Tribunal Supremo de Puerto Rico
Solá Gutiérrez v. Bengoa Becerra
2011 TSPR 119
Poder Judicial de Puerto Rico
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Solá Gutiérrez v. Bengoa Becerra
AC-2010-49
Alimentos entre parientes – Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes; jurisdicción continua y exclusiva del foro que emite la orden de pensión alimentaria
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Bernardo Solá Gutiérrez, Maldrid
Maldonado y la Sociedad Legal de
Bienes Gananciales compuesta por
ambos
Certiorari
Recurridos
2011 TSPR
v.
182 DPR ____
Esteban R. Bengoa Becerra
Peticionario
Número del Caso: AC
Fecha: 11
- 2010 - 49
de agosto de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Humacao Panel X
Jueza Ponente:
Hon. Carmen H. Carlos Cabrera
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Esteban R. Bengoa
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo.
Materia:
Luis Ramón Rodríguez Cintrón
Alimentos
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que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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Su d istribución electrónica se hace como un servicio público a la
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119
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Bernando Solá Gutiérrez,
Maldrid Maldonado y la
Sociedad Legal de Bienes
Gananciales compuesta
por ambos
Recurridos
AC-2010-049
v.
Esteban R. Bengoa Becerra
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2011.
El
Tribunal
dictamen
del
de
Apelaciones
Tribunal
de
Primera
confirmó
un
Instancia
que
concluyó que los tribunales de Puerto Rico tenían
jurisdicción para imponer una pensión de alimentos
a favor de un menor. Debemos resolver si carecemos
de jurisdicción sobre la materia para atender una
reclamación de alimentos luego de que un tribunal
del
estado
pensión
a
de
Florida
favor
del
impusiera
mismo
previamente
menor.
Por
una
distintos
fundamentos confirmamos el dictamen del Tribunal de
Apelaciones.
AC-2010-049
2
I
El Sr. Esteban R. Bengoa Becerra y la Sra. Maldrid
Moreno Maldonado estuvieron casados y procrearon al Sr.
Javier
Bengoa
Moreno.
Este
y
la
Sra.
Danette
Linares,
procrearon al menor J.S.B.L. Tras varios incidentes, el 30
de octubre de 2007 el Tribunal del Condado de Orange,
Florida, otorgó la custodia temporera del menor J.S.B.L. a
su abuela paterna, la Sra. Moreno Maldonado y su actual
esposo, el Sr. Bernardo Solá Gutiérrez. Desde entonces,
los esposos Solá-Moreno se mudaron con el menor a Puerto
Rico.
El 4 de diciembre de 2007 el Tribunal de Florida le
impuso a cada uno de los padres del menor J.S.B.L. una
pensión alimentaria de $240, para un total de $480 al mes.
En esa orden el Tribunal de Florida expresó lo siguiente:
―The court reserves jurisdiction of the entire matter to
enter any further orders as may be equitable, appropiate
and just to enforce the orders made herein‖. Apéndice del
Recurso, pág. 101. Es decir, el Tribunal de Florida retuvo
jurisdicción sobre la controversia de alimentos del menor
J.S.B.L.
El 9 de febrero de 2009 el Tribunal de Florida le
confirió al matrimonio Solá-Moreno la custodia permanente
del menor. En dicha ocasión el Tribunal de Florida indicó
que retenía jurisdicción sobre el menor. Poco más de dos
meses
después,
representación
alimentos
en
el
matrimonio
del
menor,
contra
del
presentó
señor
Bengoa
Solá-Moreno,
en
una
de
demanda
Becerra,
abuelo
AC-2010-049
paterno
3
del
menor
J.S.B.L.,
Instancia, sala de Humacao.
en
el
Tribunal
de
Primera
En la demanda se adujo que el
señor Bengoa Becerra acordó con la Sra. Moreno Maldonado
el pago de $500 dólares mensuales para la manutención de
su
nieto,
aportación
que
dejó
de
hacer
en
un
momento
determinado. Se alegó además que los padres del menor no
estaban en condiciones de aportar a la manutención del
menor,
por
lo
que
le
correspondía
al
abuelo
paterno
hacerlo.
El
señor
Bengoa
Becerra
presentó
una
moción
de
desestimación por falta de jurisdicción. En ella adujo que
el menor nació en el estado de Florida y que este también
era el domicilio de los padres por lo que los tribunales
de Puerto Rico no tenían jurisdicción sobre el asunto. La
moción fue declarada no ha lugar.
Luego de varios trámites procesales el Tribunal de
Primera Instancia celebró una vista de alimentos. En la
vista, el Sr. Bengoa Becerra presentó una solicitud de
desestimación por falta de jurisdicción, que fue denegada.
Entonces presentó otra solicitud de desestimación en la
que alegó que en la vista de alimentos los demandantes no
presentaron
evidencia
para
probar
que
los
padres
biológicos del menor J.S.B.L. eran incapaces de satisfacer
las necesidades de su hijo.
orden
en
la
que
declaró
El foro primario dictó una
sin
lugar
la
solicitud
de
desestimación presentada por el señor Bengoa Becerra.
Así
las
cosas,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
emitió una Resolución en la que consignó que el menor
AC-2010-049
J.S.B.L.
suplir
4
tiene
sus
una
necesidad
alimentaria
que
no
pueden
padres
biológicos
y
existen
otros
como
no
parientes en grado más próximo obligados a alimentar, los
llamados a ello son los abuelos, a saber, el peticionario
Bengoa Becerra y la señora Moreno Maldonado. Por ello,
resolvió imponer una pensión alimentaria provisional al
peticionario equivalente al 50% de responsabilidad por los
gastos
básicos
y
suplementarios
del
menor,
lo
que
se
presentó
una
tradujo en una cantidad de $1,140.98 mensuales.
Inconforme,
el
señor
Bengoa
Becerra
solicitud de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.
Días después presentó una moción suplementaria en la que
planteó
nuevamente
la
falta
de
jurisdicción.
En
específico, señaló que los tribunales de Puerto Rico no
tenían jurisdicción para entender en este caso pues el
único tribunal con jurisdicción era el de Florida. Cabe
destacar
que
esta
fue
la
primera
vez
en
que
salió
a
relucir que existía una orden de alimentos emitida por el
Tribunal de Florida. Es decir, el foro primario no conocía
sobre
esa
alimentos.
orden
Así
al
las
momento
cosas,
el
de
imponer
foro
la
apelativo
pensión
de
intermedio
emitió una sentencia en la cual expidió el certiorari y
confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia.
El Tribunal de Apelaciones señaló que la controversia de
falta de jurisdicción sobre la materia debía plantearse
primero
ante
el
Tribunal
también
que
procedía
de
Primera
Instancia.
saltar
de
y
grados
alimentos al abuelo paterno del menor.
Dispuso
reclamarle
AC-2010-049
5
Todavía insatisfecho, el señor Bengoa Becerra apeló
ante este Tribunal. Aduce que la controversia es de la
jurisdicción exclusiva del tribunal del estado de Florida.
De forma paralela, los señores Solá Gutiérrez y Moreno
Maldonado
presentaron
ante
Instancia
una
en
moción
el
la
Tribunal
que
de
solicitaron
Primera
que
se
encontrara incurso en desacato al señor Bengoa Becerra por
no satisfacer la pensión fijada. Ante este cuadro fáctico,
el señor Bengoa Becerra presentó una moción en auxilio de
nuestra jurisdicción en la que solicitó que paralizáramos
los procesos en el foro primario hasta que se dilucidara
el recurso presentado en este Tribunal.
El
23
apelación
de
julio
como
un
de
2010
certiorari
acogimos
y
en
la
auxilio
petición
de
de
nuestra
jurisdicción, paralizamos el procedimiento en el Tribunal
de Primera Instancia. Debidamente sometidos los alegatos
de
las
partes,
procedemos
a
resolver
la
controversia
planteada.
II
Como cuestión de umbral, nos corresponde auscultar el
planteamiento jurisdiccional que planteó el señor Bengoa
Becerra. Es conocido que ―[l]a jurisdicción es el poder o
autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y
controversias‖.
D.P.R.
253,
Asoc.
263
n.3
Punta
las
(2007);
Marías
v.
A.R.Pe.,
170
Gearheart
v.
Haskell,
87
D.P.R. 57, 61 (1963). En específico, la jurisdicción sobre
la materia ―se refiere a la capacidad del tribunal para
atender
y
resolver
una
controversia
sobre
un
aspecto
AC-2010-049
legal‖.
J.
6
Echevarría
Puertorriqueño,
Vargas,
Colombia,
[s.
Procedimiento
Ed.],
2010,
pág.
Civil
25.
En
otras palabras, ―es el poder de un tribunal en particular
de
conocer
el
consideración‖.
tipo
de
caso
que
tiene
Black´s
Law
Dictionary,
5ta
ante
ed.,
su
West
Publishing Co., 1979, pág. 767; Davis v. Davis, 9 Ill.
App. 3d 922, 929, 293 N.E. 2d 399, 405 (1973). (Traducción
suplida.)
Debido a que la jurisdicción es el poder o autoridad
que posee un tribunal para considerar y decidir un caso o
controversia, su ausencia
trae consigo las consecuencias siguientes: (1)
no es susceptible de ser subsanada; (2) las
partes no pueden voluntariamente conferírsela a
un tribunal como tampoco puede éste abrogársela;
(3) conlleva la nulidad de los dictámenes
emitidos; (4) impone a los tribunales el
ineludible
deber
de
auscultar
su
propia
jurisdicción;
(5)
impone
a
los
tribunales
apelativos el deber de examinar la jurisdicción
del foro de donde procede el recurso, y (6)
puede
presentarse
en
cualquier
etapa
del
procedimiento, a instancia de las partes o por
el tribunal motu proprio.
González v. Mayagüez Resort & Casino, Op. de 10
de septiembre de 2009, 2009 T.S.P.R. 140, págs.
6-7, 2009 J.T.S. 143, 176 D.P.R.__, (2009),
citando a Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143
D.P.R. 314, 326 (1997).
Tan
pronto
el
tribunal
determina
que
no
tiene
jurisdicción sobre la materia, viene obligado a desestimar
el caso. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra. El
tribunal
que
no
tiene
recurso,
solo
tiene
la
autoridad
jurisdicción
para
para
atender
un
así
declararlo
y
proceder a desestimar el caso. Carattini v. Collazo Syst.
Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003). Es decir, la
AC-2010-049
ausencia
7
de
jurisdicción
es
insubsanable.
Vázquez
v.
A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). Véase, además, J.
Cuevas
Segarra,
Tratado
de
Derecho
Procesal
Civil,
San
Juan, Publicaciones J.T.S., 2000, T. 1, págs. 286-287.
El
Tribunal
de
Apelaciones
determinó
que
el
planteamiento jurisdiccional se debía atender en el foro
primario.
Todo
tribunal
tiene
la
responsabilidad
indelegable de auscultar su propia jurisdicción. En este
caso
el
señor
Bengoa
Becerra
presentó
una
moción
suplementaria en la que argumentó extensamente las razones
por las cuales los tribunales de Puerto Rico alegadamente
no contaban con jurisdicción para atender el asunto de
alimentos del menor J.S.B.L. El foro apelativo intermedio
correctamente remitió el caso al foro primario, pero debió
discutir las razones por las cuales tenía jurisdicción y
proveer unas guías que ayudaran al Tribunal de Primera
Instancia a resolver el planteamiento jurisdiccional.
III
En el 1996 el Congreso federal aprobó la Ley General
de
Responsabilidad
denominada
en
Personal
inglés
como
y
Oportunidad
"Personal
de
Empleos,
Responsibility
and
Work Opportunity Reconciliation Act of 1996", cuya Sección
321
le
Uniform
exigió
a
los
Interstate
estados
Family
y
Puerto
Support
Rico
Act
adoptar
(UIFSA)
la
como
requisito para recibir fondos federales para los programas
de sustento de menores y asistencia pública para familias
necesitadas. Véase, Ley Púb. Núm. 104-193, sec. 321, 22 de
agosto de 1996, 110 Stat. 2105, 2221. Para un análisis de
AC-2010-049
las
8
legislaciones
anteriores
a
la
UIFSA
véase,
T.
Fielding, The Uniform Family Support Act: The New URESA,
20 U. Dayton L. Rev. 425 (1994).
A esos fines, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico
aprobó la Ley Núm. 180 de 20 de diciembre de 1997, mejor
conocida
como
la
Ley
Interestatal
de
Alimentos
entre
Parientes (LIUAP), 8 L.P.R.A. sec. 541 et seq., en la cual
se incorporó la UIFSA a nuestro ordenamiento jurídico. En
esta ley se establece un sistema procesal uniforme que
busca facilitar todo lo relacionado con las órdenes de
pensión
alimentaria
a
menores
y
ex
cónyuges.
Véase,
Exposición de Motivos, 1997, Leyes de Puerto Rico, págs.
837-838.
Así, Puerto Rico como estado participante en la
reglamentación de la UIFSA, entró en una
relación de reciprocidad con todos los demás
estados y jurisdicciones norteamericanas, y
también con países extranjeros que hubiesen
adoptado leyes análogas a la UIFSA y sus
sistemas adjudicativos en materia de paternidad
y
alimentos
[en
la
medida
en
que]
sean
compatibles con el debido proceso de ley.
S. Torres Peralta, La Ley de sustento de menores
y el derecho alimentario en Puerto Rico, San
Juan, Publicaciones STP, 2007, Tomo II, sec.
17.08.
Cuando se aprobó la UIFSA en 1996 se vislumbraron dos
propósitos
esenciales.
uniformidad
a
procedimientos
la
de
El
primero
legislación
alimentos
fue
―proveerle
aplicable
interestatales
a
los
entre
los
estados [participantes de] la UIFSA‖. Torres Peralta, op
cit.,
Sec.
uniforme
17.09.
para
El
segundo
posibilitar
la
fue
―un
ejecución
sistema
procesal
de
orden
la
de
AC-2010-049
9
pensión alimentaria emitida por el estado emisor en otro
estado.‖ Íd. Como se aprecia,
la UIFSA de 1996 tiene dos facetas que aplicadas
integralmente van dirigidas a encauzar los
procedimientos hacia la eliminación del anterior
e inoperante sistema de órdenes alimentarias
múltiples, así como a contar con todas las
jurisdicciones
para
el
conocimiento
y
efectividad de la orden alimentaria única que se
emite por el estado emisor...
Íd.
Véase,
además,
J.
Sampson,
Uniform
Interstate Family Support Act (1996) Statutory
Text,
Prefatory
Note,
and
Commissioners'
Comments, 32 Family Law Quarterly 385 (1998).
Así, la LIUAP establece un sistema de una sola orden,
el cual se apoya en el principio de jurisdicción continua
y exclusiva del tribunal que emite una orden de pensión
alimentaria. Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 D.P.R. 558, 571
(1998).
El
Art.
importante
de
la
principio.
Véase,
with
prefatory
2.205,
quizás
la
disposición
más
LIUAP,
es
que
viabiliza
este
el
Uniform Interstate Family Support Act
note
and
comments:
http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/uifsa/famsuul6.p
df
(última
consagra
el
visita
el
principio
17
de
mayo
cardinal
de
de
2011).
Allí
se
que
el
tribunal
que
emite una orden de pensión alimentaria en beneficio de un
menor solo pierde su jurisdicción continua y exclusiva de
dos formas: (1) cuando todas las partes han dejado de
residir en ese estado, o (2) cuando todas las partes han
consentido
por
escrito
a
que
un
tribunal
de
otro
estado modifique la orden y asuma jurisdicción continua y
exclusiva.
Art.
2.205
de
la
LIUAP,
8
L.P.R.A.
sec.
AC-2010-049
10
542d(a).
Véase,
Jackson,
Sumario:
además,
C.
Análisis
Díaz
del
Olivo
término
y
G.
Labadie
2001-2002
del
Tribunal Supremo de Puerto Rico: Procesal Civil, 72 Rev.
Jur. U.P.R. 551, 558 (2003).
Mientras alguna de las dos excepciones no ocurran,
el
tribunal
que
emite
la
orden
es
el
único
con
jurisdicción sobre la materia para atender lo relacionado
con alimentos. El propósito de esta sección es abandonar
el sistema de órdenes de pensiones de alimentos múltiples
que prevalecía bajo la Uniform Reciprocal Enforcement of
Support Act (URESA), predecesora de la UIFSA. A. Rutkin,
Family Law and Practice, Matthew Bender, 2010, Vol. 5,
Sec. 48.03.
Al amparo de la URESA, la mayoría de los
procedimientos de pensión alimentaria eran de
novo. Aun cuando la orden de alimentos de un
estado estaba registrada en otro estado, éste se
atribuía el derecho de modificar la orden
emitida. Esto significaba que podían existir
varias órdenes de pensión de alimentos [sobre un
menor] vigentes en diversos estados. Bajo el
palio de la UIFSA, el principio de jurisdicción
continua y exclusiva tiene como objetivo, en la
medida de lo posible, reconocer que solo una
orden de pensión de alimentos puede estar
vigente.
Sampson, supra, pág. 404. (Traducción suplida.)
De esta forma, una vez que esté vigente una orden de
pensión alimentaria existen varias maneras de darle vigor
interestatalmente.
El
método
preferido
por
la
UIFSA
es
registrar la orden en el estado en el que se pretende
ejecutar.
M.
DeMaria,
Jurisdictional
Issues
under
the
Uniform Interstate Family Support Act, 16 J. Am. Acad.
Matrimonial Law 243, 255 (1999). Véase el Art. 6.601 de la
AC-2010-049
11
LIUAP, 8 L.P.R.A. sec. 545. Una vez registrada la orden de
pensión de alimentos, ésta es ejecutable de la misma forma
que una orden emitida por un tribunal de Puerto Rico. Art.
6.603 de la LIUAP, 8 L.P.R.A. sec. 545b. Las Secciones
6.601 a 6.614, 8 L.P.R.A. secs. 545-547e, de la UIFSA
regulan lo relativo a este proceso.
El Art. 6.604 de la LIAUP, 8 L.P.R.A. sec. 545c,
dispone cuál es el derecho aplicable a la hora de analizar
la orden de pensión de alimentos. En particular, el inciso
(a) establece:
§545c Derecho Aplicable
(a)
La ley del estado que emite la orden es la ley
que rige la naturaleza, alcance, cantidad y
duración de los pagos corrientes y otras
obligaciones
relacionadas
con
el
deber
de
alimentar y el pago de las sumas adeudadas bajo
dicha orden.
(b)
...
Esta sección deja claramente establecido que la ley
del estado que emite la orden es la que rige todo lo
relativo a la naturaleza y alcance del deber de alimentar.
Sampson,
supra,
pág.
490.
Por
ejemplo,
un
estado
que
reciba una orden que emitió otro estado debe reconocer y
ejecutar
un
decreto
que
ordene
pagar
una
pensión
de
alimentos hasta que el menor cumpla 21 años, sin tomar en
consideración que al amparo de su ley la obligación de
alimentar al menor cese a los 18 años. Véanse, GonzálezGoengaga v. González, 426 So. 2d. 1106 (Fla. 1983); In re
Marriage of Taylor, 122 Cal. App. 3d 209 (1981); Sampson,
supra, págs. 490-491.
AC-2010-049
12
De igual forma, tenemos que concluir, con seriedad
académica, que la ley del estado es la que rige el alcance
de
la
obligación
satisfacerla.
alimentaria
Eso
incluye
y
la
responsabilidad
quiénes
son
las
de
personas
llamadas a alimentar. Ese es el esquema que contempla la
L.I.U.A.P., dado que se trata de un asunto para el cual
cada estado puede adoptar medidas diferentes que, incluso,
modifiquen las reglas del common law.
De esta forma, ―un tribunal de Puerto Rico reconocerá
y
ejecutará
una
orden
registrada,
pero
no
podrá
modificarla si el tribunal que ha emitido la misma tenía
jurisdicción‖. Art. 6.603(e) de la LIUAP, 8 L.P.R.A. sec.
545b(e).
Esto
implica
que
al
implementar
alimentos
de
otro
estado
no
le
una
corresponde
orden
a
de
nuestros
tribunales dilucidar la sabiduría de la legislación del
otro estado que también haya incorporado a su ordenamiento
jurídico
la
UIFSA
u
otra
legislación
similar.
Por
el
contrario, tenemos el deber ineludible de ejecutar dicha
orden.
En el caso que nos ocupa el tribunal del estado de
Florida
fue
el
que
temporal
y
luego
la
matrimonio
le
concedió
permanente
Solá-Moreno.
Además,
primero
la
custodia
del
menor
J.S.B.L.
al
fue
el
emitió
una
que
orden de pensión alimentaria a favor del menor J.S.B.L. el
4 de diciembre de 2007 en la que ordenó a cada padre pagar
la cantidad de $240. Desde ese momento, dicho tribunal se
convirtió en el único foro con jurisdicción para atender
todo
asunto
de
alimentos
relativo
al
menor
J.S.B.L.
AC-2010-049
13
Precisamente el objetivo que se intentó alcanzar con la
UIFSA fue que no existieran múltiples órdenes de alimentos
a la vez, contrario a lo que ocurrió aquí.
De
esta
forma,
nuestro
análisis
se
centra
en
auscultar si el tribunal del estado de Florida ha perdido
la jurisdicción continua y exclusiva sobre el asunto de la
reclamación de alimentos del menor J.S.B.L.
En
nuestra
familia,
los
jurisprudencia
términos
acerca
domicilio
y
del
derecho
residencia
se
de
han
utilizado de forma equivalente. Prawl v. Lafita Delfín,
100 D.P.R. 35, 38 (1971). No obstante, estos conceptos no
son sinónimos. Íd., pág. 37. El tratadista Vázquez Bote,
luego
de
analizar
los
antecedentes
estos
términos,
concluye
que
el
residencia
habitual
en
que
jurisprudenciales
de
domicilio
lugar
es
―el
de
históricos
y
efectivamente se está y se quiere estar‖. E. Vázquez Bote,
Concepto del Domicilio en Derecho Puertorriqueño, 61 Rev.
Jur. U.P.R. 25, 50 (1992). En cambio, la residencia es ―el
lugar en que una persona se encuentra, durante más o menos
tiempo,
accidental
o
incidentalmente,
sin
intención
de
domiciliarse. Íd.
En otras palabras, el domicilio se puede definir como
la ―residencia habitual deseada y realizada‖. Íd, pág. 48.
De
esta
forma,
―[e]l
domicilio
supone
una
proyección
temporal, conforme con la nota de habitualidad, mientras
que la residencia se define por el hecho de estar‖. Íd,
pág.
50.
Véanse,
además,
Zarelli
v.
Registrador,
124
AC-2010-049
14
D.P.R. 529 (1989), P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones,
111 D.P.R. 199, 257 (1981).
En lo que nos ocupa, la L.I.U.A.P. utiliza en todo
momento el término de residencia y no el de domicilio.
Véanse, Arts. 1.101, 2.202, 2.205, 8 L.P.R.A. secs. 541,
542a,
542d;
Family
J.
Support
Sampson,
Act
B.
Brooks,
Uniform
with
prefatory
(2001),
Interstate
Note
and
Comments, 36 Fam. L. Q. 329, 368-369 (2002-2003). Por el
contrario, en los alegatos de las partes se dedica gran
parte a discutir cuál es el domicilio del menor J.S.B.L. y
el de su padre. Sin embargo, la interrogante medular en el
caso que nos ocupa es auscultar si la residencia de los
padres del menor se encuentra en el estado de Florida.
Al analizar minuciosamente el expediente, notamos que
no hay prueba en este que demuestre cuál es la residencia
de
los
padres
del
menor
J.S.B.L.
De
igual
forma,
el
expediente se encuentra huérfano de evidencia que pruebe
que los padres del menor J.S.B.L. hayan consentido por
escrito
a
que
el
tribunal
de
Puerto
Rico
asuma
jurisdicción sobre el asunto. Por ello, no se configura la
segunda excepción que contempla el Art. 2.205, supra.
Debido
a
que
no
se
presentó
prueba
sobre
la
residencia de los padres del menor J.S.B.L., es necesario
devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
este celebre una vista a esos efectos. Si se demostrara
que la residencia de alguno de los padres se encuentra en
Florida,
no
contempla
el
se
cumpliría
Art.
2.205,
con
la
supra.
primera
Por
excepción
que
consiguiente,
los
AC-2010-049
15
tribunales de Puerto Rico no tendrían jurisdicción para
atender el asunto.
IV
El ex Juez Asociado señor Serrano Geyls señala que
―[l]a obligación de los llamados a alimentar en el common
law es de los esposos y de los padres a sus hijos‖. R.
Serrano
Geyls,
legislación
Jurídica
Derecho
comparada,
Continua
de
de
San
la
familia
Juan,
de
Puerto
Programa
Universidad
de
Rico
y
Educación
Interamericana
de
Puerto Rico, Facultad de Derecho, 2002, T.2, pág. 1448. Es
decir,
―[n]o
existe
obligación
alguna
entre
otros
parientes consanguíneos o afines‖. Íd. De esta forma, como
regla general en el common law de Estados Unidos no existe
un deber de alimentar entre ascendientes y descendientes.
En cambio, en Puerto Rico y en el estado de Lousiana
la
obligación
de
alimentar
sí
se
extiende
a
los
descendientes y ascendientes recíprocamente. Véanse, Art.
143 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 562;
Art. 229 del Código Civil de Lousiana, La. Civ. Code. Art.
229. Esta situación presenta la controversia de si los
reclamos que puedan hacer los nietos a sus abuelos quedan
cobijados
bajo
contrario,
no
el
mandato
quedan
de
la
amparados
UIFSA,
o
por
el
y
principio
de
el
si
jurisdicción continua y exclusiva del tribunal que emite
una orden de pensión alimentaria es inaplicable.
Para poder contestar esa interrogante es necesario
acudir al Art. 1.101 de la LIUAP, 8 L.P.R.A. sec. 541, que
contiene
una
serie
de
definiciones.
En
específico,
los
AC-2010-049
16
incisos 12 y 13 definen los conceptos de alimentista y
alimentante. Estos esbozan lo siguiente:
§541. Definiciones
En este capítulo:
(1)...
(12) (a) Alimentista. Significa la persona a
quien se le adeuda, o se alega que se le adeuda,
o a cuyo favor se ha emitido una orden de
pensión alimentaria o a favor de quien se hace
una determinación de filiación;
(b) el estado o subdivisión política al
cual se le han cedido los derechos de la
obligación de alimentar o de una orden de
pensión alimentaria o que tiene reclamaciones
separadas
que
surgen
de
la
concesión
de
asistencia económica a un alimentista, o
(c)
la persona que solicita
determine la filiación de su hijo.
que
se
(13) (a) Deudor o alimentante.— Significa la
persona o el caudal hereditario de un causante,
que debe o se alega que debe la obligación de
prestar alimentos;
(b)
que se alega es el padre, pero
respecto al cual no ha sido determinada la
filiación del menor, o
(c) que es responsable de satisfacer una
orden de pensión alimentaria.
Art. 1.101, 8 L.P.R.A. sec. 541.
Un análisis de estos dos incisos refleja que el
legislador optó por definiciones amplias y abarcadoras de
los
términos
alimentista
y
alimentante.
De
esta
forma,
cualquier persona que en alguna medida sea responsable de
satisfacer una orden de pensión alimentaria es considerado
alimentante al amparo de la LIUAP. De igual manera, toda
persona
a
quien
se
le
adeude
dinero
por
concepto
de
pensión alimentaria es un alimentista bajo el palio de la
AC-2010-049
17
LIUAP. Cabe señalar que esta legislación es un calco en
español de la ley modelo UIFSA. Sin embargo, al analizar
los comentarios que acompañan a la ley modelo no hallamos
limitación
alguna
a
las
definiciones
abarcadoras
de
alimentista y alimentante. Véase, Sampson, supra, págs.
413-414.
Por
el
encontramos
contrario,
la
al
siguiente
auscultar
estos
expresión
comentarios
sobre
estas
definiciones:
Los términos alimentante y alimentista contienen
de forma inherente la obligación legal de pagar
o recibir alimentos y ambos términos también se
refieren implícitamente a las personas con el
deber de prestar alimentos a un menor. El
sistema de una sola orden de la U.I.F.S.A. sólo
puede
tener
éxito
si
las
respectivas
obligaciones de alimentar se ajustan según
cambie la posesión física de un menor entre sus
padres o un tercero que se haga cargo de él.
Esto debe realizarse en el contexto de la
modificación de una orden, y no por la creación
de órdenes múltiples que pretendan reflejar cada
cambio de custodia.1
J. Sampson, B. Brooks, Uniform Interstate Family
Support Act (2001), with prefatory Note and
Comments, 36 Fam. L. Q. 329, 352 (2002-2003).
(Traducción suplida.)
1
El texto en inglés del comentario reza de la siguiente
forma:
The terms "obligor" and "obligee" inherently
contain the legal obligation to pay or receive
support, and both terms also implicitly refer to
the individuals with a duty to support a child.
The one-order system of UIFSA can succeed only if
the respective obligations of support are adjusted
as the physical possession of a child changes
between
parents
or
involves
a
third
party
caretaker. This must be accomplished in the
context of modification, and not by the creation
of multiple orders attempting to reflect each
changing custody scenario.
AC-2010-049
Es
18
conocido
que
―[l]as
palabras
no
habitan
un
universo propio, desvinculado del mundo que las genera y
al que se refieren... El lenguaje es tan sólo inteligible
en función de ese mundo. El lenguaje jurídico en especial
deriva su significado de las realidades que lo forjan y
alteran‖. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 363, 366
(1975). (cita omitida.)
Así, el primer paso en el análisis de una legislación
es
determinar
si
el
lenguaje
es
simple
y
preciso
en
relación con la controversia particular del caso. González
González v. González Hernández, Op. de 27 de abril de
2011, 2011 T.S.P.R. 65, 2011 J.T.S. __, 181 D.P.R. __
(2011); Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., Op. de 14 de octubre
de 2009, 2009 T.S.P.R. 159, pág. 15, 2009 J.T.S. 162, 177
D.P.R. __, (2009). Véanse, además, Barnhart v. Sigmon Coal
Co., 534 U.S. 438, 450 (2002); Robinson v. Shell Oil Co.,
519 U.S. 337, 340 (1997). De ser así, procede terminar el
análisis
y
utilizar
la
acepción
simple
y
clara
del
lenguaje pues ―[c]uando el legislador se ha manifestado en
lenguaje claro e inequívoco, el texto de la ley es la
expresión por excelencia de toda intención legislativa‖.
Silva v. Adm. Sistemas de Retiro, 128 D.P.R. 256, 269
(1991).
Véanse,
Industrial,
77
además,
D.P.R.
16,
Atiles,
20
Admor.
(1954);
v.
United
Comisión
States
v.
Velastegui, 199 F.3d 590, 594 (2d Cir. 1999).
En
otras
palabras,
mientras
una
legislación
sea
coherente y consistente no hay necesidad de escudriñar más
AC-2010-049
19
allá de su lenguaje simple. Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A.,
supra; In re Palau Corp., 18 F.3d 746 (9th Cir. 1994).
Asimismo, el lenguaje simple y preciso de una legislación
solo puede ser rechazado si existe evidencia patente que
apoye una interpretación contraria. González González v.
González Hernández, supra; Matala v. Consolidation Coal
Co., 647 F.2d 427, 429 (4th Cir. 1981).
En ocasiones, existen palabras que pueden producir
que un lenguaje se torne ambiguo u oscuro. Elfren Bernier
y Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las leyes
en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Publicaciones J.T.S.,
1987,
Vol.1,
pág.
271.
Por
esa
razón,
cuando
hay
un
lenguaje confuso es deber del Tribunal llenar esas lagunas
y armonizar las disposiciones que encuentre conflictivas.
Roig Commercial Bank v. Buscaglia, Tes., 74 D.P.R. 986
(1953).
Sin
embargo,
como
bien
señala
el
Art.
14
del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14, ―[c]uando la ley es
clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe
ser
menospreciada
bajo
el
pretexto
de
cumplir
su
espíritu‖.
Así pues, el hecho de que un lenguaje sea amplio no
significa
estudio
que
del
sea
ambiguo.
propósito
de
Por
la
consiguiente,
LIUAP
tras
un
que
las
concluimos
reclamaciones de alimentos entre nietos y abuelos sí están
cobijadas
al
amparo
recogidas
en
las
de
esta
definiciones
legislación,
amplias
de
pues
quedan
alimentante
y
alimentista. Por ende, también le aplican el principio de
AC-2010-049
20
jurisdicción continua y exclusiva discutido anteriormente.
Resolver
lo
contrario
sería
crear
una
excepción
no
legislada a las definiciones abarcadoras de alimentante y
alimentista.
V
Finalmente,
debemos
analizar
cuáles
son
las
consecuencias de que nuestros tribunales tengan o carezcan
de jurisdicción sobre la materia. En la alternativa de que
los Tribunales de Puerto Rico cuenten con jurisdicción, el
matrimonio
Solá-Moreno
debe
registrar
la
orden
de
alimentos y cumplir con los requisitos establecidos en el
Art. 6.611 de la LIUAP, 8 L.P.R.A. sec. 547b.2 Una vez el
2
El Art.6.611 lee en su totalidad de la siguiente forma:
Modificación de la orden de pensión alimentaria de un
menor emitida en otro estado
(a)
Luego que se registra en Puerto Rico la orden de
pensión alimentaria de un menor, emitida en otro estado,
el tribunal recurrido de Puerto Rico puede modificar dicha
orden únicamente en el caso en que la sec. 547e de este
título no sea aplicable y luego de cumplir con el
requisito de notificación y vista determina que:
(1)
Los siguientes requisitos se han cumplido:
(A) El menor, el alimentista y el alimentante
no residen en el estado que emite la orden;
(B) el peticionario, quien no es residente de
Puerto Rico, solicita que se modifique la orden; y
(C) el demandado está sujeto a la jurisdicción
del tribunal de Puerto Rico; o
(continúa...)
AC-2010-049
21
Tribunal de Puerto Rico modifique la orden, se convierte
en el tribunal de jurisdicción continua y exclusiva en lo
referente al asunto de alimentos del menor J.S.B.L. Por el
contrario, si los tribunales de Puerto Rico no tuvieran
jurisdicción para antender el reclamo, el matrimonio SoláMoreno tendría la opción de registrar la orden de pensión
alimentaria
emitida
por
el
estado
de
Florida
en
la
(2) el menor o una de las partes está sujeto a la
jurisdicción sobre la persona del tribunal de Puerto Rico
y todas las partes han presentado por escrito su
consentimiento en el estado que emitió la orden para que
el tribunal de Puerto Rico pueda modificar la orden de
pensión alimentaria y asumir jurisdicción continua y
exclusiva sobre la misma. Sin embargo, si el estado que
emite la orden es una jurisdicción extranjera que no ha
aprobado
una
ley
o
establecido
procedimientos
sustancialmente similares a los procedimientos bajo este
capítulo, el consentimiento que de otra manera hubiera
sido requerido de una persona que resida en Puerto Rico,
no se requerirá para que el tribunal asuma jurisdicción
para modificar la orden de pensión alimentaria del menor.
(b) La modificación de una orden de pensión alimentaria
de un menor que ha sido registrada está sujeta a los
mismos requisitos, procedimientos y defensas aplicables a
la modificación de una orden emitida por un tribunal de
Puerto Rico y la orden podrá ser ejecutada y asegurada de
la misma forma.
(c) Un tribunal de Puerto Rico no podrá modificar ningún
aspecto de la orden de pensión alimentaria de un menor que
no pueda ser modificado bajo la ley del estado que emite
la orden. Si dos o más tribunales han emitido órdenes de
pensión alimentaria para un menor siendo el alimentante y
el menor los mismos, la orden que tiene preferencia y debe
ser reconocida según lo dispuesto en la sec. 542f de este
título establecerá los aspectos de la orden de pensión
alimentaria que no son susceptibles de ser modificados.
(d)
Al expedirse una orden modificando una orden de
pensión alimentaria de un menor emitida en otro estado, el
tribunal de Puerto Rico se convierte en el tribunal de
jurisdicción continua y exclusiva.
AC-2010-049
22
Administración para el Sustento de Menores para que ésta
la ejecute administrativamente. Véase el Art. 5.507 de la
LIUAP, 8 L.P.R.A. sec. 544g.3
En ese supuesto, el hecho de que la ley en el estado
de
Florida
sea
diferente
no
significa
que
vayamos
a
descartarla y eludir la realidad de que posiblemente ella
sea la que determine todo lo relacionado a la pensión de
alimentos del menor J.S.B.L.
Véanse, Fla. Stat. Secs.
61.13, 61.30; Thalgott v. Thalgott, 571 So. 2d. 1368, 1370
(Fla.
1990).
En
otras
palabras,
no
podemos
negar
la
jurisdicción y la aplicación de la ley de un estado de la
Unión por el mero hecho de que su legislación no es igual
a la nuestra. Le debemos dar entera fe y crédito a esa
ley. Véanse, Art. IV, Sec. I de la Constitución de los
Estados Unidos de América, 1 L.P.R.A., ed. 2008, pág. 177;
Baker v. GMC, 522 U.S. 222, 232 (1998); Milwaukee County
3
§ 544g. Ejecución administrativa de órdenes
(a) La parte que solicita el cumplimiento de una orden de
pensión alimentaria o una orden de retención de ingresos,
o ambas, emitida por un tribunal de otro estado podrá
enviar los documentos requeridos para el registro de la
orden a la Administración para el Sustento de Menores de
Puerto Rico.
(b)
Una vez recibidos los documentos, la agencia de
sustento de menores, previo el registro de la orden,
considerará y si lo estima apropiado, utilizará cualquier
procedimiento administrativo autorizado por la ley de
Puerto Rico para ejecutar la orden de pensión alimentaria
o la orden de retención de ingresos, o ambas. Si el
alimentante no objeta la validez o la ejecución de la
orden por la vía administrativa, la agencia de sustento de
menores registrará la misma según se dispone en este
capítulo.
AC-2010-049
23
v. M. E. White Co., 296 U.S. 268, 277 (1935).
Debido a que el planteamiento jurisdiccional no se ha
resuelto, declinamos entrar en los méritos de la alegación
del señor Bengoa Becerra referente a la subsidiaridad y
mancomunidad de la obligación de alimentar a su nieto.
VI
Por
los
fundamentos
anteriormente
expuestos,
se
confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
realice
una
vista
en
la
que
se
presente
prueba
de
la
vigencia de la orden de alimentos emitida por el estado de
Florida
y
de
la
residencia
de
los
padres
del
menor
J.S.B.L. Así, se podrá determinar si nuestros tribunales
cuentan con jurisdicción sobre la materia para ventilar el
asunto de alimentos.
Se dictará Sentencia de conformidad.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Bernando Solá Gutiérrez,
Maldrid Maldonado y la
Sociedad Legal de Bienes
Gananciales compuesta
por ambos
Recurridos
AC-2010-049
v.
Esteban R. Bengoa Becerra
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2011.
Por los fundamentos anteriormente expuestos,
en la Opinión que antecede, la cual se hace formar
parte integrante de la presente Sentencia, se
confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones y
se devuelve el caso al Tribunal de Primera
Instancia para que realice una vista en la que se
presente prueba de la vigencia de la orden de
alimentos emitida por el estado de Florida y de la
residencia de los padres del menor J.S.B.L. Así, se
podrá determinar si nuestros tribunales cuentan con
jurisdicción sobre la materia para ventilar el
asunto de alimentos.
Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente con
opinión escrita a la que se unen el Juez Presidente
señor Hernández Denton y la Jueza Asociada señora
Fiol Matta. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco
no interviene.
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Bernardo Solá Gutiérrez,
Maldrid Maldonado y la
Sociedad Legal de Bienes
Gananciales compuesta por
ambos
Recurridos
AC-2010-49
v.
Esteban R. Bengoa Becerra
Peticionario
Opinión Disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez a la cual se une el Juez Presidente señor Hernández
Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta
San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2011
Hoy, una mayoría de este Tribunal interpreta la Ley
Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes, infra,
para resolver que una vez un tribunal de otra jurisdicción
emite una orden de alimentos a favor de un menor, nuestros
tribunales carecen de jurisdicción para entender en una
reclamación de alimentos presentada por un menor en contra
de
su
abuelo,
en
virtud
del
deber
de
alimentos
entre
parientes reconocido en nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 561, et seq.
En su curso interpretativo, la mayoría pasa por alto
que
las
limitaciones
interestatal
de
jurisdiccionales
alimentos,
no
de
aplican
nuestra
ley
al
de
tipo
AC-2010-49
2
obligación que posibilita la reclamación de alimentos que
hoy
nos
ocupa.
Ello,
pues
se
trata
de
una
obligación
independiente que quedó fuera del marco de aplicación del
estatuto.
Además, ambas partes residen en Puerto Rico y no
existe una orden vigente en contra del abuelo, ya que éste
no
formó
parte
jurisdicción.
del
proceso
celebrado
en
la
otra
Es decir, la pensión impuesta en este caso
no trastoca en lo absoluto los postulados de la referida
legislación.
Por las razones que expongo a continuación, y porque
creo que hoy se toma una decisión lamentable y desacertada,
disiento.
I
El señor Esteban R. Bengoa Becerra y la señora Maldrid
Moreno Maldonado procrearon al señor Javier Bengoa Moreno.
De la unión de este último y la señora Danette Linares,
nació el menor J.S.B.L. en el estado de Florida, el 30 de
enero de 2000.
temporal
del
El 30 de octubre de 2007, la custodia
menor
pasó
a
manos
de
la
señora
Moreno
Maldonado, abuela paterna, y de su actual esposo, el señor
Bernardo
Solá
Gutierrez.
Ello
en
virtud
de
una
emitida por la Corte para el Noveno Circuito del
orden
Condado
de Orange, Florida (en adelante, ―Corte de Florida‖) en un
caso de remoción de custodia presentado contra los padres
biológicos
por
razón
de
maltrato
hacia
el
menor.
No
obstante, en esa ocasión, la Corte de Florida no fijó una
AC-2010-49
pensión
3
alimentaria
para
el
menor.4
Ese
mismo
año,
el
matrimonio Moreno-Solá se trasladó con el menor a Puerto
Rico, donde residen actualmente.
Se alega que más adelante, el 4 de diciembre de 2007,
la Corte de Florida le impuso a cada uno de los padres del
menor
J.S.B.L.
la
obligación
de
proveer
una
pensión
alimentaria de $240 mensuales, para un total de $480.5
el
incumplimiento
de
los
padres
con
el
Ante
plan
de
reunificación familiar, el 9 de febrero de 2009, la Corte
de
Florida
matrimonio
emitió
una
Moreno-Solá
orden
la
(permanent guardianship).6
en
custodia
la
que
confirió
permanente
del
al
menor
Surge de la orden, que la Corte
de Florida invistió al matrimonio Moreno-Solá con todos los
deberes relacionados al cuidado del menor, entre éstos, el
de proveerle alimentos hasta alcanzar la mayoría de edad.
Id.
Nada expresó ese tribunal sobre la orden de alimentos
del 4 de diciembre de 2007.
4
Determinación de hecho número 2 del Tribunal de Primera
Instancia, pág. 62 del Apéndice, Petición de certiorari.
5
Como se verá más adelante, la controversia sobre esta
orden surgió por primera vez en la etapa apelativa, por lo
que el Tribunal de Primera Instancia no la tomó en
consideración al emitir la orden de alimentos.
Por el
contrario, conforme al testimonio de la señora Moreno
Maldonado, el Tribunal de Primera Instancia determinó que
no se había fijado una pensión alimentaria a los padres
biológicos del menor. Determinación de hecho número 3 del
Tribunal de Primera Instancia, pág. 3 del Apéndice,
Petición de certiorari.
6
Orden placing con fecha 9 de febrero 2009 – Parte
demandante. Exhibit 2 de la prueba admitida por el Tribunal
de Primera Instancia, pág. 86 del Apéndice, Petición de
certiorari.
AC-2010-49
4
Entretanto,
Bengoa
Becerra,
el
abuelo
había
paterno
acordado
del
con
menor,
la
el
señora
señor
Moreno
Maldonado aportar la suma de $500 mensuales para sufragar
los gastos de manutención del nieto de ambos, e hizo pagos
por la referida cantidad.
No obstante, posteriormente el
señor Bengoa redujo la cantidad de dinero en los pagos, por
lo que la señora Moreno Maldonado se negó a aceptarlos,
razón que el señor Bengoa adujo para dejar de efectuarlos.7
Como secuela de lo anterior, el 13 de abril de 2009,
el matrimonio Moreno-Solá presentó una demanda de alimentos
contra el señor Esteban R. Bengoa Becerra en el Tribunal de
Primera Instancia, sala de Caguas, Puerto Rico.8
En la
demanda,
los
padres
dinero
alguna
el
biológicos
matrimonio
no
habían
Moreno-Solá
provisto
adujo
cantidad
de
que
para la manutención del menor y que éstos eran incapaces de
aportar.
Además, alegó en la demanda que el señor Bengoa
Becerra había incumplido un acuerdo alcanzado con la señora
Moreno Maldonado para el pago de $500 mensuales para la
manutención de su nieto.
Por lo anterior, solicitaron que
se impusiera una pensión alimentaria en contra del abuelo,
el señor Bengoa Becerra, en beneficio del menor J.S.B.L.,
de conformidad con nuestro ordenamiento.9
7
Determinaciones de hecho número 15-17 del Tribunal de
Primera Instancia, pág. 65 del Apéndice, Petición de
certiorari.
8
Posteriormente, el caso fue trasladado al Tribunal de
Primera Instancia de Humacao.
9
Demanda, pág. 15 del Apéndice, Petición de certiorari.
(continúa...)
AC-2010-49
5
Posteriormente, el señor Bengoa Becerra presentó una
moción de desestimación en la que alegó que el tribunal
estaba
impedido
de
atender
jurisdicción sobre la materia.
el
hecho
que
el
menor
el
caso
por
no
tener
Fundamentó su posición en
J.S.B.L.
nació
en
el
estado
de
Florida, localidad que a su vez era el domicilio de los
padres del menor, por lo que los tribunales de ese estado
retenían la jurisdicción sobre todo asunto relacionado al
menor.
la
El foro de primera instancia proveyó no ha lugar a
moción.
De
esa
decisión,
el
señor
Bengoa
Becerra
recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó
la determinación del Tribunal de Primera Instancia, en un
dictamen del cual no se recurrió.10
Devuelto el caso al Tribunal de Primera Instancia, se
celebró una vista de alimentos el 1 de septiembre de 2009,
la cual se trató como vista sobre pensión provisional.
El
día de la vista, el señor Bengoa Becerra planteó nuevamente
la falta de jurisdicción, a lo que el tribunal declaró no
ha lugar.
La prueba presentada en la vista consistió del
testimonio de la abuela demandante la señora Maldrid Moreno
Maldonado y del abuelo demandado el señor Esteban R. Bengoa
Becerra, así como de varios documentos cuya admisibilidad
fue estipulada por las partes.11
10
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLCE2009-1218,
pág. 56 del Apéndice, Petición de certiorari.
(continúa...)
AC-2010-49
6
Posteriormente, el 13 de octubre de 2009, el demandado
presentó
alegó
una
que
segunda
en
la
moción
vista
de
de
desestimación
alimentos
los
en
la
que
demandantes
no
presentaron evidencia para probar la incapacidad económica
de los padres biológicos del menor.
El foro primario la
declaró no ha lugar mediante una orden notificada el 20 de
octubre de 2009.
Ese
mismo
día,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
notificó una resolución dictada el 16 de octubre de 2009,
en
la
que
resolvió
que
se
había
probado
que
el
menor
J.S.B.L. tenía una necesidad de alimentos que sus padres
habían sido, y eran, incapaces de satisfacer.
A la luz de
lo
sobre
anterior,
y
en
ausencia
de
alegaciones
otros
parientes obligados en grado más próximo a los abuelos,
coligió que procedía imponerle a éstos la obligación de
proveer alimentos al menor.
En ese tenor, y a la luz de la
prueba admitida por el tribunal, impuso al señor Bengoa
Becerra una pensión provisional de $1,140.98 mensuales, lo
que representa el 50% del total de los gastos básicos y
suplementarios del menor.
Insatisfecho
Bengoa
Becerra
con
la
presentó
resolución
anterior,
oportunamente
un
el
señor
recurso
de
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en el que se
limitó a cuestionar la imposición y cuantía de la pensión
alimentaria,
11
no
así
la
jurisdicción
del
tribunal
para
Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Caso Civil
Núm. HSRF 09-00564, pág. 61 del Apéndice, Petición de
certiorari.
AC-2010-49
7
entender en el caso.
Casi dos meses después, el 18 de
enero de 2010, el recurrente informó -por primera vez en
los procedimientos desde que se iniciaron ante el Tribunal
de
Primera
Instancia-
de
la
existencia
de
alimentos emitida por la Corte de Florida.
dicha
orden,
demanda
por
nuevamente
falta
de
solicitó
la
jurisdicción
la
orden
Descansando en
desestimación
sobre
de
la
de
la
materia
al
entender que la Corte de Florida era el único foro con
jurisdicción para entender en cualquier asunto relacionado
a los alimentos del menor.
El
Tribunal
de
Apelaciones
emitió
una
sentencia
y
confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia en
la que se había fijado la pensión alimentaria provisional.
No obstante, el foro intermedio se abstuvo de dilucidar el
planteamiento jurisdiccional esgrimido por el peticionario,
al razonar que era el foro de primera instancia el adecuado
para
resolver
qué efecto, si alguno, tenía la orden de
alimentos del estado de Florida sobre la pensión impuesta.
Esto, ya que al haber surgido esta controversia por primera
vez en la etapa apelativa, el foro primario no tuvo la
oportunidad de tomarla en consideración previo a emitir su
dictamen.
Aún inconforme, el señor Bengoa Becerra presentó un
recurso de apelación ante este Tribunal en el que adujo que
debía revocarse la decisión del foro intermedio por tres
razones, a saber: (1) que la Corte de Florida es el único
foro con jurisdicción sobre el menor y sobre la orden de
AC-2010-49
8
pensión alimentaria; (2) que no procedía que el tribunal le
impusiera una pensión alimentaria sin antes realizar una
determinación
de
incapacidad
económica
de
los
padres
biológicos; y (3) que la responsabilidad impuesta debía ser
mancomunada y no solidaria.
Días después de haberse presentado el recurso antes
mencionado, el matrimonio Moreno-Solá presentó una moción
ante el Tribunal de Primera Instancia en la que solicitó
que
se
hallara
al
demandado
incurso
en
desacato
por
incumplir con el pago de la pensión alimentaria impuesta
previamente.
Ante la inminencia de la celebración de una
vista de desacato, el señor Bengoa Becerra presentó una
moción en auxilio de nuestra jurisdicción y solicitó que
paralizáramos el proceso ante el foro primario hasta que se
atendiera el recurso presentado ante este Tribunal.
El 23
de julio de 2010, emitimos una resolución para acoger el
recurso
de
paralizar.
apelación
Ambas
como
partes
un
certiorari
presentaron
sus
y
ordenamos
respectivos
alegatos ante este Tribunal.
Una vez tenemos un cuadro adecuado de los hechos que
rodean la controversia que nos ocupa, examinemos el Derecho
aplicable.
II
A
El 20 de diciembre de 1997, la Asamblea Legislativa
aprobó
la
Ley
Interestatal
Uniforme
de
Alimentos
entre
Parientes (en adelante ―L.I.U.A.P.‖), Ley Núm. 180 de 20 de
AC-2010-49
9
diciembre de 1997, 8 L.P.R.A. sec. 541 et seq.
A través de
esta ley se adoptó en Puerto Rico la Uniform Interstate
Family
Support
Act
(en
adelante
―U.I.F.S.A.‖).
La
U.I.F.S.A. es la versión revisada de una serie de estatutos
modelos
aprobados
Commissioners
pasado,
on
por
Uniform
dirigidos
la
State
National
Laws
principalmente
Conference
durante
a
of
el
siglo
uniformar
los
procedimientos de reconocimiento y ejecución de órdenes de
alimentos entre los estados, territorios de Estados Unidos
y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Véase, T.M.
Fielding, The Uniform Interstate Family Support Act: The
New URESA, 20 Dayton L. Rev. 425, 447 (1994).12
12
Como ya hemos expresado en otras ocasiones, la U.I.F.S.A.
es un estatuto modelo cuya adopción fue requerida por el
Congreso de Estados Unidos -mediante legislación- como
requisito para que Puerto Rico y los estados pudieran
participar de unos fondos federales para los programas de
sustento de menores y asistencia pública a familias
necesitadas. Véase, Santiago v. Rodríguez, 161 D.P.R. 826,
831 (2004); Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 D.P.R. 558, 567
(1998).
La primera versión de la U.I.F.S.A. fue aprobada en el
1992. Posteriormente, en 1996, sufrió varias enmiendas
importantes inspiradas en la necesidad de formular unas
guías claras para la ejecución de las órdenes de alimentos
en un estado distinto al cual emitió la orden inicial.
Precisamente, la versión adoptada en nuestro ordenamiento a
través de la Ley Núm. 180 de 20 de diciembre de 1997, fue
la U.I.F.S.A. de 1996.
No obstante, es menester señalar
que el estatuto modelo fue enmendado en dos ocasiones
posteriores, en 2001 y 2008.
Al día de hoy, todos los estados y territorios de
Estados Unidos, al igual que el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, como vimos, han adoptado alguna de las
versiones de la U.I.F.S.A. como parte de sus respectivos
ordenamientos.
A pesar de que varios de ellos han
enmendando sus leyes con el fin de incorporar las enmiendas
de 2001 y 2008, ese no es nuestro caso, por lo que, salvo
(continúa...)
AC-2010-49
10
Previo
a
la
implementación
de
interestatales
de
alimentos,
parte
la
los
estatutos
alimentista
enfrentaba serias dificultades para poder cobrar y recibir
su sustento.
Por ejemplo, no existían mecanismos directos
para ejecutar una orden de alimentos contra un alimentante
si
éste
abandonaba
el
estado
en
que
residía,
lo
que
promovía que éste acudiera a distintos estados en búsqueda
de alguna legislación que le facilitara modificar la orden
de alimentar vigente.
Véase, Id., pág. 426.
Recaía en la
parte alimentista la onerosa gestión de movilizarse hasta
el nuevo estado de residencia del alimentante con el fin de
iniciar una nueva acción de alimentos en su contra. Id.
En aras de atender esa realidad, se diseñaron varios
estatutos
fueron
modelos,
los
cuales
incorporados
por
los
respectivos
ordenamientos.
en
mayor
estados
No
o
menor
grado,
como
parte
de
sus
bajo
los
obstante,
aun
estatutos anteriores a la U.I.F.S.A., cabía la posibilidad
de que, a pesar de estar vigente una orden, otro tribunal
emitiera una nueva o modificara la ya existente.
conllevaba
que
múltiples
órdenes
de
pensión
Esto
alimentaria
podían estar vigentes al mismo tiempo, en cuanto a un mismo
alimentante y alimentista, permitiendo la doble exposición
de un alimentante.
Véanse, T.M. Fielding, op. cit., pág.
expresión en contrario, al hablar de la U.I.F.S.A.
únicamente nos referimos a la versión de 1996. Para un
análisis detallado de la U.I.F.S.A. de 2001 y su posible
incorporación a nuestro ordenamiento, véase, S. Torres
Peralta, La Ley de Sustento de Menores y el Derecho
Alimentario en Puerto Rico, Publicaciones STP, Inc., San
Juan, 2006, págs. 17.01 – 17.54.
AC-2010-49
11
458; M. DeMaria, Jurisdictional Issues under the Uniform
Interstate Family Support Act, 16 J. Am. Acad. Matrimonial
Law
243,
244
(1999);
P.
Wick
Hatamyar,
Critical
applications and proposals for improvements of the Uniform
Interstate Family Support Act and the Full Faith and Credit
for Child Support Orders Act, 71 St. John’s Law Review 1,
5-6 (1997).13
Así,
impulsada
el
por
procedimientos
la aprobación de la U.I.F.S.A. fue
objetivo
para
el
de
facilitar
y
uniformar
los
establecimiento
y
ejecución
de
órdenes de alimentos en casos interestatales.
Véase, Nota
prologal, Uniform Interstate Child Support Act (1996),
9
U.L.A., págs. 285-89.
Sin embargo, del texto de la U.I.F.S.A., adoptada en
nuestra L.I.U.A.P., se desprenden una multiplicidad de vías
o
mecanismos
anteriormente.14
que
atienden
los
problemas
mencionados
De éstos, los hechos del caso de autos
13
En palabras del autor: ―Frequently, two or more valid
court orders from different states established entirely
different support obligations for the same obligor and
child,
engendering
uncertainty
and
complicating
the
calculation of arrearages‖.
P. Wick Hatamyar, Critical
applications and proposals for improvements of the Uniform
Interstate Family Support Act and the Full Faith and Credit
for Child Support Orders Act, 71 St. John’s L. Rev. 1, 5-6
(1997) (Énfasis nuestro y citas omitidas).
14
El ámbito de aplicación de la L.I.U.A.P. afecta a un
sinnúmero de situaciones o procedimientos, a saber:
(a) Excepto cuando se provea otra cosa en este
capítulo, esta sección aplica a todos los
procedimientos al amparo de este capítulo.
(b) Este capítulo provee para los siguientes
procedimientos:
(continúa...)
AC-2010-49
12
canalizan nuestra atención a lo dispuesto en la ley sobre
el establecimiento, cumplimiento y modificación de órdenes
de alimentos a favor de un menor.
Veamos.
(1)
Emisión
de
una
orden
de
pensión
alimentaria de ex cónyuges o de menores
según se dispone en la sec. 544 de este
título;
(2) ejecución de una orden de pensión
alimentaria y retención de ingresos de otro
estado sin necesidad de registro según se
dispone en las secs. 544a a 544g de este
título;
(3) registro de una orden de pensión
alimentaria de ex cónyuges o de pensión
alimentaria para menores emitida por otro
estado según se dispone en las secs. 545 a
547e de este título;
(4) modificación de una orden de pensión
alimentaria para menores o ex cónyuges
emitida por un tribunal de Puerto Rico según
se dispone en las secs. 542b a 542e de este
título;
(5) registro de una orden de pensión
alimentaria para menores de otro estado para
que sea modificada según se dispone en las
secs. 545 a 547e de este título;
(6) determinación de filiación según se
dispone en la sec. 548 de este título, y
(7)
adquisición
de
jurisdicción
sobre
personas no residentes según se dispone en
las secs. 542 a 542b de este título.
(c) Una persona o la agencia de sustento de menores
podrá iniciar un procedimiento al amparo de este
capítulo presentando una petición en un tribunal
iniciador para que sea remitida a un tribunal
recurrido o presentando una petición o reclamación
comparable directamente en un tribunal de otro estado
que tenga o pueda adquirir jurisdicción sobre su
persona.
8 L.P.R.A. sec. 543.
Cabe destacar que la ley fomenta el que los tribunales
de Puerto Rico se comuniquen con los tribunales de los
estados a través de cualquier medio, con el propósito,
entre varios, de obtener información relacionada al efecto
de sentencias, órdenes o decretos del tribunal estadual o
del estatus de los procedimientos pendientes ante ese
estado. 8 L.P.R.A. sec. 543p.
AC-2010-49
13
B
Con el propósito de erradicar los defectos prácticos
que
caracterizaron
a
los
estatutos
anteriores,
tanto
la
U.I.F.S.A. como nuestra L.I.U.A.P., establecen que, en lo
posible, no debe existir más de una orden de alimentos en
determinado momento.
558,
570-71
Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 D.P.R.
(1996).
estableció
el
exclusiva,
según
Para
principio
viabilizar
ese
objetivo,
se
de
jurisdicción
continua
y
en
la
estatuido
sección
542(d)
de
la
L.I.U.A.P., equivalente a la sec. 205 de la U.I.F.S.A. 8
L.P.R.A. sec. 542d(c); 9 U.L.A. sec. 205, pág. 349; Aponte
v.
Barbosa
precepto,
Dieppa,
un
alimentaria
ante.
tribunal
en
De
que
acuerdo
emite
beneficio
de
una
con
el
referido
orden
de
pensión
determinado
alimentista,
retiene jurisdicción continua y exclusiva sobre la orden y,
salvo circunstancias limitadas, es el único tribunal con
jurisdicción
para
modificarla.
8
L.P.R.A.
Aponte v. Barbosa Dieppa, ante, pág. 571.
una
vez
un
tribunal
adquiere
sec.
542d;
De igual forma,
jurisdicción
continua
y
exclusiva sobre una orden, la ley proscribe que otro foro
dicte una segunda orden de alimentos en contra del mismo
alimentante y alimentista.
A
cuando
manera
el
de
8 L.P.R.A. sec. 541.
excepción,
tribunal
que
la
la
orden
podrá
modificarse
emitió
haya
perdido
su
jurisdicción continua y exclusiva sobre la orden, lo que
ocurre de dos (2) formas: (1) cuando todas las partes han
dejado de residir en el estado emisor, o (2) cuando todas
AC-2010-49
14
las partes han consentido por escrito a que un tribunal de
otro estado modifique la orden.
8 L.P.R.A. secs. 542d(a),
547-547c; Aponte v. Barbosa Dieppa, ante, pág. 572.15
Así, auscultar el lugar de residencia de las partes
que figuran en la orden sólo es pertinente para resolver si
el tribunal que la emitió aún tiene jurisdicción continua y
exclusiva sobre la orden.
Véase, 8 L.P.R.A. sec. 542d;
Aponte v. Barbosa Dieppa, ante, pág. 572.
De haber cesado
la jurisdicción, ello sólo supondría que la orden podría
ser
registrada
en
Puerto
Rico
para
propósitos
de
ser
modificada por un tribunal, puesto que hasta que ello no
ocurra, la orden continúa vigente.
547-547c.
orden
8 L.P.R.A. secs. 542d,
No obstante, una vez un tribunal modifica una
siguiendo
el
procedimiento
establecido
en
la
ley,
adquiere jurisdicción continua y exclusiva sobre ésta, lo
que privaría al antiguo tribunal de su jurisdicción para
modificarla.
Nótese
exclusiva,
8 L.P.R.A. sec. 542d(c).
que
la
sobre la orden.
al
ley
tratar
la
expresamente
jurisdicción
continua
menciona
ésta
que
y
recae
Ni de la sección 542d de nuestra ley, su
versión en inglés, o del estatuto modelo se desprende que,
una vez un tribunal posee jurisdicción continua y exclusiva
15
Asimismo, a fines de disuadir de que varios estados
emitan órdenes de alimentos en cuanto a las mismas partes,
la ley provee un mecanismo para que la parte alimentista
pueda solicitar que se reconozca y se haga cumplir una
orden de alimentos en una jurisdicción distinta a la del
tribunal que emitió inicialmente la orden. 8 L.P.R.A. sec.
545a.
AC-2010-49
15
sobre la orden, ello significa que ese tribunal retiene
jurisdicción no sólo sobre la orden,
sino para todo tipo
de reclamación o fuente de alimentos que el menor tenga a
su haber.
De igual forma, el estatuto guarda silencio sobre si
la
jurisdicción
continua
y
exclusiva
impide
que
un
alimentista inste una reclamación con base en obligaciones
distintas a las que emanan de la patria potestad o del
matrimonio, y en contra de un alimentante sobre el cual no
se ha impuesto obligación alguna en virtud de una orden.
Debemos
entonces
analizar
el
principio
de
jurisdicción
exclusiva, a la luz de los hechos particulares traídos ante
nuestra consideración.
C
Al examinar los comentarios oficiales de la Comisión
que redactó la U.I.F.S.A., puede constatarse que en todas
las instancias en que el estatuto menciona la jurisdicción
continua y exclusiva se indica que ésta se retiene sobre la
orden.
Por
ejemplo,
la
ley
provee
que
si
un
tribunal
adquiere jurisdicción continua y exclusiva sobre una orden,
ello impide que otros tribunales puedan modificar la orden
y sus términos, a menos que el tribunal que la emitió haya
perdido su jurisdicción sobre la orden.16
Según se explica
en el comentario del estatuto modelo:
Hasta que alguna de las partes o el menor
continúen residiendo en el estado que emite la
orden, o hasta que las partes no establezcan un
16
8 L.P.R.A. secs. 541d, 547-547c.
AC-2010-49
16
acuerdo en contrario, el tribunal que emite la
orden tiene jurisdicción continua y exclusiva
sobre su orden –lo que en términos prácticos
significa que puede modificar su orden.
Comentario, 9 U.L.A. sec. 205, pág. 340. (Énfasis suplido y
traducción nuestra).
Asimismo, el estatuto no establece que el alcance de
la
jurisdicción
continua
y
exclusiva
se
extiende
a
cualquier otro beneficio, deber u obligación existente bajo
un ordenamiento, que pueda conllevar el establecimiento de
una pensión alimentaria a favor del menor.
Tampoco atiende
los supuestos en que se trata de fijar una obligación de
alimentar a un alimentante distinto al que figura en la
orden emitida por el tribunal con jurisdicción continua y
exclusiva.
Y es que lo cierto es, como se demostrará, que
el texto original de la U.I.F.S.A., adoptado íntegramente
en
nuestra
legislación,
situaciones.
no
contempla
este
tipo
de
No obstante, es menester indagar qué tipo de
alcance se pretendió conferir a esta legislación y si la
pensión impuesta en este caso por el Tribunal de Primera
Instancia lo irrumpe o trastoca.
D
El examen legislativo de la L.I.U.A.P., en unión al
historial del estatuto modelo, dejan en evidencia que la
motivación principal de los cuerpos legislativos al aprobar
la
L.I.U.A.P.
fue
evitar
dos
situaciones:
(1)
que
se
emitieran múltiples órdenes de alimentos sobre las mismas
partes, y (2) que un tribunal modificara una orden emitida
por
otro
tribunal,
restando
uniformidad
a
los
AC-2010-49
17
procedimientos.
Comentario, 9 U.L.A. sec. 201, pág. 329;
Exposición de Motivos de la Ley Interestatal de Alimentos
entre Parientes, 1997 Leyes de Puerto Rico, pág. 839.
Precisamente, tanto en la U.I.F.S.A. como en nuestra
L.I.U.A.P. se establecieron unas guías transitorias para
atender los casos dilucidados
bajo estatutos anteriores,
que como indicamos, permitían la existencia de múltiples
órdenes en contra de las mismas partes.
Así, de estar
vigente más de una orden, la ley provee unas guías para
establecer
cuál
es
la
orden
controlante.
No
obstante,
dicho procedimiento es aplicable sólo en situaciones en que
―[hayan]
sido
emitidas
dos
o
más
órdenes
de
pensión
alimentaria para menores por tribunales de Puerto Rico o de
otro estado en relación al mismo deudor alimentante y menor
. . .‖.
8 L.P.R.A. sec. 542f(b).
Sin embargo, la ley nada
provee en cuanto al supuesto en que se trate de órdenes
separadas, cada una dirigida a un alimentante distinto.
Cabe entonces puntualizar que el hecho de que se emita
más
de
una
orden
de
alimentos,
alimentantes
distintos,
dispuesto
la
en
no
referida
cada
activa
sección
una
el
dirigida
procedimiento
542f(b)
a
determinar cuál de las órdenes es controlante.
lógica
de
que
ello
sea
así
es
que
a
trata
fines
de
La razón
de
un
procedimiento remedial y, la acción de fijar una segunda
orden en contra de un alimentante distinto, al que se le
impone una obligación por primera vez, no presenta el tipo
de
perjuicio
que
la
U.I.F.S.A.
pretendió
erradicar,
AC-2010-49
18
entiéndase, la existencia de múltiples órdenes en relación
al mismo alimentante y alimentista.
Cabe entonces colegir
que la L.I.U.A.P., y el principio de una sola orden allí
adoptado,
no
proscriben,
ni
son
incompatibles,
con
la
acción de dictar una orden de alimentos en contra de un
alimentante
distinto
al
que
figura
en
una
orden
previa
emitida por otro tribunal y contra quien no se ha emitido
orden alguna.
E
Por otro lado, al analizar minuciosamente el historial
legislativo
y
el
texto
de
la
U.I.F.S.A.,
adoptada
íntegramente en nuestra L.I.U.A.P., puede notarse que se
trata
de
un
estatuto
modelo
aplicable
únicamente
a
dos
tipos de obligaciones de alimentos: (1) la obligación de
alimentar
a
los
hijos
maternidad
y
(2)
la
que
emana
obligación
de
recíproca
alimentos que corresponde a los cónyuges.
abonan a esta interpretación.
la
paternidad
de
o
brindarse
Varios factores
Veamos.
En primer lugar, en los países de common law, como
Estados
Unidos,
la
obligación
de
aquellos
llamados
a
alimentar corresponde a los esposos entre sí y a los padres
respecto a sus hijos. Serrano Geyls, Derecho de familia de
Puerto Rico y legislación comparada, San Juan, Programa de
Educación
Jurídica
Continua
de
la
Universidad
Interamericana de Puerto Rico, 2002, págs. 1448-49.
Más
allá de lo anterior, el deber de alimentar no se extiende a
AC-2010-49
19
otros parientes, tales como los abuelos.17
En el ámbito
estatutario,
mencionar
a
modo
de
excepción,
podemos
la
legislación del estado de Luisiana, que como la nuestra,
extiende la obligación de alimentar
a un menor
parientes, incluyendo los abuelos.
Véanse, Art. 229 del
Código Civil de Luisiana, La. Civ. Code Art. 229;
a
otros
Art. 143
del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 562;
Serrano Geyls, op cit., págs. 1448-49.
Ahora bien, como
regla general, el ordenamiento estadounidense no establece
la obligación de los abuelos de proveer alimentos a sus
nietos en situaciones en que los padres biológicos sean
incapaces de cumplir con su obligación.18
El hecho de que en el common law la obligación de
alimentar no se extiende a los ascendientes más allá del
padre y la madre, abona a la conclusión de que al redactar
la U.I.F.S.A., no se pudo haber tomado en consideración la
existencia
de
otros
deberes
de
alimentar
que
no
fuesen
aquéllos originados por la paternidad o en el matrimonio.
Lo
anterior,
en
unión
a
las
omisiones
señaladas
17
Algunos estados han aprobado estatutos para imponer a los
hijos mayores de edad el deber de alimentar a sus padres en
caso de necesidad. Véase, U. Narayan, The Government’s Role
in Fostering the Relationship Between Adult Children and
their Elder Parents: From Filial Responsibility Laws to . .
. What?, A Cross-Cultural Perspective, 4 Elder L.J. 369
(1996).
18
Cabe
mencionar
que
algunos
estados
han
aprobado
legislación para reconocer el deber de los abuelos de
brindar alimentos a sus nietos en casos en que los padres
biológicos son menores de edad, e incapaces de cumplir con
su obligación. Véase, Laura W. Morgan, Doing it again:
grandparents paying child support, 35 TRIAL 37 (1999).
AC-2010-49
20
anteriormente, confirma que la U.I.F.S.A. no fue diseñada
con el propósito de regir otras fuentes de obligación de
alimentar que puedan existir a favor de un menor, separada
de la que emana de su relación con sus padres.19
Por ello, llama la atención que la Opinión mayoritaria
señale que los redactores de la U.I.F.S.A. incluyeron una
definición amplia del término alimentante, dejando entrever
que
ello
se
hizo
con
el
propósito
de
que
el
estatuto
aplicara a la obligación de los abuelos con sus nietos.
Esta interpretación no sólo proviene de un equívoco, sino
que no halla base alguna en el texto del estatuto ni en su
historial.
Nuestra L.I.U.A.P. define el término alimentante de la
siguiente forma:
(a) Deudor o alimentante. — Significa la persona
o el caudal hereditario de un causante, que debe
o se alega que debe la obligación de prestar
alimentos;
(b) que se alega es el padre, pero respecto al
cual no ha sido determinada la filiación del
menor, o
(c) que es responsable de satisfacer una orden de
pensión alimentaria.
8 L.P.R.A. sec. 541(13)(Énfasis nuestro).20
19
Precisamente, la razón fundamental para reemplazar uno de
los estatutos modelos que precedieron a la U.I.F.S.A. fue
que establecía obligaciones alimentarias que no existían en
el ordenamiento estadounidense, tales como el deber de
alimentar a los parientes en necesidad. T.M. Fielding, The
Uniform Interstate Family Support Act: The New URESA, 20
Dayton L. Rev. 425, 429 (1994)
20
En su versión en inglés, la L.I.U.A.P. define
alimentante de la siguiente forma:
Obligor.— Means an individual, or the state of
a decedent:
al
(continúa...)
AC-2010-49
21
Ciertamente,
el
citado
precepto
define
el
término
alimentante en términos amplios, pero no puede sugerirse,
con seriedad académica, que ello extiende la aplicación del
estatuto para que aplique a cualquier tipo de obligación de
dar alimentos, más allá de las que ostentan los padres y
los cónyuges.
De
una
lectura
serena
de
la
citada
definición
se
desprende que su amplitud obedece a la intención de los
redactores de la U.I.F.S.A. de que el término aplicase en
cualquier etapa de los procedimientos, no sólo en casos en
que
la
obligación
también
en
cónyuge
tienen
ha
situaciones
la
sido
en
previamente
establecida,
que
se
alega
que
obligación
de
alimentar,
un
sino
padre
aunque
o
la
filiación o la obligación del cónyuge no haya sido fijada
por un tribunal. Véase, Comentario, 9 U.L.A. sec. 101, pág.
310.
Abona a lo anterior que en los comentarios oficiales
al texto original de la U.I.F.S.A. se indica expresamente
que el estatuto no es aplicable a procedimientos para hacer
valer otros deberes estatutarios de alimentar, ya sea entre
otras personas o parientes, tales como el deber de un hijo
adulto de sustentar a sus padres. Véase, Nota Prologal, 9
U.L.A., pág.286. (―The Act may be used only for proceedings
(a) Who owes or is alleged to owe a duty of
support;
(b) who is alleged but has not been
adjudicated to be a parent of a child, or
(c) who is liable under a support order.
Leyes de Puerto Rico, 1997, pág. 870.
AC-2010-49
22
involving the support of a child or spouse of the support
obligor, and not to enforce other duties such as support of
a parent.‖).
Sustento
de
Véase, además, S. Torres Peralta, La Ley de
Menores
y
el
derecho
alimentario
en
Puerto
Rico, Publicaciones STP, Inc., San Juan, 2007, T.2, pág.
17.11.
Consecuentemente, la obligación legal de alimentos
impuesta a los abuelos que emana de nuestro Código Civil es
un
deber
estatutario
que
no
forma
aplicación de la U.I.F.S.A.
parte
del
ámbito
de
Del mismo modo, es forzoso
colegir que las limitaciones jurisdiccionales del referido
estatuto tampoco son aplicables a un procedimiento en el
que un nieto reclama alimentos a su abuelo y ambos residen
en Puerto Rico.
III
La Opinión mayoritaria razona que una vez un tribunal
posee jurisdicción continua y exclusiva sobre la orden,
la
ley del estado en el que está sito el tribunal rige ―todo
lo
relativo
alimentar‖.
a
la
naturaleza
y
alcance
que
deber
de
Como consecuencia, se adelanta a concluir que
no procede aplicar las disposiciones de
Civil
del
reglamentan
el
deber
de
nuestro Código
alimentos
entre
parientes, y que amparan la posibilidad de que un abuelo
deba responder por la necesidad alimentaria de su nieto.
Es decir, que nuestra ley, que a todas luces provee una
mayor
protección,
existencia
de
una
quedaría
desplazada
orden
alimentos
de
de
en
probarse
contra
de
la
los
padres biológicos del menor J.S.B.L. Para fundamentar su
AC-2010-49
23
posición, la ponencia mayoritaria reproduce la sección 545c
de nuestra L.I.U.A.P., la cual lee:
(a) La ley del estado que emite la orden es la
ley que rige la naturaleza, alcance, cantidad y
duración
de
los
pagos
corrientes
y
otras
obligaciones
relacionadas
con
el
deber
de
alimentar y el pago de las sumas adeudadas bajo
dicha orden.
8 L.P.R.A. sec. 545c. (Énfasis suplido).
El Tribunal concluye que esta sección de la ley priva a un
tribunal
otros
de
otro
deberes
estado
o
de
remedios
su
autoridad
independientes
para
reconocer
o
distinta
de
naturaleza.
No obstante, la falla del razonamiento de la
mayoría
que
es
pasa
por
alto
que
la
sección
545c
es
inaplicable a los hechos de este caso.
La
sección
545c
forma
parte
del
procedimiento
establecido en la ley para casos en que una parte solicita
que se registre y ejecute una orden de alimentos en un
estado distinto al que la emitió.
Ello
únicamente
procedimiento,
implica
que
una
8 L.P.R.A. sec. 545(c).
vez
se
las obligaciones establecidas
utiliza
ese
en la orden
deberán regirse por el derecho sustantivo del estado en que
se emitió la orden. Véanse, Id.; Comentario, 9 U.L.A. sec.
604, págs. 427-28.
Así pues, el marco de aplicación de la sección 545c se
limita al procedimiento de registro para ejecución,
más
ésta no es óbice para que se inste una reclamación como la
del presente caso, en el que por primera vez se solicita
que se establezca la obligación de un alimentante.
AC-2010-49
Ya
24
examinados
los
preceptos
de
nuestro
estatuto
interestatal de alimentos, sólo resta aplicarlos fielmente
a los hechos ante nuestra consideración.
IV
El
caso
de
autos
versa
sobre
una
reclamación
de
alimentos presentada por el menor J.S.B.L. en contra de su
abuelo,
el
señor
Bengoa
Becerra,
instada
al
amparo
del
deber de alimentos entre parientes instaurado en nuestro
ordenamiento, el cual establece la obligación subsidiaria
de los abuelos de alimentar a sus nietos.
Artículo 143 del
Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 562. ; Vega
v. Vega, 85 D.P.R. 675 (1962); Piñero Crespo v. Gorgillo
Gil, 122 D.P.R. 246 (1988); S. Torres Peralta, op. cit.,
págs. 5.60-5.69.
Al examinar el texto de la demanda presentada por el
matrimonio
Moreno-Solá
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia, observamos que la parte alimentista únicamente
solicitó del tribunal que ordenara al señor Bengoa Becerra
que
aportara
nieto.
económicamente
para
la
manutención
de
su
Siguiendo el procedimiento dispuesto en la ley y en
nuestra jurisprudencia al respecto y, a la luz de la prueba
admitida, el tribunal fijó una pensión provisional para el
menor.
El
matrimonio
Moreno-Solá
no
solicitó
que
se
estableciera una segunda orden de alimentos en cuanto al
mismo alimentante, por lo que no cabe decir que se intenta
establecer una segunda orden sobre las mismas partes objeto
AC-2010-49
25
de la supuesta orden de alimentos emitida por la Corte de
Florida.21
Lo que es más patente aún, no solicitó que se
modificaran
o
alteraran
los
cuantía de la referida orden.
términos,
el
alcance
o
la
Es decir, no estamos ante la
posibilidad de que ocurra alguna de las situaciones que
propiciaron la aprobación, no sólo de la U.I.F.S.A., sino
de los estatutos interestatales de alimentos en general.
En este caso, tanto el alimentante como el alimentista
residen en Puerto Rico y no surge del expediente que se
haya dictado orden alguna en la que se haya ordenado al
peticionario
a
Dicho
nos
esto,
alimentos
cumplir
con
alguna
encontramos
puramente
doméstica,
pensión
ante
una
en
la
alimentaria.
reclamación
que
de
las
partes
alimentante y alimentista residen en Puerto Rico.
Véase,
S. Torres Peralta, op. cit., págs. 17.23-17.24. Es decir,
las
limitaciones
jurisdiccionales
establecidas
en
la
L.I.U.A.P. no aplican a los hechos de este caso, por lo que
nuestros
tribunales
tienen
autoridad
para
atender
la
reclamación instada en contra del señor Bengoa Becerra.22
21
Demanda, pág. 15 del Apéndice, Petición de certiorari.
22
Es por esto que es errada la decisión de la mayoría al
devolver el caso al foro de primera instancia para que se
esclarezca si la Corte de Florida perdió su jurisdicción
por una de las razones establecidas en la referida ley.
Porque
sostengo
que
nuestros
tribunales
tienen
jurisdicción para entender en la reclamación instada en el
presente caso, procedía considerar el segundo y tercer
señalamiento de error traídos por el peticionario.
Éstos
van dirigidos, en esencia, a cuestionar la naturaleza y
cuantía de la pensión alimentaria para el menor fijada por
el foro primario a la luz de la prueba admitida.
(continúa...)
AC-2010-49
26
En ausencia de una expresión legislativa en contrario,
en
el
caso
de
autos
no
existe
una
razón
de
peso
para
renunciar a nuestra jurisdicción en una porción mayor a lo
exigido por ley, máxime si ello conlleva que se arrebate a
un menor los mecanismos adicionales y de mayor protección
que provee nuestro ordenamiento para que éste reciba los
alimentos de los cuales se ha visto privado.
Es por lo
tanto sumamente lamentable el curso de acción mayoritario,
el cual tiene el efecto real de perjudicar a un menor al
impedirle
que
pueda
reclamar
alimentos
de
sus
abuelos
conforme establece el ordenamiento puertorriqueño.
Por las razones que discuto, disiento del razonamiento
y
del
desafortunado
resultado
al
que
arriba
la
Opinión
mayoritaria.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
No
obstante,
el
peticionario
no
incluyó
una
transcripción o resumen de la prueba, por lo que no nos
colocó
en
posición
de
pasar
juicio
sobre
las
determinaciones del Tribunal de Primera Instancia basadas
en la prueba vertida ante sí. Véanse, Álvarez de Choudens
v. Rivera Vázquez, 165 D.P.R. 1, 13 (2005); Pueblo v.
Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84 (2000); Rolón v. Charlie Car
Rental, Inc., 148 D.P.R. 420 (1999).