Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Sigfredo Pons Fontana
2011 TSPR 108
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Sigfredo Pons Fontana
CP-2010-0014
Conducta Profesional – Suspensión temporal (3 meses) por violación al Canon 35 de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
2011 TSPR 108
182 DPR ____
Sigfredo Pons Fontana
Número del Caso: CP
- 2010 - 14
Fecha: 23 de junio de 2011
Oficina de la Procuradora General:
Lcdo. Edna E. Rodríguez Benítez
Procuradora General Auxiliar
Abogado del Querellado:
Por derecho propio
Materia: Conducta Profesional
– La Suspensión será efectiva una vez
advenga final y firme la Sentencia conforme a la Regla 45 del
Reglamento del Tribunal Supremo sobre reconsideración.
Este documento const
ituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: Sigfredo Pons Fontana
CP-2010-14
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2011.
En el presente caso nos corresponde atender una
querella
ética
representaba
contra
un
abogado
una
parte
en
a
que,
mientras
varios
procesos
judiciales, intentó ser contratado como corredor de
bienes raíces para vender los bienes objeto de esos
litigios.
Por
los
fundamentos
que
se
exponen
a
continuación, ordenamos la suspensión inmediata del
Lcdo.
Sigfredo
Pons
Fontana
del
ejercicio
de
la
abogacía y de la notaría, por un término de tres
meses.
I.
El
licenciado
Pons
Fontana
fue
admitido
al
ejercicio de la abogacía el 13 de agosto de 1986 y
prestó juramento como notario el 4 de septiembre de
ese mismo año.
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2
Durante el 2008, éste fungió como el representante legal
de la Sra. Ana María Martínez Agosto en el pleito de divorcio
de ésta contra su ex esposo, el Sr. Alberto Rivera Rivera. El
1 de mayo de 2008, el licenciado Pons Fontana envió a la
señora Martínez Agosto y al señor Rivera Rivera un contrato
de autorización de venta exclusiva para que se le encomendara
ser
el
corredor
de
bienes
raíces
de
las
propiedades
pertenecientes a la comunidad de bienes gananciales de ambos.
A raíz de esa actuación, el abogado del señor Rivera Rivera
presentó una moción en la que le informó al Tribunal de
Primera Instancia que, estando pendiente el litigio sobre
liquidación de bienes gananciales entre éste y la señora
Martínez Agosto, recibió el referido contrato. Dicho proceder
le pareció, según alegó, una violación del Código de Ética
Profesional,
4
L.P.R.A.
Ap.
IX,
pues
el
licenciado
Pons
Fontana había representado a la señora Martínez Agosto en
varios litigios, incluyendo el divorcio antes mencionado, y
había asumido la representación legal de ésta en el caso de
liquidación de bienes gananciales. A raíz de estos eventos,
la Jueza Superior Hon. Zulma Raíces Díaz nos refirió copia de
una orden mediante la cual consignó los hechos que podrían
constituir violaciones éticas para nuestra consideración, y
denegó
la
participación
del
licenciado
Pons
Fontana
como
representante legal de la señora Martínez Agosto en el caso
de liquidación de bienes gananciales.
Examinada
dicha
orden,
se
le
concedió
un
término
al
licenciado Pons Fontana para que se expresara sobre este
asunto. El abogado compareció ante nos y expuso que él había
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3
representado a la señora Martínez Agosto en el pleito de
divorcio, caso que, según alegó, había terminado en abril de
2009.
Entendemos
que
quiso
decir
abril
de
2008,
pues,
a
renglón seguido, expresó que “luego de terminado el asunto
relacionado
nuestra
con
el
oficina
priopieda[des]”.
divorcio,
la
interesando
Sra.
la
Martínez
venta
de
visit[ó]
la[s]
Adujo, además, que desconocía que se había
presentado una demanda en contra de la señora Martínez Agosto
para la liquidación de la comunidad postganancial al momento
de remitirle al señor Rivera Rivera el contrato de corredor
exclusivo de bienes raíces para la venta de las propiedades
gananciales. Asimismo, aseguró que fue posterior al envío del
contrato que compareció asumiendo la representación legal de
la señora Martínez Agosto. Finalmente, adujo que, de acuerdo
a nuestras expresiones en In re Santiago Rios, 172 D.P.R. 802
(2007), cuando un abogado participa en negocios o actividades
de ventas de bienes y servicios comerciales que no generan
trabajo
adicional
como
abogado,
tal
práctica
no
presenta
problemas éticos.
Luego de comparecer ante nos para contestar la queja en
su contra, el licenciado Pons Fontana compareció ante el foro
primario para solicitar la reconsideración de la orden que
declaró sin lugar su moción asumiendo la representación legal
de la señora Martínez Agosto en el caso de liquidación de
bienes gananciales.
Así las cosas, referimos la queja a la Oficina de la
Procuradora General para que presentara la correspondiente
querella. En respuesta, la Procuradora General contradijo la
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4
comparecencia
del
licenciado
Pons
Fontana.
En
particular,
adujo que no era posible la versión del abogado sobre el
hecho de que, supuestamente, ya había terminado la relación
abogado-cliente en el caso de divorcio al momento de remitir
el contrato que da lugar a la presente querella. Esto, pues
el
licenciado
Pons
Fontana
había
comparecido
en
representación de la señora Martínez Agosto en un tercer caso
referente a la ejecución de la hipoteca sobre su residencia
ganancial.
El
acreedor
hipotecario
había
emplazado
a
la
señora Martínez Agosto el 20 de abril de 2008, esto es,
varios días antes de que el querellado enviara el contrato de
venta exclusiva al señor Rivera Rivera para su aprobación,
cosa que Pons Fontana no mencionó en su contestación a la
queja. El 2 de julio de 2008, el licenciado Pons Fontana
compareció
mediante
liquidación
de
acción
ejecución
de
varias
bienes
mociones
gananciales
de
hipoteca,
tanto
en
el
caso
caso
como
en
el
de
lo
que
demuestra
de
la
que
mantenía la relación abogado-cliente al momento de remitir el
contrato
en
controversia.
Es
decir,
que
al
momento
de
intentar ser contratado como el corredor exclusivo de bienes
raíces
para
vender
las
propiedades,
el
licenciado
Pons
Fontana era abogado en dos pleitos independientes para los
cuales dichos inmuebles eran objeto de litigio. Por todo lo
anterior,
violó
los
la
Procuradora
Cánones
35,
General
37
y
alegó
38
del
que
el
Código
querellado
de
Ética
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 35, 37 y 38.
En vista de que el Canon 35, supra, impone un deber de
sinceridad y honradez que impide a los abogados utilizar
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5
medios que no sean sinceros o inconsistentes con la verdad,
la
Procuradora
General
concluyó
que
Pons
Fontana
fue
deshonesto al responder a la queja en su contra. Esto, pues
expresó una relación de hechos confusa para tratar de exponer
que no representaba a la parte en el pleito cuando envió el
contrato
en
cuestión.
Por
su
parte,
el
Canon
37,
supra,
señala que no constituye una actividad propia de la buena
práctica de la profesión el que un abogado participe en un
negocio
si
el
mismo
le
proporciona
trabajo
adicional
lucrativo –como abogado- que de otra manera no se hubiese
obtenido.
Por
último,
el
Canon
38,
supra,
en
esencia,
proscribe toda apariencia de conducta impropia.
En respuesta, el licenciado Pons Fontana compareció ante
nos y expuso su posición sobre la querella presentada en su
contra y los cargos que se le imputaron en ella. En su
escrito, el querellado aceptó los señalamientos en su contra
y reconoció, a su vez, que fue un error haber remitido el
contrato cuando todavía representaba a la señora Martínez
Agosto,
por
lo
que
coincidió
en
que
ello
constituía
una
violación del Canon 37 de los Cánones de Ética Profesional,
supra. Además, reconoció expresamente haber violado el Canon
35 de los Cánones de Ética Profesional, supra, al no haber
sido sincero en su exposición fáctica cuando respondió la
queja, y que todo lo anterior resultó en la erosión de su
deber de exaltar el honor y la dignidad de la profesión que
impone
supra.
el
Canon
38
de
los
Cánones
de
Ética
Profesional,
CP-2010-14
6
Con el beneficio de la comparecencia de la Procuradora
General
y
del
controversias
de
licenciado
hechos,
Pons
Fontana,
pasamos
a
y
no
habiendo
examinar
las
posibles
violaciones éticas.
II.
A.
Los abogados tienen la obligación de velar por que los
procesos
legales
se
lleven
de
forma
honesta,
digna
y
transparente. El Canon 35, supra, dispone, en lo pertinente,
que:
La conducta de cualquier miembro de la
profesión legal ante los tribunales, para con sus
representados
y
en
las
relaciones
con
sus
compañeros debe ser sincera y honrada. No es
sincero ni honrado el utilizar medios que sean
inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al
juzgador a error utilizando artificios o una falsa
relación de los hechos o del derecho. Íd. (Énfasis
suplido).
Este Canon impone a los abogados un deber de sinceridad y
honradez
frente
a
todos,
no
sólo
en
la
tramitación
de
litigios, sino en todo tipo de acto. In re Collazo Sánchez,
159 D.P.R. 769 (2003). Ese deber de sinceridad es erga omnes.
In re Franco Rivera y Masini Soler, 134 D.P.R. 823 (1993).
Los abogados no pueden ofrecer información falsa o inducir a
error a los tribunales, ya sea al proveer información que no
se ajusta a la verdad u ocultando información que deba ser
revelada. Pueblo v. Santiago Pérez, 160 D.P.R. 618 (2003); In
re Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790 (1999). Más que un ideal
irrealizable,
abogado
y,
la
verdad
es
atributo
sin
ésta,
no
podría
la
inseparable
profesión
del
ser
jurídica
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justificar
7
su
existencia.
In
re
Martínez,
Odell
II,
148
D.P.R. 636 (1999).
Asimismo, hemos expresado que la firma de un abogado en
una moción tiene el efecto legal de un juramento, y que la
declaración bajo juramento de hechos falsos constituye una
violación
del
Canon
35,
supra.
Íd.;
Regla
9.1
de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. II R. 9.1.
B.
Por otro lado, el Canon 37, supra, preceptúa que:
La participación del abogado en negocios o
actividades de venta de bienes, agencias de cobro,
fianzas u otros servicios comerciales propios o
pertenecientes a otras personas no es una actividad
propia de la buena práctica de la profesión si tal
negocio o actividad tiene el fin directo o
indirecto de proporcionarle trabajo profesional
lucrativo que de otra forma el bufete no hubiese
obtenido.
En In re Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4 (1977), se le
presentaron ocho cargos de violaciones éticas a un abogado
por su relación abogado-cliente en distintos escenarios. En
cuanto a cuatro de ellos, concluimos que existió una relación
de negocios entre el querellado y sus clientes, sobre la
compra
y
produjeron
venta
de
bienes
consecuencias
inmuebles
perjudiciales
y
préstamos,
para
los
que
clientes.
Entre las transacciones, hubo una en la que el querellado y
su
esposa
representaron
a
una
clienta
en
un
pleito
de
divorcio. A solicitud del querellado, la clienta le prestó a
éste una suma de dinero, que constituía su participación en
la sociedad legal de bienes gananciales.
Al finalizar el
litigio, esto tuvo la consecuencia de que, tras el abogado
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quedarse sin fondos, la clienta recibió una cantidad menor de
la que le correspondía.
Allí aplicamos, sin mayor discusión, el Canon 37, supra,
y sostuvimos que la participación del abogado en negocios o
actividades de venta de bienes u otros servicios comerciales
no
es
una
actividad
propia
de
la
buena
práctica
de
la
profesión, cuando ello le genera más trabajo profesional que
de otra forma no hubiese obtenido. Ello, expresamos, es una
desviación de las normas de conducta profesional que debe
observar
puntillosamente
todo
el
que
tiene
privilegio
de
ejercer la profesión. Íd.
En In re Humberto Ramírez Ferrer, 147 D.P.R. 607 (1999),
se le imputó a un abogado haber retenido un dinero de un
préstamo hipotecario otorgado por la casa hipotecaria que
éste presidía, sin realizar las contraprestaciones acordadas
a
cambio
de
esas
sumas.
En
este
caso
resolvimos
que
el
abogado siempre se desempeñó en calidad de agente de la casa
hipotecaria y en ningún momento le prestó servicios legales a
la quejosa. Por lo tanto, no surgía del expediente del caso
que el querellado hubiese utilizado la casa hipotecaria para
allegarse trabajo como abogado y, de esa forma, resolvimos
que no se violó el Canon 37, supra.
En
In
re
Rivera
Vicente,
172
D.P.R.
349
(2007),
enfrentamos un asunto en el que un bufete de abogados creó
una empresa con el propósito de ayudar a una agencia de
gobierno a implantar un proyecto de reciclaje. La agencia de
gobierno contrató a la empresa y, como parte del acuerdo, le
reconoció el derecho a contratar asesoría legal. Luego, la
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empresa
9
contrató
al
mismo
bufete
que
la
creó.
Allí,
analizamos si el querellado, como miembro del bufete, había
violado el Canon 37, supra. Resolvimos que éste no se violó
porque, a pesar de que el bufete había utilizado a la empresa
para
agenciarse
más
trabajo
legal,
no
podíamos
concluir
necesariamente, ante los hechos presentados, que el bufete no
habría obtenido el trabajo de todas maneras.
Ante esos mismos hechos, en In re Santiago Ríos, supra,
consideramos que cada día es más común que una misma persona
posea
varios
profesional
títulos
está
profesionales.
legítimamente
En
consecuencia,
permitido
a
cada
desempeñar
libremente cualquiera de esas profesiones en las que se ha
entrenado.
Conscientes
de
los
diversos
roles
que
puede
desempeñar el profesional del Derecho, se han creado reglas
específicas
en
códigos
modelos
para
evitar
los
posibles
conflictos de intereses. Esto está ampliamente regulado en
nuestro Código de Ética Profesional, supra, específicamente,
bajo las regulaciones de conflictos de interés. No obstante,
en esa ocasión tampoco encontramos suficiente evidencia que
demostrara que el querellado hubiera utilizado su posición
como Presidente de la empresa creada por el bufete con el fin
directo
o
lucrativo
indirecto
que
de
de
otra
proporcionarse
forma
no
trabajo
hubiese
profesional
obtenido.
Por
lo
tanto, concluimos que tampoco se había violado el Canon 37,
supra.
Asimismo,
ejercer
la
práctica
distintas
de
profesiones
brindar
varios
servicios
simultáneamente
ha
o
sido
discutida en la literatura sobre ética profesional. En ese
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sentido, en su obra sobre ética en la abogacía, Sigfrido
Steidel
Figueroa
actividad
expresa
comercial
que
que
“es
por
su
difícil
propia
concebir
una
naturaleza
sea
inherentemente conflictiva con el ejercicio de la abogacía…
lo que la ética y las normas disciplinarias prohíben es que
un
abogado
pudieran
se
involucre
ser
en
conflictivas
actividades
con
su
comerciales
particular
que
práctica
profesional”. S. Steidel Figueroa, Ética y Responsabilidad
Disciplinaria del Abogado, 1era ed., San Juan, Publicaciones
J.T.S., 2010, pág. 147. Lo que se busca es que los intereses
del abogado no entren, de ninguna manera, en conflicto con
los intereses del cliente a quien viene llamado a defender.
In re Toro Cubergé, 140 D.P.R. 523 (1996).
De
otra
comerciales
parte,
entre
inherentemente
Steidel
un
añade
abogado
sospechosas,
que:
y
un
no
sólo
“las
cliente
transacciones
se
porque
consideran
el
juicio
profesional del abogado podría comprometerse, sino también
por la naturaleza desigual de la relación abogado-cliente”.
Íd. pág. 227.
Se presume que en la relación abogado-cliente
el abogado adquiere información privada del cliente y éste, a
su vez, deposita su confianza y lealtad en el abogado, y eso
lo
hace
susceptible
de
múltiples
abusos.
In
re
Morell,
Alcover, 158 D.P.R. 791 (2003).
C.
Por
su
parte,
el
Canon
38,
supra,
establece,
pertinente, que:
El abogado deberá esforzarse, al máximo de su
capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de
su profesión, aunque al así hacerlo conlleve
en
lo
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sacrificios personales y debe evitar hasta la
apariencia de conducta profesional impropia.… Por
razón de la confianza en él depositada como miembro
de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto
en su vida privada como en el desempeño de su
profesión, debe conducirse en forma digna y
honorable. Íd.
La justicia debe ser inmaculada, tanto en su realidad
interior
como
en
la
percepción
externa.
In
re
Rodríguez
Torres, 104 D.P.R. 758 (1976). Cuando la conducta que se le
imputa a un abogado demuestra que no se conduce de forma
digna y honorable, viola el Canon 38. In re Roldán, supra; In
re Pagán Pagán, 171 D.P.R. 975 (2007).
Como
se
sabe,
todo
abogado
debe
evitar
hasta
la
apariencia de conducta impropia. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 38.
Esta exigencia se fundamenta “en la idea de que la confianza
e imagen de la profesión se lacera no sólo cuando se viola
una norma específica de los cánones de ética profesional,
sino también cuando la conducta del abogado parece impropia”.
Steidel Figueroa, op. cit., pág. 57.
III.
Al analizar la conducta del abogado de epígrafe, a la luz
de los fundamentos antes expuestos, no es necesario abundar
sobre la violación del Canon 35, supra, que se le imputa.
Basta decir que el licenciado admitió haber hecho un recuento
fáctico confuso, que se pudo aclarar gracias a la explicación
provista por la Procuradora General. Esto es, el licenciado
Pons Fontana faltó a la verdad al intentar hacernos creer,
como parte del proceso disciplinario que, al momento en que
trató de conseguir que le contratasen como corredor exclusivo
de bienes raíces para la venta de las propiedades gananciales
CP-2010-14
objeto
12
de
Agosto.
litigio,
Ante
tal
no
representaba
admisión,
a
la
señora
Martínez
encontramos
probado
que
el
licenciado Pons Fontana incurrió en la violación al Canon 35
del Código de Ética Profesional, supra, al faltar a su deber
de honradez y sinceridad.
No
cabe
duda
exposición
de
de
que,
hechos
ante
nos,
debió
presentar
sincera
y
acertada
una
sobre
las
circunstancias en que surgió la preocupación ética sometida
por el Tribunal de Primera Instancia que dio paso al presente
caso. Es evidente que faltar a la verdad durante un proceso
disciplinario
ante
nos
es
incongruente
con
el
deber
de
exaltar el honor y la dignidad de la profesión, principio que
busca proteger, a su vez, el Canon 38, supra. La abogacía,
como hemos dicho, descansa en la expectativa de confianza y
honestidad que tanto este Tribunal como la ciudadanía esperan
de sus miembros.
Somos
conscientes
de
que
al
querellado
no
se
le
presentaron cargos éticos sobre conflictos de interés, por lo
que no le enjuiciamos bajo los Cánones que regulan dicha
conducta.
No
obstante,
entendemos
que
el
licenciado
Pons
Fontana utilizó su influencia, ganada a través de la relación
profesional
trabajo
que
sostenía
adicional
como
con
su
corredor
clienta,
de
bienes
para
agenciarse
inmuebles.
Al
hacerlo, se colocó en una posición cuestionable desde el
punto de vista ético, pues dependiendo del desenlace de los
litigios en los que era parte su clienta, el abogado pudo
haber creado una expectativa de lucro a través de la venta de
los inmuebles en controversia. Ello nos lleva a concluir que
CP-2010-14
13
el abogado de epígrafe incurrió en una
impropia,
muy
distante
de
lo
que
se
aparente conducta
espera
de
quienes
practican la profesión, máxime cuando la ciudadanía espera
poder depositar su confianza y lealtad en el defensor de sus
derechos.
Esto,
unido
sinceridad,
nos
lleva
Fontana
violó
el
a
a
Canon
la
violación
concluir
38
de
de
su
que
el
los
Cánones
deber
licenciado
de
de
Pons
Ética
Profesional, supra.
No obstante, no podemos concluir que el licenciado Pons
Fontana violó el Canon 37 del Código de Ética Profesional,
supra. Como se desprende de los casos antes mencionados, lo
que el Canon 37 busca evitar es que un abogado utilice otra
industria o negocio para agenciarse trabajo legal lucrativo,
que
de
otra
forma
el
bufete
no
hubiese
obtenido.
En
el
presente caso la controversia está invertida, pues el abogado
aprovechó su práctica como abogado para agenciarse trabajo
adicional en otra industria o negocio.
Entendemos que el licenciado Pons Fontana es sincero al
expresar su pesar y arrepentimiento por estas faltas al punto
de agradecer y pedir disculpas por el tiempo y esfuerzo que
ha
invertido
la
Oficina
de
la
Procuradora
General
y
los
funcionarios de este Tribunal en su caso. Ante los hechos del
presente caso, sin embargo, nos vemos obligados a descargar
nuestra función disciplinaria, con las consecuencias que esto
conlleva.
Por todo lo anterior, brindando particular consideración
–en calidad de atenuantes- a su arrepentimiento al aceptar
los
hechos
imputados
y
al
hecho
de
que
el
abogado
ha
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14
practicado
la
profesión
sin
tachaduras
desde
suspendemos
al
licenciado
Pons
Fontana
la
de
1986,
profesión
durante un término de tres meses.
El licenciado Pons Fontana notificará a sus clientes que
por
motivo
de
la
suspensión
no
puede
continuar
con
su
representación legal, y devolverá a éstos los expedientes de
cualquier
caso
pendiente
y
los
honorarios
recibidos
por
trabajos no realizados. De igual manera, deberá informar de
su
suspensión
a
cualquier
sala
del
Tribunal
General
de
Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso
pendiente. Además, se ordena al Alguacil General de este
Tribunal que se incaute la obra notarial del licenciado Pons
Fontana.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: Sigfredo Pons Fontana
CP-2010-14
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la
presente Sentencia, se suspende al licenciado Pons
Fontana de la profesión durante un término de tres meses.
El licenciado Pons Fontana notificará a sus clientes
que por motivo de la suspensión no puede continuar con su
representación legal, y devolverá a éstos los expedientes
de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos
por trabajos no realizados. De igual manera, deberá
informar de su suspensión a cualquier sala del Tribunal
General de Justicia o foro administrativo en el que tenga
algún caso pendiente. Además, se ordena al Alguacil
General de este Tribunal que se incaute la obra notarial
del licenciado Pons Fontana.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora
Pabón Charneco concurre con el resultado sin opinión
escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo