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Tribunal Supremo de Puerto Rico

García Fantauzzi v. Directora Administrativa de los Tribunales

2011 TSPR 115

Poder Judicial de Puerto Rico

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García Fantauzzi v. Directora Administrativa de los Tribunales

CC-2007-280

Sentencia y Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen Garcí

a Fantauzzi

Recurrida

Certiorari

v.

2011 TSPR 115

Directora Administrativa de los

Tribunales

182 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC

- 2007 - 280

Fecha: 8 de agosto de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Juez Ponente:

Hon. José M. Aponte Jiménez

Oficina de Administración

de los Tribunales:

Lcda. María Victoria López Menéndez

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo.

Santos Rivera Martínez

Materia:

Revisión Administrativa Procedente de la Junta de

Personal de la Rama Judicial

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilació

n y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen García Fantauzzi

Recurrida

v.

CC-2007-280

Certiorari

Directora Administrativa de

los Tribunales

Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2011.

En

el

determinar

recurso

si

el

de

epígrafe

Tribunal

de

nos

corresponde

Apelaciones

actuó

correctamente al revocar una determinación de hecho

de

una

resolución

administrativa

emitida

por

la

Junta de Personal de la Rama Judicial y, asimismo,

al

revocar

totalidad.

decisión

dicha

decisión

Así,

pues,

administrativa

en

su

considerar

que

la

por

administrativa

procede

en

derecho,

revocamos la Sentencia emitida por el Tribunal de

Apelaciones.

I

La

Sra.

desempeñaba

Carmen

como

A.

García

coordinadora

del

Fantauzzi

se

Programa

de

CC-2007-280

2

Ayuda al Empleado (PAE) de la Oficina de Administración de

los Tribunales (OAT). Como parte de sus funciones, ésta

tuvo que atender una situación que ocurrió en la oficina de

alguaciles del Centro Judicial de Aguadilla. En esa ocasión

entrevistó

a

varios

empleados,

entre

ellos

al

alguacil

Carlos Rivera López. A petición de este último, la señora

García Fantauzzi preparó una comunicación escrita en la que

describió

los

éste.1

dicha

En

hallazgos

misiva

producto

también

de

su

incluyó

entrevista

la

con

información

médica personal del propio alguacil y que era pertinente al

asunto en cuestión.

No obstante, la señora García Fantauzzi, en lugar de

hacer llegar la carta al alguacil Rivera López, la hizo

llegar a la Directora Ejecutiva del

Centro Judicial de

Aguadilla, la Sra. Astrid Otero Pereles. Debido a que la

carta

contenía

empleado,

la

información

Directora

se

médica

y

confidencial

orientó

con

la

Oficina

del

de

Recursos Humanos de la OAT donde le recomendaron destruir

la comunicación. Posteriormente, el alguacil Rivera López

examinó copia del informe que la señora García Fantauzzi

había preparado y expresó su molestia porque se le había

violado su expectativa de confidencialidad. Además, señaló

que nunca más volvería a utilizar los servicios del PAE.

Por otro lado, con relación a los mismos hechos por

los cuales el alguacil Rivera López había requerido los

1

El empleado interesaba acudir al Fondo del Seguro del Estado a

solicitar tratamiento médico y deseaba utilizar la carta del Programa

de Ayuda al Empleado como fundamento para su solicitud.

CC-2007-280

3

servicios del PAE, la señora García Fantauzzi entrevistó a

la Sra. Mercedes Colón Vera, empleada también del Centro

Judicial de Aguadilla. Como resultado de esa entrevista, la

señora García Fantauzzi preparó una comunicación en la que

recomendó trasladar a la empleada afectada por causa de

cierta situación en el lugar de trabajo. Más adelante, la

señora

Colón

Vera

llegó

a

la

oficina

de

la

Directora

Ejecutiva del Centro Judicial de Aguadilla con copia de

dicha

comunicación,

la

cual

correo

ordinario

a

su

residencia.

Ejecutiva

no

había

Directora

le

había

En

llegado

ese

recibido

mediante

momento,

copia

de

la

dicha

comunicación, la cual recibió ese mismo día por la tarde. A

raíz de estos hechos, la Directora Ejecutiva envió carta a

la Oficina de Recursos Humanos de la OAT en la que expresó

que en una futura ocasión apreciaría que se le notificara

prontamente

la

correspondencia

relacionada

con

sus

empleados. Además, solicitó que en el futuro, se incluyera

en la carta el nombre de las personas a quienes se les

hubiera enviado copia de la misma.

En otra ocasión, el 17 de abril de 2002, la señora

García

Fantauzzi

fue

situación laboral

enviada

a

prestar

ayuda

en

una

en el Tribunal de Menores del Centro

Judicial

de

Bayamón.

En

esa

Fantauzzi

entrevistó

sólo

a

gestión

una

de

la

las

señora

tres

García

empleadas

envueltas en la situación, la señora Mildred Camacho. A

raíz

de

dicha

entrevista,

la

señora

García

Fantauzzi

preparó un informe en el que recomendó el traslado de las

CC-2007-280

4

empleadas, incluyendo a la supervisora de éstas. Concluyó

que la señora Camacho era el foco de la discordia por su

asertividad en su espacio de trabajo debido a que era la

persona más capacitada allí. La señora García Fantauzzi

remitió copia de dicho informe a su supervisora, la señora

Haydée Enríquez Maeso (Supervisora).

señora

Camacho

solicitarle

llamó

copia

a

del

la

Posteriormente, la

Supervisora

informe

preparado

con

el

fin

de

por

la

señora

García Fantauzzi en relación con su caso y como producto de

la entrevista que ésta le realizó. Antes de responder la

petición de la empleada, la Supervisora decidió reunirse

con

la

señora

García

Fantauzzi

para

discutir

el

caso.

Decidió que por las declaraciones que éste contenía, el

informe no debía ser divulgado ni incluido en el expediente

de la empleada entrevistada.

Finalmente, la Supervisora

denegó la solicitud de la señora Camacho, notificándole que

no

existía

un

documento

que

tuviese

determinaciones

ni

recomendaciones.

No obstante lo anterior, la señora Camacho insistió

en su petición, esta vez ante la Directora de la Oficina de

Recursos

Humanos

de

la

OAT,

la

señora

María

G.

Colón

(Directora). En dicha petición señaló que la señora García

Fantauzzi le había confirmado la existencia de tal informe

con determinaciones y recomendaciones en relación con su

caso. En consecuencia, la Directora se reunió con la señora

Camacho y las otras dos empleadas envueltas en el conflicto

laboral. Posteriormente, se reunió con la señora García

CC-2007-280

5

Fantauzzi y su supervisora. La Directora leyó el informe de

la señora García Fantauzzi y en la misma reunión expresó

que

estaba

informe.

en

total

Indicó

desacuerdo

que

luego

de

con

el

contenido

entrevistar

a

del

todas

las

personas envueltas en la situación, entendía que el informe

y sus recomendaciones eran erróneos.

Directora

de

Recursos

Humanos

Acto seguido, la

removió

el

informe

del

expediente de la señora Camacho, lo retuvo y lo colocó en

un archivo bajo llave.

Posteriormente,

Lcdo.

Oscar

la

González

Directora

Rivera,

envió

quien

una

había

carta

al

asumido

la

representación legal de la señora Camacho, notificándole

que el informe preparado por el PAE era confidencial pues

el

mismo

contenía

información

relacionada

con

empleados.

Expresó

además,

la

tenía

que

OAT

no

otros

la

obligación de divulgarlo pues éste no sería utilizado para

tomar

alguna

determinación

que

afectara

a

la

señora

Camacho. La Directora también cursó copia de dicha misiva a

la señora Camacho, junto a una breve carta.

Días después, la señora Camacho llamó a la oficina de

la Directora y, en tono burlón y cínico, le dio las gracias

a su secretaria por haberle hecho llegar copia del informe

que antes le habían negado. La secretaria le expresó que

ella misma había preparado el sobre que se le había enviado

y que éste sólo contenía copia de la carta enviada al

licenciado González Rivera

y la

carta que

la

Directora

dirigió a ella. La señora Camacho expresó que en el sobre,

CC-2007-280

6

enviado por correo ordinario, se había incluido copia del

informe.

Así

las

cosas,

la

OAT

inició

una

investigación

administrativa sobre el desempeño profesional de la señora

García Fantauzzi. La OAT le notificó

mediante carta

el

inicio de ésta y le indicó específicamente que: “[e]stos

hechos [refiriéndose a los del caso de la señora Camacho]

junto a otras conductas observadas por usted en el pasado,

podrían

ser

constitutivos

insubordinación”.

de

(Énfasis

un

patrón

suplido.)

de

La

conducta

de

notificación

antedicha contenía las disposiciones reglamentarias en las

que se amparó la agencia al conducir la investigación, así

como la información relativa a la celebración de una vista

informal como parte del proceso investigativo.

Luego de la celebración de la vista, la Directora

Administrativa de la OAT suspendió de empleo y sueldo a la

señora García Fantauzzi por el periodo de cinco días y la

transfirió a un puesto administrativo en el área de archivo

de documentos cuya escala salarial era equivalente a la del

puesto

anterior.

La

señora

García

Fantauzzi

solicitó

revisión de dicha determinación ante la Junta de Personal

de la Rama Judicial (Junta), la cual confirmó la sanción

impuesta.

En

lo

que

respecta

al

evento

con

la

señora

Camacho, la Junta determinó que el sobre que alegadamente

contenía

el

informe

y

que

fue

recibido

por

la

señora

Camacho, había sido enviado mediante correo ordinario y

había requerido la cancelación de un sello postal de $0.37.

CC-2007-280

7

Así, pues, la oficial examinadora, en su investigación,

calculó el peso de los documentos que -según el testimonio

de la señora Camacho- habían sido incluidos en el sobre. De

acuerdo con el

documentos

tenía

cálculo, el sobre que contuviera dichos

que

haber

cancelado

$0.60

y

ello

no

concordaba con los $0.37 que canceló el sobre enviado.

A raíz de tal determinación y al considerar que la

señora García Fantauzzi había retenido copia del informe en

el

archivo

de

su

computadora,

la

oficial

examinadora

concluyó que ésta fue quien le envió el informe a la señora

Camacho

y

que

ambas

habían

mentido

al

testificar

lo

contrario en el procedimiento administrativo.

Por no estar de acuerdo con la determinación de la

Junta, la señora García Fantauzzi acudió ante el Tribunal

de Apelaciones en solicitud de revisión administrativa. El

foro apelativo intermedio determinó que la conclusión de la

Junta, a los efectos de que la señora Camacho mintió en

cuanto al contenido del sobre que le envió la Directora de

Recursos Humanos de la OAT no era suficiente para concluir

que la señora García Fantauzzi era la que lo había hecho

llegar a la señora Camacho. Ello en vista de que otros

funcionarios de la OAT habían tenido acceso al informe. Por

consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión

de la Directora Administrativa de la OAT, por lo que dejó

sin efecto la suspensión de empleo y sueldo y la orden de

traslado de la señora García Fantauzzi.

CC-2007-280

8

Inconforme

con

dicha

determinación,

la

OAT

acudió

ante este Tribunal y señala la comisión de los errores

siguientes:

Erró el Tribunal Apelativo al revocar [a] la

Junta de Personal y dejar sin efecto la medida

disciplinaria

que

estaba

basada

en

tres

incidentes, cuando únicamente se discute en la

sentencia uno de los incidentes.

Erró el Tribunal Apelativo al revocar [a] la

Junta

de

Personal

y

dejar

sin

efecto

determinaciones de hecho[,] sin haber requerido

que se produjera la apelación en el apéndice,

sin haber considerado la totalidad de la prueba

presentada, revisado la transcripción de las

vistas

y

al

sustituir

el

juicio

sobre

credibilidad de los testigos que hizo la

examinadora de la Junta de Personal de la Rama

Judicial.

Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar

que fue parte de la acción disciplinaria el

trasladar a la apelante a un puesto de oficinal

administrativo II.

II

De

entrada,

disposiciones

de

la

es

importante

Ley

de

señalar

Procedimiento

que

las

Administrativo

Uniforme (L.P.A.U.), Ley 170 del 12 de agosto de 1988, 3

L.P.R.A. sec. 2101, no le aplican a la Rama Judicial.2 No

obstante, hemos establecido que el procedimiento a seguir

ante el foro judicial será uno similar al utilizado cuando

un

tribunal,

actuando

como

foro

apelativo,

revisa

la

corrección o incorrección de la sentencia emitida por un

tribunal

inferior

o

la

decisión

de

un

administrativo.3

2

Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 D.P.R. 808, 820 (1998).

3

Íd., págs. 821–822.

organismo

CC-2007-280

9

Ahora bien, es principio reiterado que al revisar una

decisión administrativa, los tribunales apelativos debemos

conceder gran consideración y deferencia a las decisiones

de

las

agencias

administrativas,

experiencias

y

conocimientos

asuntos

que

se

les

revisión

judicial

es

ello

base

especializados

delegado.4

han

a

limitado

y

El

suele

de

las

sobre

los

alcance

de

esa

comprender

tres

áreas: (1) que el remedio concedido por la agencia fue el

apropiado; (2) la revisión de las determinaciones de hecho

conforme

al

criterio

de

evidencia

sustancial;

y

(3)

determinar si las conclusiones de derecho fueron correctas

mediante su revisión completa y absoluta.5

Las

públicas

decisiones

de

gozan

una

de

los

organismos

presunción

de

y

las

agencias

regularidad

y

corrección que debe respetarse mientras la parte que las

impugne no produzca evidencia suficiente que las derrote.6

Con ello se pretende “evitar la sustitución del criterio

del organismo administrativo en materia especializada por

el criterio del tribunal revisor”.7 Es decir, la revisión

judicial se limita en determinar si la actuación de la

agencia se fundamentó en evidencia sustancial y si no es

4

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 940;

Vélez v. A.R.Pe., 167 D.P.R. 684, 693 (2006).

5

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et

Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).

al.

II,

supra;

Pacheco

6

Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 123 (2000).

7

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282(2000).

v.

CC-2007-280

arbitraria,

10

ilegal,

o

tan

irrazonable

que

la

misma

constituya un abuso de discreción.8

La

evidencia

sustancial

se

refiere

a

aquella

evidencia “relevante que una mente razonable podría aceptar

como adecuada para sostener una conclusión”.9 Precisamente,

en Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387,

397-398 (1999), reiteramos que

[p]ara que un tribunal pueda decidir que la

evidencia en el expediente administrativo no es

sustancial es necesario que la parte afectada

demuestre que existe otra prueba en el récord

que razonablemente reduzca o menoscabe el peso

de tal evidencia, hasta el punto de que un

tribunal no pueda, concienzudamente, concluir

que la evidencia sea sustancial, en vista de la

prueba presentada y hasta el punto que se

demuestre claramente que la decisión [del

organismo administrativo] no está justificada

por una evaluación justa del peso de la prueba

que tuvo ante su consideración.

De

esta

forma,

cuando

una

parte

alega

haber

sido

afectada por una determinación de hecho de una agencia

tendrá

que

demostrar

que

existe

otra

prueba

en

el

expediente que reduce o menoscaba el valor probatorio de la

evidencia impugnada, hasta el punto que no pueda concluirse

que la decisión administrativa fue razonable a la luz de

toda la evidencia que tuvo ante su consideración.10 Por el

contrario, si dicha parte no demuestra la existencia de esa

8

Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005).

9

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76-77 (2004).

10

O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98, 118 (2003).

CC-2007-280

otra

11

prueba,

el

tribunal

revisor

deberá

confirmar

las

determinaciones de hecho realizadas por la agencia.11

Ahora bien, esa deferencia judicial presente en la

revisión de determinaciones administrativas no implica una

renuncia de los tribunales a nuestra función revisora. Más

bien,

sólo

es

una

limitación

de

función.12

dicha

No

obstante, es importante señalar que la deferencia judicial

no es un impedimento para la revisión de aquellos casos en

los que la interpretación de la agencia menoscaba derechos

fundamentales, es irrazonable o conduzca a la comisión de

injusticias.13

III

En

el

presente

caso,

el

Tribunal

de

Apelaciones

revocó una conclusión de la Junta de Personal de la Rama

Judicial. Determinó que

prueba

que

embargo,

obraba

al

determinación

en

examinar

ésta

la

no

hallaba sustento en la

totalidad

el

del

expediente

administrativa

se

sustentó

expediente.

Sin

surge

la

en

que

la

prueba

documental y testifical. El Tribunal de Apelaciones no tuvo

el

beneficio

de

examinar

la

transcripción

del

proceso

administrativo ya que ésta no fue incluida en el recurso de

revisión judicial sometido a su consideración. Por ende, el

Tribunal de Apelaciones no pudo evaluar los testimonios

brindados en el proceso. Contrario a lo anterior, la Junta

11

Íd.

12

Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra.

13

Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881, 889 (1999).

CC-2007-280

12

sí tuvo la oportunidad de evaluar los testimonios de las

empleadas involucradas en la controversia.

Como ya hemos visto, el estándar de revisión judicial

de

las

decisiones

administrativas

es

exigente

y

no

se

justifica la intervención de un tribunal con éstas, a menos

que la parte que solicita la revisión lo ponga en posición

de concluir que éstas son arbitrarias y caprichosas. De esa

forma, consideramos que en el presente caso, el Tribunal de

Apelaciones revocó una determinación de hecho sin estar en

posición de hacerlo. Dicho foro no tuvo el beneficio de

examinar

la

durante

el

transcripción

proceso

de

la

prueba

administrativo.

Por

oral

lo

desfilada

tanto,

debía

brindarle deferencia a la decisión administrativa.

Específicamente,

el

foro

apelativo

intermedio

concluyó que aun cuando se probara que la señora Camacho

había mentido en relación con el contenido del sobre donde

supuestamente había recibido el informe en controversia,

ello no necesariamente implicaba que fue la señora García

Fantauzzi quien le hizo llegar el documento a la testigo.

No

obstante,

a

base

de

la

prueba

presentada

la

Junta

determinó que la señora García Fantauzzi –al tener copia

del informe de la señora Camacho en su computadora- fue

quien le proveyó una copia a esta última. Ahora bien, aun

cuando concurriésemos con la conclusión del Tribunal de

Apelaciones,

ello

no

es

suficiente

determinación administrativa. Veamos.

para

revocar

la

CC-2007-280

13

Según

se

desprende

del

expediente,

las

sanciones

impuestas a la señora García Fantauzzi se basaron sobre

tres incidentes que pusieron en entredicho su desempeño

profesional.

Lo

notificaciones

Fantauzzi

anterior

enviadas

que

se

por

la

indicaban

el

desprende

de

OAT

señora

García

del

proceso

a

la

inicio

todas

las

administrativo y las sanciones impuestas. Igualmente, así

surge de las determinaciones de hecho y las conclusiones de

derecho de la Junta de Personal. Por lo tanto, si no se

hubiese probado uno de los incidentes que dieron lugar al

procedimiento disciplinario seguido contra la señora García

Fantauzzi,

las

sanciones

que

le

fueron

impuestas

son

procedentes en derecho pues encontraban fundamento en los

demás

incidentes

probados

(aquellos

relacionados

con

el

Centro Judicial de Aguadilla).

La decisión administrativa claramente se fundamentó

en

los

tres

incidentes

investigados.

Dicha

decisión

se

basó, además, por ésta no seguir las directrices de sus

superiores y por violar patentemente la confidencialidad de

varios empleados en los tres incidentes. Por consiguiente,

consideramos que la decisión administrativa –consistente en

la suspensión de la señora García Fantauzzi de empleo y

sueldo

por

5

días

y

su

movilidad

a

otro

puesto

sin

menoscabo del sueldo- no es irrazonable ni un abuso de

discreción. No se justifica, por tanto, que el Tribunal de

CC-2007-280

14

Apelaciones haya revocado la determinación de la Junta de

Personal de la Rama Judicial en su totalidad.14

IV

Así, pues, por considerar que la determinación de la

Junta de Personal de la Rama Judicial no fue arbitraria,

sino hecha dentro del ejercicio de su discreción, revocamos

la Sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria

del

Tribunal

Supremo,

Interina.

La

Jueza

Asociada señora Pabón Charneco emitió Opinión disidente a

la cual se unen los Jueces Asociados señores Rivera García

y Feliberti Cintrón. El Juez Presidente señor Hernández

Denton

y

el

Juez

Asociado

señor

Martínez

Torres

están

inhibidos.

Larissa Ortiz Modestti

Secretaria del Tribunal Supremo, Interina

14

El Tribunal de Apelaciones sostuvo que el incidente con la señora

Camacho era el que más peso tuvo en la determinación administrativa.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen García Fantauzzi

Recurrida

Certiorari

v.

Directora Administrativa de los

Tribunales

CC-2007-280

Peticionaria

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco a la que se le une el Juez Asociado señor Rivera García y

el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón.

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2011.

Disiento

de

la

Sentencia

dictada

por

el

Tribunal por entender que la decisión de la Junta

de Personal de la Rama Judicial - que confirma la

determinación

disciplinaria

de

la

Directora

Administrativa de la Oficina de Administración de

Tribunales, en adelante O.A.T., ante un incidente

de divulgación de información confidencial

-

se

basó en una mera conjetura.

Por el contrario, confirmaría la Sentencia del

Tribunal de Apelaciones que revocó la determinación

de

la

Junta

y

la

decisión

Administrativa de la O.A.T.

de

la

Directora

2

CC-2007-280

I

La

Sra.

recurrida

o

coordinadora

adelante

Carmen

García

Fantauzzi,

en

señora

García

Fantauzzi,

trabajaba

en

PAE,

el

de

la

al

adelante

Programa

de

Ayuda

Oficina

de

Administración

la

como

Empleado,

de

en

los

Tribunales.

El 5 de diciembre de 2002, la recurrida recibió una

notificación de la O.A.T. informándole que era objeto de

una

investigación

por

haber

divulgado

confidencial durante el mes de diciembre.

información

Mediante dicha

notificación fue suspendida de empleo y se le prohibió la

entrada al edificio de la O.A.T. hasta la celebración de la

vista informal el 18 de diciembre de 2002.

Los hechos bajo investigación se desarrollaron entre

abril y diciembre de 2002.

En abril de 2002 la Supervisora

de la recurrida la asignó a brindar sus servicios a tres

(3)

empleadas

que

tenían

problemas

de

relaciones

interpersonales. De las tres (3) empleadas la recurrida

atendió

solamente

a

la

Sra.

Mildred

Camacho.

Posteriormente, la recurrida -redactó un Informe sobre el

caso encomendado y lo remitió a su Supervisora.

La señora

Camacho solicitó copia del informe a la Supervisora de la

recurrida, pero al revisar su contenido y discutirlo con la

3

CC-2007-280

señora García Fantauzzi, la Supervisora optó por retener

el informe original e indicarle a la participante que no

existía el documento.

Entonces, la señora Camacho recurrió ante la Directora

de Recursos Humanos de la O.A.T., en adelante la Directora,

solicitando

recurrida

el

le

documento.

había

Al

informado

hacerlo,

expresó

sobre

existencia

la

que

la

del

informe pero que su Supervisora era quien debía dárselo o,

en

la

alternativa,

Directora

se

reunió

autorizarla

a

entonces

con

suministrárselo.

La

la

su

recurrida

y

Supervisora, entre otras personas, y al conocer que el

documento involucraba a otros empleados, lo removió del

expediente

y

lo

puso

bajo

llave

en

un

archivo

de

su

oficina. A su vez, dio instrucciones de que no se podía dar

copia de éste a la participante.

Nuevamente la señora Camacho solicitó el informe pero

esta vez mediante representante legal.

La Directora le

indicó a éste que cualquier documento generado por el PAE

era confidencial y no se consideraría para tomar decisiones

respecto al empleado.

De igual forma, la Directora le

notificó a la señora Camacho sobre dicha carta y le envió

copia mediante el servicio postal el 22 de noviembre de

2002.

4

CC-2007-280

No obstante, en diciembre de 2002 la señora Camacho

se

comunicó

con

la

Oficina

de

Recursos

Humanos

y

les

agradeció “de forma cínica” el que le enviaran también el

informe

en

el

sobre.15

Asimismo,

le

enseñó

supervisora y a otra empleada el documento.

a

su

Sin embargo,

la secretaria y la Directora expresaron que no lo habían

enviado, lo que dio inicio a la investigación disciplinaria

contra la recurrida por posible divulgación confidencial.

El 18 de diciembre se le notificó a la recurrida que

la vista señalada fue transferida para el 8 de enero de

2003 dado que la investigación había sido ampliada para

incluir otros hechos ocurridos para el mes de mayo de 2001.

Estos

hechos

también

estaban

relacionados

con

la

divulgación de información confidencial.16

Culminada la investigación, el 20 de mayo de 2003 la

recurrida fue suspendida de empleo y sueldo por cinco días

por haber notificado sin la debida autorización información

confidencial

contenida

en

tres

informes

preparados

y

suscritos por ella entre 2001 y 2002.

Se concluyó que sus

actuaciones

de

15

16

violaron

la

Regla

24

las

Reglas

de

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 33.

Cabe señalar que de las determinaciones de hecho de la Junta surge

que la recurrida tenía autorización de su supervisora para redactar

uno de los dos informes redactados en el 2001.

No obstante, el

remitente o medio utilizado no fue el correcto, pues en vez de

enviarla al empleado, la envió a la Directora del Centro Judicial

donde se desempeñaba éste a pesar de incluir información médica

personal.

CC-2007-280

Administración

5

del

Sistema

de

Personal

de

la

Rama

Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XII; el Art. 16.1 del Reglamento

de la Administración del Sistema de Personal de la Rama

Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII, y la Regla 9 del Código de

Ética para Funcionarios, Empleados, Ex funcionarios y Ex

empleados de la Rama Judicial.

Además, como parte de los

resultados de la investigación fue transferida a ocupar un

puesto

como

Oficial

administración de

Administrativo

documentos.

II

en

el

área

de

Cabe señalar que de forma

muy oportuna, el puesto que la recurrida ocupaba se eliminó

tras su suspensión y a su vez, se creó uno nuevo.

El nuevo

puesto de Especialista en ayuda al Empleado pasó a ser uno

de confianza y requiere, además, una maestría en psicología

o trabajo social.17

Así las cosas, la señora García Fantauzzi recurrió

ante la Junta de Personal de la Rama Judicial, en adelante

la Junta. La vista en su fondo se celebró los días 2, 3 y 4

de mayo de 2005.

No obstante, el 11 de mayo de 2005 la

Examinadora de la Junta ordenó a las partes a expresarse

sobre una discrepancia entre la cancelación de los sellos

del sobre enviado a la señora Camacho (.37¢) y el franqueo

necesario

que

resulta

del

metro

postal

ubicado

en

la

Secretaría de la Junta al pesar la cantidad de hojas que la

17

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 13.

6

CC-2007-280

testigo alegó que le fueron enviadas en el sobre (.60¢).18

Por un lado, la O.A.T. estipuló los resultados del pesaje

realizado por la Examinadora, mientras que la recurrida se

opuso

al

uso

de

medios

externos

para

cuestionar

la

credibilidad de un testigo, en ausencia de los abogados y

luego

de

completado

el

proceso

de

presentación

de

evidencia. Apéndice de certiorari, págs. 46-49.

Finalmente, la Junta confirmó la determinación de la

Directora Administrativa de los Tribunales.

la

señora

directrices

García

que

Fantauzzi

le

fueran

no

había

dadas

al

Concluyó que

cumplido

con

las

brindarle

a

tres

empleados de la Rama Judicial copia de informes preparados

por

ella.

Apéndice

de

certiorari,

pág.

36.

En

determinaciones de hecho especifica que:

Ante esta Junta, la Sra. Camacho como testigo de

la parte apelante presentó en evidencia el sobre

original y la carta original que le envió la

Directora de Recursos Humanos y testificó que

ambos documentos, la carta de la Directora de

Recursos Humanos con la copia de la carta enviada

al Lcdo. González y el Informe preparado por la

apelante, le llegaron mediante el servicio postal

en el sobre original que se sometió en evidencia.

Quedó demostrado que la Sra. Camacho mintió ya que

el sobre canceló $ .37 y la examinadora pesó el

sobre con las cartas en el metro postal de la

Secretaría de la Junta y ello evidenció que se

supone que si dichos documentos se hubiesen

incluido en el sobre, éste hubiese cancelado $

.60.

18

Apéndice de certiorari, pág. 50.

sus

7

CC-2007-280

El informe preparado por la apelante García

Fantauzzi no fue enviado a la Sra. Camacho por

error de la Directora de Recursos Humanos y

tampoco fue enviado por el Programa de Ayuda al

Empleado.

Dicho informe fue enviado a la Sra.

Camacho por la apelante García Fantauzzi que tenía

grabado dicho informe en su computadora. Apéndice

de la Petición de certiorari, pág. 33

(Énfasis

nuestro).

Posteriormente, en las conclusiones de derecho señala que:

… En el caso de Mildred Camacho se le había dado

una instrucción específica a la apelante tanto

para la Sra. Haydée Enríquez como por la

Directora de Recursos Humanos de la Oficina de

Administración de los Tribunales que el informe

sobre la Sra. Camacho no se le iba a entregar a

ella y tampoco se iba a incluir en el expediente

que existía en el Programa al Empleado sobre la

Sra. Camacho, sin embargo, la apelante no cumplió

con dicha instrucción y le entregó dicho informe

a la Sra. Camacho.

…

… En la apelación que nos ocupa, el informe de la

Sra. Camacho fue clasificado como confidencial

con instrucciones específicas sobre su manejo. La

apelante,

en

violación

a

las

instrucciones

impartidas, le entregó dicho informe a la Sra.

Camacho. Apéndice de la Petición de certiorari,

págs. 36-38

Inconforme, la señora García Fantauzzi recurrió de la

determinación de la Junta ante el Tribunal de Apelaciones.

Dicho foro correctamente revocó la resolución recurrida y

la decisión de la Directora Administrativa de la O.A.T.

Además, dejó sin efecto la orden de traslado de la señora

García Fantauzzi. Esto, pues, la decisión de la Junta de

que

la

recurrida

había

suministrado

información

confidencial a la señora Camacho se basó principalmente en

CC-2007-280

el pesaje

8

del

sobre

enviado.

Concluyó

que

tal

determinación no se sustentó en evidencia sustancial, sino

que

la

evidencia

especulativa.19

resultó

ser

altamente

imprecisa

y

A su entender no se logró establecer como

inferencia razonable el que la recurrida le entregara el

informe a la señora Camacho. A esos efectos, expresó lo

siguiente:

La decisión de la Junta de confirmar la

decisión de la Directora Administrativa de la

O.A.T. se basó, principalmente, en el hecho del

pesaje del sobre enviado por la Sra. Colón a la

Sra. Camacho. Si bien es cierto que para llegar

a la conclusión que hoy revisamos la Junta tomó

en consideración situaciones anteriores en las

que,

alegadamente,

la

recurrente

había

suministrado información confidencial a los

empleados, -como, por ejemplo, la ocurrida en el

Centro Judicial de Aguadilla- la realidad es que

la que tuvo mayor peso fue lo relacionado con el

informe de la Sra. Camacho por tratarse de un

documento “clasificado como confidencial con

instrucciones específicas sobre su manejo”. Pág.

15, resolución recurrida.

...

La Junta, una vez descartó a la Sra. Colón

como la posible remitente del informe a la Sra.

Camacho concluyó, por eliminación, que fue la

recurrente quien lo hizo. Esto se aparta de lo

que constituye evidencia sustancial apoyada en el

récord administrativo.

Al revisar la desfilada en el caso de autos,

de por sí sola, no demuestra de forma convincente

que haya sido la recurrente quien le envió el

referido informe a la Sra. Camacho. Resolver lo

contrario

constituye,

a

todas

luces,

una

especulación. Consiguientemente, una decisión

19

Apéndice de certiorari, pág. 132.

9

CC-2007-280

arbitraria y caprichosa que nos vemos impedidos

de

sostener.

Apéndice

de

la

Petición

de

certiorari, págs. 10 y 12.

Así las cosas y tras una moción de reconsideración que

fue declarada no ha lugar, la O.A.T. recurre ante nos.

II

La

Junta

de

facultad

para

investigar

tomadas

por

la

empleados,

hacerlo,

Personal

y

Rama

revisar

las

nominadora

o

personas

confirmar,

determinaciones.

la

autoridad

funcionarios

puede

de

revocar

Judicial

tiene

determinaciones

que

afecten

particulares.

o

modificar

a

Al

tales

Art. VI del Reglamento de la Junta, 4

L.P.R.A. Ap. XIV. Para cumplir con estas facultades puede,

inter alia, citar testigos, celebrar vistas, aplicar los

mecanismos de descubrimiento de prueba y las disposiciones

de

las

Reglas

de

Evidencia,

así

como

realizar

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Báez

v. Dir. Adm. Trib., 150 D.P.R. 351, 354 y 356 (2000).

Véase,

Rivera

v.

Dir.

Adm.

Trib., 144

D.P.R.

808,

817

(1998). A su vez, las determinaciones de la Junta son

revisables

por

procedimiento

los

similar

tribunales

y

al

revisión

decisiones administrativas.

de

la

se

rigen

por

un

judicial

de

Rivera v. Dir. Adm. Trib.,

supra, pág. 822. Por ello, repasemos el derecho aplicable a

la revisión de este tipo de determinaciones.

10

CC-2007-280

Como norma general los tribunales le confieren gran

peso y deferencia a las determinaciones de hecho, así como

a las interpretaciones del derecho emitidas por la agencia

administrativa encargada de poner en vigor una ley. Costa,

Piovanetti

v.

Caguas

Expressway,

149

D.P.R.

881,

889

(1999). Esto en virtud del conocimiento especializado y la

pericia atribuidas a la agencia. Misión Ind. P.R. v. J.P.,

146 D.P.R. 64, 130 (1998). A esto se le suma la presunción

de legalidad y corrección que recae sobre las decisiones

administrativas.

deferencia

no

Íd.

Sin

embargo,

bajo

el

manto

de

la

en

que

la

podemos

avalar

situaciones

interpretación

de

agencia

pueda

fundamentales,

resulte incompatible con el propósito del

la

afectar

derechos

estatuto interpretado, sea irrazonable, o conduzca a la

comisión de injusticias. Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro,

171 D.P.R. 950, 962 (2007); Costa, Piovanetti v. Caguas

Expressway, supra.

Por lo tanto, son tres los aspectos comprendidos en la

revisión

judicial:

conclusiones

de

las

derecho

determinaciones

y

la

de

concesión

hecho,

del

las

remedio

apropiado por el organismo administrativo. Padín Medina v.

Adm. Sist. Retiro, supra, pág. 960; Misión Ind. P.R. v.

J.P., supra, pág. 129. A su vez, la revisión se hará bajo

11

CC-2007-280

el criterio de razonabilidad. Misión Ind. P.R. v. J.P.,

supra, pág. 134.

Particularmente sobre las determinaciones de hecho,

hemos señalado que la deferencia cede cuando la decisión

administrativa no está sostenida por evidencia sustancial

en vista de la totalidad de la prueba que obre en el

expediente administrativo, pues la apreciación arbitraria

de

la

prueba

por

la

agencia,

así

como

el

que

las

determinaciones de hecho están sostenidas por evidencia

sustancial

constituyen

una

Medina

Adm.

Retiro,

v.

Sist.

cuestión

de

supra,

derecho.

pág.

962;

Padín

Costa,

Piovanetti v. Caguas Expressway, supra; Misión Ind. P.R. v.

J.P.,

supra,

pág.

131.

administrativa

debe

sostenerse

relevante

una

que

mente

Es

decir,

en

razonable

la

decisión

“aquella

evidencia

podría

aceptar

como

adecuada para sostener una conclusión”. Hilton Hotels v.

Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953).

Además,

para

poder

cumplir

con

nuestro

deber

revisión:

… las determinaciones de hecho de las agencias

administrativas deben ser lo suficientemente

definidas. De este modo se cumple el propósito de

poner a los tribunales en posición de revisar de

forma inteligente la decisión del organismo

administrativo y determinar si los

hechos

probados

por la agencia ofrecen una

base

razonable para su evaluación. Por tanto, la

decisión de la agencia debe exponer los hechos

determinados como probados, que incluyen las

de

12

CC-2007-280

inferencias, que en última instancia creyó

justificadas. Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro,

supra, pág. 961. Véase, Misión Ind. P.R. v. J.P.,

146 D.P.R. 64 (1998). Véase, además: D. Fernández

Quiñones,

Derecho

administrativo

y

Ley

de

Procedimiento Administrativo Uniforme, Colombia,

Ed. Forum, 1993, pág. 538.

III

En

el

caso

de

autos,

no

cabe

duda

de

que

las

determinaciones de hecho de la Junta nos ponen en posición

de revisar su decisión de forma inteligente.

La

Junta

testimonio

señala

de

la

que

señora

no

le

Camacho

dio

credibilidad

particularmente

al

con

relación a la forma en que alega tuvo acceso al informe.

Por otro lado, sí le mereció credibilidad el que los demás

testigos expresaran que no le habían entregado el informe a

la señora Camacho. Tales determinaciones de la Junta con

relación a la credibilidad de los testigos nos merecen el

mayor respeto, pues no pretendemos menoscabar el peso que

le dio a tal evidencia. Sin embargo, nuestra reserva no es

con la prueba ante su consideración ni la credibilidad que

le

mereciera,

sino

con

la

inferencia

que

entendió

justificada y razonable.

La

posible,

Junta

las

está

sujeta

a

seguir,

disposiciones

de

las

hasta

Reglas

de

donde

sea

Evidencia.

Art. XIII del Reglamento de la Junta, 4 L.P.R.A. Ap. XIV.

Ciertamente, las Reglas de Evidencia autorizan al uso de

CC-2007-280

evidencia

13

indirecta

o

circunstancial,

es

decir,

de

“aquella que tiende a demostrar el hecho en controversia

probando otro distinto, del cual, en unión a otros hechos

ya establecidos, puede razonablemente inferirse el hecho en

controversia”. Regla 10(H) de las Reglas de Evidencia de

1979, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

Tal evidencia es intrínsecamente

idéntica a la evidencia directa. Ferrer v. González, 162

D.P.R. 172 (2004).

Sin embargo, “puede en algunos casos

conducir a un resultado enteramente incorrecto.” Pueblo v.

Bonilla, 78 D.P.R. 152, 160 (1955) citando a Holland v.

United States, 348 U.S. 121 (1954).

Este caso es uno de

ellos.

La

Junta

infirió

que

la

recurrida

fue

quien

le

facilitó el documento a la señora Camacho tras considerar

que la señora Camacho mintió sobre la forma en que tuvo

acceso

al

recurrida

informe

había

ante

la

remitido

falta

de

previamente

franqueo;

dos

que

la

informes

a

empleados que había atendido (uno de ellos autorizado por

su Supervisora), y por merecerle credibilidad que los demás

empleados entrevistados no enviaron el documento por error.

Es tras esta inferencia que concluye que la recurrida violó

las disposiciones señaladas.

Empero, a nuestro entender de

la unión de estos hechos no procede tal inferencia. La

determinación de la Junta no pasa de ser una mera conjetura

CC-2007-280

de la

14

que

no

se

puede

razonablemente

inferir

que

la

recurrida fue quien entregó el informe a la señora Camacho.

Por el contrario, llevó a cabo un proceso de eliminación

que culminó con un resultado irrazonable e injusto, tal y

como correctamente determinó el Tribunal de Apelaciones.

IV

Por

los

argumentos

antes

expresados,

disiento

respetuosamente de la Sentencia emitida por el Tribunal y

confirmaría la determinación del Tribunal de Apelaciones.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada