LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rentas Santiago v. Autogermana, Inc.

2011 TSPR 131

Poder Judicial de Puerto Rico

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Rentas Santiago v. Autogermana, Inc.

AC-2009-103

Sentencia con Opinión de Conformidad

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Verónica Rentas Santiago

Peticionaria

Certiorari

v.

2011 TSPR 131

Autogermana, Inc.

182 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: AC

- 2009 - 103

Fecha: 8 de septiembre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región de Ponce Panel IX

Jueza Ponente:

Hon. Luisa Colom García

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Gilberto Oliver Dávila

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Frank Zorrilla Maldonado

Materia:

Despido Injustificado

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilació n y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Verónica Rentas Santiago

Peticionaria

Certiorari

v.

AC-2009-0103

Autogermana, Inc.

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de septiembre de

2011.

El presente recurso nos exige determinar si

el despido de una empleada luego de ésta haber

acudido a la Corporación del Fondo del Seguro del

Estado (Fondo) para recibir beneficios al amparo

de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según

enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., conocida

como

Ley

de

Compensaciones

por

Accidentes

de

Trabajo, constituye un acto en violación de la Ley

Núm.

115

de

20

septiembre

de

1991,

según

enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 194a et seq., conocida

como

Ley

de

Acción

por

Represalia

del

Patrono.

AC-2009-0103

Por

2

entender

que

la

peticionaria

fue

objeto

de

represalias en su empleo luego de acudir al Fondo para

recibir

tratamiento

por

un

accidente

ocurrido

en

el

trabajo, revocamos en parte al Tribunal de Apelaciones.

Veamos.

I.

El 20 de febrero de 2007, la Sra. Verónica Rentas

Santiago

(señora

Rentas

Santiago

o

peticionaria)1

fue

impactada por un brazo mecánico ubicado en la salida de

las

facilidades

de

su

patrono,

(Autogermana o recurrida).

Autogermana,

Inc.

A raíz del referido accidente,

la peticionaria solicitó a la recurrida los formularios

correspondientes

para

acogerse

administrados por el Fondo.

patrono

entregó

a

la

a

los

beneficios

El 23 de marzo de 2007, el

peticionaria

los

formularios

solicitados.

Posteriormente,

el

26

de

marzo

del

mismo

año,

la

señora Rentas Santiago acudió al Fondo para iniciar su

proceso de reclamación de beneficios al amparo de la Ley

Núm. 45, supra.

Ese mismo día, la agencia determinó que

la

debía

peticionaria

encontraba en descanso.

recibir

tratamiento

mientras

se

Por tal motivo, el 28 de marzo de

2007, la señora Rentas Santiago comunicó lo anterior a la

recurrida.

1

La señora Rentas Santiago laboró como Administradora de Garantías en

Autogermana, Inc., desde el 20 de febrero de 2006 al 9 de abril de

2007.

AC-2009-0103

3

Así las cosas, el 29 de marzo del 2007 la Gerente del

Departamento de Recursos Humanos de Autogermana, llamó a

la

peticionaria

“para

[presionarla]...

para

que...

se

reincorporara en su empleo, ya que había mucho trabajo en

la empresa”.2

Por causa de lo anterior, la peticionaria

gestionó que el Fondo le permitiese recibir tratamiento

médico mientras trabajaba (CT).

Su petición fue concedida

el 30 de marzo de 2007.

Una vez la señora Rentas Santiago se reincorporó a su

empleo el 2 de abril de 2007, la peticionaria aduce haber

experimentado un patrón de acoso, humillación, menosprecio

y hostigamiento constante por motivo de haber instado una

reclamación ante el Fondo.3

De acuerdo a su querella, el

referido patrón se manifestó mediante órdenes del patrono

que

modificaban

su

horario

de

trabajo,

sus

horas

de

alimentos y restringían su posibilidad de trabajar horas

extras.4

Lo anterior, unido a rumores de sus compañeros sobre

su posible despido, motivó a la señora Rentas Santiago a

presentar su renuncia el 9 de abril de 2007.5

2

Petición de certiorari, Apéndice, págs. 58 y 270.

3

Íd., pág. 271.

4

No obstante,

Íd.

El memo que afectó las condiciones de empleo mencionadas fue

emitido por Autogermana el 2 de abril de 2007. Íd. Según el Tribunal

de Primera Instancia, la peticionaria fue la única empleada que sufrió

las modificaciones de las condiciones de empleo previamente indicadas.

5

Íd., págs. 58-59.

AC-2009-0103

4

su dimisión no fue aceptada por la recurrida, la cual, en

su lugar, optó por despedirla el mismo día.6

Como resultado de los hechos reseñados, el 2 de mayo

de

2007,

la

señora

Rentas

Santiago

presentó

ante

el

Tribunal de Primera Instancia una querella en contra de

Autogermana por vía de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de

1961, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento

Sumario para Reclamaciones de Obreros y Empleados.7

Su

querella aducía causas de acción al amparo de la Ley Núm.

80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A.

sec.

185

et

seq.,

conocida

como

Ley

de

Despido

Injustificado, y la Ley Núm. 115, supra.8

6

Íd.

De acuerdo a las determinaciones de hecho encontradas por el

foro primario, la señora Rentas Santiago fue citada el 5 de abril de

2007 a una reunión con la Directora de Personal y la Sra. Jocelyn

Viera.

Petición de certiorari, Apéndice, pág. 59.

No obstante, la

peticionaria no compareció a la reunión señalada porque tenía una cita

previa para ese día por la tarde. Íd. En cambio, el 9 de abril de

2007 la señora Rentas Santiago compareció al trabajo con una carta de

renuncia la cual fue rechazada por la empresa. Íd. En su lugar, el

patrono le entregó una carta de despido, la cual fue destruida por la

peticionaria debido a un error en la redacción de su nombre.

Íd.

Posteriormente, al avisársele que no recibiría la liquidación de

ciertos haberes si no firmaba la carta de despido, la peticionaria

optó por firmar una segunda carta de destitución con fecha del 5 de

abril de 2007.

7

Véase Petición de certiorari, Apéndice, págs. 269-274.

El 19 de

julio de 2007, Autogermana presentó una moción solicitando que la

querella se ventilara por la vía del procedimiento ordinario.

Íd.,

pág. 280.

Debido a que la peticionaria no se opuso a la referida

moción, el 26 de junio de 2007, el Tribunal de Primera Instancia la

declaró Con Lugar. Íd., pág. 283.

8

Al amparo de la Ley Núm. 115 de 20 septiembre de 1991, según

enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 194 et seq., conocida como Ley de Acción

por Represalia del Patrono, la peticionaria solicitó su reinstalación

en su antiguo puesto; $3,950.00 por aquellos ingresos dejados de

percibir desde el 9 de abril de 2007 hasta la fecha de la sentencia;

$30,000.00 por los supuestos daños y perjuicios experimentados; una

suma igual al doble de las cuantías indicadas ($67,900.00); y una suma

equivalente al 33% de las cuantías relatadas por concepto de

honorarios de abogado. Íd., pág. 272.

En

la

alternativa,

solicitó

la

cantidad

de

$8,777.09,

correspondiente al pago de la mesada dispuesto por la Ley Núm. 80 de

30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq.,

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5

En contestación, el 10 de mayo de 2007, el patrono

arguyó, entre otras cosas, que el despido de la señora

Rentas Santiago se debió a su pobre desempeño, sus malas

actitudes, su alteración de una tarjeta de ponchar y sus

ausencias

sin

peticionaria

notificación.9

fue

objeto

Según

de

Autogermana,

múltiples

la

acciones

disciplinarias –verbales y escritas- destinadas a remediar

los actos señalados.10

Luego de varios trámites procesales, el 15 y el 20 de

octubre de 2008 se celebró el juicio en su fondo.11

Tras

recibir prueba documental y testifical de ambas partes, el

11 de junio de 2009 el foro primario dictó Sentencia.12

En

ésta,

la

el

tribunal

sentenciador

resolvió

que

peticionaria había sido despedida injustificadamente, ya

que jamás fue sujeta a un proceso de disciplina progresiva

o recibió amonestación o reprimenda alguna por parte de

Autogermana.13

A

su

vez,

determinó

que

la

recurrida

conocida como Ley de Despido Injustificado.

Íd., pág. 273.

Además,

solicitó que le fuesen pagadas ciertas comisiones por concepto de las

garantías

obtenidas

mientras

cubrió

las

vacaciones

de

otros

administradores de garantía ($1,000.00); $908.60 por concepto de los

salarios devengados y no pagados desde el 2 al 9 de abril de 2007, y

$2,952.95 por concepto de 16.25 días acumulados de vacaciones.

Petición de certiorari, Apéndice, pág. 273.

9

Petición de certiorari, Apéndice, pág. 277.

10

Íd., pág. 276.

11

Íd., pág. 56.

12

Esta Sentencia fue notificada a las partes el 1 de julio de 2009.

Íd.

13

Íd., pág. 59.

Según el foro primario, la Sra. Joselyn Viera,

Supervisora de la señora Rentas Santiago, redactó un memorando

disciplinario el 4 de abril de 2007 el cual detallaba las faltas

cometidas por la peticionaria durante el periodo del 19 al 28 de marzo

del año indicado.

Íd., pág. 68.

Entre las faltas señaladas, el

Tribunal de Primera Instancia resaltó las siguientes: (1) alterar un

AC-2009-0103

6

despidió a la peticionaria en represalia por ésta haber

acudido al Fondo en un momento crítico para la empresa,

toda vez que Autogermana estaba atrasada en sus procesos

de facturación.14

Como resultado –y según lo exige la Ley Núm. 115,

supra- el tribunal le confirió a la peticionaria la suma

de

$163,891.56

por

concepto

de

ingresos

dejados

de

devengar (“Back Pay”) y $50,000.00 por ingresos futuros

(“Front Pay”).15

Igualmente, ordenó a la recurrida a pagar

$5,447.42 correspondientes a las vacaciones acumuladas y

no

liquidadas

a

la

señora

Rentas

Santiago.

Por

otra

parte, le concedió a la peticionaria el 25% de la suma de

las

cantidades

previamente

honorarios de abogado.16

enunciadas

por

concepto

de

Empero, el foro primario no le

otorgó a la peticionaria las siguientes partidas: (1) el

pago de la mesada al amparo de la Ley Núm. 80, supra; (2)

ponche de entrada en la mañana del 21 de marzo de 2007 y (2) retirarse

temprano de la oficina el 19 de marzo de 2007. Íd., págs. 68-69. Sin

embargo, el foro sentenciador no le confirió credibilidad al contenido

del memorando ya que éste sancionaba actuaciones de la peticionaria

que fueron realizadas meses antes de la redacción del comunicado

disciplinario. Íd., pág. 69.

Amerita añadir que este memorando nunca fue entregado a la

señora Rentas Santiago.

Íd., pág. 68.

De acuerdo al patrono, la

amonestación escrita nunca se pudo entregar, ya que la señora Santiago

Rentas no compareció a la reunión pautada para el jueves, 5 de abril

de 2007. Íd., pág. 35. Igualmente, el patrono reconoce que la señora

Rentas Santiago nunca recibió una amonestación o reprimenda escrita.

Íd.

14

Petición de certiorari, Apéndice, pág. 59.

15

Íd., pág. 71

16

Íd..

AC-2009-0103

la

7

compensación

solicitada

por

sus

alegados

daños

y

perjuicios; y (3) el pago de comisiones reclamadas.17

Inconforme con el dictamen del Tribunal de Primera

Instancia, el 19 de agosto de 2009 la recurrida acudió en

alzada ante el Tribunal de Apelaciones.

apelación,

haber

Autogermana

errado

peticionaria

(1)

al

violentó

le

imputó

determinar

la

Ley

al

que

Núm.

En su recurso de

foro

sentenciador

el

despido

de

la

115,

supra;

(2)

al

concluir que la señora Rentas Santiago fue despedida, y

que no renunció voluntariamente a su puesto; (3) en sus

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho y (4)

en

el

cálculo

de

la

compensación

concedida

a

la

peticionaria.18

Atendido el recurso de apelación, el foro apelativo

intermedio emitió su dictamen el 29 de octubre de 2009.19

En su decisión, el Tribunal de Apelaciones resolvió que la

señora

Rentas

Santiago

había

sufrido

un

despido

injustificado y no una renuncia voluntaria, contrario a lo

argüido

por

el

patrono.20

Ello,

pues,

la

peticionaria

nunca fue amonestada o disciplinada en sus años de empleo

con Autogermana.21

17

Íd. El 6 de julio de 2009, Autogermana presentó ante el Tribunal de

Primera Instancia una moción solicitando determinaciones adicionales

de hechos. Íd., págs. 254-257. El día siguiente sometió una moción

de reconsideración.

Íd., págs. 258-264.

Ambas fueron declaradas No

Ha Lugar el 15 de julio de 2009. Íd., pág. 268.

18

Petición de certiorari, Apéndice, págs. 37-52.

19

Id., pág. 26.

20

Íd., pág. 16.

21

Íd., págs. 21-23.

AC-2009-0103

8

Con respecto a la causa de acción de la señora Rentas

Santiago al amparo de la Ley Núm. 115, supra, el foro

apelativo

intermedio

estableció

un

embargo,

entendió

adecuadamente

caso

al

concluyó

prima

facie

que

el

ofrecer

que

de

la

represalias.22

patrono

prueba

peticionaria

que

logró

Sin

rebatirlo

constataba

(1)

que

existían otros empleados acogidos a los beneficios de la

Ley Núm. 45, supra, que no sufrieron despidos represivos y

(2) que el cambio de la hora de entrada al trabajo de la

peticionaria

–de

8:00

a.m.

a

7:00

a.m.-

representó

un

acomodo razonable el cual no afectó a la señora Rentas

Santiago porque ésta siempre llegaba al trabajo a las 7:00

a.m.23

Consecuentemente,

el

Tribunal

de

Apelaciones

desestimó la causa de acción de la peticionaria al amparo

de la Ley Núm. 115, supra.

A la luz de lo anterior,

resolvió que la peticionaria sólo tenía derecho al pago de

la mesada estipulada por las partes.24

En

desacuerdo

con

la

Sentencia

del

foro

apelativo

intermedio, el 3 de diciembre de 2009 la señora Rentas

Santiago presentó ante nos un recurso de apelación.

éste, le imputó al Tribunal a quo los errores siguientes:

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL INTERVENIR

CON LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA HECHA POR EL TPI

(sic).

22

Íd., pág. 17.

23

Petición de certiorari, Apéndice, págs. 18-20.

24

Íd., pág. 21.

En

AC-2009-0103

9

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL

CONCLUIR QUE NO HUBO DESPIDO POR REPRESALIA.25

Revisado el recurso de apelación de la peticionaria,

el

14

de

petición

mayo

de

de

2010

certiorari

expedición.

resolvimos

y

acogerlo

procedimos

a

como

una

ordenar

su

Contando con los alegatos de ambas partes,

procedemos a examinar el marco jurídico aplicable a las

controversias inicialmente esbozadas.

II.

A. Principios generales de una causa de acción al amparo

de la Ley Núm. 115, supra.

La

Ley

Núm.

115,

supra,

“provee

protección

a

empleados frente a represalias que puede tomar un patrono

contra

éstos

información

por

a

un

administrativo”.26

Art.

2

de

la

proveer

foro

testimonio,

judicial,

expresión

o

legislativo

o

Esta protección se concretiza en el

ley

bajo

examen,

el

cual

dispone

lo

siguiente:

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o

discriminar contra un empleado con relación a

los

términos,

condiciones,

compensación,

ubicación, beneficios o privilegios del empleo

porque el empleado ofrezca o intente ofrecer,

verbalmente o por escrito, cualquier testimonio,

expresión

o

información

ante

un

foro

legislativo, administrativo o judicial en Puerto

Rico, cuando dichas expresiones no sean de

carácter difamatorio ni constituyan divulgación

de información privilegiada establecida por

ley.27

25

Íd., pág. 6.

S.L.G. Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 361 (2009), citando

a, Ocasio v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653 (2005).

26

27

(Énfasis nuestro.) 29 L.P.R.A. sec. 194a (a).

AC-2009-0103

10

Cuando un patrono violenta el articulado citado, el

estatuto bajo examen le provee al empleado perjudicado una

causa de acción en contra del empleador, mediante la cual

podrá

exigir

sufridos,

empleo,

las

los

que se le compense

“por

los daños reales

angustias

la

restitución

salarios

mentales,

dejados

honorarios de abogado”.28

de

devengar,

en

el

beneficios

y

Como penalidad por incurrir en

la conducta proscrita, “la responsabilidad del patrono con

relación a los daños y a los salarios dejados de devengar”

estará sujeta a una duplicación.29

Al instar una causa de acción al amparo de la Ley

Núm.

115,

supra,

el

empleado

gozará

de

dos

vías

probatorias, a saber: (1) la directa y (2) la indirecta.30

Si optare por la vía indirecta, deberá establecer un caso

prima facie de represalia mediante evidencia que demuestre

que (1) participó en una actividad protegida por la Ley

Núm.

115,

supra;

y

(2)

que

fue

subsiguientemente

despedido, amenazado o discriminado en su contra por su

patrono.31

Con relación al primero de los criterios esbozados –

que

el

empleado

haya

participado

en

una

actividad

protegida por la ley bajo análisis- en Irizarry v. J & J

28

Íd., sec. 194a (b).

29

Íd.

30

29 L.P.R.A. sec. 194a (c).

31

Íd.

AC-2009-0103

11

Cons. Prods. Co., Inc.,32 fuimos diáfanos en resolver que

cuando un empleado acude al Fondo para acogerse a los

beneficios

proceder

provistos

constituye

Núm. 115, supra.33

por

una

la

Ley

actividad

Núm.

45,

protegida

supra,

tal

por

Ley

la

Ello, pues, el Fondo constituye un foro

administrativo protegido por el citado estatuto.

En cuanto al segundo criterio para el establecimiento

de

un

caso

prima

facie

despedido,

amenazado

subsiguiente

a

su

–que

o

el

empleado

discriminado

incursión

en

la

en

haya

el

actividad

sido

empleo,

protegida-

nuestras más recientes expresiones en Feliciano Martes v.

Sheraton Old San Juan son pertinentes e indispensables.34

Allí, manifestamos que este segundo requisito exige que el

empleado

provea

suficiente

evidencia

indirecta

que

constate que existe un nexo causal entre su incursión en

la actividad protegida y la subsiguiente acción adversa

efectuada por el patrono.35

nuestra

Ley

establecer

empleado

Núm.

su

caso

115,

Al interpretar el Art. 2 de

supra,

prima

compruebe]...

que

resolvimos

facie,...

la

bastará

acción

que,

[que

adversa

“al

el

que

experimentó ocurrió al poco tiempo de haber incurrido en

la alegada actividad protegida”.36

Empero, reconocimos que

32

150 D.P.R. 155 (2000).

33

34

Íd., pág. 170.

2011 T.S.P.R. 97, 182 D.P.R. ___ (2011).

35

Íd., págs. 31-32.

36

(Énfasis en el original.) Íd., pág. 35.

AC-2009-0103

12

no todo caso se configura dentro de un espacio

temporal que pueda catalogarse como de poco

tiempo.

Ante

tales

circunstancias,

la

proximidad

temporal,

como

inferencia

de

causalidad, resulta insuficiente, requiriéndose

entonces que el empleado constate elementos

adicionales que comprueben la existencia de un

nexo causal entre la acción protegida y la

acción

disciplinaria

adversa.

Así,

el

trabajador

deberá

presentar

evidencia

que

establezca (1) que fue tratado de forma distinta

a otros empleados; (2) que existió un patrón de

conducta antagonista en su contra; (3) que las

razones

articuladas

por

el

patrono

para

fundamentar su acción adversa están plagadas de

inconsistencias, o (4) cualquier otra evidencia

que obre en el expediente para establecer el

elemento del nexo causal.

Lo anterior implica,

necesariamente, un acercamiento caso a caso.37

Una

vez

el

empleado

evidencie

los

dos

criterios

previamente explicados,

queda establecido

su caso prima

facie por represalias.

Consecuentemente, se activa una

presunción juris tantum de violación a la Ley Núm. 115,

supra.38

Esta

presunción

deberá

ser

rebatida

por

el

patrono, quien vendrá obligado a comprobar que la acción

adversa que tomó en contra del empleado estuvo justificada

y libre de todo ánimo represivo.39

Si la acción adversa tomada por el patrono constituye

un

despido

represivo,

éste

sólo

podrá

rebatir

la

presunción reseñada al comprobar que la destitución del

empleado estuvo justificada.

Según el Art. 2 de la Ley

Núm. 80, supra, un patrono podrá despedir justificadamente

a

un

empleado,

si

se

configura

una

de

las

causales

37

(Énfasis en el original.) Íd., págs. 35-36.

38

Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 D.P.R. 499, 511 (1997).

39

Íd.

AC-2009-0103

13

siguientes: (a) que el obrero siga un patrón de conducta

impropia o desordenada; (b) la actitud del empleado de no

rendir su trabajo en forma eficiente, o de hacerlo tardía

y negligentemente, o en violación de las normas de calidad

del

producto

que

establecimiento;

empleado

de

se

produce

la

violación

(c)

las

reglas

y

o

maneja

por

el

reiterada

por

el

reglamentos

razonables

establecidas para el funcionamiento del establecimiento,

siempre

que

suministrado

total,

copia

escrita

oportunamente

temporero

o

de

al

parcial

los

mismos

empleado;

de

las

(d)

se

el

cierre

operaciones

establecimiento;

(e)

los

cambios

tecnológicos

reorganización,

así

como

los

estilo,

de

haya

del

o

de

diseño

o

naturaleza del producto que se produce o maneja por el

establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al

público; y (f) las reducciones en empleo que se hacen

necesarias

producción,

debido

a

ventas

una

o

reducción

ganancias,

en

el

volumen

anticipadas

o

de

que

prevalecen al ocurrir el despido.40

Si

el

patrono,

por

preponderancia

de

la

prueba,

derrota la presunción de violación a la Ley Núm. 115,

supra, y establece que el despido del trabajador estuvo

justificado, el empleado “aún puede prevalecer si prueba

que la razón alegada por el patrono es un simple pretexto

para” una acción adversa represiva.41

40

29 L.P.R.A. sec. 185b.

41

Íd.

Teniendo presente el

AC-2009-0103

estado

de

14

derecho

aplicable

a

los

hechos

del

caso

de

marras, pasemos a resolver la controversia inicialmente

planteada.

III.

De entrada, anticipamos que, al igual que el Tribunal

de Apelaciones, entendemos que los hechos acaecidos el 9

de abril de 2007 representaron un acto de despido y no una

renuncia, contrario a lo sugerido por el patrono.

Ello es

así, pues, la renuncia de la señora Rentas Santiago no fue

aceptada por la recurrida, sino que, al contrario, se le

informó a la peticionaria que desde algunos días antes se

había tomado la decisión de despedirla.

Cónsono con tal determinación, el 9 de abril de 2009

se le entregó a la señora Rentas Santiago una primera

carta de despido.

Por ésta estar plagada de errores,

Autogermana redactó una segunda carta de destitución la

cual se le entregó a la peticionaria algunos días después

de haberla despedido originalmente.

Tal proceder, a todas

luces, representó una ratificación por parte del patrono

de su decisión inicial de destituir a la peticionaria.

Más aún, en la contestación a la demanda presentada por

Autogermana,

ésta

reconoció

configuraron un despido.42

que

sus

actuaciones

No fue sino hasta el inicio de

otras gestiones legales posteriores a la contestación de

la

42

demanda

que

la

recurrida

adoptó

como

defensa

Véase Petición de certiorari, Apéndice, pág. 277, incisos 7-9.

el

AC-2009-0103

argumento

de

15

que

la

peticionaria

renunció

y

nunca

fue

despedida.

Ante tales hechos, resulta forzoso concluir que la

señora Rentas Santiago fue despedida y que no renunció.

Por

tal

motivo,

nos

limitaremos

a

examinar

si

dicho

despido configuró una violación a la Ley Núm. 115, supra,

y si el mismo fue uno justificado o no.

Veamos.

Como indicamos anteriormente, un empleado establece

un caso prima facie al amparo de la Ley Núm. 115, supra,

si logra evidenciar dos hechos bases, a saber: (1) que

participó en una actividad protegida por la Ley Núm. 115,

supra;

y

(2)

que

fue

subsiguientemente

despedido,

amenazado o discriminado en su contra por su patrono.

Al

examinar el caso de autos, coincidimos con el Tribunal a

quo en que la señora Rentas Santiago logró establecer un

caso prima facie al amparo del citado estatuto.

En primer lugar, y como bien articulamos en Irizarry

v.

J

&

J

Cons.

peticionaria

beneficios

proceder

Prods.

Co.,

Inc.,

para

acudió

al

Fondo

provistos

por

la

constituyó

una

Ley

actividad

Núm.

supra,

cuando

acogerse

45,

protegida

la

a

los

supra,

tal

por

Ley

la

Núm. 115, supra.

En segundo plano, la peticionaria fue

despedida

días

cinco

laborables

después

de

haberse

reincorporado a su antiguo puesto tras encontrarse en el

ejercicio de dicha actividad protegida.

Estos dos hechos,

a la luz del derecho esbozado, configuraron un caso prima

facie de represalias el cual activó una presunción juris

AC-2009-0103

16

tantum de violación a la Ley Núm. 115, supra.

Ante tal

presunción, le correspondía al patrono articular una razón

justificada

–y

no

discriminatoria-

que

legitimara

el

despido de la señora Rentas Santiago.

En aras de cumplir con dicha encomienda, Autogermana

presentó el testimonio de la otrora supervisora directa de

la

peticionaria,

declaró

que

dos

señora

Rentas

la

o

tres

Santiago

inadecuada.43

peticionaria:

Sra.

Joselyn

semanas

comenzó

Viera

antes

a

en

una

del

Ésta

despido,

la

comportarse

de

forma

comentó

que

la

con

un

Específicamente,

(1)

García.

ocasión

discutió

coempleado en horas laborables y en la oficina en la cual

ambos trabajaban; (2) se ausentó de la oficina el 19 de

marzo de 2007 por 40 minutos sin autorización; (3) cometió

errores en su trabajo de administración de garantías; (4)

alteró

su

tarjeta

marzo

de

2007

y

de

(5)

ponchar

habló

correspondiente

alto

por

teléfono

al

21

de

en

horas

laborables y por periodos de larga duración.44

No

obstante,

la

única

evidencia

que

obra

en

el

expediente para constatar el patrón de conducta inadecuada

imputado

a

la

peticionaria,

lo

es

un

memorando

disciplinario preparado por la señora Viera García el día

laborable antes del despido de la señora Rentas Santiago.

43

Petición de certiorari, Apéndice, págs. 248-249.

44

Íd., págs. 231, 240-242.

AC-2009-0103

17

Como apuntalamos anteriormente, este memorando

nunca le

fue entregado a la señora Rentas Santiago.45

Ante

la

ausencia

de

amonestaciones

o

acciones

disciplinarias escritas, sólo queda el testimonio de la

señora

Viera

García

frente

peticionaria.

Ante

tales

a

las

declaraciones

testimonios

en

de

la

conflicto,

el

Tribunal de Primera Instancia le adjudicó credibilidad a

las declaraciones de esta última.

Así, resolvió que el

único motivo para el despido de la señora Rentas Santiago

lo fue su decisión de acogerse a los beneficios provistos

por la Ley Núm. 45, supra, en un momento de mucho trabajo

pendiente en la empresa.

Sabido

es

que

“[las]

determinaciones

de

hechos

basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a

menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida

consideración a la oportunidad que tuvo [el Tribunal de

Primera

personas

Instancia]

para

testigos”.46

juzgar

Por

tal

la

credibilidad

motivo,

“un

de

las

tribunal

apelativo no debe intervenir con las determinaciones de

hechos ni con la adjudicación de credibilidad del foro

primario a menos que este último haya incurrido en error

45

Aunque el patrono presentó el testimonio del Sr. Rafael Malavé

Medina, Gerente del Área de Servicios y supervisor directo de la Sra.

Joselyn

Viera

García,

encontramos

que

éste

demostró

en

sus

declaraciones que no conocía personalmente sobre las alegaciones

imputadas a la peticionaria, con excepción de una discusión que tuvo

ésta con otro administrador de garantías, ya “que no estaba de lleno

en la oficina”.

Véase, Íd., págs. 191-192.

Tal admisión le resta

credibilidad a su testimonio.

46

Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.

AC-2009-0103

manifiesto,

contrario,

18

pasión,

los

conferirle

perjuicio

tribunales

deferencia

credibilidad,

ya

que

parcialidad”.47

o

revisores

a

son

estamos

tales

los

Al

llamados

adjudicaciones

tribunales

a

de

sentenciadores

aquellos que se encuentran en mejor posición para evaluar

la

credibilidad

considerando

totalidad,

no

el

de

un

testigo.48

expediente

encontramos

del

A

caso

razones

de

esos

efectos,

y

de

marras

en

su

peso

que

ameriten

revocar las determinaciones de hechos y las adjudicaciones

de credibilidad efectuadas por el foro primario.

A la luz de todo lo anterior, resulta forzoso colegir

que el patrono no logró establecer que el despido de la

peticionaria se debiese a una de las causales establecidas

en el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra.

Como resultado, el

patrono no rebatió exitosamente la presunción de despido

represivo que pesaba en su contra.49

Ante ello, revocamos

47

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356, citando a,

Flores v. Soc. de Gananciales, 146 D.P.R. 45, 49 (1998); Pueblo v.

Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49 (1991); Ortiz v. Cruz Pabón, 103

D.P.R. 939 (1975).

48

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356, citando a,

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799 (2009); Trinidad v.

Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción,

115 D.P.R. 721, 728 (1984).

49

El Tribunal de Apelaciones encontró que el patrono rebatió

satisfactoriamente la presunción de despido represivo al comprobar

que: (1) existían otros empleados acogidos a los beneficios de la Ley

Núm. 45, supra, que no sufrieron despidos y (2) que el cambio de la

hora de entrada al trabajo de la peticionaria –de 8:00 a.m. a 7:00

a.m.- representó un acomodo razonable el cual no afectó a la señora

Rentas Santiago porque ésta siempre llegaba al trabajo a las 7:00 a.m.

Sin embargo, tales criterios no abonan a determinar si el

despido de la peticionaria estuvo o no justificado –criterio central

que debe examinar un tribunal para resolver si el patrono rebatió

satisfactoriamente la presunción que obra en su contra-.

Al

contrario, esta evidencia sólo aporta al ejercicio de concluir si hubo

o no un ánimo represivo en la decisión del patrono.

Incluso, aún

tomando esos dos factores para fines de resolver si hubo o no tal

AC-2009-0103

19

en parte al Tribunal de Apelaciones, en cuanto resolvió

desestimar la causa de acción de la peticionaria al amparo

de la Ley Núm. 115, supra.

IV.

Por

los

parcialmente

respecto

a

fundamentos

el

su

dictamen

antes

del

determinación

expuestos,

Tribunal

de

de

revocamos

Apelaciones,

desestimar

la

causa

de

acción de la peticionaria al amparo de la Ley Núm. 115,

supra.

Como resultado, resolvemos que la señora Rentas

Santiago

tiene

derecho

al

cobro

originalmente

dispuestas

por

el

Instancia,

a

saber:

(1)

$163,891.56

por

dejados

devengar;

(2)

$50,000

por

paga

prospectiva

$5,447.42

por

las

vacaciones

de

(“Future

Pay”);

(3)

de

las

Tribunal

partidas

de

Primera

los

ingresos

acumuladas y no liquidadas, y (4) el 25% de la suma de las

cantidades

indicadas

por

concepto

de

honorarios

de

abogado.

ánimo represivo, encontramos que esta evidencia resulta insuficiente.

En primer lugar, el hecho de que los otros empleados acogidos a

la Ley Núm. 45, supra, pertenecían a otros departamentos de la empresa

(Petición de certiorari, Apéndice, págs. 223-224) sólo abona a

comprobar la intención represiva del patrono, ya que sólo el

departamento de cobro de garantías era aquel que se encontraba con

atrasos en facturación. Al encontrarse afectada por la ausencia de la

peticionaria en un momento crítico para la empresa, Autogermana

castigó a la señora Rentas Santiago por recurrir al Fondo.

Con relación al cambio de horario de trabajo, aunque el Tribunal

de Apelaciones entienda que éste beneficiaba a la peticionaria por

ella llegar siempre temprano a sus labores, eso no quita que ella fue

la única que sufrió tal alteración en su itinerario de empleo.

Por

tal motivo, el ánimo represivo queda evidenciado aún más.

AC-2009-0103

Lo

20

acordó

y

manda

el

Tribunal

y

certifica

la

Secretaria del Tribunal Supremo.

La Jueza Asociada señora

Fiol

Conformidad.

Matta

emitió

Asociada señora

Opinión

de

La

Juez

Rodríguez Rodriguez, no intervino.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Verónica Rentas Santiago

Peticionaria

v.

AC-2009-0103

Autogermana, Inc.

Recurrido

Opinión de Conformidad emitida por la Jueza Asociada señora Fiol

Matta

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de septiembre 2011.

Estoy conforme con la Sentencia que emite el Tribunal

en el caso de autos. Entiendo que la misma es producto de

una correcta aplicación de nuestra decisión en Feliciano

Martes

v.

Sheraton

Old

San

Juan,50

particularmente

en

cuanto la activación y tramitación de un caso prima facie

bajo la Ley 115 de 20 de diciembre de 1991, mejor conocida

como la Ley de Represalias.51

Bajo la Ley 115, un reclamante puede probar su causa

de

acción

de

dos

maneras.

La

50

2011 T.S.P.R. 97, 182 D.P.R. ___ (2011).

51

29 L.P.R.A. § 194 et seq.

primera

es

AC-2009-103

2

la típica de toda causa de acción en nuestro ordenamiento,

la llamada acción ordinaria, en la que el demandante tiene

que

probar

su

caso

mediante

evidencia

directa

o

circunstancial demostrando un nexo causal entre la conducta

del demandado y el daño sufrido.52 La segunda manera de

probar su reclamo es estableciendo un caso prima facie. A

esos efectos, la ley dispone como sigue:

El empleado podrá, además, establecer un caso

prima facie de violación de ley probando que

participó en una actividad protegida por las secs.

194 et seq. y que fue subsiguientemente amenazado

o discriminado en su contra de su empleo. Una vez

establecido lo anterior, el patrono deberá alegar

y

fundamentar

una

razón

legítima

y

no

discriminatoria para el despido. De alegar y

fundamentar el patrono dicha razón, el empleado

deberá demostrar que la razón alegada por el

patrono era un mero pretexto para el despido.53

Como se desprende de lo anterior, para poder establecer

un caso prima facie al amparo de la Ley 115, todo lo que el

empleado

debe

demostrar

es

que

(1)

participó

en

una

actividad protegida y (2) que fue despedido, amenazado o

discriminado subsiguientemente.54 Este segundo requisito, a

su

vez,

requiere

la

demostración

de

dos

elementos:

una

acción adversa hacia el empleado y que dicha acción sea

subsiguiente

protegida.

Es

a

la

decir,

conducta

que

haya

constitutiva

proximidad

de

actividad

temporal

entre

ambos sucesos. En Feliciano Martes v. Sheraton Old San Juan

52

29 L.P.R.A. § 194a(c). “El empleado deberá probar la

violación mediante evidencia directa o circunstancial”.

53

54

Id.

Sobre lo que constituye actividad protegida para efectos

de la Ley 115, véase el artículo 2 de dicho estatuto.

AC-2009-103

3

resolvimos que si dicha acción adversa ocurre al poco tiempo

de

que

el

empleado

haya

incurrido

en

alguna

actividad

protegida, esto será suficiente para activar un caso prima

facie.

Ello

es

cónsono

con

el

mandato

legislativo

que

condiciona la existencia de un caso prima facie a que la

acción adversa haya ocurrido subsiguientemente al ejercicio

de la actividad protegida.

Si el empleado demuestra que, en efecto, llevó a cabo

una actividad protegida y que subsiguientemente sufrió una

acción adversa, ello será suficiente para establecer un caso

prima

facie.

En

dicho

caso,

la

acción

adversa

demostrar

que

empleado

estuvo

le

justificada

y

corresponde

al

que

contra

tomó

libre

en

de

patrono

todo

del

ánimo

represivo.55 De no presentar prueba a esos efectos o de ésta

ser

insuficiente

para

derrotar

el

caso

prima

facie

el

empleado prevalecerá en su causa. Si el patrono demuestra

que no hubo ánimo de represalia o, en casos de despidos, que

hubo justa causa, ello derrota el caso prima facie. Cuando

esto ocurre, el empleado tiene una segunda oportunidad para

presentar

prueba

que

demuestre

sus

alegaciones

mediante

preponderancia de la evidencia, como en cualquier otro caso

civil. En ese caso, tendría una oportunidad para demostrar

que las explicaciones presentadas por el patrono eran un

mero pretexto.

55

Marín v. Fastening Systems, Inc.¸ 142 D.P.R. 499, 511

(1997).

AC-2009-103

4

El esquema probatorio establecido en la Ley 115, que

facilita la activación de un caso prima facie, es parte de

una

importante

política

pública

que

protege

a

los

trabajadores y trabajadoras para que, en caso de que acudan

a los organismos gubernamentales, lo hagan sin miedo a ser

castigados por sus patronos. De esta manera, la Ley protege

a los trabajadores y trabajadoras, más que del capricho, de

la

venganza

patronal.

Con

ello

en

mente,

la

Asamblea

Legislativa estableció un mecanismo probatorio sencillo para

estos casos. De lo contrario, es decir, si no existiera la

posibilidad

de

presentar

un

caso

prima

facie

como

explicáramos anteriormente, los trabajadores se inhibirían

de ofrecer información valiosa a los foros gubernamentales

por miedo a ser víctimas de represalias y a no poder probar

dicho

castigo

en

un

tribunal.

En

el

caso

de

autos,

al

aplicar correctamente nuestra decisión en Feliciano Martes

v. Sheraton Old San Juan, el Tribunal reconoce y fortalece

el esquema estatutario que nuestros legisladores diseñaron

para proteger la clase trabajadora en casos de represalias.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada