LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Meléndez Villafañe v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado y otros

2011 TSPR 136

Poder Judicial de Puerto Rico

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Meléndez Villafañe v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado y otros

AC-2009-94

Derecho Laboral – Art. 3 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo: término para presentar reclamación de beneficios por incapacidad

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen Meléndez Villafañe

Peticionaria

v.

Corporación del Fondo del Seguro

del Estado

Recurrida

Comisión Industrial de

Puerto Rico

Agencia - Revisada

Certiorari

2011 TSPR 136

182 DPR _____

Thomas & Betts Corp.

Patro no

Número del Caso: AC

- 2009 - 94

Fecha: 21 de septiembre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel II

Juez Ponente:

Hon. Edgardo Rivera García

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcda. Yanira García Toledo

Materia: Compensabilidad y Tardanza

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación

oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen Meléndez Villafañe

Peticionaria

v.

Corporación del Fondo del

Seguro del Estado

Recurrida

AC-2009-94

Comisión Industrial de

Puerto Rico

Agencia-Revisada

Thomas & Betts Corp.

Patrono

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2011.

En esta ocasión nos corresponde interpretar

por primera vez una disposición del Art. 3 de la

Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes

del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935,

que

limita

la

compensación

de

una

enfermedad

ocupacional a que la “última exposición al riesgo

de adquirir la enfermedad[,] ocurra dentro de los

doce

meses

observaron

anteriores

las

a

primeras

la

fecha

en

que

se

manifestaciones

de

la

incapacidad causada por la misma”. Debemos resolver

si,

como

empleado

lo

interpreta

tiene

un

la

término

agencia

de

recurrida,

doce

meses

un

para

AC-2009-94

reclamar

2

una

enfermedad

ocupacional.

Resolvemos

en

la

en

la

negativa.

I

La

Sra.

Carmen

Meléndez

Villafañe

laboró

compañía Tomas & Bett Corporation desde el 1995 hasta el

día que fue despedida, el 30 de noviembre de 2004. En dicho

periodo laboral se desempeñó en el área de máquinas de

soldadura de “breakers” de la compañía. Como parte de sus

funciones ésta realizaba soldaduras de piezas pequeñas y,

en

ocasiones,

le

correspondía

vaciar

el

contenido

de

recipientes pesados en bandejas. En el desempeño de dichas

labores

la

señora

dolores

en

el

Meléndez

cuello,

Villafañe

el

hombro,

comenzó

a

sufrir

brazo

y

se

el

le

adormecían las manos.

Así, por causa de esas molestias, la señora Meléndez

Villafañe

comenzó

a

desde

1998.

Luego

el

recibir

de

tratamiento

ser

despedida,

médico

privado

ésta

continuó

visitando su médico privado cada vez que sentía molestias

en sus extremidades. En una de esas ocasiones, su doctor le

recomendó

que

investigara

si

aún

beneficios

de

la

Corporación

del

podía

Fondo

solicitar

del

Seguro

los

del

Estado (C.F.S.E.), ya que su condición había surgido como

consecuencia de su trabajo. En vista de esto, el 31 de

julio de 2006, esto es, 1 año y 8 meses después de haber

cesado en su trabajo, la señora Meléndez Villafañe presentó

una

petición

de

informe

trabajo ante la C.F.S.E.

voluntario

por

accidente

del

AC-2009-94

3

A raíz de esa petición, los médicos de la C.F.S.E.

evaluaron a la señora Meléndez Villafañe y determinaron que

ciertamente

ésta

sufría

una

enfermedad

ocupacional

que

describieron como trauma cervical, trauma de manos y trauma

del hombro izquierdo. Además, los expertos de la C.F.S.E.

determinaron

surgido

que

tales

condiciones

como consecuencia

patológicas

habían

de la relación obrero-patronal

que la peticionaria sostuvo con su patrono, Tomas & Bett

Corporation; que la señora Meléndez Villafañe padecía de

sus síntomas desde 1998 y que el último día que trabajó en

la compañía asegurada había sido el 30 de noviembre de

2004.

Sin embargo y pese a lo anterior, el Administrador de

la

C.F.S.E.

determinó

voluntario

sometido

presentado

dentro

que,

por

de

los

como

la

la

petición

peticionaria

doce

meses

de

informe

no

se

había

desde

la

última

exposición al riesgo, la peticionaria no tenía derecho a

gozar

de

los

beneficios

de

la

Ley

del

Sistema

de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de

18 de abril de 1935, según enmendada.1 Por lo tanto, ordenó

el cierre y archivo del caso. Específicamente la decisión

del Administrador de la C.F.S.E. señaló lo siguiente:

Visto

los

hechos

que

anteceden

y

la

evidencia que obra en autos, se resuelve que

la peticionaria en este caso sufrió una

enfermedad

ocupacional

pero

por

haber

incurrido en caducidad no tiene derecho a

los beneficios de la Ley de sistema de

compensaciones por accidente del trabajo.

1

11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.

AC-2009-94

4

Véase Maisonet Feliciano vs. Fondo

Seguro del Estado, 96 J.T.S. 166.2

del

En junio de 2007 la señora Meléndez Villafañe apeló

oportunamente la decisión del Administrador de la C.F.S.E.

ante la Comisión Industrial (Comisión).3 Ésta celebró una

vista pública el 4 de febrero de 2009 en la que la señora

Meléndez

Villafañe

declaró

que

desde

1998

acudía

a

tratamiento médico privado cuando sentía dolor de espalda

por causa del trabajo. No obstante, señaló que

ella

no

sabía

que

se

que

podía

comparecer

a

la

C.F.S.E.

hasta

enteró de ello, por medio de terceras personas, un tiempo

después

de

evaluación

haber

sido

despedida.

correspondiente

la

Luego

Oficial

de

realizar

Examinadora

de

la

la

Comisión recomendó confirmar la decisión del Administrador

de

la

C.F.S.E.

recomendación

y

De

esa

forma,

confirmó

la

la

Comisión

decisión

de

acogió

la

dicha

C.F.S.E.

La

Comisión sostuvo que, en este caso, la defensa de caducidad

estaba disponible a favor del Administrador.

Inconforme, la señora Meléndez Villafañe acudió al

Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión. En

éste, impugnó la resolución de la Comisión porque, entre

otras cosas, ésta era contraria a lo resuelto en Maisonet

v.

F.S.E., 142 D.P.R. 194 (1996).

apelativo

intermedio

concluyó,

en

lo

confirmó

la

pertinente,

que

No obstante, el foro

decisión

conforme

2

Véase Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 39.

3

Íd., pág. 41.

recurrida

al

y

“esquema

AC-2009-94

5

estatuario, y la interpretación del Fondo y la Comisión

Industrial, el término de caducidad para reclamar sobre una

enfermedad ocupacional, es de doce meses a partir de la

última exposición al riesgo […] por lo que correctamente el

Fondo y la Comisión resolvieron que el término de caducidad

había expirado para la recurrente”.4

El Tribunal de Apelaciones sostuvo, además, que el

término

de

tres

años

para

presentar

una

reclamación

de

enfermedad ocupacional comenzó a transcurrir en el 1998,

cuando la señora Meléndez Villafañe comenzó a visitar a su

médico privado. Señaló que en el contexto de una diligencia

razonable, ésta debió conocer la naturaleza de su condición

o incapacidad con anterioridad. Por consiguiente, sostuvo

que su reclamación era tardía.

La señora Meléndez Villafañe presentó oportunamente

un escrito de apelación ante este Tribunal y sostuvo que el

Tribunal de Apelaciones cometió los errores siguientes:

1) Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar

la

Resolución

de

la

Honorable

Comisión

Industrial notificada el 5 de mayo de 2009, al

variar el estado de derecho actual y la

interpretación

oficial

adoptada

por

este

Tribunal sobre el mismo asunto, mediante casos

previos,

particularmente

cuando

dicha

interpretación ya había sido avalada por el

Tribunal Apelativo y [por el] propio Tribunal

Supremo de Puerto Rico.

2) Erró el Tribunal Apelativo al resolver que

la defensa de caducidad estaba disponible en

este caso a favor del Administrador.

4

Íd., pág. 8. (Énfasis suplido).

AC-2009-94

6

3) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

aplicar la norma deferencial hacia las agencias

administrativas.

El 9 de abril de 2010 acogimos el escrito como una

petición de certiorari y expedimos. El 11 de junio de 2010

la

peticionaria

presentó

su

alegato,

más

no

así

la

recurrida.5 Con el sólo beneficio de la comparecencia de la

peticionaria, procedemos a resolver.

II

Reiteradamente hemos señalado que la Ley del Sistema

de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45

de 18 de abril de 1935, según enmendada (Ley Núm. 45),6 es

un

estatuto

de

carácter

remedial

que

a

base

de

los

propósitos que la inspiran debe interpretarse liberalmente

a favor del obrero.7 Dicho estatuto se creó con la intención

de establecer un sistema de seguro compulsorio y exclusivo

con el fin de compensar al obrero o empleado que sufra

lesiones, se inutilice o muera, al ejercer cualquier acto o

función inherente en el desempeño de su trabajo.8 De igual

forma, el sistema provisto por la Ley Núm. 45 le brinda al

5

El 9 de agosto de 2010 le concedimos a la C.F.S.E. un término de 10

días para presentar su alegato, pero ésta no compareció.

6

11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.

7

Art. 2 de la Ley Núm. 45, 11 L.P.R.A. sec. 2; Rivera v. Ins. Wire

Prods., Corp., 158 D.P.R. 110, 126-127 (2002).

8

González v. Multiventas, 165 D.P.R. 873, 881 (2005); Toro v.

Policía, 159 D.P.R. 339, 353 (2003); Martínez v. Bristol Myers,

Inc., 147 D.P.R. 383 (1999).

AC-2009-94

7

obrero un remedio rápido, eficiente y menos complejo que

una reclamación ordinaria en daños.9

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el

inciso

(i)

expresamente

del

Art.

una

3

de

tabla

la

Ley

Núm.

con

las

42

45

establece

enfermedades

ocupacionales que son compensables al amparo de dicha ley.10

El

referido

como

inciso

enfermedades

dispone,

además,

ocupacionales

que

se

compensables

considerarán

las

que

el

Administrador de la C.F.S.E. disponga por reglamento y, en

lo pertinente a esta controversia, también señala que,

se

considerarán

enfermedades

ocupacionales

compensables todas aquellas enfermedades que se

contraigan en el curso del trabajo, como

consecuencia de un riesgo peculiar a la

industria, proceso, ocupación o empleo, y como

resultado de la directa exposición del obrero o

empleado a dicho riesgo en el normal desempeño

de su trabajo siempre que la última exposición

al riesgo de adquirir la enfermedad ocurra

dentro de los doce meses anteriores a la fecha

en

que

se

observaron

las

primeras

manifestaciones de la incapacidad causada por

la misma, sin perjuicio de lo que más adelante

se dispone.11 (Énfasis suplido.)

Conforme a lo anterior, más allá de las expresamente

determinadas en la tabla y las que el Administrador pueda

designar, se considerarán enfermedades ocupacionales todas

aquellas que se adquieran en el transcurso del trabajo como

consecuencia de un riesgo propio de la industria, proceso,

9

Toro v. Policía, supra; Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145

D.P.R. 178, 199 (1998).

10

11 L.P.R.A. sec. 3 (i). Vale señalar que aun cuando la Ley Núm. 45 ha

sufrido varias enmiendas a través de los años, el inciso aquí discutido

ha quedado inalterado.

11

Íd.

AC-2009-94

8

ocupación o empleo. Ello, si esas enfermedades resultan de

la exposición directa del obrero o empleado a dicho riesgo

en el normal desempeño de su empleo. Tiene que existir una

relación

causal

esencia,

se

entre

tiene

que

la

enfermedad

demostrar

que

y

el

empleo.

En

la

enfermedad

fue

adquirida en el transcurso del empleo y por causa de la

exposición directa de un riesgo propio o peculiar de éste.

En cuanto a lo que constituye un “riesgo propio o

peculiar de la ocupación o empleo”, en Hernández Nieves v.

Comisión Industrial, 90 D.P.R. 340, 356 (1964) tuvimos la

oportunidad de definir tal expresión en términos generales.

En esa ocasión reconocimos que,

se refiere a la existencia de un riesgo

constante,

inherente

a,

particular

a

la

actividad dentro de la cual el obrero está

obligado a realizar su labor.

No se trata de

un peligro al cual el trabajador estuviera

igualmente expuesto fuera de su empleo, no es

en riesgo común a la vecindad.

Simplemente,

por razón del empleo, el obrero debe haber sido

sometido a una exposición excepcional. Tampoco

es indispensable que para ello se establezca

que el riesgo ha afectado en igual forma a

otros trabajadores de la industria o empleo.

Solamente que la exposición a que ha estado

sometido el obrero es propia de la industria.

Generalmente ello puede deducirse del hecho de

que el padecimiento del obrero no puede ser

atribuido a causa otra alguna que no sea de

carácter ambiental.

En gran medida puede ser

un peligro en las condiciones de trabajo que el

patrono puede evitar adoptando y proporcionando

mayores y mejores medidas de seguridad.12

Ahora bien, como señalamos, la Asamblea Legislativa

sujetó las enfermedades ocupacionales –las enumeradas en la

tabla, como las que son

12

Íd., pág. 356.

producto del riesgo propio del

AC-2009-94

9

empleo- a que “la última exposición al riesgo de adquirir

la enfermedad ocurra dentro de los doce meses anteriores a

la fecha en que se observaron las primeras manifestaciones

de la incapacidad causada por la misma” o, lo que es lo

mismo, que las primeras manifestaciones de la incapacidad

surjan dentro de los doce meses siguientes a la última

exposición.13

Precisamente

es

esta

disposición

el

eje

principal de la controversia aquí versada, por lo que nos

centraremos en su discusión y análisis.

III

Al examinar esta disposición del inciso (i) del Art.

3 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes

del Trabajo, supra, es evidente que nos enfrentamos a un

término de doce meses que comienza a transcurrir desde la

última

exposición

al

riesgo

que

tuvo

el

empleado.

Esa

última exposición al riesgo muy bien puede ser el último

día

de

empleo

o

el

último

día

en

que

el

empleado

se

desempeñó en el área que lo exponía al riesgo propio del

empleo.

13

Excepto en los casos de enfermedades causadas “por aire bajo

compresión, o por cambios patológicos retardados de los huesos, sangre

o pulmones de carácter maligno ocasionados por exposición ocupacional o

contacto con arsénico, benzol, berilio, cadmio, cromio, plomo, fluoro,

o exposición a rayos X, radium, o sustancias radioactivas, u otras

sustancias, cualquiera que sea su naturaleza, que puedan producir

efectos retardados sobre el organismo humano, no será perjudicado por

el transcurso del término de doce meses después de la última

exposición.” 11 L.P.R.A. sec. 3 (i). Además, el legislador estableció

que no se considerarán ocupacionales aquellas enfermedades de tipo

contagioso, epizootias, endemias y epidemias, excepto cuando fueran

contraídas por personal de laboratorio expuesto al riesgo de éstas en

el curso normal del trabajo por razón de manipular o examinar material

infectivo. Íd. Véase Hernández Nieves v. Comisión Industrial, supra,

pág. 354.

AC-2009-94

10

Como

principio

básico

de

hermenéutica

jurídica

no

debemos analizar el término en cuestión en el vacío o fuera

del contexto de la ley que lo contiene, esto es, la Ley

Núm. 45. Más bien, éste término o plazo de tiempo debe

interpretarse junto a las demás disposiciones del inciso y

el propio estatuto. Al considerar esta disposición en su

contexto es evidente que en ambos casos -las enfermedades

enumeradas

en

la

tabla,

como

las

que

son

producto

del

riesgo propio del empleo- el término de doce meses es un

asunto

que

versa

sobre

el

carácter

compensativo

de

la

enfermedad y no sobre el término prescriptivo de la acción

a reclamar. No existe ninguna expresión que disponga que

dicho término se refiere a un periodo de reclamación de

beneficios.

Por

lo

tanto,

ante

la

pregunta

de

si

ese

término de doce meses es el término que tiene un obrero o

empleado

para

acudir

al

C.F.S.E.

para

reclamar

alguna

enfermedad ocupacional, la respuesta claramente es en la

negativa.

Y es que, como señala el propio inciso (i) del Art. 3

de la Ley Núm. 45 más adelante:

Las reclamaciones en casos de enfermedades

ocupacionales deberán establecerse dentro de un

periodo de tiempo que no exceda de tres (3) años

a partir de la fecha en que el obrero adquiera

conocimiento de la naturaleza de la incapacidad,

y de su relación con el trabajo, o pudiera

haberla adquirido mediante el ejercicio de

razonable diligencia.14

14

11 L.P.R.A. sec. 3.

AC-2009-94

Al

11

examinar

esta

disposición

que

establece

este

término de tres años, y considerando, como señalamos en

Maisonet

“justo

v.

F.S.E.,

sentimiento

justicia

social”

142

D.P.R.

humanitario

que

194,

198-199

(1996),

el

y…

[el]

alto

espíritu

de

la

Ley

Núm.

45,

el

inspiran

en

mencionado precedente determinamos que el referido término

de tres años comienza a transcurrir desde que el empleado

conoce

que

tornado

su

condición

es

incapacitante

ya

severa.

Además,

en

Maisonet

F.S.E.,

v.

que

se

ha

supra,

citamos con aprobación al Prof. Arthur Larson y reconocimos

que el término para entablar la reclamación no comienza a

transcurrir

hasta

que

el

reclamante,

actuando

como

una

persona prudente y razonable, pueda percatarse no sólo de

que su condición puede guardar relación con su empleo, sino

que también pueda reconocer la naturaleza y severidad de su

enfermedad.15 Con ello se intentó evitar que un empleado

estuviese forzado a presentar reclamaciones por cualquier

dolor o síntoma leve.

Por último, en Maisonet v. F.S.E., supra, reconocimos

el

enfoque

liberal

que

permea

lo

concerniente

a

reclamaciones en casos de enfermedades ocupacionales.

las

De

hecho, este término de tres años que establece la Ley Núm.

45 es análogo a la regla prevaleciente en la mayoría de las

jurisdicciones

conoce

como

estatales

discovery

de

Estados

rule.16

Esa

Unidos,

regla

la

sostiene

15

Maisonet v. F.S.E., 142 D.P.R. 194, 198 (1996).

16

3 Larson´s Workmen’s Compensation Law, Sec. 53.04 (2011).

cual

se

que

el

AC-2009-94

12

periodo para reclamar comienza a transcurrir desde que el

empleado u obrero descubre diligentemente la naturaleza de

la enfermedad que lo incapacita.17 Es decir, conforme a la

regla y a la decisión de Maisonet v. F.S.E., supra, el

único término para reclamar en la C.F.S.E. una enfermedad

ocupacional es de tres años, contados a partir de que el

obrero o empleado conoce la naturaleza y severidad de su

enfermedad y que ésta puede guardar relación con su empleo.

Esto, en vista de que, como concluimos, el término de doce

meses que establece el inciso (i) del Art. 3, supra, es uno

que se refiere al carácter compensatorio de una enfermedad

ocupacional y no al término prescriptivo de la acción a

reclamar.

IV

En el caso de autos, el Administrador de la C.F.S.E.

y la Comisión Industrial predicaron su denegatoria en el

caso de la señora Meléndez Villafañe en un supuesto término

de caducidad de doce meses. Interpretaron que un obrero o

empleado tiene un término de tres años “para radicar una

reclamación

en

caso

de

enfermedades

ocupacionales

[...]

siempre que no hayan transcurrido doce meses de la última

exposición a riesgo”. De esa forma, como la señora Meléndez

Villafañe presentó su reclamación más de un año y medio

después de su último día de empleo, la C.F.S.E. archivó su

caso. La Comisión confirmó dicho archivo.

17

7 Larson´s Workmen’s Compensation Law, Sec. 126.05 (2011).

AC-2009-94

13

No obstante y como hemos visto, tal interpretación se

aparta de la letra clara de la ley, que sólo establece que

las reclamaciones en casos de

enfermedades ocupacionales

deberán instarse dentro de un término de tres años a partir

de la fecha en que el obrero conoce la naturaleza de la

incapacidad y de su relación con el trabajo, o que pudo

haberla

adquirido

diligencia.

Por

mediante

ende,

no

el

ejercicio

existe,

como

de

razonable

interpretaron

el

Administrador de la C.F.S.E. y la Comisión Industrial, un

término

de

caducidad

de

doce

meses

para

iniciar

una

reclamación en los casos de enfermedades ocupacionales.

En

el

Villafañe,

caso

las

particular

primeras

de

la

señora

Meléndez

se

produjeron

manifestaciones

mientras

ésta

laboraba

en

el

área

compañía.

Es

decir,

sus

primeras

de

soldaduras

de

la

manifestaciones

se

produjeron mientras estuvo expuesta al riesgo propio del

empleo.

Por

consiguiente,

manifestaciones

que

se

no

estamos

produjeron

luego

ante

unas

la

última

de

exposición al riesgo. Además, es importante señalar que lo

anterior,

tal

y

C.F.S.E.,

refleja

como

reconoció

claramente

el

que

Administrador

la

señora

de

la

Meléndez

Villafañe sufrió una enfermedad ocupacional.18

Ahora bien, el Tribunal de Apelaciones sostuvo, al

tomar en cuenta el término de tres años, que la señora

Meléndez Villafañe tampoco estableció su reclamación dentro

de esos tres años a partir de la fecha en que adquirió o

18

Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 39.

AC-2009-94

14

pudo haber adquirido conocimiento de la naturaleza de la

incapacidad y de su relación con el trabajo. Advirtió que

la señora Meléndez Villafañe visitaba a su médico privado

desde

que

comenzó

a

sufrir

los

síntomas

de

dolor

y

molestias en 1998 y que la acción de acudir con regularidad

a

las

visitas

médicas

“debieron

razonablemente

haberle

informado de la naturaleza de la condición médica y su

relación con el trabajo”. No obstante, a nuestro juicio no

existe prueba en el expediente para determinar, como lo

hizo el Tribunal de Apelaciones, que la señora Meléndez

conoció la “naturaleza de su incapacidad” en 1998 cuando

comenzó a padecer síntomas y a recibir tratamiento médico.

Como ya explicamos, el término de tres años no comienza con

las primeras manifestaciones de la enfermedad sino cuando

el empleado conoce que su condición es incapacitante y que

la misma está relacionada con el trabajo.

Ciertamente es un hecho incontrovertido que la señora

Meléndez Villafañe comenzó a padecer dolor en el hombro

izquierdo, el área del cuello, el brazo y se le adormecían

las manos, desde 1998. Por tales padecimientos ésta recibió

tratamiento médico privado, cada vez que sentía necesidad,

por

los

próximos

peticionaria

seis

continuó

años.

Durante

trabajando

esos

sin

seis

años

solicitar

la

los

beneficios de la póliza que pagaba su patrono a la C.F.S.E.

Sin embargo, según surge del expediente, luego que cesó de

trabajar

en

el

2004

la

peticionaria

continuó

con

los

síntomas y con el tratamiento médico privado, ignorando que

AC-2009-94

era

15

posible

recibir

cuando

hubiera

privado

le

condición

los

cesado

advierte

surgiera

beneficios

de

de

a

de

trabajar.

la

la

Una

posibilidad

consecuencia

de

C.F.S.E.,

aun

vez

su

médico

real

de

que

su

trabajo,

la

su

peticionaria acude a los médicos de la C.F.S.E. quienes la

evaluaron

y

partir

dicho

de

Villafañe

diagnosticaron

diagnóstico

conoció

enfermedad.

De

su

la

esa

condición.

médico

naturaleza

forma,

el

la

y

término

Así,

señora

pues,

Meléndez

severidad

para

a

de

su

reclamar

los

beneficios ante la C.F.S.E. comenzó a transcurrir desde esa

fecha.

Contrario

a

lo

que

sostuvo

el

Tribunal

de

Apelaciones, la fecha de inicio para reclamar no puede ser

la fecha en que ocurrieron las primeras manifestaciones.

Ello es contrario a la norma de Maisonet v. F.S.E., supra.

El

término

conoce

que

para

su

reclamar

condición

inicia

es

desde

que

incapacitante

el

empleado

porque

se

ha

tornado severa y que la misma puede guardar relación con su

empleo.

La señora Meléndez Villafañe presentó sus primeros

síntomas en 1998, pero aún así ella continuó trabajando

hasta el 2004. Por tal razón, no podemos utilizar el 1998

como la fecha en que inicia el periodo para reclamar. En el

2006

es

que

la

señora

Meléndez

Villafañe

adviene

al

conocimiento de que podía acudir a la C.F.S.E debido a que

sus

padecimientos

anterior.

Además,

guardaban

aún

si

relación

concluyéramos

con

que

su

la

trabajo

señora

AC-2009-94

Meléndez

16

Villafañe

conoció

la

relación

causal

entre

su

enfermedad y el trabajo mucho antes de su despido, ello no

produce, por sí solo, el inicio del término para reclamar.

No es hasta que los médicos de la C.F.S.E. le diagnostican

los traumas cervical, de manos y de hombro que la señora

Meléndez Villafañe conoce que su enfermedad es ocupacional

e incapacitante. Ella conoció la severidad de su enfermedad

cuando

acudió

a

la

C.F.S.E.,

por

tal

razón,

estaba

en

término para presentar su reclamación. Por lo tanto, erró

la

C.F.S.E.

al

cerrar

el

caso

de

la

señora

Meléndez

Villafañe.

V

En

armonía

con

lo

antes

señalado,

se

revoca

la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de

San Juan, y se devuelve el caso a la Corporación del Fondo

del

Seguro

del

Estado

para

ulteriores

procedimientos

compatibles con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen Meléndez Villafañe

Peticionaria

v.

Corporación del Fondo del

Seguro del Estado

Recurrida

AC-2009-94

Comisión Industrial de

Puerto Rico

Agencia-Revisada

Thomas & Betts Corp.

Patrono

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, se revoca la Sentencia del Tribunal

de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, y se

devuelve el caso a la Corporación del Fondo del

Seguro del Estado para ulteriores procedimientos

compatibles con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Rivera García no interviene.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo