Tribunal Supremo de Puerto Rico
Constructora Estelar, S.E. v. Autoridad de Edificios Públicos
2011 TSPR 139
Poder Judicial de Puerto Rico
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Constructora Estelar, S.E. v. Autoridad de Edificios Públicos
CC-2009-259 Cons. CC-2009-267
Arbitraje – Término para emitir un laudo; prórroga; validez para emitir un decreto después del plazo dispuesto
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Constructora Estelar,
S.E. y Otros
Recurridos
Certiorari
v.
2011 TSPR 139
Autoridad de Edificios Públicos
Y Otros
183 DPR
____
Peticionarios
Número del Caso: CC
Cons. CC
- 2009 - 259
- 2009 - 267
Fecha: 28 de septiembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región de San Juan, Panel II
Jueza Ponente:
Hon. Carlos A. Cabán García
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Enrique R. Adames Soto
Lcdo. Oscar M. González Rivera
Lcda. Vivian Rodríguez Ortiz
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Edilberto Berríos Pérez
Abogado de Seaboard Surety Co.
Lcdo. Alfredo Fernández Martínez
Materia:
Laudo de Arbitraje
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está
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compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Constructora
S.E. y Otros
Estelar,
Recurridos
v.
Autoridad de Edificios
Públicos y Otros
CC-2009-259
Peticionarios
Cons.
Certiorari
Constructora Estelar
Peticionario
CC-2009-267
v.
Autoridad de Edificios
Públicos y Otros
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR
ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2011.
Nos
corresponde
atender
unas
controversias
relacionadas con la Ley para Autorizar la Celebración de
Convenios de Arbitraje en Puerto Rico, Ley Núm. 376 de 8
de mayo de 1951, 32 L.P.R.A. § 3201, et seq. (Ley de
Arbitraje). Específicamente, si la prórroga a un término
establecido para emitir un laudo de arbitraje debe ser por
escrito a tenor con lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley
de
Arbitraje,
establecer
si
32
un
L.P.R.A.
decreto
§
emitido
3214.
Además,
transcurrido
debemos
el
plazo
dispuesto es automáticamente inválido. Igualmente, debemos
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
entender
para
la
facultad
revisar
arbitraje
la
un
del
laudo
2
Tribunal
en
el
determinación
de
que
Primera
sólo
sobre
la
se
Instancia
sometió
validez
de
a
una
declaración de incumplimiento contractual.
Luego
de
un
análisis
de
la
doctrina
atinente,
concluimos que el Art. 14 de la Ley de Arbitraje, supra,
no
aplica
emitir
un
cuando
las
partes
acordaron
laudo
de
arbitraje,
por
un
lo
término
que
no
requisito que su prórroga conste por escrito.
para
es
un
De igual
forma, ultimamos que el decreto formulado en exceso al
referido periodo no es automáticamente nulo. A su vez,
enmarcamos la facultad del Tribunal de Primera Instancia
para revisar un laudo de arbitraje.
I
Un
trasfondo
de
los
hechos
medulares
ante
nuestra
consideración
refleja
que
el
de
marzo
de
1992
la
Autoridad
de
Vivienda
Pública
y
Autoridad
de
Edificios
Públicos
administraría
la
(AEP)
12
(AVP)
acordaron
modernización
de
la
que
ciertos
la
última
residenciales
públicos conforme a un programa general de mejoras de la
Administración de Vivienda Federal (HUD).1 Como parte del
referido programa, se celebró una subasta para el proyecto
conocido como “Modernización del Residencial Ernesto Ramos
Antonini”,
Segunda
Fase.
El
proyecto
consistía
de
la
modernización de 384 unidades de vivienda en 38 edificios
1
Los residenciales públicos en cuestión, son: Ernesto
Ramos Antonini, Manuel A. Pérez, Torres de la Sabana,
Margaritas II, Margaritas III y Perla del Caribe.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
3
y trabajos de mejoras a las calles y áreas comunales tales
como edificio de Head Start, centro comunal, parque de
pelotas y gradas. La subasta fue adjudicada a favor de la
Constructora Estelar, S.E. (Constructora Estelar), por lo
que el 23 de julio de 1993 ésta, la AVP y la AEP otorgaron
el respectivo contrato.2 Seaboard Surety Corp. (Seaboard
Surety) emitió la fianza de pago y cumplimiento.
El 15 de noviembre de 1995 las partes se declararon
mutuamente
en
incumplimiento
esencia,
la
AEP
y
la
Estelar
retrasó
la
obra
materiales
suficientes,
AVP
entendieron
por
y
sustancial
(default).
que
En
Constructora
no
contar
con
poseer
una
pobre
personal
y
situación
económica. Por su parte, Constructora Estelar adujo, entre
otras, que la AEP y la AVP no entregaban nuevos edificios
para trabajar, no recibían edificios completados, exigían
labores que no fueron contratadas, paralizaban labores y
no pagaban las órdenes de cambio. Como consecuencia de
ello, la AVP y la AEP requirieron a Seaboard Surety la
asunción y terminación de las obras. El 7 de febrero de
1996 todas las partes suscribieron un contrato denominado
Takeover Agreement para que Seaboard Surety completara el
proyecto de modernización, a tenor con los términos del
2
La AVP compareció como dueña de la obra, la AEP como
administradora
de
los
contratos
de
construcción
y
Constructora Estelar como contratista general. El contrato
original fue adjudicado por $11,515,000. La remodelación
inició el 2 de agosto de 1993 y la fecha de terminación
original estaba pautada para el 26 de septiembre de 1995.
Véase, Apéndice, CC-2009-09-259, a la pág. 287.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
contrato
originalmente
suscrito
4
entre
AVP,
AEP
y
Constructora Estelar.
Como parte del Takeover Agreement relacionado con el
residencial Ernesto Ramos Antonini, las partes pactaron
que cualquier causa de acción por daños causados en virtud
del
contrato
suscrito
por
éstas
no
sería
sometido
a
arbitraje y podría ser iniciado ante los tribunales.3 Por
el contrario, la única controversia a ser dilucidada ante
un panel de árbitros sería si fue correcta la declaración
de incumplimiento emitida por la AVP y la AEP.4
En lo pertinente al arbitraje, el Takeover Agreement
dispone:
[n]otwithstanding
contractual
provisions
under
the
General
Conditions,
particularly
Article 15.2 (among others) and the limitations
therein contained as to scope of any arbitration,
the parties except as otherwise provided hereby
agree and covenant to determine the propriety of
the default issue and submit said disputes to
arbitration within thirty (30) days after the
execution of this Agreement. This provision is to
3
El Takeover Agreement establece que:
Notwithstanding any other provision of this
Agreement, no cause of action that either party
to the construction contract might have against
the other for damages caused by nonperformance of
contract shall not be submitted to arbitration.
The party to the construction contract which
feels entitled to such cause of action shall be
authorized to initiate such action in any court
of competent jurisdiction.
Véase, Takeover Agreement, Apéndice, CC-2009-259, a la
pág. 172.
4
El Takeover Agreement dispone que: “the parties
except as otherwise provided hereby agree and covenant to
determine the propriety of the default issue and submit
said disputes to arbitration”. Véase, Takeover Agreement,
Apéndice, CC-2009-259, a la pág. 171.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
be construed as a “formal submission agreement”.
It shall not be necessary, indispensable or
precondition
that
the
architect
issues
any
opinion or decision prior to commencement of
arbitration proceedings. The final decision of
the arbitration panel shall be binding on all
parties who participate. The arbitrators shall be
three (3) and will be selected under the
provision of Article 15.2 of the Contractual
General Conditions. The arbitrators shall decide
the disputes submitted to them pursuant to the
Laws of Puerto Rico and the decision shall
conform to Law.
The rules of the American
Arbitration
Association
(AAA)
shall
not
be
applicable,
except
to
supplement
areas
of
controversy
or
doubt,
in
such
event
the
applicable rules of the AAA shall be those that
will become effective March 31, 1996.
The
parties to the arbitration shall be entitled to
discovery in a limited fashion, unless mutually
agreed otherwise; namely each party shall be
entitled to take a maximum of three (3) oral
depositions
per
project;
the
parties
shall
exchange all relevant documents and shall be
entitled to inspection of documents. Arbitrators
shall
admit
into
evidence
only
relevant
documents,
relevant
regarding
the
issues
submitted for decision and a limited periphery
thereof.
Final hearing shall be held within 90 days
from date hereof and unless mutually agreed the
maximum hearing period shall be twelve full
working days, with time allocated equally to each
party, the time on cross examination shall be
considered
as
time
consumed
by
the
party
propounding the questions. All evidence that
makes
reference
to
numbers,
figures
or
computations be it time, money, cost, damages,
change orders, certifications or similar matter
shall
be
submitted
trough
summaries.
The
arbitrators shall issue their written decision
within thirty (30) days from the date when the
hearings close. The arbitrators shall issue their
decision with specific findings of fact and
conclusions of law. The final decision of the
arbitration panel shall be final, except as it
may be challenged, questioned or attacked under
the provisions of the Laws of Puerto Rico and
this submission agreement; the final findings of
fact and conclusions of law shall be binding on
all parties to the arbitration for all legal
purposes. Nothing considered as having been
resolved for or against either party and shall be
5
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
6
considered as all rights and prerogatives related
thereto having been fully reserved. [Énfasis
nuestro]
A la luz de lo acordado, el 15 de noviembre de 1996
Constructora
Estelar
y
otros
demandaron
en
daños
y
perjuicios a la AVP, AEP y Seaboard Surety.5 A su vez,
comenzó entre las partes el proceso de arbitraje suscrito
en el Takeover Agreement.6
El proceso de arbitraje comenzó con la selección del
panel
de
árbitros
compuesto
por
el
Ingeniero
Jorge
Guillermety, y los licenciados Antonio Moreda González y
Antonio Corretjer Piquer.7
5
Posteriormente, el 5 de marzo de 1997 Constructora
Estelar presentó una demanda enmendada que comprende
causas de acción de alegaciones de culpa, negligencia,
craso menosprecio al daño, interferencia con relaciones
contractuales, ausencia de buena fe y falta de pago. La
AEP y la AVP solicitaron la desestimación de la demanda al
alegar que las referidas reclamaciones eran contractuales
y debían ser dilucidadas por arbitraje. El foro de
instancia
denegó
desestimar
la
acción
instada
por
Constructora Estelar. Ello fue objeto de estudio por el
Tribunal de Apelaciones en el recurso KLCE9701042 que fue
denegado mediante resolución de 8 de enero de 1998.
6
El
Takeover
Agreement
establecía
que
los
procedimientos se celebrarían en un término de noventa
(90) días. Originalmente, la AEP y AVP cuestionaron la
jurisdicción del panel de árbitros al aducir que el
término para celebrar la vista final culminó. Ante ello,
el panel de árbitros paralizó los procedimientos en espera
de que el Tribunal de Primera Instancia atendiera el
planteamiento jurisdiccional. El foro primario determinó
que el panel de árbitros tenía jurisdicción. La AEP y AVP
acudieron ante el Tribunal de Apelaciones, KLCE199900277
que denegó el recurso mediante resolución de 14 de mayo de
1999. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la conducta
de la AEP y AVP era inconsistente con el procedimiento de
arbitraje que apoyó y patrocinó durante dos años. No
existe controversia con relación a este particular.
7
El Ing. Jorge M. Guillermety fue nombrado por la AEP
y la AVP. Constructora Estelar y Seaboard Surety nominaron
al licenciado Moreda González, y el tribunal designó al
licenciado Corretjer Piquer.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
7
El panel de árbitros celebró sobre cincuenta y cinco
(55) días de vistas que comenzaron el 31 de enero de 2000
y culminaron el 6 de diciembre de 2001. Durante dichas
vistas,
hubo
numerosos
testigos
y
prueba
pericial
en
ingeniería y contabilidad. Además, las partes sometieron
memorandos post-vistas y memorandos de réplica a vencer el
1ro de abril de 2002.
Finalmente, el panel de árbitros emitió un extenso
laudo
el
15
de
mayo
de
2002.
Por
una
parte,
el
Ing.
Guillermety y el licenciado Corretjer Piquer concluyeron
que la declaración de incumplimiento emitida por la AEP y
AVP era apropiada. Por el contrario, el licenciado Moreda
González emitió una opinión disidente en la cual determinó
que
no
estaba
justificada
la
declaración
de
incumplimiento.8
En desacuerdo con el laudo emitido, Seaboard Surety y
Constructora
Estelar
presentaron
ante
el
Tribunal
de
Primera Instancia sendas solicitudes de revocación, el 12
de
agosto
de
2002
y
el
9
de
agosto
de
2002,
respectivamente.9
8
Véase, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 536-614.
9
Las solicitudes para revocar el laudo, al amparo del
Art. 24 de la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. § 3224, fueron
presentadas dentro de los tres (3) meses siguientes a la
entrega del laudo en la acción de daños y perjuicios
presentada por Constructora Estelar el 15 de noviembre de
1996. Véanse, “Solicitud de Revocación y/o Anulación de
Laudo de Arbitraje” presentada por Surety Board, Apéndice,
CC-2009-259, a las págs. 276-323; “Moción para Revocar o
Anular
Laudo”
presentada
por
Constructora
Estelar,
Apéndice, CC-2009-259, a las págs. 327-334; “Memorándum en
Apoyo a Moción para Revocar o Anular Laudo” presentada por
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
8
Por su parte, Seaboard Surety impugnó el laudo al
indicar que los hechos para sustentarlo son contrarios a
derecho, se le privó de su derecho a seleccionar la forma
en que podía cumplir su obligación al amparo de la fianza
emitida, tomó en consideración evidencia inadmisible, al
concluirse que no tenían un derecho a un periodo de cura
(cure
period)10
jurisdicción
y
al
entender
debido
a
que
no
que
fue
fue
emitido
sin
dictado
dentro
del
término de treinta (30) días a partir de la última vista
de
arbitraje
conforme
a
lo
dispuesto
en
la
ley
y
el
acuerdo de sumisión sin que dicho término fuera extendido
por escrito.11
Por otro lado, Constructora Estelar objetó el laudo de
arbitraje
mayoritaria
delegaron
al
de
sus
señalar,
los
entre
árbitros
funciones
de
otras,
que
que
la
opinión
firmaron
el
decreto
evaluar
y
aquilatar
la
Constructora Estelar, Apéndice, CC-2009-259, a las págs.
341-416; “Relación de Hechos Determinados en el Laudo
Mayoritario y Señalamiento de Inconsistencias y Errores en
los Mismos” presentada por Constructora Estelar, Apéndice,
CC-2009-259, a las págs. 417-479.
10
Este es un periodo que se brinda al contratista para
que pueda reparar el alegado incumplimiento. Por regla
general,
comienza
con
una
notificación
escrita
al
contratista en el que se le informa sobre la falta
alegada.
La industria de la construcción reconoce este
tipo de periodo de cura antes de que se decrete la
terminación del contrato. Véase, M. Klinger y otros, The
Construction Project: phases, people, terms, paperwork,
processes, Estados Unidos, American Bar Association, 2006,
173.
11
Con relación a este particular, Seaboard Surety hace
referencia a la cláusula del Takeover Agreement que
establece como sigue: “This Agreement shall not be
changed, amended or altered in any way except in writing
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
evidencia,
reconocer
violaron
ni
el
impartir
9
debido
proceso
vigencia
a
las
de
ley
al
estipulaciones
no
y
admisiones de las partes, actuaron contrario a derecho y
luego
de
expirado
el
(30) días para ello
término
jurisdiccional
de
treinta
sin que éste fuera prorrogado por
escrito, por lo que no surte efecto. Constructora Estelar
arguye que el referido término expiró el 1ro de mayo de
2002.12 Para sostener su impugnación ante el Tribunal de
Primera
Instancia,
Constructora
Estelar
memorándum en apoyo a su contención
presentó
un
y una relación de
hechos determinados con un señalamiento de inconsistencias
y errores.
El 18 de febrero de 2003 la AEP presentó
en
cuanto
arbitraje.13
a
la
A
solicitud
tales
de
efectos,
impugnación
la
AEP
del
su postura
laudo
argumentó
que
de
el
Tribunal de Primera Instancia está vedado de revisar la
apreciación de los hechos determinados por el panel de
árbitros debido a que les corresponde a éstos aquilatar la
prueba. La AEP enfatizó que la norma jurídica es a favor
del arbitraje por lo que los tribunales no se inclinan a
revocar los laudos. En torno al aspecto concerniente a la
jurisdicción, la AEP indicó que las partes extendieron el
and executed by both the Owner/Agent and Surety”. Véase,
Apéndice, CC-2009-0259, a la pág. 174.
12
Véase, “Memorándum en Apoyo a Moción para Revocar o
Anular Laudo”, Apéndice, CC-2009-259, a la pág. 375.
13
Véase, “Solicitud de Desestimación de Impugnación de
Laudo de Arbitraje” presentada por la AEP, Apéndice, CC2009-259, a las págs. 227-235.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
10
término para que el panel de árbitros emitiera el laudo a
cuarenta y cinco (45) días a partir de que se sometieran
las réplicas a los memorandos, es decir, desde el 1ro de
abril de 2002, por lo que el tiempo para emitir el laudo
culminaba
el
16
de
mayo
de
2002.
La
AEP
presentó
declaraciones juradas del licenciado Corretjer Piquer y
del Ing. Guillermety para establecer que el caso quedó
finalmente sometido el 1 de abril de 2002 y que el término
para
rendir
el
laudo
vencía
el
16
de
mayo
de
2002.14
Además, hizo referencia a la “Moción Informando Término
para Emisión de Laudo de Conformidad con Pacto Unánime”
suscrita por Constructora Estelar con fecha del 9 de mayo
de 2002.15
14
Véase, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 238-242.
15
En ésta se expresa, en lo pertinente:
Comparece la parte demandante, por conducto
de su representación legal que suscribe, y
respetuosamente informa lo siguiente;
1. En las vistas de arbitraje se pactó
unánimemente lo siguiente, con el consentimiento
de los árbitros en vista evidenciaria y con la
presencia de todos los abogados:
a
El
término
para
someter
los
memorandos post-vistas vencería el 20 de
febrero de 2002.
b
Las partes presentarían un memorando
de réplica para el 25 de marzo de 2002.
c
El
Panel,
debido
al
volumen
de
evidencia y los datos que el caso conlleva,
tendría el término de cuarenta y cinco días
calendario
desde
la
radicación
del
memorándum de réplica para emitir su laudo.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
11
A tenor con ello, la AEP señaló que no existen razones
para que proceda la revocación y/o anulación del laudo, es
decir, no se incurrió en fraude, parcialidad, corrupción,
y los árbitros no se excedieron de sus funciones conforme
al acuerdo de sumisión, por lo que procede la confirmación
del decreto. De igual forma, la AVP presentó en abril de
2003 su postura con relación a la impugnación del laudo
sometida por Constructora Estelar y Seaboard Surety.16 En
efecto, la AVP señaló que las determinaciones de hecho
sobre la interpretación del contrato y la prueba recibida
no
son
revisables
judicialmente.
A
la
vez,
la
AVP
concurrió con lo expresado por la AEP en su solicitud de
desestimación.
2. Las fechas fueron modificadas a solicitud
de una u otra parte con el consentimiento unánime
del Panel. Inicialmente Estelar solicitó tiempo
adicional para someter su memorando, a lo que las
demás
partes
consintieron.
Subsiguientemente
Vivienda Pública solicitó tiempo para someter el
memorando de réplica, a vencer el 1 de abril de
2002. Todas las demás partes expresaron su
consentimiento, por lo que todas las partes
sometieron sus memorandos de réplica el 1 de
abril de 2002.
3.
Considerando los acuerdos sobre términos
de radicación, las extensiones pactadas y la
fecha en que, como consecuencia, la controversia
quedó sometida al Panel, el término para emitir
laudo vence el 16 de mayo de 2002.
POR TODO LO CUAL, respetuosamente se solicita
a este Honorable Tribunal que tome conocimiento
de la información aquí contenida.
Véase, Apéndice CC-2009-0259, a las págs. 480-481.
16
Véase, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 208-213.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
12
El Tribunal de Primera Instancia celebró una audiencia
argumentativa, y una vez examinadas las contenciones de
las partes con sus respectivos apéndices que contenían la
prueba
presentada
transcripciones
ante
de
las
el
panel
referidas
de
arbitraje
audiencias,17
y
las
emitió
sentencia parcial el 15 de noviembre de 2006, archivada en
autos el 5 de diciembre de 2006.18 Mediante el referido
dictamen,
el
foro
primario
revocó
el
laudo
emitido
al
concluir que la declaración de incumplimiento efectuada
por la AEP y la AVP fue errónea en los hechos, forma y en
derecho.
Específicamente,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
destacó que las partes pactaron que el laudo de arbitraje
sería emitido conforme a derecho en cuanto a la validez de
la
declaración
de
incumplimiento
del
proyecto
Ernesto
Ramos Antonini. El foro primario reconoció que su función
estaba limitada a revisar el laudo por el expediente del
arbitraje, por lo que concedería deferencia a todo hecho
determinado
por
el
panel
de
árbitros
que
estuviera
sostenido por la prueba sustancial sometida y admitida por
el
tribunal
prueba.
de
acuerdo
Asimismo,
con
expresó
un
que
balance
un
racional
hecho
de
la
estipulado
o
17
No contamos con el expediente del panel de árbitros,
la transcripción de dichos procedimientos ni la evidencia
documental aquilatada. Tampoco poseemos copia de los
memorandos y réplicas presentadas por las partes durante
dicho proceso.
18
Recordamos,
que
la
impugnación
del
laudo
de
arbitraje fue presentada dentro del caso de daños y
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
admitido
por
las
partes
13
reducía
la
controversia
entre
éstas y un error en la determinación de un hecho que no
está sostenido o es contrario a la prueba, constituyen un
error de derecho.19
El Tribunal de Primera Instancia recogió en detalle
aquellos
hechos
que
consideró
estaban
apoyados
por
la
prueba presentada para concluir que el laudo mayoritario
no
está
sostenido
por
el
récord
en
su
totalidad
y
es
contrario a las admisiones, estipulaciones, reconocimiento
y obligaciones de las partes. El foro primario concluyó
que Constructora Estelar no abandonó el proyecto. Por el
contrario, estableció que la AVP y la AEP no administraron
el contrato diligentemente.
El
Tribunal
de
Primera
Instancia
atendió
el
planteamiento sobre la jurisdicción del panel de árbitros
esgrimido por Constructora Estelar. A estos efectos, el
foro primario expresó que:
La ausencia de una extensión de tiempo por
escrito y firmada por la letra de la ley priva al
panel
arbitral
de
jurisdicción.
Evitamos
profundizar en dicho tema para evitar un choque
entre la letra de dicha ley y planteamientos
sobre su validez, pues habiéndose decretado la
revocación del laudo, el punto es innecesario.20
El
15
de
diciembre
de
2006
la
AEP
presentó
una
reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos
perjuicios presentado por Constructora Estelar en el año
1996.
19
Véase, sentencia parcial, Apéndice, CC-2009-0259, a
las págs. 127-128.
20
Véase, sentencia parcial, Apéndice CC-2009-0259, a
las págs. 158-159.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
14
adicionales de la sentencia parcial.21 Adujo que procedía
que
el
dictamen
Tribunal
al
jurisdicción
de
Primera
Instancia
que
el
foro
revocar
el
laudo
sostener
para
reconsiderara
primario
y
carece
sustituir
su
de
las
determinaciones de hechos del panel de árbitros, por lo
que procede confirmar el laudo de arbitraje. A su vez, AEP
solicitó al foro de instancia una serie de determinaciones
de hechos adicionales esencialmente dirigidas a establecer
una
cadena
Estelar
de
eventos
incumplió
el
para
concluir
que
contrato
para
modernización
la
Constructora
de
Ernesto Ramos Antonini sin que las actuaciones de la AVP y
la AEP afectaran el desarrollo del proyecto.
El Tribunal de Primera Instancia ordenó a las partes
replicar
a
la
determinaciones
de
solicitud
hechos
de
reconsideración
adicionales
mediante
y
Orden
emitida el 28 de diciembre de 2006, notificada el 31 de
enero de 2007. 22
Entretanto, el 29 de diciembre de 2006, Constructora
Estelar
presentó
su
oposición
a
la
solicitud
de
reconsideración y de determinaciones de hechos adicionales
presentada
por
la
AEP.23
En
compendio,
señaló
que
el
Tribunal de Primera Instancia tiene autoridad para revocar
el laudo y actuó correctamente al constatar que los hechos
determinados
por
el
panel
de
arbitraje
estuvieron
21
Véase, “Moción de Reconsideración y Solicitud de
Determinaciones de Hechos Adicionales”, Apéndice, CC-20090259, a las págs. 100-117.
22
Véase, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 615-616.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
15
sostenidos por la prueba o no fueron contrarios a las
admisiones de las partes. Arguyó que dicha potestad surge
del convenio de arbitraje al requerir que el laudo emitido
sea
conforme a derecho.
procedía
la
adicionales
solicitud
ya
que
la
De otra parte, debatió
que no
de
de
hechos
de
Primera
determinaciones
función
del
Tribunal
Instancia al revisar un decreto de arbitraje es una de
naturaleza apelativa.
Por su parte, el 10 de enero de 2007 Seaboard Surety
presentó su oposición en la que expresó que las partes
pactaron que el laudo debió ser conforme a derecho, por lo
que el Tribunal de Primera Instancia estaba facultado para
revisar que las determinaciones de hechos acogidas por el
panel de árbitros estuviesen sustentadas por la prueba.
Asimismo,
Seaboard
Surety
sostuvo
que
la
solicitud
de
determinaciones de hechos es frívola.24
Luego de múltiples escritos presentados por las partes
en apoyo a las posturas antes reseñadas,25 el 2 de mayo de
2007, notificada el 9 de mayo de 2007, el Tribunal de
23
Véase, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 86-99.
Véase, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 74-85.
24
25
Véase,
“Réplica
a
Oposición
a
Moción
de
Reconsideración” presentada por la AEP el 22 de febrero de
2007, “Respuesta a Réplica a Moción de Reconsideración”
presentada el 14 de marzo de 2007 por Constructora
Estelar,
“Dúplica
a
Réplica
a
Oposición
a
Moción
Solicitando Reconsideración y Solicitud de Determinaciones
de Hechos Adicionales” presentada el 28 de marzo de 2007
por Surety Seaboard, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs.
617-623,650-652.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
Primera
Instancia
declaró
No
16
Ha
Lugar
la
solicitud
presentada el 15 de diciembre de 2006 por la AEP.26
Así las cosas, el 8 de junio de 2007 la AVP y la AEP
presentaron una “Apelación Conjunta” ante el Tribunal de
Apelaciones. En ésta cuestionaron la facultad del Tribunal
de Primera Instancia para revocar el laudo de arbitraje.
Éstas argumentaron que la decisión del panel era final y
definitiva para las partes, por lo que las determinaciones
de hechos eran vinculantes y obligaban al foro primario
cuyo deber era aplicar el derecho a partir de los hechos
determinados por los árbitros.
las
únicas
razones
por
las
Igualmente, adujeron que
cuales
procedía
revocar
un
decreto están enunciadas en la Ley de Arbitraje.27
Constructora Estelar y Seaboard Surety se opusieron a
la postura de AVP y AEP presentada ante el Tribunal de
Apelaciones.
En
sumario,
Constructora
Estelar
argumentó
que el laudo debía ser conforme a derecho, por lo que los
hechos determinados por el panel de árbitros deben estar
sostenidos
por
estipulada
y
la
totalidad
presentada
de
conforme
la
a
prueba
los
admitida,
principios
del
26
Véase, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 690-691.
Originalmente, el Tribunal de Primera Instancia acogió la
solicitud de la AEP mediante orden del 28 de diciembre de
2006, notificada el 31 de enero de 2007. Id., a las págs.
615-616. Luego, el 14 de febrero de 2007, notificada el
día 22 de ese mes y año, declaró No Ha Lugar la solicitud
presentada por la AEP. Id., a las págs. 636-637. Sin
embargo, el 9 de marzo de 2007, notificada el 20 de marzo
de
2007
el
foro
primario
dejó
sin
efecto
esta
determinación. Id., a las págs. 640-642.
27
Véase,
3222.
Art.
22,
Ley
de
Arbitraje,
32
L.P.R.A.
§
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
debido
proceso
de
ley.
De
no
17
estar
sostenidos
por
el
expediente, el foro primario puede emitir determinaciones
de hechos nuevas o adicionales.
Durante el trámite ante el Tribunal de Apelaciones,
dicho foro indagó en torno al aspecto del término para que
el panel de árbitros emitiera el laudo. Específicamente,
el foro intermedio auscultó si hubo un acuerdo escrito
entre las partes para prorrogar el mismo.
Como corolario de lo anterior, las partes sometieron
alegatos suplementarios.28 AEP señaló que el término para
que el panel de arbitraje emitiera el laudo fue prorrogado
por
las
partes
presentada
por
y
ello
fue
Constructora
recogido
Estelar
con
mediante
la
moción
anuencia
de
todas las partes.29
Por su parte, Constructora Estelar expresamente indicó
que nunca ha existido un acuerdo escrito y firmado por
todas las partes para extender el término para emitir el
laudo
y
tampoco
se
ha
ratificado
por
mutuo
acuerdo
y
reducido a escrito que el laudo se haya emitido luego de
expirado el término de ley. Por tanto, aduce que ello es
un requisito constitutivo lo que hace el laudo nulo en
ausencia de un acuerdo escrito para prorrogar el periodo
para
emitir
el
decreto.
De
igual
forma,
Constructora
Estelar expuso que ello le causó un daño sustancial ya que
28
Véase, “Alegato Suplementario” presentado por
AEP, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 1040-1060.
la
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
en
ese
tiempo
se
preparó
un
18
proyecto
de
laudo
que
incorporaba los argumentos diseñados por la AEP y la AVP.30
Finalmente, Constructora Estelar señaló que el arbitraje
estaba delimitado en tiempo, por lo que el único mecanismo
que
resta
para
dilucidar
la
controversia
consiste
en
acudir al tribunal donde existe un caso pendiente.
De otra parte, Seaboard Surety señaló que no media un
acuerdo escrito para la extensión del término para emitir
el laudo conforme a lo que las partes acordaron en el
contrato.
Así,
disposiciones
Arbitraje,
pues,
contenidas
supra.31
arguyó
que
no
en
Art.
14
el
aplican
de
la
Ley
las
de
Al igual que Constructora Estelar,
29
La AEP se refiere a la “Moción Informando Término
para Emisión de Laudo de Conformidad con Pacto Unánime”.
Véase, nota al calce 15.
30
Constructora Estelar cita el Art. 14 de la Ley de
Arbitraje Comercial, 32 L.P.R.A. § 3214 y el Takeover
Agreement. A pesar de ello, Constructora Estelar indicó
que durante las vistas de arbitraje las partes alcanzaron
un compromiso para prorrogar el término para emitir el
laudo a cuarenta y cinco días desde que se sometiere el
último memorando, por lo que según dicho compromiso,
expiró el 16 de mayo de 2002. Asimismo, al igual que la
AEP, indicó que informó sobre lo acordado a las partes y
al árbitro sin que se hubiera presentado oposición de
clase alguna. Constructora Estelar destacó que cuando la
AEP se opuso a la impugnación del laudo ratificó e informó
por escrito que se había prorrogado el término para emitir
el mismo. Constructora Estelar indicó que la AVP adoptó
por referencia lo indicado por la AEP, pero que Seaboard
Surety nunca ha expresado por escrito su anuencia a la
referida
prórroga.
Véase,
“Memorando
Suplementario
conforme Resolución del 29 de agosto de 2008”, Apéndice,
CC2009-0259,
a
las
págs.
1066-1084.
Nótese,
que
Constructora Estelar no acudió ante el Tribunal de
Apelaciones para plantear que el panel de árbitros actuó
sin jurisdicción.
31
Seaboard Surety indicó que Constructora Estelar hizo
un esfuerzo por obtener un acuerdo escrito concediendo la
extensión del término, el cual suscribiría, pero como se
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
Seaboard
Surety
argumentó
19
que
ante
la
falta
de
jurisdicción para proceder el arbitraje, lo que procede es
que
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
dilucide
la
controversia en el pleito pendiente ante dicho foro.32
Entretanto,
Constructora
Estelar
solicitó
la
desestimación del recurso presentado ante el Tribunal de
Apelaciones por entender que el mismo era tardío.33 Adujo
que la moción de reconsideración no interrumpió el término
para acudir ante el foro intermedio y la solicitud de
determinaciones de hechos no estaba disponible cuando el
Tribunal
de
Primera
Instancia
funge
como
foro
revisor.
Seaboard Surety se unió a la solicitud de desestimación.
La
AEP
se
opuso
a
la
desestimación
indicando
que
cuando el Tribunal de Primera Instancia acogió la moción
de reconsideración no había transcurrido el término para
acudir
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones.34
Constructora
Estelar, por su parte, replicó a dicha petición.35
le notificó que AEP
procedió a firmarlo.
y
AVP
no
firmarían
el
mismo,
no
32
Tampoco Seaboard Surety cuestionó la sentencia
parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia ante
el Tribunal de Apelaciones.
33
Véase, “Moción en Solicitud de Desestimación
Falta de Jurisdicción”, Apéndice, CC-2009-0259, a
págs. 1186-1193.
por
las
34
Véase, “Oposición a Solicitud de Desestimación por
Falta de Jurisdicción y Solicitud de Orden”, Apéndice, CC2009-0259, a las págs. 1204-1209.
35
Véase,
“Réplica
a
Oposición
a
Solicitud
Desestimación por Falta de Jurisdicción”, Apéndice
2009-0259, a las págs. 1217-1231.
de
CC-
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
20
El 5 de febrero de 2009 el Tribunal de Apelaciones
declaró
No
presentada
Ha
Lugar
por
la
solicitud
de
desestimación
Estelar
y
paralizó
Constructora
los
procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. El
foro
intermedio
interrumpió
concluyó
el
término
que
para
la
moción
acudir
presentada
en
alzada
al
solicitarse determinaciones de hechos adicionales.36
Finalmente,
el
Tribunal
de
Apelaciones
emitió
la
Sentencia ante nuestra consideración. En ésta resolvió que
el panel de árbitros no tenía jurisdicción para emitir el
laudo
de
arbitraje.
Al
así
hacerlo,
el
Tribunal
de
Apelaciones, en una concepción rígida del derecho y del
proceso de arbitraje, concluyó que la prórroga del término
para emitir el laudo debía constar por escrito.
En su
análisis, el Tribunal de Apelaciones se limitó a concluir
que el término para emitir el laudo era de treinta (30)
días calendario a partir de la última vista ante el panel
de
árbitros,
por
lo
que
invalidó
el
laudo.
El
foro
intermedio razonó que la autoridad de los árbitros estaba
limitada
por
el
acuerdo
de
sumisión
sin
auscultar
la
inequívoca conducta de las partes. Asimismo, entendió que
no se cumplió con los requisitos para prorrogar el término
36
El Tribunal de Apelaciones había emitido una
Resolución el 3 de febrero de 2009 declarando No Ha Lugar
la
solicitud
de
desestimación.
Constructora
Estelar
solicitó reconsideración. El Tribunal de Apelaciones
procedió a emitir una Resolución Enmendada el 5 de febrero
de
2009.
Nuevamente,
Constructora
Estelar
solicitó
reconsideración de la Resolución Enmendada, la cual fue
declarada No Ha Lugar el 24 de febrero de 2009.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
21
para emitir el laudo conforme dispone el Art. 14 de la Ley
de Arbitraje, supra, ya que no existe un acuerdo escrito y
firmado
por
todas
las
partes.37
Predicado
en
ello,
el
Tribunal de Apelaciones devolvió el caso al Tribunal de
Primera
Instancia
para
la
continuación
de
los
procedimientos conforme el Art. 22 de la Ley de Arbitraje,
32 L.P.R.A. § 3222.38
Inconforme,
la
comparecieron
ante
Constructora
Estelar
AEP
este
en
conjunto
Tribunal.39
impugnó
la
con
De
la
igual
sentencia
AVP
forma,
del
foro
intermedio.40 Los referidos recursos fueron consolidados el
25 de junio de 2010.
Ante nos, Constructora Estelar señaló esencialmente
que
el
Tribunal
de
Apelaciones
carecía
de
jurisdicción
para atender la petición presentada por la AEP y la AVP
ante dicho foro, por lo que solicita se revoque al foro
37
Al así resolver, el Tribunal de Apelaciones entendió
que no era necesario decidir si el Tribunal de Primera
Instancia erró al revocar el laudo de arbitraje impugnado.
38
En lo pertinente, el Art. 22 de la Ley de Arbitraje,
supra, establece:
En el caso que se revoque un laudo, el
tribunal podrá a su discreción ordenar una nueva
vista ante los mismos árbitros, o ante árbitros
nuevos a seleccionarse en la forma en que se
disponga en el convenio para la selección de los
árbitros originales, y cualquier disposición que
limite el término dentro del cual los árbitros
podrán llegar a una decisión se considerará
aplicable al nuevo arbitraje y a comenzar desde
la fecha de la orden del tribunal.
39
Dicho recurso corresponde al CC-2009-0259.
40
El recurso presentado por Constructora Estelar fue
identificado como el CC-2009-00267.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
22
intermedio. Los errores señalados por Constructora Estelar
son:
PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR- Erró el
Tribunal de Apelaciones al determinar que tenía
jurisdicción
para
atender
el
recurso
de
Certiorari, y concluir que el término para
recurrir en alzada quedó interrumpido cuando la
acogida por el Tribunal de Instancia a la
moción, llamada reconsideración, fue notificada
veintisiete días luego de haber expirado el
término para recurrir en alzada.
SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR- Erró el
Tribunal de Apelaciones al determinar que la
moción presentada por la AEP/AVP que tituló
Solicitud de Reconsideración y Determinaciones
de
Hechos
Adicionales
es
tal
cosa,
independientemente de su contenido, carente de
fundamentos, de referencias a la evidencia, de
señalamiento
de
materialidad
y/o
citas
al
récord.
Por
su
parte,
AEP
y
AVP
cuestionaron
la
referida
sentencia al señalar que erró el Tribunal de Apelaciones
al concluir que el panel de árbitros no tenía jurisdicción
para
emitir
el
laudo
debido
a
que
no
se
extendió
el
término para ello en un acuerdo escrito y firmado por
todas las partes y al no revocar la sentencia parcial
emitida por el Tribunal de Primera Instancia que sustituyó
y modificó las determinaciones de hechos emitidas por los
árbitros.
La
AEP
y
la
AVP
señalaron
los
siguientes
errores:
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES AL
DETERMINAR EN SU SENTENCIA QUE EL PANEL DE
ÁRBITROS QUE ATENDIÓ EL ARBITRAJE NO TENÍA
JURISDICCIÓN PARA EMITIR EL MISMO DEBIDO A QUE LA
EXTENSIÓN DEL TÉRMINO PARA ELLO NO FUE REALIZADA
POR ESCRITO Y SUSCRITA POR TODAS LAS PARTES.
ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO REVOCAR
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA MEDIANTE
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
23
LA CUAL SE “REVOCÓ” EL LAUDO DE ARBITRAJE, SIN
JURISDICCIÓN PARA ELLO.
ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO REVOCAR
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA POR
SUSTITUIR
LAS
DETERMINACIONES
DE
HECHOS
REALIZADAS POR EL PANEL DE ÁRBITROS Y CONTENIDAS
EN EL LAUDO, LUEGO DE ÉSTOS AQUILATAR LA PRUEBA
DURANTE 55 DÍAS DE VISTAS EVIDENCIARIAS, SIN
CONCEDERLE LA DEFERENCIA Y RESPETO QUE DICHAS
DETERMINACIONES
MERECEN
Y
SIN
MEDIAR
UNA
DETERMINACIÓN PREVIA DE PASIÓN, PREJUICIO O
PARCIALIDAD.
ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO REVOCAR
LA SENTENCIA PARCIAL EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE
INSTANCIA FAVORECIENDO LA PARTE RECURRIDA, PORQUE
AÚN SI HUBIESE TENIDO RAZÓN AL CONCLUIR QUE EL
PANEL DE ÁRBITROS HABÍA ERRADO COMO ASUNTO DE
DERECHO, NO TENÍA AUTORIDAD PARA MODIFICAR SUS
CONCLUSIONES DE HECHOS, POR LO QUE LO ÚNICO QUE
PODÍA HACER EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERA
DEVOLVER LA CONTROVERSIA A DICHO PANEL.
Ante ese cuadro procede dilucidar si el Tribunal de
Apelaciones tenía jurisdicción para atender los errores
señalados por la AVP y la AEP; cuáles son los requisitos
para prorrogar un término establecido para emitir un laudo
de arbitraje y sus posibles consecuencias.
II
En primer lugar, atenderemos la controversia planteada
por
Constructora
Estelar
ya
que
ésta
alude
a
la
jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender los
méritos del reclamo de la AEP y la AVP. Veamos.
Es
norma
celosos
obligados
conocida
guardianes
a
de
que
los
nuestra
considerarla
aun
tribunales
debemos
jurisdicción,
en
ausencia
ser
estando
de
algún
señalamiento de las partes al respecto. La razón para ello
es que la jurisdicción delimita la potestad o facultad que
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
24
los tribunales poseemos para atender una controversia ante
nuestra consideración. Tal asunto debe ser resuelto con
preferencia porque de carecer de jurisdicción para atender
un
asunto,
lo
único
que
corresponde
hacer
es
así
manifestarlo. S.L.G. Szendrey- Ramos v. F. Castillo, 169
D.P.R. 873, 883 (2007); Juliá, et al. v. Epifanio Vidal,
153 D.P.R. 357, 366-367 (2001); Pagán v. Alcalde Mun. de
Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997); González Santos v.
Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 63 (1989).
El no tener la potestad para atender un asunto no
puede ser corregido ni atribuido por el tribunal. García
v. Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1 (2007); Vázquez
v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Pueblo v. Miranda
Colón, 115 D.P.R. 511, 513 (1984).
Es doctrina reiterada
que la falta de jurisdicción sobre la materia conlleva
obligatoriamente las siguientes consecuencias: (1) no es
susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden
voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a
un tribunal ni el tribunal lo puede hacer motu proprio;
(3) los dictámenes son nulos (nulidad absoluta); (4) los
tribunales apelativos deben examinar la jurisdicción del
foro de donde procede el recurso y, (5) el planteamiento
de falta de jurisdicción sobre la materia puede hacerse en
cualquier etapa del procedimiento por cualquiera de las
partes
o
por
A.R.P.E., supra.
el
tribunal
motu
proprio.
Vázquez
v.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
25
En el caso ante nos, estamos ante una revisión de un
laudo de arbitraje. Al emitirse la sentencia parcial por
el
Tribunal
órdenes
y
de
Primera
sentencias
Instancia,
emitidas
por
la
revisión
el
foro
de
las
primario,
confirmando, modificando, corrigiendo o revocando un laudo
de
arbitraje,
son
revisables
mediante
el
recurso
de
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.41 Habida cuenta
de ello, el Tribunal de Apelaciones tiene competencia para
revisar las sentencias emitidas por el Tribunal de Primera
Instancia
en
el
ejercicio
de
su
jurisdicción
para
considerar la impugnación de laudos arbitrales. El recurso
debe ser presentado dentro del término de treinta (30)
días
siguientes
a
la
fecha
en
que
dictó
la
sentencia
recurrida.
41
Véanse, el Art. 28 de la Ley de Arbitraje, 32
L.P.R.A. § 3228, el inciso (b) del Art. 4.006 de la Ley
Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada,
conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura), 4
L.P.R.A. § 24y (b) y la Regla 32(D) del Reglamento del
Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 32(D).
El inciso (b) del Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura de
2003 dispone que el Tribunal de Apelaciones conocerá
“mediante auto de certiorari expedido a su discreción, de
cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de
Primera Instancia”.
Por su parte, la Regla 32 (D) del
Tribunal de Apelaciones establece que:
Reglamento del
El recurso de certiorari para revisar
cualquier otra resolución u orden o sentencia
final al revisar un laudo de arbitraje del
Tribunal de Primera Instancia se formalizara
mediante la presentación de una solicitud dentro
de los treinta (30) días siguientes a la fecha
del archivo en autos de copia de la notificación
de la resolución u orden recurrida. Ese término
es de cumplimiento estricto.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
26
Ahora bien, hay que tener presente que al momento de
los hechos ante nuestra consideración,
estaban vigentes
las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap.
III,42 las cuales permitían varios procedimientos una vez
dictada
una
sentencia
por
el
Tribunal
de
Primera
Instancia. De los procedimientos post-sentencia se destaca
la
moción
de
determinaciones
reconsideración
de
hechos
y
y
la
solicitud
conclusiones
de
de
derechos
adicionales regidas por las Reglas 47 y 43.3 de las Reglas
de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 47
y R 43.3, respectivamente.
La antigua moción de reconsideración regida por la
Regla
47,
afectada por
supra,
permitía
a
una
una
sentencia
o
resolución
un
plazo
reconsideración
de
ésta
en
parte
adversamente
solicitar
la
jurisdiccional
de
quince (15) días desde la notificación de la resolución o
la fecha de archivo en autos de la sentencia. Presentada a
tiempo, el Tribunal de Primera Instancia estaba obligado a
considerar
la
solicitud
de
reconsideración.
Una
vez
reflexionada, el foro primario tenía tres alternativas a
seguir: (1) tomar, dentro del término de diez (10) días,
"alguna determinación" respecto a la referida moción --por
ejemplo, señalar la misma para vista, concederle término a
la
otra
parte
para
que
se
exprese,
etc.--
en
cuya
situación se entendía interrumpido el término de revisión;
42
La discusión está enmarcada en las Reglas de
Procedimiento Civil de 1979 vigentes al momento de los
hechos ante nuestro estudio.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
(2)
declararla
mencionado
27
expresamente
término
de
diez
sin
lugar
(10)
días;
dentro
del
(3)
dejar
y
transcurrir el término de diez (10) días sin tomar acción
alguna lo que constituía un rechazo de plano. En estas dos
últimas
situaciones,
reconsideración
no
se
consideraba
interrumpió
el
que
la
término
moción
de
de
revisión.
Rodríguez Medina v. Mehne, 168 D.P.R. 570, 574-575 (2006);
Flores Concepción v. Taino Motors, 168 D.P.R. 504, 516518(2006); Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618,
632-634 (1991).
Ahora bien, aún transcurrido el término dispuesto de
diez
(10)
Primera
días
en
la
Instancia
Regla
47,
supra,
podía
acoger
el
la
Tribunal
de
moción
de
reconsideración oportunamente presentada siempre y cuando
lo hiciera y notificara dentro del periodo para acudir
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones
o
antes
de
que
se
presentara algún recurso dentro del referido término; en
cuyo caso se interrumpía el plazo
para acudir ante el
Tribunal de Apelaciones.43 Sindicato de Bomberos Unidos de
P.R. v. Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y otros, res. 26
de enero de 2011, 2011 T.S.P.R. 12, 180 D.P.R. ___;R & G
Mortgage v. Arroyo Torres y otros, res. 30 de diciembre de
2010, 2010 T.S.P.R. 236, 180 D.P.R.____;Caro v. Cardona,
43
Bajo las Reglas de Procedimiento Civil vigentes, una
oportuna y bien fundamentada moción de reconsideración
interrumpe automáticamente el término para acudir en
alzada. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
28
158 D.P.R. 592, 598-600 (2003); Lagares v. E.L.A., 144
D.P.R. 601, 612-613 (1997).
Además
de
la
moción
de
reconsideración,
bajo
el
esquema de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, una
parte
podía
solicitar
una
serie
de
determinaciones
adicionales de hechos y conclusiones de derecho de una
sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia al
amparo
de
la
antigua
Regla
43.3,
supra.
La
referida
solicitud debía ser presentada no más tarde de diez (10)
días después de haberse archivado en autos copia de la
notificación
de
la
sentencia
y
el
tribunal
podía,
entonces, enmendar la sentencia de conformidad.44 El efecto
que
ello
acarreaba
consistía
en
que
los
términos
para
acudir ante el Tribunal Intermedio eran interrumpidos y
comenzaban a contarse nuevamente tan pronto se resolviera
las determinaciones y conclusiones solicitadas. Regla 43.4
de las de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap.
III, R. 43.4; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153
D.P.R. 357, 366 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649,
653-654 (2000).
A tenor con la solicitud hecha conforme a la Regla
43.3, supra, el Tribunal de Primera Instancia tenía plena
oportunidad
de
enmendar
y
corregir
cualquier
error
cometido, y por lo tanto, hacer justicia cumplida. Es por
44
Hoy día esta moción debe ser solicitada en un
término de quince (15) días después del archivo en autos
de
la
sentencia.
De
presentarse
una
moción
de
reconsideración o de nuevo juicio, deberán solicitarse
todas en un solo escrito. 32 L.P.R.A. Ap. V R. 43.1.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
29
ello que la moción debía contener una relación, aunque
fuera sucinta, de cuáles hechos a juicio del solicitante
debían
ser
enmendados
determinados
por
el
o
los
tribunal
que
no
habían
sentenciador.
La
sido
referida
moción debía contener determinaciones específicas que se
fundaran en cuestiones sustanciales relacionadas con los
hechos pertinentes o conclusiones de derechos materiales.
García
v.
Hormigonera
Mayagüezana,
172
D.P.R.
1,
6-7
(2007); Vega, et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 596597 (2002); Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933, 938939 (1997).
Claro está, la mera solicitud al amparo de la Regla
43.3, supra, no obligaba al juez de instancia a tener que
formular determinaciones de hechos adicionales o enmendar
los
ya
determinados.
La
determinación
meramente
discrecional.
Recordemos
instancia
al
solicitud
examinar
la
del
juez
que
el
es
una
juez
de
generalizada
de
una
parte no podía hacer determinaciones de hechos adicionales
que
pudieran
estar
en
contradicción
con
las
determinaciones de hechos ya formuladas que están avaladas
por la prueba desfilada ante sí, o en oposición a sus
propias
conclusiones
debidamente
de
probados.
derecho
En
otras
apoyadas
en
palabras,
los
el
hechos
foro
de
instancia no estaba obligado a realizar determinaciones de
hechos
y
de
derecho
realizadas
si
estimaba
adicionales
que
las
o
enmendar
mismas
no
las
ya
procedían.
Carattini v. Collazo Sist. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345,
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
30
357 (2003); Blas v. Hospital Guadalupe, 146 D.P.R. 267,
319 (1997).
En atención a las actuaciones del Tribunal de Primera
Instancia
al
establecido
revisar
que
ello
un
laudo
de
arbitraje,
es
análogo
al
de
una
hemos
revisión
administrativa y que el rol del foro primario es el de un
foro apelativo. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc.,
116
D.P.R.
analizado
348,
que
adicionales
354-355
la
está
(1985).
moción
de
disponible
De
igual
forma,
hemos
determinaciones
de
al
laudo
revisar
un
hechos
de
arbitraje en las mismas instancias en las que procede una
solicitud
al
amparo
de
efectos,
establecimos
la
Regla
que
43.3,
en
supra.
estos
A
estos
casos
las
determinaciones de hechos pueden ser revisadas cuando no
están sostenidas por evidencia sustancial en el récord,
por
lo
que,
el
foro
de
instancia
determinaciones
de
hechos
nuevas
o
podría
adicionales
emitir
en
cuyo
caso estaría disponible la moción al amparo de la Regla
43.3, supra. U.I.T.I.C.E. v. C.E.A.T., 147 D.P.R. 522, 528
(1999).45
Con
el
marco
atender
la
reclamación
45
doctrinal
de
antes
enunciado
Constructora
pasemos
Estelar
a
con
En el referido caso, este Tribunal concluyó en un
arbitraje laboral que la solicitud al amparo de la Regla
43.3 de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III,
R. 43.3, no interrumpió el término para recurrir en alzada
porque el foro de instancia no hizo determinaciones de
hechos nuevas o adicionales y la moción fue radicada fuera
del término jurisdiccional dispuesto para ello.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
relación
a
la
falta
de
31
jurisdicción
del
Tribunal
de
Apelaciones.
III
El
estriba
planteamiento
en
que
el
jurisdicción
para
presentado
la
por
central
de
Constructora
Tribunal
de
Apelaciones
atender
el
recurso
AVP
y
la
AEP.
Su
Estelar
carecía
que
le
argumento
de
fuera
medular
consiste en que la solicitud de reconsideración presentada
por la AEP no interrumpió el término para acudir ante el
foro intermedio ya que no fue acogida y notificada dentro
del
término
pudiera
para
entender
que
en
el
la
Tribunal
misma.
A
de
Primera
su
vez,
Instancia
Constructora
Estelar expresó que la moción presentada no constituye una
solicitud de determinaciones de hechos adicionales. No le
asiste la razón.
El tracto procesal refleja que el Tribunal de Primera
Instancia emitió la sentencia parcial el 15 de noviembre
de 2006, archivada en autos el 5 de diciembre de 2006. En
el término dispuesto para ello, el 15 de diciembre de
2006, la AEP presentó una solicitud de reconsideración y
una solicitud de determinaciones de hechos adicionales.
El 28 de diciembre de 2006 el foro primario acogió la
moción
de
reconsideración
y
determinaciones
de
hechos
adicionales. Sin embargo, dicha actuación fue notificada
el
31
de
enero
de
2007.
Indudablemente,
la
moción
de
reconsideración no interrumpió el término para acudir en
alzada.
Es
evidente
que
la
notificación
acogiendo
la
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
moción
de
reconsideración
32
fue
notificada
en
exceso
del
término para acudir ante el Tribunal de Apelaciones, el
cual
vencía
el
circunstancias,
4
de
la
enero
moción
de
de
2007.
Bajo
reconsideración
estas
no
interrumpió el término para acudir en alzada. Reiteramos
que
la
notificación
es
parte
integral
de
la
actuación
judicial, por lo que para que una orden o resolución surta
efecto, tiene que ser emitida y notificada a las partes.46
A pesar de lo anterior, la AEP no tan solo presentó
una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera
Instancia sino que, además, solicitó que el referido foro
determinara una serie de hechos que consideraba relevantes
y
probados
con
relación
a
la
declaración
de
incumplimiento. Por tanto, debemos atender si la moción al
amparo de la Regla 43.3, supra, interrumpió el término
para acudir ante el Tribunal de Apelaciones. Entendemos en
la afirmativa.
Como hemos discutido, la moción de determinaciones de
hechos adicionales, de ordinario, está disponible durante
la revisión de un laudo de arbitraje en circunstancias
particulares en las que el foro primario revisa, emite o
modifica las determinaciones de hechos debido a que éstas
no
están
sostenidas
por
la
evidencia
sustancial.
Precisamente, esta es la situación del caso ante nuestra
consideración en las que el Tribunal de Primera Instancia
procedió a establecer determinaciones de hechos debido a
46
Véase, Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 600 (2003).
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
33
que concluyó que las consignadas por el panel de árbitros
no
estaban
apoyadas
en
la
prueba
presentada.
En
estas
circunstancias era permisible la presentación de la moción
al amparo de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, supra.
Además,
al
examinar
la
referida
solicitud,
los
hechos
exigidos están encaminados a establecer que la AEP y la
AVP no incumplieron con el contrato entre las partes ni
contribuyeron a
las alegadas dilaciones de Constructora
Estelar. Igualmente, pretenden establecer que Constructora
Estelar
no
tenía
la
capacidad
para
cumplir
con
lo
contratado, no entregó las fases terminadas, se atrasó en
los trabajos por falta de materiales y mano de obra, los
edificios afectados con pintura de plomo no detuvieron la
construcción en otras áreas, la falta de la aprobación de
las órdenes de cambio no afectó el progreso de la obra, a
la fecha de la declaración de incumplimiento el proyecto
estaba atrasado, que no trabajó en las terminaciones de
los
edificios
e
incumplió
con
cláusulas
esenciales
del
contrato. A la luz de ello, consideramos que la moción
cumple con los requisitos jurisprudenciales establecidos
por este Tribunal. La misma propone al foro primario una
serie
de
hechos
específicos
y
pertinentes
a
la
disposición del recurso independiente de si el Tribunal de
Primera
Instancia
descartó
o
no
alguna
de
estas
determinaciones.47
47
Véase, García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R.
1, 8 (2007).
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
34
A la luz de lo anterior, el término de treinta (30)
días
para
computarse
acudir
a
ante
partir
de
el
foro
que
el
intermedio
comenzó
Tribunal
de
a
Primera
Instancia notificó el No Ha Lugar a la solicitud de la
AEP, a saber, desde el 9 de mayo de 2007, por lo que el
recurso
del
Apelaciones
8
de
fue
junio
de
presentado
2007
a
ante
el
Tribunal
de
tiempo.
El
Tribunal
de
Apelaciones no erró al emitir su Resolución Enmendada del
5 de febrero de 2009 en la que concluyó que el término
para acudir en alzada quedó interrumpido al solicitarse
las determinaciones de hechos adicionales.
Consecuentemente, el error señalado por Constructora
Estelar en su recurso ante este Tribunal no fue cometido.
IV
Rebasado
el
asunto
jurisdiccional
del
Tribunal
de
Apelaciones nos corresponde entender en los planteamientos
traídos ante nuestra atención por la AEP y la AVP. Para
ello debemos establecer la norma imperante con relación al
arbitraje en Puerto Rico. Igualmente, por primera vez, se
nos plantea que la prórroga del periodo para emitir un
laudo convenida por las partes requiere que conste por
escrito conforme los postulados del Art. 14 de la Ley de
Arbitraje, supra. Además, determinaremos si el panel de
árbitros tenía facultad para emitir el laudo impugnado.
En múltiples ocasiones hemos destacado que existe un
interés por parte del Estado en promover métodos alternos
de
adjudicación
como
lo
es
la
mediación
y
el
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
35
arbitraje. Ello, pues, la resolución por vías alternas al
trámite
judicial
resulta,
costos
para
litigantes,
los
entre
otras
cosas,
como
una
así
rápida a las controversias litigiosas.
en
menos
solución
más
Por tal razón, en
Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor
del
arbitraje
como
método
alterno
para
la
solución
de
disputas y toda duda sobre si procede o no el arbitraje
debe resolverse a favor de éste conforme ha sido pactado.
Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990, 1000-1001,
1006 (2010); S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179
D.P.R. 359, 368 (2010); Municipio de Mayagüez v. Lebrón,
167 D.P.R. 713, 721 (2006); Crufon
Const. v. Aut. Edif.
Púbs., 156 D.P.R. 197, 205 (2002); Medina v. Cruz Azul de
P.R., 155 D.P.R. 735, 738 (2001); PaineWebber, Inc. v.
Soc.
de
Gananciales,
151
D.P.R.
307
(2000);
McGregor-
Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864, 869 (1970).
En nuestra jurisdicción existen dos tipos principales
de
arbitraje
voluntario:
el
arbitraje
comercial
y
el
arbitraje industrial u obrero-patronal. Aquino González v.
Asociación
Puerto
Rico
de
y
Empleados
otros,
del
res.
Estado
25
de
Libre
mayo
de
Asociado
de
2011,
2011
T.S.P.R. 77, 182 D.P.R.____ (2011). El presente caso trata
sobre una disputa que surge entre las partes que acordaron
someterse al arbitraje comercial.
Desde principios de la década de los cuarenta, y como
norma general, no nos inclinamos a decretar la nulidad de
un laudo fácilmente a menos que exista algún defecto o
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
insuficiencia
en
invalide;
procedimiento
el
la
sumisión
se
36
o
en
haya
el
laudo
desviado
que
de
lo
manera
sustancial y perjudicial; se alegue y pruebe fraude o mala
conducta, o la comisión grave y perjudicial de un error
que equivalga a la violación del debido proceso de ley.48
Al así hacerlo, este Tribunal ha adoptado los principios
relativos al efecto del laudo arbitral y al ámbito de su
revisión
vigentes
en
jurisdicción federal.
los
distintos
estados
y
en
la
Autoridad sobre Hogares v. Tribl.
Superior, 82 D.P.R. 344, 355 (1961).
En armonía con dichos postulados, el legislador aprobó
la Ley de Arbitraje.49 De esta forma reemplazó al Derecho
Español, que rigió el campo del arbitraje comercial, al
derogar los Arts. 790 al 839 y el Art. 487 de la Novísima
Ley
de
Enjuiciamiento
promulgada
por
R.D.
de
Civil
para
3
febrero
de
España
de
y
Ultramar
1881.
Véase,
Seafarers Inter’l Union v. Trib. Superior, 86 D.P.R. 803,
812
n.
2
(1962);
Art.
29
de
la
Ley
de
Arbitraje,
32
L.P.R.A. § 3229. La Ley de Arbitraje regula el arbitraje
comercial
en
Puerto
Rico
y
fue
adoptada
en
nuestra
jurisdicción siguiendo el andamiaje y los modelos sobre
48
Véanse, Junta de Relaciones del Trabajo v. N.Y.&P.R.
S/S Co., 69 D.P.R. 782 (1949); Ríos v. Puerto Rico Cement
Corporation, 66 D.P.R. 470 (1946).
49
La Ley de Arbitraje no aplica a los convenios de
arbitraje entre patronos y empleados, los cuales están
regidos por la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto
Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada,
29 L.P.R.A. § 61, et seq. Sin embargo, al analizar los
laudos de arbitraje comercial hemos hecho referencia a la
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
arbitraje
de
California
y
37
leyes
similares
de
otros
estados, en los procedimientos de Nueva York y en la Ley
Federal
de
Arbitraje.50
D.
Helfeld,
La
Jurisprudencia
Creadora: Factor Determinante en el Desarrollo del Derecho
de Arbitraje en Puerto Rico, 70 Rev. Jur. U.P.R. 1, 54-55
(2001).
Como consecuencia de su origen, hemos acudido a la
jurisprudencia
federal
y
estatal
como
modelo
para
la
resolución de las controversias ante nos. VDE Corporation
v. F & R Contractors, res. 15 de octubre de 2010, 2010
T.S.P.R.
210,
180
D.P.R.____;
Municipio
de
Mayagüez
v.
Lebrón, supra.
Con la referida medida, se ampliaron las controversias
que las partes pueden someter a arbitraje.51
El Art. 1 de
la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. § 3201, establece que dos
o más partes pueden convenir por escrito en someter a
arbitraje cualquier controversia que pudiera ser objeto de
una acción existente entre ellos a la fecha del convenio o
de cualquier controversia futura. Tal acuerdo es válido
excepto
por
los
fundamentos
en
derecho
cualquier convenio. Martínez Marrero et
jurisprudencia
patronales.
interpretativa
de
los
al.
para
v.
laudos
revocar
González
obrero-
50
Véase, 9 U.S.C. § 1, et seq. La Ley Federal de
Arbitraje aplica a contratos en el comercio interestatal y
establece que las cláusulas de arbitraje en esos contratos
son válidas, irrevocables y mandatorias.
51
Nótese que el arbitraje para las disputas obrerospatronales es anterior al estar cobijado por la Ley de
Relaciones del Trabajo de Puerto Rico del año 1945.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
38
Droz, et al., res. el 11 de enero de 2011, 2011 T.S.P.R.
3, 180 D.P.R.___; S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera,
supra, a la pág. 366; Crufon Const. v. Aut. Edif. Púbs.,
supra, a la pág. 204.
Conforme el Art. 1 de la Ley de Arbitraje, supra, el
arbitraje es una figura inherentemente contractual que se
puede
exigir
cuando
se
ha
pactado
y
ello
consta
por
escrito. Municipio de Mayagüez v. Lebrón, supra, a la pág.
720;
Crufon
v.
Aut.
Edif.
Púbs.,
supra;
U.C.P.R.
v.
Triangle Engineering Corp., 136 D.P.R. 133, 144 (1994). A
tono con lo anterior, el convenio de sumisión es el que
confiere la facultad decisional al árbitro y delimita su
esfera de acción; por lo que es nulo cualquier laudo que
se
exceda
de
los
poderes
así
delegados.
Rivera
v.
Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 606-607 (1979).
En cuanto al arbitraje comercial el caso normativo es
Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior, supra, en el
cual, con miras a fortalecer estos procedimientos, este
Tribunal auscultó la intención legislativa para concluir
que no siendo un laudo de arbitraje conforme a derecho no
procedía la revisión en su fondo o los méritos respecto a
cualquier error de apreciación o de interpretación de los
hechos y de la ley, a menos que proceda decretarse su
revocación, modificación o corrección cuando acontecieren
los motivos dispuestos en la Ley de Arbitraje. Como norma
general, y cuando las partes no han acordado que el laudo
sea
conforme
a
derecho,
finalizado
el
trámite
de
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
39
arbitraje, las determinaciones realizadas por el árbitro
son finales e inapelables y no pueden litigarse ante los
tribunales.
Tampoco
se
puede
indagar
sobre
el
proceso
deliberativo, mental y decisional del árbitro. Mucho menos
resultan revisables alegados errores en la apreciación de
la prueba o en la aplicación del derecho. Febus y otros v.
MARPE Const. Corp., 135 D.P.R. 206, 216-217 (1994); Junta
de Relaciones del Trabajo v. N.Y.&P.R. S/S Co., 69 D.P.R.
782, 800 (1949).
Por el contrario, este Tribunal ha sido enfático al
destacar que
acordaron
que
si en el convenio de sumisión las partes
el
laudo
sería
emitido
con
arreglo
a
derecho, el tribunal tiene la facultad para revisar los
méritos jurídicos del laudo. Vivoni Farage v. Ortiz Carro,
supra, a la pág. 1007; Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos
P.R., 149 D.P.R. 347, 353 (1999); Febus y otros v. MARPE
Const. Corp., supra; J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 124
D.P.R. 846, 849 (1989); S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator
Co., 105 D.P.R. 832, 836-837 (1977); United Steelworkers
v. Paula Shoe Co., Inc., 93 D.P.R. 661, 667 (1966). En
estos casos la revisión judicial es análoga a la de las
decisiones administrativas. C.F.S.E. v. Unión de Médicos,
170 D.P.R. 443, 449 (2007);
D.P.R.
808,
821-822
Rivera v. Adm. Trib., 144
(1998).
Por
tal
razón,
las
determinaciones de hechos en laudos de arbitraje conforme
a derecho pueden ser revisadas cuando no están sostenidas
por evidencia sustancial en el expediente. U.T.I.C.E. v.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
40
C.E.A.T., supra, a la pág. 528.52
Claro está, aún en estos
casos, los tribunales de instancia no deben inclinarse a
decretar la nulidad del fallo a menos que efectivamente el
mismo no haya resuelto la controversia conforme a derecho.
Una
mera
discrepancia
de
criterio
intervención
judicial,
pues,
propósitos
fundamentales
del
no
ello
justifica
derrotaría
arbitraje.
la
los
Rivera
v.
Samaritano & Co., Inc., supra, a las págs. 608-609. Al ser
el escrutinio de la decisión de arbitraje equivalente al
de
los
foros
administrativos,
la
intervención
con
las
determinaciones de hechos del árbitro si éstas encuentran
apoyo en la totalidad de la prueba dirimida soslaya el
principio
de
deferencia
que
revisión.
Las
disposiciones
impera
sobre
en
los
este
hechos
tipo
de
solamente
podrán revocarse cuando resulten irrazonables, arbitrarias
o ilegales. Torres Santiago v. Departamento de Justicia,
res. 25 de mayo de 2011, 2011 T.S.P.R. 78, 182 D.P.R.____.
Además, véanse, Pereira Suárez v. Junta de Directores del
Condominio
Ponciana,
res.
T.S.P.R.
102,
D.P.R.___;
182
30
de
junio
de
Domínguez
2011,
v.
2011
Caguas
Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 397 (1999). El que el
laudo tenga que ser emitido conforme a derecho no conlleva
52
Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144
D.P.R. 425 (1997). Véanse, además, Comisión de Ciudadanos
v. G.P. Real Property, 173 D.P.R. 998 (2008); Com. Vec.
Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R. 750, 761 (1999);
Fuertes y Otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 (1993);
Rebollo v. Yiyi Motors,
161 D.P.R. 69, 76-77 (2004);
Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70,
75 (2000); García Oyola v. J.C.A., 142 D.P.R. 532, 540
(1997).
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
41
que las partes re-litiguen ante el foro de instancia como
un juicio plenario cada una de las controversias surgidas.
U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348,
354-355 (1985).
Además de lo antes establecido, e independiente de si
el
laudo
es
conforme
a
derecho
o
no,
el
legislador
estableció en la Ley de Arbitraje que el tribunal podría
revocar
un
laudo
de
arbitraje
mediante corrupción, fraude
cuando:
(1)
se
obtuvo
u otro medio indebido; (2)
hubo parcialidad o corrupción evidente de los árbitros o
de
cualquiera
de
ellos;
(3)
los
árbitros
actuaron
erróneamente al tratar de posponer la vista luego de causa
justificada
para
ello,
o
al
rehusar
pertinente
y
oír
material
a
la
controversia,
evidencia
o
cuando
incurriesen en cualquier error que perjudique los derechos
de cualesquiera de las partes; (4) cuando los árbitros se
extiendan en sus funciones o el laudo emitido no resuelva
de forma final y definitiva la controversia sometida; y
(5) no hubo sumisión o convenio de arbitraje válido y el
procedimiento se inició sin la intención de arbitrar. En
estos casos, donde proceda la revocación del laudo, el
tribunal tendrá la discreción para ordenar una nueva vista
ante
los
mismos
árbitros,
o
ante
otros
nuevos
a
seleccionarse conforme al convenio para la selección de
éstos originalmente, y cualquier disposición que limite el
término de éstos para llegar a una decisión se considerará
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
aplicable
al
nuevo
42
arbitraje.
Art.
22
de
la
Ley
de
Arbitraje, 32 L.P.R.A. § 3222.
Igualmente, la Ley de Arbitraje contempla situaciones
en las que procede la modificación o corrección del laudo
cuando: (1) hubo evidente error en el cálculo en cuanto a
unas cifras, error en la descripción de la persona, cosa o
propiedad; (2) los árbitros hayan resuelto sobre materia
que no le fuera sometida; (3) el laudo sea imperfecto en
materia
de
forma,
sin
afectar
los
méritos
de
la
controversia. Art. 23 de la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A.
§ 3223.
Dicho marco doctrinario revela que la revisión de los
laudos de arbitraje al amparo de la Ley de Arbitraje se
circunscribe
a
las
razones
contenidas
en
el
referido
estatuto, es decir, la determinación de fraude, conducta
impropia, falta del debido proceso de ley, violación a la
política pública, falta de jurisdicción o que el laudo no
resuelve todos los asuntos en controversia. Sin embargo,
si las
partes acordaron que el laudo
sería conforme a
derecho, los tribunales pueden intervenir en atención a la
norma aplicable, por lo que en estos casos la revisión es
análoga
a
la
intervención
judicial
de
las
decisiones
administrativas.
V
A los fines de resolver el debate ante esta Curia,
debemos, en primer lugar, precisar si el panel de árbitros
tenía
facultad
para
emitir
el
laudo
transcurrido
el
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
43
término dispuesto por las partes para ello. De concluir
que no tenía la potestad para emitir el laudo procede la
revocación del decreto emitido, como intimó el Tribunal de
Apelaciones a tenor con el Art. 22 de la Ley de Arbitraje,
supra. De lo contrario, y bajo el crisol doctrinario antes
enunciado, nos corresponde delimitar cuál era la función
del
Tribunal
de
Primera
Instancia
al
revisar
el
laudo
Arbitraje
está
impugnado.
Como
hemos
establecido,
la
Ley
de
fundamentada en el convenio y la voluntad de las partes
para someter a arbitraje una controversia. Para ello, el
estatuto establece unos parámetros mínimos que regulan el
arbitraje y limitan la intromisión judicial con el fin de
promover
este
método
de
solución
de
disputas
sin
menoscabar la autoridad de los tribunales para intervenir
y
obligar
a
las
partes
a
proceder
al
arbitraje
de
conformidad con lo convenido por éstas.53
De igual forma, la Ley de Arbitraje contempla aquellas
instancias
del
compensación
y
incomparecencia
presentación
53
de
nombramiento,
recusación
de
las
juramento,
de
partes,
evidencia,
la
los
árbitros,
citaciones
forma
renuncia,
del
a
la
testigos,
laudo,
su
Véanse, Arts. 3 y 4 de la Ley de Arbitraje, 32
L.P.R.A. secs. 3203 y 3204; Moncharsh v. Heiley & Blase, 3
Cal.4th 1, 10 Cal. Rptr. 2d 183 (1992); City of Oakland v.
United Public Employees, 179 Cal. App.3d 356, 224 Cal.
Rptr. 523 (1986).
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
44
revocación, modificación o confirmación, el efecto de una
sentencia
y la procedencia de la revisión de éstas.54
En aras de propiciar la solución rápida y evitar la
dilación
excesiva
durante
la
adjudicación
de
la
controversia sometida a arbitraje, la Asamblea Legislativa
incluyó un término directivo para emitir el laudo si las
partes no fijaban el mismo. Al así hacerlo, el legislador
no limitó la voluntad de las partes ya que reconoció la
facultad
de
éstas
para
prorrogar
el
referido
término
incluso luego de emitido el laudo. Para ello estableció un
requisito
de
forma
que
consiste
en
que
la
prórroga
o
ratificación en casos donde no se hubiere estipulado un
plazo las partes lo hicieran por escrito. A estos efectos,
El Art. 14 de la Ley de Arbitraje establece:
Si
el
término
dentro
del
cual
deberá
adjudicarse el laudo no se fijare en el convenio
de arbitraje, el mismo deberá dictarse dentro de
los treinta (30) días siguientes a la terminación
de la vista, y cualquier laudo dictado con
posterioridad a la expiración de dichos treinta
(30) días no surtirá efecto legal, a menos que
las partes de mutuo acuerdo prorroguen el término
dentro del cual pueda dictarse o lo ratifiquen
cuando el mismo fuere dictado con posterioridad a
la expiración del término de treinta (30) días.
Cualquier prórroga del término o ratificación se
hará por escrito y se firmará por todas las
partes al arbitraje. 32 L.P.R.A. § 3214.
De
la
letra
clara
del
Art.
14,
supra,
surge
indudablemente que éste aplica cuando las partes no han
pactado un término para emitir el laudo. Dicho periodo es
uno directivo para evitar la dilación al emitir el decreto
de arbitraje sin menoscabar la voluntad de las partes para
54
Véase, Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. § 3201, et seq.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
prorrogar
el
legislador
abdicó
uniforme
plazo.55
referido
para
su
45
función
emitir
un
Predicado
de
laudo
en
ello,
implementar
de
un
arbitraje.
el
lapso
Al
así
hacerlo, consagró el propósito de nuestra Ley de Arbitraje
de
otorgar
un
mayor
grado
de
flexibilidad
a
su
implantación, conforme a lo convenido por las partes.56
Cabe señalar, sin embargo, que la Ley de Arbitraje
dispone que una de las razones para revocar un laudo de
arbitraje consiste en que el árbitro se extienda de sus
funciones.57 Al referirse a ello, aludimos a cuál es la
controversia a ser objeto del convenio de sumisión, los
términos
laudo
pactados
sea
para
emitido
en
someterse
a
arbitraje
determinado
o
momento
que
el
conforme
dispuesto por un estatuto o acordado por las partes.
Como establecimos, en Puerto Rico la Ley de Arbitraje
dispone un término directivo para emitir un laudo cuando
ello no ha sido fijado por las partes. No obstante, y dado
el
indubitado
partes
pueden
carácter
contractual
convenir
que
el
del
laudo
arbitraje,
sea
emitido
las
en
55
Véanse, Fagnani v. Integrity Finance Corp., 53 Del.
193, 167 A.2d 67 (1960) en donde no hubo un consentimiento
oral ni escrito por las partes para extender el lapso en
que se emitiría el laudo y el tribunal no dirimió si la
parte renunció al referido término; Danbury Rubber Co. v.
United Rubber, Cork, etc., 145 Conn. 53, 138 A.2d 783
(1958);
International Broth. of Teamsters, etc. v.
Saphiro, 138 Conn. 57, 82 A.2d 345 (1951).
56
Véanse, D. Helfeld, La Jurisprudencia Creadora:
Factor Determinante en el Desarrollo del Derecho de
Arbitraje en Puerto Rico, 70 Rev. Jur. U.P.R. 1, 55
(2001); Art. 1 de la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. § 3201.
57
Véase, Art. 22 de la Ley de Arbitraje, supra.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
46
determinado periodo.58 El legislador no impuso un término
fijo para que el laudo fuera emitido. Así las cosas, el
propósito de establecer un término aplicable, salvo pacto
en contrario, para emitir el laudo consiste en la solución
rápida de las controversias sometidas a arbitraje.59
Una vez las partes acuerdan establecer un término para
emitir
el
laudo,
éste
no
puede
ser
alterado
por
el
árbitro. Sin embargo, nada impide que las partes puedan
acordar
extender,
y
renunciar
o
prescindir
el
término
dispuesto para pronunciar el decreto. M. Domke, Domke on
Commercial Arbitration: The Law and Practice of Commercial
Arbitration, 3ra ed., Minnesota Ed., West Thomson, 2009,
Vol. I, § 34:1, a las págs. 1-5.
Ahora bien, el efecto de que el árbitro se exceda del
periodo conferido para emitir el laudo es un asunto que
nos corresponde atender. Como regla general, la facultad
de un árbitro para emitir un laudo está limitada por el
tiempo que las partes le concedieron para así hacerlo, por
lo que transcurrido dicho término el decreto es nulo o no
58
En el ámbito obrero-patronal, la Ley de Relaciones
del Trabajo no establece un término fijo para rendir el
laudo de arbitraje, por lo que las partes pueden convenir
el mismo. El término de adjudicación puede ser prorrogado
tácitamente. Véase, Junta de Rel. Trabajo v. Corona
Brewing Corp., 83 D.P.R. 40 (1961).
59
Se entiende que el término para emitir el laudo
comienza
a
decursar
cuando
toda
la
evidencia
y
argumentaciones de las partes han sido recibidas o cuando
los memorandos han sido presentados. Véanse, Elkouri &
Elkouri, How Arbitration Works, 5th ed., Washington D.C.,
The Bureau of National Affairs, 1997, págs. 379-380; Koch
Oil, S.A. v. Transocean Gulf Oil Co., 751 F.2d 551 (2d
Cir. 1985).
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
47
puede ser ejecutado. Véanse: Rosario v. Carrasquillo, 451
N.Y.S.2d 776, 88 A.D. 2d 874 (1982); General Metals Corp.
v. Precision Lodge 1600 of Intern. Ass'n of Machinists,
AFL-CIO,
183 Cal. App. 2d 586, Cal. Rptr. 910 (1960);
Public Utility Const. v. Gas Appliance Workers of
State
of N.J. Local No. 274 v. Public Service Elec. & Gas Co.,
35
N.J.
Super.
414,
Brotherhood
of
Handlers,
Express
114
Railway
and
A.2d
and
443
(App.
Steamship
Station
Div.
1955);
Clerks,
Freight
Employees
v.
Norfolk
Southern Ry. Co., 143 F.2d 1015, 154 A.L.R. 1385(C.C.A. 4th
Cir. 1944); Goerke Kirch Co. v. Goerke Kirch Holding Co.,
118 N.J. Eq. 1, 176 A. 902 (1935).
Cabe señalar, sin embargo, que la nulidad del decreto
no es automática y un examen de la jurisprudencia federal
revela que en muy pocas situaciones se ha declarado la
nulidad
laudo.60
del
En
innumerables
ocasiones
se
han
convalidado los procesos de arbitraje aun cuando se haya
excedido el término para emitir los mismos. Domke, supra;
Elkouri
&
Wahington
págs.
Elkouri,
D.C.,
The
380-381.
“Construction
and
How
Arbitration
Bureau
Además,
Effect
of
National
véanse,
of
Works,
A.
Contractual
5th
ed.,
Affairs,
1997,
E.
Korpela,
or
Statutory
Provisions Fixing Time Within Which Arbitration Award Must
Be Made”, 56 ALR 3d 815 (1974).
60
Ello resulta cónsono con la política pública de
fomentar el arbitraje para la resolución de disputas y
toda duda sobre éste debe resolverse a su favor. Véase,
VDE Corporation v. F & R Contrators, res. 15 octubre de
2010, 2010 T.S.P.R. 210, 180 D.P.R.____.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
La
jurisprudencia
48
examinada
demuestra
varias
situaciones en las que se ha validado la decisión de un
panel de arbitraje transcurrido el término para ello. A
modo de ejemplo, se han sostenido laudos de arbitraje al
concluir que dicho plazo es uno directivo en ausencia de
un lenguaje claro a los efectos de la naturaleza esencial
del mismo. Hasbro, Inc. v. Catalyst USA, Inc., 367 F.3d
689 (2004). Asimismo, no procede la revocación cuando se
determina que las partes renunciaron al lapso estipulado
ya
sea
por
un
acuerdo
implícito derivado de su
expreso
o
un
consentimiento
conducta. Board of Educ. Unified
School Dist. No. 215 v. L.R. Foy Constr. Co., Inc., 697
P.2d 456, 237 Kan. 1 (1985); M.B. Guran Co. v. Amsdell,
459
N.E.2d
581
(1983);
Local
Union
560,
International
Brotherhood of Teamsters v. Anchor Motor Freight, Inc.,
415 F.2d 220 (1969); Librascope, Inc. v. Wymer, 189 Cal.
App. 2d 71, 10 Cal. Rptr. 795 (1961); Nathan v. United
Jewish Center of Danbury, Inc., 20 Conn. Supp. 183, 129
A.2d 514 (1955). De igual forma, un laudo
no será anulado
cuando el reclamo de la parte perdidosa fue posterior a
que el decreto fue rendido. Damrow v. Murdoch, 739 N.W.2d
229, 15 Neb. App. 920 (2007); Darin & Armstrong, Inc. v.
Monte Costella, Inc., 542 So.2d 1053 (1989);
West Rock
Lodge No. 2120, Intern. Ass’n of Machinists and Aerospace
Workers, AFL-CIO v. Geometric Tool Co., etc., 406 F.2d.
284 (2do Cir. 1968); Rexburg Inv. Co. v. Dahle & Eccles
Const. Co., 36 Idaho 552, 211 P 552 (1922). Además, se han
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
49
sostenido laudos en los cuales la dilación al emitir los
mismos
no
constituyó
una
situación
perjudicial
a
las
partes. Sopko v. Clear Channel Satellite Services, Inc.,
151 P.3d 663 (2006); Jones v. Progressive Cas. Ins. Co.,
655 N.Y.S. 2d 74 (1997).61
La postura asumida en la esfera federal es cónsona
con las Reglas establecidas
por la American Arbitration
Association (AAA) la cual funge como la agencia líder en
la
administración
de
los
convenios
de
arbitraje
tanto
laborales como comerciales. La AAA emite unas reglas que
son revisadas periódicamente y que forman la base de los
procedimientos de arbitraje, incluyendo la conducta de las
partes y los árbitros. Las partes pueden convenir en su
acuerdo para arbitrar que las reglas emitidas por la AAA
apliquen a la disputa entre éstas. Véase, Domke, op.cit.,
Vol. 1, § 4:2.62
Específicamente, y en lo pertinente, la AAA dispone
que el laudo debe ser emitido sin demora en un término no
mayor de treinta (30) días calendarios desde que culminen
los argumentos finales, o del último día en que las partes
61
Véanse, además, New York Merchants Protective Co.,
Inc. v. United Textiles, Inc., 879 N.Y.S.2d 693 (2009);
Anderson v. Nichols, 359 S.E.2d 117 (1987);Diversified
Assembly, Inc. v. RA-LIN & Associates,
368 S.E.2d 786,
186 Ga. App. 904 (1988); Brandon v. Hines, 439 A.2d 496
(1981); Globe v. Central Mut. Ins. Co., 260 N.E.2d 860, 56
A.L.R. 809, 125 Ill. App. 2d 298 (2d Dist. 1970).
62
Conforme al Takeover Agreement de las partes en el
caso ante nuestra consideración, éstas acordaron que las
reglas de la AAA aplicarían para suplementar aquellas
áreas de controversia o duda.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
50
sometan sus declaraciones y evidencia final,
a menos que
las partes hayan establecido un periodo distinto o que la
ley así lo disponga.63
A tono con ello, la AAA reconoce
que las partes pueden acordar un término distinto; el cual
puede ser modificado por consentimiento de éstas.64 Además,
y con el propósito de conceder viabilidad y finalidad al
laudo de arbitraje, la AAA estimó conveniente implantar
un mecanismo de renuncia a los referidos términos cuando
quien,
luego
de
conocer
que
no
se
ha
cumplido
con
el
procedimiento, continua con el arbitraje sin presentar su
objeción por escrito.65
63
Véase,
Regla
43
de
la
American
Arbitration
Association (Construction Industry Arbitration Rules). La
cual indica que:
The
award
shall
be
made
promptly
by
the
arbitrator and, unless otherwise agreed by the
parties or specified by law, no later than 30
calendar days from the date of closing the
hearing, or, if oral hearings have been waived,
from the due date set for receipt of the parties'
final statements and proofs.
64
Véase Regla 40 de la AAA, supra. En lo pertinente:
(a)
The parties may modify any period of time by
mutual agreement, provided that any such
modification
that
adversely
affects
the
efficient resolution of the dispute is subject
to review and approval by the arbitrator….
65
Véase, Regla 39 de la AAA, supra. La cual establece
que:
Any party who proceeds with the arbitration
after
knowledge
that
any
provision
or
requirement of these Rules has not been complied
with and who fails to state an objection in
writing shall be deemed to have waived the right
to object.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
51
A la luz de lo anterior, consideramos que la política
pública
en
nuestra
jurisdicción
ha
sido
reiterada
en
propiciar la resolución de disputas por métodos alternos,
entre
éstos,
el
arbitraje.
Constantemente,
no
hemos
vacilado en resolver las pugnas de si procede el arbitraje
a
favor
de
éste.
Consistentemente
advertimos
que
el
arbitraje es una figura inherentemente contractual, por lo
que
las
partes
expresamente
están
pactado.
obligadas
Dicha
a
cumplir
obligación
se
funda
con
lo
en
el
principio de la buena fe, el cual exige no defraudar la
confianza
que
el
otro
conducta.66
El
referido
ha
puesto
principio
de
en
una
buena
fe
promesa
o
exige
la
prohibición de actuar contra los propios actos.67 En el
campo del Derecho no podemos dar albergue a la conducta
contradictoria que mina la confianza depositada en una u
otra parte.68
Ante ese cuadro, resolvemos que el Art. 14 de la Ley
de Arbitraje, supra, no aplica en aquellos casos en los
que las partes han establecido un término para emitir un
laudo de arbitraje en el acuerdo escrito de sumisión. Las
partes
tienen
la
libertad
de
establecer
el
tiempo
que
consideren prudente para la disposición de la controversia
66
Véanse, Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §
3375. Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Brothers
Printing, Inc., 128 D.P.R. 842, 852 (1991). Véase, L.
Díez-Picazo, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, 2da
ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. I, Cap. IV, pág. 99.
67
Véase, Art. 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 7.
68
Véase, Int. General Electric v. Concret Builders,
104 D.P.R. 871, 876, 877 (1976).
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
52
a arbitrar. Dicho término podrá ser prorrogado por acuerdo
mutuo el que preferiblemente debe constar por escrito, y
ante la falta de dicho arreglo, se examinará la conducta
de
las
renuncia
partes
al
a
los
mismo.
fines
Por
de
tanto,
determinar
si
hubo
un
de
arbitraje
laudo
una
emitido en exceso al término estipulado por las partes no
es automáticamente nulo. Será el deber de los tribunales
examinar si el plazo dispuesto era esencial para resolver
la disputa, si las partes prorrogaron el mismo expresa o
implícitamente, o si éstas renunciaron a un reclamo en
cuanto a éste por la conducta desplegada y el momento en
que se objetó la actuación de los árbitros. Tal análisis
es cónsono con nuestra política pública a favor de los
métodos de resolución de disputas y la norma jurídica en
cuanto a que la voluntad de las partes se deriva de sus
actos.
Resolver de otra forma atenta contra los criterios
de política pública que enmarcan las relaciones en nuestra
sociedad y atenta a la solución justa, rápida y económica
de los procesos.
VI
De los hechos antes expuestos, surge claramente que
las partes acordaron en el Takeover Agreement que el laudo
sería emitido a los treinta (30) días cuando culminaran
las vistas. De igual forma, las partes establecieron que
el acuerdo de sumisión no podía ser alterado o enmendado
excepto por escrito. Asimismo, establecieron que en caso
de duda aplicarían las Reglas acogidas por la AAA.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
53
Conforme a los hechos relatados, el proceso de vistas
culminó en diciembre de 2001, los memorandos de las partes
fueron presentados al 1ro de abril de 2002 y el 15 de mayo
de 2002 el panel de árbitros emitió su laudo.
Al examinar detenidamente el expediente, no surge que
las partes hayan objetado dicho proceder antes de emitido
el
laudo.
Mucho
dispuesto
era
menos
éstas
alegaron
esencial
para
la
que
resolución
el
plazo
de
la
controversia ni ello se desprende del lenguaje del acuerdo
entre éstas.
Tampoco aflora que las partes hayan cumplido
cabalmente con que las enmiendas o modificaciones a los
términos procesales establecidos en el Takeover Agreement
fueren
realizadas
por
escrito.
Por
el
contrario,
los
hechos demuestran múltiples instancias en las que existía
un entendido para modificar el acuerdo sin que ello fuera
objeto
de
estipulación
escrita.
A
origen
la
controversia
no
presentada
fue
modo
de
ejemplo,
ni
en
dirimida
dentro del tiempo estipulado, y ante el planteamiento de
falta
de
jurisdicción
de
los
árbitros,
el
Tribunal
de
Primera Instancia al examinar la conducta de dicha parte
promoviendo
el
procedimiento
de
arbitraje
durante
dos
años, determinó que el panel de árbitros estaba facultado
para
dirimir
complejidad
de
la
controversia.
Además,
la
polémica,
partes
las
y
ante
la
extendieron
el
tiempo para presentar la prueba de un máximo de doce (12)
vistas de arbitrajes, según surge del Takeover Agreement,69
69
Véanse, las páginas 4 y 5 de esta Opinión.
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54
hasta el grado que se celebraron cincuenta y cinco (55)
vistas ante el referido panel de arbitraje y acordaron
extender
el
memorandos.
tiempo
para
presentar
sus
respectivos
Del comportamiento de las partes trasciende
que éstas por consentimiento mutuo modificaron, en varias
ocasiones, los términos contractuales ante la complejidad
de las argumentaciones presentadas al panel de árbitros.
Con relación al término para que se emitiera el laudo,
y conforme aducen todas las partes, hubo un acuerdo verbal
entre éstas y ante el panel de árbitros para prorrogar el
término
a
cuarenta
presentara
el
y
último
cinco
(45)
memorando.
días
La
desde
razón
que
para
se
ello
consistió en el volumen de evidencia y datos que eran
necesarios
para
emitir
el
laudo.
Ello
fue
recogido
e
informado al Tribunal de Primera Instancia mediante moción
del 9 de mayo de 2002.70 En dicho escrito surge claramente
el compromiso de todas las partes para extender el término
para emitir el decreto al 16 de mayo de 2002. Ninguna de
las partes se opuso a lo informado ni levantó una voz de
alerta
a
los
efectos
de
que
ello
debía
constar
por
escrito.
Contrario a la confianza depositada, a tres meses de
emitido
el
laudo
en
su
contra,
Constructora
Estelar
y
Seaboard Surety impugnan el mismo, entre otras razones,
cuestionando la facultad del panel de árbitros para emitir
éste
luego
70
de
transcurrido
los
Véase nota al calce núm. 15.
treinta
(30)
días
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
55
originalmente acordados en el Takeover Agreement. Al así
hacerlo,
presentaron
conducta
desplegada
sobre
este
una
y
postura
incompatible
con
a
reclamo
renunciaron
particular
a
no
cualquier
presentar
la
oportunamente
una
objeción a la potestad de los árbitros para emitir el
laudo el 15 de mayo de 2002.
De
acuerdo
con
la
de
que
Constructora
renunciaron
a
cualquier
albergamos
Surety
duda
norma
jurídica
establecida,
Estelar
reclamo
y
no
Seaboard
de
que
el
consentimiento verbal para extender el término para emitir
el laudo tenía que constar por escrito. Más aún dimitieron
de
toda
petición
árbitros
fuera
Advertimos
que
en
cuanto
a
emitida
como
éstas
acordaron
que
la
opinión
originalmente
que
en
fue
caso
de
los
pactada.
de
duda
aplicarían las reglas de la AAA, las cuales establecen que
si la parte no objetó a tiempo renunció a su reclamo.
Asimismo,
resulta
claro
que
todas
las
partes
acordaron
extender el referido plazo. De igual forma, no existe un
reclamo
de
que
el
término
era
esencial
para
que
se
emitiera el laudo. Nótese que el proceso de arbitraje duró
por
varios
años.
Mucho
menos,
Constructora
Estelar
y
Seaboard Surety objetaron oportunamente. Las actuaciones
de todas las partes claramente manifiestan que el término
fue extendido por quince (15) días adicionales para que el
panel de arbitraje emitiera su decreto. Ello consta por
escrito en la moción suscrita por Constructora Estelar el
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9
de
mayo
de
2002
y
56
está
avalada
por
la
conducta
desplegada por todas las partes.
En definitiva, el término para emitir el laudo fue
válidamente prorrogado y éste fue pronunciado dentro del
referido periodo, por lo que el panel de árbitros no se
excedió en su facultad al así hacerlo.
Por tanto, y a la luz de lo antes expuesto, erró el
Tribunal de Apelaciones al aplicar el Art. 14 de la Ley de
Arbitraje, supra, a la controversia suscitada entre las
partes y al determinar que debido a ello el laudo era
nulo.
VII
Por último, atendemos los planteamientos de la AEP y
la
AVP
relacionados
con
la
facultad
del
Tribunal
de
Primera Instancia para revocar el laudo de arbitraje.
La
primario
AEP
y
para
la AVP
cuestionan
sustituir
las
la autoridad
determinaciones
del foro
de
hechos
realizadas por el panel de árbitros. En cuanto a ello,
sostienen que habiéndose acordado que el laudo sería final
para todas las partes, el Tribunal de Primera Instancia no
podía modificar las determinaciones de hechos del panel de
arbitraje y sólo le correspondía determinar si éste se
ajustó
al
derecho
vigente
a
partir
de
los
hechos
determinados. En la alternativa, la AEP y la AVP plantean
que
el
Tribunal
deferencia
y
de
respeto
panel de árbitros.
Primera
a
las
Instancia
debía
conclusiones
de
conceder
hechos
del
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Un
examen
expresamente
del
que
las
57
Takeover
partes
Agreement
acordaron
que
establece
el
laudo
de
arbitraje sería emitido conforme a derecho. El análisis de
la
doctrina
antes
enunciada
reitera
que
en
estas
circunstancias los tribunales pueden revisar los méritos
del
laudo.
Asimismo,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
puede auscultar si procede la revocación del laudo a tenor
con el Art. 22 de la Ley de Arbitraje, supra, es decir, si
hubo fraude, conducta impropia, falta del debido proceso
de
ley,
violación
a
la
política
pública,
falta
de
jurisdicción o que el laudo no resuelve todos los asuntos
en controversia.
Evidentemente,
al
haberse
pactado
que
el
dictamen
fuera conforme a derecho, y como parte del debido proceso
de ley, su revisión incluye que las determinaciones de
hechos
establecidas
por
el
panel
de
árbitros
estén
apoyadas en la prueba presentada. Éstas serán revisadas
desde
el
amplio
determinaciones
marco
de
realizadas
deferencia
por
el
que
foro
aplica
que
a
atendió
las
y
aquilató la misma por primera vez. Por tanto, en ausencia
de pasión, arbitrariedad o irrazonabilidad, los tribunales
no intervendrán con las conclusiones de hecho realizadas
por los árbitros. Sin embargo, ello
tribunales
estén
vedados
de
no significa que los
cambiar
o
modificar
las
referidas determinaciones si al examinar las mismas éstas
son arbitrarias, irrazonables o no están apoyadas en la
prueba. Claro está, ello no conlleva que el Tribunal de
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
Primera
Instancia
pueda
58
sustituir
las
determinaciones
realizadas por los árbitros para imponer su criterio.
A base de lo anterior, procede que el Tribunal de
Apelaciones considere si el Tribunal de Primera Instancia
actuó correctamente al modificar las determinaciones de
hechos emitidas por el panel de árbitros. De ello ser así
procede confirmar al foro primario. En cuyo caso, distinto
a lo sostenido por la AVP y la AEP, sería un ejercicio
fútil devolver la controversia ante el panel de árbitros
ya que éste solamente tenía autoridad para determinar si
la
declaración
de
incumplimiento
emitida
por
dichas
entidades gubernamentales fue válida. Por ende, de juzgar
que procede confirmar al Tribunal de Primera Instancia, no
hay
razón
para
remitir
el
asunto
ante
arbitraje
nuevamente.
Por el contrario, si al evaluar las actuaciones del
foro primario a la luz de los postulados de deferencia
discutidos
en
el
acápite
IV
de
esta
Opinión,
el
Foro
Intermedio concluye que el Tribunal de Primera Instancia
erró al modificar las determinaciones de hechos emitidas
por
el
panel
de
árbitros,
ameritaría
revocarlo,
y
en
consecuencia, dejar en pleno vigor el laudo de arbitraje.
VIII
Por todo lo antes expuesto, se revoca al Tribunal de
Apelaciones. En su consecuencia, se devuelve el caso a
dicho foro intermedio para que, con prioridad, proceda de
conformidad a lo aquí dispuesto.
CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267
59
Se dictará Sentencia de conformidad.
LUIS F. ESTRELLA MARTÍNEZ
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Constructora
S.E. y Otros
Estelar,
Recurridos
v.
Autoridad de Edificios
Públicos y Otros
CC-2009-259
Peticionarios
Cons.
Certiorari
Constructora Estelar
Peticionario
CC-2009-267
v.
Autoridad de Edificios
Públicos y Otros
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia, se revoca al Tribunal de Apelaciones. En su
consecuencia, se devuelve el caso a dicho foro intermedio
para que, con prioridad, proceda de conformidad a lo aquí
dispuesto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Martínez Torres vota conforme aunque no avala todo lo
manifestado en los casos U.I.T.I.C.E. v. C.E.A.T., 147
D.P.R. 522, 528 (1999) y Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592
(2003). No obstante, en el caso que nos ocupa, ese era el
estado de derecho vigente al momento de solicitar revisión
en el Tribunal de Apelaciones y las partes confiaron en él.
La Jueza Asociada señora Pabón Charneco se une a las
expresiones del Juez Asociado señor Martínez Torres. La
Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre con el
resultado sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo