LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Plan de Bienestar de Salud de la Unión de Carpinteros v. Seaboard Surety Company

2011 TSPR 120

Poder Judicial de Puerto Rico

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Plan de Bienestar de Salud de la Unión de Carpinteros v. Seaboard Surety Company

CC-2010-459

Procedimiento Civil – Inicio del plazo para apelar; notificación adecuada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Plan de Bienestar de Salud de

la Unión de Carpinteros de

Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2011 TSPR

Seaboard Surety Company;

Liberty Mutual Insurance;

American International

Insurance Company

120

182 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC

- 2010 - 459

Fecha: 12 de agosto de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel II

Juez Ponente:

Hon. José A. Morales Rodríguez

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Jorge R. Dávila

Lcdo. Vicente A. Sequeda Torres

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Norah E. Fernández Vallejo

Materia: Cobro de Dinero

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Plan de Bienestar de Salud de

la Unión de Carpinteros de

Puerto Rico

Peticionario

CC-2010-0459

v.

Seaboard

Surety

Company;

Liberty

Mutual

Insurance;

American

International

Insurance Company

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2011.

Atendemos

confusión

y

contradictorios

hoy

un

ha

sido

en

asunto

el

que

objeto

Tribunal

ha

de

de

causado

dictámenes

Apelaciones.

Hemos resuelto que si se presenta una moción que

interrumpe el término para apelar, éste se reanuda

cuando

la

secretaría

del

Tribunal

de

Primera

Instancia notifica adecuadamente el dictamen de ese

foro

con

respecto

a

la

moción

interruptora.

Por

consiguiente, si se notifica el archivo en autos

del dictamen de manera equivocada, sin advertir a

la parte que a partir de ese momento tiene derecho

a apelar, la notificación es inadecuada.

hasta que se

haga

la

notificación

de la

No es

manera

CC-2010-459

correcta

2

que

se

reanuda

el

plazo

para

apelar.

Así

lo

resolvimos recientemente en Dávila Pollock v. R.F. Mortg.

And Investment Corp., Op. de 8 de junio de 2011, 2011

T.S.P.R. 81, 2011 J.T.S. 86, 182 D.P.R. ___ (2011), ante

la notificación de una resolución que resolvió una moción

al amparo de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil de 1979,

32 L.P.R.A. Ap. III.

Ahora resolvemos, por un fundamento idéntico, que la

misma norma aplica cuando se notifica incorrectamente la

resolución que resuelve una moción instada al amparo de la

Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap.

III o su equivalente, la Regla 47 de Procedimiento Civil

de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. Por esta razón, resolvemos que

la parte peticionaria presentó su recurso oportunamente en

el Tribunal de Apelaciones, revocamos la sentencia de ese

foro y le devolvemos el caso para que atienda sus méritos.

I

La parte peticionaria, el Plan de Bienestar de Salud

de la Unión de Carpinteros de Puerto Rico (en adelante, el

Plan), presentó una demanda por cobro de dinero contra

tres compañías fiadoras: Seaboard Surety Company, Liberty

Mutual

Insurance

Company

y

American

International

Insurance Company. Reclamó ciertas aportaciones al plan

médico

y

de

vida

de

los

carpinteros

unionados

que

trabajaban en varios proyectos de construcción de la fiada

Redondo Construction Company.

CC-2010-459

3

El

Tribunal

sumaria

porque,

de

a

su

Primera

juicio,

Instancia

la

dictó

obligación

sentencia

no

estaba

garantizada por los contratos de fianza suscritos por las

compañías demandadas-recurridas. Copia de la notificación

de la sentencia se archivó en autos el 3 de agosto de

2009.

Diez días después, el 13 de agosto de 2009, el Plan

presentó una moción de reconsideración. Aunque el título

de la moción indicaba que también era una solicitud de

determinaciones de hechos adicionales bajo la Regla 43.3

de Procedimiento Civil de 1979, supra, una lectura de ella

nos convence de que se trataba en verdad de una moción de

reconsideración

al

amparo

de

la

Regla

47,

supra.

Es

evidente también que el foro primario consideró la moción

conforme a la Regla 47, íd., al acogerla y pedirle a la

parte demandada-recurrida que replicara.

Luego de que la parte demandada-recurrida se opusiera

a la moción de reconsideración, el Tribunal de Primera

Instancia emitió un dictamen el 18 de septiembre de 2009,

notificado a las partes el 28 de septiembre siguiente. El

tribunal expresó con respecto a la oposición: “Como se

pide.

Se

notificación

mantiene

se

dictamen

efectuó

con

notificada

el

[sic].”

formulario

La

OAT-750,

diseñado para notificar órdenes y resoluciones.

Cuatro días después de que el tribunal notificó su

resolución, el Plan solicitó término para replicar a la

oposición. Alegó que ésta le fue notificada tardíamente. A

CC-2010-459

4

pesar del dictamen emitido, el tribunal concedió el plazo

que el Plan solicitó y este último presentó su réplica.

Luego de considerar los planteamientos del Plan, el

Tribunal de Primera Instancia dictó una orden el 8 de

diciembre de 2009, mediante la cual declaró no ha lugar la

réplica a la oposición. El archivo en autos de copia de

esta resolución se notificó el 10 de diciembre de 2009. La

notificación se tituló “Notificación de archivo en autos

de la resolución de moción de reconsideración”. Para ello,

además

del

formulario

formulario

OAT-082.

OAT-750

Este

el

último

tribunal

apercibe

utilizó

a

la

el

parte

perjudicada de su derecho a apelar.

En efecto, el Plan apeló la sentencia el 8 de enero

de 2010, es decir, dentro de los treinta días siguientes a

la fecha del archivo en autos de copia de la notificación

de

la

segunda

Instancia.

resolución

Evidentemente

el

del

Tribunal

de

Plan

acató

aviso

el

Primera

de

la

notificación de esa segunda resolución, que indicaba que a

partir de entonces tenía derecho a apelar.

En

cambio,

el

Tribunal

de

Apelaciones,

Región

Judicial de San Juan, concluyó que el recurso era tardío

porque el término para apelar comenzó cuando se notificó

la primera resolución y no la segunda. Por esa razón el

foro intermedio se declaró sin jurisdicción y desestimó el

recurso.

dictamen.

En

reconsideración,

el

tribunal

reafirmó

su

CC-2010-459

5

Por ello, el Plan recurrió ante nos oportunamente.

Señala

que

no

fue

hasta

que

se

notificó

la

segunda

resolución que se le comunicó un dictamen con la finalidad

y certeza necesarias para poder apelar. El 3 de diciembre

de 2010 expedimos el auto de certiorari. Luego de recibir

la

posición

de

ambas

que

se

controversia

partes

trajo

por

a

escrito

nuestra

resolvemos

atención:

la

¿Tenía

jurisdicción el Tribunal de Apelaciones o la apelación se

presentó fuera de término?

II

La norma que aquí sentamos acerca del efecto de la

utilización del formulario incorrecto para notificar una

resolución que reinicia el término para apelar aplica por

igual

a

los

casos

tramitados

bajo

las

Reglas

de

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. Aun así,

debemos señalar, de entrada, que la controversia de autos

se

tramitó

según

las

entonces

vigentes

Reglas

de

Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III. Según la

Regla

47

de

ese

cuerpo

de

normas

procesales

la

presentación de una moción de reconsideración interrumpía

el término para apelar solamente si el Tribunal de Primera

Instancia la acogía antes de resolverla. En cambio, si el

tribunal denegaba la moción de plano ésta no interrumpía

el plazo para apelar la sentencia. Así pues, la discusión

que sigue hará referencia a las reglas de 1979 porque bajo

ellas se tramitó el caso y se resolvieron los asuntos

procesales que revisamos hoy. La norma de retroactividad

CC-2010-459

6

de las reglas procesales no aplica “en cuanto a cuestiones

que ya fueron dilucidadas bajo la antigua norma”. Morales

et al. v. Marengo et al., Op. de 13 de mayo de 2011, 2011

T.S.P.R. 71, 2011 J.T.S. 76, pág. 1401 esc. 4, 181 D.P.R.

___, ___ esc. 4 (2011).

Conforme a las reglas procesales vigentes entonces,

el

término

solicitud

para

de

apelar

se

interrumpió

reconsideración

y

se

al

acogerse

la

cuando

el

reinició

Tribunal de Primera Instancia resolvió la moción y archivó

en autos copia de la notificación de su dictamen. Reglas

47 y 53.1(g) de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A.

Ap. III; Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 D.P.R. 793

(2008); Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149

D.P.R.

213

(1999);

Rodríguez

Rivera

v.

Autoridad

Carreteras, 110 D.P.R. 184 (1980). Véase, e.g., la Regla

52.2(e) de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V.

El Tribunal de Apelaciones entendió que en este caso el

plazo

para

apelar

comenzó

con

la

notificación

de

la

primera resolución del Tribunal de Primera Instancia, el

28 de septiembre de 2009. El foro intermedio se equivocó.

El término para apelar comenzó al archivarse en autos

el 10 de diciembre de 2009, una copia de la notificación

de la segunda resolución del Tribunal de Primera Instancia

referente al trámite en reconsideración. El foro apelativo

intermedio

entendió

que

esa

inoficiosa

porque

el

Tribunal

ya

segunda

de

resolución

Primera

era

Instancia

había declarado “como se pide” la oposición que solicitaba

CC-2010-459

7

que se declarara sin lugar la moción de reconsideración y,

además,

manifestó

Además,

señaló

que

que

mantenía

la

en

vigor

notificación

su

de

sentencia.

la

primera

resolución fue eficaz aunque no contenía la advertencia

del derecho a apelar que consta en el formulario OAT-082.

Se basó en nuestra Sentencia en Moreno González v. Coop.

Ahorro Añasco, 177 D.P.R. 854 (2010). Esa Sentencia no

constituye precedente.

El Plan nos señala que la primera resolución no tenía

certeza, lo que se evidencia, a su juicio, con la prórroga

que le concedió después el foro primario, para replicar a

la oposición a la moción de reconsideración. Ese argumento

no

es

ambages

convincente.

que

se

La

primera

mantiene

en

resolución

vigor

la

señala

sin

sentencia

del

tribunal. Una vez una resolución como esa es notificada

debidamente, la parte debe saber que se ha resuelto la

moción de reconsideración y por ende, se ha reiniciado el

término

para

Tribunal

de

apelar.

Primera

Cualquier

Instancia

trámite

no

ulterior

interrumpe

ese

en

el

plazo,

pues así lo dictaba la Regla 53.1, supra, y ahora la Regla

52.2, supra.

Ahora

bien,

esta

norma

está

predicada

en

la

notificación adecuada de la resolución del tribunal. Por

eso, en el pasado hemos atisbado que la confusión creada

por el tribunal al notificar incorrectamente la resolución

de la moción interruptora del plazo apelativo impide que

ese término se reanude, a menos que se trate de un error

CC-2010-459

8

oficinesco que se pueda enmendar con efecto retroactivo

(nunc pro tunc). Ramos Ramos v. Westernbank, 171 D.P.R.

629 (2007) (Sentencia). Entre esos errores se encuentran

los que ocurren “por inadvertencia u omisión, o errores

mecanográficos, o que no puedan considerarse que van a la

sustancia de la sentencia, orden o resolución, ni que se

relacionan

con

Correa

K-Mart

v.

asuntos

discrecionales”.

Corp.,

(énfasis

suprimido).

“errores

del

Lo

secretario

S.L.G.

154

D.P.R.

523,

529

mismo

puede

decirse

del

tribunal

al

Coriano

(2001)

de

los

anotar

la

sentencia”. Íd., pág. 530.

También

sentencia,

archivo

hemos

orden

en

notificación.

o

autos

señalado

que

no

enviar

copia

de

la

notificación

del

resolución

con

la

no

la

efectividad

afecta

de

la

Barletta v. Tribunal Superior, 100 D.P.R.

690 (1972). En cambio, hemos resuelto que la notificación

solamente

a

un

abogado

que

con

la

autorización

del

tribunal dejó de representar a una parte y la notificación

a una dirección incorrecta, distinta a la que consta en

autos,

es

como

si

no

se

hubiese

hecho

ninguna

notificación. Vélez v. A.A.A., 164 D.P.R. 772, 790 esc. 15

(2005); Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 D.P.R. 305

(1998).

El término para apelar es improrrogable, “transcurre

inexorablemente y el tribunal no tiene jurisdicción para

entender

en

un

recurso

presentado

fuera

de

éste,

no

CC-2010-459

9

importa las consecuencias procesales que su expiración...”

conlleve. Vélez v. A.A.A., supra, pág. 786.

Es debido al carácter fatal de este término

que hemos indicado que es “imprescindible la

pronta

y

correcta

notificación”

de

las

sentencias, ya que según dispone la Regla 53.1

de Procedimiento Civil, ante, [el plazo para

apelar] comienza a decursar a partir del archivo

en autos de copia de la notificación.

Vélez v. A.A.A., íd., pág. 786, citando a

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151

D.P.R. 1, 7 (2000).

El archivo en autos de copia de la notificación no es

un

mero

requisito

de

forma.

Martínez,

Inc.

v.

Abijoe

Realty Corp., íd., pág. 8; Falcón Padilla v. Maldonado

Quirós,

138

D.P.R.

983,

989

constancia

oficial

de

requiere”.

Asociación Cooperativa v. Navarro, 70 D.P.R.

la

(1995).

“[C]onstituye

notificación

que

la

la

ley

929, 932 (1950). Por eso la Regla 46 de Procedimiento

Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, establecía claramente

que la sentencia no surtiría efecto hasta que se archivara

en autos copia de su notificación y que el término para

apelar empezaría a correr a partir de la fecha de ese

archivo. Lo mismo dispone la Regla 46 de Procedimiento

Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. Véase, además, Vélez v.

A.A.A., supra, pág. 788.

La notificación de un dictamen judicial

final es

un

requisito con el que se debe cumplir de modo tal que el

ciudadano afectado pueda enterarse de la decisión final que

se

ha

tomado

en

su

contra.

Así

lo

exige

el

debido

procedimiento de ley. Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155

CC-2010-459

D.P.R.

394,

10

405

(2001);

Nogama

Const.

Corp.

v.

Mun.

de

Aibonito, 136 D.P.R. 146, 152 (1994).

De forma reiterada hemos apuntalado que el

deber de notificar a las partes no constituye un

mero requisito. Su importancia radica en el efecto

que

tiene

dicha

notificación

sobre

los

procedimientos

posteriores

al

dictamen

final

emitido en un proceso adjudicativo. La falta de una

debida notificación podría afectar el derecho de

una parte a cuestionar el dictamen emitido y

debilita las garantías del debido proceso de ley.

Dávila Pollock v. R.F.

Corp., supra, pág. ___.

Mortg.

and

Investment

En fin, la notificación “es „parte integral de la

actuación

judicial‟

y

„requisito

sine

qua

non

de

un

ordenado sistema judicial‟ ”. Vélez v. A.A.A., supra, pág.

789, citando a Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003). “En

reiteradas ocasiones hemos expresado que el propósito que

sirve la notificación es proteger „el derecho de procurar

la revisión judicial de la parte afectada por un dictamen

a

quo

adverso‟

”.

Vélez

v.

A.A.A.,

supra,

pág.

789,

citando a Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, 161 D.P.R. 341,

345 (2004) (énfasis suprimido). Por eso hemos señalado que

la omisión de los requisitos formales de la notificación

“puede conllevar graves consecuencias, demoras e impedimentos

en el proceso judicial, como también crear un ambiente de

incertidumbre sobre cuándo comienza a transcurrir el término

para acudir a un tribunal de mayor jerarquía para revisar el

dictamen

recurrido”.

Dávila

Pollock

v.

R.F.

Mortg.

and

Investment Corp., supra, pág. ___.

Amparados en lo anterior, hemos resaltado la importancia

de

utilizar

el

formulario

correcto,

que

contiene

la

CC-2010-459

11

advertencia del derecho de apelar, cuando se notifica a las

partes la resolución que reanuda el término para apelar un

dictamen final del Tribunal de Primera Instancia. En Dávila

Pollock,

íd.,

resolvimos

que

el

término

para

apelar

una

sentencia del foro primario se inicia cuando se notifica con

el formulario correcto la resolución que resuelve una moción

de determinaciones de hechos adicionales, al amparo de la

Regla 43.3 de Procedimiento Civil, supra. Véase, e.g., la

Regla 43.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V.

“De lo contrario, al no advertirle a las partes del término

que

disponen

para

ejercer

su

derecho

de

apelación,

la

notificación emitida mediante el formulario incorrecto sería

catalogada

como

defectuosa

y

el

término

para

apelar

no

comenzaría a transcurrir”. Dávila Pollock v. R.F. Mortg. and

Investment Corp., supra, pág. ___. Hoy resolvemos que esa

norma es aplicable de igual modo y por el mismo fundamento a

las resoluciones que resuelven una moción al amparo de la

Regla

47

de

Procedimiento

Civil,

supra.

Ambas

mociones,

presentadas debida y oportunamente, interrumpen el plazo para

apelar.

Por

ende,

imprescindible

que

como

la

señala

la

parte

peticionaria,

es

de

resolución

que

notificación

la

resuelve una de esas mociones, contenga la certeza necesaria

para

advertir

tanto

a

las

partes

como

al

Tribunal

de

Apelaciones que se reinició el término jurisdiccional para

apelar. Véase Sol. Cert., págs. 19-20.

Por consiguiente, concluimos que el término para apelar

al foro intermedio comenzó cuando se archivó en autos copia

de la notificación de la resolución referente a la moción de

CC-2010-459

12

reconsideración,

formulario

mediante

contiene

la

el

formulario

advertencia

de

que

OAT-082.

se

Este

reinició

el

plazo para apelar. Así pues, el término de treinta días para

apelar que establecía la Regla 53.1(a) de Procedimiento Civil

de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, comenzó cuando se archivó en

autos copia de la segunda notificación, el 10 de diciembre de

2009. Por lo tanto, el Plan apeló a tiempo, el 8 de enero de

2010. Es decir, el Plan apeló dentro de los treinta días del

archivo en autos de copia de la notificación correcta de la

resolución que resolvió la moción instada al amparo de la

Regla 47, supra.

El Tribunal de Primera Instancia actuó bien al emitir

una segunda resolución y notificarla mediante el formulario

OAT-082, que advirtió a las partes del reinicio del término

para apelar. Al proceder así, el foro primario salvaguardó

las

garantías

procesales

del

Plan,

que

emanan

del

debido

proceso de ley y que no se observaron en la notificación de

la

primera

Tribunal

de

resolución.

Apelaciones

Al

no

hacer

incidió

esta

cuando

distinción,

se

declaró

el

sin

jurisdicción para atender el recurso.

III

Por los fundamentos expuestos, se dictará Sentencia para

revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones objeto de

este

recurso

y

devolver

el

caso

a

ese

foro

para

atienda en los méritos.

Se dictará Sentencia de Conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

que

lo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Plan de Bienestar de Salud de

la Unión de Carpinteros de

Puerto Rico

Peticionario

CC-2010-0459

v.

Seaboard

Surety

Company;

Liberty

Mutual

Insurance;

American

International

Insurance Company

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de

agosto de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

integrante de la presente Sentencia, se revoca el

dictamen del Tribunal de Apelaciones objeto de este

recurso y se devuelve el caso a ese foro para que

lo atienda en los méritos.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente

señor Hernández Denton disiente de este caso por las

mismas razones que lo llevaron a emitir una Opinión

Disidente en Dávila Pollock v. R.F. Mortg. and

Investment Corp., res. el 8 de junio de 2011, 2011

T.S.P.R. 81, decisión en la que se adoptó la norma

que el Tribunal aplica hoy. Se reafirma, pues, en su

criterio de que, al privilegiar la forma de una

notificación sobre la sustancia de la orden o

resolución

que

se

notifica,

se

relajan

los

requisitos de competencia y diligencia que deben

regir en nuestro ordenamiento procesal civil. La

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez se une al

disenso del Juez Presidente señor Hernández Denton.

La Jueza Asociada señora Fiol Matta no intervino.

El Juez Asociado señor Rivera García no interviene.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo