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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Carrillo Vázquez y otro, Ex Parte

2011 TSPR 75

Poder Judicial de Puerto Rico

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Carrillo Vázquez y otro, Ex Parte

CC-2009-202

Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Samuel Carrillo Vázquez

Ana I. Colón Ortiz

Certiorari

2011 TSPR 75

Ex Parte

181 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC

- 2009 - 202

Fecha: 24 de mayo de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Guayama Panel XI

Juez Ponente:

Hon. Rafael Martínez Torres

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Rafael Torres River

a

Servicios Legales de Puerto Rico, Inc.

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Amir Cristina Nieves Villegas

Procuradora General Auxiliar

Materia:

Adopción

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a

comunidad.

la

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Samuel Carrillo Vázquez

Ana I. Colón Ortiz

Ex parte

CC-2009-202

Certiorari

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2011.

Por estar igualmente dividido el Tribunal,

se dicta Sentencia confirmatoria de la emitida

por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial

de Guayama.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Jueza Asociada señora Pabón Charneco emitió una

Opinión de Conformidad a la cual se unieron el

Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo y el Juez

Asociado señor Rivera García. El Juez Presidente

señor Hernández Denton disiente con Opinión

escrita a la cual se unen la Jueza Asociada

señora Fiol Matta y la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado señor

Martínez Torres está inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Samuel Carrillo Vázquez

Ana I. Colón Ortiz

Ex Parte

Certiorari

Peticionarios

CC-2009-202

Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada Señora Pabón

Charneco a la que se le une el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

y el Juez Asociado señor Rivera García.

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2011.

Por entender que la normativa vigente que regula

el derecho de adopción en Puerto Rico no permite que un

menor sea adoptado por sus abuelos cuando éste siga

relacionándose con su madre biológica, a quien reconoce

como

tal,

estoy

conforme

con

que

se

confirme

el

dictamen del Tribunal de Apelaciones.

Los hechos de este caso son sencillos y no están

en

controversia.

A

continuación

los

exponemos

brevemente.

I

El

18

de

julio

presentaron

ante

el

de

2008,

Tribunal

de

los

peticionarios

Primera

Instancia,

CC-2009-202

2

Sala de Guayama, una solicitud para adoptar a su nieto

S.A.C., quien en aquel momento tenía nueve (9) años de

edad. Expusieron, entre otras cosas, que:

ambos son mayores de edad; que el menor se encuentra bajo

la custodia de los peticionarios desde que nació; que la

madre biológica, Gloria Ileana Carrillo, otorgó Declaración

Jurada

expresando

su

consentimiento

a

la

adopción

del

menor, y; que el peticionario está pensionado y la fuente

de ingresos de ambos proviene de beneficios de veteranos

del

primero.

adopción,

la

Al

momento

madre

del

de

presentarse

menor

tenía

la

petición

tres

(3)

de

hijos

adicionales y se encontraba embarazada. Con excepción de

S.A.C., los demás menores viven con ella. La mamá de S.A.C.

vivió con éste hasta que cumplió cinco (5) años de edad,

fecha en la que decidió mudarse con su entonces compañero

sentimental. Para S.A.C. su madre biológica es su mamá

puesto que le dice “mamí”. Sin embargo le dice “papí” a su

abuelo, el Sr. Samuel Carrillo Vázquez.

La Trabajadora Social del Departamento de la Familia

y la Procuradora de Asuntos de Familia no se opusieron a la

pretendida adopción.

Por

su

parte,

la

madre

biológica

no

pretende

desligarse del vínculo que la une a su hijo y tampoco le

niega cobijo. Más bien, aseveró ante el foro de instancia

que prestaba su consentimiento para la adopción porque el

menor prefiere residir con los abuelos. Véase, Apéndice del

Certiorari, pág. 30.

El Tribunal de Primera Instancia rechazó la solicitud

de adopción. Señaló que “no es suficiente una determinación

CC-2009-202

3

de que el menor tendrá mayores garantías económicas con los

adoptantes”.

Íd.,

pág.

31.

También

expresó

que

las

circunstancias del caso eran medulares para determinaciones

de custodia que no implicaban un caso idóneo en el contexto

de la normativa de adopción. Íd., pág. 30. Concluyó que la

petición desvirtúa los propósitos nobles de la normativa de

adopción porque ésta salvaguarda el interés social de niños

maltratados, desamparados, abandonados y sin hogar alguno.

Íd., pág. 31.

Por estar inconformes, los peticionarios presentaron

una

moción

adicionales,

para

la

solicitar

cual

fue

determinaciones

denegada

por

el

de

hechos

Tribunal

de

Primera Instancia. Posteriormente, acudieron en alzada al

Tribunal de Apelaciones. Este foro confirmó la decisión del

Tribunal de Primera Instancia. Razonó que en este caso no

se daba el rompimiento de la relación del menor con su

madre biológica porque ésta pretendía seguir interactuando

con el menor en una relación filial afectiva. Expuso que

esta pretensión de la madre refleja su deseo de seguir

siendo “mami”. Al igual que el foro de instancia, el foro a

quo señaló que la figura legal para lograr eso sin que la

madre

rompa

sus

vínculos

legales

con

el

menor

y

sin

causarle a éste una confusión en sus relaciones afectivas,

es la concesión de la custodia a los abuelos del menor.

Asimismo apuntó que lo único que se conseguiría concediendo

la adopción del menor a sus abuelos, es que el abuelo,

quien

está

pensionado

por

veteranos,

reciba

un

cheque

adicional del Seguro Social Federal a nombre del menor. En

fin, concluyó que esa relación filial entre el menor y la

CC-2009-202

4

madre es contraria al mandato claro de que se rompa todo

vínculo legal con la familia biológica, según recogida en

el Art. 137 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.

sec. 538, porque el legislador contempló un rompimiento de

vínculos y no una conversión de madre a hermana.

Nuevamente, por estar insatisfechos con ese dictamen,

los

peticionarios

certiorari.

En

acuden

ante

síntesis,

nos

alegan

mediante

que

el

recurso

de

Tribunal

de

Apelaciones erró al resolver que la petición de adopción es

contraria a la política pública y a la normativa que rige

la materia de adopción en Puerto Rico por el hecho de que

la madre biológica continúe relacionándose con su hijo.

II

La adopción es un acto jurídico solemne mediante el

cual

se

sustituye

totalmente

o

de

biológico

natural

una

el

parentesco

persona

por

familiar

otro,

en

un

procedimiento judicial rigurosamente reglamentado. Virella

v.

Proc.

Esp.

Rel.

Fam.,

154

D.P.R.

742,

753

(2001);

Feliciano Suárez, Ex parte, 117 D.P.R. 402, 406 (1986).

Como regla general, supone la ruptura total del vínculo

jurídico-familiar de una persona con su parentela biológica

y la consecuente filiación de ésta con quien o quienes han

expresado su voluntad de que legalmente sea su hijo o hija.

López v. E.L.A., 165 D.P.R. 280, 299 (2005); Zapata et al.

v. Zapata et al., 156 D.P.R. 278, 286 (2002). De esta

manera,

se

extinguen

totalmente

los

vínculos

jurídicos

entre el adoptado y su familia biológica y para todos los

efectos el adoptado se considera como si hubiera nacido

hijo

del

adoptante

con

todos

los

derechos,

deberes

y

CC-2009-202

5

obligaciones que le corresponden por ley. Virella v. Proc.

Esp.

Rel.

Fam.,

supra,

pág.

754;

Feliciano

Suárez,

Ex

Parte, supra, pág. 406; Rivera Coll v. Tribunal Superior,

103 D.P.R. 325, 332 (1975).

El

Art.

137

del

Código

Civil

de

Puerto

Rico,

31

L.P.R.A. sec. 538, recoge en su primer párrafo los efectos

de la adopción antes descritos:

Una vez decretada la adopción, el adoptado será

considerado para todos los efectos legales como hijo

del adoptante con todos los derechos, deberes y

obligaciones que le corresponden por ley. La adopción

por decreto final y firme extinguirá todo vínculo

jurídico entre el adoptado y su familia biológica o

adoptiva anterior. (Énfasis suplido.)

De

ahí

que

en

Puerto

Rico

solamente

existe

la

adopción plena, distinto a como ocurre todavía en otros

países donde persiste la adopción simple o menos plena.1

Véase, R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico

y Legislación Comparada, 1ra ed., San Juan, Educ. Jur.

Cont. Fac. Der. U. Inter., 2002, Vol. II, págs. 1086 y

1093. “E]n general, la adopción plena confiere al adoptado

una filiación que sustituye a la de origen, con la única

excepción

de

matrimoniales,

estado

de

que

se

mientras

hijo

entre

que

mantienen

la

adoptante

los

adopción

y

impedimentos

simple

adoptado

que

crea

un

no

se

extiende a la familia del primero.” Íd., pág. 1093. Así, en

la adopción plena prevalece el principio romano adoptio

naturam imitatur (la adopción imita a la naturaleza) porque

1

La distinción entre la adopción plena y menos plena apareció en el

Derecho Justiniano. “La adopción plena se daba cuando el adoptante era

ascendiente consanguíneo del adoptado. Sus efectos eran todos los

inherentes a la patria potestad. En la menos plena, el adoptado se

conservaba dentro de su grupo familiar biológico y adquiría

prácticamente sólo el derecho a suceder abintestato al adoptante.”

(Nota al calce omitida.) M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, 124

D.P.R. 910, 916 (1989).

CC-2009-202

6

establece el parentesco del adoptado con el adoptante y

toda su familia. Íd., pág. 1086. “El adoptado se convierte

para todos los efectos jurídicos en hijo matrimonial del

adoptante...”. Íd.; Véase además, J. Guitrón Fuentevilla,

Aplicación del método comparativo a las disposiciones del

libro

primero

del

Código

Civil

de

Puerto

Rico

de

1930

(Personas y Familia) y a las mismas del Código Civil de

México,

Distrito

Federal

de

2000

y

criterios

jurisprudenciales en Derecho Familiar en ambos países, 41

Rev. Jur. U. Inter. P.R. 317, 336 (2007). Sin embargo, la

adopción menos plena no crea parentesco entre la familia

biológica del adoptante y el adoptado. Íd., pág. 1086.

Empero,

por

vía

jurisprudencial,

este

Tribunal

reconoció una excepción a la norma general de rompimiento

de vínculos. En Ex Parte J.A.A., 104 D.P.R. 551 (1976), la

peticionaria (una mujer soltera) solicitó adoptar a la hija

de su ex compañero sentimental. Allí señalamos que cuando

la petición de adopción se hace individualmente, es decir,

el adoptante es una sola persona y, a su vez, ésta no es el

cónyuge del padre o la madre del niño, el tribunal deberá

determinar

si

adoptado

opera

la

ruptura

respecto

del

de

parentesco

ambas

biológico

líneas

(paterna

del

y

materna), o respecto de una solamente. Íd., pág. 558. Véase

además, Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra, págs. 754755 esc. 27. Al fundamentar esa determinación dijimos que

en casos de adopción individual el Código Civil de Puerto

Rico

no

impide

que

el

adoptado,

al

adquirir

un

padre

adoptivo, siga vinculado en su parentesco natural con su

CC-2009-202

7

madre biológica y viceversa. Ex Parte J.A.A., supra, pág.

558.

No

obstante,

ese

no

fue

el

único

fundamento

que

esbozamos al establecer la excepción. También expresamos

que “mediante la adopción debe crearse para el adoptado una

situación

natural

que

del

en

ser

lo

posible

humano”.

Íd.

se

iguale

Esto,

a

sin

la

duda,

condición

pesó

en

nuestra determinación al destacar el hecho de que la niña

no había conocido otra madre que la peticionaria, por lo

que para ella sus padres eran la peticionaria y su papa

biológico (ex compañero sentimental de la peticionaria).

Íd., págs. 559-560. Así, resaltamos que la adopción por la

peticionaria venía a consagrar ante la ley la situación de

hechos que la niña había conocido durante toda su vida.

Íd., pág. 560. Señalamos que si se consentía la adopción

por la peticionaria a base de que la niña dejara de ser

hija

de

su

padre,

se

desnaturalizaría

el

propósito

legislativo. Íd. Por ende, concluimos que la niña podía

seguir siendo hija de su padre y tener a la peticionaria

como su legítima madre. Íd.

A

posteriori,

esta

excepción

fue

codificada

en

el

primer párrafo del Art. 138 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 539, mediante la Ley Núm. 8 de 19 de

enero de 1995. Véase, Serrano Geyls, op. cit., págs. 11961197. Dicho artículo dispone en lo pertinente que:

los vínculos jurídicos del adoptado con su familia

paterna o materna anterior subsistirán cuando el

adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque

el padre o madre hubiere fallecido a la fecha de

presentación de la petición de adopción, o cuando el

adoptado proviene de una única filiación y es

adoptado por persona de distinto sexo al del padre o

madre que lo ha reconocido como su hijo. (Énfasis

CC-2009-202

8

suplido.) Art. 138 del Código Civil de Puerto Rico,

supra.

El

Art.

178

del

Código

Civil

de

España

contenía,

hasta el 20052, una disposición similar. Señalaba que:

1. La adopción produce la extinción de los

vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia

anterior.

2.

Por

excepción

subsistirán

los

vínculos

jurídicos con la familia paterna o materna, según

el caso:

1. Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del

adoptante, aunque el consorte hubiere fallecido.

2. Cuando sólo uno de los progenitores haya sido

legalmente determinado y el adoptante sea persona

de distinto sexo al de dicho progenitor, siempre

que tal efecto hubiere sido solicitado por el

adoptante, el adoptado mayor de doce años y el

padre o madre cuyo vínculo haya de persistir.

Véase, A. J. Pérez Martín, Derecho de Familia:

Adopción,

Acogimiento,

Tutela

y

Otras

Instituciones

de

Protección

de

Menores,

Valladolid, Ed. Lex Nova, 1995, págs. 547-548.

Véase

también,

Código

Civil

Español,

en

http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/cc/indexc

c.htm

2

En el 2005, el Art. 178 del Código Civil de España fue enmendado

mediante la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modificó el

Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (BOE núm.

157, de 02-07-2005, p. 23632-23634). Actualmente dicho artículo lee:

1. La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos

entre el adoptado y su familia anterior.

2. Por excepción subsistirán los vínculos jurídicos

familia del progenitor que, según el caso, corresponda:

1. Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge

adoptante, aunque el consorte hubiere fallecido.

con

la

del

2. Cuando sólo uno de los progenitores haya sido

legalmente determinado, siempre que tal efecto

hubiere sido solicitado por el adoptante, el

adoptado mayor de doce años y el progenitor cuyo

vínculo haya de persistir.

3. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin

perjuicio de lo dispuesto sobre impedimentos matrimoniales.

Véase,

Código

Civil

Español,

en

http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/cc/indexcc.htm

CC-2009-202

9

Bajo la segunda excepción, que es la misma que

reconoció este Foro en Ex Parte J.A.A., supra, para

que no se extinguieran los vínculos jurídicos después

de la adopción, respecto del padre o la madre, era

necesario que, inter alia, solamente una persona fuera

la que adoptara porque, de ser dos, obligatoriamente

serían de distinto sexo. Pérez Martín, op. cit., pág.

548. Lógicamente, la excepción excluía la adopción en

pareja

porque

solamente

se

y

a

una

que

la

pareja

conjuntamente

a

un

consiguiente,

al

requerir

fuera

de

distinto

hombre

sexo,

permitía

forzosamente,

adoptar

mujer.

Por

adoptante

uno

de

los

adoptantes sería del mismo sexo del progenitor y no se

cumpliría la excepción. Ese requisito es totalmente

aplicable

en

nuestra

jurisdicción

porque

aquí

solamente pueden adoptar parejas casadas entre sí que

sean de sexos opuestos. Véanse: Arts. 68 y 133 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 221 y

534; Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra.

Como puede apreciarse, según lo señalamos en Ex

Parte J.A.A., supra, pág. 558, el propósito subyacente

bajo esta excepción es permitirle al adoptado estar en

una

situación

que

en

lo

posible

se

iguale

a

la

condición natural del ser humano. Es decir, que el

adoptado pueda relacionarse con una figura paterna y

materna. Ello se logra permitiendo que, por excepción,

luego de la adopción subsista el vínculo biológico

CC-2009-202

10

entre el adoptado y el progenitor que lo reconoció, si

éste tiene el sexo opuesto del adoptante.

Por otro lado, la institución de la adopción tiene

varios fines. Hemos expresado que ésta busca brindarles a

los niños y niñas sin padres la oportunidad de que se

puedan criar y educar en el seno de un hogar adecuado.

Zapata et al. v. Zapata et al., supra, pág. 286. “Ello, en

atención a la problemática social que aqueja a nuestra

sociedad de niños abandonados o maltratados dentro de un

hogar en el cual se supone que reciban amor, protección y

cuidado”. López v. E.L.A., supra, pág. 300; Zapata et al.

v. Zapata et al., supra, pág. 287. A su vez, la adopción

les

facilita

a

los

padres

sin

hijos

la

oportunidad

de

tenerlos y asegurar la continuidad de su familia. Virella

v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra, pág. 754; M.J.C.A., menor

v. J.L.E.M., menor, 124 D.P.R. 910, 916 y 922 (1989). Pero

sobre

todo,

la

institución

de

la

adopción

busca

salvaguardar el interés del adoptado. Ex Parte Warren, 92

D.P.R. 299, 302 (1965). Por eso, hemos afirmado que el

interés principal de la adopción es el bienestar del menor.

López v. E.L.A., supra, pág. 300; Virella v. Proc. Esp.

Rel. Fam., supra, pág. 754.

En 1995 se aprobó legislación para enmendar la figura

de

la

adopción

en

Puerto

Rico,

tanto

en

su

dimensión

procesal como sustantiva. En su vertiente procesal, la Ley

Núm. 9 de 19 de enero de 1995, 32 L.P.R.A. sec. 2699 et

seq., enmendó la Ley de Procedimientos Legales Especiales.

En su Exposición de Motivos esta ley declara que el Estado

tiene

un

interés

apremiante

en

cuidar

y

promover

la

CC-2009-202

conservación

11

de

la

unidad

familiar

y

en

prevenir

la

desintegración de la familia, por lo que es un derecho

inalienable de los niños el poder vivir y crecer dentro del

seno de un hogar feliz y al calor de sus padres. Sin

embargo, también expone que el Estado tiene el deber social

de tomar todas las medidas a su alcance para proteger el

bienestar de los menores de edad de los abusos y abandonos.

En

ese

sentido,

el

estatuto

señala

que

busca

proteger

particularmente a los menores maltratados, abandonados y

desamparados, para que mediante la adopción estos puedan

formar parte de hogares estables.

Mediante esta ley, la Asamblea Legislativa pretendió

ampliar y facilitar el uso del mecanismo de la adopción

para que pudiera ser utilizado de forma más amplia y rápida

por personas que desean acoger como padres en el seno de su

hogar a menores e incapacitados en estado de desamparo y

abandono. López v. E.L.A., supra, pág. 300. En esencia,

esta

Ley

se

aprobó

para

superar

los

serios

escollos

y

dilaciones innecesarias que caracterizaban el procedimiento

de adopción anterior. Íd. En ese contexto, “favorece la

ruptura expedita de los lazos biológicos para crear una

nueva y mejor relación paterno filial no determinada por la

consanguinidad”.

(Énfasis

suplido.)

Estrella,

Monge

v.

Figueroa Guerra, 170 D.P.R. 644, 659 (2007).

Por su parte, la Ley Núm. 8 de 19 de enero de 1995,

31 L.P.R.A. sec. 531 et seq., reguló la adopción en su

vertiente sustantiva. Por medio de esta ley se enmendó el

articulado sobre adopción en el Código Civil de Puerto

Rico. Véase, Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra, pág.

CC-2009-202

12

754. Este estatuto tuvo el propósito de flexibilizar la

institución de adopción. Íd., pág. 755. Asimismo, en su

Exposición de Motivos esta Ley establece que los niños

tienen como derecho inalienable vivir y crecer dentro del

seno

de

un

hogar

feliz

y

al

calor

de

sus

padres

progenitores y que es deber del Estado tomar las medidas

necesarias para la protección y el bienestar de la niñez y

de la juventud.

Como

puede

tuvieron

idéntico

adopción

para

apreciarse,

propósito:

brindarles

“[a]mbas

utilizar

hogares

a

legislaciones

el

mecanismo

menores

que

así

de

lo

necesitaran”. (Énfasis en el original.) López v. E.L.A.,

supra, pág. 301. Además, ambas leyes “se mueven entre dos

polos: el derecho de los niños a vivir con sus progenitores

y el deber del Estado de proteger a esos niños en casos de

abandono o maltrato”. Serrano Geyls, op. cit., pág. 1100.

En

cuanto

a

la

interpretación

de

estos

estatutos,

hemos señalado que deben interpretarse de forma liberal, a

favor del adoptado. Íd., pág. 303; Virella v. Proc. Esp.

Rel. Fam., supra, pág. 756. No obstante, también hemos sido

enfáticos

al

advertir

que

la

liberalidad

en

la

interpretación no puede llevarnos a violentar la intención

legislativa y, tampoco, a consagrar absurdos. Íd.

Ciertamente, en nuestro ordenamiento no existe ningún

impedimento

para

que

un

ascendiente

adopte

a

un

descendiente. M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, supra,

pág. 931. Sin embargo, esto no significa que un ascendiente

pueda

adoptar

a

un

descendiente

al

margen

de

la regla

general de que la adopción desarraiga al adoptado de todo

CC-2009-202

vínculo

13

de

parentesco

y

de

todo derecho

respecto

a

su

familia biológica. Véase, Íd., pág. 933.

Precisamente, en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor,

supra,

este

Foro

atendió

una

petición

de

adopción

presentada por los abuelos paternos de un huérfano de padre

y madre. En ese caso la controversia giraba en torno a si

los abuelos paternos podían adoptar a su nieto, aun cuando

fueron nombrados tutores testamentarios, no rindieron las

cuentas de la tutela y la abuela materna no fue oída en el

procedimiento donde tanto ella como el hermano materno del

menor se oponían a la adopción. Íd., págs. 914-915. El

Tribunal

resolvió

que

los

abuelos

paternos

tenían

que

rendir las cuentas de la tutela para ser adoptantes, por lo

que el Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción

hasta

que

no

operaciones

se

sobre

verificasen

la

tutela.

Íd.,

las

correspondientes

págs.

931.

Además,

resolvió que la abuela materna tenía derecho a ser oída en

el proceso de adopción. Íd., pág. 932. Por ende, se decretó

la nulidad de la adopción y se devolvió el caso al foro de

instancia para que celebrara una vista en su fondo con

intervención

de

la

abuela

materna

y

se

les

diera

la

oportunidad a los abuelos paternos de rendir las cuentas de

la tutela. Íd., págs. 934-935.

Sin embargo, en un dictum, el Tribunal acotó que,

aunque como regla general la adopción rompe el vínculo

biológico

del

adoptado,

la

adopción

por

los

abuelos

paternos no necesariamente tenía que desvincular al menor

de su familia biológica por la línea materna. Íd., págs.

933-934. Señaló que el fundamento que se esbozó en el caso

CC-2009-202

14

de Ex parte J.A.A., supra, era igualmente válido a ese

escenario porque se trataba de un menor huérfano de padre y

de madre, con un hermano biológico por la línea materna y

donde los ascendientes de primer grado por ambas líneas

habían

demostrado

un

gran

interés

en

el

bienestar

del

menor. Íd., pág. 934.

Con independencia de que tales pronunciamientos se

hicieran

por

medio

de

un

dictum,

en

general

la

extrapolación que hizo el Tribunal en M.J.C.A., menor v.

J.L.E.M., menor, supra, de la excepción reconocida en Ex

parte J.A.A., supra, tenía unas bases análogas. De ser

adoptado por sus abuelos paternos y mantenerse su relación

con su abuela y hermano por la línea materna, se hubiera

creado para él una situación similar a la condición natural

del ser humano pues podría estar vinculado a una figura

paterna (abuelo paterno), materna (abuela paterna), a un

hermano y a su abuela materna. Además, al ser huérfano no

existía el problema de que mantuviera el vínculo biológico

del menor por la línea materna porque éste no iba a tener

más de una mamá.

Posteriormente, en Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam.,

supra, este Tribunal, tomo como base los pronunciamientos

que hizo en

M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, supra,

para emitir otro dictum de esa índole. Allí, los abuelos

paternos, presentaron una petición conjunta para adoptar a

su nieta, que luego enmendaron para que el abuelo paterno

apareciera como adoptante único. La enmienda se debió a que

la madre biológica de la menor quería retener la patria

potestad y la custodia legal sobre su hija, y deseaba que

CC-2009-202

15

ésta conservara su segundo apellido. Así, la controversia

que tuvo el Tribunal ante sí era si las excepciones a la

norma de adopción conjunta para los cónyuges establecidas

en el Art. 133 del Código Civil, supra, constituían una

enumeración taxativa o meramente ilustrativa. Virella v.

Proc. Esp. Rel. Fam., supra, pág. 752. El Tribunal resolvió

que las excepciones a la norma de adopción conjunta eran

una

enumeración

taxativa.

Íd.,

pág.

758.

Por

lo

tanto

determinó que el abuelo no podía adoptar individualmente

porque estaba casado. Íd., pág. 760.

No obstante, el Tribunal no se conformó con resolver

la controversia que tenía ante su consideración. Nuevamente

emitió un dictum en el que señaló, citando a M.J.C.A.,

menor v. J.L.E.M., menor, supra, que “nada impide que los

tribunales, en casos particulares, concedan la adopción y

opten

por

conceder

la

patria

potestad

a

los

abuelos

paternos con la custodia compartida entre estos y la madre

biológica del menor”. (Citas omitida.) Íd. Es decir, el

Tribunal fue más lejos porque intimó que la adopción no

tiene que necesariamente desvincular a un menor de su madre

cuando éste es adoptado por sus abuelos. Este Foro ignoró

que en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, supra, no había

de por medio una madre biológica.

Por eso, a mi juicio, esas expresiones se abstrajeron

de los fundamentos que se esgrimieron cuando se reconoció

la excepción de Ex parte J.A.A., supra. En el supuesto de

que se permitiera la adopción conjunta de los abuelos y, a

su vez, que no se rompiera el vínculo biológico entre la

madre y el adoptado, éste hubiera tenido un padre y dos

CC-2009-202

16

madres, siendo su progenitora además, su hermana legal. A

nuestro

juicio,

eso

no

crearía

para

el

adoptado

una

situación similar a la condición natural del ser humano.

Con

este

marco

teórico

en

mente,

procedemos

a

analizar los hechos del presente caso.

III

Aquí no estamos ante un menor abandonado, maltratado,

desamparado o necesitado de un hogar. Aunque reconocemos

que la adopción puede ser asequible a otras instancias en

las cuales no medien estrictamente esas condiciones, lo

cierto es que la política pública acuciante proyectada en

las Leyes Núm. 8 y Núm. 9, supra, es proteger a menores

enmarcados en ese perfil. Tampoco estamos ante una petición

de adopción de vínculo sencillo en la que se busca darle un

padre al menor S.A.C. Aquí la solicitud de adopción es de

doble

vínculo

aplicación

la

(abuelo

y

excepción

abuela),

por

lo

que

no

reconocida

en

Ex

Parte

es

de

J.A.A.,

supra, estatuida en el Art. 138 del Código Civil, supra.

Asimismo, me parece que los fundamentos que movieron al

Tribunal a establecer esa excepción no están presentes en

el caso de autos.

Si permitimos que los peticionarios adopten al menor

y

que,

por

excepción,

la

madre

biológica

siga

relacionándose con éste en calidad de mamá, subsistiría una

relación

filial

afectiva

idéntica

a

la

del

parentesco

biológico pero con una anomalía palpable: los peticionarios

se convertirán de jure en los padres del menor y su madre,

a quién éste considera su mamá, en su hermana legal. Soy

del

parecer

que

ello

no

crearía

para

el

adoptado

una

CC-2009-202

situación

17

que

en

lo

posible

se

iguale

a

la

condición

natural del ser humano. Si se concede la adopción, la ley

formalizaría una realidad distinta a la experimentada por

S.A.C. porque convertiría a su abuela en su madre legal

cuando éste a quien reconoce como “mamí” es a su madre

biológica.

En

este

caso,

su

madre

se

convertirá

en

su

hermana legal y sus hermanos en sus sobrinos legales. Por

eso,

creo

términos

no

que

es

la

concesión

afín

a

la

de

la

adopción

intención

bajo

esos

legislativa,

según

expuesta en las Leyes Núm. 8 y 9, supra, que favorece la

ruptura expedita de los lazos biológicos para crear una

nueva y mejor relación paterno filial no determinada por la

consanguinidad. López v. E.L.A., supra, pág. 300.

Aquí,

distinto

a

lo

ocurrido

en

Ex

Parte

J.A.A.,

supra, la adopción no viene a consagrar ante la ley la

situación que S.A.C. ha conocido durante toda su vida. Si

bien el menor reconoce a su abuelo como su papá, no es

menos cierto que para él su mamá es su progenitora. De

hecho, ésta no le niega cobijo a S.A.C. Lo que señala es

que

S.A.C.

prefiere

residir

con

los

abuelos.

Tales

expresiones demuestran que la progenitora está dispuesta a

hacerse responsable de S.A.C. y a seguir fungiendo su rol

de madre.

Por otro lado, como indicaron tanto el Tribunal de

Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones, nada

impide

que

los

peticionarios

soliciten

la

custodia

de

S.A.C. En primer lugar, las determinaciones sobre custodia

en nuestra jurisdicción deben hacerse a base del bienestar

y los mejores intereses del menor. Rivera v. Morales, 167

CC-2009-202

18

D.P.R. 280, 293 (2006); Nudelman v. Ferrer Bolivar, 107

D.P.R. 495, 509 (1978); Marrero Reyes v. García Ramírez,

105 D.P.R. 90, 104 (1976). No existe una regla mecánica de

que los padres biológicos deben prevalecer siempre en los

reclamos

de

custodia.

Marrero

Reyes

v.

García

Ramírez,

supra, pág. 105. Por ello, es necesario que los tribunales

consideren distintos factores al momento de determinar el

bienestar del menor al adjudicar casos de custodia. Estos

son: la preferencia del menor, su sexo, edad, salud mental

y física; el cariño que pueden brindarle las partes en

controversia; la habilidad de las partes para satisfacer

las

necesidades

afectivas

y

morales

del

menor;

la

interrelación del menor con las partes y con otros miembros

de la familia; el grado de ajuste del menor al hogar, la

escuela y la comunidad en que vive; y la salud psíquica de

las partes. Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R. 130, 160-161

(2004); Marrero Reyes v. García Ramírez, supra, pág. 105.

Por lo tanto, si realmente el mejor bienestar de S.A.C.

está

con

sus

abuelos,

aunque

los

padres

biológicos

soliciten la custodia no se les concederá. Así lo provee

nuestro ordenamiento.

En segundo lugar, la madre de S.A.C. no le ha negado

cobijo. Además, no surge de los autos que ésta se haya

despreocupado

por

el

menor

o

que

lo

haya

maltratado,

abandonado o despreciado. Al contrario, ella lo que dice es

que

consiente

la

adopción

porque

eso

es

lo

que

quiere

S.A.C. A nuestro juicio, ello revela que la madre sí se

preocupa por el menor y quiere lo mejor para él. Por eso,

no podemos colegir categóricamente que si la madre tuviera

CC-2009-202

la

19

custodia

del

menor

se

trastocaría

la

seguridad

y

estabilidad de éste.

Ahora bien, distinto a la custodia, si se le concede

la adopción a los peticionarios, el abuelo del menor, el

señor

Carrillo

Vázquez,

podrá

solicitar

un

beneficio

económico adicional al que actualmente recibe por parte del

Gobierno Federal por tener un dictamen de incapacidad. Si

adopta a S.A.C. podría recibir un cheque adicional por

concepto de seguro social a nombre del menor. Véase,

Sec.

202 (d)(1) del Social Security Act,3 42 U.S.C. sec. 402

(establece

que

los

hijos

menores

dependientes

de

las

personas incapacitadas bajo dicho estatuto, tienen derecho

a recibir un beneficio económico). Véase además, Torres

Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, res. 29 de diciembre de

2009, 177 D.P.R. ___ (2009), 2009 T.S.P.R. 187.

No cabe duda que uno de los fines de la adopción es

que al adoptado se le provea seguridad económica. Ese fin

en sí mismo es loable. Sin embargo éste no puede justificar

toda

forma

en

que

se

pretenda

satisfacer:

“el

fin

no

siempre justifica los medios”.

En primer lugar, creo que la petición de adopción no

puede

fundamentarse

en

la

obtención

de

un

beneficio

económico de esta naturaleza porque existe el riesgo de que

futuros

adoptantes

hagan

peticiones

de

adopción

con

el

propósito de recibir la ayuda económica que proporcionan

distintas entidades del Gobierno, como lo es el seguro

social, para beneficiarse a sí mismos y no al adoptado. No

3

Ley Púb. Núm. 92-603 del 14 de agosto de 1935 conocida como “Social

Security Act”, Títulos IV-A y XVI, según enmendada.

CC-2009-202

20

debemos olvidar que en estos casos, por ser el adoptado

menor de edad, será el adoptante quien, como norma general,

termine

administrando

el

dinero

que

reciba

el

primero.

Además, es muy difícil determinar si el adoptante quiere

adoptar para ayudar al menor o para ayudarse a sí. Por eso,

el mero hecho de que la concesión de la adopción esté

relacionada

con

este

tipo

de

beneficio,

plantea

la

posibilidad de que se pueda defraudar al Gobierno.

En

segundo

económica

de

lugar,

un

menor

no

considero

puede

que

estar

la

seguridad

supeditada

a

la

posibilidad de que con la adopción se pueda recibir un

beneficio económico por parte del Gobierno. Ello porque la

obtención

de

tal

beneficio

no

está

garantizada

y

la

adopción no debe evaluarse a base de meras posibilidades.

Tiene que haber la mayor certeza posible de que el menor

tendrá seguridad económica. Después de todo, el decreto de

adopción tiene que basarse en el mejor interés y bienestar

del

menor.

Por

eso,

entiendo

que

la

finalidad

de

la

seguridad económica se tiene que analizar al momento de la

petición de la adopción y no a base de una posibilidad

futura. Es decir, si el adoptante puede brindarle seguridad

económica al adoptado al momento en que hace la petición de

adopción.

En

mejores

consecuencia,

no

creo

que

sea

cónsono

intereses

un

menor

que

es

candidato

de

con

a

los

ser

adoptado, el que los tribunales consideren como uno de los

criterios para conceder la adopción, que el Gobierno le

pueda proporcionar un beneficio económico. Por un lado,

ello propicia que personas inescrupulosas quieran adoptar

CC-2009-202

21

para beneficiarse de esa ayuda económica y, por otro lado,

sujeta o condiciona la seguridad económica del menor a la

posibilidad de que el Gobierno conceda ese beneficio. Esto

no le hace justicia a ningún menor que pueda ser adoptado.

IV

Por

confirme

los

el

fundamentos

dictamen

del

expuestos,

procede

que

se

Tribunal

Apelaciones

por

de

entender que no procede la adopción del menor bajo las

circunstancias del presente caso por ser contraria a la

normativa vigente que regula el derecho de adopción en

nuestra jurisdicción.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Samuel Carrillo Vázquez

Ana I. Colón Ortiz

Ex parte

Certiorari

CC-2009-202

Peticionarios

Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente SEÑOR

HERNÁNDEZ DENTON a la cual se unen la Jueza Asociada SEÑORA

FIOL MATTA y la Juez Asociada SEÑORA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.

San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2011.

El

día

de

hoy,

unos

abuelos

se

ven

imposibilitados de adoptar al nieto que han criado

como si fuese un hijo por el mero hecho de que la

madre del menor se relaciona con éste. Por estar este

Tribunal

igualmente

dividido,

se

confirma

una

sentencia del Tribunal de Apelaciones que denegó la

adopción bajo el fundamento principal de que lo que

estos

abuelos

pretenden

contravendría

la

política

pública y la normativa sobre la adopción. No estamos

de acuerdo con una interpretación tan restrictiva de

la ley, sobre todo cuando, como sucede en este caso,

su aplicación lleva a un resultado contrario a los

mejores intereses del menor.

El bienestar del menor

CC-2009-202

es,

2

precisamente,

llamados

a

el

bien

jurídico

proteger.

Por

estas

que

por

razones,

ley

las

venimos

cuales

se

detallan a continuación, hubiésemos revocado la sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones

y

permitido

la

adopción

del

menor por sus abuelos, los peticionarios.

I.

La

Sra.

Gloria

Ileana

Carrillo

Colón

tenía

14

años

cuando dio a luz al menor S.A.C. en 1999. Desde que nació,

el menor

ha vivido en

casa de sus abuelos

maternos, el

Sr. Samuel Carrillo Vázquez y la Sra. Ana I. Colón Ortiz.

Inicialmente,

el

menor

vivió

allí

junto

a

su

madre

biológica. Posteriormente, cuando el niño tenía cinco años,

su

madre

se

sentimental,

fue

a

vivir

quedándose

su

con

su

hijo

bajo

entonces

la

compañero

guarda

de

sus

abuelos maternos, con quienes vive hasta el día de hoy. El

menor reconoce que la señora Carrillo Colón es su madre

biológica, refiriéndose a ella como “mami”. Sin embargo, le

dice “papi” a su abuelo, aun cuando conoce a su presunto

padre biológico, quien no lo ha reconocido como su hijo.4

Así

las

cosas,

el

18

de

julio

de

2008,

el

señor

Carrillo Vázquez y la señora Colón Ortiz presentaron ante el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, una petición

para adoptar a su nieto S.A.C., quien para esa fecha tenía

4

Al momento de presentarse esta petición de adopción,

la señora Carrillo Colón, madre biológica del menor, tenía

tres hijos adicionales y se encontraba a la espera de un

quinto hijo. Excepto por el menor S.A.C., todos los otros

hijos de la señora Carrillo Colón viven con ella y su

compañero sentimental. Para esa misma fecha, el presunto

padre biológico del menor se hallaba confinado.

CC-2009-202

3

nueve años.5 A tales efectos, expusieron que gozan de buena

reputación

en

la

comunidad

y

que

están

en

condición

de

continuar proveyéndole al menor un hogar estable, sano y

moral, y de atender sus necesidades emocionales, materiales

y económicas. Además, revelaron que su fuente de ingresos

consiste de los beneficios que el señor Carrillo Vázquez

recibe en calidad de veterano.

La

solicitud

de

adopción

vino

acompañada

de

una

declaración jurada otorgada por la señora Carrillo Colón,

madre biológica del menor e hija de los peticionarios, en la

que ésta consiente a que sus padres —los abuelos de S.A.C.—

adopten

a

su

hijo.6

Asimismo,

la

trabajadora

social

del

Departamento de la Familia y la Procuradora de Asuntos de

Familia no se opusieron a la solicitud de adopción, pues

coincidieron en que los peticionarios tienen la capacidad

para garantizar el bienestar del menor. Así lo manifestaron

en una vista celebrada el 20 de octubre de 2008 por el

Tribunal de Primera Instancia.

No obstante, el foro primario denegó la petición por

entender que ésta desvirtúa el enfoque de nuestra normativa

sobre adopción. Razonó que dicha normativa salvaguarda el

interés

social

de

niños

maltratados,

desamparados,

5

Como cuestión de hecho, a la fecha de presentación de

la petición, los peticionarios, el Sr. Samuel Carrillo

Vázquez y la Sra. Ana I. Colón Ortiz, tenían 56 y 44 años,

respectivamente.

6

Allí, la Sra. Gloria Ileana Carrillo Colón declaró:

“Que por la presente libre y voluntariamente AUTORIZO Y NO

TENGO OBJECIÓN a que mi hijo se[a] ADOPTADO LEGALMENTE POR

SUS ABUELOS SAMUEL CARRILLO VÁZQUEZ Y ANA LILIAM COLÓN

ORTIZ para todos los efectos legales”.

CC-2009-202

4

abandonados y sin hogar alguno, consideraciones que, según

dicho foro, están ausentes en este caso. De igual forma,

concluyó que la presente petición está motivada por el deseo

de que el menor cuente con mayor protección económica. Sobre

este particular, sostuvo que una adopción no puede basarse

meramente en la determinación de que, económicamente, el

menor estará mejor con los adoptantes.

Inconformes, los peticionarios presentaron una moción

para solicitar determinaciones de hechos adicionales. Dicha

moción fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia.7

Así

las

cosas,

los

peticionarios

acudieron

ante

el

Tribunal de Apelaciones. La Procuradora General compareció y

se expresó a favor de la adopción solicitada. No obstante,

el

foro

apelativo

intermedio

confirmó

la

decisión

del

tribunal de instancia de denegar la adopción. Dicho foro

entendió que la relación que la madre biológica pretende

seguir teniendo con su hijo es contraria al mandato de que,

mediante la adopción, se rompa todo vínculo legal con la

familia biológica. Razonó que el legislador contempló un

rompimiento

de

vínculos,

no

una

conversión

de

madre

a

hermana. Según el Tribunal de Apelaciones, tal situación

7

De la resolución emitida a tales efectos por el foro

de

instancia,

resultan

relevantes

las

siguiente

expresiones:

Tomamos excepción de las expresiones de la

parte peticionaria al inferir una veda particular

a las peticiones de adopción promovidas por

abuelos. Ciertamente esa no es la postura de este

Tribunal, según evidencia nuestro récord judicial

en atención de solicitudes instadas por abuelos y

familiares, en circunstancias que se enmarcan

dentro del fin perseguido por la normativa de

adopción.

CC-2009-202

5

crearía una confusión en la psiquis del niño, la cual hace

que la adopción no propenda al mejor interés y bienestar del

menor. Este elemento, entendió el juzgador apelativo, no fue

considerado por la trabajadora social. Dicho foro concluyó

además

que

la

madre

biológica

del

menor

no

quería

o

comprendía las consecuencias de la adopción, razón por la

cual su consentimiento estuvo viciado y procedía desestimar

la acción. Por último, el foro apelativo intermedio concluyó

que lo único que se lograba con la presente adopción era que

el menor se beneficiara de la compensación por incapacidad

que su abuelo, el señor Carrillo Vázquez, recibía en calidad

de veterano. Tal beneficio económico, concluyó, no podía ser

el fundamento para cambiar la filiación de un menor. Según

el Tribunal de Apelaciones, la custodia es la figura legal

que permitiría formalizar la responsabilidad que los abuelos

asumieron con el menor, sin que la madre biológica rompa sus

vínculos legales con él y sin causarle una confusión en sus

relaciones afectivas.

Insatisfechos

con

este

dictamen,

los

recurso

de

acudieron

ante

nos

mediante

esencia,

alegan

que

el

Tribunal

de

peticionarios

certiorari.

Apelaciones

erró

En

al

resolver que la presente petición de adopción es contraria a

la política pública y la normativa en materia de adopción

por el mero hecho de que la madre biológica continuaría

relacionándose

con

expedimos

recurso

el

peticionarios

su

hijo.

presentaron

El

8

de

de

2009,

solicitado.

Oportunamente,

los

su

Por

la

alegato.

octubre

su

parte,

Procuradora General compareció y, una vez más, se expresó a

CC-2009-202

6

favor de la adopción solicitada.

Establecidos los hechos

pertinentes

del

y

el

tracto

procesal

caso,

repasemos

el

derecho aplicable a la controversia.

II.

A.

Los abuelos desempeñan un papel fundamental en nuestra

sociedad,

interviniendo

activamente

en

las

vidas

de

sus

nietos cada vez con mayor frecuencia. Rexach v. Ramírez, 162

D.P.R. 130, 156 y 136 (2004). A tales efectos, en Alonso

García v. S.L.G., 155 D.P.R. 91, 100-101 (2001), expresamos:

La sociedad puertorriqueña ha reconocido

tradicionalmente que los abuelos son una figura

esencial en la formación y desarrollo de los

nietos. Hoy, son muchos los abuelos que atienden y

cuidan a sus nietos mientras ambos padres trabajan

en busca de unos ingresos proporcionados al costo

de vida. Comúnmente, los abuelos se preocupan por

la salud, la alimentación, el bienestar y la

seguridad de sus nietos. Además, se esmeran en

brindarles cariño, atención y orientación. (Citas

omitidas).

Así

como

hay

abuelos

cuyo

rol

es

el

de

atender

y

cuidar a sus nietos mientras los padres trabajan, existen

abuelos

que

tienen

nietos.

Según

la

responsabilidad

estadísticas

del

de

Negociado

criar

del

a

sus

Censo

de

Estados Unidos (U.S. Census Bureau), en Puerto Rico, 59,815

abuelos son responsables por sus nietos menores de 18 años;

de ese número, 40,187 son casados (67.2%) y 37,860 son

mujeres (63.3%).8 Por otro lado, las adopciones de nietos

8

U.S. Census Bureau, Datos de la Encuesta sobre la

Comunidad de Puerto Rico del 2005-2009 (Características

Generales: Población y Vivienda), disponible a través de

http://factfinder.census.gov/servlet/BasicFactsServlet?_lan

g=es&_ts=.

CC-2009-202

7

por sus abuelos son comunes en Puerto Rico. De acuerdo con

estadísticas

de

la

Administración

de

Familias

y

Niños

(ADFAN), durante los últimos cinco años, entre el 16% y el

24%

de

los

menores

adoptados

en

Puerto

Rico

han

sido

adoptados por sus abuelos. Así, por ejemplo, durante los

primeros siete meses del año fiscal 2009-2010, 38 de los

240 menores adoptados en el País (15.8%) fueron adoptados

por sus abuelos.9

B.

Por otro lado, hemos definido la adopción como un acto

jurídico solemne que supone la ruptura total del vínculo

jurídico-familiar de una persona con su parentela biológica

y

la

consecuente

filiación

de

ésta

con

quienes

han

expresado la voluntad de que legalmente sea su hijo. López

v. E.L.A., 165 D.P.R. 280, 299 (2005); Virella v. Proc.

Esp. Rel. Fam., 154 D.P.R. 742 (2001); Feliciano Suárez, Ex

parte, 117 D.P.R. 402 (1986). Bajo dicha institución, la

relación filiatoria adoptiva se equipara con aquella que se

produce naturalmente, con iguales deberes y obligaciones

jurídicas y sociales. López v. E.L.A., supra; Zapata et al.

v. Zapata et al., 156 D.P.R. 278 (2002).

Mediante

la

adopción

se

busca

atender

el

problema

social de niños abandonados y maltratados. Sobre la función

social de dicha institución jurídica, hemos indicado que

9

Oficina de Planificación de ADFAN, Informe Estadístico

SP 412 (Informe de Adopción). En el año fiscal 2008-2009,

16.9% de los

menores adoptados en el País (52 de 307)

fueron adoptados por sus abuelos; en el 2007-2008, 24.3%

(69 de 292); en el 2006-2007, 18.8% (61 de 325); en el

2005-2006, 17.8% (62 de 349). Íd.

CC-2009-202

8

ésta cumple varios fines, siendo principal entre ellos el

de darles a los niños sin padres la oportunidad de criarse

en

un

hogar

donde

puedan

ser

atendidos

debidamente

y

facilitar a los padres sin hijos la oportunidad de tenerlos

y

asegurar

E.L.A.,

así

la

supra,

continuidad

pág.

300;

de

su

familia.

M.J.C.A.,

menor

López

v.

v.

J.L.E.M.,

menor, supra; Feliciano Suárez, Ex parte, supra.

En

adopción

Civil,

nuestra

está

31

jurisdicción,

rigurosamente

L.P.R.A.

sustantiva,

y

por

Especiales,

antes

531-539,

Ley

Código

acto

jurídico

reglamentado

sec.

la

el

de

de

por

en

el

su

la

Código

dimensión

Procedimientos

Enjuiciamiento

de

Legales

Civil,

32

L.P.R.A. secs. 2699-2699s, en su dimensión procesal. López

v. E.L.A., supra; Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra;

Feliciano Suárez, Ex parte, supra.

Respecto a su vertiente procesal, la Ley Núm. 9 de 19

de enero de 1995, 32 L.P.R.A. sec. 2699 et seq., enmendó la

Ley

de

Procedimientos

Legales

Especiales

con

el

fin

de

superar los serios escollos y dilaciones innecesarias que

caracterizaban

el

procedimiento

momento.

López

v.

E.L.A.,

afirmado

que

dirigida

a

la

intención

prestar

de

supra,

adopción

págs.

legislativa

particular

de

atención

hasta

ese

299-300.

Hemos

dicha

ley

“va

a

menores

los

maltratados, abandonados y desamparados, para que mediante

los mecanismos de adopción, éstos puedan formar parte de

hogares estables, donde a su vez encuentren la felicidad,

el amor, la protección y el desarrollo físico, psicológico,

mental y moral”. Íd., pág. 300.

CC-2009-202

9

Por otro lado, la Ley Núm. 8 de 19 de enero de 1995,

31

L.P.R.A.

Código

Civil

adopción.

sec.

531

que

regula

los

dicho

estatuto,

Sobre

et

sec.,

enmendó

aspectos

el

capítulo

sustantivos

hemos

dicho

del

de

la

que

la

intención del legislador fue “flexibilizar la institución

de la adopción para que pueda ser ampliamente utilizada por

personas que desean adoptar menores de edad”. Íd., pág. 301

(Énfasis en el original).

Mediante las referidas

supra,

se

adoptó

en

Leyes Núms. 8 y 9 de 1995,

Puerto

Rico

lo

que

el

legislador

describió como “una de las legislaciones más avanzadas y

liberales de todos los países occidentales en materia de

adopción[,]

siendo

su

espíritu

claramente

autóctono,

ajustado a la realidad de la vida actual de la sociedad

puertorriqueña,

y

protector

de[l]

bienestar

y

[la]

conveniencia del adoptando”. Íd.

Ahora

bien,

conviene

recordar

que,

previo

a

la

aprobación de las Leyes Núms. 8 y 9 de 1995, la institución

de

la

adopción

“fue

considerada

como

una

de

carácter

esencialmente social dirigida primordialmente a dar padres

a

niños

que

nos

los

tuvieran,

o

cuyos

padres

no

los

quisieran o no los pudieran atender debidamente”. Íd., pág.

302, citando a Ex parte J.A.A., 104 D.P.R. 551, 556 (1976)

(Énfasis nuestro).

Reiteradamente,

hemos

indicado

que

el

propósito

primordial de la adopción es el bienestar del menor. López

v. E.L.A., supra; Zapata et al. v. Zapata et al., supra. El

Art. 2 de la Ley para el Bienestar y la Protección Integral

CC-2009-202

de

la

10

Niñez,

Ley

Núm.

177

de

1

de

agosto

de

2003,

8

L.P.R.A. sec. 444 et seq., define el mejor interés del

menor como “el balance entre los diferentes factores que

pueden

afectar

la

seguridad,

salud,

mental,

emocional,

educativo,

social

bienestar

y

físico,

[cualquier]

otro

dirigido a alcanzar el desarrollo óptimo del/a menor”. 8

L.P.R.A. sec. 444(u) (Corchetes en el original).

Respecto a la interpretación del conjunto de normas

sustantivas y procesales de la adopción, hemos expresado

que éstas deben ser interpretadas liberalmente a favor del

adoptado. Sin embargo, dicha liberalidad no puede llevar a

que

se

violente

la

intención

legislativa,

ni

consagrar

absurdos. Íd., pág. 303; Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam.,

supra.

Debe

añadirse

Legislativa

que,

aprobó

la

recientemente,

Ley

de

la

Reforma

Asamblea

Integral

de

Procedimientos de Adopción de 2009, Ley Núm. 186 de 18 de

diciembre

de

2009,

estatuto

incorporó

8

L.P.R.A.

la

sec.

opción

de

1051

et

seq.

“madres

Dicho

donantes

voluntarias” a nuestro ordenamiento sobre adopción, dispuso

para la creación de un registro de personas interesadas en

adoptar y estableció un proceso de convalidación de las

adopciones llevadas a cabo fuera de Puerto Rico. En la

Exposición de Motivos, el legislador describe la adopción

como

“una

beneficio

alternativa

de

todos,

real

cuando

y

por

una

opción

diversas

de

amor

en

circunstancias

nuestros niños no encuentran en sus padres biológicos el

amor

y

afecto

que

por

derecho

natural

deben

recibir”.

CC-2009-202

11

Exposición de Motivos, Íd. (Énfasis nuestro). Su objetivo

es “velar por el mejor interés del adoptado y amparar su

derecho a desarrollarse en el seno de una familia que le

brinde el afecto y le procure los cuidados que satisfagan

sus necesidades espirituales y materiales, cuando ello no

le pueda ser proporcionado por sus padres biológicos”. Íd.

(Énfasis nuestro). Así, pues, el bienestar del menor es el

criterio rector, aun cuando este fundamento esté reñido con

la unidad familiar. Sobre este particular, el legislador

expresa:

Se ha constatado que el bienestar y la

seguridad de los menores, en muchos casos, se han

visto comprometidos por la obcecada intención de

lograr la unidad familiar, aun en casos donde las

circunstancias de dicho seno familiar van en

detrimento del bienestar de los menores. Aun

cuando el principio de unidad familiar es

esencial, […] el fundamento principal siempre

debe ser el bienestar y la seguridad del menor,

brindarle un ambiente adecuado en el hogar, de

modo que se sienta amado y que se pueda

desarrollar física, mental, social y moralmente,

además de proveerle una convivencia sana, llena

de orden, paz y tranquilidad. Íd. (Énfasis

nuestro).

Como

sistema

mencionáramos,

de

“madres

alternativa,

“la

prospectivos

padres

nacido,

a

partir

este

donantes

mujer

su

estableció

voluntarias”.

embarazada

adoptivos,

de

estatuto

la

acuerda

entrega

nacimiento”.

de

Íd.

un

Bajo

esta

con

unos

su

recién

Mediante

la

institución de este sistema, el legislador quiso viabilizar

un proceso expedito de adopción que sirviera para “velar

por el mejor interés del adoptado y amparar su derecho a

desarrollarse en el seno de una familia que le brinde el

afecto

y

le

procure

los

cuidados

que

satisfagan

sus

CC-2009-202

12

necesidades espirituales y materiales, cuando ello no le

pueda

ser

proporcionado

por

sus

padres

biológicos”.

Íd.

ninguno

los

(Énfasis nuestro).

Por

otro

lado,

hemos

resuelto

que

de

requisitos o de las prohibiciones sustantivas de nuestro

ordenamiento

sobre

adopción

impide

que

un

ascendiente

adopte a un descendiente.10 M.J.C.A., menor v. J.L.E.M.,

10

El Art. 130 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 531,

dispone:

El adoptante, a la fecha de la presentación

de la petición de adopción, deberá cumplir con

los siguientes requisitos:

(1)

(2)

(3)

(4)

Haber residido ininterrumpidamente

en Puerto Rico por lo menos durante

los seis (6) meses anteriores a la

fecha de la petición de adopción;

haber alcanzado la mayoría de edad,

excepto en el caso en que dos (2)

personas

unidas

en

matrimonio

adopten conjuntamente, en cuyo caso

bastará que uno de ellos sea mayor

de edad, pudiendo ser menor de edad

el otro adoptante pero nunca menor

de dieciocho (18) años;

tener

capacidad

jurídica

para

actuar;

tener por lo menos catorce (14) años

más que el adoptado menor de edad.

En los casos en que un cónyuge desee adoptar

un hijo del otro cónyuge, bastará que a la fecha

de la presentación de la petición el adoptante

tenga por lo menos dos (2) años de casado con el

padre o madre del adoptado o que el cónyuge

adoptante tenga por lo menos catorce (14) años

más que el adoptado menor de edad.

Por su parte, el Art. 131, 31 L.P.R.A. sec.

532, dispone:

No

podrán

ser

adoptantes

las

personas

declaradas

incapaces

por

decreto

judicial

mientras dure la incapacidad. En el caso de una

persona sentenciada a cumplir pena de reclusión,

no podrá ser adoptante mientras dure la misma.

CC-2009-202

13

menor, supra, pág. 931. Sobre este particular, Diez-Picazo

ha señalado que:

La adopción de un descendiente por el

ascendiente fue admitida en el Derecho romano,

pero quedó excluida en el Derecho posterior por

la exigencia de que el adoptante no tuviera

descendencia. La desaparición de este precepto

no impide hoy formalmente este tipo de adopción

(p. ej., del nieto por el abuelo)…”. Diez-Picazo

y Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed.,

Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. IV, pág. 382,

citado en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor,

supra, pág. 931.

De otra parte, el Art. 3 de la Ley Núm. 9 de 19 de

enero de 1995, supra, la cual regula el procedimiento de

adopción, establece que la petición deberá contener:

(f) Información sobre custodia legal y de

facto del adoptado en caso de que éste sea menor

de edad.

Esta incluirá datos referentes a la relación

previa

existente

entre

el

adoptado

y

el

adoptante, la cual luego de corroborada y

analizada en sus méritos podrá ser considerada

como

elemento

fundamental

para

establecer

prioridad en el proceso de selección de padres

adoptivos.

A tales efectos se deberá incluir, pero sin

limitarse a, lo siguiente:

(A)

(B)

(C)

Relación

por

vínculos

de

consanguinidad,

afinidad

o

mediante la custodia provisional

autorizada por el Departamento de

la Familia o por algún tribunal

competente.

Período

de

convivencia

del

adoptado con el adoptante, el

motivo y la duración del mismo.

Aportaciones

económicas

y

de

cualquiera índole que ha hecho el

adoptante al mejoramiento físico,

emocional

e

intelectual

del

adoptado,

entre

otras.

32

L.P.R.A.

sec.

2699b(1)(f)

(Énfasis nuestro).

CC-2009-202

Como

14

puede

verse,

el

legislador

autorizó

a

los

tribunales para considerar la “relación previa existente”

entre

el

adoptado

fundamental

para

y

el

adoptante

establecer

como

prioridad”

a

un

“elemento

la

hora

de

seleccionar padres adoptivos. A tales efectos, requirió que

la petición estableciera, entre otras cosas, la relación

por vínculos de consanguinidad y el período de convivencia

del adoptado con el adoptante.

De otra parte, el Art. 2, inciso 10, de la Carta de

los Derechos del Niño, Ley. Núm. 338 de 31 de diciembre de

1998, 1 L.P.R.A. sec. 412(10), declara que, excepto cuando

sea adoptado por personas ajenas a la familia, todo niño en

Puerto Rico tendrá derecho a “continuar relacionándose con

aquellos miembros de la familia que tienen significación

para

él

o

ella

[…]

siempre

que

la

relación

sea

en

su

interés”. Íd. Si bien esta disposición se refiere a los

casos en los que la separación ocurre por muerte de uno de

los progenitores o por divorcio, igual espíritu debe reinar

en las circunstancias de este caso.

Ahora bien, como regla general, la adopción desarraiga

al adoptado de todo vínculo de parentesco y de todo derecho

respecto

de

su

familia

biológica.

M.J.C.A.,

menor

v.

J.L.E.M., menor, 124 D.P.R. 910, 933 (1989); Rivera Coll v.

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 325, 332 (1975). Sin embargo,

a esta norma le hemos reconocido una excepción. En Ex parte

J.A.A., supra, resolvimos que “[n]ada hay en la ley que

impida que el adoptado, al adquirir un padre adoptivo siga

vinculado en su parentesco natural con su madre biológica,

CC-2009-202

15

y viceversa”.

Íd., pág. 558. Dicho caso trataba de una

mujer

que

soltera

compañero

solicitó

sentimental.

El

adoptar

a

la

hija

Tribunal

de

Primera

de

su

ex

Instancia

denegó la petición. Al revocar, recalcamos el hecho de que

la

niña

no

había

conocido

otra

madre

que

no

fuera

la

peticionaria. En consideración de ello, expresamos que la

adopción venía a “consagrar ante la ley la situación de

hechos que la niña ha conocido dura toda su corta vida”.

Íd., pág. 560.

De otra parte, en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor,

supra, atendimos una petición de adopción presentada por

los abuelos paternos de un menor huérfano. Dicha adopción

hubiera desvinculado al menor de su familia biológica por

la línea materna. No obstante, sostuvimos que, según lo

resuelto en Ex parte J.A.A., supra, ello no tenía que ser

así

necesariamente.

M.J.C.A.,

menor

v.

J.L.E.M.,

menor,

supra, pág. 933. Así, pues, reconocimos “la alternativa de

conceder la adopción a los abuelos paternos sin desvincular

totalmente

al

menor

de

su

relación

con

su

parentesco

biológico por la línea materna”. Íd., pág. 934. Asimismo,

expresamos que nada impide que los tribunales consideren

otras alternativas, con el fin de identificar la opción más

beneficiosa para el menor. Íd.

Lo expresado en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor,

supra, sirvió de base para nuestra decisión en Virella v.

Proc. Esp. Rel. Fam., supra. Dicho caso trataba también

sobre la adopción de una nieta por sus abuelos. Distinto al

caso anterior, allí la menor no era huérfana. No obstante,

CC-2009-202

16

sus abuelos paternos se habían hecho cargo de la niña desde

su infancia. Así las cosas, los abuelos presentaron una

petición de adopción conjunta. El padre biológico —el hijo

de

los

peticionarios—

consintió

a

la

adopción,

pero

la

madre biológica se opuso porque quería retener la patria

potestad y custodia legal sobre su hija, y deseaba que esta

última conservase su segundo apellido. En vista de ello, se

enmendó la petición de adopción para que el abuelo paterno

apareciese como adoptante individualmente. El tribunal de

instancia autorizó la adopción individual por el abuelo,

actuación

que

Apelaciones.

No

fue

confirmada

obstante,

por

este

el

Tribunal

Tribunal

de

revocó

tras

resolver que, conforme al Art. 133 del Código Civil, 31

L.P.R.A.

sec.

534,

el

individualmente

debido

a

abuelo

que

no

podía

estaba

casado.

adoptar

Lo

que

procedía, dijimos, era la adopción conjunta de los abuelos.

Ello, sin perjuicio de que la madre biológica mantuviera

ciertas relaciones con su hija. Íd., pág. 760. En voz del

entonces Juez Asociado señor Corrada Del Río, expresamos:

En [M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor]

indicamos que nada impide que los tribunales, en

casos particulares, concedan la adopción y opten

por conceder la patria potestad a los abuelos

paternos con la custodia compartida entre éstos y

la madre biológica del menor. Los tribunales,

incluso,

pueden

considerar

“otro

tipo

de

relaciones

con

las

condiciones

que

estimen

adecuadas y pertinentes”. Lo importante es que

las alternativas sean analizadas por el tribunal

“a base de los hechos ante sí y del estudio

social —mandatorio en estos casos— para optar por

la alternativa que beneficie y sea mejor para el

menor”. En fin, el tribunal deberá siempre

determinar dónde residen los mejores intereses

del menor y cuál debe ser el remedio más

adecuado: la adopción o las alternativas antes

CC-2009-202

17

discutidas. Íd., págs. 760-761. (Citas omitidas y

énfasis en el original).

En Virella, entendimos que el mejor bienestar del menor

estaba con sus abuelos. Por esa razón, estimamos que lo que

procedía

en

ese

caso

era

conceder

la

adopción

a

los

abuelos, aun cuando la madre biológica del menor deseaba

retener la patria potestad y custodia legal de su hijo.

Asimismo, favorecimos la adopción del nieto por sus abuelos

paternos, aun cuando ambos padres biológicos continuarían

relacionándose con el menor.

La jurisprudencia reseñada demuestra nuestra fidelidad

al principio de que las normas sobre adopción deben ser

interpretadas con el fin de garantizar el mejor bienestar

del adoptado. Así, pues, hemos favorecido la flexibilidad y

desfavorecido las prohibiciones absolutas. De igual forma,

hemos

autorizado

a

los

tribunales

para

considerar

otras

alternativas que puedan servir los mejores intereses del

menor.

Puesto

Tribunal

no

que

cada

familia

es

un

tiene

la

universo

capacidad

de

anticipar

y

este

todas

las

situaciones de hechos que pudieran suscitarse, nuestro rol

en estos casos debe ser el de establecer guías que ayuden a

los tribunales de instancia a llevar a cabo su encomienda

de garantizarles un hogar estable a los menores que, por la

razón que sea, no lo tienen.

Conforme

ordenamiento,

ascendiente

a

no

lo

anterior,

existe

adopte

a

un

reiteramos

impedimento

que,

en

nuestro

jurídico

a

que

descendiente.

De

igual

un

forma,

reafirmamos que unos abuelos pueden adoptar a su nieto,

CC-2009-202

18

incluso cuando el menor mantendría contacto con sus padres

biológicos. Cuando el mejor bienestar del menor esté con

sus abuelos, y la madre o el padre biológicos deseen tener

un rol activo en la crianza de su hijo, los tribunales

podrán considerar cualquier otra alternativa que estimen

adecuada

o

pertinente,

como,

por

ejemplo,

conceder

la

patria potestad a los abuelos mediante la adopción, con la

custodia compartida entre éstos y cualquiera de los padres

biológicos

del

menor.

Lo

determinante

en

este

proceso

siempre debe ser dónde residen los mejores intereses del

menor.

Con

estos

preceptos

en

mente,

atendamos

las

particularidades de la presente controversia.

III.

No

existe

controversia

sobre

la

capacidad

de

los

peticionarios para garantizar el bienestar de su nieto. El

Ministerio

Público

y

la

Unidad

de

Adopciones

del

Departamento de la Familia coinciden en ello. El Tribunal

de Primera Instancia no cuestionó dicha determinación. Así,

pues, las objeciones a la presente petición son de carácter

estrictamente

jurídico.

Por

un

lado,

el

tribunal

de

instancia denegó la adopción por entender que el propósito

de la adopción es salvaguardar el bienestar de los menores

maltratados, desamparados, abandonados y sin hogar alguno,

consideraciones,

presentes

Apelaciones

en

que

este

según

caso.

confirmó

tal

el

Por

foro

el

dictamen

primario,

otro,

bajo

el

el

no

están

Tribunal

de

fundamento

principal de que la adopción no desvincularía al menor de

CC-2009-202

19

su madre biológica, lo cual, según ese foro, es contrario a

la normativa vigente.

En los casos de adopción, nuestro norte siempre debe

ser el bienestar del menor. Así como nuestra interpretación

de la ley de adopción no debe ser tan liberal que violente

la intención legislativa, tampoco puede ser tan estrecha

que frustre su noble propósito de garantizarles un hogar

estable a los menores que no lo tienen. Si bien nuestra

normativa sobre adopción va dirigida a prestar particular

atención

a

los

menores

maltratados,

abandonados

y

desamparados, de manera que éstos tengan la oportunidad de

criarse en un hogar donde puedan recibir la atención que se

merecen,

no

sería

justo

entender

que

dicha

normativa

únicamente atiende tales casos. Tal interpretación iría en

detrimento

del

bienestar

de

muchos

menores

que,

en

el

sentido más estricto, no son huérfanos ni han sido víctimas

de maltrato o abandono. Conforme a lo anterior, la adopción

debe también servir para atender la necesidad de ofrecer

hogares estables a menores cuyos progenitores no están en

condiciones

de

asumir

la

responsabilidad

que

supone

ser

padre o madre.

Por otro lado, si bien la norma general es que la

adopción

desvincule

parentesco,

hemos

al

adoptado

reconocido,

a

de

todo

vínculo

de

modo

de

excepción,

la

posibilidad de que un tribunal conceda la adopción de un

menor a sus abuelos sin desvincular totalmente al menor de

su parentela biológica. Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam.,

supra; M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, supra. En todo

CC-2009-202

20

momento, nos referimos al vínculo jurídico que une al menor

con su familia biológica, no al vínculo natural. Así, no

podemos suscribir una interpretación de la ley cuyo efecto

práctico es el de supeditar la adopción de un nieto por sus

abuelos al requisito de que la madre biológica del menor

renuncie a la posibilidad de relacionarse con su hijo. No

vemos

cómo

una

interpretación

tan

estricta

propende

al

bienestar del menor. Tampoco vemos cómo abona a la política

pública de que, en casos de adopción entre parientes, los

menores continúen relacionándose con aquellos miembros de

la familia que son importantes para ellos. Art. 2, inciso

10, de la Carta de los Derechos del Niño, supra.

Como

argumento

adicional

en

contra

de

la

presente

petición, el Tribunal de Apelaciones señaló que permitir la

adopción podría crear confusión en la psiquis del niño,

elemento que, según dicho foro, la trabajadora social no

consideró en su estudio social. No estamos en posición de

determinar si este elemento fue considerado o no por la

trabajadora social. Sin embargo, se nos hace difícil pensar

que dicha profesional no haya considerado un aspecto tan

evidente. Asimismo, no vemos cómo una adopción que vendría

a formalizar la relación doméstica ya existente entre los

peticionarios y su nieto podría confundir a este último.

La

teoría

confusión

en

de

la

que

la

psiquis

presente

del

menor

adopción

es,

a

crearía

lo

sumo,

una

una

hipótesis. La realidad es que no estamos en posición de

hacer tal determinación. Para ello, la ley ordena que, en

casos

como

éste,

se

haga

un

estudio

social

que

los

CC-2009-202

21

tribunales luego debemos considerar para determinar si la

adopción sirve los mejores intereses del menor.

No obstante lo anterior, entendemos que, llevado hasta

sus últimas consecuencias, el razonamiento empleado por el

Tribunal de Apelaciones nos requeriría intervenir con toda

una serie de prácticas familiares. Bajo el pretexto de no

confundir

a

los

menores,

no

podríamos,

por

ejemplo,

permitir que una madre con custodia de su hijo menor se

case con un hombre distinto al padre de su hijo. ¿O es que

ello no crea una confusión en la psiquis del menor?

En suma, no tenemos los elementos de juicio ni la

pericia para evaluar el efecto que la adopción solicitada

tendría sobre la psiquis del menor concernido. Así, pues,

cómo mejor garantizamos el bienestar del menor es dejando

dicha determinación a los especialistas en conducta humana.

De otra parte, el foro apelativo intermedio concluyó

que el consentimiento de la madre biológica estuvo viciado

toda vez que ésta no quería o comprendía las consecuencias

de la adopción, según se deduce de su alegada pretensión de

continuar

relacionándose

con

el

menor.

De

la

referida

declaración, surge que la madre biológica autorizó que su

hijo fuera adoptado por sus abuelos “para todos los efectos

legales”. Dicha declaración no fue cuestionada. Además, de

los hechos del casos se deduce que la madre biológica optó

por desentenderse de su responsabilidad como madre. Como

mínimo, esto ocurrió cuando, teniendo cinco años el menor,

ella se fue del hogar de sus padres y dejó a su hijo

viviendo con sus abuelos. Más aún, es posible que la madre

CC-2009-202

22

biológica, quien tenía apenas 14 años cuando su hijo nació,

nunca asumiera tal responsabilidad. A esto se le suma el

hecho de que, posteriormente, la madre biológica tuvo más

hijos de otro padre, y en ningún momento ha procurado que

el menor S.A.C. vaya a vivir con ellos. De lo anterior

surge que la madre biológica consintió a que sus padres —

los abuelos de S.A.C.— fueran quienes criaran a su hijo.

Estamos, pues, ante una adopción que viene a convertir en

realidad

facto.

jurídica

Es

decir,

lo

que

hace

la

adopción

años

no

es

una

realidad

trastoca

la

de

realidad

doméstica de la familia; por el contrario, la formaliza. En

ese

contexto,

la

madre

biológica

no

debió

haber

tenido

dificultad en entender las consecuencias de la adopción.

Igualmente,

motivos

de

los

ambos

foros

peticionarios

inferiores

para

cuestionaron

querer

adoptar

a

los

su

nieto. Indicaron que el único fundamento para la presente

adopción es el beneficio económico por incapacidad que el

peticionario y abuelo del menor, el Sr. Carrillo Vázquez,

recibe de la Administración de Veteranos. Dicho beneficio,

sostuvieron, no puede ser el fundamento para conceder una

adopción.

Entendemos

que

la

posibilidad

de

que

dicho

beneficio económico sea de provecho para el menor no es, de

por sí, un fundamento para conceder o denegar la petición

de adopción. Ahora bien, no cabe duda de que este elemento

puede ser considerado al analizar si la adopción solicitada

contribuye

al

bienestar

del

menor.

Así

lo

reconoció

el

legislador en la Ley Núm. 9 de 1995, supra, cuando indicó

que

mediante

la

agilización

del

proceso

de

adopción

se

CC-2009-202

23

perseguía “el fin de que al adoptado se le provea, con

carácter permanente, un hogar donde se le brinde cariño,

cuidado,

protección,

seguridad

económica,

social

y

emocional”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 9 de 19 de

enero de 1995, 1995 Leyes de Puerto Rico, pág. 61 (Énfasis

nuestro). No debe perderse de vista que, de ordinario, el

factor económico incide en el acceso a servicios dirigidos

a alcanzar el desarrollo óptimo del menor, tales como la

educación y la salud.

Por último, debemos atender el planteamiento de los

tribunales inferiores en el sentido de que lo que procedía

en este caso era que los abuelos solicitaran la custodia de

su

nieto.

Es

correcto

que

los

peticionarios

tenían

esa

alternativa, mas no era la única que tenían. Como hemos

visto, en nuestro ordenamiento no existe impedimento a que

unos abuelos adopten a su nieto, incluso cuando, como en

este caso, la madre biológica continuaría relacionándose

con el menor. Así, pues, recae sobre las partes concernidas

la determinación inicial de qué arreglo jurídico-familiar

es el más apropiado para garantizar los mejores intereses

del

menor.

Dicha

determinación

inicial

luego

deberá

ser

avalada por un tribunal, el cual verificará que la adopción

solicitada cumpla con los requisitos de ley y evaluará la

petición a la luz criterios establecidos para ello.

La custodia no tiene los mismos efectos jurídicos que

la patria potestad adquirida por la adopción. Con sólo la

custodia, los abuelos no podrían, por ejemplo, suplir la

capacidad

de

su

nieto

menor.

Para

ello,

tendrían

que

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obtener la tutela. Tal trámite sería una carga adicional a

los

abuelos

toda

vez

que,

como

tutores,

tendrían

que

cumplir con toda una serie de requerimientos que nuestra

normativa sobre la tutela impone. Por otro lado, mediante

la adopción, los abuelos obtendrían la custodia permanente

del menor. Diferente sería el caso si tuvieran sólo la

custodia. En tales circunstancias, los abuelos quedarían a

la merced de que, en un futuro incierto, la madre o el

padre biológicos soliciten la custodia del menor. Resulta

evidente que, en el presente caso, tal eventualidad daría

al traste con la estabilidad y seguridad de las que el

menor S.A.C. goza actualmente junto a sus figuras paternas

de facto, sus abuelos. Sólo la adopción garantizaría el

disfrute ininterrumpido de dichas condiciones, amén de que

formalizaría la responsabilidad parental que los abuelos

han asumido respecto a su nieto.

En suma, coincidimos con la apreciación de que quienes

mejor pueden garantizar el bienestar del menor S.A.C. son

los

peticionarios.

Asimismo,

estimamos

que,

en

las

circunstancias específicas de este caso, la adopción es el

mecanismo jurídico que mayor protección ofrece los mejores

intereses del menor. Por estas razones, y convencidos de

que no existe ningún impedimento jurídico a la adopción

solicitada, hubiéramos revocado la sentencia del Tribunal

de Apelaciones.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente