Tribunal Supremo de Puerto Rico
Meléndez Villafañe v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado y otros
2011 TSPR 136
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Meléndez Villafañe v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado y otros
AC-2009-94
Derecho Laboral – Art. 3 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo: término para presentar reclamación de beneficios por incapacidad
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Meléndez Villafañe
Peticionaria
v.
Corporación del Fondo del Seguro
del Estado
Recurrida
Comisión Industrial de
Puerto Rico
Agencia - Revisada
Certiorari
2011 TSPR 136
182 DPR _____
Thomas & Betts Corp.
Patro no
Número del Caso: AC
- 2009 - 94
Fecha: 21 de septiembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel II
Juez Ponente:
Hon. Edgardo Rivera García
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcda. Yanira García Toledo
Materia: Compensabilidad y Tardanza
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación
oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Meléndez Villafañe
Peticionaria
v.
Corporación del Fondo del
Seguro del Estado
Recurrida
AC-2009-94
Comisión Industrial de
Puerto Rico
Agencia-Revisada
Thomas & Betts Corp.
Patrono
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2011.
En esta ocasión nos corresponde interpretar
por primera vez una disposición del Art. 3 de la
Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes
del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935,
que
limita
la
compensación
de
una
enfermedad
ocupacional a que la “última exposición al riesgo
de adquirir la enfermedad[,] ocurra dentro de los
doce
meses
observaron
anteriores
las
a
primeras
la
fecha
en
que
se
manifestaciones
de
la
incapacidad causada por la misma”. Debemos resolver
si,
como
empleado
lo
interpreta
tiene
un
la
término
agencia
de
recurrida,
doce
meses
un
para
AC-2009-94
reclamar
2
una
enfermedad
ocupacional.
Resolvemos
en
la
en
la
negativa.
I
La
Sra.
Carmen
Meléndez
Villafañe
laboró
compañía Tomas & Bett Corporation desde el 1995 hasta el
día que fue despedida, el 30 de noviembre de 2004. En dicho
periodo laboral se desempeñó en el área de máquinas de
soldadura de “breakers” de la compañía. Como parte de sus
funciones ésta realizaba soldaduras de piezas pequeñas y,
en
ocasiones,
le
correspondía
vaciar
el
contenido
de
recipientes pesados en bandejas. En el desempeño de dichas
labores
la
señora
dolores
en
el
Meléndez
cuello,
Villafañe
el
hombro,
comenzó
a
sufrir
brazo
y
se
el
le
adormecían las manos.
Así, por causa de esas molestias, la señora Meléndez
Villafañe
comenzó
a
desde
1998.
Luego
el
recibir
de
tratamiento
ser
despedida,
médico
privado
ésta
continuó
visitando su médico privado cada vez que sentía molestias
en sus extremidades. En una de esas ocasiones, su doctor le
recomendó
que
investigara
si
aún
beneficios
de
la
Corporación
del
podía
Fondo
solicitar
del
Seguro
los
del
Estado (C.F.S.E.), ya que su condición había surgido como
consecuencia de su trabajo. En vista de esto, el 31 de
julio de 2006, esto es, 1 año y 8 meses después de haber
cesado en su trabajo, la señora Meléndez Villafañe presentó
una
petición
de
informe
trabajo ante la C.F.S.E.
voluntario
por
accidente
del
AC-2009-94
3
A raíz de esa petición, los médicos de la C.F.S.E.
evaluaron a la señora Meléndez Villafañe y determinaron que
ciertamente
ésta
sufría
una
enfermedad
ocupacional
que
describieron como trauma cervical, trauma de manos y trauma
del hombro izquierdo. Además, los expertos de la C.F.S.E.
determinaron
surgido
que
tales
condiciones
como consecuencia
patológicas
habían
de la relación obrero-patronal
que la peticionaria sostuvo con su patrono, Tomas & Bett
Corporation; que la señora Meléndez Villafañe padecía de
sus síntomas desde 1998 y que el último día que trabajó en
la compañía asegurada había sido el 30 de noviembre de
2004.
Sin embargo y pese a lo anterior, el Administrador de
la
C.F.S.E.
determinó
voluntario
sometido
presentado
dentro
que,
por
de
los
como
la
la
petición
peticionaria
doce
meses
de
informe
no
se
había
desde
la
última
exposición al riesgo, la peticionaria no tenía derecho a
gozar
de
los
beneficios
de
la
Ley
del
Sistema
de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de
18 de abril de 1935, según enmendada.1 Por lo tanto, ordenó
el cierre y archivo del caso. Específicamente la decisión
del Administrador de la C.F.S.E. señaló lo siguiente:
Visto
los
hechos
que
anteceden
y
la
evidencia que obra en autos, se resuelve que
la peticionaria en este caso sufrió una
enfermedad
ocupacional
pero
por
haber
incurrido en caducidad no tiene derecho a
los beneficios de la Ley de sistema de
compensaciones por accidente del trabajo.
1
11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.
AC-2009-94
4
Véase Maisonet Feliciano vs. Fondo
Seguro del Estado, 96 J.T.S. 166.2
del
En junio de 2007 la señora Meléndez Villafañe apeló
oportunamente la decisión del Administrador de la C.F.S.E.
ante la Comisión Industrial (Comisión).3 Ésta celebró una
vista pública el 4 de febrero de 2009 en la que la señora
Meléndez
Villafañe
declaró
que
desde
1998
acudía
a
tratamiento médico privado cuando sentía dolor de espalda
por causa del trabajo. No obstante, señaló que
ella
no
sabía
que
se
que
podía
comparecer
a
la
C.F.S.E.
hasta
enteró de ello, por medio de terceras personas, un tiempo
después
de
evaluación
haber
sido
despedida.
correspondiente
la
Luego
Oficial
de
realizar
Examinadora
de
la
la
Comisión recomendó confirmar la decisión del Administrador
de
la
C.F.S.E.
recomendación
y
De
esa
forma,
confirmó
la
la
Comisión
decisión
de
acogió
la
dicha
C.F.S.E.
La
Comisión sostuvo que, en este caso, la defensa de caducidad
estaba disponible a favor del Administrador.
Inconforme, la señora Meléndez Villafañe acudió al
Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión. En
éste, impugnó la resolución de la Comisión porque, entre
otras cosas, ésta era contraria a lo resuelto en Maisonet
v.
F.S.E., 142 D.P.R. 194 (1996).
apelativo
intermedio
concluyó,
en
lo
confirmó
la
pertinente,
que
No obstante, el foro
decisión
conforme
2
Véase Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 39.
3
Íd., pág. 41.
recurrida
al
y
“esquema
AC-2009-94
5
estatuario, y la interpretación del Fondo y la Comisión
Industrial, el término de caducidad para reclamar sobre una
enfermedad ocupacional, es de doce meses a partir de la
última exposición al riesgo […] por lo que correctamente el
Fondo y la Comisión resolvieron que el término de caducidad
había expirado para la recurrente”.4
El Tribunal de Apelaciones sostuvo, además, que el
término
de
tres
años
para
presentar
una
reclamación
de
enfermedad ocupacional comenzó a transcurrir en el 1998,
cuando la señora Meléndez Villafañe comenzó a visitar a su
médico privado. Señaló que en el contexto de una diligencia
razonable, ésta debió conocer la naturaleza de su condición
o incapacidad con anterioridad. Por consiguiente, sostuvo
que su reclamación era tardía.
La señora Meléndez Villafañe presentó oportunamente
un escrito de apelación ante este Tribunal y sostuvo que el
Tribunal de Apelaciones cometió los errores siguientes:
1) Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar
la
Resolución
de
la
Honorable
Comisión
Industrial notificada el 5 de mayo de 2009, al
variar el estado de derecho actual y la
interpretación
oficial
adoptada
por
este
Tribunal sobre el mismo asunto, mediante casos
previos,
particularmente
cuando
dicha
interpretación ya había sido avalada por el
Tribunal Apelativo y [por el] propio Tribunal
Supremo de Puerto Rico.
2) Erró el Tribunal Apelativo al resolver que
la defensa de caducidad estaba disponible en
este caso a favor del Administrador.
4
Íd., pág. 8. (Énfasis suplido).
AC-2009-94
6
3) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
aplicar la norma deferencial hacia las agencias
administrativas.
El 9 de abril de 2010 acogimos el escrito como una
petición de certiorari y expedimos. El 11 de junio de 2010
la
peticionaria
presentó
su
alegato,
más
no
así
la
recurrida.5 Con el sólo beneficio de la comparecencia de la
peticionaria, procedemos a resolver.
II
Reiteradamente hemos señalado que la Ley del Sistema
de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45
de 18 de abril de 1935, según enmendada (Ley Núm. 45),6 es
un
estatuto
de
carácter
remedial
que
a
base
de
los
propósitos que la inspiran debe interpretarse liberalmente
a favor del obrero.7 Dicho estatuto se creó con la intención
de establecer un sistema de seguro compulsorio y exclusivo
con el fin de compensar al obrero o empleado que sufra
lesiones, se inutilice o muera, al ejercer cualquier acto o
función inherente en el desempeño de su trabajo.8 De igual
forma, el sistema provisto por la Ley Núm. 45 le brinda al
5
El 9 de agosto de 2010 le concedimos a la C.F.S.E. un término de 10
días para presentar su alegato, pero ésta no compareció.
6
11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.
7
Art. 2 de la Ley Núm. 45, 11 L.P.R.A. sec. 2; Rivera v. Ins. Wire
Prods., Corp., 158 D.P.R. 110, 126-127 (2002).
8
González v. Multiventas, 165 D.P.R. 873, 881 (2005); Toro v.
Policía, 159 D.P.R. 339, 353 (2003); Martínez v. Bristol Myers,
Inc., 147 D.P.R. 383 (1999).
AC-2009-94
7
obrero un remedio rápido, eficiente y menos complejo que
una reclamación ordinaria en daños.9
En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el
inciso
(i)
expresamente
del
Art.
una
3
de
tabla
la
Ley
Núm.
con
las
42
45
establece
enfermedades
ocupacionales que son compensables al amparo de dicha ley.10
El
referido
como
inciso
enfermedades
dispone,
además,
ocupacionales
que
se
compensables
considerarán
las
que
el
Administrador de la C.F.S.E. disponga por reglamento y, en
lo pertinente a esta controversia, también señala que,
se
considerarán
enfermedades
ocupacionales
compensables todas aquellas enfermedades que se
contraigan en el curso del trabajo, como
consecuencia de un riesgo peculiar a la
industria, proceso, ocupación o empleo, y como
resultado de la directa exposición del obrero o
empleado a dicho riesgo en el normal desempeño
de su trabajo siempre que la última exposición
al riesgo de adquirir la enfermedad ocurra
dentro de los doce meses anteriores a la fecha
en
que
se
observaron
las
primeras
manifestaciones de la incapacidad causada por
la misma, sin perjuicio de lo que más adelante
se dispone.11 (Énfasis suplido.)
Conforme a lo anterior, más allá de las expresamente
determinadas en la tabla y las que el Administrador pueda
designar, se considerarán enfermedades ocupacionales todas
aquellas que se adquieran en el transcurso del trabajo como
consecuencia de un riesgo propio de la industria, proceso,
9
Toro v. Policía, supra; Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145
D.P.R. 178, 199 (1998).
10
11 L.P.R.A. sec. 3 (i). Vale señalar que aun cuando la Ley Núm. 45 ha
sufrido varias enmiendas a través de los años, el inciso aquí discutido
ha quedado inalterado.
11
Íd.
AC-2009-94
8
ocupación o empleo. Ello, si esas enfermedades resultan de
la exposición directa del obrero o empleado a dicho riesgo
en el normal desempeño de su empleo. Tiene que existir una
relación
causal
esencia,
se
entre
tiene
que
la
enfermedad
demostrar
que
y
el
empleo.
En
la
enfermedad
fue
adquirida en el transcurso del empleo y por causa de la
exposición directa de un riesgo propio o peculiar de éste.
En cuanto a lo que constituye un “riesgo propio o
peculiar de la ocupación o empleo”, en Hernández Nieves v.
Comisión Industrial, 90 D.P.R. 340, 356 (1964) tuvimos la
oportunidad de definir tal expresión en términos generales.
En esa ocasión reconocimos que,
se refiere a la existencia de un riesgo
constante,
inherente
a,
particular
a
la
actividad dentro de la cual el obrero está
obligado a realizar su labor.
No se trata de
un peligro al cual el trabajador estuviera
igualmente expuesto fuera de su empleo, no es
en riesgo común a la vecindad.
Simplemente,
por razón del empleo, el obrero debe haber sido
sometido a una exposición excepcional. Tampoco
es indispensable que para ello se establezca
que el riesgo ha afectado en igual forma a
otros trabajadores de la industria o empleo.
Solamente que la exposición a que ha estado
sometido el obrero es propia de la industria.
Generalmente ello puede deducirse del hecho de
que el padecimiento del obrero no puede ser
atribuido a causa otra alguna que no sea de
carácter ambiental.
En gran medida puede ser
un peligro en las condiciones de trabajo que el
patrono puede evitar adoptando y proporcionando
mayores y mejores medidas de seguridad.12
Ahora bien, como señalamos, la Asamblea Legislativa
sujetó las enfermedades ocupacionales –las enumeradas en la
tabla, como las que son
12
Íd., pág. 356.
producto del riesgo propio del
AC-2009-94
9
empleo- a que “la última exposición al riesgo de adquirir
la enfermedad ocurra dentro de los doce meses anteriores a
la fecha en que se observaron las primeras manifestaciones
de la incapacidad causada por la misma” o, lo que es lo
mismo, que las primeras manifestaciones de la incapacidad
surjan dentro de los doce meses siguientes a la última
exposición.13
Precisamente
es
esta
disposición
el
eje
principal de la controversia aquí versada, por lo que nos
centraremos en su discusión y análisis.
III
Al examinar esta disposición del inciso (i) del Art.
3 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes
del Trabajo, supra, es evidente que nos enfrentamos a un
término de doce meses que comienza a transcurrir desde la
última
exposición
al
riesgo
que
tuvo
el
empleado.
Esa
última exposición al riesgo muy bien puede ser el último
día
de
empleo
o
el
último
día
en
que
el
empleado
se
desempeñó en el área que lo exponía al riesgo propio del
empleo.
13
Excepto en los casos de enfermedades causadas “por aire bajo
compresión, o por cambios patológicos retardados de los huesos, sangre
o pulmones de carácter maligno ocasionados por exposición ocupacional o
contacto con arsénico, benzol, berilio, cadmio, cromio, plomo, fluoro,
o exposición a rayos X, radium, o sustancias radioactivas, u otras
sustancias, cualquiera que sea su naturaleza, que puedan producir
efectos retardados sobre el organismo humano, no será perjudicado por
el transcurso del término de doce meses después de la última
exposición.” 11 L.P.R.A. sec. 3 (i). Además, el legislador estableció
que no se considerarán ocupacionales aquellas enfermedades de tipo
contagioso, epizootias, endemias y epidemias, excepto cuando fueran
contraídas por personal de laboratorio expuesto al riesgo de éstas en
el curso normal del trabajo por razón de manipular o examinar material
infectivo. Íd. Véase Hernández Nieves v. Comisión Industrial, supra,
pág. 354.
AC-2009-94
10
Como
principio
básico
de
hermenéutica
jurídica
no
debemos analizar el término en cuestión en el vacío o fuera
del contexto de la ley que lo contiene, esto es, la Ley
Núm. 45. Más bien, éste término o plazo de tiempo debe
interpretarse junto a las demás disposiciones del inciso y
el propio estatuto. Al considerar esta disposición en su
contexto es evidente que en ambos casos -las enfermedades
enumeradas
en
la
tabla,
como
las
que
son
producto
del
riesgo propio del empleo- el término de doce meses es un
asunto
que
versa
sobre
el
carácter
compensativo
de
la
enfermedad y no sobre el término prescriptivo de la acción
a reclamar. No existe ninguna expresión que disponga que
dicho término se refiere a un periodo de reclamación de
beneficios.
Por
lo
tanto,
ante
la
pregunta
de
si
ese
término de doce meses es el término que tiene un obrero o
empleado
para
acudir
al
C.F.S.E.
para
reclamar
alguna
enfermedad ocupacional, la respuesta claramente es en la
negativa.
Y es que, como señala el propio inciso (i) del Art. 3
de la Ley Núm. 45 más adelante:
Las reclamaciones en casos de enfermedades
ocupacionales deberán establecerse dentro de un
periodo de tiempo que no exceda de tres (3) años
a partir de la fecha en que el obrero adquiera
conocimiento de la naturaleza de la incapacidad,
y de su relación con el trabajo, o pudiera
haberla adquirido mediante el ejercicio de
razonable diligencia.14
14
11 L.P.R.A. sec. 3.
AC-2009-94
Al
11
examinar
esta
disposición
que
establece
este
término de tres años, y considerando, como señalamos en
Maisonet
“justo
v.
F.S.E.,
sentimiento
justicia
social”
142
D.P.R.
humanitario
que
194,
198-199
(1996),
el
y…
[el]
alto
espíritu
de
la
Ley
Núm.
45,
el
inspiran
en
mencionado precedente determinamos que el referido término
de tres años comienza a transcurrir desde que el empleado
conoce
que
tornado
su
condición
es
incapacitante
ya
severa.
Además,
en
Maisonet
F.S.E.,
v.
que
se
ha
supra,
citamos con aprobación al Prof. Arthur Larson y reconocimos
que el término para entablar la reclamación no comienza a
transcurrir
hasta
que
el
reclamante,
actuando
como
una
persona prudente y razonable, pueda percatarse no sólo de
que su condición puede guardar relación con su empleo, sino
que también pueda reconocer la naturaleza y severidad de su
enfermedad.15 Con ello se intentó evitar que un empleado
estuviese forzado a presentar reclamaciones por cualquier
dolor o síntoma leve.
Por último, en Maisonet v. F.S.E., supra, reconocimos
el
enfoque
liberal
que
permea
lo
concerniente
a
reclamaciones en casos de enfermedades ocupacionales.
las
De
hecho, este término de tres años que establece la Ley Núm.
45 es análogo a la regla prevaleciente en la mayoría de las
jurisdicciones
conoce
como
estatales
discovery
de
Estados
rule.16
Esa
Unidos,
regla
la
sostiene
15
Maisonet v. F.S.E., 142 D.P.R. 194, 198 (1996).
16
3 Larson´s Workmen’s Compensation Law, Sec. 53.04 (2011).
cual
se
que
el
AC-2009-94
12
periodo para reclamar comienza a transcurrir desde que el
empleado u obrero descubre diligentemente la naturaleza de
la enfermedad que lo incapacita.17 Es decir, conforme a la
regla y a la decisión de Maisonet v. F.S.E., supra, el
único término para reclamar en la C.F.S.E. una enfermedad
ocupacional es de tres años, contados a partir de que el
obrero o empleado conoce la naturaleza y severidad de su
enfermedad y que ésta puede guardar relación con su empleo.
Esto, en vista de que, como concluimos, el término de doce
meses que establece el inciso (i) del Art. 3, supra, es uno
que se refiere al carácter compensatorio de una enfermedad
ocupacional y no al término prescriptivo de la acción a
reclamar.
IV
En el caso de autos, el Administrador de la C.F.S.E.
y la Comisión Industrial predicaron su denegatoria en el
caso de la señora Meléndez Villafañe en un supuesto término
de caducidad de doce meses. Interpretaron que un obrero o
empleado tiene un término de tres años “para radicar una
reclamación
en
caso
de
enfermedades
ocupacionales
[...]
siempre que no hayan transcurrido doce meses de la última
exposición a riesgo”. De esa forma, como la señora Meléndez
Villafañe presentó su reclamación más de un año y medio
después de su último día de empleo, la C.F.S.E. archivó su
caso. La Comisión confirmó dicho archivo.
17
7 Larson´s Workmen’s Compensation Law, Sec. 126.05 (2011).
AC-2009-94
13
No obstante y como hemos visto, tal interpretación se
aparta de la letra clara de la ley, que sólo establece que
las reclamaciones en casos de
enfermedades ocupacionales
deberán instarse dentro de un término de tres años a partir
de la fecha en que el obrero conoce la naturaleza de la
incapacidad y de su relación con el trabajo, o que pudo
haberla
adquirido
diligencia.
Por
mediante
ende,
no
el
ejercicio
existe,
como
de
razonable
interpretaron
el
Administrador de la C.F.S.E. y la Comisión Industrial, un
término
de
caducidad
de
doce
meses
para
iniciar
una
reclamación en los casos de enfermedades ocupacionales.
En
el
Villafañe,
caso
las
particular
primeras
de
la
señora
Meléndez
se
produjeron
manifestaciones
mientras
ésta
laboraba
en
el
área
compañía.
Es
decir,
sus
primeras
de
soldaduras
de
la
manifestaciones
se
produjeron mientras estuvo expuesta al riesgo propio del
empleo.
Por
consiguiente,
manifestaciones
que
se
no
estamos
produjeron
luego
ante
unas
la
última
de
exposición al riesgo. Además, es importante señalar que lo
anterior,
tal
y
C.F.S.E.,
refleja
como
reconoció
claramente
el
que
Administrador
la
señora
de
la
Meléndez
Villafañe sufrió una enfermedad ocupacional.18
Ahora bien, el Tribunal de Apelaciones sostuvo, al
tomar en cuenta el término de tres años, que la señora
Meléndez Villafañe tampoco estableció su reclamación dentro
de esos tres años a partir de la fecha en que adquirió o
18
Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 39.
AC-2009-94
14
pudo haber adquirido conocimiento de la naturaleza de la
incapacidad y de su relación con el trabajo. Advirtió que
la señora Meléndez Villafañe visitaba a su médico privado
desde
que
comenzó
a
sufrir
los
síntomas
de
dolor
y
molestias en 1998 y que la acción de acudir con regularidad
a
las
visitas
médicas
“debieron
razonablemente
haberle
informado de la naturaleza de la condición médica y su
relación con el trabajo”. No obstante, a nuestro juicio no
existe prueba en el expediente para determinar, como lo
hizo el Tribunal de Apelaciones, que la señora Meléndez
conoció la “naturaleza de su incapacidad” en 1998 cuando
comenzó a padecer síntomas y a recibir tratamiento médico.
Como ya explicamos, el término de tres años no comienza con
las primeras manifestaciones de la enfermedad sino cuando
el empleado conoce que su condición es incapacitante y que
la misma está relacionada con el trabajo.
Ciertamente es un hecho incontrovertido que la señora
Meléndez Villafañe comenzó a padecer dolor en el hombro
izquierdo, el área del cuello, el brazo y se le adormecían
las manos, desde 1998. Por tales padecimientos ésta recibió
tratamiento médico privado, cada vez que sentía necesidad,
por
los
próximos
peticionaria
seis
continuó
años.
Durante
trabajando
esos
sin
seis
años
solicitar
la
los
beneficios de la póliza que pagaba su patrono a la C.F.S.E.
Sin embargo, según surge del expediente, luego que cesó de
trabajar
en
el
2004
la
peticionaria
continuó
con
los
síntomas y con el tratamiento médico privado, ignorando que
AC-2009-94
era
15
posible
recibir
cuando
hubiera
privado
le
condición
los
cesado
advierte
surgiera
beneficios
de
de
a
de
trabajar.
la
la
Una
posibilidad
consecuencia
de
C.F.S.E.,
aun
vez
su
médico
real
de
que
su
trabajo,
la
su
peticionaria acude a los médicos de la C.F.S.E. quienes la
evaluaron
y
partir
dicho
de
Villafañe
diagnosticaron
diagnóstico
conoció
enfermedad.
De
su
la
esa
condición.
médico
naturaleza
forma,
el
la
y
término
Así,
señora
pues,
Meléndez
severidad
para
a
de
su
reclamar
los
beneficios ante la C.F.S.E. comenzó a transcurrir desde esa
fecha.
Contrario
a
lo
que
sostuvo
el
Tribunal
de
Apelaciones, la fecha de inicio para reclamar no puede ser
la fecha en que ocurrieron las primeras manifestaciones.
Ello es contrario a la norma de Maisonet v. F.S.E., supra.
El
término
conoce
que
para
su
reclamar
condición
inicia
es
desde
que
incapacitante
el
empleado
porque
se
ha
tornado severa y que la misma puede guardar relación con su
empleo.
La señora Meléndez Villafañe presentó sus primeros
síntomas en 1998, pero aún así ella continuó trabajando
hasta el 2004. Por tal razón, no podemos utilizar el 1998
como la fecha en que inicia el periodo para reclamar. En el
2006
es
que
la
señora
Meléndez
Villafañe
adviene
al
conocimiento de que podía acudir a la C.F.S.E debido a que
sus
padecimientos
anterior.
Además,
guardaban
aún
si
relación
concluyéramos
con
que
su
la
trabajo
señora
AC-2009-94
Meléndez
16
Villafañe
conoció
la
relación
causal
entre
su
enfermedad y el trabajo mucho antes de su despido, ello no
produce, por sí solo, el inicio del término para reclamar.
No es hasta que los médicos de la C.F.S.E. le diagnostican
los traumas cervical, de manos y de hombro que la señora
Meléndez Villafañe conoce que su enfermedad es ocupacional
e incapacitante. Ella conoció la severidad de su enfermedad
cuando
acudió
a
la
C.F.S.E.,
por
tal
razón,
estaba
en
término para presentar su reclamación. Por lo tanto, erró
la
C.F.S.E.
al
cerrar
el
caso
de
la
señora
Meléndez
Villafañe.
V
En
armonía
con
lo
antes
señalado,
se
revoca
la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de
San Juan, y se devuelve el caso a la Corporación del Fondo
del
Seguro
del
Estado
para
ulteriores
procedimientos
compatibles con lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Meléndez Villafañe
Peticionaria
v.
Corporación del Fondo del
Seguro del Estado
Recurrida
AC-2009-94
Comisión Industrial de
Puerto Rico
Agencia-Revisada
Thomas & Betts Corp.
Patrono
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente, se revoca la Sentencia del Tribunal
de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, y se
devuelve el caso a la Corporación del Fondo del
Seguro del Estado para ulteriores procedimientos
compatibles con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Asociado señor Rivera García no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo