra

consideración mediante un recurso de certiorari, el cual

expedimos, y nos señala la comisión de los siguientes dos

errores por parte del Tribunal de Apelaciones:

4

Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 82-83.

CC-2008-314

9

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones

al determinar que el Tribunal de Menores

no estaba en posición para evaluar los

méritos de una renuncia de jurisdicción.

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones

al decretar que el Ministerio Público

había incurrido en incuria, al concluir

que se había manipulado o burlado los

debidos procesos, sin que se hubiera

desfilado prueba a estos efectos ante el

tribunal de primera instancia.

Con el beneficio de los escritos de ambas partes,

resolvemos.

II

A. La jurisdicción del Tribunal de Menores y su autoridad

Como

señalamos

recientemente,

mediante

la

Ley

de

Menores de Puerto Rico (Ley de Menores), 5 la Legislatura

―diseñó un sistema de justicia especial para menores‖. 6

Entonces, no es de extrañar que para ese procedimiento

especial

el

legislador

estableciera,

jurisdicción

especial

que

a

delimite

su

vez,

una

específica

y

estrictamente el ámbito de acción del Tribunal de Primera

Instancia,

Sala

de

Asuntos

de

Menores,

creado

por

la

propia ley.

El Art. 4 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec.

2204, es el único que dispone sobre cuál ha de ser la

jurisdicción del Tribunal de Menores.

El texto de dicho

artículo señala lo siguiente:

5

Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, 34 L.P.R.A. sec.

2201 et seq.

6

Pueblo

(2010).

en

interés

menores

C.L.R.

y

A.V.L.,178

D.P.R.

315,

341

CC-2008-314

§ 2204. Jurisdicción del tribunal

(1) El tribunal tendrá autoridad para conocer de:

(a) Todo caso en que se impute a un menor

conducta que constituya falta, incurrida antes

de éste haber cumplido dieciocho (18) años de

edad. Dicha autoridad estará sujeta al período

prescriptivo dispuesto en las leyes penales

para la conducta imputada.

(b) Cualquier asunto relacionado con menores,

según

dispuesto

mediante

ley

especial,

confiriéndole facultad para entender en dicho

asunto.

(2) El tribunal no tendrá autoridad para conocer

de:

(a) Todo caso en que se impute a un menor que

hubiere cumplido quince (15) años de edad la

comisión de hechos constitutivos de asesinato

en

primer

grado

mediante

deliberación

y

premeditación.

(b) Todo caso en que se impute a un menor que

hubiere cumplido quince (15) años de edad

hechos constitutivos de delito que surjan de la

misma transacción o evento constitutivo de

asesinato en primer grado mediante deliberación

y premeditación.

(c) Todo caso en que se impute a un menor que

hubiere cumplido quince (15) años de edad

hechos constitutivos de delito cuando se le

hubiese adjudicado previamente un asesinato

como adulto.

(3) En todos los casos contemplados en las

cláusulas (a), (b) y (c) del inciso (2) de esta

sección, el menor será procesado como un adulto.

(4) La Sala de lo Criminal del Tribunal General

de Justicia conservará jurisdicción sobre el menor

aun cuando haga alegación de culpabilidad o medie

convicción por un delito distinto al asesinato.

Igualmente, conservará jurisdicción cuando el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Menores,

hubiere renunciado a la jurisdicción del menor y

en el procedimiento ordinario como adulto al menor

se le archivaran los cargos o se le encontrara no

culpable.

(5) Cuando un magistrado determine la existencia

de causa probable por un delito distinto al

asesinato, éste y cualquier otro delito que

surgiere de la misma transacción se trasladará al

tribunal

que

ejerza

su

autoridad

bajo

las

disposiciones de este capítulo y éste retendrá y

10

CC-2008-314

11

conservará jurisdicción, según se dispone en la

sec. 2205 de este título.

El mencionado artículo establece que el Tribunal de

Menores

podrá

ejercer

jurisdicción

sobre

todo

acto

antijurídico alegadamente cometido por una persona menor

de

18

años

de

edad,

sujeto,

claro

está,

al

período

prescriptivo dispuesto en las leyes penales para ese acto

antijurídico.

En ese primer contexto ya hemos establecido

que para determinar la jurisdicción especial del Tribunal

de

Primera

Instancia,

Sala

de

Asuntos

de

Menores,

lo

determinante es la edad de la persona al momento en que

alegadamente

ostentará

cometió

la

los

hechos. 7

Además,

que

confiera

jurisdicción

le

ese

tribunal

alguna

ley

especial sobre cualquier asunto relacionado con menores.

El

Art.

4

de

la

Ley

de

Menores,

supra,

también

establece unas instancias en las que de plano el Tribunal

de Menores no tendrá jurisdicción: en primer lugar, cuando

el delito que se impute sea asesinato en primer grado

mediante deliberación y premeditación, y el menor tuviera

cumplidos los 15 años de edad.

Segundo, cuando a un menor

que tenga 15 años o más se le acuse de algún delito que

surja de la misma transacción o evento constitutivo de

asesinato

en

premeditación.

primer

grado

mediante

deliberación

y

En tercer lugar, el Tribunal de Menores no

tendrá jurisdicción cuando se le impute a un menor que

7

Pueblo v. Cruz Alicea, 170 D.P.R. 837 (2007); Pueblo v. Suárez, 167

D.P.R. 850 (2006); Pueblo en interés menor A.A.O., 138 D.P.R. 160

(1995).

CC-2008-314

12

hubiere cumplido 15 años de edad la comisión de un delito,

si a ese menor ―se le hubiese adjudicado previamente un

asesinato como adulto‖.8

Por otro lado, el Art. 5 de la Ley de Menores, 34

L.P.R.A. sec. 2205, establece la duración de lo que el

legislador

ha

llamado

la

―autoridad‖

del

Tribunal

de

Menores.

El texto de ese artículo lee de la siguiente

manera:

§ 2205. Duración de la autoridad del tribunal

El tribunal conservará su autoridad sobre

todo menor sujeto a las disposiciones de este

capítulo hasta que cumpla la edad de veintiún (21)

años, a menos que mediante orden al efecto dé por

terminada la misma.

En todos los casos en que un menor, estando

aún bajo la autoridad del tribunal, sea procesado

y convicto como adulto, el tribunal (Sala Asuntos

de Menores) perderá automáticamente su autoridad

sobre dicho menor. En estos casos, si al momento

de ser acusado como adulto, el menor no presta la

fianza

que

le

fuere

impuesta,

éste

deberá

permanecer internado en una institución de la

Administración de Instituciones Juveniles hasta

tanto sea convicto como adulto.

Una vez sea

convicto como adulto cesará la autoridad de la

Administración de Instituciones Juveniles sobre

dicho menor y el mismo será puesto inmediatamente

bajo

la

autoridad

del

Tribunal

General

de

Justicia.

El tribunal tomará las providencias

necesarias para asegurarse de que el convicto

quede bajo custodia de la Administración.

Esta

disposición

plantea

expresamente

que

el

Tribunal de Menores ―conservará su autoridad sobre todo

menor sujeto a las disposiciones de este capítulo hasta

8

Art. 4(2)(c), 34 L.P.R.A. sec. 2204(2)(c).

CC-2008-314

13

que cumpla la edad de veintiún (21) años, a menos que

mediante orden al efecto dé por terminada la misma‖.9

Ahora

bien,

a

pesar

de

que

estos

dos

artículos

–Arts. 4 y 5 de la Ley de Menores- son laxos al establecer

una

diferencia

―jurisdicción‖

en

y

la

utilización

―autoridad‖,

diferencia entre ambos.

de

los

ciertamente

conceptos

existe

una

Entonces, en el marco del tema

jurisdiccional y en específico ante la tarea de enfatizar

esa diferencia enmarcándola en el resultado que produce,

conviene

considerar

tres

casos

en

los

que,

desde

la

creación de la actual Ley de Menores y sus enmiendas,

hemos establecido pautas sobre el asunto.

1. Pueblo en interés menor A.A.O. (1995):

El primer caso que es necesario considerar es Pueblo

en interés menor A.A.O., 138 D.P.R. 160 (1995).

En dicho

caso establecimos que ―… una vez un menor es procesado y

convicto como adulto por un delito cometido antes de su

mayoría

de

edad,

el

Tribunal

de

Menores

no

tendrá

jurisdicción, si posteriormente este joven es encausado

por conducta constitutiva de delito cometida antes de los

18 años‖. 10 Los hechos pertinentes en Pueblo en interés

menor

A.A.O.,

supra,

son

los

que

se

incluyen

a

continuación: por hechos ocurridos cuando tenía 17 años de

9

10

Art. 5 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2205.

D. Nevares-Muñiz, Derecho de menores, 5ta ed., Hato Rey, Inst.

Desarrollo del Derecho, Inc., 2005, pág. 26. Véanse, también: Pueblo

en interés menor A.A.O.,

supra, págs. 172-173; Pueblo v. Figueroa

González, 95 D.P.R. 98, 106 (1967).

CC-2008-314

14

edad, se presentaron denuncias contra el menor A.A.O. por

asesinato, robo y violaciones a la Ley de Armas, esto en

el Tribunal Superior, Sala de lo Criminal.

Con relación a

esos

alegación

hechos,

el

menor

A.A.O.

hizo

culpabilidad. 11

Una

semana

después

de

alegación,

Procurador

el

Tribunal

de

Menores

convicto

en

cuanto

que

a

una

de

Menores

cesara

su

medida

haber

le

de

hecho

tal

solicitó

al

autoridad

dispositiva

sobre

que

el

había

impuesto con relación a unas faltas de alteración a la paz

y amenaza por las cuales el menor había sido encontrado

incurso previamente.

Así, la Sala de Asuntos de Menores

ordenó

y

el

cierre

el

archivo

del

expediente

correspondiente al menor.

Posteriormente, por otros hechos cometidos incluso

una

semana

antes

de

los

hechos

por

los

cuales

había

aceptado culpabilidad como adulto, el convicto A.A.O. fue

acusado nuevamente en el Tribunal Superior, Sala de lo

Criminal, por los delitos de tentativa de asesinato, robo

y violaciones a la Ley de Armas.

Sin embargo, en ese

momento la Sala de lo Criminal determinó que no tenía

jurisdicción

cometidas

porque

cuando

acusaciones

y

al

acusado

era

menor,

ordenó

el

Tribunal de Menores.

se

por

le

lo

traslado

imputaban

faltas

que

desestimó

las

del

expediente

al

Una vez recibió el expediente, la

Sala de Asuntos de Menores se declaró sin jurisdicción y

11

En ese momento ya el menor había sido encontrado incurso y se le

había impuesto una medida dispositiva por faltas de alteración a la

paz y amenaza, conforme al sistema de justicia para menores, ello en

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de Menores.

CC-2008-314

fundamentó

15

su

decisión

básicamente

en

que

ya

había

terminado su autoridad sobre el menor, pues éste ya había

sido convicto como adulto, de conformidad con el Art. 5 de

la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2205.

Finalmente,

y

como

adelantamos,

tal

determinación

fue

confirmada por esta Curia.

Ahora bien, lo que realmente es pertinente al caso

que nos ocupa es que en Pueblo en interés menor A.A.O.,

supra, también establecimos -por primera vez con meridiana

claridad- la realidad de que el concepto “jurisdicción” al

que se refiere el Art. 4 de la Ley de Menores, supra, y el

concepto

“autoridad”

del

Art.

5

de

dicha

ley,

íntimamente relacionados, no son análogos.

aunque

En ese caso,

reiterado posteriormente en Pueblo v. Suárez, 167 D.P.R.

850,

858

(2006),

―jurisdicción‖

Menores,

también

utilizado

supra,

en

señalando

definimos

el

concepto

el

Art.

4

de

la

Ley

de

que

éste

se

refiere

a

la

―facultad especial de la Sala de Asuntos de Menores para

entender en procesos contra éstos y se relaciona ‗con la

cuestión de si el menor debe ser encausado dentro del

sistema de justicia juvenil o en el sistema de justicia

criminal‘‖. 12

Dicho

determinante

al

de

decidir

otro

modo,

quién

debe

―la

jurisdicción

ser

encausado

es

como

menor o, por el contrario, como adulto‖.13

12

Pueblo v. Suárez, 167 D.P.R. 850, 858 (2006) citando a Pueblo en

interés menor A.A.O., 138 D.P.R. 160, 172 (1995).

13

Íd.

CC-2008-314

16

Finalmente, y muy pertinente a la controversia que

nos

ocupa,

en

Pueblo

en

interés

menor

A.A.O,

supra,

señalamos que los conceptos ―jurisdicción‖ y ―autoridad‖

se refieren a etapas distintas del proceso: la

jurisdicción

determina

quién

debe

ser

encausado dentro del sistema de justicia

juvenil y la autoridad define el tipo y la

duración de la medida impuesta una vez se

determine que éste se encuentra incurso en

falta.14

2. Pueblo v. Suárez (2006)

El caso Pueblo v. Suárez, 167 D.P.R. 850 (2006), es

extremadamente importante con relación a la polémica que

nos ocupa.

En ese caso la Procuradora de Menores presentó

una queja en el Tribunal de Menores contra el Sr. Wilfredo

Suárez Alers, de 22 años de edad, por hechos ocurridos

cuando éste sólo tenía 13 años. 15

Una vez se celebraron

las vistas correspondientes y fue presentada la querella

contra el señor Suárez Alers, la Procuradora de Menores

solicitó la renuncia de la jurisdicción, a tenor con el

Art. 15 de la Ley de Menores.16

El

solicitud

aunque

tribunal

de

tenía

de

renuncia

instancia

de

jurisdicción

declaró

jurisdicción

sobre

el

con

lugar

la

al

resolver

que,

señor

Suárez

Alers

debido a que los hechos fueron cometidos mientras éste era

14

Pueblo en interés menor A.A.O., supra, pág. 173.

15

En la queja se le imputó al señor Suárez Alers haber incurrido,

alegadamente, en el delito de actos lascivos o impúdicos contra el

menor M.B.E., de 7 años de edad.

16

34 L.P.R.A. sec. 2215.

CC-2008-314

17

menor, no tenía autoridad para juzgarlo e imponer medidas

dispositivas,

había

ya

advenido

que

al

momento

a su mayoría

de

de

ser

edad.

procesado

éste

El Tribunal de

Menores renunció a su jurisdicción sobre el señor Suárez

Alers y remitió el expediente a la Sala de lo Criminal

para que fuese juzgado como adulto, en donde finalmente

fue acusado por el delito de actos lascivos.

Entonces, los cargos fueron presentados ante la Sala

de lo Criminal, en donde Suárez Alers, a su vez, presentó

una moción de desestimación basada en que la ―dilación del

Estado‖ en presentar la denuncia en su contra lo colocaba

en estado de indefensión. 17 El Ministerio Público, por su

parte, se opuso aduciendo que el Estado no había sido

negligente

dilación

ni

no

había

le

era

procedido

con

atribuible. 18

incuria,

ya

Luego

una

de

que

la

vista

evidenciaria para evaluar la solicitud de desestimación,

la Sala de lo Criminal desestimó el pliego acusatorio al

concluir

que

el

acusado

se

encontraba

en

estado

de

indefensión.19

17

En su moción de desestimación, el señor Suárez Alers argumentó que,

luego de transcurrir nueve años desde la ocurrencia de los hechos

hasta la presentación de los cargos, le era imposible recordar dónde

se encontraba ese día, lo que impedía que pudiera traer evidencia a su

favor y ello constituía una clara violación al debido proceso de ley.

18

El Ministerio Público señaló que actuó con diligencia una vez le fue

notificada la querella presentada contra el señor Suárez Alers,

procurando la correspondiente acción ante el Tribunal Superior, Sala

de Asuntos de Menores. Además, indicó que el retraso no había causado

perjuicio significativo a la defensa del acusado.

19

El foro de instancia entendió que luego de transcurrir nueve años

entre la ocurrencia del alegado incidente y la fecha en que el señor

Suárez Alers fue acusado, el derecho de éste a preparar una defensa

adecuada se había vulnerado severamente.

Ello, a su vez, incidía

sobre el derecho del señor Suárez Alers a un juicio justo e imparcial.

CC-2008-314

18

El Ministerio Público recurrió de tal decisión y el

Tribunal

de

Apelaciones

dilación

en

la

revocó

presentación

de

al

determinar

que

la

la

acusación

no

era

atribuible al Estado. 20 Entonces, el señor Suárez Alers

recurrió

ante

esta

Curia

y

revocamos

la

sentencia

del

Tribunal de Apelaciones bajo el fundamento de que había

errado

el

Tribunal

jurisdicción.

del Art. 15

de

Menores

al

renunciar

a

su

Al así hacerlo, señalamos que una lectura

de

la Ley de Menores,

supra,

nos muestra

claramente que el Tribunal de Menores sólo podrá conceder

la renuncia de jurisdicción en aquellos casos que el menor

involucrado sea mayor de 14 años de edad.21

En ese sentido

20

El Tribunal de Apelaciones concluyó que la dilación en la

presentación de la acusación no era atribuible al Estado, ya que fue

el padre del menor quien, a pesar de tener conocimiento de lo

ocurrido, no presentó querella alguna en ese momento.

Dicho foro

apelativo indicó que el Estado actuó diligentemente, pues una vez supo

lo ocurrido entonces inició rápidamente el trámite correspondiente

ante el Tribunal Superior, Sala de Asuntos de Menores. También señaló

que aun analizando la alegación genérica del acusado de que la

dilación en el procedimiento le impedía preparar adecuadamente su

defensa,

ésta

era insuficiente

para

configurar

―el perjuicio

específico y concreto que requiere la doctrina sobre el estado de

indefensión‖. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones concluyó que

la alegación de perjuicio fue abstracta y general, por lo cual

resultaba improcedente.

21

En lo pertinente, el Art. 15 de la Ley de Menores, supra, dispone lo

siguiente:

§ 2215. Renuncia de jurisdicción

(a) Solicitud por Procurador.— El tribunal, a

solicitud del Procurador, podrá renunciar la

jurisdicción sobre un menor que sea mayor de

catorce (14) años y menor de dieciocho (18) años,

a quien se le impute la comisión de cualquier

falta Clase II o III.

El Procurador deberá

efectuar

dicha

solicitud

mediante

moción

fundamentada cuando considere que entender en el

caso bajo las disposiciones de este capítulo no

responderá a los mejores intereses del menor y de

la comunidad.

CC-2008-314

19

señalamos que el Tribunal de Menores ―aun cuando podía

asumir jurisdicción en la queja... por ser [Suárez Alers]

menor de edad al momento de los hechos, no podía bajo

ningún supuesto renunciar a su jurisdicción y referir el

asunto a la Sala de lo Criminal del Tribunal Superior‖.22

En primer lugar, y como vemos, en Pueblo v. Suárez,

supra, a pesar de que el fundamento para las decisiones de

los

foros

apelados

se

basó

exclusivamente

en

la

concurrencia de los elementos de la defensa de ―estado de

indefensión‖, este Foro correctamente atendió primero el

aspecto jurisdiccional, archivando el pliego acusatorio y

ordenando el sobreseimiento de la causa de acción contra

el señor Suárez Alers.23

Más pertinente aún, en Pueblo v. Suárez, supra, un

caso que como el de autos giraba en torno a la dilación

por parte del Estado en presentar la denuncia contra el

acusado, adelantamos lo que sería nuestra posición ante la

controversia que nos ocupa, pues en el escolio número 4

señalamos lo siguiente:

Debe quedar claro, sin embargo, que si

Suárez Alers hubiese sido mayor de catorce

años cuando ocurrieron los hechos que se le

imputaron, nada impedía que la Sala de Asuntos

de Menores asumiera jurisdicción y que, luego

22

23

Pueblo v. Suárez, supra, págs. 861-862.

Además del aspecto jurisdiccional, el señor Suárez Alers no podía ser

procesado por nuestro sistema de justicia criminal porque al momento

de los hechos contaba con sólo 13 años de edad, lo que lo hacía

inimputable por razón de minoridad. Art. 29 del Código Penal de 1974,

33 L.P.R.A. sec. 3151.

La misma situación se suscitaría bajo el

Código Penal vigente (Art. 38 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A.

sec. 4666).

CC-2008-314

20

de la vista correspondiente, determinar[a] si

procedía o no renunciar a su jurisdicción.

(Énfasis suplido.)24

Incluso,

la

opinión

disidente

del

Juez

Asociado

señor Rebollo López, a la que se unió el Juez Asociado

señor Rivera Pérez, señala lo siguiente:

Debe mantenerse presente que si a la

fecha de la alegada comisión de los hechos el

peticionario Suárez Alers era, en efecto,

mayor

de

catorce

años,

la

renuncia

de

jurisdicción que llevara a efecto la Sala

Superior de Asuntos de Menores es válida en

derecho. Si ello es así, la Sala Superior de

lo

Criminal...

tendría

jurisdicción

para

juzgar, como adulto, al peticionario Suárez

Alers por el delito de actos lascivos o

impúdicos. (Énfasis en el original.)25

De manera que, con relación a este punto, en Pueblo

v. Suárez, supra, esta Curia se expresó en forma unánime.

Por otro lado y respecto al concepto ―autoridad‖ del

Art. 5 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2205, en

Pueblo

v.

Suárez,

supra,

pág.

859

esc.

1,

citando

nuevamente a Pueblo en interés menor A.A.O, 138 D.P.R. 160

(1995), señalamos que ―[e]l concepto ―autoridad‖ utilizado

en el estatuto [Art. 15 de la Ley de Menores] se refiere a

la supervisión, detención o custodia del menor que asume

el

Estado

como

parens

patriae,

mientras

a

éste

se

le

encausa y luego de que se ha determinado que está incurso

24

25

Pueblo v. Suárez, supra, pág. 862 esc. 4.

Pueblo v. Suárez, supra, pág. 870.

El disenso de estos Jueces

Asociados respondió única y exclusivamente a que entendían que del

expediente del caso surgían dudas con relación a cuál era realmente la

edad del señor Suárez Alers al momento de los hechos, por lo que se

oponían al sobreseimiento de la causa penal por minoridad.

CC-2008-314

21

en la comisión de una falta‖. 26 Asimismo, concluimos que

este concepto ―se refiere al tipo y a la duración de la

medida

impuesta

encuentra

una

incurso

en

vez

se

determine

una

falta‖. 27

que

el

menor

se

Por

lo

tanto,

el

concepto ―autoridad‖ del Art. 5 de la Ley de Menores,

supra,

no

Tribunal

se

de

implementación

refiere

el

Menores,

del

aspecto

sino

tipo

y

al

jurisdiccional

del

término

la

duración

de

para

la

medida

dispositiva.

3. Pueblo v. Cruz Alicea (2007)

El tercer y último de los casos que es menester

discutir es Pueblo v. Cruz Alicea, 170 D.P.R. 837 (2007).

En

dicho

caso

atendimos

una

controversia

similar

a

la

planteada en Pueblo v. Suárez, supra, y a la del presente

caso.

En particular, la Sala de Asuntos de Menores se

declaró sin jurisdicción sobre el Sr. Luis Cruz Alicea por

éste haber cumplido la mayoría de edad sin que el caso se

hubiera

sometido

Menores.

a

tiempo

ante

la

Sala

de

Asuntos

de

Ahora bien, en Pueblo v. Cruz Alicea, supra, el

Procurador General logró probar que el caso no pudo ser

presentado

Menores

oportunamente

porque

el

ante

acusado

la

se

Sala

de

Asuntos

había

fugado

de

de

la

jurisdicción y cuando finalmente fue localizado por las

autoridades, ya había cumplido la mayoría de edad. Los

hechos

pertinentes

son

los

siguientes:

el

26

Véase Pueblo en interés menor A.A.O., supra, pág. 172.

27

Íd., pág. 173.

señor

Cruz

CC-2008-314

Alicea

22

hizo

alegación

de

culpabilidad

por

posesión

de

sustancias controladas ante la Sala de Asuntos de Menores,

por

lo

que

el

tribunal

libertad

a

prueba

bajo

de

instancia

la

custodia

le

de

concedió

su

madre.

la

No

obstante, pasado un tiempo el foro de instancia ordenó su

ingreso

a

un

terapéutico.

Hogar

CREA

para

recibir

tratamiento

Sin embargo, el señor Cruz Alicea no acudió

a dicho centro terapéutico, por lo que el tribunal de

instancia

emitió

una

orden

de

detención

en

su

contra,

revocó la libertad a prueba en su ausencia y entregó la

custodia a la Administración de Instituciones Juveniles.

En

las

vistas

de

la

madre

del

señor

hijo

se

detención,

inicialmente

que

su

seguimiento

de

Cruz

la

orden

Alicea

encontraba

en

de

informó

Hartford,

Connecticut, pero luego alegó que desconocía su paradero.

Posteriormente, en agosto de 1999 y estando vigente la

orden de detención en su contra, éste fue detenido por

agentes de la Policía por alegada posesión de sustancias

controladas, esta vez, con la intención de distribuir.

En

ese momento el señor Cruz Alicea no dijo la verdad en

cuanto a su nombre y número de seguro social, pero su

fecha de nacimiento resultó ser correcta. Fue conducido

ante un magistrado, se le encontró causa probable para

arresto y fue ingresado en una institución carcelaria para

adultos, de donde luego salió al prestar la fianza.

Sin

embargo,

nuevamente

el

señor

Cruz

Alicea

no

compareció al tribunal de instancia, esta vez a la vista

preliminar,

por

lo

que

se

determinó

causa

probable

en

CC-2008-314

23

ausencia y se ordenó su arresto.

Tanto en esa ocasión

como en el acto de lectura de acusación, la madre del

señor Cruz Alicea informó que no conocía el paradero de su

hijo.

Luego

de

la

incomparecencia

de

éste

a

varios

señalamientos, finalmente se ordenó la confiscación de la

fianza y el archivo administrativo del caso, declarándolo

prófugo de la justicia.

No fue sino hasta el 2005 (transcurridos 6 años)

cuando, después de haber sido extraditado desde el estado

de Connecticut, el señor Cruz Alicea finalmente compareció

al acto de lectura de acusación.

Comenzado el juicio, la

defensa del señor Cruz Alicea planteó que al momento de

cometer los hechos éste era menor de edad, por lo que el

tribunal

carecía

de

jurisdicción

para

procesarlo

como

adulto. Ante ese planteamiento, el foro de instancia se

declaró sin jurisdicción y remitió el expediente a la Sala

de Asuntos de Menores, la cual, determinó que carecía de

autoridad para atender el caso en vista de que el señor

Cruz Alicea había cumplido la mayoría de edad.28

Inconforme,

el

Procurador

General

acudió

ante

el

Tribunal de Apelaciones y alegó, entre otras cosas, que al

28

A su vez, el Tribunal de Menores estableció que los agentes del

orden público habían sido negligentes al no corroborar la edad del

imputado y, por ende, al encausarlo como adulto.

Por lo tanto,

concluyó que el Estado fue responsable de que la querella no se

presentara a tiempo ante su consideración y entendió que el debido

proceso de ley le impedía remitir el caso para que se le procesara

como adulto.

En vista de ello, el Tribunal de Menores ordenó el

archivo del caso.

Cabe señalar que en el caso criminal anterior

también se archivaron los cargos contra el señor Cruz Alicea por éste

haber cumplido 21 años de edad.

CC-2008-314

24

fugarse de la jurisdicción el señor Cruz Alicea fue el

responsable de que su caso no se remitiera a tiempo al

Tribunal

de

Menores

y

procesarlo como adulto.

que,

por

lo

tanto,

correspondía

No obstante, dicho foro apelativo

denegó la expedición del auto solicitado, por lo que el

Procurador General recurrió ante esta Curia.

Atendido el asunto, en aquella ocasión resolvimos

revocar

la

decisión

determinando,

legislación

del

Tribunal

en

primer

lugar,

sobre

menores,

así

de

que

como

su

Apelaciones,

―[l]a

propia

jurisprudencia

interpretativa, presentan la posibilidad de que un menor

sea

encau[s]ado

a

través

del

procedimiento

cuando no se conoce su minoridad‖.29

ordinario

Sin embargo, ―una vez

se conoce la minoridad del imputado, corresponde trasladar

el caso a la Sala de Asuntos de Menores‖.30

Finalmente, según lo resuelto en Pueblo v. Agosto

Vázquez, 112 D.P.R. 57 (1982), establecimos que cuando el

propio acusado es el responsable de que su caso no se

someta a tiempo ante la Sala de Asuntos de Menores, éste

debe ser procesado como adulto, pues se entiende que con

su actuación ha renunciado implícitamente a que la Sala de

Asuntos de Menores determine si retiene jurisdicción sobre

el caso.

reiteramos

Por lo tanto, en Pueblo v. Cruz Alicea, supra,

la

norma

establecida

en

Pueblo

v.

Agosto

Vázquez, supra, en el sentido de que las actuaciones de un

29

Pueblo v. Cruz Alicea, 170 D.P.R. 837, 845 (2007).

30

Íd., pág. 844.

CC-2008-314

acusado

25

al

dilatar

u

obstruir

la

presentación

de

la

denuncia ante el Tribunal de Menores pueden constituir una

renuncia implícita a la jurisdicción de ese foro.

4. El estado de indefensión

Como señalamos, en el caso de autos la Procuradora

General nos plantea como segundo error el hecho de que el

Tribunal

de

Apelaciones

Público

había

procedido

planteamiento,

conviene

requisitos

la

de

determinara

con

de

el

incuria.

adentrarnos

defensa

que

Ministerio

Ante

brevemente

―estado

de

ese

en

los

indefensión‖,

defensa que se plantea ante la alegada incuria del Estado.

Una vez se identifica la existencia de un interés

individual de libertad que está siendo amenazado por una

intervención

del

Estado,

se

activa

la

protección

que

ofrece la cláusula constitucional del debido proceso de

ley, 31 en su vertiente procesal. 32

básicos

de

derecho

que

ese

debido

asiste

proceso

al

Uno de los componentes

de

ciudadano

ley

a

procesal

poder

es

el

preparar

su

defensa.33

La dilación injustificada del Estado en presentar

los

cargos

―estado

de

contra

un

ciudadano

indefensión‖

que,

de

puede

colocarlo

probarse,

en

un

conlleva

la

desestimación o sobreseimiento de la causa penal.

Esto

ocurre cuando el tiempo transcurrido impide que la persona

31

Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

32

Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 D.P.R. 257, 262 (2000).

33

Íd.

CC-2008-314

26

a ser encausada pueda identificar y recopilar prueba que

podría considerarse en su beneficio o exculpatoria.

Por

ejemplo, en ocasiones el tiempo transcurrido pudiera hacer

difícil que la persona recuerde en dónde o con quién, si

alguien,

se

encontraba

el

día

de

los

alegados

hechos,

esto, en perjuicio de una posible defensa de coartada.

Ahora

bien,

―[e]l

lapso

de

tiempo

sujeto

al

escrutinio de razonabilidad estará sujeto a la regla de la

totalidad,

para

lo

que

dependerá

de

la

determinación

judicial de si hubo o no un estado de indefensión para el

34

eventual

imputado‖.

Asimismo,

perjuicio

por

la

dilación

necesaria

pero

no

suficiente

del

en

―[l]a

Estado

sí

es

para

existencia

de

generalmente

sostener

una

alegación de violación al debido proceso de ley‖. 35 En

resumen, la violación al debido proceso de ley que enmarca

esta defensa requiere que la persona demuestre, primero,

que la dilación en la presentación de los cargos en su

contra le causó un estado de indefensión y, segundo, ―que

la razón que tuvo el Estado para tal dilación no está

razonablemente justificada más allá de la liberalidad con

que se debe analizar el proceso investigativo‖.36

34

O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal: Limitaciones constitucionales

al ejercicio del ius puniendi, 71 Rev. Jur. U.P.R. 547, 552 (2002).

35

Pueblo v. Esquilín Maldonado, supra, pág. 263.

United States v. Lovasco, 431 U.S. 783, 790 (1976).

36

Pueblo v. Esquilín Maldonado, supra, pág. 263.

Véase, además,

CC-2008-314

27

III

En el presente caso el foro apelativo intermedio

determinó, en primer término, que la Sala de lo Criminal

no

tenía

contra

jurisdicción

para

recurrido

Villafañe

el

atender

la

causa

presentada

Marcano

porque

éste

era

menor de edad al momento de los hechos que se le imputan.

Tal determinación fue correcta, pues correspondía que el

tribunal con jurisdicción, esto es, la Sala de Asuntos de

Menores,

renunciara

primero

a

su

jurisdicción. 37

Nos

explicamos.

Con relación a los Arts. 4 y 5 de la Ley de Menores,

supra, del análisis de ambos estatutos así como de nuestra

normativa

jurisprudencial

previa

nos

conduce

a

la

conclusión de que es el Art. 4 de la mencionada ley el

único que establece los parámetros de la jurisdicción del

Tribunal de Menores.

Mientras, el Art. 5 enmarca no el

aspecto jurisdiccional del Tribunal de Menores, sino el

término para la implementación del tipo y duración de la

medida dispositiva que se ha de imponer.

encontramos en

la letra de

la

Además, nada

Ley ni en su

historial

legislativo que nos persuada a pensar que el hecho de que

el Art. 5 de la Ley de Menores, supra, disponga que la

Sala de Asuntos de Menores pierde su autoridad sobre una

persona por haber alcanzado los 21 años de edad, implica

que ha perdido a su vez jurisdicción sobre ésta.

37

Eso, claro está, mediante el procedimiento que establece el Art. 15

de la Ley de Menores, supra.

CC-2008-314

28

De manera que para que pueda iniciarse un proceso

criminal en una sala de adultos contra cualquier persona

que según los parámetros del Art. 4 de la Ley de Menores,

supra, se encuentra bajo la jurisdicción de una Sala de

Asuntos de Menores, es necesario que, sin importar las

circunstancias, el Tribunal de Menores haya tenido primero

la oportunidad de renunciar a su jurisdicción sobre la

persona.

acciones

Claro

de

la

está,

esto

persona

a

puedan

no

ser

que

las

interpretarse

propias

como

una

renuncia implícita a la jurisdicción de ese tribunal.

Por

lo

tanto,

en

el

caso

de

autos

lo

que

correspondía era la presentación de la queja primero ante

la Sala de Asuntos de Menores para que, de encontrarse

causa contra Villafañe Marcano, fuera ese tribunal el que,

en el uso de su sana discreción, determinara la renuncia

de su jurisdicción. 38

Sólo entonces el caso podía ser

juzgado en un proceso criminal ordinario.

Ahora bien, en este caso el Tribunal de Apelaciones

concluyó que el foro de instancia carecía de jurisdicción

basado en que no se encontraban presentes los elementos de

una renuncia implícita por parte del recurrido y que el

Estado no pudo justificar su dilación en la presentación

de la causa penal en su contra.

Además, en su sentencia,

el

intermedio

38

ilustrado

foro

apelativo

plantea

la

Recordemos que podrían darse las circunstancias en que, sometido el

caso ante la Sala de Asuntos de Menores, no se encontrara causa para

aprehensión o para la presentación de querella contra el acusado.

CC-2008-314

29

situación

de

que

―en

haberse

beneficiado

este

caso,

del

enfoque

el

peticionario

pudo

ecléctico

fin

o

rehabilitador que... promueve la Ley de Menores... [n]o

obstante, por razones que no son atribuibles [a éste], el

Estado

tardó

7

años

para

iniciar

el

proceso

judicial

contra aquél‖. (Énfasis omitido.)39

En primer lugar, y aunque entendemos la preocupación

del

Tribunal

de

Apelaciones

en

el

sentido

de

que

una

dilación injustificada por parte del Estado en presentar

los cargos parecería dejar sin la oportunidad a un menor

de

aprovecharse

del

―enfoque

ecléctico

o

fin

rehabilitador‖ de la Ley de Menores, no debemos olvidar

que la presentación de los cargos a tiempo contra el aquí

recurrido

no

hubiera

garantizado

el

que

éste

se

aprovechara de tal enfoque rehabilitador de todos modos.

Como

expresamos,

hubiera

sido

la

Sala

de

Asuntos

de

Menores la que en su discreción hubiese decidido sobre

dicho asunto.

En segundo lugar, ¿puede la dilación en presentar

una causa de acción penal por parte del Estado, por la

razón que sea, hacer inefectiva la jurisdicción que en

virtud del Art. 4 de la Ley de Menores ostenta esa sala

especial?

De ninguna manera.

Ya hemos determinado que el

hecho de que el Tribunal de Menores cese en la autoridad

que le confiere

39

el Art.

5

de

la mencionada

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 80.

ley

-como

CC-2008-314

30

consecuencia de que la persona haya cumplido 21 años- no

significa que finaliza, a su vez, su jurisdicción.

Pero, además, la dilación injustificada del Estado

en presentar una causa de acción penal contra un ciudadano

no

es

un

asunto

jurisdiccional,

sino

del

derecho

asiste

al

acusado

de

como

parte

del

debido

proceso

de

ley

una

defensa

adecuada.

en

presentar,

su

vertiente

procesal,

que

Es, entonces, un asunto que deberá levantarse

como una alegación y dirimirse por el foro que finalmente

ostente la jurisdicción sobre el caso; igualmente ocurre

con la prescripción del delito o la falta.

De manera que

la

así

alegación

de

―estado

de

indefensión‖

como

la

―prescripción‖ son defensas que asisten a un acusado, pero

nada tienen que ver con la jurisdicción que sobre éste

ostente

el

tribunal.

De

hecho

y

como

sabemos,

es

precisamente sobre esa base jurisdiccional que el tribunal

tendrá que resolver, en su momento, si proceden o no tales

alegaciones.

En conclusión, de entender el Tribunal de Menores

que

existe

base

para

contra

una

podría

fundamentarse

alcanzado

persona

podría,

si

considerar

sería

el

la

una

bajo

lo

cualquier

su

de

jurisdicción,

los

la

simplemente

en

que

de

El

Tribunal

mayoría

así

desestimación

edad.

el

entiende

conveniente

otra

moción

de

que

alegada

planteamiento

de

la

en

cargos

misma

no

imputado

ha

de

Menores

esa

etapa,

desestimación

dilación

como

del

Estado ha colocado al acusado en un estado de indefensión.

CC-2008-314

Asimismo,

31

podría

rechazar

atender

ese

planteamiento

o

cualquier otro y renunciar a su jurisdicción para que el

mismo sea atendido por el tribunal ordinario, una vez se

le presente. Claro está, en el supuesto de que decida no

atender

ningún

planteamiento

dirigido

cargos

contra

la

que,

persona

o

a

desestimar

considerado

en

los

sus

méritos, el planteamiento sea declarado no ha lugar, el

Tribunal de Menores no tiene otra opción que renunciar a

su jurisdicción y enviar el caso al tribunal ordinario.

IV

En

vista

de

todo

lo

anterior,

se

modifica

la

sentencia del Tribunal de Apelaciones a los efectos de que

se

ordena

el

envío

del

expediente

del

recurrido

al

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de Menores,

para que se inicie nuevamente el proceso y, de encontrar

causa para aprehensión o para presentar alguna querella,

ese

tribunal

determine

si

renuncia

a

su

jurisdicción

conforme a los parámetros aquí delineados.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2008-314

Certiorari

Eric Villafañe Marcano

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, se modifica la sentencia del

Tribunal de Apelaciones a los efectos de que se

ordena el envío del expediente del recurrido al

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de

Menores, para que se inicie nuevamente el proceso

y, de encontrar causa para aprehensión o para

presentar alguna querella, ese tribunal determine

si renuncia a su jurisdicción conforme a los

parámetros aquí delineados.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Martínez Torres hace constar su

conformidad con lo expuesto en la Opinión del

Tribunal y el resultado alcanzado, pero aclara que

ello no significa su conformidad con el análisis

del término ―jurisdicción‖ en la Ley de Menores que

hicimos en Pueblo en interés menor A.A.O., 138

D.P.R.

160

(1995).

La

Juez

Asociada

señora

Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado sin

opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera

García emitió un Voto de Inhibición.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

CC-

v.

CC-2008-0314

Eric Villafañe Marcano

Recurrido

Voto de Inhibición emitido por el Juez Asociado señor Rivera

García

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2011.

La controversia en el presente caso gira en torno a un

aspecto jurisdiccional del pleito criminal instado contra

el

Sr.

Eric

Villafañe

Marcano

(el

recurrido)

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas.

en

el

Durante el

periodo en que este caso estuvo ante el foro primario,

entre los años 2004 al 2007, fungí como Juez Superior

asignado a la sala criminal del tribunal.

Como

parte

de

mis

funciones

judiciales

en

la

sala

criminal, atendí varias incidencias procesales en el caso

CC-2008-0314

de autos.

2

Entre ellas, y la más relevante al recurso que

ocupa a este Tribunal, presidí la vista en la cual se

dilucidó

la solicitud de desestimación por falta de jurisdicción

presentada por el recurrido ante el foro primario.

La

decisión tomada sobre ese petitorio fue consignada en una

Resolución suscrita por mí en calidad de Juez Superior.

Esta determinación fue, a su vez, revisada por el Tribunal

de Apelaciones y objeto de la sentencia impugnada a través

del presente recurso de certiorari.

Una de las bases sobre la cual se sostiene el sistema

de justicia de un país es la imparcialidad con la que los

jueces

que

la

controversias.

componen

adjudican

los

casos

y

La imparcialidad demostrada por cada juez

alimenta la confianza ciudadana en la justicia, lo cual

constituye un factor indispensable en un estado regido por

la ley y el orden.

como

principio

jurisdicción,

que

Así, nuestro ordenamiento legal exige,

ético

se

firmemente

excluya

arraigado

cualquier

en

esta

―apariencia

de

imparcialidad‖ en el sistema de justicia. Lind v. Cruz,

160 D.P.R 485 (2003).

Esta norma ha sido recogida en tanto en los Cánones

XI y XII de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, como en

la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, y

en la Regla 76 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.

II.

A tenor con estos preceptos, un Juez deberá inhibirse

de un procedimiento judicial en donde es susceptible de

actuar en base a influencias personales o externas que

denoten parcialidad, o la aparenten.

Conforme a la norma

CC-2008-0314

de

apariencia

3

de

parcialidad,

para

que

proceda

la

inhibición del magistrado "no es imprescindible probar la

existencia de prejuicio o parcialidad de hecho; basta con

la apariencia de parcialidad o prejuicio". Andino Torres,

Ex parte, 152 D.P.R. 509 (2000)(Voto de inhibición del

Juez Asociado señor Rivera Pérez).

Ello significa que

ante

de

cualquier

imparcialidad

vestigio

para

razonable

adjudicar,

exige

duda

que

el

sobre

la

juez

se

abstenga de actuar en el pleito o procedimiento en aras de

preservar la confianza pública en la Judicatura.

Así las cosas, dada mi intervención en el presente

caso como Juez Superior y en consideración a los mandatos

éticos que rigen el ejercicio de la función judicial, me

inhibo de participar en la adjudicación en sus méritos del

caso de autos.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado