Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Ángel Figueroa Vivas
2011 TSPR 103
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Ángel Figueroa Vivas
TS-4270
Solicitud de Reinstalación – Se deniega solicitud
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
2011 TSPR 103
182 DPR ____
Ángel Figueroa Vivas
Número del Caso: TS 4270
Fecha: 29 junio de 2011
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Felipe Benicio Sánchez
Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía:
Lcdo. Doel Quiñones Núñez
Lcda. Belén Guerrero Calderón
L cda. Waleska Delgado Marrero
Lcdo. Héctor Saldaña
Dr. Robert Stolberg
Procurador Especial de la Comisión de Reputación
Lcdo. Alcides Oquendo Solís
Oficina de la Procuradora General
Lcda. Edna E. Rodríguez Benítez
Procuradora General Auxiliar
Lcda. María A. Hernández Martín
Procuradora General Auxiliar
Materia: Solicitud de Reinstalación
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.
Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
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l proceso de
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-4270
ÁNGEL FIGUEROA VIVAS
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2011.
El
Sr.
Ángel
Figueroa
Vivas
fue
admitido
al
ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1973 y al
de la notaría el 27 de septiembre de 1973. El 21 de
febrero
de
1991
este
Tribunal
lo
separó
permanentemente del ejercicio de la abogacía y la
notaría. In re Colton Fontán, 128 D.P.R. 1 (1991).
Los hechos que provocaron la sanción disciplinaria
tienen su génesis en los actos y omisiones del señor
Figueroa
Vivas
como
director
del
Negociado
de
Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de
Justicia
de
Puerto
Rico,
en relación
con los
TS-4270
2
hechos acontecidos en el Cerro Maravilla el 25 de julio de
1978.
En
In
concluimos
re
que
Colton
el
Fontán,
señor
supra,
Figueroa
págs.
Vivas
112-113,
incurrió
en
negligencia crasa que violaba los Cánones 5, 15, 18, 35 y
38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.
En
lo
relativo
a
la
actuación
del
señor
Figueroa
Vivas, mencionamos:
Es obvio que el 17 de agosto de 1978 coaccionó
al policía Quiñones Quiñones y ejerció presión
indebida
sobre
él
para
que
alterara
su
declaración sobre las dos ráfagas de disparos,
hecho que era incompatible con la versión de
defensa propia de la Policía. Sin explicación,
destruyó además parte de la declaración jurada
inicial que ese testigo le ofreció esa fecha.
Además, Colton Fontán y Figueroa Vivas, en
su desempeño como fiscales independientes y
actuando combinadamente, el 17 de agosto de 1978
le
ofrecieron
empleo
al
testigo
Quiñones
Quiñones, y el 26 de julio de 1978, sin previo
aviso, se personaron a su residencia en Ponce y
lo amenazaron con formularle acusaciones por
varios delitos si no alteraba su declaración.
In re Colton Fontán, supra, págs. 107-108.
Una lectura de los párrafos anteriores demuestra que
no solo sancionamos al señor Figueroa Vivas por conducir
una
investigación
de
forma
negligente;
también
lo
sancionamos por intentar ocultar la verdad de los hechos
del Cerro Maravilla. El peticionario coaccionó a testigos
que
participaron
declaraciones
proceder,
en
la
juradas
encubrió
los
investigación.
de
testigos
hechos
que
Además,
destruyó
importantes.
ocurrieron
el
Al
25
así
de
julio de 1978 en el Cerro Maravilla.
Tiempo después, el señor Figueroa Vivas presentó una
“Solicitud
de
reapertura
del
caso,
nombramiento
de
TS-4270
3
Comisionado Especial y/o se deje sin efecto sentencia”.
Mediante Resolución de 4 de marzo de 1994, declaramos no
ha lugar dicha moción. In re Colton Fontán, 135 D.P.R. 259
(1994).
Posteriormente,
el
20
de
peticionario
solicitó
procedimiento
disciplinario
en
septiembre
2002
una
de
marzo
nuevamente
emitimos
la
su
de
1996
el
reapertura
del
contra.
El
11
de
Resolución
en
la
que
denegamos su solicitud. Al así proceder, concluimos que el
peticionario no cumplió con los requisitos dispuestos en
la Regla 188(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.
II, para que prospere una moción de nuevo juicio fundada
en
el
descubrimiento
de
prueba
nueva.
In
re
Figueroa
Vivas, 158 D.P.R. 1, 53 (2002).
Nuevamente,
el
10
de
diciembre
de
2003
el
señor
Figueroa Vivas presentó ante este Foro una petición de
reinstalación al ejercicio de la abogacía que declaramos
no ha lugar el 23 de enero de 2004. El 10 de octubre de
2007 el señor Figueroa Vivas presentó una segunda petición
de reinstalación que también declaramos no ha lugar el 23
de octubre de 2007. Posteriormente, presentó una moción de
reconsideración que consideramos afirmativamente el 13 de
noviembre de 2007. Por tal razón, referimos el asunto a la
Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la
Abogacía.
Luego de concluir con los trámites de publicación de
edictos,
la
Comisión
de
Reputación
celebró
vistas
evidenciarias los días 7 de abril de 2008, 5 de agosto de
TS-4270
4
2008 y 4 de marzo de 2009. En ellas, testificaron las
siguientes personas: el Lcdo. José Romo Matienzo, el Sr.
Perfecto Acevedo Torres, el Sr. Aníbal Vázquez Carrión, el
Lcdo. Aníbal Medina Ríos, el Sr. Jorge Burgos Ramos, el
Lcdo.
Eduardo
A.
Escribano
Román
Figueroa Vivas. Por considerarla
representación
legal
disposición
la
de
del
señor
Procuradora
y
el
peticionario
prueba acumulativa, la
Figueroa
Vivas
colocó
General
del
Procurador
y
a
Especial de la Comisión de Reputación los testimonios del
Lcdo. Genaro Rodríguez Gerena, del Lcdo. Carlos I. Dávila
Coca,
del
Dr.
Orlando
Rafael
O´Neill,
del
Sr.
Víctor
Maldonado Viera, del Sr. Buenaventura Quiñones Matos, del
Sr. Ángel Figueroa Cruz y del Sr. Harry Robles.
Al culminar la presentación de la prueba testifical,
la Procuradora General sometió su informe oponiéndose a la
reinstalación del señor Figueroa Vivas a la profesión de
la
abogacía.
Fundamentó
su
recomendación
en
la
actitud
asumida por el peticionario a través de los años, de negar
responsabilidad
por
sus
actuaciones.
El
peticionario
presentó una réplica al informe de la Procuradora General.
En la réplica el peticionario cuestionó las que considera
las
verdaderas
razones
que
llevaron
a
la
Procuradora
General a no recomendar su reinstalación. Finalmente, la
Comisión de Reputación presentó el 8 de noviembre de 2009
ante
la
“Informe
Secretaría
al
de
Tribunal
este
foro
Supremo”.
un
documento
En
ese
titulado
documento,
la
Comisión de Reputación recomendó denegar la solicitud de
reinstalación porque la comunidad estaría en riesgo.
TS-4270
5
Antes de entrar en los méritos de la negativa de la
Comisión
de
Reputación
de
reinstalar
al
señor
Figueroa
Vivas, es menester considerar los hallazgos que surgen de
los
testimonios
prestados
en
las
vistas
y
de
los
conocer
al
documentos sometidos en evidencia.
I
El
licenciado
peticionario
desde
Romo
su
Matienzo
juventud,
testificó
pues
su
familia
es
de
Luquillo, y el señor Figueroa Vivas fue maestro de química
en ese pueblo. Indicó que fueron compañeros de trabajo en
el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) cuando
ocurrieron
los
hechos
que
dieron
lugar
a
la
sanción
disciplinaria. Además, reveló que fue testigo del Fiscal
Especial Independiente durante las vistas celebradas en
1987 sobre los hechos del Cerro Maravilla. Por último,
señaló
que
no
tiene
reparo
a
la
reinstalación
del
peticionario.
Por otro lado, el señor Acevedo Torres indicó que es
vecino del señor Figueroa Vivas y que frecuentan la misma
congregación religiosa. Señaló, además, que lo conoce hace
aproximadamente veinte años y que el peticionario siempre
ha sido un buen vecino que socorre a los demás. El señor
Vázquez Carrión, residente del municipio de Cidra, conoce
al peticionario desde su adolescencia. Aunque la relación
entre
ellos
no
es
cotidiana
lo
considera
una
persona
distinguida del municipio de Luquillo.
El
señor
licenciado
Figueroa
Medina
Vivas
hace
Ríos
diez
testificó
años.
Lo
que
conoce
al
considera
su
TS-4270
6
cliente y amigo. A pesar de que conoce los hechos que
dieron lugar a la acción disciplinaria porque su esposa
fue abogada del peticionario, prefirió no compartir esa
información por motivo del privilegio abogado-cliente. En
suma, expresó que el peticionario goza de buena reputación
y es muy profesional en el desempeño de sus labores.
Asimismo,
el
señor
Burgos
Ramos,
vecino
del
señor
Figueroa Vivas, expuso que éste es muy servicial en su
comunidad
y
ayuda
a
las
personas
necesitadas.
Además,
indicó que hasta el momento no ha oído nada negativo sobre
el peticionario en su comunidad.
Además, todos los testigos puestos a la disposición
de
los
procuradores
por
constituir
prueba
acumulativa,
declararon que el peticionario goza de buena reputación y
de
una
integridad
moral
intachable
en
la
comunidad
en
donde reside.
El
señor
manifestó
que
Figueroa
Cruz,
su
estudia
padre
hijo
con
del
peticionario,
regularidad
las
opiniones que publica el Tribunal Supremo en su portal
interactivo.
Por
otra
parte,
indicó
que
su
padre
le
inculca valores de honestidad, honradez y respeto por los
derechos ajenos, a las personas con quien comparte.
Por su parte, el licenciado Escribano Román reconoció
que
no
conoce
al
peticionario,
por
lo
que
no
podía
manifestar si éste se había rehabilitado. Tampoco podía
testificar si el peticionario gozaba de buena reputación
en la comunidad. Aunque aseguró que cree en el concepto de
TS-4270
7
rehabilitación,
no
estaba
convencido
de
que
el
peticionario lo haya demostrado.
Finalmente testificó el peticionario, señor Figueroa
Vivas. Éste aceptó que cometió un error al dar crédito a
las
declaraciones
de
policías
mendaces.
No
obstante,
indicó que no tiene que arrepentirse de nada porque no
actuó
de
manera
ilegal.
En
específico,
el
peticionario
Figueroa Vivas declaró:
[A] pesar de que yo no fui la persona que le
tomé la declaración, definitivamente a la luz de
toda la prueba, admito y eso es lo que he señalado,
admito que uno debió haber sido, definitivamente,
más incisivo a los fines de haber tratado de
conseguir alguna inconsistencia que pudiese haber
aclarado el caso. No fue posible, por qué, porque le
di, o sea, hasta cierto punto uno puede decir, fue
cándido al uno al aceptar la versión de los
policías.
Apéndice, pág. 106.
De igual forma, el señor Figueroa Vivas señaló que, a
su juicio, se ha mantenido al día sobre el desarrollo del
Derecho puertorriqueño. Reconoció que no ha tomado cursos
de educación continua durante los más de 19 años en que ha
estado
separado
obstante,
del
ejercicio
que
revisa
indicó
de
la
profesión.
periódicamente
el
No
portal
cibernético de la Rama Judicial y que no objeta tener que
tomar un curso de repaso de reválida como condición para
reingresar a la profesión jurídica.
II
Reiteradamente
hemos
expresado
que
este
Tribunal
tiene el poder inherente y exclusivo para admitir abogados
a la práctica de la profesión. In re Gervitz Carbonell,
TS-4270
8
162 D.P.R. 665, 699 (2004); In re Bosch, 65 D.P.R. 248
(1945); Ex parte Jiménez, 55 D.P.R. 54 (1939). En virtud
de ese poder inherente, tenemos la facultad de reinstalar
abogados
que
han
sido
desaforados.
In
re
Ramírez
de
Arellano, 173 D.P.R. 822 (2008); In re Colton Foltán I,
154 D.P.R. 466 (2001).
Al analizar si procede una solicitud de reinstalación
de
un
abogado
considerar
no
que
ha
es
sido
si
desaforado,
el
la
cuestión
peticionario
ha
a
sido
suficientemente castigado, sino si en el momento de la
solicitud goza de tal reputación que justifique permitirle
de nuevo que ejerza la profesión. En otras palabras, lo
importante es la integridad moral del peticionario en la
actualidad.
In
re
Pacheco
Nieves,
135
D.P.R.
95,
99
(1994); In re Rivera Cintrón, 120 D.P.R. 706, 708 (1988);
In re Cardona Vazquez, 112 D.P.R. 686, 689 (1982); In re
González,
60
D.P.R.
94,
97-98
(1942);
In
re
Figueroa
Maestre, 38 D.P.R. 955 (1928); In re Torregrosa, 34 D.P.R.
312 (1925).
En In re Pacheco Nieves, supra, pág. 98, mencionamos
que “una persona que genuinamente se entiende inocente de
unos
hechos
delictivos
que
le
fueron
imputados
en
el
pasado no debe ser obligada a „aceptar‟ su culpabilidad
como
condición
sine
qua
non
para
su
readmisión
a
la
profesión”. Al aplicar tácitamente la doctrina esbozada en
Pacheco
Nieves,
supra,
abogados
desaforados
hemos
convictos
ordenado
de
la
delitos
readmisión
que
de
implican
depravación moral y que no se arrepienten de la conducta
TS-4270
9
que dio lugar al desaforo. Véanse In re Farinacci García,
163 D.P.R. 688 (2005); In re Malavet Rodríguez, 135 D.P.R.
823 (1994).
En In re Malavet Rodríguez, id., readmitimos al Sr.
José Malavet Rodríguez, quien fue hallado culpable en la
Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico de ayudar y
alentar
(“aiding
and
abetting”)
a
otras
personas
a
presentar documentos fraudulentos y declaraciones falsas
en
solicitudes
de
pasaportes.
En
aquel
momento
reinstalamos al señor Malavet Rodríguez al ejercicio de la
abogacía aunque no se arrepintió de lo que hizo. In re
Malavet Rodríguez, id., pág. 833.
Por
otro
lado,
en
Farinacci
García,
supra,
reinstalamos a un abogado que se declaró culpable de “la
comisión
de
los
delitos
graves
de
transportación
al
extranjero de dinero robado y de conspiración”. Id., pág.
688.
El
Juez
Asociado señor
RIVERA PÉREZ
señaló
en su
Opinión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado
señor CORRADA DEL RÍO, que “[e]l peticionario no demuestra
arrepentimiento
por
sus
actuaciones
constitutivas
de
delito grave. Justifica estas actuaciones a base de una
alegada situación y la presencia de unas condiciones en
Puerto Rico para la época en que incurrió en tal conducta
delictiva.” Íd., págs. 697-698. Aun así reinstalamos al
señor Farinacci García aunque no mostró
arrepentimiento
por la conducta que dio lugar al desaforo.
Por
otro
lado,
en
In
re
Colton
Foltán
I,
supra,
readmitimos al Sr. Pedro Colton Foltán al ejercicio de la
TS-4270
10
abogacía, luego de que decretamos su separación indefinida
junto
al
peticionario
Figueroa
Vivas
en
In
re
Colton
Foltán, supra. Al así proceder, expresamos:
Al solicitar su rehabilitación un abogado
que ha sido desaforado, la médula de la cuestión
no es si dicho abogado ha expiado su culpa ni si
ha sido suficientemente castigado, sino más bien
si en el momento de la solicitud él goza de tal
reputación que justifique su readmisión a dicho
ejercicio, es decir, si su integridad moral
amerita su rehabilitación.
In re Colton Foltán I, supra, pág. 471, citando
In re Charneco, 72 D.P.R. 897, 898 (1951).
Es
litiga
decir,
en
el
proceso
de
nuevamente
el
asunto
asuntos
o
reinstalación
que
“no
se
previamente
motivaron la suspensión del abogado. Sólo se evalúa si la
conducta
de
suspensión,
Steidel
del
un
lo
hace
Figueroa,
abogado,
abogado
suspendido,
acreedor
Ética
y
Publicaciones
de
su
posterior
a
la
reinstalación”.
S.
responsabilidad
disciplinaria
J.T.S.,
pág.
2010,
370-371.
Véase In re Carbone Rosario, 166 D.P.R. 396, 398 (2005).
Por otra parte, en casos de readmisión al ejercicio
de
la
profesión,
persona
que
el
peso
solicita
de
la
la
prueba
recae
reinstalación.
sobre
Esta
la
“debe
demostrar que su conducta moral ha variado hasta alcanzar
el grado y medida necesarios en que ese atributo resulta
indispensable
para
estimarle
capacitado
para
descargar
intelectual y éticamente los deberes y obligaciones que se
esperan de todo abogado”. In re Cardona Vázquez, supra,
pág. 689.
TS-4270
11
III
Aparte de la jurisprudencia antes citada, en nuestra
jurisdicción
regule
lo
no
contamos
relativo
al
con
un
proceso
cuerpo
de
de
reglas
reinstalación
de
que
los
abogados desaforados. Para suplir esa laguna, es necesario
que acudamos a nuestras decisiones anteriores y al Derecho
comparado.
La American Bar Association (ABA) publicó en 1989 las
Reglas
Modelo
para
Disciplinarios
contra
Responsability,
Model
Enforcement,
la
Aplicación
Abogados.
Rules
Illinois,
de
Center
for
American
Bar
los
Procesos
for
Professional
Lawer
Disciplinary
Association,
2007.
Dentro de dicho cuerpo de reglamentación, la Regla 25,
inciso (E) (Regla Modelo 25(E) de la ABA), trata sobre los
criterios
a
considerarse
cuando
se
solicita
una
reinstalación luego de un periodo de suspensión de más de
seis
meses.
Íd.,
pág.
25.
La
regla
dispone
en
pertinente:
Un abogado solo puede ser reinstalado o
readmitido si reúne cada uno de los siguientes
criterios, o si presenta razones suficientes y
válidas que justifiquen su reinstalación o
readmisión:
(1) El abogado ha cumplido plenamente con los
términos
y
condiciones
de
las
órdenes
disciplinarias anteriores.
(2) El abogado no ha participado ni intentó
participar en la práctica no autorizada de la
profesión durante el período de suspensión o
inhabilitación.
(3)
...
(4)
El
abogado
reconoce
la
ilicitud
y
la
lo
TS-4270
12
gravedad de las faltas cometidas por las que se
le suspendió.
(5) El abogado no ha incurrido en una falta de
conducta profesional desde la suspensión o
inhabilitación.
(6) A pesar de la conducta por la que fue
sancionado el abogado, éste tiene la honestidad
y la integridad necesaria para ejercer la
abogacía.
(7) El abogado se ha mantenido informado sobre
la evolución del Derecho y es apto para
practicar
ante los tribunales (traducción
nuestra).
(8)
... 1
1
Adviértase que no abordamos el tercer criterio
porque éste trata sobre la incapacidad física y mental del
abogado, tema que no tenemos ante nuestra consideración.
Tampoco discutimos el octavo criterio por entender que no
está en armonía con nuestros pronunciamientos anteriores
en materia de reinstalación. Sin embargo, presentamos en
su totalidad el texto original en inglés:
“RULE 25. REINSTATEMENT AFTER
THAN SIX MONTHS AND READMISSION
SUSPENSION
FOR
MORE
(A)...
(E)
Criteria for Reinstatement and Readmission.
A lawyer may be reinstated or readmitted only if the
lawyer meets each of the following criteria, or, if not,
presents good and sufficient reason why the lawyer should
nevertheless be reinstated or readmitted:
(1) The lawyer has fully complied with the terms
and conditions of all prior disciplinary orders except to
the extent that they are abated under Rule 26.
(2) The lawyer has not engaged nor attempted to
engage in the unauthorized practice of law during the
period of suspension or disbarment.
(3) If the lawyer was suffering under a physical
or mental disability or infirmity at the time of
suspension or disbarment, including alcohol or other drug
abuse, the disability or infirmity has been removed. Where
alcohol or other drug abuse was a causative factor in the
lawyer's misconduct, the lawyer shall not be reinstated or
readmitted unless:
(continúa...)
TS-4270
Lo
13
mismo
que
disponen
estos
criterios
surge
de
nuestra jurisprudencia. Por eso, la Regla Modelo 25(E) nos
sirve de ayuda para evaluar la solicitud de reinstalación
del peticionario Figueroa Vivas. El primer criterio busca
asegurarse de que el abogado desaforado cumpla cabalmente
con
las
órdenes
que
emita
el
organismo
que
ejerce
la
función disciplinaria. Como mencionamos en Ramos Acevedo
v.
Tribunal
abogados
Superior,
son
133
D.P.R.
“funcionarios
del
599,
631
(1993),
tribunal”
y
los
deben
obediencia a éste. De igual forma, el Canon 9, 4 L.P.R.A.
Ap.
IX,
exige
que
los
abogados
mantengan
hacia
los
tribunales una conducta que “se caracterice por el mayor
respeto”. Al adoptar el primer criterio, no hacemos otra
(a) the lawyer
rehabilitative treatment;
has
pursued
appropriate
(b) the lawyer has abstained from the use
of alcohol or other drugs for at least [one year]; and
(c) the lawyer is likely
abstain from alcohol or other drugs.
to
continue
to
(4) The lawyer recognizes the wrongfulness and
seriousness of the misconduct for which the lawyer was
suspended or disbarred.
(5) The lawyer has not engaged in any other
professional misconduct since suspension or disbarment.
(6) Notwithstanding the conduct for which the
lawyer was disciplined, the lawyer has the requisite
honesty and integrity to practice law.
(7) The lawyer has kept informed about recent
developments in the law and is competent to practice.
(8) In addition, a lawyer who has been disbarred
must pass the bar examination and the character and
fitness examination.”
TS-4270
14
cosa que reafirmar la norma plasmada en el Canon 9 y en
Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, supra. Véase, además,
el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.
Ap. IX.
El segundo criterio tiene como propósito asegurar que
el
abogado
desaforado
ilícitamente
durante
no
el
practique
término
de
la
profesión
la
sanción.
Anteriormente en In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210
(2007),
sancionamos
suspendido
de
la
a
un
abogado
abogacía,
creó
que
mientras
la
impresión
estaba
en
la
ciudadanía de que ejercía la profesión. Por tal motivo,
concluimos que el licenciado Gordon Menéndez “estuvo en el
umbral de la comisión del delito de la práctica ilegal de
la profesión de abogado”.
adoptar
el
segundo
Íd., pág. 219.
criterio
nos
Así pues, al
aseguramos
de
que
la
situación lamentable que ocurrió en In re Gordon Menéndez
I, supra, no vuelva a suceder.
El cuarto criterio de la Regla Modelo 25(E) requiere
que la persona que solicita la reinstalación reconozca la
seriedad y consecuencias de la conducta que lo llevó al
desaforo. Véase In re Roundtree, 503 A.2d 1215, 1217 (D.C.
App. 1985). Aunque la regla no exige que la persona se
arrepienta de la conducta que dio lugar al desaforo, sí es
preciso
que
reconozca
su
gravedad.
Al
reconocer
la
seriedad de la conducta, la persona disciplinada tiene la
oportunidad de reflexionar sobre ella y tomar las medidas
necesarias para que no vuelva a suceder.
TS-4270
15
Con ese mismo enfoque, en
D.P.R.
346,
Disdier
a
sopesamos
(1952)
la
el
In re Cruz Disdier, 73
reinstalamos
profesión
testimonio
legal.
del
al
En
señor
Sr.
Silvestre
aquella
Cruz
Cruz
ocasión,
Disdier.
Al
preguntársele si había analizado y apreciado la gravedad
de los actos, el señor Cruz Disdier mencionó:
Eso me ha hecho pensar detenidamente. Me ha
hecho meditar mucho y he sufrido terriblemente
las consecuencias de mi separación y si el
Tribunal
me
concede
otra
vez
volver
al
ejercicio, lo haría únicamente cumpliendo con
las leyes; resolvería todos los asuntos de mi
mejor buena fe, sin perjuicio para nadie, sin
perjudicar a nadie, solamente por el medio de
ayudar a mi familia.
Íd., pág. 352.
Manifestó, además, que se sentía arrepentido así como
moral y espiritualmente reformado y regenerado. Íd. Como
se aprecia, aunque no señalamos expresamente que reconocer
la gravedad de la conducta que dio lugar al desaforo fuese
un requisito imprescindible para demostrar rehabilitación,
ese factor fue determinante para ordenar la reinstalación
del abogado. Al adoptar el cuarto criterio de la Regla
Modelo 25(E), reafirmamos el análisis que utilizamos en In
re Cruz Disdier, id., porque es medular para demostrar la
rehabilitación
del
abogado
que
solicita
reinstalación.
Reafirmamos también, como dijimos en In re Pacheco Nieves,
supra, que aunque no se puede exigir la aceptación de
culpa como requisito sine qua non para la readmisión de un
abogado, sí se le exige que esté rehabilitado. Ese proceso
comienza, de ordinario, cuando el solicitante acepta su
TS-4270
16
responsabilidad por los hechos que llevaron a su desaforo.
In re Pacheco Nieves, id.
El quinto criterio de la Regla Modelo 25(E) busca
asegurarse de que la persona que solicita la reinstalación
no ha transgredido los contornos éticos durante el tiempo
de suspensión. De igual modo, por ejemplo, hemos señalado
que el abogado que practica la profesión legal mientras
está suspendido de su ejercicio incurre en “un desafío
insólito
a
nuestro
poder
inherente
para
reglamentar
la
profesión”. In re Gordon Menéndez I, supra, pág. 215. Al
adoptar el quinto criterio, reafirmamos el Preámbulo del
Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, que impone
a los abogados “el deber de desempeñar su alto ministerio
con la mayor y más excelsa competencia, responsabilidad e
integridad”.
El sexto criterio tiene como propósito asegurarse de
que la persona que solicite la reinstalación sea honesta e
íntegra. Se puede apreciar que este sexto criterio es el
mismo
que
hemos
jurisdicción,
a
exigido
saber,
que
desde
hace
años
en
nuestra
la
persona
que
solicite
la
reinstalación goce de tal reputación en la comunidad que
justifique
su
admisión
de
nuevo
al
ejercicio
de
la
abogacía. Véanse In re Pacheco Nieves, supra, pág. 99; In
re Rivera Cintrón, supra, pág. 708; In re González, supra,
págs. 97-98, citando a
Figueroa
Maestre,
In re Torregrosa,
supra;
reiterado
en
supra;
In
re
In re
Cardona
Vazquez, supra, pág. 689. Como toda persona desaforada que
TS-4270
17
solicita reinstalación debe cumplir con esta normativa,
avalamos el sexto criterio de la Regla Modelo 25(E).
Finalmente,
regla,
cuyo
acogemos
propósito
es
el
séptimo
asegurar
criterio
que
la
de
esa
persona
que
solicita reinstalación pueda desempeñar con diligencia los
retos
que
representa
ejercer
la
profesión
legal.
En
realidad, hemos aplicado este criterio en el pasado al
ordenar
que
abogados
reválida
antes
de
que
desaforados
tomen
vuelvan
ejercer
a
un
repaso
la
de
profesión
legal. Véanse In re Cotto Vives, 175 D.P.R. 773 (2009); In
re Ramírez de Arellano, supra.
Luego de exponer claramente y sin ambages el Derecho
aplicable, pasemos a evaluar los hechos de este caso.
IV
A pesar de que los hechos que acaecieron el 25 de
julio de 1978 en el Cerro Maravilla y su encubrimiento
posterior fueron funestos y constituyen una página negra
en la historia de Puerto Rico, es preciso tener presente
que
nuestra
tarea
no
es
pasar
juicio
nuevamente
sobre
ellos. Ya lo hicimos en In re Colton Foltán, supra. En
cambio,
tenemos
el
deber
insoslayable
de
aplicar
la
doctrina que con el pasar de los años hemos construido
sobre
el
proceso
de
readmisión,
que
coincide
con
los
criterios de readmisión al ejercicio de la abogacía que
contiene la Regla Modelo 25(E) de la ABA.
En el caso que nos ocupa, la Comisión de Reputación
concluyó que el señor Figueroa Vivas presentó, a través de
su testimonio y el de sus testigos, evidencia de que goza
TS-4270
18
actualmente
de
buena
reputación
en
la
comunidad.
Véase
Informe de la Comisión de
Reputación, pág. 7. De esta
forma,
cumple
el
peticionario
con
la
norma
que
establecimos en In re Charneco, supra, pág. 898 e In re
Colton Foltán I, supra, pág. 471, y con el quinto criterio
de la Regla Modelo 25(E) de la ABA.
Por otra parte, la Comisión de Reputación añade al
análisis criterios de evaluación que no hemos considerado
anteriormente.
En
específico,
menciona
que
existen
jurisdicciones que consideran la naturaleza y gravedad de
los
hechos
que
dieron
lugar
al
desaforo
a
la
hora
de
decidir si readmiten al disciplinado a la profesión. Véase
Informe de la Comisión de Reputación, pág. 7.
No
obstante,
este
Tribunal
nunca
ha
usado
ese
criterio a la hora de reinstalar a un abogado. En cambio,
manifestamos de manera diáfana que el elemento principal
que debemos auscultar es si el peticionario goza de buena
reputación
en
la
reinstalación.
comunidad
In
re
al
momento
Carbone
de
solicitar
Rosario,
la
supra.
Específicamente, en In re Colton Foltán I, supra, págs.
471- 472, rechazamos el criterio que propone la comisión.
Además,
el
señor
Figueroa
Vivas
lleva
casi
veinte
años sin ejercer la profesión. Como es sabido, la falta de
mejoramiento intelectual en el campo legal no se supera
fácilmente.
necesario
El
que
Derecho
los
evoluciona
abogados
se
constantemente
mantengan
al
día
y
es
en
su
desarrollo. Actualmente el peticionario no cumple con el
sexto criterio de la Regla Modelo 25(E) de la ABA, similar
TS-4270
19
a lo que hemos exigido a otros abogados que solicitan
reinstalación.
curso
de
No
obstante,
si
el
peticionario
reválida
estatal,
cumpliría
con
la
toma
un
normativa
expuesta.
Por otro lado, del expediente se desprende que el
peticionario ha cumplido con el primer, segundo y cuarto
criterio de la Regla Modelo 25(E) de la ABA, similares a
nuestra
normativa
peticionario
cumplió
jurisprudencial.
Es
plenamente
nuestras
con
decir,
el
órdenes
disciplinarias, no ha practicado ilícitamente la profesión
ni
ha
violentado
las
normas
del
Código
de
Ética
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. XI.
Por otra parte, la Comisión de Reputación expresó en
su
informe
que
al
peticionario
“no
[le]
cobija
la
posibilidad de indicar que se siente genuinamente inocente
y
por
lo
tanto,
arrepentimiento”.
pág.
8.
En
[que]
no
se
le
puede
exigir
Informe de la Comisión de Reputación,
otras
palabras,
la
Comisión
de
Reputación
parece exigir al peticionario como condición sine qua non
para
su
reinstalación
a
la
profesión,
que
muestre
arrepentimiento por sus acciones. Expresamos justamente lo
contrario en In re Pacheco Nieves, supra.
La Comisión de Reputación intentó diferenciar el caso
de In re Pacheco Nieves, supra, al expresar que en la
situación que ahora nos ocupa “el peticionario [Figueroa
Vivas]
delito
no fue separado de la profesión por cometer un
que
incumplimiento
implica
depravación
de
deberes
los
moral
de
sino
por
diligencia
y
TS-4270
20
competencia”. Informe de la Comisión de Reputación, pág.
8. Es decir, la Comisión de Reputación pretende reducir la
aplicación de la doctrina pautada en In re Pacheco Nieves,
supra, a situaciones en que la persona disciplinada fue
convicta de delito.
No
podemos aceptar la tesis de la
Comisión de Reputación. Es insostenible e ilógico que a un
abogado
a
quien
se
le
encuentra
responsable
ética
y
penalmente por unos hechos delictivos no se le exija tener
que arrepentirse de su conducta pero al que solo se le
procesa
éticamente
y
no
penalmente
sí
se
le
obligue.
Reiteramos que no es un requisito sine qua non mostrar
arrepentimiento por los hechos que dan margen a la acción
disciplinaria para que proceda la reinstalación.
El
como
arrepentimiento,
cualquier
carácter
otra
del
a
o
falta
ser
abogado
de
éste,
considerada
desaforado
es
al
y
evidencia
evaluar
el
determinar
las
repercusiones probables de su solicitud de reinstalación.
In re Malavet Rodríguez, supra, págs. 830-831. Ahora bien,
el tercer criterio de la Regla Modelo 25(E) de la ABA
recoge
nuestro
persona
que
ilicitud
y
requerimiento
solicita
gravedad
suspendió,
aunque
de
que
la
reconozca
la
la
reinstalación
las
faltas
por
las
que
se
le
arrepienta
de
su
conducta
o
de
no
jurisprudencial
se
insista en su inocencia.
En este caso, el señor Figueroa Vivas admite que fue
muy
cándido
al
policías.
Sin
gravedad
e
creer
embargo,
ilicitud
de
ciegamente
el
la
peticionario
la
conducta
versión
no
que
de
reconoce
los
la
determinamos
TS-4270
21
probada, al coaccionar testigos en la investigación del
Cerro Maravilla y al destruir una declaración jurada. En
otras palabras, solo reconoció la gravedad de parte de la
conducta que lo llevó al desaforo, no de su totalidad. Al
así
actuar,
el
peticionario
no
cumple
con
el
tercer
criterio esbozado en la Regla Modelo 25(E) de la ABA y en
nuestra jurisprudencia, para ser reinstalado.
En
In
re
Colton
Foltán
I,
supra,
reinstalamos
al
licenciado Colton Foltán a la profesión legal, luego que
fuera desaforado por la misma serie de hechos por los
cuales
desaforamos
embargo,
al
al
evaluar
peticionario
la
Figueroa
solicitud
de
Vivas.
Sin
reinstalación
sopesamos el hecho de que el señor Colton Foltán estaba
“seriamente arrepentido de la conducta antiética en que
incurrió y por la cual fue disciplinado...”. In re Colton
Foltán I, supra, pág. 470.
Cuando el abogado suspendido reconoce la gravedad e
ilicitud de la conducta que dio lugar al desaforo, nos
coloca
en
posición
de
auscultar
si
realmente
está
rehabilitado para ejercer la profesión legal. Aunque el
arrepentimiento
no
es
una
condición
sine
qua
non
para
reinstalar a un abogado, sí es evidencia de que el abogado
desaforado reconoció la gravedad de la conducta por la
cual se le disciplinó. Como señaló el Juez Asociado señor
REBOLLO LÓPEZ en su Voto particular disidente en In re
Farinacci
García,
rehabilitación
de
supra,
págs.
711-712
quien
solicita
esc.
1,
reinstalación,
la
“de
TS-4270
22
ordinario, comienza al aceptarse responsabilidad por los
hechos que se le imputan”.
TS-4270
23
V
Al analizar el expediente, resulta forzoso concluir
que
el
señor
robusta
y
Figueroa
Vivas
convincente
requisitos
para
que
de
no
que
proceda
presentó
cumple
su
prueba
con
clara,
todos
reinstalación
los
a
la
profesión legal.
El señor Figueroa Vivas probó satisfactoriamente que
actualmente goza de buena reputación en la sociedad. En
específico, presentó el testimonio de más de diez personas
y
la
gran
mayoría
de
ellas
testificaron
que
el
señor
Figueroa Vivas goza actualmente de buena reputación, hecho
que
también
aceptó
la
Comisión
de
Reputación
en
su
informe. Solo el licenciado Escribano Román expresó que el
señor
Figueroa
Vivas
no
está
apto
para
ejercer
la
profesión. Sin embargo, el licenciado Escribano Román no
conoce personalmente al señor Figueroa Vivas ni tampoco le
consta su reputación en la comunidad. Su oposición se basa
en la intervención del peticionario Figueroa Vivas en el
encubrimiento de lo que sucedió en el Cerro Maravilla el
25 de julio de 1978.
Aunque el peticionario no se arrepiente de lo que
hizo, sí reconoció que no actuó de la mejor forma. Además,
señaló
que
detectado
de
la
haber
mentira
actuado
con
de
policías.
los
más
suspicacia
Sin
habría
embargo,
el
peticionario no reconoce la gravedad de la totalidad de
los hechos que dieron lugar al desaforo. No acepta que
coaccionó
testigos
mencionamos
que
ni
este
que
destruyó
criterio
es
evidencia.
importante,
Ya
pues
TS-4270
24
demuestra que la persona está realmente rehabilitada para
ejercer la profesión.
El
peticionario
no
reconoce
la
gravedad
de
la
conducta que dio lugar al desaforo. Al proceder de ese
modo, siembra dudas sobre si realmente está rehabilitado y
cuenta con la entereza moral para ejercer la abogacía.
Independientemente de que no se arrepienta de lo que hizo,
el
peticionario
debe
reflexionar
sobre
la
ilicitud
y
gravedad de la conducta que se le imputó y probó en In re
Colton Foltán, supra. No olvidemos que
“[h]ay profesiones que no se compadecen con los
„términos medios‟, con las „medias tintas‟ en su
ejercicio;
es
tal
la
excelsitud
de
su
ministerio, la delicadeza de su cometido, la
trascendencia de su profesión, que ni la más
leve nota de humana parcialidad puede empañar la
fulgencia de su prestigio”.
In re Malavet Rodríguez, supra, pág. 824,
Opinión disidente del Juez Asociado señor NEGRÓN
GARCÍA, a la cual se unió la entonces Juez
Asociada señora NAVEIRA DE RODÓN, citando a F.
Soto Nieto, Compromiso de Justicia, Madrid, Ed.
Montecorvo, 1987, págs. 29-30.
Considerado todo lo anterior, declaramos no ha lugar
la
moción
de
reconsideración
del
peticionario
Vivas.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Figueroa
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-4270
ÁNGEL FIGUEROA VIVAS
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
integrante de la presente Sentencia, se declara no
ha
lugar
la
moción
de
reconsideración
del
peticionario Figueroa Vivas.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal. El Juez Presidente señor Hernández
Denton y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
concurren con la decisión que emite este Tribunal de
denegar la reinstalación a la abogacía solicitada
por el Sr. Ángel Figueroa Vivas. Entienden que las
razones expuestas en el Informe de la Comisión de
Reputación
de
Aspirantes
al
Ejercicio
de
la
Abogacía, presentado ante nuestra consideración
luego de que dicho cuerpo celebrara tres vistas y
recibiera el testimonio de decenas de personas,
ameritan la denegatoria de la solicitud del señor
Figueroa
Vivas.
Además,
se
reiteran
en
los
criterios para la readmisión a la abogacía expuestos
en el voto particular disidente del Juez Presidente
en In re: Colton Fontán I, 154 D.P.R. 466, 480-487
(2001).
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo