Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo v. Villafañe Marcano
2011 TSPR 146
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo v. Villafañe Marcano
CC-2008-314
Procedimientos contra Menores – Renuncia de jurisdicción por la Sala de Asuntos de Menores cuando el ofensor ha advenido a la mayoría de edad
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
v.
2011 TSPR
183 DPR ___
Eric Villafañe Marcano
Recurrido
Número del Caso: CC
- 2008 - 314
Fecha: 5 de octubre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Caguas, Panel XII
Jueza Ponente:
Carmen A. Pesante Martínez
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón
Procuradora General Auxiliar
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Carmen Ana Rodríguez Maldonado
Materia: Art. 83 C.P. 1974 y Art. 4 L.A.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
146
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2008-314
Certiorari
Eric Villafañe Marcano
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2011.
“Nuestro ordenamiento jurídico no
requiere tan peregrino resultado,
en el que se le confiere a un
adulto inmunidad absoluta de que
se le juzgue en tribunal alguno”.
Pueblo v. Agosto Vázquez, 112
D.P.R. 57, 58 (1982).
El presente caso nos permite pautar si bajo
la
Ley
de
Menores
de
Puerto
Rico,
infra,
un
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de
Menores, debe tener la oportunidad de renunciar a
su jurisdicción sobre una persona mayor de edad que
alegadamente cometió un acto antijurídico mientras
contaba
con
14
años
de
edad,
sin
importar
las
razones para la dilación del Estado en presentar la
CC-2008-314
2
queja o denuncia en su contra. La contestación es en la
afirmativa.
I
Los
hechos
pertinentes
al
caso
se
detallan
a
continuación. El 10 de enero de 1997, el acusado Eric
Villafañe Marcano (Villafañe Marcano o recurrido) contaba
con
14
años
de
edad
cuando
alegadamente
asesinó
de
6
heridas punzantes a la menor Sheila M. Marcano Pastrana,
de 15 años de edad. Por tales hechos, el 12 de febrero de
2004,
esto
presentó
es,
sendas
7
años
después,
denuncias
en
el
las
Ministerio
que
le
Público
imputó
al
recurrido la comisión de un asesinato en primer grado en
la modalidad de muerte alevosa, deliberada y premeditada
(Art. 83 del Código Penal de 1974) y portación de arma
blanca (Art. 4 de la Ley de Armas de Puerto Rico).
Así,
el
para
tribunal
arresto
de instancia
por
ambos
determinó
causa
graves.
Para
delitos
probable
ese
entonces
Villafañe Marcano contaba con 21 años, por lo que ya era
mayor de edad.
El 22 de agosto de 2006 se determinó causa probable
para acusar a Villafañe Marcano y el 20 de septiembre
de 2006 el Ministerio Público formuló la acusación contra
éste por los hechos señalados.
el
recurrido
presentó
una
El 29 de octubre de 2007
moción
de
desestimación
por
falta de jurisdicción fundamentada en que para la fecha de
los
hechos
contaba
con
14
años
de
edad,
por
lo
que
CC-2008-314
3
correspondía al Tribunal de Menores la potestad única para
juzgarlo
e
imponerle
una
medida
dispositiva.
Sostuvo,
además, que toda vez que él no obstruyó la investigación
de las autoridades para que se esclareciera el delito, no
existía razón alguna por la cual un tribunal ordinario de
justicia pudiera asumir jurisdicción.1
Llegado el día del juicio en su fondo, Villafañe
Marcano argumentó -en apoyo a su moción de desestimaciónque debido a que los hechos alegadamente constitutivos de
asesinato
alevosa,
en
primer
deliberada
grado
y
(en
su
premeditada)
modalidad
de
se
cuando
dieron
muerte
él
tenía 14 años de edad y no 15, era la Sala de Asuntos de
Menores la que en su momento tuvo jurisdicción, pues no se
daba un supuesto de renuncia de jurisdicción ―automática‖.
Entonces, señaló, que el Tribunal de Menores tenía que
haber
asumido
su
jurisdicción
renunciaba a la misma.
para
luego
decidir
si
No obstante, advirtió que este
proceso no podía darse en vista de que el recurrido ya era
mayor de 21 años.
1
En su moción, Villafañe Marcano argumentó específicamente que las
autoridades conocían la fecha de los hechos, su fecha de nacimiento y,
por consiguiente, tenían conocimiento de que a la fecha de los hechos,
él sólo tenía 14 años de edad. Además, señaló que mientras fue menor
de edad nunca se le indicó que era sospechoso ni se inició proceso
alguno en su contra, por lo que señaló que la responsabilidad por la
dilación para someter el caso correspondía única y exclusivamente al
Estado.
En ese contexto, el recurrido indicó que no ofreció información
confusa ni falsa sobre sus circunstancias personales y que nunca
obstruyó ni dilató el proceso, por lo que sugirió que no se le podía
imponer responsabilidad por el hecho de que no se había presentado un
caso en su contra en la Sala de Asuntos de Menores.
Así, pues,
Villafañe Marcano solicitó al tribunal de instancia que desestimara
las acusaciones por alegada falta de jurisdicción. Véase Apéndice de
la Petición de certiorari, págs. 5-6.
CC-2008-314
4
En esa primera etapa, el Ministerio Público se opuso
a la moción de Villafañe Marcano aduciendo que, pasados
unos días de la fecha de los hechos, éste se había fugado
y
había
abandonado
desconociéndose
su
la
jurisdicción
paradero
o
su
de
Puerto
dirección
Rico,
hasta
que
finalmente en agosto de 2005 se logró su extradición desde
el estado de New Jersey.
Público
señaló
que
el
En ese contexto, el Ministerio
abandono
de
la
jurisdicción
de
Puerto Rico por parte del recurrido obstruyó y dilató la
investigación y que esa actuación representó una renuncia
implícita a que el foro de justicia juvenil dirimiera el
caso, esto según Pueblo v. Cruz Alicea, 170 D.P.R. 837
(2007) y Pueblo v. Agosto Vázquez, 112 D.P.R. 57 (1982).
El
tribunal
de
instancia
declaró
no
ha
lugar
la
moción de desestimación fundamentando su determinación en
que
el
límite
ordenamiento
jurídico
para
Estado
criminales.
que
el
no
establece
culmine
sus
un
término
investigaciones
Asimismo, distinguió el presente caso de un
precedente en el cual el Estado se ―cruzó de brazos‖ y
días antes de que prescribiera el delito imputado entonces
el Ministerio Público presentó la denuncia.
En ese caso,
aseguró el foro de instancia, procedía que se diera paso a
la defensa de estado de indefensión.
de
instancia
señaló
que
era
Además, el tribunal
evidente
que
a
Villafañe
Marcano no se le había presentado proceso alguno ante la
Sala
de
Asuntos
de
Menores
considerado un sospechoso.
porque
inicialmente
no
era
Añadió que debido a que en un
CC-2008-314
5
momento u otro Villafañe Marcano salió de Puerto Rico,
ello impidió en gran medida que el Estado culminara su
proceso investigativo, pues a la fecha en que culminó la
investigación
y
el
Estado
se
movió
a
presentar
las
denuncias, no encontraron al recurrido en Puerto Rico.
Por último, la ilustrada sala de instancia señaló
que
el
ordenamiento
exige
que
los
tribunales
tengan
jurisdicción sobre la materia y sobre la persona, pero que
esto no puede derrotar el fin último que debe guiar todo
proceso judicial: que el acusado, a quien se le presume
inocente, pueda enfrentar el proceso judicial y el Estado
cumpla con demostrar si cometió o no los delitos que se le
imputan. Finalmente, el foro de instancia determinó que
tenía jurisdicción para procesar a Villafañe Marcano como
adulto y se negó a desestimar las acusaciones contra éste.
Inconforme,
Apelaciones
el
mediante
recurrido
acudió
recurso
certiorari,
de
al
Tribunal
en
el
de
cual
argumentó básicamente lo mismo que había planteado ante el
tribunal de instancia.
Por otro lado, y contrario a lo
que el Ministerio Público había argumentado ante el foro
de instancia, el Procurador General adujo en su alegato
que, luego de reexaminar el expediente del caso, estaba
convencido de que no se satisfacían los criterios de los
casos Pueblo v. Cruz Alicea, supra, y Pueblo v. Agosto
Vázquez,
supra.
sujeto
responder
a
acusación
sino
Aclaró
por
hasta
que
Villafañe
Marcano
los
delitos
que
febrero
de
2004.
ahora
no
estuvo
enfrenta
Asimismo,
el
CC-2008-314
Procurador
6
General
concluyó
que
no
existía
impedimento
legal para que el recurrido abandonara la jurisdicción de
Puerto
Rico
y,
además,
aseguró
que
carecía
de
prueba
contundente que apuntara a que Villafañe Marcano hubiera
impedido el curso de la investigación criminal.
Además, el Procurador General adujo que había sido
un error presentar el caso ante el tribunal ordinario de
justicia una vez culminó la investigación, pero que ese
error procesal no impedía que el asunto fuera remitido a
la Sala de Asuntos de Menores para que se evaluara si bajo
los
criterios
de
la
legislación
aplicable
y
de
las
circunstancias del recurrido, ese foro hubiera renunciado
a
su
jurisdicción
Villafañe
Marcano
para
bajo
el
que
entonces
sistema
de
se
encausara
justicia
a
criminal
ordinario (de adultos).
Atendidos los escritos de ambas partes, el Tribunal
de
Apelaciones
revocó
desestimó
la
determinación
del
tribunal
las
acusaciones
contra
de
instancia
y
Villafañe
Marcano.
En su sentencia, ese foro apelativo señaló que
el ―TPI debió declararse sin jurisdicción para ventilar el
caso criminal que se inició contra el peticionario‖.
En
específico,
lo
el
Tribunal
de
Apelaciones
indicó
siguiente:
Los hechos delictivos por los que
enfrenta acusación el peticionario se
suscitaron cuando tenía 14 años.
El
Estado tenía conocimiento de ese hecho y
el peticionario no proveyó información
falsa que llevara al Estado a desconocer
de su minoridad.
Además, el Estado
CC-2008-314
7
reconoce ahora, contrario a la teoría que
presentó originalmente ante el TPI, que el
peticionario no llevó a cabo actos que
resultaran en un impedimento para la
investigación.
Esto es, indicó que el
peticionario no era sospechoso y podía
libremente salir de la jurisdicción de
Puerto Rico —como de hecho lo hizo. De lo
anterior, se infiere razonablemente que el
Estado se allana a una determinación de
que
el
peticionario
no
renunció
implícitamente a que la Sala de Asuntos de
Menores asumiera jurisdicción de su caso.
De haberse dado lo contrario, entonces
hubiera procedido avalar la actuación del
TPI en cuanto a procesar al peticionario
como
adulto,
sin
mayor
análisis
o
2
contemplación. (Énfasis omitido.)
Además, el Tribunal de Apelaciones planteó que el
recurrido ―pudo haberse beneficiado del enfoque ecléctico
o fin rehabilitador que se profesa que promueve la Ley de
Menores…‖, 3 concluyendo que no pudo hacerlo debido a la
dilación de 7 años del Ministerio Público en presentar los
cargos.
Por último, en la conclusión de su sentencia, el
Tribunal de Apelaciones expone una serie de interrogantes
o
inquietudes
que
ciertamente
son
legítimas
y
que,
mediante el resultado al que llegamos hoy, se atienden en
esta Opinión.
Específicamente, el Tribunal de Apelaciones
plantea lo siguiente:
Hay
precedente
jurisprudencial
claramente establecido que atiende los
supuestos en que corresponde procesar como
adulto, al imputado o acusado de delito,
cuando éste es responsable de que el caso
2
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 80.
3
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 80.
CC-2008-314
8
no se sometiera a tiempo ante la Sala de
Asuntos de Menores. No obstante, nada se
ha indicado para aclarar cómo se debe
atender el supuesto en que se inicia el
proceso judicial criminal, como adulto,
contra
una
persona
que
alegadamente
cometió los hechos delictivos cuando era
menor de edad. Máxime, cuando el propio
Estado reconoce que el imputado o el
acusado no es responsable por la dilación
en el proceso. Tampoco se ha señalado si
el Estado tiene que justificar la dilación
que, en última instancia, le impide al
imputado o acusado beneficiarse de las
disposiciones de la legislación especial
creada para los ofensores menores de edad.
Mucho menos se ha comentado si lo que
procede en esos casos es devolver el caso
a la Sala de Menores para que determine si
tiene o no jurisdicción y autoridad para
lidiar con el caso; o si este curso de
acción debe rechazarse por resultar en un
ejercicio en futilidad, en vista de que el
imputado o acusado ya llegó a la mayoría
de edad, lo cual, en principio, impide que
la Sala de Asuntos de Menores pueda asumir
jurisdicción sobre el caso o pueda ejercer
su autoridad sobre el ofensor. Más aún, no
se han aclarado las implicaciones que
pueda tener un supuesto como el de autos
con el debido proceso de ley de un
imputado o acusado de delito; o si hay
espacio, para plantear y oponer contra el
estado,
la
defensa
de
estado
de
indefensión, principalmente, en casos como
el presente en que subyace una imputación
o una acusación por un delito que no
prescribe. (Énfasis suplido.)4
Inconforme
Apelaciones,
el
con
la
decisión
del
Procurador
General
acude
Tribunal
ante
de
nuestra
consideración mediante un recurso de certiorari, el cual
expedimos, y nos señala la comisión de los siguientes dos
errores por parte del Tribunal de Apelaciones:
4
Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 82-83.
CC-2008-314
9
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones
al determinar que el Tribunal de Menores
no estaba en posición para evaluar los
méritos de una renuncia de jurisdicción.
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones
al decretar que el Ministerio Público
había incurrido en incuria, al concluir
que se había manipulado o burlado los
debidos procesos, sin que se hubiera
desfilado prueba a estos efectos ante el
tribunal de primera instancia.
Con el beneficio de los escritos de ambas partes,
resolvemos.
II
A. La jurisdicción del Tribunal de Menores y su autoridad
Como
señalamos
recientemente,
mediante
la
Ley
de
Menores de Puerto Rico (Ley de Menores), 5 la Legislatura
―diseñó un sistema de justicia especial para menores‖. 6
Entonces, no es de extrañar que para ese procedimiento
especial
el
legislador
estableciera,
jurisdicción
especial
que
a
delimite
su
vez,
una
específica
y
estrictamente el ámbito de acción del Tribunal de Primera
Instancia,
Sala
de
Asuntos
de
Menores,
creado
por
la
propia ley.
El Art. 4 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec.
2204, es el único que dispone sobre cuál ha de ser la
jurisdicción del Tribunal de Menores.
El texto de dicho
artículo señala lo siguiente:
5
Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, 34 L.P.R.A. sec.
2201 et seq.
6
Pueblo
(2010).
en
interés
menores
C.L.R.
y
A.V.L.,178
D.P.R.
315,
341
CC-2008-314
§ 2204. Jurisdicción del tribunal
(1) El tribunal tendrá autoridad para conocer de:
(a) Todo caso en que se impute a un menor
conducta que constituya falta, incurrida antes
de éste haber cumplido dieciocho (18) años de
edad. Dicha autoridad estará sujeta al período
prescriptivo dispuesto en las leyes penales
para la conducta imputada.
(b) Cualquier asunto relacionado con menores,
según
dispuesto
mediante
ley
especial,
confiriéndole facultad para entender en dicho
asunto.
(2) El tribunal no tendrá autoridad para conocer
de:
(a) Todo caso en que se impute a un menor que
hubiere cumplido quince (15) años de edad la
comisión de hechos constitutivos de asesinato
en
primer
grado
mediante
deliberación
y
premeditación.
(b) Todo caso en que se impute a un menor que
hubiere cumplido quince (15) años de edad
hechos constitutivos de delito que surjan de la
misma transacción o evento constitutivo de
asesinato en primer grado mediante deliberación
y premeditación.
(c) Todo caso en que se impute a un menor que
hubiere cumplido quince (15) años de edad
hechos constitutivos de delito cuando se le
hubiese adjudicado previamente un asesinato
como adulto.
(3) En todos los casos contemplados en las
cláusulas (a), (b) y (c) del inciso (2) de esta
sección, el menor será procesado como un adulto.
(4) La Sala de lo Criminal del Tribunal General
de Justicia conservará jurisdicción sobre el menor
aun cuando haga alegación de culpabilidad o medie
convicción por un delito distinto al asesinato.
Igualmente, conservará jurisdicción cuando el
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Menores,
hubiere renunciado a la jurisdicción del menor y
en el procedimiento ordinario como adulto al menor
se le archivaran los cargos o se le encontrara no
culpable.
(5) Cuando un magistrado determine la existencia
de causa probable por un delito distinto al
asesinato, éste y cualquier otro delito que
surgiere de la misma transacción se trasladará al
tribunal
que
ejerza
su
autoridad
bajo
las
disposiciones de este capítulo y éste retendrá y
10
CC-2008-314
11
conservará jurisdicción, según se dispone en la
sec. 2205 de este título.
El mencionado artículo establece que el Tribunal de
Menores
podrá
ejercer
jurisdicción
sobre
todo
acto
antijurídico alegadamente cometido por una persona menor
de
18
años
de
edad,
sujeto,
claro
está,
al
período
prescriptivo dispuesto en las leyes penales para ese acto
antijurídico.
En ese primer contexto ya hemos establecido
que para determinar la jurisdicción especial del Tribunal
de
Primera
Instancia,
Sala
de
Asuntos
de
Menores,
lo
determinante es la edad de la persona al momento en que
alegadamente
ostentará
cometió
la
los
hechos. 7
Además,
que
confiera
jurisdicción
le
ese
tribunal
alguna
ley
especial sobre cualquier asunto relacionado con menores.
El
Art.
4
de
la
Ley
de
Menores,
supra,
también
establece unas instancias en las que de plano el Tribunal
de Menores no tendrá jurisdicción: en primer lugar, cuando
el delito que se impute sea asesinato en primer grado
mediante deliberación y premeditación, y el menor tuviera
cumplidos los 15 años de edad.
Segundo, cuando a un menor
que tenga 15 años o más se le acuse de algún delito que
surja de la misma transacción o evento constitutivo de
asesinato
en
premeditación.
primer
grado
mediante
deliberación
y
En tercer lugar, el Tribunal de Menores no
tendrá jurisdicción cuando se le impute a un menor que
7
Pueblo v. Cruz Alicea, 170 D.P.R. 837 (2007); Pueblo v. Suárez, 167
D.P.R. 850 (2006); Pueblo en interés menor A.A.O., 138 D.P.R. 160
(1995).
CC-2008-314
12
hubiere cumplido 15 años de edad la comisión de un delito,
si a ese menor ―se le hubiese adjudicado previamente un
asesinato como adulto‖.8
Por otro lado, el Art. 5 de la Ley de Menores, 34
L.P.R.A. sec. 2205, establece la duración de lo que el
legislador
ha
llamado
la
―autoridad‖
del
Tribunal
de
Menores.
El texto de ese artículo lee de la siguiente
manera:
§ 2205. Duración de la autoridad del tribunal
El tribunal conservará su autoridad sobre
todo menor sujeto a las disposiciones de este
capítulo hasta que cumpla la edad de veintiún (21)
años, a menos que mediante orden al efecto dé por
terminada la misma.
En todos los casos en que un menor, estando
aún bajo la autoridad del tribunal, sea procesado
y convicto como adulto, el tribunal (Sala Asuntos
de Menores) perderá automáticamente su autoridad
sobre dicho menor. En estos casos, si al momento
de ser acusado como adulto, el menor no presta la
fianza
que
le
fuere
impuesta,
éste
deberá
permanecer internado en una institución de la
Administración de Instituciones Juveniles hasta
tanto sea convicto como adulto.
Una vez sea
convicto como adulto cesará la autoridad de la
Administración de Instituciones Juveniles sobre
dicho menor y el mismo será puesto inmediatamente
bajo
la
autoridad
del
Tribunal
General
de
Justicia.
El tribunal tomará las providencias
necesarias para asegurarse de que el convicto
quede bajo custodia de la Administración.
Esta
disposición
plantea
expresamente
que
el
Tribunal de Menores ―conservará su autoridad sobre todo
menor sujeto a las disposiciones de este capítulo hasta
8
Art. 4(2)(c), 34 L.P.R.A. sec. 2204(2)(c).
CC-2008-314
13
que cumpla la edad de veintiún (21) años, a menos que
mediante orden al efecto dé por terminada la misma‖.9
Ahora
bien,
a
pesar
de
que
estos
dos
artículos
–Arts. 4 y 5 de la Ley de Menores- son laxos al establecer
una
diferencia
―jurisdicción‖
en
y
la
utilización
―autoridad‖,
diferencia entre ambos.
de
los
ciertamente
conceptos
existe
una
Entonces, en el marco del tema
jurisdiccional y en específico ante la tarea de enfatizar
esa diferencia enmarcándola en el resultado que produce,
conviene
considerar
tres
casos
en
los
que,
desde
la
creación de la actual Ley de Menores y sus enmiendas,
hemos establecido pautas sobre el asunto.
1. Pueblo en interés menor A.A.O. (1995):
El primer caso que es necesario considerar es Pueblo
en interés menor A.A.O., 138 D.P.R. 160 (1995).
En dicho
caso establecimos que ―… una vez un menor es procesado y
convicto como adulto por un delito cometido antes de su
mayoría
de
edad,
el
Tribunal
de
Menores
no
tendrá
jurisdicción, si posteriormente este joven es encausado
por conducta constitutiva de delito cometida antes de los
18 años‖. 10 Los hechos pertinentes en Pueblo en interés
menor
A.A.O.,
supra,
son
los
que
se
incluyen
a
continuación: por hechos ocurridos cuando tenía 17 años de
9
10
Art. 5 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2205.
D. Nevares-Muñiz, Derecho de menores, 5ta ed., Hato Rey, Inst.
Desarrollo del Derecho, Inc., 2005, pág. 26. Véanse, también: Pueblo
en interés menor A.A.O.,
supra, págs. 172-173; Pueblo v. Figueroa
González, 95 D.P.R. 98, 106 (1967).
CC-2008-314
14
edad, se presentaron denuncias contra el menor A.A.O. por
asesinato, robo y violaciones a la Ley de Armas, esto en
el Tribunal Superior, Sala de lo Criminal.
Con relación a
esos
alegación
hechos,
el
menor
A.A.O.
hizo
culpabilidad. 11
Una
semana
después
de
alegación,
Procurador
el
Tribunal
de
Menores
convicto
en
cuanto
que
a
una
de
Menores
cesara
su
medida
haber
le
de
hecho
tal
solicitó
al
autoridad
dispositiva
sobre
que
el
había
impuesto con relación a unas faltas de alteración a la paz
y amenaza por las cuales el menor había sido encontrado
incurso previamente.
Así, la Sala de Asuntos de Menores
ordenó
y
el
cierre
el
archivo
del
expediente
correspondiente al menor.
Posteriormente, por otros hechos cometidos incluso
una
semana
antes
de
los
hechos
por
los
cuales
había
aceptado culpabilidad como adulto, el convicto A.A.O. fue
acusado nuevamente en el Tribunal Superior, Sala de lo
Criminal, por los delitos de tentativa de asesinato, robo
y violaciones a la Ley de Armas.
Sin embargo, en ese
momento la Sala de lo Criminal determinó que no tenía
jurisdicción
cometidas
porque
cuando
acusaciones
y
al
acusado
era
menor,
ordenó
el
Tribunal de Menores.
se
por
le
lo
traslado
imputaban
faltas
que
desestimó
las
del
expediente
al
Una vez recibió el expediente, la
Sala de Asuntos de Menores se declaró sin jurisdicción y
11
En ese momento ya el menor había sido encontrado incurso y se le
había impuesto una medida dispositiva por faltas de alteración a la
paz y amenaza, conforme al sistema de justicia para menores, ello en
el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de Menores.
CC-2008-314
fundamentó
15
su
decisión
básicamente
en
que
ya
había
terminado su autoridad sobre el menor, pues éste ya había
sido convicto como adulto, de conformidad con el Art. 5 de
la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2205.
Finalmente,
y
como
adelantamos,
tal
determinación
fue
confirmada por esta Curia.
Ahora bien, lo que realmente es pertinente al caso
que nos ocupa es que en Pueblo en interés menor A.A.O.,
supra, también establecimos -por primera vez con meridiana
claridad- la realidad de que el concepto “jurisdicción” al
que se refiere el Art. 4 de la Ley de Menores, supra, y el
concepto
“autoridad”
del
Art.
5
de
dicha
ley,
íntimamente relacionados, no son análogos.
aunque
En ese caso,
reiterado posteriormente en Pueblo v. Suárez, 167 D.P.R.
850,
858
(2006),
―jurisdicción‖
Menores,
también
utilizado
supra,
en
señalando
definimos
el
concepto
el
Art.
4
de
la
Ley
de
que
éste
se
refiere
a
la
―facultad especial de la Sala de Asuntos de Menores para
entender en procesos contra éstos y se relaciona ‗con la
cuestión de si el menor debe ser encausado dentro del
sistema de justicia juvenil o en el sistema de justicia
criminal‘‖. 12
Dicho
determinante
al
de
decidir
otro
modo,
quién
debe
―la
jurisdicción
ser
encausado
es
como
menor o, por el contrario, como adulto‖.13
12
Pueblo v. Suárez, 167 D.P.R. 850, 858 (2006) citando a Pueblo en
interés menor A.A.O., 138 D.P.R. 160, 172 (1995).
13
Íd.
CC-2008-314
16
Finalmente, y muy pertinente a la controversia que
nos
ocupa,
en
Pueblo
en
interés
menor
A.A.O,
supra,
señalamos que los conceptos ―jurisdicción‖ y ―autoridad‖
se refieren a etapas distintas del proceso: la
jurisdicción
determina
quién
debe
ser
encausado dentro del sistema de justicia
juvenil y la autoridad define el tipo y la
duración de la medida impuesta una vez se
determine que éste se encuentra incurso en
falta.14
2. Pueblo v. Suárez (2006)
El caso Pueblo v. Suárez, 167 D.P.R. 850 (2006), es
extremadamente importante con relación a la polémica que
nos ocupa.
En ese caso la Procuradora de Menores presentó
una queja en el Tribunal de Menores contra el Sr. Wilfredo
Suárez Alers, de 22 años de edad, por hechos ocurridos
cuando éste sólo tenía 13 años. 15
Una vez se celebraron
las vistas correspondientes y fue presentada la querella
contra el señor Suárez Alers, la Procuradora de Menores
solicitó la renuncia de la jurisdicción, a tenor con el
Art. 15 de la Ley de Menores.16
El
solicitud
aunque
tribunal
de
tenía
de
renuncia
instancia
de
jurisdicción
declaró
jurisdicción
sobre
el
con
lugar
la
al
resolver
que,
señor
Suárez
Alers
debido a que los hechos fueron cometidos mientras éste era
14
Pueblo en interés menor A.A.O., supra, pág. 173.
15
En la queja se le imputó al señor Suárez Alers haber incurrido,
alegadamente, en el delito de actos lascivos o impúdicos contra el
menor M.B.E., de 7 años de edad.
16
34 L.P.R.A. sec. 2215.
CC-2008-314
17
menor, no tenía autoridad para juzgarlo e imponer medidas
dispositivas,
había
ya
advenido
que
al
momento
a su mayoría
de
de
ser
edad.
procesado
éste
El Tribunal de
Menores renunció a su jurisdicción sobre el señor Suárez
Alers y remitió el expediente a la Sala de lo Criminal
para que fuese juzgado como adulto, en donde finalmente
fue acusado por el delito de actos lascivos.
Entonces, los cargos fueron presentados ante la Sala
de lo Criminal, en donde Suárez Alers, a su vez, presentó
una moción de desestimación basada en que la ―dilación del
Estado‖ en presentar la denuncia en su contra lo colocaba
en estado de indefensión. 17 El Ministerio Público, por su
parte, se opuso aduciendo que el Estado no había sido
negligente
dilación
ni
no
había
le
era
procedido
con
atribuible. 18
incuria,
ya
Luego
una
de
que
la
vista
evidenciaria para evaluar la solicitud de desestimación,
la Sala de lo Criminal desestimó el pliego acusatorio al
concluir
que
el
acusado
se
encontraba
en
estado
de
indefensión.19
17
En su moción de desestimación, el señor Suárez Alers argumentó que,
luego de transcurrir nueve años desde la ocurrencia de los hechos
hasta la presentación de los cargos, le era imposible recordar dónde
se encontraba ese día, lo que impedía que pudiera traer evidencia a su
favor y ello constituía una clara violación al debido proceso de ley.
18
El Ministerio Público señaló que actuó con diligencia una vez le fue
notificada la querella presentada contra el señor Suárez Alers,
procurando la correspondiente acción ante el Tribunal Superior, Sala
de Asuntos de Menores. Además, indicó que el retraso no había causado
perjuicio significativo a la defensa del acusado.
19
El foro de instancia entendió que luego de transcurrir nueve años
entre la ocurrencia del alegado incidente y la fecha en que el señor
Suárez Alers fue acusado, el derecho de éste a preparar una defensa
adecuada se había vulnerado severamente.
Ello, a su vez, incidía
sobre el derecho del señor Suárez Alers a un juicio justo e imparcial.
CC-2008-314
18
El Ministerio Público recurrió de tal decisión y el
Tribunal
de
Apelaciones
dilación
en
la
revocó
presentación
de
al
determinar
que
la
la
acusación
no
era
atribuible al Estado. 20 Entonces, el señor Suárez Alers
recurrió
ante
esta
Curia
y
revocamos
la
sentencia
del
Tribunal de Apelaciones bajo el fundamento de que había
errado
el
Tribunal
jurisdicción.
del Art. 15
de
Menores
al
renunciar
a
su
Al así hacerlo, señalamos que una lectura
de
la Ley de Menores,
supra,
nos muestra
claramente que el Tribunal de Menores sólo podrá conceder
la renuncia de jurisdicción en aquellos casos que el menor
involucrado sea mayor de 14 años de edad.21
En ese sentido
20
El Tribunal de Apelaciones concluyó que la dilación en la
presentación de la acusación no era atribuible al Estado, ya que fue
el padre del menor quien, a pesar de tener conocimiento de lo
ocurrido, no presentó querella alguna en ese momento.
Dicho foro
apelativo indicó que el Estado actuó diligentemente, pues una vez supo
lo ocurrido entonces inició rápidamente el trámite correspondiente
ante el Tribunal Superior, Sala de Asuntos de Menores. También señaló
que aun analizando la alegación genérica del acusado de que la
dilación en el procedimiento le impedía preparar adecuadamente su
defensa,
ésta
era insuficiente
para
configurar
―el perjuicio
específico y concreto que requiere la doctrina sobre el estado de
indefensión‖. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones concluyó que
la alegación de perjuicio fue abstracta y general, por lo cual
resultaba improcedente.
21
En lo pertinente, el Art. 15 de la Ley de Menores, supra, dispone lo
siguiente:
§ 2215. Renuncia de jurisdicción
(a) Solicitud por Procurador.— El tribunal, a
solicitud del Procurador, podrá renunciar la
jurisdicción sobre un menor que sea mayor de
catorce (14) años y menor de dieciocho (18) años,
a quien se le impute la comisión de cualquier
falta Clase II o III.
El Procurador deberá
efectuar
dicha
solicitud
mediante
moción
fundamentada cuando considere que entender en el
caso bajo las disposiciones de este capítulo no
responderá a los mejores intereses del menor y de
la comunidad.
CC-2008-314
19
señalamos que el Tribunal de Menores ―aun cuando podía
asumir jurisdicción en la queja... por ser [Suárez Alers]
menor de edad al momento de los hechos, no podía bajo
ningún supuesto renunciar a su jurisdicción y referir el
asunto a la Sala de lo Criminal del Tribunal Superior‖.22
En primer lugar, y como vemos, en Pueblo v. Suárez,
supra, a pesar de que el fundamento para las decisiones de
los
foros
apelados
se
basó
exclusivamente
en
la
concurrencia de los elementos de la defensa de ―estado de
indefensión‖, este Foro correctamente atendió primero el
aspecto jurisdiccional, archivando el pliego acusatorio y
ordenando el sobreseimiento de la causa de acción contra
el señor Suárez Alers.23
Más pertinente aún, en Pueblo v. Suárez, supra, un
caso que como el de autos giraba en torno a la dilación
por parte del Estado en presentar la denuncia contra el
acusado, adelantamos lo que sería nuestra posición ante la
controversia que nos ocupa, pues en el escolio número 4
señalamos lo siguiente:
Debe quedar claro, sin embargo, que si
Suárez Alers hubiese sido mayor de catorce
años cuando ocurrieron los hechos que se le
imputaron, nada impedía que la Sala de Asuntos
de Menores asumiera jurisdicción y que, luego
22
23
Pueblo v. Suárez, supra, págs. 861-862.
Además del aspecto jurisdiccional, el señor Suárez Alers no podía ser
procesado por nuestro sistema de justicia criminal porque al momento
de los hechos contaba con sólo 13 años de edad, lo que lo hacía
inimputable por razón de minoridad. Art. 29 del Código Penal de 1974,
33 L.P.R.A. sec. 3151.
La misma situación se suscitaría bajo el
Código Penal vigente (Art. 38 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A.
sec. 4666).
CC-2008-314
20
de la vista correspondiente, determinar[a] si
procedía o no renunciar a su jurisdicción.
(Énfasis suplido.)24
Incluso,
la
opinión
disidente
del
Juez
Asociado
señor Rebollo López, a la que se unió el Juez Asociado
señor Rivera Pérez, señala lo siguiente:
Debe mantenerse presente que si a la
fecha de la alegada comisión de los hechos el
peticionario Suárez Alers era, en efecto,
mayor
de
catorce
años,
la
renuncia
de
jurisdicción que llevara a efecto la Sala
Superior de Asuntos de Menores es válida en
derecho. Si ello es así, la Sala Superior de
lo
Criminal...
tendría
jurisdicción
para
juzgar, como adulto, al peticionario Suárez
Alers por el delito de actos lascivos o
impúdicos. (Énfasis en el original.)25
De manera que, con relación a este punto, en Pueblo
v. Suárez, supra, esta Curia se expresó en forma unánime.
Por otro lado y respecto al concepto ―autoridad‖ del
Art. 5 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2205, en
Pueblo
v.
Suárez,
supra,
pág.
859
esc.
1,
citando
nuevamente a Pueblo en interés menor A.A.O, 138 D.P.R. 160
(1995), señalamos que ―[e]l concepto ―autoridad‖ utilizado
en el estatuto [Art. 15 de la Ley de Menores] se refiere a
la supervisión, detención o custodia del menor que asume
el
Estado
como
parens
patriae,
mientras
a
éste
se
le
encausa y luego de que se ha determinado que está incurso
24
25
Pueblo v. Suárez, supra, pág. 862 esc. 4.
Pueblo v. Suárez, supra, pág. 870.
El disenso de estos Jueces
Asociados respondió única y exclusivamente a que entendían que del
expediente del caso surgían dudas con relación a cuál era realmente la
edad del señor Suárez Alers al momento de los hechos, por lo que se
oponían al sobreseimiento de la causa penal por minoridad.
CC-2008-314
21
en la comisión de una falta‖. 26 Asimismo, concluimos que
este concepto ―se refiere al tipo y a la duración de la
medida
impuesta
encuentra
una
incurso
en
vez
se
determine
una
falta‖. 27
que
el
menor
se
Por
lo
tanto,
el
concepto ―autoridad‖ del Art. 5 de la Ley de Menores,
supra,
no
Tribunal
se
de
implementación
refiere
el
Menores,
del
aspecto
sino
tipo
y
al
jurisdiccional
del
término
la
duración
de
para
la
medida
dispositiva.
3. Pueblo v. Cruz Alicea (2007)
El tercer y último de los casos que es menester
discutir es Pueblo v. Cruz Alicea, 170 D.P.R. 837 (2007).
En
dicho
caso
atendimos
una
controversia
similar
a
la
planteada en Pueblo v. Suárez, supra, y a la del presente
caso.
En particular, la Sala de Asuntos de Menores se
declaró sin jurisdicción sobre el Sr. Luis Cruz Alicea por
éste haber cumplido la mayoría de edad sin que el caso se
hubiera
sometido
Menores.
a
tiempo
ante
la
Sala
de
Asuntos
de
Ahora bien, en Pueblo v. Cruz Alicea, supra, el
Procurador General logró probar que el caso no pudo ser
presentado
Menores
oportunamente
porque
el
ante
acusado
la
se
Sala
de
Asuntos
había
fugado
de
de
la
jurisdicción y cuando finalmente fue localizado por las
autoridades, ya había cumplido la mayoría de edad. Los
hechos
pertinentes
son
los
siguientes:
el
26
Véase Pueblo en interés menor A.A.O., supra, pág. 172.
27
Íd., pág. 173.
señor
Cruz
CC-2008-314
Alicea
22
hizo
alegación
de
culpabilidad
por
posesión
de
sustancias controladas ante la Sala de Asuntos de Menores,
por
lo
que
el
tribunal
libertad
a
prueba
bajo
de
instancia
la
custodia
le
de
concedió
su
madre.
la
No
obstante, pasado un tiempo el foro de instancia ordenó su
ingreso
a
un
terapéutico.
Hogar
CREA
para
recibir
tratamiento
Sin embargo, el señor Cruz Alicea no acudió
a dicho centro terapéutico, por lo que el tribunal de
instancia
emitió
una
orden
de
detención
en
su
contra,
revocó la libertad a prueba en su ausencia y entregó la
custodia a la Administración de Instituciones Juveniles.
En
las
vistas
de
la
madre
del
señor
hijo
se
detención,
inicialmente
que
su
seguimiento
de
Cruz
la
orden
Alicea
encontraba
en
de
informó
Hartford,
Connecticut, pero luego alegó que desconocía su paradero.
Posteriormente, en agosto de 1999 y estando vigente la
orden de detención en su contra, éste fue detenido por
agentes de la Policía por alegada posesión de sustancias
controladas, esta vez, con la intención de distribuir.
En
ese momento el señor Cruz Alicea no dijo la verdad en
cuanto a su nombre y número de seguro social, pero su
fecha de nacimiento resultó ser correcta. Fue conducido
ante un magistrado, se le encontró causa probable para
arresto y fue ingresado en una institución carcelaria para
adultos, de donde luego salió al prestar la fianza.
Sin
embargo,
nuevamente
el
señor
Cruz
Alicea
no
compareció al tribunal de instancia, esta vez a la vista
preliminar,
por
lo
que
se
determinó
causa
probable
en
CC-2008-314
23
ausencia y se ordenó su arresto.
Tanto en esa ocasión
como en el acto de lectura de acusación, la madre del
señor Cruz Alicea informó que no conocía el paradero de su
hijo.
Luego
de
la
incomparecencia
de
éste
a
varios
señalamientos, finalmente se ordenó la confiscación de la
fianza y el archivo administrativo del caso, declarándolo
prófugo de la justicia.
No fue sino hasta el 2005 (transcurridos 6 años)
cuando, después de haber sido extraditado desde el estado
de Connecticut, el señor Cruz Alicea finalmente compareció
al acto de lectura de acusación.
Comenzado el juicio, la
defensa del señor Cruz Alicea planteó que al momento de
cometer los hechos éste era menor de edad, por lo que el
tribunal
carecía
de
jurisdicción
para
procesarlo
como
adulto. Ante ese planteamiento, el foro de instancia se
declaró sin jurisdicción y remitió el expediente a la Sala
de Asuntos de Menores, la cual, determinó que carecía de
autoridad para atender el caso en vista de que el señor
Cruz Alicea había cumplido la mayoría de edad.28
Inconforme,
el
Procurador
General
acudió
ante
el
Tribunal de Apelaciones y alegó, entre otras cosas, que al
28
A su vez, el Tribunal de Menores estableció que los agentes del
orden público habían sido negligentes al no corroborar la edad del
imputado y, por ende, al encausarlo como adulto.
Por lo tanto,
concluyó que el Estado fue responsable de que la querella no se
presentara a tiempo ante su consideración y entendió que el debido
proceso de ley le impedía remitir el caso para que se le procesara
como adulto.
En vista de ello, el Tribunal de Menores ordenó el
archivo del caso.
Cabe señalar que en el caso criminal anterior
también se archivaron los cargos contra el señor Cruz Alicea por éste
haber cumplido 21 años de edad.
CC-2008-314
24
fugarse de la jurisdicción el señor Cruz Alicea fue el
responsable de que su caso no se remitiera a tiempo al
Tribunal
de
Menores
y
procesarlo como adulto.
que,
por
lo
tanto,
correspondía
No obstante, dicho foro apelativo
denegó la expedición del auto solicitado, por lo que el
Procurador General recurrió ante esta Curia.
Atendido el asunto, en aquella ocasión resolvimos
revocar
la
decisión
determinando,
legislación
del
Tribunal
en
primer
lugar,
sobre
menores,
así
de
que
como
su
Apelaciones,
―[l]a
propia
jurisprudencia
interpretativa, presentan la posibilidad de que un menor
sea
encau[s]ado
a
través
del
procedimiento
cuando no se conoce su minoridad‖.29
ordinario
Sin embargo, ―una vez
se conoce la minoridad del imputado, corresponde trasladar
el caso a la Sala de Asuntos de Menores‖.30
Finalmente, según lo resuelto en Pueblo v. Agosto
Vázquez, 112 D.P.R. 57 (1982), establecimos que cuando el
propio acusado es el responsable de que su caso no se
someta a tiempo ante la Sala de Asuntos de Menores, éste
debe ser procesado como adulto, pues se entiende que con
su actuación ha renunciado implícitamente a que la Sala de
Asuntos de Menores determine si retiene jurisdicción sobre
el caso.
reiteramos
Por lo tanto, en Pueblo v. Cruz Alicea, supra,
la
norma
establecida
en
Pueblo
v.
Agosto
Vázquez, supra, en el sentido de que las actuaciones de un
29
Pueblo v. Cruz Alicea, 170 D.P.R. 837, 845 (2007).
30
Íd., pág. 844.
CC-2008-314
acusado
25
al
dilatar
u
obstruir
la
presentación
de
la
denuncia ante el Tribunal de Menores pueden constituir una
renuncia implícita a la jurisdicción de ese foro.
4. El estado de indefensión
Como señalamos, en el caso de autos la Procuradora
General nos plantea como segundo error el hecho de que el
Tribunal
de
Apelaciones
Público
había
procedido
planteamiento,
conviene
requisitos
la
de
determinara
con
de
el
incuria.
adentrarnos
defensa
que
Ministerio
Ante
brevemente
―estado
de
ese
en
los
indefensión‖,
defensa que se plantea ante la alegada incuria del Estado.
Una vez se identifica la existencia de un interés
individual de libertad que está siendo amenazado por una
intervención
del
Estado,
se
activa
la
protección
que
ofrece la cláusula constitucional del debido proceso de
ley, 31 en su vertiente procesal. 32
básicos
de
derecho
que
ese
debido
asiste
proceso
al
Uno de los componentes
de
ciudadano
ley
a
procesal
poder
es
el
preparar
su
defensa.33
La dilación injustificada del Estado en presentar
los
cargos
―estado
de
contra
un
ciudadano
indefensión‖
que,
de
puede
colocarlo
probarse,
en
un
conlleva
la
desestimación o sobreseimiento de la causa penal.
Esto
ocurre cuando el tiempo transcurrido impide que la persona
31
Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.
32
Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 D.P.R. 257, 262 (2000).
33
Íd.
CC-2008-314
26
a ser encausada pueda identificar y recopilar prueba que
podría considerarse en su beneficio o exculpatoria.
Por
ejemplo, en ocasiones el tiempo transcurrido pudiera hacer
difícil que la persona recuerde en dónde o con quién, si
alguien,
se
encontraba
el
día
de
los
alegados
hechos,
esto, en perjuicio de una posible defensa de coartada.
Ahora
bien,
―[e]l
lapso
de
tiempo
sujeto
al
escrutinio de razonabilidad estará sujeto a la regla de la
totalidad,
para
lo
que
dependerá
de
la
determinación
judicial de si hubo o no un estado de indefensión para el
34
eventual
imputado‖.
Asimismo,
perjuicio
por
la
dilación
necesaria
pero
no
suficiente
del
en
―[l]a
Estado
sí
es
para
existencia
de
generalmente
sostener
una
alegación de violación al debido proceso de ley‖. 35 En
resumen, la violación al debido proceso de ley que enmarca
esta defensa requiere que la persona demuestre, primero,
que la dilación en la presentación de los cargos en su
contra le causó un estado de indefensión y, segundo, ―que
la razón que tuvo el Estado para tal dilación no está
razonablemente justificada más allá de la liberalidad con
que se debe analizar el proceso investigativo‖.36
34
O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal: Limitaciones constitucionales
al ejercicio del ius puniendi, 71 Rev. Jur. U.P.R. 547, 552 (2002).
35
Pueblo v. Esquilín Maldonado, supra, pág. 263.
United States v. Lovasco, 431 U.S. 783, 790 (1976).
36
Pueblo v. Esquilín Maldonado, supra, pág. 263.
Véase, además,
CC-2008-314
27
III
En el presente caso el foro apelativo intermedio
determinó, en primer término, que la Sala de lo Criminal
no
tenía
contra
jurisdicción
para
recurrido
Villafañe
el
atender
la
causa
presentada
Marcano
porque
éste
era
menor de edad al momento de los hechos que se le imputan.
Tal determinación fue correcta, pues correspondía que el
tribunal con jurisdicción, esto es, la Sala de Asuntos de
Menores,
renunciara
primero
a
su
jurisdicción. 37
Nos
explicamos.
Con relación a los Arts. 4 y 5 de la Ley de Menores,
supra, del análisis de ambos estatutos así como de nuestra
normativa
jurisprudencial
previa
nos
conduce
a
la
conclusión de que es el Art. 4 de la mencionada ley el
único que establece los parámetros de la jurisdicción del
Tribunal de Menores.
Mientras, el Art. 5 enmarca no el
aspecto jurisdiccional del Tribunal de Menores, sino el
término para la implementación del tipo y duración de la
medida dispositiva que se ha de imponer.
encontramos en
la letra de
la
Además, nada
Ley ni en su
historial
legislativo que nos persuada a pensar que el hecho de que
el Art. 5 de la Ley de Menores, supra, disponga que la
Sala de Asuntos de Menores pierde su autoridad sobre una
persona por haber alcanzado los 21 años de edad, implica
que ha perdido a su vez jurisdicción sobre ésta.
37
Eso, claro está, mediante el procedimiento que establece el Art. 15
de la Ley de Menores, supra.
CC-2008-314
28
De manera que para que pueda iniciarse un proceso
criminal en una sala de adultos contra cualquier persona
que según los parámetros del Art. 4 de la Ley de Menores,
supra, se encuentra bajo la jurisdicción de una Sala de
Asuntos de Menores, es necesario que, sin importar las
circunstancias, el Tribunal de Menores haya tenido primero
la oportunidad de renunciar a su jurisdicción sobre la
persona.
acciones
Claro
de
la
está,
esto
persona
a
puedan
no
ser
que
las
interpretarse
propias
como
una
renuncia implícita a la jurisdicción de ese tribunal.
Por
lo
tanto,
en
el
caso
de
autos
lo
que
correspondía era la presentación de la queja primero ante
la Sala de Asuntos de Menores para que, de encontrarse
causa contra Villafañe Marcano, fuera ese tribunal el que,
en el uso de su sana discreción, determinara la renuncia
de su jurisdicción. 38
Sólo entonces el caso podía ser
juzgado en un proceso criminal ordinario.
Ahora bien, en este caso el Tribunal de Apelaciones
concluyó que el foro de instancia carecía de jurisdicción
basado en que no se encontraban presentes los elementos de
una renuncia implícita por parte del recurrido y que el
Estado no pudo justificar su dilación en la presentación
de la causa penal en su contra.
Además, en su sentencia,
el
intermedio
38
ilustrado
foro
apelativo
plantea
la
Recordemos que podrían darse las circunstancias en que, sometido el
caso ante la Sala de Asuntos de Menores, no se encontrara causa para
aprehensión o para la presentación de querella contra el acusado.
CC-2008-314
29
situación
de
que
―en
haberse
beneficiado
este
caso,
del
enfoque
el
peticionario
pudo
ecléctico
fin
o
rehabilitador que... promueve la Ley de Menores... [n]o
obstante, por razones que no son atribuibles [a éste], el
Estado
tardó
7
años
para
iniciar
el
proceso
judicial
contra aquél‖. (Énfasis omitido.)39
En primer lugar, y aunque entendemos la preocupación
del
Tribunal
de
Apelaciones
en
el
sentido
de
que
una
dilación injustificada por parte del Estado en presentar
los cargos parecería dejar sin la oportunidad a un menor
de
aprovecharse
del
―enfoque
ecléctico
o
fin
rehabilitador‖ de la Ley de Menores, no debemos olvidar
que la presentación de los cargos a tiempo contra el aquí
recurrido
no
hubiera
garantizado
el
que
éste
se
aprovechara de tal enfoque rehabilitador de todos modos.
Como
expresamos,
hubiera
sido
la
Sala
de
Asuntos
de
Menores la que en su discreción hubiese decidido sobre
dicho asunto.
En segundo lugar, ¿puede la dilación en presentar
una causa de acción penal por parte del Estado, por la
razón que sea, hacer inefectiva la jurisdicción que en
virtud del Art. 4 de la Ley de Menores ostenta esa sala
especial?
De ninguna manera.
Ya hemos determinado que el
hecho de que el Tribunal de Menores cese en la autoridad
que le confiere
39
el Art.
5
de
la mencionada
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 80.
ley
-como
CC-2008-314
30
consecuencia de que la persona haya cumplido 21 años- no
significa que finaliza, a su vez, su jurisdicción.
Pero, además, la dilación injustificada del Estado
en presentar una causa de acción penal contra un ciudadano
no
es
un
asunto
jurisdiccional,
sino
del
derecho
asiste
al
acusado
de
como
parte
del
debido
proceso
de
ley
una
defensa
adecuada.
en
presentar,
su
vertiente
procesal,
que
Es, entonces, un asunto que deberá levantarse
como una alegación y dirimirse por el foro que finalmente
ostente la jurisdicción sobre el caso; igualmente ocurre
con la prescripción del delito o la falta.
De manera que
la
así
alegación
de
―estado
de
indefensión‖
como
la
―prescripción‖ son defensas que asisten a un acusado, pero
nada tienen que ver con la jurisdicción que sobre éste
ostente
el
tribunal.
De
hecho
y
como
sabemos,
es
precisamente sobre esa base jurisdiccional que el tribunal
tendrá que resolver, en su momento, si proceden o no tales
alegaciones.
En conclusión, de entender el Tribunal de Menores
que
existe
base
para
contra
una
podría
fundamentarse
alcanzado
persona
podría,
si
considerar
sería
el
la
una
bajo
lo
cualquier
su
de
jurisdicción,
los
la
simplemente
en
que
de
El
Tribunal
mayoría
así
desestimación
edad.
el
entiende
conveniente
otra
moción
de
que
alegada
planteamiento
de
la
en
cargos
misma
no
imputado
ha
de
Menores
esa
etapa,
desestimación
dilación
como
del
Estado ha colocado al acusado en un estado de indefensión.
CC-2008-314
Asimismo,
31
podría
rechazar
atender
ese
planteamiento
o
cualquier otro y renunciar a su jurisdicción para que el
mismo sea atendido por el tribunal ordinario, una vez se
le presente. Claro está, en el supuesto de que decida no
atender
ningún
planteamiento
dirigido
cargos
contra
la
que,
persona
o
a
desestimar
considerado
en
los
sus
méritos, el planteamiento sea declarado no ha lugar, el
Tribunal de Menores no tiene otra opción que renunciar a
su jurisdicción y enviar el caso al tribunal ordinario.
IV
En
vista
de
todo
lo
anterior,
se
modifica
la
sentencia del Tribunal de Apelaciones a los efectos de que
se
ordena
el
envío
del
expediente
del
recurrido
al
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de Menores,
para que se inicie nuevamente el proceso y, de encontrar
causa para aprehensión o para presentar alguna querella,
ese
tribunal
determine
si
renuncia
a
su
jurisdicción
conforme a los parámetros aquí delineados.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2008-314
Certiorari
Eric Villafañe Marcano
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente, se modifica la sentencia del
Tribunal de Apelaciones a los efectos de que se
ordena el envío del expediente del recurrido al
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de
Menores, para que se inicie nuevamente el proceso
y, de encontrar causa para aprehensión o para
presentar alguna querella, ese tribunal determine
si renuncia a su jurisdicción conforme a los
parámetros aquí delineados.
Así
lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Asociado señor Martínez Torres hace constar su
conformidad con lo expuesto en la Opinión del
Tribunal y el resultado alcanzado, pero aclara que
ello no significa su conformidad con el análisis
del término ―jurisdicción‖ en la Ley de Menores que
hicimos en Pueblo en interés menor A.A.O., 138
D.P.R.
160
(1995).
La
Juez
Asociada
señora
Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado sin
opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera
García emitió un Voto de Inhibición.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
CC-
v.
CC-2008-0314
Eric Villafañe Marcano
Recurrido
Voto de Inhibición emitido por el Juez Asociado señor Rivera
García
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2011.
La controversia en el presente caso gira en torno a un
aspecto jurisdiccional del pleito criminal instado contra
el
Sr.
Eric
Villafañe
Marcano
(el
recurrido)
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas.
en
el
Durante el
periodo en que este caso estuvo ante el foro primario,
entre los años 2004 al 2007, fungí como Juez Superior
asignado a la sala criminal del tribunal.
Como
parte
de
mis
funciones
judiciales
en
la
sala
criminal, atendí varias incidencias procesales en el caso
CC-2008-0314
de autos.
2
Entre ellas, y la más relevante al recurso que
ocupa a este Tribunal, presidí la vista en la cual se
dilucidó
la solicitud de desestimación por falta de jurisdicción
presentada por el recurrido ante el foro primario.
La
decisión tomada sobre ese petitorio fue consignada en una
Resolución suscrita por mí en calidad de Juez Superior.
Esta determinación fue, a su vez, revisada por el Tribunal
de Apelaciones y objeto de la sentencia impugnada a través
del presente recurso de certiorari.
Una de las bases sobre la cual se sostiene el sistema
de justicia de un país es la imparcialidad con la que los
jueces
que
la
controversias.
componen
adjudican
los
casos
y
La imparcialidad demostrada por cada juez
alimenta la confianza ciudadana en la justicia, lo cual
constituye un factor indispensable en un estado regido por
la ley y el orden.
como
principio
jurisdicción,
que
Así, nuestro ordenamiento legal exige,
ético
se
firmemente
excluya
arraigado
cualquier
en
esta
―apariencia
de
imparcialidad‖ en el sistema de justicia. Lind v. Cruz,
160 D.P.R 485 (2003).
Esta norma ha sido recogida en tanto en los Cánones
XI y XII de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, como en
la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, y
en la Regla 76 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.
II.
A tenor con estos preceptos, un Juez deberá inhibirse
de un procedimiento judicial en donde es susceptible de
actuar en base a influencias personales o externas que
denoten parcialidad, o la aparenten.
Conforme a la norma
CC-2008-0314
de
apariencia
3
de
parcialidad,
para
que
proceda
la
inhibición del magistrado "no es imprescindible probar la
existencia de prejuicio o parcialidad de hecho; basta con
la apariencia de parcialidad o prejuicio". Andino Torres,
Ex parte, 152 D.P.R. 509 (2000)(Voto de inhibición del
Juez Asociado señor Rivera Pérez).
Ello significa que
ante
de
cualquier
imparcialidad
vestigio
para
razonable
adjudicar,
exige
duda
que
el
sobre
la
juez
se
abstenga de actuar en el pleito o procedimiento en aras de
preservar la confianza pública en la Judicatura.
Así las cosas, dada mi intervención en el presente
caso como Juez Superior y en consideración a los mandatos
éticos que rigen el ejercicio de la función judicial, me
inhibo de participar en la adjudicación en sus méritos del
caso de autos.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado