LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Whittenburg v. Iglesia Apostólica Romana de Puerto Rico, Colegio Nuestra Señora del Carmen

2011 TSPR 137

Poder Judicial de Puerto Rico

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Whittenburg v. Iglesia Apostólica Romana de Puerto Rico, Colegio Nuestra Señora del Carmen

CC-2008-517

Derecho Laboral – Contratos por tiempo definido y por tiempo indefinido bajo la Ley de ACAA

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Andrés Whittenburg

Peticionario

v.

Certiorari

Iglesia Católica Apostólica

Romana de Puerto Rico, Colegio

Nuestra Señora del Carmen

2011 TSPR 137

182 DPR _____

Recurridos

Número del Caso: CC

- 2008 - 517

Fecha: 26 de septiembre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región de Arecibo/Fajardo/Aibonito Panel IX

Jueza Ponente:

Hon. Yvonne Feliciano Acevedo

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Gaspar Martínez Mangual

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcda. Mayra v. Rodríguez Zayas

Materia:

Despido Injustificado, Violación Reserva de Empleo; ACAA;

Proceso Sumario

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Su premo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

Andrés Whittenburg

Peticionario

CC-2008-517

v.

Iglesia

Católica

Apostólica

Romana de Puerto Rico, Colegio

Nuestra Señora del Carmen

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Fiol

Matta

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2011.

Hoy debemos resolver, en primer lugar, si un

maestro

contratado

por

tiempo

definido

por

una

escuela privada es realmente un empleado contratado

por tiempo indefinido sujeto a las protecciones de

la

Ley

de

instancia,

Despido

Injustificado.

analizaremos

si

la

En

segunda

persona

así

contratada tiene derecho a la reserva de empleo que

provee la Ley de Protección Social por Accidentes

de Automóviles. Por entender que los hechos en este

caso demuestran que el peticionario era un empleado

por

tiempo

Social

indefinido,

por

protección

Accidentes

a

una

que

de

amplia

la

Ley

de

Protección

Automóviles

gama

de

brinda

empleados

2

CC-2008-517

independientemente de la relación obrero-patronal y que el

empleado fue despedido mientras estaba vigente el periodo

de reserva dispuesto por dicha ley, revocamos.

I.

En

el

2001,

el

peticionario,

Andres

Whittenburg,

comenzó a trabajar como maestro de educación física en el

Colegio Nuestra Señora del Carmen, institución académica de

la

que

es

egresado.

El

contrato

de

empleo

del

señor

Whittenburg, que se denominó como “Contrato de Servicios

Profesionales”,1

estableció

una

compensación

de

$12,760

anuales que nombró salario. El contrato, además, proveía

para deducciones de seguro social, contribuciones y otras

dispuestas por ley.2 También se estableció un horario fijo

de trabajo, de 7:45am a 2:45pm, y se requirió al maestro

que firmara diariamente una hoja de asistencia y estuviese

disponible para participar en actividades curriculares y

extracurriculares. Según el contrato, el señor Whittenburg

no podía ausentarse de su trabajo durante horas laborables

excepto si mediaba justa causa y se notificaba previamente

a la gerencia del Colegio para que autorizara la ausencia.3

Además

del

salario,

el

patrono

concedía

un

mes

de

vacaciones anualmente,4 y el maestro acumulaba un día y

1

Véase Contrato de Servicios Profesionales, p. 27 del

Apéndice, Petición de certiorari. El contrato es uno de

adhesión, con ciertos espacios en blanco en donde se

escribe la información específica del maestro contratado.

2

3

Íd., p. 28.

Íd.

Este periodo podía ser junio o julio, según se acordara

entre las partes.

4

3

CC-2008-517

medio de enfermedad mensualmente hasta un total de quince

días.5

El Contrato incluía una cláusula que daba una vida

nominal

al

mismo

de

un

año

y

otorgaba

al

Colegio

la

libertad para decidir si sería renovado.6 No obstante, el

primer

semestre

de

la

relación

contractual

se

concibió

expresamente como un periodo probatorio,7 lo cual indica que

el propio contrato contemplaba que la relación de trabajo

entre

el

señor

Whittenburg

y

el

Colegio

tendría

una

duración mayor.

La relación entre el Colegio y el señor Whittenburg no

era exclusiva de éste. Por el contrario, era la realidad

5

Si no utilizaba los días de enfermedad, los mismos serían

liquidados. Si se excedía de los días de enfermedad, se

haría el correspondiente descuento del sueldo en el mes que

correspondiera.

6

La Cláusula número 15 del Contrato expone que el mismo

“expirará a su vencimiento y sólo podrá ser renovado, a

opción de el [sic] COLEGIO, en forma expresa y por escrito

y bajo los términos y condiciones que el COLEGIO lo [sic]

tenga bien a establecer.” Íd., p. 30. No obstante, el

expediente demuestra que entre los periodos de vigencia del

Contrato de Servicios Profesionales, el señor Whittenburg

continuó trabajando por periodos mayores de 90 días antes

de que se firmara el nuevo contrato que renovaba la

relación entre las partes. Véase Determinación de Hecho

número 2 del Tribunal de Primera Instancia, pp. 65-66 del

Apéndice, Petición de certiorari.

7

La Cláusula número 13 del Contrato lee así:

En caso de que el/la maestro(a) esté en su

PRIMER (1er.) año de contrato con el COLEGIO, el

PRIMER (1er.) SEMESTRE escolar constituirá y se

considerará como el período probatorio, al fin de

cuyo período el COLEGIO podrá resolver y dar por

terminada

[sic]

este

CONTRATO

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES, si así lo estimare procedente.

Íd., p. 29. (Énfasis suplido). De lo anterior también

se desprende que la relación entre las partes

trascendería el año de duración del contrato.

4

CC-2008-517

laboral de todos los “empleados” del Colegio Nuestra Señora

del Carmen.8 Es decir, la totalidad de los trabajadores del

Colegio, fuesen docentes, no-docentes o de mantenimiento,

laboraban

bajo

un

Contrato

de

Servicios

Profesionales.

Nominalmente, el Colegio no tenía empleados regulares por

tiempo indefinido.

El 15 de junio de 2003, el señor Whittenburg sufrió un

accidente

de

tratamiento

Accidentes

tránsito

de

la

por

el

cual

Administración

Automovilísticos

(ACAA).9

procuró

y

recibió

de

Compensación

por

En

ese

el

momento,

señor Whittenburg estaba disfrutando del periodo mensual de

vacaciones que proveía su contrato, a pesar de que éste

tenía vigencia hasta el 13 de junio de 2003. La realidad es

que el Colegio le pagaba al señor Whittenburg el sueldo

mensual de junio y julio, como parte de la práctica de la

escuela

de

mantener

trabajando

a

los

empleados

bajo

contrato incluso durante periodos en que no había contrato

firmado, pues éste era “renovado” rutinariamente bastante

entrado el próximo semestre académico.10

8

Determinación de Hecho número 4 del Tribunal de Primera

Instancia, pp. 66-67 del Apéndice, Petición de certiorari.

El Padre Fernando Morell Domínguez, Director del Colegio,

declaró que la práctica de tener a todos los empelados bajo

contrato

de

servicios

es

común

entre

los

Colegios

Católicos. Transcripción del Juicio, p. 54; Apéndice de la

Petición de certiorari, p. 154.

9

No hay controversia de que se trata de un accidente

no-ocupacional. A raíz del accidente, el peticionario

experimentó una dislocación de la muñeca y una fractura

radial en el brazo izquierdo. Por causa de las lesiones

sufridas y dado que se acogió a los beneficios provistos

por la Ley ACAA, recibió servicios de hospitalización y se

sometió a una intervención quirúrgica.

10

El Tribunal de Primera Instancia determinó que en el

2002, por ejemplo, el señor Whittenburg comenzó a trabajar

CC-2008-517

5

Según los propios demandados, entre junio y agosto de

2003, la gerencia del Colegio discutió si prescindirían de

los servicios del señor Whittenburg, a pesar de que no

había una evaluación desfavorable de su desempeño. El 4 de

agosto de 2003, sin haberse recuperado completamente de sus

heridas, el peticionario acudió al Colegio para participar

en una serie de reuniones preparativas para el reinicio del

semestre académico.11 Allí se encontró con la Principal del

Colegio, la señora Carmen Díaz Pérez, quien, al verlo con

la mano vendada, le preguntó que cómo iba a trabajar de esa

manera. Es decir, constató su inhabilidad para trabajar.12

Acto seguido, el peticionario le informó que había tenido

el 8 de agosto, a pesar de que el contrato que había

vencido en junio de ese año no fue renovado sino hasta 98

días después. Véase Determinación de Hecho número 2 del

Tribunal de Primera Instancia, pp. 65-66 del Apéndice,

Petición de certiorari. Véase además el testimonio de la

señora Carmen Nydia Díaz Pérez, Principal del Colegio,

quién declaró que la práctica era que los contratos se

firmaban en noviembre, a pesar de que “comenzaban” a

trabajar en agosto al reiniciarse el semestre académico.

Transcripción del Juicio, p. 25.

11

Esto a pesar de que muchos de los maestros allí presentes

aún no habían firmado sus respectivos contratos de

servicio, dada la práctica de renovación tardía del

Colegio. Es decir, a pesar de haber vencido los contratos

de servicios profesionales y no haberse renovado los

mismos, los maestros se personaron para las reuniones de

reinicio de clases, lo que denota una expectativa razonable

de continuidad en sus puestos.

12

No hay controversia de que el accidente de tránsito

incapacitó

temporeramente

al

señor

Whittenburg,

particularmente cuando se toma en cuenta que era un maestro

de educación física. Sin embargo, del expediente no surge

con claridad el momento preciso en que el Colegio se enteró

del accidente de tránsito del peticionario. De lo que no

cabe duda es que se enteró del mismo antes de comunicarle

la decisión de despedirle, después de que éste se había

personado a la ACAA y mientras recibía sus beneficios.

6

CC-2008-517

un accidente de tránsito.13 Al otro día, la gerencia del

Colegio

Nuestra

Señora

del

Carmen

le

informó

al

señor

Whittenburg que prescindirían de sus servicios y que no le

renovarían su contrato.14

El señor Whittenburg presentó una demanda por despido

injustificado al amparo de la Ley número 80 de 30 de mayo

de 1976, según enmendada, mejor conocida como la Ley de

Despido

Injustificado

(en

adelante

Ley

80),15

y

por

violación a la reserva de empleo establecida por la Ley

número 138 de 26 de junio de 1968, según enmendada, mejor

conocida como la Ley de Protección Social por Accidentes de

Automóviles (en adelante Ley ACAA).16

También reclamó daños

y perjuicios.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia

determinó

que

el

señor Whittenburg era un empleado regular que ocupaba la

plaza de maestro de educación física del Colegio Nuestra

13

Determinación de Hecho número 8 del Tribunal de Primera

Instancia, pp. 67-68 del Apéndice, Petición de certiorari.

No surge con claridad del expediente si en ese momento el

señor Whittenburg informó a la principal de que se había

acogido a los beneficios de la Ley ACAA.

14

Precisamente, parte de la controversia es si estamos ante

un caso en el que no se renovó el contrato o si estamos

ante un despido. Si bien no se puede determinar con

exactitud si en algún momento previo a la reunión el señor

Whittenburg informó a la gerencia del Colegio que se había

acogido a los beneficios de la ACAA, no hay controversia de

que poco después de ser informado de que su contrato no

sería renovado, le comunicó ese hecho. No obstante, la

gerencia del Colegio insistió en su decisión.

15

16

29 L.P.R.A. §§ 185a et seq.

9 L.P.R.A. §§ 2051 et seq. La reserva de empleo está

contemplada en la § 2054(3)(b). Originalmente, la demanda

incluía, además del Colegio, a la Iglesia Católica. No

obstante, el peticionario desistió de la causa de acción

contra la Iglesia y el pleito se limitó únicamente a sus

reclamaciones contra el Colegio.

7

CC-2008-517

Señora del Carmen y no un contratista independiente. El

tribunal de instancia basó su determinación en el hecho de

que el peticionario estuvo trabajando más de 90 días sin

firmar

contrato

probatorio

–lo

que

al

que

convertía

finalizar

dicho

otorgó

al

período

en

uno

peticionario

la

categoría de empleado regular-, en las deducciones que se

hacían al salario del señor Whittenburg y en la información

que proveía el Colegio al Departamento de Hacienda en la

que

identificaba

También

al

determinó

peticionario

que

el

como

empleado

suyo.

sabía

que

señor

Colegio

el

Whittenburg recibía tratamiento en la ACAA al momento en

que le informaron que había sido despedido. Además, el foro

primario

concluyó

relacionaba

que

con

la

sus

forma

en

trabajadores

que

el

era

Colegio

un

se

esquema

institucional para evadir las protecciones y obligaciones

de la Ley 80. Esto, dado que todos los empleados de la

escuela estaban “bajo contrato”, a pesar de que ocupaban

puestos, a todas luces, regulares.

Como secuela de lo anterior, el Tribunal de Primera

Instancia

declaró

reinstalación

con

del

lugar

señor

la

demanda

Whittenburg,

y

ordenó

la

condenando

al

demandado al pago de los salarios dejados de percibir y

$20,000 por concepto de angustias mentales. De igual forma,

otorgó al peticionario un 25% en honorarios de abogados. El

foro primario no otorgó un remedio al amparo de la Ley 80

por entender que operaría la doble-compensación.

Inconforme,

Tribunal

de

el

Colegio

Apelaciones

en

acudió

donde

oportunamente

alegó

la

comisión

al

de

8

CC-2008-517

varios

errores.

En

primer

lugar,

negó

que

el

señor

Whittenburg fuera empleado regular de la escuela y no un

contratista. Como consecuencia, alegó que no existía una

causa de acción por despido injustificado ni aplicaba la

reserva bajo la Ley ACAA. Argumentando en la alternativa,

adujo que, de entenderse que el señor Whittenburg era un

empleado, únicamente tenía derecho al remedio de la mesada

de la Ley 80. En tercer lugar, también argumentando en la

alternativa,

el

Colegio

impugnó

la

determinación

del

Tribunal de Primera Instancia en excluir prueba testifical

en cuanto a los ingresos recibidos por el peticionario en

otros empleos tras su despido y su relación con la cuantía

a

ser

pagada.

El

foro

de

instancia

había

excluido

tal

prueba por entender que se había presentado tardíamente.

Los demandados, por su parte, argumentaron que la prueba

sobre los salarios devengados por el peticionario tras su

despido son parte del remedio en derecho y no meramente de

la

cuantificación

de

los

daños.

Finalmente,

el

Colegio

cuestionó la partida de $20,000 por angustias mentales dado

que, a su entender, no se presentó evidencia de daños.

El foro apelativo revocó la Sentencia del Tribunal de

Primera Instancia. Amparándose en la cláusula número 15 del

Contrato suscrito entre el señor Whittenburg y el Colegio,

que

facultaba

unilateralmente

al

Colegio

a

decidir

si

renovaba o no el mismo, el foro intermedio concluyó que se

trataba de una contratación por tiempo cierto bona fide y

que

no

había

indicación

de

que

se

hubiese

creado

una

expectativa de empleo. Por tanto, no aplicaba la Ley 80. En

9

CC-2008-517

cuanto

a

la

reserva

de

la

Ley

ACAA,

el

Tribunal

de

Apelaciones determinó que, dado que el accidente ocurrió

después

entre

de

las

la

fecha

partes,

de

ésta

vencimiento

tampoco

del

último

aplicaba.

contrato

Finalmente,

el

tribunal apelativo revocó la partida de $20,000 otorgada al

peticionario por angustias mentales, pues entendió que no

se había presentado prueba al respecto.

El

señor

Whittenburg

acude

ante

este

Tribunal

solicitando que revoquemos la determinación del Tribunal de

Apelaciones y que restituyamos la Sentencia del Tribunal de

Primera

Instancia.

En

particular,

argumenta

que

fue

empleado regular del Colegio Nuestra Señora del Carmen, que

fue despedido sin justa causa, que la reserva contemplada

por la Ley

ACAA

primario

presentó

se

aplica en su caso y que ante el foro

prueba

suficiente

para

apoyar

la

concesión de compensación por angustias mentales. Habiendo

comparecido ambas partes, procedemos a resolver.

II.

No

hay

más

que

repasar

nuestra

Constitución

para

advertir

la importancia del derecho al trabajo en nuestra

sociedad,

reconocimiento

que

surge

del

valor

social

del

trabajo como elemento central de la vida en sociedad.17 Esta

realidad

no

solo

fue

reconocida

Constituyente

sino

que

ha

17

sido

por

la

Convención

objeto

de

actuaciones

Rivera Figueroa v. Fuller Brush, 2011 T.S.P.R 25, p. 8;

Domínguez Castro v. E.L.A., 177 D.P.R. ___ (2010), 2010

T.S.P.R. 11, p. 82; García v. Aljoma, 162 D.P.R. 527, 582

(2004).Véase además Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R.

414, 421 (1983).

10

CC-2008-517

legislativas a través de los años que han resultado en una

política

pública

laboral

que

claramente

protege

los

derechos de los trabajadores contra el capricho y abuso

patronal.

La

piedra

angular

en

el

ordenamiento

laboral

resultante es, sin duda, el derecho al empleo, pues sin el

derecho a retener el empleo poco sentido tendrían las demás

protecciones

asociadas

al

trabajo.18

Es

por

eso

que

la

Asamblea Legislativa aprobó, en 1976, la Ley 80, que, si

bien no prohíbe absolutamente el despido de un empleado,

castiga el despido que se hace sin justa causa.19

En su artículo 1, la Ley 80 establece que toda persona

que sea empleado de comercio, industria o cualquier otro

negocio o sitio de empleo, que sea contratada sin tiempo

determinado

clase,

y

trabaje

mediante

tendrá

derecho

a

remuneración

recibir

de

su

de

alguna

patrono

una

indemnización, además del sueldo que hubiere devengado, si

es despedido de su cargo sin que haya mediado justa causa.

Es

decir,

la

Ley

80

aplica

a

aquellos

empleados

de

comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de

empleo que: (1) estén contratados sin tiempo determinado;

(2) reciban una remuneración; y (3) sean despedidos de su

cargo, sin que haya mediado justa causa.20 Esta compensación

18

Orsini v. Srio. de Hacienda, 177 D.P.R. ___ (2009), 2009

T.S.P.R. 190, pp. 21-22.

19

29 L.P.R.A. §§ 185a et seq.; Rivera Figueroa v. Fuller

Brush, supra, p. 9.

20

Orsini v. Srio Hacienda, supra, p. 19; García Burgos v.

A.E.E.L.A.,

170

D.P.R.

315,

322

(2007,

Opinión

de

Conformidad del Juez Asociado Fuster Berlingeri); Charles

Zeno Santiago & Víctor M. Bermúdez Pérez, Tratado de

Derecho del Trabajo, T. I, J.T.S. (2003), p. 98. (Énfasis

suplido).

11

CC-2008-517

se conoce como la mesada y su cuantía dependerá del tiempo

durante el cual el empleado ocupó su puesto y del sueldo

que devengaba.21

En

cuanto

a

qué

constituye

justa

causa

para

el

despido, es importante recalcar que la Ley articula unos

supuestos específicos en su artículo 2,22 regulando así las

circunstancias en las que un patrono puede despedir a un

empleado.

Por

injustificado

eso,

a

como

menos

regla

que

general,

responda

a

todo

despido

es

las

excepciones

establecidas en la propia Ley 80. Estas van desde ciertas

conductas del empleado que son contrarias a los objetivos

del

puesto,23

viabilidad

de

hasta

la

situaciones

empresa

o

el

relacionadas

puesto

ocupado

con

la

por

el

empleado.24

A través de los años, hemos sido claros en que la Ley

80,

como

estatuto

21

29 L.P.R.A. § 185a.

22

29 L.P.R.A. § 185b.

reparador,

debe

interpretarse

23

Será justa causa para el despido: (1) que el obrero siga

un patrón de conducta impropia o desordenada; (2) que el

empleado no rinda su trabajo en forma eficiente o lo haga

tardía y negligentemente o en violación de las normas de

calidad del producto que se produce o maneja por el

establecimiento; (3) que el empleado viole reiteradamente

las reglas y reglamentos razonables establecidos para el

funcionamiento del establecimiento, siempre que se le haya

suministrado oportunamente copia escrita de los mismos.

24

También será justa causa para el despido: (1) que surja

el cierre total, temporero o parcial de las operaciones del

establecimiento; (2) que sucedan cambios tecnológicos o de

reorganización, cambios de estilo, diseño o naturaleza del

producto que se produce o maneja por el establecimiento y

cambios en los servicios rendidos al público; o (3) que se

requieran reducciones en empleo debido a una reducción en

el volumen de producción, ventas o ganancias, anticipadas o

que prevalecen al ocurrir el despido.

12

CC-2008-517

liberalmente

a

favor

del

trabajador,

resolviéndose

toda

duda a favor del obrero.25 De igual forma, las excepciones a

su aplicación deben surgir expresamente del texto de la

ley.26

Es

decir,

“la

exclusión

de

un

empleado

de

los

beneficios de la legislación laboral debe ser clara y debe

restrictivamente”.27

interpretarse

Esta

norma

de

interpretación, que aplica tanto a la Ley 80 como a las

demás protecciones laborales recogidas en diversas leyes

especiales

que

reconocimiento

discutiremos

de

pública

proteger

creando

así

un

que

en

la

en

Puerto

medida

clima

más

de

adelante,

surge

del

Rico

“ha

sido

posible

los

trabajadores,

armonía

política

obrero-patronal

indispensable para el progreso y bienestar de todos los

sectores de la comunidad”.28

No toda persona que trabaja como medio para sostenerse

es un „empleado‟ para efectos de la protección que ofrece

la Ley 80.29 Sin embargo, nuestras leyes protectoras del

25

Irrizary v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155,

164 (2000); Cuevas v. Ethicon Div. J & J Prof. Co., 148

D.P.R. 839, 849 (1999); Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215,

232 (1998); Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 D.P.R.

763, 771 (1992).

26

García Burgos v. A.E.E.L.A., 170 D.P.R. 315, 323 (2007,

Opinión

de

Conformidad

del

Juez

Asociado

Fuster

Berlingeri). Véase además Martín Santos v. C.R.U.V., 89

D.P.R. 175, 186 (1963).

27

López Vega v. F. Vega Otero, Inc., 103 D.P.R. 175, 177

(1974). (Énfasis suplido);

López Santos v. Tribunal

Superior, 99 D.P.R. 325, 330 (1975); Sierra Berdecía v.

Pedro A. Pizá, Inc., 86 D.P.R. 447, 454 (1962).

28

López Santos v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 325, 330

(1970).

29

Cabe recalcar que con respecto a las clases de empleados

que están cobijados por la ley, “ya hemos resuelto que,

debido a que no limita el concepto „empleado‟, la Ley Núm.

13

CC-2008-517

trabajo definen esta figura “en los términos más amplios

posibles”.30

hemos

Con

atendido

esto

la

en

mente,

diferencia

pasamos

entre

un

a

analizar

“empleado”

cómo

y

un

“contratista independiente”.

La legislación protectora del derecho al trabajo sólo

aplica

a

aquellas

personas

que

están

incluidas

bajo

la

clasificación de empleado,31 término que se ha definido como

aquella

“persona

que

rinde

servicios

a

un

patrono

y

a

cambio recibe de éste un sueldo, salario, jornal, comisión,

bono, adehala o cualquier otra forma de compensación”.32 Por

otra

parte

estamos

ante

un

“contratista”

o

“parte

contratante”, si “dada la naturaleza de su función y la

forma

en

que

presta

servicios

resulta

ser

su

propio

patrono”.33 A veces se hace difícil distinguir entre ambos

conceptos,34 y no debemos enfocarnos únicamente en el título

que las partes en el contrato de trabajo le han dado a la

80,

supra,

aplica

a

ejecutivos,

administradores

y

profesionales [pues] las prácticas que la ley pretende

desalentar no conocen gradación por causa del tipo de

empleado del que se trate”. García Burgos v. A.E.E.L.A.,

supra, Opinión de Conformidad del Juez Asociado Fuster

Berlingeri, pp. 322-323, 325. Es decir, protege a una

amplia gama de trabajadores.

30

Landrón v. J.R.T., 87 D.P.R. 94, 98 (1963).

31

Alberto Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo

Comentada, (8va. Ed. 2005), p. 7.

32

Íd., citando a Diccionario de Términos Jurídicos, Ignacio

Rivera García, Equity Publishing Corporation, segunda

Edición.

33

34

Íd., pp. 7-8.

Nazario v. González, 101 D.P.R. 569, 572 (1973). “Son

raras las ocasiones en que puede establecerse con certeza

una tajante distinción entre el empleado y el contratista

independiente”.

CC-2008-517

14

relación entre ellos. Más bien se requiere ponderar las

circunstancias en las que se lleva a cabo el trabajo.35 En

efecto, “no es el nombre con que se denomina un acto el que

determina su contenido, sino su contenido, según éste surge

de un análisis del mismo y de todas las circunstancias que

lo rodean”.36

Hemos identificado una serie de criterios que permiten

distinguir entre empleados y contratistas bona fide. Éstos

son:

(1) Naturaleza, extensión y grado de control que

ejerce el patrono sobre la persona en la

ejecución de la obra o trabajo;

(2) Grado de juicio o iniciativa que despliega la

persona;

(3) Forma de compensación;

(4) Facultad de emplear y derecho a despedir

obreros;

(5) Oportunidad de incurrir en ganancias y el

riesgo de pérdidas;

(6) La

titularidad

del

equipo

y

de

las

instalaciones

físicas

provistas

por

el

principal;

(7) Retención de contribuciones;

(8) Si como cuestión de realidad económica la

persona que presta el servicio depende de la

empresa para la cual trabaja;

(9) Permanencia de la relación del trabajo;

(10) Si los servicios prestados son una parte

integral del negocio del principal o se pueden

considerar

como

un

negocio

separado

o

independiente por sí mismos.37

35

Bengochea v. Ruiz Torres, 103 D.P.R. 68, 71 (1974);

Sierra Berdecía v. Pedro A. Pizá, Inc., supra, p. 456.

36

37

Pueblo v. Srio. de Justicia, 117 D.P.R. 230, 252 (1986).

Alberto Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo

Comentada (2005), pp. 9-10; Hernández v. TOLIC, 151 D.P.R.

759, 768 (2000); Fernández v. ATPR, 104 D.P.R. 464, 465

(1975).

15

CC-2008-517

Para

precisar

la

si

sujeta

determinar

protectoras

está

del

naturaleza

trabajo,

a

los

es

de

la

mandatos

necesario

relación

de

las

y

leyes

considerar

el

conjunto de circunstancias en cada caso y hacer un análisis

integrado

de

los

criterios

previamente

mencionados.38

Al

aplicar lo anterior en el crisol de la política pública

vigente,39 nos hemos manifestado consistentemente a favor de

la

existencia

particularmente

de

si

una

una

relación

decisión

empleado-patrono,

en

dirección

contraria

hubiese desprovisto a un trabajador de la protección de

nuestra legislación laboral.40 Solamente cuando la relación

de principal-contratista es evidente es que hemos optado

por no aplicar la protección de la legislación laboral.41

Un

descrito

ejemplo

es

ilustrativo

nuestra

decisión

del

en

proceso

Avon

anteriormente

Products,

Inc.

v.

Srio. del Trabajo.42 Para determinar si unas vendedoras de

casa

en

casa

de

Avon

podían

beneficiarse

de

la

Ley

de

Seguridad de Empleo de Puerto Rico,43 analizamos si éstas

eran empleadas o contratistas de dicha compañía. A pesar de

38

Véase Flores Roman v. Ramos González, 127 D.P.R. 601, 609

(1990).

39

Nazario v. González, supra, p. 572.

40

Sierra Berdecía v. Pedro A. Pizá, Inc., supra, p. 454.

Véase además Hernández v. TOLIC, ante, Avon Products, Inc.

v. Srio. del Trabajo, ante, Mariani v. Christy, 73 D.P.R.

782 (1952) y Atiles, Admor v. Comisión Industrial, 68

D.P.R. 115 (1948).

41

Fernández v. ATPR, supra, caso de dueños de camiones.

42

105 D.P.R. 803 (1977).

43

Ley 74 de 21 de junio

L.P.R.A. §§ 701 et seq.

de

1956,

según

enmendada,

29

16

CC-2008-517

que

estas

trabajadoras

no

vendían

establecimientos

comerciales

de

horario

y

poca

fijo

determinamos

que

tenían

las

los

la

productos

compañía,

no

supervisión

vendedoras

eran

en

los

tenían

directa,

empleadas

y

no

contratistas. Más recientemente, en Hernández v. TOLIC,44

enfatizamos el elemento de la facultad que tiene la persona

contratada

para

llevar

a

cabo

su

encomienda

de

manera

verdaderamente independiente en contraposición al grado de

control que tiene la persona que contrata y se beneficia de

sus

servicios.

Igualmente,

hicimos

énfasis

en

el

factor

económico de la relación y la participación del trabajador

en

el

riesgo

de

ganancia

y

pérdida

que

conlleva

la

actividad económica realizada.45

III.

Para resolver nuestra controversia, no es suficiente

distinguir entre el contratista independiente y el empleado

pues

la

Ley

80,

a

diferencia

de

la

Ley

ACAA

como

discutiremos más adelante, protege a empleados contratados

sin tiempo determinado.

En

nuestro

sistema

las

jurídico,

cuales

hay

fundamentales

mediante

puede

otorgación

de

un

contrato

laboral

Específicamente,

los

acuerdos

laborales

dos

maneras

manifestarse

la

individual.

pueden

ser

otorgados: (1) por un periodo de tiempo indeterminado; o

44

151 D.P.R. 759 (2000).

45

Íd., p. 767.

17

CC-2008-517

(2) para un tiempo fijo, o para un proyecto u obra cierta.46

Ahora bien, la propia Ley 80, además de diferenciar entre

la figura del contratista y el empleado, también nos alerta

a la posibilidad de que se utilicen contratos de empleo por

tiempo fijo que no sean bona fide como un subterfugio para

evadir las obligaciones de la Ley. Así, como corolario a la

política pública que favorece la protección del empleo, el

legislador condicionó la determinación de la existencia y

validez de un contrato de empleo por tiempo determinado a

que éste fuese bona fide:

No obstante lo dispuesto en el primer

párrafo de esta sección, el mero hecho de que un

empleado preste servicios al amparo de un

contrato por tiempo determinado por sí solo no

tendrá el efecto automático de privarle de la

protección de las secs. 185a a 185 de este título

si la práctica y circunstancias involucradas u

otra evidencia en la contratación fueran de tal

naturaleza que tiendan a indicar la creación de

una expectativa de continuidad en el empleo o

aparentando ser un contrato de empleo por tiempo

indeterminado bona fide. En estos casos los

empleados así afectados se considerarán como si

hubiesen sido contratados sin tiempo determinado.

Excepto cuando se trate de empleados contratados

por un término cierto bona fide o para un

proyecto

u

obra

cierta

bona

fide,

toda

separación, terminación o cesantía de empleados

contratados por término cierto o proyecto u obra

cierta, o la no renovación de su contrato, se

presumirá que constituye un despido sin justa

causa…47

Más adelante, la ley le impone al patrono la carga de

alegar y probar la contratación bona fide a término cierto:

[E]n toda acción entablada por un empleado

reclamando los beneficios dispuestos por las

secs. 185a a 185m de este título, cuando se trate

46

Delgado Zayas,

Op.Cit., pp. 22-23.

47

Legislación

Protectora

29 L.P.R.A. §185a. (Énfasis suplido).

del

Trabajo,

18

CC-2008-517

de que el empleado fue contratado por un término

cierto, o para un proyecto o una obra cierta, el

patrono

vendrá

obligado

a

alegar

en

su

contestación a la demanda estos hechos y a probar

la existencia de un contrato bona fide para

entonces quedar eximido de cumplir con el remedio

que disponen las secs. 185a a 185m de este

título, salvo que el patrono pruebe que el

despido fue justificado.48

Surge

aquí

la

fuerte

preocupación

de

la

Asamblea

Legislativa de que se utilice la figura del contrato por

tiempo cierto como mecanismo para esquivar las protecciones

de

la

Ley

80.

Por

eso,

la

propia

ley

establece

unos

criterios que sirven para determinar si, en efecto, estamos

ante

un

contrato

bona

fide

de

este

tipo

o

si,

por

el

contrario, estamos ante un contrato sin tiempo determinado

disfrazado como contrato por tiempo cierto. Nótese, además,

que esta sección de la Ley 80 altera el peso de la prueba y

establece

así

la

presunción

contratan

por

término

explica

Acevedo

de

que

indefinido.49

Colom,

“no

En

los

empleados

última

debe

se

instancia,

prevalecer

una

interpretación restrictiva que pueda burlar la protección

de la ley a una persona que de otra forma estaría protegida

contra acciones caprichosas del patrono”.50

De

donde

48

lo

el

anterior

contrato

se

sea

desprende

por

tiempo

que

en

aquellos

definido,

casos

existe

una

29 L.P.R.A. § 185k(a). (Énfasis suplido).

49

Delgado Zayas, Legislación Protectora del Trabajo,

Op.Cit., p. 21. Recientemente, en Rivera Figueroa v. Fuller

Brush, supra, discutimos el efecto de las presunciones

creadas por la Ley 80 que invierten el peso de la prueba

contra el patrono.

50

Acevedo Colom,

Op.Cit., p. 183.

Legislación

Protectora

del

Trabajo,

19

CC-2008-517

presunción de que éste no es bona fide y, por el contrario,

que la persona así contratada es un empleado por tiempo

indeterminado. Le corresponde al patrono presentar prueba

que, mediante un estándar de preponderancia, derrote dicha

presunción. Si el patrono no presenta prueba a esos efectos

o si la misma es insuficiente para derrotar la presunción,

ésta sobrevive, por lo cual estaremos ante un empleado por

tiempo

indeterminado.

En

ese

caso,

el

despido

o

no

renovación del contrato de empleo activa la presunción de

despido injustificado y el caso de tramitará bajo la Ley

80. Cuando, por el contrario, el patrono presenta prueba

suficiente

para

derrotar

la

presunción,

el

tribunal

analizará si las circunstancias apuntan a que se generó una

expectativa de continuidad en el empleo. Si el tribunal

concluye que no hubo tal expectativa, estaremos ante un

contrato por término fijo bona fide y no aplicará la Ley

80.

Ahora

expectativa

bien,

de

si

se

demuestra

continuidad

en

el

que

se

empleo,

generó

el

una

tribunal

concluirá que se trata de un empleado contratado por tiempo

indeterminado.

En

ese

caso,

al

igual

que

cuando

no

se

derrota la presunción de que el contrato no es bona fide,

el

despido

o

la

no

renovación

del

contrato

activa

una

presunción de despido injustificado y el caso se tramitará

como cualquier controversia de despido injustificado bajo

la Ley 80.

El

prueba

examen

de

de

la

contratación

intención

legislativa

bona

cuando

fide

se

al

requerir

alegue

un

contrato por tiempo fijo confirma este análisis. Así lo

20

CC-2008-517

expresa la Asamblea Legislativa en la Exposición de Motivos

de la Ley 7 de 1 de marzo de 1988:

La experiencia ha demostrado que algunos

patronos en Puerto Rico han instituido la

práctica de reclutar su personal a base de

contratos

vencederos

mensual

o

anualmente,

renovables o no a la voluntad del patrono, con el

propósito de evadir el cumplimiento de la citada

Ley Núm. 80. Se da el caso en tales situaciones,

de

empleados

que

permanecen

prestando

sus

servicios de manera ininterrumpida durante un

sinnúmero de años y un buen día son despedidos de

sus empleos sin que medie causa justificada para

ello y se ven privados de reclamar el amparo que

provee la Ley Núm. 80.51

A partir de esta enmienda, como nos dice Delgado Zayas,

“[l]a duración del contrato por término fijo va a depender

[…]

de

las

circunstancias

necesidades

de

la

empresa

bona

que

lo

justifiquen”.

fide

y

de

Si

las

el

contrato por término fijo tiene el objetivo de “llevar a

cabo funciones regulares y normales de una empresa, cuya

duración o necesidad es de carácter indefinido, estaríamos

ante

un

contrato

por

tiempo

indefinido,

que

alguien

ha

denominado por término fijo más bien por error, capricho o

como un subterfugio para violar la ley”.52 No hay duda,

pues, que la contratación de trabajo por cierto término o

51

Leyes de Puerto Rico, 1988, p. 50. La Asamblea

Legislativa hace un llamado a que estemos pendiente por si

la contratación a término fijo es bona fide “o si, por el

contrario, se trata de una hábil estratagema diseñada para

evadir las responsabilidades impuestas por dicha ley y, por

ende, perjudicar los derechos del empleado”. Íd.

52

Delgado Zayas,

Op.Cit., pp. 22-23.

Legislación

Protectora

del

Trabajo,

21

CC-2008-517

para cierta obra, para propósitos de nuestra legislación

laboral, es la excepción a la regla.53

El

contrato

a

término

fijo

está

recogido

en

el

artículo 1473 del Código Civil bajo la figura del contrato

de

arrendamiento

de

obras

servicios.54

o

Mediante

este

contrato, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o

a prestar a la otra un servicio a cambio de un precio

cierto. Se trata de una relación contractual consensual, es

decir, perfeccionada por el mero consentimiento, bilateral,

pues crea obligaciones recíprocas, y onerosa.55 En Puerto

Rico, el recurso a esta figura del Código Civil se ha ido

limitando, a medida que se ha ampliado el derecho laboral y

el

concepto

particular,

del

el

empleado

por

ordenamiento

tiempo

laboral

indeterminado.

ha

restringido

En

la

aplicación del principio de libertad de contratación del

Código

Civil56

y

en

muchas

ocasiones

éste

cede

ante

el

interés estatal en regular las relaciones de trabajo: “La

libertad

de

contratación

[…]

no

llega

al

extremo

de

permitirle al patrono esta violación a la política pública

53

Íd., p. 21.

54

La figura del contrato de arrendamiento de servicios está

esparcida entre los artículos 1473 y 1477 del Código Civil.

31 L.P.R.A. §§ 4111-4115.

55

Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 D.P.R. 508, 517

(1998).

56

“Los contratos pueden establecer los pactos, cláusulas y

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean

contrarias a la ley, a la moral, ni al orden público”.

Artículo 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3372; véase

Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., supra, pp. 516-517.

22

CC-2008-517

ni

a

infringir

la

Ley

80,

enmendada”.57

según

Como

consecuencia, “los contratos de servicios están regulados

por

las

leyes

trabajadores”,58

que

protegen

producto

de

los

una

derechos

lectura

de

restrictiva

los

e

integral de esta figura.59 Estas disposiciones del Código

Civil

aplican

únicamente

a

empleados

de

labranza,

menestrales, artesanos y otros trabajadores asalariados que

realicen labores similares.60 Para los demás contratos de

empleo por tiempo fijo o para obra cierta, siempre y cuando

sean

bona

fide

continuidad,

se

y

no

hayan

recurrirá

generado

a

la

una

teoría

expectativa

general

de

de

las

obligaciones y los contratos.61 Si un empleado contratado de

manera bona fide por tiempo fijo o para obra cierta es

despedido sin justa causa mientras está vigente el término

de

su

contrato,

tendrá

derecho

al

resarcimiento

de

los

daños ocasionados por el quebrantamiento del contrato, los

cuales

se

determinarán

sobre

la

base

de

los

salarios

dejados de percibir por motivo del despido, más cualquier

otro daño que pueda establecer.62

57

Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 D.P.R. 157, 169-170

(1994); Delgado Zayas, Legislación Protectora del Trabajo,

Op.Cit., p. 23.

58

Soc. de Gananciales v. Véles & Asoc., supra, pp. 517-518.

59

En cuanto a las limitaciones para trabajadores manuales,

véase Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., supra, p. 519;

Camacho Arroyo v. E.L.A., 131 D.P.R. 718, 726 (1992). “El

ámbito de aplicación del artículo [1476] es sumamente

limitado”.

60

En específico, el artículo 1476 del Código Civil, 31

L.P.R.A. § 4114.

61

López Fantauzzi v. 100% Natural, infra, p. 13.

62

Id, pp. 15-17.

23

CC-2008-517

En cuanto a los contratos de servicios profesionales,

aclaramos

en

Nasser

arrendamiento

de

Rizek

servicios

v.

de

Hernández

una

que:

profesión

“[E]l

liberal

es

aquel donde un profesional pone a disposición de la persona

una

actividad

intelectual

característica

principal

o

es

técnica

la

forma

retribuida.

Su

autóctona

e

independiente en que el profesional, poseedor del título

habilitante, la ejerce”.63

De esa forma, la contratación de empleados por tiempo

específico

o

para

cierta

obra

es

totalmente

válida

en

nuestro ordenamiento. No obstante, no es válido usar este

tipo de contrato simplemente para no tener que cumplir con

la protección que le ha querido dar nuestra legislación al

empleado

frente

a

los

despidos

injustificados

o

caprichosos.64 La práctica de renovar un contrato de este

tipo automáticamente es, según explica Delgado Zayas, un

fuerte indicio de su uso como subterfugio:65 “El problema

surge,

tan

pronto

el

contrato

se

renueva

de

forma

automática sin que haya razones bona fide que lo requieran,

o

se

contratan

por

tiempo

específico

empleados

que

van

hacer funciones normales y regulares en una empresa y que

la necesidad de las mismas es indefinida, o que tienen una

63

Nasser Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360, 369 (1989).

(Énfasis suplido).

64

Delgado Zayas, Op.Cit., p. 22.

65

Íd., p. 21. (Énfasis suplido).

24

CC-2008-517

duración

tan

prolongada

que

en

términos

prácticos

se

convierten en indefinidos”.66

Nuestra jurisprudencia ha visto con cautela el uso de

contratos de empleo por tiempo definido, precisamente por

su

posible

uso

como

subterfugio

para

esquivar

las

obligaciones de la legislación laboral.67 En García Burgos

v.

A.E.E.L.A.,

las

Opiniones

de

Conformidad

del

Juez

Asociado Fuster Berlingeri y del Juez Asociado Rivera Pérez

dan la voz de alerta contra el uso del mecanismo de la

contratación por tiempo definido con este propósito frente

a las obligaciones y prohibiciones de la Ley 80. Nos dice

el Juez Asociado Fuster Berlingeri:

Aun en el caso de que el empleado sí haya

sido

contratado

por

tiempo

determinado,

se

entenderá que aplica la [Ley Núm. 80], si el

contrato no cumple con los requisitos esbozados

en la propia ley para considerarlo un contrato

bona fide por tiempo cierto o para un proyecto de

obra cierta. Aplicará también la Ley Núm. 80, si

hubiese evidencia en la contratación que apuntase

a la creación de una expectativa razonable de

continuidad en el empleo por tiempo determinado.68

66

Íd.

67

A semejante conclusión ha llegado el Departamento del

Trabajo

y

Recursos

Humanos.

Guía

Revisada

para

la

Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 80, (1996).

“Constituyen

empleados

temporeros

aquellos

que

son

contratados por un término específico de tiempo o para

cierta obra, tras lo cual no se retiene personal alguno

realizando las labores de los mismos. […] Los contratos de

empleo temporero sirven el propósito de permitirle al

patrono suplir una necesidad provisional de empleo, pero

bajo ninguna circunstancia pueden servir como mecanismo

para burlar el propósito de la ley”. Íd., p. 48. (Énfasis

suplido).

68

García

Burgos

v.

A.E.E.L.A.,

supra,

Opinión

Conformidad del Juez Asociado Fuster Berlingeri, n. 1.

de

25

CC-2008-517

Por

su

parte,

el

Juez

Asociado

Rivera

Pérez

manifiesta que:

[L]a Ley Núm. 80 establece con claridad que

el mero hecho de que un empleado preste servicios

al amparo de un contrato por tiempo determinado,

por sí solo, no tiene el efecto automático de

privarle de su protección y remedio, si la

práctica y circunstancias implicadas u otra

evidencia en la contratación fuesen de tal

naturaleza que tiendan a indicar la creación de

una expectativa de continuidad en el empleo o la

existencia real de un contrato de empleo por

tiempo indeterminado.

La Ley Núm. 80 dispone que en estos casos

los empleados así afectados se considerarán como

si

hubiesen

sido

contratados

sin

tiempo

indeterminado.

[…]

La política pública sobre la contratación de

empleados

por

un

término

determinado

está

claramente plasmada en la Ley Núm. 80. El

legislador condicionó la existencia y validez de

un contrato de empleo por tiempo determinado al

cumplimiento de detallados y estrictos requisitos

de forma. Su propósito es desalentar la práctica

patronal de evadir las disposiciones remediales

de la Ley Núm. 80 mediante la contratación de

empleados

por

un

tiempo

determinado

en

circunstancias en que éstos, en la práctica,

están

desempeñando

funciones

de

duración

indeterminada.69

En

utilidad

Camacho

de

Arroyo

los

v.

contratos

E.L.A.,70

por

recalcamos

tiempo

fijo

que

la

radica

en

“satisfacer una necesidad temporera o accidental”.71 Pocos

69

García

Burgos

v.

A.E.E.L.A.,

supra,

Opinión

de

Conformidad del Juez Asociado Rivera Pérez, pp. 345-347.

(Énfasis suplido).

70

131 D.P.R. 718 (1992).

71

Íd., pp. 731-732.

26

CC-2008-517

años después, en Martínez Pérez v. U.C.B.,72 nos topamos con

una

controversia

trataba

de

muy

una

similar

profesora

a

la

de

autos.

Este

de

una

universidad

caso

privada

contratada por un término fijo renovable. Tras analizar sus

condiciones

de

trabajo

y

el

control

que

la

gerencia

universitaria ejercía sobre sus funciones, decidimos que

“no puede concluirse que la relación entre la demandante y

la

Universidad

sea

una

de

contratista

independiente

a

principal […] irrespectivamente del nombre que se le dé a

la

terminación

Universidad,

del

empleo

llámese

de

la

incumplimiento

[demandante]

en

de

despido

contrato,

la

unilateral o despido injustificado”.73 Como veremos, en el

contexto educativo, concluir que un docente es un empleado

y no un contratista no conlleva automáticamente que éste

sea titular de los remedios de la Ley 80 en caso de que no

se renueve su contrato, pues puede tratarse de un contrato

de empleo por término fijo bona fide.

Es evidente, pues, que debemos analizar cautelosamente

los contratos denominados “por tiempo cierto”. En vez de

descansar

en

los

legislativo

es

de

términos

analizar

la

utilizados,

el

relación

trabajo

de

mandato

que

realmente se establece entre el patrono y el empleado. En

particular,

para

determinar

si

un

contrato

por

tiempo

cierto es bona fide, frente a la presunción en contrario

que establece la Ley 80, debemos analizar la naturaleza de

72

73

143 D.P.R. 554 (1997).

Íd., p. 566. Véase además Nazario v. Vélez, 97 D.P.R. 458

(1969).

27

CC-2008-517

la empresa que lleva a cabo la contratación y si el trabajo

llevado a cabo por el empleado es temporero y coyuntural, o

si, por el contrario, realiza las funciones que haría un

empleado regular. En la empresa privada el reclutamiento de

empleados

por

un

término

específico

de

tiempo

“está

limitado a que el empleo sea uno de carácter provisional,

tras lo cual no se retendrá personal alguno realizando las

funciones del mismo”.74

Recientemente, en López Fantauzzi v. 100% Natural,75

discutimos las protecciones que brinda la Ley 80 en casos

de contratos de empleo por tiempo determinado o para obra

cierta. Manifestamos en ese caso que la Ley 80 “provee

ciertas protecciones adicionales a todo empleado contratado

por

término

aplicación

indefinido”.76

cierto

a

a

pesar

empleados

Allí

de

dicha

ley

contratados

resolvimos

que

dichas

sólo

ser

de

por

término

protecciones

consisten en:

(1) La instauración de una presunción rebatible

de que todo despido, separación, cesantía, o la

no renovación de un contrato de un trabajador

empleado por término cierto o para un proyecto

u obra cierta, representa una acción sin justa

causa, cobijada por la [Ley 80], a no ser que

se trate de un contrato por término cierto bona

fide; y

74

Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo,

Op.Cit., p. 183. El autor nos ofrece una serie de ejemplos

de lo que constituye un contrato por tiempo cierto bona

fide: trabajadores de una obra de construcción; persona

reclutada para cortar caña durante la zafra; época de

Navidad con volumen adicional; secretario o secretaria

reclutada provisionalmente para atender un inventario que

se realiza con fines de liquidar operaciones. Íd.

75

2011 T.S.P.R. 40.

76

Id., pp. 17-18 (Énfasis en original).

28

CC-2008-517

(2) la

definición

pormenorizada

de

lo

que

constituye un contrato bona fide por término

cierto

o

para

un

proyecto

u

obra

77

especializada.

Concluimos que “[d]e tal manera, el legislador prohíbe

el

uso

voluntad

de

los

del

contratos

patrono

por

mensual

término

o

fijo

renovados

anualmente

de

a

forma

frecuente, como mecanismo para evadir el cumplimiento de la

[Ley 80]”.78 Igualmente resolvimos que:

Es por ello que, para evitar que los

patronos diseñen contratos por término fijo u

obra cierta que eludan el ámbito de protección

provisto por la [Ley 80] será crucial que no tan

sólo se catalogue un contrato como uno por

término fijo por así disponerlo su título, sino

que resulta imperativo examinar si la práctica y

circunstancias envueltas u otra evidencia en la

contratación han creado en el empleado una

expectativa de continuidad en el empleo.79

Hemos visto que, además de establecer una presunción

de que todo despido es injustificado, en el caso de los

contratos de empleo por tiempo cierto la Ley 80 invierte el

peso de la prueba, imponiéndole al patrono la obligación de

demostrar que el contrato es bona fide.80 Se trata de una

77

Id., p. 18 (Énfasis suplido).

78

Id., pp. 18-19.

79

Id., p. 19 (Énfasis suplido). Además de la creación de

una expectativa de continuidad en el empleo, el artículo 1

de la Ley 80 también dispone que se tendrá que examinar si

la conducta patronal “aparenta ser un contrato de empleo

por tiempo indeterminado bona fide”. 29 L.P.R.A. § 185a.

80

29 L.P.R.A. § 185k(a). “[C]uando se trate de que el

empleado fue contratado por un término cierto o para un

proyecto u obra cierta, el patrono vendrá obligado a alegar

en la contestación a la demanda estos hechos y a probar la

existencia de un contrato bona fide para entonces quedar

eximido de cumplir con el remedio que disponen las secs.

185a a 185m de este título, salvo que el patrono pruebe que

el despido fue justificado”. (Énfasis suplido).

29

CC-2008-517

presunción

fuerte

prueba

que

y

que

ésta

requiere

sea

que

el

suficiente

patrono

para

presente

demostrar

la

naturaleza bona fide del contrato por tiempo cierto.81 El

patrono sólo podrá rebatirla si logra establecer que el

contrato es bona fide.82 Si no se presenta prueba a esos

efectos o si la misma es insuficiente para derrotar la

presunción,

ésta

sobrevive.

De

ser

éste

el

caso,

ahí

terminará el análisis del tribunal y el caso se tramitará

como una controversia ordinaria de despido injustificado

bajo la ley 80. En caso de derrotarse dicha presunción, el

tribunal

analizará

continuidad

concluir

en

el

si

se

generó

una

expectativa

empleo.

De

ser

éste

sido

contratado

que

el

empleado

ha

indeterminado

y

aplicará

igualmente

la

el

caso,

por

Ley

demostrar la naturaleza bona fide del contrato,

80.

de

deberá

tiempo

Para

el patrono

no puede limitarse a presentar, como su única evidencia, el

propio

contrato

de

servicios

profesionales

cuestionado,

precisamente porque lo que está en controversia es si éste

81

Rivera Figueroa v. Fuller Brush, supra, p. 18. Véase

además Regla 302 de Evidencia de 2009, 32 L.P.R.A. Ap.VI R.

302.

82

En su artículo 11, la Ley 80, además de establecer los

requisitos de forma del contrato por tiempo fijo o para

obra cierta, ofrece unos ejemplos del tipo de trabajo que

podría contratarse por medio de un contrato de esta

naturaleza: “sustituir durante su ausencia a un empleado en

el uso de licencia legalmente establecida o establecida por

el patrono o para llevar a cabo tareas extraordinarias o de

duración corta como son, sin que constituya una limitación,

los

inventarios

anuales,

la

reparación

de

equipo,

maquinaria o las facilidades de la empresa, el embarque y

desembarque casual de carga, el trabajo en determinadas

épocas del año como la Navidad, las órdenes temporeras de

aumentos de producción y cualquier otro proyecto o

actividad particular de corta duración o duración cierta

fija”. 29 L.P.R.A. § 185k.

30

CC-2008-517

es bona fide. Más bien, el patrono debe presentar prueba

para demostrar por qué una labor en particular debe ser

realizada mediante un contrato por tiempo cierto o para

obra cierta.

Sin embargo, en el caso de autos, el expediente no

contiene prueba alguna, más allá del propio contrato, que

tienda a demostrar la naturaleza bona fide del contrato de

empleo. En López Fantauzzi v. 100% Natural resolvimos en

cuanto a esto que el patrono tiene que “establecer que el

contrato por término fijo u obra cierta pactado con el

obrero es uno bona fide”.83

Es decir, que el patrono tiene

que probar que hay justa causa para el despido o que el

contrato por tiempo determinado u obra cierta es bona fide

para eximirse de pagar la mesada provista por la Ley 80.84

La legislación laboral vigente en Puerto Rico permite

que un patrono contrate a una persona como empleado regular

pero sujeto al cumplimiento de un periodo probatorio que le

permita al patrono evaluar el trabajo de dicha persona. De

esta manera, si durante el periodo probatorio la persona

contratada

no

se

desempeña

finalizar

el

mismo

el

de

manera

satisfactoria,

al

patrono

puede

prescindir

sus

de

servicios sin tener que indemnizarle. Incluso, durante el

transcurso del periodo probatorio el patrono puede dar por

terminada la relación de trabajo si el empleado incumple

con sus labores. Ahora bien, el periodo probatorio está

regulado por la Ley 80 para evitar que se utilice de manera

83

López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, p. 20.

84

Id., p. 39.

31

CC-2008-517

abusiva y se tenga a una persona indefinidamente en un

estado probatorio. Sobre lo anterior, la Ley 80 establece:

Para que todo contrato probatorio de trabajo

tenga validez a los fines de excusar al patrono

de darle cumplimiento a lo dispuesto en las secs.

185a a 185m de este título, el mismo deberá

hacerse por escrito, haciéndose constar la fecha

en que comienza y termina el período probatorio,

el cual en ningún caso podrá exceder de (3)

meses, a no ser que medie un permiso escrito del

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. Este

podrá

autorizar

la

extensión

del

período

probatorio hasta un máximo de seis (6) meses,

cuando a su juicio la naturaleza del trabajo así

lo requiera. El contrato básico de período de

probatorio deberá hacerse antes de que el

empleado comience a prestar servicios para el

patrono. Todo contrato de período probatorio

convenido con posterioridad al comienzo de la

prestación de servicios será ilegal y nulo.

[…]

Si vencido el término establecido en el

contrato probatorio, o la extensión válida del

mismo, el empleado continúa realizando trabajo

para el patrono, dicho empleado adquirirá todos

los derechos de un empleado tal y como si hubiese

sido contratado sin tiempo determinado.85

Como

puede

observarse,

el

mandato

de

la

Ley 80

es

meridianamente claro: nadie puede estar trabajando por más

de 90 días de manera probatoria. Si al finalizar dicho

periodo el trabajador continúa laborando en su puesto, éste

se

convertirá

en

empleado

regular

del

establecimiento.

Estos contratos probatorios deben analizarse con la misma

cautela que hemos utilizado para determinar si un contrato

por tiempo cierto es bona fide o un intento de evadir la

85

29 L.P.R.A. § 185h. (Énfasis suplido). Véase además Guía

Revisada para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm.

80, Op.Cit., p. 44, que establece que, aunque el tiempo que

el empleado esté trabajando posterior al vencimiento del

plazo probatorio sea “mínimo”, aplica el mandato de la Ley

80 que le convierte en empleado regular.

32

CC-2008-517

legislación laboral. Por eso, hemos advertido que en cuanto

a los contratos probatorios “[l]a mera denominación en ese

sentido no es decisiva; todo dependerá del conjunto de las

circunstancias”.86

IV.

A.

La sección 16 del Artículo II de nuestra Constitución

reconoce,

entre

“protección

otros,

contra

el

derecho

riesgos

para

de

su

todo

trabajador

salud

o

a

integridad

personal en su trabajo o empleo”. Como parte del cauce

estatutario

de

ese

mandato

constitucional,

la

Asamblea

Legislativa ha aprobado varias leyes especiales dirigidas

específicamente

accidente

o

a

proteger

enfermedad,

a

los

trabajadores

que

por

ya

sea

ocupacional

o

no-

ocupacional, se inhabilitan temporeramente para trabajar.87

Esto, con el propósito de ampliar el alcance y protección

de

la

citada

disposición

obrero-patronales

entre

constitucional

personas

“a

privadas,

relaciones

disponiendo

remedios particulares en beneficio de los trabajadores”.88

La Ley 138 de 26 de junio de 1968, según enmendada,

mejor

conocida

como

la

Ley

de

Protección

Social

por

86

Cassasús Rodríguez v. Escambrón Beach Hotel, 86 D.P.R.

375, n. 6 (1962).

87

García v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 364, 374 (1999);

Cuevas v. Ethicon Div. J & J Prof. Co., 148 D.P.R. 839, 845

(1999); Torres v. Star Kist Caribe, Inc., 134 D.P.R. 1026,

1029 (1994); Delgado Zayas, Legislación Protectora del

Trabajo Comentada, Op.Cit., p. 187.

88

Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, 169 D.P.R. 273, 285

(2006).

33

CC-2008-517

Accidentes

Automóviles,89

de

atiende

diversos

asuntos

relacionados con accidentes de tránsito, particularmente en

cuanto al tratamiento a las víctimas de estos accidentes.

Esta Ley fue promulgada con el propósito de establecer un

sistema

de

tránsito,

seguro

el

cual

y

compensación

“[redujera]

a

un

por

accidentes

mínimo

los

de

trágicos

efectos económicos y sociales producidos por [éstos] sobre

la

familia

y

demás

dependientes

de

víctimas”.90

sus

La

Asamblea Legislativa procuró suplir a las víctimas de un

accidente automotriz –y a sus dependientes- un alivio que

las

librara

del

desamparo

y

desvalimiento

económico

que

arriba como consecuencia de una tragedia de tal naturaleza,

mediante

la

concesión

de

servicios

médico-hospitalarios,

ingresos y un surtido de beneficios adicionales.

Como podrá notarse, no se trata de una legislación de

naturaleza

laboral.

No

obstante,

como

ley

reparadora,

atiende un sinnúmero de escenarios que son consecuencia de

un

accidente

trabajador

que

automovilístico,

quede

entre

inhabilitado

ellos,

el

de

temporeramente

un

para

desempeñar sus labores como consecuencia de un accidente de

tránsito.

En la consecución de dicho fin loable, la Ley ACAA

estableció una reserva de empleo para todo trabajador que

quede inhabilitado temporeramente por esta razón:

En los casos de incapacidad cubiertos por

este capítulo, cuando el lesionado estuviese

empleado, el patrono vendrá obligado a reservar

89

90

9 L.P.R.A. §§ 2501 et seq.

Exposición de Motivos, Ley 45 de 26 de junio de 1987,

Leyes de Puerto Rico, p. 158.

34

CC-2008-517

el empleo que desempeña el trabajador al momento

de comenzar la incapacidad y a reinstalarlo en el

mismo, sujeto a las siguientes condiciones:

i.

Que

el

trabajador

requiera

al

patrono que lo reponga en su

empleo

dentro

del

término

de

quince

(15)

días,

contados

a

partir de la fecha en que fuere

dado de alta, y siempre y cuando

que dicho requerimiento no se haga

después de transcurridos seis (6)

meses desde la fecha de comienzo

de la incapacidad;

ii. que el trabajador esté mental y

físicamente capacitado para ocupar

dicho empleo en el momento en que

solicite

del

patrono

dicha

reposición, y

iii. que

dicho

empleo

subsista

al

momento

en

que

el

trabajador

solicite

su

reposición.

Se

entenderá que el empleo subsiste

cuando el mismo esté vacante o lo

ocupe

otro

trabajador.

Se

presumirá que el empleo estaba

vacante cuando el mismo fuere

cubierto

por

otro

trabajador

dentro de los treinta (30) días

subsiguientes a la fecha en que se

hizo

el

requerimiento

de

reposición.

Si

el

patrono

no

cumpliera

con

las

disposiciones de esta cláusula vendrá obligado a

pagar al trabajador o a sus beneficiarios los

salarios que dicho trabajador hubiese devengado

de haber sido reinstalado. Además, le responderá

de todos los daños y perjuicios que le haya

ocasionado…91

En cuanto a quién es un “empleado” para efectos de esta

reserva y qué tipo de incapacidad se requiere para que ésta

se active, la propia Ley ACAA ofrece las correspondientes

definiciones.

Al

definir

el

término

“empleo”,

establece lo siguiente:

91

9 L.P.R.A. § 2054(3)(b). (Énfasis suplido).

la

Ley

35

CC-2008-517

El servicio que preste una persona será

considerado como empleo […] independientemente de

si existe o no una relación obrero-patronal, a

menos y hasta que se demuestre la existencia de

las siguientes condiciones:

(a) Que el patrono no ejerce, ni puede

ejercer mando o supervisión sobre la

persona;

(b) que la persona presta el servicio

fuera del curso normal o de los

sitios de negocio del patrono;

(c) que la persona presta ese servicio

como parte de la actividad normal de

su trabajo, negocio o profesión, cuyo

servicio está disponible a otras

personas y no cesa al terminar su

relación contractual con el patrono.92

Además, la Ley ACAA define “incapacidad” como:

[A]quella de tal naturaleza que impida a la

víctima en forma total y continua dedicarse a

cualquier empleo u ocupación para el cual está

capacitada

por

educación,

experiencia

o

entrenamiento.93

Hasta

ahora,

no

habíamos

tenido

la

oportunidad

de

interpretar esta reserva de empleo establecida por la Ley

ACAA.

De

entrada,

sin

embargo,

sabemos

que

como

ley

reparadora, nos corresponde interpretarla liberalmente con

miras a cumplir la intención legislativa de protección.94

Por tanto, analizaremos primeramente la interpretación que

hemos hecho de otros estatutos que establecen reservas de

empleo

similares

a

la

de

esta

ley.95

En

particular,

92

9 L.P.R.A. § 2052(14). (Énfasis suplido).

93

9 L.P.R.A. § 2051(9).

94

García v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 364, 379 (1999).

95

“Las leyes que se refieren a la misma materia o cuyo

objeto sea el mismo, deben ser interpretadas refiriendo las

unas a las otras, por cuanto lo que es claro en uno de sus

preceptos pueda ser tomado para explicar lo que resulte

36

CC-2008-517

analizaremos

la

Ley

del

Sistema

de

Compensaciones

para

Accidentes de Trabajo (Ley de Accidentes del Trabajo),96 la

Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal (SINOT)97 y la

Ley

de

Hemos

Seguro

Social

utilizado

para

este

Choferes

tipo

de

y

Otros

análisis

Empleados.98

integral

consistentemente en el pasado, al interpretar las diversas

reservas

de

especiales,

uniforme.99

empleo

con

96

miras

Incluso,

dudoso en otro”.

§ 18.

establecidas

la

a

plasmar

propia

en

distintas

una

Asamblea

leyes

interpretación

Legislativa

ha

Artículo 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

Ley 45 de 18 de

L.P.R.A. §§ et seq.

abril

de

1935,

según

enmendada,

11

97

Ley 139 de 26 de junio de 1968, según enmendada, 11

L.P.R.A. §§ 201 et seq.

98

Ley 428 de 15 de mayo

L.P.R.A. §§ 681 et seq.

99

de

1950,

según

enmendada,

29

Véase Delgado Zayas, Legislación Protectora del Trabajo

Comentada, Op.Cit., p. 193, mencionando a la Ley ACAA en

conjunto con las reservas establecidas por la Ley del

Sistema de Compensaciones por Accidentes de Trabajo, la Ley

de Beneficios por Incapacidad Temporal (SINOT) y la Ley de

Seguro Social para Choferes y otros empleados; Taste Freeze

v. Negdo. Seg. Empleo, 111 D.P.R. 809 (1981), comparando

como las definiciones provistas por la Ley de Seguridad de

Empleo están reproducidas en la Ley de Beneficios por

Incapacidad (SINOT); Cuevas v. Ethicon Div. J & J Prof.

Co., supra, pp. 851-852, comparando la Ley 148 con SINOT en

cuanto a la fecha de inicio de la reserva de empleo; Díaz

v. Pneumatics & Hydraulics, 169 D.P.R. 273, 285 (2006)

utilizando

como

ejemplos

la

Ley

del

Sistema

de

Compensaciones por Accidentes de Trabajo con SINOT y la Ley

de Seguro Social para Choferes y otros empleados. En

particular, en este caso hicimos énfasis en la redacción

similar de ambos estatutos en cuanto a la reserva de

empleo. Íd., p. 287. Semejante análisis es ofrecido entre

SINOT y la Ley de Accidentes del Trabajo en José Luis

Verdiales Morales & José J. Santiago Meléndez, Reserva de

Empleo al Obrero Incapacitado por Accidente Laboral:

Requisitos bajo el Artículo 5A de la Ley de Compensaciones

por Accidentes del Trabajo, 61 Rev. Jur. U.P.R. 59, 67

(1992).

37

CC-2008-517

utilizado

un

análisis

comparativo

para

precisar

las

protecciones ofrecidas por las diferentes leyes especiales

que establecen reservas de empleos.100

B.

El artículo 5-A de la Ley de Accidentes del Trabajo

atiende

específicamente

trabajador

sufre

una

la

reserva

incapacidad

de

empleo

como

cuando

resultado

de

el

un

accidente en el trabajo.101 Una lectura de dicho artículo y

la disposición correspondiente de la Ley ACAA revela una

redacción casi idéntica, en particular, en cuanto a las

obligaciones

patronales,

los

requisitos

que

tiene

que

cumplir el empleado y el remedio otorgado.102 La principal

diferencia sustantiva entre ambas reservas es el término de

duración, pues bajo la Ley de Accidentes del Trabajo la

reserva tiene una extensión de doce meses mientras que en

la Ley ACAA es de seis meses. Dado que la duración de la

reserva no es parte de la controversia en el caso de autos,

pasamos

a

analizar

cómo

hemos

interpretado

la

reserva

100

Véase Ley 16 de 15 de abril de 1988, que enmendó la Ley

428, en cuya Exposición de Motivos se hace referencia a

SINOT, la Ley de Accidentes del Trabajo y la Ley ACAA.

Dicha referencia tuvo como propósito equiparar la Ley 428 a

las demás leyes especiales “concediéndole el mismo derecho

y beneficio de reinstalación en su empleo [al trabajador]

en casos de inhabilitación para el trabajo”. Leyes de

Puerto Rico, 1988, p. 78.

101

102

11 L.P.R.A. § 7.

Id. En cuanto a los remedios disponibles al amparo de la

Ley de Accidentes del Trabajo, hemos hecho hincapié en que

este

estatuto

provee

para

la

reinstalación,

la

indemnización de los daños

y perjuicios ocasionados, así

como los salarios dejados de percibir. Rivera v. Blanco

Vélez Stores, 155. D.P.R. 460 (2001).

38

CC-2008-517

establecida por la Ley de Accidentes del Trabajo, pues ésta

“constituye

el

eje

central

de

todo

el

esquema

jurídico

establecido por el Estado para la protección del obrero en

su taller de trabajo”.103

Hemos

determinado

que

este

tipo

de

estatuto

ofrece

protecciones y remedios superiores a los de la Ley 80,

pues,

como

ley

especial,

constituye

una

excepción

por

consideraciones de política pública al remedio exclusivo

provisto

por

la

Ley

80

en

casos

de

despidos

injustificados.104 El artículo 5-A de la Ley de Accidentes

del

Trabajo

obrero

que

establece

dos

sufre

accidente

un

tipos

de

de

protección

trabajo.

para

el

Primero,

le

impone al patrono el deber de reservarle por doce meses el

empleo

en

que

se

desempeñaba

el

obrero

al

momento

de

ocurrir el accidente. En segundo lugar, el trabajador tiene

derecho a que lo repongan en ese mismo empleo una vez el

Fondo lo da de alta, si lo solicita al patrono dentro del

mismo

término

de

doce

meses

y

si

cumple

con

las

tres

condiciones establecidas en la Ley.105 Dicho término de doce

meses es de caducidad y comienza a discurrir desde que el

obrero sufrió el accidente o enfermedad.106

103

Laracuente v. Pfizer, 160 D.P.R. 195, Opinión de

Conformidad del Juez Asociado Fuster Berlingeri, p. 216,

citando a Cuevas v. Ethicon Div. J & J Prof. Co., supra, p.

845.

104

Véase Rivera Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., 158

D.P.R. 110, 117 (2002); Soc. de Gananciales v. Royal Bank

de P.R., 145 D.P.R. 178, 192 (1998); Vélez Rodríguez v.

Pueblo Int‟l, Inc., 135 D.P.R. 500, 512-513, 515 (1994).

105

García v. Darex P.R., Inc., supra, p. 376.

106

Cuevas v. Ethicon Div. J & J Prof. Co., supra, p. 851.

39

CC-2008-517

Esta reserva tiene como propósito eliminar como justa

causa para el despido la inhabilitación del empleado para

continuar

llevando

a

cabo

su

trabajo

mientras

recibe

tratamiento y estimularlo a que acuda al Fondo del Seguro

del Estado sin temor a ser despedido.107 Hemos resuelto que

la obligación de reservar el puesto por doce meses desde la

enfermedad o lesión es independiente de la que le requiere

al patrono reinstalar al obrero lesionado que satisfaga los

requisitos

obrero

del

artículo

lesionado

5-A.

incumpliendo

El

patrono

con

el

que

deber

despida

de

al

reserva,

responderá por los daños y perjuicios que su incumplimiento

produzca, salvo que el despido haya sido por justa causa.108

De esa forma, el artículo 5-A impone dos obligaciones

simultáneas al patrono. Primeramente, reservar el puesto

por doce meses mientras dure la inhabilidad. En segundo

lugar, reponer al empleado si éste pide reinstalación tras

ser dado de alta sí no han transcurrido más de doce meses

desde

el

accidente.

En

esas

circunstancias,

no

puede

despedirlo.109 Incluso, si “un empleado que estuvo reportado

al [Fondo] solicita ser reinstalado en su empleo y cumple

107

García v. Darex P.R., Inc., supra, p. 377. En cuanto al

tipo de inhabilidad para trabajar requerido para que se

active esta reserva, véase Rodríguez v. Méndez & Co., 147

D.P.R. 734 (1999) y Torres v. Policía, 159 D.P.R. 339, 356

(2003).

108

109

García v. Darex P.R., Inc., supra, pp. 379-381.

Vélez Rodríguez v. Pueblo Int‟l, Inc., supra, p. 514.

“Le corresponde al patrono levantar como defensa que no

existe una de [las] condiciones para quedar liberado de su

obligación. Si el patrono incumple con su obligación,

vendrá obligado a reinstalar al empleado”. Véase además

Torres v. Policía, supra, p. 354.

40

CC-2008-517

con los requisitos establecidos por la ley, y su patrono no

lo reinstala, esto constituye un despido”.110 Por eso, un

empleado

que

es

despedido

sin

justa

causa

durante

el

periodo de reserva no tiene que pedir la reinstalación al

ser dado de alta, pues ya el patrono ha incumplido con su

obligación de reservar el puesto y el empleado tiene una

causa

de

acción

al

amparo

de

la

Ley

de

Accidentes

del

Trabajo.111 Esto, pues la reserva es “independiente de si el

obrero solicita o no su reinstalación dentro del periodo

establecido.

responde

por

Si

el

patrono

no

cumple

todos

los

daños

y

con

dicha

perjuicios

reserva

que

su

incumplimiento produzca”.112 Para quedar protegido por la

reserva

del

artículo

5-A,

el

empleado

debe

haberse

reportado al Fondo antes de ser despedido.113 No obstante,

la ley “no sujeta la obligación del patrono –de reservarle

110

Vélez Rodríguez v. Pueblo Int‟l, Inc., supra, p. 515.

(Énfasis suplido).

111

Rivera Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, pp.

125-126. “Hoy decretamos que el requisito de solicitar la

reinstalación establecido [en la Ley de Accidentes del

Trabajo], y lo resuelto en García v. Darex P.R., Inc.,

supra, no aplica a casos como éste en los cuales, en

violación al período de reserva, el patrono despide

injustificadamente al obrero mientras éste está reportado

al Fondo, que eventualmente lo da de alta también dentro

del período de reserva. […] [E]l deber del obrero lesionado

de solicitarle al patrono su reinstalación parte de la

premisa de que aún existe una relación obrero-patronal [y]

en ausencia de una relación obrero-patronal, provocada por

el despido injustificado del recurrido durante el período

de reserva, el recurrido no venía obligado a solicitarle a

la peticionaria su reinstalación”.

112

113

Santos v. Lederle, 153 D.P.R. 812, 823 (2001).

Íd., p. 824; Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129

D.P.R. 763 (1992).

41

CC-2008-517

el puesto de un obrero- a la eventualidad de si el primero

informa o no el accidente”.114

Cabe señalar que, durante ese periodo de reserva para

que el obrero se recupere, el patrono puede contratar a

otro

obrero

lesionado

para

“cubrir

mediante

un

temporeramente

contrato

de

el

empleo

puesto

bona

del

fide

de

término cierto que satisfaga lo requerido por el artículo 8

de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976”.115

La Asamblea Legislativa se ha ocupado de modificar las

demás leyes especiales que establecen reservas de empleo

para

asemejarlas

interpretado

reserva

de

entre

manera

establecida

sí

y

este

similar.

por

la

Tribunal

Ejemplo

Ley

de

de

las

ha

es

la

esto

Beneficios

por

Incapacidad Temporal (SINOT).116 Este estatuto constituye la

versión no-ocupacional de la Ley de Accidentes del Trabajo.

Actualmente,

tras

un

proceso

de

enmiendas

encaminadas

a

equiparar las reservas establecidas en estas leyes, ambas

reservas son prácticamente idénticas. Lo mismo es cierto de

la

jurisprudencia

que

las

interpreta.

Como

habíamos

adelantado, esta identidad entre la Ley de Accidentes del

Trabajo y SINOT también es compartida con la reserva de la

Ley ACAA. Al igual que hemos hecho con la reserva provista

por

la

Ley

de

reserva

de

SINOT

114

115

hemos

del

Trabajo,

resuelto

que

si

en

cuanto

a

la

el

empleado

es

Santos v. Lederle, supra, p. 825. (Énfasis suplido).

García

suplido).

116

Accidentes

v.

Darex

P.R.,

11 L.P.R.A. § 203(q).

Inc.,

supra,

p.

377

(Énfasis

42

CC-2008-517

despedido durante la vigencia del periodo de reserva, no

tiene

que

solicitar

posteriormente.117

Esto,

al

patrono

pues

la

su

reinstalación

“legislación

obliga

al

patrono a reservar el empleo que desempeñe el trabajador al

momento de comenzar la incapacidad”,118 igual que en la Ley

de Accidentes del Trabajo, y tal y como provee la Ley ACAA.

Incluso,

hemos

reinstalación

interpretado

al

amparo

que

de

la

SINOT

solicitud

puede

de

hacerse

verbalmente.119

Finalmente,

cabe

destacar

que

la

reserva

de

empleo

provista por la Ley de Seguro Social para Choferes y otros

Empleados es casi idéntica a las establecidas por las demás

leyes ya mencionadas.120 Esta reserva fue objeto de análisis

en Díaz v. Pneumatics & Hydraulics. Declaramos entonces, en

cuanto a la interacción entre la reserva creada por la ley

y el derecho de reinstalación que tiene el empleado, que

“[l]a sabiduría relacional de dichas obligaciones está en

que

una

reserva

de

empleo

carecería

de

sentido

empleo”.121

Igualmente,

y

sin

derecho

eficacia

hemos

a

reinstalación

protectora

manifestado

que

para

el

“siendo

de

117

Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, 156 D.P.R. 828, n.

13 (2002). En cuanto al asunto de la inhabilidad para el

empleo, hemos definido la misma igualmente bajo SINOT que

bajo la Ley de Accidentes del Trabajo. Torres González v.

Depto. del Trabajo, 127 D.P.R. 931, 936 (1991).

118

Íd., p. 857.

119

Rojas v. Méndez & Co., Inc., 115 D.P.R. 50 (1984).

120

29 L.P.R.A. §693a.

121

Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, supra, p. 287. Al

interpretar esta reserva, nos basamos en interpretaciones

anteriores sobre el artículo 5-A de la Ley de Accidentes

del Trabajo. En cuanto a la reserva, dijimos que la misma

43

CC-2008-517

raigambre

constitucional,

el

propósito

que

persigue

el

citado Art. 16 de la Ley de Seguro Social para Choferes,

supra,es de altísimo interés público”.122

C.

No hay razón para interpretar la reserva provista por

la

Ley

ACAA

previamente

de

manera

mencionadas.

distinta

Todas

a

ellas

las

demás

persiguen

reservas

el

mismo

objetivo reparador y no es casualidad que estén escritas de

manera casi idénticas. Éste es resultado de un bien pensado

régimen legislativo cuyo propósito es proteger el empleo de

aquellos trabajadores y trabajadoras que, producto de un

accidente,

ya

sea

ocupacional,

no-ocupacional

resultado

de

un

accidente

automovilístico,

o

como

quedan

temporeramente inhabilitados para trabajar.

Por tanto, interpretaremos la reserva provista por la

Ley ACAA de manera consistente con las demás. Es decir,

concluimos

patrono.

En

que

esta

primer

reserva

lugar,

la

impone

dos

obligación

obligaciones

al

de

el

reservar

empleo por un período de seis meses a un trabajador que,

producto de un accidente de tránsito, se reporta a la ACAA

se activa cuando se produce un accidente o enfermedad que

inhabilita al obrero y éste se acoge a la licencia especial

luego de que su ausencia sea recomendada por un médico. En

cuanto a la reinstalación, manifestamos que la misma se

activa si el trabajador formula un requerimiento dentro de

los 30 días luego de una autorización médica para regresar

a trabajar, si presenta el requerimiento dentro del año del

comienzo de la incapacidad, está mental y físicamente

capacitado para ocupar el empleo y subsiste la plaza o

puesto de empleo. Íd., pp. 287-288.

122

Íd., p. 288. En cuanto a los remedios que ofrece la ley,

estos son idénticos a los de la Ley de Accidentes del

Trabajo, SINOT y la Ley ACAA.

44

CC-2008-517

para

recibir

desde

el

tratamiento

momento

en

médico.

que

se

Esta

produce

reserva

el

comenzará

accidente

que

incapacita al trabajador para realizar sus funciones. De

igual forma, si el empleado se recupera de su incapacidad

dentro del periodo de seis meses contemplados en la ley, el

estatuto le impone al patrono la obligación de reinstalarlo

en su puesto, siempre y cuando el empleado lo solicite y se

den las condiciones provistas en la propia ley.123 En caso

de que el patrono incumpla con cualquiera de estas dos

obligaciones, tendrá que reponer al empleado en su puesto,

compensarle por los daños y perjuicios causados y pagarle

los salarios dejados de percibir.124 Si el patrono despide

al trabajador antes de que se venza el periodo de seis

meses, pero después de que el empleado se haya reportado a

la ACAA para recibir tratamiento, estará en violación de la

Ley

ACAA

y

procederá

la

concesión

de

los

remedios

previamente mencionados.

De

patrono

igual

de

forma,

que

se

bastará

sufrió

el

una

notificación

accidente

y

que

verbal

se

al

está

recibiendo tratamiento en la ACAA para escudar al empleado

123

Éstas son: que el trabajador haga el requerimiento

dentro de los 15 días a partir del alta, siempre y cuando

no hayan transcurrido seis (6) meses desde la fecha del

comienzo de la incapacidad; que esté mental y físicamente

capacitado para dicho empleo en el momento en que haga la

solicitud; y que el empleo aún subsista al momento del

requerimiento. Se entenderá que el empleo subsiste cuando

el mismo esté vacante o lo ocupe otro trabajador. Se

presumirá que el empleo estaba vacante cuando el mismo

fuere cubierto por otro trabajador dentro de los treinta

(30) días en que se hizo el requerimiento de reposición. 9

L.P.R.A. § 2054(3)(b).

124

Íd.

45

CC-2008-517

de

un

despido.

El

patrono

podrá

despedir

al

empleado

durante el periodo de reserva únicamente si hay causa justa

para

ello.

Como

regla

general,

no

hará

falta

que

el

empleado informe al patrono que recibe los beneficios de la

ACAA para que se active la reserva de empleo.125 Lo ideal

sería que el empleado notifique de ello al patrono tan

pronto pueda. Si el patrono despide al empleado antes de

advenir

en

conocimiento

de

que,

en

efecto,

se

había

activado la reserva, éste tendrá que dejar sin efecto el

despido una vez se entere de la existencia de la misma. Si

en ese momento deja sin efecto el despido, no responderá

por daños y perjuicios, y únicamente tendrá que reponer al

empleado a su antiguo puesto. Por el contrario, si una vez

enterado de la reserva el patrono insiste en el despido y

no

logra

demostrar

justa

causa,

tendrá

que

reponer

al

125

El Reglamento para la Ley de Protección Social por

Accidentes de Automóviles, que pone en vigor la Ley ACAA,

establece a quién un beneficiario de dicho estatuto tiene

el deber de notificar el accidente:

Toda

persona

que

tuviere

un

accidente

relacionado con el uso o mantenimiento de un

vehículo de motor como tal vehículo, con motivos

del cual resultara lesionada, enferma o muerta

alguna persona, tendrá que informarlo a la Policía

de Puerto Rico y a la Administración [ACAA] según

los términos estipulados por Ley.

(Énfasis suplido). Regla 6, Reglamento Núm. 6911 del 1 de

diciembre de 2004. En consecuencia, el Reglamento que

implementa la Ley ACAA es consistente con dicho estatuto al

no imponerle al trabajador un requisito de notificación de

accidente al patrono. La Asamblea Legislativa optó por

limitar la notificación al patrono en lo que atañe al

requerimiento de reinstalación en el empleo del término de

quince (15) días dispuesto en dicha ley. No procede

imponerle al empelado un requisito adicional para ejercer

su derecho de reserva de empleo, el cual no está

contemplado ni en la Ley ACAA ni en el Reglamento que la

canaliza.

46

CC-2008-517

empleado, pagar salarios dejados de percibir y responderá

por los daños y perjuicios que cause.

Ahora bien,

esta

regla general debe aplicarse caso a caso para evitar una

implementación mecánica que produzca un resultado absurdo o

injusto. Entre los factores a considerar estarán la buena

fe patronal, la diligencia del obrero en tomar medidas para

poner

al

efectiva

patrono

la

en

reserva

una

y

las

posición

que

pueda

consecuencias

hacer

más

colaterales

que

puedan generarse. Claro está, la inhabilidad del trabajador

durante ese periodo para llevar a cabo los deberes de su

puesto no será justa causa para el despido. Pasado los seis

meses, si el empleado aún está incapacitado para trabajar o

si no se cumple con las exigencias de ley para solicitar la

reinstalación, el patrono podrá despedir al empleado.

V.

A diferencia de la definición de empleado provista por

la Ley 80, que distingue entre el contratista y el empleado

y, a su vez, entre el empleado contratado por tiempo cierto

de manera bona fide y el empleado por tiempo indeterminado,

la

Ley

ACAA

dispone

específicamente

que

aplica,

“independientemente de si existe o no una relación obreropatronal”.

A esos efectos, se considerará que es empleo

cualquier servicio que preste una persona, salvo que se

demuestre una de las siguientes condiciones:

(a) Que el patrono no ejerce, ni puede

ejercer mando o supervisión sobre la

persona;

(b) que la persona presta el servicio

fuera del curso normal o de los

sitios de negocio del patrono;

47

CC-2008-517

(c) que la persona presta ese servicio

como parte de la actividad normal de

su trabajo, negocio o profesión, cuyo

servicio está disponible a otras

personas y no cesa al terminar su

relación

contractual

con

el

patrono.126

Se trata de una definición más amplia que la de la Ley

80, en tanto expresamente cubre a muchos trabajadores que

prestan

servicios

fuera

de

la

relación

tradicional

de

empleado-patrono en la que el trabajador es contratado por

tiempo indefinido. El texto abarcador de la ley cobija a

ciertos contratistas y empleados bajo contrato por tiempo

cierto bona fide. Es una ampliación de la protección que

ofrece la reserva de empleo que no es única a la Ley ACAA,

pues, tanto SINOT como la Ley de Seguridad de Empleo tienen

una definición prácticamente

idéntica

del término empleo

para efectos de su protección.127

Nuestra jurisprudencia ha reconocido esta realidad y

consistentemente hemos puesto en vigor el mandato de ley de

ampliar la gama de trabajadores cobijados por estas leyes

especiales. En Avon Products, Inc. v. Srio. del Trabajo,

resolvimos

que,

al

amparo

de

la

Ley

de

Seguridad

de

Empleo,128 unas vendedoras de productos de belleza casa por

casa eran empleadas y no contratistas para efectos de las

protecciones

126

127

en

dicho

estatuto.

En

Taste

9 L.P.R.A. § 2052(14). (Énfasis suplido).

Véanse

702(k)(5).

128

establecidas

11

L.P.R.A.

§

202(j)(5)

y

29

L.P.R.A.

§

Ley número 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada,

29 L.P.R.A. §§ 701 et seq.

48

CC-2008-517

Freeze

v.

Negdo.

Seg.

simular.

Habiendo

Empleo,

por

empleo,

cobija

a

regulares

por

tiempo

concluir

lo

su

Empleo,

concluido

amplia

mismo

que

llegamos

a

una

la

de

Seguridad

Ley

definición

trabajadores

indefinido,

respecto

a

decisión

de

de

lo

que

constituye

que

no

son

empleados

no

podemos

Ley

ACAA

la

menos

ya

que

que

las

definiciones estatutarias de lo que constituye empleo en

ambas

leyes

son

idénticas.129

Resulta

igualmente

forzoso

concluir que la reserva de la Ley ACAA protege tanto a

empleados

contratados

empleados

bajo

exceptuando

por

contrato

únicamente

por

tiempo

término

aquellos

indefinido

cierto

trabajadores

como

bona

a

fide,

expresamente

mencionados en la propia Ley.

En conclusión, para que se active la reserva de empleo

bajo

la

Ley

ACAA,

resulta

imprescindible

que:

(1)

la

víctima labore a cambio de remuneración para algún patrono,

(2) que la incapacidad producto de un accidente vehicular

la

inhabilite

para

trabajar,

y

(3)

que

se

acoja

a

los

beneficios provistos por la Ley ACAA. Para que proceda la

reinstalación tendrán que darse las siguientes condiciones:

(1) que dentro de los 15 días siguientes a habérsele dado

129

Si bien hemos usado la Ley de Accidentes del Trabajo

como principal punto de referencia comparativa, en esta

materia no podemos hacer lo mismo porque la Ley de

Accidentes del Trabajo tiene una definición estatutaria de

empleo muy distinta a la Ley ACAA y SINOT. Cabe señalar que

las exclusiones que surgen de la Ley de Accidentes del

Trabajo en cuanto a qué constituye empleo para efectos de

su protección, son expresas y limitadas. No hay tal

exclusión en la Ley ACAA. Esta divergencia es lógica, ya

que la Ley de Accidentes del Trabajo tiene como eje central

las relaciones obrero-patronales, mientras que la Ley ACAA

atiende accidentes de tránsito y protege a todas las

personas afectadas por éstos independientemente de la

relación que tengan con sus respectivos patronos.

49

CC-2008-517

de

alta

definitivamente

y

autorizado

a

trabajar

por

la

ACAA, la víctima solicite a su patrono su reinstalación en

su

antiguo

puesto,

(2)

que

dicho

requerimiento

de

reposición se haga dentro de los 6 meses de haber sufrido

la

incapacidad,

víctima

esté

(3)

que

física

al

y

solicitar

su

mentalmente

reposición

capacitada

la

para

desempeñarse en las funciones del empleo que ocupaba, y (4)

que

dicho

empleo

subsista

al

momento

que

la

víctima

solicite su reinstalación.

VI.

Entre los remedios que otorga la reserva provista en la

Ley ACAA está el pago de los salarios que dejó de percibir

el empleado ilegalmente despedido. El propósito de otorgar

los salarios dejados de percibir a un empleado despedido en

violación de una reserva de trabajo, conjuntamente con la

reinstalación, es devolver al trabajador al estado en que

se encontraba antes de la actuación ilegal de su patrono,

como

si

nunca

hubiese

sido

despedido

y

como

si

nunca

hubiese dejado de devengar su salario. Por eso, el dinero

que

un

trabajador

ilegalmente

despedido

devengue

de

un

trabajo realizado después del despido pero antes de que

recaiga sentencia a su favor en el pleito por violación de

la reserva, debe restarse del monto del salario que dejó de

percibir en el puesto original. Esto es cónsono con el

objetivo reparador de la Ley ACAA. En Rivera v. Ins. Wire

50

CC-2008-517

Prods.,

Corp.,

al

interpretar

la

Ley

de

Accidentes

del

Trabajo, llegamos a esa conclusión:

[E]n virtud del carácter reparador de la Ley

Núm. 45, supra, el [empleado] tendrá derecho a

que

[el

patrono]

le

reembolse

la

cuantía

correspondiente como si él hubiese continuado

trabajando durante el período entre el despido y

el dictamen del [foro de instancia]. Ello implica

que procede descontar los salarios que el

recurrido devengó de los empleos posteriores al

despido. Lo importante es que el recurrido no se

perjudique económicamente como consecuencia del

despido injustificado, es decir, que el recurrido

no devengue un salario menor al que hubiese

recibido de haber continuado trabajando para [el

patrono].

De

lo

contrario,

le

estaríamos

imputando a la Ley Núm. 45, supra, un carácter

punitivo que no tiene.130

Por

eso,

la

prueba

de

los

salarios

que

devengó

el

empleado entre su despido y la sentencia es fundamental

para otorgar un remedio adecuado en derecho y, contrario a

la conclusión del foro de primera instancia en este caso,

su

presentación

no

está

condicionada

a

que

se

haga

al

contestar la demanda o en otras etapas iniciales. Por el

contrario,

se

podrá

presentar

cuando

el

tribunal

confeccione el remedio correspondiente.

La Ley ACAA también provee para la indemnización de

daños y perjuicios adicionales a los salarios dejados de

percibir. La cuantía de dichos daños es una determinación

de hecho que descansa en la sana discreción del tribunal

según la prueba que le sea presentada.

VII.

130

Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, p. 129. Véase

además Hernández v. Mun. de Aguadill, 154 D.P.R. 199

(2001).

51

CC-2008-517

Pasamos ahora a resolver la controversia ante nuestra

consideración a la luz del derecho anteriormente expuesto.

De la faz del “Contrato de Servicios Profesionales” que

suscribió el señor Whittenburg y de un análisis de sus

condiciones de trabajo, no hay duda de que éste era un

empleado del Colegio Nuestra Señora del Carmen y no un

“contratista”. El señor Whittenburg tenía un horario fijo

de trabajo de 7:45am a 2:45pm y no podía ausentarse de la

escuela a no ser con debida notificación, justa causa y

autorización

del

Colegio.

Evidentemente,

la

“naturaleza,

extensión y grado de control que ejercía el patrono” sobre

el

trabajador

era

total.

Las

actividades

curriculares

y

extracurriculares del Colegio eran determinadas y diseñadas

por

la

gerencia,

iniciativa

que

por

lo

desplegaba”

cual,

el

el

“grado

trabajador

de

era

juicio

o

mínimo.

La

remuneración del señor Whittenburg se denominaba salario y

se le pagaba en períodos fijos. Además, recibía un mes de

vacaciones

con

decir,

“forma

la

pago

de

y

acumulaba

días

compensación”

era

de

la

enfermedad.

típica

de

Es

un

empleado. El señor Whittenburg no tenía facultad alguna de

emplear o despedir a otros trabajadores, ni tampoco tenía

oportunidad de “incurrir en ganancias” ni tenía “riesgo de

pérdidas”. La “titularidad del equipo” era del Colegio y la

“dependencia

de

las

facilidades

suministradas

por

el

principal” era total. De igual forma, el Colegio retenía el

pago

de

contribuciones.

Como

“cuestión

de

realidad

económica”, el Señor Whittenburg dependía “de la empresa

para

la

cual

trabajaba”.

Aunque

lo

discutiremos

52

CC-2008-517

próximamente en más detalle, de la propia faz del contrato

suscrito surge un grado de “permanencia de la relación del

trabajo” que se aleja de la relación principal-contratista.

Finalmente,

el

señor

Whittenburg

era

un

maestro

de

educación física, es decir, sus servicios eran “una parte

integral

del

negocio

del

principal”

y

no

“se

pueden

considerar como un negocio separado o independiente por sí

mismos”.131

En lo anterior no hay ningún indicio de que la relación

entre el Colegio y el señor Whittenburg fuese de principalcontratista.

Es

forzoso

concluir

que

estamos

ante

una

relación patrono-empleado. No obstante, para efectos de la

Ley

80,

esto

es

insuficiente.

Nos

corresponde

ahora

determinar si estamos ante un empleado bajo contrato por

término cierto bona fide o si, por el contrario, estamos

ante un empleado regular por tiempo indefinido. Como hemos

visto, primero corresponde analizar si el patrono presentó

prueba suficiente para, mediante preponderancia, derrotar

la presunción de que el contrato por tiempo cierto no es

bona

fide.

De

no

presentarse

tal

prueba

o

de

ésta

ser

insuficiente, ahí terminará nuestro análisis. En caso de

derrotarse la presunción, se analizará si se generó una

expectativa

de

estaremos

ante

continuidad

un

en

empleado

empleo.

En

ambos

casos,

contratado

por

tiempo

indeterminado.

131

Todos estos términos provienen de la lista de criterios

que nuestra jurisprudencia ha identificado para analizar si

una persona es un contratista o un empleado. Véase nota al

calce número 37.

53

CC-2008-517

Vale recordar que los contratos por término fijo bona

fide no se presumen. La propia Ley 80 impone al patrono el

peso de la prueba de que el contrato por término fijo es

bona fide. Además, la práctica de contratar empleados por

término fijo tiene un objetivo muy particular: suplir una

necesidad temporera o coyuntural del patrono.

El

patrono

se

limitó

a

presentar

el

Contrato

de

Servicios Profesionales suscrito por el señor Whittenburg y

no

aportó

prueba

adicional

para

demostrar

la

naturaleza

bona fide del mismo. Del expediente no surge que el patrono

haya

presentado

evidencia

alguna

que

ofrezca

una

explicación de por qué el puesto de maestro de educación

física del señor Whittenburg debe ser ocupado de manera

temporera. Por tanto, el patrono no cumplió con su carga

probatoria.

En segundo lugar, toda la evidencia presentada tiende a

reafirmar la presunción establecida por la Ley 80 de que el

contrato no es bona fide.132 Una lectura integral del propio

Contrato

de

Servicios

Profesionales,

única

prueba

presentada para apoyar las alegaciones del patrono de que

el señor Whittenburg no era un empleado regular, demuestra

que la relación entre éste y el Colegio no era temporera ni

incidental a un término cierto.

Por

un

lado,

la

Cláusula

número

15

del

contrato

establece que éste “expirará a su vencimiento y sólo podrá

132

Cabe recordar que el Tribunal de Primera Instancia, como

juzgador de los hechos, llegó a la conclusión de que, en

efecto, el señor Whittenburg era un empleado regular del

Colegio.

54

CC-2008-517

ser

renovado,

a

opción

de

el

[sic]

Colegio,

en

forma

expresa y por escrito y bajo los términos y condiciones que

el Colegio lo [sic] tenga a bien establecer”.133 Aunque una

lectura

superficial

apariencia

de

que

y

aislada

estamos

ante

de

este

inciso

un

contrato

da

por

la

término

fijo, la Cláusula 13 revela otra cosa: “En caso de que

el/la maestro(a) esté en su Primer (1er.) año de contrato

con

el

Colegio,

el

Primer

(1er.)

Semestre

escolar

constituirá y se considerará como el período probatorio, al

fin de cuyo período el Colegio podrá resolver y dar por

terminada [sic] este Contrato de Servicios Profesionales,

si

así

lo

estimare

procedente”.134

Es

decir,

del

propio

contrato surge que la expectativa es que la relación de

trabajo entre las partes continuará más allá de la vigencia

de un año del contrato en particular. Incluso se habla de

un

período

probatorio

que,

además

de

ser

de

por

sí

indicativo de que el puesto para el cual se le contrata se

concibe como una plaza regular de empleo, también indica

que habrá relación obrero-patrono más allá de la vigencia

individual de cada contrato.

Lo que es más, la práctica y la conducta de las partes

indican que, en efecto, la relación de trabajo entre ellas

trasciende la vigencia individual de cada contrato. Hemos

visto que el señor Whittenburg estuvo un período de 98 días

trabajando sin contrato, pues el contrato de 2001-2002 ya

había

133

“vencido”

Contrato de

calce número 6.

134

en

verano

Servicios

de

2002

y

no

Profesionales.

Véase nota al calce número 7.

se

Véase

firmó

otro

nota

al

55

CC-2008-517

contrato sino hasta noviembre de ese año. ¿En virtud de qué

contrato estaba laborando el señor Whittenburg entre esas

fechas?

La

respuesta

es

ninguno,

porque

los

contratos

firmados eran pro forma dado que las labores realizadas por

el

señor

Whittenburg

eran

las

de

un

empleado

regular

contratado por tiempo indefinido. No hay otra manera de

justificar el trabajo realizado durante ese tiempo. Si éste

no

fuese

el

caso,

todos

los

empleados

que

acudieron

a

trabajar el 4 de agosto de 2003 lo hicieron con contratos

vencidos,

y

nominalmente

despedidos,

y

no

sería

hasta

noviembre de ese año que serían “re-contratados”.135 Igual

pregunta tendríamos que hacer en cuanto a los pagos de

salarios que hiciera el Colegio al peticionario durante el

período en que formalmente no había contrato vigente. La

contestación sería la misma.

Ya hemos visto que la Ley 80 da una voz de alerta en

contra

del

subterfugio

uso

a

de

los

esquemas

patronos

evasivos

para

no

que

sirvan

de

cumplir

con

las

obligaciones que impone. La única razón que surge de los

hechos del caso de autos de por qué todos los empleados del

135

Por eso es que el Tribunal de Primera Instancia utilizó

el mandato del artículo 8 de la Ley 80, 29 L.P.R.A. § 185h,

de que toda persona que trabaje sin contrato por más de 90

días –salvo que exista autorización del Secretario del

Trabajo y Recursos Humanos- “adquirirá todos los derechos

de un empleado tal y como si hubiese sido contratado sin

tiempo determinado”. No tenemos que discutir la conclusión

del Tribunal de Primera Instancia, pues todos los factores

indican que desde antes de ese periodo de 98 días ya el

señor Whittenburg era un empleado regular por tiempo

indefinido del Colegio. No obstante, el mandato del

artículo 8 de la Ley 80 es inequívoco: persona que trabaje

ese periodo de tiempo sin contrato se convertirá en

empleado regular al vencer el mismo.

56

CC-2008-517

Colegio están bajo contrato de servicio por término cierto

es para no tener que cumplir con la Ley 80. No se ha

ofrecido

razón

académica,

administrativa

o

de

otra

naturaleza para justificar esa cultura de contratación. No

hay

duda

de

que

estamos

ante

un

subterfugio,

y

que

la

política pública actual es, como correctamente identificó

el

Juez

Asociado

Rivera

Pérez

en

García

Burgos

v.

A.E.E.L.A., “desalentar la práctica patronal de evadir las

disposiciones

remediales

contratación

de

circunstancias

desempeñando

de

empleados

en

que

funciones

la

por

éstos,

de

Ley

Núm.

un

tiempo

en

la

duración

80

mediante

la

determinado

en

práctica,

están

indeterminada”.136

Resulta evidente, pues, que el señor Whittenburg era un

empleado regular del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Al

no probarse justa causa, su despido fue en violación a la

Ley 80.

En cuanto a la expectativa de continuidad en el empleo,

hemos visto que todos los trabajadores del Colegio estaban,

nominalmente, bajo un Contrato de Servicios Profesionales.

Esto

incluye

a

trabajadores

docentes,

no-docentes

y

de

mantenimiento. Muchos de estos trabajadores han laborado en

el Colegio por un sinnúmero de años, a pesar de que son

contratados por término fijo. Sin embargo, la costumbre del

Colegio era la de renovar los contratos de servicios cada

noviembre, a pesar de que las clases comenzaban en agosto.

Se trataba de una práctica rutinaria. No cabe duda que la

136

García

Burgos

v.

A.E.E.L.A.,

supra,

Opinión

Conformidad del Juez Asociado Rivera Pérez, pp. 345-347.

de

57

CC-2008-517

expectativa generada, en primer lugar, era que un maestro

que

empezaba

a

trabajar

en

agosto

tendría

su

contrato

firmado para noviembre. En segundo lugar, todo indica que

la gran mayoría de los empleados del Colegio tenían la

expectativa de que al inicio de cada año escolar volverían

a sus respectivos trabajos. Eso explica la participación

masiva

de

maestros

en

las

reuniones

preparatorias

de

principios de agosto de 2003, a pesar de que todos tenían

vencidos sus respectivos contratos y a nadie se le había

renovado aún.

La expectativa de continuidad aparentemente generada

opaca el escenario propuesto por el patrono de que, a esa

fecha, técnicamente todos estaban cesanteados al no haberse

renovado los contratos. Como la presunción en este caso no

fue derrotada ya que el patrono no presentó prueba alguna a

esos efectos, no hace falta pasar juicio sobre si se generó

una expectativa de continuidad en el empleo. La presunción

no

refutada

y

la

prueba

tendente

a

demostrar

que,

en

efecto, el contrato no era bona fide, son suficientes para

concluir

que

el

señor

Whittenburg

era

un

empleado

contratado por tiempo indeterminado y que fue despido sin

justa causa, ya que tampoco se presentó prueba alguna para

derrotar

la

presunción

de

despido

injustificado

que

establece la Ley 80.

El señor Whittenburg sufrió un accidente de tránsito el

15 de junio de 2003, mientras disfrutaba de sus vacaciones

pagas.

Dicho

temporeramente.

accidente

Como

le

inhabilitó

consecuencia

del

para

trabajar

accidente,

el

58

CC-2008-517

peticionario

procuró

y

recibió

tratamiento

de

la

ACAA.

Tanto el accidente como el inicio del tratamiento por parte

de

la

ACAA

ocurrieron

antes

del

despido

Whittenburg.

Como

visto,

desde

la

ocurrió

accidente,

el

hemos

el

patrono

del

fecha

estaba

señor

en

obligado

que

a

reservarle el empleo por un periodo de seis meses. No lo

hizo. Por el contrario, a pesar de que el peticionario se

reportó a la ACAA y que poco después de que le comunicaran

de su despido éste informó que disfrutaba los beneficios de

dicha Ley, el patrono optó por continuar con sus planes de

despedirlo. Al hacerlo, violó la reserva establecida por la

Ley ACAA.137

En

cuanto

a

los

Whittenburg,

en

virtud

reinstalación

y

el

percibir,

como

así

remedios

disponibles

de

Ley

pago

el

la

de

pago

los

de

los

al

señor

ACAA

procede

su

salarios

dejados

de

daños

y

perjuicios

causados. Para evitar la doble compensación, no operan los

remedios provistos por la Ley 80. En cuanto a los salarios

dejados de percibir, el Tribunal de Primera Instancia, como

parte del diseño del remedio, deberá deducir los salarios

que el peticionario devengó entre su despido y la fecha en

que se dictó la Sentencia del foro de instancia. Erró el

Tribunal de Primera Instancia al excluir prueba sobre este

asunto. En cuanto a los daños y perjuicios otorgados por el

foro de instancia, resolvemos que, dada las circunstancias

particulares

137

de

este

caso,

no

se

produjeron

los

daños

Cabe recordar que la reserva de la Ley ACAA cubre a una

gama más amplia de trabajadores que la Ley 80, pues la Ley

ACAA, a diferencia de esta última, opera independientemente

de la existencia de una relación obrero-patronal.

59

CC-2008-517

reclamados, por lo cual no procede indemnización alguna en

esa dirección. Además, entendemos que la prueba presentada

a esos efectos no sostiene la cuantía otorgada.

Por las razones previamente expuestas, se revoca al

Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal

de

Primera

Instancia

para

procedimientos

ulteriores

consistentes con esta Opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Andrés Whittenburg

Peticionario

Certiorari

v.

Iglesia

Católica

Apostólica

Romana de Puerto Rico, Colegio

Nuestra Señora del Carmen

Recurridos

CC-2008-517

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 26 de septiembre de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente Sentencia, se revoca al Tribunal de Apelaciones y

se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para

procedimientos ulteriores consistentes con esta Opinión.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García

emitió una opinión concurrente y disidente a la que se

unieron la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez

Asociado señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado señor

Martínez Torres inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

Andrés R. Whittenburg Guzmán

Peticionario

v.

CC-2008-0517

Iglesia Católica Romana de

Puerto Rico; Colegio Nuestra

Señora del Carmen

Recurridos

Opinión Concurrente y Disidente emitida por el Juez

Asociado señor Rivera García a la que se unen la Jueza

Asociada, señora Pabón Charneco, y el Juez Asociado, señor

Feliberti

Cintrón.

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2011.

El recurso de certiorari ante nuestra consideración

exige

la

resolución

de

tres

controversias

de

carácter

medular, a saber: (1) si el contrato laboral otorgado al

Sr. Andrés E. Whittenburg Guzmán (señor Whittenburg Guzmán

o peticionario) por el Colegio Nuestra Señora del Carmen de

Hatillo

(Colegio)

constituía

un

contrato

por

tiempo

determinado bona fide no sujeto a la presunción de despido

injustificado instaurada por el Art. 1 de la Ley Núm. 80 de

30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185a185m, conocida como Ley de Despido Injustificado; (2) si la

decisión del Colegio de no renovar el referido contrato

CC-2008-0517

2

representó un acto de despido injustificado, indemnizable

con el pago de la mesada establecido por la Ley Núm. 80,

supra;

y

(3)

si

el

Colegio,

al

no

renovar

el

acuerdo

laboral indicado, incurrió en una violación del derecho a

la reserva de empleo dispuesto por la Sec. 5 de la Ley

Núm. 138 de 26 de junio de 1968, 9 L.P.R.A. secs. 20512065,

conocida

como

Ley

de

Protección

Social

por

Accidentes de Automóviles.138

Por entender que el contrato de empleo por tiempo

determinado pactado entre el señor Whittenburg Guzmán y el

Colegio no era uno bona fide exento del ámbito protector

de la Ley Núm. 80, supra, y concebir que no existió justa

causa para el despido del peticionario, concurro con la

opinión mayoritaria en cuanto a que la no renovación del

contrato

del

peticionario

constituyó

un

despido

injustificado.

Empero,

difiero

del

análisis

de

que

el

patrono

violentó el derecho a la reserva de empleo provisto por la

Ley

Núm.

138,

desconocimiento

supra.

del

patrono

Es

mi

de

que

criterio

el

empleado

que

el

recibía

beneficios al amparo de ese estatuto, demuestra que el

despido no fue motivado por la lesión del peticionario pretexto que el legislador pretendió sancionar mediante la

promulgación de la Sec. 5 del referido estatuto.

bien,

138

el

despido

encontró

su

justificación

en

Más

razones

La Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, 9 L.P.R.A. secs. 2051-2065,

conocida como Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles,

es administrada por la Administración de Compensaciones por Accidentes

de Automóviles (ACAA).

CC-2008-0517

ajenas

a

3

las

consideraciones

de

política

pública

perseguidas por la precitada disposición legal, las cuales

sólo legitiman la concesión de una causa de acción al

amparo de la Ley Núm. 80, supra, sin más.

A la luz de lo esbozado, pasemos a discutir los

antecedentes fácticos del caso que nos ocupa.

I

El señor Whittenburg Guzmán trabajó como maestro de

educación física del Colegio durante los años escolares

2001 a 2002 y 2002 a 2003.

Su relación laboral con la

institución educativa para el año escolar que inició en el

2002 y culminó en el 2003, estaba regida por un contrato

de servicios profesionales y a tiempo determinado, el cual

gozaba de una vigencia de un año, a saber, desde el 8 de

agosto de 2002 hasta el 30 de junio del año siguiente.139

El contrato de empleo fue otorgado por las partes el 14 de

noviembre

de

2002,

a

pesar

de

que

el

peticionario

ya

prestaba sus servicios y cobraba por ellos desde el 8 de

agosto del mismo año.140

139

140

Según se desprende de la prueba

Apéndice V, Petición de certiorari, pág. 27.

Según los términos y las condiciones del acuerdo laboral otorgado

entre el Sr. Andrés Whittenburg Guzmán (señor Whittenburg Guzmán o

peticionario) y el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Hatillo

(Colegio), el peticionario devengaría un sueldo bruto anual de

$12,760.00.

Íd., pág. 28.

A su vez, el señor Whittenburg Guzmán

brindaría clases de lunes a viernes, desde las 7:45 a.m. hasta las

2:45 p.m. Íd.

Como parte de los beneficios concedidos al peticionario, éste

gozaría de un mes de vacaciones con paga, el cual sería disfrutado en

el mes de junio o julio, según fuese acordado entre el Colegio y el

señor Whittenburg Guzmán, y acumularía días de enfermedad de acuerdo a

lo provisto por el contrato pactado. Íd., pág. 29. Según lo previsto

en la cláusula 15 del indicado acuerdo laboral, el mismo expiraba a su

vencimiento y sólo podía ser renovado a opción del Colegio y de

acuerdo a los términos y las condiciones que éste tuviese a bien

establecer. Íd., pág. 30.

CC-2008-0517

4

desfilada en el juicio, todos los empleados del Colegio –

docentes

y

no

docentes-

convenios

a

tiempo

eran

contratados

determinado,

vencederos

mediante

cada

año

escolar y otorgados en una fecha posterior al momento en

el cual iniciaba la relación obrero-patronal.141

El

15

de

vacaciones,

el

junio

de

señor

2003,

durante

Whittenburg

el

periodo

de

Guzmán

sufrió

un

accidente mientras conducía su motora.142

A raíz de ello,

el peticionario experimentó una dislocación de la muñeca y

una fractura radial en el brazo izquierdo.143

las

lesiones

sufridas,

se

acogió

a

Por causa de

los

beneficios

provistos por la Ley Núm. 138, supra, recibiendo servicios

de

hospitalización

y

sometiéndose

a

una

intervención

quirúrgica.144

Posteriormente, el 4 de agosto de 2003, en horas de

la tarde, el peticionario asistió al Colegio por primera

vez

141

luego

de

haber

sufrido

el

accidente.145

En

esa

Véase, Apéndice X, Petición de certiorari, págs. 66-67.

142

El señor Whittenburg Guzmán laboró en el Colegio hasta el 13 de

junio de 2003. Apéndice X, Petición de certiorari, pág. 67.

143

Apéndice I, Petición de certiorari, pág. 2.

Véanse,

Apéndices VI-VII, Petición de certiorari, págs. 33-55.

también,

144

Apéndices VI-VII, Petición de certiorari, págs. 33-55.

Véase,

también, Apéndice XVIII, Petición de certiorari, págs. 201-202,

Transcripción del Juicio en su Fondo, págs. 101-102.

145

Apéndice X, Petición de certiorari, págs. 67-68.

La prueba es

altamente conflictiva con relación a la fecha exacta en la cual el

peticionario asistió por primera vez al Colegio luego de haberse

acogido a los beneficios de la Ley de Protección Social por Accidentes

de Automóviles, supra.

Según el testimonio de la Sra. Carmen Nydia

Díaz Pérez, principal del Colegio, el señor Whittenburg Guzmán no

asistió a la reunión de empleados celebrada el 4 de agosto de 2003.

Apéndice XVIII, Petición de certiorari, págs. 130-131, Transcripción

del Juicio en su Fondo, págs. 30-31. De acuerdo a la Principal, luego

de terminada la reunión de empleados, todos se marcharon y ella nunca

vio o interactuó con el señor Whittenburg Guzmán. Íd. Por otro lado,

el peticionario arguye lo contrario, testificando en corte que sí

CC-2008-0517

5

ocasión, la Sra. Carmen Nydia Díaz Pérez, Principal del

Colegio, observó que el peticionario tenía su mano vendada

y le preguntó si estaba capacitado para trabajar en esas

condiciones.

Ante la interrogante de la Principal, el

empleado

limitó

se

a

accidente de motora.146

indicar

que

había

sufrido

un

Es oportuno añadir que nada dijo

sobre su obtención de beneficios al amparo de la Ley Núm.

138, supra.

El

día

siguiente,

el

5

de

agosto

de

2003,

el

peticionario regresó al Colegio con el fin de participar

en una segunda reunión de empleados.147

reunión,

la

señora

Díaz

Pérez

y

el

Al culminar la

señor

Whittenburg

Guzmán fueron convocados a la Oficina de Administración,

con

el

Guzmán,

propósito

de

Administrador

reunirse

con

el

voluntario

del

Sr.

Wilson

Colegio,

Ortiz

y

el

asistió al Colegio el 4 de agosto de 2003, luego de haber retornado de

un hospital en Río Piedras en el cual le removieron ciertos tornillos

implantados como consecuencia del accidente. Apéndice XVIII, Petición

de certiorari, págs. 202-203, Transcripción del Juicio en su Fondo,

págs. 102-103.

A pesar de la contradicción reseñada, el Tribunal de

Primera Instancia le otorgó credibilidad al testimonio del señor

Whittenburg Guzmán con relación a que asistió al Colegio el día

indicado, en horas de la tarde.

Apéndice X, Petición de certiorari,

págs. 67-68.

146

No obstante, contrario a lo creído por el foro sentenciador y aún

descansando únicamente en el testimonio del señor Whittenburg Guzmán,

la transcripción del juicio en su fondo no permite concluir que el

peticionario le informó a la principal que se había acogido a los

beneficios de la Ley Núm. 138, supra. Véase, Apéndice XVIII, Petición

de certiorari, págs. 202-203, Transcripción del Juicio en su Fondo,

págs. 102-103.

147

La primera reunión de personal fue celebrada el 4 de agosto de

2003.

El peticionario no asistió a dicha reunión.

Lo anterior se

desprende de la ausencia de la firma del señor Whittenburg Guzmán en

la hoja de asistencia. Véase, Apéndice VIII, Petición de certiorari,

págs. 56-58.

No fue sino en horas de la tarde que, luego de un

proceso

invasivo

y

doloroso

–la

remoción

de

tornillos-,

el

peticionario alega haber acudido al Colegio.

CC-2008-0517

6

sacerdote

Fernando

Morell

Domínguez,

Director

de

la

institución educativa.148

Una vez reunidos, el sacerdote Morell Domínguez le

informó al peticionario que su contrato de empleo no sería

renovado

para

el

año

escolar

2003

a

2004.

Al

ser

interrogados en el juicio sobre los motivos por los cuales

el contrato del peticionario no fue renovado, los miembros

de

la

administración

del

Colegio

expresaron

que

existían razones particulares para la misma.149

no

Más allá

de que no estaban interesados en renovar el contrato del

señor Whittenburg Guzmán, la señora Díaz Pérez declaró que

había recibido quejas de ciertos padres que alegaban que

el

peticionario,

en

ocasiones,

había

dejado

a

sus

estudiantes solos y sin supervisión durante su hora de

clases.

No obstante, del expediente no surge evidencia de

que el peticionario recibió amonestación o disciplina de

tipo alguno con relación a esa queja.

Más aún, el señor

Whittenburg Guzmán nunca fue evaluado en sus dos años como

maestro del Colegio.150

Inmediatamente después de ser informado sobre el despido,

y

en

un

exabrupto

Whittenburg

Guzmán

por

la

señaló

decisión

por

tomada,

primera

vez

el

señor

que

se

encontraba recibiendo los beneficios de la Ley Núm. 138,

148

Véanse: Apéndice XVIII, Petición de certiorari, págs. 131-133, 203209 Transcripción del Juicio en su Fondo, págs. 31-33, 103-109;

Apéndice X, Petición de certiorari, pág. 69.

149

Véase, Apéndice XVIII, Petición de certiorari, págs. 133-134, 164,

Transcripción del Juicio en su Fondo, págs. 33-34, 64.

150

Véase, Apéndice XVIII, Petición de certiorari, págs. 147-148, 197,

Transcripción del Juicio en su Fondo, págs. 47-48, 97.

CC-2008-0517

supra.

7

A pesar de que en el mes de junio la abuela del

peticionario

Domínguez

motora

le

que

y

había

su

notificado

nieto

que

se

había

al

sufrido

nunca

entregó

documento

verbalmente

–hasta

minutos

después

acogido

a

las

protecciones

un

Morell

accidente

hospitalizado,151

encontraba

peticionario

había

sacerdote

alguno

del

de

o

Ley

el

comunicó

despido-

la

de

que

Núm.

se

138,

supra.

Este hecho quedó constatado en el juicio cuando el

propio peticionario –a preguntas del Juez- reconoció que

nunca

le

había

comunicado

al

sacerdote

–Director

del

Colegio y encargado de toda decisión final con relación a

la terminación de un empleo-, o a persona alguna de la

gerencia de la institución educativa, que había acudido a

la

Administración

Automóviles

(ACAA)

de

Compensaciones

para

recibir

por

Accidentes

beneficios.152

de

Aunque

ciertamente los administradores del Colegio conocían que

el señor Whittenburg Guzmán había sufrido un accidente de

151

Apéndice

XVIII,

Petición

de

certiorari,

págs.

187-192,

Transcripción del Juicio en su Fondo, págs. 87-92. Del testimonio de

la abuela del peticionario surge que ésta nunca le dijo al sacerdote

Fernando Morell Domínguez que su nieto se había acogido a los

beneficios de la Ley Núm. 138, supra.

Más bien, el 16 de junio de

2003, la abuela del señor Whittenburg Guzmán acudió al Colegio y sólo

le informó al sacerdote de la ocurrencia del accidente de motora y de

la subsiguiente hospitalización. Íd. Debido a que la ACAA hizo una

determinación de incapacidad el 30 de junio de 2003, no había manera

alguna que la abuela, al momento de comunicarle al sacerdote sobre el

accidente, conociera que el peticionario se había acogido a los

beneficios emitidos por la ACAA.

152

Apéndice

XVIII,

Petición

de

certiorari,

págs.

230-233,

Transcripción del Juicio en su Fondo, págs. 130-133.

La prueba es

clara en demostrar que el peticionario, al interactuar con miembros

del cuerpo gerencial del Colegio, se limitaba a informar que había

sufrido un accidente de motora, mas nada informaba sobre su

acogimiento a las protecciones brindadas por la Ley Núm. 138, supra.

Véase, Apéndice XVIII, Petición de certiorari, págs. 130, 158, 164166, 168-169, 173-174,

Transcripción del Juicio en su Fondo, págs.

30, 58, 64-66, 68-69, 73-74.

CC-2008-0517

8

motora, no tenían conocimiento de los servicios que la

ACAA le estaba brindando.153

Como consecuencia de los incidentes fácticos, el 19

de abril de 2004 el peticionario presentó ante el Tribunal

de Primera Instancia una querella al amparo de la Ley Núm.

80, supra, y la Ley Núm. 138, supra.154

alegó

que

la

no

renovación

de

su

Esencialmente,

contrato

de

empleo

representó un despido injustificado, según ese término es

consignado en la Ley Núm. 80, supra, ya que la naturaleza

de

su

empleo

protecciones

era

del

por

tiempo

estatuto.

indefinido

Además,

sujeto

argumentó

a

las

que

su

despido se dio durante el tiempo en el cual se encontraba

cobijado por el derecho a la reserva de empleo y que la

destitución era contraria al estado de derecho vigente.

Consecuentemente, el peticionario solicitó el pago de la

mesada,

los

salarios

indemnización

por

alegadamente

sufridos,

dejados

concepto

y

de

la

de

los

percibir,

daños

restitución

y

en

una

perjuicios

su

antiguo

puesto.155

En contestación a la querella del peticionario, el 2

de

julio

de

Whittenburg

2004,

Guzmán

el

patrono

había

sido

argumentó

que

contratado

el

por

señor

tiempo

determinado y sin expectativa alguna de continuidad.156

153

A

Según el señor Whittenburg Guzmán, aunque la administración

desconocía de tal hecho, sus compañeros de trabajo estaban enterados.

Apéndice XVIII, Petición de certiorari, pág. 232, Transcripción del

Juicio en su Fondo, pág. 132.

154

Véase, Apéndice I, Petición de certiorari, págs. 1-3.

155

Véase, Íd.

CC-2008-0517

9

su vez, el Colegio añadió que, debido a que la relación

entre

el

patrono

y

el

peticionario

era

de

naturaleza

contractual, no eran de aplicación las leyes laborales de

nuestro ordenamiento legal.

venció

el

término

estaba

obligado

a

del

Según el patrono, una vez

acuerdo

renovarle

el

laboral,

el

patrono

no

contrato

de

trabajo

al

peticionario y tampoco reservarle el empleo.

Luego de celebrado el juicio en su fondo, el 24 de

abril de 2007, el Tribunal de Primera Instancia emitió su

dictamen.157

El foro primario resolvió, en virtud del Art.

8 de la Ley Núm. 80, supra, que el peticionario era un

empleado contratado por tiempo indefinido y cobijado por

las protecciones de la Ley 80, supra.

Ello, debido a que

el periodo de empleo probatorio consignado en el contrato

laboral sobrepasaba el máximo de 90 días permitidos por el

estatuto.158

Igualmente,

el

tribunal

determinó

que

el

peticionario no era un contratista independiente, según

los

criterios

esbozados

por

esta

Curia

en

sus

pronunciamientos jurisprudenciales.

Cónsono con su dictamen, el foro sentenciador ordenó

al patrono a: (1) reinstalar al peticionario en su puesto;

(2) pagarle al señor Whittenburg Guzmán todos los salarios

dejados de percibir desde el 5 de agosto de 2003; (3)

sufragarle al peticionario la cantidad de $20,000.00 por

concepto

de

sufrimientos

y

angustias

mentales;

156

Véase, Apéndice II, Petición de certiorari, págs. 4-6.

157

Su decisión fue notificada el 26 de abril de 2007.

158

Apéndice X, Petición de certiorari, págs. 72-73.

y

(4)

CC-2008-0517

10

satisfacer el pago de las costas, gastos, e intereses, al

igual que un 25% de las sumas adjudicadas por concepto de

honorarios de abogado.159

Inconforme con esa sentencia, el Colegio recurrió en

alzada al Tribunal de Apelaciones.

el

foro

apelativo

intermedio

Atendido el recurso,

revocó

al

foro

primario.

Resolvió, en síntesis, que el contrato de empleo del señor

Whittenburg Guzmán era un contrato por tiempo determinado

bona

fide,

el

cual

no

continuidad en el empleo.

otorgaba

una

expectativa

de

Asimismo, colegió que no era de

aplicación la Ley Núm. 80, supra.

En cuanto al derecho a

la reserva de empleo, concluyó que la relación obreropatronal había vencido el 13 de junio de 2003, días antes

de ocurrir el accidente.

Razonó que, al no existir una

relación de empleo a la fecha del accidente, no hubo una

violación a ese derecho.

Finalmente, el Tribunal revocó

la compensación por daños y perjuicios por entender que la

prueba presentada por el peticionario era insuficiente.

Insatisfecho

recurrió

ante

nos

con

ese

y

adujo

dictamen,

que

el

el

peticionario

tribunal

apelativo

intermedio incurrió en los siguientes errores:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL REVOCAR LA SENTENCIA

DEL

TRIBUNAL

DE

DETERMINACIONES

DE

PRIMERA

INSTANCIA,

HECHOS

DEL

FORO

DESCARTANDO

LAS

SENTENCIADOR,

SIN

FUNDAMENTO ALGUNO Y DETERMINANDO QUE EL PETICIONARIO ERA

UN

159

EMPLEADO

CONTRATADO

Íd., págs. 76-77.

POR

TIEMPO

DETERMINADO

SIN

CC-2008-0517

11

EXPECTATIVA

DE

CONTINUIDAD

Y

NO

PROTEGIDO

POR

LA

LEGISLACIÓN LABORAL DE LA LEY # [sic.] 80, 29 L.P.R.A.

185.

ERRÓ

EL

TRIBUNAL

DE

APELACIONES

AL

RESOLVER

QUE

EL

PETICIONARIO NO GOZABA DE RESERVA DE EMPLEO AL AMPARO DE

LA

LEY

DE

COMPENSACIONES

DE

ACCIDENTES

POR

ACCIDENTES

[sic.] (ACAA) 9 L.P.R.A. SEC. 2054, POR NO SER EMPLEADO AL

MOMENTO DEL ACCIDENTE.160

Teniendo presente los antecedentes fácticos del caso

ante nos, pasemos a elaborar el marco jurídico aplicable a

las controversias enunciadas.

II

A. El contrato por término fijo u obra cierta y la Ley

Núm. 80, supra.

En

nuestro

sistema

legal,

existen

dos

maneras

fundamentales mediante las cuales puede manifestarse la

otorgación

de

un

contrato

laboral

Específicamente,

los

acuerdos

laborales

individual.

pueden

ser

otorgados: (1) por un periodo de tiempo indeterminado; o

(2)

para

cierta.161

160

161

un

tiempo

fijo,

o

para

un

proyecto

u

obra

Como bien apuntalamos en López Fantauzzi v.

Petición de certiorari, pág. 5.

R. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legislación

protectora del trabajo en el derecho laboral puertorriqueño, San Juan,

Ed. Ramallo Bros. Printing, Inc., 2007, págs. 21-22; Art. 1473 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4111.

CC-2008-0517

12

100% Natural,162 “la protección que gozará el obrero en la

tenencia y seguridad de su empleo dependerá del tipo de

contrato laboral pactado entre el patrono y éste”.163

En primer lugar, cuando el contrato otorgado es uno

por

tiempo

indeterminado

y

el

obrero

trabaje

mediante

remuneración de alguna clase, éste estará cubierto por las

protecciones provistas en la Ley Núm. 80, supra.164

manera,

todo

despido

del

trabajador

se

De tal

presumirá

injustificado una vez el obrero establezca el hecho base

del despido.

Así, del patrono no lograr rebatir dicha

presunción,165

éste

vendrá

obligado

a

indemnizar

al

trabajador con una compensación comúnmente denominada como

la mesada.166

Por

otro

lado,

cuando

el

acuerdo

laboral

es

de

aquellos otorgados para un tiempo fijo, o para un proyecto

u

obra

cierta,

aplicación.167

bifurcará

la

la

Ley

Más

bien,

protección

Núm.

80,

supra,

nuestro

otorgada

no

será

ordenamiento

a

tales

de

legal

empleados,

dependiendo de la clasificación ocupacional que ejerzan.

Así, en aquellos casos en donde el trabajador asalariado

162

2011 T.S.P.R. 40, pág. 12, 181 D.P.R. ___ (2011).

163

Íd.

164

29 L.P.R.A. sec. 185a.

Véase, también, Vélez Cortés v. Baxter

Healthcare Co., 2010 T.S.P.R. 110, 179 D.P.R. ___ (2010).

165

El patrono podrá rebatir dicha presunción al articular que hubo una

razón justificada para el despido, según éstas son enumeradas en el

Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185b.

166

167

Véase, 29 L.P.R.A. sec. 185a.

Véase, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Guía revisada

para la aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada, 2000, pág. 57.

CC-2008-0517

13

desempeñe labores semejantes a aquellas llevadas a cabo

por un artesano, menestral o labrador, “el Art. 1476 del

Código

Civil,168...

representará

la

fuente

principal

de

[su] protección”.169

Según dispone el citado artículo, esos empleados no

podrán

ser

despedidos

sin

justa

causa

vigente el término de sus contratos.170

mientras

esté

De ser despedidos

injustificadamente durante dicho periodo, tendrán derecho

al

resarcimiento

de

los

daños

ocasionados

por

el

quebrantamiento del contrato, los cuales se determinarán

sobre

la

base

de

los

salarios

dejados

de

recibir

por

motivo del despido, más cualquier otro daño que puedan

establecer.171

Con relación a todo otro tipo de empleado contratado

por tiempo determinado o para obra cierta, cuyas labores

no requieran destrezas manuales como aquellas consignadas

en el Art. 1476 del Código Civil, supra, su protección a

la

tenencia

instancia-

de

por

su

el

empleo

Art.

1

de

estará

regida

la

Núm.

ley

–en

primera

80,

supra.172

Dicho articulado provee lo siguiente:

168

Art. 1476 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4111.

(“Los

empleados

de

labranza,

menestrales,

artesanos

y

demás

trabajadores asalariados por cierto término o para cierta obra no

pueden despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento del

contrato sin justa causa”).

169

López Fantauzzi v. 100% Natural, 2011 T.S.P.R. 40, págs. 14-15, 181

D.P.R. ___ (2011), citando a, Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc.,

145 D.P.R. 508, 518-519 (1998); Camacho Arroyo v. E.L.A., 131 D.P.R.

718, 728-731 (1992).

170

López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, pág. 15.

171

Íd.

172

Íd., pág. 17.

CC-2008-0517

14

... el mero hecho de que un empleado preste servicios al

amparo de un contrato por tiempo determinado por sí solo

no

tendrá

el

efecto

automático

de

privarle

de

la

protección de la [Ley Núm. 80, supra,] si la práctica y

circunstancias

contratación

involucradas

fueren

de

u

tal

otra

evidencia

naturaleza

que

en

la

tiendan

a

indicar la creación de una expectativa de continuidad de

empleo o aparentando ser un contrato de empleo por tiempo

indeterminado bona fide.

En estos casos los empleados así

afectados

se

considerarán

contratados

sin

tiempo

como

si

determinado.

hubieren

Excepto

sido

cuando

se

trate de empleados contratados por un término cierto bona

fide o para un proyecto u obra cierta bona fide, toda

separación,

terminación

o

cesantía

de

empleados

contratados por término cierto o proyecto u obra cierta, o

la

no

renovación

de

su

contrato,

se

presumirá

que

constituye un despido sin justa causa regido por la [Ley

Núm. 80, supra].173

Al

analizar

dicha

disposición

legal

en

López

Fantauzzi v. 100% Natural, supra, expusimos lo siguiente:

De

tal

manera,

contratos

patrono

por

mensual

el

legislador

término

o

fijo

anualmente

prohíbe

el

uso

de

los

renovados

a

voluntad

del

de

frecuente,

como

forma

mecanismo de subterfugio para evadir el cumplimiento de la

Ley Núm. 80, supra.

173

Es por ello que, para evitar que los

(Énfasis nuestro.) 29 L.P.R.A. sec. 185a.

CC-2008-0517

15

patronos diseñen contratos por término fijo u obra cierta

que eludan el ámbito de protección provisto por la Ley

Núm. 80, supra, será crucial que no tan sólo se catalogue

un contrato como uno por término fijo por así disponerlo

su

título,

sino

que

resulta

imperativo

examinar

si

la

práctica y las circunstancias envueltas u otra evidencia

en

la

contratación

han

creado

en

expectativa de continuidad de empleo.

el

empleado

una

Además, el patrono

deberá rebatir una presunción instaurada por el Art. 1 de

la Ley Núm. 80, supra, la cual establece que todo despido,

separación,

terminación,

cesantía

de

un

empleado

contratado por tiempo determinado, o la no renovación de

su contrato, se considerará como una actuación sin justa

causa.

Si el patrono no rebate tal presunción, el obrero

será merecedor de las protecciones provistas por la Ley

Núm. 80, supra, incluyendo la mesada.174

Una

vez

establecida

la

indicada,

el

patrono

podrá

sólo

presunción

previamente

rebatirla

si

logra

establecer que el contrato otorgado por tiempo determinado

o para proyecto u obra cierta es uno bona fide.

Según el

Art. 11 de la ley Núm. 80, supra, un contrato bona fide es

aquel que: (1) se emite por escrito; (2) en o antes del

primer término o jornada de trabajo del empleado; y (3)

que

ha

constar-

sido

de

otorgado

(a)

con

sustituir

el

propósito

durante

su

–y

así

se

ausencia

hace

a

un

empleado en el uso de licencia establecida por ley o por

174

López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, págs. 17-18.

CC-2008-0517

16

el patrono, (b) llevar a cabo tareas extraordinarias o de

duración

cierta,

tales

como

–a

modo

de

ejemplo-

los

inventarios anuales, la reparación de equipo, maquinaria o

las facilidades de la empresa, el embarque o desembarque

casual de carga y el trabajo en determinadas épocas del

año

como

Navidad,

temporeras

de

o

(c)

aumentos

para

de

cumplir

producción

con

y

las

órdenes

cualquier

otro

proyecto o actividad particular de corta duración o de

duración cierta fija.175

“Si el patrono no logra establecer que el contrato por

término fijo es uno bona fide o, en su lugar, que existió

justa causa para el despido, deberá indemnizar al obrero

con la mesada, según lo ordena la Ley Núm. 80, supra”.176

Por el contrario, si el patrono establece que el contrato

por término fijo es uno bona fide, entonces dicho pacto

laboral

deberá

generales

del

ser

examinado

Derecho

de

a

la

luz

Obligaciones

de

y

las

normas

Contratos

de

nuestro Código Civil.177

B. La Ley Núm. 138, supra, y el derecho a la reserva de

empleo.

La

Ley

de

Protección

Automóviles,

supra,

fundamental

de

compensación

por

fue

Social

por

Accidentes

promulgada

con

el

propósito

sistema

de

seguro

establecer

accidentes

un

de

tránsito,178

175

29 L.P.R.A. sec. 185k.

176

López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, págs. 19-20.

177

el

de

y

cual

Véase, también, Íd., pág. 19.

Íd., pág. 16, citando a Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc.,

supra.

CC-2008-0517

17

“[redujera] a un mínimo los trágicos efectos económicos y

sociales producidos por [éstos] sobre la familia y demás

dependientes de sus víctimas”.179

El legislador procuró

suplir a las víctimas de un accidente automotriz –y a sus

dependientes- un alivio que las librara del desamparo y

desvalimiento económico que arriba como consecuencia de

una tragedia de tal naturaleza, mediante la concesión de

servicios médico-hospitalarios, ingresos y un surtido de

beneficios adicionales.180

En la consecución de dicho fin loable, y en aras de

atemperar la referida pieza legislativa a situaciones no

concebidas al promulgarse originalmente la Ley Núm. 138,

supra, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 45 de 26

de

junio

de

1987,

con

el

propósito

complementario

de

adicionar una clausula (b) al inciso (3) de la sección 5

de la ley bajo examen.

Como resultado de la enmienda

discutida, hoy la Sec. 5 de la Ley de Protección Social

por Accidentes de Automóviles, supra, le reconoce a toda

persona lesionada por motivo de un accidente automotriz,

dos derechos de carácter independiente, a la vez que le

impone al patrono dos obligaciones fundamentales, a saber:

(1) la obligación del patrono reservarle a la víctima el

empleo que ocupaba a la fecha de su incapacidad; y (2) la

prerrogativa

que

la

víctima

posee

de

solicitar

su

178

Breviario, Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, Leyes de Puerto

Rico, pág. 349.

179

Exposición de Motivos, Ley Núm. 45 de 26 de junio de 1987, Leyes de

Puerto Rico, pág. 158.

180

Íd.

CC-2008-0517

18

reinstalación en su antiguo puesto una vez constate su

cumplimiento con determinados requisitos estatutarios.181

Concretamente, en los casos de incapacidad cubiertos

por la Ley Núm. 138,

supra, si el lesionado estuviese

empleado,

vendrá

su

patrono

obligado

a

reservarle

su

empleo por un término de caducidad de 6 meses,182 el cual

empieza a transcurrir desde el momento en que comienza su

incapacidad.183

A la par, una vez activado el derecho a la

reserva

de

empleo,

el

patrono

deberá

reinstalar

empleado

en

su

antiguo

puesto,

siempre

y

cuando

al

éste

cumpla con las siguientes condiciones:

181

9 L.P.R.A. sec. 2054 (3) (b).

Véanse, también: Rivera Rivera v.

Insular Wire Products, Corp., 158 D.P.R. 110, 120 (2002); Rivera v.

Blanco Vélez Stores, Inc., 155 D.P.R. 460, 467 (2001); Santos Berríos

v. Lederle Piperacillin, Inc., 153 D.P.R. 812, 822 (2001); Cuevas

Santiago v. Ethicon, 148 D.P.R. 839, 846-847 (1999); García Díaz v.

Darex, 148 D.P.R. 364, 378 (1999); Rodríguez Rosa v. Méndez & Co., 147

D.P.R. 734, 739-741 (1999); Torres González v. Star Kist Caribe, Inc.,

134 D.P.R. 1024, 1029-1030 (1994); Carrón Lamoutte v. Co. de Turismo

del E.L.A., 130 D.P.R. 70, 77-78 (1992); Santiago v. Kodak Caribbean,

Ltd., 129 D.P.R. 768, 769-770 (1992).

Las citas que anteceden corresponden a nuestras interpretaciones

jurisprudenciales de la Sec. 5-A de la Ley Núm. 45, infra. Debido a

la similitud de dicho estatuto con la Sec. 5 de la Ley Núm. 138,

supra, podemos aplicar dichos principios al caso de autos por vía de

la analogía.

182

Según discutiremos más adelante, la Sec. 5 de la Ley Núm. 138,

supra, comparte un lenguaje similar en su naturaleza con aquel

esbozado en la Sec. 5-A de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11

L.P.R.A. sec. 7, según enmendada, conocida como Ley de Compensaciones

por Accidentes de Trabajo; la Sec. 3 de la Ley Núm. 139 de 26 de junio

de 1968, 11 L.P.R.A. sec. 203, según enmendada, conocida como Ley de

Beneficio por Incapacidad Temporal, y el Art. 16 de la Ley Núm. 428 de

15 de mayo de 1950, 29 L.P.R.A. sec. 693a, según enmendada, conocida

como Ley de Seguro Social para Choferes y otros Empleados.

Ante dicha semejanza, procede interpretar que el término de 6

meses dispuesto por la Sec. 5 de la Ley Núm. 138, infra, es un término

de caducidad no sujeto a interrupción, tal y como hemos resuelto en

cuanto al término de 12 meses del derecho a la reserva de empleo

dispuesto en el Art. 5-A de la Ley Núm. 45, supra.

Véanse: Rivera v. Blanco Vélez Stores, Inc., supra, págs. 468469; Santos et al. v. Lederle, supra, pág. 823; Cuevas Santiago v.

Ethicon, supra, pág. 849; Torres González v. Star Kist Caribe Inc.,

supra, pág. 1036.

183

9 L.P.R.A. sec. 2054 (3) (b).

CC-2008-0517

19

(i) [q]ue... requiera al patrono que lo reponga en su

empleo dentro del término de quince (15) días, contados a

partir de la fecha en que fuere dado de alta, y siempre y

cuando

que

dicho

requerimiento

no

se

haga

después

de

transcurridos seis (6) meses desde la fecha de comienzo de

la incapacidad;

(ii) que... esté mental y físicamente capacitado para

ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del

patrono dicha reposición, y

(iii) que dicho empleo subsista al momento en que...

solicite

su

reposición.

Se

entenderá

que

el

empleo

subsiste cuando el mismo esté vacante o lo ocupe otro

trabajador.

Se presumirá que el empleo estaba vacante

cuando el mismo fuere cubierto por otro trabajador dentro

de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se

hizo el requerimiento de reposición.184

Si

el

patrono

incumpliese

con

las

obligaciones

descritas, vendrá obligado a responder al empleado o a sus

beneficiarios mediante el pago de los salarios que dicho

trabajador hubiere devengado de haber sido reinstalado.185

Igualmente,

el

todos

daños

los

empleador

y

perjuicios

ocasionado al empleado.186

184

Íd.

185

Íd.

186

Íd.

estará

sujeto

que

su

a

responder

conducta

le

por

haya

CC-2008-0517

20

La disposición legal indicada comparte un lenguaje

semejante

en

su

legislador

en

distintos

tipos

Tales

leyes

naturaleza

diversas

de

han

a

aquel

leyes

seguros

sido

esbozado

destinadas

públicos

y

promulgadas

por

a

el

proveer

ocupacionales.

con

el

fin

de

instrumentar la garantía constitucional consignada en la

Sec. 16 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico,187

la cual establece el derecho de todo trabajador a recibir

protección

contra

riesgos

para

su

salud

e

integridad

personal.188

Precisamente, el contenido de la Sec. 5 de la Ley

Núm. 138, supra, es afín con aquel dispuesto en la Sec. 5A de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11 L.P.R.A.

sec.

7,

según

enmendada,

conocida

como

Ley

de

Compensaciones por Accidentes de Trabajo; la Sec. 3 de la

Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, 11 L.P.R.A. sec. 203,

según

enmendada,

conocida

como

Ley

de

Beneficio

por

Incapacidad Temporal, y el Art. 16 de la Ley Núm. 428 de

15

de

mayo

enmendada,

de

1950,

conocida

29

L.P.R.A.

como

Ley

Choferes y otros Empleados.

comparten

los

estatutos

de

sec.

693a,

según

Seguro

Social

para

Debido a la similitud que

esbozados,

resulta

necesario

brindarles el mismo trato hermenéutico, examinándolas en

187

Art. II, Sec. 16, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág.

369.

188

Véanse: Rivera Rivera v. Insular Wire Products, Corp., 158 D.P.R.

110, 117 (2002); Rivera v. Blanco Vélez Stores, Inc., supra, pág. 466;

Matías Martí v. Mun. de Lares, 150 D.P.R. 546, 552-553 (2000); Cuevas

Santiago v. Ethicon, supra, pág. 845; García Díaz v. Darex Puerto Rico

Inc., 148 D.P.R. 364, 374 (1999); Torres González v. Star Kist Caribe,

Inc., supra, pág. 1029.

CC-2008-0517

21

conjunto conforme a lo dispuesto en el Art. 18 del Código

Civil de Puerto Rico,189 para así esclarecer su sentido.190

Amparados en dicho acercamiento interpretativo, pasemos a

elaborar -por analogía- algunos principios generales sobre

el derecho a la reserva de empleo y la reinstalación,

dispuesto por la Sec. 5 de la Ley Núm. 138, supra.

1. Principios generales del derecho a la reserva de empleo

y la reinstalación.

Para que una víctima de un accidente vehicular pueda

acogerse

a

imprescindible

los

beneficios

delineados,

que

ésta

con

cumpla

las

resulta

siguientes

exigencias: (1) que esté empleada al momento de sufrir su

incapacidad;

(2)

que

la

incapacidad

la

inhabilite

para

trabajar; (3) que se acoja a los beneficios provistos por

la Ley Núm. 138, supra; (4) que dentro de los 15 días

siguientes a haber sido dada de alta definitivamente y

autorizada a trabajar por la ACAA, la víctima solicite a

su patrono su reinstalación en su antiguo puesto; (5) que

dicho requerimiento de reposición se haga dentro de los 6

meses

de

solicitar

haber

su

sufrido

la

incapacidad;

reposición

la

víctima

(6)

esté

que

al

física

y

mentalmente capacitada para desempeñarse en las funciones

189

190

31 L.P.R.A. sec. 18.

Laracuente v. Pfizer, 160 D.P.R. 195, 221 (2006), citando a,

Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992); Mojica Sandoz v.

Bayamón Federal Savs., 117 D.P.R. 110 (1986); Beauchamp v. Holsum

Bakers of P.R., 116 D.P.R. 522 (1985).

Véase, también, Torres

González v. Star Kist Caribe, Inc., supra, págs. 1035-1036.

CC-2008-0517

22

del empleo que ocupaba; y (7) que dicho empleo subsista al

momento que la víctima solicite su reinstalación.191

El motivo central de las protecciones bajo análisis

emana de un interés por parte de la Asamblea Legislativa

de garantizar que un trabajador lesionado e inhabilitado

por causa de un accidente automotriz no pierda su trabajo

mientras

se

encuentra

recuperación.192

ausente

Conocido

es

de

éste

procurando

su

“que,

de

ordinario,

la

inhabilitación de un empleado para continuar llevando a

cabo su trabajo constituye una razón justificada para su

despido”.193

Es por ello que, mediante la legislación bajo

examen,

legislador

el

facultad

ordinaria

le

para

impide

al

despedir

al

patrono

obrero

ejercer

su

lesionado,

requiriéndole, en su lugar, que le reserve el empleo por

un término de 6 meses para permitir que el empleado se

recupere, sin temor a ser despedido.194

No obstante, el ámbito de protección instaurado por la

Sec. 5 de la Ley Núm. 138, supra, no es absoluto.

Más

bien, el legislador procuró alcanzar un balance entre los

intereses

de

la

víctima

del

accidente

automotriz

y

191

9 L.P.R.A. sec. 2054 (3) (b).

Véanse, también: Rivera Rivera v.

Insular Wire Products, Corp., supra, pág. 120; Rivera v. Blanco Vélez

Stores, Inc., supra, págs. 467-468; Cuevas Santiago v. Ethicon, supra,

pág. 847; Rodríguez Rosa v. Méndez & Co., supra, pág. 741; Torres

González v. Star Kist Caribe, Inc., supra, pág. 1030.

192

Rivera v. Blanco Vélez Stores, Inc., supra, pág. 470; Cuevas

Santiago v. Ethicon, supra, págs. 854 y 856 (Opinión Disidente emitida

por el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri).

193

(Énfasis nuestro.) García Díaz v. Darex Puerto Rico Inc., supra,

pág. 377.

194

Cuevas Santiago v. Ethicon, supra, pág. 845; García Díaz v. Darex

Puerto Rico Inc., supra, pág. 377; Carrón Lamoutte v. Co. de Turismo

del E.L.A., pág. 78. Véase, también, Rojas de Colón v. Méndez & Co.,

115 D.P.R. 50, 53 (1984).

CC-2008-0517

23

aquellos del patrono.195

A esos efectos, dicha legislación

persigue, por un lado, “proteger al obrero lesionado para

que

éste

„no

tenga

que

confrontarse...

con

la

incertidumbre indeseable de que por haber sufrido dicho

accidente,

su

patrono

lo

despida

sin

justa

causa

del

empleo o que cuando éste regrese dado de alta no tenga

trabajo‟”,196 logrando así “un ambiente de tranquilidad en

el

cual

el

celeridad”.197

obrero

pueda

recuperarse

con

mayor

A su vez, la Asamblea Legislativa también

se propuso no imponerle al patrono la onerosidad de tener

que

reservar

indefinidamente

el

empleo

del

obrero

lesionado.198

A la luz de esas consideraciones, el patrono está

impedido de despedir al obrero durante el término de 6

meses,

una

empleo.

vez

se

active

el

derecho

a

la

reserva

de

Sin embargo, podrá despedir a un empleado durante

dicho término por actos anteriores al accidente sufrido, o

por actos posteriores a éste, siempre y cuando el patrono

tenga

una

justa

causa

para

su

determinación.199

Ello,

195

Rivera Rivera v. Insular Wire Products, Corp., supra, pág. 119;

Rivera v. Blanco Vélez Stores, Inc., supra, pág. 469; Cuevas Santiago

v. Ethicon, supra, pág. 847; García Díaz v. Darex Puerto Rico Inc.,

supra, pág. 377; Torres González v. Star Kist Caribe, Inc., supra,

pág. 1033.

196

Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra, pág. 770.

Véanse,

también: Rivera Rivera v. Insular Wire Products, Corp., supra, pág.

121; García Díaz v. Darex Puerto Rico Inc., supra, pág. 377; Rodríguez

Rosa v. Méndez & Co., supra, pág. 741.

197

Santos et al. v. Lederle, supra, pág. 823; García Díaz v. Darex

Puerto Rico Inc., supra, pág. 377. Véase, también: Rodríguez Rosa v.

Méndez & Co., supra, pág. 745.

198

199

Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra, págs. 770-771.

Rivera v. Blanco Vélez Stores, Inc., supra, pág. 468; García Díaz

v. Darex Puerto Rico Inc., supra, pág. 380; Rodríguez Rosa v. Méndez &

CC-2008-0517

24

pues, “aunque el despido de un empleado esté prohibido por

encontrarse en una situación protegida, si existe justa

causa

para

despedirlo,

dicha

prohibición

cede”.200

Asimismo, una vez el empleado haya sido dado de alta por

la ACAA, éste se verá en la obligación de solicitar su

reinstalación

dentro

del

término

de

15

días.

Tal

exigencia pretende “evitar que el obrero, a sabiendas de

que el patrono le tiene que reservar el empleo durante [6]

meses... se aproveche de este beneficio y no le notifique

prontamente

de

su

disponibilidad

para

retornar

al

empleo”.201

En apretada síntesis, un despido que no esté fundado

sobre una justa causa y que ocurra dentro del término de 6

meses impuesto al patrono para que le reserve el empleo al

lesionado,

previamente

será

ilegal

y

dispuestas.202

exigirá

“No

las

compensaciones

obstante,

una

vez

transcurrido [el término de 6 meses de reserva de empleo],

el patrono está en la libertad de despedir al obrero”, sin

penalidad de tipo alguna.203

De no haber transcurrido el

Co., supra, pág. 741; Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra, pág.

770.

Aunque la Ley Núm. 138, supra, no define el concepto justa

causa,

nuestra

jurisprudencia

ha

reconocido

que,

en

tales

circunstancias, corresponde recurrir a otras leyes in pari materia.

García Díaz v. Darex Puerto Rico, Inc., supra, pág. 381.

Por tal

motivo, en controversias al amparo de la Sec. 5 de la Ley Núm. 138,

supra, el término justa causa será definido a la luz de las

circunstancias enumeradas en el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, 29

L.P.R.A. sec. 185b. Íd.

200

(Citaciones internas omitidas).

Inc., supra, págs. 380-381.

García Díaz v. Darex Puerto Rico

201

Rivera Rivera v. Insular Wire Products, Corp., supra, pág. 121.

202

Santos et al. v. Lederle, supra, pág. 823.

203

Íd.

CC-2008-0517

término

25

indicado,

el

empleado

tiene

la

obligación

de

solicitar su reinstalación dentro de los 15 días de haber

sido dado de alta.

Coetáneamente, dicho trabajador deberá

constatar que se encuentra física y mentalmente capacitado

para desempeñarse en las funciones del empleo que ocupaba

y que dicho puesto está vacante, según tal término es

definido por el estatuto bajo examen.

Finalmente, cabe recordar que la Sec. 5 de la Ley Núm.

138, supra, por ser un estatuto de carácter remedial, debe

interpretarse

obstante,

liberalmente

“„cuando

la

a

ley

favor

es

clara

del

y

obrero.204

libre

de

No

toda

ambigüedad la letra de ella no deber ser menospreciada por

su

espíritu‟”.205

Habiendo

establecido

los

principios

generales aplicables al derecho a la reserva de empleo y

la reinstalación instaurado en el estatuto bajo análisis,

pasemos a examinar cuándo se activa el referido derecho.

2. La incapacidad que activa el derecho a la reserva de

empleo al amparo de la Ley Núm. 138, supra.

A pesar de compartir un lenguaje casi idéntico en su

naturaleza con aquel articulado en la Sec. 5-A de la Ley

de

Compensaciones

por

Accidentes

de

Trabajo,

supra,

la

Sec. 5 de la Ley Núm. 138, supra, goza de un contenido

particular con relación al momento en el cual comienza a

204

Íd., pág. 825, citando a, Cuevas Santiago v. Ethicon, supra, pág.

849; Rojas de Colón v. Méndez & Co., supra, pág. 54.

205

Cuevas Santiago v. Ethicon, supra, pág. 849, citando el Art. 14 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14.

CC-2008-0517

26

discurrir el término del derecho a la reserva de empleo.206

De acuerdo al texto de la Sec. 5-A de la Ley Núm. 45,

supra,

empleado

término

un

patrono

que

de

12

deberá

sufre

un

meses,

a

reservarle

accidente

partir

el

empleo

ocupacional,

del

momento

en

a

un

por

un

el

cual

ocurrió el accidente.207

Por su parte, la Sec. 5 de la Ley de Protección Social

por Accidentes de Automóviles, supra –al igual que la Sec.

3 de la Ley de Beneficio por Incapacidad Temporal, supra,

y el Art. 16 de la Ley de Seguro Social para Choferes y

otros Empleados, supra- provee que el término de reserva

de empleo -6 meses en el caso de la Ley Núm. 138, supraempieza a transcurrir desde el momento en que comienza la

incapacidad del empleado.208

Dicha diferencia exige que

abordemos el significado del término

provisto por la Ley Núm. 138,

incapacidad, según

supra, para así conocer

cuándo se activa el derecho a la reserva de empleo, al

igual que su corolario, el derecho a la reinstalación.

Veamos.

Según la Sec. 2 del citado estatuto, incapacidad “es

aquella de tal naturaleza que impida a la víctima en forma

total y continua dedicarse a cualquier empleo u ocupación

para el cual esté capacitada por educación, experiencia o

entrenamiento”.209

El Reglamento para la Ley de Protección

206

Cuevas Santiago v. Ethicon, supra, págs. 851-852.

207

11 L.P.R.A. sec. 7.

208

9 L.P.R.A. sec. 2054(3)(b).

209

(Énfasis nuestro.) 9 L.P.R.A. sec. 2052(9).

CC-2008-0517

Social

27

por

Accidentes

de

Automóviles

de

la

ACAA

(el

Reglamento), en su Regla 2(Q), expande dicha definición,

añadiendo que aquellos

[i]ntentos de regresar al trabajo cotidiano dentro de un

término de tres meses no demostrarán, necesariamente, que

la incapacidad cesó; sin embargo, mientras más extenso sea

el periodo, siempre dentro del término de tres meses, más

robusta deberá ser la prueba que derrote la presunción de

que cesó la incapacidad.210

En primer lugar, al exigir que la incapacidad sea

total

y

Accidentes

continua,

de

la

Ley

Automóviles,

de

Protección

supra,

Social

presume

que

por

la

incapacidad del trabajador lo inhabilita para desempeñarse

adecuadamente en sus labores y por tal motivo no puede

asistir a su empleo, siempre y cuando dicha ausencia sea

una debidamente autorizada por la ACAA.211

A contrario

sensu, lo anterior denota que cuando el empleado puede

retornar a su trabajo luego de su accidente, aún mientras

recibe tratamiento médico por sus lesiones, éste no se

210

(Énfasis nuestro.) Reglamento Núm. 6911 de la ACAA, aprobado por el

Departamento de Estado el 1 de diciembre de 2004, Regla 2 (Q), pág. 5.

211

A. Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo Comentada,

San Juan, 7ma. ed., Ed. Ramallo Printing Bros., 2001, pág. 165 (“Esta

ley establece una reserva de empleo de seis meses para todo trabajador

que sufra un accidente de tránsito, por esta razón se ausente de su

empleo y esté cubierto por ley”).

(Énfasis nuestro.)

Véanse,

también: Rodríguez Rosa v. Méndez & Co., supra, págs. 742-743; Cuevas

Santiago v. Ethicon, supra, págs. 854 y 856 (Opinión Disidente emitida

por el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri) (“Es precisamente porque

del accidente... el empleado ha resultado tan lesionado que tiene que

ausentarse del trabajo, que se le ofrece al empleado la protección del

artículo [5]”). (Énfasis nuestro.)

CC-2008-0517

28

encuentra incapacitado total y continuamente, y, por ende,

tampoco goza de las protecciones instauradas por la Sec. 5

de la Ley Núm. 138, supra.212

Cónsono con lo esbozado, el punto determinante para el

cómputo del término de reserva de empleo provisto por la

Sec.

5

de

la

Ley

Núm.

138,

supra,

dependerá,

esencialmente, de la determinación que emita la ACAA con

relación a la incapacidad sufrida por el empleado, y si

dicha

incapacidad

le

impide

de

forma

total

y

continua

asistir a su trabajo para desempeñar sus tareas y deberes.

Una

vez

dicha

agencia

concluye

que

la

víctima

del

accidente vehicular está incapacitada, en ese momento se

activa el derecho a la reserva, al igual que el derecho a

la reinstalación.

Ello, pues, la determinación que emita

dicha agencia merece nuestra más alta deferencia, por ser

ésta la que posee la pericia necesaria para determinar qué

lesiones incapacitan total y continuamente a un empleado,

según la ley que administra.213

No obstante, dicha determinación no es absoluta.

Como

bien expusimos anteriormente, la Regla 2(Q) del Reglamento

212

Arribamos a dicha conclusión mediante un ejercicio analógico con la

Sec. 5-A de la Ley de Compensaciones por Accidentes de Trabajo, supra,

y nuestros pronunciamientos en Rodríguez Rosa v. Méndez & Co., supra,

pág. 743.

En Rodríguez Rosa v. Méndez & Co., supra, articulamos lo

siguiente:

“para que sea aplicable [la Sec. 5-A], el obrero debe

haber estado inhabilitado para trabajar y su ausencia

autorizada por el Fondo. Cuando dicha Corporación, por el

contrario, determina que un empleado puede regresar a

trabajar, con derecho a recibir tratamiento médico durante

horas laborables, o sea bajo „C.T.‟ y no „en descanso‟, el

empleado

no

está

autorizado

a

ausentarse

bajo

circunstancias normales”. (Énfasis en el original). Cf.

Rivera v. Blanco Vélez Stores, supra.

213

Rodríguez Rosa v. Méndez & Co., supra, págs.

González v. Star Kist Caribe, Inc., supra, pág. 1035.

744-745;

Torres

CC-2008-0517

29

previamente citado establece que los intentos posteriores

de un empleado por regresar a su empleo -dentro de un

término

de

tres

meses-

no

necesariamente

derrotan

determinación de incapacidad hecha por la ACAA.

la

Ahora

bien, dicha disposición legal también reconoce que tales

intentos sí activan una presunción de que la incapacidad

ha cesado.214

La fortaleza de esa presunción, según el

Reglamento, dependerá de cuánto tiempo ha transcurrido del

periodo de tres meses posteriores a la determinación de

incapacidad.215

Mientras

más

tiempo

haya

pasado,

más

robusta deberá ser la prueba que articule el empleado para

derrotar la presunción de que su incapacidad ha cesado.

Por el contrario, mientras menos tiempo haya transcurrido

con relación a los tres meses indicados, menor será la

fuerza de la presunción señalada.

Teniendo presente el marco jurídico aplicable al caso

ante

nos,

pasemos

a

resolver

las

controversias

inicialmente esbozadas.

III.

A. El contrato del señor Whittenburg no era uno por tiempo

determinado bona fide.

En su petición de certiorari, el señor Whittenburg

Guzmán arguyó que el Tribunal de Apelaciones había errado

al resolver que su contrato era uno por tiempo determinado

214

Reglamento Núm. 6911, supra, Regla 2 (Q), pág. 5.

215

Íd.

CC-2008-0517

30

bona fide el cual no estaba protegido por la ley Núm. 80,

supra.

Le asiste la razón.216

Luego

de

peticionario,

examinar

el

encontramos

que

contrato

éste

era

laboral

uno

por

del

tiempo

determinado, el cual vencía y era renovado de año escolar

en año escolar, según las altas y bajas en la matrícula

estudiantil del Colegio, y de acuerdo a las necesidades

docentes que tales cambios implicaban.217

Como contrato

por

Ley

tiempo

determinado,

el

Art.

1

de

la

Núm.

80,

supra, establece que su mero título no lo exime de quedar

sujeto a la presunción de despido injustificado impuesta

por la Ley Núm. 80, supra.

A raíz de ello, el Colegio sólo podía rebatir dicha

presunción si establecía lo siguiente: (1) que la práctica

y

circunstancias

involucradas

u

otra

evidencia

en

la

contratación no crearon una expectativa de continuidad de

empleo; y (2) que el contrato de término cierto o para un

proyecto u obra cierta, era uno de naturaleza bona fide.

Con relación a este segundo criterio, el patrono debía

constatar, además, que el referido contrato: (1) se emitió

por escrito; (2) en o antes del primer término o jornada

de trabajo del empleado; y (3) que fue otorgado con el

propósito –y así se hizo constar- de (a) sustituir durante

216

De entrada, expresamos nuestra conformidad con aquellas partes de

la opinión mayoritaria que articulan que el señor Whittenburg no era

un contratista independiente, según dicho término ha sido definido por

nuestra jurisprudencia, y que su primer contrato, al disponer de un

periodo probatorio de un semestre, violentaba el Art. 8 de la Ley Núm.

80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185h. Véase, en lo pertinente, Parte II

de la Opinión Mayoritaria.

217

Apéndice XVIII, Petición de certiorari, págs. 20 y 23.

CC-2008-0517

su

31

ausencia

a

un

empleado

en

el

uso

de

licencia

establecida por ley o por el patrono, (b) llevar a cabo

tareas extraordinarias o de duración cierta, tales como –a

modo de ejemplo- los inventarios anuales, la reparación de

equipo, maquinaria o las facilidades de la empresa, el

embarque o desembarque casual de carga y el trabajo en

determinadas

épocas

del

cumplir

las

órdenes

con

producción

y

cualquier

año

como

Navidad,

temporeras

otro

de

proyecto

o

(c)

para

aumentos

de

o

actividad

particular de corta duración o de duración cierta fija.

Al examinar el contrato laboral otorgado el 14 de

noviembre de 2002 entre el peticionario y el Colegio, cuya

vigencia

expiraba

el

30

de

junio

del

año

siguiente,

encontramos que éste no creó en el señor Whittenburg una

expectativa legítima de continuidad en el empleo.

Según

la práctica y circunstancias involucradas, todo personal

que contrataba con el Colegio estaba al tanto que los

cambios en la matrícula de estudiantes, de año en año,

aumentarían o disminuirían el número de recursos humanos

con los cuales el Colegio debía disponer para cada año

escolar.

Esa

realidad

legitimaba

la

otorgación

de

contratos por periodos fijos de un año escolar, ya que, de

no ser así, una vez aumentara o se redujera la matrícula

de estudiantes, el Colegio estaría atado a un número fijo

de maestros o personal el cual podría no ser proporcional

a la demanda académica que enfrentaba.

A

la

luz

de

lo

anterior,

una

vez

otorgados

los

contratos anuales, cada empleado poseía una expectativa

CC-2008-0517

32

legítima a que dicho contrato fuese honrado sólo durante

la

vigencia

Cualquier

del

mismo;

renovación

entiéndase,

posterior

no

un

año

escolar.

era

de

carácter

mandatorio, sino que estaba íntimamente atada al aumento o

la reducción de la matrícula de estudiantes, según ésta

fuese cambiando de año en año.

Así, el señor Whittenburg

Guzmán, durante el año escolar 2002-2003, sólo poseía una

expectativa legítima de continuidad en el empleo desde el

14 de noviembre de 2002, hasta el 30 de junio de 2003. No

más.

Habiendo establecido que el peticionario no

poseía

una expectativa legítima de continuidad en el empleo más

allá del año escolar por el cual fue contratado, procede

determinar si el contrato de empleo por tiempo determinado

del señor Whittenburg Guzmán era uno bona fide.

examinar

los

hechos

que

nos

atañen

a

la

luz

Luego de

de

los

criterios esbozados en López Fantauzzi v. 100% Natural,

supra, encontramos que el contrato bajo examen no es uno

por tiempo determinado bona fide. Veamos.

A pesar de que el pacto laboral firmado entre el

peticionario y el Colegio fue emitido por escrito, éste no

fue otorgado en o antes del primer término o jornada de

trabajo del empleado.

Ello, pues, aunque el peticionario

comenzó a brindar sus servicios el 8 de agosto de 2002, no

fue sino hasta el 14 de noviembre del mismo año –casi 100

días

luego

acuerdo

de

de

su

primera

jornada

de

trabajo-

empleo

fue

suscrito

entre

las

que

el

partes.

Igualmente, el contrato no consignaba expresamente alguno

CC-2008-0517

de

los

33

propósitos

para

los

cuales

puede

otorgarse

un

contrato a término fijo bona fide, según es exigido por el

Art. 11 de la Ley Núm. 80, supra.

B. El despido del señor Whittenburg fue injustificado.

Según el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, un patrono

podrá

despedir

configura

una

justificadamente

de

las

a

siguientes

un

empleado,

causales:

(a)

si

se

que

el

obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada;

(b) la actitud del empleado de no rendir su trabajo en

forma eficiente, o de hacerlo tardía y negligentemente, o

en violación de las normas de calidad del producto que se

produce o maneja por el establecimiento; (c) la violación

reiterada

por

razonables

el

empleado

establecidas

de

las

para

el

reglas

y

reglamentos

funcionamiento

del

establecimiento, siempre que copia escrita de los mismos

se

haya

suministrado

oportunamente

al

empleado;

(d)

el

cierre total, temporero o parcial de las operaciones del

establecimiento;

(e)

los

cambios

tecnológicos

reorganización,

así

como

los

estilo,

de

o

de

diseño

o

naturaleza del producto que se produce o maneja por el

establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al

público; y (f) las reducciones en empleo que se hacen

necesarias

producción,

debido

a

ventas

una

o

reducción

ganancias,

en

el

volumen

anticipadas

o

de

que

prevalecen al ocurrir el despido.218

En el caso de marras, cuando los funcionarios de la

Administración del Colegio fueron cuestionados sobre los

218

29 L.P.R.A. sec. 185b.

CC-2008-0517

34

motivos por los cuales despidieron al señor Whittenburg

Guzmán, éstos se limitaron a contestar que no existía una

razón

particular

expiración

del

decisión.

el

su

término

determinación

y

que

la

mera

contractual

justificaba

su

Al preguntársele si en alguna ocasión anterior

peticionario

amonestado,

negativa.

para

los

había

sido

evaluado,

testigos

del

Colegio

disciplinado

contestaron

en

o

la

En ningún momento alegaron o comprobaron alguna

de las causales esbozadas por el Art. 2 de la Ley Núm. 80,

supra.

Ante tal realidad fáctica, resulta forzoso concluir

que el patrono no logró articular una razón legítima que

rebatiera

la

presunción

pesaba en su contra.

de

despido

injustificado

que

Como resultado, el Colegio deberá

responderle al peticionario mediante el pago de la mesada,

según lo regula la Ley Núm. 80, supra.

Por tal motivo,

devolvería el expediente al Tribunal de Primera Instancia

para

que

concepto

adjudique

de

mesada.

la

cuantía

a

Atendido

lo

ser

indemnizada

anterior,

por

réstanos

examinar si procede la causa de acción del peticionario al

amparo de la Ley Núm. 138, supra.

C. El señor Whittenburg no tiene una causa de acción al

amparo de la Ley Núm. 138, supra.

Finalmente, el peticionario arguye que el Tribunal de

Apelaciones erró al determinar que el patrono no violentó

su derecho a la reserva de empleo y a la reinstalación,

según están proscritos en la Sec. 5 de la Ley Núm. 138,

supra.

No le asiste la razón.

CC-2008-0517

35

Como bien establecimos en la exposición del derecho,

la Sec. 5 del citado estatuto le reconoce al empleado

lesionado

por

causa

de

un

accidente

de

tránsito

dos

derechos fundamentales: (1) el derecho a que el patrono le

reserve su empleo por un término de 6 meses mientras se

ausenta

de

su

trabajo

para

recuperación;

y

(2)

derecho

de

reinstalación

en

el

que

vacante,

constate

su

el

puesto

cumplimiento

estatutarios.

Según

lograr

dejó

con

discutimos,

una

solicitar

ciertos

para

adecuada

que

una

su

vez

requisitos

el

empleado

pueda acogerse a las protecciones delineadas, éste deberá

acreditar lo siguiente: (1) que estaba empleado al momento

de

sufrir

su

inhabilitó

incapacidad;

para

trabajar;

(2)

que

la

incapacidad

lo

(3)

que

se

acogió

los

a

beneficios provistos por la Ley Núm. 138, supra; (4) que

dentro de los 15 días siguientes a haber sido dado de alta

definitivamente

y

solicitó

patrono

a

su

autorizado

su

a

trabajar

reinstalación

por

en

la

su

ACAA,

antiguo

puesto; (5) que dicho requerimiento de reposición se hizo

dentro de los 6 meses de haber sufrido la incapacidad; (6)

que al solicitar su reposición estaba física y mentalmente

capacitado para desempeñarse en las funciones del empleo

que ocupaba; y (7) que dicho empleo subsistía al momento

en que solicitó su reinstalación.

Apliquemos los factores

delineados al caso ante nos.

En primer lugar, el señor Whittenburg, al momento de

sufrir

su

Colegio.

incapacidad,

se

encontraba

empleado

por

el

Esto ha quedado claramente establecido a la luz

CC-2008-0517

36

de nuestra determinación de que el peticionario, por la

naturaleza de sus contratos de empleo, era un empleado

protegido por la Ley Núm. 80, supra.

Segundo, el 30 de junio de 2003, la ACAA determinó que

el señor Whittenburg, por causa de las lesiones sufridas

en su accidente de motora, estaba incapacitado desde el 15

de junio de 2003 –fecha del accidente- hasta el 15 de

agosto

del

año.219

mismo

determinación

efectuada

Otorgándole

por

la

ACAA

deferencia

–la

a

agencia

la

que

administra la Ley Núm. 138, supra- presumimos que dicha

incapacidad

fue

total

y

continua

durante

el

término

decretado por el cuerpo administrativo, según lo requiere

la

Sec.

2

del

citado

estatuto.

Tercero,

el

récord

constata que el señor Whittenburg Guzmán se acogió a los

beneficios provistos por la Ley Núm. 138, supra.

Finalmente,

al

ser

despedido

durante

el

periodo

decretado para su incapacidad, esto es, antes del 15 de

abril

de

2011,

el

señor

Whittenburg

Guzmán

no

estaba

obligado a solicitar su reinstalación.

Ello se debe a

que,

exposición

como

derecho,

bien

establecimos

cualquier

despido

en

nuestra

efectuado

sin

justa

del

causa,

antes de la ACAA dar de alta al lesionado y autorizarlo a

trabajar, representa un despido ilegal el cual violenta el

periodo de reserva de empleo.

Una vez despedido durante

el tiempo de reserva, resulta innecesario evaluar si el

peticionario cumplió o no con los requisitos 4 al 7 antes

219

Véase, Apéndice VI, Petición de Certiorari, pág. 33.

CC-2008-0517

37

mencionados,

ya

que

tales

considerados

una

vez

el

factores

empleado

sólo

es

deben

ser

elegible

para

solicitar la reinstalación.

Ahora

bien,

esta

conclusión

controversia ante nos.

no

dispone

de

la

En el caso de autos, la prueba

desfilada en el juicio demostró que el sacerdote Morell

Domínguez -persona encargada de tomar la decisión final

con relación al despido del señor Whittenburg- desconocía

que el peticionario estaba acogido a los beneficios de la

Ley Núm. 138, supra.

Aunque ciertamente reconocemos que

dicho estatuto nada dice sobre la correlación que pueda

existir

entre

el

conocimiento

o

desconocimiento

del

patrono sobre tal hecho y su responsabilidad o falta de

ella

con

relación

empleado

al

a

amparo

la

violación

de

los

de

la

5,

supra,

Sec.

derechos

del

entendemos

necesario establecer algunas consideraciones que no deben

ser pasadas por alto al resolver la controversia que nos

ocupa.

Veamos.

En

primer

lugar,

legal

está

gobernado por el principio rector de la buena fe.

Como

resultado,

“el

nuestro

nuestro

sistema

de

ordenamiento

derecho

exige

que

desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio

de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, se

produzca

conforme

a

una

serie

de

principios

que

la

conciencia jurídica considera necesarios, aunque no hayan

sido formulados”.220

jurídica

220

están

Así, las partes en cualquier relación

llamadas

a

brindarse

especial

lealtad,

Véase, B.P.P.R. v. Sunc. Talavera, 174 D.P.R. 686, 696 (2008).

CC-2008-0517

38

quedando obligadas a revelarse mutuamente toda información

pertinente a dicha relación jurídica, mediante el empleo

de una razonable diligencia.221

El comportamiento de todo

operador del derecho ha de adaptarse a la referida regla

de conducta.222

Por tal motivo, cuando un empleado oculta

a su patrono que se ha acogido a los beneficio de la Ley

de Protección Social por Accidentes de Automóviles, supra,

su actuación carece de buena fe y lesiona los principios

fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.

En

segundo

plano,

el

conocimiento

que

un

patrono

tenga sobre el hecho de que su empleado se ha acogido a

los beneficios de la Ley Núm. 138, supra, ilustra mucho

sobre

la

intención

despido.

de

éste

al

momento

de

efectuar

el

Como bien articulamos anteriormente, la razón

primordial del derecho a la reserva de empleo consiste en

evitar que el patrono despida al empleado por motivo de su

incapacidad inhabilitante, total y continua, mientras éste

se ausenta del trabajo para lograr su pronta recuperación.

Según lo delineado hasta el momento, la incapacidad de un

obrero

que

activa

encuentra

su

Mientras

dicha

el

a

la

reserva

de

cuando

la

ACAA

así

determina.

determinación

no

se

haya

génesis

derecho

lo

empleo,

efectuado,

el

patrono aún no queda obligado por los derechos que amparan

al empleado lesionado.

221

222

Véase, Ortiz Brunet v. El Mundo, 169 D.P.R. 332, 343 (2006).

Véase, M. A. del Arco Torres & M. Pons González, Diccionario de

Derecho Civil, Pamplona, Ed. Aranzadi, T. 1, 1984 págs. 179-180.

CC-2008-0517

39

Tomando

en

consideración

lo

esbozado,

podemos

concluir que, cuando un patrono despide a un empleado sin

conocer que éste se ha acogido a los beneficios de la Ley

de Protección Social por Accidentes de Automóviles, supra,

y que ha sido declarado incapaz por la ACAA, el patrono

también

desconoce

activada.

que

la

reserva

de

empleo

ha

sido

Al desconocer tal información, el despido no ha

sido configurado con la intención de violentar la política

pública expuesta por la Ley Núm. 138, supra, ya que el

patrono

no

está

al

tanto

de

incapacidad efectuada por la ACAA.

la

determinación

de

Por tal motivo, al no

existir por parte del patrono la intención de despedir al

empleado por motivo de su incapacidad, no cabe hablar de

una violación al estatuto reseñado.

Por

todo

lo

anterior,

soy

del

criterio

que

el

desconocimiento del Colegio de que el señor Whittenburg

Guzmán se había acogido a los beneficios de la ley Núm.

138, supra, previo a notificarle el despido, evidencia que

la acción del patrono no fue efectuada con la intención de

violar la reserva de empleo y evitar que el trabajador se

recuperara satisfactoriamente.

fundamentos

distintos,

Apelaciones,

el

cual

Ante tal conclusión, y por

confirmaría

denegó

la

al

causa

de

Tribunal

de

acción

del

peticionario al amparo de la Sec. 5 de la Ley Núm. 138,

supra.

IV.

A la luz de lo aquí expuesto, concurro con la opinión

mayoritaria en cuanto a su determinación de que el despido

CC-2008-0517

40

del peticionario fue uno injustificado.

Como resultado,

devolvería el expediente al Tribunal de Primera Instancia

para que se adjudique la cuantía del pago de la mesada,

según ésta es regulada por la Ley Núm. 80, supra.

No obstante, disiento de la mayoría en cuanto a su

conclusión de que el peticionario sufrió una violación de

su derecho a la reserva de empleo y que, por ende, procede

su reinstalación al amparo de la Ley Núm. 138,

supra.

Entiendo que el desconocimiento del patrono del hecho de

que

el

empleado

estaba

acogido

a

los

beneficios

del

estatuto citado, representa una defensa afirmativa a su

favor.

así

Consecuentemente, denegaría dicha causa de acción,

como

referida

todo

remedio

legislación.

concedido

Ante

por

esa

la

Sec.

5

de

la

determinación,

el

peticionario sólo tiene derecho al pago de la mesada, sin

más.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado