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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Oscar L. Fontán La Fontaine

2011 TSPR 140

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Oscar L. Fontán La Fontaine

TS-15181 AB-2010-298 AB-2011123

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría, por incumplir requerimientos del Tribunal y de la Oficina de la Procuradora General, además de incumplir con el pago de fianza notarial

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

2011 TSPR 140

182 DPR ____

Oscar L. Fontán La Fontaine

Número del Caso: TS-15181, AB-2010-298 y AB-2011-123

Fecha: 22 de septiembre de 2011

Materia: Conducta Profesional- La suspensión será efectiva el 28 de

septiembre de 2011 fecha en que se le notificó al abogado de su

suspensión inmediata.

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-15181

AB-2010-298

AB-2011-123

Oscar L. Fontán La Fontaine

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2011.

Una

vez

más

nos

suspender

a

un

miembro

incumplimiento

con

Tribunal

sobre

instados

en

notarial

al

su

vemos

los

de

la

la

obligación

de

profesión

por

requerimientos

varios

contra

en

procesos

y

descubierto.

por

Por

este

disciplinarios

mantener

las

de

su

fianza

razones

que

expondremos a continuación, ordenamos la suspensión

inmediata e indefinida del Lcdo. Oscar L. Fontán La

Fontaine

del

ejercicio

de

notaría,

así

como

cancelación

notarial.

la

la

abogacía

de

y

su

de

la

fianza

2

TS-15181, AB-2010-298, AB-2011-123

I

El

licenciado

Fontán

La

Fontaine

fue

admitido

al

ejercicio de la abogacía el 16 de febrero de 2005 y al

ejercicio del notariado el 23 de marzo de 2005.

El 3 de noviembre de 2010 compareció ante este Tribunal la

Hon. Aileen Navas-Auger, Jueza Superior, mediante acta,

para informarnos que el licenciado Fontán La Fontaine,

luego de haber renunciado a la representación legal de un

caso, no había entregado el expediente a sus representados

según se le ordenó. El 14 de enero de 2011 referimos el

asunto a la Procuradora General para su investigación e

informe correspondiente. Esta oficina presentó un informe

preliminar en el que nos indicó que le cursaron dos cartas

al licenciado Fontán La Fontaine

por correo regular y

certificado, requiriéndole que se expresara sobre el acta

y nunca contestó. Estas comunicaciones le fueron enviadas

al letrado a la dirección que obraba en este Tribunal y en

el Registro Único de Abogados. Las cartas cursadas por

correo regular

no fueron devueltas. Una de las cartas

certificadas fue recibida, pero la segunda fue devuelta.

Asimismo,

nos

señalaron

que

fueron

infructuosos

los

intentos de comunicación telefónica al número que aparecía

en los escritos presentados ante el Tribunal de Primera

Instancia. El número de teléfono se encontraba fuera de

servicio.

El 16 de mayo de 2011 concedimos un término de veinte

(20)

días

al

licenciado

Fontán

La

Fontaine

para

que

3

TS-15181, AB-2010-298, AB-2011-123

compareciera ante la Oficina de la Procuradora General.

Dentro de ese mismo término la Oficina de la Procuradora

General debía informarnos si el querellado compareció. Le

advertimos que el incumplimiento con nuestra orden podía

conllevar la suspensión del ejercicio de la profesión, así

como sanciones disciplinarias severas. El 20 de julio de

2011 la Oficina de la Procuradora General compareció a

informarnos que el licenciado Fontán La Fontaine no había

cursado comunicación alguna respecto a la queja presente.

Por otros hechos, el 3 de mayo de 2011 compareció

ante nos la Oficina de la Procuradora General de Puerto

Rico

para

Fontaine

notificarnos

no

había

que

el

licenciado

Fontán

contestado

un

requerimiento

La

de

esa

oficina para que presentara su postura con relación a una

queja que le habían presentado. La queja surgió luego de

que el Sr. Pablo Ríos Acevedo contratara los servicios del

licenciado Fontán La Fontaine para la presentación de una

acción en daños y perjuicios y luego no supiera más de su

paradero.

Según

surge

del

expediente,

el

señor

Ríos

Acevedo le pagó al querellado $1,500 para la presentación

de la demanda, pero este último nunca compareció a las

vistas

señaladas,

aun

cuando

se

le

que

requirió

que

mostrara causa por su incomparecencia. En cambio, acudió

otro letrado que solicitó la desestimación del caso.

El 20 de junio de 2011 le concedimos diez (10) días

al

licenciado

adicional

para

Fontán

que

La

Fontaine

compareciera

ante

como

la

oportunidad

Oficina

de

la

4

TS-15181, AB-2010-298, AB-2011-123

Procuradora

General

a

responder

por

los

requerimientos

cursados por esa oficina. También le ordenamos que en ese

mismo término compareciera ante este Tribunal a exponer

las razones por las cuales no debía ser disciplinado por

no comparecer a responder los requerimientos de la Oficina

de

la

Procuradora

querellado

podría

de

General.

que

conllevar

el

Apercibimos

incumplimiento

sanciones

una

con

disciplinarias

vez

más

nuestra

al

orden

severas,

así

como la suspensión del ejercicio de la profesión. Nunca

contestó nuestra orden.

Finalmente,

Abogados

de

el

Puerto

27

de

Rico

mayo

de

2011

compareció

el

Colegio

ante

nos

de

para

informarnos que el licenciado Fontán La Fontaine tenía al

descubierto, desde marzo de 2010, el pago de su fianza

notarial en contravención con el Título II, Art.7 de la

Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, mejor conocida como Ley

Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2011.

El 6 de junio de 2011 le concedimos veinte (20) días

al licenciado Fontán La Fontaine para que mostrara causa

por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la

notaría. Le apercibimos también que el incumplimiento con

nuestra orden conllevaría su suspensión del ejercicio de

la notaría y podía dar lugar a sanciones disciplinarias.

Nuevamente,

el

licenciado

Fontán

nuestras órdenes y nunca contestó.

La

Fontaine

ignoró

5

TS-15181, AB-2010-298, AB-2011-123

II

Es harto sabido que todo abogado tiene la obligación

de responder oportuna y diligentemente a los requerimientos

de este Tribunal, en especial “aquellos relacionados con

procedimientos

profesional”.

(2010).

disciplinarios

In

“[L]a

re

Torres

naturaleza

sobre

Viera,

de

su

179

su

D.P.R.

función

conducta

868,

870

requiere

una

escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este

Tribunal”. In re Pagan Ayala, 130 D.P.R. 678, 681 (1992).

Esto,

independientemente

de

que

sean

realizados

por

el

Colegio de Abogados, la Oficina de la Procuradora General o

este Foro. In re Rosado Cruz, 176 D.P.R. 1012, 1015 (2009).

Su incumplimiento viola el Canon 9 de Ética Profesional, 4

L.P.R.A. Ap. IX, que impone a todo abogado el deber de

“observar

para

con

los

tribunales

una

conducta

que

caracterice por el mayor respeto”.

Es por ello que

[e]ste Tribunal es sumamente estricto con los

abogados que ignoren nuestras órdenes. La

testarudez

y

contumacia

al

no

contestar

nuestros requerimientos no será tolerada…. El

incumplir con nuestras órdenes dentro de un

procedimiento

disciplinario

constituye

una

falta ética distinta e independiente de los

méritos de la queja o quejas disciplinarias ya

presentadas….

No

responder

diligentemente

nuestras órdenes o requerimientos constituye

“una falta de respeto hacia los procedimientos

de este Tribunal y socava nuestra función

reguladora de la profesión” de la abogacía.

In re Rosado Cruz, supra, pág. 1016 citando a

In re Santiago Méndez, 129 D.P.R. 696 (1991);

In re Ramírez Ferrer, 164 D.P.R. 744 (2005);

In re Vázquez Santiago, 155 D.P.R. 926 (2001);

In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55 (1988);In re

Velázquez Quiles, 146 D.P.R. 30 (1998).

se

6

TS-15181, AB-2010-298, AB-2011-123

En fin, el abogado que no contesta los requerimientos

de

este

Tribunal

demuestra

conducta

de

dejadez,

indiferencia y falta de diligencia. Recordemos que todo

abogado tiene “el compromiso… de mantener y contribuir a un

orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr

la más completa confianza y apoyo de la ciudadanía”. In re

Derkes Guzmán, 161 D.P.R. 469, 473-474 (2004).

III

Como relatáramos, el licenciado Fontán La Fontaine ha

incumplido en varias ocasiones con nuestros requerimientos,

así como con los de la Oficina de la Procuradora General.

Hemos sido más que condescendientes en otorgarle términos

para que compareciera. En claro menosprecio de nuestras

órdenes, no lo ha hecho aún. Por todo ello, ordenamos la

suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Oscar L. Fontán

La Fontaine de la práctica de la abogacía y del ejercicio

de la notaría. Además ordenamos la cancelación de su fianza

notarial. El querellado tiene el deber de notificar a todos

sus

clientes

su

inhabilidad

para

continuar

con

su

representación y deberá devolver a estos los expedientes de

los casos pendientes así como los honorarios recibidos por

trabajos no rendidos. Además, tiene el deber de informar

oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos. Estas gestiones deberán ser certificadas a

este Tribunal dentro del término de treinta (30) días a

partir de la notificación de esta Opinión y Sentencia.

TS-15181, AB-2010-298, AB-2011-123

7

Notifíquese personalmente esta Opinión al Lcdo. Oscar

L. Fontán La Fontaine por la Oficina del Alguacil de este

Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Oscar L. Fontán La Fontaine

TS-15181

AB-2010-298

AB-2011-123

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

integrante de la presente Sentencia, se ordena la

suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Oscar L.

Fontán La Fontaine de la práctica de la abogacía y del

ejercicio de la notaría. Además ordenamos la cancelación

de su fianza notarial. El querellado tiene el deber de

notificar a todos sus clientes su inhabilidad para

continuar con su representación y deberá devolver a estos

los expedientes de los casos pendientes así como los

honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Además,

tiene el deber de informar oportunamente de su suspensión

a los foros judiciales y administrativos. Estas gestiones

deberán ser certificadas a este Tribunal dentro del

término de treinta (30) días a partir de la notificación

de esta Opinión y Sentencia.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez y la Jueza Asociada señora Pabón Charneco no

intervinieron.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo