LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Morales Cales v. Marengo y otros

2011 TSPR 71

Poder Judicial de Puerto Rico

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Morales Cales v. Marengo y otros

CC-2010-303

Derecho Apelativo – Término para presentar apelación cuando el Estado, sus funcionarios o agencias son parte en el pleito

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Alexis Morales Cales, Yolanda

Torres González

Certiorari

Peticionarios

2011 TSPR 71

v.

181 DPR ____

Rafael Marengo, Reinaldo Torres

Cruz, Antonio González Alicea y

Ángel Arce

Recurridos

Número del Caso: CC

- 2010 - 303

Fecha: 13 de mayo de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Utuado

Juez Ponente:

Hon. Jorge L. Escribano Medina

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Juan Gonzá

lez Santiago

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Rosa Elena Pérez Agosto

Procuradora General Auxiliar

Materia:

Violación de derechos civiles

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está

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compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Alexis Morales Cales, Yolanda

Torres González

Certiorari

Peticionarios

v.

CC-2010-0303

Rafael

Marengo,

Reinaldo

Torres Cruz, Antonio González

Alicea y Ángel Arce

Recurridos

Opinión del

Charneco.

Tribunal

emitida

por

la

Jueza

Asociada

señora

Pabón

En San Juan, Puerto Rico a 13 de mayo de 2011.

Los

peticionarios,

Alexis

Morales

Cales

y

Yolanda Torres González, nos solicitan la revisión

de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones que

desestimó

dicho

el

foro

recurso

por

de

apelación

entender

jurisdicción.

Concluyó

el

peticionarios

presentaron

incoado

ante

carecía

de

quo

los

que

foro

el

a

recurso

que

de

forma

tardía.

Nos corresponde determinar

contra

varios

funcionarios

si en un pleito

del

Estado,

representados legalmente por el Procurador General,

es necesario que el Estado figure como parte para

que

aplique

el

término

de

sesenta

(60)

días

CC-2010-303

2

para presentar la apelación de una Sentencia del Tribunal

de Primera Instancia ante el Tribunal de Apelaciones. A

priori, contestamos en la negativa.

Previo a iniciar nuestro análisis, expondremos los

hechos que dieron génesis a la controversia de autos.

I

El 14 de febrero de 2007, los peticionarios instaron

una Demanda sobre violación de derechos civiles contra los

recurridos Rafael Marengo, Reinaldo Torres Cruz, Antonio

González

Alicea

y

Ángel

Arce.1 En

apretada

síntesis,

alegaron que, entre el 12 de febrero y el 16 de mayo de

2001, los recurridos Antonio González Alicea y Ángel Arce,

ejerciendo como maestros de la Escuela Superior Gabriela

Mistral de Lares, y Rafael Marengo y Reinaldo Torres Cruz,

actuando

como

oficiales

de

la

Policía

de

Puerto

Rico,

actuaron en contubernio para difamar y provocar el arresto

y detención ilegal del peticionario Alexis Morales Cales.

Los

peticionarios

recurridos

adujeron

estuvieron

que

motivadas

las

actuaciones

por

las

de

los

expresiones

públicas que realizó el señor Morales Cales en contra de

éstos con relación a un incendio ocurrido en la mencionada

escuela el 18 de enero de 2001.2

1

En la Demanda también se incluyó a Marta Torres Delgado como

demandada. No obstante, el 29 de septiembre de 2008 los peticionarios

desistieron de su reclamación contra la señora Torres Delgado lo cual

se hizo constar en una Sentencia Parcial de Archivo por Desistimiento

emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 7 de octubre de 2008.

2

Originalmente, el 8 de mayo de 2003 los peticionarios instaron

Demanda contra los recurridos ante el Tribunal Federal de los Estados

CC-2010-303

Así

3

las

cosas,

el

6

de

septiembre

de

2007

el

Departamento de Justicia asumió la representación legal de

los recurridos según lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley

Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida

como Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32

L.P.R.A. sec. 3085.3

Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de

Primera Instancia dictó Sentencia el 28 de diciembre de

2009, notificada ese mismo día, en la que desestimó la

Demanda incoada al concluir que estaba prescrita y que

hacían falta partes indispensables.

Inconforme, los peticionarios presentaron una apelación

ante el Tribunal de Apelaciones el 26 de febrero de 2010.

Luego de ciertos trámites procesales, el 10 de marzo de

2010,

el

ilustrado

foro

apelativo

intermedio

dictó

Sentencia donde, inter alia, determinó que la apelación fue

presentada

de

forma

tardía,

por

lo

que

no

tenía

jurisdicción para atender el recurso. El tribunal a quo

hizo el siguiente razonamiento:

Unidos para el Distrito de Puerto Rico por los alegados actos

mencionados.

En

su

solicitud,

los

peticionarios

invocaron

la

jurisdicción y competencia del foro federal al amparo de las Secciones

1983, 1985 y 1986 de la Ley de Derechos Civiles Federal, 42 U.S.C.A.

secs. 1983, 1985 y 1986; e hicieron una alegación de reserva de

jurisdicción pendiente, reteniendo así el derecho a presentar

reclamaciones al palio de la Constitución y Leyes de Puerto Rico ante

los tribunales estatales o federales en contra del Estado Libre

Asociado o sus dependencias. Luego de varios trámites procesales,

mediante Sentencia de 16 de febrero de 2006, el Tribunal de Distrito

Federal desestimó sin perjuicio la reclamación.

3

El Art. 12 fue añadido a la Ley Núm. 104, supra, a través de la Ley

Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975.

CC-2010-303

En el caso de autos la Demanda no incluyó

alegación alguna en contra del Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

a

través

del

Departamento de Educación o la Policía, por lo

que no fueron emplazados. Todas las alegaciones y

los

remedios

solicitados,

se

refieren

a

actuaciones culposas de los co apelados actuando

como maestros y policías. Es decir, el Estado

nunca fue parte de la reclamación. Si bien es

cierto que bajo la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre

de 1975, el Departamento de Justicia asumió la

representación legal de los co apelados, ello no

implica que el Estado fuese parte del litigio.

Ortiz, et. als. v. E.L.A., et. als., 158 D.P.R.

62, 72 (2002).

Incluso, los propios apelantes

han reiterado durante todo el proceso que su

intención nunca ha sido traer al Estado como

parte al pleito. Nótese que la propia sentencia

recurrida tiene como uno de sus fundamentos que

el Estado resultaba parte indispensable que no

fue traída al pleito por lo que procedía la

desestimación del mismo. Habida cuenta de ello,

el término correspondiente para presentar su

recurso de apelación era de treinta (30) días y

no de sesenta (60) como si el Estado fuese parte.

Ciertamente, el tribunal recurrido dictó su

Sentencia

el

28

de

diciembre

de

2009,

notificándosela a las partes en igual fecha.

Siendo ello así, el término para solicitar la

revisión

del

dictamen

disponible

para

los

apelantes expiró treinta (30) días después de la

notificación, es decir, el 27 de enero de 2010.

Presentado el recurso el 26 de febrero de 2010,

éste se presentó, pasados treinta (30) días del

término

dispuesto

por

nuestro

ordenamiento

jurídico.

Del expediente ante nuestra consideración no

surge que la sentencia objeto del recurso fuera

ilegal,

se

dictó

sin

jurisdicción

o

en

contravención al derecho vigente, por lo tanto,

estamos ante una sentencia final y firme.

Transcurridos los términos de la Regla 53.1 y la

Regla 13(A), expiraron los plazos para que los

apelantes

presentaran

su

apelación

de

la

sentencia, que se presume dictada dentro de las

facultades y poderes del tribunal sentenciador,

pues al advenir final y firme, hemos perdido

jurisdicción para revisarla. (Énfasis en el

original.)

4

CC-2010-303

5

Insatisfechos,

los

peticionarios

recurren

ante

nos

planteando como error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL DESESTIMAR LA

APELACI[Ó]N PRESENTADA Y CONCLUIR QUE NO TEN[Í]A

JURISDICCI[Ó]N POR ENTENDER QUE LA APELACI[Ó]N

FUE RADICADA TARD[Í]AMENTE.

Examinado el recurso, concedimos a los recurridos un

término para mostrar causa por la cual no debíamos expedir

el mismo. Contando con el beneficio de la comparecencia de

ambas partes procedemos a resolver conforme lo intimado.

II

A

La controversia ante nuestra consideración requiere

que

analicemos

establecen

los

las

términos

disposiciones

para

estatutarias

presentar

un

recurso

que

de

apelación ante el Tribunal de Apelaciones.

Al hacer tal análisis, es imperativo tener presente

las normas de interpretación de las leyes. Tales reglas

requieren

que

perseguidos

los

por

la

tribunales

consideren

los

propósitos

Asamblea

Legislativa

al

aprobar

el

estatuto, de forma que éste se ajuste a la política pública

que lo inspira. Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, res.

el 16 de septiembre de 2010, 179 D.P.R.___ (2010), 2010

T.S.P.R. 196, 2010 J.T.S. 205. Véanse, además, Claro TV y

Junta Regl. Tel. v. One Link, res. el 9 de junio de 2010,

179 D.P.R.___ (2010), 2010 T.S.P.R. 89; 2010 J.T.S. 98;

Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155,

CC-2010-303

6

163 (2000) citando a

Dorante v. Wrangler of P.R., 145

D.P.R. 408, 417 (1998).

Se ha indicado que cuando el lenguaje de una ley es

claro e inequívoco, el texto del estatuto es la expresión

por

excelencia

de

la

intención

legislativa.

Ortiz

v.

Municipio San Juan, 167 D.P.R. 609, 617 (2006); B.B.C.

Realty

v.

Secretario

Hacienda,

166

D.P.R.

498,

507-508

(2005); Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., supra,

pág. 164. Es por tal razón que, en primer lugar, se debe

acudir al texto de la ley ya que si el lenguaje es claro y

libre

de

toda

ambigüedad,

su

letra

“no

debe

ser

menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu”.

Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.

14.

Por

lo

tanto,

ante

un

lenguaje

claro

y

libre

de

ambigüedad, no se debe buscar más allá del texto de la ley

para encontrar la verdadera voluntad del legislador; sino

que se debe descubrir y dar efecto a la intención expresada

en la letra del estatuto. Romero Barceló v. E.L.A., 169

D.P.R. 460, 477 (2006).

Claro está, si surge alguna ambigüedad con el texto

del estatuto el tribunal debe asegurar el cumplimiento con

los propósitos legislativos. S.L.G. Rivera-Carrasquillo v.

A.A.A.,

res.

el

23

de

(2009),

2009

T.S.P.R.

octubre

162,

de

2009

2009,

177

D.P.R.___

J.T.S.

165.

En

este

contexto, la fuente a consultar para descifrar la verdadera

intención del legislador es el historial legislativo del

CC-2010-303

7

estatuto en cuestión, incluyendo la Exposición de Motivos

de la ley, los Informes rendidos por las comisiones de las

Cámaras y los debates celebrados en el hemiciclo. Ortiz v.

Municipio San Juan, supra, pág. 617; Vicenti v. Saldaña,

157 D.P.R. 37, 48 (2002); Caballero v. Sistemas de Retiro,

129 D.P.R. 146, 159 (1991). Incursionar en el historial

legislativo del estatuto en controversia permite afrontar,

con una perspectiva amplia, el sentido de su texto y la

intención legislativa que lo inspiró. Íd.

Como

debemos

parte

tener

interpretadas

secciones,

del

ejercicio

de

presente

que

tomando

aisladamente

párrafos,

u

las

hermenéutica

oraciones,

leyes

sino

también

no

deben

ser

algunas

de

sus

deben

serlo

que

tomando en consideración todo su contexto. Soc. Asist. Leg.

v.

Ciencias

Forenses,

supra;

S.L.G.

Semidey

Vázquez

v.

ASIFAL, res. el 22 de diciembre de 2009, 177 D.P.R.___

(2009), 2009 T.S.P.R. 184, 2010 J.T.S. 3; Descartes v.

Tribunal de Contribuciones, 71 D.P.R. 248, 253 (1950). De

igual modo, se deben analizar las leyes o disposiciones in

pari

materia

o

complementarias

que

puedan

ayudar

a

esclarecer cuál ha sido la verdadera intención legislativa.

Art. 18 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.

18;

Zambrana

(1992).

Maldonado

v.

E.L.A.,

129

D.P.R.

740,

750

CC-2010-303

8

B

La

Regla

53.1

de

Procedimiento

Civil

de

1979,

32

L.P.R.A. Ap. III, establecía los términos para incoar un

recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones en el

que se solicitara la revisión de una sentencia dictada por

el Tribunal de Primera Instancia en un caso civil.4

En lo concerniente a la controversia de autos, dicha

regla disponía lo siguiente:

El recurso de apelación deberá ser presentado…

dentro del término jurisdiccional de treinta (30)

días contados desde el archivo en autos de una

copia de la notificación de la sentencia dictada

por el tribunal apelado. En aquellos casos en que

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus

4

En reiteradas ocasiones hemos señalado que las normas de carácter

procesal, como regla general, tienen efecto retroactivo, por lo que

aplican tanto a las acciones pendientes al momento de su vigencia como

a las incoadas con posterioridad a la vigencia de éstas. Lincoln Sav.

Bank v. Figueroa, 124 D.P.R. 388, 394-395 (1989); Ortiz v. Fernós

López, 104 D.P.R. 851, 852 (1976); Reyes v. Mayagüez Transport, 86

D.P.R. 273, 281 (1962); Souchet v. Cosío, 83 D.P.R. 758, 762 (1961);

Fajardo v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 476, 481 (1949); Mason v.

White Star Bus Line, 53 D.P.R. 337, 340-341 (1938); Ojeda v. Gavilán,

46 D.P.R. 399, 401 (1934). Véase, además, R. Hernández Colón, Práctica

Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan,

Pub. Lexis Nexis, 2010, Sec. 203, págs. 18-19.

Sin embargo, esta regla debe aplicar sólo a incidentes que aún estén

por ocurrir luego de que entre en vigor el nuevo estatuto procesal; no

en cuanto a cuestiones que ya fueron dilucidadas bajo la antigua

norma. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico; Derecho

Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Pub. Lexis Nexis, 2010, Sec. 203,

págs. 19 y 24-25.

En este caso, la decisión del foro apelativo sobre falta de

jurisdicción se emitió utilizando como fundamento lo establecido en la

Regla 53.1 de Procedimiento Civil de 1979, supra, la cual se

encontraba vigente al momento en que el Tribunal de Apelaciones dictó

su Sentencia. Por lo tanto, aunque actualmente se encuentran vigentes

las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, nos

corresponde analizar la controversia ante nuestra consideración de

conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, supra.

No obstante, conviene aclarar que la Regla 52.2 de Procedimiento Civil

de 2009, supra, recoge esencialmente los mismos términos y condiciones

que se establecían en la Regla 53.1 de Procedimiento Civil de 1979,

supra, con relación a la presentación del recurso de apelación ante el

Tribunal de Apelaciones.

CC-2010-303

9

funcionarios o una de sus instrumentalidades que

no

fuere

una

corporación

pública,

o

los

municipios de Puerto Rico sean parte en un

pleito, el recurso de apelación se formalizará,

por cualquier parte en el pleito perjudicada por

la

sentencia,

presentando

un

escrito

de

apelación… dentro del término jurisdiccional de

sesenta (60) días contados desde el archivo en

autos de una copia de la notificación de la

sentencia dictada por el tribunal apelado.

Al igual que la Regla 53.1 de Procedimiento Civil de

1979, supra, la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, regula el término que

las partes tienen para presentar el recurso de apelación

ante ese foro. Sobre el particular, esta regla dispone que

[l]as apelaciones contra sentencias dictadas en

casos civiles por el Tribunal de Primera

Instancia, se presentarán dentro del término

jurisdiccional de treinta (30) días contados

desde el archivo en autos de una copia de la

notificación de la sentencia.

En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, sus funcionarios(as) o una de sus

instrumentalidades que no fuere una corporación

pública, o en que los municipios de Puerto Rico o

sus funcionarios sean parte en un pleito, el

recurso

de

apelación

se

formalizará,

por

cualquier parte en el pleito que haya sido

perjudicada por la sentencia, presentando un

escrito

de

apelación

dentro

del

término

jurisdiccional de sesenta (60) días, contados

desde el archivo en autos de una copia de la

notificación de la sentencia dictada por el

tribunal apelado.

Al analizar los preceptos legales discutidos, podemos

ver que existen dos (2) términos distintos para presentar

un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones que

son de carácter jurisdiccional. Ello implica que si el

recurso

de

apelación

se

presenta

fuera

de

los

plazos

CC-2010-303

10

provistos para ello, el foro apelativo intermedio estará

impedido de considerar el mismo. Ghigliotti v. A.S.A., 149

D.P.R. 902, 906 (1999). “En otras palabras, pasados los

días para presentar un escrito de apelación, la sentencia

del tribunal de instancia se convierte en final y firme, y

la parte pierde su oportunidad para apelar”. Johnson &

Johnson v. Mun. de San Juan, 172 D.P.R. 840, 849 (2007).

Conforme

a

las

disposiciones

citadas,

como

norma

general, el término para presentar el recurso de apelación

ante el Tribunal de Apelaciones es de treinta (30) días a

partir del archivo en autos de copia de la notificación de

la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

No obstante, dicho término se extiende a sesenta (60) días

en

el

caso

funcionarios

de

o

que

sus

el

Estado

Libre

instrumentalidades

que

Asociado,

no

sean

sus

una

corporación pública, o los municipios de Puerto Rico sean

parte en el pleito.

Sobre este último plazo, es de notar que tanto la

Regla 53.1 de Procedimiento Civil de 1979, supra, como la

Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, utilizan la conjunción “o” al hacer la enumeración

de las personas y entidades que deben estar incluidas en el

litigio para que aplique el término de sesenta (60) días

para incoar el recurso de apelación ante el foro apelativo

intermedio.

CC-2010-303

11

La conjunción “o” es una conjunción disyuntiva que

“denota diferencia, separación o alternativa entre dos o

más

personas,

cosas

o

ideas”.

Real

Academia

Española,

Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Madrid, Ed.

Espasa Calpe, 2001, T. II, pág. 1601. Esta conjunción se

distingue

de

la

utiliza

“para

conjunción

unir

“y”

palabras

en

o

que

esta

cláusulas

última

en

se

concepto

afirmativo”5 mientras que la conjunción “o” tiene el efecto

de desvincular las palabras entre las que es usada. Véase,

Torres, Torres v. Torres, et al., res. el 6 de julio de

2010, 179 D.P.R.___ (2010), 2010 T.S.P.R. 123, 2010 J.T.S.

132;

Alejandro

Rivera

v.

E.L.A.,

140

D.P.R.

538,

544

(1996); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e

Interpretación de las Leyes de Puerto Rico, 2da ed. Rev.,

San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 353.

Sin embargo, aun cuando la conjunción “y” se considera

copulativa y la conjunción “o” disyuntiva, se ha indicado

que estas son de significados intercambiables y que podrán

ser sustituidas de manera que la conjunción “o” puede ser

leída

como

Contreras,

“y”,

139

o

D.P.R.

viceversa.

134,

145

Pueblo

(1995).

v.

Villafañe,

Véanse,

además,

Pérez, Pellot v. J.A.S.A.P., 139 D.P.R. 588, 597 (1995);

Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 42 (1950); Bernier y

Cuevas

Segarra,

op.

cit.,

pág.

353.

No

obstante,

tal

sustitución se realizará cuando sea necesario para cumplir

5

Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22da ed.,

Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2001, T. II, pág. 2326.

CC-2010-303

12

con la intención legislativa del estatuto en controversia.

Pérez, Pellot v. J.A.S.A.P., supra, pág. 597; Pueblo v.

Mantilla, supra, pág. 42.

C

En

el

caso

ante

nos,

a

pesar

de

que

seis

(6)

funcionarios del Estado fueron demandados en el pleito y

que el Departamento de Justicia asumió su representación

legal, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el plazo

para incoar el recurso de apelación ante tal foro era de

treinta (30) días a partir del archivo en autos de copia de

la notificación de la Sentencia del Tribunal de Primera

Instancia ya que el Estado no fue incluido en el litigio.

No

obstante,

los

peticionarios

sostienen

que

la

interpretación del Tribunal de Apelaciones es contraria a

la

intención

por

la

cual

se

estableció

el

mencionado

término de sesenta (60) días y que, al ser parte del pleito

varios funcionarios del Estado, ello era suficiente para

que aplicara ese plazo.

Al analizar los propósitos que motivaron el que se

instituyera

el

término

de

sesenta

(60)

días,

debemos

comenzar por señalar que, al momento en que se aprobaron

las

Reglas

de

Procedimiento

Civil

de

1979,

supra,

el

Tribunal de Apelaciones no formaba parte de nuestro Sistema

Judicial. Solamente contábamos con: (i) el Tribunal Supremo

y (ii) el Tribunal de Primera Instancia el cual estaba

compuesto

de

dos

(2)

secciones,

a

saber,

el

Tribunal

CC-2010-303

13

Superior y el Tribunal de Distrito. Secciones 1 y 9 de la

Ley

Núm.

conocida

11

de

como

24

de

julio

Ley

de

la

de

1952,

Judicatura

según

del

enmendada,

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. secs. 1 y 61 (Supl.

1978). Al no existir el Tribunal de Apelaciones, una vez

concluían

los

procesos

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia, las partes podían acudir directamente a este

Tribunal para solicitar la revisión de las determinaciones

del foro primario. Sección 14 de la Ley Núm. 11, supra,

sec. 37 (Supl. 1978).

Como parte de su competencia, este Foro podía revisar

las sentencias civiles finales que fuesen emitidas por el

Tribunal Superior.6 Íd. Ello se efectuaba a través de un

auto

de

revisión

el

cual

se

concedía

de

manera

discrecional.7 Íd.

Originalmente, había un sólo término para formalizar

el auto de revisión el cual constaba de treinta (30) días a

partir del archivo en autos de copia de la notificación de

6

Sobre este asunto conviene aclarar que las sentencias que dictaba el

Tribunal de Distrito en los casos civiles que se ventilaban ante dicha

sección eran apelables ante el Tribunal Superior. No obstante, la

determinación que emitía el Tribunal Superior con relación a tal

apelación podía ser revisada ante el Tribunal Supremo mediante el

recurso de certiorari. Sección 14 de la Ley Núm. 11 de 24 de julio de

1952, según enmendada, conocida como Ley de la Judicatura del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 37 (Supl. 1978).

7

Las apelaciones provenientes del Tribunal Superior en casos civiles

eran permisibles cuando se planteaba una cuestión constitucional

sustancial al amparo de la Constitución de Puerto Rico o de la

Constitución de los Estados Unidos de América. Sección 14 de la Ley

Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmendada, conocida como Ley de

la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A.

sec. 37 (Supl. 1978).

Véanse, además, Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R.

168, 171-172 (1996); Bermúdez v. Ortiz, 80 D.P.R. 707, 708 (1958).

CC-2010-303

14

la sentencia recurrida. Véase, Regla 53.1 de Procedimiento

Civil de 1979, supra, (ed. 1983). Sin embargo, este plazo

resultaba ser muy breve en los casos en los que el Estado,

sus funcionarios o instrumentalidades que no fueren una

corporación

pública

acudieran

en

revisión

ante

nos.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 143 de 19 de julio de

1986 (1986 Leyes de Puerto Rico 465).

Tradicionalmente, la representación de estas personas

y organismos ante el Tribunal de Primera Instancia, por lo

general, ha estado a cargo de abogados de varias divisiones

del Departamento de Justicia. Íd. No obstante, cuando el

Estado, sus funcionarios o instrumentalidades son parte o

tienen algún interés en procedimientos ante los tribunales

apelativos, el caso es referido a la Oficina del Procurador

General la cual asume la representación en tales foros. Íd.

Véase, además, Art. 60 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de

2004,

conocida

como

Ley

Orgánica

del

Departamento

de

Justicia, 3 L.P.R.A. sec. 294l.

Este

fraccionamiento

en

la

representación

legal

ocasionaba que en la mayoría de los casos en los cuales el

Estado, los funcionarios o sus instrumentalidades que no

fueren

corporación

pública

decidían

acudir

ante

este

Tribunal a través de un auto de revisión, estos se referían

a la Oficina del Procurador General próximo a vencerse el

término de treinta (30) días que se disponía para incoar

tal solicitud. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 143,

CC-2010-303

supra.

Ello

requería

15

se

una

debía

a

que

coordinación

el

trámite

efectiva

de

entre

estos

las

casos

distintas

divisiones del Departamento de Justicia y la Oficina del

Procurador General la cual, generalmente, consumía más de

la mitad del término dispuesto para presentar el auto de

revisión.

Íd.

Esta

situación

provocaba

que

se

redujera

considerablemente el tiempo que tenía el Procurador General

para

evaluar,

estudiar

y

formalizar

tal

recurso.

Íd.

Informe de la Comisión de lo Jurídico Civil del Senado

sobre el P. del S. 841 de 22 de mayo de 1986.

Para atender este problema, se aprobó la Ley Núm. 143,

supra. A través de este estatuto, se amplió el término para

presentar

el

auto

aquellos

casos

en

de

revisión

que

el

a

sesenta

Estado,

sus

(60)

días

en

funcionarios

o

instrumentalidades que no fueran una corporación pública

eran

parte en el pleito. Con esta enmienda se buscaba

asegurar que tales organismos y funcionarios contaran “con

un plazo adecuado para proteger los intereses del Pueblo de

Puerto Rico, sin menoscabo de los intereses de las otras

partes en el pleito, a quienes también les beneficia la

ampliación del plazo”. Exposición de Motivos de la Ley Núm.

143, supra, pág. 466. Véanse, además, Almodóvar v. Warren

Electric Co., 140 D.P.R. 906, 910 (1996); Rivera v. E.L.A.,

supra, pág. 173.

Posteriormente, la Regla 53.1 de Procedimiento Civil

de 1979, supra, sufrió varios cambios.

CC-2010-303

16

En primer lugar, este precepto fue enmendado mediante

la

Ley

Núm.

108

de

7

de

diciembre

de

1993.

Según

el

historial legislativo de este estatuto, los municipios de

Puerto Rico tenían un problema similar al que afrontaba el

Procurador General cuando se aprobó la Ley Núm. 143, supra.

Informe de la Comisión de lo Jurídico Civil del Senado

sobre el P. de la C. 344 de 7 de junio de 1993. El término

de treinta (30) días para formalizar el auto de revisión

resultaba ser muy limitado para los municipios ya que la

preparación del caso requería una coordinación efectiva

entre diversas divisiones o dependencias lo cual consumía

tiempo adicional a los abogados que los representaban. Íd.

Es por ello que, a través de la Ley Núm. 108, supra, el

referido plazo de sesenta (60) días se extendió a aquellos

casos en que los municipios eran parte del pleito.

En segundo lugar, la Regla 53.1 de Procedimiento Civil

de

1979,

supra,

fue

enmendada

como

consecuencia

de

la

aprobación del Plan de Reorganización de la Rama Judicial

Núm. 1 de 28 de julio de 1994, conocido como Ley de la

Judicatura de Puerto Rico de 1994, 4 L.P.R.A. sec. 22 et

seq. (Supl. 1996), mediante el cual, inter alia, se creó el

antiguo

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

como

un

tribunal apelativo intermedio entre el Tribunal de Primera

Instancia y este Tribunal. Con la creación de este foro,

las sentencias finales dictadas en caso civiles ante el

Tribunal de Primera Instancia (incluyendo las sentencias

CC-2010-303

17

emitidas por el Tribunal de Distrito el cual se encontraba

en proceso de abolición) ahora eran revisables mediante la

presentación de un recurso de apelación ante el Tribunal de

Circuito

de

Apelaciones.

Art.

4.002

del

Plan

de

Reorganización Núm. 1, supra, sec. 22k (Supl. 1996).

Para

conformarla

a

este

cambio,

la

Regla

53.1

de

Procedimiento Civil, supra, fue modificada mediante la Ley

Núm. 249 de 25 de diciembre de 1995 de manera que los

términos de treinta (30) y sesenta (60) días dispuestos

para el auto de revisión ahora fuesen aplicables al recurso

de apelación ante el foro apelativo intermedio, hoy día

conocido como Tribunal de Apelaciones.8

Según se puede apreciar, a pesar de que la Regla 53.1

de Procedimiento Civil de 1979, supra, fue enmendada con

posterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 143, supra, el

Procurador General, así como las demás partes involucradas

en el pleito, continuaron disfrutando del beneficio de la

extensión del término de sesenta (60) días para solicitar

que se revise una sentencia dictada por el Tribunal de

Primera Instancia el cual aplica a aquellos casos en el que

el Estado, sus funcionarios o instrumentalidades que no

sean una corporación pública, o los municipios de Puerto

Rico sean parte. De esta manera, se mantuvo el propósito de

la Ley Núm. 143, supra, de proveerle al Procurador General

8

Véanse, Arts. 4.001 a 4.008 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de

2003, según enmendada, conocida como Ley de la Judicatura del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. secs. 24t a 25.

CC-2010-303

tiempo

18

suficiente

para

tramitar

los

casos

que

le

son

referidos de las distintas divisiones del Departamento de

Justicia de forma que pueda representar adecuadamente al

Estado

en

los

tribunales

apelativos

en

todos

aquellos

procedimientos civiles en que éste último sea parte o tenga

algún interés.

D

Al analizar si es necesario que el Estado sea incluido

en el pleito para que aplique el plazo de sesenta (60)

días,

es

importante

Procurador

General

funcionarios

o

ex

señalar

tiene

el

que,

en

ocasiones,

el

deber

de

representar

a

funcionarios

del

gobierno

aunque

el

Estado no sea parte en el litigo.

La Ley Núm. 104, supra, permite que se demande al

Estado y/o a un funcionario o empleado público, “cuando

éste actúa negligentemente u omite actuar según su deber

dentro del marco de las funciones propias de su cargo o

empleo”. García v. E.L.A., 146 D.P.R. 725, 734-735 (1998).

Esta demanda se puede incoar en contra del Estado o del

funcionario, o en contra de ambos conjuntamente. González

Pérez v. E.L.A., 138 D.P.R. 399 (1995); De Paz Lisk v.

Aponte, 124 D.P.R. 472 (1989).

Conforme al Art. 12 de la Ley Núm. 104, supra, los

funcionarios

o

ex

funcionarios

del

Estado

que

sean

demandados en su carácter personal por actos u omisiones

ocurridos

dentro

del

marco

de

sus

funciones

oficiales

CC-2010-303

tienen

19

derecho

a

solicitar

que

el

Estado

les

provea

representación legal.

Para

implantar

esta

directriz,

el

Departamento

de

Justicia aprobó el Reglamento sobre Representación Legal y

Pago de Sentencia, Reglamento Núm. 7622 de 3 de diciembre

de 2008. Este cuerpo reglamentario establece, inter alia,

el

procedimiento

que

deben

seguir

los

funcionarios

del

Estado que sean demandados en su carácter personal para

solicitar y obtener la representación del Departamento de

Justicia.

Como parte de sus disposiciones, el Reglamento dispone

que, una vez el Departamento de Justicia determine proveer

representación legal a un funcionario, tal representación

se

extiende

a

“todos

los

procedimientos

de

revisión

o

apelativos que el Procurador General o el Secretario de

Justicia decidan promover”. Art. 33(a)(1) del Reglamento

sobre Representación Legal y Pago de Sentencia, supra.

Por lo tanto, cuando una persona demanda directamente

a un funcionario del Estado por violaciones a derechos

civiles cometidos por éste en el ejercicio de sus funciones

oficiales y el Departamento de Justicia se hace cargo de su

representación legal, el Procurador General estará obligado

a

representar

a

tal

funcionario

ante

los

tribunales

apelativos aunque no se demande directamente al Estado. El

Procurador General tendrá las mismas obligaciones y deberá

llevar a cabo los mismos procedimientos que realizaría en

CC-2010-303

20

los casos en los que el Estado sea parte en el pleito; lo

cual

incluye

incoar

un

recurso

de

apelación

ante

el

Tribunal de Apelaciones si ello resulta procedente. Véase,

Art. 60 de la Ley Núm. 205, supra.

III

Dentro del marco jurídico antes enunciado, procedamos

a resolver la controversia ante nuestra consideración.

Según indicamos, tanto la Regla 53.1 de Procedimiento

Civil,

supra,

como

la

Regla

13(A)

del

Reglamento

del

Tribunal de Apelaciones, supra, disponen que el término de

sesenta (60) días será aplicable en aquellos casos en que

el Estado, sus funcionarios o instrumentalidades, que no

sean una corporación pública, o los municipios sean parte

en el pleito. En ambos estatutos se utiliza la conjunción

disyuntiva “o” al expresar las personas o entidades que

deben estar incluidos en el litigo para que aplique el

término de sesenta (60) días para presentar el recurso de

apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Al emplearse

esta conjunción, no es necesario que esté presente cada uno

de ellos para que aplique este término, sino que basta con

que

sea

parte

cualquiera

de

las

personas

u

organismos

señalados. Por lo tanto, si la demanda se dirige contra uno

o varios funcionarios del Estado, no es necesario que se

incluya al Estado para que aplique el término de sesenta

(60) días ya que tal situación está cobijada por la Regla

CC-2010-303

21

53.1 de Procedimiento Civil, supra, y por la Regla 13(A)

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

El

período

de

sesenta

(60)

días

aplicará

si

está

presente el Estado o sus funcionarios o cualquiera de las

demás

entidades

mencionadas

en

las

reglas.

Somos

del

criterio que si la intención al establecerse dicho período

era

exigir

requisito

la

para

inclusión

que

del

aplicara

Estado

el

en

el

mencionado

pleito

como

término

de

sesenta (60) días, se hubiese utilizado la conjunción “y”

en la redacción de ambos cuerpos estatutarios.

Por otro lado, aunque la conjunción “o” puede leerse

como conjunción “y” en aquellos casos que sea necesario

para cumplir con la intención legislativa del estatuto que

se

interprete,

en

este

caso

no

procede

hacer

tal

sustitución. La enmienda introducida a través de la Ley

Núm. 143, supra, para extender el término para presentar el

recurso de revisión, ahora de apelación, se llevó a cabo

con el propósito de proveerle al Procurador General tiempo

suficiente para prepararse adecuadamente para sus casos ya

que el término de treinta (30) días resultaba ser muy corto

debido a la dilación que existía en la tramitación de los

casos entre las divisiones internas del Departamento de

Justicia y la Oficina del Procurador General.

Como hemos visto, cuando el Departamento de Justicia

asume la representación de un funcionario público que es

demandado en su carácter personal por actos u omisiones

CC-2010-303

22

incurridos

por

éste

en

el

ejercicio

oficiales,

el

Procurador

continuar

tal

representación

General

ante

de

tiene

los

sus

el

deberes

deber

foros

de

apelativos

aunque el Estado no sea incluido en el pleito. En ese tipo

de casos, si el término aplicable fuera el de treinta (30)

días, ocurriría el mismo problema que la Ley Núm. 143,

supra, trató de evitar. Los casos que son tramitados por

las distintas divisiones del Departamento de Justicia a

nivel de primera instancia serían referidos a la Oficina

del Procurador General cerca del vencimiento del plazo para

presentar el recurso de apelación. El Procurador General no

tendría tiempo suficiente para examinar cuidadosamente el

expediente, llevar a cabo las investigaciones que estime

pertinentes, reunirse con los abogados de las otras partes

de ser necesario, entre otras. Por lo tanto, la intención

del legislador

cobijar

al aprobar la Ley Núm. 143,

también

aquellos

casos

en

que

se

supra, era

demanden

a

funcionarios del Estado directamente por actos u omisiones

cometidos

en

el

ejercicio

de

sus

deberes

y

que

sean

representados por el Procurador General aunque el Estado no

haya sido incluido en el litigio.

Conforme lo expresado, el hecho de que el Estado no

sea parte en este caso no implica que el término aplicable

para presentar el recurso de apelación ante el Tribunal de

Apelaciones era el de treinta (30) días. El peticionario

incoó su Demanda contra varios maestros y policías en su

CC-2010-303

23

carácter personal

en la que alegó que

éstos

le habían

violado sus derechos civiles como consecuencia de varios

actos que tales personas alegadamente cometieron mientras

desempeñaban sus deberes oficiales. Además, el Procurador

General era el representante legal de estos funcionarios

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones

toda

vez

que

el

Departamento de Justicia asumió dicha representación ante

el tribunal de instancia conforme a lo dispuesto en el Art.

12 de la Ley Núm. 104, supra.

En vista de que varios funcionarios del Estado forman

parte

del

pleito

representaba

y

que

legalmente

el

ante

Procurador

el

General

los

a

el

tribunal

quo,

peticionario contaba con un término de sesenta (60) días a

partir del archivo en autos de copia de la notificación de

la

Sentencia

presentar

su

del

Tribunal

recurso

de

de

Primera

apelación

ante

Instancia

para

el

Tribunal

de

cuya

revisión

se

Apelaciones.

La

Sentencia

del

foro

primario

solicita fue dictada y notificada el 28 de diciembre de

2009.

Por

otra

parte,

el

recurso

de

apelación

en

controversia fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones

el 26 de febrero de 2010, sesenta (60) días después de

emitido el dictamen por el foro primario. Por lo tanto, el

recurso

de

apelación

fue

presentado

dentro

del

plazo

dispuesto para ello por lo que el foro apelativo intermedio

tiene jurisdicción para atender el mismo.

CC-2010-303

24

IV

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de

certiorari, se revoca la Sentencia dictada por el Tribunal

de Apelaciones y se devuelve el caso a dicho foro para que

atienda la apelación instada en sus méritos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Alexis Morales Cales, Yolanda

Torres González

Certiorari

Peticionarios

v.

CC-2010-0303

Rafael

Marengo,

Reinaldo

Torres Cruz, Antonio González

Alicea y Ángel Arce

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 13 de mayo de 2011.

Por los fundamentos expuestos, se expide el

auto de certiorari, se revoca la Sentencia dictada

por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el

caso a dicho foro para que atienda la apelación

instada en sus méritos.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez disiente sin opinión

escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo