Tribunal Supremo de Puerto Rico
Izagas Santos v. Family Drug Center y otros
2011 TSPR 101
Poder Judicial de Puerto Rico
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Izagas Santos v. Family Drug Center y otros
CC-2010-144
Derecho Laboral – Reserva de empleo y derecho a reinstalación
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mercedes Idalis Izagas Santos
Peticionaria
Certiorari
v.
2011 TSPR 101
Family Drug Center And Convenience
Store, Inc., h/n/c
Farmacia Sarimar Drug
182 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CC
- 2010 - 144
Fecha: 30 de junio de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel Especial
Juez Ponente:
Hon. Erik Ramírez Nazario
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Edwin Rivera Cintrón
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcda. Eric Ronda del Toro
Materia: Despido Injustificado
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mercedes Idalis Izagas Santos
Peticionaria
v.
CC-2010-144
Family
Drug
Center
And
Convenience Store, Inc., h/n/c
Farmacia Sarimar Drug
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2011.
En este caso, analizamos el proceso que debe
seguirse cuando un empleado acogido a la reserva de
empleo
establecida
por
la
Ley
del
Sistema
de
Beneficios por Incapacidad Temporal, mejor conocida
como SINOT, solicita la reinstalación en su puesto.
En
particular,
si
un
patrono
puede
exigirle
que
presente evidencia que acredite su capacidad para
reintegrarse al empleo más allá de su recuperación
de la enfermedad o accidente no-ocupacional que dio
lugar
a
que
se
le
declarara
trabajar en primera instancia.
incapacitado
para
CC-2010-144
2
I.
La señora Mercedes Izagas Santos comenzó a trabajar en
la
Farmacia
Sarimar
Drug
(Family
Drug
Center
and
Convencience Store) el 17 de agosto de 1992 en calidad de
farmacéutica
licenciada.
En
1996,
fue
ascendida
a
la
posición de farmacéutica regente.1 En sus catorce (14) años
como empleada de la farmacia, nunca fue disciplinada ni
amonestada, y su desempeño ha sido catalogado como bueno. A
finales del año 2005, la señora Izagas Santos anunció que se
estaría sometiendo a una operación bariátrica por padecer de
obesidad mórbida. Dicha operación, incluso, fue recomendada
por los co-dueños de la farmacia, el señor José Francois
Soto y la señora Edna Palou, ambos abogados de profesión y
casados entre sí. Para poder someterse a esta operación, la
señora Izagas Santos solicitó y obtuvo de su patrono una
licencia sin sueldo. La operación se llevó a cabo el 31 de
enero
de
2006.2
Acto
seguido,
solicitó
y
obtuvo
los
beneficios de la Ley 139 de 26 de junio de 1968, mejor
conocida como la Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal
1
La farmacéutica regente es la farmacéutica principal de la
farmacia. Es la encargada de los medicamentos controlados
que se venden, lleva los registros, es la responsable ante
los organismos del Estado de esos inventarios, ante el DEA y
ante el Departamento de Salud, supervisa los empleados del
recetario, hace las compras, atiende los asuntos de recetas
y establece los turnos de los empleados, entre otras tareas.
Transcripción de la Prueba Oral, pp. 29-30.
2
El último día que trabajó la señora Izagas Santos antes de
someterse a la operación fue el 27 de enero de 2006.
CC-2010-144
3
(SINOT).3 Tanto la licencia sin sueldo como la solicitud
bajo
SINOT
tenían
como
fundamento
la
incapacidad
para
trabajar que sufriría la señora Izagas Santos durante su
periodo de recuperación producto de la cirugía.
A pesar de que originalmente se había estimado que la
recuperación duraría pocos meses, la señora Izagas Santos
sufrió
complicaciones
consecuencia
Santos
fue
de
estas
atendida
que
alargaron
complicaciones,
por
varios
el
la
proceso.
señora
especialistas,
A
Izagas
aunque
la
coordinación de su condición seguía en manos del cirujano
que llevó a cabo la operación original, el Dr. Albert Suárez
Domínguez.4
El 20 de noviembre de 2006, el doctor Suárez Domínguez
le
dio
un
alta
total
a
la
querellante
expidiéndole
un
certificado médico autorizándola a regresar a su trabajo. No
hizo
determinación
alguna
de
incapacidad,
ni
total
ni
parcial.5 El 28 de noviembre, la señora Izagas Santos le
entregó esta certificación médica al señor Soto. Éste no la
aceptó y le pidió que se la entregara cuando tuviese las
3
Las siglas se refieren al Seguro por Incapacidad
Ocupacional Temporal establecido por dicha ley.
No
4
Como parte del tratamiento post-operacional y de las
complicaciones posteriores, la señora Izagas Santos consumía
distintos
medicamentos
y
recibía
una
variedad
de
tratamientos. Producto de la lentitud de la recuperación, de
que tenía que permanecer en descanso y de que aún no
regresaba a su trabajo, la señora Izagas Santos sufrió de un
periodo de depresión. Ahora bien, en ningún momento se
estableció
que
dicha
depresión
la
incapacitara
para
trabajar.
5
Determinación de Hecho número 12 del Tribunal de Primera
Instancia.
CC-2010-144
4
certificaciones médicas de los demás especialistas que la
atendían que demostraran su capacidad para retornar. Además,
le informó que interesaba reservarse el derecho de que un
médico de su elección la evaluara. Posteriormente se cerró
toda comunicación entre la demandante y los demandados. El 8
de enero de 2007, la señora Izagas Santos comenzó a trabajar
para otra farmacia.
El 10 de enero de 2007 la señora Izagas Santos presentó
una
demanda
por
despido
injustificado
y
en
violación
a
SINOT. En ésta, alegó que una carta enviada por la copropietaria de la farmacia el 26 de octubre de 2006, en
donde se le indicaba que ya no era empleada de la farmacia,
constituyó un despido y que dicho despido se hizo sin que
mediara justa causa y en violación a la reserva de un año
que dispone SINOT, periodo que terminaba en febrero de 2007.
La demanda se presentó y tramitó al amparo del procedimiento
sumario laboral dispuesto por la Ley 2 de 17 de octubre de
1961. En su alegación responsiva, el patrono levantó como
defensa afirmativa que la querellante nunca fue despedida, y
que, por el contrario, ésta no se reportó a trabajar tras
haber sido dada de alta, como dispone SINOT. Además, alegó
que
la
querellante
incumplió
con
los
requisitos
para
reclamar la protección de reinstalación que dispone dicha
ley.
Tras
la
celebración
del
juicio
y
el
desfile
de
la
prueba, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar
CC-2010-144
5
la demanda.6 La sala de instancia determinó que la carta de
26 de octubre de 2006 suscrita por la co-propietaria de la
farmacia, la señora Palou, fue, en efecto, una carta de
despido.7
La parte demandada recurrió al Tribunal de Apelaciones.
En síntesis, alegó (1) que no hubo despido, (2) que la
querellante incumplió con los requisitos de reinstalación
que dispone SINOT y (3) que se debió admitir como evidencia
los récords de los medicamentos despachados a la señora
Izagas hasta noviembre de 2006.8
Apelaciones
revocó,
con
un
El
Tribunal
disenso,
la
de
Sentencia
del
Tribunal de Primera Instancia.9
Sobre el primer señalamiento de error, es decir, que la
carta
del
26
de
octubre
constituyó
un
despido,
el
foro
intermedio revocó la determinación de la sala de instancia.
Según el Tribunal de Apelaciones, a la luz de la totalidad
de las circunstancias, en particular el hecho de que la
6
Como remedio, el Tribunal de Primera Instancia ordenó el
pago de $33,480 por concepto de mesada y $8,370 de
honorarios de abogado. No se dieron remedios bajo SINOT.
7
Determinación de Hecho Núm. 11 de Tribunal de Primera
Instancia.
8
Sobre este tercer punto, el Tribunal de Primera Instancia
rehusó admitir los récords porque eran impertinentes a la
controversia, dado que la reserva de SINOT aun no había
expirado a octubre de 2006 y que la querellante nunca fue
declarada incapacitada por razones mentales o emocionales.
Además, porque era prueba acumulativa ya que durante el
juicio, a pesar de que en la alegación responsiva nunca se
hizo tal defensa afirmativa de incapacidad, se pasó prueba
sobre
la
depresión
de
la
demandante
y
que
tomaba
medicamentos para dicho padecimiento.
9
El juez Piñero González emitió un Voto Disidente.
CC-2010-144
6
peticionaria y el patrono continuaron en comunicación para
canalizar el reintegro a sus labores, dicha carta no podría
verse como un despido.
Sobre el segundo señalamiento de error, la mayoría del
panel del Tribunal de Apelaciones determinó que la señora
Izagas
Santos
“no
había
cumplido
con
proveer
las
certificaciones médicas que acreditaran su recuperación” y,
por
eso,
“no
cumplió
con
los
mediante
Ley
SINOT
para
poder
funciones”.10
El
certificación
del
foro
apelativo
cirujano
requisitos
reintegrarse
concluyó
dadas
establecidos
las
que
a
sus
“esta
sola
circunstancias
de
autos, no cumple con el requisito de la Ley 139, supra, para
establecer
que
capacitado
para
el
trabajador
ocupar
el
está
mental
empleo”.11
y
físicamente
Entendió,
por
el
contrario, que la señora Izagas Santos “no había demostrado
que había sido dada de alta de todas sus condiciones y que
estaba capacitada para ocupar su plaza”.12 Es decir, dado
10
Id., pp. 15 y 20 (Énfasis suplido).
11
Id., p. 21; Anejo petición de certiorari, p. 287. El foro
apelativo equiparó “seguir bajo tratamiento” a no recibir un
“alta” médica. Además, concluyó que, a pesar de que la única
declaración de incapacidad establecida fue como consecuencia
de la operación bariátrica, al estar recibiendo la señora
Izagas Santos tratamiento de otros médicos, éstos también
tenían que certificar que se había recuperado para regresar
a sus labores. Incluso, el Tribunal de Apelaciones concluyó
que “[l]a prueba presentada demuestra que al momento en que
se gestionaba el regreso de la señora Izagas a su empleo,
ésta no había acreditado estar mental y físicamente
capacitada para ocupar su puesto. Al no suplir el
certificado del psiquiatra, incumplió con este requisito de
ley”. Id., p. 23; Anejo petición de certiorari, p. 289
(Énfasis suplido).
12
Id., p. 23.
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7
que la carta del 26 de octubre no era un despido y que
pasado el periodo de reserva de un año provisto por SINOT la
querellante, según la apreciación del tribunal intermedio,
“no ejerció adecuadamente su derecho a ser reinstalada en su
puesto”,13 la reserva de SINOT expiró.
Sobre el tercer señalamiento de error, el Tribunal de
Apelaciones concluyó que los récords de los despachos de
medicamentos a favor de la señora Izagas Santos en noviembre
de 2006 relacionados con su padecimiento de depresión eran
“relevantes para demostrar que a la fecha en que gestionaba
la reinstalación en su empleo, no estaba capacitada para
ello”.14 Además, determinó que esta prueba no admitida tenía
una probabilidad de influencia sustancial en el resultado
del pleito.
Inconforme
Apelaciones,
Tribunal.
con
la
la
señora
Alega
que
injustificadamente
determinación
Izagas
el
la
Santos
tribunal
del
Tribunal
recurrió
ante
apelativo
apreciación
de
la
de
este
descartó
prueba
y
determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia,
ya que dichas determinaciones tienen apoyo en la prueba
presentada. En particular, la peticionaria argumenta que si
se interpreta la carta del 26 de octubre a la luz de los
testimonios
vertidos
en
el
juicio
y
la
adjudicación
de
credibilidad que hizo el foro de instancia, se debe concluir
que en ella se efectuó un despido. Alternativamente, plantea
13
Id.
14
Id., p. 25; Anejo petición de certiorari, p. 291.
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8
que, aunque se entienda que el texto de la carta admite dos
posibles interpretaciones razonables distintas, como ésta
debe interpretarse a la luz de los testimonios vertidos en
el
juicio,
debe
prevalecer
la
interpretación
del
foro
primario.
En segundo lugar, la peticionaria aduce que, al no
alegar el patrono en su contestación a la querella que ella
no estaba capacitada para trabajar, como exige la
renunció
a
esa
defensa
afirmativa,
por
lo
Ley 2,
cual
dicha
capacidad no está en controversia. En la alternativa, la
peticionaria alega que si se entendiera que su capacidad
para regresar a trabajar es un asunto en controversia, a
pesar de que cuando fue despedida aún no había expirado la
reserva dispuesta por SINOT, la indagación se tendría que
circunscribir a la incapacidad sobrevenida como consecuencia
de
la
operación
bariátrica
padecimientos
que
nunca
incapacitada
para
trabajar.
y
no
extenderse
a
que
se
le
declarara
último,
la
peticionaria
provocaron
Por
otros
cuestionó la determinación del Tribunal de Apelaciones a los
efectos de que no se debían excluir los documentos relativos
con
el
historial
de
medicamentos
relacionados
con
su
condición de depresión. El 6 de agosto de 2010 expedimos el
auto de certiorari.15
15
Hemos expresado de forma reiterada que un tribunal
apelativo no debe intervenir con las determinaciones de
hechos de los tribunales de instancia en ausencia de
circunstancias
extraordinarias
o
indicios
de
pasión,
prejuicio, parcialidad o error manifiesto. S.L.G. Rivera
CC-2010-144
9
Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 356 (2009). Esta
norma aplica particularmente a las determinaciones de hechos
que hacen los tribunales de primera instancia basadas en
testimonio oral. Lo anterior se debe a la oportunidad que
tiene el juzgador de observar el comportamiento del testigo
mientras ofrece su testimonio, lo cual constituye un factor
fundamental para la adjudicación de credibilidad. Ramírez
Ferrer v. Conagra Foods Puerto Rico, Inc., 175 D.P.R. 799,
810 (2009).
Sin embargo, esta doctrina de deferencia judicial no es
absoluta, sino que cede ante las posibles injusticias que
puedan acarrear determinaciones de hechos que no estén
sustentadas en la prueba desfilada ante el foro primario.
S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. Es decir, los
tribunales
apelativos,
por
vía
de
excepción,
pueden
descartar dichas determinaciones cuando las mismas no sean
razonablemente representativas de la prueba que desfiló ante
el foro primario. Méndez de Rodríguez v. Morales Molina, 142
D.P.R. 26, 36 (1996). Asimismo, esta norma de deferencia
judicial no es aplicable a la evaluación de prueba
documental o pericial debido a que, en estos casos, los
tribunales apelativos están en las mismas condiciones que el
tribunal de instancia para llevar a cabo una evaluación
adecuada de la prueba y llegar a sus propias conclusiones.
Ríos v. Mark, 119 D.P.R. 816 (1987).
En el caso de epígrafe, el Tribunal de Primera
Instancia resolvió que la carta del 26 de octubre de 2006
constituyó un despido. Surge de la sentencia, que esa
determinación estuvo basada en el texto de la carta y no en
los testimonios orales vertidos por los testigos ante el
foro primario. Así queda evidenciado al disponer que: “Con
fecha del 26 de octubre de 2006 […] suscribe una carta a la
querellante en la que se hace una serie de imputaciones
sobre su visita a la farmacia […] y la despide de su
trabajo”. Apéndice petición de certiorari, p. 205. Las demás
conclusiones
del
foro
de
instancia
respecto
a
los
testimonios
mencionados
son
independientes
a
su
determinación sobre si la carta constituyó un despido,
adjudicación con base en el documento.
Por su parte, el Tribunal de Apelaciones, al resolver
que la carta del 26 de octubre no constituía un despido, se
basó en el texto de la carta en unión a hechos
incontrovertidos, entre éstos, que el señor François Soto,
co-propietario de la farmacia, continuó reuniéndose con la
querellante para planificar la reintegración de esta última
a su empleo. Al tratarse de prueba documental y hechos que
no están en controversia, el foro intermedio se encontraba
en igual posición que el tribunal de primera instancia para
evaluarlos y llegar a sus propias conclusiones. En ese
tenor, acogemos la determinación del Tribunal de Apelaciones
en cuanto a que la carta del 26 de octubre de 2006 no
constituyó un despido a la luz de la continuación de las
comunicaciones
entre
las
partes
para
gestionar
la
CC-2010-144
10
II.
El Tribunal de Apelaciones concluyó que la solicitud de
reinstalación que hizo la peticionaria a su patrono debía
incluir certificaciones médicas de todos los especialistas
que la atendieron y no únicamente del médico que la atendió
en relación con la condición por la que se le incapacitó
bajo SINOT.
La sección 16 del Artículo II de nuestra Constitución
reconoce,
entre
“protección
otros,
contra
el
derecho
riesgos
para
de
su
todo
salud
trabajador
o
a
integridad
personal en su trabajo o empleo”.16 Como parte del cauce
estatutario
de
ese
mandato
constitucional,
la
Asamblea
Legislativa ha aprobado varias leyes especiales dirigidas
específicamente
a
proteger
a
los
trabajadores
que
por
accidente o enfermedad, ya sea ocupacional o no-ocupacional,
se inhabilitan temporeramente para trabajar.17 La Ley 45 de
18 de abril de 1935, según enmendada, mejor conocida como la
Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo
atiende situaciones de enfermedad o accidentes ocupacionales
reinstalación de la señora Izagas Santos. En vista de ello,
limitaremos
nuestra
discusión
al
segundo
y
tercer
señalamiento de error.
16
17
Const. PR, Art II., § 16.
García v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 364, 374 (1999);
Cuevas v. Ethicon Div. J & J Prof. Co., 148 D.P.R. 839, 845
(1999); Torres v. Star Kist Caribe, Inc., 134 D.P.R. 1026,
1029 (1994); Ruy N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio
de la legislación protectora del trabajo en el derecho
laboral puertorriqueño, San Juan, Puerto Rico (Revisión
2005), p. 187.
CC-2010-144
11
que inhabilitan a un trabajador a continuar realizando sus
labores.18 Para situaciones de enfermedades o accidentes no
ocupacionales, se aprobó la Ley 139 de 26 de junio de 1968,
según
enmendada,
Ley
de
Beneficios
por
Incapacidad
Temporal.19 Como adelantáramos, si bien estas leyes cubren
supuestos
distintos
según
la
naturaleza
del
accidente
o
enfermedad, tienen un mismo propósito y hay una notable
uniformidad entre ellas, no sólo en su lenguaje y estructura
estatutaria
sino
consecuencia,
en
su
desarrollo
tanto
la
Asamblea
interpretativo.20
Legislativa
como
Como
este
Tribunal hemos recurrido a una para analizar e interpretar
la otra.21
En cuanto a la reserva de empleo y la obligación de
reinstalación, SINOT dispone así:
En los casos de incapacidad para el trabajo de
acuerdo con las disposiciones de este capítulo,
el patrono vendrá obligado a reservar el empleo
que desempeña el trabajador al momento de
comenzar la incapacidad y a reinstalarlo en el
mismo, sujeto a las siguientes condiciones:
18
11 L.P.R.A. §§ 1 et seq.
19
11 L.P.R.A. §§ 201 et seq.
20
Véase Delgado Zayas, Op.Cit., p. 193. Por un tiempo, la
única diferencia entre los estatutos era la duración del
periodo de reserva cuando la Ley 45 proveía para 12 meses
mientras que SINOT únicamente otorgaba 6 meses. No obstante,
precisamente como parte del proceso de uniformización entre
ambas leyes, ahora SINOT también provee para una reserva de
empleo de 12 meses.
21
Para efectos de la figura de la reserva de empleo y del
significado de incapacidad que ofrece SINOT, por su
semejanza virtualmente idéntica con la Ley 45 y nuestro
historial de interpretación uniforme, haremos referencia
tanto a casos directamente relacionados con SINOT como la
jurisprudencia interpretativa de la Ley 45.
CC-2010-144
12
(1) Que
el
trabajador
requiera
al
patrono que lo reponga en su empleo dentro
del término de quince (15) días, contados
a partir de la fecha en que fue dado de
alta, y siempre y cuando que dicho
requerimiento
no
se
haga
después
de
transcurridos un (1) año desde la fecha de
comienzo de la incapacidad;
(2) que el trabajador esté mental y
físicamente capacitado para ocupar dicho
empleo en el momento en que solicita del
patrono dicha reposición, y
(3)
Como
puede
que dicho empleo subsista.22
observarse,
la
ley
brinda
dos
tipos
de
protección al obrero. Primero, le impone al patrono el deber
de reservarle al trabajador, por doce (12) meses, el empleo
en el que se desempeñaba al momento de ocurrir el accidente.
Segundo, el trabajador tiene derecho a que lo repongan en
ese mismo empleo una vez es dado de alta, si se lo solicita
al patrono y si cumple con los requisitos establecidos. El
remedio
de
reinstalación
constituye
una
excepción
por
consideraciones de política pública al remedio exclusivo de
la
mesada
provisto
por
la
Ley
80
en
casos
de
despidos
injustificados.23 Las obligaciones que tiene el patrono bajo
SINOT son independientes la una de la otra.24 En caso de que
22
11 L.P.R.A. § 203(q) (Énfasis suplido).
23
Véase Rivera v. Ins. Wire Prods. Corp., 158 D.P.R. 110,
117 (2002); Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145
D.P.R. 178, 192 (1998); Vélez Rodríguez v. Pueblo Int‟l,
Inc., 135 D.P.R. 500, 512-513, 515.
24
García v. Darex P.R., Inc., supra, p. 376. Este caso es
en referencia a la Ley 45. A similar conclusión hemos
llegado en cuanto a SINOT. Véase Meléndez v. Asoc. Hosp. del
Maestro, 156 D.P.R. 828 (2002).
CC-2010-144
13
viole el periodo de reserva o no reinstale al empleado que
cumple con los requisitos establecidos en la ley tras haber
sido requerido por éste, el patrono le responderá en daños y
perjuicios.
De la única manera en que un patrono puede despedir a
un empleado durante el periodo de reserva es si media justa
causa.25 Por otra parte, si el patrono lo despide sin justa
causa antes de que venza el periodo de reserva, el empleado
no tendrá que solicitar su reinstalación al finalizar el
periodo de reserva para poder instar su acción de daños
contra
el
patrono
por
haber
violado
la
reserva.26
Hemos
resuelto que esta reserva existe “con total independencia de
si en el futuro el obrero cualifica para ser reinstalado, e
impide que el obrero sea despedido”.27 Por eso, mientras la
reserva
esté
vigente,
no
se
puede
despedir
al
empleado
aunque el empleado no cumpla con los requisitos establecidos
en la ley para pedir la reinstalación.28 En otras palabras,
no será justificación para despedir a un empleado durante el
periodo de reserva el que éste no haya cumplido o que se
prevea
que
no
podrá
cumplir
con
los
requisitos
de
la
reinstalación. De ser éste el caso, el patrono tendrá que
25
Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, supra, p. 857.
26
Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra,
Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, supra, n. 13.
27
García v. Darex P.R., Inc., supra, p. 378.
28
Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, p. 124.
p.
127;
CC-2010-144
14
esperar a que se extinga el período de reserva, salvo que
exista justa causa bajo la Ley 80 para el despido.
El
objetivo
de
la
reserva
de
empleo
bajo
SINOT
es
“garantizar al obrero que se incapacita temporalmente debido
a
una
enfermedad
o
accidente
no
ocupacional,
no
sólo
tranquilidad de espíritu y el sustento de él y de su familia
por
un
tiempo
determinado,
sino
el
derecho
a
ser
reinstalado”.29 Aunque el trabajador esté inhabilitado para
realizar sus funciones, la relación obrero-patronal sigue
intacta mientras dure el periodo de reserva.30 Esta reserva
de
doce
(12)
meses
comienza
a
transcurrir
a
partir
del
momento en que el obrero se inhabilite para trabajar31 y se
29
Rojas v. Méndez & Co., Inc., 115 D.P.R. 50 (1984). Véase
además Delgado Zayas, Op.Cit., p. 193: “[F]ue la intención
del legislador que la protección que recibiera el trabajador
mediante legislación, no fuera meramente económica. Lo que
pretendió proteger fue esencialmente la tenencia del
empleo”.
30
Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, p. 126, citando
a Santos et al. v Lederle, 153 D.P.R. 812 (2001) y Santiago
v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 D.P.R. 763 (1992). Estos casos
se refieren a la reserva de empleo provista por la Ley 45 de
18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como la Ley
del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11
L.P.R.A. §§ 1 et seq. Esta Ley atiende accidentes y
enfermedades ocupacionales, mientras que SINOT atiende casos
no ocupacionales. No obstante, consistentemente hemos
interpretado dichos estatutos de manera integral y uniforme.
Incluso, sobre el asunto específico de la vigencia de la
relación obrero-patronal mientras esté activa una reserva de
empleo, en Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp. por voz del
Juez Asociado Corrada del Río, enfatizamos la relación
íntima entre ambos regímenes estatutarios. Id., p. 126 y
nota núm. 7.
31
Alvira v. SK & F Laboratories Co., 142 D.P.R. 803 (1997,
Opinión Concurrente del Juez Asociado Corrada del Río, p.
819).
CC-2010-144
trata
de
15
un
plazo
de
caducidad.32
Además,
como
estatuto
reparador, estamos obligados a interpretarlo liberalmente a
favor del trabajador.33
Para
disfrutar
de
los
beneficios
de
la
reserva
de
empleo y derecho a reinstalación que provee SINOT, hace
falta
que
enfermedad
el
o
trabajador
accidente
no
quede
incapacitado
ocupacional.
En
por
cuanto
a
una
qué
significa „incapacidad‟ para efectos de esta Ley, el propio
estatuto nos ofrece una definición:
Con respecto a un trabajador quien está
empleado significa su inhabilidad por lesión,
enfermedad o embarazo para desempeñar su trabajo
habitual o cualquier otro trabajo.
[…]
Período de incapacidad será el período
durante el cual [el empleado] está continuamente
inhabilitado.34
Podemos colegir de lo anterior que el elemento central
de
la
definición
de
incapacidad
es
la
inhabilidad
del
empleado, no meramente de llevar a cabo las funciones de su
puesto
en
particular,
sino
de
“cualquier
otro
trabajo”.
Incluso, hemos resuelto que “esta incapacidad debe ser de
tal naturaleza que [le] inhabilite para trabajar totalmente,
no tan sólo para realizar sus labores usuales”.35 No todo
padecimiento conlleva que el empleado esté incapacitado como
32
Id.
33
Rojas v. Méndez & Co., Inc., supra, p. 53.
34
11 L.P.R.A. § 202(g). (Énfasis suplido).
35
Torres González v. Depto. del Trabajo, 127 D.P.R. 931,
937 (1991) (Énfasis suplido).
CC-2010-144
para
16
recibir
los
beneficios
de
SINOT.
Por
eso,
la
certificación de recuperación y recapacitación se referirá
solamente a la incapacidad que originalmente permitió al
empleado disfrutar de los beneficios de SINOT. Nada hay en
la
ley
que
certificación
le
requiera
relacionada
al
con
empleado
padecimientos
presentar
una
que
le
nunca
inhabilitaron para trabajar en primer lugar. Mucho menos
faculta al patrono para exigir pruebas o certificaciones
adicionales.36
Evidentemente, un obrero acogido a SINOT no deja de ser
empleado de su patrono. Por el contrario, tanto la reserva
como el derecho de reinstalación parten de la premisa de la
continuación
enfáticos
de
en
la
que
relación
“la
obrero-patronal.
reserva
de
empleo
Hemos
sido
supone
la
continuación y existencia de la relación obrero-patronal, al
menos durante [el periodo de la reserva]”.37 En el caso de
autos, el patrono se negó a reinstalar a la señora Izagas
Santos
a
su
puesto,
posteriormente,
dentro
a
pesar
del
de
que
periodo
de
ésta
presentó
reserva,
una
certificación médica del doctor que condujo la operación que
la había inhabilitado para trabajar, y a pesar de que la
peticionaria
nunca
fue
declarada
como
incapacitada
36
para
Esto no priva al patrono de poder despedir al empleado,
después de reinstalarlo, si tiene justa causa para ello, por
ejemplo, que no rinda su trabajo eficientemente como dispone
el artículo 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según
enmendada, 29 L.P.R.A. § 185b(b).
37
Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, p. 126.
CC-2010-144
trabajar
17
por
los
demás
padecimientos
que
tenía.
Al
así
actuar, violó la ley.
III.
Las reclamaciones hechas al amparo de la Ley 80 pueden
tramitarse a través de la Ley 2 de 17 de octubre de 1961,
según enmendada,38 que establece un procedimiento sumario
para la rápida consideración y adjudicación de las querellas
de obreros y empleados contra sus patronos relacionadas a
salarios,
beneficios
y
otros
derechos
laborales.39
Desprovista de esta alternativa, una reclamación bajo la Ley
80 sería un procedimiento ordinario más, lo cual, según
hemos dicho anteriormente, es “incompatible con alcanzar, en
su máxima expresión, el mandato legislativo de diligencia en
el dictamen judicial”.40 El deber de este Tribunal de velar
por que los procedimientos judiciales se lleven a cabo con
la
mayor
rapidez
posible,
cobra
singular
importancia
al
enfrentarnos a una situación en la que los otros poderes
constitucionales –legislativo y ejecutivo- en el ejercicio
válido de aprobar leyes, han expresado su sentir sobre los
asuntos que a su juicio merecen especial atención.41 Las
38
32 L.P.R.A. §§ 3118 et seq.
39
Véase Vizcarrondo Morales v.WVM, Inc., 2008 T.S.P.R. 164,
a la pág. 5, 175 D.P.R. ___ (2008); Dávila Rivera v.
Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 492 (1999).
40
41
Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, p. 492.
Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 D.P.R.
660, 665 (1987).
CC-2010-144
18
reclamaciones presentadas según lo dispuesto por la Ley 2
“por su naturaleza y finalidad, ameritan ser resueltas a la
brevedad posible para así lograr los propósitos legislativos
de
proteger
injustificados
el
y
empleo,
proveerle
desalentar
al
obrero
los
despidos
despedido
medios
económicos para su subsistencia mientras consigue un nuevo
empleo”.42
Por
consiguiente,
este
estatuto
también
debe
interpretarse liberalmente a favor del empleado.43 Acorde a
ello,
corresponde
a
los
tribunales
darle
cumplimiento
estricto a los procedimientos establecidos por la Ley 2,44
sin que se entienda, no obstante, que haya sido la intención
del
legislador
imponer
un
trámite
procesal
inflexible
e
injusto para el patrono querellado.45
Cuando se presenta una causa de acción al palio de la
Ley 2, el patrono querellado deberá hacer una sola alegación
responsiva en la cual deberá incluir todas sus defensas y
objeciones, entendiéndose que renuncia a todas las defensas
y objeciones que no incluya en dicha alegación responsiva.46
42
Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pp. 5-6.
43
Id., p. 6.
44
Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, p. 492;
Mercado Cintrón v. Zeta com., Inc., 135 D.P.R. 737, 742
(1994).
45
46
Aguayo Pomales v. R&G Mortgage, 169 D.P.R. 36, 44 (2006).
32 L.P.R.A. § 3120. Esto es cónsono con lo dispuesto por
la Ley 80 en su sección 185k(a): “En toda acción entablada
por un empleado reclamando los beneficios dispuestos por las
secs. 185a a 185m de este título, el patrono vendrá obligado
a alegar, en su contestación a la demanda, los hechos que
dieron origen al despido y probar que el mismo estuvo
justificado.”
CC-2010-144
19
La Ley 2 también dispone que las Reglas de Procedimiento
Civil se aplicarán “en todo aquello que no esté en conflicto
con las disposiciones específicas de las mismas o con el
carácter sumario”.47 Es decir, se recurrirá a las Reglas de
Procedimiento Civil cuando éstas no contradigan lo dispuesto
por
la
cuanto
Ley
2
a
la
o
choquen
con
posibilidad
su
de
sumaria.48
naturaleza
enmendar
las
En
alegaciones
responsivas para incluir defensas afirmativas no mencionadas
originalmente,
hemos
resuelto,
enfáticamente,
que
“los
tribunales de instancia no deben permitir que una parte
querellada
enmiende
adicionar
nuevas
su
contestación
defensas
a
la
afirmativas”.49
querella
En
para
cumplimiento
con las disposiciones antes explicadas, no recurriremos a
las Reglas de Procedimiento Civil cuando el asunto bajo
consideración está expresa y precisamente atendido por la
Ley 2. Solamente podemos ser más flexibles cuando medien
circunstancias verdaderamente excepcionales.50
En el caso de autos, la parte querellada se limitó en
su
alegación
responsiva
a
negar
el
despido.
No
ofreció
ninguna de las justificaciones enumeradas en la Ley 80.
Tampoco
alegó
que
la
querellante
sufría
47
32 L.P.R.A. § 3120.
48
Aguayo Pomales v. R&G Mortgage, supra, p. 51.
de
49
alguna
Srio. del Trabajo v. J.C. Penny Co,. Inc., supra, p. 669.
Véase además Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, p. 16;
Rodríguez et al. v. Rivera et al., 155 D.P.R. 838, 857
(2001).
50
Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., supra, p. 742.
CC-2010-144
20
incapacidad
adicional
a
aquélla
operación
bariátrica.
En
que
era
consecuencia,
producto
renunció
de
a
la
toda
defensa afirmativa adicional.
IV.
Ante el Tribunal de Apelaciones, la parte querellada
señaló
que
el
foro
de
instancia
incidió
al
no
admitir
evidencia sobre el despacho de medicamentos anti-depresivos
a la querellante en noviembre de 2006. El foro apelativo le
dio
la
razón
y
la
peticionaria
aduce
que
se
equivocó.
Debemos, por tanto, examinar nuestra normativa evidenciaria
para llegar a una conclusión.
Evidencia pertinente es aquélla que tiende a aumentar o
disminuir la probabilidad de la existencia de un hecho que
tiene consecuencias para la adjudicación de la acción. Esto
incluye la evidencia que sirva para impugnar o sostener la
credibilidad
de
una
persona
testigo
o
declarante.51
La
evidencia pertinente es admisible excepto cuando se disponga
lo contrario por imperativo constitucional, por disposición
de ley o por las Reglas de Evidencia.52 La materialidad y el
valor
probatorio,
como
nos
explica
el
profesor
Chiesa
Aponte, son elementos fundamentales en la determinación de
pertinencia y admisibilidad,53 y “se refiere a la relación
51
Regla 401 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 401.
52
Regla 402 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap.VI R. 402.
53
Ernesto Chiesa Aponte, Tratado
Tomo I, Rep. Dominicana, p. 22.
de
Derecho
Probatorio,
CC-2010-144
21
[entre la prueba ofrecida] con los hechos y cuestiones de
derecho en controversia”.54 Por tanto, la pertinencia está
vinculada,
condicionada
y
sujeta
al
“derecho
sustantivo
aplicable al caso”.55 Evidencia que no cumpla con cualquiera
de estos dos elementos no es pertinente y no será admisible
en los tribunales.56
Ahora bien, la pertinencia es condición necesaria pero
no
suficiente
para
la
admisión
de
cualquier
medio
de
prueba.57 Por ello, la Regla 403 de Evidencia permite la
exclusión de prueba pertinente “cuando su valor probatorio
queda
sustancialmente
siguientes
factores:
superado
(a)
por
riesgo
cualesquiera
de
causar
de
los
perjuicio
indebido, (b) riesgo de causar confusión, (c) riesgo de
causar desorientación del Jurado, (d) dilación indebida de
los procedimientos y (e) innecesaria presentación de prueba
acumulativa”.58 La exclusión de prueba pertinente según lo
dispuesto por esta Regla descansa en la sana discreción del
tribunal.59
La
causa
de
exclusión
por
conllevar
la
innecesaria presentación de prueba acumulativa tiene como
objetivo la economía procesal.60
54
Id.
55
Ernesto Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico
de 2009, J.T.S., p. 114.
56
Véase Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 D.P.R. 216, 228 (1989).
57
Chiesa Aponte, Tratado, Op.Cit., p. 1.
58
32 L.P.R.A. Ap. VI R. 403 (Énfasis suplido).
59
Chiesa Aponte, Reglas, Op.Cit., p. 116.
Id., p. 119.
60
CC-2010-144
22
Evidentemente, los tribunales se pueden equivocar al
admitir prueba que no era admisible o excluir prueba que sí
lo era. En el segundo caso, la Regla 104(B) de Evidencia
dispone que le corresponde a la parte perjudicada “invocar
el
fundamento
evidencia
específico
ofrecida
y
hacer
para
la
una
admisibilidad
oferta
de
de
la
prueba”.61
Las
Reglas de Evidencia también atienden las consecuencias en
caso de que se cometa un error en la admisión o exclusión de
evidencia.
La
Regla
105
de
Evidencia
dispone,
en
lo
pertinente, como sigue:
(A)
Regla General
No se dejará sin efecto una determinación de
admisión o exclusión errónea de evidencia ni
se revocará por ello sentencia o decisión
alguna a menos que:
(1) la
parte
perjudicada
con
la
admisión o exclusión de evidencia
hubiera satisfecho los requisitos de
objeción, fundamento u oferta de
prueba establecidos en la Regla 104,
y
(2) el
Tribunal
que
considera
el
señalamiento estime que la evidencia
admitida o excluida fue un factor
decisivo o sustancial en la sentencia
emitida o decisión cuya revocación se
solicita.62
Para determinar si la evidencia admitida o excluida fue
un factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida, hay
que llevar a cabo “un cálculo algo especulativo, en términos
de cuál es la probabilidad de que de no haberse cometido el
61
32 L.P.R.A. Ap. VI R. 104.
62
32 L.P.R.A. Ap. VI R. 105 (Énfasis suplido).
CC-2010-144
23
error, el resultado hubiera sido distinto.63 De no ser así,
se entenderá que fue un error benigno (“harmless error”) y
no conlleva la revocación de la determinación.
Hemos visto que la Ley SINOT provee para una reserva de
empleo solamente por 12 meses independientemente de que el
empleado se haya recuperado física y emocionalmente. Lo que
es más, como cuestión de derecho sustantivo, para efectos
del
proceso
de
reinstalación
bajo
SINOT,
tan
solo
será
pertinente evidencia relacionada a la condición por la que
se declaró al empleado incapacitado para trabajar en primera
instancia. Siendo ello así, cualquier prueba que se refiera
a su estado físico o emocional que no esté relacionada con
la enfermedad por la cual se le incapacitó es impertinente.
Además, como también hemos visto, el patrono renunció a toda
defensa afirmativa que no incluyó en su contestación a la
demanda, tal y como disponen tanto la Ley 80 como la Ley 2,
por tanto renunció a su derecho a pasar prueba sobre el
asunto. De igual forma, durante el juicio se desfiló prueba
sobre
tomado
el
hecho
de
que
medicamentos
la
querellante,
anti-depresivos
en
efecto,
había
durante
su
recuperación.64 Es decir, ya el foro primario había recibido
prueba sobre el estado emocional de la querellante y los
medicamentos que por ello ingería. El tribunal de instancia
resolvió, en su sana discreción, que la evidencia sobre el
63
64
Chiesa Aponte, Reglas, Op.Cit., p. 88 (Énfasis suplido).
Esto, a pesar de que ella nunca se estableció que dicha
condición la inhabilitara para trabajar como exige SINOT.
CC-2010-144
24
despacho de medicamentos era acumulativa y era innecesario
pasar
prueba
sobre
los
despachos
de
medicamentos
para
noviembre de 2006. No erró.65
V.
Por los fundamentos anteriormente expuestos, resolvemos
que el patrono incumplió con su obligación bajo SINOT de
reinstalar a la señora Izagas Santos una vez ésta le entregó
la
certificación
emitida
por
el
ocupacional.
Por
médica
que
acreditaba
su
doctor
que
atendió
su
enfermedad
no-
confirmamos
la
sentencia
del
tanto,
recuperación
Tribunal de Apelaciones en cuanto a que la carta del 26 de
octubre no constituyó un despido y revocamos respecto a la
desestimación por la reclamación bajo SINOT. Se devuelve el
caso al Tribunal de Primera Instancia para que otorgue el
remedio
procedente
bajo
SINOT
según
establecido
en
esta
Opinión.66
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
65
Incluso en el supuesto de que se entienda que la prueba
era pertinente y que no era acumulativa, no estamos ni
remotamente ante un error sustancial que de no haberse
cometido hubiese cambiado el resultado.
66
En este caso, la señora Izagas Santos reclamó los
salarios dejados de percibir y una compensación por los
daños y perjuicios sufridos. No solicitó la reinstalación en
el empleo. Por tanto, lo que corresponde es calcular los
salarios que la empleada hubiera devengado entre el momento
en que debió haber sido reinstalada y cuando inició su nuevo
empleo y, de haberse probado, una compensación por los daños
sufridos.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mercedes
Idalis
Izagas
Santos
Peticionaria
Certiorari
CC-2010-144
v.
Family
Drug
Center
And
Convenience Store, Inc.,
h/n/c Farmacia Sarimar Drug
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de
la presente Sentencia, confirmamos la sentencia del
Tribunal de Apelaciones en cuanto a que la carta del
26 de octubre no constituyó un despido y revocamos
respecto a la desestimación por la reclamación bajo
SINOT. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera
Instancia para que otorgue el remedio procedente
bajo SINOT según establecido en esta Opinión.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo