LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. García Colón

2011 TSPR 83

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. García Colón

CC-2009-912

Derecho Penal – Art. 247 del Código Penal: Constitucionalidad del delito de alteración a la paz en su modalidad de palabras de riña; derecho a juicio rápido; libertad de expresión

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2011 TSPR 83

Mario García Colón

182 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC

- 2009 - 912

Fecha: 9 de junio de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Aibonito

Panel integrado por su presidente el Juez Escribano Medina, el Juez

Miranda de Hostos y el Juez Aponte Hernández

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Martín G. González Vélez

Lcdo. Martín González Vázquez

Oficina de la Procuradora General:

Lcdo. Reinaldo Camps del Valle

Materia:

Alteración a la Paz

Este documento constituye un document

o oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

El Pueblo de Puerto Rico CCRecurrido

v.

CC-2009-0912

Mario García Colón

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor Rivera

García

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2011.

El

brinda

recurso

la

ocasión,

de

certiorari

oportunidad

la

alteración

de

de

examinar,

constitucionalidad

a

la

paz

epígrafe

según

por

del

nos

primera

delito

tipificado

de

en

el

Artículo 247 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A.

sec.

4875.

Asimismo,

debemos

determinar

si

el

delito de alteración a la paz en su modalidad de

expresiones

de

riña

–inciso

(c)

del

Art.

247,

supra- se configura cuando la persona receptora de

las manifestaciones proferidas es un policía en el

ejercicio

de

sus

funciones.

interrogantes en la afirmativa.

Contestamos

ambas

CC-2009-0912

2

I

El 15 de noviembre de 2006 el Sr. Mario García Colón

(el

peticionario)

Policía

de

fue

Puerto

detenido

Rico,

Ángel

por

dos

agentes

González

Aponte

de

y

la

Omar

Rivera Colón, mientras conducía un vehículo de motor en el

Municipio

de

Coamo.

Los

agentes

indicaron

que

la

intervención se debió a la alegada falta del peticionario

en guardar la distancia apropiada entre vehículos; acción

que infringía el Artículo 10.10 de la Ley de Vehículos y

Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22 del 7 de enero de

2000, según enmendada, 9 L.P.R.A. sec. 5290.

Una vez el peticionario hizo entrega de la licencia

de

conducir

González

y

del

Aponte

registro

expidió

el

requirió que lo firmara.

del

vehículo,

boleto

el

administrativo

agente

y

le

El peticionario se negó a firmar

el boleto, por lo que el agente González Aponte hizo la

anotación correspondiente en el boleto y se lo entregó

junto con los documentos.

De inmediato, el peticionario

se bajó del vehículo y le expresó a los agentes –mientras

le

apuntaba

con

el

dedo

índice-

que

eran

―unos

charlatanes, corruptos y que no [valían] nada‖.1

Ante

Rivera

tal

Colón

situación,

alegaron

los

que

agentes

se

González

sintieron

Aponte

y

ofendidos

y

sumamente molestos por las actuaciones del peticionario.2

Así, el primero llamó a su supervisor, el sargento Pedro

1

Transcripción de la prueba, págs. 72, 95-96.

2

Íd., págs. 72, 97.

CC-2009-0912

3

Pagán Matos, para informarle lo sucedido.

Cuando este

último se personó en la escena y comenzó a explicarle al

peticionario el procedimiento para impugnar el boleto de

tránsito, el peticionario volvió a llamar charlatanes y

corruptos a los agentes que intervinieron con él.

Por tal

motivo, el sargento Pagán Matos le expidió una citación

para

que

compareciera

el

28

de

noviembre

de

2006

al

Tribunal de Primera Instancia.3

El 21 de noviembre de 2006, el peticionario solicitó

revisión del boleto de tránsito.

En febrero de 2007 el

Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la petición

de revisión y ordenó el archivo del boleto.

Mientras

sendas

tanto,

denuncias

violaciones

al

en

en

mayo

contra

Artículo

247

de

2007,

se

presentaron

del

peticionario

por

dos

del

Código

de

2004,

Penal

supra, sobre el delito de alteración a la paz.

Allí se le

imputó haber violado la paz de los agentes González Aponte

y Rivera Colón al señalarles con el dedo e indicarles que

eran unos charlatanes, corruptos y que no valían nada.4

Posteriormente, durante una vista celebrada en febrero de

2008, la defensa presentó dos mociones en solicitud de

desestimación al amparo de las Reglas 64(n)(2) y 64(a) de

Procedimiento Criminal, 33 L.P.R.A. Ap. II, R. 64(n)(2) y

64(a).

3

La citación expedida fue por infracción al Artículo 252 del Código

Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4880, sobre el delito de resistencia u

obstrucción a la autoridad pública.

En ella se le apercibía al

peticionario que de no asistir a la citación, procederían con su

arresto.

4

Denuncias de 29 de mayo de 2007, Apéndice del recurso, págs. 238-239.

CC-2009-0912

Así

juicio

4

las

en

su

cosas,

en

fondo.

octubre

Al

inicio

tribunal

denegó

la

solicitud

denuncias

luego

de

recibir

asunto.

de

2008

de

se

la

celebró

el

audiencia,

el

de

desestimación

de

las

prueba

pertinente

sobre

el

Finalmente, el 14 de octubre de 2008 el foro de

primera instancia declaró al peticionario culpable de los

dos cargos imputados.

En consecuencia, por cada cargo le

impuso una pena de $200 –equivalente a ocho días multa a

razón de $25 por día-, más las costas del litigio y un

comprobante de $100 para el Fondo a Víctimas del Crimen.5

Inconforme,

el

peticionario

acudió

al

Tribunal

Apelaciones mediante un recurso de apelación.

de

Alegó que

el foro primario incidió al no desestimar la denuncia por

no haber sido presentada dentro de los 60 días siguientes

al arresto o citación del peticionario, según exige la

Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.

II,

R.

64(n)(2).

También

Primera

Instancia

erró

al

señaló

que

negarse

el

Tribunal

de

a

decretar

la

inconstitucionalidad del Artículo 247 del Código Penal,

supra, por adolecer de amplitud excesiva.

Por último,

arguyó que su culpabilidad no fue probada más allá de duda

razonable.

Mediante Sentencia emitida el 31 de agosto de 2009,

el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del foro

primario.6

Respecto a la desestimación de las denuncias,

5

Sentencias de 14 de octubre de 2008, Apéndice del recurso, págs. 4144.

6

El Juez Aponte Hernández disintió sin opinión escrita.

CC-2009-0912

el

foro

5

apelativo

intermedio

indicó

que

la

prueba

reflejaba que tanto el peticionario como el sargento Pagán

Matos acudieron al tribunal el 28 de noviembre de 2006 día señalado en la citación entregada al peticionario el

día del incidente-, pero las denuncias no pudieron ser

presentadas

debido

procesarlas.7

varias

a

la

falta

de

secretarias

para

Añadió que el sargento intentó acordar en

ocasiones

una

nueva

fecha

con

la

defensa

peticionario, pero sus gestiones fueron en vano.

del

Ante

tales circunstancias y el hecho que las denuncias fueron

sometidas por un delito diferente a aquel señalado en la

citación

expedida

por

el

sargento,

el

Tribunal

de

Apelaciones concluyó que no se había violado el derecho a

juicio rápido del peticionario.

En cuanto al planteamiento constitucional, el foro

apelativo

intermedio

decretó

la

constitucionalidad

del

Artículo 247 del Código Penal, supra, pero analizada desde

la perspectiva de la doctrina de vaguedad.

Razonó, de

forma

únicamente

escueta,

que

la

doctrina

de

vaguedad

requiere que la ley dé un aviso razonable de la conducta

prohibida y la pena que acarrea.

Finalmente, expresó que

la evidencia desfilada en el juicio probó más allá de duda

razonable que el peticionario había incurrido en el delito

de alteración a la paz.

A esos efectos, especificó que

―[e]l hecho de que las partes perjudicadas sean agentes

7

Es pertinente aclarar que la falla del Estado en procesar las

denuncias se debió a la falta de secretarias que las prepararan en el

cuartel de la policía. Véase, Transcripción de la prueba, pág. 13.

CC-2009-0912

del

orden

6

público

no

significa

que

estén

obligados

a

soportar toda clase de insultos y faltas de respeto por

parte del público‖.8 (Énfasis en el original.)

Aún inconforme, el peticionario acude ante este Foro

mediante el recurso de certiorari de epígrafe en el cual

formula el señalamiento de error siguiente:

Erró crasamente el Honorable TA

[sic.]

al

confirmar las sentencias apeladas.

El hecho de

que uno de los tres (3) jueces que intervinieron

en la decisión aquí recurrida disienta, es

indicativo de que el caso no se probó más allá de

duda razonable y de que se castigó penalmente el

derecho a la libre expresión. (Énfasis suprimido

y suplido.)

El 9 de abril de 2010 emitimos una Resolución en la

cual le concedimos término a la Procuradora General para

que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto

solicitado

cumplimiento

y

revocar

con

lo

la

Sentencia

ordenado,

la

recurrida.

Procuradora

En

General

presentó su alegato.

Así, pues, con el beneficio de la comparecencia de

ambas partes, procedemos a resolver.

II

A

El Artículo II, Sección 11 de nuestra Constitución

consagra el derecho de todo acusado de delito a un juicio

rápido.

8

Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo

Sentencia de 31 de agosto de 2009, Apéndice del recurso, págs. 3-18.

CC-2009-0912

1.9

Uno

7

de

los

fines

principales

de

este

derecho

es

proteger los intereses del acusado, a saber: (1) prevenir

su

detención

ansiedades

posibilidades

opresiva

y

y

perjuicio;

preocupaciones;

de

que

su

(2)

minimizar

sus

y

(3)

reducir

las

se

afecte.

defensa

Pueblo

v.

Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 570 (2009); Pueblo v.

Miró

González,

133

D.P.R.

813,

818

(1993);

Pueblo

v.

Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 432 (1986).

En

nuestra

ocasiones

anteriores

jurisdicción,

el

hemos

derecho

a

reiterado

juicio

que

rápido

en

cobra

vigencia tan pronto ―el imputado de delito es detenido o

está sujeto a responder (held to answer)‖.

Pueblo v.

Rivera Santiago, supra; Pueblo v. Miró González, supra;

Pueblo v. Rivera Tirado, supra.

Véase, también, Pueblo v.

Guzmán, 161 D.P.R. 137, 152 (2004).

Una persona, natural

o jurídica, se considera que está ―sujeta a responder‖ por

la comisión de un delito cuando ha sido arrestada o se ha

puesto en marcha el mecanismo procesal de forma tal que se

encuentre expuesta a ser convicta. Pueblo v. Carrión, 159

D.P.R.

633,

640-641

(2003);

Pueblo

v.

Miró

González,

supra.

En otras palabras, el derecho a juicio rápido se

activa tan pronto “un juez determina causa probable para

arrestar, citar o detener a dicho ciudadano”. Pueblo v.

Rivera

Santiago,

supra,

págs.

569-570.

Véase,

además,

Pueblo v. Guzmán, supra.

9

Véanse, además: Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 569

(2009); Pueblo v. Guzmán, 161 D.P.R. 137, 152 (2004); Pueblo v. Miró

González, 133 D.P.R. 813, 817 (1993); Hernández Pacheco v. Flores

Rodríguez, 105 D.P.R 173, 177 (1976).

CC-2009-0912

8

La Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap. II, R. 64(n), regula el derecho a juicio rápido.

El

incumplimiento con los términos allí establecidos conlleva

que

el

acusado

pueda

denuncia o acusación.

solicitar

la

desestimación

de

la

A esos efectos, y en lo pertinente

al caso que nos ocupa, la mencionada regla dispone lo

siguiente:

La moción para desestimar la acusación o la

denuncia, o cualquier cargo de las mismas sólo

podrá basarse en uno o más de los siguientes

fundamentos:

.

.

.

.

.

.

.

.

(n) Que existen una o varias de las siguientes

circunstancias, a no ser que se demuestre justa

causa para la demora o a menos que la demora para

someter el caso a juico se deba a la solicitud

del acusado o a su consentimiento:

(1)

.

.

.

.

.

.

.

.

(2) Que no se presentó acusación o denuncia

contra el acusado dentro de los sesenta (60) días

de su arresto o citación o dentro de los treinta

(30) días si se tratare de un caso en que un

magistrado autorizó la radicación de las mismas

de conformidad con lo dispuesto en la Regla 6(a).

(Énfasis suplido.) Íd.

Al interpretar la citada regla a la luz del derecho a

juicio rápido, hemos concluido que el término de 60 días

para acusar o denunciar comienza a transcurrir desde que

el imputado de delito está ―sujeto a responder‖.

desde

que

se

determina

causa

probable

para

Esto es,

arrestar

o

citar en virtud de la Regla 6 de Procedimiento Criminal 33 L.P.R.A. Ap. II-, o desde que se arresta a una persona

conforme a las Reglas 11 ó 12 de Procedimiento Criminal 33 L.P.R.A. Ap. II-, o desde que se expide una citación

CC-2009-0912

9

bajo la Regla 7(a) de Procedimiento Criminal -33 L.P.R.A.

Ap. II- sujeta a su validación posterior por un juez. D.

Nevares-Muñiz,

Sumario

de

Derecho

Procesal

Penal

Puertorriqueño, 8va ed., Puerto Rico, Instituto para el

Desarrollo

también,

del

E.L.

Derecho,

Chiesa

Inc.,

Aponte,

2007,

Derecho

pág.

43.

Procesal

Véase,

Penal

de

Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993,

Vol. III, Sec. 21, pág. 42.

En lo concerniente al efecto de una citación expedida

por

un

agente

del

orden

público

sobre

los

términos

dispuestos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal,

supra,

debemos

precisar

que

dichos

plazos

comienzan

a

transcurrir cuando la citación se lleve a cabo a tenor con

lo dispuesto en la Regla 7(a) de Procedimiento Criminal,

supra.

La citación oficial autorizada en la mencionada

regla es aquella realizada por un agente del orden público

contra una persona que ha cometido un delito menos grave y

sobre la cual aquél pueda realizar válidamente un arresto

sin orden.

Regla 7(a) de Procedimiento Criminal, supra.

En

palabras,

otras

la

citación

que

da

inicio

al

procesamiento penal –y por ende a los términos de juicio

rápido- es aquella emitida por un funcionario del orden

público

como

válidamente

alternativa

efectuar

sin

a

orden

un

arresto

judicial

que

conforme

puede

a

la

Regla 11 de Procedimiento Criminal, 33 L.P.R.A. Ap. II, R.

11.

Véase

Nevares-Muñiz,

op.

cit.,

pág.

59;

Chiesa

Aponte, op. cit., 1993, Vol. III, Sec. 21, págs. 42-43.

CC-2009-0912

10

Ahora bien, en ocasiones anteriores este Tribunal ha

expresado que la mera inobservancia de los términos de la

Regla

64(n)

de

Procedimiento

Criminal,

supra,

no

constituye, por sí sola, una violación al derecho a juicio

rápido.

Pueblo

v.

Guzmán,

supra,

pág.

154;

Candelaria, 148 D.P.R. 591, 597-598 (1999).

ello,

y

según

Procedimiento

dispuestos

se

desprende

Criminal,

pueden

ser

de

supra,

extendidos

la

los

Pueblo

v.

Cónsono con

Regla

64(n)

de

términos

en

ella

ante

la

existencia

de

justa causa, o cuando la demora ha sido ocasionada por el

propio acusado o con su consentimiento.

El peso de probar

que existe alguna de las causas antes mencionadas o que el

acusado

renunció

expresa,

voluntaria

y

con

pleno

conocimiento de su derecho a juicio rápido, recae en el

Ministerio Público. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág.

572; Pueblo v. Guzmán, supra, pág. 156; Pueblo v. Rivera

Colón, 119 D.P.R. 315, 323 (1987).

La determinación respecto a la existencia de justa

causa para la extensión de los términos de juicio rápido

deberá realizarse caso a caso y dentro de los parámetros

de razonabilidad. Pueblo v. Guzmán, supra, págs. 154, 156;

Pueblo v. Valdés et al., 155 D.P.R. 781, 790-791 (2001).

Con el propósito de proveer unas guías para la evaluación

de las reclamaciones sobre violación al derecho a juicio

rápido, este Foro ha delimitado cuatro criterios que deben

ser examinados por el tribunal, a saber: (1) la duración

de la tardanza; (2) las razones para la dilación; (3) si

CC-2009-0912

el

acusado

11

invocó

oportunamente

el

derecho

a

juicio

rápido; y (4) el perjuicio resultante de la tardanza. Íd.

Véase, también, Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 433.

Ninguno de los mencionados criterios es determinante en la

adjudicación del reclamo del acusado; más bien, el valor

que se le confiera a cada uno de ellos va a depender de

las circunstancias relevantes que el tribunal tiene ante

sí. Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 792.

Ahora bien, no podemos perder de perspectiva que en

la mayoría de las ocasiones, el factor decisivo para la

adjudicación

razón

para

rápido.10

del

la

balance

de

los

criterios

inobservancia

de

los

recae

términos

de

en

la

juicio

En cuanto a este criterio, debemos hacer una

distinción entre la dilación imputable al acusado, aquella

provocada por una actuación intencional del Estado y la

tardanza ocasionada por una conducta no intencional del

Estado.11

La rigurosidad con la que el tribunal evalúe

cada uno de los motivos bajo los cuales se alegue justa

causa para la tardanza dependerá de su naturaleza.

Así,

las

fin

sea

examinarán

con

actuaciones

entorpecer

la

dilatorias

defensa

del

intencionales,

imputado,

se

cuyo

mayor rigurosidad que aquellas no intencionales provocadas

por

fuerza

funcionarios

mayor,

del

negligencia

Estado

o

por

ordinaria

demoras

de

los

institucionales.

10

Véase E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y

Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, Sec. 12.1, pág.

143.

11

Íd., págs. 144-145. Véanse, también: Pueblo v. Valdés et al., 155

D.P.R. 781, 793 (2001); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 435

(1986).

CC-2009-0912

12

Véanse: Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 793; Chiesa

Aponte, op. cit., 1992, Vol. II, Sec. 12.1, págs. 144-145.

En ese contexto, hemos reconocido que la enfermedad

de un testigo esencial se considera justa causa para la

suspensión de un juicio. Pueblo v. Irlanda, 45 D.P.R. 586,

588-589

(1933);

Pueblo

v.

Ibern,

31

D.P.R.

917,

921

(1923).

En esa misma línea de argumentación, el profesor

Chiesa Aponte señala que la enfermedad de un juez, en

situaciones

en

las

cuales

su

sustitución

no

es

aconsejable, es una causa que justifica el retraso de un

juicio. Chiesa Aponte, op. cit., 1992, Vol. II, Sec. 12.1,

pág. 144.

Ello se debe a que la enfermedad de un juez, al

igual que ocurre con el quebrantamiento de salud de un

testigo esencial o de un funcionario público involucrado

en el procesamiento criminal, es una causa de fuerza mayor

que no puede ser controlada por el Estado. Íd.

El remedio extremo de la desestimación de la denuncia

o acusación únicamente debe concederse una vez se haya

realizado

un

análisis

criterios

esbozados.

ponderado

Pueblo

v.

del

balance

Rivera

de

Santiago,

los

supra,

págs. 574-575; Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 792.

Cónsono con lo anterior, hemos pautado reiteradamente que

la mera inobservancia del término no implica, por sí sola,

una violación al derecho a juicio rápido. Íd.

contrario,

la

demora

en

exceso

de

los

Por el

términos

establecidos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal,

supra,

acarrea

el

único

efecto

de

activar

o

hacer

CC-2009-0912

13

necesaria

la

realización

criterios

mencionados.

del

Íd.

balance

Ello

es

de

así

los

cuatro

debido

a

que

―afirmar lo contrario es dar un contenido hermético al

concepto

de

‗juicio

rápido‘

y

abstraerlo

de

las

circunstancias variables que le afectan‖. Pueblo v. Valdés

et al., supra, pág. 792.

B

Nuestra Carta de Derechos también garantiza a toda

persona la protección contra ataques abusivos a su honra,

a su reputación, y a su vida privada y familiar.

Sec. 8, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

este

mandato

constitucional,

nuestro

Art. II,

En virtud de

ordenamiento

penal

estatuye como una conducta punible la alteración a la paz

de una persona.

Así, el Artículo 247 del Código Penal de

2004, supra, -el cual tipifica el delito de alteración a

la paz- dispone lo siguiente:

Incurrirá en delito menos grave toda persona que

realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) perturbe la paz o tranquilidad de una o

varias personas con conducta ofensiva, que afecte

el derecho a la intimidad en su hogar, o en

cualquier otro lugar donde tenga una expectativa

razonable de intimidad;

(b) perturbe la paz o tranquilidad de una o

varias personas mediante palabras o expresiones

ofensivas o insultantes al proferirlas en un

lugar donde quien las oye tiene una expectativa

razonable de intimidad, o

(c) perturbe la paz o tranquilidad de

una o

varias personas mediante vituperios, oprobios,

desafíos, provocaciones o palabras insultantes u

ofensivas

que

puedan

provocar

una

reacción

violenta o airosa en quien las escucha. 33

L.P.R.A. sec. 4875.

CC-2009-0912

14

Una lectura del texto antes transcrito refleja que el

delito de alteración a la paz tiene tres modalidades.

Las

primeras dos modalidades -contenidas en los incisos (a) y

(b)- tipifican como delito aquella conducta que perturbe

la paz a una o varias personas en función del lugar en

donde

se

lleve

a

cabo

la

acción

punible.

Así,

las

expresiones realizadas por una persona únicamente podrán

configurar

la

modalidad

del

delito

contemplado

en

los

incisos (a) y (b) cuando se realicen en el hogar o en un

área

en

donde

exista

una

expectativa

razonable

de

intimidad.

Ello implica necesariamente que la comisión

del

tipificado

delito

condicionada

al

en

tiempo,

los

el

mencionados

lugar

y

la

incisos

manera

está

de

la

expresión.

Mientras tanto, el inciso (c) del citado Artículo 247

expone una tercera modalidad que va dirigida a penalizar

determinadas expresiones que puedan ocasionar una reacción

violenta en la persona que las escucha.

a

las

palabras

sancionadas,

el

En lo particular

artículo

las

limita

a

aquellas que constituyan vituperios, oprobios, desafíos,

provocaciones

o

palabras

examinar

detenidamente

que

regulación

la

contenido

de

la

insultantes

esta

está

redacción,

relacionada

expresión.

Ello

u

ofensivas.

resulta

Al

evidente

estrictamente

significa

que

al

la

interpretación y aplicación del inciso (c) debe realizarse

dentro

del

contexto

libertad de expresión.

del

derecho

constitucional

a

la

CC-2009-0912

15

C

El

Artículo

II,

Sección

4

de

la

Constitución

de

Puerto Rico consagra el derecho de todo ciudadano a la

libertad de expresión.

L.P.R.A., Tomo 1.

A esos efectos,

la

proscribe

Estado

Carta

―[l]ey

de

Derechos

alguna

que

restrinja

la

que

el

libertad

de

apruebe

palabra…‖.

Art. II, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

Dada la

importancia

sociedad

que

reviste

este

derecho

en

una

democrática, hemos reiterado su más celosa protección y su

primacía

en

el

campo

de

los

derechos

fundamentales.

Universidad de Puerto Rico v. Laborde Torres y otros, 2010

T.S.P.R.

225,

180

D.P.R.

___

(2010).

Véanse,

además:

Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, 156 D.P.R. 754,

768 (2002); Coss y U.P.R. v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 886

(1995).

Esta

primacía, claro está, no implica que el

derecho sea irrestricto y que se encuentre inmune a la

regulación

por

conveniencia

parte

del

Estado

pública

así

lo

cuando

la

requieran.

necesidad

Universidad

y

de

Puerto Rico v. Laborde Torres y otros, supra; Vigoreaux

Lorenzana

v.

Quizno‘s,

173

D.P.R.

254,

269

(2008);

Velázquez Pagán v. A.M.A., 131 D.P.R. 568, 576-577 (1992).

En

ese

sentido,

se

ha

reconocido

que

el

derecho

a

la

libertad de palabra admite la imposición de limitaciones

en la medida en que éstas

sean interpretadas de forma

restrictiva

que

con

el

fin

de

no

abarquen

más

de

lo

imprescindible. Íd.; Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, 156

CC-2009-0912

16

D.P.R. 18, 24 (2002); Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 551, 570

(1953).

Al

enfrentarnos

a

una

controversia

relacionada

al

derecho a la libre expresión, debemos tener presente que

éste

tiene

su

génesis

en

la

Primera

Enmienda

Constitución de Estados Unidos de América.

de

la

Ésta postula,

en lo pertinente, que ―[e]l Congreso no aprobará ninguna

ley … que coarte la libertad de palabra o de prensa…‖.

Enmd. I, Const. EE.UU., L.P.R.A., Tomo 1.

Véase, además,

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico,

Ed. U.P.R., 1982, T. 3, pág. 181.

La garantía de libertad

de expresión y de prensa antes referida se hizo extensiva

a todos los ciudadanos de Estados Unidos, así como a los

estados

que

componen

la

nación,

incluido

Puerto

Rico.

Véanse: Universidad de Puerto Rico v. Laborde Torres y

otros, supra; Balzac v. People of Puerto Rico, 258 U.S.

298, 314 (1922).

Así, pues, la protección constitucional

a la libertad de palabra

debemos

interpretarla

grado

protección‖

de

y

de nuestra Carta de Derechos

hacerla

del

que

efectiva

le

―no

reconoce

en

el

menor

Tribunal

Supremo de Estados Unidos. Universidad de Puerto Rico v.

Laborde Torres y otros, supra; Aponte Martínez v. Lugo,

100 D.P.R. 282, 286-287 (1971);

R.C.A. v. Gobierno de la

Capital, 91 D.P.R. 416, 427 (1964).

A

tono

con

Tribunal

ha

Tribunal

Supremo

la

anterior

adoptado

de

la

norma

doctrina

Estados

interpretativa,

desarrollada

Unidos

en

cuanto

este

por

el

a

las

CC-2009-0912

17

facultades y limitaciones del Estado en la regulación del

derecho

a

la

libre

expresión.

Consecuentemente,

la

casuística local refleja la distinción claramente trazada

entre una regulación sobre el tiempo, lugar y manera de la

expresión,

neutral

en

su

contenido,

frente

dirigida

reglamentar

su

contenido.

Véanse:

a

a

aquella

Asoc.

de

Maestros v. Srio. de Educación, supra, pág. 769; Muñiz v.

Admor. Deporte Hípico, supra; Velázquez Pagán v. A.M.A.,

supra, pág. 577.

En lo atinente al contenido del mensaje, tanto este

Tribunal como el Tribunal Supremo federal han permitido su

regulación

bajo

específicamente

ciertas

circunstancias

limitadas.

En

ese

y

en

ocasiones

sentido,

hemos

permitido la intervención gubernamental sobre expresiones

cuyo contenido sea subversivo, difamatorio, obsceno, o que

constituya palabras de riña (fighting words), entre otras

instancias. Universidad de Puerto Rico v. Laborde Torres y

otros, supra; Porto y Siurano v. Bentley P.R., Inc., 132

D.P.R. 331 (1992); Pueblo v. Caro González, 110 D.P.R. 518

(1980); Pueblo v. Burgos, supra.

Ahora bien, en aquellos casos en donde exista duda

alguna sobre el poder del Estado para regular determinada

expresión

por

su

contenido,

la

constitucionalidad

del

estatuto en cuestión puede ser impugnada al amparo de las

doctrinas de vaguedad y de amplitud excesiva. U.N.T.S. v.

Srio.

de

Salud,

133

D.P.R.

Pagán v. A.M.A., supra.

153,

160

(1993);

Velázquez

El análisis efectuado bajo ambas

CC-2009-0912

18

doctrinas va dirigido a examinar la constitucionalidad de

la disposición legal concernida de su faz, mas no así en

su

aplicación.

Disidente

Univ.

de

P.R.

v.

Depto.

de

Estado, 145 D.P.R. 689, 701 (1998); U.N.T.S. v. Srio. de

Salud, supra.12

Por ello, resulta superfluo evaluar si la

aprobación

la

de

ley

o

del

reglamento

responde

a

un

interés apremiante del Estado, así como su aplicación a

los hechos particulares del caso. Íd.

Si bien es cierto que la vaguedad o amplitud excesiva

de una ley o un reglamento acarrea el mismo efecto, esto

es, la nulidad del estatuto de su faz, ambas doctrinas se

distinguen entre sí.

Disidente Univ. de P.R. v. Depto. de

Estado, supra; U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra.

Por un

lado, la norma de vaguedad opera cuando: (1) la disposición

legal falla en proveerle a un ciudadano de inteligencia

promedio un aviso suficiente de las conductas que proscribe

y

penaliza;

funcionarios

y

(2)

el

encargados

estatuto

de

ponerla

no

en

le

provee

vigor

a

unas

los

guías

razonables, de forma tal que se preste para una aplicación

arbitraria

y

discriminatoria

interfiriendo

así

con

los

derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

Boys and Girls Club v. Srio. de Hacienda, 2010 T.S.P.R.

167, 179 D.P.R. ___ (2010); Pueblo v. APS Healthcare of

12

Véase, también, K. Sullivan & G. Gunther, First Amendment Law, New

York, Ed. Foundation Press, 1999, págs. 321-322 (―First, [overbreadth]

results in the invalidation of a law ―on its face‖ rather than ―as

applied‖ to a particular speaker. […] Overbreadth analysis, in

contrast, does not reach the question whether the challenger’s speech

is constitutionally protected; instead it strikes down the statute

entirely, because it might be applied to others not before the Court

whose activities are constitutionally protected‖.)

CC-2009-0912

19

P.R., 175 D.P.R. 368, 378 (2009); Pacheco Fraticelli v.

Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R. 229, 239-240 (1988); Vives

Vázquez

v.

Tribunal

Superior,

101

D.P.R.

139,

145-146

(1973).

De otra parte, la doctrina de amplitud excesiva entra

en

función

ante

una

reglamentación

cuyo

propósito

sea

castigar o prohibir determinadas expresiones que no estén

cobijadas

bajo

redacción

o

el

palio

interpretación

de

la

tiene

Constitución,

como

efecto

pero

su

proscribir

expresiones constitucionalmente protegidas por la cláusula

de

libertad

de

expresión

o

asociación.

Pueblo

v.

APS

Healthcare of P.R., supra, pág. 375; U.N.T.S. v. Srio. de

Salud, supra, pág. 161; Velázquez Pagán v. A.M.A., supra.

Su aplicación, tanto en la jurisdicción federal como en la

local, se ha limitado a aquellas instancias en las cuales

se

reclama

libertad

de

algún

derecho

expresión

o

protegido

por

asociación.

R.

la

cláusula

Serrano

de

Geyls,

Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San

Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. II, pág. 1319.

Esto se

debe a que el problema que esta doctrina busca atacar es el

―[l]lamado efecto

suponen

leyes

neutralizador

que

castigan

o

‗chilling

tanto

effect‘

expresión

que

protegida

constitucionalmente como aquella no protegida‖. Pueblo v.

APS Healthcare of P.R., supra, pág. 376.

Véase, también,

Velázquez Pagán v. A.M.A., supra, pág. 578.

Asimismo,

ayuda a evitar la aplicación selectiva del estatuto, la

cual de otra forma quedaría a la discreción de los agentes

CC-2009-0912

del

orden

20

público.

K.

Sullivan

&

G.

Gunther,

First

Amendment Law, New York, Ed. Foundation Press, 1999, pág.

322 (―An additional reason to contain overbroad statutes,

like

vague

statutes,

is

to

curb

―their

potential

for

selective enforcement‖ at the discretion of law enforcement

officials‖.)

Ahora bien, resulta imperioso reafirmar que para poder

invalidar un estatuto de su faz por sobre-extensión, la

amplitud

excesiva

tiene

que

ser

real

y

sustancial

en

comparación con el alcance legítimo que la medida pueda

tener sobre una conducta que no está protegida. Pueblo v.

APS Healthcare of P.R., supra, pág. 376; Disidente Univ. de

P.R. v. Depto. de Estado, supra, pág. 702; Velázquez Pagán

v. A.M.A., supra, págs. 578-579; Pueblo v. Hernández Colón,

118 D.P.R. 891, 899 (1987).

Al realizar este examen el

decreto de nulidad de su faz de un estatuto por adolecer de

amplitud excesiva debe ser utilizado a manera de excepción

y como un último recurso en aquellos casos en donde una

interpretación

estatuto

no

limitada

excluyan

constitucionalmente

la

o

una

invalidación

amenaza

protegidas.13

sobre

En

las

parcial

del

expresiones

armonía

con

esta

pauta, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado

lo siguiente:

13

Respecto a la posibilidad de superar el problema de la amplitud

excesiva de una ley mediante la interpretación restrictiva del

estatuto véase: Sullivan & Gunther, op. cit., pág. 322 (―When

invalidated for overbreadth, a law is not narrowed, but rather becomes

wholly unenforceable until a legislature rewrites it or a properly

authorized court construes it more narrowly‖.)

CC-2009-0912

The consequence of our departure from traditional

rules of standing in the First Amendment area is

that any enforcement of a statute thus placed at

issue is totally forbidden until and unless a

limiting construction or partial invalidation so

narrows it as to remove the seeming threat or

deterrence

to

constitutionally

protected

expression.

Application

of

the

overbreadth

doctrine in this manner is, manifestly, strong

medicine. It has been employed by the Court

sparingly and only as a last resort. Facial

overbreadth has not been invoked when a limiting

construction has been or could be placed on the

challenged

statute.

Equally

important,

overbreadth claims, if entertained at all, have

been curtailed when invoked against ordinary

criminal laws that are sought to be applied to

protected conduct. [……]

It remains a ‗matter of no little difficulty‘ to

determine when a law may properly be held void on

its face and when ‗such summary action‘ is

inappropriate. But the plain import of our cases

is, at the very least, that facial overbreadth

adjudication is an exception to our traditional

rules of practice and that its function, a

limited one at the outset, attenuates as the

otherwise unprotected behavior that it forbids

the State to sanction moves from „pure speech‟

toward conduct and that conduct -- even if

expressive -- falls within the scope of otherwise

valid criminal laws that reflect legitimate state

interests in maintaining comprehensive controls

over

harmful,

constitutionally

unprotected

conduct. Although such laws, if too broadly

worded, may deter protected speech to some

unknown extent, there comes a point where that

effect -- at best a prediction -- cannot, with

confidence, justify invalidating a statute on its

face and so prohibiting a State from enforcing

the statute against conduct that is admittedly

within its power to proscribe. To put the matter

another way, particularly where conduct and not

merely speech is involved, we believe that the

overbreadth of a statute must not only be real,

but substantial as well, judged in relation to

the statute's plainly legitimate sweep. (Citas

omitidas

y

énfasis

suplido).

Broadrick

v.

Oklahoma, 413 U.S. 601 (1973).

21

CC-2009-0912

22

D

A

tono

con

lo

anterior,

Estados

Unidos

elaboró

doctrina

a

fines

los

el

-desde

de

Tribunal

etapas

establecer

Supremo

de

tempranas-

una

precisión

los

con

límites constitucionales a la sanción penal de palabras o

expresiones.

que

En el caso particular de las manifestaciones

pudieran

configurar

una

alteración

a

la

paz

susceptible de ser penalizada, dicho Foro las limitó a

aquellas expresiones que constituyan palabras de riña o

figthing words. Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568

(1942).

Estas palabras fueron definidas como las que por

el mero hecho de ser proferidas infligen un daño o tienden

a

causar

la

inmediata

alteración

a

la

paz.

Íd.14

Al

evaluar las expresiones de una persona para determinar si

constituyen

palabras

de

analizarlas

desde

perspectiva

la

riña,

el

de

tribunal

un

deberá

hombre

de

inteligencia común y colegir si dichas manifestaciones son

susceptibles de causar una reacción violenta inmediata en

el receptor de la manifestación. Gooding v. Wilson, 405

U.S. 518 (1972); Chaplinsky v. New Hampshire, supra.

La referida norma jurisprudencial ha sido reafirmada

y aclarada en casos posteriores cuya mayoría ha tenido

como resultado la invalidación de leyes estatales debido a

su

excesiva

protegidas.

14

amplitud

al

intervenir

con

expresiones

Entre ellos podemos mencionar el caso Gooding

El criterio de daño fue abandonado posteriormente en Rosenfeld v.

New Jersey, 408 U.S. 901 (1972).

CC-2009-0912

23

v. Wilson, supra, en donde el Tribunal Supremo federal

decretó la nulidad de un estatuto del estado de Georgia

que penalizaba el uso de lenguaje oprobioso o abusivo que

tendiera

a

resultado

ocasionar

una

alteración

a

base

fue

sostenido

sobre

interpretación

conferida

al

la

la

estatuto

paz.15

de

por

la

el

Este

amplia

Tribunal

Supremo de Georgia.

El

Más

Alto

Foro

federal

indicó

que,

luego

de

estudiar las decisiones de los foros apelativos del estado

de

Georgia,

llegó

a

la

conclusión

que

la

exégesis

conferida al estatuto en los casos examinados no limitó la

aplicación de la ley a aquellas palabras que tuvieran una

tendencia directa a provocar una reacción violenta en el

receptor del mensaje, según lo pautó el caso de Chaplinsky

v.

New

Hampshire,

supra.

A

esos

efectos,

precisó

lo

siguiente:

We have [] made our own examination of the

Georgia cases, both those cited and others

discovered in research.

That examination brings

us to the conclusion, in agreement with the

courts

below,

that

the

Georgia

appellate

decisions have not construed §26-6303 to be

limited in application, as in Chaplinsky, to

words that ―have a direct tendency to cause acts

of violence by the person to whom, individually,

the

remark

is

addressed‖.

(Énfasis

en

el

original.) Gooding v. Wilson, supra.

En vista de la falla del Tribunal de Apelaciones de

Georgia de interpretar el estatuto de forma restrictiva a

15

La disposición legal invalidada, codificada en el Georgia Code

Annotated §26-6303, establecía lo siguiente: ―Any person who shall,

without provocation, use to or of another, and in his presence ...

opprobrious words or abusive language, tending to cause a breach of

the peace ... shall be guilty of a misdemeanor‖.

Gooding v. Wilson,

405 U.S. 518 (1972).

CC-2009-0912

24

la luz de la doctrina de palabras de riña establecido en

Chaplinsky v. New Hampshire, supra, el Tribunal Supremo

federal atendió la constitucionalidad de la ley a la luz

del significado literal de las palabras oprobio y abusivo.

Las definiciones consideradas por el tribunal fueron las

siguientes:

(1)

opprobrious:

―conveying

or

intended

to

convey disgrace‖; (2) abusive: ―harsh insulting language‖.

Gooding v. Wilson, supra, citando a, Webster‘s Third New

Dictionary (1961).

como

consecuencia

La amplitud de estos términos trajo

que

los

foros

apelativos

penalizaran

expresiones

que,

dentro

las

definiciones,

de

citadas

aun

palabras de riña o fighting words.

cuando

de

Georgia

cualificaran

no

constituían

A tenor con dicho

análisis, el Tribunal Supremo federal concluyó:

Because earlier appellate decisions applied §266303 to utterances where there was no likelihood

that the person addressed would make an immediate

violent response, it is clear that the standard

allowing juries to determine guilt “measured by

common understanding and practice” does not limit

the application of §26-6303 to “fighting” words

defined by Chaplinsky.

Rather, that broad

standard effectively ―licenses the jury to create

its own standard in each case‖. […] Unlike the

construction of the New Hampshire statute by the

New

Hampshire

Supreme

Court,

the

Georgia

appellate courts have not construed §26-6303 ―so

as to avoid all constitutional difficulties‖.

(Citas omitidas y énfasis suplido.) Gooding v.

Wilson, supra.

Posteriormente, en Lewis v. City of New Orleans, 415

U.S. 130 (1974), el Tribunal Supremo de Estados Unidos se

enfrentó a un estatuto similar al invalidado en el caso de

Gooding v. Wilson, supra, en cuanto a que proscribía el

uso de palabras oprobiosas, entre otras, dirigidas a un

CC-2009-0912

25

miembro de la policía que estuviera en el ejercicio de sus

funciones.16

El referido Tribunal, al momento de examinar

la

del

validez

estatuto,

utilizó

el

mismo

estándar

adoptado en el caso de Gooding v. Wilson, supra; esto es,

examinó

la

interpretación

que

Supremo

de

Luisiana

la

a

le

confirió

disposición

el

Tribunal

legal

en

controversia.

Según surge de la Opinión emitida por el Tribunal

Supremo federal, el decreto de nulidad del estatuto surgió

luego que dicho Foro remitiera el caso al Tribunal Supremo

de Luisiana con la intención de que esta última corte

reconsiderara

y

limitara

su

interpretación

de

la

ley

impugnada a tenor con lo resuelto en Gooding v. Wilson,

supra.

No

obstante,

el

tribunal

estatal

mantuvo

sus

comentarios sobre la ordenanza en controversia acogiendo

las palabras según su significado.

Así las cosas, y en vista que la definición general

de oprobio incluye palabras que por su mera manifestación

no infligen daño o incitan a la inmediata alteración de la

paz, el Tribunal Supremo federal concluyó que el estatuto

era

excesivamente

amplio.

La

interpretación

de

la

ordenanza elaborada por el Tribunal Supremo de Luisiana

abría

las

puertas

para

que

se

penalizaran

expresiones

protegidas por la Primera y Decimocuarta Enmienda. Lewis

16

El estatuto impugnado leía como sigue: ―It shall be unlawful and a

breach of the peace for any person wantonly to curse or revile or to

use obscene or opprobrious language toward or with reference to any

member of the city police while in the actual performance of his

duty‖. Lewis v. City of New Orleans, 415 U.S. 130 (1974).

CC-2009-0912

26

v. City of New Orleans, supra (―In sum, §49-7 punishes

only spoken words.

attack

upon

its

It can therefore withstand appellant‘s

facial

constitutionality

only

if,

as

authoritatively construed by the Louisiana Supreme Court,

it is not susceptible of application to speech, although

vulgar or offensive, that is protected by the First and

Fourteenth Amendments‖.)

E

Según

Código

indicamos

Penal

de

previamente,

2004,

alteración a la paz.

supra,

el

Artículo

tipifica

el

247

del

delito

de

En lo pertinente al caso que nos

ocupa, dicho precepto proscribe que un ciudadano ―perturbe

la paz o tranquilidad de una o varias personas mediante

vituperios, oprobios, desafíos, provocaciones o palabras

insultantes u ofensivas que puedan provocar una reacción

violenta o airosa en quien las escucha‖. 33 L.P.R.A. sec.

4875(c).

La

modalidad

tipificada

en

supra,

similar

es

el

del

delito

citado

a

de

inciso

aquella

alteración

(c)

del

sancionada

Artículo 260(a) del Código Penal de 1974.17

la

paz

Artículo

247,

en

a

el

pasado

A tenor con

este último artículo, el delito de alteración a la paz

quedaba configurado cuando una persona ―perturbare la paz

17

El Artículo 260 del Código Penal de 1974 fue reformulado y así

numerado como el Artículo 247 del Código Penal de 2004. 33 L.P.R.A.

sec. 4875.

Éste es producto del desarrollo jurisprudencial en torno

al Artículo 260 de 1974, por lo que su contenido ―pretende armonizar

el derecho a la libertad de expresión … con el derecho que tiene todo

ciudadano a la protección de su vida privada o familiar de ataques

abusivos a su honra, su reputación, integridad y a su intimidad‖. D.

Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, 3ra ed., Puerto

Rico, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2008, pág. 323.

CC-2009-0912

o

27

tranquilidad

de

algún

individuo

fuertes

e

inusitados

gritos,

ofensiva

o

amenazas,

vituperios,

o

vecindario,

conducta

con

tumultuosa

u

desafíos

o

riñas,

provocaciones‖.18

Una lectura comparada del Artículo 247(c) del Código

Penal de 2004, supra, y del Artículo 260 del Código Penal

de

1974,

supra,

demuestra

que

la

modalidad

del

delito

penalizada en ambos preceptos legales es aquella en donde

la conducta del ofensor perturba la tranquilidad y paz de

la víctima como resultado

de

las

palabras

proferidas.19

Consecuentemente, la doctrina desarrollada por este Foro

en

cuanto

a

la

alteración

a

la

extensión

paz

y

en

aplicación

su

modalidad

del

delito

de

de

conducta

desafiante, ofensiva y provocativa mantiene su vigencia en

la

medida

que

esté

en

armonía

con

los

límites

constitucionales establecidos.

18

Véanse: Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 799 (2002); Pueblo v.

Rodríguez Lugo, 156 D.P.R. 42, 49-50 (2002).

19

En Pueblo v. Irizarry, supra, el Juez Asociado Efraín Rivera Pérez

se expresó en cuanto a la conducta proscrita en el inciso (a) del

Artículo 260 del Código Penal de 1974.

En lo pertinente, el Juez

Rivera Pérez señaló lo siguiente:

―La modalidad de alteración a la paz antes indicada

consiste en perturbar la paz o tranquilidad de un individuo

a base de gritos fuertes e inusitados, conducta tumultuosa

u

ofensiva,

amenazas,

vituperios,

riñas,

desafíos

o

provocaciones‖. (Énfasis en el original omitido y negrillas

suplidas.) Íd. (Opinión Disidente emitida por el Juez

Asociado señor Rivera Pérez, pág. 806.)

En ese mismo contexto, la profesora Dora Nevares-Muñiz explica

que la modalidad del delito de alteración a la paz tipificada en el

inciso (c) del Artículo 247 del Código Penal de 2004 es aquella que

―[p]erturba la paz o la tranquilidad de una o varias

personas

mediante

vituperios,

oprobios,

desafío,

provocación o palabras insultantes u ofensivas que puedan

provocar una reacción violenta o airada en quien las

escucha‖. (Énfasis suplido). Nevares-Muñiz, Nuevo Código

Penal de Puerto Rico, op. cit., pág. 324.

CC-2009-0912

Al

28

interpretar

el

delito

de

alteración

a

la

paz,

particularmente el tipo que se configura mediante palabras

o expresiones, hemos reconocido la necesidad imperiosa de

atemperar su contenido y marco de aplicación a las normas

desarrolladas

expresión.

ser

en

el

contexto

del

derecho

a

la

libre

En ese sentido, la exégesis adoptada tiene que

cuidadosamente

demarcada

para

penalizar

únicamente

aquella expresión o palabra que no esté protegida por la

cláusula constitucional a la libre expresión, excluyendo

así la posibilidad de una aplicación extralimitada sobre

manifestaciones constitucionalmente protegidas. Gooding v.

Wilson, supra.20

Con ello en mente, y en aras de atemperar

el delito a los principios doctrinales elaborados en torno

al

derecho

a

la

libre

expresión,

resolvimos

que

la

conducta sancionada en el delito de alteración a la paz

era aquella que constituyera palabras de riña (fighting

words).

Pueblo v. Rodríguez Lugo, 156 D.P.R. 42, 49-50

(2002);

Pueblo

(1980).

Véanse,

v.

Caro

González,

110

Gooding

v.

además:

D.P.R.

518,

Wilson,

525

supra;

Chaplinsky v. New Hampshire, supra.

Las palabras de riña han sido definidas como aquellas

expresiones

violenta

que

son

inmediata

capaces

en

el

de

causar

receptor

de

una

la

reacción

expresión.

Chaplinsky v. New Hampshire, supra.

Véase, además, Pueblo

v. Rodríguez Lugo, supra, pág. 50.

El estándar al amparo

20

―The statute must be carefully drawn or be authoritatively construed

to punish only unprotected speech and not be susceptible of

application to protected expression‖. Gooding v. Wilson, supra.

CC-2009-0912

29

del cual se debe evaluar la naturaleza de la expresión

para determinar si las palabras se consideran o no de riña

es el de una persona de inteligencia común.

Así, bajo

este estándar se considerarán palabras de riña aquellas

expresiones que sean tan ofensivas que por el mero hecho

de ser proferidas, tiendan a causar que una persona de

inteligencia común o de sensibilidad ordinaria reaccione

violentamente.

Véase

Pueblo

v.

Rodríguez

Lugo,

supra,

pág. 50.

En síntesis, para que se configure el acto delictivo

penalizado en el inciso (c) del Artículo 247, supra, es

necesario que concurran dos elementos indispensables; a

saber, un elemento objetivo y uno subjetivo.

El elemento

objetivo consiste en determinar si el lenguaje utilizado

constituye

palabras

de

riña

capaz

de

ocasionar

una

reacción violenta inmediata en una persona de sensibilidad

ordinaria.

Para

ello

debemos

evaluar

el

contexto

y

circunstancias en las cuales se realizó la expresión.21

Cabe

destacar

elemento

que

objetivo,

para

no

que

es

se

entienda

necesario

que

presente

la

víctima

este

del

delito, en efecto, haya respondido al acto o manifestación

con

violencia.22

No

obstante,

es

imperioso

que

las

manifestaciones hayan sido dirigidas a la persona que las

escucha. Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971).

21

Véase Pueblo v. Irizarry, supra, (Opinión Disidente emitida por el

Juez Asociado señor Rivera Pérez, pág. 808.)

22

Íd., pág. 807.

CC-2009-0912

Por

su

30

parte,

el

elemento

subjetivo

consiste

en

determinar si la paz de la alegada víctima fue, en efecto,

perturbada. Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 799-800.

La

configuración de este elemento presupone que la persona a

quien

iba

dirigida

la

expresión

se

encontraba

en

paz

previo a la actuación del imputado. Pueblo v. De León

Martínez, supra.

Así, el estado anímico de la supuesta

víctima antes del incidente debe ser objeto de prueba,

toda vez que si la persona no estaba en un estado de paz y

tranquilidad

previo

al

momento de

la

existe paz alguna que pueda alterarse.

manifestación,

no

Además, para que

se entienda alterada la paz de una persona, no basta que

ésta sienta un mero malestar con las palabras proferidas

en su contra, sino que la expresión tiene que ser capaz de

provocar en la víctima una respuesta violenta inmediata.

Íd.

F

Ahora bien, cuando nos enfrentamos a un caso en donde

la alegada víctima del delito es un policía, el estándar

para evaluar si la expresión proferida es susceptible de

configurar el delito de alteración a la paz tipificado en

el inciso (c) del Artículo 247 es más estricto.

Esto se

debe en parte al entrenamiento que reciben los policías

para

ejercitar

un

mayor

grado de

autorrestricción

como

parte de su función de preservar el orden. Pueblo v. Caro

CC-2009-0912

31

González, supra, pág. 529.23

Asimismo, el Tribunal Supremo

federal ha sostenido esta norma basándose en la Primera

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual le

otorga

una

protección

cuestionamiento

verbal

significativa

a

dirigidos

los

a

la

crítica

y

al

de

la

que

la

en

la

agentes

policía. Houston v. Hill, 482 U.S. 451 (1987).24

Lo

anterior,

aplicación

del

claro

delito

de

está,

no

significa

alteración

a

la

paz,

modalidad tipificada en el inciso (c) del Artículo 247,

supra, no pueda ser aplicada cuando la alegada víctima sea

un policía.

Por el contrario, en otras ocasiones hemos

reconocido, y así lo reafirmamos, que el Cuerpo de la

Policía se compone de individuos cuya honra y reputación

están

igualmente

protegidas

por

los

principios

constitucionales que promulgan la dignidad del ser humano.

Pueblo v. Caro González, supra, pág. 528.

―al

asumir

tan

importante

función

no

Ciertamente,

renuncian

a

23

ese

En Houston v. Hill, 482 U.S. 451 (1987), el Tribunal Supremo de

Estados Unidos resolvió, en cuanto a la doctrina de palabras de riña,

lo siguiente:

―[the fighting words doctrine] might require a narrower

application in cases involving words addressed to a police

officer, because ‗a properly trained officer may reasonably

be expected to „exercise a higher degree of restraint‟ than

the average citizen, and thus be less likely to respond

belligerently to ‗fighting words‘‘‖.

(Énfasis suplido.)

Citando a: Lewis v. City of New Orleans, 415 U.S. 130

(1974) (Opinión Concurrente del Juez Powell).

24

El Tribunal Supremo de Estados Unidos se expresó como sigue:

―the First Amendment protects a significant amount of

verbal criticism and challenge directed at police officers.

‗Speech is often provocative and challenging....But it is

nevertheless protected against censorship or punishment,

unless shown likely to produce a clear and present danger

of a serious substantive evil that rises far above

inconvenience, annoyance, or unrest‘‖. (Citas omitidas.)

CC-2009-0912

intangible

32

–pero

real-

elemento

albergamos en nuestro espíritu‖.

No

delito

obstante,

-esto

al

es,

evaluar

el

de

honra

que

todos

Íd.

el

elemento

contenido,

objetivo

contexto

del

y

las

circunstancias bajo las cuales se realizó la expresión-,

―siempre ha de atenderse al hecho de que en la relación de

un policía debe esperarse un mayor grado de control de sus

emociones, demostrando un alto grado de tolerancia ante

las posibles afrentas de que pueda ser objeto en fluidas

situaciones‖.

(Énfasis

suplido.)

Pueblo

v.

Caro

González, supra, pág. 529.

Aun

cuando

este

Foro

ha

tenido amplia

oportunidad

para delimitar la aplicación del delito de alteración a la

paz,

en

pocas

ocasiones

nos

hemos

enfrentado

a

una

situación en donde la víctima del delito sea un agente de

la policía.

La primera vez en que se nos planteó esta

controversia

particular

fue

en

Pueblo

v.

Kortright,

70

D.P.R. 399 (1949).

Allí el joven Luis Kortright, mientras

participaba

manifestación

en

una

en

la

Universidad

de

Puerto Rico, expresó ―en un tono alto‖ y de forma ―algo

violent[a]‖ que ―esos policías y esta detective son unos

abusadores y unos charlatanes‖. (Énfasis suplido.) Íd.,

pág. 400.

Este tribunal resolvió que esa prueba no era

suficiente para demostrar la configuración del delito de

alteración a la paz.

Especificamos que ―el pronunciar las

palabras atribuidas al acusado ‗en un tono alto, que lo

oímos, un poco excitado, algo violento,‘ no es suficiente

CC-2009-0912

33

bajo todas las circunstancias de este caso para que el

delito de alterar la paz se considere cometido‖. Íd., pág.

401.

Posteriormente, en Pueblo v. Caro González, supra,

discutimos de forma un poco más abarcadora el delito de

alteración

a

la

paz

y

pautamos

–sutilmente-

la

norma

aplicable en los casos en donde la persona afectada fuese

un

policía.

Los

hechos

que

originaron

la

denuncia

ocurrieron cuando dos agentes de la policía acudieron a la

residencia

del

señor

Caro

González

en

respuesta

querella presentada por la esposa de este último.

a

una

Una vez

se personaron al lugar, los agentes intentaron comunicarse

con el señor Caro González, pero éste no les respondió.

Cuando el acusado se dio cuenta de la presencia de los

policías, agarró el palo de una escoba y, mientras daba

golpes con el objeto, dijo: ―La policía que se vaya al

c...jo, ustedes son unos p....jos.

Suban arriba, que les

voy a entrar a palos‖. Íd., pág. 520.

Luego de examinar las circunstancias particulares del

caso,

concluimos

que

las

expresiones

proferidas

por

el

señor Caro González constituyeron una alteración a la paz

de

los

policías

involucrados.

significado

atribuido

pueblo

las

a

por

palabras

la

Así,

señalamos

idiosincrasia

manifestadas

por

que

el

general

del

el

acusado

resultaban, por su propia naturaleza, ofensivas, hirientes

e irritantes; y, más que generar cierta molestia en los

agentes, eran capaces de provocar una reacción violenta o

CC-2009-0912

34

de riña inmediata.

Pueblo v. Caro González, supra, págs.

530-531.

Luego, en Pueblo v. Ortiz Díaz, 123 D.P.R. 865 (1989)

(Sentencia con Voto de Conformidad emitido por el Juez

Asociado

señor

Alonso

Alonso),

revocamos

una

sentencia

emitida por el foro de primera instancia en donde declaró

culpable

al

Sr.

Reinaldo

Ortiz

Díaz

alteración a la paz, entre otros.

por

el

delito

de

La prueba sometida

apuntaba a que el señor Ortiz Díaz intervino a favor de

una joven que estaba siendo detenida por un policía.

En

particular,

al

alegaron

que

el

acusado

le

interpeló

policía sobre la existencia de una orden de arresto para

poder realizar la detención.

El agente, por su parte, le

respondió que la muchacha había cometido un delito y que

si continuaba preguntando por la orden de arresto, también

lo detendría.

Acto seguido, el señor Ortiz Díaz ―le gritó

[al policía] charlatán, hijo de la g...n p...a y c...n‖.

(Énfasis suplido.) Íd., pág. 867.

La

prueba

evidenció

que

sometida

la

por

actitud

la

del

defensa

agente

arrestada y el acusado fue agresiva.

en

este

caso

hacia

la

joven

A esos efectos,

precisamos que ante el requerimiento del señor Ortiz Díaz

para que le mostrara una orden de arresto, el policía le

contestó con palabras ofensivas y le indicó que ―él era la

ley y que la ley se metía donde quería‖. Pueblo v. Ortiz

Díaz, supra, pág. 875.

Ante esta conducta provocativa por

parte del agente de la policía, concluimos que el señor

CC-2009-0912

35

Ortiz Díaz no incurrió en el delito de alteración a la

paz.

Nuestro análisis y ratio decidendi en los casos antes

citados son cónsonos con la doctrina desarrollada en la

jurisdicción federal sobre este asunto, la cual –a su vezha

sido

adoptada

y

aplicada

por

Tribunal de Apelaciones Federal.25

varios

circuitos

del

A manera de ejemplo,

podemos mencionar el caso United States v. Poocha, 259

F.3d 1077 (9th Cir. 2001).26

Los hechos que dieron origen

a la querella en contra del Sr. Nolan Poocha ocurrieron

durante el arresto de un individuo en un parque nacional.

Durante la intervención de la policía, uno de los agentes

se acercó

a un grupo de ciudadanos que observaban, de

forma molesta y hostil, el arresto.

se

encontraba

el

señor

Poocha,

Dentro de ese grupo

quien

le

respondió

al

agente ―fuck you‖ al éste pedirle que se retirara del

lugar.

Asimismo, el acusado alegadamente apretó los puños

y sacó su pecho mientras hacía esas expresiones (―Poocha

25

Véanse, Johnson v. Campbell, 332 F.3d 199 (3rd Cir. 2003) (el

acusado llamó al policía ―son of a bitch‖ mientras éste último le

hacía ciertas preguntas sobre su identidad a los fines de determinar

si era la persona sobre la cual un ciudadano se había querellado. El

Tribunal concluyó que el delito no se había cometido.); McDermott v.

Royal, 213 Fed. Appx. 500 (8th Cir. 2007) (el Tribunal revocó la

convicción fundamentado en que el hecho de agitar las manos y gritarle

blasfemias a los policías no constituían palabras con riña,

particularmente cuando el acusado se mantuvo alejado de ellos y nunca

intentó acercárseles); Stearns v. Clarkson, 615 F.3d 1278 (10th Cir.

2010) (las expresiones ―you´re probably the mother f**** that shot my

dad‖ proferidas por un ciudadano en contra de un policía no

constituyeron causa probable para arrestar al primero por alteración a

la paz. Las circunstancias presentes en ese caso no eran suficientes

para convertir esas manifestaciones en una amenaza contra el agente).

26

La apelación atendida en este caso provino del Tribunal Federal para

el Distrito Este de California.

Cabe mencionar que el delito de

alteración a la paz tipificado en el Artículo 260 del Código Penal de

1974 se adoptó del Código Penal de 1902 de California. Nevares-Muñiz,

Nuevo Código Penal de Puerto Rico, op. cit., pág. 321.

CC-2009-0912

36

‗clenched his fists, stuck out his chest, and yelled ‗fuck

you‘‖). Íd.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el

Noveno

Circuito

resolvió

que

las

expresiones

del

señor

Poocha no configuraron el delito de alteración a la paz.

Al disponer de la controversia, el tribunal aclaró que la

crítica a la policía no es un delito por sí solo.

que

el

hecho

de

que

la

expresión

esté

Agregó

acompañada

por

gestos agresivos no priva al ciudadano de su protección

constitucional a la libertad de expresión y a criticar la

conducta de los agentes del orden público.

Tribunal

Supremo

federal

en

el

caso

Citando al

Houston

v.

Hill,

supra, la corte apelativa concluyó lo siguiente: ―[t]he

freedom

of

individuals

verbally

to

oppose

or

challenge

police action without thereby risking arrest is one of the

principal characteristics by which we distinguish a free

nation

from

a

police

state‖.

(Énfasis

suplido.)

United

States v. Poocha, supra.

III

En esta ocasión, el primer señalamiento de error va

dirigido a impugnar la negativa del tribunal a desestimar

las denuncias por haber sido supuestamente presentadas en

contravención

a

Criminal, supra.

la

Regla

64(n)(2)

de

Procedimiento

En particular, el peticionario alega que

el Estado no demostró justa causa para haberse demorado

más de 60 días en presentar las denuncias, contados desde

la fecha de la citación expedida por el sargento Pagán

CC-2009-0912

Matos

el

37

día

de

los

hechos.

Añade

que

la

falta

de

justificación para la dilación implicaba que las denuncias

tenían

que

64(n)(2).

ser

desestimadas

al

amparo

de

la

Regla

No le asiste la razón.

Según

se

desprende

del

expediente,

la

citación

expedida el 15 de noviembre de 2006 por el sargento Pagán

Matos en contra del peticionario se llevó a cabo en virtud

de la Regla 7(a) de Procedimiento Criminal, supra.

Esto

es, la citación se realizó como alternativa a un arresto

por

la

citación

comisión

en

de

cuestión

un

delito

implicó

menos

que

el

grave.

Así,

peticionario

la

quedó

sujeto a responder por la comisión de un delito, lo que a

su

vez

dio

inicio

a

los

términos

de

juicio

rápido

dispuestos en la Regla 64(n), incluido el plazo de 60 días

para la presentación de la denuncia.27

A tenor con lo anterior, el Estado tenía hasta el 14

de enero de 2007 para presentar las denuncias en contra

del peticionario.

Sin embargo, éstas fueron sometidas en

mayo de 2007, cuatro meses después de expirado el plazo de

60 días concedido en la Regla 64(n)(2) de Procedimiento

Criminal, supra.28

Si bien es cierto que la actuación del

Estado no se circunscribió a los términos de juicio rápido

27

Véanse, D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal

Puertorriqueño, 8va ed., Puerto Rico, Instituto para el Desarrollo del

Derecho, Inc., 2007, pág. 43; Chiesa Aponte, op. cit., 1993, Vol. III,

Sec. 21, pág. 42.

28

Sobre este aspecto, la Opinión Disidente emitida por nuestro

compañero Juez Presidente señor Hernández Denton erróneamente enfatiza

que la dilación fue de seis meses. Este cálculo es incorrecto, pues

incluye el término de 60 días que el Ministerio Público dispone para

presentar la denuncia.

Es luego de transcurridos los 60 días antes

descritos que la dilación, si alguna, comienza a decursar.

CC-2009-0912

dispuestos

38

en

las

reglas

procesales,

entendemos

que

el

Ministerio Público demostró la existencia de justa causa

para tal dilación.

Durante

la

vista

evidenciaria

celebrada

previo

al

inicio del juicio para discutir la moción de desestimación

presentada

por

el

peticionario,

el

Ministerio

presentó el testimonio del sargento Pagán Matos.

Público

A través

de su declaración el sargento acreditó –y la defensa así

lo estipuló- que el 28 de noviembre de 2006, tanto él como

el peticionario acudieron al Tribunal de Primera Instancia

en cumplimiento con la citación expedida el día de los

hechos.

A pesar de ello, en esa fecha no pudieron someter

el caso debido a la falta de secretarias en el cuartel de

la policía para procesar las denuncias.

En ese momento,

según surge del testimonio vertido en la audiencia, el

sargento

intentó

tribunal,

pero

el

fijar

una

abogado

fecha

del

para

comparecer

peticionario

tenía señalamientos previos en otra sala.

indicó

al

que

El sargento

también manifestó que después de la primera citación hizo

varias llamadas a la oficina del abogado del peticionario

con el fin de concertar una nueva fecha para someter el

caso, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos.

Asimismo,

estuvo

dos

condición

quirúrgica.

el

meses

de

sargento

ausente

salud

que

Pagán

de

su

Matos

testificó

que

empleo

debido

una

requirió

una

a

intervención

Una vez se reintegró a sus labores, alrededor

de marzo de 2007, intentó nuevamente acordar una fecha con

CC-2009-0912

39

la defensa, pero volvió a recibir como respuesta que su

calendario estaba lleno.

Luego de escuchado el testimonio y el correspondiente

contrainterrogatorio

efectuado

peticionario,

foro

credibilidad

el

a

la

por

la

sentenciador

declaración

del

defensa

le

sargento.

del

confirió

Así,

el

tribunal concluyó que existió justa causa para la dilación

en la presentación de las denuncias.

denegó

la

solicitud

de

desestimación

Consecuentemente,

presentada

por

el

peticionario.

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha sostenido

que

las

determinaciones

de

hechos

del

foro

primario

sustentadas en prueba oral, merecen gran deferencia por

los tribunales apelativos.

Esto se debe a que es ―el juez

sentenciador, ante quien deponen los testigos, quien tiene

la oportunidad de verlos y observar su manera de declarar,

de poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones,

manierismos, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de

ir formando gradualmente en su conciencia la convicción en

cuanto a si dicen la verdad‖. (Citas omitidas.) Argüello

v.

Argüello,

155

D.P.R.

62

(2001);

Railroad Co., 64 D.P.R. 335 (1994).

Figueroa

v.

Am.

En ese sentido, el

foro primario se encuentra en mejor posición para evaluar

y adjudicar la credibilidad de un testigo. Ramírez Ferrer

v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799, 810 (2009); Trinidad

v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La

Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984).

CC-2009-0912

40

En armonía con nuestras expresiones, hemos resuelto

que los foros apelativos deberán abstenerse de intervenir

con las determinaciones de hechos y la adjudicación de

credibilidad

realizada

por

el

tribunal

de

instancia,

excepto cuando concluya que este último ha incurrido en

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la

apreciación de la prueba. S.L.G. Rivera Carrasquillo v.

A.A.A.,

177

D.P.R.

345,

356

(2009);

Ramírez

Ferrer

v.

Conagra Foods PR, supra, pág. 811; Pueblo v. Maisonave

Rodríguez, 129 D.P.R. 49 (1991); Ortiz v. Cruz Pabón, 103

D.P.R. 939 (1975).

Luego de examinar detenidamente el expediente, así

como la transcripción de la prueba oral que obra en autos,

no

encontramos

indicio

alguno

de

pasión,

prejuicio,

parcialidad, o error manifiesto en la apreciación de la

prueba por parte del Tribunal de Primera Instancia.

En

consecuencia,

la

procede

concederle

adjudicación

de

primario

testimonio

al

credibilidad

del

deferencia

conferida

sargento

a

por

el

Pagán

foro

Matos

y

reconocer la existencia de justa causa para la demora en

la presentación de las denuncias.

En lo atinente a la existencia de justa causa, la

transcripción

de

la

prueba

oral,

particularmente

el

testimonio del sargento Pagán Matos, habla por sí sola.

La

prueba

refleja

que

el

sargento

Pagán

Matos

realizó

gestiones afirmativas para concretar una fecha en la cual

pudiera

presentar

las

denuncias,

pero

sus

esfuerzos

CC-2009-0912

resultaron

41

infructuosos

debido

–en

mayor

parte-

a

renuencia mostrada por el abogado del peticionario.

la

En

ese sentido, debemos resaltar que el día señalado en la

citación original, el sargento y el peticionario acudieron

al tribunal oportunamente para presentar las denuncias.

Si

bien

es

tramitadas

cierto

debido

que

a

la

las

denuncias

falla

del

no

pudieron

Estado

en

ser

tenerlas

preparadas, no es menos cierto que en el mismo tribunal el

sargento Pagán Matos realizó acercamientos con el abogado

del peticionario con el propósito de acordar una nueva

fecha

para

someter el caso.

El referido acuerdo, sin

embargo, no pudo ser concretado por razones atribuibles al

abogado de la defensa –en ese momento y en las llamadas

posteriores efectuadas por el sargento- bajo el pretexto

de que tenía señalamientos previos en otra sala.29

Ese mismo patrón de respuesta fue nuevamente adoptado

por el abogado de la defensa cuando el

sargento Pagán

Matos se comunicó con él luego de reincorporarse a sus

funciones en la Policía tras una intervención quirúrgica a

la

que

fue

sometido.

Entendemos

que

esta

actuación

reiterada de la defensa en eludir la concretización de una

fecha para presentar las denuncias, fue la razón principal

de la dilación en el procesamiento criminal de autos.

29

La Opinión Disidente y Concurrente emitida por el compañero Juez

Presidente señor Hernández Denton omite esta parte medular del

testimonio del sargento Pagán Matos en donde se evidencian sus

gestiones afirmativas para coordinar una fecha alterna con el abogado

del peticionario para someter las denuncias en contra del señor García

Colón.

CC-2009-0912

Incluso,

también

42

la

enfermedad

constituye

justa

del

causa

sargento

para

presentación de las denuncias.

la

Pagán

tardanza

Matos

en

la

Anteriormente señalamos

que la enfermedad de un testigo esencial ha sido aceptada

como una justificación razonable para suspender un juicio

y extender los términos de juicio rápido.30

Ciertamente,

el

la

reconocimiento

de

fundamentado

en

una

debidamente

sustentado

sentenciador,

ya

sea

documental.

Ahora

justa

causa

condición

y

de

salud,

probado

mediante

bien,

para

una

ante

evidencia

vez

la

dilación

debe

el

ser

tribunal

testifical

existencia

de

o

la

condición de salud bajo la cual se alega justa causa queda

probada,

nos

reconocer

la

reafirmamos

enfermedad

en

como

que

una

el

tribunal

justificación

podrá

para

la

dilación luego de haber sopesado todos los criterios que

debe considerar para adjudicar el asunto.

En el presente caso, la persona cuya condición de

salud retrasó la presentación de las denuncias fue la del

sargento Pagán Matos.

Este funcionario era la persona

idónea para presentar las denuncias por tener conocimiento

personal de los hechos y ser el supervisor inmediato de

los

agentes

involucrados

en

el

caso.31

Ante

tales

30

Véanse: Pueblo v. Irlanda, 45 D.P.R. 586, 588-589 (1933); Pueblo v.

Ibern, 31 D.P.R. 917, 921 (1923); Chiesa Aponte, op. cit., 1992, Vol.

II, Sec. 12.1, pág. 144.

31

Como es sabido, cuando un agente de la Policía o un miembro de su

unidad familiar es víctima de delito, ese agente no debe completar un

reporte de incidente, iniciar una investigación o un procedimiento al

amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 33 L.P.R.A. Ap. II,

R.6, sobre ese delito en particular.

De lo contrario, sus acciones

constituirían un claro conflicto de interés, el cual está prohibido

por la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida

CC-2009-0912

43

circunstancias, la dilación ocasionada por la enfermedad

del

sargento

Pagán

Matos

–la

cual

requirió

una

intervención quirúrgica y lo mantuvo fuera de sus labores

por un período de dos meses- constituye una justificación

válida y razonable para extender los términos de juicio

rápido.32

Por

otro

lado,

también

debemos

destacar

que

el

peticionario no presentó prueba respecto al perjuicio que

la tardanza le ocasionó, el cual constituye uno de los

cuatro

criterios

que

sopesar

para

determinar si hubo o no justa causa en la dilación.

Este

Tribunal ha reiterado

el

que

tribunal

el

debe

acusado tiene el

peso de

probar que ha sufrido algún perjuicio con la tardanza en

el

procesamiento

criminal.33

A

esos

efectos,

hemos

como Ley de Ética Gubernamental, y por el Reglamento Núm. 4216 del 11

de mayo de 1990, según enmendado, conocido como Reglamento de Personal

de la Policía de Puerto Rico.

Consecuentemente, es necesario que el

agente víctima de delito refiera el asunto a su supervisor u otro

miembro de la Policía que no tenga conflicto.

32

En esta ocasión, la disidencia pasa por alto un hecho relevante como

lo es la condición de salud o enfermedad que acreditó ante el foro

primario el sargento Pagán Matos.

Sopesar livianamente esta

circunstancia y no reconocer que la misma constituye justa causa para

la demora en la presentación de las denuncias, es contrario al

criterio de razonabilidad que reiteradamente hemos apuntalado ante un

reclamo de violación al derecho a juicio rápido. Véanse: Pueblo v.

Rivera Santiago, supra; Pueblo v. Valdés et al., supra.

33

Advertimos que en la Opinión Concurrente y Disidente emitida por el

Juez Presidente señor Hernández Denton, se hace referencia al

perjuicio que el señor García Colón alegadamente sufrió a causa de la

tardanza en la presentación de las denuncias.

Al respecto, el

distinguido compañero señala lo siguiente: ―Asimismo, el señor García

Colón invocó oportunamente su derecho a juicio rápido y hubo un

perjuicio resultante de la referida tardanza‖. Opinión Concurrente y

Disidente, supra, págs. 5-6.

Una lectura concienzuda y pormenorizada de la transcripción de

la vista evidenciaria sobre la desestimación de las denuncias, así

como del expediente, no refleja que el peticionario haya acreditado

fehacientemente que la dilación le ocasionó un perjuicio por los

cargos sometidos en su contra.

El tribunal no puede llegar a esas

conjeturas y tomarlo como un hecho cierto sin que la parte obligada a

presentar prueba al respecto así lo sostenga con evidencia concreta.

CC-2009-0912

44

enfatizado que el perjuicio sufrido por el acusado ―no

puede ser abstracto ni apelar a un simple cómputo de rigor

matemático‖,

sino

que

éste

―tiene

con

esta

discusión,

que

ser

real

y

concluimos

que

el

sustancial‖.34

A

tenor

tribunal de instancia no abusó de su discreción al denegar

la desestimación de las denuncias por violación a la Regla

64 (n)(2) de Procedimiento Criminal, supra.

En el balance

de criterios, la enfermedad sobrevenida al sargento Pagán

Matos y la intransigencia del abogado de la defensa en

acordar una fecha alterna para someter las denuncias en

contra del peticionario, constituyen justa causa dentro

del

criterio

de

razonabilidad

que

debe

imperar

en

esa

determinación.35

En

esta

desaprobación

dilatorias,

coyuntura

debemos

enfatizar

el

de

Foro

al

empleo

de

ocasiones

son

utilizadas

que

en

este

repudio

y

tácticas

durante

el

34

Pueblo v. Rivera Santiago, supra; Pueblo v. Valdés et al., supra,

pág. 792, citando a Chiesa Aponte, op. cit., 1992, Vol. II, Sec. 12.1,

pág. 153; Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 438.

35

Sobre este aspecto debemos enfatizar, además, que el sargento Pagán

Matos actuó conforme a nuestros pronunciamientos en Pueblo v. Rivera

Martell, 173 D.P.R. 601, 615-616 (2008), al no optar por presentar la

denuncia en ausencia del imputado.

Precisamente, por voz del Juez

Presidente señor Hernández Denton, expresamos:

―En el contexto de la Regla 6, precisamente, el legislador

incorporó unas garantías a favor de los imputados de

delito en la etapa de determinación de causa probable para

arresto. Evidentemente, para poder ejercer esas garantías

estatutarias los imputados, de ordinario, deben estar

presentes. Para esto se requiere, sin duda, que se les

cite a la vista de determinación de causa probable para

arresto.

Tal requisito es el mecanismo para darle

vigencia a los derechos conferidos en el tercer párrafo de

la Regla 6(a), supra, y constituye una consecuencia

razonable de la norma que nos requiere suplir las lagunas

que surgen de la ley e interpretarla de forma tal que

guarde armonía y lógica interna.‖ Íd.

CC-2009-0912

45

procesamiento

criminal,

con

el

fin

de

invocar

posteriormente el derecho a juicio rápido.

La utilización

de

procedimientos,

subterfugios

similares

a

los

para

retrasar

empleados

abogado

del

peticionario,

casos-

los

verdaderos

funcionamiento

del

en

el

los

presente

caso

por

el

mayoría

de

los

el

buen

son

–en

la

escollos

que

inciden

sistema

de

justicia

y

en

en

la

pronta

adjudicación de las causas criminales.

IV

Por otro lado, el peticionario aduce que el Artículo

247,

inciso

(c),

del

Código

Penal

de

2004,

supra,

inconstitucional por adolecer de amplitud excesiva.

bien

es

cierto

que

en

ocasiones

anteriores

es

Si

hemos

interpretado el delito de alteración a la paz y delimitado

su

aplicación

penalizar

en

cierto

cuanto

tipo

a

de

la

modalidad

expresiones,

dirigida

todos

a

estos

pronunciamientos han girado en torno al texto incluido en

el Artículo 260 del Código Penal de 1974, supra.

Según

indicamos anteriormente, la redacción del nuevo Artículo

247 del Código Penal de 2004, supra, varió en comparación

con el Artículo 260 del Código Penal de 1974, supra.

Ante

estas

examinar

con

delito

de

circunstancias,

detenimiento

la

nos

corresponde

constitucionalidad

del

alteración a la paz según codificado en el Artículo 247(c)

del

Código

Penal

de

2004,

supra.

Adelantamos

que

no

coincidimos con el planteamiento de inconstitucionalidad

presentado por el peticionario.

CC-2009-0912

El

46

inciso

(c)

del

Artículo

247

del

Código

Penal,

supra, proscribe que una persona le altere la paz a uno o

varios

individuos

mediante

el

uso

de

―vituperios,

oprobios, desafíos, provocaciones o palabras insultantes u

ofensivas

que

airosa

quien

en

ponderado

de

puedan

provocar

las

este

una

escucha‖.

inciso

reacción

violenta

o

estudio

detenido

y

Un

nos

lleva

a

deducir

que

la

conducta penalizada está estrechamente atada al contenido

de la expresión.

Así, la constitucionalidad del Artículo

247(c), supra, deberá ser evaluada a la luz de la doctrina

de

amplitud

examinar

excesiva.

si

las

En

particular,

expresiones

nos

prohibidas

corresponde

–vituperios,

oprobios, desafíos, provocaciones, o palabras insultantes

u

ofensivas-

se

encuentran

constitucional

a

la

excluidas

libertad

de

de

palabra

la

o

protección

si,

por

el

contrario, la regulación se sobre-extendió para incluir

expresiones

que

están

constitucionalmente

protegidas.

Veamos.

Según

Unidos

ha

expusimos,

el

desarrollado

regulación

de

Tribunal

una

expresiones

Supremo

de

doctrina

precisa

protegidas

bajo

Enmienda de la Constitución federal.

Estados

sobre

la

la

Primera

Esta protección se

hizo extensiva a todos los estados y territorios, incluso

Puerto Rico.

Por tal motivo, cuando este Tribunal se

enfrenta

la

tarea

constitucional

de

un

estatuto

que

regula

expresiones,

estamos

intimados

a

adoptar

a

de

interpretar

la

validez

palabras

las

o

normas

CC-2009-0912

pautadas

47

en

la

jurisdicción

protección

mínima

expresión.

Este

federal

reconocida

ejercicio

al

se

en

cuanto

a

a

la

libre

teniendo

en

mente,

derecho

hace

la

claro está, que las decisiones del Más Alto Foro federal

son vinculantes para este Tribunal en cuanto al mínimo de

protección reconocido, permitiéndonos así conferirle mayor

resguardo

al

referido

derecho

al

amparo

de

nuestra

Constitución, la cual es de ―factura más ancha‖. Pueblo v.

Díaz,

Bonano,

176

D.P.R.

601,

621

(2009);

Pueblo

v.

Martínez Acosta, 174 D.P.R. 275, 289-290 (2008); Emp. Pur.

Des.,

Inc.

v.

H.I.E.Tel.,

150

D.P.R.

924,

948

(2000);

López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 226-227

(1987).

Un estudio de la jurisprudencia federal refleja que

la regulación de expresiones por parte del Estado a través

de leyes que penalizan la alteración a la paz o conducta

desordenada, ha sido limitada a aquellas palabras que sean

de riña (fighting words).

Estados

Unidos

ha

decretado

Así, el Tribunal Supremo de

la

nulidad

de

su

faz

de

estatutos que tipifican el delito de la alteración a la

paz o proscriben la conducta desordenada debido a que su

redacción

y

la

interpretación

conferida

por

el

foro

estatal no limitan su aplicación a las palabras de riña.

Véanse: Lewis v. City of New Orleans, supra; Gooding v.

Wilson, supra.

En nuestra jurisdicción adoptamos la doctrina pautada

sobre

palabras

de

riña

al

interpretar

y

delimitar

la

CC-2009-0912

48

aplicación del delito de alteración a la paz codificado en

el

Artículo

260(a)

del

Código

Penal

de

1974,

supra.

Véanse, Pueblo v. Rodríguez Lugo, supra; Pueblo v. Caro

González,

supra.

jurisprudencial,

Atemperándose

a

este

trasfondo

como

casuística

federal

así

a

la

interpretativa de la Primera Enmienda, la redacción del

delito de alteración a la paz en su modalidad de penalizar

ciertas expresiones fue reformulada en el Artículo 247(c)

del Código Penal de 2004, supra.36

Una lectura ponderada del nuevo Artículo 247, inciso

(c),

supra,

lenguaje

claramente

evidencia

más

restrictivo

jurisprudencial

desarrollada

la

cónsono

en

torno

adopción

con

al

de

la

un

norma

derecho

a

la

libre expresión.

Contrario al texto del Artículo 260(a)

del

de

Código

Penal

1974,

supra,

el

inciso

(c)

del

Artículo 247 de 2004 limita expresamente la facultad del

Estado para imponer sanciones por determinadas expresiones

a

aquellas

instancias

en

las

cuales

las

palabras

proferidas ―puedan provocar una reacción violenta o airada

en quien las escucha‖. Artículo 247(c), Código Penal de

2004, supra.

Esta redacción refleja de forma inequívoca

el propósito y la intención de penalizar únicamente aquel

lenguaje que propenda a una persona a reaccionar de forma

violenta; esto es, palabras de riña.

36

Respecto al trasfondo del delito de alteración a la paz codificado

en el Código Penal de 2004, véase: D. Nevares-Muñiz, Estudios

comparados de Códigos Penales: informes parte especial, Comisión de lo

Jurídico del Senado de Puerto Rico, 2002, Vol. II.

CC-2009-0912

49

Ahora bien, somos conscientes que el tipo del delito

proscribe

los

―oprobios‖

sobre

los

cuales

el

Tribunal

Supremo de Estados Unidos ha pasado juicio en cuanto a su

naturaleza y protección constitucional.

Gooding

v.

Wilson,

supra,

el

Más

Recordamos que en

Alto

Foro

federal

discutió la constitucionalidad de una ordenanza estatal

que

penalizaba

la

alteración

a

la

paz

de

mediante el uso de expresiones oprobiosas.

una

persona

Ciertamente en

esa ocasión dicho Foro decretó la nulidad del estatuto por

adolecer de amplitud excesiva.

No obstante, advertimos

que

determinación

el

fundamento

interpretación

para

tal

irrestricta

de

la

palabra

fue

la

oprobio

que

realizó el Tribunal Supremo de Georgia; esto es, dicho

foro no limitó el término oprobio a aquellas instancias en

las cuales constituyera palabra de riña.

Resulta pertinente aclarar que en el mencionado caso,

al igual que en Lewis v. City of New Orleans, supra, el

Tribunal Supremo federal examinó la jurisprudencia estatal

para determinar cuál había sido la interpretación y el

patrón de aplicación de las ordenanzas impugnadas en las

cortes estatales.

hallazgos,

concluyó

Luego de ello, y en función de sus

que

en

ambas

instancias

se

había

acogido el término oprobio según su significado literal,

omitiendo

así

limitar

la

aplicación

del

término

a

las

palabras de riña.

La discusión del Tribunal Supremo federal en ambos

casos

revela

que

la

naturaleza

de

las

expresiones

CC-2009-0912

oprobiosas

50

y

su

posible

protección

constitucional

dependerán del contexto en que se penalice y -más aún- de

la interpretación limitada o ilimitada que le confieran

los tribunales estatales.

Este razonamiento es igualmente

aplicable a los vituperios y a las palabras ofensivas.

Ello

se

debe

a

que,

contrario

a

las

manifestaciones

desafiantes, provocativas o insultantes también proscritas

en

el

Artículo

247(c),

supra,

las

definiciones

de

―vituperios‖, ―oprobios‖ y ―palabras ofensivas‖ no revelan

una

invitación

violencia.

directa

La

a

la

característica

confrontación

o

de

adquieren

riña

la

a

la

dependiendo de las circunstancias particulares en las que

sean

proferidas

tener

en

examinado

la

y

el

efecto

violento

a

las

que

punto

de

vista

persona

desde

el

que

éstas

puedan

van

dirigidas,

ello

de

un

individuo

que

el

de

inteligencia común.

Aclarado

247(c)

este

del

Código

constitucionalmente

impugnado

punto,

concluimos

Penal

válido.

evidencia

de

de

El

forma

2004,

Artículo

supra,

es

del

inciso

(c)

inequívoca

que

las

texto

manifestaciones proscritas pueden ser penalizadas en tanto

y en cuanto éstas constituyan palabras de riña.

Es decir,

el delito de alteración a la paz se entenderá configurado

cuando los vituperios, oprobios, desafíos, provocaciones y

palabras insultantes u ofensivas tiendan a provocar una

reacción violenta inmediata en el receptor del mensaje.

Su

redacción

e

interpretación

limitada

cumple

con

los

CC-2009-0912

51

parámetros constitucionales que cobijan el derecho a la

libertad de expresión.

V

Por

último,

nos

corresponde

resolver

si

la

culpabilidad del señor García Colón fue probada más allá

de

duda

razonable.

Ministerio

Público

El

omitió

peticionario

presentar

alega

que

el

evidencia

sobre

el

estado de ánimo de los agentes previo a la intervención de

tránsito.

Este dato, añade, era indispensable para poder

determinar si los policías se encontraban en paz, de forma

tal que las acciones del peticionario pudieran alterarle

ese

estado

emocional.

Asimismo,

argumenta

que

las

expresiones penalizadas gozan de una mayor protección bajo

el palio de la cláusula de libertad de expresión al haber

sido proferidas en contra de los policías.

que

las

manifestaciones

constituían

una

crítica

realizadas

a

las

por

Ello se debe a

el

peticionario

actuaciones

arbitrarias

cometidas por el Estado a través de sus funcionarios, que

en este caso eran los agentes del orden público cuya paz

supuestamente fue alterada.

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto

Rico reconoce como un imperativo constitucional que ―en

todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del

derecho a gozar de la presunción de inocencia…‖. Art. II,

Sec. 11,

Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo I.

Cónsono con

ello, nuestro ordenamiento procesal penal preceptúa que

todo acusado de delito se presumirá inocente hasta que se

CC-2009-0912

52

demuestre lo contrario más allá de duda razonable. Regla

110 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 110.

El peso de la prueba recae en el Estado, quien deberá

presentar

evidencia

sobre

la

existencia

de

todos

los

elementos del delito y su conexión con el acusado. Pueblo

v. Santiago et al., 176 D.P.R. 133, 143 (2009); Pueblo v.

Rivera Ortiz, 150 D.P.R. 457 (2000); Pueblo v. Ramos y

Álvarez, 122 D.P.R. 287, 315-316 (1988).

En

múltiples

ocasiones

hemos

pautado

que

la

presunción de inocencia se rebate con la presentación de

prueba satisfactoria y ―suficiente en derecho‖; es decir,

el Estado tiene que ofrecer prueba que produzca certeza o

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación

o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150

D.P.R. 84, 100 (2000); Pueblo v. De León Martínez, supra,

págs. 764-765; Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102

D.P.R. 545, 552 (1974).

La duda razonable que acarrea la

absolución

del

acusado

no

imaginaria,

ni

cualquier

duda

producto

de

aquella

duda

es

una

duda

posible.

una

especulativa

o

Más

es

bien,

consideración

justa,

imparcial y serena de la totalidad de la evidencia del

caso.

juzgador

En concreto, la duda razonable existe cuando el

de

insatisfacción

los

o

hechos

siente

intranquilidad

con

en

su

la

prueba

conciencia

de

cargo

presentada. Pueblo v. Santiago et al., supra, pág. 142;

Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788; Pueblo v. Maisonave

CC-2009-0912

53

Rodríguez, supra; Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645,

652 (1986).

Anteriormente indicamos que uno de los elementos del

delito

de

expresiones

alteración

a

de

tipificado

riña,

Artículo 247,

supra, es

efectivamente

alterada.

la

que

paz

en

en

la

Para

su

el

modalidad

inciso

de

(c)

del

paz de la víctima

sea

que

se

este

elemento

configure es necesario que la persona se encontrase en un

estado

de

paz

y

tranquilidad

previo

a

manifestaciones proferidas en su contra.

en

ausencia

subjetivo

de

del

escuchar

las

Es evidente que

este

requisito,

intrínseco

delito

tipificado

en

el

al

inciso

elemento

(c)

del

Artículo 247 del Código Penal, supra, no estaríamos ante

una alteración a la paz propiamente, puesto que no existía

ninguna paz o tranquilidad que pudiese ser alterada.

Consecuentemente, el estado de ánimo de la víctima

antes de llevarse a cabo las manifestaciones supuestamente

delictivas

es

un

factor

sobre

el

cual

el

Ministerio

Público tiene que pasar prueba a los fines de evidenciar

que

la

víctima

estaba

en

un

escuchar las manifestaciones.

estado

de

paz

antes

de

El presumir que la persona

se encontraba en un estado de tranquilidad debido a las

condiciones y circunstancias en donde se llevó a cabo la

manifestación, no es suficiente en derecho para sobrepasar

el

quantum

de

prueba más allá

de duda razonable.

La

naturaleza subjetiva de este elemento del delito implica

que

el

estado

anímico

de

la

persona

afectada

no

CC-2009-0912

54

necesariamente tiene que coincidir con el ambiente externo

que lo rodea.

La prueba desfilada en el caso de autos no refleja

información alguna respecto al estado emocional de los dos

policías presuntamente afectados previo a la intervención

con el peticionario por una infracción de tránsito.

Una

lectura integral de la exposición narrativa de la prueba,

particularmente

del

testimonio

vertido

por

los

agentes

González Aponte y Rivera Colón, apunta a que el Ministerio

Público omitió inquirir sobre este aspecto subjetivo del

delito.

Si bien es cierto que ambos policías declararon

haberse sentido ―ofendidos y molestos‖ por las expresiones

del peticionario, no es menos cierto que en ningún momento

manifestaron

cómo

se

sentían

antes

de

intervenir

con

aquél.

La Procuradora General argumenta en su alegato que

los agentes del orden público se hallaban en estado de paz

al

momento

de

la

intervención.

Esta

inferencia

la

sostiene en el hecho de que, a su entender, la detención

se llevó a cabo bajo un ambiente en donde imperaba el buen

orden y en que los agentes se encontraban realizando su

trabajo habitual.37

indique

lo

Añade que ―nada hay en el récord que

contrario‖.38

Estos

planteamientos

persuaden.

37

Alegato de la Procuradora General, pág. 19.

38

Íd.

no

nos

CC-2009-0912

55

Anteriormente indicamos –y es doctrina reiterada- que

el peso de probar la culpabilidad de un acusado más allá

de duda razonable recae en el Estado.

en

materia

de

derecho

penal

le

Esta norma cardinal

exigía

al

Ministerio

Público en el presente caso, como entidad acusadora, la

obligación de presentar evidencia suficiente en derecho

sobre la concurrencia de todos los elementos del delito de

alteración a la paz y su conexión con el peticionario.

La

existencia de alguno de estos factores, incluso sobre el

estado emocional de los agentes previo a la intervención

con el acusado, no puede presumirse por el juzgador de los

hechos.

Igualmente, la ausencia de información alguna en el

expediente tendente a demostrar un ambiente hostil o que

propendiera

antes

de

a

alterarle

la

la

intervención

tranquilidad

de

a

tránsito,

los

policías

no

justifica

reconocer como un hecho probado que los agentes estaban en

paz.

La

premisa

de

la

Procuradora

General

más

bien

presupone el reconocimiento de una presunción a favor del

Ministerio Público sobre el estado de ―paz‖ de los agentes

previo

a

las

manifestaciones

del

peticionario.

Esto

tendría el efecto indeseado de transferir al acusado el

peso de probar la inexistencia de uno de los elementos del

delito

imputado.

contraria

a

las

Dicha

normas

exigencia

básicas

y

más

sería

claramente

elementales

del

derecho penal, en específico a la presunción de inocencia

que cobija al acusado.

CC-2009-0912

56

En definitiva, la omisión del Ministerio Público en

presentar evidencia sobre el estado anímico de los agentes

del orden público previo a que el peticionario profiriera

las manifestaciones en controversia, torna en insuficiente

la prueba presentada para sostener una convicción por el

delito

de

criterio

alteración

que

las

a

la

paz.

declaraciones

Incluso,

de

los

somos

agentes

del

a

los

efectos de que se sintieron ―molestos y ofendidos‖ por las

expresiones

del

peticionario

no

son

suficientes

para

configurar el elemento subjetivo del delito, esto es, que

en efecto se les alteró la paz.

Nos explicamos.

En múltiples ocasiones hemos pautado que el malestar

que pueda sentir una persona por las expresiones de otro

individuo

en

su

contra

no

es

motivo

suficiente

entender que se le ha alterado la paz al primero.

para

A esos

efectos, la expresión o conducta desplegada por el acusado

tiene que ser de tal grado ofensiva, hiriente e irritante,

capaz de provocar una reacción violenta inmediata en la

persona que la

escucha

o recibe.

Para

llegar

a esta

conclusión el juzgador de los hechos debe examinar las

palabras

proferidas

circunstancias

y

a

la

luz

desde

la

perspectiva

inteligencia común.

de

la

totalidad

de

un

de

las

hombre

de

Desde ese crisol, deberá analizar si

las expresiones pueden ocasionar que una persona promedio

o de sensibilidad ordinaria reaccione violentamente o con

ira.

CC-2009-0912

Ahora

57

bien,

existen

circunstancias

particulares

en

las cuales el estándar para evaluar la naturaleza de las

palabras expresadas debe ser más estricto.

Entre ellas

podemos

la

mencionar

aquellos

casos

en

víctima del delito es un policía.

para

esta

distinción

protección

que

Constitución

le

de

cuestionamiento

estriba

confiere

donde

alegada

La razón primordial

en

el

amplio

grado

de

la

Primera

Enmienda

de

la

Estados

Unidos

a

crítica

y

al

verbal

a

la

las

instituciones

gubernamentales, incluso a los agentes del orden público.39

Asimismo,

la

función

de

la

Policía

como

entidad

encargada de mantener y preservar un estado de ley y orden

en la sociedad, presupone que los agentes que la integran

estén

grado

de

autorrestricción en comparación a un ciudadano común.40

En

ese

entrenados

sentido,

de

para

ejercitar

ordinario

y

un

desde

un

mayor

punto

de

vista

objetivo, las expresiones ―charlatán y corrupto‖ -si bien

pueden provocar un sentimiento de molestia y frustración

en el receptor- no deben considerarse lo suficientemente

ofensivas

e

hirientes

capaces

de

provocar

una

reacción

violenta en un agente del orden público promedio que se

encuentre en funciones.

Cabe aclarar que lo anterior no significa que los

policías estén excluidos de la protección del delito de

alteración a la paz mientras se encuentren en el ejercicio

39

Véase Houston v. Hill, supra, a la nota 22.

40

Íd.; Pueblo v. Caro González, 110 D.P.R. 518, 529 (1980).

CC-2009-0912

58

de sus funciones.

público,

como

Por el contrario, los agentes del orden

individuos

y

miembros

de

esta

sociedad,

están cobijados por los principios constitucionales que

promulgan la dignidad del ser humano y la igual protección

de las leyes.

valor

que

Su honra y reputación ostentan el mismo

aquellas

de

cualquier

ciudadano

común.

Sin

embargo, el alto grado de control de sus emociones que se

le requiere al policía para desempeñar su trabajo, es un

elemento

que

tiene

que

ser

considerado

al

momento

de

determinar el efecto de las palabras y la probabilidad de

que

éstas

puedan

desatar

una

reacción

violenta

de

su

parte.

Cónsono con ello, un ciudadano puede estar sujeto a

una

acción

criminal

al

amparo

del

Artículo

247(c)

del

Código Penal, supra, aun cuando el receptor del mensaje

sea

un

agente

de

la

policía.

La

imposición

de

responsabilidad penal deberá estar sustentada en evidencia

que demuestre más allá de duda razonable la concurrencia

de

todos

los

elementos

del

delito.

Esto

incluye

la

determinación de la naturaleza de las palabras proferidas

examinadas desde un punto de vista objetivo a la luz de la

totalidad de las circunstancias.

En el caso de autos, las palabras expresadas por el

peticionario fueron dirigidas a dos agentes de la policía.

Según se desprende de la transcripción de la prueba oral,

el señor García Colón le manifestó a los agentes González

Aponte

y

Rivera

Colón

que

eran

unos

―charlatanes,

CC-2009-0912

corruptos

59

y

que

no

valían

nada‖.

Estas

palabras,

examinadas dentro del contexto en que se dijeron y el

efecto

que

palabras

produjeron

de

riña

en

su

receptor,

no

constituyen

capaces

de

alterarle

la

paz

a

los

policías implicados.

En atención a la discusión que antecede, resolvemos

que en el

presente caso no

se

configuró el

delito de

alteración a la paz según tipificado en el inciso (c) del

Artículo

247

del

Código

Penal,

supra.

Dadas

las

circunstancias particulares del caso y luego de examinar

la transcripción de la prueba oral que obra en autos,

concluimos

que

las

expresiones

peticionario

-si

bien

pudieron

policías

sentimiento

un

constituyeron

palabras

de

de

proferidas

haber

molestia

por

el

en

los

frustración-

no

de

una

provocado

y

riña capaces

provocar

reacción violenta inmediata según lo proscribe el Artículo

247(c) del Código Penal, supra.

No

obstante,

resulta

pertinente

aclarar

que

la

conducta desplegada por el peticionario en contra de los

agentes

González

reprobable.

Aponte

y

Rivera

Colón

es

altamente

Ciertamente, en nuestra sociedad democrática

los ciudadanos gozan del derecho primordial a la libertad

de

expresión.

Ante

la

preeminencia

de

este

derecho,

reiteramos una vez más su celosa protección y su jerarquía

entre los derechos fundamentales que nos cobijan.

Ahora

bien,

estar

el

ejercicio

de

la

libre

expresión

debe

enmarcado dentro del respeto y la dignidad que ampara a

CC-2009-0912

todos

los

60

ciudadanos.

Así,

pues,

este

derecho

no

constituye una carta blanca que nos permita infringir la

dignidad del ser humano.

En

ese

contexto,

el

derecho

a

la

expresión

debe

ejercitarse con prudencia de forma tal que no interfiramos

con los derechos constitucionales que igualmente cobijan a

los demás ciudadanos.

Así, reafirmamos que los miembros

de la Policía de Puerto Rico también son susceptibles de

ser considerados víctimas del delito de alteración a la

paz,

siempre

razonable

y

cuando

los

se

demuestre

elementos

más

objetivos

allá

y

de

duda

subjetivos

constitutivos del delito.

VI

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de

certiorari

solicitado

y

modificamos

parcialmente

la

Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.

Por una

parte,

foro

confirmamos

la

determinación

de

dicho

en

cuanto resolvió que el derecho a juicio rápido del Sr.

Mario García Colón no se violentó en el presente caso.

Asimismo

confirmamos

la

decisión

de

decretar

la

constitucionalidad del Artículo 247(c) del Código Penal de

2004, supra.

Sin embargo, revocamos el dictamen impugnado

respecto

la

a

determinación

de

culpabilidad

del

peticionario por el delito de alteración a la paz.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Certiorari

CC-2009-0912

Mario García Colón

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, se expide el auto de certiorari

presentado y se modifica parcialmente la Sentencia

dictada por el Tribunal de Apelaciones.

Por un

lado, se confirma la determinación del foro

apelativo intermedio en cuanto resolvió que el

derecho a juicio rápido del peticionario no se

violentó, como también se confirma la decisión de

decretar la constitucionalidad del Artículo 247(c)

del Código Penal de 2004, supra.

Por otro lado,

se revoca el dictamen impugnado en cuanto a la

determinación de culpabilidad del peticionario por

el delito de alteración a la paz.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Presidente señor Hernández Denton emitió una

Opinión Concurrente y Disidente a la cual se unió

la Jueza Asociada señora Fiol Matta.

La Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una

Opinión Concurrente y Disidente.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2009-912

Certiorari

Mario García Colón

Peticionario

Opinión Disidente y Concurrente emitida por el Juez Presidente

SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON a la cual se une la Jueza Asociada SEÑORA

FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2011

La Opinión que emite hoy este Tribunal revoca

correctamente la convicción de alteración a la paz

que pesaba sobre el peticionario, pero en el camino

deja

malherida

la

protección

constitucional

que

tiene todo ciudadano a un juicio criminal rápido e

ignora el principio de autolimitación judicial del

cual hemos sido celosos guardianes desde hace medio

siglo. Véase E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958).

Por ello, concurrimos con el resultado de revocar la

referida convicción criminal, pero disentimos de lo

pautado en torno a lo que constituye ―justa causa‖

para la dilación de los términos de juicio rápido.

Asimismo,

discrepamos

del ejercicio de

CC-2009-912

2

examinar innecesariamente la constitucionalidad del delito

de alteración a la paz.

I.

El 15 de noviembre de 2006, dos oficiales de la Policía

detuvieron

al

presuntamente

Sr.

no

Mario

guardaba

García

Colón

suficiente

porque

distancia

éste

entre

su

vehículo y el de otros conductores, en violación al Art.

10.10 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. sec.

5290. Mientras los policías expedían el boleto, el señor

García Colón se bajó del auto, apuntó con su dedo a los

agentes y les expresó que eran ―unos charlatanes, corruptos

y que no valían nada‖.

Los agentes Ángel González Aponte y Omar Rivera Colón

llamaron a su supervisor, el sargento Pedro Pagán Matos, y

éste le informó al peticionario la manera para impugnar el

boleto de tránsito. El señor García Colón repitió que los

agentes

que

intervinieron

con

él

eran

charlatanes

y

corruptos. Así las cosas, el sargento Pagán Matos procedió a

expedirle

una

citación

para

que

compareciera

el

28

de

noviembre de 2006 ante el Tribunal de Primera Instancia por

el delito menos grave de resistencia u obstrucción a la

autoridad

pública,

tipificado

en

el

Art.

252

del

Código

Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4880. El señor García Colón acudió

al tribunal la fecha en que fue citado.

Es en mayo de 2007, medio año después de la citación

expedida

para

comparecer

Público

finalmente

al

tribunal,

que

el

Ministerio

presentó las denuncias contra el señor

CC-2009-912

3

García Colón. Según declaró el sargento Pagán Matos en la

vista

de

causa

para

arresto

cuando

ésta

finalmente

se

celebró, la tardanza en el procesamiento penal del señor

García Colón se debió a varios factores: alegadamente no

había secretarias disponibles en el cuartel de la Policía

para tramitar las denuncias; él se enfermó durante dos meses

y no pudo trabajar en la Policía ni acudir al tribunal; y,

por último, el abogado del señor García Colón nunca pudo

acordar

con

él

una

fecha

para

comparecer.

Las

denuncias

finalmente se presentaron medio año después, el proceso se

llevó a cabo y el señor García Colón resultó culpable por el

delito menos grave de alteración a la paz. Inconforme, el

señor García Colón acudió al Tribunal de Apelaciones, que

confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Aun

insatisfecho,

el

peticionario

comparece

ante

nos

por

certiorari, el cual expedimos.

Los planteamientos del señor García Colón, que se han

hecho oportunamente en todas las fases, incluyen: (a) que el

proceso criminal se realizó en violación a los preceptos

constitucionales de juicio rápido, Art. II, Sec. 11, Const.

E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, y a lo dispuesto en la Regla

64(n)(2) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.

64, ya que no se presentó denuncia dentro de los 60 días de

la

citación

emitida

sino

seis

meses

después

de

dicha

citación; (b) que el delito de alteración a la paz recogido

en el Art. 247 del Código Penal es inconstitucional porque

es

excesivamente

amplio

o

adolece

de

vaguedad,

ya

que

CC-2009-912

4

proscribe expresiones y comportamiento que una persona de

inteligencia promedio no sabría identificar razonablemente;

y

(c)

que

el

delito

de

alteración

a

la

paz

no

puede

configurarse contra un policía en funciones que reclama ser

víctima, pues los policías están adiestrados para trabajar

en situaciones conflictivas y deben estar siempre alertas y

operando con sospechas. Por ello, según el peticionario, no

se les puede alterar la paz a los policías en el sentido que

implica el delito. Por último, el peticionario sostiene que

(d), en este caso particular, no se configuró el delito

porque el Ministerio Público falló en desfilar prueba sobre

el estado mental de los agentes.

II.

A. Juicio rápido

La Regla 64 (n)(2) de Procedimiento Criminal, supra,

dispone

que

habrá

causa

para

desestimar

la

acusación

o

denuncia contra un imputado si ésta no se presenta ―dentro

de los sesenta días de su arresto o citación o dentro de los

treinta días si se tratare de un caso en que un magistrado

autorizó la radicación de las mismas de conformidad con lo

dispuesto en la Regla 6(a)‖. El derecho a juicio rápido

cobra vigencia desde que una persona está detenida o sujeta

a responder; es decir, luego de que se activa la maquinaria

procesal que podría culminar en una convicción. Pueblo v.

Miró González, 133 D.P.R. 813, 821 (1993).

No obstante, la ―mera inobservancia de los términos de

la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal no constituye, por

CC-2009-912

5

sí sola, una violación al derecho a juicio rápido‖. Pueblo

v. Guzmán, 161 D.P.R. 137, 152 (2004). Los términos pueden

ser extendidos si existe justa causa o si la demora ha sido

ocasionada por el propio acusado. Íd.

Como se sabe, hemos delimitado cuatro criterios para

analizar qué tipo de dilación viola los términos del derecho

a

juicio

raigambre

rápido,

derecho

que,

valga

constitucional.

Pueblo

v.

repetirlo,

Rivera

es

de

Tirado,

117

D.P.R. 419, 432 (1986). Estos criterios son: (1) la duración

de la tardanza, (2) las razones para la dilación, (3) si el

acusado invocó oportunamente el derecho a juicio rápido, y

(4) el perjuicio resultante de la tardanza. Íd.

Al amparo de dicha normativa, es forzoso concluir que,

en este caso, la tardanza entre la citación expedida y la

presentación de las denuncias excedió los seis meses, cuatro

meses más del límite dispuesto por ley. Las razones para la

dilación fueron una enfermedad del sargento denunciante y la

supuesta ausencia de secretarias en el cuartel policíaco,

ambas situaciones atribuibles al Estado. Asimismo, el señor

García Colón invocó oportunamente su derecho a juicio rápido

y hubo un perjuicio resultante de la referida tardanza.41 Aun

41

Los cuatro criterios que hemos esbozado en Pueblo v.

Rivera Tirado, supra, para determinar si se violó el

derecho a juicio rápido que cobija a toda persona que

enfrenta una acusación criminal ―deben examinarse en

conjunto y con otras circunstancias relevantes‖. E.L.

Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y

Estados Unidos. Tomo II, Colombia, Ed. Forum, 1995, pág.

88. Ninguno de los factores, por sí solo, es determinante.

Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 433.

CC-2009-912

si

6

tomáramos

como

cierto

que

no

hubo

perjuicio

alguno

resultante de la dilación de seis meses, como propone la

mayoría, ―el balance de los otros tres factores puede ser

tan favorable al acusado como para que éste prevalezca en su

invocación

Aponte,

de

su

Derecho

derecho

procesal

a

juicio

penal

de

rápido‖.

Puerto

E.L.

Rico

y

Chiesa

Estados

Unidos. Tomo II, Colombia, Ed. Forum, 1995, pág. 96. Por

ello, somos del criterio que hubo una violación clarísima al

derecho

a

juicio

rápido

y,

en

este

aspecto,

nos

vemos

forzados a disentir.

La Opinión del Tribunal expone que, en el procesamiento

criminal del señor García Colón, hubo justa causa para la

dilación de seis meses – cuatro meses más de lo dispuesto

por ley – porque presuntamente no había secretarias en el

cuartel de la Policía cierto día y porque el sargento que

presentaría las denuncias – al parecer el único con esa

capacidad – se enfermó durante dos meses sin que los dos

agentes

interventores

o

ninguna

otra

persona

pudiera

sustituirlo en esa faena.42 La Opinión concluye que, por la

La Opinión del Tribunal aduce en su escolio 31 que los

policías que originalmente intervinieron con el peticionario

no debían ser quienes presentaran las denuncias porque

fueron ellos las víctimas del delito de resistencia u

obstrucción

a

la

autoridad

pública,

posteriormente

reclasificado como alteración a la paz. Por lo anterior,

había un conflicto de interés claro si los policías

interventores presentaban las denuncias, una situación que,

según la Opinión del Tribunal, podía exponer a los agentes

de ley y orden a penalidades bajo la Ley Núm. 12 de 24 de

julio de 1985, según enmendada, conocida como la Ley de

Ética Gubernamental, e incluso llevarlos a enfrentar

sanciones administrativas al amparo del Reglamento Núm. 4216

del 11 de mayo de 1990, según enmendado, conocido como

42

CC-2009-912

7

supuesta ausencia de secretarias el 28 de noviembre de 2006

y

la

enfermedad

de

un

agente

policiaco,

el

Ministerio

Público no pudo someter las denuncias a tiempo.

Aun si tomáramos la supuesta ausencia de secretarias

como

cierta,

en

el

pasado

hemos

dicho,

con

meridiana

claridad, que ―las tardanzas institucionales, entre éstas,

la enfermedad de un juez, receso por vacaciones del tribunal

y la congestión en el calendario, son imputables al Estado‖.

Pueblo v. Candelario, 148 D.P.R. 591, 598 (1999). Si así nos

hemos expresado al referirnos a dilaciones atribuibles a los

tribunales, debemos ser aún más rigurosos cuando la tardanza

se debe a asuntos que el Estado tiene en su pleno control,

como son los recursos humanos de los cuarteles policíacos.

Es

insostenible

el

fundamento

de

que

la

ausencia

de

secretarias un día en un cuartel policíaco es justa causa –

o un factor que contribuye a ella – para no procesar a

alguien en el término dispuesto por la Constitución y la

ley.

Ante

cualquier

la

ausencia

otro

de

la

funcionario

secretaria,

en

el

el

policía

cuartel

–

–

o

podía

Reglamento de la Policía de Puerto Rico. Sostiene la Opinión

del Tribunal que, ―consecuentemente, es necesario que el

agente víctima de delito refiera el asunto a su supervisor u

otro miembro de la Policía que no tenga conflicto‖. La

Opinión del Tribunal justifica así la ―idoneidad‖ de que

fuera el sargento – quien se enfermó por dos meses – el que

presentara la denuncia. Discrepamos de la interpretación de

la mayoría de que, de ahora en adelante, todo agente

policíaco víctima de alteración a la paz, agresión, motín,

exposiciones inmorales, proposiciones obscenas, espectáculos

obscenos, resistencia u obstrucción a la autoridad pública,

o cualquier otro delito, esté privado de cumplir su deber

ministerial de presentar las correspondientes denuncias.

CC-2009-912

cumplimentar

denuncias

8

el

ante

formulario

el

necesario

tribunal.

Más

para

presentar

el

policía

aún,

las

podía

procurar la ayuda del personal secretarial en las oficinas

del

Ministerio

cualquier

caso,

Público

ubicadas

y

alternativa

como

en

a

los

tribunales.

los

dos

En

escenarios

previos, el agente podía volver al día siguiente al cuartel

para que la secretaria cumplimentara la denuncia. O podía

intentarlo una vez más al día siguiente, o al siguiente, y

así

sucesivamente

por

el

término

razonable

de

dos

meses

establecido por ley. Pero nada de lo anterior sucedió.

Mediante esta decisión el mensaje que le envía este

Tribunal a la Policía es que, si se les ha pasado el término

dispuesto en ley para presentar cierta denuncia, siempre

pueden

recurrir

al

argumento

de

que

se

ausentaron

las

secretarias en un cuartel o no estaban disponibles. No es

cierto

que

el

procesamiento

criminal

en

Puerto

Rico

se

paraliza si en un cuartel no hay secretarias disponibles

para

cumplimentar

un

formulario.

El

sistema

de

justicia

criminal en nuestro país tiene un andamiaje – tanto desde el

Poder

Ejecutivo

como

del

Judicial

–

para

que

haya

suficientes recursos en los cuarteles de la Policía, en el

Ministerio Público y en los tribunales que le permitan a un

agente presentar la denuncia correspondiente.

En resumen, pues, la supuesta ausencia de secretarias

durante un día, sólo un día, en un cuartel de la Policía

(uno solo), no se puede esgrimir con seriedad como ―justa

causa‖, o elemento de ella, para la dilación de seis meses

CC-2009-912

9

en el proceso criminal de una persona. Es cierto que el

juicio

rápido

no

es

un

concepto

tardanza,

pero

la

demora

no

opresiva.

Pueblo

v.

Candelario,

incompatible

debe

ser

supra.

En

con

cierta

intencional

ni

este

la

caso,

tardanza de seis meses en procesar al peticionario luego de

su citación fue, cuando menos, negligente y, entendemos,

opresiva. No hay justificación alguna para una demora de

seis meses, mucho menos bajo los pretextos esbozados de que

el

sargento

se

enfermó

y

de

que

presuntamente

no

había

secretarias en el cuartel para tramitar las denuncias.

Coincidimos con la Opinión mayoritaria cuando, citando

a Pueblo v. Guzmán, supra, pág. 154, dice que los términos

de juicio rápido deberán evaluarse caso a caso y dentro de

los parámetros de razonabilidad. Estamos convencidos, sin

embargo, que una dilación de seis meses – cuatro en exceso

de

lo

permitido

por

ley

–

es

la

definición

de

la

irracionabilidad, máxime cuando se esgrimen como justa causa

la falta de secretarias en un cuartel de la Policía, la

falta de efectividad del Estado en acordar una fecha con el

abogado defensor, y la ausencia de un policía particular

durante dos meses – no seis – que supuestamente era el más

idóneo para el trámite de presentar las denuncias.

La

Opinión

del

Tribunal

también

atribuye

al

compareciente la responsabilidad por la dilación de medio

año en el procesamiento criminal al señalar que su abogado

fue reticente en acordar con el policía una nueva fecha para

someter

el

caso.

Este

argumento

surge

de

la

premisa

CC-2009-912

10

equivocada de que los abogados de defensa tienen un poder

decisivo en la tramitación del procesamiento criminal, una

tarea que – por definición – recae sobre el Estado. La falta

de acuerdo entre un policía y un abogado de defensa para

seleccionar

una

fecha

consecuencia

natural,

el

posterior

paso

de

no

seis

acarrea,

meses

sin

como

que

se

efectúe el proceso.

Cabe recordar que el peso de la prueba en un juicio

criminal lo tiene el Estado, y, por ende, la diligencia de

presentar denuncias y de fijar fechas de citación – con o

sin la aquiescencia del abogado defensor – recae sobre el

Ministerio Público. Una negativa por parte de un abogado de

defensa de comparecer a una cita en cierta fecha no detiene

el proceso ni inhabilita al Estado para hacer su trabajo.

Decir lo contrario, como hace la Opinión del Tribunal, no

sólo es errado, sino que les atribuye a los abogados de

defensa un poder que, aunque quizás quisieran, en realidad

no tienen.

Por otra parte, otra de las razones que esboza este

Tribunal para intentar justificar la demora de seis meses en

el procesamiento criminal fue la enfermedad del sargento

Pagán Matos, quien presentó la denuncia. No obstante, la

enfermedad

del

referido

sargento

fue

de

dos

meses,

como

reconoce la propia Opinión del Tribunal. Aun si tomáramos

como cierto que el sargento Pagán Matos era el único en la

Policía que tenía la facultad para presentar la denuncia, la

mayoría del Tribunal no aclara cómo una enfermedad de dos

CC-2009-912

meses

11

redunda

en

una

dilación

de

seis

meses

en

la

presentación de los cargos en un proceso criminal.

Los propósitos esenciales del derecho a juicio rápido

son evitar la opresión del Estado contra el individuo antes

del juicio, minimizar la ansiedad y preocupación que genera

una acusación pública, y limitar las posibilidades de que

una dilación extensa menoscabe la capacidad del acusado para

defenderse. Véanse U.S. v. Ewell, 383 U.S. 116 (1966), Smith

v. Hoeey, 393 U.S. 374 (1969); y U.S. v. MacDonald, 456 U.S.

1 (1982), citados en E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal

penal de Puerto Rico y Estados Unidos. Tomo II, Colombia,

Ed. Forum, 1995, pág. 70.

No obstante, más allá de los derechos constitucionales

individuales, el juicio rápido también protege intereses que

trascienden

los

del

acusado

y

que,

en

ocasiones,

están

abiertamente en contraposición a los de éste. Véase Barker

v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972). Anteriormente hemos advertido

que

―para

‗adelanta‘

algunos

sus

acusados

causas,

pues

el

propiciar

contribuye

al

suspensiones

deterioro

de

evidencia por la indisponibilidad de testigos – ausencia,

desaparición o muerte – y pérdida de la memoria sobre hechos

esenciales. […] Al protagonista del esquema forense penal le

resulta ventajoso controlar indirectamente el momento en que

se ventile el caso en su fondo‖. Pueblo v. Rivera Navarro,

113 D.P.R. 642, 646-47 (1982).

Asimismo, pautamos desde hace décadas que el derecho a

juicio rápido no es de interés exclusivo de los acusados,

CC-2009-912

12

sino de todos los miembros de la sociedad que desean que se

haga justicia contra quienes presuntamente infringieron la

sana convivencia. A tales efectos, expresamos entonces que:

Si bien es cierto que los acusados tienen el derecho –

constitucionalmente garantizado – de que se les celebre

juicio sin demora, no es menos cierto que la sociedad

demanda que aquellos a quienes se acusa de violentar sus

leyes sean juzgados prontamente. El juicio rápido es un

derecho tanto del acusado como del pueblo. Rodríguez Cintrón

v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 27, 31 (1975).

Más

aún,

en

momentos

de

austeridad

fiscal

en

el

Gobierno y en todo Puerto Rico, es menester recordar que las

demoras

excesivas

que

hoy

avala

este

Tribunal

en

el

procesamiento contra los acusados conllevan ―desembolsos que

no

sólo

gravan

la

rama

judicial,

sino

a

los

demás

componentes principales e incidentales del sistema: policía,

fiscales, asistencia legal y ciudadanía general‖. Pueblo v.

Rivera Navarro, supra. Este tipo de tardanza, máxime si es

de varios meses como en el presente caso, ―afecta y debilita

la confianza en la administración de la justicia y fomenta

un sentido de injusticia, inseguridad e incertidumbre por la

tardanza en la determinación final fáctica y jurídica de la

controversia‖. Íd.

Con la decisión de hoy, ha quedado sin fuerza alguna y

languideciendo la exigencia constitucional de que el Estado

tramite

con

penalizar

a

rapidez

un

los

ciudadano

juicios

en

por

conducta

una

los

que

pretende

presuntamente

delictiva. Este Tribunal no solamente le da una estocada a

los derechos constitucionales del individuo, sino a los de

todos los ciudadanos que padecen la delincuencia en Puerto

CC-2009-912

Rico

y

que

13

quieren

ver

a

nuestro

sistema

de

justicia

exigiendo rapidez y diligencia en los procesos criminales

contra los acusados.

Una vez más nos vemos forzados a reiterar, con el mayor

respeto,

que

justicia

tardía

no

justicia.43

es

Lamentablemente, por segunda vez en poco tiempo, tenemos que

repetir

que

―la

decisión

del

Tribunal

ignora

el

reclamo

público de mayor agilidad, laboriosidad y eficiencia en los

procesos judiciales‖. In re: Carmen H. Pagani Padró, res. el

5 de abril de 2011, 2011 T.S.P.R. 51 (Opinión Concurrente y

Disidente emitida por el Juez Presidente señor Hernández

Denton). En efecto, este Tribunal deja inoperante y a merced

de interpretaciones arbitrarias el término para incoar los

procesos contra los imputados de delinquir.

No obstante, aun si tomáramos por bueno el análisis del

Tribunal

sobre

la

validez

y

justificación

para

que

el

procesamiento criminal del peticionario tardara seis meses,

teníamos otra oportunidad para ceñirnos a la autolimitación

judicial

y

resolver

sin

entrar

a

evaluar

méritos

constitucionales del delito de alteración a la paz.

B. Insuficiencia de prueba sobre el delito de alteración a la paz

Uno

de

los

elementos

esenciales

del

delito

de

alteración a la paz recogido en el Art. 247 del Código Penal

es que la persona perjudicada se encuentre en paz, Pueblo v.

43

William E. Gladstone, Speech in House of Commons, British

Parliament, 16 Mar. 1868, en The Yale Book of Quotations,

Ed. F. Shapiro, Yale University Press, New Haven and

London, pág. 312.

CC-2009-912

De

León

14

Martínez,

132

D.P.R.

746,

767

(1993). Como

consecuencia, es necesario que el fiscal que pretenda probar

el delito de alteración a la paz presente prueba sobre el

estado o condición mental del perjudicado. Para configurarse

el delito, pues, los policías debían estar en paz al momento

de los hechos, de modo que se les alterara el ánimo no

previamente

predispuesto.

Público

presentó

no

En

prueba

este

del

caso,

estado

el

Ministerio

mental

de

los

supuestos perjudicados para que el juzgador determinara si

podía configurarse el delito en su contra. Por ello, la

mayoría de este Tribunal correctamente revocó la convicción

de alteración a la paz que pesaba contra el señor García

Colón. Si el análisis sobre juicio rápido no era suficiente

para disponer del caso, la insuficiencia de prueba sin duda

lo era. Y ahí debió haber culminado nuestra intervención en

el presente caso.

C. Autolimitación judicial

Este

Tribunal

tuvo

dos

oportunidades

–

el

análisis

sobre el derecho a juicio rápido y el de insuficiencia de

prueba – para autolimitar su rol y resolver sin entrar en

los méritos constitucionales de un estatuto aprobado por las

ramas

políticas.

No

obstante,

desperdició

sendas

oportunidades. Desde hace medio siglo, en el paradigmático

E.L.A.

v.

Aguayo,

supra,

adoptamos

las

guías

de

autolimitación judicial que el Juez Asociado del Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos,

Louis

Brandeis,

expuso

en

su

Opinión Concurrente en Aswander v. Tennessee, 297 U.S. 288,

CC-2009-912

346

15

(1935).

Entre

las

guías

de

autolimitación

judicial

mencionadas entonces, que debemos repasar hoy, figuran que

el Tribunal ―no se anticipará a decidir una cuestión de

derecho constitucional antes de que sea necesario hacerlo‖ y

que ―la Corte no juzgará una cuestión constitucional aunque

haya sido sometida propiamente en los autos, si también se

somete un fundamento de otra índole que permita disponer del

caso‖. E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 596.

No obstante todo lo anterior, este Tribunal decide hoy

que, pese a que podemos resolver el presente caso por la

exigencia

de

insuficiencia

juicio

de

rápido

prueba,

o,

en

prefiere

la

alternativa,

seguir

y

evaluar

por

la

constitucionalidad del delito de alteración a la paz. Así,

resuelven

que

el

referido

delito

es

en

efecto

constitucional.

Coincidimos en que este caso no es el apropiado para

declarar inconstitucional el delito de alteración a la paz.

Sin embargo, alcanzamos ese resultado no por evaluar los

méritos del delito, como hace el Tribunal innecesariamente,

sino porque, como ya explicamos, la autolimitación judicial

nos exige resolver el caso por otros medios que no sean el

análisis

constitucional.

Véase

E.L.A.

v.

Aguayo,

supra;

Aswander v. Tennessee, supra; Pan Am. Computer Corp. v. Data

Gen. Corp., 112 D.P.R. 780

(1982); Vélez Ramírez v. Romero

Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982).

III.

CC-2009-912

La

16

autolimitación

judicial

tiene

razones

históricas,

políticas y jurídicas que le han servido bien a nuestro

sistema constitucional de separación de poderes. Una mayoría

de este Tribunal ignora hoy ese principio básico – cimentado

en nuestra jurisprudencia desde E.L.A. v. Aguayo, supra – y

concluye

que

el

delito

de

alteración

a

la

paz

es

constitucional. Realmente es sorprendente esta determinación

si simultáneamente la Opinión llegó a la conclusión de que

no se probaron los elementos del delito. Una vez se llega a

la conclusión de que no se configuraron los elementos del

delito, lo procedente era revocar el dictamen recurrido sin

ulterior pronunciamiento. No obstante, en el día de hoy el

Tribunal ha emitido una Opinión que consiste en gran parte

en un dictum, pues todo lo dicho luego de resolver que no

había suficientes elementos del delito era innecesario e

inmeritorio.

La metodología adjudicativa constitucional claramente

dispone que los tribunales no deben abundar sobre cuestiones

que no es necesario atender. Al resolver de esta manera, la

impresión que puede dejar en un estudioso de la normativa

del Tribunal es que esta Curia quería pronunciarse sobre la

validez

de

la

ley

aunque

en

estricto

derecho

no

era

necesario hacerlo.

Por otra parte, la decisión de una mayoría de este

Tribunal deja inoperante – y sujeta a la arbitrariedad con

la que el Ministerio Público quiera tratarla – la ―justa

causa‖ que se requiere para obviar los términos de juicio

CC-2009-912

17

rápido que nuestra Constitución y nuestras leyes ordenan.

Así, no sólo atenta contra los derechos constitucionales que

cobijan al individuo, sino que también resuelve contra el

interés colectivo de nuestra sociedad, consternada por la

delincuencia, de que se atiendan con la mayor premura los

procesamientos criminales contra los imputados o acusados de

delitos.

Por último, y a modo de epílogo, coincidimos con la

Opinión

Disidente

y

Concurrente

de

la

compañera

Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez en cuanto a la primacía

que

debe

tener

en

nuestro

sistema

jurídico

y

social

el

derecho a la libertad de expresión. Este valor fundamental,

que ha sido resaltado por el Tribunal Supremo federal en

situaciones tan complejas como la que se presentó en el

reciente caso de Snyder v. Phelps, 562 U.S. ___ (2011), no

debe ser limitado mediante dictum como el que emite hoy este

Tribunal.

Por todo lo anterior, disentimos respetuosamente de la

Opinión del Tribunal en cuanto a estos asuntos. No obstante,

concurrimos con la Opinión del Tribunal porque alcanza el

resultado correcto al revocar la convicción de alteración a

la paz que pesaba sobre el señor García Colón.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2009-912

Mario García Colón

Peticionario

Opinión concurrente y disidente emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2011

You just hold your head high and

keep those fists down.

No matter

what anybody says to you, don‘t

let ‗em get your goat.

Try

fighting with your head for a

change.

Harper Lee, To Kill a Mockingbird

(Atticus Finch a su hija Scout)

Concurro con la determinación de la mayoría de

revocar la condena del delito de alteración a la paz

que pesaba contra el peticionario.

disiento

del

fundamentos:

criterio

primero

Ello no obstante,

mayoritario

porque

coincido

por

con

el

dos

Juez

Presidente señor Hernández Denton en que este proceso

CC-2009-912

criminal

2

se

celebró

en

violación

a

las

protecciones

que

emanan del derecho a juicio rápido, por lo que ahí debió

concluir

el

análisis

mayoría,

en

su

impugnada,

del

intento

propone

Tribunal.

de

una

salvar

Segundo,

la

porque

disposición

interpretación

la

penal

confusa

y

contradictoria que desatiende, en ese proceso, la normativa

del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre este asunto.

Aún cuando considero innecesaria la discusión de la mayoría

sobre

el

delito

de

alteración

a

la

paz,

los

errores

conceptuales de la opinión mayoritaria me obligan a refutar

su desacertado razonamiento.

El

error

fundamental

de

la

mayoría

es

que

pretende

validar el delito de alteración a la paz sin verdaderamente

enfrentarse a su contenido y a las deficiencias de nuestros

dictámenes

anteriores.

Lejos

de

ello,

este

Tribunal

se

reitera, mecánicamente, en nuestras expresiones previas sobre

la doctrina de palabras de riña, sin reconocer que varios de

nuestros dictámenes anteriores claramente eran defectuosos

por apartarse de la normativa federal.

El resultado de esta

ausencia

adopta

de

rigor

es

que

la

mayoría

un

estándar

impreciso y discordante, con visos de inconstitucionalidad,

sobre cuándo unas palabras pueden tipificarse como palabras

de riña y cómo se configura el delito.

El peligro del método

adoptado por la mayoría es que abre la puerta para restringir

el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos al

regular más expresión de la permisible.

Finalmente, debo expresar disconformidad y algún grado

de inquietud con algunas expresiones de la opinión de la

CC-2009-912

3

mayoría, las cuales tienen el potencial –por su imprecisiónde limitarle al ciudadano su capacidad de expresar libremente

su

descontento

y

sus

agravios

sobre

el

gobierno

funcionarios.

La mayoría expresa lo siguiente:

el

de

ejercicio

la

libre

expresión

debe

y

sus

―Ahora bien,

estar

enmarcado

dentro del respeto y la dignidad que ampara a todos los

ciudadanos.

Así, pues, este derecho no constituye una carta

blanca que nos permita infringir la dignidad del ser humano.‖

(Énfasis nuestro).

¿Qué nueva limitación le está imponiendo

este Tribunal al ejercicio de la libertad de expresión?

tipo de expresión es la que falta el respeto?

Primera

Enmienda

ignominiosa?

no

protege

la

expresión

¿Qué

¿Es que la

irrespetuosa

e

¿A base de qué criterio se concluye que este

tipo de expresión no está garantizada constitucionalmente?

¿Qué normas van a utilizarse para determinar si una expresión

es respetuosa?

¿Cómo se va a implantar este estándar de

conducta aceptable?

¿Quién es el guardián de este nuevo

código de decoro y decencia?

Sólo hay que recordar e internalizar las más recientes

expresiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la

libertad de expresión:

Speech is powerful.

It can stir people to

action, move them to tears of both joy and

sorrow, and –as it did here—inflict great pain.

On the facts before us, we cannot react to that

pain by punishing the speaker.

As a Nation we

have chosen a different course –to protect even

hurtful speech on public issues to ensure that we

do not stifle public debate. (Énfasis nuestro.)

Snyder v. Phelps, 562 U.S. ___ (2011), Núm. 09-751, res. 2 de

marzo de 2011.

CC-2009-912

4

I

Los hechos de este caso no están en controversia.

El 15

de noviembre de 2006, dos oficiales de la Policía detuvieron

al señor Mario García Colón por una alegada violación a la

Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. sec. 5001 et seq.

Durante la intervención, el señor García Colón le expresó a

los

policías,

en

dos

ocasiones,

que

éstos

eran

charlatanes, corruptos y que no valían nada‖.

hechos,

uno

de

los

oficiales

procedió

a

―unos

Por estos

expedirle

una

citación para que compareciera el 28 de noviembre de 2006

ante el Tribunal de Primera Instancia.

Casi seis meses después, en mayo de 2007, el Ministerio

Público presentó denuncias por dos cargos del delito menos

grave de alteración a la paz, tipificado en el artículo 247

del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4875 (―artículo 247(c)‖).

El juicio se celebró y el señor García Colón fue hallado

culpable por el referido delito.

Inconforme, éste acudió al

Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la sentencia del

Tribunal

de

Primera

Instancia.

peticionario

recurre

ante

Aún

nosotros

insatisfecho,

mediante

recurso

el

de

certiorari.

Entre sus planteamientos, el señor García Colón alegó

que

el

delito

de

247

es

artículo

alteración

a

la

inconstitucional

paz

tipificado

debido

a

en

el

que

es

excesivamente amplio o adolece de vaguedad, ya que no brinda

un

aviso

razonable

del

tipo

de

conducta

que

el

delito

proscribe y su cobertura se extiende a expresiones protegidas

por

el

derecho

a

la

libertad

de

expresión.

Ello,

en

CC-2009-912

5

violación a la protección que ofrece el derecho a la libertad

de expresión que emana de la sección 4 del artículo II de

nuestra

Carta

Magna.

Art.

II,

Sec.

4,

Const.

E.L.A.,

los

derechos

L.P.R.A. 1.

II

La

libertad

de

expresión

es

uno

de

ciudadanos de la más alta jerarquía que reconoce nuestra

Constitución.

24 (2002).

Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, 156 D.P.R. 18,

El derecho a expresar libremente nuestras ideas,

y más importante aún, el derecho a criticar libremente al

gobierno, son baluartes fundamentales de una sociedad libre.

Es precisamente el ejercicio de este derecho lo que permite

salvaguardar los otros derechos que se recogen en nuestra

Carta

Fundamental.

En

este

sentido,

es

ilustrativa

la

siguiente expresión del Juez Black en Speiser v. Randall, 357

U.S. 513, 530 (1958):

―[the freedoms secured by the First

Amendment] are absolutely indispensable for the preservation

of a free society.‖

No obstante, este derecho no es irrestricto.

Muñiz v.

Admor. Deporte Hípico, ante, n. 5; R. Serrano Geyls, Derecho

Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, págs. 127879,

Vol.

(1988).

este

II,

Ed.

Edwards

Brothers:

Carolina

del

Norte

Ahora bien, debido al rol preeminente que desempeña

derecho

en

nuestra

vida

democrática,

al

limitar

su

alcance siempre se deben adoptar aquellas medidas que menos

lesionen el derecho del ciudadano a expresarse libremente.

Pueblo v. Santos Vega, 115 D.P.R. 818, 821 (1984).

como apuntó el Juez Brandeis:

Tal y

―To justify suppression of

CC-2009-912

6

free speech there must be reasonable ground to fear that

serious evil will result.‖

Whitney v. California, 274 U.S.

357, 376 (1927).

Como sabemos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de

Estados Unidos sienta el estándar mínimo de protección que

podemos

conferirle

a

cualquier

derecho

constitucional

nuestra jurisdicción bajo nuestra Constitución.

en

Es decir,

bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

este Tribunal puede reconocer y proteger más expresión que

aquella que protege la Constitución de Estados Unidos, pero

nunca menos que en el ámbito federal.

Este caso trata, en su esencia, sobre cuándo el Estado

puede

válidamente

castigar

o

penar

la

expresión

por

su

contenido.

Conviene iniciar esta discusión reseñando que la

deferencia

judicial

al

criterio

legislativo

cuando

se

interpreta una legislación que incide sobre la libertad del

ciudadano

a

expresarse

es

menor

que

aquella

que,

de

ordinario, ejercemos cuando nos enfrentamos a legislación de

carácter económico o social.

Cuando la legislación incide

sobre la libertad de expresión nuestro análisis tiene que ser

riguroso y acucioso debido a los valores preeminentes que

subyacen

el

ejercicio

libre

de

la

expresión.

Thomas

v.

Collins, 323 U.S. 516, 530 (1945)(―The rational connection

between the remedy provided and the evil to be curbed, which

in

other

contexts

might

support

legislation

…,

will

not

suffice in the case of speech.‖)

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha formulado dos

doctrinas principales para enfrentarse a controversias que

CC-2009-912

7

giran en torno a cuándo el Estado puede castigar la expresión

por su contenido.

La primera, y la que nos atañe hoy, es la

llamada

de

doctrina

palabras

de

riña;

y

la

segunda,

la

doctrina de peligro claro e inminente (―clear and present

danger‖).

penales

Ambas persiguen proteger al locutor de sanciones

por

el

uso

de

expresiones

controversiales,

salvo

cuando sea muy probable que la expresión vertida produzca un

peligro inminente debido a la reacción que dicha expresión

produzca sobre el oyente.

barreras

a

las

Una y otra, persiguen imponer

limitaciones

que,

válidamente,

establecer al ejercicio de la expresión.

se

puedan

M. Mannheimer, The

Fighting Words Doctrine, 93 Colum. L. Rev. 1527, 1549 (1993).

Véase,

además,

C.

Calvert,

Personalizing

First

Amendment

Jurisprudence: Shifting Audiences & Imagined Communities to

Determine Message Protection in Obscenity, Fighting Words,

and Defamation, 20 U. Fla. J.L. & Pub. Pol‘y 439 (2009).

En Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942), el

Tribunal Supremo de Estados Unidos enunció por primera vez

una teoría sobre el derecho a la libre expresión que excluía,

específicamente,

un

protección,

llamadas

las

tipo

de

expresión

palabras

de

del

ámbito

riña.

El

de

su

Tribunal

definió las palabras de riña como aquéllas que por el mero

hecho

de

violenta

ser

proferidas

inmediata

en

la

tienden

a

persona

causar

a

quien

una

respuesta

se

dirigen.

Chaplinsky v. New Hampshire, ante, pág. 572 (―those which by

CC-2009-912

8

their very utterance inflict injury or tend to incite an

immediate breach of the peace….‖)44

Con

Supremo

posterioridad

de

Estados

a

Chaplinsky,

Unidos

ha

ante,

refinado

el

su

Tribunal

análisis,

sosteniendo que la doctrina de palabras de riña se refiere a

un diseño limitado y restringido que pretende atender el

problema de cómo enfrentar la violencia en que incurre una

persona que profiere lenguaje insultante.45

En este tenor ha

adoptado un estándar de análisis de carácter contextual y

objetivo.

Así, en Gooding v. Wilson, 405 U.S. 518 (1972), el

Tribunal

Supremo

sostuvo

que

al

considerar

si

unas

expresiones son o no palabras de riña, hay que evaluar las

circunstancias específicas de cada caso para determinar si

una persona de inteligencia común consideraría la expresión

como susceptible de incitar al receptor de la expresión a

responder violentamente al escucharlas.

Se requiere algo más

que meramente que las palabras proferidas puedan provocar una

reacción

44

violenta.

Se

requiere,

en

palabras

del

propio

Conviene señalar que en casos posteriores, el Tribunal

Supremo de Estados Unidos tuvo a bien abandonar el criterio

de que la expresión de riña es también aquella que inflige un

daño, como había sugerido en Chaplinsky, 315 U.S. 568 (1942).

Véase, Rosenfeld v. New Jersey, 408 U.S. 901 (1972).

45

Curiosamente, en sus decisiones posteriores a Chaplinsky,

ante, el Tribunal Supremo no ha validado una condena a base

de que las expresiones vertidas constituían palabras de riña.

Ello ha llevado al profesor Chemerinsky a aseverar lo

siguiente: ―The cumulative impact of these decisions is to

make it unlikely that a fighting words law could survive. If

the law is narrow, then it likely would be deemed an

impermissible content-based restriction because it outlaws

some fighting words, but not others, based on the content of

speech.

If the law is broad, then it probably would be

invalidated on vagueness or overbreadth grounds.‖

E.

Chemerinsky, Constitutional Law Principles and Policies,

Aspen Publishers, 3ra ed., Nueva York, 2006, sec. 11.3.3.2,

pág. 1002.

CC-2009-912

9

Tribunal Supremo: ―that words were intended to produce and

likely

to

produce

inminent

disorder….‖

(Énfasis

nuestro.)

Hess v. Indiana, 414 U.S. 105, 108-09(1973).

Así, en Hess v. Indiana, ante, el Tribunal sostuvo que

cuando no existe una amenaza real e inminente de que pueda

originarse

una

reacción

expresión,

no

se

constitucional

a

las

violenta

en

justifica

palabras

quien

escucha

denegarle

de

riña.

la

protección

Lo

mismo

ocurre

cuando la expresión no se dirige a una persona o un grupo en

particular.

Véase, Hess v. Indiana, ante, págs. 108-09.

Recalcamos,

la

determinación

de

si

una

expresión

se

enmarca como ―palabras de riña‖ no depende del efecto real

que haya tenido la expresión sobre la persona a quien va

dirigida

o,

de

si

respuesta violenta.

la

expresión,

en

efecto,

originó

una

Es decir, el hecho que una expresión

protegida constitucionalmente pueda originar una respuesta

violenta no la convierte en una palabra de riña.

Aunque se

trate de lenguaje de crítica, provocativo o insultante, si la

expresión no podría tener el efecto de causar un peligro

claro e inminente, estamos ante expresiones cobijadas por la

protección constitucional.

City of Houston, Tex. v. Hill,

482 U.S. 451, 460 (1987); Terminiello v. Chicago, 337 U.S. 1,

4 (1974).

Y es que las palabras, no son inherentemente

peligrosas.

Como señaló el Tribunal Supremo en Cohen v.

California, 403 U.S. 15, 25 (1971):

to

cleanse

grammatically

public

debate

palatable

to

―The State has no right

to

the

point

where

the

most

squeamish

it

among

is

us.‖

CC-2009-912

10

Sostener lo contrario supondría que vivimos en una sociedad

homogenizada sin espacio para la diversidad.

En

Terminiello

v.

Chicago,

ante,

pág.

4,

(citas

omitidas), el Juez Asociado Douglas nos advierte:

Accordingly a function of free speech under our

system of government is to invite dispute. It may

indeed best serve its high purpose when it induces

a condition of unrest, creates dissatisfaction with

conditions as they are, or even stir people to

anger.

Speech

is

often

provocative

and

challenging.

It may strike at prejudices and

preconceptions and have profound unsettling effects

as it presses for acceptance of an idea. That is

is why freedom of speech, though not absolute, is

nevertheless

protected

against

censorship

or

punishment, unless shown likely to produce a clear

and present danger of serious substantive evil that

rises far above public inconvenience, annoyance, or

unrest.

There is no room under our Constitution

for a more restrictive view.

For the alternative

would lead to standardization of ideas either by

legislatures, courts, or dominant political or

community groups. (Énfasis nuestro.)

Resumiendo, para que unas expresiones puedan catalogarse

válidamente como palabras de riña, los siguientes criterios

deben estar presentes, a saber:

primero, que la expresión

esté dirigida de forma directa y personal al oyente, quien

debe encontrarse ante el locutor (Cohen v. California, ante;

Lewis

v.

Hampshire,

City

of

New

Orleans,

ante;

Chaplinsky

v.

New

ante); segundo, y secuela de lo anterior, que las

palabras estén dirigidas de forma particular a una persona o

a un grupo (Hess v. Indiana, ante, Cohen v. California, ante;

tercero, que la expresión sea, por su naturaleza, capaz de

causar una reacción violenta en una persona de sensibilidad

común (Chaplinsky, ante; Gooding, ante); y cuarto, que las

circunstancias en que las palabras son proferidas deben crear

la probabilidad real e inminente que la expresión surta el

CC-2009-912

11

efecto que se pretende evitar.

(Hess v. Indiana, ante)

Así,

si una expresión no cumple con tales características, no debe

catalogarse como palabra de riña.

III

Por otra parte, debemos considerar también en nuestro

análisis la doctrina de imprecisión o vaguedad y amplitud

excesiva

pues

éstas

han

sido

utilizadas

por

el

Tribunal

Supremo de Estados Unidos para invalidar condenas basadas en

leyes

que

pretendían

prohibir

palabras

de

riña.

E.g.,

Gooding v. Wilson, ante; Rosenfeld v. New Jersey, ante; Lewis

v. City of New Orleans, ante; Brown v. Oklahoma, 408 U.S. 914

(1972).

La

proceso

doctrina

de

vaguedad

es

un

de

que

prohíbe

la

aplicación

ley

corolario

de

del

debido

una

ley

o

reglamento cuyos términos no revelan clara y adecuadamente

cuál es la conducta prohibida por el estatuto.

Pueblo v.

A.P.S. Healthcare, 2009 T.S.P.R. 11, 175 D.P.R. __ (2009);

Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891, 901 (1987).

Así,

se ha establecido que una ley adolece de vaguedad si: (1)

falla en brindar un aviso suficiente del acto u omisión que

el estatuto pretende prohibir y penalizar; (2) se presta a la

aplicación arbitraria y discriminatoria ;e (3) interfiere con

el ejercicio de derechos fundamentales garantizados por la

constitución.

Boys and Girls Club v. Scrio de Hacienda, 2010

T.S.P.R.

167,

179

D.P.R.

Healthcare

of

P.R.,

ante;

__

(2010);

Pacheco

Pueblo

v.

A.P.S.

Fraticelli

v.

Cintrón

Antosanti, 122 D.P.R. 229, 240 (1988).

Esta doctrina aplica

CC-2009-912

12

particularmente

al

evaluar

estatutos

penales.

Pueblo

v.

A.P.S. Healthcare of P.R., ante.

De igual manera, un ataque constitucional a una ley bajo

la doctrina de imprecisión implica que se ha realizado un

análisis

adecuado

del

texto

de

la

ley

a

la

luz

del

significado jurídico de las palabras, utilizando precedentes

judiciales que hubieran interpretado dicho texto y que aún

luego de dicho análisis, una persona de inteligencia promedio

no queda debidamente advertida de la conducta proscrita.

Id.

Es menester advertir que en el caso particular de un

estatuto

que

expresión,

la

reglamenta

un

derecho

fundamental

como

la

ausencia

de

guías

adecuadas

para

su

implementación es aún más peligrosa pues ello permite que un

funcionario arreste o procese a personas únicamente por razón

de que discrepa de la idea que se intenta trasmitir con la

expresión.

J. Novak, R. Rotunda, Treatise on Constitutional

Law-Substance and Procedure, 4ta ed., Vol. 5, sec. 20.9(c).

Por su parte, la doctrina de amplitud excesiva opera en

supuestos en que a pesar que una ley pretende prohibir o

castigar expresiones desprotegidas por la Constitución, su

redacción es tal que tiene el efecto de sancionar expresión

constitucionalmente protegida por la cláusula de libertad de

expresión.

Pueblo

v.

de

Healthcare

Salud,

133

of

P.R.,

D.P.R.

153,

ante;

U.N.T.S.

v.

(1993).46

Se trata de leyes cuyos términos son claros pero,

46

Secretario

A.P.S.

161

La doctrina de amplitud excesiva permite el ataque de una

ley de su faz, sin requerir necesariamente que el atacante

demuestre que el estatuto es inconstitucional según fue

aplicado a su conducta. Ello constituye una excepción a la

CC-2009-912

13

de igual forma, su texto sanciona expresiones protegidas en

violación a las garantías que ofrece el derecho a expresarse

libremente.

Esta

R. Serrano Geyls, op. cit., pág. 1320.

doctrina

cumple

el

propósito

de

evitar

que

un

estatuto excesivamente amplio tenga el efecto de que personas

cuya expresión se encuentra protegida por la Constitución, se

abstengan de ejercer sus derechos debido al temor de que su

conducta pueda ser sancionada criminalmente por el estatuto.

Pueblo v. A.P.S. Healthcare of P.R., ante; Vives Vázquez v.

Tribunal Superior, 101 D.P.R. 139, 146 (1973); Massachusets

v. Oakes, 491 U.S. 576, 581 (1989).

Hemos dispuesto que para invalidar un estatuto bajo este

fundamento,

la

amplitud

excesiva

debe

ser

sustancial

en

relación con el alcance legítimo que la medida pueda tener.

Pueblo

v.

A.P.S.

Healthcare

Hernández Colón, ante, pág. 899.

of

P.R.,

ante;

Pueblo

v.

En la jurisdicción federal,

véase, Massachusets v. Oakes, ante, pág. 581; Broadrick v.

Oklahoma, 413 U.S. 601, 613 (1973).

El análisis bajo esta

doctrina debe partir de una lectura del texto del estatuto

para

determinar,

amplio.

inicialmente,

si

éste

es

sustancialmente

City of Houston, Tex. v. Hill, ante, pág. 458.

Cabe recordar que el objetivo rector de estas doctrinas

es evitar que un estatuto que adolece de imprecisión o que es

excesivamente amplio tenga el efecto de suprimir la expresión

regla general de que una persona no puede impugnar un

estatuto

alegando

que

podría

ser

inconstitucional

de

aplicarse en circunstancias distintas a las suyas. Pueblo v.

A.P.S. Healthcare, 2009 T.S.P.R. 11, 175 D.P.R. __ (2009),

citando a Vélez v. Mun. de Toa Baja, 109 D.P.R. 369, 378

(1980).

CC-2009-912

14

constitucionalmente protegida.

Cónsono con ese propósito, al

interpretar un estatuto objeto de un ataque constitucional,

debemos ser cuidadosos y no incurrir en el contrasentido de

sustituir la amplitud excesiva por una interpretación que

adolezca de vaguedad.

L.H. Tribe, American Constitutional

Law, Foundation Press, 2da. ed., sec. 12-29, pág. 1031.47

Consecuentemente, si el precepto está redactado de manera tal

que no permite que éste se interprete de conformidad con los

contornos constitucionales aplicables, procede que se declare

su inconstitucionalidad.

Véase, Massachusets v. Oakes, ante;

Board of Airport Com’rs of City of Los Angeles v. Jews for

Jesus, Inc., 482 U.S. 569 (1987); Gooding v. Wilson, ante,

págs. 520-521.

De

la

discusión

anterior

se

desprende

que

para

determinar si un estatuto es inválido de su de su faz por

adolecer de amplitud excesiva se requiere, primeramente, que

se realice una lectura minuciosa de sus términos y se examine

cómo éstos han sido interpretados.

Así, se debe evaluar si

el estatuto, según redactado, es amplio o adolece de vaguedad

por ser susceptible de aplicación a expresión protegida.

contestar

dicha

interrogante

entonces

determinar

el

en

la

afirmativa,

carácter

de

dicha

De

procede

amplitud

y,

subsiguientemente, resolver si una interpretación razonable

del estatuto es suficiente

47

para disipar las dudas sobre su

Tal sería el caso, por ejemplo, de una interpretación que

lea: ―será delito proferir cualquier expresión en público a

menos que la expresión se encuentre protegida por la Primera

y

Decimocuarta

Enmienda‖.

L.H.

Tribe,

American

Constitutional Law, Foundation Press, 2da. ed., sec. 12-29,

pág. 1031. (Traducción nuestra).

CC-2009-912

15

constitucionalidad. De esto último no ser viable, procedería

declarar la inconstitucionalidad del estatuto.

Veamos

dos

ejemplos

de

cómo

el

Tribunal

Supremo

de

Estados Unidos ha aplicado esta doctrina en casos en los que

se cuestionaba si ciertas expresiones constituían palabras de

riña.

En Gooding v. Wilson, ante, el Tribunal invalidó un

estatuto penal que, similar al nuestro, penalizaba el uso de

palabras oprobiosas o de lenguaje abusivo que tendiera a

ocasionar un quebrantamiento de la paz.48

ante, pág. 524.

destacar

que

Gooding v. Wilson,

En esa ocasión, el tribunal fue enfático al

la

definición

del

término

oprobio

abarcaba

expresiones que no constituían palabras de riña, por lo que

su

inclusión

limitado

en

un

estatuto

adecuadamente,

que

convertía

no

ha

al

sido

definido

estatuto

en

ni

uno

excesivamente amplio, pues cobija expresiones protegidas.49

En

Lewis

nuevamente

v.

City

declaró

of

New

Orleans,

inconstitucional

ante,

un

el

Tribunal

estatuto

que

penalizaba el uso de palabras oprobiosas, proferidas contra

un miembro de la policía.

El Tribunal declaró que no bastaba

que el tribunal supremo estatal resolviera que el estatuto

que contenía ese lenguaje aplicaba únicamente a palabras de

riña, sino que se requería que, en efecto, sus términos se

limitasen o se definieran propiamente.

48

Gooding v. Wilson,

El precepto legal declarado inconstitucional disponía:

―[a]ny person who shall, without provocation, use to or of

another, and in his presence . . . opprobrious words of

abusive language, tending to cause a breach of the peace . .

. shall be guilty of a misdemeanor‖. Gooding v. Wilson, 405

U.S. 518 (1972).

49

En esa ocasión, la Corte definió oprobio como ―conveying

or intended to convey disgrace‖. Gooding v. Wilson, ante,

pág. 525.

CC-2009-912

16

ante, pág. 132.

El máximo foro federal razonó que en ese

caso no se definieron los términos del estatuto lo suficiente

como para que no aplicara a expresión, que aunque pudiera ser

ofensiva

o

vulgar,

estaba

protegida

por

Lewis v. City of New Orleands, ante, págs

la

Constitución.

132-33.

Al decretar la inconstitucionalidad de estas leyes, el

Tribunal

Supremo

tomó

en

consideración

la

interpretación

conferida a estos estatutos por los tribunales de los estados

recurridos, para ver cómo esos foros habían delimitado el

alcance de los estatutos impugnados.

Luego de ese análisis,

el Tribunal Supremo concluyó que los foros estatales habían

errado al no limitar la interpretación de la disposición

impugnada

a

palabras

que

pudieran

causar

una

respuesta

violenta.

Lewis v. City of New Orleans, ante; Gooding v.

Wilson, ante.50

Lo cierto es que una ley que penaliza la expresión,

aunque adolezca de amplitud excesiva, puede validarse si el

tribunal interpreta restrictivamente el estatuto.

Ello, sin

embargo, implicaría que pudiera ser inválida debido a que se

imponen limitaciones en función exclusivamente del contenido

50

Sobre declaración de insconstitucionalidad por parte de

foros estatales de máxima jerarquía, véase Christopher

Aguilar v. People of Colorado, 886 P.2d 725 (1994); Marks v.

City of Anchorage, 500 P.2d 644 (Alaska, 1972); Commonwealth

v. A. Juvenile, 368 Mass. 580 (1975); Sate v. Reyes, 104

Wash.2d 35, 700 P.2d 1155 (Washington, 1985).

En otros estados, los tribunales supremos han sostenido

la validez de estatutos similares al de autos, luego de

realizar una interpretación restrictiva.

Véase, In the

Matter of the Welfare of S.L.J., 263 N.W.2d 412 (Minnesota,

1978); State v. Read, 165 Vt. 141 (1996); State v. Huffman,

228 Kan. 186, 612 P.2d 630 (Kansas, 1980); State v. Williams,

205 Conn. 456, 534 A.2d 230 (1987).

CC-2009-912

17

de la expresión.

Véase, sobre este asunto lo que señala el

profesor Chemerinsky, nota al calce 2, ante.

Pasemos ahora a considerar la controversia en este caso.

V

A

El artículo 247 del Código Penal de Puerto Rico que

tipifica como delito: ―(c) perturb[ar] la paz o tranquilidad

de

una

o

varias

personas

mediante

vituperios,

oprobios,

desafíos, provocaciones o palabras insultantes u ofensivas

que puedan provocar una reacción violenta o airosa en quien

las escucha.‖

la

atención

33 L.P.R.A. sec. 4875.

del

estatuto

oprobios en su texto.

es

la

Lo primero que llama

inclusión

del

concepto

Ya indicamos que el Tribunal Supremo

federal ha resuelto, de forma reiterada, que esta expresión

es

excesivamente

amplia

y

cobija

en

su

seno

expresión

protegida.

Por otro lado, la locución vituperio se define como

―[b]aldón u oprobio que se dice a uno‖.51

Es decir, oprobio

y vituperio son sinónimos y, por ende, en su acepción común

necesariamente

ambos

son

excesivamente

amplios.

Valga

señalar, que precisamente por esto jurisdicciones estatales

de Estados Unidos han optado por eliminar estos vocablos de

estatutos relativos a la alteración a la paz.52

51

De suyo,

Diccionario de la Real Academia Española.

Por ejemplo, a raíz de lo resuelto en Gooding v. Wilson,

ante, el estado de California enmendó la definición de su

delito de alteración a la paz para eliminar toda referencia

a oprobio o vituperio y conformarlo con la jurisprudencia

federal respecto al tipo de lenguaje que puede válidamente

prohibirse. Antes de la enmienda sufrida, la redacción del

delito de alteración a la paz de California era casi

52

CC-2009-912

18

ambos vocablos plantean un problema de imprecisión o amplitud

excesiva.

Ahora bien, atendiendo el razonamiento utilizado por el

Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos,

veamos

nuestras

expresiones pasadas sobre estos conceptos para determinar si

le hemos conferido un significado de tal forma limitante, que

puedan sobrevivir un ataque constitucional.

En Pueblo v. Ways, 29 D.P.R. 334 (1921), dictaminamos

que llamar a una persona en alta voz ―lambe ojo‖, ―fariseo‖ y

―judas‖ eran vituperios o conducta ofensiva que configuraba

el delito de alteración a la paz.

vituperios se definió como:

En este caso, el término

―[f]alsear, presentar o exponer

a calumnia o ridículo; difamar; calumniar; vilipendiar . . .

exponer injustamente a desprecio o vergüenza . . . [b]aldón u

idéntica al texto del delito de alteración a la paz de

nuestro Código Penal de 1974. Véase, J.J. Álvarez González,

Derecho

Constitutional

de

Puerto

Rico

y

Relaciones

Constitucionales con los EEUU: Casos y Materiales, ed.

Temis, Bogotá, 2009, págs. 1051-52.

El texto actual del

Código Penal de California, luego de la enmienda de 1976,

lee:

415.

Any of the following persons shall be

punished by imprisonment in the county jail for a

period of not more than 90 days, a fine of not more

than four hundred dollars ($400), or both such

imprisonment and fine:

(1) Any person who unlawfully fights in a

public place or challenges another person

in a public place to fight.

(2) Any person who maliciously and

willfully disturbs another person by loud

and unreasonable noise.

(3) Any person who uses offensive words

in a public place which are inherently

likely to provoke an immediate violent

reaction.

Cal. Penal Code § 415. (Énfasis nuestro.)

CC-2009-912

19

oprobio que se dice a uno. Acción o circunstancia que causa

afrenta o deshonra.‖

(Citas

y

comillas

Id., pág. 338.

omitidas).

De

(Énfasis nuestro.)

otra

parte,

definimos

conducta ofensiva como ―cualquier cosa que causa disgusto,

que

produce

dolor,

u

origina

sensaciones

desagradables‖.

Id., pág. 337.

Al agrupar las definiciones de estos términos podemos

notar que son tan amplias e imprecisas que pueden incluir

cualquier expresión que tenga el efecto de causar vergüenza,

deshonor, deshonra o constituya una afrenta.

jurisprudencia

federal,

estas

A la luz de la

definiciones

resultan

excesivamente amplias pues su característica principal es el

efecto en la persona que recibe el mensaje, sin tomar en

cuenta la naturaleza de la expresión.

Existen una infinidad

de situaciones en que se puede ridiculizar a una persona

mediante

palabras,

causarle

disgusto

o

provocarle

una

afrenta, sin que por, su naturaleza, se trate de expresiones

que inherentemente provocarían una reacción violenta.

Más

de

medio

siglo

después,

en

Pueblo

v.

Caro,

110

D.P.R. 518 (1980), nos reiteramos en lo resuelto en Ways,

reafirmándonos en las definiciones del delito de alteración a

la paz.

En Caro, el acusado y convicto, desde el interior de

su residencia, profirió las siguientes palabras dirigidas a

varios

miembros

de

la

investigar una querella:

policía

habían

ido

allí

a

―La policía que se vaya al carajo,

ustedes son unos pendejos.

entrar a palos‖.

que

Suban arriba, que les voy a

No hubo contacto ni cercanía física con los

policías; éstos no lograron entrar a la residencia, ni Caro

CC-2009-912

20

salió de ésta. Id., pág. 520.

confirmar

la

condena,

que

No obstante, concluimos, al

esa

expresión

―bien

puede

entenderse que es la que se intenta prohibir en el estatuto

como ‗vituperios‘ o conducta tumultuosa u ofensiva.‖

Id.,

pág. 522.

Afirmamos que la sola conducta del acusado, al dirigirle

vituperios al oficial de la policía, era punible bajo el

estatuto sin que fuera necesario considerar si la expresión

conllevaba la probabilidad real e inminente de causar una

respuesta violenta inmediata.

Véase, Id., págs. 523-24.

El

señor Caro González fue condenado por sus expresiones aunque

no existía probabilidad real alguna de una reacción violenta

inmediata por parte de los oficiales de la Policía, ya que se

encontraban separados físicamente por una puerta.

Adviértase

también, que la expresión no estuvo dirigida directamente a

un policía en particular, sino al grupo que se encontraba

fuera

de

su

residencia

y

que

había

acudido

allí

para

aquejan

los

investigar una querella.

Caro

ejemplifica

las

dificultades

que

vocablos que contiene el artículo 247(c) del Código Penal de

2004.

Como vimos, Caro mantuvo la conceptualización amplia

del tipo de expresión punible al citar a Ways y acoger esas

definiciones, y no consideró el contexto en que se profirió

la expresión.

real

e

Ya indicamos que cuando no hay una amenaza

inminente

de

que

se

pueda

provocar

una

reacción

violenta en la persona que escucha la expresión, ésta no

constituye palabras de riña.

También apuntamos que aquella

CC-2009-912

21

expresión proferida que no está dirigida a una persona o

grupo en particular, no constituye palabras de riña.

Lo cierto es que es imposible reconciliar Caro con lo

dispuesto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

debe

sorprender

por

lo

tanto,

lo

que

nos

No nos

indica

el

constitucionalista José Julián Álvarez sobre este caso, a

saber:

Igualmente pobre es el análisis (o falta de él)

sobre la validez constitucional de la definición de

este delito. Aunque el Tribunal reconoce que casos

como Gooding v. Wilson, 405 U.S. 518 (1972),

invalidaron estatutos estatales similares bajo las

doctrinas de imprecisión o amplitud excesiva, no

parece reconocer que el mismo defecto aqueja al

estatuto puertorriqueño.

Gooding resolvió que la

proscripción de palabras ‗oprobiosas‘ requería

invalidar el estatuto de Georgia.

Otro tanto

ocurrió en Lewis v. New Orleans, que la opinión de

Caro cita en su escolio 13.

¿Qué diferencia hay

entre ‗oprobios‘ y ‗vituperios‘? Nótese que una de

las definiciones de ‗vituperio‘ que el Tribunal

acepta en la parte I es precisamente ‗oprobio‘. La

definición de ‗conducta ofensiva‘ que el Tribunal

acepta es igualmente problemática, a la luz de la

decisión en Rosenfeld. … Ese caso revocó una

condena y devolvió el asunto al tribunal estatal

para que se considerara a la luz de lo resuelto en

Gooding.

La ley en Rosenfeld usaba el término

‗lenguaje ofensivo.‘

J.J. Álvarez González, op. cit., pág. 1051.

Véase, además,

R. Emmanuelli Jiménez, Análisis Constitucional del Delito de

Alteración a la Paz: Artículo 260 del Código Penal de Puerto

Rico, 55 Rev. Jur. U.P.R. 587 (1986).

Es cuando menos desafortunado, que la mayoría cite con

aprobación nuestro dictamen en Caro, apuntado que lo allí

dispuesto es una interpretación cónsona con la exigencia de

la jurisprudencia federal.

Ello no es correcto.

En la

medida en que el dictamen en este caso descanse en Pueblo v.

CC-2009-912

22

Caro, ante, la validez de lo que hoy se resuelve está en

entredicho.

aquellas

Cabe destacar que con posterioridad a Caro, en

ocasiones

en

que

consideración

condenas

por

soslayado

planteamiento

el

hemos

tenido

alteración

a

constitucional

ante

nuestra

la

paz,

hemos

y

nos

hemos

enfocado en la prueba presentada para concluir que no se

probó el delito imputado.

Ello, no obstante, sí hemos indicado que para que quede

configurado el delito de alteración a la paz es necesario que

concurran dos elementos, a saber: el elemento objetivo y el

subjetivo.

Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 799 (2002);

Pueblo v. Rodríguez Lugo, 156 D.P.R. 42 (2002).

Ello, en un

intento de conformar nuestra jurisprudencia a lo que marca la

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Así

por

ejemplo

señalamos

que

para

establecer

el

elemento objetivo se debe tomar en cuenta la naturaleza misma

de la acción o expresión, la cual, para que se considere

ofensiva, tiene que ser de tal grado hiriente e irritante

como

para

poder

provocar

una

respuesta

persona de sensibilidad ordinaria.

De

otro

lado,

para

establecer

el

violenta

en

una

Pueblo v. Irizarry, ante.

elemento

subjetivo,

se

atiende al efecto o consecuencias de la conducta ofensiva en

la alegada víctima del delito; esto es, si en efecto se le

perturbó la paz a la persona a quien se dirigió la referida

conducta.

Pueblo v. Irizarry, ante.

cumplir con el mandato federal.

Con ello intentamos

CC-2009-912

23

B

La

Asamblea

Legislativa

de

Puerto

Rico

intentó,

al

aprobar el Código Penal de 2004, limitar la aplicación del

delito

de

alteración

a

la

paz

exigencias constitucionales.53

247(c)

se

incluyera

reacción

violenta

obstante,

según

sustancial

a

interpretación

conformarlo

frase:

―que

puedan

en

quien

redactado,

el

artículo

se

aplique

mayoritaria

con

las

De ahí que en el artículo

airosa

que

o

la

para

no

a

las

una

escucha‖.54

No

todavía

expresión

subsana

provocar

este

da

margen

protegida

problema.

y

la

Me

explico.

53

A esos

expresado:

efectos,

la

profesora

Nevares

Muñiz,

ha

Este nuevo Código . . . presenta una nueva

redacción que pretende armonizar el derecho

a la libertad de expresión . . .

con el

derecho que tiene todo ciudadano

a la

protección de su vida privada o familiar de

ataques abusivos a su honra, su reputación,

integridad y a su intimidad . . . se ha

atemperado el lenguaje . . . de manera que

no se penalice la expresión de palabras por

su mero contenido sin considerar el efecto

de las mismas sobre otras personas . . . se

ha descartado específicamente el lenguaje de

los incisos (a) y (c) del artículo 260 del

Código Penal derogado, donde muchos de los

actos proscritos se refieren a palabras que

podrían

ser

ambiguas

en

cuanto

a

su

interpretación y aplicación.

D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico,

Instituto para Desarrollo del Derecho, Inc., 2005, pág. 317.

(Énfasis nuestro.)

54

La modalidad del delito de alteración a la paz tipificada

en el artículo 247(c) del Código Penal actual se asemeja al

inciso (a) del artículo 260 del Código Penal anterior, el

cual tipificaba como delito: (a)perturb[ar] la paz o

tranquilidad de algún individuo o vecindario, con fuertes e

inusitados

gritos,

conducta

tumultuosa

u

ofensiva

o

amenazas, vituperios, riñas, desafíos o provocaciones.

(Énfasis nuestro.)

CC-2009-912

24

De una lectura serena del texto del artículo 247(c)

puede

constatarse

que

aun

luego

mencionada

apostilla,

el

texto

vituperios,

oprobios

y

palabras

de

la

inclusión

retuvo

las

ofensivas.

de

la

palabras

Ello,

como

mínimo, tiene el efecto de que el delito continúe originando

serias dudas sobre su constitucionalidad al no brindar un

aviso suficiente en cuanto a su cobertura y extensión.

Por

lo que, para evaluar el nuevo texto debemos considerar si la

frase introducida subsana los defectos del anterior.

así

podría

aclararse

si

la

extensa

lista

de

Sólo

expresiones

cobijadas bajo los términos vituperios u oprobios -la gran

mayoría de éstas expresiones protegidas constitucionalmentequedaron excluidas del marco de aplicación del delito.

Considero que la frase ―que puedan provocar una reacción

violenta

o

airosa

en

quien

significativamente

de

elaborada

Corte

por

la

la

las

escucha‖

definición

Suprema

de

se

palabras

federal.

Una

distancia

de

riña

conducta

expresiva ―que pueda‖ provocar una reacción violenta es muy

distinta de aquélla que, como exigencia de la jurisprudencia

federal,

requiere

probabilidad

inmediata.

que

inherente

al

de

ser

provocar

proferida

una

conlleve

respuesta

la

violenta

Esta última expresión es más clara, específica y

restrictiva al limitar el tipo conducta expresiva que se

intenta penalizar.

artículo

247(c),

Por el contrario, el texto incluido en el

según

redactado,

continúa

adoleciendo

de

ambigüedad y no cumple con ofrecer un aviso razonable sobre

cuáles

vituperios,

oprobios,

desafíos,

provocaciones

o

CC-2009-912

palabras

25

insultantes

u

ofensivas,

el

estatuto

persigue

proscribir.

Me parece forzoso concluir entonces, que el artículo

247(c), según redactado, aún genera serias dudas sobre su

constitucionalidad, al incluir términos que dieron pie a que

la Tribunal Supremo federal invalidara estatutos similares y

debido a que, como se indicó, el marco de aplicación del

delito

no

artículo,

se

desprende

según

claramente

redactado,

es

de

su

texto.

sustancialmente

Este

amplio

e

impreciso y no brinda un aviso razonable acerca de los tipos

de conducta que intenta penalizar.

problema

de

su

constitucionalidad

Ello apunta a que el

del

artículo

247(c)

no

quedó subsanado en el nuevo Código Penal y, lamentablemente,

este Tribunal no se enfrenta a este asunto.

Como Tribunal Supremo tenemos la facultad de interpretar

restrictivamente

sostener

su

esta

validez

disposición

penal

constitucional.

para

poder

así,

Lamentablemente

la

mayoría ha fracasado en este intento.

La Opinión mayoritaria debió reconocer expresamente la

conceptualización

deficiente

de

nuestros

anteriores

precedentes sobre este asunto y proceder a modificarlos, o

revocarlos

si

ello

fuera

necesario.

Luego

entonces,

la

mayoría venía obligada a reconocer que el nuevo texto del

artículo

247(c)

continuaba

padeciendo

de

un

problema

de

imprecisión y amplitud excesiva por contener un lenguaje que

dificulta establecer su marco de aplicación de forma clara.

Por el contrario, el Tribunal falla al no enfrentar

nuestros

previos

dictámenes

en

los

que

interpretábamos

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disposiciones penales de otros códigos pero cuyas palabras

aún adornan el delito en el nuevo Código Penal, sin advertir

la aplicación deficiente del estándar federal en esos casos.

Las definiciones del término vituperio, según conceptualizado

en Ways, y reafirmado en Caro, no han sido cuestionadas ni

abandonadas

por

este

Tribunal.

Más

mayoritaria

en

este

caso

por

favorablemente.

opta

aún,

la

citar

Opinión

a

Caro

Es evidente que en nuestra jurisdicción, y

en lo relativo al delito de alteración a la paz, los términos

vituperios, oprobios y palabras ofensivas han sido definidos

de manera similar.

De igual forma, la Opinión mayoritaria no

restringe el significado de dichos términos, sino todo lo

contrario,

al

no

enfrentarlos,

reafirma

sus

definiciones

tradicionales, persistiendo entonces la amplitud y vaguedad

que los acompaña.

El Tribunal, como parte de su razonamiento, no encara

estas dificultades y, en vez, establece unos parámetros de

aplicación del artículo 247(c) en abstracción de éstas.

Ello

tiene el efecto de empañar su interpretación y matizarla de

inconstitucionalidad.

a

la

siguiente

Así, sin hacer camino al andar, salta

conclusión:

el

texto

del

artículo

247(c)

aplica a todas las expresiones que puedan estar incluidas en

los términos vituperios, oprobios, desafíos, provocaciones o

palabras ofensivas, cuando éstas adquieran la característica

de palabras de riña. 55

55

Precisamente, la reafirmación por el Tribunal Supremo de

Luisiana respecto a que el estatuto, según escrito, había

sido aplicado únicamente a palabras de riña fue el factor que

movió a la Corte Suprema de Estados Unidos a enfrentar al

CC-2009-912

27

Súmese a ello, que al evaluar las expresiones del señor

García Colón para determinar si éstas constituyeron palabras

de

riña,

el

Tribunal

realiza

unos

pronunciamientos

contradictorios que, como mínimo, tienen el efecto de ofuscar

el

estándar

establecido

para

evaluar

expresiones constituyen palabras de riña.

si

determinadas

Por un lado, el

Tribunal parece exponer la definición de palabras de riña

correctamente cuando indica que: ―las expresiones proferidas

por el peticionario –si bien pudieron haber provocado en los

policías

un

sentimiento

constituyeron

palabras

de

de

molestia

riña

y

capaces

frustración-

no

de

una

provocar

reacción violenta según lo proscribe el Artículo 247(c) del

Código Penal‖.

Opinión del Tribunal, pág. 70.

No obstante,

en otra porción de la Opinión, el Tribunal sugiere que para

determinar si determinadas expresiones constituyen palabras

de riña se debe tener en cuenta el efecto que tuvieron las

expresiones sobre la persona a quien van dirigidas.

Opinión

del Tribunal, pág. 68.

El Tribunal, al resolver así actúa de forma contraria a

las

exigencias

resolver

que

de

las

la

jurisprudencia

expresiones

del

federal,

señor

pues,

García

para

Colón

no

constituyeron palabras de riña, toma en cuenta el efecto que

éstas tuvieron sobre los oficiales de la Policía.

Estos

pronunciamientos son desatinados y abren una brecha peligrosa

para que el delito se aplique al margen de la doctrina de la

tribunal estatal con su propia jurisprudencia. Así, quedó

evidenciado que los términos del estatuto se prestaban para

ser aplicados a expresiones protegidas. Lewis v. City of New

Orleans, ante, pág. 132.

CC-2009-912

28

palabras de riña pautada por la jurisprudencia federal.

En

otras palabras, la expresión y actuación del Tribunal vicia

de inconstitucionalidad su propia interpretación del delito y

el estándar recién pautado para su configuración.

El Tribunal pasa por alto que el elemento subjetivo del

receptor de la expresión sólo debe tomarse en cuenta para

constatar si, en efecto, la persona a quien iba dirigida la

expresión se encontraba en ―estado de tranquilidad‖ previo a

los hechos, lo cual es uno de los elementos del delito de

alteración a la paz.

Véase, Pueblo v. Irizarry, ante; Pueblo

v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746 (1993).

Sin embargo, ese

elemento no debe tomarse en cuenta para determinar si una

expresión se puede catalogar como palabra de riña.

De conformidad con la jurisprudencia federal, en estos

casos, la única conducta expresiva que puede configurar el

elemento

objetivo

del

artículo

constituya palabras de riña.

inicial,

es

conducta

expresiva

contrario,

innecesario

de

no

como

247(c)

es

aquélla

que

Y para hacer esta determinación

evaluar

los

resuelve

configurarse

el

efectos

la

que

tuvo

la

Por

el

objetivo

del

mayoría.

elemento

delito, es innecesario evaluar los efectos o consecuencias

que tuvo la conducta expresiva sobre la alegada víctima.

Pueblo v. Irizarry, ante, pág. 801.

De lo contrario, bastaría que una persona afirme que

sintió el impulso de responder violentamente, para clasificar

determinadas

expresiones

como

palabras

de

riña,

con

el

resultado de que el elemento objetivo del delito quedará

configurado.

Más aún, existe un universo de expresiones

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29

comprendidas en los términos del artículo 247(c) que podrían

―adquirir la característica de palabras de riña‖ por el sólo

hecho que la persona que las escucha afirme que experimentó

el impulso de responder violentamente.

El efecto real de lo

resuelto por el Tribunal en el día es que la mayoría valida

que se sancione más expresión que la que permite se sancione

el

Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos,

en

perjuicio

del

ciudadano quien ve, nuevamente, sus derechos acotados.

Por las razones que discuto, concurro con el resultado a

que

llega

la

mayoría

y

disiento

de

su

desafortunado

razonamiento.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada