LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Cruz Roche v. De Jesús Colón

2011 TSPR 95

Poder Judicial de Puerto Rico

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Cruz Roche v. De Jesús Colón

CC-2010-191

Derecho Laboral – Ley de Discrimen en el Empleo (Ley Núm. 100); comunidad de bienes

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

César Cruz Roche

Recurrido

Certiorari

v.

2011 TSPR 95

Janet de Jesús Colón y otros

182 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC

- 2010 - 191

Fecha: 23 de junio de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel III

Juez Ponente:

Hon.

Luis

A. Rosario Villanueva

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Liudmila Ortiz Marrero

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. Luzbeth Rodríguez Carbonell

Lcdo. Edgar Andújar Jiménez

Materia:

División de Comunidad de Bienes y/o Cobro de Dinero

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a

la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

César Cruz Roche

Recurrido

v.

CC-2010-191

Certiorari

Janet de Jesús Colón y Otros

Peticionarios

Opinión del Tribunal

HERNÁNDEZ DENTON

emitida

por

el

Juez

Presidente

SEÑOR

San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2011.

En

el

día

hoy

debemos

resolver

si

una

persona favorecida por una sentencia judicial que

le compensa económicamente al amparo de la Ley

Núm. 100, infra, por haber sufrido discrimen en

el empleo, puede transar con su antiguo patrono

por una cantidad inferior, sin el aval de su ex

cónyuge, y en el proceso afectar partidas que se

reputan gananciales.

El Tribunal de Apelaciones resolvió que la

beneficiaria de la sentencia judicial tenía que

contar con el consentimiento de su ex cónyuge,

coadministrador de la comunidad de bienes surgida

entre

ellos,

para

transar

con

su

patrono

una

compensación menor a la originalmente concedida.

CC-2010-191

Por

2

los

fundamentos

expuestos

a

continuación,

revocamos.

I.

El Sr. César Cruz Roche y la Sra. Janet de Jesús Colón

estuvieron casados desde mayo de 1996 hasta enero de 2003,

cuando advino final y firme su divorcio y cesó de existir

la sociedad de bienes gananciales que había entre ambos. El

divorcio

fue

por

consentimiento

correspondiente

sentencia

se

alcanzados

las

respecto

bienes

por

adquiridos

partes

y

las

mutuo

recogieron

deudas

a

y

los

en

la

acuerdos

cómo

dividir

los

contraídas

durante

la

vigencia del matrimonio. Nada se estableció, sin embargo,

sobre

cómo

dividir

la

compensación

económica

que

podría

recaer a favor de la señora De Jesús Colón por motivo de un

pleito sobre discrimen en el empleo que ella había incoado

al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según

enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 146 et seq., conocida como

“Ley de Discrimen en el Empleo”. (Ley Núm. 100)

En junio de 1997, vigente el matrimonio, la señora De

Jesús

Colón

fue

Whitehall-Robins

despedida

de

su

empleo

Laboratories.

A

raíz

en

del

la

empresa

despido,

la

señora De Jesús Colón, el señor Cruz Roche y la sociedad de

bienes

gananciales

compuesta

por

ambos

demandaron

a

Whitehall-Robins Laboratories al amparo de la Ley Núm. 100.

No obstante, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la

acción del señor Cruz Roche y de la sociedad de bienes

gananciales al resolver que la referida Ley Núm. 100 está

diseñada

para

auxiliar

y

beneficiar

únicamente

a

los

CC-2010-191

3

empleados objeto de discrimen y no cobija a los familiares

de éstos.

La demanda por discrimen siguió su curso y el foro

primario condenó a Whitehall-Robins Laboratories a pagarle

a la señora De Jesús Colón una compensación de $736,000. La

sentencia del foro primario, emitida el 21 de julio de 2003

cuando ya estaba disuelto el matrimonio, incluía $293,000

por lucro cesante y $75,000 por angustias mentales. Ambas

partidas se duplicarían como penalidad por el discrimen,

tal como lo contempla la Ley Núm. 100, para un total de

$736,000, monto que no incluye los honorarios de abogado.

Insatisfecha

Laboratories

apeló

con

lo

anterior,

ante

el

Tribunal

Whitehall-Robins

de

Apelaciones

el

dictamen judicial que le otorgó la compensación económica a

la señora De Jesús Colón. Ante este escenario, la señora De

Jesús Colón –ya divorciada y con la custodia de dos hijos

universitarios–

decidió que le resultaba más conveniente

transigir con su antiguo patrono y alcanzar un acuerdo que

la compensara por $137,500 en la partida de lucro cesante.

Al hacer el referido acuerdo extrajudicial, la señora De

Jesús Colón no consultó ni buscó el aval o consentimiento

de su ex cónyuge, el señor Cruz Roche.

Posteriormente, la señora De Jesús Colón y su antiguo

patrono presentaron al tribunal

el acuerdo transaccional

alcanzado. El señor Cruz Roche, por su parte, presentó una

moción solicitando intervención y en oposición a que se

dejara sin efecto la sentencia original del foro primario.

En enero de 2005, el Tribunal de Primera Instancia acogió

CC-2010-191

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el acuerdo transaccional y, a su vez, denegó la solicitud

de intervención del señor Cruz Roche.

Acto seguido, el señor Cruz Roche presentó el 1 de

febrero de 2005 una demanda sobre división de bienes y

cobro de dinero en el Tribunal de Primera Instancia. En

ésta, el señor Cruz Roche reclamó la mitad de las partidas

gananciales

que

la

sentencia

judicial

le

había

otorgado

originalmente a la señora De Jesús Colón y le solicitó al

tribunal que adjudicara la controversia mediante sentencia

sumaria.

El

señor

Cruz

Roche

planteó

que,

tras

la

disolución del matrimonio, surgió una comunidad de bienes

post

ganancial

que

debía

ser

administrada

por

ambos

cónyuges y que la señora De Jesús Colón, al llegar a un

acuerdo

extrajudicial,

realizó

un

acto

dispositivo

de

bienes en común sin su consentimiento.

Al momento de la división de bienes, el Tribunal de

Primera Instancia determinó que, en efecto, una porción de

la

compensación

a

la

señora

De

Jesús

Colón

–

aquella

relacionada con los salarios dejados de cobrar durante la

vigencia del matrimonio – era de carácter ganancial y, como

tal, debía concedérsele la mitad de la referida partida al

señor

Cruz

Roche

en

la

división

de

los

bienes.

Por

consiguiente, el tribunal le ordenó a la señora De Jesús

Colón pagarle al señor Cruz Roche $135,025, cantidad que el

tribunal determinó que representaba la mitad de lo que le

fue otorgado originalmente a ella por concepto de lucro

cesante.

CC-2010-191

5

Así, pues, el foro de instancia determinó, mediante

sentencia sumaria a favor del señor Cruz Roche, que la suma

recibida por la señora De Jesús Colón al amparo de la Ley

Núm. 100 era parcialmente ganancial y que no se estableció

nada al respecto en las estipulaciones que acompañaron el

divorcio por consentimiento mutuo. Inconforme, la señora De

Jesús Colón acudió al Tribunal de Apelaciones. Argumentó,

en

esencia,

que

la

Ley

interpretativa

establecen

diseñado

cobijar

para

Núm.

que

y

100

el

y

su

referido

beneficiar

jurisprudencia

estatuto

exclusivamente

está

al

empleado afectado y, como tal, el señor Cruz Roche no tenía

derecho a partida económica alguna, pues ella era la única

con

legitimación

activa

e

intereses

protegidos

en

el

pleito.

En

octubre

de

2009,

el

Tribunal

de

Apelaciones

confirmó al foro primario al resolver que una porción de la

compensación económica a favor de la señora De Jesús Colón

era ganancial y que, por ello, le correspondía al señor

Cruz Roche cobrar la mitad de la partida de lucro cesante.

El foro apelativo intermedio, sin embargo, determinó que el

Tribunal de Primera Instancia había errado al dirimir la

controversia

entender

que

de

autos

había

mediante

sentencia

asuntos

todavía

en

sumaria

y,

por

controversia,

devolvió el caso al foro primario para que se celebraran

las correspondientes vistas evidenciarias. Inconforme con

esta parte de la decisión, el señor Cruz Roche solicitó

reconsideración al Tribunal de Apelaciones.

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6

Acogida la moción de reconsideración, en enero de 2010

el Tribunal de Apelaciones emitió otra sentencia en la que

determinó que:

De la prueba presentada durante la vista en

su fondo, quedó probado que desde el 1997 hasta

el 2002 la [señora De Jesús Colón] generó la suma

de $270,050 en concepto de lucro cesante, por lo

que al apelado le correspondía la mitad de dicha

cantidad sin importar el verdadero resarcimiento

por ésta luego del acuerdo confidencial suscrito

con

[Whitehall-Robins

Laboratories].

Al

no

haberse consultado con el apelado el acuerdo

antes mencionado la apelante está obligada a

responder por la suma establecida en la sentencia

[del Tribunal de Primera Instancia] del 31 de

julio de 2003 porque éste no se podrá ver

afectado por un acuerdo en el cual no participó

ni consintió. Por lo tanto, dejamos sin efecto la

celebración de una vista evidenciaria[…] César

Cruz Roche v. Janet de Jesús Colón, KLAN200900567.

Insatisfecha

con

dicha

determinación,

la

señora

De

Jesús Colón acude ante nos. Plantea que el Tribunal de

Apelaciones erró al considerar su compensación económica al

amparo de la Ley Núm. 100 como una de carácter ganancial y

al exigirle el consentimiento de su ex cónyuge para llegar

a un acuerdo transaccional que redujo la cuantía de

la

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia

Evaluada su argumentación, emitimos una orden al señor

Cruz Roche para que mostrara causa por la cual no debíamos

revocar la sentencia del foro apelativo intermedio. Con el

beneficio de su comparecencia, procedemos a resolver.

II.

A.

La Ley Núm. 100 fue diseñada por el legislador con el

objetivo

principal

de

proteger

a

los

empleados

de

la

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7

empresa privada contra todo tipo de discrimen. Rodríguez

Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486, 508 (1990). Este

Tribunal ha expresado que esa protección que persigue la

Ley

Núm.

100

es

de

carácter

personalísimo;

es

decir,

protege y beneficia únicamente al empleado discriminado y

no a su progenie o a sus familiares cercanos. Véase Santini

Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 D.P.R. 1 (1994). Lo anterior

se debe a que el referido estatuto es de índole laboral y

“su

objeto

estricto

es

la

relación

obrero

patronal”.

Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra, pág. 5.

Hemos sido enfáticos en que la Ley Núm. 100 “no tiene,

pues, nada que ver con terceros u otras personas que no

sean

empleados”.

Íd.

En

suma,

es

derecho

firmemente

establecido que la Ley Núm. 100 no es el vehículo procesal

para que parientes de un empleado discriminado acudan a los

tribunales en busca de resarcimiento de daños.

No

obstante

lo

anterior,

una

compensación

judicial

otorgada a un empleado al amparo de la Ley Núm. 100 sí

podría contener porciones que se reputan gananciales, pues

pueden

estar

devengar

incluidas

durante

la

partidas

vigencia

por

de

salarios

un

dejados

matrimonio.

de

Véase

Maldonado v. Banco Central Corp., 138 D.P.R. 268 (1995).

Cabe recordar que el Art. 1307 del Código Civil dispone que

“se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio,

mientras

no

se

pruebe

que

pertenecen

privativamente

al

marido o a la mujer”. 31 L.P.R.A. sec. 3647.

A tales efectos, en Maldonado v. Banco Central Corp.,

supra, págs. 272-273, manifestamos que “dicha compensación

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por ingresos dejados de percibir es parte y goza del mismo

carácter de ganancialidad que le hemos adjudicado al lucro

cesante”,

que

es

nada

menos

que

ingresos

dejados

de

percibir. Allí dijimos que, “al instar su acción bajo la

Ley Núm. 100 (de carácter especial protector), un empleado

casado

implícitamente

sociedad

de

reclama

gananciales

corresponden”.

Íd.

Más

en

las

aún,

representación

partidas

declaramos

que

entonces

de

su

a

ésta

que

“el

hecho de que una concesión de dinero por concepto de lucro

cesante se obtenga dentro de un pleito fundado en la Ley

Núm. 100 no altera el carácter ganancial de dicha partida”.

Íd.

Por ende, coexisten dos hechos. Por una parte, la Ley

Núm. 100 es de carácter personalísimo y busca la protección

del

empleado

terceros.

discriminado,

Y,

compensación

por

otra

proveniente

excluyendo

a

familiares

parte,

hay

una

porción

de

Ley

Núm.

100

la

y

de

la

que,

por

sustituir salarios dejados de devengar, se considera lucro

cesante y se reputa ganancial.

B.

Establecido lo anterior, debemos considerar qué tipo

de relación económica había entre los litigantes al momento

de dictarse la sentencia original del Tribunal de Primera

Instancia,

Luego,

cuando

debemos

ya

se

resolver

había

si

disuelto

esta

el

relación

matrimonio.

entre

ambos

obligaba a la señora De Jesús Colón a co-administrar su

compensación económica producto de la Ley Núm. 100.

CC-2010-191

9

El

Art.

1315

sociedad

de

matrimonio

mediante,

del

Código

gananciales

Civil

concluye

entre

otros,

establece

al

un

que

la

disolverse

el

divorcio

final

y

firme. 31 L.P.R.A. sec. 3681. Véase también García López v.

Méndez García, 102 D.P.R. 383, 395 (1974). El Art. 105 del

Código Civil, por su parte, preceptúa que el divorcio lleva

consigo la ruptura completa del vínculo matrimonial y la

separación de propiedad y bienes de todas clases entre los

cónyuges. 31 L.P.R.A. sec. 381.

Como es sabido, cuando culmina una sociedad de bienes

gananciales mediante la disolución del matrimonio, “surge

una comunidad de bienes entre los cónyuges que se rige, a

falta

de

contratos

o

disposiciones

especiales,

por

las

normas de dicha figura jurídica”. Calvo Mangas v. Aragonés

Jiménez, 115 D.P.R.

figura

de

la

219, 228 (1984).

comunidad

de

bienes

De esta forma, la

post

ganancial

está

gobernada por los Arts. 326 al 349 del Código Civil, 31

L.P.R.A. secs. 1271-1285. Específicamente, el Art. 328 del

Código Civil establece que cada partícipe podrá servirse de

las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a

su destino y de manera que no perjudique el interés de la

comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según

su derecho. 31 L.P.R.A. sec. 1273.

De igual manera, este Tribunal ha resuelto que durante

la existencia de la comunidad de bienes, ninguno de los ex

cónyuges puede tener el monopolio de ella. Soto López v.

Colón, 143 D.P.R. 282, 289 (1997). No hay que demostrar

necesidad de tipo alguno para que un comunero ex cónyuge

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10

reclame su participación en la administración y disfrute de

los bienes. Íd, pág. 288. En Soto López v. Colón, supra,

también resolvimos, citando a Puig Brutau, que el uso de la

cosa en común no puede efectuarse en perjuicio de los demás

condueños.

El

Art.

332

del

Código

Civil

expone

cómo

se

debe

administrar la comunidad de bienes surgida entre dos ex

cónyuges. 31 L.P.R.A. sec. 1277. Al respecto, sostiene:

Para la administración y mejor disfrute de la

cosa común serán obligatorios los acuerdos de

la mayoría de los partícipes. No habrá mayoría

sino cuando el acuerdo esté tomado por los

partícipes que representen la mayor cantidad de

los intereses que constituyan el objeto de la

comunidad. Si no resultare mayoría, o el

acuerdo de éste fuera gravemente perjudicial a

los interesados de la cosa común, el Tribunal

Superior proveerá, a instancia de parte, lo que

corresponda, incluso nombrar un administrador.

Íd.

C.

Por

último,

sentencia

o

convertirse

podremos

debemos

dictamen

en

responsabilidad

judicial

dispositiva

atisbar

la

de

evaluar

de

en

es

un

qué

final

caso.

y

De

fecha

precisa

en

dividir

en

partes

momento

una

firme

para

esta

que

manera,

surgió

la

iguales

la

compensación ganancial recibida por un ex cónyuge.

Un dictamen judicial es final cuando se archiva en

autos la notificación y se registra la sentencia, pero se

convierte en firme una vez haya transcurrido el término

para pedir reconsideración o apelar sin que esto se haya

hecho.

R.

Hernández

Colón,

Derecho

Procesal

Civil,

Ed., Lexis Nexis, 2010, Puerto Rico, págs. 378-379.

5ta.

CC-2010-191

11

Hace más de medio siglo explicamos que una sentencia

es

final

o

definitiva

“cuando

resuelve

el

caso

en

sus

méritos y termina el litigio entre las partes, en tal forma

que no queda pendiente nada más que la ejecución de la

sentencia”. Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551, 556 (1955).

Véanse, además, Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 509

(1977); Camagleo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20, 26

(1986); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642 (1987).

Lo

anterior

no

significa,

sin

embargo,

que

se

trate

necesariamente de una sentencia inapelable. Véase Johnson &

Johnson Inc. v. Mun. de San Juan, 172 D.P.R. 840 (2007).

Específicamente, una sentencia es final y firme cuando

todas las cuestiones contenciosas entre los litigantes han

sido

dispuestas

y

no

cabe

recurso

de

apelación

alguno.

Véase Suárez Morales v. E.L.A., 162 D.P.R. 43 (2004). No

obstante,

durante

el

término

provisto

para

acudir

en

revisión o apelación, la misma aún no será firme.

III.

Con estos preceptos en mente, pasemos a resolver la

controversia de autos en sus méritos. En este caso, surgió

una comunidad de bienes cuando se disolvió por divorcio el

matrimonio regido por la sociedad de bienes gananciales. En

dicha comunidad figuraban las partidas de una compensación

económica a favor de una de las comuneras por motivo de los

salarios

que

matrimonio,

gananciales.

dejó

de

salarios

devengar

que,

durante

como

la

vimos,

vigencia

se

del

reputan

CC-2010-191

12

Además, es evidente que hubo un acto dispositivo por

parte

de

la

señora

De

Jesús

Colón

al

transigir

con

su

antiguo patrono una suma ganancial sin el consentimiento

del otro comunero, su ex cónyuge Cruz Roche. Sin embargo,

la

señora

De

provenientes

Jesús

Colón

negoció

una

causa

de

de

partidas

acción

económicas

personalísima

que

provee la Ley Núm. 100 en beneficio exclusivo de empleadas

discriminadas como ella.

A la luz de lo anterior, debemos conciliar, por un

lado, que las protecciones otorgadas por la Ley Núm. 100

son personalísimas a favor del empleado discriminado y, por

otro

lado,

que

tanto

el

Código

Civil

como

nuestra

jurisprudencia especifican que una comunidad de bienes que

surge

tras

la

disolución

de

una

sociedad

de

bienes

gananciales debe ser administrada conjuntamente por ambos

cónyuges. En este caso, lo anterior se reduce a contestar

si una mujer compensada económicamente por la Ley Núm. 100

– que incluye partidas gananciales del salario dejado de

devengar

–

debía

coadministrador

ellos,

para

de

buscar

la

modificar

el

aval

comunidad

la

de

cantidad

de

su

bienes

que

ex

cónyuge,

surgida

le

había

entre

sido

otorgada, o si bastaba su decisión para alcanzar un acuerdo

con su antiguo patrono.

Hoy resolvemos que, aunque haya una partida ganancial

en la cifra global concedida como compensación al amparo de

la

Ley

Núm.

100,

la

causa

de

acción

continúa

siendo

personalísima mientras no haya una sentencia final y firme

que sea dispositiva del pleito. Es decir, incoar la demanda

CC-2010-191

13

por discrimen en el empleo, litigar el caso, apelarlo o

transarlo son todas acciones derivadas de una prerrogativa

que pertenece única y exclusivamente al empleado afectado.

Como

tal,

es

el

empleado

demandante

quien

único

tiene

legitimación para hacer con su causa de acción al amparo de

Ley Núm. 100 lo que él o ella entienda que le resultará más

conveniente.

Esto

porque

la

letra

clara

de

la

ley,

la

intención del legislador y la jurisprudencia interpretativa

de la Ley Núm. 100 sostienen que el referido estatuto se

diseñó

con

el

discriminados,

propósito

no

a

sus

de

cobijar

familiares

o

a

los

empleados

parientes.

Santini

Rivera v. Serv. Air, Inc., supra.

Ahora bien, es innegable que muchas causas de acción

instadas

bajo

contendrán

cesante,

la

Ley

partidas

se

Núm.

que,

reputarán

100

por

–

como

ser

gananciales.

en

este

caso

–

producto

del

lucro

Maldonado

v.

Banco

Central Corp., supra. Estas partidas, pues, tendrán que ser

dividas correspondientemente, pero sólo después de que el

propietario de la causa de acción – el empleado afectado –

haya decidido cómo litigar, transar o disponer de su caso

que,

después

de

todo,

le

pertenece

exclusivamente.

El

empleado discriminado es dueño y señor (o señora) de su

caso. Hasta que el caso concluya, no hay porción alguna –

ni tan siquiera la ganancial – sobre la cual el cónyuge o

ex

cónyuge

pueda

tener

una

participación

líquida

y

exigible.

En el presente caso, si bien es cierto que el Tribunal

de Primera Instancia emitió una sentencia otorgando cierta

CC-2010-191

14

compensación económica al amparo de la Ley Núm. 100 a favor

de la señora De Jesús Colón, ésta nunca fue firme, pues el

período

para

acudir

en

apelación

nunca

expiró.

Por

el

contrario, el patrono demandado apeló dicha sentencia y,

posteriormente, negoció con la señora De Jesús Colón. Esto

último

condujo

a

un

acuerdo

transaccional

que,

una

vez

aceptado por el Tribunal de Primera Instancia en enero de

2005, fue lo que dispuso del caso hasta éste convertirse en

final

(pues

terminó

todas

las

controversias

entre

los

litigantes y se archivó la orden a esos efectos en autos) y

firme

(pues

ya

no

era

posible

apelar

el

dictamen).

Es

decir, el caso que enfrentó a la señora De Jesús Colón con

su antiguo patrono nunca fue final y firme hasta el momento

en que el foro de instancia acogió el acuerdo alcanzado

entre las partes, lo archivó en autos y expiró el tiempo

dispuesto por ley para apelar. A partir de ese momento, y

sólo a partir de ahí, es que surgió la posibilidad de que

el

ex

cónyuge,

el

señor

Cruz

Roche,

reclamara

su

participación en la porción ganancial de la compensación

otorgada a la señora De Jesús Colón.

Así, quien posea una causa de acción al amparo de la

Ley Núm. 100 no tiene que contar con el aval de su cónyuge

(en caso de haber una sociedad de bienes gananciales) o ex

cónyuge (si hay una comunidad de bienes post ganancial ya

disuelto el matrimonio) para tomar decisiones que afecten

la referida causa de acción, pues ésta le pertenece al

empleado exclusivamente. El ex cónyuge que reclame parte de

la porción ganancial de la compensación económica recibida

CC-2010-191

15

por el empleado bajo la Ley Núm. 100 sólo podrá participar

del

monto

acción

que

haya

quede

una

vez

el

empleado

dispuesto

de

su

caso

como

titular

mejor

él

de

o

la

ella

entendiera.

Del mismo modo que un empleado tiene la potestad de

procurar un trabajo que lo remunere en mayor o menor grado,

así también un empleado discriminado posee la prerrogativa

de incoar o no una demanda, litigarla de una u otra forma o

de transar el caso. El control en uno u otro supuesto lo

tiene el empleado, aunque sin duda en ambas instancias sus

acciones repercutirán sobre los ingresos que recibirá la

sociedad de bienes gananciales que posiblemente integra.

IV.

Por todo lo anterior, se expide el auto solicitado, se

revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones emitida en

reconsideración

Tribunal

de

y

se

Primera

devuelven

Instancia

los

para

procedimientos

que

éste

al

determine,

acorde con lo aquí dispuesto, cuál fue la cantidad final

recibida por la señora De Jesús Colón producto del acuerdo

con su antiguo patrono y qué porción se reputará ganancial.

Una vez determinado lo anterior, se ordenará la división

por

partes

iguales

de

la

porción

ganancial

del

acuerdo

alcanzado entre la señora De Jesús Colón y Whitehall-Robins

Laboratories.

Para hacer la división correspondiente, el Tribunal de

Primera Instancia debe tomar varios pasos. En primer lugar,

debe determinar qué porción se le otorgó a la señora De

Jesús Colón como compensación por lucro cesante. En segundo

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lugar, debe decidir qué cantidad de esa porción se habría

devengado

durante

la

vigencia

del

matrimonio.

Será

esa

cantidad la que se repute ganancial. Una vez determinado

ese

monto

ganancial,

el

Tribunal

ordenará

que

dicha

cantidad ganancial se divida en partes iguales entre ambos

litigantes. Para la división, no se debe usar la figura

duplicada de lucro cesante que provee la Ley Núm. 100 como

penalidad contra el patrono discriminante, sino el monto

simple que es el que en realidad hubiera devengado como

salario durante la vigencia del matrimonio.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

César Cruz Roche

Recurrido

v.

CC-2010-191

Certiorari

Janet de Jesús Colón y Otros

Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente Sentencia, se expide el auto solicitado,

se

revoca

la

sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones emitida en reconsideración y se

devuelven los procedimientos al Tribunal de

Primera Instancia para que éste determine, acorde

con lo aquí dispuesto, cuál fue la cantidad final

recibida por la señora De Jesús Colón producto

del acuerdo con su antiguo patrono y qué porción

se reputará ganancial. Una vez determinado lo

anterior, se ordenará la división por partes

iguales de la porción ganancial del acuerdo

alcanzado entre la señora De Jesús Colón y

Whitehall-Robins Laboratories.

Para hacer la división correspondiente, el

Tribunal de Primera Instancia debe tomar varios

pasos. En primer lugar, debe determinar qué

porción se le otorgó a la señora De Jesús Colón

como compensación por lucro cesante. En segundo

lugar, debe decidir qué cantidad de esa porción

se habría devengado durante la vigencia del

matrimonio. Será esa cantidad la que se repute

ganancial.

Una

vez

determinado

ese

monto

ganancial,

el

Tribunal

ordenará

que

dicha

cantidad ganancial se divida en partes iguales

CC-2010-191

2

entre ambos litigantes. Para la división, no se debe usar

la figura duplicada de lucro cesante que provee la Ley Núm.

100 como penalidad contra el patrono discriminante, sino el

monto simple que es el que en realidad hubiera devengado

como salario durante la vigencia del matrimonio.

Lo pronunció, manda el Tribunal

Secretaria del Tribunal Supremo.

y

certifica

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

la