LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Solá Gutiérrez v. Bengoa Becerra

2011 TSPR 119

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Solá Gutiérrez v. Bengoa Becerra

AC-2010-49

Alimentos entre parientes – Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes; jurisdicción continua y exclusiva del foro que emite la orden de pensión alimentaria

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Bernardo Solá Gutiérrez, Maldrid

Maldonado y la Sociedad Legal de

Bienes Gananciales compuesta por

ambos

Certiorari

Recurridos

2011 TSPR

v.

182 DPR ____

Esteban R. Bengoa Becerra

Peticionario

Número del Caso: AC

Fecha: 11

- 2010 - 49

de agosto de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Humacao Panel X

Jueza Ponente:

Hon. Carmen H. Carlos Cabrera

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Esteban R. Bengoa

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo.

Materia:

Luis Ramón Rodríguez Cintrón

Alimentos

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Su d istribución electrónica se hace como un servicio público a la

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119

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Bernando Solá Gutiérrez,

Maldrid Maldonado y la

Sociedad Legal de Bienes

Gananciales compuesta

por ambos

Recurridos

AC-2010-049

v.

Esteban R. Bengoa Becerra

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2011.

El

Tribunal

dictamen

del

de

Apelaciones

Tribunal

de

Primera

confirmó

un

Instancia

que

concluyó que los tribunales de Puerto Rico tenían

jurisdicción para imponer una pensión de alimentos

a favor de un menor. Debemos resolver si carecemos

de jurisdicción sobre la materia para atender una

reclamación de alimentos luego de que un tribunal

del

estado

pensión

a

de

Florida

favor

del

impusiera

mismo

previamente

menor.

Por

una

distintos

fundamentos confirmamos el dictamen del Tribunal de

Apelaciones.

AC-2010-049

2

I

El Sr. Esteban R. Bengoa Becerra y la Sra. Maldrid

Moreno Maldonado estuvieron casados y procrearon al Sr.

Javier

Bengoa

Moreno.

Este

y

la

Sra.

Danette

Linares,

procrearon al menor J.S.B.L. Tras varios incidentes, el 30

de octubre de 2007 el Tribunal del Condado de Orange,

Florida, otorgó la custodia temporera del menor J.S.B.L. a

su abuela paterna, la Sra. Moreno Maldonado y su actual

esposo, el Sr. Bernardo Solá Gutiérrez. Desde entonces,

los esposos Solá-Moreno se mudaron con el menor a Puerto

Rico.

El 4 de diciembre de 2007 el Tribunal de Florida le

impuso a cada uno de los padres del menor J.S.B.L. una

pensión alimentaria de $240, para un total de $480 al mes.

En esa orden el Tribunal de Florida expresó lo siguiente:

―The court reserves jurisdiction of the entire matter to

enter any further orders as may be equitable, appropiate

and just to enforce the orders made herein‖. Apéndice del

Recurso, pág. 101. Es decir, el Tribunal de Florida retuvo

jurisdicción sobre la controversia de alimentos del menor

J.S.B.L.

El 9 de febrero de 2009 el Tribunal de Florida le

confirió al matrimonio Solá-Moreno la custodia permanente

del menor. En dicha ocasión el Tribunal de Florida indicó

que retenía jurisdicción sobre el menor. Poco más de dos

meses

después,

representación

alimentos

en

el

matrimonio

del

menor,

contra

del

presentó

señor

Bengoa

Solá-Moreno,

en

una

de

demanda

Becerra,

abuelo

AC-2010-049

paterno

3

del

menor

J.S.B.L.,

Instancia, sala de Humacao.

en

el

Tribunal

de

Primera

En la demanda se adujo que el

señor Bengoa Becerra acordó con la Sra. Moreno Maldonado

el pago de $500 dólares mensuales para la manutención de

su

nieto,

aportación

que

dejó

de

hacer

en

un

momento

determinado. Se alegó además que los padres del menor no

estaban en condiciones de aportar a la manutención del

menor,

por

lo

que

le

correspondía

al

abuelo

paterno

hacerlo.

El

señor

Bengoa

Becerra

presentó

una

moción

de

desestimación por falta de jurisdicción. En ella adujo que

el menor nació en el estado de Florida y que este también

era el domicilio de los padres por lo que los tribunales

de Puerto Rico no tenían jurisdicción sobre el asunto. La

moción fue declarada no ha lugar.

Luego de varios trámites procesales el Tribunal de

Primera Instancia celebró una vista de alimentos. En la

vista, el Sr. Bengoa Becerra presentó una solicitud de

desestimación por falta de jurisdicción, que fue denegada.

Entonces presentó otra solicitud de desestimación en la

que alegó que en la vista de alimentos los demandantes no

presentaron

evidencia

para

probar

que

los

padres

biológicos del menor J.S.B.L. eran incapaces de satisfacer

las necesidades de su hijo.

orden

en

la

que

declaró

El foro primario dictó una

sin

lugar

la

solicitud

de

desestimación presentada por el señor Bengoa Becerra.

Así

las

cosas,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

emitió una Resolución en la que consignó que el menor

AC-2010-049

J.S.B.L.

suplir

4

tiene

sus

una

necesidad

alimentaria

que

no

pueden

padres

biológicos

y

existen

otros

como

no

parientes en grado más próximo obligados a alimentar, los

llamados a ello son los abuelos, a saber, el peticionario

Bengoa Becerra y la señora Moreno Maldonado. Por ello,

resolvió imponer una pensión alimentaria provisional al

peticionario equivalente al 50% de responsabilidad por los

gastos

básicos

y

suplementarios

del

menor,

lo

que

se

presentó

una

tradujo en una cantidad de $1,140.98 mensuales.

Inconforme,

el

señor

Bengoa

Becerra

solicitud de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

Días después presentó una moción suplementaria en la que

planteó

nuevamente

la

falta

de

jurisdicción.

En

específico, señaló que los tribunales de Puerto Rico no

tenían jurisdicción para entender en este caso pues el

único tribunal con jurisdicción era el de Florida. Cabe

destacar

que

esta

fue

la

primera

vez

en

que

salió

a

relucir que existía una orden de alimentos emitida por el

Tribunal de Florida. Es decir, el foro primario no conocía

sobre

esa

alimentos.

orden

Así

al

las

momento

cosas,

el

de

imponer

foro

la

apelativo

pensión

de

intermedio

emitió una sentencia en la cual expidió el certiorari y

confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia.

El Tribunal de Apelaciones señaló que la controversia de

falta de jurisdicción sobre la materia debía plantearse

primero

ante

el

Tribunal

también

que

procedía

de

Primera

Instancia.

saltar

de

y

grados

alimentos al abuelo paterno del menor.

Dispuso

reclamarle

AC-2010-049

5

Todavía insatisfecho, el señor Bengoa Becerra apeló

ante este Tribunal. Aduce que la controversia es de la

jurisdicción exclusiva del tribunal del estado de Florida.

De forma paralela, los señores Solá Gutiérrez y Moreno

Maldonado

presentaron

ante

Instancia

una

en

moción

el

la

Tribunal

que

de

solicitaron

Primera

que

se

encontrara incurso en desacato al señor Bengoa Becerra por

no satisfacer la pensión fijada. Ante este cuadro fáctico,

el señor Bengoa Becerra presentó una moción en auxilio de

nuestra jurisdicción en la que solicitó que paralizáramos

los procesos en el foro primario hasta que se dilucidara

el recurso presentado en este Tribunal.

El

23

apelación

de

julio

como

un

de

2010

certiorari

acogimos

y

en

la

auxilio

petición

de

de

nuestra

jurisdicción, paralizamos el procedimiento en el Tribunal

de Primera Instancia. Debidamente sometidos los alegatos

de

las

partes,

procedemos

a

resolver

la

controversia

planteada.

II

Como cuestión de umbral, nos corresponde auscultar el

planteamiento jurisdiccional que planteó el señor Bengoa

Becerra. Es conocido que ―[l]a jurisdicción es el poder o

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y

controversias‖.

D.P.R.

253,

Asoc.

263

n.3

Punta

las

(2007);

Marías

v.

A.R.Pe.,

170

Gearheart

v.

Haskell,

87

D.P.R. 57, 61 (1963). En específico, la jurisdicción sobre

la materia ―se refiere a la capacidad del tribunal para

atender

y

resolver

una

controversia

sobre

un

aspecto

AC-2010-049

legal‖.

J.

6

Echevarría

Puertorriqueño,

Vargas,

Colombia,

[s.

Procedimiento

Ed.],

2010,

pág.

Civil

25.

En

otras palabras, ―es el poder de un tribunal en particular

de

conocer

el

consideración‖.

tipo

de

caso

que

tiene

Black´s

Law

Dictionary,

5ta

ante

ed.,

su

West

Publishing Co., 1979, pág. 767; Davis v. Davis, 9 Ill.

App. 3d 922, 929, 293 N.E. 2d 399, 405 (1973). (Traducción

suplida.)

Debido a que la jurisdicción es el poder o autoridad

que posee un tribunal para considerar y decidir un caso o

controversia, su ausencia

trae consigo las consecuencias siguientes: (1)

no es susceptible de ser subsanada; (2) las

partes no pueden voluntariamente conferírsela a

un tribunal como tampoco puede éste abrogársela;

(3) conlleva la nulidad de los dictámenes

emitidos; (4) impone a los tribunales el

ineludible

deber

de

auscultar

su

propia

jurisdicción;

(5)

impone

a

los

tribunales

apelativos el deber de examinar la jurisdicción

del foro de donde procede el recurso, y (6)

puede

presentarse

en

cualquier

etapa

del

procedimiento, a instancia de las partes o por

el tribunal motu proprio.

González v. Mayagüez Resort & Casino, Op. de 10

de septiembre de 2009, 2009 T.S.P.R. 140, págs.

6-7, 2009 J.T.S. 143, 176 D.P.R.__, (2009),

citando a Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143

D.P.R. 314, 326 (1997).

Tan

pronto

el

tribunal

determina

que

no

tiene

jurisdicción sobre la materia, viene obligado a desestimar

el caso. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra. El

tribunal

que

no

tiene

recurso,

solo

tiene

la

autoridad

jurisdicción

para

para

atender

un

así

declararlo

y

proceder a desestimar el caso. Carattini v. Collazo Syst.

Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003). Es decir, la

AC-2010-049

ausencia

7

de

jurisdicción

es

insubsanable.

Vázquez

v.

A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). Véase, además, J.

Cuevas

Segarra,

Tratado

de

Derecho

Procesal

Civil,

San

Juan, Publicaciones J.T.S., 2000, T. 1, págs. 286-287.

El

Tribunal

de

Apelaciones

determinó

que

el

planteamiento jurisdiccional se debía atender en el foro

primario.

Todo

tribunal

tiene

la

responsabilidad

indelegable de auscultar su propia jurisdicción. En este

caso

el

señor

Bengoa

Becerra

presentó

una

moción

suplementaria en la que argumentó extensamente las razones

por las cuales los tribunales de Puerto Rico alegadamente

no contaban con jurisdicción para atender el asunto de

alimentos del menor J.S.B.L. El foro apelativo intermedio

correctamente remitió el caso al foro primario, pero debió

discutir las razones por las cuales tenía jurisdicción y

proveer unas guías que ayudaran al Tribunal de Primera

Instancia a resolver el planteamiento jurisdiccional.

III

En el 1996 el Congreso federal aprobó la Ley General

de

Responsabilidad

denominada

en

Personal

inglés

como

y

Oportunidad

"Personal

de

Empleos,

Responsibility

and

Work Opportunity Reconciliation Act of 1996", cuya Sección

321

le

Uniform

exigió

a

los

Interstate

estados

Family

y

Puerto

Support

Rico

Act

adoptar

(UIFSA)

la

como

requisito para recibir fondos federales para los programas

de sustento de menores y asistencia pública para familias

necesitadas. Véase, Ley Púb. Núm. 104-193, sec. 321, 22 de

agosto de 1996, 110 Stat. 2105, 2221. Para un análisis de

AC-2010-049

las

8

legislaciones

anteriores

a

la

UIFSA

véase,

T.

Fielding, The Uniform Family Support Act: The New URESA,

20 U. Dayton L. Rev. 425 (1994).

A esos fines, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico

aprobó la Ley Núm. 180 de 20 de diciembre de 1997, mejor

conocida

como

la

Ley

Interestatal

de

Alimentos

entre

Parientes (LIUAP), 8 L.P.R.A. sec. 541 et seq., en la cual

se incorporó la UIFSA a nuestro ordenamiento jurídico. En

esta ley se establece un sistema procesal uniforme que

busca facilitar todo lo relacionado con las órdenes de

pensión

alimentaria

a

menores

y

ex

cónyuges.

Véase,

Exposición de Motivos, 1997, Leyes de Puerto Rico, págs.

837-838.

Así, Puerto Rico como estado participante en la

reglamentación de la UIFSA, entró en una

relación de reciprocidad con todos los demás

estados y jurisdicciones norteamericanas, y

también con países extranjeros que hubiesen

adoptado leyes análogas a la UIFSA y sus

sistemas adjudicativos en materia de paternidad

y

alimentos

[en

la

medida

en

que]

sean

compatibles con el debido proceso de ley.

S. Torres Peralta, La Ley de sustento de menores

y el derecho alimentario en Puerto Rico, San

Juan, Publicaciones STP, 2007, Tomo II, sec.

17.08.

Cuando se aprobó la UIFSA en 1996 se vislumbraron dos

propósitos

esenciales.

uniformidad

a

procedimientos

la

de

El

primero

legislación

alimentos

fue

―proveerle

aplicable

interestatales

a

los

entre

los

estados [participantes de] la UIFSA‖. Torres Peralta, op

cit.,

Sec.

uniforme

17.09.

para

El

segundo

posibilitar

la

fue

―un

ejecución

sistema

procesal

de

orden

la

de

AC-2010-049

9

pensión alimentaria emitida por el estado emisor en otro

estado.‖ Íd. Como se aprecia,

la UIFSA de 1996 tiene dos facetas que aplicadas

integralmente van dirigidas a encauzar los

procedimientos hacia la eliminación del anterior

e inoperante sistema de órdenes alimentarias

múltiples, así como a contar con todas las

jurisdicciones

para

el

conocimiento

y

efectividad de la orden alimentaria única que se

emite por el estado emisor...

Íd.

Véase,

además,

J.

Sampson,

Uniform

Interstate Family Support Act (1996) Statutory

Text,

Prefatory

Note,

and

Commissioners'

Comments, 32 Family Law Quarterly 385 (1998).

Así, la LIUAP establece un sistema de una sola orden,

el cual se apoya en el principio de jurisdicción continua

y exclusiva del tribunal que emite una orden de pensión

alimentaria. Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 D.P.R. 558, 571

(1998).

El

Art.

importante

de

la

principio.

Véase,

with

prefatory

2.205,

quizás

la

disposición

más

LIUAP,

es

que

viabiliza

este

el

Uniform Interstate Family Support Act

note

and

comments:

http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/uifsa/famsuul6.p

df

(última

consagra

el

visita

el

principio

17

de

mayo

cardinal

de

de

2011).

Allí

se

que

el

tribunal

que

emite una orden de pensión alimentaria en beneficio de un

menor solo pierde su jurisdicción continua y exclusiva de

dos formas: (1) cuando todas las partes han dejado de

residir en ese estado, o (2) cuando todas las partes han

consentido

por

escrito

a

que

un

tribunal

de

otro

estado modifique la orden y asuma jurisdicción continua y

exclusiva.

Art.

2.205

de

la

LIUAP,

8

L.P.R.A.

sec.

AC-2010-049

10

542d(a).

Véase,

Jackson,

Sumario:

además,

C.

Análisis

Díaz

del

Olivo

término

y

G.

Labadie

2001-2002

del

Tribunal Supremo de Puerto Rico: Procesal Civil, 72 Rev.

Jur. U.P.R. 551, 558 (2003).

Mientras alguna de las dos excepciones no ocurran,

el

tribunal

que

emite

la

orden

es

el

único

con

jurisdicción sobre la materia para atender lo relacionado

con alimentos. El propósito de esta sección es abandonar

el sistema de órdenes de pensiones de alimentos múltiples

que prevalecía bajo la Uniform Reciprocal Enforcement of

Support Act (URESA), predecesora de la UIFSA. A. Rutkin,

Family Law and Practice, Matthew Bender, 2010, Vol. 5,

Sec. 48.03.

Al amparo de la URESA, la mayoría de los

procedimientos de pensión alimentaria eran de

novo. Aun cuando la orden de alimentos de un

estado estaba registrada en otro estado, éste se

atribuía el derecho de modificar la orden

emitida. Esto significaba que podían existir

varias órdenes de pensión de alimentos [sobre un

menor] vigentes en diversos estados. Bajo el

palio de la UIFSA, el principio de jurisdicción

continua y exclusiva tiene como objetivo, en la

medida de lo posible, reconocer que solo una

orden de pensión de alimentos puede estar

vigente.

Sampson, supra, pág. 404. (Traducción suplida.)

De esta forma, una vez que esté vigente una orden de

pensión alimentaria existen varias maneras de darle vigor

interestatalmente.

El

método

preferido

por

la

UIFSA

es

registrar la orden en el estado en el que se pretende

ejecutar.

M.

DeMaria,

Jurisdictional

Issues

under

the

Uniform Interstate Family Support Act, 16 J. Am. Acad.

Matrimonial Law 243, 255 (1999). Véase el Art. 6.601 de la

AC-2010-049

11

LIUAP, 8 L.P.R.A. sec. 545. Una vez registrada la orden de

pensión de alimentos, ésta es ejecutable de la misma forma

que una orden emitida por un tribunal de Puerto Rico. Art.

6.603 de la LIUAP, 8 L.P.R.A. sec. 545b. Las Secciones

6.601 a 6.614, 8 L.P.R.A. secs. 545-547e, de la UIFSA

regulan lo relativo a este proceso.

El Art. 6.604 de la LIAUP, 8 L.P.R.A. sec. 545c,

dispone cuál es el derecho aplicable a la hora de analizar

la orden de pensión de alimentos. En particular, el inciso

(a) establece:

§545c Derecho Aplicable

(a)

La ley del estado que emite la orden es la ley

que rige la naturaleza, alcance, cantidad y

duración de los pagos corrientes y otras

obligaciones

relacionadas

con

el

deber

de

alimentar y el pago de las sumas adeudadas bajo

dicha orden.

(b)

...

Esta sección deja claramente establecido que la ley

del estado que emite la orden es la que rige todo lo

relativo a la naturaleza y alcance del deber de alimentar.

Sampson,

supra,

pág.

490.

Por

ejemplo,

un

estado

que

reciba una orden que emitió otro estado debe reconocer y

ejecutar

un

decreto

que

ordene

pagar

una

pensión

de

alimentos hasta que el menor cumpla 21 años, sin tomar en

consideración que al amparo de su ley la obligación de

alimentar al menor cese a los 18 años. Véanse, GonzálezGoengaga v. González, 426 So. 2d. 1106 (Fla. 1983); In re

Marriage of Taylor, 122 Cal. App. 3d 209 (1981); Sampson,

supra, págs. 490-491.

AC-2010-049

12

De igual forma, tenemos que concluir, con seriedad

académica, que la ley del estado es la que rige el alcance

de

la

obligación

satisfacerla.

alimentaria

Eso

incluye

y

la

responsabilidad

quiénes

son

las

de

personas

llamadas a alimentar. Ese es el esquema que contempla la

L.I.U.A.P., dado que se trata de un asunto para el cual

cada estado puede adoptar medidas diferentes que, incluso,

modifiquen las reglas del common law.

De esta forma, ―un tribunal de Puerto Rico reconocerá

y

ejecutará

una

orden

registrada,

pero

no

podrá

modificarla si el tribunal que ha emitido la misma tenía

jurisdicción‖. Art. 6.603(e) de la LIUAP, 8 L.P.R.A. sec.

545b(e).

Esto

implica

que

al

implementar

alimentos

de

otro

estado

no

le

una

corresponde

orden

a

de

nuestros

tribunales dilucidar la sabiduría de la legislación del

otro estado que también haya incorporado a su ordenamiento

jurídico

la

UIFSA

u

otra

legislación

similar.

Por

el

contrario, tenemos el deber ineludible de ejecutar dicha

orden.

En el caso que nos ocupa el tribunal del estado de

Florida

fue

el

que

temporal

y

luego

la

matrimonio

le

concedió

permanente

Solá-Moreno.

Además,

primero

la

custodia

del

menor

J.S.B.L.

al

fue

el

emitió

una

que

orden de pensión alimentaria a favor del menor J.S.B.L. el

4 de diciembre de 2007 en la que ordenó a cada padre pagar

la cantidad de $240. Desde ese momento, dicho tribunal se

convirtió en el único foro con jurisdicción para atender

todo

asunto

de

alimentos

relativo

al

menor

J.S.B.L.

AC-2010-049

13

Precisamente el objetivo que se intentó alcanzar con la

UIFSA fue que no existieran múltiples órdenes de alimentos

a la vez, contrario a lo que ocurrió aquí.

De

esta

forma,

nuestro

análisis

se

centra

en

auscultar si el tribunal del estado de Florida ha perdido

la jurisdicción continua y exclusiva sobre el asunto de la

reclamación de alimentos del menor J.S.B.L.

En

nuestra

familia,

los

jurisprudencia

términos

acerca

domicilio

y

del

derecho

residencia

se

de

han

utilizado de forma equivalente. Prawl v. Lafita Delfín,

100 D.P.R. 35, 38 (1971). No obstante, estos conceptos no

son sinónimos. Íd., pág. 37. El tratadista Vázquez Bote,

luego

de

analizar

los

antecedentes

estos

términos,

concluye

que

el

residencia

habitual

en

que

jurisprudenciales

de

domicilio

lugar

es

―el

de

históricos

y

efectivamente se está y se quiere estar‖. E. Vázquez Bote,

Concepto del Domicilio en Derecho Puertorriqueño, 61 Rev.

Jur. U.P.R. 25, 50 (1992). En cambio, la residencia es ―el

lugar en que una persona se encuentra, durante más o menos

tiempo,

accidental

o

incidentalmente,

sin

intención

de

domiciliarse. Íd.

En otras palabras, el domicilio se puede definir como

la ―residencia habitual deseada y realizada‖. Íd, pág. 48.

De

esta

forma,

―[e]l

domicilio

supone

una

proyección

temporal, conforme con la nota de habitualidad, mientras

que la residencia se define por el hecho de estar‖. Íd,

pág.

50.

Véanse,

además,

Zarelli

v.

Registrador,

124

AC-2010-049

14

D.P.R. 529 (1989), P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones,

111 D.P.R. 199, 257 (1981).

En lo que nos ocupa, la L.I.U.A.P. utiliza en todo

momento el término de residencia y no el de domicilio.

Véanse, Arts. 1.101, 2.202, 2.205, 8 L.P.R.A. secs. 541,

542a,

542d;

Family

J.

Support

Sampson,

Act

B.

Brooks,

Uniform

with

prefatory

(2001),

Interstate

Note

and

Comments, 36 Fam. L. Q. 329, 368-369 (2002-2003). Por el

contrario, en los alegatos de las partes se dedica gran

parte a discutir cuál es el domicilio del menor J.S.B.L. y

el de su padre. Sin embargo, la interrogante medular en el

caso que nos ocupa es auscultar si la residencia de los

padres del menor se encuentra en el estado de Florida.

Al analizar minuciosamente el expediente, notamos que

no hay prueba en este que demuestre cuál es la residencia

de

los

padres

del

menor

J.S.B.L.

De

igual

forma,

el

expediente se encuentra huérfano de evidencia que pruebe

que los padres del menor J.S.B.L. hayan consentido por

escrito

a

que

el

tribunal

de

Puerto

Rico

asuma

jurisdicción sobre el asunto. Por ello, no se configura la

segunda excepción que contempla el Art. 2.205, supra.

Debido

a

que

no

se

presentó

prueba

sobre

la

residencia de los padres del menor J.S.B.L., es necesario

devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

este celebre una vista a esos efectos. Si se demostrara

que la residencia de alguno de los padres se encuentra en

Florida,

no

contempla

el

se

cumpliría

Art.

2.205,

con

la

supra.

primera

Por

excepción

que

consiguiente,

los

AC-2010-049

15

tribunales de Puerto Rico no tendrían jurisdicción para

atender el asunto.

IV

El ex Juez Asociado señor Serrano Geyls señala que

―[l]a obligación de los llamados a alimentar en el common

law es de los esposos y de los padres a sus hijos‖. R.

Serrano

Geyls,

legislación

Jurídica

Derecho

comparada,

Continua

de

de

San

la

familia

Juan,

de

Puerto

Programa

Universidad

de

Rico

y

Educación

Interamericana

de

Puerto Rico, Facultad de Derecho, 2002, T.2, pág. 1448. Es

decir,

―[n]o

existe

obligación

alguna

entre

otros

parientes consanguíneos o afines‖. Íd. De esta forma, como

regla general en el common law de Estados Unidos no existe

un deber de alimentar entre ascendientes y descendientes.

En cambio, en Puerto Rico y en el estado de Lousiana

la

obligación

de

alimentar

sí

se

extiende

a

los

descendientes y ascendientes recíprocamente. Véanse, Art.

143 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 562;

Art. 229 del Código Civil de Lousiana, La. Civ. Code. Art.

229. Esta situación presenta la controversia de si los

reclamos que puedan hacer los nietos a sus abuelos quedan

cobijados

bajo

contrario,

no

el

mandato

quedan

de

la

amparados

UIFSA,

o

por

el

y

principio

de

el

si

jurisdicción continua y exclusiva del tribunal que emite

una orden de pensión alimentaria es inaplicable.

Para poder contestar esa interrogante es necesario

acudir al Art. 1.101 de la LIUAP, 8 L.P.R.A. sec. 541, que

contiene

una

serie

de

definiciones.

En

específico,

los

AC-2010-049

16

incisos 12 y 13 definen los conceptos de alimentista y

alimentante. Estos esbozan lo siguiente:

§541. Definiciones

En este capítulo:

(1)...

(12) (a) Alimentista. Significa la persona a

quien se le adeuda, o se alega que se le adeuda,

o a cuyo favor se ha emitido una orden de

pensión alimentaria o a favor de quien se hace

una determinación de filiación;

(b) el estado o subdivisión política al

cual se le han cedido los derechos de la

obligación de alimentar o de una orden de

pensión alimentaria o que tiene reclamaciones

separadas

que

surgen

de

la

concesión

de

asistencia económica a un alimentista, o

(c)

la persona que solicita

determine la filiación de su hijo.

que

se

(13) (a) Deudor o alimentante.— Significa la

persona o el caudal hereditario de un causante,

que debe o se alega que debe la obligación de

prestar alimentos;

(b)

que se alega es el padre, pero

respecto al cual no ha sido determinada la

filiación del menor, o

(c) que es responsable de satisfacer una

orden de pensión alimentaria.

Art. 1.101, 8 L.P.R.A. sec. 541.

Un análisis de estos dos incisos refleja que el

legislador optó por definiciones amplias y abarcadoras de

los

términos

alimentista

y

alimentante.

De

esta

forma,

cualquier persona que en alguna medida sea responsable de

satisfacer una orden de pensión alimentaria es considerado

alimentante al amparo de la LIUAP. De igual manera, toda

persona

a

quien

se

le

adeude

dinero

por

concepto

de

pensión alimentaria es un alimentista bajo el palio de la

AC-2010-049

17

LIUAP. Cabe señalar que esta legislación es un calco en

español de la ley modelo UIFSA. Sin embargo, al analizar

los comentarios que acompañan a la ley modelo no hallamos

limitación

alguna

a

las

definiciones

abarcadoras

de

alimentista y alimentante. Véase, Sampson, supra, págs.

413-414.

Por

el

encontramos

contrario,

la

al

siguiente

auscultar

estos

expresión

comentarios

sobre

estas

definiciones:

Los términos alimentante y alimentista contienen

de forma inherente la obligación legal de pagar

o recibir alimentos y ambos términos también se

refieren implícitamente a las personas con el

deber de prestar alimentos a un menor. El

sistema de una sola orden de la U.I.F.S.A. sólo

puede

tener

éxito

si

las

respectivas

obligaciones de alimentar se ajustan según

cambie la posesión física de un menor entre sus

padres o un tercero que se haga cargo de él.

Esto debe realizarse en el contexto de la

modificación de una orden, y no por la creación

de órdenes múltiples que pretendan reflejar cada

cambio de custodia.1

J. Sampson, B. Brooks, Uniform Interstate Family

Support Act (2001), with prefatory Note and

Comments, 36 Fam. L. Q. 329, 352 (2002-2003).

(Traducción suplida.)

1

El texto en inglés del comentario reza de la siguiente

forma:

The terms "obligor" and "obligee" inherently

contain the legal obligation to pay or receive

support, and both terms also implicitly refer to

the individuals with a duty to support a child.

The one-order system of UIFSA can succeed only if

the respective obligations of support are adjusted

as the physical possession of a child changes

between

parents

or

involves

a

third

party

caretaker. This must be accomplished in the

context of modification, and not by the creation

of multiple orders attempting to reflect each

changing custody scenario.

AC-2010-049

Es

18

conocido

que

―[l]as

palabras

no

habitan

un

universo propio, desvinculado del mundo que las genera y

al que se refieren... El lenguaje es tan sólo inteligible

en función de ese mundo. El lenguaje jurídico en especial

deriva su significado de las realidades que lo forjan y

alteran‖. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 363, 366

(1975). (cita omitida.)

Así, el primer paso en el análisis de una legislación

es

determinar

si

el

lenguaje

es

simple

y

preciso

en

relación con la controversia particular del caso. González

González v. González Hernández, Op. de 27 de abril de

2011, 2011 T.S.P.R. 65, 2011 J.T.S. __, 181 D.P.R. __

(2011); Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., Op. de 14 de octubre

de 2009, 2009 T.S.P.R. 159, pág. 15, 2009 J.T.S. 162, 177

D.P.R. __, (2009). Véanse, además, Barnhart v. Sigmon Coal

Co., 534 U.S. 438, 450 (2002); Robinson v. Shell Oil Co.,

519 U.S. 337, 340 (1997). De ser así, procede terminar el

análisis

y

utilizar

la

acepción

simple

y

clara

del

lenguaje pues ―[c]uando el legislador se ha manifestado en

lenguaje claro e inequívoco, el texto de la ley es la

expresión por excelencia de toda intención legislativa‖.

Silva v. Adm. Sistemas de Retiro, 128 D.P.R. 256, 269

(1991).

Véanse,

Industrial,

77

además,

D.P.R.

16,

Atiles,

20

Admor.

(1954);

v.

United

Comisión

States

v.

Velastegui, 199 F.3d 590, 594 (2d Cir. 1999).

En

otras

palabras,

mientras

una

legislación

sea

coherente y consistente no hay necesidad de escudriñar más

AC-2010-049

19

allá de su lenguaje simple. Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A.,

supra; In re Palau Corp., 18 F.3d 746 (9th Cir. 1994).

Asimismo, el lenguaje simple y preciso de una legislación

solo puede ser rechazado si existe evidencia patente que

apoye una interpretación contraria. González González v.

González Hernández, supra; Matala v. Consolidation Coal

Co., 647 F.2d 427, 429 (4th Cir. 1981).

En ocasiones, existen palabras que pueden producir

que un lenguaje se torne ambiguo u oscuro. Elfren Bernier

y Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las leyes

en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Publicaciones J.T.S.,

1987,

Vol.1,

pág.

271.

Por

esa

razón,

cuando

hay

un

lenguaje confuso es deber del Tribunal llenar esas lagunas

y armonizar las disposiciones que encuentre conflictivas.

Roig Commercial Bank v. Buscaglia, Tes., 74 D.P.R. 986

(1953).

Sin

embargo,

como

bien

señala

el

Art.

14

del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14, ―[c]uando la ley es

clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe

ser

menospreciada

bajo

el

pretexto

de

cumplir

su

espíritu‖.

Así pues, el hecho de que un lenguaje sea amplio no

significa

estudio

que

del

sea

ambiguo.

propósito

de

Por

la

consiguiente,

LIUAP

tras

un

que

las

concluimos

reclamaciones de alimentos entre nietos y abuelos sí están

cobijadas

al

amparo

recogidas

en

las

de

esta

definiciones

legislación,

amplias

de

pues

quedan

alimentante

y

alimentista. Por ende, también le aplican el principio de

AC-2010-049

20

jurisdicción continua y exclusiva discutido anteriormente.

Resolver

lo

contrario

sería

crear

una

excepción

no

legislada a las definiciones abarcadoras de alimentante y

alimentista.

V

Finalmente,

debemos

analizar

cuáles

son

las

consecuencias de que nuestros tribunales tengan o carezcan

de jurisdicción sobre la materia. En la alternativa de que

los Tribunales de Puerto Rico cuenten con jurisdicción, el

matrimonio

Solá-Moreno

debe

registrar

la

orden

de

alimentos y cumplir con los requisitos establecidos en el

Art. 6.611 de la LIUAP, 8 L.P.R.A. sec. 547b.2 Una vez el

2

El Art.6.611 lee en su totalidad de la siguiente forma:

Modificación de la orden de pensión alimentaria de un

menor emitida en otro estado

(a)

Luego que se registra en Puerto Rico la orden de

pensión alimentaria de un menor, emitida en otro estado,

el tribunal recurrido de Puerto Rico puede modificar dicha

orden únicamente en el caso en que la sec. 547e de este

título no sea aplicable y luego de cumplir con el

requisito de notificación y vista determina que:

(1)

Los siguientes requisitos se han cumplido:

(A) El menor, el alimentista y el alimentante

no residen en el estado que emite la orden;

(B) el peticionario, quien no es residente de

Puerto Rico, solicita que se modifique la orden; y

(C) el demandado está sujeto a la jurisdicción

del tribunal de Puerto Rico; o

(continúa...)

AC-2010-049

21

Tribunal de Puerto Rico modifique la orden, se convierte

en el tribunal de jurisdicción continua y exclusiva en lo

referente al asunto de alimentos del menor J.S.B.L. Por el

contrario, si los tribunales de Puerto Rico no tuvieran

jurisdicción para antender el reclamo, el matrimonio SoláMoreno tendría la opción de registrar la orden de pensión

alimentaria

emitida

por

el

estado

de

Florida

en

la

(2) el menor o una de las partes está sujeto a la

jurisdicción sobre la persona del tribunal de Puerto Rico

y todas las partes han presentado por escrito su

consentimiento en el estado que emitió la orden para que

el tribunal de Puerto Rico pueda modificar la orden de

pensión alimentaria y asumir jurisdicción continua y

exclusiva sobre la misma. Sin embargo, si el estado que

emite la orden es una jurisdicción extranjera que no ha

aprobado

una

ley

o

establecido

procedimientos

sustancialmente similares a los procedimientos bajo este

capítulo, el consentimiento que de otra manera hubiera

sido requerido de una persona que resida en Puerto Rico,

no se requerirá para que el tribunal asuma jurisdicción

para modificar la orden de pensión alimentaria del menor.

(b) La modificación de una orden de pensión alimentaria

de un menor que ha sido registrada está sujeta a los

mismos requisitos, procedimientos y defensas aplicables a

la modificación de una orden emitida por un tribunal de

Puerto Rico y la orden podrá ser ejecutada y asegurada de

la misma forma.

(c) Un tribunal de Puerto Rico no podrá modificar ningún

aspecto de la orden de pensión alimentaria de un menor que

no pueda ser modificado bajo la ley del estado que emite

la orden. Si dos o más tribunales han emitido órdenes de

pensión alimentaria para un menor siendo el alimentante y

el menor los mismos, la orden que tiene preferencia y debe

ser reconocida según lo dispuesto en la sec. 542f de este

título establecerá los aspectos de la orden de pensión

alimentaria que no son susceptibles de ser modificados.

(d)

Al expedirse una orden modificando una orden de

pensión alimentaria de un menor emitida en otro estado, el

tribunal de Puerto Rico se convierte en el tribunal de

jurisdicción continua y exclusiva.

AC-2010-049

22

Administración para el Sustento de Menores para que ésta

la ejecute administrativamente. Véase el Art. 5.507 de la

LIUAP, 8 L.P.R.A. sec. 544g.3

En ese supuesto, el hecho de que la ley en el estado

de

Florida

sea

diferente

no

significa

que

vayamos

a

descartarla y eludir la realidad de que posiblemente ella

sea la que determine todo lo relacionado a la pensión de

alimentos del menor J.S.B.L.

Véanse, Fla. Stat. Secs.

61.13, 61.30; Thalgott v. Thalgott, 571 So. 2d. 1368, 1370

(Fla.

1990).

En

otras

palabras,

no

podemos

negar

la

jurisdicción y la aplicación de la ley de un estado de la

Unión por el mero hecho de que su legislación no es igual

a la nuestra. Le debemos dar entera fe y crédito a esa

ley. Véanse, Art. IV, Sec. I de la Constitución de los

Estados Unidos de América, 1 L.P.R.A., ed. 2008, pág. 177;

Baker v. GMC, 522 U.S. 222, 232 (1998); Milwaukee County

3

§ 544g. Ejecución administrativa de órdenes

(a) La parte que solicita el cumplimiento de una orden de

pensión alimentaria o una orden de retención de ingresos,

o ambas, emitida por un tribunal de otro estado podrá

enviar los documentos requeridos para el registro de la

orden a la Administración para el Sustento de Menores de

Puerto Rico.

(b)

Una vez recibidos los documentos, la agencia de

sustento de menores, previo el registro de la orden,

considerará y si lo estima apropiado, utilizará cualquier

procedimiento administrativo autorizado por la ley de

Puerto Rico para ejecutar la orden de pensión alimentaria

o la orden de retención de ingresos, o ambas. Si el

alimentante no objeta la validez o la ejecución de la

orden por la vía administrativa, la agencia de sustento de

menores registrará la misma según se dispone en este

capítulo.

AC-2010-049

23

v. M. E. White Co., 296 U.S. 268, 277 (1935).

Debido a que el planteamiento jurisdiccional no se ha

resuelto, declinamos entrar en los méritos de la alegación

del señor Bengoa Becerra referente a la subsidiaridad y

mancomunidad de la obligación de alimentar a su nieto.

VI

Por

los

fundamentos

anteriormente

expuestos,

se

confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

realice

una

vista

en

la

que

se

presente

prueba

de

la

vigencia de la orden de alimentos emitida por el estado de

Florida

y

de

la

residencia

de

los

padres

del

menor

J.S.B.L. Así, se podrá determinar si nuestros tribunales

cuentan con jurisdicción sobre la materia para ventilar el

asunto de alimentos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Bernando Solá Gutiérrez,

Maldrid Maldonado y la

Sociedad Legal de Bienes

Gananciales compuesta

por ambos

Recurridos

AC-2010-049

v.

Esteban R. Bengoa Becerra

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2011.

Por los fundamentos anteriormente expuestos,

en la Opinión que antecede, la cual se hace formar

parte integrante de la presente Sentencia, se

confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones y

se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para que realice una vista en la que se

presente prueba de la vigencia de la orden de

alimentos emitida por el estado de Florida y de la

residencia de los padres del menor J.S.B.L. Así, se

podrá determinar si nuestros tribunales cuentan con

jurisdicción sobre la materia para ventilar el

asunto de alimentos.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente con

opinión escrita a la que se unen el Juez Presidente

señor Hernández Denton y la Jueza Asociada señora

Fiol Matta. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco

no interviene.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Bernardo Solá Gutiérrez,

Maldrid Maldonado y la

Sociedad Legal de Bienes

Gananciales compuesta por

ambos

Recurridos

AC-2010-49

v.

Esteban R. Bengoa Becerra

Peticionario

Opinión Disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez a la cual se une el Juez Presidente señor Hernández

Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2011

Hoy, una mayoría de este Tribunal interpreta la Ley

Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes, infra,

para resolver que una vez un tribunal de otra jurisdicción

emite una orden de alimentos a favor de un menor, nuestros

tribunales carecen de jurisdicción para entender en una

reclamación de alimentos presentada por un menor en contra

de

su

abuelo,

en

virtud

del

deber

de

alimentos

entre

parientes reconocido en nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 561, et seq.

En su curso interpretativo, la mayoría pasa por alto

que

las

limitaciones

interestatal

de

jurisdiccionales

alimentos,

no

de

aplican

nuestra

ley

al

de

tipo

AC-2010-49

2

obligación que posibilita la reclamación de alimentos que

hoy

nos

ocupa.

Ello,

pues

se

trata

de

una

obligación

independiente que quedó fuera del marco de aplicación del

estatuto.

Además, ambas partes residen en Puerto Rico y no

existe una orden vigente en contra del abuelo, ya que éste

no

formó

parte

jurisdicción.

del

proceso

celebrado

en

la

otra

Es decir, la pensión impuesta en este caso

no trastoca en lo absoluto los postulados de la referida

legislación.

Por las razones que expongo a continuación, y porque

creo que hoy se toma una decisión lamentable y desacertada,

disiento.

I

El señor Esteban R. Bengoa Becerra y la señora Maldrid

Moreno Maldonado procrearon al señor Javier Bengoa Moreno.

De la unión de este último y la señora Danette Linares,

nació el menor J.S.B.L. en el estado de Florida, el 30 de

enero de 2000.

temporal

del

El 30 de octubre de 2007, la custodia

menor

pasó

a

manos

de

la

señora

Moreno

Maldonado, abuela paterna, y de su actual esposo, el señor

Bernardo

Solá

Gutierrez.

Ello

en

virtud

de

una

emitida por la Corte para el Noveno Circuito del

orden

Condado

de Orange, Florida (en adelante, ―Corte de Florida‖) en un

caso de remoción de custodia presentado contra los padres

biológicos

por

razón

de

maltrato

hacia

el

menor.

No

obstante, en esa ocasión, la Corte de Florida no fijó una

AC-2010-49

pensión

3

alimentaria

para

el

menor.4

Ese

mismo

año,

el

matrimonio Moreno-Solá se trasladó con el menor a Puerto

Rico, donde residen actualmente.

Se alega que más adelante, el 4 de diciembre de 2007,

la Corte de Florida le impuso a cada uno de los padres del

menor

J.S.B.L.

la

obligación

de

proveer

una

pensión

alimentaria de $240 mensuales, para un total de $480.5

el

incumplimiento

de

los

padres

con

el

Ante

plan

de

reunificación familiar, el 9 de febrero de 2009, la Corte

de

Florida

matrimonio

emitió

una

Moreno-Solá

orden

la

(permanent guardianship).6

en

custodia

la

que

confirió

permanente

del

al

menor

Surge de la orden, que la Corte

de Florida invistió al matrimonio Moreno-Solá con todos los

deberes relacionados al cuidado del menor, entre éstos, el

de proveerle alimentos hasta alcanzar la mayoría de edad.

Id.

Nada expresó ese tribunal sobre la orden de alimentos

del 4 de diciembre de 2007.

4

Determinación de hecho número 2 del Tribunal de Primera

Instancia, pág. 62 del Apéndice, Petición de certiorari.

5

Como se verá más adelante, la controversia sobre esta

orden surgió por primera vez en la etapa apelativa, por lo

que el Tribunal de Primera Instancia no la tomó en

consideración al emitir la orden de alimentos.

Por el

contrario, conforme al testimonio de la señora Moreno

Maldonado, el Tribunal de Primera Instancia determinó que

no se había fijado una pensión alimentaria a los padres

biológicos del menor. Determinación de hecho número 3 del

Tribunal de Primera Instancia, pág. 3 del Apéndice,

Petición de certiorari.

6

Orden placing con fecha 9 de febrero 2009 – Parte

demandante. Exhibit 2 de la prueba admitida por el Tribunal

de Primera Instancia, pág. 86 del Apéndice, Petición de

certiorari.

AC-2010-49

4

Entretanto,

Bengoa

Becerra,

el

abuelo

había

paterno

acordado

del

con

menor,

la

el

señora

señor

Moreno

Maldonado aportar la suma de $500 mensuales para sufragar

los gastos de manutención del nieto de ambos, e hizo pagos

por la referida cantidad.

No obstante, posteriormente el

señor Bengoa redujo la cantidad de dinero en los pagos, por

lo que la señora Moreno Maldonado se negó a aceptarlos,

razón que el señor Bengoa adujo para dejar de efectuarlos.7

Como secuela de lo anterior, el 13 de abril de 2009,

el matrimonio Moreno-Solá presentó una demanda de alimentos

contra el señor Esteban R. Bengoa Becerra en el Tribunal de

Primera Instancia, sala de Caguas, Puerto Rico.8

En la

demanda,

los

padres

dinero

alguna

el

biológicos

matrimonio

no

habían

Moreno-Solá

provisto

adujo

cantidad

de

que

para la manutención del menor y que éstos eran incapaces de

aportar.

Además, alegó en la demanda que el señor Bengoa

Becerra había incumplido un acuerdo alcanzado con la señora

Moreno Maldonado para el pago de $500 mensuales para la

manutención de su nieto.

Por lo anterior, solicitaron que

se impusiera una pensión alimentaria en contra del abuelo,

el señor Bengoa Becerra, en beneficio del menor J.S.B.L.,

de conformidad con nuestro ordenamiento.9

7

Determinaciones de hecho número 15-17 del Tribunal de

Primera Instancia, pág. 65 del Apéndice, Petición de

certiorari.

8

Posteriormente, el caso fue trasladado al Tribunal de

Primera Instancia de Humacao.

9

Demanda, pág. 15 del Apéndice, Petición de certiorari.

(continúa...)

AC-2010-49

5

Posteriormente, el señor Bengoa Becerra presentó una

moción de desestimación en la que alegó que el tribunal

estaba

impedido

de

atender

jurisdicción sobre la materia.

el

hecho

que

el

menor

el

caso

por

no

tener

Fundamentó su posición en

J.S.B.L.

nació

en

el

estado

de

Florida, localidad que a su vez era el domicilio de los

padres del menor, por lo que los tribunales de ese estado

retenían la jurisdicción sobre todo asunto relacionado al

menor.

la

El foro de primera instancia proveyó no ha lugar a

moción.

De

esa

decisión,

el

señor

Bengoa

Becerra

recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó

la determinación del Tribunal de Primera Instancia, en un

dictamen del cual no se recurrió.10

Devuelto el caso al Tribunal de Primera Instancia, se

celebró una vista de alimentos el 1 de septiembre de 2009,

la cual se trató como vista sobre pensión provisional.

El

día de la vista, el señor Bengoa Becerra planteó nuevamente

la falta de jurisdicción, a lo que el tribunal declaró no

ha lugar.

La prueba presentada en la vista consistió del

testimonio de la abuela demandante la señora Maldrid Moreno

Maldonado y del abuelo demandado el señor Esteban R. Bengoa

Becerra, así como de varios documentos cuya admisibilidad

fue estipulada por las partes.11

10

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLCE2009-1218,

pág. 56 del Apéndice, Petición de certiorari.

(continúa...)

AC-2010-49

6

Posteriormente, el 13 de octubre de 2009, el demandado

presentó

alegó

una

que

segunda

en

la

moción

vista

de

de

desestimación

alimentos

los

en

la

que

demandantes

no

presentaron evidencia para probar la incapacidad económica

de los padres biológicos del menor.

El foro primario la

declaró no ha lugar mediante una orden notificada el 20 de

octubre de 2009.

Ese

mismo

día,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

notificó una resolución dictada el 16 de octubre de 2009,

en

la

que

resolvió

que

se

había

probado

que

el

menor

J.S.B.L. tenía una necesidad de alimentos que sus padres

habían sido, y eran, incapaces de satisfacer.

A la luz de

lo

sobre

anterior,

y

en

ausencia

de

alegaciones

otros

parientes obligados en grado más próximo a los abuelos,

coligió que procedía imponerle a éstos la obligación de

proveer alimentos al menor.

En ese tenor, y a la luz de la

prueba admitida por el tribunal, impuso al señor Bengoa

Becerra una pensión provisional de $1,140.98 mensuales, lo

que representa el 50% del total de los gastos básicos y

suplementarios del menor.

Insatisfecho

Bengoa

Becerra

con

la

presentó

resolución

anterior,

oportunamente

un

el

señor

recurso

de

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en el que se

limitó a cuestionar la imposición y cuantía de la pensión

alimentaria,

11

no

así

la

jurisdicción

del

tribunal

para

Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Caso Civil

Núm. HSRF 09-00564, pág. 61 del Apéndice, Petición de

certiorari.

AC-2010-49

7

entender en el caso.

Casi dos meses después, el 18 de

enero de 2010, el recurrente informó -por primera vez en

los procedimientos desde que se iniciaron ante el Tribunal

de

Primera

Instancia-

de

la

existencia

de

alimentos emitida por la Corte de Florida.

dicha

orden,

demanda

por

nuevamente

falta

de

solicitó

la

jurisdicción

la

orden

Descansando en

desestimación

sobre

de

la

de

la

materia

al

entender que la Corte de Florida era el único foro con

jurisdicción para entender en cualquier asunto relacionado

a los alimentos del menor.

El

Tribunal

de

Apelaciones

emitió

una

sentencia

y

confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia en

la que se había fijado la pensión alimentaria provisional.

No obstante, el foro intermedio se abstuvo de dilucidar el

planteamiento jurisdiccional esgrimido por el peticionario,

al razonar que era el foro de primera instancia el adecuado

para

resolver

qué efecto, si alguno, tenía la orden de

alimentos del estado de Florida sobre la pensión impuesta.

Esto, ya que al haber surgido esta controversia por primera

vez en la etapa apelativa, el foro primario no tuvo la

oportunidad de tomarla en consideración previo a emitir su

dictamen.

Aún inconforme, el señor Bengoa Becerra presentó un

recurso de apelación ante este Tribunal en el que adujo que

debía revocarse la decisión del foro intermedio por tres

razones, a saber: (1) que la Corte de Florida es el único

foro con jurisdicción sobre el menor y sobre la orden de

AC-2010-49

8

pensión alimentaria; (2) que no procedía que el tribunal le

impusiera una pensión alimentaria sin antes realizar una

determinación

de

incapacidad

económica

de

los

padres

biológicos; y (3) que la responsabilidad impuesta debía ser

mancomunada y no solidaria.

Días después de haberse presentado el recurso antes

mencionado, el matrimonio Moreno-Solá presentó una moción

ante el Tribunal de Primera Instancia en la que solicitó

que

se

hallara

al

demandado

incurso

en

desacato

por

incumplir con el pago de la pensión alimentaria impuesta

previamente.

Ante la inminencia de la celebración de una

vista de desacato, el señor Bengoa Becerra presentó una

moción en auxilio de nuestra jurisdicción y solicitó que

paralizáramos el proceso ante el foro primario hasta que se

atendiera el recurso presentado ante este Tribunal.

El 23

de julio de 2010, emitimos una resolución para acoger el

recurso

de

paralizar.

apelación

Ambas

como

partes

un

certiorari

presentaron

sus

y

ordenamos

respectivos

alegatos ante este Tribunal.

Una vez tenemos un cuadro adecuado de los hechos que

rodean la controversia que nos ocupa, examinemos el Derecho

aplicable.

II

A

El 20 de diciembre de 1997, la Asamblea Legislativa

aprobó

la

Ley

Interestatal

Uniforme

de

Alimentos

entre

Parientes (en adelante ―L.I.U.A.P.‖), Ley Núm. 180 de 20 de

AC-2010-49

9

diciembre de 1997, 8 L.P.R.A. sec. 541 et seq.

A través de

esta ley se adoptó en Puerto Rico la Uniform Interstate

Family

Support

Act

(en

adelante

―U.I.F.S.A.‖).

La

U.I.F.S.A. es la versión revisada de una serie de estatutos

modelos

aprobados

Commissioners

pasado,

on

por

Uniform

dirigidos

la

State

National

Laws

principalmente

Conference

durante

a

of

el

siglo

uniformar

los

procedimientos de reconocimiento y ejecución de órdenes de

alimentos entre los estados, territorios de Estados Unidos

y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Véase, T.M.

Fielding, The Uniform Interstate Family Support Act: The

New URESA, 20 Dayton L. Rev. 425, 447 (1994).12

12

Como ya hemos expresado en otras ocasiones, la U.I.F.S.A.

es un estatuto modelo cuya adopción fue requerida por el

Congreso de Estados Unidos -mediante legislación- como

requisito para que Puerto Rico y los estados pudieran

participar de unos fondos federales para los programas de

sustento de menores y asistencia pública a familias

necesitadas. Véase, Santiago v. Rodríguez, 161 D.P.R. 826,

831 (2004); Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 D.P.R. 558, 567

(1998).

La primera versión de la U.I.F.S.A. fue aprobada en el

1992. Posteriormente, en 1996, sufrió varias enmiendas

importantes inspiradas en la necesidad de formular unas

guías claras para la ejecución de las órdenes de alimentos

en un estado distinto al cual emitió la orden inicial.

Precisamente, la versión adoptada en nuestro ordenamiento a

través de la Ley Núm. 180 de 20 de diciembre de 1997, fue

la U.I.F.S.A. de 1996.

No obstante, es menester señalar

que el estatuto modelo fue enmendado en dos ocasiones

posteriores, en 2001 y 2008.

Al día de hoy, todos los estados y territorios de

Estados Unidos, al igual que el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, como vimos, han adoptado alguna de las

versiones de la U.I.F.S.A. como parte de sus respectivos

ordenamientos.

A pesar de que varios de ellos han

enmendando sus leyes con el fin de incorporar las enmiendas

de 2001 y 2008, ese no es nuestro caso, por lo que, salvo

(continúa...)

AC-2010-49

10

Previo

a

la

implementación

de

interestatales

de

alimentos,

parte

la

los

estatutos

alimentista

enfrentaba serias dificultades para poder cobrar y recibir

su sustento.

Por ejemplo, no existían mecanismos directos

para ejecutar una orden de alimentos contra un alimentante

si

éste

abandonaba

el

estado

en

que

residía,

lo

que

promovía que éste acudiera a distintos estados en búsqueda

de alguna legislación que le facilitara modificar la orden

de alimentar vigente.

Véase, Id., pág. 426.

Recaía en la

parte alimentista la onerosa gestión de movilizarse hasta

el nuevo estado de residencia del alimentante con el fin de

iniciar una nueva acción de alimentos en su contra. Id.

En aras de atender esa realidad, se diseñaron varios

estatutos

fueron

modelos,

los

cuales

incorporados

por

los

respectivos

ordenamientos.

en

mayor

estados

No

o

menor

grado,

como

parte

de

sus

bajo

los

obstante,

aun

estatutos anteriores a la U.I.F.S.A., cabía la posibilidad

de que, a pesar de estar vigente una orden, otro tribunal

emitiera una nueva o modificara la ya existente.

conllevaba

que

múltiples

órdenes

de

pensión

Esto

alimentaria

podían estar vigentes al mismo tiempo, en cuanto a un mismo

alimentante y alimentista, permitiendo la doble exposición

de un alimentante.

Véanse, T.M. Fielding, op. cit., pág.

expresión en contrario, al hablar de la U.I.F.S.A.

únicamente nos referimos a la versión de 1996. Para un

análisis detallado de la U.I.F.S.A. de 2001 y su posible

incorporación a nuestro ordenamiento, véase, S. Torres

Peralta, La Ley de Sustento de Menores y el Derecho

Alimentario en Puerto Rico, Publicaciones STP, Inc., San

Juan, 2006, págs. 17.01 – 17.54.

AC-2010-49

11

458; M. DeMaria, Jurisdictional Issues under the Uniform

Interstate Family Support Act, 16 J. Am. Acad. Matrimonial

Law

243,

244

(1999);

P.

Wick

Hatamyar,

Critical

applications and proposals for improvements of the Uniform

Interstate Family Support Act and the Full Faith and Credit

for Child Support Orders Act, 71 St. John’s Law Review 1,

5-6 (1997).13

Así,

impulsada

el

por

procedimientos

la aprobación de la U.I.F.S.A. fue

objetivo

para

el

de

facilitar

y

uniformar

los

establecimiento

y

ejecución

de

órdenes de alimentos en casos interestatales.

Véase, Nota

prologal, Uniform Interstate Child Support Act (1996),

9

U.L.A., págs. 285-89.

Sin embargo, del texto de la U.I.F.S.A., adoptada en

nuestra L.I.U.A.P., se desprenden una multiplicidad de vías

o

mecanismos

anteriormente.14

que

atienden

los

problemas

mencionados

De éstos, los hechos del caso de autos

13

En palabras del autor: ―Frequently, two or more valid

court orders from different states established entirely

different support obligations for the same obligor and

child,

engendering

uncertainty

and

complicating

the

calculation of arrearages‖.

P. Wick Hatamyar, Critical

applications and proposals for improvements of the Uniform

Interstate Family Support Act and the Full Faith and Credit

for Child Support Orders Act, 71 St. John’s L. Rev. 1, 5-6

(1997) (Énfasis nuestro y citas omitidas).

14

El ámbito de aplicación de la L.I.U.A.P. afecta a un

sinnúmero de situaciones o procedimientos, a saber:

(a) Excepto cuando se provea otra cosa en este

capítulo, esta sección aplica a todos los

procedimientos al amparo de este capítulo.

(b) Este capítulo provee para los siguientes

procedimientos:

(continúa...)

AC-2010-49

12

canalizan nuestra atención a lo dispuesto en la ley sobre

el establecimiento, cumplimiento y modificación de órdenes

de alimentos a favor de un menor.

Veamos.

(1)

Emisión

de

una

orden

de

pensión

alimentaria de ex cónyuges o de menores

según se dispone en la sec. 544 de este

título;

(2) ejecución de una orden de pensión

alimentaria y retención de ingresos de otro

estado sin necesidad de registro según se

dispone en las secs. 544a a 544g de este

título;

(3) registro de una orden de pensión

alimentaria de ex cónyuges o de pensión

alimentaria para menores emitida por otro

estado según se dispone en las secs. 545 a

547e de este título;

(4) modificación de una orden de pensión

alimentaria para menores o ex cónyuges

emitida por un tribunal de Puerto Rico según

se dispone en las secs. 542b a 542e de este

título;

(5) registro de una orden de pensión

alimentaria para menores de otro estado para

que sea modificada según se dispone en las

secs. 545 a 547e de este título;

(6) determinación de filiación según se

dispone en la sec. 548 de este título, y

(7)

adquisición

de

jurisdicción

sobre

personas no residentes según se dispone en

las secs. 542 a 542b de este título.

(c) Una persona o la agencia de sustento de menores

podrá iniciar un procedimiento al amparo de este

capítulo presentando una petición en un tribunal

iniciador para que sea remitida a un tribunal

recurrido o presentando una petición o reclamación

comparable directamente en un tribunal de otro estado

que tenga o pueda adquirir jurisdicción sobre su

persona.

8 L.P.R.A. sec. 543.

Cabe destacar que la ley fomenta el que los tribunales

de Puerto Rico se comuniquen con los tribunales de los

estados a través de cualquier medio, con el propósito,

entre varios, de obtener información relacionada al efecto

de sentencias, órdenes o decretos del tribunal estadual o

del estatus de los procedimientos pendientes ante ese

estado. 8 L.P.R.A. sec. 543p.

AC-2010-49

13

B

Con el propósito de erradicar los defectos prácticos

que

caracterizaron

a

los

estatutos

anteriores,

tanto

la

U.I.F.S.A. como nuestra L.I.U.A.P., establecen que, en lo

posible, no debe existir más de una orden de alimentos en

determinado momento.

558,

570-71

Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 D.P.R.

(1996).

estableció

el

exclusiva,

según

Para

principio

viabilizar

ese

objetivo,

se

de

jurisdicción

continua

y

en

la

estatuido

sección

542(d)

de

la

L.I.U.A.P., equivalente a la sec. 205 de la U.I.F.S.A. 8

L.P.R.A. sec. 542d(c); 9 U.L.A. sec. 205, pág. 349; Aponte

v.

Barbosa

precepto,

Dieppa,

un

alimentaria

ante.

tribunal

en

De

que

acuerdo

emite

beneficio

de

una

con

el

referido

orden

de

pensión

determinado

alimentista,

retiene jurisdicción continua y exclusiva sobre la orden y,

salvo circunstancias limitadas, es el único tribunal con

jurisdicción

para

modificarla.

8

L.P.R.A.

Aponte v. Barbosa Dieppa, ante, pág. 571.

una

vez

un

tribunal

adquiere

sec.

542d;

De igual forma,

jurisdicción

continua

y

exclusiva sobre una orden, la ley proscribe que otro foro

dicte una segunda orden de alimentos en contra del mismo

alimentante y alimentista.

A

cuando

manera

el

de

8 L.P.R.A. sec. 541.

excepción,

tribunal

que

la

la

orden

podrá

modificarse

emitió

haya

perdido

su

jurisdicción continua y exclusiva sobre la orden, lo que

ocurre de dos (2) formas: (1) cuando todas las partes han

dejado de residir en el estado emisor, o (2) cuando todas

AC-2010-49

14

las partes han consentido por escrito a que un tribunal de

otro estado modifique la orden.

8 L.P.R.A. secs. 542d(a),

547-547c; Aponte v. Barbosa Dieppa, ante, pág. 572.15

Así, auscultar el lugar de residencia de las partes

que figuran en la orden sólo es pertinente para resolver si

el tribunal que la emitió aún tiene jurisdicción continua y

exclusiva sobre la orden.

Véase, 8 L.P.R.A. sec. 542d;

Aponte v. Barbosa Dieppa, ante, pág. 572.

De haber cesado

la jurisdicción, ello sólo supondría que la orden podría

ser

registrada

en

Puerto

Rico

para

propósitos

de

ser

modificada por un tribunal, puesto que hasta que ello no

ocurra, la orden continúa vigente.

547-547c.

orden

8 L.P.R.A. secs. 542d,

No obstante, una vez un tribunal modifica una

siguiendo

el

procedimiento

establecido

en

la

ley,

adquiere jurisdicción continua y exclusiva sobre ésta, lo

que privaría al antiguo tribunal de su jurisdicción para

modificarla.

Nótese

exclusiva,

8 L.P.R.A. sec. 542d(c).

que

la

sobre la orden.

al

ley

tratar

la

expresamente

jurisdicción

continua

menciona

ésta

que

y

recae

Ni de la sección 542d de nuestra ley, su

versión en inglés, o del estatuto modelo se desprende que,

una vez un tribunal posee jurisdicción continua y exclusiva

15

Asimismo, a fines de disuadir de que varios estados

emitan órdenes de alimentos en cuanto a las mismas partes,

la ley provee un mecanismo para que la parte alimentista

pueda solicitar que se reconozca y se haga cumplir una

orden de alimentos en una jurisdicción distinta a la del

tribunal que emitió inicialmente la orden. 8 L.P.R.A. sec.

545a.

AC-2010-49

15

sobre la orden, ello significa que ese tribunal retiene

jurisdicción no sólo sobre la orden,

sino para todo tipo

de reclamación o fuente de alimentos que el menor tenga a

su haber.

De igual forma, el estatuto guarda silencio sobre si

la

jurisdicción

continua

y

exclusiva

impide

que

un

alimentista inste una reclamación con base en obligaciones

distintas a las que emanan de la patria potestad o del

matrimonio, y en contra de un alimentante sobre el cual no

se ha impuesto obligación alguna en virtud de una orden.

Debemos

entonces

analizar

el

principio

de

jurisdicción

exclusiva, a la luz de los hechos particulares traídos ante

nuestra consideración.

C

Al examinar los comentarios oficiales de la Comisión

que redactó la U.I.F.S.A., puede constatarse que en todas

las instancias en que el estatuto menciona la jurisdicción

continua y exclusiva se indica que ésta se retiene sobre la

orden.

Por

ejemplo,

la

ley

provee

que

si

un

tribunal

adquiere jurisdicción continua y exclusiva sobre una orden,

ello impide que otros tribunales puedan modificar la orden

y sus términos, a menos que el tribunal que la emitió haya

perdido su jurisdicción sobre la orden.16

Según se explica

en el comentario del estatuto modelo:

Hasta que alguna de las partes o el menor

continúen residiendo en el estado que emite la

orden, o hasta que las partes no establezcan un

16

8 L.P.R.A. secs. 541d, 547-547c.

AC-2010-49

16

acuerdo en contrario, el tribunal que emite la

orden tiene jurisdicción continua y exclusiva

sobre su orden –lo que en términos prácticos

significa que puede modificar su orden.

Comentario, 9 U.L.A. sec. 205, pág. 340. (Énfasis suplido y

traducción nuestra).

Asimismo, el estatuto no establece que el alcance de

la

jurisdicción

continua

y

exclusiva

se

extiende

a

cualquier otro beneficio, deber u obligación existente bajo

un ordenamiento, que pueda conllevar el establecimiento de

una pensión alimentaria a favor del menor.

Tampoco atiende

los supuestos en que se trata de fijar una obligación de

alimentar a un alimentante distinto al que figura en la

orden emitida por el tribunal con jurisdicción continua y

exclusiva.

Y es que lo cierto es, como se demostrará, que

el texto original de la U.I.F.S.A., adoptado íntegramente

en

nuestra

legislación,

situaciones.

no

contempla

este

tipo

de

No obstante, es menester indagar qué tipo de

alcance se pretendió conferir a esta legislación y si la

pensión impuesta en este caso por el Tribunal de Primera

Instancia lo irrumpe o trastoca.

D

El examen legislativo de la L.I.U.A.P., en unión al

historial del estatuto modelo, dejan en evidencia que la

motivación principal de los cuerpos legislativos al aprobar

la

L.I.U.A.P.

fue

evitar

dos

situaciones:

(1)

que

se

emitieran múltiples órdenes de alimentos sobre las mismas

partes, y (2) que un tribunal modificara una orden emitida

por

otro

tribunal,

restando

uniformidad

a

los

AC-2010-49

17

procedimientos.

Comentario, 9 U.L.A. sec. 201, pág. 329;

Exposición de Motivos de la Ley Interestatal de Alimentos

entre Parientes, 1997 Leyes de Puerto Rico, pág. 839.

Precisamente, tanto en la U.I.F.S.A. como en nuestra

L.I.U.A.P. se establecieron unas guías transitorias para

atender los casos dilucidados

bajo estatutos anteriores,

que como indicamos, permitían la existencia de múltiples

órdenes en contra de las mismas partes.

Así, de estar

vigente más de una orden, la ley provee unas guías para

establecer

cuál

es

la

orden

controlante.

No

obstante,

dicho procedimiento es aplicable sólo en situaciones en que

―[hayan]

sido

emitidas

dos

o

más

órdenes

de

pensión

alimentaria para menores por tribunales de Puerto Rico o de

otro estado en relación al mismo deudor alimentante y menor

. . .‖.

8 L.P.R.A. sec. 542f(b).

Sin embargo, la ley nada

provee en cuanto al supuesto en que se trate de órdenes

separadas, cada una dirigida a un alimentante distinto.

Cabe entonces puntualizar que el hecho de que se emita

más

de

una

orden

de

alimentos,

alimentantes

distintos,

dispuesto

la

en

no

referida

cada

activa

sección

una

el

dirigida

procedimiento

542f(b)

a

determinar cuál de las órdenes es controlante.

lógica

de

que

ello

sea

así

es

que

a

trata

fines

de

La razón

de

un

procedimiento remedial y, la acción de fijar una segunda

orden en contra de un alimentante distinto, al que se le

impone una obligación por primera vez, no presenta el tipo

de

perjuicio

que

la

U.I.F.S.A.

pretendió

erradicar,

AC-2010-49

18

entiéndase, la existencia de múltiples órdenes en relación

al mismo alimentante y alimentista.

Cabe entonces colegir

que la L.I.U.A.P., y el principio de una sola orden allí

adoptado,

no

proscriben,

ni

son

incompatibles,

con

la

acción de dictar una orden de alimentos en contra de un

alimentante

distinto

al

que

figura

en

una

orden

previa

emitida por otro tribunal y contra quien no se ha emitido

orden alguna.

E

Por otro lado, al analizar minuciosamente el historial

legislativo

y

el

texto

de

la

U.I.F.S.A.,

adoptada

íntegramente en nuestra L.I.U.A.P., puede notarse que se

trata

de

un

estatuto

modelo

aplicable

únicamente

a

dos

tipos de obligaciones de alimentos: (1) la obligación de

alimentar

a

los

hijos

maternidad

y

(2)

la

que

emana

obligación

de

recíproca

alimentos que corresponde a los cónyuges.

abonan a esta interpretación.

la

paternidad

de

o

brindarse

Varios factores

Veamos.

En primer lugar, en los países de common law, como

Estados

Unidos,

la

obligación

de

aquellos

llamados

a

alimentar corresponde a los esposos entre sí y a los padres

respecto a sus hijos. Serrano Geyls, Derecho de familia de

Puerto Rico y legislación comparada, San Juan, Programa de

Educación

Jurídica

Continua

de

la

Universidad

Interamericana de Puerto Rico, 2002, págs. 1448-49.

Más

allá de lo anterior, el deber de alimentar no se extiende a

AC-2010-49

19

otros parientes, tales como los abuelos.17

En el ámbito

estatutario,

mencionar

a

modo

de

excepción,

podemos

la

legislación del estado de Luisiana, que como la nuestra,

extiende la obligación de alimentar

a un menor

parientes, incluyendo los abuelos.

Véanse, Art. 229 del

Código Civil de Luisiana, La. Civ. Code Art. 229;

a

otros

Art. 143

del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 562;

Serrano Geyls, op cit., págs. 1448-49.

Ahora bien, como

regla general, el ordenamiento estadounidense no establece

la obligación de los abuelos de proveer alimentos a sus

nietos en situaciones en que los padres biológicos sean

incapaces de cumplir con su obligación.18

El hecho de que en el common law la obligación de

alimentar no se extiende a los ascendientes más allá del

padre y la madre, abona a la conclusión de que al redactar

la U.I.F.S.A., no se pudo haber tomado en consideración la

existencia

de

otros

deberes

de

alimentar

que

no

fuesen

aquéllos originados por la paternidad o en el matrimonio.

Lo

anterior,

en

unión

a

las

omisiones

señaladas

17

Algunos estados han aprobado estatutos para imponer a los

hijos mayores de edad el deber de alimentar a sus padres en

caso de necesidad. Véase, U. Narayan, The Government’s Role

in Fostering the Relationship Between Adult Children and

their Elder Parents: From Filial Responsibility Laws to . .

. What?, A Cross-Cultural Perspective, 4 Elder L.J. 369

(1996).

18

Cabe

mencionar

que

algunos

estados

han

aprobado

legislación para reconocer el deber de los abuelos de

brindar alimentos a sus nietos en casos en que los padres

biológicos son menores de edad, e incapaces de cumplir con

su obligación. Véase, Laura W. Morgan, Doing it again:

grandparents paying child support, 35 TRIAL 37 (1999).

AC-2010-49

20

anteriormente, confirma que la U.I.F.S.A. no fue diseñada

con el propósito de regir otras fuentes de obligación de

alimentar que puedan existir a favor de un menor, separada

de la que emana de su relación con sus padres.19

Por ello, llama la atención que la Opinión mayoritaria

señale que los redactores de la U.I.F.S.A. incluyeron una

definición amplia del término alimentante, dejando entrever

que

ello

se

hizo

con

el

propósito

de

que

el

estatuto

aplicara a la obligación de los abuelos con sus nietos.

Esta interpretación no sólo proviene de un equívoco, sino

que no halla base alguna en el texto del estatuto ni en su

historial.

Nuestra L.I.U.A.P. define el término alimentante de la

siguiente forma:

(a) Deudor o alimentante. — Significa la persona

o el caudal hereditario de un causante, que debe

o se alega que debe la obligación de prestar

alimentos;

(b) que se alega es el padre, pero respecto al

cual no ha sido determinada la filiación del

menor, o

(c) que es responsable de satisfacer una orden de

pensión alimentaria.

8 L.P.R.A. sec. 541(13)(Énfasis nuestro).20

19

Precisamente, la razón fundamental para reemplazar uno de

los estatutos modelos que precedieron a la U.I.F.S.A. fue

que establecía obligaciones alimentarias que no existían en

el ordenamiento estadounidense, tales como el deber de

alimentar a los parientes en necesidad. T.M. Fielding, The

Uniform Interstate Family Support Act: The New URESA, 20

Dayton L. Rev. 425, 429 (1994)

20

En su versión en inglés, la L.I.U.A.P. define

alimentante de la siguiente forma:

Obligor.— Means an individual, or the state of

a decedent:

al

(continúa...)

AC-2010-49

21

Ciertamente,

el

citado

precepto

define

el

término

alimentante en términos amplios, pero no puede sugerirse,

con seriedad académica, que ello extiende la aplicación del

estatuto para que aplique a cualquier tipo de obligación de

dar alimentos, más allá de las que ostentan los padres y

los cónyuges.

De

una

lectura

serena

de

la

citada

definición

se

desprende que su amplitud obedece a la intención de los

redactores de la U.I.F.S.A. de que el término aplicase en

cualquier etapa de los procedimientos, no sólo en casos en

que

la

obligación

también

en

cónyuge

tienen

ha

situaciones

la

sido

en

previamente

establecida,

que

se

alega

que

obligación

de

alimentar,

un

sino

padre

aunque

o

la

filiación o la obligación del cónyuge no haya sido fijada

por un tribunal. Véase, Comentario, 9 U.L.A. sec. 101, pág.

310.

Abona a lo anterior que en los comentarios oficiales

al texto original de la U.I.F.S.A. se indica expresamente

que el estatuto no es aplicable a procedimientos para hacer

valer otros deberes estatutarios de alimentar, ya sea entre

otras personas o parientes, tales como el deber de un hijo

adulto de sustentar a sus padres. Véase, Nota Prologal, 9

U.L.A., pág.286. (―The Act may be used only for proceedings

(a) Who owes or is alleged to owe a duty of

support;

(b) who is alleged but has not been

adjudicated to be a parent of a child, or

(c) who is liable under a support order.

Leyes de Puerto Rico, 1997, pág. 870.

AC-2010-49

22

involving the support of a child or spouse of the support

obligor, and not to enforce other duties such as support of

a parent.‖).

Sustento

de

Véase, además, S. Torres Peralta, La Ley de

Menores

y

el

derecho

alimentario

en

Puerto

Rico, Publicaciones STP, Inc., San Juan, 2007, T.2, pág.

17.11.

Consecuentemente, la obligación legal de alimentos

impuesta a los abuelos que emana de nuestro Código Civil es

un

deber

estatutario

que

no

forma

aplicación de la U.I.F.S.A.

parte

del

ámbito

de

Del mismo modo, es forzoso

colegir que las limitaciones jurisdiccionales del referido

estatuto tampoco son aplicables a un procedimiento en el

que un nieto reclama alimentos a su abuelo y ambos residen

en Puerto Rico.

III

La Opinión mayoritaria razona que una vez un tribunal

posee jurisdicción continua y exclusiva sobre la orden,

la

ley del estado en el que está sito el tribunal rige ―todo

lo

relativo

alimentar‖.

a

la

naturaleza

y

alcance

que

deber

de

Como consecuencia, se adelanta a concluir que

no procede aplicar las disposiciones de

Civil

del

reglamentan

el

deber

de

nuestro Código

alimentos

entre

parientes, y que amparan la posibilidad de que un abuelo

deba responder por la necesidad alimentaria de su nieto.

Es decir, que nuestra ley, que a todas luces provee una

mayor

protección,

existencia

de

una

quedaría

desplazada

orden

alimentos

de

de

en

probarse

contra

de

la

los

padres biológicos del menor J.S.B.L. Para fundamentar su

AC-2010-49

23

posición, la ponencia mayoritaria reproduce la sección 545c

de nuestra L.I.U.A.P., la cual lee:

(a) La ley del estado que emite la orden es la

ley que rige la naturaleza, alcance, cantidad y

duración

de

los

pagos

corrientes

y

otras

obligaciones

relacionadas

con

el

deber

de

alimentar y el pago de las sumas adeudadas bajo

dicha orden.

8 L.P.R.A. sec. 545c. (Énfasis suplido).

El Tribunal concluye que esta sección de la ley priva a un

tribunal

otros

de

otro

deberes

estado

o

de

remedios

su

autoridad

independientes

para

reconocer

o

distinta

de

naturaleza.

No obstante, la falla del razonamiento de la

mayoría

que

es

pasa

por

alto

que

la

sección

545c

es

inaplicable a los hechos de este caso.

La

sección

545c

forma

parte

del

procedimiento

establecido en la ley para casos en que una parte solicita

que se registre y ejecute una orden de alimentos en un

estado distinto al que la emitió.

Ello

únicamente

procedimiento,

implica

que

una

8 L.P.R.A. sec. 545(c).

vez

se

las obligaciones establecidas

utiliza

ese

en la orden

deberán regirse por el derecho sustantivo del estado en que

se emitió la orden. Véanse, Id.; Comentario, 9 U.L.A. sec.

604, págs. 427-28.

Así pues, el marco de aplicación de la sección 545c se

limita al procedimiento de registro para ejecución,

más

ésta no es óbice para que se inste una reclamación como la

del presente caso, en el que por primera vez se solicita

que se establezca la obligación de un alimentante.

AC-2010-49

Ya

24

examinados

los

preceptos

de

nuestro

estatuto

interestatal de alimentos, sólo resta aplicarlos fielmente

a los hechos ante nuestra consideración.

IV

El

caso

de

autos

versa

sobre

una

reclamación

de

alimentos presentada por el menor J.S.B.L. en contra de su

abuelo,

el

señor

Bengoa

Becerra,

instada

al

amparo

del

deber de alimentos entre parientes instaurado en nuestro

ordenamiento, el cual establece la obligación subsidiaria

de los abuelos de alimentar a sus nietos.

Artículo 143 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 562. ; Vega

v. Vega, 85 D.P.R. 675 (1962); Piñero Crespo v. Gorgillo

Gil, 122 D.P.R. 246 (1988); S. Torres Peralta, op. cit.,

págs. 5.60-5.69.

Al examinar el texto de la demanda presentada por el

matrimonio

Moreno-Solá

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia, observamos que la parte alimentista únicamente

solicitó del tribunal que ordenara al señor Bengoa Becerra

que

aportara

nieto.

económicamente

para

la

manutención

de

su

Siguiendo el procedimiento dispuesto en la ley y en

nuestra jurisprudencia al respecto y, a la luz de la prueba

admitida, el tribunal fijó una pensión provisional para el

menor.

El

matrimonio

Moreno-Solá

no

solicitó

que

se

estableciera una segunda orden de alimentos en cuanto al

mismo alimentante, por lo que no cabe decir que se intenta

establecer una segunda orden sobre las mismas partes objeto

AC-2010-49

25

de la supuesta orden de alimentos emitida por la Corte de

Florida.21

Lo que es más patente aún, no solicitó que se

modificaran

o

alteraran

los

cuantía de la referida orden.

términos,

el

alcance

o

la

Es decir, no estamos ante la

posibilidad de que ocurra alguna de las situaciones que

propiciaron la aprobación, no sólo de la U.I.F.S.A., sino

de los estatutos interestatales de alimentos en general.

En este caso, tanto el alimentante como el alimentista

residen en Puerto Rico y no surge del expediente que se

haya dictado orden alguna en la que se haya ordenado al

peticionario

a

Dicho

nos

esto,

alimentos

cumplir

con

alguna

encontramos

puramente

doméstica,

pensión

ante

una

en

la

alimentaria.

reclamación

que

de

las

partes

alimentante y alimentista residen en Puerto Rico.

Véase,

S. Torres Peralta, op. cit., págs. 17.23-17.24. Es decir,

las

limitaciones

jurisdiccionales

establecidas

en

la

L.I.U.A.P. no aplican a los hechos de este caso, por lo que

nuestros

tribunales

tienen

autoridad

para

atender

la

reclamación instada en contra del señor Bengoa Becerra.22

21

Demanda, pág. 15 del Apéndice, Petición de certiorari.

22

Es por esto que es errada la decisión de la mayoría al

devolver el caso al foro de primera instancia para que se

esclarezca si la Corte de Florida perdió su jurisdicción

por una de las razones establecidas en la referida ley.

Porque

sostengo

que

nuestros

tribunales

tienen

jurisdicción para entender en la reclamación instada en el

presente caso, procedía considerar el segundo y tercer

señalamiento de error traídos por el peticionario.

Éstos

van dirigidos, en esencia, a cuestionar la naturaleza y

cuantía de la pensión alimentaria para el menor fijada por

el foro primario a la luz de la prueba admitida.

(continúa...)

AC-2010-49

26

En ausencia de una expresión legislativa en contrario,

en

el

caso

de

autos

no

existe

una

razón

de

peso

para

renunciar a nuestra jurisdicción en una porción mayor a lo

exigido por ley, máxime si ello conlleva que se arrebate a

un menor los mecanismos adicionales y de mayor protección

que provee nuestro ordenamiento para que éste reciba los

alimentos de los cuales se ha visto privado.

Es por lo

tanto sumamente lamentable el curso de acción mayoritario,

el cual tiene el efecto real de perjudicar a un menor al

impedirle

que

pueda

reclamar

alimentos

de

sus

abuelos

conforme establece el ordenamiento puertorriqueño.

Por las razones que discuto, disiento del razonamiento

y

del

desafortunado

resultado

al

que

arriba

la

Opinión

mayoritaria.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

No

obstante,

el

peticionario

no

incluyó

una

transcripción o resumen de la prueba, por lo que no nos

colocó

en

posición

de

pasar

juicio

sobre

las

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia basadas

en la prueba vertida ante sí. Véanse, Álvarez de Choudens

v. Rivera Vázquez, 165 D.P.R. 1, 13 (2005); Pueblo v.

Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84 (2000); Rolón v. Charlie Car

Rental, Inc., 148 D.P.R. 420 (1999).