LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Aluma Construction Corp. v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

2011 TSPR 132

Poder Judicial de Puerto Rico

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Aluma Construction Corp. v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

AC-2009-48

Derecho Administrativo – Plazo para resolver moción de reconsideración de adjudicación de subasta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Aluma Construction Corp.

Recurrente - Apelante

v.

Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados

Recurrida - Apelada

_____________________________

Cidra Excavation, S.E.

Licitador Agraciado

Certiorari

2011 TSPR 132

182 DPR ____

v.

Cherox, Inc.

Constructora I. Meléndez, SE

Rullá n Ruiz Group, Inc.

Constructora de Aguada, Inc.

Bermúdez & Longo, Díaz

- Massó, SE

Enersys Eng

i neering Corp.

Jafer Constructor Corp.

Suárez Engineering Corp.

Alfa & Omega Electric, SE

Partes con Interés

Número del Caso: AC

- 2009 - 48

Fecha: 13 de septiembre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce Panel VIII

Juez Ponente:

Hon. Erik Ramírez Nazario

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Luis A. Rivera Cabrera

Lcdo. Ricardo Arturo Pérez

- Rivera

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Lemuel Cancel Méndez

Lcda. Eileen Rivera

- Amador

Materia: Impugnación de Subasta

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está

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compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Aluma Construction Corp.

Recurrente-Apelante

v.

Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados

Recurrida-Apelada

____________________________

Cidra Excavation, S.E.

Licitador Agraciado

AC-2009-48

v.

Cherox, Inc.

Constructora I. Meléndez, SE

Rullán Ruiz Group, Inc.

Constructora de Aguada, Inc.

Bermúdez & Longo, Díaz-Massó, SE

Enersys Engineering Corp.

Jafer Constructor Corp.

Suárez Engineering Corp.

Alfa & Omega Electric, SE

Partes con Interés

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico a, 13 de septiembre de 2011.

El presente caso nos permite determinar si existe un

plazo para que una agencia o entidad apelativa resuelva en

los

méritos

una

solicitud

de

reconsideración

de

adjudicación de subasta, una vez ésta es acogida dentro del

plazo de 10 días que dispone la Sec. 3.19 de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.), Ley Núm.

170 de 12 de agosto de 1988.1 Por considerar que no existe

un plazo determinado en la Ley para que se resuelva dicha

solicitud, revocamos.

1

3 L.P.R.A. sec. 2169.

AC-2009-48

3

I

La controversia en el caso de autos está centrada en

el aspecto procesal del mismo, por ende, nos limitaremos a

exponer los hechos incontrovertidos y pertinentes a dicho

aspecto.

El 31 de mayo de 2008 la Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados

de

Puerto

Rico

(A.A.A.)

publicó

en

dos

periódicos del país el aviso de subasta 08-SP-034 para el

proyecto

“Water

Supply

System

&

Sanitary

Aguirre

–

Montesoria

Communities,

licitadores

sometieron

sus

Sewer

Salina,

propuestas

para

System

PR”.

el

Once

referido

proyecto, entre los cuales se encontraba Aluma Construction

Corp.

(ALUMA).

El

9

de

octubre

de

2008

se

celebró

la

apertura de dicha subasta.

Tras varios incidentes característicos del proceso de

subasta -como la evaluación de las propuestas sometidas por

los licitadores y el análisis del cabal cumplimiento de los

requerimientos administrativos- la Junta de Subastas de la

A.A.A. (Junta) le recomendó al Director Ejecutivo de dicha

corporación

pública

la

adjudicación

de

la

subasta

al

licitador Cidra Excavation, S.E. (CIDRA). Conforme a ello,

el 6 de febrero

de 2009

la Junta emitió una

carta de

adjudicación en la que notificó que la buena pro de la

subasta se le otorgó a CIDRA.

Insatisfecha

presentó

con

la

referida

oportunamente

una

solicitud

adjudicación,

de

ALUMA

reconsideración

ante la Junta el 17 de febrero de 2009. ALUMA arguyó que el

proceso

adjudicativo

estuvo

plagado

de

serios

errores

AC-2009-48

4

evaluativos y que, además, la actuación administrativa fue

arbitraria,

irrazonable

y

caprichosa.

Asimismo,

ALUMA

sostuvo que fue el licitador más bajo de la subasta. El 27

de

febrero

de

reconsideración

2009

la

presentada

Junta

por

acogió

ALUMA

la

para

solicitud

su

de

resolución

correspondiente.

Luego de varios meses sin que la Junta tomara una

decisión con relación a la reconsideración, el 1 de junio

de 2009 ALUMA acudió a la Junta para examinar el expediente

administrativo con el propósito de preparar una eventual

solicitud de revisión judicial. En dicha ocasión se le

notificó a ALUMA que no permitirían acceso al expediente

administrativo hasta tanto culminara el proceso interno en

torno

a

la

reconsideración.

Así,

pues,

el

4

de

junio

de 2009 ALUMA presentó un recurso de revisión judicial ante

el Tribunal de Apelaciones. Sus argumentos se fundamentaron

en una decisión previa del Tribunal de Apelaciones en otro

caso de similar controversia para sostener que la A.A.A.

tenía un término de 90 días para disponer de la solicitud

de reconsideración.2 Ante la falta de acción en esos 90

días,

ALUMA

entendió

procedente

acudir

al

Tribunal

de

Apelaciones mediante un recurso de revisión judicial.

El 8 de junio de 2009 la Junta finalmente emitió una

resolución sobre la solicitud de reconsideración sometida

por ALUMA en la que confirmó la adjudicación de la subasta

a CIDRA. En esa resolución la Junta le notificó a ALUMA que

2

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 31 de agosto de 2006, Trans

Ad v. Junta de Subasta (KLRA200600560).

AC-2009-48

5

de no estar satisfecha con la determinación tenía diez días

calendario

para

recurrir

través

un

recurso

de

al

de

Tribunal

revisión

de

Apelaciones

judicial.

Al

a

día

siguiente, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia

en

el

recurso

de

revisión

judicial

que

ALUMA

había

presentado unos días antes. En dicha sentencia el tribunal

se

declaró

sin

jurisdicción

para

atender

el

asunto

al

sostener que, a base de la Sec. 3.19 de la L.P.A.U.,3 la

A.A.A.

tenía

sólo

diez

días

para

disponer

de

la

reconsideración desde la fecha en que ésta se presentó.

Conforme a lo anterior, el foro apelativo intermedio expuso

que el término para ir en revisión ante dicho foro culminó

el 9 de marzo de 2009.

El 12 de junio de 2009 ALUMA acudió de nuevo ante el

Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión

judicial. En esa ocasión, ALUMA sostuvo nuevamente que una

decisión de otro Panel de dicho foro apelativo reconoció

que el término para ir en revisión judicial comienza a

partir del momento en que una agencia emite un dictamen

final y firme resolviendo la reconsideración.4 Ahora bien,

el mismo Panel del Tribunal de Apelaciones que desestimó el

primer recurso de ALUMA, emitió una Sentencia el 18 de

junio de 2009 para disponer de ese segundo recurso y se

declaró

nuevamente

sin

jurisdicción

sobre

los

mismos

fundamentos expuestos en la Sentencia previa.

3

4

3 L.P.R.A. sec. 2169.

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 20 de noviembre de 2008,

Mapfre Life Insurance Co. v. U.P.R. (KLRA200800910).

AC-2009-48

6

Inconforme

con

esa

determinación

apelativa,

ALUMA

presentó oportunamente ante este Tribunal un recurso de

apelación en el que arguyó que la controversia planteada en

el caso ha sido resuelta en el Tribunal de Apelaciones de

tres formas distintas. Además, su planteamiento principal

es el siguiente:

ERRÓ el Honorable Tribunal de Apelaciones al

dictaminar que en los casos de subastas

gubernamentales, el término para acoger y

resolver en los méritos la solicitud de

reconsideración es de diez (10) días a partir

de su presentación de conformidad con las

Secciones 3.1 y 3.19 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de

agosto de 1988 (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. §§ 2151 y

2169, a pesar de que la Sección 3.19 de la

L.P.A.U. no provee término alguno para la

resolución de una solicitud de reconsideración

una vez ésta sea acogida por la agencia o

entidad administrativa dentro del término de

diez (10) días a partir de su oportuna

presentación.

El 30 de junio de 2009 acogimos el recurso como uno

de certiorari y expedimos. Así, con el beneficio de las

comparecencias

de

las

partes,

procedemos

a

resolver

el

recurso.

II

Las subastas son invitaciones que efectúa una entidad

para que se presenten ofertas para la realización de obras

o adquisición de bienes y servicios.5 Este procedimiento es

el que mayormente se utiliza en el Gobierno. Las subastas

son esenciales para la buena administración pública, ya que

así el Gobierno puede llevar a cabo sus funciones como

comprador de una forma eficiente, honesta y correcta para

5

Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 172 D.P.R. 139, 143 (2007).

AC-2009-48

7

proteger los intereses y dinero del pueblo.6 Es por esta

razón que el Gobierno realiza subastas para la adquisición

de

los

materiales

y

servicios

que

necesita

o

para

la

construcción de obras públicas.

Hemos

sostenido

consistentemente

que

“las

subastas

gubernamentales buscan proteger los intereses del pueblo,

procurando conseguir los precios más bajos posibles; evitar

el

favoritismo,

la

corrupción,

el

dispendio,

la

prevaricación, la extravagancia; el descuido al otorgarse

los contratos, y minimizar los riesgos de incumplimiento”.7

Para lograr los propósitos antedichos es que el proceso de

subasta gubernamental se debe caracterizar por fomentar la

competencia libre y transparente entre el mayor número de

licitadores posibles y así, pues, adjudicar la subasta al

mejor postor.8 Además, es importante tener presente que

todo el proceso de subastas, el cual consiste de varias

etapas,9

debe

estar

supeditado

al

interés

público

de

proteger los fondos del Pueblo de Puerto Rico.10

6

Cordero Vélez v. Mun. Guánica, 170 D.P.R. 237, 245 (2007).

7

Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 D.P.R. 821, 827 (2007);

Perfect Cleaning v. Cardiovascular, supra, págs. 143-144.

8

Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., supra; Cordero Vélez v. Mun.

Guánica, supra; Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771

(2006).

9

El elemento formal del proceso de subasta consta de varias etapas, en

términos generales estos son:

…la preparación por parte del ente gubernamental de los

pliegos de condiciones y especificaciones, el aviso de

subasta al público, el recibo y posterior apertura pública

de las propuestas selladas recibidas, la evaluación y el

estudio de las mismas por un comité evaluador, la

recomendación del comité respecto a la adjudicación de la

buena pro, la adjudicación de ésta y la notificación a

todos los licitadores.

Una vez sometidos los pliegos de

licitación y abiertos éstos, los mismos no admiten

modificaciones. La apertura de los pliegos de licitación

AC-2009-48

Ahora

8

bien,

no

existe

una

ley

que

regule

los

procedimientos de subasta con uniformidad. Precisamente, la

Ley

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme

del

Estado

Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.) sólo estableció

que dichos procedimientos –con excepción de las etapas de

revisión

judicial

y

reconsideración-

son

de

naturaleza

informal, y delegó a las agencias la facultad para aprobar

los reglamentos necesarios para establecer sus normas y

condiciones.11

Con relación a la solicitud de reconsideración dentro

de un procedimiento de adjudicación de subasta, la Sec.

3.19 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2169 (Sec. 3.19 de la

L.P.A.U.) dispone que,

la parte adversamente afectada por una decisión

podrá, dentro del término de diez (10) días a

partir de la adjudicación de la subasta,

presentar una moción de reconsideración ante la

agencia o la entidad apelativa de subastas, de

existir una en la agencia, según sea el caso.

La agencia o la entidad deberá considerarla

dentro de los diez (10) días de haberse

presentado. Si se tomare alguna determinación

en su consideración, el término para instar el

recurso

de

revisión

judicial

empezará

a

contarse desde la fecha en que se archiva en

autos una copia de la notificación de la

decisión de la agencia o la entidad apelativa

resolviendo la moción. Si la agencia o la

entidad apelativa dejare de tomar alguna acción

con relación a la moción de reconsideración

dentro de los diez (10) días de haberse

_____________________________________________________________

se efectúa públicamente ante todos los licitadores.

No

hay cabida en este proceso para la negociación de los

términos sometidos entre agencia y licitador. R & B Power

v. E.L.A., 170 D.P.R. 606, 621 (2007).

10

11

Cordero Vélez v. Mun. Guánica, supra.

3 L.P.R.A. secs. 2151, 2169 y 2172. Véanse, Trans Ad. De P.R. v.

Junta de Subastas, 174 D.P.R. 56, 66 (2008); Perfect Cleaning v.

Cardiovascular, supra, pág. 757.

AC-2009-48

9

presentado, se entenderá que ésta ha sido

rechazada de plano, y a partir de esa fecha

comenzará a correr el término para la revisión

judicial. (Énfasis suplido.)

La sección antedicha señala claramente que el término

para presentar una moción de reconsideración es de diez

días a partir de la adjudicación de la subasta. Una vez

presentada, la agencia o la entidad apelativa tendrá un

término de diez días para considerarla. De no tomar alguna

acción en dicho término se entenderá que la moción ha sido

rechazada de plano. A partir de la fecha en que se ha

entendido el rechazo de plano comenzará el término para la

revisión judicial.

Por otro lado, la sección transcrita expresa que si

en el término de diez días para considerar la moción de

reconsideración la agencia tomare alguna consideración, el

término

para

instar

el

recurso

de

revisión

judicial

comenzará a contarse desde la fecha en que se archiva en

autos una copia de la notificación de la decisión de la

agencia o la entidad apelativa resolviendo la moción. Es

decir, en la Sec. 3.19 de la L.P.A.U. el legislador aseguró

que el término para solicitar la reconsideración, la fecha

para acoger la misma y el plazo para solicitar revisión

judicial quedasen fijados por ley, de forma que no estén

sujetos a la discreción administrativa.12

Sin

de

la

agencia

o

entidad apelativa resuelva en los méritos la moción

de

L.P.A.U.

12

embargo,

no

es

establece

evidente

un

plazo

que

la

para

Sec.

que

3.19

la

Cotto v. Depto. de Educación, 138 D.P.R. 658, 663 (1995).

AC-2009-48

10

reconsideración oportunamente acogida. Dicha sección sólo

menciona que una vez acogida, el término para instar un

recurso de revisión judicial empezará a contarse a partir

de la fecha en que se archiva en autos una copia de la

decisión de la agencia o la entidad apelativa resolviendo

la moción.

Lo

anterior

debe

examinarse

en

conjunto

con

lo

dispuesto en la Sec. 4.2 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec.

2172 (Sec. 4.2 de la L.P.A.U.) la cual expone que,

[e]n los casos de impugnación de subasta, la

parte adversamente afectada por una orden o

resolución final de la agencia, o de la entidad

apelativa de subastas, según sea el caso, podrá

presentar un recurso de revisión ante el

Tribunal de Apelaciones dentro de un término de

diez (10) días contados a partir del archivo en

autos de la copia de la notificación de la

orden o resolución final de la agencia o la

entidad apelativa, o dentro de diez (10) días

de haber transcurrido el plazo dispuesto por la

sec. 2169 de este título. La mera presentación

de un recurso de revisión judicial al amparo de

esta sección no tendrá el efecto de paralizar

la adjudicación de la subasta impugnada.

Según la Sec. 4.2 de la L.P.A.U. el término para ir

en revisión judicial

al Tribunal de Apelaciones

casos

de

de

impugnación

subasta

es

de

10

días.

en los

Dicho

término comenzará a partir del archivo en autos de la copia

de la notificación de la orden o resolución final de la

agencia o entidad apelativa; o después de transcurrido el

término de diez días que dispone la Sec. 3.19 de la L.P.A.U

con relación a una solicitud de reconsideración. Así, al

examinar

ambas

secciones

de

la

L.P.A.U.

en

conjunto,

podemos sostener que el término de diez días para presentar

AC-2009-48

un

11

recurso

de

revisión

judicial

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones puede comenzar en dos espacios diferentes.

Como primer escenario está aquel que tiene su génesis

en

la

fecha

en

reconsideración.

que

se

rechaza

Dicho rechazo

una

solicitud

podría darse

de

expresamente

mediante un dictamen dentro del término de diez días que

tiene la agencia o entidad apelativa para considerarla o,

en el caso de que culmine el término de diez días sin que

se

haya

tomado

alguna

acción,

momento

en

el

que

se

entenderá que se rechazó de plano. A partir de cualquiera

de las dos fechas, según sea el caso, comenzará el término

para

acudir

al

Tribunal

de

Apelaciones

en

revisión

judicial.

Por su parte, el segundo escenario se refiere a las

situaciones

en

las

que

la

agencia

o

entidad

apelativa

emitan una orden o resolución final. Lo medular en ello es

que la orden o resolución dictada sea final. De esa forma,

estamos ante un escenario en el que la agencia o entidad

apelativa

acogió

oportunamente

la

solicitud

de

reconsideración y la resolvió en los méritos. A partir del

archivo en autos de la copia de la notificación de dicha

orden o resolución final comienza a contarse el término de

diez días para ir en revisión judicial.

Ahora

¿existe

apelativa

bien,

algún

en lo

plazo

resuelva

pertinente

para

en

los

que

a

una

méritos

esta

controversia,

agencia

una

o

entidad

solicitud

de

reconsideración de adjudicación de subasta, una vez ésta es

AC-2009-48

12

acogida dentro del plazo de diez días que dispone la Sec.

3.19 de la L.P.A.U.? Contestamos en la negativa.

Como ya hemos visto ni la Sec. 3.19 ni la Sec. 4.2 de

la L.P.A.U. establecen un plazo para que una agencia o

entidad apelativa resuelva una moción de reconsideración

acogida. Ciertamente, la única sección que hace mención de

un

plazo

en

la

disposición

de

una

solicitud

de

reconsideración es la Sec. 3.15 de la L.P.A.U, 3 L.P.R.A.

sec. 2165 (Sec. 3.15 de la L.P.A.U.). Esa sección es la que

dispone todo lo relacionado a la reconsideración de órdenes

o resoluciones finales emitidas por las agencias en los

procedimientos

señala

que

adjudicativos

si

una

formales.

agencia

En

acoge

ese

la

sentido,

moción

de

reconsideración pero no la resuelve dentro de los 90 días

desde que ésta fue presentada, perderá jurisdicción sobre

la

misma.

El

plazo

para

solicitar

revisión

judicial

comenzará a partir de la expiración de dicho término de 90

días salvo que la agencia, por justa causa y dentro de esos

90 días, prorrogue el término para resolver por un periodo

que no será mayor de 30 días adicionales. No obstante,

claramente las disposiciones anteriores son de aplicación

sólo a los procedimientos adjudicativos formales y no a los

informales como las subastas.

Precisamente, la Sec. 3.1 de la L.P.A.U. expresa que

la

reconsideración

procedimientos

de

las

adjudicativos

decisiones

formales

emitidas

se

regirá

en

los

por

lo

AC-2009-48

13

dispuesto en la Sec. 3.15 de la L.P.A.U.13 En cambio, la

propia Sec. 3.1 dispone que las reconsideraciones relativas

a subastas sólo se regirán por lo dispuesto en la Sec. 3.19

de

la

L.P.A.U.14

Por

consiguiente,

el

legislador

expresamente denegó la extensión del término de 90 días a

los procesos de subasta.

Como

ya

expusimos,

en

la

L.P.A.U.

el

legislador

pretendió simplificar los procedimientos adjudicativos de

subasta y sólo consideró como procedimientos formales la

reconsideración y la revisión judicial. De esa forma, se

obviaron los requisitos del Capítulo III de la L.P.A.U. en

todos los procesos anteriores a la reconsideración y, así,

se limitaron los procesos formales a la propia moción de

reconsideración. Asimismo, se dejó a las agencias “disponer

por reglamento todo lo relativo al proceso de subasta, así

como al procedimiento de reconsideración”.15

Evidentemente la L.P.A.U. no establece un plazo para

que una agencia o entidad apelativa resuelva en los méritos

una

solicitud

de

adjudicación

de

subasta

acogida

oportunamente. Las agencias gozan de una amplia discreción

para

atender

la

reconsideración

acogida.

Por

ende,

las

agencias pueden reglamentar y establecer un término para

ello, lo cual es cónsono con la informalidad que permea los

procedimientos de subastas.

13

3 L.P.R.A. sec. 2151.

14

Íd.

15

Véase Informe del Senado sobre el P. de la C. 232 de 25 de junio

de 1989, págs. 5-6, 1era Sesión Ordinaria, 11ma Asamblea Legislativa.

AC-2009-48

14

Ahora

agencia

bien,

acoge

prudencia

es

una

aconseja

importante

señalar

solicitud

de

que

se

paralice

que

cuando

una

reconsideración,

la

el

de

procedimiento

adjudicación de la subasta y no se otorgue un contrato. Es

evidente que cuando se acoge oportunamente una solicitud de

reconsideración la adjudicación deja de ser final, ya que

la

agencia

está

evaluando

su

propia

adjudicación.

Por

consiguiente, hasta que la agencia resuelva la solicitud de

reconsideración oportunamente acogida, los licitadores no

podrán ir en revisión judicial. Ello porque la resolución

de la agencia no es final.16 Es decir, el tiempo que tarde

una

agencia

en

resolver

no

operará

contra

aquellos

licitadores que esperan para acudir en revisión judicial.

De

esa

forma,

judicial,

preservamos

evitamos

que

la

el

derecho

a

controversia

se

la

revisión

convierta

en

académica y sobretodo, protegemos el interés público que

enmarca el procedimiento de subasta.

III

En el presente caso, el 17 de febrero de 2009 ALUMA

presentó oportunamente la solicitud de reconsideración de

la adjudicación de subasta ante la Junta. El 27 de febrero

del mismo año, décimo y último día del plazo en ley para

acoger

la

referida

solicitud,

acogió.

Posteriormente,

el

4

la

Junta

finalmente

de

junio

de

2009

la

ALUMA

presentó un recurso de revisión judicial en el Tribunal de

Apelaciones ante la ausencia de una determinación final de

la Junta con relación a la solicitud de reconsideración. No

16

Véase Sec. 4.2 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2172.

AC-2009-48

15

obstante, el 8 de junio de 2009 la Junta emitió un dictamen

sobre la reconsideración en cuestión en el que confirmó la

adjudicación de la subasta.

El 9 de junio de 2009 el Tribunal de Apelaciones

emitió una Sentencia en la que se declaró sin jurisdicción

para atender el asunto. Sostuvo que a base de la Sec. 3.19

de la L.P.A.U. la Junta tenía sólo diez días para acoger y

resolver en los méritos la solicitud de reconsideración

presentada

nuevo

por

recurso

ALUMA.

de

Posteriormente,

revisión

judicial

ALUMA

en

el

presentó

un

Tribunal

de

Apelaciones el 12 de junio de 2009. Esa vez ALUMA sostuvo

que ante la decisión final que tomó la Junta el 8 de junio

de

2009

el

término

de

diez

días

para

ir

en

revisión

judicial comenzaba a partir del archivo en autos de una

copia de la notificación de la decisión de la Junta. El

Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia el 18 de junio

de 2009 en la que nuevamente se declaró sin jurisdicción

sobre los mismos fundamentos de la primera Sentencia.

De entrada es preciso señalar que los fundamentos que

utiliza el foro apelativo intermedio para su dictamen son

desacertados.

Como

ya

hemos

visto,

la

Sec.

3.19

de

la

L.P.A.U. dispone un término de diez días a partir de la

adjudicación

de

la

subasta

para

que

se

presente

una

solicitud de reconsideración. Una vez se presenta dicha

solicitud, la agencia o entidad apelativa tiene un nuevo

término

de

diez

días

para

acogerla

o

rechazarla.

No

obstante, la sección antedicha no dispone de un término

determinado

para

que

la

agencia

o

entidad

apelativa

AC-2009-48

16

resuelva en los méritos la solicitud de reconsideración

acogida. Por ende, determinar que el término de diez días

que dispone la Sec. 3.19 de la L.P.A.U. para acoger la

solicitud

de

reconsideración

abarca

también

tener

que

resolverla en el mismo plazo, implica la aplicación de un

término que claramente la L.P.A.U no contempla.

Al igual que el Tribunal de Apelaciones reconocemos

que los términos contemplados por la L.P.A.U. sobre los

procesos

de

subastas

son

más

cortos

y

promueven

la

celeridad. Sin embargo, consideramos que lo anterior no es

una razón para que se incluya dentro del término que tiene

una agencia o entidad apelativa para acoger una solicitud

de reconsideración, su eventual resolución en los méritos.

En primer lugar, lo anterior no se desprende de la

letra de la ley. En segundo lugar, sostener lo contrario

podría acarrear el absurdo de que una agencia o entidad

apelativa acoja una solicitud de reconsideración el décimo

día y automáticamente tenga que tomar una determinación en

los méritos ese mismo día. No podemos perder de perspectiva

que

cuando

la

parte

adjudicación

de

subasta

reconsideración,

entidad

apelativa

lo

adversamente

es

menos

que

afectada

presenta

una

por

una

solicitud

de

o

que

espera

de

la

agencia

su

reclamo

sea

atendido

con

seriedad, responsabilidad y detenimiento. Asimismo, debemos

ser

conscientes

contener

asuntos

que

los

técnicos

procesos

y

de

complejos

subastas

que

suelen

ameritan

una

consideración administrativa razonable. Ello en unión con

la

obligación

ministerial

de

las

agencias

y

entidades

AC-2009-48

17

administrativas de siempre velar del buen uso de los fondos

públicos. De esa forma, la celeridad administrativa en la

resolución

de

una

reconsideración

debidamente

acogida,

dependerá de la complejidad de los asuntos envueltos en

cada caso.

Por otro lado, ALUMA trae a nuestra consideración los

fundamentos que se utilizan en otro dictamen del Tribunal

de Apelaciones de controversia similar para sostener que el

término de 90 días expuesto en la Sec. 3.15 de la L.P.A.U.

puede extenderse por analogía a las reconsideraciones de

adjudicaciones de subastas.17 No obstante, consideramos que

tal extensión por analogía es improcedente ya que es un

término que el legislador clara y expresamente excluyó de

su aplicación a dichos procesos de subasta.

Finalmente, en el presente caso la Junta resolvió en

los méritos la solicitud de reconsideración de ALUMA el

9 de junio de 2009, notificada ese mismo día. A partir de

esa fecha comenzó el plazo de diez días para ir en revisión

judicial.

Es

decir,

ALUMA

tenía

hasta

el

19

de

junio

de 2009 para presentar su recurso de revisión judicial al

Tribunal de Apelaciones. ALUMA presentó su recurso el 12 de

junio de 2009.

No obstante, el

Tribunal de Apelaciones

desestimó el recurso. Sostuvo que no tenía jurisdicción

para

atenderlo

porque

entendió

que

la

Junta

tenía

que

acoger y resolver la solicitud de reconsideración de ALUMA

17

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 31 de agosto de 2006, Trans

Ad v. Junta de Subasta (KLRA200600560).

AC-2009-48

18

dentro del término de 10 días expuesto en la Sec. 3.19 de

la L.P.A.U. Tal proceder es incorrecto.

En vista de que las agencias o entidades apelativas

no cuentan con un término determinado para resolver en los

méritos las solicitudes de reconsideración de adjudicación

de subasta acogidas oportunamente, consideramos que ALUMA

presentó dentro del plazo correspondiente su solicitud de

revisión judicial. Así, pues, creemos que al resolver como

hemos

resuelto

atendemos

un

en

el

caso

de

vacío

legislativo

suficiente.

En

estas

judicialmente

un

término

autos,

de

sin

ir

manera

más

necesaria

circunstancias,

a

las

agencias

allá,

y

imponerle

administrativas

constituiría un acto de legislación judicial o indebida

intromisión

en

los

deberes

y

poderes

de

la

Rama

Legislativa.

Por

otro

lado,

no

silencio

del

legislador

debemos

pasar

pudiera

no

por

alto

deberse

que

el

a

una

inadvertencia. Me explico. En primer lugar y contrario a

los procedimientos adjudicativos formales, en el proceso

de adjudicación de subastas, antes de la otorgación del

contrato, no hay intereses propietarios reconocidos a las

partes más allá de los intereses que se le reconocen al

ente

administrativo.

Tan

es

así,

que

hemos

reconocido

reiteradamente que una agencia tiene el derecho de revocar

una adjudicación de una subasta antes de que se formalice

el contrato.18

18

Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 D.P.R. 237, 248 (2007);

Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334, 340 (1971).

AC-2009-48

19

En segundo lugar, debemos tener presente que los

procesos

contener

de

subastas

asuntos

participación

de

en

las

agencias

altamente

técnicos

licitadores.

Esto

públicas

pueden

o

alta

de

provoca

que

en

ocasiones una agencia opte por acoger más de una moción de

reconsideración,

para

resolver

puntos

diversos

y

complicados. En vista de lo anterior, entendemos que son

las

propias

agencias

las

que

se

encuentran

en

mejor

posición para establecer un término reglamentario –si es

que lo entendieran necesario- en la resolución de una

reconsideración que ha sido acogida.

IV

En

armonía

con

lo

antes

señalado,

revocamos

la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones en la que se declaró

sin jurisdicción, y devolvemos el caso a dicho tribunal

para que el mismo sea evaluado en los méritos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Aluma Construction Corp.

Recurrente-Apelante

v.

Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados

Recurrida-Apelada

____________________________

Cidra Excavation, S.E.

Licitador Agraciado

AC-2009-48

v.

Cherox, Inc.

Constructora I. Meléndez, SE

Rullán Ruiz Group, Inc.

Constructora de Aguada, Inc.

Bermúdez & Longo, Díaz-Massó, SE

Enersys Engineering Corp.

Jafer Constructor Corp.

Suárez Engineering Corp.

Alfa & Omega Electric, SE

Partes con Interés

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a, 13 de septiembre de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente,

se

revoca

la

Sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones en la que se declaró sin jurisdicción, y se

devuelve el caso a dicho tribunal para que el mismo sea

evaluado en los méritos.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez emitió Opinión disidente.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Aluma Construction Corp.

Parte Recurrente-Apelante

v.

Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados de Puerto

Rico

AC-2009-0048

Parte Recurrida-Apelada

Cidra Excavation, S.E.

Licitador Agraciado

Cherox, Inc., Constructora

I.

Meléndez,S.E.,

Rullán

Ruiz

Group,

Inc.,

Constructora

de

Aguada,

Inc., Bermúdez & Longo,

Díaz-Massó, S.E.; Enersys

Engineering

Corp.,

Jafer

Constructor Corp., Suárez

Engineering Corp., Alfa &

Omega Electric, S.E.

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 13 de septiembre de 2011

Disiento de la determinación del Tribunal de no especificar

un

término

para

que

las

reconsideración

de

acogidas.

hace que

Ello

agencias

adjudicación

de

el fallo

imparta una Justicia a medias.

resuelvan

mociones

de

subastas

oportunamente

dictado por

el Tribunal

No puedo coincidir con una

determinación cuyo dictamen es incompleto y que no resuelve,

verdaderamente, la problemática que generó el caso ante nuestra

consideración.

Respetuosamente, estimo que con este proceder

claudicamos a nuestra obligación de procurar un ordenamiento

AC-2009-48

2

basado en derecho (rule of law) que resuelve las controversias

meritorias que se nos presentan.

Me explico.

I

La

naturaleza

de

la

controversia

que

examinamos

hace

innecesario reproducir los hechos que ya han sido presentados

en la Opinión del Tribunal.

Aluma

Construction

Basta apuntar que la peticionaria,

Corp.,

presentó

oportunamente

una

reconsideración ante la Junta de Subastas de la Autoridad de

Acueductos

y

Alcantarillados

(A.A.A.)

favorecida

en

la

de

participó.

adjudicación

la

tras

no

resultar

licitación

en

la

cual

A pesar que diez (10) días después la Junta de

Subastas acogió la reconsideración, transcurrieron varios meses

sin que dicha entidad emitiera una determinación sobre ésta.

Ante tal escenario, y ya pasados noventa y siente (97) días

desde

haber

sido

acogida

la

moción

de

reconsideración,

la

peticionaria presentó un recurso de revisión judicial ante el

Tribunal

de

Apelaciones.

Dicho

foro

se

declaró

sin

jurisdicción.

No

obstante,

consideración

mientras

del

foro

el

apelativo

recurso

estaba

intermedio,

la

ante

la

Junta

de

Subastas emitió una resolución declarando no ha lugar la moción

de reconsideración.

de

haber

acogido

Ello ocurrió ciento un (101) días después

la

referida

reconsideración

(111) días luego haber sido presentada.

y

ciento

once

Inconforme aún, la

peticionaria presentó un segundo recurso ante el Tribunal de

Apelaciones cuatro (4) días después de la determinación de la

Junta de Subastas.

Nuevamente, el foro apelativo intermedio se

AC-2009-48

3

declaró sin jurisdicción.

Expuso que el ente administrativo

tenía tan sólo diez (10) días para disponer de la moción de

reconsideración a partir de la fecha en que le fue presentada.

Por lo tanto, concluyó que el término para acudir en revisión

judicial de la subasta había vencido hace ya varios meses.

Acude entonces la peticionaria ante este Foro y solicita

revoquemos la determinación del Tribunal de Apelaciones.

Su

recurso nos presenta la interrogante respecto a qué término

tienen

las

agencias

Administrativo

cobijadas

Uniforme

por

(L.P.A.U.),

la

Ley

de

3

L.P.R.A.

Procedimiento

sec.

2101

et

seq., para resolver una moción de reconsideración acogida por

la

agencia

oportunamente.

adjudicación de subastas.

Ello

dentro

del

marco

de

la

Veamos entonces las disposiciones

legales pertinentes.

II

La

L.P.A.U.

fue

promulgada

con

el

fin

de

establecer

sistemas de gobernanza flexibles y ágiles a través de gran

parte de las instituciones del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, sin obviar la protección de ciertos derechos mínimos que

deben garantizarse a la ciudadanía.

que

caracteriza

todos

los

Dentro de la informalidad

procesos

dispuestos

en

esta

legislación –frente a la formalidad de la adjudicación judicial

o

la

regulación

legislativa-

el

propio

estatuto

reconoce

procedimientos administrativos formales e informales.

Como sabemos, parte de los procedimientos formales que el

legislador

estableció

procedimientos

de

y

uniformó

reglamentación,

en

los

la

L.P.A.U.

son

adjudicativos

y

los

la

AC-2009-48

revisión judicial.

4

3 L.P.R.A. secs. 2121-77.

Fuera quedaron

la concesión de becas, préstamos o premios, y la adjudicación

de

subastas,

entre

otros

procedimientos

informales.

3 L.P.R.A. sec. 2151(a).

enmendó

ley

la

para

incluir

catalogados

como

Sin embargo, en 1989, se

disposiciones

específicas

que

uniformaran la reconsideración y la revisión judicial de la

adjudicación de subastas.

1989.

Véase, Ley Núm. 43 de 5 de agosto de

Fue entonces cuando se integró la sección 3.19 de la

L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2169, la cual lee:

Los procedimientos de adjudicación de subastas

serán procedimientos informales; su reglamentación y

términos serán establecidos por las agencias.

La

parte adversamente afectada por una decisión podrá,

dentro del término de diez (10) días a partir de la

adjudicación de la subasta, presentar una moción de

reconsideración

ante

la

agencia

o

la

entidad

apelativa de subastas, de existir una en la agencia,

según sea el caso.

La agencia o la entidad deberá

considerarla dentro de los diez (10) días de haberse

presentado. Si se tomare alguna determinación en su

consideración, el término para instar el recurso de

revisión judicial empezará a contarse desde la fecha

en que se archiva en autos una copia de la

notificación de la decisión de la agencia o la

entidad apelativa resolviendo la moción.

Si la

agencia o la entidad apelativa dejare de tomar alguna

acción con relación a la moción de reconsideración

dentro de los diez (10) días de haberse presentado,

se entenderá que esta ha sido rechazada de plano, y a

partir de esa fecha comenzará a correr el término

para la revisión judicial. (Énfasis suplido).

Esta sección otorgó formalidad a la reconsideración de la

adjudicación de subastas, proveyendo términos breves para la

presentación de la moción y la determinación de la agencia de

acoger o no la solicitud de reconsideración presentada.

Véase,

Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado, P. de la C.

232, 25 de junio de 1989, 11ma Asamblea Legislativa, 1ra Sesión

Ordinaria, pág. 6, citado en Cotto v. Depto. de Educación, 138

AC-2009-48

D.P.R.

658,

663

5

(1995).

Esta

sección,

sin

embargo,

no

estableció un término dentro del cual el foro administrativo

debe

resolver

acogida.

la

solicitud

de

reconsideración

presentada

y

Por otro lado, y no obstante lo expresado, la sección

3.19 dejó claro que -a excepción de la reconsideración y la

revisión judicial- las subastas son procedimientos informales.

Id.

Ahora bien, podemos apreciar que la primera oración de la

sección

3.19

creó

agencias

que

un

mandato

celebran

claro

licitaciones

dirigido

para

que

a

todas

las

establezcan

reglamentos con los términos que regirán la adjudicación de sus

subastas.

Véase además, Informe de la Comisión de lo Jurídico

del Senado, supra, pág. 5 (La sección 3.19 “instruye a las

agencias []a aprobar reglamentos para el establecimiento[] de

las

normas,

condiciones,

especificaciones

y

términos

de

las

subastas”.)

Parece razonable concluir, que el término para

resolver

moción

una

de

reconsideración

de

adjudicación

de

subasta que fue presentada y acogida por la agencia, es un

término que debe constar en la reglamentación que apruebe una

agencia sobre sus procesos de subasta.

las

agencias

autorizadas

a

celebrar

Dicho de otra manera,

licitaciones

están

obligadas a disponer mediante reglamento las condiciones y el

procedimiento que regirán la adjudicación de sus subastas`; lo

que incluye, sin dudas, lo relativo al término para atender la

reconsideración de la adjudicación.

Los detalles de la adjudicación de subastas que no han

sido previamente regulados por la ley, quedan entonces bajo la

AC-2009-48

6

discreción de cada una de las agencias.

Ahora bien, debemos

aclarar que las agencias gozan de discreción para formular y

diseñar los pormenores de la adjudicación de la subasta, no

para decidir si los adoptan o no.

La Asamblea Legislativa ya

decidió que los entes administrativos crearán reglamentos que

establezcan

los

términos

y

condiciones

de

las

subastas,

de

manera que sólo resta determinar cuáles serán dichos términos y

condiciones.

Véase, Informe de la Comisión de lo Jurídico del

Senado, supra, pág. 5.

La L.P.A.U. ha dejado en manos de las agencias el término

que

éstas

tendrán

reconsideración

de

disponible

una

acogida previamente.

para

adjudicación

resolver

de

una

subasta

moción

que

de

fuera

Éste debe estar claramente descrito en la

reglamentación pertinente de la agencia ya que incide sobre la

disponibilidad del remedio de revisión judicial.

L.P.R.A. secs. 2169, 2172.

Véanse, 3

Siendo así, no puede quedar al

arbitrio de las agencias, mediante una adjudicación de caso a

caso, determinar cuándo las partes afectadas por una decisión

administrativa

auxilio.

podrán

acudir

a

los

tribunales

en

busca

de

Se trata al fin de cuentas del debido proceso de ley.

Véanse, Asoc. Fcias Com. v. Depto. de Salud, 156 D.P.R. 105,

131

(2002),

citando

a

K.C.

Davis

&

R.J.

Pierce,

Jr.,

Administrative Law Treatise, 3ra ed., Nueva York, Aspen Law &

Business, Supl. 2000, Sec. 6.7 (“cuando las agencias promulgan

reglamentos, se promueven, en términos generales, la justicia y

la igualdad”); Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477, 499

(1982), citando a Pennsylvania St. Board of Phy. v. Cohen, 292

AC-2009-48

7

A2d 277, 282 (1972) (“Como se sabe, el ejercicio de poderes

administrativos a base de consideraciones caso por caso, no a

base

de

una

ley

o

de

un

reglamento,

adolece

del

defecto

constitucional de ambigüedad (vagueness).”.

Por ello, estimo que este Tribunal debe resolver que la

L.P.A.U. ordena que las agencias dispongan mediante reglamento

los

términos

incluyendo

y

condiciones

cuánto

determinación

que

tiempo

de

la

tendrá

resuelva

en

adjudicación

que

la

agencia

reconsideración,

entonces

a

se

emita

una

deberá

transcurrir

el

subastas,

la

agencia

para

tomar

una

los

méritos

una

moción

de

reconsideración acogida oportunamente.

sin

de

Pasado dicho término

determinación

entender

término

resolviendo

denegada

para

acudir

la

y

comenzará

en

revisión

judicial.

Al negarse a tomar esta determinación, la respuesta que

ofrece

este

Tribunal

es

claramente

insuficiente.

Con

su

silencio, el Tribunal ratifica tácitamente las malas prácticas

administrativas

injusticias.

que

sólo

pueden

producir

desavenencias

e

También da al traste con la política pública que

inspiró la aprobación de la L.P.A.U., a los efectos de que “los

procedimientos

administrativos

se

efectúen

en

forma

rápida,

justa y económica y que aseguren una solución equitativa en los

casos bajo la consideración de la agencia”.

2101 (Énfasis suplido).

3 L.P.R.A. sec.

El Tribunal debió hacer efectivo el

llamado de la sección 3.19 para que las agencias regulen los

pormenores de la adjudicación de las subastas de forma que se

AC-2009-48

8

mantenga la discreción de las agencias dentro de los límites de

la arbitrariedad.

B

Como apuntamos antes, cada agencia debe disponer en su

reglamento sobre adjudicación de subastas cuánto tiempo tendrá

para resolver una moción de reconsideración una vez ésta es

acogida.

En este aspecto, es la agencia quien mejor puede

determinar cuál es el término ideal para que la entidad revise

la adjudicación original, los nuevos argumentos de las partes,

y emita posteriormente su dictamen final.

No obstante, la

selección de este término por la agencia debe realizarse dentro

de

los

límites

que

representan

el

diseño

y

espíritu

de

la

L.P.A.U.

Al respecto, la L.P.A.U. brinda a las agencias noventa

(90) días para resolver una moción de reconsideración, a partir

de

su

presentación,

formales.

y

los

procedimientos

3 L.P.R.A. sec. 2165.

procedimientos

justa

en

administrativos

económica”,

lo

principales de la L.P.A.U.

adjudicativos

Este término abona a que “los

se

efectúen

en

es

una

las

aspiraciones

3 L.P.R.A. sec. 2101.

Siendo dicho

cual

de

forma

rápida,

término adecuado para la reconsideración de una adjudicación

formal,

es

forzoso

concluir

que

la

reconsideración

de

un

procedimiento informal como las subastas no requiere un término

mayor.

No

procedimiento

tiene

sentido

informal

que

la

requiera

reconsideración

más

tiempo

de

que

un

la

reconsideración de uno formal plagado de garantías típicas de

los procedimientos cuasi-judiciales.

Por ello considero que

AC-2009-48

las

agencias

9

–en

el

ejercicio

de

su

deber

de

regular

la

adjudicación de las subastas- están impedidas de adoptar un

término mayor a noventa (90) días para resolver una moción de

reconsideración

de

adjudicación

de

subasta,

a

partir

de

su

presentación.

No

obstante,

ya

que

son

muchas

las

agencias

que

actualmente no proveen este término en sus reglamentos, y en

miras de evitar que el vacío jurídico ocasione lesiones a las

partes involucradas y a la mejor administración de los recursos

del

Estado,

es

necesario

que

concluyamos

que

mientras

las

agencias dan cumplimiento al mandato legislativo de regular los

procedimientos de subastas, específicamente el término dentro

del

cual

la

agencia

deberá

resolver

una

reconsideración

acogida, tendrán que resolverla dentro de noventa (90) días de

haber sido presentada.

Para ello, tomamos como referencia el

término de noventa (90) días provisto por la sección 3.15 para

la reconsideración de procedimientos adjudicativos.

sec. 2165.

3 L.P.R.A.

A pesar de que esta sección no aplica directamente

a las subastas, nada impide que ante la omisión reglamentaria

por parte de las agencias, utilicemos este término dispuesto

por

ley,

para

así

proveer

adjudicación de subastas.

claridad

y

orden

al

proceso

de

Después de todo, como vimos, tanto

la reconsideración de los procedimientos adjudicativos como la

reconsideración

de

las

adjudicaciones

de

subastas,

son

procedimientos formales regulados parcialmente en la L.P.A.U.

No

se

trata

que

el

término

de

noventa

(90)

días

sea

siempre el más conveniente –ello debe ser determinado por cada

AC-2009-48

agencia-

sino

10

que

es

necesario

proveerlo

como

medida

transitoria para evitar los menoscabos de la incertidumbre.19

De lo contrario, las agencias podrían actuar arbitrariamente al

no regular sus procedimientos y abusar de su discreción al

dejar en el limbo a los licitadores que han presentado sus

posturas sobre la reconsideración.

No

considero

mayoría.

La

pueden

posponer

razonable

decisión

la

solución

que

propicia

propone

que

las

mayoritaria

indefinidamente

la

consideración

la

agencias

de

la

solicitud de reconsideración, al punto de que logren detener el

proceso de revisión judicial mientras las obras subastadas no

estarían paralizadas.

Ello derrota el propósito de la LPAU de

permitir una revisión judicial expedita cuando se trata de un

proceso informal.

agencia

torne

adjudicación

de

Lo adoptado por la mayoría permite que la

académico

un

una

y

subasta

judicial sea meramente ilusorio.

de

los

procesos

de

subastas

cuestionamiento

que

el

proceso

sobre

de

la

revisión

Como sabemos, la regulación

persigue

evitar

favoritismo,

preferencias, parcialidad y la protección del erario.

Siendo

ello así, nuestra obligación ministerial es actuar, llenando el

vacío existente en garantía de tales principios, hasta tanto

las otras ramas de gobierno se expresen.

Con ello no estamos usurpando funciones de las otras Ramas

de

Gobierno,

contrario.

ni

legislando

desde

el

estrado.

Todo

lo

Si el Tribunal hoy adoptara esta posición estaría

interpretando la legislación para el mejor servicio de nuestras

19

Idealmente, el término debería ser menor, por tratarse de un

procedimiento informal de subasta.

AC-2009-48

11

instituciones gubernamentales, dándoles claridad y seguridad en

cuanto

a

los

deberes

que

les

impone

la

ley.

A

su

vez,

evitaríamos además, que las agencias se auto-impongan términos

excesivamente amplios para estos procedimientos informales, en

perjuicio de los licitadores y el mejor interés público.

No

sería

que

la

primera

vez,

que

ante

un

vacío

reglamentario

perjudica el interés público, cumplamos con nuestro mandato de

resolver

los

casos

ante

nuestra

consideración

impartiendo

cumplida Justicia.

En varias ocasiones este Foro ha tenido que interpretar el

estatuto bajo estudio para alcanzar una solución justa.

veces,

incluso,

hemos

tenido

que

leer

más

allá

del

A

texto

aprobado por la Legislatura para poder garantizar derechos de

nuestros

ciudadanos

administrativo.

y

el

mejor

funcionamiento

del

andamiaje

Brevemente, por ejemplo, en RBR Const., S.E.

v. A.C., 149 D.P.R. 836 (1999), extendimos a los procedimientos

de subastas los principios generales de la sección 3.16 de la

L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2166, aplicables a los procedimientos

adjudicativos formales.

Por otro lado, en L.P.C. & D., Inc. v.

A.C., 149 D.P.R. 869 (1999), creamos los elementos mínimos que

debe contener una notificación de adjudicación de subasta.

De

forma similar, en R & B Power v. E.L.A., 170 D.P.R. 606 (2007),

concluimos

que

el

mecanismo

de

requerimiento

de

propuestas

utilizado por muchas agencias, está incluido en la referencia a

subasta pública de la sección 3.19 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A.

sec. 2169.

AC-2009-48

12

En todos los casos ya citados, este Tribunal ha decidido

asumir su responsabilidad como máximo intérprete de nuestras

leyes

y

ha

dispuesto

de

las

controversias

para

impartir

justicia y estabilidad en nuestro sistema de derecho.

Sin

embargo, hoy la mayoría de sus integrantes se alejan de dicho

proceder

y

se

niegan

a

ejercer

cabalmente

su

cargo.

Lamentablemente, si las agencias del Estado no dan un paso al

frente y regulan sus procedimientos de subastas como exponemos,

el resultado de la Opinión del Tribunal, veremos, será el reino

del

desorden

y

la

arbitrariedad

en

los

procedimientos

administrativos de adjudicación de subastas.

Lo

cierto

es

que

en

reiteradamente,

que

tenemos

el

pasado

facultad

hemos

inherente

resuelto,

para

suplir

procedimientos cuando no existan o cuando hayan sido fijados

inadecuadamente

por

el

estatuto,

siempre

y

cuando

lo

que

determinemos no sea inconsistente con las disposiciones de la

ley.

Véanse, Rivera v. Adm. Trib., 146 D.P.R. 808, 814 (1998);

Urrutia

v.

AAA,

103

D.P.R.

643,

651

(1975);

Tribunal Superior, 75 D.P.R. 585, 619 (1953).

González

v.

De otra parte,

el artículo 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 7 -obviado

también por la mayoría- nos ordena a que ante el silencio,

obscuridad o insuficiencia de una ley, resolvamos y atendamos

el

reclamo

ante

nuestra

consideración

supliendo

esas

deficiencias.

Sabiamente,

hace

35

años

indicamos:

“Para

adjudicar

satisfactoriamente las cuestiones jurídicas que diariamente se

plantean ante este Tribunal, no podemos ceñirnos a un enfoque

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13

de infertilidad judicial por temor al pretendido argumento de

que ello representa una indebida intromisión en los poderes de

las otras ramas de Gobierno.”

104

D.P.R.

797,

808

Meléndez v. Levitt & Sons of PR,

(1976).

Nuestra

responsabilidad

de

propiciar un sistema judicial que solucione casos “de forma

ordenada, justa y prontamente, no se satisface a plenitud con

trasladar periódicamente el problema al ámbito legislativo [o

ejecutivo]; esta área exige un enfoque jurisprudencial dinámico

que

propenda

a

lograr

de

manera

constitucionales enunciados”.

balanceada

los

propósitos

marzo

1980

sobre

la

Acueductos

y

Id.

III

El

Reglamento

adjudicación

de

2732

subastas

de

31

de

de

la

de

Autoridad

de

Alcantarillados, según enmendado, no dispone cuál es el término

en el que la agencia debe resolver definitivamente una moción

de reconsideración de la adjudicación de una subasta que ha

sido

acogida

por

la

agencia.

Tras

no

asumir

su

deber

de

regular este asunto, en el caso de autos la A.A.A. resolvió la

moción

de

reconsideración

de

la

adjudicación

de

la

subasta

ciento once (111) días después de que esta fuera presentada.

Ello me lleva a concluir que nada impide que suplamos la laguna

existente

en

el

reglamento

de

subastas

de

la

Autoridad

de

Acueductos y Alcantarillados, tal y como lo hemos hecho en el

pasado.

Véanse,

R

&

B

Power

Segarra,

Tratado

de

Derecho

v.

E.L.A.,

Procesal

Juan, 2da ed., 2011, Tomo IV, pág. 1492.

supra;

Civil,

Publ.

J.

Cuevas

JTS,

San

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Siendo así, si aplicáramos la norma expuesta anteriormente

a los hechos del caso de autos, tendríamos que concluir que la

A.A.A. perdió jurisdicción sobre la moción de reconsideración a

los noventa (90) días de haber sido presentada.

Desde entonces

comenzó a transcurrir el término de diez (10) días para la

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones.

sec. 2172.

3 L.P.R.A.

Igualmente, ya que la peticionaria acudió al foro

apelativo intermedio ciento quince (115) días después de haber

presentado su moción de reconsideración ante la agencia (es

decir,

transcurridos

agencia

podía

disponibles

los

resolver

para

la

noventa

la

revisión

(90)

moción,

días

los

judicial,

y

en

los

que

la

diez

(10)

días

quince

(15)

días

adicionales), sería forzoso concluir que para ese entonces ya

dicho

foro

carecía

de

jurisdicción.

A

tenor

con

ello,

procedería confirmar la determinación recurrida.

Sin embargo, factores de Justicia nos mueven a proponer

las normas hasta aquí esbozadas con carácter prospectivo.

La

controversia que atendemos no puede resolverse en contra de la

parte peticionaria, quien fue proactiva en procurar su remedio

ante

el

foro

judicial

cuando

no

existía

certeza

sobre

los

términos aplicables al caso de autos.

Por las razones antes expuestas, debo disentir del camino

por donde marcha el Tribunal.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada