LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Sigfredo Pons Fontana

2011 TSPR 108

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Sigfredo Pons Fontana

CP-2010-0014

Conducta Profesional – Suspensión temporal (3 meses) por violación al Canon 35 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

2011 TSPR 108

182 DPR ____

Sigfredo Pons Fontana

Número del Caso: CP

- 2010 - 14

Fecha: 23 de junio de 2011

Oficina de la Procuradora General:

Lcdo. Edna E. Rodríguez Benítez

Procuradora General Auxiliar

Abogado del Querellado:

Por derecho propio

Materia: Conducta Profesional

– La Suspensión será efectiva una vez

advenga final y firme la Sentencia conforme a la Regla 45 del

Reglamento del Tribunal Supremo sobre reconsideración.

Este documento const

ituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re: Sigfredo Pons Fontana

CP-2010-14

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2011.

En el presente caso nos corresponde atender una

querella

ética

representaba

contra

un

abogado

una

parte

en

a

que,

mientras

varios

procesos

judiciales, intentó ser contratado como corredor de

bienes raíces para vender los bienes objeto de esos

litigios.

Por

los

fundamentos

que

se

exponen

a

continuación, ordenamos la suspensión inmediata del

Lcdo.

Sigfredo

Pons

Fontana

del

ejercicio

de

la

abogacía y de la notaría, por un término de tres

meses.

I.

El

licenciado

Pons

Fontana

fue

admitido

al

ejercicio de la abogacía el 13 de agosto de 1986 y

prestó juramento como notario el 4 de septiembre de

ese mismo año.

CP-2010-14

2

Durante el 2008, éste fungió como el representante legal

de la Sra. Ana María Martínez Agosto en el pleito de divorcio

de ésta contra su ex esposo, el Sr. Alberto Rivera Rivera. El

1 de mayo de 2008, el licenciado Pons Fontana envió a la

señora Martínez Agosto y al señor Rivera Rivera un contrato

de autorización de venta exclusiva para que se le encomendara

ser

el

corredor

de

bienes

raíces

de

las

propiedades

pertenecientes a la comunidad de bienes gananciales de ambos.

A raíz de esa actuación, el abogado del señor Rivera Rivera

presentó una moción en la que le informó al Tribunal de

Primera Instancia que, estando pendiente el litigio sobre

liquidación de bienes gananciales entre éste y la señora

Martínez Agosto, recibió el referido contrato. Dicho proceder

le pareció, según alegó, una violación del Código de Ética

Profesional,

4

L.P.R.A.

Ap.

IX,

pues

el

licenciado

Pons

Fontana había representado a la señora Martínez Agosto en

varios litigios, incluyendo el divorcio antes mencionado, y

había asumido la representación legal de ésta en el caso de

liquidación de bienes gananciales. A raíz de estos eventos,

la Jueza Superior Hon. Zulma Raíces Díaz nos refirió copia de

una orden mediante la cual consignó los hechos que podrían

constituir violaciones éticas para nuestra consideración, y

denegó

la

participación

del

licenciado

Pons

Fontana

como

representante legal de la señora Martínez Agosto en el caso

de liquidación de bienes gananciales.

Examinada

dicha

orden,

se

le

concedió

un

término

al

licenciado Pons Fontana para que se expresara sobre este

asunto. El abogado compareció ante nos y expuso que él había

CP-2010-14

3

representado a la señora Martínez Agosto en el pleito de

divorcio, caso que, según alegó, había terminado en abril de

2009.

Entendemos

que

quiso

decir

abril

de

2008,

pues,

a

renglón seguido, expresó que “luego de terminado el asunto

relacionado

nuestra

con

el

oficina

priopieda[des]”.

divorcio,

la

interesando

Sra.

la

Martínez

venta

de

visit[ó]

la[s]

Adujo, además, que desconocía que se había

presentado una demanda en contra de la señora Martínez Agosto

para la liquidación de la comunidad postganancial al momento

de remitirle al señor Rivera Rivera el contrato de corredor

exclusivo de bienes raíces para la venta de las propiedades

gananciales. Asimismo, aseguró que fue posterior al envío del

contrato que compareció asumiendo la representación legal de

la señora Martínez Agosto. Finalmente, adujo que, de acuerdo

a nuestras expresiones en In re Santiago Rios, 172 D.P.R. 802

(2007), cuando un abogado participa en negocios o actividades

de ventas de bienes y servicios comerciales que no generan

trabajo

adicional

como

abogado,

tal

práctica

no

presenta

problemas éticos.

Luego de comparecer ante nos para contestar la queja en

su contra, el licenciado Pons Fontana compareció ante el foro

primario para solicitar la reconsideración de la orden que

declaró sin lugar su moción asumiendo la representación legal

de la señora Martínez Agosto en el caso de liquidación de

bienes gananciales.

Así las cosas, referimos la queja a la Oficina de la

Procuradora General para que presentara la correspondiente

querella. En respuesta, la Procuradora General contradijo la

CP-2010-14

4

comparecencia

del

licenciado

Pons

Fontana.

En

particular,

adujo que no era posible la versión del abogado sobre el

hecho de que, supuestamente, ya había terminado la relación

abogado-cliente en el caso de divorcio al momento de remitir

el contrato que da lugar a la presente querella. Esto, pues

el

licenciado

Pons

Fontana

había

comparecido

en

representación de la señora Martínez Agosto en un tercer caso

referente a la ejecución de la hipoteca sobre su residencia

ganancial.

El

acreedor

hipotecario

había

emplazado

a

la

señora Martínez Agosto el 20 de abril de 2008, esto es,

varios días antes de que el querellado enviara el contrato de

venta exclusiva al señor Rivera Rivera para su aprobación,

cosa que Pons Fontana no mencionó en su contestación a la

queja. El 2 de julio de 2008, el licenciado Pons Fontana

compareció

mediante

liquidación

de

acción

ejecución

de

varias

bienes

mociones

gananciales

de

hipoteca,

tanto

en

el

caso

caso

como

en

el

de

lo

que

demuestra

de

la

que

mantenía la relación abogado-cliente al momento de remitir el

contrato

en

controversia.

Es

decir,

que

al

momento

de

intentar ser contratado como el corredor exclusivo de bienes

raíces

para

vender

las

propiedades,

el

licenciado

Pons

Fontana era abogado en dos pleitos independientes para los

cuales dichos inmuebles eran objeto de litigio. Por todo lo

anterior,

violó

los

la

Procuradora

Cánones

35,

General

37

y

alegó

38

del

que

el

Código

querellado

de

Ética

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 35, 37 y 38.

En vista de que el Canon 35, supra, impone un deber de

sinceridad y honradez que impide a los abogados utilizar

CP-2010-14

5

medios que no sean sinceros o inconsistentes con la verdad,

la

Procuradora

General

concluyó

que

Pons

Fontana

fue

deshonesto al responder a la queja en su contra. Esto, pues

expresó una relación de hechos confusa para tratar de exponer

que no representaba a la parte en el pleito cuando envió el

contrato

en

cuestión.

Por

su

parte,

el

Canon

37,

supra,

señala que no constituye una actividad propia de la buena

práctica de la profesión el que un abogado participe en un

negocio

si

el

mismo

le

proporciona

trabajo

adicional

lucrativo –como abogado- que de otra manera no se hubiese

obtenido.

Por

último,

el

Canon

38,

supra,

en

esencia,

proscribe toda apariencia de conducta impropia.

En respuesta, el licenciado Pons Fontana compareció ante

nos y expuso su posición sobre la querella presentada en su

contra y los cargos que se le imputaron en ella. En su

escrito, el querellado aceptó los señalamientos en su contra

y reconoció, a su vez, que fue un error haber remitido el

contrato cuando todavía representaba a la señora Martínez

Agosto,

por

lo

que

coincidió

en

que

ello

constituía

una

violación del Canon 37 de los Cánones de Ética Profesional,

supra. Además, reconoció expresamente haber violado el Canon

35 de los Cánones de Ética Profesional, supra, al no haber

sido sincero en su exposición fáctica cuando respondió la

queja, y que todo lo anterior resultó en la erosión de su

deber de exaltar el honor y la dignidad de la profesión que

impone

supra.

el

Canon

38

de

los

Cánones

de

Ética

Profesional,

CP-2010-14

6

Con el beneficio de la comparecencia de la Procuradora

General

y

del

controversias

de

licenciado

hechos,

Pons

Fontana,

pasamos

a

y

no

habiendo

examinar

las

posibles

violaciones éticas.

II.

A.

Los abogados tienen la obligación de velar por que los

procesos

legales

se

lleven

de

forma

honesta,

digna

y

transparente. El Canon 35, supra, dispone, en lo pertinente,

que:

La conducta de cualquier miembro de la

profesión legal ante los tribunales, para con sus

representados

y

en

las

relaciones

con

sus

compañeros debe ser sincera y honrada. No es

sincero ni honrado el utilizar medios que sean

inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al

juzgador a error utilizando artificios o una falsa

relación de los hechos o del derecho. Íd. (Énfasis

suplido).

Este Canon impone a los abogados un deber de sinceridad y

honradez

frente

a

todos,

no

sólo

en

la

tramitación

de

litigios, sino en todo tipo de acto. In re Collazo Sánchez,

159 D.P.R. 769 (2003). Ese deber de sinceridad es erga omnes.

In re Franco Rivera y Masini Soler, 134 D.P.R. 823 (1993).

Los abogados no pueden ofrecer información falsa o inducir a

error a los tribunales, ya sea al proveer información que no

se ajusta a la verdad u ocultando información que deba ser

revelada. Pueblo v. Santiago Pérez, 160 D.P.R. 618 (2003); In

re Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790 (1999). Más que un ideal

irrealizable,

abogado

y,

la

verdad

es

atributo

sin

ésta,

no

podría

la

inseparable

profesión

del

ser

jurídica

CP-2010-14

justificar

7

su

existencia.

In

re

Martínez,

Odell

II,

148

D.P.R. 636 (1999).

Asimismo, hemos expresado que la firma de un abogado en

una moción tiene el efecto legal de un juramento, y que la

declaración bajo juramento de hechos falsos constituye una

violación

del

Canon

35,

supra.

Íd.;

Regla

9.1

de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. II R. 9.1.

B.

Por otro lado, el Canon 37, supra, preceptúa que:

La participación del abogado en negocios o

actividades de venta de bienes, agencias de cobro,

fianzas u otros servicios comerciales propios o

pertenecientes a otras personas no es una actividad

propia de la buena práctica de la profesión si tal

negocio o actividad tiene el fin directo o

indirecto de proporcionarle trabajo profesional

lucrativo que de otra forma el bufete no hubiese

obtenido.

En In re Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4 (1977), se le

presentaron ocho cargos de violaciones éticas a un abogado

por su relación abogado-cliente en distintos escenarios. En

cuanto a cuatro de ellos, concluimos que existió una relación

de negocios entre el querellado y sus clientes, sobre la

compra

y

produjeron

venta

de

bienes

consecuencias

inmuebles

perjudiciales

y

préstamos,

para

los

que

clientes.

Entre las transacciones, hubo una en la que el querellado y

su

esposa

representaron

a

una

clienta

en

un

pleito

de

divorcio. A solicitud del querellado, la clienta le prestó a

éste una suma de dinero, que constituía su participación en

la sociedad legal de bienes gananciales.

Al finalizar el

litigio, esto tuvo la consecuencia de que, tras el abogado

CP-2010-14

8

quedarse sin fondos, la clienta recibió una cantidad menor de

la que le correspondía.

Allí aplicamos, sin mayor discusión, el Canon 37, supra,

y sostuvimos que la participación del abogado en negocios o

actividades de venta de bienes u otros servicios comerciales

no

es

una

actividad

propia

de

la

buena

práctica

de

la

profesión, cuando ello le genera más trabajo profesional que

de otra forma no hubiese obtenido. Ello, expresamos, es una

desviación de las normas de conducta profesional que debe

observar

puntillosamente

todo

el

que

tiene

privilegio

de

ejercer la profesión. Íd.

En In re Humberto Ramírez Ferrer, 147 D.P.R. 607 (1999),

se le imputó a un abogado haber retenido un dinero de un

préstamo hipotecario otorgado por la casa hipotecaria que

éste presidía, sin realizar las contraprestaciones acordadas

a

cambio

de

esas

sumas.

En

este

caso

resolvimos

que

el

abogado siempre se desempeñó en calidad de agente de la casa

hipotecaria y en ningún momento le prestó servicios legales a

la quejosa. Por lo tanto, no surgía del expediente del caso

que el querellado hubiese utilizado la casa hipotecaria para

allegarse trabajo como abogado y, de esa forma, resolvimos

que no se violó el Canon 37, supra.

En

In

re

Rivera

Vicente,

172

D.P.R.

349

(2007),

enfrentamos un asunto en el que un bufete de abogados creó

una empresa con el propósito de ayudar a una agencia de

gobierno a implantar un proyecto de reciclaje. La agencia de

gobierno contrató a la empresa y, como parte del acuerdo, le

reconoció el derecho a contratar asesoría legal. Luego, la

CP-2010-14

empresa

9

contrató

al

mismo

bufete

que

la

creó.

Allí,

analizamos si el querellado, como miembro del bufete, había

violado el Canon 37, supra. Resolvimos que éste no se violó

porque, a pesar de que el bufete había utilizado a la empresa

para

agenciarse

más

trabajo

legal,

no

podíamos

concluir

necesariamente, ante los hechos presentados, que el bufete no

habría obtenido el trabajo de todas maneras.

Ante esos mismos hechos, en In re Santiago Ríos, supra,

consideramos que cada día es más común que una misma persona

posea

varios

profesional

títulos

está

profesionales.

legítimamente

En

consecuencia,

permitido

a

cada

desempeñar

libremente cualquiera de esas profesiones en las que se ha

entrenado.

Conscientes

de

los

diversos

roles

que

puede

desempeñar el profesional del Derecho, se han creado reglas

específicas

en

códigos

modelos

para

evitar

los

posibles

conflictos de intereses. Esto está ampliamente regulado en

nuestro Código de Ética Profesional, supra, específicamente,

bajo las regulaciones de conflictos de interés. No obstante,

en esa ocasión tampoco encontramos suficiente evidencia que

demostrara que el querellado hubiera utilizado su posición

como Presidente de la empresa creada por el bufete con el fin

directo

o

lucrativo

indirecto

que

de

de

otra

proporcionarse

forma

no

trabajo

hubiese

profesional

obtenido.

Por

lo

tanto, concluimos que tampoco se había violado el Canon 37,

supra.

Asimismo,

ejercer

la

práctica

distintas

de

profesiones

brindar

varios

servicios

simultáneamente

ha

o

sido

discutida en la literatura sobre ética profesional. En ese

CP-2010-14

10

sentido, en su obra sobre ética en la abogacía, Sigfrido

Steidel

Figueroa

actividad

expresa

comercial

que

que

“es

por

su

difícil

propia

concebir

una

naturaleza

sea

inherentemente conflictiva con el ejercicio de la abogacía…

lo que la ética y las normas disciplinarias prohíben es que

un

abogado

pudieran

se

involucre

ser

en

conflictivas

actividades

con

su

comerciales

particular

que

práctica

profesional”. S. Steidel Figueroa, Ética y Responsabilidad

Disciplinaria del Abogado, 1era ed., San Juan, Publicaciones

J.T.S., 2010, pág. 147. Lo que se busca es que los intereses

del abogado no entren, de ninguna manera, en conflicto con

los intereses del cliente a quien viene llamado a defender.

In re Toro Cubergé, 140 D.P.R. 523 (1996).

De

otra

comerciales

parte,

entre

inherentemente

Steidel

un

añade

abogado

sospechosas,

que:

y

un

no

sólo

“las

cliente

transacciones

se

porque

consideran

el

juicio

profesional del abogado podría comprometerse, sino también

por la naturaleza desigual de la relación abogado-cliente”.

Íd. pág. 227.

Se presume que en la relación abogado-cliente

el abogado adquiere información privada del cliente y éste, a

su vez, deposita su confianza y lealtad en el abogado, y eso

lo

hace

susceptible

de

múltiples

abusos.

In

re

Morell,

Alcover, 158 D.P.R. 791 (2003).

C.

Por

su

parte,

el

Canon

38,

supra,

establece,

pertinente, que:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su

capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de

su profesión, aunque al así hacerlo conlleve

en

lo

CP-2010-14

11

sacrificios personales y debe evitar hasta la

apariencia de conducta profesional impropia.… Por

razón de la confianza en él depositada como miembro

de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto

en su vida privada como en el desempeño de su

profesión, debe conducirse en forma digna y

honorable. Íd.

La justicia debe ser inmaculada, tanto en su realidad

interior

como

en

la

percepción

externa.

In

re

Rodríguez

Torres, 104 D.P.R. 758 (1976). Cuando la conducta que se le

imputa a un abogado demuestra que no se conduce de forma

digna y honorable, viola el Canon 38. In re Roldán, supra; In

re Pagán Pagán, 171 D.P.R. 975 (2007).

Como

se

sabe,

todo

abogado

debe

evitar

hasta

la

apariencia de conducta impropia. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 38.

Esta exigencia se fundamenta “en la idea de que la confianza

e imagen de la profesión se lacera no sólo cuando se viola

una norma específica de los cánones de ética profesional,

sino también cuando la conducta del abogado parece impropia”.

Steidel Figueroa, op. cit., pág. 57.

III.

Al analizar la conducta del abogado de epígrafe, a la luz

de los fundamentos antes expuestos, no es necesario abundar

sobre la violación del Canon 35, supra, que se le imputa.

Basta decir que el licenciado admitió haber hecho un recuento

fáctico confuso, que se pudo aclarar gracias a la explicación

provista por la Procuradora General. Esto es, el licenciado

Pons Fontana faltó a la verdad al intentar hacernos creer,

como parte del proceso disciplinario que, al momento en que

trató de conseguir que le contratasen como corredor exclusivo

de bienes raíces para la venta de las propiedades gananciales

CP-2010-14

objeto

12

de

Agosto.

litigio,

Ante

tal

no

representaba

admisión,

a

la

señora

Martínez

encontramos

probado

que

el

licenciado Pons Fontana incurrió en la violación al Canon 35

del Código de Ética Profesional, supra, al faltar a su deber

de honradez y sinceridad.

No

cabe

duda

exposición

de

de

que,

hechos

ante

nos,

debió

presentar

sincera

y

acertada

una

sobre

las

circunstancias en que surgió la preocupación ética sometida

por el Tribunal de Primera Instancia que dio paso al presente

caso. Es evidente que faltar a la verdad durante un proceso

disciplinario

ante

nos

es

incongruente

con

el

deber

de

exaltar el honor y la dignidad de la profesión, principio que

busca proteger, a su vez, el Canon 38, supra. La abogacía,

como hemos dicho, descansa en la expectativa de confianza y

honestidad que tanto este Tribunal como la ciudadanía esperan

de sus miembros.

Somos

conscientes

de

que

al

querellado

no

se

le

presentaron cargos éticos sobre conflictos de interés, por lo

que no le enjuiciamos bajo los Cánones que regulan dicha

conducta.

No

obstante,

entendemos

que

el

licenciado

Pons

Fontana utilizó su influencia, ganada a través de la relación

profesional

trabajo

que

sostenía

adicional

como

con

su

corredor

clienta,

de

bienes

para

agenciarse

inmuebles.

Al

hacerlo, se colocó en una posición cuestionable desde el

punto de vista ético, pues dependiendo del desenlace de los

litigios en los que era parte su clienta, el abogado pudo

haber creado una expectativa de lucro a través de la venta de

los inmuebles en controversia. Ello nos lleva a concluir que

CP-2010-14

13

el abogado de epígrafe incurrió en una

impropia,

muy

distante

de

lo

que

se

aparente conducta

espera

de

quienes

practican la profesión, máxime cuando la ciudadanía espera

poder depositar su confianza y lealtad en el defensor de sus

derechos.

Esto,

unido

sinceridad,

nos

lleva

Fontana

violó

el

a

a

Canon

la

violación

concluir

38

de

de

su

que

el

los

Cánones

deber

licenciado

de

de

Pons

Ética

Profesional, supra.

No obstante, no podemos concluir que el licenciado Pons

Fontana violó el Canon 37 del Código de Ética Profesional,

supra. Como se desprende de los casos antes mencionados, lo

que el Canon 37 busca evitar es que un abogado utilice otra

industria o negocio para agenciarse trabajo legal lucrativo,

que

de

otra

forma

el

bufete

no

hubiese

obtenido.

En

el

presente caso la controversia está invertida, pues el abogado

aprovechó su práctica como abogado para agenciarse trabajo

adicional en otra industria o negocio.

Entendemos que el licenciado Pons Fontana es sincero al

expresar su pesar y arrepentimiento por estas faltas al punto

de agradecer y pedir disculpas por el tiempo y esfuerzo que

ha

invertido

la

Oficina

de

la

Procuradora

General

y

los

funcionarios de este Tribunal en su caso. Ante los hechos del

presente caso, sin embargo, nos vemos obligados a descargar

nuestra función disciplinaria, con las consecuencias que esto

conlleva.

Por todo lo anterior, brindando particular consideración

–en calidad de atenuantes- a su arrepentimiento al aceptar

los

hechos

imputados

y

al

hecho

de

que

el

abogado

ha

CP-2010-14

14

practicado

la

profesión

sin

tachaduras

desde

suspendemos

al

licenciado

Pons

Fontana

la

de

1986,

profesión

durante un término de tres meses.

El licenciado Pons Fontana notificará a sus clientes que

por

motivo

de

la

suspensión

no

puede

continuar

con

su

representación legal, y devolverá a éstos los expedientes de

cualquier

caso

pendiente

y

los

honorarios

recibidos

por

trabajos no realizados. De igual manera, deberá informar de

su

suspensión

a

cualquier

sala

del

Tribunal

General

de

Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso

pendiente. Además, se ordena al Alguacil General de este

Tribunal que se incaute la obra notarial del licenciado Pons

Fontana.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re: Sigfredo Pons Fontana

CP-2010-14

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente Sentencia, se suspende al licenciado Pons

Fontana de la profesión durante un término de tres meses.

El licenciado Pons Fontana notificará a sus clientes

que por motivo de la suspensión no puede continuar con su

representación legal, y devolverá a éstos los expedientes

de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos

por trabajos no realizados. De igual manera, deberá

informar de su suspensión a cualquier sala del Tribunal

General de Justicia o foro administrativo en el que tenga

algún caso pendiente. Además, se ordena al Alguacil

General de este Tribunal que se incaute la obra notarial

del licenciado Pons Fontana.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora

Pabón Charneco concurre con el resultado sin opinión

escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo