LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Negrón Miró v. Vera Monroig

2011 TSPR 90

Poder Judicial de Puerto Rico

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Negrón Miró v. Vera Monroig

CC-2009-871

Propiedad Intelectual – Inscripción de derechos en el Registro de la Propiedad Intelectual de Puerto Rico

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan C. Negrón Miró y Mayra

Nieves, la Sociedad Ganancial que

ambos componen

Certiorari

Peticionarios

2011 TSPR

v.

90

Roberto Vera Monroig y Jane Doe,

Sociedad Ganancial compuesta por

ambos, Compañía de Impresos XYZ,

Inc. , Compañía de Rotulaciones

XYZ, Inc. demandados desconocidos

18 2 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC

- 2009 - 871

Fecha: 16 de junio de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Utuado Panel XI

Juez Ponente:

Hon. Carlos A. Cabán García

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Carlos Fernández Nadal

Abogados de la Parte Recurrida:

L cdo. Daniel A. Rivera Hernández

Lcdo. Miguel J. Negrón Vives

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a

comunidad.

la

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan C. Negrón Miró y Mayra

Nieves, la Sociedad Ganancial

que ambos componen

Peticionarios

v.

Roberto Vera Monroig y Jane

Doe,

Sociedad

Ganancial

compuesta por ambos, Compañía

de

Impresos

XYZ,

Inc.,

Compañía de Rotulaciones XYZ,

Inc. demandados desconocidos

CC-2009-871

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez.

San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2011

Esta vez debemos aclarar si un autor tiene que inscribir

su obra y sus derechos morales de autor en el Registro de la

Propiedad Intelectual de Puerto Rico para que dichos derechos

sean efectivos y el autor tenga a su haber los remedios

provistos

en

la

referida

legislación.

Tras

examinar

la

naturaleza de los derechos morales de autor, así como el

historial y propósitos de la Ley de Propiedad Intelectual,

concluimos que actualmente la inscripción en el Registro de

la

Propiedad

Intelectual

es

un

acto

voluntario,

pero

necesario para poder instar una acción judicial procurando

remediar la transgresión de los derechos morales.

I.

El 23 de enero de 2006, el señor Juan C. Negrón Miró, la

señora

Mayra

compuesta

por

Nieves

y

la

sociedad

ambos,

presentaron

una

legal

de

demanda

gananciales

de

daños

y

CC-2009-871

2

perjuicios contra el señor Roberto Vera Monroig, entre otros.

En esencia, alegaban que el Sr. Negrón Miró es fotógrafo

profesional y creador de una foto aérea del Municipio de

Adjuntas,

la

cual

había

sido

utilizada

por

el

demandado

entonces Alcalde del referido Municipio en el año 2004 como

parte de su campaña política a la reelección.

el

demandado

utilizó

y

mutiló

la

obra

del

Se alegó que

fotógrafo

sin

obtener su autorización, violando así sus derechos morales de

autor.

Tras

comenzar

el

descubrimiento

de

prueba,

los

demandados presentaron una moción de desestimación en la cual

sostuvieron que el autor de la foto no tenía su obra y

derechos morales inscritos en el Registro de la Propiedad

Intelectual de Puerto Rico, lo cual impedía que instara la

presente

reclamación.

Oportunamente

la

parte

demandante

presentó su réplica oponiéndose a la desestimación.

Así las

cosas, luego de evaluar los argumentos de las partes, el

Tribunal

acción

de

Primera

mediante

Instancia

sentencia

desestimó

dictada

el

8

con

de

perjuicio

mayo

de

la

2009,

notificada el 14 de mayo de 2009.

El

12

de

junio

del

mismo

presentaron

un

recurso

de

apelación

Apelaciones.

errado

al

año,

ante

los

demandantes

el

Tribunal

de

Allí expresaron que el foro primario había

condicionar

sus

derechos

y

reclamaciones

sobre

derechos morales de autor a la previa inscripción de la obra

en el Registro de la Propiedad Intelectual.

No obstante, el

foro apelativo intermedio confirmó la sentencia recurrida.

CC-2009-871

3

El tribunal razonó que la Ley de Propiedad Intelectual de

Puerto Rico, infra, requiere que la inscripción de la obra se

realice

“con

anterioridad

a

los

hechos”

que

alegadamente

infringen los derechos morales del autor.

Su determinación

se notificó el 14 de septiembre del 2009.

Inconformes aún,

el 14 de octubre de 2009, los demandantes presentaron un

recurso

de

revocación

Apelaciones.

solicitado,

certiorari

de

la

ante

sentencia

este

Foro

solicitando

la

emitida

por

el

de

Tribunal

El 26 de marzo de 2010, expedimos el recurso

tras

lo

cual

ambas

partes

presentaron

sus

respectivos alegatos.

Los peticionarios sostienen que nuestro ordenamiento no

exige la inscripción de la obra y el derecho moral del autor

para que éste tenga a su haber las prerrogativas reconocidas

en la Ley de Propiedad Intelectual, pues éstas le asisten al

autor desde el instante en que su obra es creada.

parte,

los

recurridos

replican

que

la

Ley

de

Por su

Propiedad

Intelectual expresamente condiciona el disfrute del derecho

moral del autor, a la inscripción de la obra y el derecho

moral en el Registro de la Propiedad Intelectual.

trasfondo fáctico, así como la

Visto el

dialéctica de las partes,

pasamos a resolver.

II.

La controversia ante nosotros requiere interpretar el

texto del artículo 359ll de la Ley de Propiedad Intelectual

de Puerto Rico.

31 L.P.R.A. sec. 1402d.

Específicamente, la

interrogante que atendemos surge por la oración final de

dicho artículo, la cual fue incluida como una enmienda, junto

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4

a otras, mediante la Ley Núm. 56 de 24 de junio de 1996.

Tras la aprobación de esta ley, el referido artículo dispone:

Podrán, a solicitud de su autor o sus

derechohabientes, registrarse en el Registro de la

Propiedad Intelectual [varios tipos de obras].

. . . Las inscripciones que autoriza esta

sección tendrán el efecto de reservar a favor del

autor

de

la

obra

inscrita

o

de

sus

derechohabientes, el correspondiente derecho de la

propiedad

intelectual.

Para

gozar

de

los

1

beneficios de esta Ley es necesario haber inscrito

el derecho y las obras que lo sustentan en el

Registro de la Propiedad Intelectual, con arreglo a

lo

establecido

en

las

secciones

anteriores.

(Énfasis suplido).

31 L.P.R.A. sec. 1402d.

En vías de disponer del presente asunto, es necesario

repasar los principios que nutren la figura del derecho moral

y auscultar la evolución histórica sobre los requerimientos

de formalidades a los cuales se ha sujetado la efectividad de

los derechos de autor.

adjudicativa,

hemos

Asimismo, al ejercer nuestra función

de

seguir

el

mandato

legislativo

dispuesto en la propia Ley de Propiedad Intelectual, el cual

ordena que ésta “deberá interpretarse y aplicarse por los

tribunales y organismos administrativos de Puerto Rico, de

forma que auxilie y haga efectivos en la práctica para los

autores puertorriqueños, los derechos que reconoce la Ley de

Derechos de Autor de los Estados Unidos y en lo dispuesto en

1

Existe una discrepancia entre el texto publicado en las

Leyes de Puerto Rico, donde lee “beneficios de esta Ley”,

1996 Leyes de Puerto Rico 236, y las Leyes de Puerto Rico

Anotadas, en la cual se expresa “beneficios de este

capítulo”, 31 L.P.R.A. sec. 1402d (Supl. 2010) (Énfasis

suplidos).

Acogemos el texto aprobado por la Asamblea

Legislativa en el P. del S. 1313 del 30 de enero de 1996,

según publicado en las Leyes de Puerto Rico.

CC-2009-871

5

ésa y en la [Ley de Propiedad Intelectual de Puerto Rico] . .

.”.

31 L.P.R.A. sec. 1402m.

A.

En repetidas ocasiones hemos expresado que los derechos

de

autor

en

nuestra

jurisdicción

están

cobijados

por

el

Federal Copyright Act, 17 U.S.C. sec. 101 et seq., y la Ley

de Propiedad Intelectual de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.

1401 et seq.

Harguindey Ferrer v. U.I., 148 D.P.R. 13, 27

(1999); Cotto Morales v. Ríos, 140 D.P.R. 604, 611 (1996).

De

forma

supletoria,

las

disposiciones

del

Código

Civil

pueden aplicarse a controversias sobre derechos de autor en

tanto no sean incompatibles con estos estatutos.

Tribunal Superior, 102 D.P.R. 260 (1974).

Reynal v.

La combinación de

estas leyes provee a los autores una protección abarcadora,

fijando derechos patrimoniales y extra-patrimoniales; estos

últimos mejor conocidos como derechos morales.

Los

autor

derechos

de

explotar

patrimoniales

delimitan

económicamente

su

la

facultad

del

obra,

mientras

los

derechos morales protegen el vínculo personal entre el autor

y su creación.

Cotto Morales v. Ríos, supra, pág. 612.

Si

bien los derechos patrimoniales están ampliamente regulados

por la legislación federal, en ésta los derechos morales

gozan de una protección muy limitada.

Específicamente, desde

la promulgación de la Visual Artists Rights Act (“VARA”),

Pub. L. No. 101-650, 104 Stat. 5128 (1990), solo los autores

de ciertas obras de “arte visual” (“works of visual art”)

pueden disfrutar del derecho moral federal de atribución e

integridad.

Por ello nuestra Ley de Propiedad Intelectual

CC-2009-871

tiene

un

6

radio

extenso

de

aplicación

al

establecer

los

derechos morales de los autores, siempre y cuando, claro

está, no entre en conflicto con el estatuto federal.

Cotto

Morales v. Ríos, supra; Pancorbo v. Wometco de P.R., Inc.,

115 D.P.R. 495 (1984).2

En cuanto al derecho moral del autor, nuestra Ley de

Propiedad Intelectual reconoce que el creador de la obra

tiene “las prerrogativas exclusivas de atribuirse o retractar

su autoría, disponer de su obra, autorizar su publicación y

proteger

su

integridad”.

31

L.P.R.A.

sec.

1401.

Estos

derechos le asisten al autor en virtud del acto creador de la

obra, sin más.

31 L.P.R.A. sec. 1401a.

Véase, Harguindey

Ferrer v. U.I., supra, pág. 22 (“De un examen de nuestra Ley

de

Propiedad

Intelectual

se

desprende

que

la

propiedad

intelectual de una obra corresponde al autor por el solo

hecho

de

su

creación.”);

Ossorio

Ruiz

v.

Srio.

de

la

Vivienda, 106 D.P.R. 49, 55 (1977) (“El derecho moral nace

2

Advertimos que el caso ante nosotros trata sobre un alegado

uso y mutilación de una fotografía. Aunque la Visual Artists

Rights Act brinda a los autores el derecho moral de

atribución e integridad sobre ciertas fotos, para que éstas

estén cobijadas por el estatuto tienen que cumplir con varios

requisitos que comprenden, tanto sus características físicas,

como el propósito para el cual fueron creadas. 17 U.S.C.A.

secs. 101, 106A.

Si la fotografía en controversia

satisficiera dichos requisitos, podría estar dentro del campo

ocupado por la legislación federal, quedando los tribunales

estatales privados de jurisdicción. Véanse, Cotto Morales v.

Ríos, 140 D.P.R. 604 (1996); Melville B. Nimmer & Davis

Nimmer, Nimmer on Copyright, Matthew Bender, Ed. Rev., Vol.

3, Sec. 8D.06; Robert J. Sherman, The Visual Artists Rights

Act of 1990: American Artists Burned Again, 17 Cardozo L.

Rev. 373, 410-12 (1995).

No obstante, debido a que el

expediente ante este Foro no provee información suficiente

para evaluar este asunto, no nos es posible disponer del

mismo.

CC-2009-871

con

la

7

obra

misma

y

subsiste

.

.

.

aun

después

de

su

cesión.”) (Citas omitidas).

Lo que caracteriza al derecho moral, en contraposición a

los

derechos

patrimoniales,

pretende

proteger,

a

existente

entre

autor

el

es

saber,

y

la

zona

la

relación

su

obra.

de

intereses

Sus

que

personalísima

cimientos

refieren al medio por el cual tiene origen su labor.

nos

Durante

el proceso creativo, el autor puede imaginar cómo será su

proyecto culminado, lo puede diseñar y, una vez iniciado,

podría destruirlo por su insatisfacción para luego volver a

comenzar.

producir

O bien podría cometer un error y, por accidente,

su

pieza.

De

todas

formas,

en

cada

etapa

del

proceso, el carácter, las vivencias y la ideología del autor

se van plasmando en su obra.

Por ello, el producto final no

es menos que el reflejo del ser humano responsable de su

creación;

es

decir,

la

obra

del

prolongación de su personalidad”.

la Vivienda, supra, pág. 55.

“es

de

hecho

una

Ossorio Ruiz v. Srio. de

Una mirada a la obra es una

mirada al interior de su autor.3

3

autor

Tan estrecha relación nos

Véase Susan P. Liemer, Understanding Artists’ Moral Rights:

A Primer, 7 B.U. Int. L.J. 41, 43 (1998) (“The unique

relationship between an artist, the creative process, and the

resultant art makes an artist unusually vulnerable to certain

personal harms. The art an artist produces is, in a sense,

an extension of herself. The artists' connection to her art

is much more personal and simply qualitatively different from

the relationship of most other people to other objects and

activities. . . . The artist stands uniquely open to attack

upon her psyche because she is so closely connected to the

creative process and the creative product. A blow to either

the process or product may be a blow to her personally.

Because the artist infuses her work with her own personality,

a harm to the work or her relationship to the work may well

harm the artist herself.

The artists' reaction may even

CC-2009-871

8

ha llevado a expresar que la afrenta sufrida por la obra,

lesiona a su vez la “personalidad y dignidad de su creador”.

Id.

Véase, Cotto Morales v. Ríos, supra, pág. 623 (“Por

ello,

la

distorsión,

mutilación

o

falsa

representación,

maltrata una expresión de esa personalidad y el honor de su

creador.”).

No tratamos con un mero interés o privilegio, estamos

frente a un derecho de suma importancia reconocido por ley.

“En el derecho civil se ha clasificado el derecho moral de

autor como un derecho personalísimo, junto a otros derechos

tales como el derecho a la vida, a la libertad e integridad

física,

derecho

al

honor,

derecho

a

la

imagen

Cotto Morales v. Ríos, supra, pág. 621 (1996).

Gavin, Le Droit Moral de l'Auteur dans la

gislation

formó

parte

los

derechos

humanos

otros.”

Véase Gerard

urispruden e et la

ran aises, Paris, 1960, Sec. 255.

de

y

Éste incluso

reconocidos

Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

en

la

Art. 27.2

de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948)

(“Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses

morales y materiales que le correspondan por razón de las

producciones científicas, literarias o artísticas de que sea

autora.”) (Énfasis suplido).

Véanse Robert C. Bird, Moral

Rights: Diagnosis and Rehabilitation, 46 Am. Bus. L.J. 407,

410

(2009)

(“These

rights

are

often

conceived

as

a

fundamental human right or a personal civil right, grounded

in the author's essential personhood and the projection of

_______________________

resemble her reaction to a physical injury to herself or

someone very close to her.”) (Citas omitidas).

CC-2009-871

9

that personhood on an artistic or creative work.”); Benjamin

Davidson, Lost in Translation: Distinguishing Between French

and Anglo-American Natural Rights in Literary Property, and

how

Dastar

Proves

that

the

Difference

Still

Matters,

38

Cornell Int‟l L.J. 583, 585-86 (2005); Daniel J. Gervais, The

Internationalization of Intellectual Property: New Challenges

from the Very Old and the Very New, 12 Fordham Intell. Prop.

Media

&

Ent.

L.J.

929,

934

(2002);

Susan

P.

Liemer,

Understanding Artists’ Moral Rights: A Primer, 7 B.U. Int.

L.J. 41, 42 (1998).

Esas características que definen el derecho moral del

autor

han

llevado

a

algunos

académicos

reconocimiento como derecho humano.

relevancia

en

constitucionales.

la

protección

a

impulsar

su

Otros han señalado su

de

algunos

derechos

Por ejemplo, el Dr. Ulrich Uchtenhagen,

distinguido profesor y consultor de la Organización Mundial

de Propiedad Intelectual, comentó que:

El derecho de autor además se encuentra en las

inmediaciones de la libertad de expresión. [É]sta

sería inútil si la expresión personal pudiera ser

falseada o incluso torcido su sentido hasta

volverlo en su contrario.

La protección de la

opinión expresada contra su desfiguración y su

mutilación y el derecho de constar con el nombre en

relación con la expresión manifestada el “derecho

moral” del autor por lo tanto constituyen el

complemento en el derecho privado de la libertad de

expresión.

Ulrich Uchtenhagen, El Derecho de Autor como Derecho Humano,

Revista de Derecho Privado, Núm. 3, pág. 8 (1998).

Por

nuestra parte, incluso previo a la aprobación de la Ley de

Propiedad Intelectual, ya habíamos llamado la atención a la

CC-2009-871

10

tangencia evidente entre el derecho moral del autor y la

cláusula

constitucional

que

protege

la

dignidad

humano, declarando que ésta es inviolable.

del

ser

Ossorio Ruiz v.

Srio. de la Vivienda, supra, pág. 55, n. 2; Art. II., Sec. 1,

Const. E.L.A., 1 L.P.R.A.

morales

son

“uno

de

También afirmamos que los derechos

esos

derechos

que

revisten

carácter

universal y que implican, por lo tanto, un deber de todos los

demás sujetos jurídicos con respecto a su titular.

De ahí la

obligación general que a todos incumbe de abstenerse y evitar

cualquier trastorno o perturbación a ese derecho.”

Cotto

Morales v. Ríos, supra, pág. 623.

Visto lo anterior, es evidente que el derecho moral del

autor

se

jurídico.

y

la

revela

meritorio

en

nuestro

ordenamiento

Ahora bien, ¿es necesario inscribir dicho derecho,

obra

plenamente?

trascendental

sobre

la

Antes

explorar

cual

de

cuál

recae,

para

formular

nuestra

ha

el

sido

poder

ejercerlo

respuesta,

desarrollo

de

es

las

exigencias relativas a las formalidades en los derechos de

autor.

Especialmente, echaremos una mirada al curso seguido

en España y Estados Unidos, por ser las tradiciones jurídicas

de mayor relevancia en el desarrollo de nuestro Derecho.

B.

En

el

ámbito

internacional,

mediante

el

Convenio

de

Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas

(“Convención de Berna”), la mayor parte de las naciones han

acordado que el “goce y el ejercicio de [los derechos de

autor] no estarán subordinados a ninguna formalidad . . .”.

Art. 5(2) del Convenio de Berna para la Protección de las

CC-2009-871

11

Obras Literarias y Artísticas (1971).

países

han

modificado

sus

Desde entonces, muchos

legislaciones

para

establecer

registros nacionales, de carácter voluntario, donde se pueden

inscribir

los

derechos

de

autor.

Éstos

han

seguido

una

tendencia moderna en la que la inscripción se percibe como un

medio

facilitador

del

ejercicio

de

los

derechos,

ya

que

brinda a los autores una forma simple y efectiva de probar su

autoría y el derecho que les asiste.

Véase Organización

Mundial de Propiedad Intelectual, Copyright Registration and

Documentation,

http://www.wipo.int/copyright/en/activities/

copyright_registration/

(última

visita

el

15

de

junio

de

2011).

Por otro lado, en España los antecedentes históricos de

las

formalidades

a

las

que

se

intelectual se remontan al año 1847.

sujetaba

la

propiedad

El 10 de junio de ese

año, se promulgó una ley que requería el depósito de la obra

en dos instituciones del Estado para poder garantizar el

derecho de propiedad del autor sobre su obra.

Art. 13, Ley

de 10 de junio de 1847 (derogada) (“Ningún autor gozará de

los beneficios de esta Ley si no probase haber depositado un

ejemplar de la obra que publique en la Biblioteca Nacional, y

otro

en

el

anunciarse

Ministerio

su

venta.”).

de

Instrucción

Pública,

Posteriormente,

antes

mediante

la

de

Ley

Española de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 la

cual estuvo en vigor en Puerto Rico se creó un Registro

General de la Propiedad Intelectual.

El artículo 36 de este

estatuto contenía un lenguaje casi idéntico al dispuesto en

CC-2009-871

12

el artículo 359ll de nuestra Ley de Propiedad Intelectual que

provoca la controversia que atendemos.

gozar

de

inscrito

los

beneficios

el

derecho

de

en

esta

el

Aquél disponía: “Para

Ley

es

Registro

necesario

de

la

haber

Propiedad

Intelectual con arreglo a lo establecido en los artículos

anteriores.”

Art. 36, Ley de 10 de enero de 1879 (derogada).

Dicha inscripción tenía que realizarse dentro de un año, a

partir

de

su

publicación,

y

a

falta

de

tal

inscripción,

estaría en el dominio público4 por diez años, tras lo cual el

autor

tendría

nuevamente

inscribir su obra.

un

año

con

la

posibilidad

de

De no hacerlo, la obra pasaría al dominio

público permanentemente.

Id.

Los tratadistas de la época expresaban que “[p]ara la

legislación

española,

inscripción

en

el

es

condición

Registro

del

sine

derecho

qua

de

non

la

propiedad

intelectual si se quiere disfrutar de la protección legal”.

Juan

Giménez

Propiedad

Bayo

&

Intelectual:

Disposiciones

Legales

Lino

Rodríguez-Arias

Bustamante,

La

Compilación

y

Comentarios

de

las

Vigentes

en

España

con

su

Jurisprudencia, Ed. Reus, Madrid, 1949, pág. 238.

Véase

además José María Manresa y Navarro, Comentarios al Código

Civil Español, Ed. Reus, Madrid, Tomo III, 8va ed., 1976,

pág. 866.

Inclusive, el principal autor de la Ley Española

de 1879, el jurisconsulto Danvila y Collado,

4

comentaba que

El término “dominio público” se refiere a la extinción de

los derechos exclusivos que provee a los autores la

legislación sobre propiedad intelectual.

En términos

generales, una vez la obra pasa al “dominio público”, toda la

sociedad puede hacer uso de aquellas facultadas que hasta

entonces habían sido reservadas para el autor.

CC-2009-871

“[l]a

13

declaración

que

hace

la

Ley

es

terminante.

Sus

beneficios no puede gozarlos sino aquel que ha inscrito su

derecho

en

el

obligatorio,

indispensable.

derecho

a

Registro

que

dice

.

.

es

.

y

de

necesario

tal

manera

o,

mejor

lo

hace

dicho,

No basta ser autor de una obra para tener

explotarla

exclusivamente.

Para

adquirirle

es

necesario inscribir, y el que no inscribe podrá tener la

gloria de la obra, pero no adquirirá sobre ella la propiedad

legal.”

Giménez Bayo & Rodríguez-Arias Bustamante, op. cit.,

pág. 239, citando a Danvila y Collado.5

No obstante, con el pasar de los años y una fuerte

crítica al requerimiento de formalidades para garantizar la

protección de la propiedad intelectual se fue desarrollando

un mejor entendimiento del derecho de autor y del vínculo

entre

la

obra

y

su

creador.

Así,

bajo

la

Ley

eliminada

la

obra

el

Española

de

Propiedad

Intelectual,

exigencia

de

inscribir

el

Registro.

Véase José Castán Tobeñas, Derecho Civil Español:

derecho

quedó

vigente

sobre

la

en

Común y Foral, Ed. Reus, Madrid, Tomo II, Vol. I, 14ta ed.,

1992, pág. 613 (“la inscripción ya no es un requisito para el

5

Esta lectura de la Ley Española de Propiedad Intelectual de

1879, no es compartida por todos los académicos españoles.

Véase José María Chico y Ortiz, La Seguridad Jurídica y el

Registro de la Propiedad Intelectual, 96 Revista General de

Legislación y Jurisprudencia 595, 605, Núm. 4 (1988) (“La Ley

de 1879 nunca dijo que la inscripción de la propiedad

intelectual fuese „constitutiva‟.

La Ley partía de una

inscripción „estimulada‟ y reconociendo que la „creación‟

daba vida a la propiedad intelectual y que desde la misma

existía dicho derecho, señalaba un plazo para que el autor

pudiese inscribir su obra, y si no lo hacía su obra podía

pasar provisionalmente al dominio público, y si transcurrían

diez años sin inscribirla, la obra pasaba definitivamente al

dominio público.”).

CC-2009-871

14

reconocimiento

por

el

del

derecho

de

propiedad

conditio

iuris

para

su

protección

intelectual,

ni

jurídica”.).

El rechazo a las formalidades de la legislación

anterior

fue

tan

una

Estado

rotundo

que

se

ordenó

la

aplicación

retroactiva de la nueva ley, de manera que los autores cuyas

obras habían pasado al dominio público por no haber sido

inscritas en el Registro bajo la ley derogada, volverían a

estar

protegidos

por

la

ley

vigente.

Disposiciones

Transitorias, Segunda, Ley 22 de 11 de noviembre de 1987.

Hoy en día, los tratadistas españoles siguen mirando con

recelo

la

obligación

de

inscripción

que

establecía

el

anterior estatuto.

Y destacaríamos sobre todos uno de sus desaciertos

más graves: la imposición del depósito de la obra

y más aún, de la inscripción del derecho en el

Registro de la Propiedad Intelectual, como un

requisito formal que condicionaba la protección

jurídica, hasta el punto de que la obra publicada y

no inscrita por su autor en el plazo de un año,

podía ser publicada y reproducida por cualquiera

durante un plazo de 10 años, después del cual podía

ser registrada por el autor dentro de otro plazo de

un año, cayendo definitivamente en el dominio

público si no lo hiciere. Contra esta medida hay

que tener en cuenta que en la propiedad intelectual

no puede estimarse de ningún modo el registro de la

obra como una condición de la tutela jurídica, sino

que aquél debe quedar reducido a un medio de prueba

de la paternidad del autor y de la identidad de la

obra, que cabe sean suplidos por otros medios

diferentes.

Hermenegildo Baylos Corroza, Tratado de Derecho Industrial,

Civitas, España, 3ra ed., 2009, pág. 719 (Citas omitidas).

Veamos ahora la experiencia en los Estados Unidos, donde

aun cuando las formalidades siempre han estado presentes en

la regulación sobre los derechos de autor, sin duda también

se puede apreciar una tendencia hacia su reducción.

Véanse

CC-2009-871

15

Roger E. Schechter & John R. Thomas, Intellectual Property:

The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Thomson West,

2003,

págs.

75-93;

Jane

C.

Ginsburg,

The

United

States

Experience with Mandatory Copyright Formalities: A Love/Hate

Relationship,

33

Colum.

J.L.

&

Arts

311

(2010);

Shira

Perlmutter, Freeing Copyright from Formality, 13 Cardozo Arts

&

Ent.

L.J.

Formalities:

565

No

(1993);

More

Arthur

Second-class

Levine,

The

Copyright

End

of

Owners,

13

Cardozo Arts & Ent. L.J. 553 (1993).

En los Estados Unidos, desde el año 1790, un requisito

indispensable para gozar de la protección de los derechos de

autor bajo la legislación federal, era presentar la portada

de la obra en la Corte de Distrito donde residiera el autor.

Ley de 31 de mayo de 1790, 1 Stat. 124 (1790) (derogada).

Con

la

aprobación

del

Copyright

Act

de

1909,

dicha

presentación o inscripción la cual se podía realizar en la

Oficina de Derechos del Autor (Copyright Office) ya no era

necesaria

para

tener

la

protección

de

la

ley

durante

un

primer período de veintiocho (28) años desde que la obra

fuera publicada.

(1909) (derogada).

Ley de 4 de marzo de 1909, 35 Stat. 1075

Sin embargo, era necesario depositar e

inscribir la obra para gozar de un subsiguiente período de

protección de igual duración, así como para poder presentar

acciones por violación a los derechos de autor.

Id.

Otra

formalidad que estableció este estatuto fue el requerimiento

de plasmar el aviso del derecho de autor (“Copyright, Copr.,

©”).

Los autores debían incluir en sus obras publicadas

CC-2009-871

16

dicho aviso, en una forma y lugar específico según la obra de

la cual se tratara, y si no lo hacían, su obra pasaba al

dominio público.

Tras varios años de estudios y discusiones sobre una

posible reforma del derecho de autor, se promulgó el Federal

Copyright Act de 1976, supra.

Aunque esta ley mantuvo las

formalidades ya descritas, minimizó las consecuencias de su

incumplimiento proveyendo, entre otros mecanismos, un período

de gracia de cinco (5) años a partir de la publicación para

inscribir

la

obra

y

realizar

esfuerzos

razonables

para

subsanar la omisión del aviso de los derechos de autor.

U.S.C.A. sec. 405(a)(2).

los

Estados

Unidos

17

Ahora bien, en 1988, el Congreso de

aprobó

la

ley

para

implementar

en

su

territorio la Convención de Berna y así adherirse a los demás

países miembros de la Unión que allí se estableció con la

intención de proteger los derechos de autor bajo un marco

internacional homogéneo.

Berne Convention Implementation Act

of 1988, Pub. L. No. 100-586, 102 Stat. 2853 (1988).

Esta

legislación significó un gran paso hacia la flexibilización

de requisitos formales para la protección de los derechos de

autor.

En primer lugar, se suprimió la exigencia de incluir en

la obra publicada el aviso de derecho de autor como condición

para

ostentar

la

protección

legal.

Desde

entonces

el

referido aviso es meramente voluntario, aunque se estimula su

inclusión

permitiendo

que

el

autor

que

lo

incluya,

y

posteriormente inicie un pleito por violación a sus derechos

de autor, se oponga a que el demandado alegue desconocer que

CC-2009-871

17

la obra estaba protegida para no sufragar daños estatutarios.

17 U.S.C.A. secs. 401(d), 402(d).

En segundo lugar, en lo

que respecta a obras originadas en otros países de la Unión

de Berna, quedó eliminado el requerimiento de inscribir el

derecho de autor antes de poder instar una acción ante los

tribunales por violación a dicho derecho.

411(a).

17 U.S.C.A. sec.

No obstante, tal obligación sigue vigente para obras

originadas en los Estados Unidos, ello a pesar de que la

inscripción no es una condición para la protección de los

derechos de autor.

que

lo

que

se

17 U.S.C.A. sec. 408(a).

requiere

es

llevar

a

cabo

Cabe aclarar

el

trámite

administrativo para lograr la inscripción, no la efectiva

inscripción del derecho, pues aun si ésta es denegada tras la

evaluación de la solicitud de inscripción, el autor está

autorizado a presentar su acción por violación a sus derechos

de autor.

17 U.S.C.A. sec. 411(a).

Finalmente, en 1990 el Congreso aprobó la Visual Artists

Rights Act (“VARA”) para incorporar aunque de una forma muy

limitada

entre

los

derechos

de

autor

reconocidos

en

la

jurisdicción federal, los derechos morales de atribución e

integridad sobre ciertas obras de artes visuales.

Pub. L.

No. 101-650, 104 Stat. 5128 (1990); 17 U.S.C.A. sec. 106A.

Empero,

es

meritorio

señalar

que

todos

los

autores

que

presentan reclamaciones ante los foros judiciales federales

para hacer efectivos estos derechos morales, están exentos de

tener que inscribir previamente su derecho de autor en la

Oficina de Derechos del Autor.

17 U.S.C.A. sec. 411(a).

CC-2009-871

Este

18

breve

recuento

nos

permite

apreciar

que

los

sistemas de protección de derechos de autor en todo el mundo,

y en España y Estados Unidos en particular, se han modificado

para proveer garantías y salvaguardas efectivas, libres de

formalidades, para los autores.

sistema

justo,

en

el

que

la

Todos tratan de alcanzar un

labor

intelectual

pueda

ser

cosechada y promovida sin trabas técnicas ajenas al quehacer

creativo.

Contando ahora con este bagaje, examinemos la

controversia de autos.

III.

La parte recurrida sostiene que el artículo 359ll de la

Ley de Propiedad Intelectual, 31 L.P.R.A. sec. 1402d, no

permite que se protejan judicialmente los derechos morales de

la parte peticionaria ya que dispone que para “gozar de los

beneficios de esta Ley es necesario haber inscrito el derecho

y

las

obras

que

lo

sustentan

en

el

Registro”,

y

el

peticionario no tenía inscrita su obra cuando presentó esta

acción.

Le asiste la razón a los recurridos.

Es indispensable recordar que cuando se aprobó la Ley de

Propiedad Intelectual en el 1988, mediante la cual se creó el

Registro de la Propiedad Intelectual, la Asamblea Legislativa

consideraba

que

el

registro

simplemente

un

mecanismo

que

“que

existía

facilit[a]

en

la

España

era

labor

de

determinar si en circunstancias determinadas se ha cometido

una violación”.

Exposición de Motivos, Ley Núm. 96 de 15 de

julio de 1988.

Con ello en mente, se aprobó la legislación

para lograr que la comunidad intelectual de nuestro país

gozara de la “mayor protección de sus derechos”.

Id.

Por

CC-2009-871

19

eso se creó el Registro, para que “permita la más adecuada

defensa

de

los

derechos

de

esta

clase

facilitando

la

inscripción y protección de todos los derechos inherentes a

los integrantes de esta clase”.

Id. (Énfasis suplidos).

Asimismo, las enmiendas hechas a la ley en el 1996 tuvieron

el propósito de facilitar su implantación “en protección de

los

derechos

de

la

comunidad

intelectual

del

país”.

Exposición de Motivos, Ley Núm. 56 de 24 de junio de 1996.

Sin

embargo,

a

través

del

artículo

359ll,

dichas

enmiendas también introdujeron a nuestra Ley de Propiedad

Intelectual la inscripción en el Registro de la obra y el

derecho moral como requisito para el goce y disfrute de las

protecciones que brinda la ley.

Véase Pedro G. Salazar, La

protección legal del autor puertorriqueño, Ed. UPR, San Juan,

2000, pág. 295.

Cónsono con lo anterior, sólo hemos resuelto

que no es necesaria la inscripción de la obra en el Registro

en aquellas situaciones peculiares en las cuales se alega que

otra persona se atribuyó la autoría de la obra; es decir,

cuando se invoca el derecho moral de atribución.

Harguindey

Ferrer v. U.I., supra.

De manera que,

actualmente y como regla general, la

inscripción de la obra y el derecho moral en el Registro de

la

Propiedad

Intelectual,

sí

es

requerida

por

nuestro

ordenamiento jurídico para poder disfrutar plenamente de los

derechos

morales

tramitar

una

de

acción

autor.

Ello,

ya

que

no

judicial

para

sus

reparos

es

posible

sin

antes

contar con la referida inscripción, según ordena el artículo

CC-2009-871

359ll.

20

Aunque

el

reclamo

del

peticionario

de

que

reconozcamos el ejercicio y la protección de los derechos

morales de autor sin necesidad de inscribir la obra en el

Registro tiene eco en la tendencia libre de formalidades que

ha

seguido

la

comunidad

internacional,

nuestra

Legislativa ha optado por un esquema distinto.

Asamblea

Es a dicha

Rama de Gobierno a quien corresponde seleccionar el modelo a

seguir y a quien deben dirigirse los reclamos de reforma.6

6

En caso que la Rama Legislativa tenga a bien reevaluar el

desarrollo internacional de la protección de los derechos

morales de autor, un asunto a considerar es si exigir a

nuestros autores que inscriban sus obras para poder defender

su personalidad y dignidad, según fue plasmada en el trabajo

de su autoría, en efecto podría dejar sin derechos a la mayor

parte de nuestra comunidad intelectual, que por razones

diversas, no puedan acceder al Registro.

Piénsese, por

ejemplo, en nuestros artesanos; afanosos artistas que

perpetúan nuestra cultura y tradiciones.

Ellos componen un

numeroso grupo que constantemente está creando nuevas obras.

¿Tendrían ellos que acudir al Registro cada vez que produzcan

una nueva pieza? Podrían ser varias las limitaciones a las

que se tengan que enfrentar para poder tan siquiera

personarse al Registro, sin mencionar las dificultades

económicas que tendrían que sobrevenir para satisfacer los

costos de cada inscripción. Véase Roger E. Schechter & John

R. Thomas, Intellectual Property: The Law of Copyrights,

Patents and Trademarks, Thomson West, 2003, pág. 89

(Traducción nuestra):

“Las virtudes de un sistema de inscripción de

derechos de autor son similares a las de cualquier

otra forma de registro organizado.

Establece un

sistema de documentos públicos que ayuda a los

potenciales usuarios del material protegido por los

derechos de autor a localizar los propietarios del

material,

de

manera

que

puedan

obtener

las

autorizaciones necesarias.

Una visión económica

podría decir que el sistema reduce los costos de

transacción.

Por otro lado, para ciertos autores, el

procedimiento de inscripción podría ser demasiado

oneroso o costoso.

A diferencia de las grandes

casas publicadoras o disqueras que pueden emplear

personal dedicado exclusivamente a cumplimentar

solicitudes para la inscripción de los derechos de

CC-2009-871

No

obstante

razonamiento

respecto

21

a

lo

enunciado

la

anterior,

por

necesidad

de

debemos

señalar

el

Tribunal

de

que

el

autor

que

el

Apelaciones,

cuente

con

la

inscripción al momento en que sufre la alegada violación de

sus derechos morales, no es acertado.

Todo lo que exige la

ley es la inscripción de la obra y el derecho, no dispone que

ésta deba llevarse a cabo con anterioridad a la transgresión.

31 L.P.R.A. sec. 1402d.

La interpretación que propone el foro recurrido es una

similar a aquella que se le daba al artículo 36 de la antigua

Ley Española de 1879.

Bajo dicha postura el Registro sería

un mecanismo constitutivo de derechos, pues

al exigir la

inscripción

en

antes

de

una

posible

violación

efecto

se

estaría condicionando la existencia de los derechos morales

al acto previo de la inscripción.

nuestro Registro.

Ése no es el propósito de

Un derecho tan cercano a la personalidad

del sujeto, como el derecho moral, no puede quedar tronchado

por la omisión de una formalidad meramente optativa.

Mucho

menos cuando ésta ha sido pensada y diseñada precisamente

para

facilitar

y

promover

la

protección

de

ese

derecho.

Exposición de Motivos, Ley Núm. 56 de 24 de junio de 1996.

_______________________

autor, la banda local, el fotógrafo comercial

independiente y el cineasta novato podrían no tener

los recursos para dedicarlos a cumplir con el

sistema de inscripción, pero aun así parece

extremadamente

injusto

declarar

perdidos

los

derechos de autor sobre estas obras meramente

porque los autores encuentran difícil cumplir con

el sistema de inscripción.

Por lo tanto, la

legislación puede ser vista como un acuerdo en

punto medio alentando la inscripción al máximo

posible, para así obtener sus beneficios, sin

imponer consecuencias draconianas sobre aquéllos

que no inscriban.”

CC-2009-871

22

Como señaláramos, los derechos morales del autor nacen

con la mera creación de la obra.

31 L.P.R.A. sec. 1401a;

Harguindey Ferrer v. U.I., supra, pág. 22; Ossorio Ruiz v.

Srio. de la Vivienda, supra, pág. 55.

Por ello se inscribe

en el Registro no sólo las obras, sino el derecho que nace

fuera del Registro.

31 L.P.R.A. secs. 1402d, 1402f.

Art.

para

5,

Reglamento

la

Presentación,

Véase

Inscripción

y

Depósito de Obras en el Registro de la Propiedad Intelectual,

Reglamento Núm. 6157 del Departamento de Estado, 31 de mayo

de 2000 (“La inscripción de la obra en el Registro tendrá el

efecto de reservar a favor de su autor o titular los derechos

morales que su creación haya originado y dar fe pública de

ese hecho para su protección contra cualquier violación.”).

Resolvemos pues que es necesario inscribir las obras y

el derecho moral de autor en el Registro de la Propiedad

Intelectual para que se puedan presentar acciones judiciales

ante la violación de los derechos de autor reconocidos en

nuestra legislación; salvo cuando se alegue transgresión al

derecho

de

atribución.

inscripción

es

Aclaramos,

necesaria

al

providencia judicial y no antes.

sin

momento

embargo,

de

que

la

procurar

la

Por lo tanto, el autor que

sufre la mutilación de su obra no inscrita, tiene a su haber

los

derechos

morales

que

reconoce

la

Ley

de

Propiedad

Intelectual, si bien no podrá ejercerlos en los tribunales

sin antes acudir al registro de la Propiedad Intelectual.

Otra interpretación de la ley daría al traste con el llamado

contenido en el propio estatuto, a los efectos de que sea

interpretado

y

aplicado

“de

forma

que

auxilie

y

haga

CC-2009-871

23

efectivos en la práctica para los autores puertorriqueños”

sus derechos de autor.

31 L.P.R.A. sec. 1402m.

Finalmente, debemos subrayar otros aspectos importantes

del Registro de la Propiedad Intelectual.

Por un lado, el

Registro permite que los autores que inscriban sus obras:

1)

puedan inscribir a su vez contratos que suscriban respecto a

la

obra

ya

acreditativa

inscrita;

2)

de

la

inscripción

las

constancias

certificaciones

de

plasmen

en

ellas

(®);

del

la

3)

marca

obtengan

registro,

lo

cual

constituye un documento oficial admisible en procedimientos

judiciales y administrativos; y 4) si se trata del autor de

un libro, goza de unas protecciones especiales ya que el

Registro impone ciertas obligaciones al editor, importador o

exportador de su libro.

02j.

31 L.P.R.A. secs. 1402d-02e, 1402h-

De manera que aunque se trata de un acto voluntario, la

inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual provee

varios

beneficios

a

los

autores

que

decidan

utilizarlo.

Sobre todo, aquel autor que inscriba su obra y su derecho

tendrá a su favor una presunción de autoría sustentada en la

fe

pública

que

sólo

puede

otorgar

el

Registro.

Ello

representa un medio probatorio valioso que estaría disponible

para promover una reclamación o establecer una defensa.

De otra parte, la sociedad también encuentra beneficios

en el Registro ya que le sirve como banco de información

cultural, en el cual se pueden perpetuar las maravillas del

ingenio puertorriqueño.

Igualmente, sus constancias pueden

ayudar a contactar el autor de cierta obra o a determinar la

CC-2009-871

24

duración de la protección que le brinda la ley.

En fin,

dicha

que

inscripción

concede

beneficios

importantes

no

pueden obtenerse de otra forma.

IV.

En el presente caso, los foros recurridos desestimaron

la acción de violación a derechos morales de autor en la cual

se alega el uso y mutilación de la obra del demandante de

forma no autorizada.

La razón para ello fue que el Sr.

Negrón Miró no tenía su obra y derechos inscritos en el

Registro de la Propiedad Intelectual.

actuar.

No erraron al así

Los derechos morales del autor nacen con la misma

creación de la obra pero, según hoy resolvemos, su ejercicio

en

los

tribunales

depende

de

que

Registro de la Propiedad Intelectual.

sean

inscritos

en

el

No empece a ello, ya

que hoy nos expresamos por primera vez respecto al momento en

el

cual

se

hace

necesaria

la

inscripción,

ordenamos

la

desestimación de la presente causa de acción sin perjuicio.

Así

modificada,

confirmamos

la

sentencia

emitida

por

Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

el

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan C. Negrón Miró y Mayra

Nieves, la Sociedad Ganancial

que ambos componen

Peticionarios

v.

Roberto Vera Monroig y Jane

Doe,

Sociedad

Ganancial

compuesta por ambos, Compañía

de

Impresos

XYZ,

Inc.,

Compañía de Rotulaciones XYZ,

Inc. demandados desconocidos

CC-2009-871

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2011

Por los fundamentos expresados en la Opinión que

antecede los cuales se incorporan íntegramente a la presente,

se dicta sentencia desestimando la presente causa de acción

sin perjuicio.

Así modificada, se confirma la sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

La Jueza Asociada señora

Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Rivera García

concurren con el resultado sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo