LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Serrano Rivera v. Foot Locker Retail, Inc.

2011 TSPR 134

Poder Judicial de Puerto Rico

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Serrano Rivera v. Foot Locker Retail, Inc.

AC-2009-58

Derecho Laboral-Inicio del término prescriptivo para reclamación contingente por discrimen en el empleo instada al amparo del Art. 1802 del Código Civil

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ismael Serrano Rivera, Mayda

Enid Báez Lugo, ambos por sí

y en representación de la

Sociedad Lega

l de Gananciales

compuesta por ambos

Peticionarios

Certiorari

2011 TSPR

182 DPR ____

v.

Foot Locker Retail, Inc.

Recurrido

Número del Caso: AC

Fecha: 15 de

- 2009 - 58

septiembre

de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce Panel VIII

Juez Ponente:

Hon. Sixto Hernández Serrano

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Miguel A. Arroyo Díaz

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Luis D. Ortiz Abreu

Lcda. Michelle L. Holley

- Vázquez

Materia: Cobro de Dinero

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. S

u distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

134

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ismael Serrano Rivera, Mayda

Enid Báez Lugo, ambos por sí

y en representación de la

Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos

AC-2009-58

Peticionarios

v.

Foot Locker Retail, Inc.

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2011.

En esta ocasión debemos expresarnos acerca de

cuándo comienza el término prescriptivo que tiene

una persona para reclamar al amparo del Art. 1802

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, de manera

contingente a la reclamación que haga su consorte

por discrimen en el empleo al amparo de la Ley Núm.

100

de

30

de

junio

de

1959,

según

enmendada,

conocida como Ley contra el discrimen en el empleo,

29 L.P.R.A. sec. 146 et seq.

Concluimos que en esas circunstancias el punto

de partida para computar el término prescriptivo de

un año para que una persona presente una causa de

acción al amparo del Art. 1802 del Código Civil,

AC-2009-58

2

supra, comienza desde el instante en que el titular de la

acción

conoce

que

su

consorte

fue

discriminado

en

su

empleo.

I

El señor Serrano Rivera trabajó para Foot Locker

Retail, Inc. (Foot Locker) desde agosto de 1978 hasta el

15 de octubre de 2002, fecha en que fue despedido de su

empleo.

Por lo anterior, el 22 de octubre de 2002 el

señor Serrano Rivera presentó una reclamación contra Foot

Locker

por

despido

injustificado

ante

el

Negociado

de

Normas del Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos de Puerto Rico (Negociado de Normas), conforme a

la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada,

conocida como Ley de indemnización por despido sin justa

causa, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq.1

No obstante lo anterior, el 13 de marzo de 2003 el

señor Serrano Rivera desistió de la querella presentada

ante el Negociado de Normas por la alegada tardanza de

estos en la tramitación de la querella.2

Ese mismo día, el

señor

señora

Báez

Lugo

(los

carta

Foot

Locker

por

Serrano

peticionarios)

Rivera

y

la

remitieron

una

a

medio de su representación legal con el propósito expreso

de interrumpir “cualquier término prescriptivo a favor de

los reclamantes o sus familiares”. En dicha carta, los

1

Se notificó a Foot Locker, el 6 de marzo de 2003.

2

Se notificó a Foot Locker, el 7 de abril de 2003.

AC-2009-58

3

peticionarios hicieron referencia a la querella presentada

ante el Negociado de Normas, de la cual habían desistido.

Así

las

cosas,

el

28

de

agosto

de

2003

el

señor Serrano Rivera presentó otra querella contra Foot

Locker,

esta

vez

ante

la

Unidad

Antidiscrimen

del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico

(Unidad

Antidiscrimen)

por

alegado

discrimen

por

edad,

conforme a la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según

enmendada, conocida como Ley contra el discrimen en el

empleo, 29 L.P.R.A. sec. 146 et seq.

Así, el 9 de marzo

de 2004 los peticionarios remitieron una segunda carta a

Foot Locker por medio de su representación legal con la

intención

de

interrumpir

nuevamente

el

término

prescriptivo de cualquier reclamación que resultara del

despido del señor Serrano Rivera.

Según surge del expediente, posterior a la fecha del

9 de marzo de 2004 los peticionarios no cursaron a Foot

Locker ninguna otra carta relacionada a sus reclamaciones,

ni hicieron requerimiento extrajudicial sobre el alegado

despido injustificado del señor Serrano Rivera conforme a

la Ley Núm. 80, supra.

Tampoco surge que Foot Locker haya

admitido responsabilidad alguna por las alegaciones hechas

por los peticionarios en sus reclamaciones.

Entretanto, el 14 de septiembre de 2006 la Unidad

Antidiscrimen notificó al señor Serrano Rivera, con copia

a Foot Locker, el cierre del caso ante ellos al amparo de

la Ley Núm. 100, supra, dado al desistimiento del primero.

AC-2009-58

4

Además, la Unidad Antidiscrimen informó al señor Serrano

Rivera sobre la concesión del permiso que solicitó el 6 de

septiembre de 2006 para litigar su caso al amparo de la

Ley Núm. 100, supra.

Así, pues, el 15 de agosto de 2007 los peticionarios

presentaron

una

Tribunal

Primera

de

demanda

contra

Instancia,

Foot

Sala

Locker

ante

Superior de

el

Ponce.

Por un lado, el señor Serrano Rivera reclamó indemnización

al amparo de la Ley Núm. 80, supra, y la Ley Núm. 100,

supra,

por

despido

injustificado

y

discrimen

por

edad,

respectivamente. También, el señor Serrano Rivera exigió

el pago de beneficios marginales de empleados gerenciales

conforme a una alegada “política de compensación de gastos

de millaje por relocalización”.

De la misma forma, la

señora Báez Lugo co-demandó a Foot Locker al amparo del

Art. 1802 del Código Civil por daños y perjuicios como

consecuencia del alegado discrimen contra el señor Serrano

Rivera, su esposo.

Luego de varios trámites procesales, el 31 de julio

de

2008

Foot

Locker

presentó

una

Moción

de

Sentencia

Sumaria parcial en la que solicitó la desestimación de las

reclamaciones del señor Serrano Rivera contra ellos por

despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80, supra,

y

la

reclamación

de

la

señora

Báez

Lugo

por

daños

y

perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil, pues

AC-2009-58

5

según alegaron, ambas causas de acción estaban prescritas

al momento de presentar la demanda.3

Una vez evaluados los hechos materiales del caso que

no

estaban

en

controversia,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia concluyó que tanto la causa de acción al amparo

de la Ley Núm. 80, supra, que presentó el señor Serrano

Rivera, y la que presentó la señora Báez Lugo al amparo

del

Art.

1802

del

Consecuentemente,

Código

el

Civil,

Tribunal

de

habían

prescrito.

Primera

Instancia

desestimó con perjuicio ambas reclamaciones.4

Inconforme con la determinación del foro primario,

el 18 de diciembre de 2008 los peticionarios presentaron

un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones

en el que solicitaron la revocación de la decisión del

Tribunal

de

determinación

Primera

Instancia.

recurrida

era

Por

correcta,

entender

el

18

que

de

la

junio

de 2009 el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia

mediante la cual confirmó la determinación del Tribunal de

Primera

Instancia.

En

desacuerdo

con

tal

decisión,

el

21 de julio de 2009 los peticionarios recurrieron ante

3

El 9 de septiembre de 2008 los peticionarios presentaron una Moción

de Réplica a Moción de Sentencia Sumaria Parcial, a la cual Foot

Locker presentó Oposición el 10 de octubre de 2008.

4

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce,

emitida el 12 de noviembre de 2008.

A pesar de que la Sentencia

Parcial fue notificada en un formato OAT-704 (notificación de

sentencia) la misma no concluye expresamente que no existía razón para

posponer emitir sentencia en cuanto a una o más de las reclamaciones o

partes hasta la resolución final del pleito, como dispone la Regla

43.5 de Procedimiento Civil de 1979. Por lo anterior, nos encontramos

ante una resolución interlocutoria y no una sentencia parcial.

Véanse, Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 D.P.R. 315, 326-327 (2001);

Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 D.P.R. 300, 311-312 (1997).

AC-2009-58

6

este Tribunal, mediante recurso de apelación,5 señalando

los siguientes errores:

1. Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al

sostener y confirmar la determinación del

Tribunal de Primera Instancia al resolver

que la acción al amparo del Artículo 1802

del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.

sec. 5141, de Mayda Enid Báez Lugo estaba

prescrita.

2. Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al

sostener y confirmar la determinación del

Tribunal de Primera Instancia al resolver

que la acción al amparo de la Ley Núm. 80 de

30 de mayo de 1976, de Ismael Serrano Rivera

estaba prescrita.

Tras varios incidentes procesales, el 11 de junio

de

2010

el

caso

de

referencia

quedó

sometido

en

sus

méritos para su adjudicación ante este Tribunal. Veamos la

normativa aplicable a las controversias que hoy atendemos.

II

La

derecho

prescripción

sustantivo

extintiva

regulada

es

una

institución

por

el

Código

de

Civil,

31 L.P.R.A. sec. 1 et seq. que constituye una forma de

extinción de un derecho debido a la inercia en ejercer el

5

Los peticionarios presentaron ante este Tribunal un recurso de

apelación por entender que existía un conflicto sustancial entre la

“sentencia parcial” dictada en su caso ante el Tribunal de Apelaciones

y otra sentencia de dicho foro sobre cuándo comienza a correr el

término prescriptivo en acciones por daños y perjuicios, al amparo del

Art. 1802 del Código Civil, instada por el cónyuge de un empleado que

se alega fue despedido sin justa causa y discriminado por su patrono.

Sin embargo, mediante Resolución emitida el 15 de enero de 2010, este

Tribunal acogió la solicitud de apelación presentada por los

peticionarios como una petición de certiorari pues el recurso

presentado no cumplió con lo dispuesto en la Regla 18 del Reglamento

del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, ni con lo dispuesto en el

Art. 3.002 (b) y (c) de la Ley de la Judicatura de 22 de agosto

de 2003.

AC-2009-58

7

mismo durante un tiempo determinado.6

De la misma forma,

Castán define la prescripción extintiva como “un modo de

extinción de los derechos por la inacción del titular de

los mismos durante el tiempo determinado por la ley”.7

En

reiteradas

ocasiones

hemos

expresado

la

prescripción

extintiva

lo

se

que

busca

que

es

con

castigar

la

dejadez en el ejercicio de los derechos, así como los

litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las

reclamaciones, y así evitar que una de las partes quede en

estado de indefensión.8

Civil,

31

acciones

L.P.R.A.

se

sec.

interrumpe

Conforme al Art. 1873 del Código

5303,

la

prescripción

de

las

por

su

ejercicio

ante

los

tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y

por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el

deudor.

En

el

caso

particular

de

la

acción

por

daños

y

perjuicios establecida en el Art. 1802 del Código Civil,

31

L.P.R.A.

sec.

5141,

el

término

prescriptivo

para

entablar una reclamación al amparo de dicho estatuto es de

un año desde que el agraviado supo del daño, según dispone

el Art. 1868 del mismo Código, 31 L.P.R.A. sec. 5298.9

6

Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 188 (2002) citando a Galib

Frangie v. El Vocero de Puerto Rico, 138 D.P.R. 560 (1995).

7

Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo I, Vol. 2

(15 ed. 2007) pág. 881.

8

Ortiz v. P.R. Telephone, 162 D.P.R. 715, 733 (2004); Culebra

Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943, 950 (1991); Cintrón v.

E.L.A., 127 D.P.R. 582, 588 (1990).

9

Art. 1868, Código Civil de Puerto Rico. 31 L.P.R.A. sec. 5298.

AC-2009-58

Acerca

de

8

lo

anterior,

hemos

expresado

que

el

término

prescriptivo para entablar una acción al amparo del Art.

1802 del Código Civil, supra, comienza no sólo cuando el

perjudicado

conoció

del

daño,

sino

además,

desde

que

conoció quién fue el autor del mismo, y los elementos

necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de

acción.10

Por otro lado, la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,

según enmendada, conocida como Ley de indemnización por

despido sin justa causa, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq.

establece

reclamar

en

su

sección

indemnización

por

185(L)

un

que

“la

acción

para

despido

sin

justa

causa

prescribirá por el transcurso de tres (3) años a partir de

la fecha efectiva del despido mismo”.

A su vez, la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959,

según enmendada, conocida como Ley contra el discrimen en

el empleo, 29 L.P.R.A. sec. 146 et seq. dispone respecto a

la prescripción extintiva, lo siguiente:

Cuando se presente una querella por discrimen

en el Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos, el término prescriptivo de un año para

iniciar la acción judicial quedará interrumpido

al notificársele la querella al patrono o

querellado,

siempre

y

cuando

que

la

notificación se efectúe dentro de dicho término

prescriptivo.

Dicho

término

prescriptivo

quedará, además, en suspenso o congelado

mientras la querella se continúe tramitando en

el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

y no se haya notificado al querellado la

determinación

del

Secretario

de

dicho

Departamento sobre la reclamación. Si mientras

10

Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 189 (2002); Colón Prieto v.

Géigel, 115 D.P.R. 232, 246 (1984).

AC-2009-58

9

se está tramitando la reclamación en el

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el

querellante solicita que se le permita retirar

la querella o manifiesta que no desea continuar

con dicho trámite, el término prescriptivo

antes aludido comenzará nuevamente a partir de

la fecha en que el Secretario del Trabajo y

Recursos Humanos notifique de su determinación

a las partes. En los demás casos, el término

prescriptivo se interrumpirá con la reclamación

extrajudicial, con la radicación de la acción

judicial

correspondiente

o

por

el

reconocimiento de la deuda por parte del

patrono o de su agente autorizado.11

Es decir, que la Ley Núm. 100, supra, establece que

el

término

prescriptivo

para

presentar

una

reclamación

judicial por discrimen en el empleo es de un año, y éste

será

interrumpido

una

vez

se

notifique

al

patrono

o

querellado -dentro de dicho término de prescripción- sobre

la

presentación

de

la

querella

ante

la

Unidad

Antidiscrimen en el Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos.12

Además,

dicho

término

prescriptivo

estará

suspendido mientras la querella continúe su trámite en la

Unidad Antidiscrimen y no se haya notificado al querellado

la

determinación

del

Secretario

del

Departamento

del

Trabajo y Recursos Humanos, sobre la reclamación.

La Ley Núm. 100, supra, menciona que en caso de que

el querellante solicite retirar la querella, o desista de

continuar su trámite, el término prescriptivo de un año

comenzará nuevamente desde la fecha en que se notifique la

determinación del Departamento a las partes. En los demás

11

12

29 L.P.R.A. sec. 159.

Véanse, Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342, 353 (2001); Srio. del

Trabajo v. F.H. Co., Inc., 116 D.P.R. 823, 824 (1986).

AC-2009-58

10

casos, o sea, los que no son una reclamación judicial por

discrimen

en el

supra,

término

el

empleo

al

amparo de la

prescriptivo

se

Ley Núm. 100,

interrumpirá

por

la

reclamación extrajudicial, la presentación de la acción

judicial

correspondiente

o

por el

reconocimiento

de

la

deuda por parte del patrono o de su agente autorizado.

III

En

el

caso

ante

nuestra

consideración

determinar principalmente dos asuntos.

debemos

Esto es, si la

acción presentada por el señor Serrano Rivera al amparo de

la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada,

conocida como Ley de indemnización por despido sin justa

causa, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq., y la causa de acción

presentada por la señora Báez Lugo al amparo del Artículo

1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.

5141, estaban prescritas al momento de incoarse la demanda

contra

Foot

expuesta,

Locker.

resolvemos

A

la

luz

que

de

ambas

la

normativa

acciones

antes

estaban

prescritas.

A

Como

antes

discutiéramos

en

detalle,

el

señor

Serrano Rivera fue despedido de su empleo el 15 de octubre

de 2002.

El 22 de octubre de 2002 el señor Serrano Rivera

presentó una reclamación contra Foot Locker por despido

injustificado ante el Negociado de Normas del Trabajo del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico

(Negociado de Normas), conforme a la Ley Núm. 80, supra, y

AC-2009-58

11

el 13 de marzo de 2003, desistió de la misma.13

Ese mismo

día, los peticionarios remitieron una carta a Foot Locker

con el propósito de interrumpir el término prescriptivo de

cualquier

reclamación

consecuencia

del

que

despido

tuvieran

del

disponibles

señor

Serrano

como

Rivera.

Mientras, el 28 de agosto de 2003 el señor Serrano Rivera

presentó una querella contra Foot Locker ante la Unidad

Antidiscrimen por alegado discrimen por edad conforme a la

Ley Núm. 100, supra.

Luego,

el

9

de

marzo

de

2004

los

peticionarios

remitieron una segunda carta a Foot Locker por medio de su

representación

interrumpir

legal

el

con

término

la

intención

de

volver

a

prescriptivo

de

cualquier

reclamación que resultara del despido del señor Serrano

Rivera.

Después de la comunicación del 9 de marzo de 2004

los peticionarios no hicieron ningún otro reclamo a Foot

Locker con relación al alegado despido injustificado del

señor Serrano Rivera conforme a la Ley Núm. 80, supra, ni

acerca de la reclamación de la señora Báez Lugo al amparo

del Art. 1802 del Código Civil, supra.

Sin embargo, el

14 de septiembre de 2006, la Unidad Antidiscrimen notificó

tanto al señor Serrano Rivera como a Foot Locker sobre el

cierre

del

caso

ante

dicha

Unidad

Antidiscrimen,

y

concedió el permiso que solicitó el señor Serrano Rivera

para litigar su caso al amparo de la Ley Núm. 100, supra.

13

Se notificó a Foot Locker el 7 de abril de 2003.

AC-2009-58

12

B

Reclamación al amparo de la Ley Núm. 80, supra.

La Ley Núm. 80, supra, se creó para desalentar la

incidencia de despidos injustificados en el País y proveer

remedios más justicieros a las personas que son despedidas

sin

causa.14

justa

establece

que

un

Por

eso,

la

Ley

Núm.

empleado

que

sea

despedido

80,

supra,

sin

justa

causa tendrá derecho a recibir de su patrono, además del

sueldo que hubiese devengado, una indemnización o mesada

que se calculará como se dispone en el Art. 1.15

Por otro

lado, el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, define lo que se

entenderá como justa causa para un despido,16 y el Art. 11

establece una presunción rebatible de que todo despido es

injustificado.17

Acerca del término prescriptivo para presentar una

reclamación

al

amparo

de

la

Ley

Núm.

80,

supra,

ésta

dispone que “los derechos que conceden las secs. 185a a

185m de este título prescribirán por el transcurso de tres

(3)

años

mismo”.18

a

partir

de

la

fecha

efectiva

del

despido

En cuanto al modo de interrumpir dicho término

prescriptivo de tres años la Ley Núm. 80, supra, guarda

silencio.

14

Exposición de Motivos, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976.

15

29 L.P.R.A. sec. 185 (a).

16

29 L.P.R.A. sec. 185 (b).

17

29 L.P.R.A. sec. 185 (k).

18

29 L.P.R.A. sec. 185 (l).

AC-2009-58

En

13

este

caso,

el

peticionario

alega

que

la

presentación de la querella al amparo de la Ley Núm. 100,

supra, ante la Unidad Antidiscrimen interrumpe y paraliza

el término prescriptivo de tres años provisto en la Ley

Núm. 80, supra, y por lo tanto, su causa de acción al

amparo de ésta no estaba prescrita.

Como señaláramos, luego de la presentación de la

querella al amparo de la Ley Núm. 100, supra, el 9 de

marzo

de

2004

los

peticionarios

enviaron

una

carta

a

Foot Locker, por conducto de su representación legal, que

interrumpió

contempla

término

la

Ley

prescriptivo

Núm.

80,

de

supra,

tres

para

años

que

presentar

la

reclamación sobre despido injustificado contra su patrono.

Así, el nuevo término prescriptivo venció el 9 de marzo

de 2007.

Es decir, el término prescriptivo para que el

señor Serrano Rivera presentara su reclamación al amparo

de la Ley Núm. 80, supra, venció varios meses antes de que

se presentara la demanda en agosto de 2007.

El argumento del peticionario en este señalamiento

depende en primer lugar de que la referida querella haya

interrumpido el término prescriptivo de la Ley Núm. 80,

supra.

Ahora

bien,

aun

aceptando

para

efectos

de

argumentación que la presentación y posterior notificación

a Foot Locker de la querella al amparo de la Ley Núm. 100,

supra, ante la Unidad Antidiscrimen interrumpía la causa

de acción del peticionario al amparo de ésta, de todas

AC-2009-58

14

formas estaba prescrita cuando se presentó la demanda.19

En vista de lo anterior, no nos expresaremos en estos

momentos

acerca

de

si

la

presentación

y

posterior

notificación oportuna de una querella al amparo de la Ley

Núm. 100, supra, en la Unidad Antidiscrimen paraliza o no

el término de tres años que provee la Ley Núm. 80, supra.

Por otra parte, a pesar de que en un inicio los

peticionarios fueron diligentes en interrumpir el término

prescriptivo de tres años establecido en la Ley Núm. 80,

supra, luego del 9 de marzo de 2004 estos no presentaron

reclamación extrajudicial alguna respecto a la acción por

despido injustificado sino hasta el 15 de agosto de 2007,

cuando incoaron la demanda ante el Tribunal de Primera

Instancia.

Por lo anterior, es forzoso concluir que la

acción del señor Serrano Rivera al amparo de la Ley Núm.

80, supra, por despido injustificado estaba prescrita al

momento de presentar la demanda.

C

Reclamación al amparo del Art. 1802 del Código Civil

contingente a la acción al amparo de la Ley Núm. 100,

supra.

Primeramente,

Rivera

v.

Serv

debemos

Air,

Inc.,

mencionar

137

que

D.P.R.

1,

en

14

Santini

(1994)

reconocimos que “los parientes de un empleado que haya

sido víctima de trato discriminatorio por su patrono al

amparo de la Ley Núm. 100, supra, tienen una causa de

19

Estas expresiones

Tribunal al respecto.

no

deben

interpretarse

como

una

opinión

del

AC-2009-58

15

acción propia al amparo del Art. 1802 del Código Civil,

supra, para obtener una indemnización por los daños que

ellos

mismos

discrimen

hayan

sufrido

laboral”.

a

consecuencia

Dijimos,

además,

del

que

referido

“en

tales

circunstancias, se compensarán los daños propios sufridos

por

los

parientes,

una

vez

quede

discriminatorio en cuestión”.20

establecido

el

trato

En el mencionado caso de

Santini Rivera v. Serv Air, Inc., supra, aclaramos que la

Ley Núm. 100, supra, está dirigida únicamente a proteger

los derechos de los empleados y no la situación jurídica

de los parientes de estos, por lo que la Ley Núm. 100,

supra, no es fuente de derecho para los parientes del

empleado discriminado.21

En

la

misma

línea

de

Maldonado

v.

Banco

Central

pensamiento,

Corp.,

138

expresamos

D.P.R.

268,

en

276

(1995) que la causa de acción al amparo del Art. 1802 del

Código Civil, supra, que puede entablar el cónyuge de un

empleado discriminado en su empleo es contingente a la

acción que éste tiene al amparo de la Ley Núm. 100, supra.

Así, una vez probados los tres elementos requeridos en el

Art.

1802

producción

del

de

Código

un

daño;

Civil,

un

supra,

acto

u

entiéndase,

omisión

culposa

la

o

negligente; y la existencia de un nexo causal entre el

daño

20

y

la

acción

u

omisión

de

otra

persona,22

se

Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 D.P.R. 1, 14 (1994).

21

Íd. en la pág. 5; Maldonado v. Banco Central Corp., 138 D.P.R. 268,

274(1995).

22

Arroyo Lopez v. E. L. A., 126 D.P.R. 682

(1990).

AC-2009-58

16

compensarán

los

daños

sufridos

por

el

cónyuge

como

consecuencia del discrimen decretado en acción separada al

amparo de la Ley Núm. 100, supra.23

Lo resuelto por este Tribunal en los casos antes

citados

no

se

puede

interpretar

como

que

el

término

prescriptivo de un año que tenía la señora Báez Lugo para

entablar

la

reclamación

contingente

al

amparo del

Art.

1802 del Código Civil, supra, comenzaba a partir de que un

Tribunal

determinara

que

razones discriminatorias.

compensarán

los

daños

su

esposo

fue

despedido

por

Específicamente, dijimos que se

sufridos

por

el

cónyuge

como

consecuencia del discrimen decretado en acción separada al

amparo

de

la

Ley

Núm.

100,

supra.24

Nada

especial

dispusimos sobre cuándo debía presentarse la reclamación

pues la causa de acción que le reconocimos a los parientes

de un empleado que fue discriminado en su empleo bajo los

términos de la Ley Núm. 100, supra, es una reclamación por

daños y perjuicios como cualquier otra.

desde

el

momento

en

que

el

Esto es, que

agraviado

adviene

en

conocimiento de que sufrió un daño como consecuencia de un

acto culposo o negligente, y conoce quién lo causó, puede

entablar su reclamación al amparo del Art. 1802 del Código

Civil.

Desde

ese

momento

comienza

a

correr

el

término

prescriptivo de un año provisto en el mencionado Art. 1802

____________________________________________________________________

23

Maldonado v. Banco Central Corp., 138 D.P.R. 268, 276 (1995).

24

Íd.

AC-2009-58

del

17

Código

Civil,

supra,

para

presentar

su

causa

de

acción. Por lo tanto, el punto de partida para computar el

término

prescriptivo

de

un

año

para

que

una

persona

presente una causa de acción al amparo del Art. 1802 del

Código Civil, supra, comienza desde el instante en que el

titular

de

la

acción

conoce

que

su

consorte

fue

de

julio

2008

discriminado en su empleo.

Del

expediente

surge

que

el

8

de

durante una deposición que se le tomó a la señora Báez

Lugo, ella indicó que se enteró del despido del señor

Serrano Rivera el mismo día que lo despidieron y entendió

que el mismo fue por discrimen porque “[su] esposo siempre

trabajó bien” y “todo lo dejaba por su trabajo”.25 Dijo,

además, que desde ese mismo día, es decir, desde el día

del

despido,

comenzó

a

sufrir

daños

emocionales

económicos a consecuencia del despido de su esposo.

lo

anterior,

es

forzoso

concluir

que

el

y

Por

término

prescriptivo para que la señora Báez Lugo presentara su

causa de acción al amparo del Art. 1802 del Código Civil,

supra, comenzó el 15 de octubre de 2002.

En este caso, la reclamación de la señora Báez Lugo

fue una contingente y separada de la del señor Serrano

Rivera al amparo de la Ley Núm. 100, supra, y aunque esta

última fue interrumpida efectivamente con la presentación

de la querella al amparo de la Ley Núm. 100, supra, no fue

así respecto a la acción de la señora Báez Lugo al amparo

25

Transcripción

expedita tomada el 8 de julio de 2008 en las

oficinas del bufete Goldman Antonetti & Córdova, P.S.C.

AC-2009-58

del

Art.

18

1802

del

Código

Civil,

supra.

El

término

prescriptivo de la reclamación del señor Serrano Rivera al

amparo de la Ley Núm. 100, supra, fue interrumpido cuando

éste presentó la querella el 28 de agosto de 2003 ante la

Unidad

Antidiscrimen,

y

dicho

término

quedó

suspendido

hasta que las partes fueron notificadas sobre el cierre

del caso ante la mencionada Unidad Antidiscrimen.

Desde

ese momento, es decir, desde el 14 de septiembre de 2006,

comenzó nuevamente el término prescriptivo de la acción

del

señor

Serrano

Rivera

en

contra

de

Foot

Locker

al

amparo de la Ley Núm. 100, supra.

Sin embargo, por ser la reclamación de la señora

Báez Lugo una acción al amparo del Art. 1802 del Código

Civil, supra, contingente y separada de la reclamación del

señor Serrano Rivera al amparo de la Ley Núm. 100, supra,

la acción de la señora Báez Lugo prescribió un año después

de la última reclamación extrajudicial que hicieron los

peticionarios el 9 de marzo de 2004.

En otras palabras,

la reclamación de la señora Báez Lugo al amparo del Art.

1802 del Código Civil, supra, prescribió el 9 de marzo de

2005;

más

de

dos

años

antes

de

que

se

presentara

la

demanda en este caso.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

determinación del Tribunal de Apelaciones por lo que se

desestiman

las

reclamaciones

presentadas

por

los

peticionarios por despido injustificado al amparo de la

AC-2009-58

19

Ley Núm. 80, supra, y por daños y perjuicios al amparo del

Art. 1802 del Código Civil, supra.

Se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los

procedimientos según lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ismael Serrano Rivera, Mayda

Enid Báez Lugo, ambos por sí

y en representación de la

Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos

AC-2009-58

Peticionarios

v.

Foot Locker Retail, Inc.

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, se confirma la determinación del

Tribunal de Apelaciones por lo que se desestiman

las reclamaciones presentadas por los peticionarios

por despido injustificado al amparo de la Ley

Núm. 80, supra, y por daños y perjuicios al amparo

del Art. 1802 del Código Civil, supra. Se devuelve

el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

continúe con los procedimientos según lo aquí

resuelto.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Jueza Asociada señora Fiol Matta emitió Opinión

Concurrente y Disidente. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ismael Serrano Rivera, Mayda

Enid Báez Lugo, ambos por sí y

en representación de la Sociedad

Legal de Gananciales compuesta

por ambos

Peticionarios

v.

AC-2009-58

Foot Locker Retail, Inc.

Recurrido

Opinión Concurrente

SEÑORA FIOL MATTA

y

Disidente

emitida

por

la

JUEZA

ASOCIADA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2011.

Estoy

conforme

con

el

análisis

que

hace

la

Opinión

mayoritaria sobre el término prescriptivo aplicable a una

reclamación instada al amparo del artículo 1802 del Código

Civil

por

una

persona

cuyo

cónyuge

alegadamente

ha

sido

víctima de un despido discriminatorio.

Sin

embargo,

hubiese

preferido

que

el

Tribunal

aprovechara esta oportunidad para discutir los efectos que

tiene

la

presentación

oportuna

de

una

querella

bajo

el

artículo 3 de la Ley 100 de 30 de junio de 1959 en los

términos prescriptivos de una causa de acción al amparo de la

Ley 80 de 30 de mayo de 1976. Entiendo que la congelación o

AC-2009-58

2

suspensión del término prescriptivo de una causa de acción

bajo el artículo 3 de la Ley 100, que ocurre al presentarse

la querella ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento

del Trabajo y Recursos Humanos (UAD) congela, o como menos,

interrumpe, el transcurso de la prescripción de la acción

bajo la Ley 80. Mi posición se basa en mi convencimiento de

que una causa de acción bajo la Ley 80 es un elemento

sustantivo y constitutivo de la causa de acción bajo el

artículo 3 de la Ley 100.

I.

La

Ley

80

prohíbe

y

castiga

los

despidos

injustificados.26 El artículo 11 de la Ley establece una

presunción rebatible de que todo despido es injustificado,27

y el artículo 2 provee un listado de lo que se considerará

justa causa para el despido.28 Para prevalecer en una causa

de acción bajo la Ley 80, el empleado tiene que demostrar

que sufrió un despido y que éste fue injustificado.

Por su parte, la Ley 100 atiende el discrimen en el

empleo.29

Específicamente,

el

artículo

3

de

la

Ley

100

establece los elementos sustantivos de la causa de acción y

el esquema probatorio a seguirse en los casos particulares

de

despidos

injustificado

discriminatorios:

y

que

se

dé

26

29 L.P.R.A. §§ 185a et seq.

27

29 L.P.R.A. § 185k.

28

29 L.P.R.A. § 185b.

29

29 L.P.R.A. § 146 et seq.

un

despido,

que

éste

sea

una

modalidad

del

discrimen

AC-2009-58

3

alegado.30 Como puede observarse, los primeros dos elementos

sustantivos de una causa de acción bajo el artículo 3 de la

Ley 100 son idénticos a una causa de acción bajo la Ley 80

en su totalidad.

De entrada, es notable el hecho de que la Ley 100 no

define

qué

constituye

justa

causa

para

el

despido

para

efectos del artículo 3, a pesar de que uno de los elementos

constitutivos de la causa de acción es, precisamente, un

despido sin justa causa. El historial de la Ley 100 revela,

sin embargo, la intención legislativa de incorporar a ésta

los criterios de la legislación que prohíbe los despidos sin

justa causa. Cuando se aprobó la Ley 100 estaba vigente la

Ley 50 de 20 de abril de 1949, sobre Despidos Ilegales, que

fue eventualmente sustituida por la Ley 80. Es decir, el

legislador de 1959 sabía que existía la Ley 50, y que ésta

establecía expresamente lo que sería justa causa para el

despido. Por tanto, es forzoso concluir que al no incluir en

la Ley 100 una definición específica de lo que constituye

justa causa, el legislador adoptó la definición provista por

la Ley 50 (hoy Ley 80).31 Así lo hemos interpretado durante

casi medio siglo. Durante ese tiempo, hemos recurrido a la

Ley 80 para determinar qué es justa causa bajo la Ley 100 y

30

29 L.P.R.A. 148. Nuestra

jurisprudencia

ha

sido

contradictoria y fluida en cuanto a este último elemento, pero,

como veremos, ha habido unanimidad a través de los años en

cuanto a los primeros dos.

31

El historial legislativo de la Ley 100, si bien no hace

referencia expresa a la entonces Ley 50 (hoy Ley 80), sí

denota la insistencia en el elemento de „justa causa‟ como

ingrediente constitutivo de la causa de acción. Véase Diario

de Sesiones, Senado de Puerto Rico, 30 de marzo de 1959, p.

686.

AC-2009-58

4

la Asamblea Legislativa no ha enmendado la Ley 100 para

incluir

otra

definición

de

este

término,

lo

cual

es

indicativo de la aprobación legislativa a esta práctica.32

En

Belk

v.

Martínez,33

analizamos

la

prohibición

de

discrimen por razón de matrimonio. Tras hacer referencia al

elemento

particular

de

esa

modalidad

permite

justificar

el

trato

perjudicial

matrimonial

empresa,

hace

imposible

manifestamos

que

el

buen

“[s]ólo

de

discrimen,

si

la

relación

funcionamiento

así

se

que

de

la

considerará

el

despido justificado. Cualquier otra justificación para el

despido del empleado deberá ser evaluado conforme a los

criterios de la Ley Núm. 80”.34

Pero la relación entre la Ley 80 y la Ley 100 no se

limita a la utilización de la primera para interpretar el

concepto

de

justa

causa

establecido

en

la

segunda.

El

desarrollo normativo ha entrelazado ambos estatutos de tal

manera que, como dice el profesor Chiesa Aponte “la ausencia

de justa causa es elemento necesario pero no suficiente para

activar la causa de acción [de la Ley 100]”.35 Más que un

asunto de interpretación estatutaria, la relación entre la

Ley 80, particularmente sus artículos 2 (definición de justa

32

En varias ocasiones hemos recurrido a la definición de

justa causa de la Ley 80 al discutir un caso bajo la Ley

100. Véase Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R.

485, 502, n. 7 (1985); Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., 114

D.P.R. 42, 50, n. 2 (1983).

33

146 D.P.R. 215 (1998).

34

Id, p. 230 (Énfasis suplido). Véase Efrén Rivera Ramos,

Derecho Probatorio, 68 Rev. Jur. U.P.R. 491, 512 (1999).

35

Ernesto Chiesa Aponte, Derecho Probatorio, 70 Rev. Jur.

U.P.R. 577, 599 (2001) (Énfasis suplido).

AC-2009-58

causa)

5

y

11

(presunción

de

que

el

despido

fue

injustificado), y la Ley 100 es de naturaleza sustantiva,

asunto que tiene mayor visibilidad en el esquema probatorio

aplicable a ambas.

Para probar un caso bajo el artículo 3 de la Ley 100

hay que probar necesariamente un caso bajo la Ley 80. Por

eso expresamos, en Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc.: “Para

activar la presunción se exige que el despido hubiera sido

realizado sin justa causa. Bajo las definiciones del Art. 2

de

la

Ley

de

Despidos

Injustificados,

la

[demandante]

cumplió con este requisito y tenía derecho a hacer valer la

presunción a su favor”.36 Como explica Chiesa Aponte, el

hecho presumido del despido injustificado, que tiene su base

estatutaria en la Ley 80, es “el elemento esencial de la

causa de acción bajo la Ley 100”.37

Como secuela de lo anterior, en Díaz v. Wyndham fuimos

enfáticos

al

discriminatorio

resolver

que,

por

definición,

siempre

será

injustificado.

un

despido

Esto,

aunque

nominalmente haya justa causa para el despido: “[N]o todo

despido injustificado es discriminatorio a su vez; y, por el

contrario,

todo

despido

discriminatorio

sí

es

injustificado”.38 Lo que es más, en ese caso catalogamos los

36

Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., supra, p. 56 (Énfasis

suplido). Véase además Rodríguez Meléndez . Sup. Amigo Inc.,

126 D.P.R. 117 (1990).

37

Chiesa Aponte, Derecho Probatorio, Op.Cit., pp. 594-595

(Énfasis suplido).

38

Díaz v. Wyndham, 155 D.P.R. 364, 387 (2001) (Énfasis

suplido).

AC-2009-58

6

despidos en violación al artículo 3 de la Ley 100 como

“despido[s]

injustificado[s]

discriminatorio[s]”.39

y

Por

eso es correcto afirmar que para probar una violación a la

Ley 100 tiene que haberse probado necesariamente un caso

bajo

la

Ley

80.

discriminatorio

De

esa

siempre

forma,

será

por

definición,

injustificado,

un

caso

aunque

el

patrono haya demostrado justa causa. En Wyndham exploramos

con profundidad la interrelación entre la Ley 80 y la Ley

100:

En síntesis, [el demandante] alegó que dicha

actuación

patronal

constituyó

un

despido

injustificado y discriminatorio, violando así las

disposiciones de la Ley Núm. 80, ante, y de la Ley

Núm. 100, ante, de manera conjunta”.40

También son ilustradoras nuestras manifestaciones sobre

qué ocurre cuando un empleado logra demostrar, en un caso

bajo la Ley 100, que fue despedido sin justa causa, pero no

logra demostrar el discrimen alegado y qué ocurre cuando, en

efecto, el empleado logra establecer que hubo tal discrimen:

Si luego de presentada la totalidad de la

prueba, queda demostrado que no hubo ánimo o

intención discriminatoria en el despido, pero el

demandado no logró establecer una justificación

razonable para el mismo, esto es, no probó la

justa causa, el tribunal deberá concluir que el

despido fue injustificado y el empleado será

acreedor,

exclusivamente,

a

los

remedios

establecidos en la Ley Núm. 80, ante. Si, por el

contrario, el tribunal determina que el despido

efectivamente fue discriminatorio y, por ende,

injustificado, entonces procederá a imponer los

39

Id, p. 391 (Énfasis suplido).

40

Id, p. 368.

AC-2009-58

7

remedios provistos

exclusivamente.41

por

la

Ley

Núm.

100,

ante,

Esto reafirma la norma de que los tribunales están

obligados a dar los remedios probados aunque no se hayan

alegado directamente.42 Como explica Cuevas Segarra, “toda

sentencia concederá el remedio que tenga derecho la parte a

cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no haya solicitado tal

remedio en sus alegaciones. Los tribunales concederán lo que

en derecho proceda y no lo que se les solicite”.43 En este

caso, si una persona presenta una causa de acción al amparo

del

artículo

catalogado

3

y

la

como

discriminatorio”,

despido

de

(2)

Ley

un

pero

que

100

“despido

únicamente

éste

alegando

fue

logra

lo

que

hemos

injustificado

y

demostrar

su

injustificado,

(1)

corresponde

otorgar los remedios de la Ley 80. Es decir, aunque no se

haya

reclamado

únicamente

bajo

específicamente

bajo

el

de

artículo

3

la

la

Ley

Ley

80

100,

sino

si

el

demandante demuestra los elementos de una causa de acción

bajo la Ley 80, como parte de su caso bajo la Ley 100,

tendrá derecho al remedio de la mesada.

A esta conclusión ya habíamos llegado, con más fuerza,

en Belk v. Martínez. En aquel caso, resolvimos que:

41

Id, p. 391 (Énfasis suplido).

42

Si bien en este caso el demandante presentó una causa de

acción tanto bajo la Ley 100 como la Ley 80, nuestras

expresiones en ese caso aplican a situaciones como la de

autos, pues los tribunales otorgan los remedios probados y

no únicamente los solicitados.

43

José A. Cuevas Segarra, Tratado

Civil, J.T.S. (2000), p. 704.

de

Derecho

Procesal

AC-2009-58

8

[S]i luego de presentada la totalidad de la

prueba

queda

demostrado

que

no

hubo

ánimo

discriminatorio para el despido, pero el demandado

no logró establecer una justificación razonable

para ésta (justa causa), el tribunal deberá

concluir que el despido fue injustificado y el

empleado será acreedor, exclusivamente, de los

remedios establecidos en la Ley Núm. 80, supra, de

despidos injustificados.44

En cuanto a la interacción de los remedios bajo ambas

leyes,

resolvimos

que,

“[c]omo

la

Ley

Núm.

100,

supra,

compensa por los daños sufridos por el empleado, estos daños

incluyen remediar los mismos que la Ley Núm. 80, supra,

indemniza”.45 Sobre eso abundamos como sigue: “Conceder una

indemnización

al

amparo

de

dos

(2)

leyes

distintas

que

tienen los mismos elementos, criterios y dependen de la

misma prueba, penalizará al patrono dos (2) veces por un

solo acto”.46 En cuanto las alegaciones que sirven de base

para una querella bajo la Ley 80 y el artículo 3 de la Ley

100, en Belk también resolvimos que “[e]stas alegaciones son

suficientes

para

injustificado,

establecer

según

las

que

el

despido

definiciones

del

de

Belk

fue

Art.

2

la

y

presunción del Art. [11] de la Ley Núm. 80 de despidos

injustificados,

supra.

De

esta

forma,

quedó

activada

la

presunción de discrimen del Art. 3 de la Ley Núm. 100,

supra”.47 Todo esto confirma que, para activar la presunción

44

Belk v. Martínez, supra, p. 232.

45

Id, p. 241 (Énfasis suplido).

46

Id (Énfasis suplido).

47

Id, p. 236 (Énfasis suplido).

AC-2009-58

9

del artículo 3 de la Ley 100, hay que alegar y fundamentar

una causa de acción bajo la Ley 80.

AC-2009-58

10

II.

La norma general aplicable a la interrupción de los

términos prescriptivos es que el derecho castiga la inacción

y la dejadez.48 La normativa vigente sobre la interrupción y

congelación

(suspensión)

aplicables

a

causas

de

los

de

términos

acción

prescriptivos

relacionadas

a

la

reivindicación de derechos laborales, y la interacción entre

estos términos responde a este propósito y es muy abundante

e ilustrativa. En Srio. de Trabajo v. F.H. Co., Inc.,49 nos

topamos

con

la

interrogante

de

si,

en

ausencia

de

una

disposición estatutaria a esos efectos, “la presentación de

una

querella

por

discrimen

en

el

empleo

ante

Antidiscrimen

del

Departamento

del

Trabajo

la

Unidad

interrumpe

el

período prescriptivo de un año para instar judicialmente las

acciones

que

resolvimos

surgen

que

“sí

bajo

la

[Ley

interrumpe

100]”.50

cuando

la

En

este

caso

querella

es

notificada al querellado dentro del término prescriptivo de

un

año”.51

“Resolver

lo

contrario”,

manifestamos,

“iría

contra la política pública del Estado, pues serían pocos los

trabajadores

que

acudirían

en

auxilio

inicialmente

al

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos por temor a que

su

reclamación

prescribiera”.52

48

Igual

ocurriría

en

casos

De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238, 245 (1985). Véase

Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655, 660 (1966).

49

116 D.P.R. 823 (1986).

50

Id, p. 824.

51

Id.

52

Id, pp. 827-828.

AC-2009-58

como

el

11

de

autos.

Si

se

resuelve

que

una

querella

debidamente presentada ante la UAD por Ley 100 no interrumpe

los términos para instar una acción bajo la Ley 80, se

desincentiva

el

que

los

trabajadores

recurran

a

dicha

entidad por miedo a perder su causa de acción base: que su

despido fue injustificado.

Nuestras expresiones en Matos Molero v. Roche Products,

Inc.

son

altamente

ilustrativas

para

la

situación

de

autos.53 En aquella ocasión, nos correspondía analizar si la

presentación de una querella bajo el Título VII federal ante

la

“Equal

Employment

Opportunity

Commission”

(EEOC)

suspendía los términos para instar una causa de acción bajo

la Ley 100 puertorriqueña en nuestros tribunales. Resolvimos

que sí.54 Esto, a pesar de que, a diferencia de la normativa

federal, en Puerto Rico se puede ir directamente al tribunal

en una demanda por violación a la Ley 100 sin tener que

agotar remedio administrativo alguno o, incluso, esperar la

determinación de la EEOC sobre la querella bajo el Título

VII.55

53

132 D.P.R. 470 (1993).

54

Matos Molero v. Roche Products, Inc., supra, p. 478.

55

Cabe recordar que la relación entre la ADEA (o el Título

VII en su totalidad) y nuestra Ley 100 no es de

correspondencia absoluta. Por el contrario, desde Ibáñez v.

Molinos de P.R., Inc., supra, p. 46, hemos enfatizado,

precisamente, en lo diferente que son los estatutos. No

obstante, en Matos Molero v. Roche Products, Inc., supra,

resolvimos que la presentación de una causa bajo el Título

VII suspende los términos bajo la Ley 100.

AC-2009-58

12

Nuestro fallo en Matos Molero fortalece la conclusión a

la que se llega en la Opinión mayoritaria en el caso de

autos sobre una causa de acción bajo el artículo 1802:

Cabe señalar, además, que el que una persona

reclame sus derechos al amparo de la Ley Núm. 100,

supra, o del Título VII no precluye el que pueda

reclamar al amparo de cualquier otra ley. Sobre

este particular, en Johnson v. Railways Express

Agency, 44 L.Ed. 2d 295 (1975), el Tribunal

Supremo federal determinó que el recurrir al

remedio provisto bajo el Título VII no afecta los

reclamos en violación de derechos civiles al

amparo de 42 U.S.C. sec. 1981. El Tribunal

resolvió que el presentar un cargo ante la

E.E.O.C. no tenía el efecto de interrumpir el

término prescriptivo para presentar una acción en

los tribunales, basados en los mismos hechos, al

amparo de 42 U.S.C. sec. 1981, ya que ambos

remedios,

aunque

relacionados,

se

consideran

separados, distintos e independientes.56

[…]

El ratio decidendi de estos casos es la

separabilidad e independencia de los remedios que

tiene una persona agraviada.57

De lo anterior surge que si un mismo evento genera

diversas causas de acción, el efecto interruptor que tiene

el ejercicio de una de éstas sobre las demás dependerá de la

relación entre dichas causas. Ya hemos visto que, en la

jurisdicción federal, la presentación de una querella bajo

el Título VII no interrumpe en cuanto a la sección 1981. A

igual conclusión hay que llegar en cuanto a la relación

56

Matos Molero v.

Énfasis suplido).

57

Roche

Products,

Id, p. 484 (Énfasis suplido).

Inc.,

supra,

p.

483

AC-2009-58

13

entre la Ley 100 y el artículo 1802, pues son estatutos

“separados, distintos e independientes”. Por el contrario,

al examinar la relación entre la Ley 100 y la Ley 80 hemos

visto que éstas “tienen los mismos elementos, criterios y

dependen de la misma prueba”.58 En Matos Molero, también

hicimos referencia a la jurisprudencia federal que permite

la congelación de una causa debido a la presentación de otra

si éstas “están totalmente relacionadas e integradas”.59 Si

la

presentación

de

una

querella

bajo

el

Título

VII

interrumpe y suspende los términos prescriptivos bajo la Ley

100, a pesar de que la Ley 100 no es parte sustantiva de la

causa de acción bajo el Título VII y, más importantemente,

se permite recurrir directamente a un tribunal de Puerto

Rico

sin

esperar

la

determinación

del

EEOC,

es

forzoso

concluir que lo mismo ocurre en la relación entre la Ley 100

y la Ley 80 pues no son causas “separadas e independientes”

y,

por

el

contrario,

están

“totalmente

relacionadas

e

análisis

la

integradas”.

En

Matos

Molero

concluimos

nuestro

de

siguiente manera:

La norma que hoy adoptamos no es otra cosa

que

la

aplicación

del

principio

firmemente

establecido

en

nuestro

Derecho

de

que

la

interrupción es la manifestación inequívoca de

quien, amenazado con la pérdida de su derecho,

expresa su voluntad de no perderlo […] En el caso

58

Belk v. Martínez, supra, p. 241 (Énfasis suplido).

59

Matos Molero v. Roche Products, Inc., supra, p. 487

AC-2009-58

14

de autos, la recurrente demostró

interés en vindicar sus derechos.60

cabalmente

su

Por otra parte, aunque una reclamación extrajudicial

con efectos interruptores, en el contexto laboral, “puede

manifestarse a través de diversos actos” y “no exige una

forma especial”:

[T]oda

reclamación

extrajudicial

deberá

cumplir con los siguientes requisitos para que

constituya una interrupción a la prescripción: (1)

debe ser oportuna, lo que exige que sea presentada

dentro del término establecido; (2) el reclamante

debe

poseer

legitimación,

por

lo

que

la

reclamación debe ser ejercitada por el titular del

derecho o acción cuya prescripción pretende

interrumpirse;

(3)

el

medio

utilizado

para

realizar la reclamación debe ser idóneo, y (4)

debe existir identidad entre el derecho reclamado

y aquel afectado por la prescripción.61

En Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc. decidimos que la

presentación

oportuna

de

una

querella

ante

la

UAD

interrumpía los términos prescriptivos de una reclamación

bajo la Ley 100 sin que hubiera un mandato legislativo a

esos efectos. Posteriormente, mediante la Ley Núm. 10 del 31

de mayo de 1991, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley 100

para “[d]isponer que, a partir de la notificación, dicho

término

prescriptivo

quede,

además

de

interrumpido,

en

suspenso o congelado (o sea, que no empezará a correr de

60

61

Id.

Id, p. 353 (Énfasis suplido). Véase además Umpierre

Biascoechea v. Banco Popular, 170 D.P.R. 205 (Sentencia,

2007).

AC-2009-58

15

nuevo), mientras la querella se continúe tramitando en el

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y no se haya

notificado

al

patrono

querellado

la

determinación

del

Secretario del Trabajo en cuanto a la reclamación”.62 La

Asamblea Legislativa citó con aprobación nuestra Opinión al

expresar que su objetivo al enmendar la Ley 100 era actuar

“en beneficio de nuestra clase trabajadora”.63

En Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc., llenamos una

laguna estatutaria al reconocer el efecto interruptor de la

presentación de una querella ante la UAD al palio de la Ley

100

–laguna

que

eventualmente

fue

atendida

por

la

legislatura adoptando nuestro fallo- y también lo hicimos en

Matos Molero, cuando dimos idéntico efecto a la presentación

de

una

acción

conclusión

era

presentación

de

bajo

el

requerida

una

Título

VII

en

este

querella

ante

la

en

la

caso:

UAD

EEOC.

la

al

Igual

oportuna

amparo

del

artículo 3 de la Ley 100 sobre despidos injustificados y

discriminatorios interrumpe y congela una reclamación bajo

la Ley 80.

III.

Los hechos particulares de este caso fortalecen esta

conclusión. Aquí, el peticionario Serrano Rivera presentó

una corta querella pro se ante la UAD en la que expuso:

“Estuve trabajando con Foot Locker desde 8-12-78 hasta 1015-02 y fui despedido y sustituido por una persona más joven

62

Leyes de Puerto Rico 1991, p. 38.

63

Id.

AC-2009-58

16

que yo[,] [a] pesar de un excelente trabajo en esos 24 años.

Por

lo

que

me

siento

discriminado

evidente

que

el

peticionario

alegó

por

la

edad”.64

mi

existencia

de

Es

un

despido (“fui despedido”), que éste fue injustificado (“a

pesar de un excelente trabajo en esos 24 años”) y que se dio

una modalidad de un discrimen prohibido (“sustituido por una

persona más joven que yo”). De esta forma, es obvio que

interrumpió su causa de acción bajo el artículo 3 de la Ley

100. La Opinión mayoritaria reconoce esta realidad. Pero de

esta misma querella surge una alegación suficiente bajo la

Ley 80: la existencia de un despido sin justa causa. Es

decir,

a

lo

mínimo,

están

presentes

los

elementos

identificados en Maldonado v. Russe, pues evidentemente hay

“identidad de propósitos” entre ambas reclamaciones, tanto

así

que

para

reclamar

la

protección

de

una

disposición

estatutaria (Ley 100) necesariamente tiene que reclamarse la

violación a la otra (Ley 80). Sin duda, se trata de un

trabajador

despedido

que

derechos.

No

ante

estamos

está

activamente

un

empleado

vindicando

que

se

cruzó

sus

de

brazos. Por el contrario, confió en la política pública que

le incentivó a presentar su querella ante la UAD. Resolver

que

su

reclamación

bajo

la

Ley

100

está

viva

pero

su

reclamación bajo la Ley 80 está prescrita derrotaría la

política pública e ignoraría el desarrollo jurisprudencial y

legislativo.

IV.

64

Apéndice Alegato de la Parte Apelada, p. 8.

AC-2009-58

17

En el caso de autos, la Opinión mayoritaria no analiza

qué efectos, si algunos, tendría la oportuna presentación de

una querella bajo el artículo 3 de la Ley 100 sobre una

causa de acción al palio de la Ley 80. En vez, dispone que

“no

nos

expresaremos

presentación

y

en

estos

posterior

momentos

acerca

notificación

de

oportuna

si

de

la

una

querella al amparo de la Ley Núm. 100, supra, en la Unidad

Antidiscrimen paraliza o no el término de tres años que

provee la Ley Núm. 80, supra”.65 Entiendo que nada impedía

que

aprovecháramos

interrogante,

este

momento

independientemente

para

de

si

atender

esta

concluyéramos

que

dicha presentación congelaba, interrumpía o no tenía efecto

alguno sobre un caso bajo la Ley 80. En mi caso particular y

por

lo

anteriormente

expresado,

concluyo

que

dicha

presentación congela, o a lo mínimo interrumpe, la causa de

acción al palio de la Ley 80. Por eso, en este caso, la

demanda

del

señor

Ismael

Serrano

Rivera

por

despido

injustificado no estaba prescrita. Confío que en un futuro

cercano,

cuando

interrogante,

el

Tribunal

proveerá

una

vuelva

a

toparse

contestación

con

adecuada

esta

que

dé

plena eficacia a la política pública vigente en nuestro país

de

erradicar

el

discrimen

en

el

empleo

y

castigar

despidos caprichosos.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

65

Opinión mayoritaria, p. 14.

los