LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Izagas Santos v. Family Drug Center y otros

2011 TSPR 101

Poder Judicial de Puerto Rico

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Izagas Santos v. Family Drug Center y otros

CC-2010-144

Derecho Laboral – Reserva de empleo y derecho a reinstalación

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mercedes Idalis Izagas Santos

Peticionaria

Certiorari

v.

2011 TSPR 101

Family Drug Center And Convenience

Store, Inc., h/n/c

Farmacia Sarimar Drug

182 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC

- 2010 - 144

Fecha: 30 de junio de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel Especial

Juez Ponente:

Hon. Erik Ramírez Nazario

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Edwin Rivera Cintrón

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcda. Eric Ronda del Toro

Materia: Despido Injustificado

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mercedes Idalis Izagas Santos

Peticionaria

v.

CC-2010-144

Family

Drug

Center

And

Convenience Store, Inc., h/n/c

Farmacia Sarimar Drug

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2011.

En este caso, analizamos el proceso que debe

seguirse cuando un empleado acogido a la reserva de

empleo

establecida

por

la

Ley

del

Sistema

de

Beneficios por Incapacidad Temporal, mejor conocida

como SINOT, solicita la reinstalación en su puesto.

En

particular,

si

un

patrono

puede

exigirle

que

presente evidencia que acredite su capacidad para

reintegrarse al empleo más allá de su recuperación

de la enfermedad o accidente no-ocupacional que dio

lugar

a

que

se

le

declarara

trabajar en primera instancia.

incapacitado

para

CC-2010-144

2

I.

La señora Mercedes Izagas Santos comenzó a trabajar en

la

Farmacia

Sarimar

Drug

(Family

Drug

Center

and

Convencience Store) el 17 de agosto de 1992 en calidad de

farmacéutica

licenciada.

En

1996,

fue

ascendida

a

la

posición de farmacéutica regente.1 En sus catorce (14) años

como empleada de la farmacia, nunca fue disciplinada ni

amonestada, y su desempeño ha sido catalogado como bueno. A

finales del año 2005, la señora Izagas Santos anunció que se

estaría sometiendo a una operación bariátrica por padecer de

obesidad mórbida. Dicha operación, incluso, fue recomendada

por los co-dueños de la farmacia, el señor José Francois

Soto y la señora Edna Palou, ambos abogados de profesión y

casados entre sí. Para poder someterse a esta operación, la

señora Izagas Santos solicitó y obtuvo de su patrono una

licencia sin sueldo. La operación se llevó a cabo el 31 de

enero

de

2006.2

Acto

seguido,

solicitó

y

obtuvo

los

beneficios de la Ley 139 de 26 de junio de 1968, mejor

conocida como la Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal

1

La farmacéutica regente es la farmacéutica principal de la

farmacia. Es la encargada de los medicamentos controlados

que se venden, lleva los registros, es la responsable ante

los organismos del Estado de esos inventarios, ante el DEA y

ante el Departamento de Salud, supervisa los empleados del

recetario, hace las compras, atiende los asuntos de recetas

y establece los turnos de los empleados, entre otras tareas.

Transcripción de la Prueba Oral, pp. 29-30.

2

El último día que trabajó la señora Izagas Santos antes de

someterse a la operación fue el 27 de enero de 2006.

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3

(SINOT).3 Tanto la licencia sin sueldo como la solicitud

bajo

SINOT

tenían

como

fundamento

la

incapacidad

para

trabajar que sufriría la señora Izagas Santos durante su

periodo de recuperación producto de la cirugía.

A pesar de que originalmente se había estimado que la

recuperación duraría pocos meses, la señora Izagas Santos

sufrió

complicaciones

consecuencia

Santos

fue

de

estas

atendida

que

alargaron

complicaciones,

por

varios

el

la

proceso.

señora

especialistas,

A

Izagas

aunque

la

coordinación de su condición seguía en manos del cirujano

que llevó a cabo la operación original, el Dr. Albert Suárez

Domínguez.4

El 20 de noviembre de 2006, el doctor Suárez Domínguez

le

dio

un

alta

total

a

la

querellante

expidiéndole

un

certificado médico autorizándola a regresar a su trabajo. No

hizo

determinación

alguna

de

incapacidad,

ni

total

ni

parcial.5 El 28 de noviembre, la señora Izagas Santos le

entregó esta certificación médica al señor Soto. Éste no la

aceptó y le pidió que se la entregara cuando tuviese las

3

Las siglas se refieren al Seguro por Incapacidad

Ocupacional Temporal establecido por dicha ley.

No

4

Como parte del tratamiento post-operacional y de las

complicaciones posteriores, la señora Izagas Santos consumía

distintos

medicamentos

y

recibía

una

variedad

de

tratamientos. Producto de la lentitud de la recuperación, de

que tenía que permanecer en descanso y de que aún no

regresaba a su trabajo, la señora Izagas Santos sufrió de un

periodo de depresión. Ahora bien, en ningún momento se

estableció

que

dicha

depresión

la

incapacitara

para

trabajar.

5

Determinación de Hecho número 12 del Tribunal de Primera

Instancia.

CC-2010-144

4

certificaciones médicas de los demás especialistas que la

atendían que demostraran su capacidad para retornar. Además,

le informó que interesaba reservarse el derecho de que un

médico de su elección la evaluara. Posteriormente se cerró

toda comunicación entre la demandante y los demandados. El 8

de enero de 2007, la señora Izagas Santos comenzó a trabajar

para otra farmacia.

El 10 de enero de 2007 la señora Izagas Santos presentó

una

demanda

por

despido

injustificado

y

en

violación

a

SINOT. En ésta, alegó que una carta enviada por la copropietaria de la farmacia el 26 de octubre de 2006, en

donde se le indicaba que ya no era empleada de la farmacia,

constituyó un despido y que dicho despido se hizo sin que

mediara justa causa y en violación a la reserva de un año

que dispone SINOT, periodo que terminaba en febrero de 2007.

La demanda se presentó y tramitó al amparo del procedimiento

sumario laboral dispuesto por la Ley 2 de 17 de octubre de

1961. En su alegación responsiva, el patrono levantó como

defensa afirmativa que la querellante nunca fue despedida, y

que, por el contrario, ésta no se reportó a trabajar tras

haber sido dada de alta, como dispone SINOT. Además, alegó

que

la

querellante

incumplió

con

los

requisitos

para

reclamar la protección de reinstalación que dispone dicha

ley.

Tras

la

celebración

del

juicio

y

el

desfile

de

la

prueba, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar

CC-2010-144

5

la demanda.6 La sala de instancia determinó que la carta de

26 de octubre de 2006 suscrita por la co-propietaria de la

farmacia, la señora Palou, fue, en efecto, una carta de

despido.7

La parte demandada recurrió al Tribunal de Apelaciones.

En síntesis, alegó (1) que no hubo despido, (2) que la

querellante incumplió con los requisitos de reinstalación

que dispone SINOT y (3) que se debió admitir como evidencia

los récords de los medicamentos despachados a la señora

Izagas hasta noviembre de 2006.8

Apelaciones

revocó,

con

un

El

Tribunal

disenso,

la

de

Sentencia

del

Tribunal de Primera Instancia.9

Sobre el primer señalamiento de error, es decir, que la

carta

del

26

de

octubre

constituyó

un

despido,

el

foro

intermedio revocó la determinación de la sala de instancia.

Según el Tribunal de Apelaciones, a la luz de la totalidad

de las circunstancias, en particular el hecho de que la

6

Como remedio, el Tribunal de Primera Instancia ordenó el

pago de $33,480 por concepto de mesada y $8,370 de

honorarios de abogado. No se dieron remedios bajo SINOT.

7

Determinación de Hecho Núm. 11 de Tribunal de Primera

Instancia.

8

Sobre este tercer punto, el Tribunal de Primera Instancia

rehusó admitir los récords porque eran impertinentes a la

controversia, dado que la reserva de SINOT aun no había

expirado a octubre de 2006 y que la querellante nunca fue

declarada incapacitada por razones mentales o emocionales.

Además, porque era prueba acumulativa ya que durante el

juicio, a pesar de que en la alegación responsiva nunca se

hizo tal defensa afirmativa de incapacidad, se pasó prueba

sobre

la

depresión

de

la

demandante

y

que

tomaba

medicamentos para dicho padecimiento.

9

El juez Piñero González emitió un Voto Disidente.

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6

peticionaria y el patrono continuaron en comunicación para

canalizar el reintegro a sus labores, dicha carta no podría

verse como un despido.

Sobre el segundo señalamiento de error, la mayoría del

panel del Tribunal de Apelaciones determinó que la señora

Izagas

Santos

“no

había

cumplido

con

proveer

las

certificaciones médicas que acreditaran su recuperación” y,

por

eso,

“no

cumplió

con

los

mediante

Ley

SINOT

para

poder

funciones”.10

El

certificación

del

foro

apelativo

cirujano

requisitos

reintegrarse

concluyó

dadas

establecidos

las

que

a

sus

“esta

sola

circunstancias

de

autos, no cumple con el requisito de la Ley 139, supra, para

establecer

que

capacitado

para

el

trabajador

ocupar

el

está

mental

empleo”.11

y

físicamente

Entendió,

por

el

contrario, que la señora Izagas Santos “no había demostrado

que había sido dada de alta de todas sus condiciones y que

estaba capacitada para ocupar su plaza”.12 Es decir, dado

10

Id., pp. 15 y 20 (Énfasis suplido).

11

Id., p. 21; Anejo petición de certiorari, p. 287. El foro

apelativo equiparó “seguir bajo tratamiento” a no recibir un

“alta” médica. Además, concluyó que, a pesar de que la única

declaración de incapacidad establecida fue como consecuencia

de la operación bariátrica, al estar recibiendo la señora

Izagas Santos tratamiento de otros médicos, éstos también

tenían que certificar que se había recuperado para regresar

a sus labores. Incluso, el Tribunal de Apelaciones concluyó

que “[l]a prueba presentada demuestra que al momento en que

se gestionaba el regreso de la señora Izagas a su empleo,

ésta no había acreditado estar mental y físicamente

capacitada para ocupar su puesto. Al no suplir el

certificado del psiquiatra, incumplió con este requisito de

ley”. Id., p. 23; Anejo petición de certiorari, p. 289

(Énfasis suplido).

12

Id., p. 23.

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7

que la carta del 26 de octubre no era un despido y que

pasado el periodo de reserva de un año provisto por SINOT la

querellante, según la apreciación del tribunal intermedio,

“no ejerció adecuadamente su derecho a ser reinstalada en su

puesto”,13 la reserva de SINOT expiró.

Sobre el tercer señalamiento de error, el Tribunal de

Apelaciones concluyó que los récords de los despachos de

medicamentos a favor de la señora Izagas Santos en noviembre

de 2006 relacionados con su padecimiento de depresión eran

“relevantes para demostrar que a la fecha en que gestionaba

la reinstalación en su empleo, no estaba capacitada para

ello”.14 Además, determinó que esta prueba no admitida tenía

una probabilidad de influencia sustancial en el resultado

del pleito.

Inconforme

Apelaciones,

Tribunal.

con

la

la

señora

Alega

que

injustificadamente

determinación

Izagas

el

la

Santos

tribunal

del

Tribunal

recurrió

ante

apelativo

apreciación

de

la

de

este

descartó

prueba

y

determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia,

ya que dichas determinaciones tienen apoyo en la prueba

presentada. En particular, la peticionaria argumenta que si

se interpreta la carta del 26 de octubre a la luz de los

testimonios

vertidos

en

el

juicio

y

la

adjudicación

de

credibilidad que hizo el foro de instancia, se debe concluir

que en ella se efectuó un despido. Alternativamente, plantea

13

Id.

14

Id., p. 25; Anejo petición de certiorari, p. 291.

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8

que, aunque se entienda que el texto de la carta admite dos

posibles interpretaciones razonables distintas, como ésta

debe interpretarse a la luz de los testimonios vertidos en

el

juicio,

debe

prevalecer

la

interpretación

del

foro

primario.

En segundo lugar, la peticionaria aduce que, al no

alegar el patrono en su contestación a la querella que ella

no estaba capacitada para trabajar, como exige la

renunció

a

esa

defensa

afirmativa,

por

lo

Ley 2,

cual

dicha

capacidad no está en controversia. En la alternativa, la

peticionaria alega que si se entendiera que su capacidad

para regresar a trabajar es un asunto en controversia, a

pesar de que cuando fue despedida aún no había expirado la

reserva dispuesta por SINOT, la indagación se tendría que

circunscribir a la incapacidad sobrevenida como consecuencia

de

la

operación

bariátrica

padecimientos

que

nunca

incapacitada

para

trabajar.

y

no

extenderse

a

que

se

le

declarara

último,

la

peticionaria

provocaron

Por

otros

cuestionó la determinación del Tribunal de Apelaciones a los

efectos de que no se debían excluir los documentos relativos

con

el

historial

de

medicamentos

relacionados

con

su

condición de depresión. El 6 de agosto de 2010 expedimos el

auto de certiorari.15

15

Hemos expresado de forma reiterada que un tribunal

apelativo no debe intervenir con las determinaciones de

hechos de los tribunales de instancia en ausencia de

circunstancias

extraordinarias

o

indicios

de

pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. S.L.G. Rivera

CC-2010-144

9

Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 356 (2009). Esta

norma aplica particularmente a las determinaciones de hechos

que hacen los tribunales de primera instancia basadas en

testimonio oral. Lo anterior se debe a la oportunidad que

tiene el juzgador de observar el comportamiento del testigo

mientras ofrece su testimonio, lo cual constituye un factor

fundamental para la adjudicación de credibilidad. Ramírez

Ferrer v. Conagra Foods Puerto Rico, Inc., 175 D.P.R. 799,

810 (2009).

Sin embargo, esta doctrina de deferencia judicial no es

absoluta, sino que cede ante las posibles injusticias que

puedan acarrear determinaciones de hechos que no estén

sustentadas en la prueba desfilada ante el foro primario.

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. Es decir, los

tribunales

apelativos,

por

vía

de

excepción,

pueden

descartar dichas determinaciones cuando las mismas no sean

razonablemente representativas de la prueba que desfiló ante

el foro primario. Méndez de Rodríguez v. Morales Molina, 142

D.P.R. 26, 36 (1996). Asimismo, esta norma de deferencia

judicial no es aplicable a la evaluación de prueba

documental o pericial debido a que, en estos casos, los

tribunales apelativos están en las mismas condiciones que el

tribunal de instancia para llevar a cabo una evaluación

adecuada de la prueba y llegar a sus propias conclusiones.

Ríos v. Mark, 119 D.P.R. 816 (1987).

En el caso de epígrafe, el Tribunal de Primera

Instancia resolvió que la carta del 26 de octubre de 2006

constituyó un despido. Surge de la sentencia, que esa

determinación estuvo basada en el texto de la carta y no en

los testimonios orales vertidos por los testigos ante el

foro primario. Así queda evidenciado al disponer que: “Con

fecha del 26 de octubre de 2006 […] suscribe una carta a la

querellante en la que se hace una serie de imputaciones

sobre su visita a la farmacia […] y la despide de su

trabajo”. Apéndice petición de certiorari, p. 205. Las demás

conclusiones

del

foro

de

instancia

respecto

a

los

testimonios

mencionados

son

independientes

a

su

determinación sobre si la carta constituyó un despido,

adjudicación con base en el documento.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones, al resolver

que la carta del 26 de octubre no constituía un despido, se

basó en el texto de la carta en unión a hechos

incontrovertidos, entre éstos, que el señor François Soto,

co-propietario de la farmacia, continuó reuniéndose con la

querellante para planificar la reintegración de esta última

a su empleo. Al tratarse de prueba documental y hechos que

no están en controversia, el foro intermedio se encontraba

en igual posición que el tribunal de primera instancia para

evaluarlos y llegar a sus propias conclusiones. En ese

tenor, acogemos la determinación del Tribunal de Apelaciones

en cuanto a que la carta del 26 de octubre de 2006 no

constituyó un despido a la luz de la continuación de las

comunicaciones

entre

las

partes

para

gestionar

la

CC-2010-144

10

II.

El Tribunal de Apelaciones concluyó que la solicitud de

reinstalación que hizo la peticionaria a su patrono debía

incluir certificaciones médicas de todos los especialistas

que la atendieron y no únicamente del médico que la atendió

en relación con la condición por la que se le incapacitó

bajo SINOT.

La sección 16 del Artículo II de nuestra Constitución

reconoce,

entre

“protección

otros,

contra

el

derecho

riesgos

para

de

su

todo

salud

trabajador

o

a

integridad

personal en su trabajo o empleo”.16 Como parte del cauce

estatutario

de

ese

mandato

constitucional,

la

Asamblea

Legislativa ha aprobado varias leyes especiales dirigidas

específicamente

a

proteger

a

los

trabajadores

que

por

accidente o enfermedad, ya sea ocupacional o no-ocupacional,

se inhabilitan temporeramente para trabajar.17 La Ley 45 de

18 de abril de 1935, según enmendada, mejor conocida como la

Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo

atiende situaciones de enfermedad o accidentes ocupacionales

reinstalación de la señora Izagas Santos. En vista de ello,

limitaremos

nuestra

discusión

al

segundo

y

tercer

señalamiento de error.

16

17

Const. PR, Art II., § 16.

García v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 364, 374 (1999);

Cuevas v. Ethicon Div. J & J Prof. Co., 148 D.P.R. 839, 845

(1999); Torres v. Star Kist Caribe, Inc., 134 D.P.R. 1026,

1029 (1994); Ruy N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio

de la legislación protectora del trabajo en el derecho

laboral puertorriqueño, San Juan, Puerto Rico (Revisión

2005), p. 187.

CC-2010-144

11

que inhabilitan a un trabajador a continuar realizando sus

labores.18 Para situaciones de enfermedades o accidentes no

ocupacionales, se aprobó la Ley 139 de 26 de junio de 1968,

según

enmendada,

Ley

de

Beneficios

por

Incapacidad

Temporal.19 Como adelantáramos, si bien estas leyes cubren

supuestos

distintos

según

la

naturaleza

del

accidente

o

enfermedad, tienen un mismo propósito y hay una notable

uniformidad entre ellas, no sólo en su lenguaje y estructura

estatutaria

sino

consecuencia,

en

su

desarrollo

tanto

la

Asamblea

interpretativo.20

Legislativa

como

Como

este

Tribunal hemos recurrido a una para analizar e interpretar

la otra.21

En cuanto a la reserva de empleo y la obligación de

reinstalación, SINOT dispone así:

En los casos de incapacidad para el trabajo de

acuerdo con las disposiciones de este capítulo,

el patrono vendrá obligado a reservar el empleo

que desempeña el trabajador al momento de

comenzar la incapacidad y a reinstalarlo en el

mismo, sujeto a las siguientes condiciones:

18

11 L.P.R.A. §§ 1 et seq.

19

11 L.P.R.A. §§ 201 et seq.

20

Véase Delgado Zayas, Op.Cit., p. 193. Por un tiempo, la

única diferencia entre los estatutos era la duración del

periodo de reserva cuando la Ley 45 proveía para 12 meses

mientras que SINOT únicamente otorgaba 6 meses. No obstante,

precisamente como parte del proceso de uniformización entre

ambas leyes, ahora SINOT también provee para una reserva de

empleo de 12 meses.

21

Para efectos de la figura de la reserva de empleo y del

significado de incapacidad que ofrece SINOT, por su

semejanza virtualmente idéntica con la Ley 45 y nuestro

historial de interpretación uniforme, haremos referencia

tanto a casos directamente relacionados con SINOT como la

jurisprudencia interpretativa de la Ley 45.

CC-2010-144

12

(1) Que

el

trabajador

requiera

al

patrono que lo reponga en su empleo dentro

del término de quince (15) días, contados

a partir de la fecha en que fue dado de

alta, y siempre y cuando que dicho

requerimiento

no

se

haga

después

de

transcurridos un (1) año desde la fecha de

comienzo de la incapacidad;

(2) que el trabajador esté mental y

físicamente capacitado para ocupar dicho

empleo en el momento en que solicita del

patrono dicha reposición, y

(3)

Como

puede

que dicho empleo subsista.22

observarse,

la

ley

brinda

dos

tipos

de

protección al obrero. Primero, le impone al patrono el deber

de reservarle al trabajador, por doce (12) meses, el empleo

en el que se desempeñaba al momento de ocurrir el accidente.

Segundo, el trabajador tiene derecho a que lo repongan en

ese mismo empleo una vez es dado de alta, si se lo solicita

al patrono y si cumple con los requisitos establecidos. El

remedio

de

reinstalación

constituye

una

excepción

por

consideraciones de política pública al remedio exclusivo de

la

mesada

provisto

por

la

Ley

80

en

casos

de

despidos

injustificados.23 Las obligaciones que tiene el patrono bajo

SINOT son independientes la una de la otra.24 En caso de que

22

11 L.P.R.A. § 203(q) (Énfasis suplido).

23

Véase Rivera v. Ins. Wire Prods. Corp., 158 D.P.R. 110,

117 (2002); Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145

D.P.R. 178, 192 (1998); Vélez Rodríguez v. Pueblo Int‟l,

Inc., 135 D.P.R. 500, 512-513, 515.

24

García v. Darex P.R., Inc., supra, p. 376. Este caso es

en referencia a la Ley 45. A similar conclusión hemos

llegado en cuanto a SINOT. Véase Meléndez v. Asoc. Hosp. del

Maestro, 156 D.P.R. 828 (2002).

CC-2010-144

13

viole el periodo de reserva o no reinstale al empleado que

cumple con los requisitos establecidos en la ley tras haber

sido requerido por éste, el patrono le responderá en daños y

perjuicios.

De la única manera en que un patrono puede despedir a

un empleado durante el periodo de reserva es si media justa

causa.25 Por otra parte, si el patrono lo despide sin justa

causa antes de que venza el periodo de reserva, el empleado

no tendrá que solicitar su reinstalación al finalizar el

periodo de reserva para poder instar su acción de daños

contra

el

patrono

por

haber

violado

la

reserva.26

Hemos

resuelto que esta reserva existe “con total independencia de

si en el futuro el obrero cualifica para ser reinstalado, e

impide que el obrero sea despedido”.27 Por eso, mientras la

reserva

esté

vigente,

no

se

puede

despedir

al

empleado

aunque el empleado no cumpla con los requisitos establecidos

en la ley para pedir la reinstalación.28 En otras palabras,

no será justificación para despedir a un empleado durante el

periodo de reserva el que éste no haya cumplido o que se

prevea

que

no

podrá

cumplir

con

los

requisitos

de

la

reinstalación. De ser éste el caso, el patrono tendrá que

25

Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, supra, p. 857.

26

Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra,

Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, supra, n. 13.

27

García v. Darex P.R., Inc., supra, p. 378.

28

Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, p. 124.

p.

127;

CC-2010-144

14

esperar a que se extinga el período de reserva, salvo que

exista justa causa bajo la Ley 80 para el despido.

El

objetivo

de

la

reserva

de

empleo

bajo

SINOT

es

“garantizar al obrero que se incapacita temporalmente debido

a

una

enfermedad

o

accidente

no

ocupacional,

no

sólo

tranquilidad de espíritu y el sustento de él y de su familia

por

un

tiempo

determinado,

sino

el

derecho

a

ser

reinstalado”.29 Aunque el trabajador esté inhabilitado para

realizar sus funciones, la relación obrero-patronal sigue

intacta mientras dure el periodo de reserva.30 Esta reserva

de

doce

(12)

meses

comienza

a

transcurrir

a

partir

del

momento en que el obrero se inhabilite para trabajar31 y se

29

Rojas v. Méndez & Co., Inc., 115 D.P.R. 50 (1984). Véase

además Delgado Zayas, Op.Cit., p. 193: “[F]ue la intención

del legislador que la protección que recibiera el trabajador

mediante legislación, no fuera meramente económica. Lo que

pretendió proteger fue esencialmente la tenencia del

empleo”.

30

Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, p. 126, citando

a Santos et al. v Lederle, 153 D.P.R. 812 (2001) y Santiago

v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 D.P.R. 763 (1992). Estos casos

se refieren a la reserva de empleo provista por la Ley 45 de

18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como la Ley

del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11

L.P.R.A. §§ 1 et seq. Esta Ley atiende accidentes y

enfermedades ocupacionales, mientras que SINOT atiende casos

no ocupacionales. No obstante, consistentemente hemos

interpretado dichos estatutos de manera integral y uniforme.

Incluso, sobre el asunto específico de la vigencia de la

relación obrero-patronal mientras esté activa una reserva de

empleo, en Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp. por voz del

Juez Asociado Corrada del Río, enfatizamos la relación

íntima entre ambos regímenes estatutarios. Id., p. 126 y

nota núm. 7.

31

Alvira v. SK & F Laboratories Co., 142 D.P.R. 803 (1997,

Opinión Concurrente del Juez Asociado Corrada del Río, p.

819).

CC-2010-144

trata

de

15

un

plazo

de

caducidad.32

Además,

como

estatuto

reparador, estamos obligados a interpretarlo liberalmente a

favor del trabajador.33

Para

disfrutar

de

los

beneficios

de

la

reserva

de

empleo y derecho a reinstalación que provee SINOT, hace

falta

que

enfermedad

el

o

trabajador

accidente

no

quede

incapacitado

ocupacional.

En

por

cuanto

a

una

qué

significa „incapacidad‟ para efectos de esta Ley, el propio

estatuto nos ofrece una definición:

Con respecto a un trabajador quien está

empleado significa su inhabilidad por lesión,

enfermedad o embarazo para desempeñar su trabajo

habitual o cualquier otro trabajo.

[…]

Período de incapacidad será el período

durante el cual [el empleado] está continuamente

inhabilitado.34

Podemos colegir de lo anterior que el elemento central

de

la

definición

de

incapacidad

es

la

inhabilidad

del

empleado, no meramente de llevar a cabo las funciones de su

puesto

en

particular,

sino

de

“cualquier

otro

trabajo”.

Incluso, hemos resuelto que “esta incapacidad debe ser de

tal naturaleza que [le] inhabilite para trabajar totalmente,

no tan sólo para realizar sus labores usuales”.35 No todo

padecimiento conlleva que el empleado esté incapacitado como

32

Id.

33

Rojas v. Méndez & Co., Inc., supra, p. 53.

34

11 L.P.R.A. § 202(g). (Énfasis suplido).

35

Torres González v. Depto. del Trabajo, 127 D.P.R. 931,

937 (1991) (Énfasis suplido).

CC-2010-144

para

16

recibir

los

beneficios

de

SINOT.

Por

eso,

la

certificación de recuperación y recapacitación se referirá

solamente a la incapacidad que originalmente permitió al

empleado disfrutar de los beneficios de SINOT. Nada hay en

la

ley

que

certificación

le

requiera

relacionada

al

con

empleado

padecimientos

presentar

una

que

le

nunca

inhabilitaron para trabajar en primer lugar. Mucho menos

faculta al patrono para exigir pruebas o certificaciones

adicionales.36

Evidentemente, un obrero acogido a SINOT no deja de ser

empleado de su patrono. Por el contrario, tanto la reserva

como el derecho de reinstalación parten de la premisa de la

continuación

enfáticos

de

en

la

que

relación

“la

obrero-patronal.

reserva

de

empleo

Hemos

sido

supone

la

continuación y existencia de la relación obrero-patronal, al

menos durante [el periodo de la reserva]”.37 En el caso de

autos, el patrono se negó a reinstalar a la señora Izagas

Santos

a

su

puesto,

posteriormente,

dentro

a

pesar

del

de

que

periodo

de

ésta

presentó

reserva,

una

certificación médica del doctor que condujo la operación que

la había inhabilitado para trabajar, y a pesar de que la

peticionaria

nunca

fue

declarada

como

incapacitada

36

para

Esto no priva al patrono de poder despedir al empleado,

después de reinstalarlo, si tiene justa causa para ello, por

ejemplo, que no rinda su trabajo eficientemente como dispone

el artículo 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada, 29 L.P.R.A. § 185b(b).

37

Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, p. 126.

CC-2010-144

trabajar

17

por

los

demás

padecimientos

que

tenía.

Al

así

actuar, violó la ley.

III.

Las reclamaciones hechas al amparo de la Ley 80 pueden

tramitarse a través de la Ley 2 de 17 de octubre de 1961,

según enmendada,38 que establece un procedimiento sumario

para la rápida consideración y adjudicación de las querellas

de obreros y empleados contra sus patronos relacionadas a

salarios,

beneficios

y

otros

derechos

laborales.39

Desprovista de esta alternativa, una reclamación bajo la Ley

80 sería un procedimiento ordinario más, lo cual, según

hemos dicho anteriormente, es “incompatible con alcanzar, en

su máxima expresión, el mandato legislativo de diligencia en

el dictamen judicial”.40 El deber de este Tribunal de velar

por que los procedimientos judiciales se lleven a cabo con

la

mayor

rapidez

posible,

cobra

singular

importancia

al

enfrentarnos a una situación en la que los otros poderes

constitucionales –legislativo y ejecutivo- en el ejercicio

válido de aprobar leyes, han expresado su sentir sobre los

asuntos que a su juicio merecen especial atención.41 Las

38

32 L.P.R.A. §§ 3118 et seq.

39

Véase Vizcarrondo Morales v.WVM, Inc., 2008 T.S.P.R. 164,

a la pág. 5, 175 D.P.R. ___ (2008); Dávila Rivera v.

Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 492 (1999).

40

41

Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, p. 492.

Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 D.P.R.

660, 665 (1987).

CC-2010-144

18

reclamaciones presentadas según lo dispuesto por la Ley 2

“por su naturaleza y finalidad, ameritan ser resueltas a la

brevedad posible para así lograr los propósitos legislativos

de

proteger

injustificados

el

y

empleo,

proveerle

desalentar

al

obrero

los

despidos

despedido

medios

económicos para su subsistencia mientras consigue un nuevo

empleo”.42

Por

consiguiente,

este

estatuto

también

debe

interpretarse liberalmente a favor del empleado.43 Acorde a

ello,

corresponde

a

los

tribunales

darle

cumplimiento

estricto a los procedimientos establecidos por la Ley 2,44

sin que se entienda, no obstante, que haya sido la intención

del

legislador

imponer

un

trámite

procesal

inflexible

e

injusto para el patrono querellado.45

Cuando se presenta una causa de acción al palio de la

Ley 2, el patrono querellado deberá hacer una sola alegación

responsiva en la cual deberá incluir todas sus defensas y

objeciones, entendiéndose que renuncia a todas las defensas

y objeciones que no incluya en dicha alegación responsiva.46

42

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pp. 5-6.

43

Id., p. 6.

44

Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, p. 492;

Mercado Cintrón v. Zeta com., Inc., 135 D.P.R. 737, 742

(1994).

45

46

Aguayo Pomales v. R&G Mortgage, 169 D.P.R. 36, 44 (2006).

32 L.P.R.A. § 3120. Esto es cónsono con lo dispuesto por

la Ley 80 en su sección 185k(a): “En toda acción entablada

por un empleado reclamando los beneficios dispuestos por las

secs. 185a a 185m de este título, el patrono vendrá obligado

a alegar, en su contestación a la demanda, los hechos que

dieron origen al despido y probar que el mismo estuvo

justificado.”

CC-2010-144

19

La Ley 2 también dispone que las Reglas de Procedimiento

Civil se aplicarán “en todo aquello que no esté en conflicto

con las disposiciones específicas de las mismas o con el

carácter sumario”.47 Es decir, se recurrirá a las Reglas de

Procedimiento Civil cuando éstas no contradigan lo dispuesto

por

la

cuanto

Ley

2

a

la

o

choquen

con

posibilidad

su

de

sumaria.48

naturaleza

enmendar

las

En

alegaciones

responsivas para incluir defensas afirmativas no mencionadas

originalmente,

hemos

resuelto,

enfáticamente,

que

“los

tribunales de instancia no deben permitir que una parte

querellada

enmiende

adicionar

nuevas

su

contestación

defensas

a

la

afirmativas”.49

querella

En

para

cumplimiento

con las disposiciones antes explicadas, no recurriremos a

las Reglas de Procedimiento Civil cuando el asunto bajo

consideración está expresa y precisamente atendido por la

Ley 2. Solamente podemos ser más flexibles cuando medien

circunstancias verdaderamente excepcionales.50

En el caso de autos, la parte querellada se limitó en

su

alegación

responsiva

a

negar

el

despido.

No

ofreció

ninguna de las justificaciones enumeradas en la Ley 80.

Tampoco

alegó

que

la

querellante

sufría

47

32 L.P.R.A. § 3120.

48

Aguayo Pomales v. R&G Mortgage, supra, p. 51.

de

49

alguna

Srio. del Trabajo v. J.C. Penny Co,. Inc., supra, p. 669.

Véase además Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, p. 16;

Rodríguez et al. v. Rivera et al., 155 D.P.R. 838, 857

(2001).

50

Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., supra, p. 742.

CC-2010-144

20

incapacidad

adicional

a

aquélla

operación

bariátrica.

En

que

era

consecuencia,

producto

renunció

de

a

la

toda

defensa afirmativa adicional.

IV.

Ante el Tribunal de Apelaciones, la parte querellada

señaló

que

el

foro

de

instancia

incidió

al

no

admitir

evidencia sobre el despacho de medicamentos anti-depresivos

a la querellante en noviembre de 2006. El foro apelativo le

dio

la

razón

y

la

peticionaria

aduce

que

se

equivocó.

Debemos, por tanto, examinar nuestra normativa evidenciaria

para llegar a una conclusión.

Evidencia pertinente es aquélla que tiende a aumentar o

disminuir la probabilidad de la existencia de un hecho que

tiene consecuencias para la adjudicación de la acción. Esto

incluye la evidencia que sirva para impugnar o sostener la

credibilidad

de

una

persona

testigo

o

declarante.51

La

evidencia pertinente es admisible excepto cuando se disponga

lo contrario por imperativo constitucional, por disposición

de ley o por las Reglas de Evidencia.52 La materialidad y el

valor

probatorio,

como

nos

explica

el

profesor

Chiesa

Aponte, son elementos fundamentales en la determinación de

pertinencia y admisibilidad,53 y “se refiere a la relación

51

Regla 401 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 401.

52

Regla 402 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap.VI R. 402.

53

Ernesto Chiesa Aponte, Tratado

Tomo I, Rep. Dominicana, p. 22.

de

Derecho

Probatorio,

CC-2010-144

21

[entre la prueba ofrecida] con los hechos y cuestiones de

derecho en controversia”.54 Por tanto, la pertinencia está

vinculada,

condicionada

y

sujeta

al

“derecho

sustantivo

aplicable al caso”.55 Evidencia que no cumpla con cualquiera

de estos dos elementos no es pertinente y no será admisible

en los tribunales.56

Ahora bien, la pertinencia es condición necesaria pero

no

suficiente

para

la

admisión

de

cualquier

medio

de

prueba.57 Por ello, la Regla 403 de Evidencia permite la

exclusión de prueba pertinente “cuando su valor probatorio

queda

sustancialmente

siguientes

factores:

superado

(a)

por

riesgo

cualesquiera

de

causar

de

los

perjuicio

indebido, (b) riesgo de causar confusión, (c) riesgo de

causar desorientación del Jurado, (d) dilación indebida de

los procedimientos y (e) innecesaria presentación de prueba

acumulativa”.58 La exclusión de prueba pertinente según lo

dispuesto por esta Regla descansa en la sana discreción del

tribunal.59

La

causa

de

exclusión

por

conllevar

la

innecesaria presentación de prueba acumulativa tiene como

objetivo la economía procesal.60

54

Id.

55

Ernesto Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico

de 2009, J.T.S., p. 114.

56

Véase Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 D.P.R. 216, 228 (1989).

57

Chiesa Aponte, Tratado, Op.Cit., p. 1.

58

32 L.P.R.A. Ap. VI R. 403 (Énfasis suplido).

59

Chiesa Aponte, Reglas, Op.Cit., p. 116.

Id., p. 119.

60

CC-2010-144

22

Evidentemente, los tribunales se pueden equivocar al

admitir prueba que no era admisible o excluir prueba que sí

lo era. En el segundo caso, la Regla 104(B) de Evidencia

dispone que le corresponde a la parte perjudicada “invocar

el

fundamento

evidencia

específico

ofrecida

y

hacer

para

la

una

admisibilidad

oferta

de

de

la

prueba”.61

Las

Reglas de Evidencia también atienden las consecuencias en

caso de que se cometa un error en la admisión o exclusión de

evidencia.

La

Regla

105

de

Evidencia

dispone,

en

lo

pertinente, como sigue:

(A)

Regla General

No se dejará sin efecto una determinación de

admisión o exclusión errónea de evidencia ni

se revocará por ello sentencia o decisión

alguna a menos que:

(1) la

parte

perjudicada

con

la

admisión o exclusión de evidencia

hubiera satisfecho los requisitos de

objeción, fundamento u oferta de

prueba establecidos en la Regla 104,

y

(2) el

Tribunal

que

considera

el

señalamiento estime que la evidencia

admitida o excluida fue un factor

decisivo o sustancial en la sentencia

emitida o decisión cuya revocación se

solicita.62

Para determinar si la evidencia admitida o excluida fue

un factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida, hay

que llevar a cabo “un cálculo algo especulativo, en términos

de cuál es la probabilidad de que de no haberse cometido el

61

32 L.P.R.A. Ap. VI R. 104.

62

32 L.P.R.A. Ap. VI R. 105 (Énfasis suplido).

CC-2010-144

23

error, el resultado hubiera sido distinto.63 De no ser así,

se entenderá que fue un error benigno (“harmless error”) y

no conlleva la revocación de la determinación.

Hemos visto que la Ley SINOT provee para una reserva de

empleo solamente por 12 meses independientemente de que el

empleado se haya recuperado física y emocionalmente. Lo que

es más, como cuestión de derecho sustantivo, para efectos

del

proceso

de

reinstalación

bajo

SINOT,

tan

solo

será

pertinente evidencia relacionada a la condición por la que

se declaró al empleado incapacitado para trabajar en primera

instancia. Siendo ello así, cualquier prueba que se refiera

a su estado físico o emocional que no esté relacionada con

la enfermedad por la cual se le incapacitó es impertinente.

Además, como también hemos visto, el patrono renunció a toda

defensa afirmativa que no incluyó en su contestación a la

demanda, tal y como disponen tanto la Ley 80 como la Ley 2,

por tanto renunció a su derecho a pasar prueba sobre el

asunto. De igual forma, durante el juicio se desfiló prueba

sobre

tomado

el

hecho

de

que

medicamentos

la

querellante,

anti-depresivos

en

efecto,

había

durante

su

recuperación.64 Es decir, ya el foro primario había recibido

prueba sobre el estado emocional de la querellante y los

medicamentos que por ello ingería. El tribunal de instancia

resolvió, en su sana discreción, que la evidencia sobre el

63

64

Chiesa Aponte, Reglas, Op.Cit., p. 88 (Énfasis suplido).

Esto, a pesar de que ella nunca se estableció que dicha

condición la inhabilitara para trabajar como exige SINOT.

CC-2010-144

24

despacho de medicamentos era acumulativa y era innecesario

pasar

prueba

sobre

los

despachos

de

medicamentos

para

noviembre de 2006. No erró.65

V.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, resolvemos

que el patrono incumplió con su obligación bajo SINOT de

reinstalar a la señora Izagas Santos una vez ésta le entregó

la

certificación

emitida

por

el

ocupacional.

Por

médica

que

acreditaba

su

doctor

que

atendió

su

enfermedad

no-

confirmamos

la

sentencia

del

tanto,

recuperación

Tribunal de Apelaciones en cuanto a que la carta del 26 de

octubre no constituyó un despido y revocamos respecto a la

desestimación por la reclamación bajo SINOT. Se devuelve el

caso al Tribunal de Primera Instancia para que otorgue el

remedio

procedente

bajo

SINOT

según

establecido

en

esta

Opinión.66

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

65

Incluso en el supuesto de que se entienda que la prueba

era pertinente y que no era acumulativa, no estamos ni

remotamente ante un error sustancial que de no haberse

cometido hubiese cambiado el resultado.

66

En este caso, la señora Izagas Santos reclamó los

salarios dejados de percibir y una compensación por los

daños y perjuicios sufridos. No solicitó la reinstalación en

el empleo. Por tanto, lo que corresponde es calcular los

salarios que la empleada hubiera devengado entre el momento

en que debió haber sido reinstalada y cuando inició su nuevo

empleo y, de haberse probado, una compensación por los daños

sufridos.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mercedes

Idalis

Izagas

Santos

Peticionaria

Certiorari

CC-2010-144

v.

Family

Drug

Center

And

Convenience Store, Inc.,

h/n/c Farmacia Sarimar Drug

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de

la presente Sentencia, confirmamos la sentencia del

Tribunal de Apelaciones en cuanto a que la carta del

26 de octubre no constituyó un despido y revocamos

respecto a la desestimación por la reclamación bajo

SINOT. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para que otorgue el remedio procedente

bajo SINOT según establecido en esta Opinión.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo