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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Ángel Figueroa Vivas

2011 TSPR 103

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Ángel Figueroa Vivas

TS-4270

Solicitud de Reinstalación – Se deniega solicitud

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

2011 TSPR 103

182 DPR ____

Ángel Figueroa Vivas

Número del Caso: TS 4270

Fecha: 29 junio de 2011

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Felipe Benicio Sánchez

Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía:

Lcdo. Doel Quiñones Núñez

Lcda. Belén Guerrero Calderón

L cda. Waleska Delgado Marrero

Lcdo. Héctor Saldaña

Dr. Robert Stolberg

Procurador Especial de la Comisión de Reputación

Lcdo. Alcides Oquendo Solís

Oficina de la Procuradora General

Lcda. Edna E. Rodríguez Benítez

Procuradora General Auxiliar

Lcda. María A. Hernández Martín

Procuradora General Auxiliar

Materia: Solicitud de Reinstalación

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

l proceso de

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-4270

ÁNGEL FIGUEROA VIVAS

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2011.

El

Sr.

Ángel

Figueroa

Vivas

fue

admitido

al

ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1973 y al

de la notaría el 27 de septiembre de 1973. El 21 de

febrero

de

1991

este

Tribunal

lo

separó

permanentemente del ejercicio de la abogacía y la

notaría. In re Colton Fontán, 128 D.P.R. 1 (1991).

Los hechos que provocaron la sanción disciplinaria

tienen su génesis en los actos y omisiones del señor

Figueroa

Vivas

como

director

del

Negociado

de

Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de

Justicia

de

Puerto

Rico,

en relación

con los

TS-4270

2

hechos acontecidos en el Cerro Maravilla el 25 de julio de

1978.

En

In

concluimos

re

que

Colton

el

Fontán,

señor

supra,

Figueroa

págs.

Vivas

112-113,

incurrió

en

negligencia crasa que violaba los Cánones 5, 15, 18, 35 y

38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

En

lo

relativo

a

la

actuación

del

señor

Figueroa

Vivas, mencionamos:

Es obvio que el 17 de agosto de 1978 coaccionó

al policía Quiñones Quiñones y ejerció presión

indebida

sobre

él

para

que

alterara

su

declaración sobre las dos ráfagas de disparos,

hecho que era incompatible con la versión de

defensa propia de la Policía. Sin explicación,

destruyó además parte de la declaración jurada

inicial que ese testigo le ofreció esa fecha.

Además, Colton Fontán y Figueroa Vivas, en

su desempeño como fiscales independientes y

actuando combinadamente, el 17 de agosto de 1978

le

ofrecieron

empleo

al

testigo

Quiñones

Quiñones, y el 26 de julio de 1978, sin previo

aviso, se personaron a su residencia en Ponce y

lo amenazaron con formularle acusaciones por

varios delitos si no alteraba su declaración.

In re Colton Fontán, supra, págs. 107-108.

Una lectura de los párrafos anteriores demuestra que

no solo sancionamos al señor Figueroa Vivas por conducir

una

investigación

de

forma

negligente;

también

lo

sancionamos por intentar ocultar la verdad de los hechos

del Cerro Maravilla. El peticionario coaccionó a testigos

que

participaron

declaraciones

proceder,

en

la

juradas

encubrió

los

investigación.

de

testigos

hechos

que

Además,

destruyó

importantes.

ocurrieron

el

Al

25

así

de

julio de 1978 en el Cerro Maravilla.

Tiempo después, el señor Figueroa Vivas presentó una

“Solicitud

de

reapertura

del

caso,

nombramiento

de

TS-4270

3

Comisionado Especial y/o se deje sin efecto sentencia”.

Mediante Resolución de 4 de marzo de 1994, declaramos no

ha lugar dicha moción. In re Colton Fontán, 135 D.P.R. 259

(1994).

Posteriormente,

el

20

de

peticionario

solicitó

procedimiento

disciplinario

en

septiembre

2002

una

de

marzo

nuevamente

emitimos

la

su

de

1996

el

reapertura

del

contra.

El

11

de

Resolución

en

la

que

denegamos su solicitud. Al así proceder, concluimos que el

peticionario no cumplió con los requisitos dispuestos en

la Regla 188(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.

II, para que prospere una moción de nuevo juicio fundada

en

el

descubrimiento

de

prueba

nueva.

In

re

Figueroa

Vivas, 158 D.P.R. 1, 53 (2002).

Nuevamente,

el

10

de

diciembre

de

2003

el

señor

Figueroa Vivas presentó ante este Foro una petición de

reinstalación al ejercicio de la abogacía que declaramos

no ha lugar el 23 de enero de 2004. El 10 de octubre de

2007 el señor Figueroa Vivas presentó una segunda petición

de reinstalación que también declaramos no ha lugar el 23

de octubre de 2007. Posteriormente, presentó una moción de

reconsideración que consideramos afirmativamente el 13 de

noviembre de 2007. Por tal razón, referimos el asunto a la

Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la

Abogacía.

Luego de concluir con los trámites de publicación de

edictos,

la

Comisión

de

Reputación

celebró

vistas

evidenciarias los días 7 de abril de 2008, 5 de agosto de

TS-4270

4

2008 y 4 de marzo de 2009. En ellas, testificaron las

siguientes personas: el Lcdo. José Romo Matienzo, el Sr.

Perfecto Acevedo Torres, el Sr. Aníbal Vázquez Carrión, el

Lcdo. Aníbal Medina Ríos, el Sr. Jorge Burgos Ramos, el

Lcdo.

Eduardo

A.

Escribano

Román

Figueroa Vivas. Por considerarla

representación

legal

disposición

la

de

del

señor

Procuradora

y

el

peticionario

prueba acumulativa, la

Figueroa

Vivas

colocó

General

del

Procurador

y

a

Especial de la Comisión de Reputación los testimonios del

Lcdo. Genaro Rodríguez Gerena, del Lcdo. Carlos I. Dávila

Coca,

del

Dr.

Orlando

Rafael

O´Neill,

del

Sr.

Víctor

Maldonado Viera, del Sr. Buenaventura Quiñones Matos, del

Sr. Ángel Figueroa Cruz y del Sr. Harry Robles.

Al culminar la presentación de la prueba testifical,

la Procuradora General sometió su informe oponiéndose a la

reinstalación del señor Figueroa Vivas a la profesión de

la

abogacía.

Fundamentó

su

recomendación

en

la

actitud

asumida por el peticionario a través de los años, de negar

responsabilidad

por

sus

actuaciones.

El

peticionario

presentó una réplica al informe de la Procuradora General.

En la réplica el peticionario cuestionó las que considera

las

verdaderas

razones

que

llevaron

a

la

Procuradora

General a no recomendar su reinstalación. Finalmente, la

Comisión de Reputación presentó el 8 de noviembre de 2009

ante

la

“Informe

Secretaría

al

de

Tribunal

este

foro

Supremo”.

un

documento

En

ese

titulado

documento,

la

Comisión de Reputación recomendó denegar la solicitud de

reinstalación porque la comunidad estaría en riesgo.

TS-4270

5

Antes de entrar en los méritos de la negativa de la

Comisión

de

Reputación

de

reinstalar

al

señor

Figueroa

Vivas, es menester considerar los hallazgos que surgen de

los

testimonios

prestados

en

las

vistas

y

de

los

conocer

al

documentos sometidos en evidencia.

I

El

licenciado

peticionario

desde

Romo

su

Matienzo

juventud,

testificó

pues

su

familia

es

de

Luquillo, y el señor Figueroa Vivas fue maestro de química

en ese pueblo. Indicó que fueron compañeros de trabajo en

el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) cuando

ocurrieron

los

hechos

que

dieron

lugar

a

la

sanción

disciplinaria. Además, reveló que fue testigo del Fiscal

Especial Independiente durante las vistas celebradas en

1987 sobre los hechos del Cerro Maravilla. Por último,

señaló

que

no

tiene

reparo

a

la

reinstalación

del

peticionario.

Por otro lado, el señor Acevedo Torres indicó que es

vecino del señor Figueroa Vivas y que frecuentan la misma

congregación religiosa. Señaló, además, que lo conoce hace

aproximadamente veinte años y que el peticionario siempre

ha sido un buen vecino que socorre a los demás. El señor

Vázquez Carrión, residente del municipio de Cidra, conoce

al peticionario desde su adolescencia. Aunque la relación

entre

ellos

no

es

cotidiana

lo

considera

una

persona

distinguida del municipio de Luquillo.

El

señor

licenciado

Figueroa

Medina

Vivas

hace

Ríos

diez

testificó

años.

Lo

que

conoce

al

considera

su

TS-4270

6

cliente y amigo. A pesar de que conoce los hechos que

dieron lugar a la acción disciplinaria porque su esposa

fue abogada del peticionario, prefirió no compartir esa

información por motivo del privilegio abogado-cliente. En

suma, expresó que el peticionario goza de buena reputación

y es muy profesional en el desempeño de sus labores.

Asimismo,

el

señor

Burgos

Ramos,

vecino

del

señor

Figueroa Vivas, expuso que éste es muy servicial en su

comunidad

y

ayuda

a

las

personas

necesitadas.

Además,

indicó que hasta el momento no ha oído nada negativo sobre

el peticionario en su comunidad.

Además, todos los testigos puestos a la disposición

de

los

procuradores

por

constituir

prueba

acumulativa,

declararon que el peticionario goza de buena reputación y

de

una

integridad

moral

intachable

en

la

comunidad

en

donde reside.

El

señor

manifestó

que

Figueroa

Cruz,

su

estudia

padre

hijo

con

del

peticionario,

regularidad

las

opiniones que publica el Tribunal Supremo en su portal

interactivo.

Por

otra

parte,

indicó

que

su

padre

le

inculca valores de honestidad, honradez y respeto por los

derechos ajenos, a las personas con quien comparte.

Por su parte, el licenciado Escribano Román reconoció

que

no

conoce

al

peticionario,

por

lo

que

no

podía

manifestar si éste se había rehabilitado. Tampoco podía

testificar si el peticionario gozaba de buena reputación

en la comunidad. Aunque aseguró que cree en el concepto de

TS-4270

7

rehabilitación,

no

estaba

convencido

de

que

el

peticionario lo haya demostrado.

Finalmente testificó el peticionario, señor Figueroa

Vivas. Éste aceptó que cometió un error al dar crédito a

las

declaraciones

de

policías

mendaces.

No

obstante,

indicó que no tiene que arrepentirse de nada porque no

actuó

de

manera

ilegal.

En

específico,

el

peticionario

Figueroa Vivas declaró:

[A] pesar de que yo no fui la persona que le

tomé la declaración, definitivamente a la luz de

toda la prueba, admito y eso es lo que he señalado,

admito que uno debió haber sido, definitivamente,

más incisivo a los fines de haber tratado de

conseguir alguna inconsistencia que pudiese haber

aclarado el caso. No fue posible, por qué, porque le

di, o sea, hasta cierto punto uno puede decir, fue

cándido al uno al aceptar la versión de los

policías.

Apéndice, pág. 106.

De igual forma, el señor Figueroa Vivas señaló que, a

su juicio, se ha mantenido al día sobre el desarrollo del

Derecho puertorriqueño. Reconoció que no ha tomado cursos

de educación continua durante los más de 19 años en que ha

estado

separado

obstante,

del

ejercicio

que

revisa

indicó

de

la

profesión.

periódicamente

el

No

portal

cibernético de la Rama Judicial y que no objeta tener que

tomar un curso de repaso de reválida como condición para

reingresar a la profesión jurídica.

II

Reiteradamente

hemos

expresado

que

este

Tribunal

tiene el poder inherente y exclusivo para admitir abogados

a la práctica de la profesión. In re Gervitz Carbonell,

TS-4270

8

162 D.P.R. 665, 699 (2004); In re Bosch, 65 D.P.R. 248

(1945); Ex parte Jiménez, 55 D.P.R. 54 (1939). En virtud

de ese poder inherente, tenemos la facultad de reinstalar

abogados

que

han

sido

desaforados.

In

re

Ramírez

de

Arellano, 173 D.P.R. 822 (2008); In re Colton Foltán I,

154 D.P.R. 466 (2001).

Al analizar si procede una solicitud de reinstalación

de

un

abogado

considerar

no

que

ha

es

sido

si

desaforado,

el

la

cuestión

peticionario

ha

a

sido

suficientemente castigado, sino si en el momento de la

solicitud goza de tal reputación que justifique permitirle

de nuevo que ejerza la profesión. En otras palabras, lo

importante es la integridad moral del peticionario en la

actualidad.

In

re

Pacheco

Nieves,

135

D.P.R.

95,

99

(1994); In re Rivera Cintrón, 120 D.P.R. 706, 708 (1988);

In re Cardona Vazquez, 112 D.P.R. 686, 689 (1982); In re

González,

60

D.P.R.

94,

97-98

(1942);

In

re

Figueroa

Maestre, 38 D.P.R. 955 (1928); In re Torregrosa, 34 D.P.R.

312 (1925).

En In re Pacheco Nieves, supra, pág. 98, mencionamos

que “una persona que genuinamente se entiende inocente de

unos

hechos

delictivos

que

le

fueron

imputados

en

el

pasado no debe ser obligada a „aceptar‟ su culpabilidad

como

condición

sine

qua

non

para

su

readmisión

a

la

profesión”. Al aplicar tácitamente la doctrina esbozada en

Pacheco

Nieves,

supra,

abogados

desaforados

hemos

convictos

ordenado

de

la

delitos

readmisión

que

de

implican

depravación moral y que no se arrepienten de la conducta

TS-4270

9

que dio lugar al desaforo. Véanse In re Farinacci García,

163 D.P.R. 688 (2005); In re Malavet Rodríguez, 135 D.P.R.

823 (1994).

En In re Malavet Rodríguez, id., readmitimos al Sr.

José Malavet Rodríguez, quien fue hallado culpable en la

Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico de ayudar y

alentar

(“aiding

and

abetting”)

a

otras

personas

a

presentar documentos fraudulentos y declaraciones falsas

en

solicitudes

de

pasaportes.

En

aquel

momento

reinstalamos al señor Malavet Rodríguez al ejercicio de la

abogacía aunque no se arrepintió de lo que hizo. In re

Malavet Rodríguez, id., pág. 833.

Por

otro

lado,

en

Farinacci

García,

supra,

reinstalamos a un abogado que se declaró culpable de “la

comisión

de

los

delitos

graves

de

transportación

al

extranjero de dinero robado y de conspiración”. Id., pág.

688.

El

Juez

Asociado señor

RIVERA PÉREZ

señaló

en su

Opinión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado

señor CORRADA DEL RÍO, que “[e]l peticionario no demuestra

arrepentimiento

por

sus

actuaciones

constitutivas

de

delito grave. Justifica estas actuaciones a base de una

alegada situación y la presencia de unas condiciones en

Puerto Rico para la época en que incurrió en tal conducta

delictiva.” Íd., págs. 697-698. Aun así reinstalamos al

señor Farinacci García aunque no mostró

arrepentimiento

por la conducta que dio lugar al desaforo.

Por

otro

lado,

en

In

re

Colton

Foltán

I,

supra,

readmitimos al Sr. Pedro Colton Foltán al ejercicio de la

TS-4270

10

abogacía, luego de que decretamos su separación indefinida

junto

al

peticionario

Figueroa

Vivas

en

In

re

Colton

Foltán, supra. Al así proceder, expresamos:

Al solicitar su rehabilitación un abogado

que ha sido desaforado, la médula de la cuestión

no es si dicho abogado ha expiado su culpa ni si

ha sido suficientemente castigado, sino más bien

si en el momento de la solicitud él goza de tal

reputación que justifique su readmisión a dicho

ejercicio, es decir, si su integridad moral

amerita su rehabilitación.

In re Colton Foltán I, supra, pág. 471, citando

In re Charneco, 72 D.P.R. 897, 898 (1951).

Es

litiga

decir,

en

el

proceso

de

nuevamente

el

asunto

asuntos

o

reinstalación

que

“no

se

previamente

motivaron la suspensión del abogado. Sólo se evalúa si la

conducta

de

suspensión,

Steidel

del

un

lo

hace

Figueroa,

abogado,

abogado

suspendido,

acreedor

Ética

y

Publicaciones

de

su

posterior

a

la

reinstalación”.

S.

responsabilidad

disciplinaria

J.T.S.,

pág.

2010,

370-371.

Véase In re Carbone Rosario, 166 D.P.R. 396, 398 (2005).

Por otra parte, en casos de readmisión al ejercicio

de

la

profesión,

persona

que

el

peso

solicita

de

la

la

prueba

recae

reinstalación.

sobre

Esta

la

“debe

demostrar que su conducta moral ha variado hasta alcanzar

el grado y medida necesarios en que ese atributo resulta

indispensable

para

estimarle

capacitado

para

descargar

intelectual y éticamente los deberes y obligaciones que se

esperan de todo abogado”. In re Cardona Vázquez, supra,

pág. 689.

TS-4270

11

III

Aparte de la jurisprudencia antes citada, en nuestra

jurisdicción

regule

lo

no

contamos

relativo

al

con

un

proceso

cuerpo

de

de

reglas

reinstalación

de

que

los

abogados desaforados. Para suplir esa laguna, es necesario

que acudamos a nuestras decisiones anteriores y al Derecho

comparado.

La American Bar Association (ABA) publicó en 1989 las

Reglas

Modelo

para

Disciplinarios

contra

Responsability,

Model

Enforcement,

la

Aplicación

Abogados.

Rules

Illinois,

de

Center

for

American

Bar

los

Procesos

for

Professional

Lawer

Disciplinary

Association,

2007.

Dentro de dicho cuerpo de reglamentación, la Regla 25,

inciso (E) (Regla Modelo 25(E) de la ABA), trata sobre los

criterios

a

considerarse

cuando

se

solicita

una

reinstalación luego de un periodo de suspensión de más de

seis

meses.

Íd.,

pág.

25.

La

regla

dispone

en

pertinente:

Un abogado solo puede ser reinstalado o

readmitido si reúne cada uno de los siguientes

criterios, o si presenta razones suficientes y

válidas que justifiquen su reinstalación o

readmisión:

(1) El abogado ha cumplido plenamente con los

términos

y

condiciones

de

las

órdenes

disciplinarias anteriores.

(2) El abogado no ha participado ni intentó

participar en la práctica no autorizada de la

profesión durante el período de suspensión o

inhabilitación.

(3)

...

(4)

El

abogado

reconoce

la

ilicitud

y

la

lo

TS-4270

12

gravedad de las faltas cometidas por las que se

le suspendió.

(5) El abogado no ha incurrido en una falta de

conducta profesional desde la suspensión o

inhabilitación.

(6) A pesar de la conducta por la que fue

sancionado el abogado, éste tiene la honestidad

y la integridad necesaria para ejercer la

abogacía.

(7) El abogado se ha mantenido informado sobre

la evolución del Derecho y es apto para

practicar

ante los tribunales (traducción

nuestra).

(8)

... 1

1

Adviértase que no abordamos el tercer criterio

porque éste trata sobre la incapacidad física y mental del

abogado, tema que no tenemos ante nuestra consideración.

Tampoco discutimos el octavo criterio por entender que no

está en armonía con nuestros pronunciamientos anteriores

en materia de reinstalación. Sin embargo, presentamos en

su totalidad el texto original en inglés:

“RULE 25. REINSTATEMENT AFTER

THAN SIX MONTHS AND READMISSION

SUSPENSION

FOR

MORE

(A)...

(E)

Criteria for Reinstatement and Readmission.

A lawyer may be reinstated or readmitted only if the

lawyer meets each of the following criteria, or, if not,

presents good and sufficient reason why the lawyer should

nevertheless be reinstated or readmitted:

(1) The lawyer has fully complied with the terms

and conditions of all prior disciplinary orders except to

the extent that they are abated under Rule 26.

(2) The lawyer has not engaged nor attempted to

engage in the unauthorized practice of law during the

period of suspension or disbarment.

(3) If the lawyer was suffering under a physical

or mental disability or infirmity at the time of

suspension or disbarment, including alcohol or other drug

abuse, the disability or infirmity has been removed. Where

alcohol or other drug abuse was a causative factor in the

lawyer's misconduct, the lawyer shall not be reinstated or

readmitted unless:

(continúa...)

TS-4270

Lo

13

mismo

que

disponen

estos

criterios

surge

de

nuestra jurisprudencia. Por eso, la Regla Modelo 25(E) nos

sirve de ayuda para evaluar la solicitud de reinstalación

del peticionario Figueroa Vivas. El primer criterio busca

asegurarse de que el abogado desaforado cumpla cabalmente

con

las

órdenes

que

emita

el

organismo

que

ejerce

la

función disciplinaria. Como mencionamos en Ramos Acevedo

v.

Tribunal

abogados

Superior,

son

133

D.P.R.

“funcionarios

del

599,

631

(1993),

tribunal”

y

los

deben

obediencia a éste. De igual forma, el Canon 9, 4 L.P.R.A.

Ap.

IX,

exige

que

los

abogados

mantengan

hacia

los

tribunales una conducta que “se caracterice por el mayor

respeto”. Al adoptar el primer criterio, no hacemos otra

(a) the lawyer

rehabilitative treatment;

has

pursued

appropriate

(b) the lawyer has abstained from the use

of alcohol or other drugs for at least [one year]; and

(c) the lawyer is likely

abstain from alcohol or other drugs.

to

continue

to

(4) The lawyer recognizes the wrongfulness and

seriousness of the misconduct for which the lawyer was

suspended or disbarred.

(5) The lawyer has not engaged in any other

professional misconduct since suspension or disbarment.

(6) Notwithstanding the conduct for which the

lawyer was disciplined, the lawyer has the requisite

honesty and integrity to practice law.

(7) The lawyer has kept informed about recent

developments in the law and is competent to practice.

(8) In addition, a lawyer who has been disbarred

must pass the bar examination and the character and

fitness examination.”

TS-4270

14

cosa que reafirmar la norma plasmada en el Canon 9 y en

Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, supra. Véase, además,

el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.

Ap. IX.

El segundo criterio tiene como propósito asegurar que

el

abogado

desaforado

ilícitamente

durante

no

el

practique

término

de

la

profesión

la

sanción.

Anteriormente en In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210

(2007),

sancionamos

suspendido

de

la

a

un

abogado

abogacía,

creó

que

mientras

la

impresión

estaba

en

la

ciudadanía de que ejercía la profesión. Por tal motivo,

concluimos que el licenciado Gordon Menéndez “estuvo en el

umbral de la comisión del delito de la práctica ilegal de

la profesión de abogado”.

adoptar

el

segundo

Íd., pág. 219.

criterio

nos

Así pues, al

aseguramos

de

que

la

situación lamentable que ocurrió en In re Gordon Menéndez

I, supra, no vuelva a suceder.

El cuarto criterio de la Regla Modelo 25(E) requiere

que la persona que solicita la reinstalación reconozca la

seriedad y consecuencias de la conducta que lo llevó al

desaforo. Véase In re Roundtree, 503 A.2d 1215, 1217 (D.C.

App. 1985). Aunque la regla no exige que la persona se

arrepienta de la conducta que dio lugar al desaforo, sí es

preciso

que

reconozca

su

gravedad.

Al

reconocer

la

seriedad de la conducta, la persona disciplinada tiene la

oportunidad de reflexionar sobre ella y tomar las medidas

necesarias para que no vuelva a suceder.

TS-4270

15

Con ese mismo enfoque, en

D.P.R.

346,

Disdier

a

sopesamos

(1952)

la

el

In re Cruz Disdier, 73

reinstalamos

profesión

testimonio

legal.

del

al

En

señor

Sr.

Silvestre

aquella

Cruz

Cruz

ocasión,

Disdier.

Al

preguntársele si había analizado y apreciado la gravedad

de los actos, el señor Cruz Disdier mencionó:

Eso me ha hecho pensar detenidamente. Me ha

hecho meditar mucho y he sufrido terriblemente

las consecuencias de mi separación y si el

Tribunal

me

concede

otra

vez

volver

al

ejercicio, lo haría únicamente cumpliendo con

las leyes; resolvería todos los asuntos de mi

mejor buena fe, sin perjuicio para nadie, sin

perjudicar a nadie, solamente por el medio de

ayudar a mi familia.

Íd., pág. 352.

Manifestó, además, que se sentía arrepentido así como

moral y espiritualmente reformado y regenerado. Íd. Como

se aprecia, aunque no señalamos expresamente que reconocer

la gravedad de la conducta que dio lugar al desaforo fuese

un requisito imprescindible para demostrar rehabilitación,

ese factor fue determinante para ordenar la reinstalación

del abogado. Al adoptar el cuarto criterio de la Regla

Modelo 25(E), reafirmamos el análisis que utilizamos en In

re Cruz Disdier, id., porque es medular para demostrar la

rehabilitación

del

abogado

que

solicita

reinstalación.

Reafirmamos también, como dijimos en In re Pacheco Nieves,

supra, que aunque no se puede exigir la aceptación de

culpa como requisito sine qua non para la readmisión de un

abogado, sí se le exige que esté rehabilitado. Ese proceso

comienza, de ordinario, cuando el solicitante acepta su

TS-4270

16

responsabilidad por los hechos que llevaron a su desaforo.

In re Pacheco Nieves, id.

El quinto criterio de la Regla Modelo 25(E) busca

asegurarse de que la persona que solicita la reinstalación

no ha transgredido los contornos éticos durante el tiempo

de suspensión. De igual modo, por ejemplo, hemos señalado

que el abogado que practica la profesión legal mientras

está suspendido de su ejercicio incurre en “un desafío

insólito

a

nuestro

poder

inherente

para

reglamentar

la

profesión”. In re Gordon Menéndez I, supra, pág. 215. Al

adoptar el quinto criterio, reafirmamos el Preámbulo del

Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, que impone

a los abogados “el deber de desempeñar su alto ministerio

con la mayor y más excelsa competencia, responsabilidad e

integridad”.

El sexto criterio tiene como propósito asegurarse de

que la persona que solicite la reinstalación sea honesta e

íntegra. Se puede apreciar que este sexto criterio es el

mismo

que

hemos

jurisdicción,

a

exigido

saber,

que

desde

hace

años

en

nuestra

la

persona

que

solicite

la

reinstalación goce de tal reputación en la comunidad que

justifique

su

admisión

de

nuevo

al

ejercicio

de

la

abogacía. Véanse In re Pacheco Nieves, supra, pág. 99; In

re Rivera Cintrón, supra, pág. 708; In re González, supra,

págs. 97-98, citando a

Figueroa

Maestre,

In re Torregrosa,

supra;

reiterado

en

supra;

In

re

In re

Cardona

Vazquez, supra, pág. 689. Como toda persona desaforada que

TS-4270

17

solicita reinstalación debe cumplir con esta normativa,

avalamos el sexto criterio de la Regla Modelo 25(E).

Finalmente,

regla,

cuyo

acogemos

propósito

es

el

séptimo

asegurar

criterio

que

la

de

esa

persona

que

solicita reinstalación pueda desempeñar con diligencia los

retos

que

representa

ejercer

la

profesión

legal.

En

realidad, hemos aplicado este criterio en el pasado al

ordenar

que

abogados

reválida

antes

de

que

desaforados

tomen

vuelvan

ejercer

a

un

repaso

la

de

profesión

legal. Véanse In re Cotto Vives, 175 D.P.R. 773 (2009); In

re Ramírez de Arellano, supra.

Luego de exponer claramente y sin ambages el Derecho

aplicable, pasemos a evaluar los hechos de este caso.

IV

A pesar de que los hechos que acaecieron el 25 de

julio de 1978 en el Cerro Maravilla y su encubrimiento

posterior fueron funestos y constituyen una página negra

en la historia de Puerto Rico, es preciso tener presente

que

nuestra

tarea

no

es

pasar

juicio

nuevamente

sobre

ellos. Ya lo hicimos en In re Colton Foltán, supra. En

cambio,

tenemos

el

deber

insoslayable

de

aplicar

la

doctrina que con el pasar de los años hemos construido

sobre

el

proceso

de

readmisión,

que

coincide

con

los

criterios de readmisión al ejercicio de la abogacía que

contiene la Regla Modelo 25(E) de la ABA.

En el caso que nos ocupa, la Comisión de Reputación

concluyó que el señor Figueroa Vivas presentó, a través de

su testimonio y el de sus testigos, evidencia de que goza

TS-4270

18

actualmente

de

buena

reputación

en

la

comunidad.

Véase

Informe de la Comisión de

Reputación, pág. 7. De esta

forma,

cumple

el

peticionario

con

la

norma

que

establecimos en In re Charneco, supra, pág. 898 e In re

Colton Foltán I, supra, pág. 471, y con el quinto criterio

de la Regla Modelo 25(E) de la ABA.

Por otra parte, la Comisión de Reputación añade al

análisis criterios de evaluación que no hemos considerado

anteriormente.

En

específico,

menciona

que

existen

jurisdicciones que consideran la naturaleza y gravedad de

los

hechos

que

dieron

lugar

al

desaforo

a

la

hora

de

decidir si readmiten al disciplinado a la profesión. Véase

Informe de la Comisión de Reputación, pág. 7.

No

obstante,

este

Tribunal

nunca

ha

usado

ese

criterio a la hora de reinstalar a un abogado. En cambio,

manifestamos de manera diáfana que el elemento principal

que debemos auscultar es si el peticionario goza de buena

reputación

en

la

reinstalación.

comunidad

In

re

al

momento

Carbone

de

solicitar

Rosario,

la

supra.

Específicamente, en In re Colton Foltán I, supra, págs.

471- 472, rechazamos el criterio que propone la comisión.

Además,

el

señor

Figueroa

Vivas

lleva

casi

veinte

años sin ejercer la profesión. Como es sabido, la falta de

mejoramiento intelectual en el campo legal no se supera

fácilmente.

necesario

El

que

Derecho

los

evoluciona

abogados

se

constantemente

mantengan

al

día

y

es

en

su

desarrollo. Actualmente el peticionario no cumple con el

sexto criterio de la Regla Modelo 25(E) de la ABA, similar

TS-4270

19

a lo que hemos exigido a otros abogados que solicitan

reinstalación.

curso

de

No

obstante,

si

el

peticionario

reválida

estatal,

cumpliría

con

la

toma

un

normativa

expuesta.

Por otro lado, del expediente se desprende que el

peticionario ha cumplido con el primer, segundo y cuarto

criterio de la Regla Modelo 25(E) de la ABA, similares a

nuestra

normativa

peticionario

cumplió

jurisprudencial.

Es

plenamente

nuestras

con

decir,

el

órdenes

disciplinarias, no ha practicado ilícitamente la profesión

ni

ha

violentado

las

normas

del

Código

de

Ética

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. XI.

Por otra parte, la Comisión de Reputación expresó en

su

informe

que

al

peticionario

“no

[le]

cobija

la

posibilidad de indicar que se siente genuinamente inocente

y

por

lo

tanto,

arrepentimiento”.

pág.

8.

En

[que]

no

se

le

puede

exigir

Informe de la Comisión de Reputación,

otras

palabras,

la

Comisión

de

Reputación

parece exigir al peticionario como condición sine qua non

para

su

reinstalación

a

la

profesión,

que

muestre

arrepentimiento por sus acciones. Expresamos justamente lo

contrario en In re Pacheco Nieves, supra.

La Comisión de Reputación intentó diferenciar el caso

de In re Pacheco Nieves, supra, al expresar que en la

situación que ahora nos ocupa “el peticionario [Figueroa

Vivas]

delito

no fue separado de la profesión por cometer un

que

incumplimiento

implica

depravación

de

deberes

los

moral

de

sino

por

diligencia

y

TS-4270

20

competencia”. Informe de la Comisión de Reputación, pág.

8. Es decir, la Comisión de Reputación pretende reducir la

aplicación de la doctrina pautada en In re Pacheco Nieves,

supra, a situaciones en que la persona disciplinada fue

convicta de delito.

No

podemos aceptar la tesis de la

Comisión de Reputación. Es insostenible e ilógico que a un

abogado

a

quien

se

le

encuentra

responsable

ética

y

penalmente por unos hechos delictivos no se le exija tener

que arrepentirse de su conducta pero al que solo se le

procesa

éticamente

y

no

penalmente

sí

se

le

obligue.

Reiteramos que no es un requisito sine qua non mostrar

arrepentimiento por los hechos que dan margen a la acción

disciplinaria para que proceda la reinstalación.

El

como

arrepentimiento,

cualquier

carácter

otra

del

a

o

falta

ser

abogado

de

éste,

considerada

desaforado

es

al

y

evidencia

evaluar

el

determinar

las

repercusiones probables de su solicitud de reinstalación.

In re Malavet Rodríguez, supra, págs. 830-831. Ahora bien,

el tercer criterio de la Regla Modelo 25(E) de la ABA

recoge

nuestro

persona

que

ilicitud

y

requerimiento

solicita

gravedad

suspendió,

aunque

de

que

la

reconozca

la

la

reinstalación

las

faltas

por

las

que

se

le

arrepienta

de

su

conducta

o

de

no

jurisprudencial

se

insista en su inocencia.

En este caso, el señor Figueroa Vivas admite que fue

muy

cándido

al

policías.

Sin

gravedad

e

creer

embargo,

ilicitud

de

ciegamente

el

la

peticionario

la

conducta

versión

no

que

de

reconoce

los

la

determinamos

TS-4270

21

probada, al coaccionar testigos en la investigación del

Cerro Maravilla y al destruir una declaración jurada. En

otras palabras, solo reconoció la gravedad de parte de la

conducta que lo llevó al desaforo, no de su totalidad. Al

así

actuar,

el

peticionario

no

cumple

con

el

tercer

criterio esbozado en la Regla Modelo 25(E) de la ABA y en

nuestra jurisprudencia, para ser reinstalado.

En

In

re

Colton

Foltán

I,

supra,

reinstalamos

al

licenciado Colton Foltán a la profesión legal, luego que

fuera desaforado por la misma serie de hechos por los

cuales

desaforamos

embargo,

al

al

evaluar

peticionario

la

Figueroa

solicitud

de

Vivas.

Sin

reinstalación

sopesamos el hecho de que el señor Colton Foltán estaba

“seriamente arrepentido de la conducta antiética en que

incurrió y por la cual fue disciplinado...”. In re Colton

Foltán I, supra, pág. 470.

Cuando el abogado suspendido reconoce la gravedad e

ilicitud de la conducta que dio lugar al desaforo, nos

coloca

en

posición

de

auscultar

si

realmente

está

rehabilitado para ejercer la profesión legal. Aunque el

arrepentimiento

no

es

una

condición

sine

qua

non

para

reinstalar a un abogado, sí es evidencia de que el abogado

desaforado reconoció la gravedad de la conducta por la

cual se le disciplinó. Como señaló el Juez Asociado señor

REBOLLO LÓPEZ en su Voto particular disidente en In re

Farinacci

García,

rehabilitación

de

supra,

págs.

711-712

quien

solicita

esc.

1,

reinstalación,

la

“de

TS-4270

22

ordinario, comienza al aceptarse responsabilidad por los

hechos que se le imputan”.

TS-4270

23

V

Al analizar el expediente, resulta forzoso concluir

que

el

señor

robusta

y

Figueroa

Vivas

convincente

requisitos

para

que

de

no

que

proceda

presentó

cumple

su

prueba

con

clara,

todos

reinstalación

los

a

la

profesión legal.

El señor Figueroa Vivas probó satisfactoriamente que

actualmente goza de buena reputación en la sociedad. En

específico, presentó el testimonio de más de diez personas

y

la

gran

mayoría

de

ellas

testificaron

que

el

señor

Figueroa Vivas goza actualmente de buena reputación, hecho

que

también

aceptó

la

Comisión

de

Reputación

en

su

informe. Solo el licenciado Escribano Román expresó que el

señor

Figueroa

Vivas

no

está

apto

para

ejercer

la

profesión. Sin embargo, el licenciado Escribano Román no

conoce personalmente al señor Figueroa Vivas ni tampoco le

consta su reputación en la comunidad. Su oposición se basa

en la intervención del peticionario Figueroa Vivas en el

encubrimiento de lo que sucedió en el Cerro Maravilla el

25 de julio de 1978.

Aunque el peticionario no se arrepiente de lo que

hizo, sí reconoció que no actuó de la mejor forma. Además,

señaló

que

detectado

de

la

haber

mentira

actuado

con

de

policías.

los

más

suspicacia

Sin

habría

embargo,

el

peticionario no reconoce la gravedad de la totalidad de

los hechos que dieron lugar al desaforo. No acepta que

coaccionó

testigos

mencionamos

que

ni

este

que

destruyó

criterio

es

evidencia.

importante,

Ya

pues

TS-4270

24

demuestra que la persona está realmente rehabilitada para

ejercer la profesión.

El

peticionario

no

reconoce

la

gravedad

de

la

conducta que dio lugar al desaforo. Al proceder de ese

modo, siembra dudas sobre si realmente está rehabilitado y

cuenta con la entereza moral para ejercer la abogacía.

Independientemente de que no se arrepienta de lo que hizo,

el

peticionario

debe

reflexionar

sobre

la

ilicitud

y

gravedad de la conducta que se le imputó y probó en In re

Colton Foltán, supra. No olvidemos que

“[h]ay profesiones que no se compadecen con los

„términos medios‟, con las „medias tintas‟ en su

ejercicio;

es

tal

la

excelsitud

de

su

ministerio, la delicadeza de su cometido, la

trascendencia de su profesión, que ni la más

leve nota de humana parcialidad puede empañar la

fulgencia de su prestigio”.

In re Malavet Rodríguez, supra, pág. 824,

Opinión disidente del Juez Asociado señor NEGRÓN

GARCÍA, a la cual se unió la entonces Juez

Asociada señora NAVEIRA DE RODÓN, citando a F.

Soto Nieto, Compromiso de Justicia, Madrid, Ed.

Montecorvo, 1987, págs. 29-30.

Considerado todo lo anterior, declaramos no ha lugar

la

moción

de

reconsideración

del

peticionario

Vivas.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Figueroa

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-4270

ÁNGEL FIGUEROA VIVAS

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

integrante de la presente Sentencia, se declara no

ha

lugar

la

moción

de

reconsideración

del

peticionario Figueroa Vivas.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal. El Juez Presidente señor Hernández

Denton y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

concurren con la decisión que emite este Tribunal de

denegar la reinstalación a la abogacía solicitada

por el Sr. Ángel Figueroa Vivas. Entienden que las

razones expuestas en el Informe de la Comisión de

Reputación

de

Aspirantes

al

Ejercicio

de

la

Abogacía, presentado ante nuestra consideración

luego de que dicho cuerpo celebrara tres vistas y

recibiera el testimonio de decenas de personas,

ameritan la denegatoria de la solicitud del señor

Figueroa

Vivas.

Además,

se

reiteran

en

los

criterios para la readmisión a la abogacía expuestos

en el voto particular disidente del Juez Presidente

en In re: Colton Fontán I, 154 D.P.R. 466, 480-487

(2001).

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo