Tribunal Supremo de Puerto Rico
García Fantauzzi v. Directora Administrativa de los Tribunales
2011 TSPR 115
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
García Fantauzzi v. Directora Administrativa de los Tribunales
CC-2007-280
Sentencia y Opinión Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Garcí
a Fantauzzi
Recurrida
Certiorari
v.
2011 TSPR 115
Directora Administrativa de los
Tribunales
182 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC
- 2007 - 280
Fecha: 8 de agosto de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Juez Ponente:
Hon. José M. Aponte Jiménez
Oficina de Administración
de los Tribunales:
Lcda. María Victoria López Menéndez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo.
Santos Rivera Martínez
Materia:
Revisión Administrativa Procedente de la Junta de
Personal de la Rama Judicial
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilació
n y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen García Fantauzzi
Recurrida
v.
CC-2007-280
Certiorari
Directora Administrativa de
los Tribunales
Peticionaria
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2011.
En
el
determinar
recurso
si
el
de
epígrafe
Tribunal
de
nos
corresponde
Apelaciones
actuó
correctamente al revocar una determinación de hecho
de
una
resolución
administrativa
emitida
por
la
Junta de Personal de la Rama Judicial y, asimismo,
al
revocar
totalidad.
decisión
dicha
decisión
Así,
pues,
administrativa
en
su
considerar
que
la
por
administrativa
procede
en
derecho,
revocamos la Sentencia emitida por el Tribunal de
Apelaciones.
I
La
Sra.
desempeñaba
Carmen
como
A.
García
coordinadora
del
Fantauzzi
se
Programa
de
CC-2007-280
2
Ayuda al Empleado (PAE) de la Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT). Como parte de sus funciones, ésta
tuvo que atender una situación que ocurrió en la oficina de
alguaciles del Centro Judicial de Aguadilla. En esa ocasión
entrevistó
a
varios
empleados,
entre
ellos
al
alguacil
Carlos Rivera López. A petición de este último, la señora
García Fantauzzi preparó una comunicación escrita en la que
describió
los
éste.1
dicha
En
hallazgos
misiva
producto
también
de
su
incluyó
entrevista
la
con
información
médica personal del propio alguacil y que era pertinente al
asunto en cuestión.
No obstante, la señora García Fantauzzi, en lugar de
hacer llegar la carta al alguacil Rivera López, la hizo
llegar a la Directora Ejecutiva del
Centro Judicial de
Aguadilla, la Sra. Astrid Otero Pereles. Debido a que la
carta
contenía
empleado,
la
información
Directora
se
médica
y
confidencial
orientó
con
la
Oficina
del
de
Recursos Humanos de la OAT donde le recomendaron destruir
la comunicación. Posteriormente, el alguacil Rivera López
examinó copia del informe que la señora García Fantauzzi
había preparado y expresó su molestia porque se le había
violado su expectativa de confidencialidad. Además, señaló
que nunca más volvería a utilizar los servicios del PAE.
Por otro lado, con relación a los mismos hechos por
los cuales el alguacil Rivera López había requerido los
1
El empleado interesaba acudir al Fondo del Seguro del Estado a
solicitar tratamiento médico y deseaba utilizar la carta del Programa
de Ayuda al Empleado como fundamento para su solicitud.
CC-2007-280
3
servicios del PAE, la señora García Fantauzzi entrevistó a
la Sra. Mercedes Colón Vera, empleada también del Centro
Judicial de Aguadilla. Como resultado de esa entrevista, la
señora García Fantauzzi preparó una comunicación en la que
recomendó trasladar a la empleada afectada por causa de
cierta situación en el lugar de trabajo. Más adelante, la
señora
Colón
Vera
llegó
a
la
oficina
de
la
Directora
Ejecutiva del Centro Judicial de Aguadilla con copia de
dicha
comunicación,
la
cual
correo
ordinario
a
su
residencia.
Ejecutiva
no
había
Directora
le
había
En
llegado
ese
recibido
mediante
momento,
copia
de
la
dicha
comunicación, la cual recibió ese mismo día por la tarde. A
raíz de estos hechos, la Directora Ejecutiva envió carta a
la Oficina de Recursos Humanos de la OAT en la que expresó
que en una futura ocasión apreciaría que se le notificara
prontamente
la
correspondencia
relacionada
con
sus
empleados. Además, solicitó que en el futuro, se incluyera
en la carta el nombre de las personas a quienes se les
hubiera enviado copia de la misma.
En otra ocasión, el 17 de abril de 2002, la señora
García
Fantauzzi
fue
situación laboral
enviada
a
prestar
ayuda
en
una
en el Tribunal de Menores del Centro
Judicial
de
Bayamón.
En
esa
Fantauzzi
entrevistó
sólo
a
gestión
una
de
la
las
señora
tres
García
empleadas
envueltas en la situación, la señora Mildred Camacho. A
raíz
de
dicha
entrevista,
la
señora
García
Fantauzzi
preparó un informe en el que recomendó el traslado de las
CC-2007-280
4
empleadas, incluyendo a la supervisora de éstas. Concluyó
que la señora Camacho era el foco de la discordia por su
asertividad en su espacio de trabajo debido a que era la
persona más capacitada allí. La señora García Fantauzzi
remitió copia de dicho informe a su supervisora, la señora
Haydée Enríquez Maeso (Supervisora).
señora
Camacho
solicitarle
llamó
copia
a
del
la
Posteriormente, la
Supervisora
informe
preparado
con
el
fin
de
por
la
señora
García Fantauzzi en relación con su caso y como producto de
la entrevista que ésta le realizó. Antes de responder la
petición de la empleada, la Supervisora decidió reunirse
con
la
señora
García
Fantauzzi
para
discutir
el
caso.
Decidió que por las declaraciones que éste contenía, el
informe no debía ser divulgado ni incluido en el expediente
de la empleada entrevistada.
Finalmente, la Supervisora
denegó la solicitud de la señora Camacho, notificándole que
no
existía
un
documento
que
tuviese
determinaciones
ni
recomendaciones.
No obstante lo anterior, la señora Camacho insistió
en su petición, esta vez ante la Directora de la Oficina de
Recursos
Humanos
de
la
OAT,
la
señora
María
G.
Colón
(Directora). En dicha petición señaló que la señora García
Fantauzzi le había confirmado la existencia de tal informe
con determinaciones y recomendaciones en relación con su
caso. En consecuencia, la Directora se reunió con la señora
Camacho y las otras dos empleadas envueltas en el conflicto
laboral. Posteriormente, se reunió con la señora García
CC-2007-280
5
Fantauzzi y su supervisora. La Directora leyó el informe de
la señora García Fantauzzi y en la misma reunión expresó
que
estaba
informe.
en
total
Indicó
desacuerdo
que
luego
de
con
el
contenido
entrevistar
a
del
todas
las
personas envueltas en la situación, entendía que el informe
y sus recomendaciones eran erróneos.
Directora
de
Recursos
Humanos
Acto seguido, la
removió
el
informe
del
expediente de la señora Camacho, lo retuvo y lo colocó en
un archivo bajo llave.
Posteriormente,
Lcdo.
Oscar
la
González
Directora
Rivera,
envió
quien
una
había
carta
al
asumido
la
representación legal de la señora Camacho, notificándole
que el informe preparado por el PAE era confidencial pues
el
mismo
contenía
información
relacionada
con
empleados.
Expresó
además,
la
tenía
que
OAT
no
otros
la
obligación de divulgarlo pues éste no sería utilizado para
tomar
alguna
determinación
que
afectara
a
la
señora
Camacho. La Directora también cursó copia de dicha misiva a
la señora Camacho, junto a una breve carta.
Días después, la señora Camacho llamó a la oficina de
la Directora y, en tono burlón y cínico, le dio las gracias
a su secretaria por haberle hecho llegar copia del informe
que antes le habían negado. La secretaria le expresó que
ella misma había preparado el sobre que se le había enviado
y que éste sólo contenía copia de la carta enviada al
licenciado González Rivera
y la
carta que
la
Directora
dirigió a ella. La señora Camacho expresó que en el sobre,
CC-2007-280
6
enviado por correo ordinario, se había incluido copia del
informe.
Así
las
cosas,
la
OAT
inició
una
investigación
administrativa sobre el desempeño profesional de la señora
García Fantauzzi. La OAT le notificó
mediante carta
el
inicio de ésta y le indicó específicamente que: “[e]stos
hechos [refiriéndose a los del caso de la señora Camacho]
junto a otras conductas observadas por usted en el pasado,
podrían
ser
constitutivos
insubordinación”.
de
(Énfasis
un
patrón
suplido.)
de
La
conducta
de
notificación
antedicha contenía las disposiciones reglamentarias en las
que se amparó la agencia al conducir la investigación, así
como la información relativa a la celebración de una vista
informal como parte del proceso investigativo.
Luego de la celebración de la vista, la Directora
Administrativa de la OAT suspendió de empleo y sueldo a la
señora García Fantauzzi por el periodo de cinco días y la
transfirió a un puesto administrativo en el área de archivo
de documentos cuya escala salarial era equivalente a la del
puesto
anterior.
La
señora
García
Fantauzzi
solicitó
revisión de dicha determinación ante la Junta de Personal
de la Rama Judicial (Junta), la cual confirmó la sanción
impuesta.
En
lo
que
respecta
al
evento
con
la
señora
Camacho, la Junta determinó que el sobre que alegadamente
contenía
el
informe
y
que
fue
recibido
por
la
señora
Camacho, había sido enviado mediante correo ordinario y
había requerido la cancelación de un sello postal de $0.37.
CC-2007-280
7
Así, pues, la oficial examinadora, en su investigación,
calculó el peso de los documentos que -según el testimonio
de la señora Camacho- habían sido incluidos en el sobre. De
acuerdo con el
documentos
tenía
cálculo, el sobre que contuviera dichos
que
haber
cancelado
$0.60
y
ello
no
concordaba con los $0.37 que canceló el sobre enviado.
A raíz de tal determinación y al considerar que la
señora García Fantauzzi había retenido copia del informe en
el
archivo
de
su
computadora,
la
oficial
examinadora
concluyó que ésta fue quien le envió el informe a la señora
Camacho
y
que
ambas
habían
mentido
al
testificar
lo
contrario en el procedimiento administrativo.
Por no estar de acuerdo con la determinación de la
Junta, la señora García Fantauzzi acudió ante el Tribunal
de Apelaciones en solicitud de revisión administrativa. El
foro apelativo intermedio determinó que la conclusión de la
Junta, a los efectos de que la señora Camacho mintió en
cuanto al contenido del sobre que le envió la Directora de
Recursos Humanos de la OAT no era suficiente para concluir
que la señora García Fantauzzi era la que lo había hecho
llegar a la señora Camacho. Ello en vista de que otros
funcionarios de la OAT habían tenido acceso al informe. Por
consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión
de la Directora Administrativa de la OAT, por lo que dejó
sin efecto la suspensión de empleo y sueldo y la orden de
traslado de la señora García Fantauzzi.
CC-2007-280
8
Inconforme
con
dicha
determinación,
la
OAT
acudió
ante este Tribunal y señala la comisión de los errores
siguientes:
Erró el Tribunal Apelativo al revocar [a] la
Junta de Personal y dejar sin efecto la medida
disciplinaria
que
estaba
basada
en
tres
incidentes, cuando únicamente se discute en la
sentencia uno de los incidentes.
Erró el Tribunal Apelativo al revocar [a] la
Junta
de
Personal
y
dejar
sin
efecto
determinaciones de hecho[,] sin haber requerido
que se produjera la apelación en el apéndice,
sin haber considerado la totalidad de la prueba
presentada, revisado la transcripción de las
vistas
y
al
sustituir
el
juicio
sobre
credibilidad de los testigos que hizo la
examinadora de la Junta de Personal de la Rama
Judicial.
Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar
que fue parte de la acción disciplinaria el
trasladar a la apelante a un puesto de oficinal
administrativo II.
II
De
entrada,
disposiciones
de
la
es
importante
Ley
de
señalar
Procedimiento
que
las
Administrativo
Uniforme (L.P.A.U.), Ley 170 del 12 de agosto de 1988, 3
L.P.R.A. sec. 2101, no le aplican a la Rama Judicial.2 No
obstante, hemos establecido que el procedimiento a seguir
ante el foro judicial será uno similar al utilizado cuando
un
tribunal,
actuando
como
foro
apelativo,
revisa
la
corrección o incorrección de la sentencia emitida por un
tribunal
inferior
o
la
decisión
de
un
administrativo.3
2
Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 D.P.R. 808, 820 (1998).
3
Íd., págs. 821–822.
organismo
CC-2007-280
9
Ahora bien, es principio reiterado que al revisar una
decisión administrativa, los tribunales apelativos debemos
conceder gran consideración y deferencia a las decisiones
de
las
agencias
administrativas,
experiencias
y
conocimientos
asuntos
que
se
les
revisión
judicial
es
ello
base
especializados
delegado.4
han
a
limitado
y
El
suele
de
las
sobre
los
alcance
de
esa
comprender
tres
áreas: (1) que el remedio concedido por la agencia fue el
apropiado; (2) la revisión de las determinaciones de hecho
conforme
al
criterio
de
evidencia
sustancial;
y
(3)
determinar si las conclusiones de derecho fueron correctas
mediante su revisión completa y absoluta.5
Las
públicas
decisiones
de
gozan
una
de
los
organismos
presunción
de
y
las
agencias
regularidad
y
corrección que debe respetarse mientras la parte que las
impugne no produzca evidencia suficiente que las derrote.6
Con ello se pretende “evitar la sustitución del criterio
del organismo administrativo en materia especializada por
el criterio del tribunal revisor”.7 Es decir, la revisión
judicial se limita en determinar si la actuación de la
agencia se fundamentó en evidencia sustancial y si no es
4
Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 940;
Vélez v. A.R.Pe., 167 D.P.R. 684, 693 (2006).
5
Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et
Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).
al.
II,
supra;
Pacheco
6
Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 123 (2000).
7
P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282(2000).
v.
CC-2007-280
arbitraria,
10
ilegal,
o
tan
irrazonable
que
la
misma
constituya un abuso de discreción.8
La
evidencia
sustancial
se
refiere
a
aquella
evidencia “relevante que una mente razonable podría aceptar
como adecuada para sostener una conclusión”.9 Precisamente,
en Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387,
397-398 (1999), reiteramos que
[p]ara que un tribunal pueda decidir que la
evidencia en el expediente administrativo no es
sustancial es necesario que la parte afectada
demuestre que existe otra prueba en el récord
que razonablemente reduzca o menoscabe el peso
de tal evidencia, hasta el punto de que un
tribunal no pueda, concienzudamente, concluir
que la evidencia sea sustancial, en vista de la
prueba presentada y hasta el punto que se
demuestre claramente que la decisión [del
organismo administrativo] no está justificada
por una evaluación justa del peso de la prueba
que tuvo ante su consideración.
De
esta
forma,
cuando
una
parte
alega
haber
sido
afectada por una determinación de hecho de una agencia
tendrá
que
demostrar
que
existe
otra
prueba
en
el
expediente que reduce o menoscaba el valor probatorio de la
evidencia impugnada, hasta el punto que no pueda concluirse
que la decisión administrativa fue razonable a la luz de
toda la evidencia que tuvo ante su consideración.10 Por el
contrario, si dicha parte no demuestra la existencia de esa
8
Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005).
9
Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76-77 (2004).
10
O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98, 118 (2003).
CC-2007-280
otra
11
prueba,
el
tribunal
revisor
deberá
confirmar
las
determinaciones de hecho realizadas por la agencia.11
Ahora bien, esa deferencia judicial presente en la
revisión de determinaciones administrativas no implica una
renuncia de los tribunales a nuestra función revisora. Más
bien,
sólo
es
una
limitación
de
función.12
dicha
No
obstante, es importante señalar que la deferencia judicial
no es un impedimento para la revisión de aquellos casos en
los que la interpretación de la agencia menoscaba derechos
fundamentales, es irrazonable o conduzca a la comisión de
injusticias.13
III
En
el
presente
caso,
el
Tribunal
de
Apelaciones
revocó una conclusión de la Junta de Personal de la Rama
Judicial. Determinó que
prueba
que
embargo,
obraba
al
determinación
en
examinar
ésta
la
no
hallaba sustento en la
totalidad
el
del
expediente
administrativa
se
sustentó
expediente.
Sin
surge
la
en
que
la
prueba
documental y testifical. El Tribunal de Apelaciones no tuvo
el
beneficio
de
examinar
la
transcripción
del
proceso
administrativo ya que ésta no fue incluida en el recurso de
revisión judicial sometido a su consideración. Por ende, el
Tribunal de Apelaciones no pudo evaluar los testimonios
brindados en el proceso. Contrario a lo anterior, la Junta
11
Íd.
12
Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra.
13
Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881, 889 (1999).
CC-2007-280
12
sí tuvo la oportunidad de evaluar los testimonios de las
empleadas involucradas en la controversia.
Como ya hemos visto, el estándar de revisión judicial
de
las
decisiones
administrativas
es
exigente
y
no
se
justifica la intervención de un tribunal con éstas, a menos
que la parte que solicita la revisión lo ponga en posición
de concluir que éstas son arbitrarias y caprichosas. De esa
forma, consideramos que en el presente caso, el Tribunal de
Apelaciones revocó una determinación de hecho sin estar en
posición de hacerlo. Dicho foro no tuvo el beneficio de
examinar
la
durante
el
transcripción
proceso
de
la
prueba
administrativo.
Por
oral
lo
desfilada
tanto,
debía
brindarle deferencia a la decisión administrativa.
Específicamente,
el
foro
apelativo
intermedio
concluyó que aun cuando se probara que la señora Camacho
había mentido en relación con el contenido del sobre donde
supuestamente había recibido el informe en controversia,
ello no necesariamente implicaba que fue la señora García
Fantauzzi quien le hizo llegar el documento a la testigo.
No
obstante,
a
base
de
la
prueba
presentada
la
Junta
determinó que la señora García Fantauzzi –al tener copia
del informe de la señora Camacho en su computadora- fue
quien le proveyó una copia a esta última. Ahora bien, aun
cuando concurriésemos con la conclusión del Tribunal de
Apelaciones,
ello
no
es
suficiente
determinación administrativa. Veamos.
para
revocar
la
CC-2007-280
13
Según
se
desprende
del
expediente,
las
sanciones
impuestas a la señora García Fantauzzi se basaron sobre
tres incidentes que pusieron en entredicho su desempeño
profesional.
Lo
notificaciones
Fantauzzi
anterior
enviadas
que
se
por
la
indicaban
el
desprende
de
OAT
señora
García
del
proceso
a
la
inicio
todas
las
administrativo y las sanciones impuestas. Igualmente, así
surge de las determinaciones de hecho y las conclusiones de
derecho de la Junta de Personal. Por lo tanto, si no se
hubiese probado uno de los incidentes que dieron lugar al
procedimiento disciplinario seguido contra la señora García
Fantauzzi,
las
sanciones
que
le
fueron
impuestas
son
procedentes en derecho pues encontraban fundamento en los
demás
incidentes
probados
(aquellos
relacionados
con
el
Centro Judicial de Aguadilla).
La decisión administrativa claramente se fundamentó
en
los
tres
incidentes
investigados.
Dicha
decisión
se
basó, además, por ésta no seguir las directrices de sus
superiores y por violar patentemente la confidencialidad de
varios empleados en los tres incidentes. Por consiguiente,
consideramos que la decisión administrativa –consistente en
la suspensión de la señora García Fantauzzi de empleo y
sueldo
por
5
días
y
su
movilidad
a
otro
puesto
sin
menoscabo del sueldo- no es irrazonable ni un abuso de
discreción. No se justifica, por tanto, que el Tribunal de
CC-2007-280
14
Apelaciones haya revocado la determinación de la Junta de
Personal de la Rama Judicial en su totalidad.14
IV
Así, pues, por considerar que la determinación de la
Junta de Personal de la Rama Judicial no fue arbitraria,
sino hecha dentro del ejercicio de su discreción, revocamos
la Sentencia del Tribunal de Apelaciones.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria
del
Tribunal
Supremo,
Interina.
La
Jueza
Asociada señora Pabón Charneco emitió Opinión disidente a
la cual se unen los Jueces Asociados señores Rivera García
y Feliberti Cintrón. El Juez Presidente señor Hernández
Denton
y
el
Juez
Asociado
señor
Martínez
Torres
están
inhibidos.
Larissa Ortiz Modestti
Secretaria del Tribunal Supremo, Interina
14
El Tribunal de Apelaciones sostuvo que el incidente con la señora
Camacho era el que más peso tuvo en la determinación administrativa.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen García Fantauzzi
Recurrida
Certiorari
v.
Directora Administrativa de los
Tribunales
CC-2007-280
Peticionaria
Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón
Charneco a la que se le une el Juez Asociado señor Rivera García y
el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón.
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2011.
Disiento
de
la
Sentencia
dictada
por
el
Tribunal por entender que la decisión de la Junta
de Personal de la Rama Judicial - que confirma la
determinación
disciplinaria
de
la
Directora
Administrativa de la Oficina de Administración de
Tribunales, en adelante O.A.T., ante un incidente
de divulgación de información confidencial
-
se
basó en una mera conjetura.
Por el contrario, confirmaría la Sentencia del
Tribunal de Apelaciones que revocó la determinación
de
la
Junta
y
la
decisión
Administrativa de la O.A.T.
de
la
Directora
2
CC-2007-280
I
La
Sra.
recurrida
o
coordinadora
adelante
Carmen
García
Fantauzzi,
en
señora
García
Fantauzzi,
trabajaba
en
PAE,
el
de
la
al
adelante
Programa
de
Ayuda
Oficina
de
Administración
la
como
Empleado,
de
en
los
Tribunales.
El 5 de diciembre de 2002, la recurrida recibió una
notificación de la O.A.T. informándole que era objeto de
una
investigación
por
haber
divulgado
confidencial durante el mes de diciembre.
información
Mediante dicha
notificación fue suspendida de empleo y se le prohibió la
entrada al edificio de la O.A.T. hasta la celebración de la
vista informal el 18 de diciembre de 2002.
Los hechos bajo investigación se desarrollaron entre
abril y diciembre de 2002.
En abril de 2002 la Supervisora
de la recurrida la asignó a brindar sus servicios a tres
(3)
empleadas
que
tenían
problemas
de
relaciones
interpersonales. De las tres (3) empleadas la recurrida
atendió
solamente
a
la
Sra.
Mildred
Camacho.
Posteriormente, la recurrida -redactó un Informe sobre el
caso encomendado y lo remitió a su Supervisora.
La señora
Camacho solicitó copia del informe a la Supervisora de la
recurrida, pero al revisar su contenido y discutirlo con la
3
CC-2007-280
señora García Fantauzzi, la Supervisora optó por retener
el informe original e indicarle a la participante que no
existía el documento.
Entonces, la señora Camacho recurrió ante la Directora
de Recursos Humanos de la O.A.T., en adelante la Directora,
solicitando
recurrida
el
le
documento.
había
Al
informado
hacerlo,
expresó
sobre
existencia
la
que
la
del
informe pero que su Supervisora era quien debía dárselo o,
en
la
alternativa,
Directora
se
reunió
autorizarla
a
entonces
con
suministrárselo.
La
la
su
recurrida
y
Supervisora, entre otras personas, y al conocer que el
documento involucraba a otros empleados, lo removió del
expediente
y
lo
puso
bajo
llave
en
un
archivo
de
su
oficina. A su vez, dio instrucciones de que no se podía dar
copia de éste a la participante.
Nuevamente la señora Camacho solicitó el informe pero
esta vez mediante representante legal.
La Directora le
indicó a éste que cualquier documento generado por el PAE
era confidencial y no se consideraría para tomar decisiones
respecto al empleado.
De igual forma, la Directora le
notificó a la señora Camacho sobre dicha carta y le envió
copia mediante el servicio postal el 22 de noviembre de
2002.
4
CC-2007-280
No obstante, en diciembre de 2002 la señora Camacho
se
comunicó
con
la
Oficina
de
Recursos
Humanos
y
les
agradeció “de forma cínica” el que le enviaran también el
informe
en
el
sobre.15
Asimismo,
le
enseñó
supervisora y a otra empleada el documento.
a
su
Sin embargo,
la secretaria y la Directora expresaron que no lo habían
enviado, lo que dio inicio a la investigación disciplinaria
contra la recurrida por posible divulgación confidencial.
El 18 de diciembre se le notificó a la recurrida que
la vista señalada fue transferida para el 8 de enero de
2003 dado que la investigación había sido ampliada para
incluir otros hechos ocurridos para el mes de mayo de 2001.
Estos
hechos
también
estaban
relacionados
con
la
divulgación de información confidencial.16
Culminada la investigación, el 20 de mayo de 2003 la
recurrida fue suspendida de empleo y sueldo por cinco días
por haber notificado sin la debida autorización información
confidencial
contenida
en
tres
informes
preparados
y
suscritos por ella entre 2001 y 2002.
Se concluyó que sus
actuaciones
de
15
16
violaron
la
Regla
24
las
Reglas
de
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 33.
Cabe señalar que de las determinaciones de hecho de la Junta surge
que la recurrida tenía autorización de su supervisora para redactar
uno de los dos informes redactados en el 2001.
No obstante, el
remitente o medio utilizado no fue el correcto, pues en vez de
enviarla al empleado, la envió a la Directora del Centro Judicial
donde se desempeñaba éste a pesar de incluir información médica
personal.
CC-2007-280
Administración
5
del
Sistema
de
Personal
de
la
Rama
Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XII; el Art. 16.1 del Reglamento
de la Administración del Sistema de Personal de la Rama
Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII, y la Regla 9 del Código de
Ética para Funcionarios, Empleados, Ex funcionarios y Ex
empleados de la Rama Judicial.
Además, como parte de los
resultados de la investigación fue transferida a ocupar un
puesto
como
Oficial
administración de
Administrativo
documentos.
II
en
el
área
de
Cabe señalar que de forma
muy oportuna, el puesto que la recurrida ocupaba se eliminó
tras su suspensión y a su vez, se creó uno nuevo.
El nuevo
puesto de Especialista en ayuda al Empleado pasó a ser uno
de confianza y requiere, además, una maestría en psicología
o trabajo social.17
Así las cosas, la señora García Fantauzzi recurrió
ante la Junta de Personal de la Rama Judicial, en adelante
la Junta. La vista en su fondo se celebró los días 2, 3 y 4
de mayo de 2005.
No obstante, el 11 de mayo de 2005 la
Examinadora de la Junta ordenó a las partes a expresarse
sobre una discrepancia entre la cancelación de los sellos
del sobre enviado a la señora Camacho (.37¢) y el franqueo
necesario
que
resulta
del
metro
postal
ubicado
en
la
Secretaría de la Junta al pesar la cantidad de hojas que la
17
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 13.
6
CC-2007-280
testigo alegó que le fueron enviadas en el sobre (.60¢).18
Por un lado, la O.A.T. estipuló los resultados del pesaje
realizado por la Examinadora, mientras que la recurrida se
opuso
al
uso
de
medios
externos
para
cuestionar
la
credibilidad de un testigo, en ausencia de los abogados y
luego
de
completado
el
proceso
de
presentación
de
evidencia. Apéndice de certiorari, págs. 46-49.
Finalmente, la Junta confirmó la determinación de la
Directora Administrativa de los Tribunales.
la
señora
directrices
García
que
Fantauzzi
le
fueran
no
había
dadas
al
Concluyó que
cumplido
con
las
brindarle
a
tres
empleados de la Rama Judicial copia de informes preparados
por
ella.
Apéndice
de
certiorari,
pág.
36.
En
determinaciones de hecho especifica que:
Ante esta Junta, la Sra. Camacho como testigo de
la parte apelante presentó en evidencia el sobre
original y la carta original que le envió la
Directora de Recursos Humanos y testificó que
ambos documentos, la carta de la Directora de
Recursos Humanos con la copia de la carta enviada
al Lcdo. González y el Informe preparado por la
apelante, le llegaron mediante el servicio postal
en el sobre original que se sometió en evidencia.
Quedó demostrado que la Sra. Camacho mintió ya que
el sobre canceló $ .37 y la examinadora pesó el
sobre con las cartas en el metro postal de la
Secretaría de la Junta y ello evidenció que se
supone que si dichos documentos se hubiesen
incluido en el sobre, éste hubiese cancelado $
.60.
18
Apéndice de certiorari, pág. 50.
sus
7
CC-2007-280
El informe preparado por la apelante García
Fantauzzi no fue enviado a la Sra. Camacho por
error de la Directora de Recursos Humanos y
tampoco fue enviado por el Programa de Ayuda al
Empleado.
Dicho informe fue enviado a la Sra.
Camacho por la apelante García Fantauzzi que tenía
grabado dicho informe en su computadora. Apéndice
de la Petición de certiorari, pág. 33
(Énfasis
nuestro).
Posteriormente, en las conclusiones de derecho señala que:
… En el caso de Mildred Camacho se le había dado
una instrucción específica a la apelante tanto
para la Sra. Haydée Enríquez como por la
Directora de Recursos Humanos de la Oficina de
Administración de los Tribunales que el informe
sobre la Sra. Camacho no se le iba a entregar a
ella y tampoco se iba a incluir en el expediente
que existía en el Programa al Empleado sobre la
Sra. Camacho, sin embargo, la apelante no cumplió
con dicha instrucción y le entregó dicho informe
a la Sra. Camacho.
…
… En la apelación que nos ocupa, el informe de la
Sra. Camacho fue clasificado como confidencial
con instrucciones específicas sobre su manejo. La
apelante,
en
violación
a
las
instrucciones
impartidas, le entregó dicho informe a la Sra.
Camacho. Apéndice de la Petición de certiorari,
págs. 36-38
Inconforme, la señora García Fantauzzi recurrió de la
determinación de la Junta ante el Tribunal de Apelaciones.
Dicho foro correctamente revocó la resolución recurrida y
la decisión de la Directora Administrativa de la O.A.T.
Además, dejó sin efecto la orden de traslado de la señora
García Fantauzzi. Esto, pues, la decisión de la Junta de
que
la
recurrida
había
suministrado
información
confidencial a la señora Camacho se basó principalmente en
CC-2007-280
el pesaje
8
del
sobre
enviado.
Concluyó
que
tal
determinación no se sustentó en evidencia sustancial, sino
que
la
evidencia
especulativa.19
resultó
ser
altamente
imprecisa
y
A su entender no se logró establecer como
inferencia razonable el que la recurrida le entregara el
informe a la señora Camacho. A esos efectos, expresó lo
siguiente:
La decisión de la Junta de confirmar la
decisión de la Directora Administrativa de la
O.A.T. se basó, principalmente, en el hecho del
pesaje del sobre enviado por la Sra. Colón a la
Sra. Camacho. Si bien es cierto que para llegar
a la conclusión que hoy revisamos la Junta tomó
en consideración situaciones anteriores en las
que,
alegadamente,
la
recurrente
había
suministrado información confidencial a los
empleados, -como, por ejemplo, la ocurrida en el
Centro Judicial de Aguadilla- la realidad es que
la que tuvo mayor peso fue lo relacionado con el
informe de la Sra. Camacho por tratarse de un
documento “clasificado como confidencial con
instrucciones específicas sobre su manejo”. Pág.
15, resolución recurrida.
...
La Junta, una vez descartó a la Sra. Colón
como la posible remitente del informe a la Sra.
Camacho concluyó, por eliminación, que fue la
recurrente quien lo hizo. Esto se aparta de lo
que constituye evidencia sustancial apoyada en el
récord administrativo.
Al revisar la desfilada en el caso de autos,
de por sí sola, no demuestra de forma convincente
que haya sido la recurrente quien le envió el
referido informe a la Sra. Camacho. Resolver lo
contrario
constituye,
a
todas
luces,
una
especulación. Consiguientemente, una decisión
19
Apéndice de certiorari, pág. 132.
9
CC-2007-280
arbitraria y caprichosa que nos vemos impedidos
de
sostener.
Apéndice
de
la
Petición
de
certiorari, págs. 10 y 12.
Así las cosas y tras una moción de reconsideración que
fue declarada no ha lugar, la O.A.T. recurre ante nos.
II
La
Junta
de
facultad
para
investigar
tomadas
por
la
empleados,
hacerlo,
Personal
y
Rama
revisar
las
nominadora
o
personas
confirmar,
determinaciones.
la
autoridad
funcionarios
puede
de
revocar
Judicial
tiene
determinaciones
que
afecten
particulares.
o
modificar
a
Al
tales
Art. VI del Reglamento de la Junta, 4
L.P.R.A. Ap. XIV. Para cumplir con estas facultades puede,
inter alia, citar testigos, celebrar vistas, aplicar los
mecanismos de descubrimiento de prueba y las disposiciones
de
las
Reglas
de
Evidencia,
así
como
realizar
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Báez
v. Dir. Adm. Trib., 150 D.P.R. 351, 354 y 356 (2000).
Véase,
Rivera
v.
Dir.
Adm.
Trib., 144
D.P.R.
808,
817
(1998). A su vez, las determinaciones de la Junta son
revisables
por
procedimiento
los
similar
tribunales
y
al
revisión
decisiones administrativas.
de
la
se
rigen
por
un
judicial
de
Rivera v. Dir. Adm. Trib.,
supra, pág. 822. Por ello, repasemos el derecho aplicable a
la revisión de este tipo de determinaciones.
10
CC-2007-280
Como norma general los tribunales le confieren gran
peso y deferencia a las determinaciones de hecho, así como
a las interpretaciones del derecho emitidas por la agencia
administrativa encargada de poner en vigor una ley. Costa,
Piovanetti
v.
Caguas
Expressway,
149
D.P.R.
881,
889
(1999). Esto en virtud del conocimiento especializado y la
pericia atribuidas a la agencia. Misión Ind. P.R. v. J.P.,
146 D.P.R. 64, 130 (1998). A esto se le suma la presunción
de legalidad y corrección que recae sobre las decisiones
administrativas.
deferencia
no
Íd.
Sin
embargo,
bajo
el
manto
de
la
en
que
la
podemos
avalar
situaciones
interpretación
de
agencia
pueda
fundamentales,
resulte incompatible con el propósito del
la
afectar
derechos
estatuto interpretado, sea irrazonable, o conduzca a la
comisión de injusticias. Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro,
171 D.P.R. 950, 962 (2007); Costa, Piovanetti v. Caguas
Expressway, supra.
Por lo tanto, son tres los aspectos comprendidos en la
revisión
judicial:
conclusiones
de
las
derecho
determinaciones
y
la
de
concesión
hecho,
del
las
remedio
apropiado por el organismo administrativo. Padín Medina v.
Adm. Sist. Retiro, supra, pág. 960; Misión Ind. P.R. v.
J.P., supra, pág. 129. A su vez, la revisión se hará bajo
11
CC-2007-280
el criterio de razonabilidad. Misión Ind. P.R. v. J.P.,
supra, pág. 134.
Particularmente sobre las determinaciones de hecho,
hemos señalado que la deferencia cede cuando la decisión
administrativa no está sostenida por evidencia sustancial
en vista de la totalidad de la prueba que obre en el
expediente administrativo, pues la apreciación arbitraria
de
la
prueba
por
la
agencia,
así
como
el
que
las
determinaciones de hecho están sostenidas por evidencia
sustancial
constituyen
una
Medina
Adm.
Retiro,
v.
Sist.
cuestión
de
supra,
derecho.
pág.
962;
Padín
Costa,
Piovanetti v. Caguas Expressway, supra; Misión Ind. P.R. v.
J.P.,
supra,
pág.
131.
administrativa
debe
sostenerse
relevante
una
que
mente
Es
decir,
en
razonable
la
decisión
“aquella
evidencia
podría
aceptar
como
adecuada para sostener una conclusión”. Hilton Hotels v.
Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953).
Además,
para
poder
cumplir
con
nuestro
deber
revisión:
… las determinaciones de hecho de las agencias
administrativas deben ser lo suficientemente
definidas. De este modo se cumple el propósito de
poner a los tribunales en posición de revisar de
forma inteligente la decisión del organismo
administrativo y determinar si los
hechos
probados
por la agencia ofrecen una
base
razonable para su evaluación. Por tanto, la
decisión de la agencia debe exponer los hechos
determinados como probados, que incluyen las
de
12
CC-2007-280
inferencias, que en última instancia creyó
justificadas. Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro,
supra, pág. 961. Véase, Misión Ind. P.R. v. J.P.,
146 D.P.R. 64 (1998). Véase, además: D. Fernández
Quiñones,
Derecho
administrativo
y
Ley
de
Procedimiento Administrativo Uniforme, Colombia,
Ed. Forum, 1993, pág. 538.
III
En
el
caso
de
autos,
no
cabe
duda
de
que
las
determinaciones de hecho de la Junta nos ponen en posición
de revisar su decisión de forma inteligente.
La
Junta
testimonio
señala
de
la
que
señora
no
le
Camacho
dio
credibilidad
particularmente
al
con
relación a la forma en que alega tuvo acceso al informe.
Por otro lado, sí le mereció credibilidad el que los demás
testigos expresaran que no le habían entregado el informe a
la señora Camacho. Tales determinaciones de la Junta con
relación a la credibilidad de los testigos nos merecen el
mayor respeto, pues no pretendemos menoscabar el peso que
le dio a tal evidencia. Sin embargo, nuestra reserva no es
con la prueba ante su consideración ni la credibilidad que
le
mereciera,
sino
con
la
inferencia
que
entendió
justificada y razonable.
La
posible,
Junta
las
está
sujeta
a
seguir,
disposiciones
de
las
hasta
Reglas
de
donde
sea
Evidencia.
Art. XIII del Reglamento de la Junta, 4 L.P.R.A. Ap. XIV.
Ciertamente, las Reglas de Evidencia autorizan al uso de
CC-2007-280
evidencia
13
indirecta
o
circunstancial,
es
decir,
de
“aquella que tiende a demostrar el hecho en controversia
probando otro distinto, del cual, en unión a otros hechos
ya establecidos, puede razonablemente inferirse el hecho en
controversia”. Regla 10(H) de las Reglas de Evidencia de
1979, 32 L.P.R.A. Ap. IV.
Tal evidencia es intrínsecamente
idéntica a la evidencia directa. Ferrer v. González, 162
D.P.R. 172 (2004).
Sin embargo, “puede en algunos casos
conducir a un resultado enteramente incorrecto.” Pueblo v.
Bonilla, 78 D.P.R. 152, 160 (1955) citando a Holland v.
United States, 348 U.S. 121 (1954).
Este caso es uno de
ellos.
La
Junta
infirió
que
la
recurrida
fue
quien
le
facilitó el documento a la señora Camacho tras considerar
que la señora Camacho mintió sobre la forma en que tuvo
acceso
al
recurrida
informe
había
ante
la
remitido
falta
de
previamente
franqueo;
dos
que
la
informes
a
empleados que había atendido (uno de ellos autorizado por
su Supervisora), y por merecerle credibilidad que los demás
empleados entrevistados no enviaron el documento por error.
Es tras esta inferencia que concluye que la recurrida violó
las disposiciones señaladas.
Empero, a nuestro entender de
la unión de estos hechos no procede tal inferencia. La
determinación de la Junta no pasa de ser una mera conjetura
CC-2007-280
de la
14
que
no
se
puede
razonablemente
inferir
que
la
recurrida fue quien entregó el informe a la señora Camacho.
Por el contrario, llevó a cabo un proceso de eliminación
que culminó con un resultado irrazonable e injusto, tal y
como correctamente determinó el Tribunal de Apelaciones.
IV
Por
los
argumentos
antes
expresados,
disiento
respetuosamente de la Sentencia emitida por el Tribunal y
confirmaría la determinación del Tribunal de Apelaciones.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada