Tribunal Supremo de Puerto Rico
Plan de Bienestar de Salud de la Unión de Carpinteros v. Seaboard Surety Company
2011 TSPR 120
Poder Judicial de Puerto Rico
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Plan de Bienestar de Salud de la Unión de Carpinteros v. Seaboard Surety Company
CC-2010-459
Procedimiento Civil – Inicio del plazo para apelar; notificación adecuada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Plan de Bienestar de Salud de
la Unión de Carpinteros de
Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
v.
2011 TSPR
Seaboard Surety Company;
Liberty Mutual Insurance;
American International
Insurance Company
120
182 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CC
- 2010 - 459
Fecha: 12 de agosto de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel II
Juez Ponente:
Hon. José A. Morales Rodríguez
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Jorge R. Dávila
Lcdo. Vicente A. Sequeda Torres
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Norah E. Fernández Vallejo
Materia: Cobro de Dinero
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Plan de Bienestar de Salud de
la Unión de Carpinteros de
Puerto Rico
Peticionario
CC-2010-0459
v.
Seaboard
Surety
Company;
Liberty
Mutual
Insurance;
American
International
Insurance Company
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2011.
Atendemos
confusión
y
contradictorios
hoy
un
ha
sido
en
asunto
el
que
objeto
Tribunal
ha
de
de
causado
dictámenes
Apelaciones.
Hemos resuelto que si se presenta una moción que
interrumpe el término para apelar, éste se reanuda
cuando
la
secretaría
del
Tribunal
de
Primera
Instancia notifica adecuadamente el dictamen de ese
foro
con
respecto
a
la
moción
interruptora.
Por
consiguiente, si se notifica el archivo en autos
del dictamen de manera equivocada, sin advertir a
la parte que a partir de ese momento tiene derecho
a apelar, la notificación es inadecuada.
hasta que se
haga
la
notificación
de la
No es
manera
CC-2010-459
correcta
2
que
se
reanuda
el
plazo
para
apelar.
Así
lo
resolvimos recientemente en Dávila Pollock v. R.F. Mortg.
And Investment Corp., Op. de 8 de junio de 2011, 2011
T.S.P.R. 81, 2011 J.T.S. 86, 182 D.P.R. ___ (2011), ante
la notificación de una resolución que resolvió una moción
al amparo de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil de 1979,
32 L.P.R.A. Ap. III.
Ahora resolvemos, por un fundamento idéntico, que la
misma norma aplica cuando se notifica incorrectamente la
resolución que resuelve una moción instada al amparo de la
Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap.
III o su equivalente, la Regla 47 de Procedimiento Civil
de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. Por esta razón, resolvemos que
la parte peticionaria presentó su recurso oportunamente en
el Tribunal de Apelaciones, revocamos la sentencia de ese
foro y le devolvemos el caso para que atienda sus méritos.
I
La parte peticionaria, el Plan de Bienestar de Salud
de la Unión de Carpinteros de Puerto Rico (en adelante, el
Plan), presentó una demanda por cobro de dinero contra
tres compañías fiadoras: Seaboard Surety Company, Liberty
Mutual
Insurance
Company
y
American
International
Insurance Company. Reclamó ciertas aportaciones al plan
médico
y
de
vida
de
los
carpinteros
unionados
que
trabajaban en varios proyectos de construcción de la fiada
Redondo Construction Company.
CC-2010-459
3
El
Tribunal
sumaria
porque,
de
a
su
Primera
juicio,
Instancia
la
dictó
obligación
sentencia
no
estaba
garantizada por los contratos de fianza suscritos por las
compañías demandadas-recurridas. Copia de la notificación
de la sentencia se archivó en autos el 3 de agosto de
2009.
Diez días después, el 13 de agosto de 2009, el Plan
presentó una moción de reconsideración. Aunque el título
de la moción indicaba que también era una solicitud de
determinaciones de hechos adicionales bajo la Regla 43.3
de Procedimiento Civil de 1979, supra, una lectura de ella
nos convence de que se trataba en verdad de una moción de
reconsideración
al
amparo
de
la
Regla
47,
supra.
Es
evidente también que el foro primario consideró la moción
conforme a la Regla 47, íd., al acogerla y pedirle a la
parte demandada-recurrida que replicara.
Luego de que la parte demandada-recurrida se opusiera
a la moción de reconsideración, el Tribunal de Primera
Instancia emitió un dictamen el 18 de septiembre de 2009,
notificado a las partes el 28 de septiembre siguiente. El
tribunal expresó con respecto a la oposición: “Como se
pide.
Se
notificación
mantiene
se
dictamen
efectuó
con
notificada
el
[sic].”
formulario
La
OAT-750,
diseñado para notificar órdenes y resoluciones.
Cuatro días después de que el tribunal notificó su
resolución, el Plan solicitó término para replicar a la
oposición. Alegó que ésta le fue notificada tardíamente. A
CC-2010-459
4
pesar del dictamen emitido, el tribunal concedió el plazo
que el Plan solicitó y este último presentó su réplica.
Luego de considerar los planteamientos del Plan, el
Tribunal de Primera Instancia dictó una orden el 8 de
diciembre de 2009, mediante la cual declaró no ha lugar la
réplica a la oposición. El archivo en autos de copia de
esta resolución se notificó el 10 de diciembre de 2009. La
notificación se tituló “Notificación de archivo en autos
de la resolución de moción de reconsideración”. Para ello,
además
del
formulario
formulario
OAT-082.
OAT-750
Este
el
último
tribunal
apercibe
utilizó
a
la
el
parte
perjudicada de su derecho a apelar.
En efecto, el Plan apeló la sentencia el 8 de enero
de 2010, es decir, dentro de los treinta días siguientes a
la fecha del archivo en autos de copia de la notificación
de
la
segunda
Instancia.
resolución
Evidentemente
el
del
Tribunal
de
Plan
acató
aviso
el
Primera
de
la
notificación de esa segunda resolución, que indicaba que a
partir de entonces tenía derecho a apelar.
En
cambio,
el
Tribunal
de
Apelaciones,
Región
Judicial de San Juan, concluyó que el recurso era tardío
porque el término para apelar comenzó cuando se notificó
la primera resolución y no la segunda. Por esa razón el
foro intermedio se declaró sin jurisdicción y desestimó el
recurso.
dictamen.
En
reconsideración,
el
tribunal
reafirmó
su
CC-2010-459
5
Por ello, el Plan recurrió ante nos oportunamente.
Señala
que
no
fue
hasta
que
se
notificó
la
segunda
resolución que se le comunicó un dictamen con la finalidad
y certeza necesarias para poder apelar. El 3 de diciembre
de 2010 expedimos el auto de certiorari. Luego de recibir
la
posición
de
ambas
que
se
controversia
partes
trajo
por
a
escrito
nuestra
resolvemos
atención:
la
¿Tenía
jurisdicción el Tribunal de Apelaciones o la apelación se
presentó fuera de término?
II
La norma que aquí sentamos acerca del efecto de la
utilización del formulario incorrecto para notificar una
resolución que reinicia el término para apelar aplica por
igual
a
los
casos
tramitados
bajo
las
Reglas
de
Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. Aun así,
debemos señalar, de entrada, que la controversia de autos
se
tramitó
según
las
entonces
vigentes
Reglas
de
Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III. Según la
Regla
47
de
ese
cuerpo
de
normas
procesales
la
presentación de una moción de reconsideración interrumpía
el término para apelar solamente si el Tribunal de Primera
Instancia la acogía antes de resolverla. En cambio, si el
tribunal denegaba la moción de plano ésta no interrumpía
el plazo para apelar la sentencia. Así pues, la discusión
que sigue hará referencia a las reglas de 1979 porque bajo
ellas se tramitó el caso y se resolvieron los asuntos
procesales que revisamos hoy. La norma de retroactividad
CC-2010-459
6
de las reglas procesales no aplica “en cuanto a cuestiones
que ya fueron dilucidadas bajo la antigua norma”. Morales
et al. v. Marengo et al., Op. de 13 de mayo de 2011, 2011
T.S.P.R. 71, 2011 J.T.S. 76, pág. 1401 esc. 4, 181 D.P.R.
___, ___ esc. 4 (2011).
Conforme a las reglas procesales vigentes entonces,
el
término
solicitud
para
de
apelar
se
interrumpió
reconsideración
y
se
al
acogerse
la
cuando
el
reinició
Tribunal de Primera Instancia resolvió la moción y archivó
en autos copia de la notificación de su dictamen. Reglas
47 y 53.1(g) de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A.
Ap. III; Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 D.P.R. 793
(2008); Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149
D.P.R.
213
(1999);
Rodríguez
Rivera
v.
Autoridad
Carreteras, 110 D.P.R. 184 (1980). Véase, e.g., la Regla
52.2(e) de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V.
El Tribunal de Apelaciones entendió que en este caso el
plazo
para
apelar
comenzó
con
la
notificación
de
la
primera resolución del Tribunal de Primera Instancia, el
28 de septiembre de 2009. El foro intermedio se equivocó.
El término para apelar comenzó al archivarse en autos
el 10 de diciembre de 2009, una copia de la notificación
de la segunda resolución del Tribunal de Primera Instancia
referente al trámite en reconsideración. El foro apelativo
intermedio
entendió
que
esa
inoficiosa
porque
el
Tribunal
ya
segunda
de
resolución
Primera
era
Instancia
había declarado “como se pide” la oposición que solicitaba
CC-2010-459
7
que se declarara sin lugar la moción de reconsideración y,
además,
manifestó
Además,
señaló
que
que
mantenía
la
en
vigor
notificación
su
de
sentencia.
la
primera
resolución fue eficaz aunque no contenía la advertencia
del derecho a apelar que consta en el formulario OAT-082.
Se basó en nuestra Sentencia en Moreno González v. Coop.
Ahorro Añasco, 177 D.P.R. 854 (2010). Esa Sentencia no
constituye precedente.
El Plan nos señala que la primera resolución no tenía
certeza, lo que se evidencia, a su juicio, con la prórroga
que le concedió después el foro primario, para replicar a
la oposición a la moción de reconsideración. Ese argumento
no
es
ambages
convincente.
que
se
La
primera
mantiene
en
resolución
vigor
la
señala
sin
sentencia
del
tribunal. Una vez una resolución como esa es notificada
debidamente, la parte debe saber que se ha resuelto la
moción de reconsideración y por ende, se ha reiniciado el
término
para
Tribunal
de
apelar.
Primera
Cualquier
Instancia
trámite
no
ulterior
interrumpe
ese
en
el
plazo,
pues así lo dictaba la Regla 53.1, supra, y ahora la Regla
52.2, supra.
Ahora
bien,
esta
norma
está
predicada
en
la
notificación adecuada de la resolución del tribunal. Por
eso, en el pasado hemos atisbado que la confusión creada
por el tribunal al notificar incorrectamente la resolución
de la moción interruptora del plazo apelativo impide que
ese término se reanude, a menos que se trate de un error
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oficinesco que se pueda enmendar con efecto retroactivo
(nunc pro tunc). Ramos Ramos v. Westernbank, 171 D.P.R.
629 (2007) (Sentencia). Entre esos errores se encuentran
los que ocurren “por inadvertencia u omisión, o errores
mecanográficos, o que no puedan considerarse que van a la
sustancia de la sentencia, orden o resolución, ni que se
relacionan
con
Correa
K-Mart
v.
asuntos
discrecionales”.
Corp.,
(énfasis
suprimido).
“errores
del
Lo
secretario
S.L.G.
154
D.P.R.
523,
529
mismo
puede
decirse
del
tribunal
al
Coriano
(2001)
de
los
anotar
la
sentencia”. Íd., pág. 530.
También
sentencia,
archivo
hemos
orden
en
notificación.
o
autos
señalado
que
no
enviar
copia
de
la
notificación
del
resolución
con
la
no
la
efectividad
afecta
de
la
Barletta v. Tribunal Superior, 100 D.P.R.
690 (1972). En cambio, hemos resuelto que la notificación
solamente
a
un
abogado
que
con
la
autorización
del
tribunal dejó de representar a una parte y la notificación
a una dirección incorrecta, distinta a la que consta en
autos,
es
como
si
no
se
hubiese
hecho
ninguna
notificación. Vélez v. A.A.A., 164 D.P.R. 772, 790 esc. 15
(2005); Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 D.P.R. 305
(1998).
El término para apelar es improrrogable, “transcurre
inexorablemente y el tribunal no tiene jurisdicción para
entender
en
un
recurso
presentado
fuera
de
éste,
no
CC-2010-459
9
importa las consecuencias procesales que su expiración...”
conlleve. Vélez v. A.A.A., supra, pág. 786.
Es debido al carácter fatal de este término
que hemos indicado que es “imprescindible la
pronta
y
correcta
notificación”
de
las
sentencias, ya que según dispone la Regla 53.1
de Procedimiento Civil, ante, [el plazo para
apelar] comienza a decursar a partir del archivo
en autos de copia de la notificación.
Vélez v. A.A.A., íd., pág. 786, citando a
Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151
D.P.R. 1, 7 (2000).
El archivo en autos de copia de la notificación no es
un
mero
requisito
de
forma.
Martínez,
Inc.
v.
Abijoe
Realty Corp., íd., pág. 8; Falcón Padilla v. Maldonado
Quirós,
138
D.P.R.
983,
989
constancia
oficial
de
requiere”.
Asociación Cooperativa v. Navarro, 70 D.P.R.
la
(1995).
“[C]onstituye
notificación
que
la
la
ley
929, 932 (1950). Por eso la Regla 46 de Procedimiento
Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, establecía claramente
que la sentencia no surtiría efecto hasta que se archivara
en autos copia de su notificación y que el término para
apelar empezaría a correr a partir de la fecha de ese
archivo. Lo mismo dispone la Regla 46 de Procedimiento
Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. Véase, además, Vélez v.
A.A.A., supra, pág. 788.
La notificación de un dictamen judicial
final es
un
requisito con el que se debe cumplir de modo tal que el
ciudadano afectado pueda enterarse de la decisión final que
se
ha
tomado
en
su
contra.
Así
lo
exige
el
debido
procedimiento de ley. Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155
CC-2010-459
D.P.R.
394,
10
405
(2001);
Nogama
Const.
Corp.
v.
Mun.
de
Aibonito, 136 D.P.R. 146, 152 (1994).
De forma reiterada hemos apuntalado que el
deber de notificar a las partes no constituye un
mero requisito. Su importancia radica en el efecto
que
tiene
dicha
notificación
sobre
los
procedimientos
posteriores
al
dictamen
final
emitido en un proceso adjudicativo. La falta de una
debida notificación podría afectar el derecho de
una parte a cuestionar el dictamen emitido y
debilita las garantías del debido proceso de ley.
Dávila Pollock v. R.F.
Corp., supra, pág. ___.
Mortg.
and
Investment
En fin, la notificación “es „parte integral de la
actuación
judicial‟
y
„requisito
sine
qua
non
de
un
ordenado sistema judicial‟ ”. Vélez v. A.A.A., supra, pág.
789, citando a Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003). “En
reiteradas ocasiones hemos expresado que el propósito que
sirve la notificación es proteger „el derecho de procurar
la revisión judicial de la parte afectada por un dictamen
a
quo
adverso‟
”.
Vélez
v.
A.A.A.,
supra,
pág.
789,
citando a Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, 161 D.P.R. 341,
345 (2004) (énfasis suprimido). Por eso hemos señalado que
la omisión de los requisitos formales de la notificación
“puede conllevar graves consecuencias, demoras e impedimentos
en el proceso judicial, como también crear un ambiente de
incertidumbre sobre cuándo comienza a transcurrir el término
para acudir a un tribunal de mayor jerarquía para revisar el
dictamen
recurrido”.
Dávila
Pollock
v.
R.F.
Mortg.
and
Investment Corp., supra, pág. ___.
Amparados en lo anterior, hemos resaltado la importancia
de
utilizar
el
formulario
correcto,
que
contiene
la
CC-2010-459
11
advertencia del derecho de apelar, cuando se notifica a las
partes la resolución que reanuda el término para apelar un
dictamen final del Tribunal de Primera Instancia. En Dávila
Pollock,
íd.,
resolvimos
que
el
término
para
apelar
una
sentencia del foro primario se inicia cuando se notifica con
el formulario correcto la resolución que resuelve una moción
de determinaciones de hechos adicionales, al amparo de la
Regla 43.3 de Procedimiento Civil, supra. Véase, e.g., la
Regla 43.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V.
“De lo contrario, al no advertirle a las partes del término
que
disponen
para
ejercer
su
derecho
de
apelación,
la
notificación emitida mediante el formulario incorrecto sería
catalogada
como
defectuosa
y
el
término
para
apelar
no
comenzaría a transcurrir”. Dávila Pollock v. R.F. Mortg. and
Investment Corp., supra, pág. ___. Hoy resolvemos que esa
norma es aplicable de igual modo y por el mismo fundamento a
las resoluciones que resuelven una moción al amparo de la
Regla
47
de
Procedimiento
Civil,
supra.
Ambas
mociones,
presentadas debida y oportunamente, interrumpen el plazo para
apelar.
Por
ende,
imprescindible
que
como
la
señala
la
parte
peticionaria,
es
de
resolución
que
notificación
la
resuelve una de esas mociones, contenga la certeza necesaria
para
advertir
tanto
a
las
partes
como
al
Tribunal
de
Apelaciones que se reinició el término jurisdiccional para
apelar. Véase Sol. Cert., págs. 19-20.
Por consiguiente, concluimos que el término para apelar
al foro intermedio comenzó cuando se archivó en autos copia
de la notificación de la resolución referente a la moción de
CC-2010-459
12
reconsideración,
formulario
mediante
contiene
la
el
formulario
advertencia
de
que
OAT-082.
se
Este
reinició
el
plazo para apelar. Así pues, el término de treinta días para
apelar que establecía la Regla 53.1(a) de Procedimiento Civil
de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, comenzó cuando se archivó en
autos copia de la segunda notificación, el 10 de diciembre de
2009. Por lo tanto, el Plan apeló a tiempo, el 8 de enero de
2010. Es decir, el Plan apeló dentro de los treinta días del
archivo en autos de copia de la notificación correcta de la
resolución que resolvió la moción instada al amparo de la
Regla 47, supra.
El Tribunal de Primera Instancia actuó bien al emitir
una segunda resolución y notificarla mediante el formulario
OAT-082, que advirtió a las partes del reinicio del término
para apelar. Al proceder así, el foro primario salvaguardó
las
garantías
procesales
del
Plan,
que
emanan
del
debido
proceso de ley y que no se observaron en la notificación de
la
primera
Tribunal
de
resolución.
Apelaciones
Al
no
hacer
incidió
esta
cuando
distinción,
se
declaró
el
sin
jurisdicción para atender el recurso.
III
Por los fundamentos expuestos, se dictará Sentencia para
revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones objeto de
este
recurso
y
devolver
el
caso
a
ese
foro
para
atienda en los méritos.
Se dictará Sentencia de Conformidad.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
que
lo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Plan de Bienestar de Salud de
la Unión de Carpinteros de
Puerto Rico
Peticionario
CC-2010-0459
v.
Seaboard
Surety
Company;
Liberty
Mutual
Insurance;
American
International
Insurance Company
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de
agosto de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
integrante de la presente Sentencia, se revoca el
dictamen del Tribunal de Apelaciones objeto de este
recurso y se devuelve el caso a ese foro para que
lo atienda en los méritos.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente
señor Hernández Denton disiente de este caso por las
mismas razones que lo llevaron a emitir una Opinión
Disidente en Dávila Pollock v. R.F. Mortg. and
Investment Corp., res. el 8 de junio de 2011, 2011
T.S.P.R. 81, decisión en la que se adoptó la norma
que el Tribunal aplica hoy. Se reafirma, pues, en su
criterio de que, al privilegiar la forma de una
notificación sobre la sustancia de la orden o
resolución
que
se
notifica,
se
relajan
los
requisitos de competencia y diligencia que deben
regir en nuestro ordenamiento procesal civil. La
Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez se une al
disenso del Juez Presidente señor Hernández Denton.
La Jueza Asociada señora Fiol Matta no intervino.
El Juez Asociado señor Rivera García no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo