Tribunal Supremo de Puerto Rico
Carrillo Vázquez y otro, Ex Parte
2011 TSPR 75
Poder Judicial de Puerto Rico
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Carrillo Vázquez y otro, Ex Parte
CC-2009-202
Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Samuel Carrillo Vázquez
Ana I. Colón Ortiz
Certiorari
2011 TSPR 75
Ex Parte
181 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC
- 2009 - 202
Fecha: 24 de mayo de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Guayama Panel XI
Juez Ponente:
Hon. Rafael Martínez Torres
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Rafael Torres River
a
Servicios Legales de Puerto Rico, Inc.
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Amir Cristina Nieves Villegas
Procuradora General Auxiliar
Materia:
Adopción
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a
comunidad.
la
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Samuel Carrillo Vázquez
Ana I. Colón Ortiz
Ex parte
CC-2009-202
Certiorari
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2011.
Por estar igualmente dividido el Tribunal,
se dicta Sentencia confirmatoria de la emitida
por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial
de Guayama.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La
Jueza Asociada señora Pabón Charneco emitió una
Opinión de Conformidad a la cual se unieron el
Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo y el Juez
Asociado señor Rivera García. El Juez Presidente
señor Hernández Denton disiente con Opinión
escrita a la cual se unen la Jueza Asociada
señora Fiol Matta y la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado señor
Martínez Torres está inhibido.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Samuel Carrillo Vázquez
Ana I. Colón Ortiz
Ex Parte
Certiorari
Peticionarios
CC-2009-202
Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada Señora Pabón
Charneco a la que se le une el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
y el Juez Asociado señor Rivera García.
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2011.
Por entender que la normativa vigente que regula
el derecho de adopción en Puerto Rico no permite que un
menor sea adoptado por sus abuelos cuando éste siga
relacionándose con su madre biológica, a quien reconoce
como
tal,
estoy
conforme
con
que
se
confirme
el
dictamen del Tribunal de Apelaciones.
Los hechos de este caso son sencillos y no están
en
controversia.
A
continuación
los
exponemos
brevemente.
I
El
18
de
julio
presentaron
ante
el
de
2008,
Tribunal
de
los
peticionarios
Primera
Instancia,
CC-2009-202
2
Sala de Guayama, una solicitud para adoptar a su nieto
S.A.C., quien en aquel momento tenía nueve (9) años de
edad. Expusieron, entre otras cosas, que:
ambos son mayores de edad; que el menor se encuentra bajo
la custodia de los peticionarios desde que nació; que la
madre biológica, Gloria Ileana Carrillo, otorgó Declaración
Jurada
expresando
su
consentimiento
a
la
adopción
del
menor, y; que el peticionario está pensionado y la fuente
de ingresos de ambos proviene de beneficios de veteranos
del
primero.
adopción,
la
Al
momento
madre
del
de
presentarse
menor
tenía
la
petición
tres
(3)
de
hijos
adicionales y se encontraba embarazada. Con excepción de
S.A.C., los demás menores viven con ella. La mamá de S.A.C.
vivió con éste hasta que cumplió cinco (5) años de edad,
fecha en la que decidió mudarse con su entonces compañero
sentimental. Para S.A.C. su madre biológica es su mamá
puesto que le dice “mamí”. Sin embargo le dice “papí” a su
abuelo, el Sr. Samuel Carrillo Vázquez.
La Trabajadora Social del Departamento de la Familia
y la Procuradora de Asuntos de Familia no se opusieron a la
pretendida adopción.
Por
su
parte,
la
madre
biológica
no
pretende
desligarse del vínculo que la une a su hijo y tampoco le
niega cobijo. Más bien, aseveró ante el foro de instancia
que prestaba su consentimiento para la adopción porque el
menor prefiere residir con los abuelos. Véase, Apéndice del
Certiorari, pág. 30.
El Tribunal de Primera Instancia rechazó la solicitud
de adopción. Señaló que “no es suficiente una determinación
CC-2009-202
3
de que el menor tendrá mayores garantías económicas con los
adoptantes”.
Íd.,
pág.
31.
También
expresó
que
las
circunstancias del caso eran medulares para determinaciones
de custodia que no implicaban un caso idóneo en el contexto
de la normativa de adopción. Íd., pág. 30. Concluyó que la
petición desvirtúa los propósitos nobles de la normativa de
adopción porque ésta salvaguarda el interés social de niños
maltratados, desamparados, abandonados y sin hogar alguno.
Íd., pág. 31.
Por estar inconformes, los peticionarios presentaron
una
moción
adicionales,
para
la
solicitar
cual
fue
determinaciones
denegada
por
el
de
hechos
Tribunal
de
Primera Instancia. Posteriormente, acudieron en alzada al
Tribunal de Apelaciones. Este foro confirmó la decisión del
Tribunal de Primera Instancia. Razonó que en este caso no
se daba el rompimiento de la relación del menor con su
madre biológica porque ésta pretendía seguir interactuando
con el menor en una relación filial afectiva. Expuso que
esta pretensión de la madre refleja su deseo de seguir
siendo “mami”. Al igual que el foro de instancia, el foro a
quo señaló que la figura legal para lograr eso sin que la
madre
rompa
sus
vínculos
legales
con
el
menor
y
sin
causarle a éste una confusión en sus relaciones afectivas,
es la concesión de la custodia a los abuelos del menor.
Asimismo apuntó que lo único que se conseguiría concediendo
la adopción del menor a sus abuelos, es que el abuelo,
quien
está
pensionado
por
veteranos,
reciba
un
cheque
adicional del Seguro Social Federal a nombre del menor. En
fin, concluyó que esa relación filial entre el menor y la
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4
madre es contraria al mandato claro de que se rompa todo
vínculo legal con la familia biológica, según recogida en
el Art. 137 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.
sec. 538, porque el legislador contempló un rompimiento de
vínculos y no una conversión de madre a hermana.
Nuevamente, por estar insatisfechos con ese dictamen,
los
peticionarios
certiorari.
En
acuden
ante
síntesis,
nos
alegan
mediante
que
el
recurso
de
Tribunal
de
Apelaciones erró al resolver que la petición de adopción es
contraria a la política pública y a la normativa que rige
la materia de adopción en Puerto Rico por el hecho de que
la madre biológica continúe relacionándose con su hijo.
II
La adopción es un acto jurídico solemne mediante el
cual
se
sustituye
totalmente
o
de
biológico
natural
una
el
parentesco
persona
por
familiar
otro,
en
un
procedimiento judicial rigurosamente reglamentado. Virella
v.
Proc.
Esp.
Rel.
Fam.,
154
D.P.R.
742,
753
(2001);
Feliciano Suárez, Ex parte, 117 D.P.R. 402, 406 (1986).
Como regla general, supone la ruptura total del vínculo
jurídico-familiar de una persona con su parentela biológica
y la consecuente filiación de ésta con quien o quienes han
expresado su voluntad de que legalmente sea su hijo o hija.
López v. E.L.A., 165 D.P.R. 280, 299 (2005); Zapata et al.
v. Zapata et al., 156 D.P.R. 278, 286 (2002). De esta
manera,
se
extinguen
totalmente
los
vínculos
jurídicos
entre el adoptado y su familia biológica y para todos los
efectos el adoptado se considera como si hubiera nacido
hijo
del
adoptante
con
todos
los
derechos,
deberes
y
CC-2009-202
5
obligaciones que le corresponden por ley. Virella v. Proc.
Esp.
Rel.
Fam.,
supra,
pág.
754;
Feliciano
Suárez,
Ex
Parte, supra, pág. 406; Rivera Coll v. Tribunal Superior,
103 D.P.R. 325, 332 (1975).
El
Art.
137
del
Código
Civil
de
Puerto
Rico,
31
L.P.R.A. sec. 538, recoge en su primer párrafo los efectos
de la adopción antes descritos:
Una vez decretada la adopción, el adoptado será
considerado para todos los efectos legales como hijo
del adoptante con todos los derechos, deberes y
obligaciones que le corresponden por ley. La adopción
por decreto final y firme extinguirá todo vínculo
jurídico entre el adoptado y su familia biológica o
adoptiva anterior. (Énfasis suplido.)
De
ahí
que
en
Puerto
Rico
solamente
existe
la
adopción plena, distinto a como ocurre todavía en otros
países donde persiste la adopción simple o menos plena.1
Véase, R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico
y Legislación Comparada, 1ra ed., San Juan, Educ. Jur.
Cont. Fac. Der. U. Inter., 2002, Vol. II, págs. 1086 y
1093. “E]n general, la adopción plena confiere al adoptado
una filiación que sustituye a la de origen, con la única
excepción
de
matrimoniales,
estado
de
que
se
mientras
hijo
entre
que
mantienen
la
adoptante
los
adopción
y
impedimentos
simple
adoptado
que
crea
un
no
se
extiende a la familia del primero.” Íd., pág. 1093. Así, en
la adopción plena prevalece el principio romano adoptio
naturam imitatur (la adopción imita a la naturaleza) porque
1
La distinción entre la adopción plena y menos plena apareció en el
Derecho Justiniano. “La adopción plena se daba cuando el adoptante era
ascendiente consanguíneo del adoptado. Sus efectos eran todos los
inherentes a la patria potestad. En la menos plena, el adoptado se
conservaba dentro de su grupo familiar biológico y adquiría
prácticamente sólo el derecho a suceder abintestato al adoptante.”
(Nota al calce omitida.) M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, 124
D.P.R. 910, 916 (1989).
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establece el parentesco del adoptado con el adoptante y
toda su familia. Íd., pág. 1086. “El adoptado se convierte
para todos los efectos jurídicos en hijo matrimonial del
adoptante...”. Íd.; Véase además, J. Guitrón Fuentevilla,
Aplicación del método comparativo a las disposiciones del
libro
primero
del
Código
Civil
de
Puerto
Rico
de
1930
(Personas y Familia) y a las mismas del Código Civil de
México,
Distrito
Federal
de
2000
y
criterios
jurisprudenciales en Derecho Familiar en ambos países, 41
Rev. Jur. U. Inter. P.R. 317, 336 (2007). Sin embargo, la
adopción menos plena no crea parentesco entre la familia
biológica del adoptante y el adoptado. Íd., pág. 1086.
Empero,
por
vía
jurisprudencial,
este
Tribunal
reconoció una excepción a la norma general de rompimiento
de vínculos. En Ex Parte J.A.A., 104 D.P.R. 551 (1976), la
peticionaria (una mujer soltera) solicitó adoptar a la hija
de su ex compañero sentimental. Allí señalamos que cuando
la petición de adopción se hace individualmente, es decir,
el adoptante es una sola persona y, a su vez, ésta no es el
cónyuge del padre o la madre del niño, el tribunal deberá
determinar
si
adoptado
opera
la
ruptura
respecto
del
de
parentesco
ambas
biológico
líneas
(paterna
del
y
materna), o respecto de una solamente. Íd., pág. 558. Véase
además, Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra, págs. 754755 esc. 27. Al fundamentar esa determinación dijimos que
en casos de adopción individual el Código Civil de Puerto
Rico
no
impide
que
el
adoptado,
al
adquirir
un
padre
adoptivo, siga vinculado en su parentesco natural con su
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7
madre biológica y viceversa. Ex Parte J.A.A., supra, pág.
558.
No
obstante,
ese
no
fue
el
único
fundamento
que
esbozamos al establecer la excepción. También expresamos
que “mediante la adopción debe crearse para el adoptado una
situación
natural
que
del
en
ser
lo
posible
humano”.
Íd.
se
iguale
Esto,
a
sin
la
duda,
condición
pesó
en
nuestra determinación al destacar el hecho de que la niña
no había conocido otra madre que la peticionaria, por lo
que para ella sus padres eran la peticionaria y su papa
biológico (ex compañero sentimental de la peticionaria).
Íd., págs. 559-560. Así, resaltamos que la adopción por la
peticionaria venía a consagrar ante la ley la situación de
hechos que la niña había conocido durante toda su vida.
Íd., pág. 560. Señalamos que si se consentía la adopción
por la peticionaria a base de que la niña dejara de ser
hija
de
su
padre,
se
desnaturalizaría
el
propósito
legislativo. Íd. Por ende, concluimos que la niña podía
seguir siendo hija de su padre y tener a la peticionaria
como su legítima madre. Íd.
A
posteriori,
esta
excepción
fue
codificada
en
el
primer párrafo del Art. 138 del Código Civil de Puerto
Rico, 31 L.P.R.A. sec. 539, mediante la Ley Núm. 8 de 19 de
enero de 1995. Véase, Serrano Geyls, op. cit., págs. 11961197. Dicho artículo dispone en lo pertinente que:
los vínculos jurídicos del adoptado con su familia
paterna o materna anterior subsistirán cuando el
adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque
el padre o madre hubiere fallecido a la fecha de
presentación de la petición de adopción, o cuando el
adoptado proviene de una única filiación y es
adoptado por persona de distinto sexo al del padre o
madre que lo ha reconocido como su hijo. (Énfasis
CC-2009-202
8
suplido.) Art. 138 del Código Civil de Puerto Rico,
supra.
El
Art.
178
del
Código
Civil
de
España
contenía,
hasta el 20052, una disposición similar. Señalaba que:
1. La adopción produce la extinción de los
vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia
anterior.
2.
Por
excepción
subsistirán
los
vínculos
jurídicos con la familia paterna o materna, según
el caso:
1. Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del
adoptante, aunque el consorte hubiere fallecido.
2. Cuando sólo uno de los progenitores haya sido
legalmente determinado y el adoptante sea persona
de distinto sexo al de dicho progenitor, siempre
que tal efecto hubiere sido solicitado por el
adoptante, el adoptado mayor de doce años y el
padre o madre cuyo vínculo haya de persistir.
Véase, A. J. Pérez Martín, Derecho de Familia:
Adopción,
Acogimiento,
Tutela
y
Otras
Instituciones
de
Protección
de
Menores,
Valladolid, Ed. Lex Nova, 1995, págs. 547-548.
Véase
también,
Código
Civil
Español,
en
http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/cc/indexc
c.htm
2
En el 2005, el Art. 178 del Código Civil de España fue enmendado
mediante la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modificó el
Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (BOE núm.
157, de 02-07-2005, p. 23632-23634). Actualmente dicho artículo lee:
1. La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos
entre el adoptado y su familia anterior.
2. Por excepción subsistirán los vínculos jurídicos
familia del progenitor que, según el caso, corresponda:
1. Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge
adoptante, aunque el consorte hubiere fallecido.
con
la
del
2. Cuando sólo uno de los progenitores haya sido
legalmente determinado, siempre que tal efecto
hubiere sido solicitado por el adoptante, el
adoptado mayor de doce años y el progenitor cuyo
vínculo haya de persistir.
3. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin
perjuicio de lo dispuesto sobre impedimentos matrimoniales.
Véase,
Código
Civil
Español,
en
http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/cc/indexcc.htm
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9
Bajo la segunda excepción, que es la misma que
reconoció este Foro en Ex Parte J.A.A., supra, para
que no se extinguieran los vínculos jurídicos después
de la adopción, respecto del padre o la madre, era
necesario que, inter alia, solamente una persona fuera
la que adoptara porque, de ser dos, obligatoriamente
serían de distinto sexo. Pérez Martín, op. cit., pág.
548. Lógicamente, la excepción excluía la adopción en
pareja
porque
solamente
se
y
a
una
que
la
pareja
conjuntamente
a
un
consiguiente,
al
requerir
fuera
de
distinto
hombre
sexo,
permitía
forzosamente,
adoptar
mujer.
Por
adoptante
uno
de
los
adoptantes sería del mismo sexo del progenitor y no se
cumpliría la excepción. Ese requisito es totalmente
aplicable
en
nuestra
jurisdicción
porque
aquí
solamente pueden adoptar parejas casadas entre sí que
sean de sexos opuestos. Véanse: Arts. 68 y 133 del
Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 221 y
534; Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra.
Como puede apreciarse, según lo señalamos en Ex
Parte J.A.A., supra, pág. 558, el propósito subyacente
bajo esta excepción es permitirle al adoptado estar en
una
situación
que
en
lo
posible
se
iguale
a
la
condición natural del ser humano. Es decir, que el
adoptado pueda relacionarse con una figura paterna y
materna. Ello se logra permitiendo que, por excepción,
luego de la adopción subsista el vínculo biológico
CC-2009-202
10
entre el adoptado y el progenitor que lo reconoció, si
éste tiene el sexo opuesto del adoptante.
Por otro lado, la institución de la adopción tiene
varios fines. Hemos expresado que ésta busca brindarles a
los niños y niñas sin padres la oportunidad de que se
puedan criar y educar en el seno de un hogar adecuado.
Zapata et al. v. Zapata et al., supra, pág. 286. “Ello, en
atención a la problemática social que aqueja a nuestra
sociedad de niños abandonados o maltratados dentro de un
hogar en el cual se supone que reciban amor, protección y
cuidado”. López v. E.L.A., supra, pág. 300; Zapata et al.
v. Zapata et al., supra, pág. 287. A su vez, la adopción
les
facilita
a
los
padres
sin
hijos
la
oportunidad
de
tenerlos y asegurar la continuidad de su familia. Virella
v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra, pág. 754; M.J.C.A., menor
v. J.L.E.M., menor, 124 D.P.R. 910, 916 y 922 (1989). Pero
sobre
todo,
la
institución
de
la
adopción
busca
salvaguardar el interés del adoptado. Ex Parte Warren, 92
D.P.R. 299, 302 (1965). Por eso, hemos afirmado que el
interés principal de la adopción es el bienestar del menor.
López v. E.L.A., supra, pág. 300; Virella v. Proc. Esp.
Rel. Fam., supra, pág. 754.
En 1995 se aprobó legislación para enmendar la figura
de
la
adopción
en
Puerto
Rico,
tanto
en
su
dimensión
procesal como sustantiva. En su vertiente procesal, la Ley
Núm. 9 de 19 de enero de 1995, 32 L.P.R.A. sec. 2699 et
seq., enmendó la Ley de Procedimientos Legales Especiales.
En su Exposición de Motivos esta ley declara que el Estado
tiene
un
interés
apremiante
en
cuidar
y
promover
la
CC-2009-202
conservación
11
de
la
unidad
familiar
y
en
prevenir
la
desintegración de la familia, por lo que es un derecho
inalienable de los niños el poder vivir y crecer dentro del
seno de un hogar feliz y al calor de sus padres. Sin
embargo, también expone que el Estado tiene el deber social
de tomar todas las medidas a su alcance para proteger el
bienestar de los menores de edad de los abusos y abandonos.
En
ese
sentido,
el
estatuto
señala
que
busca
proteger
particularmente a los menores maltratados, abandonados y
desamparados, para que mediante la adopción estos puedan
formar parte de hogares estables.
Mediante esta ley, la Asamblea Legislativa pretendió
ampliar y facilitar el uso del mecanismo de la adopción
para que pudiera ser utilizado de forma más amplia y rápida
por personas que desean acoger como padres en el seno de su
hogar a menores e incapacitados en estado de desamparo y
abandono. López v. E.L.A., supra, pág. 300. En esencia,
esta
Ley
se
aprobó
para
superar
los
serios
escollos
y
dilaciones innecesarias que caracterizaban el procedimiento
de adopción anterior. Íd. En ese contexto, “favorece la
ruptura expedita de los lazos biológicos para crear una
nueva y mejor relación paterno filial no determinada por la
consanguinidad”.
(Énfasis
suplido.)
Estrella,
Monge
v.
Figueroa Guerra, 170 D.P.R. 644, 659 (2007).
Por su parte, la Ley Núm. 8 de 19 de enero de 1995,
31 L.P.R.A. sec. 531 et seq., reguló la adopción en su
vertiente sustantiva. Por medio de esta ley se enmendó el
articulado sobre adopción en el Código Civil de Puerto
Rico. Véase, Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra, pág.
CC-2009-202
12
754. Este estatuto tuvo el propósito de flexibilizar la
institución de adopción. Íd., pág. 755. Asimismo, en su
Exposición de Motivos esta Ley establece que los niños
tienen como derecho inalienable vivir y crecer dentro del
seno
de
un
hogar
feliz
y
al
calor
de
sus
padres
progenitores y que es deber del Estado tomar las medidas
necesarias para la protección y el bienestar de la niñez y
de la juventud.
Como
puede
tuvieron
idéntico
adopción
para
apreciarse,
propósito:
brindarles
“[a]mbas
utilizar
hogares
a
legislaciones
el
mecanismo
menores
que
así
de
lo
necesitaran”. (Énfasis en el original.) López v. E.L.A.,
supra, pág. 301. Además, ambas leyes “se mueven entre dos
polos: el derecho de los niños a vivir con sus progenitores
y el deber del Estado de proteger a esos niños en casos de
abandono o maltrato”. Serrano Geyls, op. cit., pág. 1100.
En
cuanto
a
la
interpretación
de
estos
estatutos,
hemos señalado que deben interpretarse de forma liberal, a
favor del adoptado. Íd., pág. 303; Virella v. Proc. Esp.
Rel. Fam., supra, pág. 756. No obstante, también hemos sido
enfáticos
al
advertir
que
la
liberalidad
en
la
interpretación no puede llevarnos a violentar la intención
legislativa y, tampoco, a consagrar absurdos. Íd.
Ciertamente, en nuestro ordenamiento no existe ningún
impedimento
para
que
un
ascendiente
adopte
a
un
descendiente. M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, supra,
pág. 931. Sin embargo, esto no significa que un ascendiente
pueda
adoptar
a
un
descendiente
al
margen
de
la regla
general de que la adopción desarraiga al adoptado de todo
CC-2009-202
vínculo
13
de
parentesco
y
de
todo derecho
respecto
a
su
familia biológica. Véase, Íd., pág. 933.
Precisamente, en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor,
supra,
este
Foro
atendió
una
petición
de
adopción
presentada por los abuelos paternos de un huérfano de padre
y madre. En ese caso la controversia giraba en torno a si
los abuelos paternos podían adoptar a su nieto, aun cuando
fueron nombrados tutores testamentarios, no rindieron las
cuentas de la tutela y la abuela materna no fue oída en el
procedimiento donde tanto ella como el hermano materno del
menor se oponían a la adopción. Íd., págs. 914-915. El
Tribunal
resolvió
que
los
abuelos
paternos
tenían
que
rendir las cuentas de la tutela para ser adoptantes, por lo
que el Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción
hasta
que
no
operaciones
se
sobre
verificasen
la
tutela.
Íd.,
las
correspondientes
págs.
931.
Además,
resolvió que la abuela materna tenía derecho a ser oída en
el proceso de adopción. Íd., pág. 932. Por ende, se decretó
la nulidad de la adopción y se devolvió el caso al foro de
instancia para que celebrara una vista en su fondo con
intervención
de
la
abuela
materna
y
se
les
diera
la
oportunidad a los abuelos paternos de rendir las cuentas de
la tutela. Íd., págs. 934-935.
Sin embargo, en un dictum, el Tribunal acotó que,
aunque como regla general la adopción rompe el vínculo
biológico
del
adoptado,
la
adopción
por
los
abuelos
paternos no necesariamente tenía que desvincular al menor
de su familia biológica por la línea materna. Íd., págs.
933-934. Señaló que el fundamento que se esbozó en el caso
CC-2009-202
14
de Ex parte J.A.A., supra, era igualmente válido a ese
escenario porque se trataba de un menor huérfano de padre y
de madre, con un hermano biológico por la línea materna y
donde los ascendientes de primer grado por ambas líneas
habían
demostrado
un
gran
interés
en
el
bienestar
del
menor. Íd., pág. 934.
Con independencia de que tales pronunciamientos se
hicieran
por
medio
de
un
dictum,
en
general
la
extrapolación que hizo el Tribunal en M.J.C.A., menor v.
J.L.E.M., menor, supra, de la excepción reconocida en Ex
parte J.A.A., supra, tenía unas bases análogas. De ser
adoptado por sus abuelos paternos y mantenerse su relación
con su abuela y hermano por la línea materna, se hubiera
creado para él una situación similar a la condición natural
del ser humano pues podría estar vinculado a una figura
paterna (abuelo paterno), materna (abuela paterna), a un
hermano y a su abuela materna. Además, al ser huérfano no
existía el problema de que mantuviera el vínculo biológico
del menor por la línea materna porque éste no iba a tener
más de una mamá.
Posteriormente, en Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam.,
supra, este Tribunal, tomo como base los pronunciamientos
que hizo en
M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, supra,
para emitir otro dictum de esa índole. Allí, los abuelos
paternos, presentaron una petición conjunta para adoptar a
su nieta, que luego enmendaron para que el abuelo paterno
apareciera como adoptante único. La enmienda se debió a que
la madre biológica de la menor quería retener la patria
potestad y la custodia legal sobre su hija, y deseaba que
CC-2009-202
15
ésta conservara su segundo apellido. Así, la controversia
que tuvo el Tribunal ante sí era si las excepciones a la
norma de adopción conjunta para los cónyuges establecidas
en el Art. 133 del Código Civil, supra, constituían una
enumeración taxativa o meramente ilustrativa. Virella v.
Proc. Esp. Rel. Fam., supra, pág. 752. El Tribunal resolvió
que las excepciones a la norma de adopción conjunta eran
una
enumeración
taxativa.
Íd.,
pág.
758.
Por
lo
tanto
determinó que el abuelo no podía adoptar individualmente
porque estaba casado. Íd., pág. 760.
No obstante, el Tribunal no se conformó con resolver
la controversia que tenía ante su consideración. Nuevamente
emitió un dictum en el que señaló, citando a M.J.C.A.,
menor v. J.L.E.M., menor, supra, que “nada impide que los
tribunales, en casos particulares, concedan la adopción y
opten
por
conceder
la
patria
potestad
a
los
abuelos
paternos con la custodia compartida entre estos y la madre
biológica del menor”. (Citas omitida.) Íd. Es decir, el
Tribunal fue más lejos porque intimó que la adopción no
tiene que necesariamente desvincular a un menor de su madre
cuando éste es adoptado por sus abuelos. Este Foro ignoró
que en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, supra, no había
de por medio una madre biológica.
Por eso, a mi juicio, esas expresiones se abstrajeron
de los fundamentos que se esgrimieron cuando se reconoció
la excepción de Ex parte J.A.A., supra. En el supuesto de
que se permitiera la adopción conjunta de los abuelos y, a
su vez, que no se rompiera el vínculo biológico entre la
madre y el adoptado, éste hubiera tenido un padre y dos
CC-2009-202
16
madres, siendo su progenitora además, su hermana legal. A
nuestro
juicio,
eso
no
crearía
para
el
adoptado
una
situación similar a la condición natural del ser humano.
Con
este
marco
teórico
en
mente,
procedemos
a
analizar los hechos del presente caso.
III
Aquí no estamos ante un menor abandonado, maltratado,
desamparado o necesitado de un hogar. Aunque reconocemos
que la adopción puede ser asequible a otras instancias en
las cuales no medien estrictamente esas condiciones, lo
cierto es que la política pública acuciante proyectada en
las Leyes Núm. 8 y Núm. 9, supra, es proteger a menores
enmarcados en ese perfil. Tampoco estamos ante una petición
de adopción de vínculo sencillo en la que se busca darle un
padre al menor S.A.C. Aquí la solicitud de adopción es de
doble
vínculo
aplicación
la
(abuelo
y
excepción
abuela),
por
lo
que
no
reconocida
en
Ex
Parte
es
de
J.A.A.,
supra, estatuida en el Art. 138 del Código Civil, supra.
Asimismo, me parece que los fundamentos que movieron al
Tribunal a establecer esa excepción no están presentes en
el caso de autos.
Si permitimos que los peticionarios adopten al menor
y
que,
por
excepción,
la
madre
biológica
siga
relacionándose con éste en calidad de mamá, subsistiría una
relación
filial
afectiva
idéntica
a
la
del
parentesco
biológico pero con una anomalía palpable: los peticionarios
se convertirán de jure en los padres del menor y su madre,
a quién éste considera su mamá, en su hermana legal. Soy
del
parecer
que
ello
no
crearía
para
el
adoptado
una
CC-2009-202
situación
17
que
en
lo
posible
se
iguale
a
la
condición
natural del ser humano. Si se concede la adopción, la ley
formalizaría una realidad distinta a la experimentada por
S.A.C. porque convertiría a su abuela en su madre legal
cuando éste a quien reconoce como “mamí” es a su madre
biológica.
En
este
caso,
su
madre
se
convertirá
en
su
hermana legal y sus hermanos en sus sobrinos legales. Por
eso,
creo
términos
no
que
es
la
concesión
afín
a
la
de
la
adopción
intención
bajo
esos
legislativa,
según
expuesta en las Leyes Núm. 8 y 9, supra, que favorece la
ruptura expedita de los lazos biológicos para crear una
nueva y mejor relación paterno filial no determinada por la
consanguinidad. López v. E.L.A., supra, pág. 300.
Aquí,
distinto
a
lo
ocurrido
en
Ex
Parte
J.A.A.,
supra, la adopción no viene a consagrar ante la ley la
situación que S.A.C. ha conocido durante toda su vida. Si
bien el menor reconoce a su abuelo como su papá, no es
menos cierto que para él su mamá es su progenitora. De
hecho, ésta no le niega cobijo a S.A.C. Lo que señala es
que
S.A.C.
prefiere
residir
con
los
abuelos.
Tales
expresiones demuestran que la progenitora está dispuesta a
hacerse responsable de S.A.C. y a seguir fungiendo su rol
de madre.
Por otro lado, como indicaron tanto el Tribunal de
Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones, nada
impide
que
los
peticionarios
soliciten
la
custodia
de
S.A.C. En primer lugar, las determinaciones sobre custodia
en nuestra jurisdicción deben hacerse a base del bienestar
y los mejores intereses del menor. Rivera v. Morales, 167
CC-2009-202
18
D.P.R. 280, 293 (2006); Nudelman v. Ferrer Bolivar, 107
D.P.R. 495, 509 (1978); Marrero Reyes v. García Ramírez,
105 D.P.R. 90, 104 (1976). No existe una regla mecánica de
que los padres biológicos deben prevalecer siempre en los
reclamos
de
custodia.
Marrero
Reyes
v.
García
Ramírez,
supra, pág. 105. Por ello, es necesario que los tribunales
consideren distintos factores al momento de determinar el
bienestar del menor al adjudicar casos de custodia. Estos
son: la preferencia del menor, su sexo, edad, salud mental
y física; el cariño que pueden brindarle las partes en
controversia; la habilidad de las partes para satisfacer
las
necesidades
afectivas
y
morales
del
menor;
la
interrelación del menor con las partes y con otros miembros
de la familia; el grado de ajuste del menor al hogar, la
escuela y la comunidad en que vive; y la salud psíquica de
las partes. Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R. 130, 160-161
(2004); Marrero Reyes v. García Ramírez, supra, pág. 105.
Por lo tanto, si realmente el mejor bienestar de S.A.C.
está
con
sus
abuelos,
aunque
los
padres
biológicos
soliciten la custodia no se les concederá. Así lo provee
nuestro ordenamiento.
En segundo lugar, la madre de S.A.C. no le ha negado
cobijo. Además, no surge de los autos que ésta se haya
despreocupado
por
el
menor
o
que
lo
haya
maltratado,
abandonado o despreciado. Al contrario, ella lo que dice es
que
consiente
la
adopción
porque
eso
es
lo
que
quiere
S.A.C. A nuestro juicio, ello revela que la madre sí se
preocupa por el menor y quiere lo mejor para él. Por eso,
no podemos colegir categóricamente que si la madre tuviera
CC-2009-202
la
19
custodia
del
menor
se
trastocaría
la
seguridad
y
estabilidad de éste.
Ahora bien, distinto a la custodia, si se le concede
la adopción a los peticionarios, el abuelo del menor, el
señor
Carrillo
Vázquez,
podrá
solicitar
un
beneficio
económico adicional al que actualmente recibe por parte del
Gobierno Federal por tener un dictamen de incapacidad. Si
adopta a S.A.C. podría recibir un cheque adicional por
concepto de seguro social a nombre del menor. Véase,
Sec.
202 (d)(1) del Social Security Act,3 42 U.S.C. sec. 402
(establece
que
los
hijos
menores
dependientes
de
las
personas incapacitadas bajo dicho estatuto, tienen derecho
a recibir un beneficio económico). Véase además, Torres
Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, res. 29 de diciembre de
2009, 177 D.P.R. ___ (2009), 2009 T.S.P.R. 187.
No cabe duda que uno de los fines de la adopción es
que al adoptado se le provea seguridad económica. Ese fin
en sí mismo es loable. Sin embargo éste no puede justificar
toda
forma
en
que
se
pretenda
satisfacer:
“el
fin
no
siempre justifica los medios”.
En primer lugar, creo que la petición de adopción no
puede
fundamentarse
en
la
obtención
de
un
beneficio
económico de esta naturaleza porque existe el riesgo de que
futuros
adoptantes
hagan
peticiones
de
adopción
con
el
propósito de recibir la ayuda económica que proporcionan
distintas entidades del Gobierno, como lo es el seguro
social, para beneficiarse a sí mismos y no al adoptado. No
3
Ley Púb. Núm. 92-603 del 14 de agosto de 1935 conocida como “Social
Security Act”, Títulos IV-A y XVI, según enmendada.
CC-2009-202
20
debemos olvidar que en estos casos, por ser el adoptado
menor de edad, será el adoptante quien, como norma general,
termine
administrando
el
dinero
que
reciba
el
primero.
Además, es muy difícil determinar si el adoptante quiere
adoptar para ayudar al menor o para ayudarse a sí. Por eso,
el mero hecho de que la concesión de la adopción esté
relacionada
con
este
tipo
de
beneficio,
plantea
la
posibilidad de que se pueda defraudar al Gobierno.
En
segundo
económica
de
lugar,
un
menor
no
considero
puede
que
estar
la
seguridad
supeditada
a
la
posibilidad de que con la adopción se pueda recibir un
beneficio económico por parte del Gobierno. Ello porque la
obtención
de
tal
beneficio
no
está
garantizada
y
la
adopción no debe evaluarse a base de meras posibilidades.
Tiene que haber la mayor certeza posible de que el menor
tendrá seguridad económica. Después de todo, el decreto de
adopción tiene que basarse en el mejor interés y bienestar
del
menor.
Por
eso,
entiendo
que
la
finalidad
de
la
seguridad económica se tiene que analizar al momento de la
petición de la adopción y no a base de una posibilidad
futura. Es decir, si el adoptante puede brindarle seguridad
económica al adoptado al momento en que hace la petición de
adopción.
En
mejores
consecuencia,
no
creo
que
sea
cónsono
intereses
un
menor
que
es
candidato
de
con
a
los
ser
adoptado, el que los tribunales consideren como uno de los
criterios para conceder la adopción, que el Gobierno le
pueda proporcionar un beneficio económico. Por un lado,
ello propicia que personas inescrupulosas quieran adoptar
CC-2009-202
21
para beneficiarse de esa ayuda económica y, por otro lado,
sujeta o condiciona la seguridad económica del menor a la
posibilidad de que el Gobierno conceda ese beneficio. Esto
no le hace justicia a ningún menor que pueda ser adoptado.
IV
Por
confirme
los
el
fundamentos
dictamen
del
expuestos,
procede
que
se
Tribunal
Apelaciones
por
de
entender que no procede la adopción del menor bajo las
circunstancias del presente caso por ser contraria a la
normativa vigente que regula el derecho de adopción en
nuestra jurisdicción.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Samuel Carrillo Vázquez
Ana I. Colón Ortiz
Ex parte
Certiorari
CC-2009-202
Peticionarios
Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente SEÑOR
HERNÁNDEZ DENTON a la cual se unen la Jueza Asociada SEÑORA
FIOL MATTA y la Juez Asociada SEÑORA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2011.
El
día
de
hoy,
unos
abuelos
se
ven
imposibilitados de adoptar al nieto que han criado
como si fuese un hijo por el mero hecho de que la
madre del menor se relaciona con éste. Por estar este
Tribunal
igualmente
dividido,
se
confirma
una
sentencia del Tribunal de Apelaciones que denegó la
adopción bajo el fundamento principal de que lo que
estos
abuelos
pretenden
contravendría
la
política
pública y la normativa sobre la adopción. No estamos
de acuerdo con una interpretación tan restrictiva de
la ley, sobre todo cuando, como sucede en este caso,
su aplicación lleva a un resultado contrario a los
mejores intereses del menor.
El bienestar del menor
CC-2009-202
es,
2
precisamente,
llamados
a
el
bien
jurídico
proteger.
Por
estas
que
por
razones,
ley
las
venimos
cuales
se
detallan a continuación, hubiésemos revocado la sentencia
del
Tribunal
de
Apelaciones
y
permitido
la
adopción
del
menor por sus abuelos, los peticionarios.
I.
La
Sra.
Gloria
Ileana
Carrillo
Colón
tenía
14
años
cuando dio a luz al menor S.A.C. en 1999. Desde que nació,
el menor
ha vivido en
casa de sus abuelos
maternos, el
Sr. Samuel Carrillo Vázquez y la Sra. Ana I. Colón Ortiz.
Inicialmente,
el
menor
vivió
allí
junto
a
su
madre
biológica. Posteriormente, cuando el niño tenía cinco años,
su
madre
se
sentimental,
fue
a
vivir
quedándose
su
con
su
hijo
bajo
entonces
la
compañero
guarda
de
sus
abuelos maternos, con quienes vive hasta el día de hoy. El
menor reconoce que la señora Carrillo Colón es su madre
biológica, refiriéndose a ella como “mami”. Sin embargo, le
dice “papi” a su abuelo, aun cuando conoce a su presunto
padre biológico, quien no lo ha reconocido como su hijo.4
Así
las
cosas,
el
18
de
julio
de
2008,
el
señor
Carrillo Vázquez y la señora Colón Ortiz presentaron ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, una petición
para adoptar a su nieto S.A.C., quien para esa fecha tenía
4
Al momento de presentarse esta petición de adopción,
la señora Carrillo Colón, madre biológica del menor, tenía
tres hijos adicionales y se encontraba a la espera de un
quinto hijo. Excepto por el menor S.A.C., todos los otros
hijos de la señora Carrillo Colón viven con ella y su
compañero sentimental. Para esa misma fecha, el presunto
padre biológico del menor se hallaba confinado.
CC-2009-202
3
nueve años.5 A tales efectos, expusieron que gozan de buena
reputación
en
la
comunidad
y
que
están
en
condición
de
continuar proveyéndole al menor un hogar estable, sano y
moral, y de atender sus necesidades emocionales, materiales
y económicas. Además, revelaron que su fuente de ingresos
consiste de los beneficios que el señor Carrillo Vázquez
recibe en calidad de veterano.
La
solicitud
de
adopción
vino
acompañada
de
una
declaración jurada otorgada por la señora Carrillo Colón,
madre biológica del menor e hija de los peticionarios, en la
que ésta consiente a que sus padres —los abuelos de S.A.C.—
adopten
a
su
hijo.6
Asimismo,
la
trabajadora
social
del
Departamento de la Familia y la Procuradora de Asuntos de
Familia no se opusieron a la solicitud de adopción, pues
coincidieron en que los peticionarios tienen la capacidad
para garantizar el bienestar del menor. Así lo manifestaron
en una vista celebrada el 20 de octubre de 2008 por el
Tribunal de Primera Instancia.
No obstante, el foro primario denegó la petición por
entender que ésta desvirtúa el enfoque de nuestra normativa
sobre adopción. Razonó que dicha normativa salvaguarda el
interés
social
de
niños
maltratados,
desamparados,
5
Como cuestión de hecho, a la fecha de presentación de
la petición, los peticionarios, el Sr. Samuel Carrillo
Vázquez y la Sra. Ana I. Colón Ortiz, tenían 56 y 44 años,
respectivamente.
6
Allí, la Sra. Gloria Ileana Carrillo Colón declaró:
“Que por la presente libre y voluntariamente AUTORIZO Y NO
TENGO OBJECIÓN a que mi hijo se[a] ADOPTADO LEGALMENTE POR
SUS ABUELOS SAMUEL CARRILLO VÁZQUEZ Y ANA LILIAM COLÓN
ORTIZ para todos los efectos legales”.
CC-2009-202
4
abandonados y sin hogar alguno, consideraciones que, según
dicho foro, están ausentes en este caso. De igual forma,
concluyó que la presente petición está motivada por el deseo
de que el menor cuente con mayor protección económica. Sobre
este particular, sostuvo que una adopción no puede basarse
meramente en la determinación de que, económicamente, el
menor estará mejor con los adoptantes.
Inconformes, los peticionarios presentaron una moción
para solicitar determinaciones de hechos adicionales. Dicha
moción fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia.7
Así
las
cosas,
los
peticionarios
acudieron
ante
el
Tribunal de Apelaciones. La Procuradora General compareció y
se expresó a favor de la adopción solicitada. No obstante,
el
foro
apelativo
intermedio
confirmó
la
decisión
del
tribunal de instancia de denegar la adopción. Dicho foro
entendió que la relación que la madre biológica pretende
seguir teniendo con su hijo es contraria al mandato de que,
mediante la adopción, se rompa todo vínculo legal con la
familia biológica. Razonó que el legislador contempló un
rompimiento
de
vínculos,
no
una
conversión
de
madre
a
hermana. Según el Tribunal de Apelaciones, tal situación
7
De la resolución emitida a tales efectos por el foro
de
instancia,
resultan
relevantes
las
siguiente
expresiones:
Tomamos excepción de las expresiones de la
parte peticionaria al inferir una veda particular
a las peticiones de adopción promovidas por
abuelos. Ciertamente esa no es la postura de este
Tribunal, según evidencia nuestro récord judicial
en atención de solicitudes instadas por abuelos y
familiares, en circunstancias que se enmarcan
dentro del fin perseguido por la normativa de
adopción.
CC-2009-202
5
crearía una confusión en la psiquis del niño, la cual hace
que la adopción no propenda al mejor interés y bienestar del
menor. Este elemento, entendió el juzgador apelativo, no fue
considerado por la trabajadora social. Dicho foro concluyó
además
que
la
madre
biológica
del
menor
no
quería
o
comprendía las consecuencias de la adopción, razón por la
cual su consentimiento estuvo viciado y procedía desestimar
la acción. Por último, el foro apelativo intermedio concluyó
que lo único que se lograba con la presente adopción era que
el menor se beneficiara de la compensación por incapacidad
que su abuelo, el señor Carrillo Vázquez, recibía en calidad
de veterano. Tal beneficio económico, concluyó, no podía ser
el fundamento para cambiar la filiación de un menor. Según
el Tribunal de Apelaciones, la custodia es la figura legal
que permitiría formalizar la responsabilidad que los abuelos
asumieron con el menor, sin que la madre biológica rompa sus
vínculos legales con él y sin causarle una confusión en sus
relaciones afectivas.
Insatisfechos
con
este
dictamen,
los
recurso
de
acudieron
ante
nos
mediante
esencia,
alegan
que
el
Tribunal
de
peticionarios
certiorari.
Apelaciones
erró
En
al
resolver que la presente petición de adopción es contraria a
la política pública y la normativa en materia de adopción
por el mero hecho de que la madre biológica continuaría
relacionándose
con
expedimos
recurso
el
peticionarios
su
hijo.
presentaron
El
8
de
de
2009,
solicitado.
Oportunamente,
los
su
Por
la
alegato.
octubre
su
parte,
Procuradora General compareció y, una vez más, se expresó a
CC-2009-202
6
favor de la adopción solicitada.
Establecidos los hechos
pertinentes
del
y
el
tracto
procesal
caso,
repasemos
el
derecho aplicable a la controversia.
II.
A.
Los abuelos desempeñan un papel fundamental en nuestra
sociedad,
interviniendo
activamente
en
las
vidas
de
sus
nietos cada vez con mayor frecuencia. Rexach v. Ramírez, 162
D.P.R. 130, 156 y 136 (2004). A tales efectos, en Alonso
García v. S.L.G., 155 D.P.R. 91, 100-101 (2001), expresamos:
La sociedad puertorriqueña ha reconocido
tradicionalmente que los abuelos son una figura
esencial en la formación y desarrollo de los
nietos. Hoy, son muchos los abuelos que atienden y
cuidan a sus nietos mientras ambos padres trabajan
en busca de unos ingresos proporcionados al costo
de vida. Comúnmente, los abuelos se preocupan por
la salud, la alimentación, el bienestar y la
seguridad de sus nietos. Además, se esmeran en
brindarles cariño, atención y orientación. (Citas
omitidas).
Así
como
hay
abuelos
cuyo
rol
es
el
de
atender
y
cuidar a sus nietos mientras los padres trabajan, existen
abuelos
que
tienen
nietos.
Según
la
responsabilidad
estadísticas
del
de
Negociado
criar
del
a
sus
Censo
de
Estados Unidos (U.S. Census Bureau), en Puerto Rico, 59,815
abuelos son responsables por sus nietos menores de 18 años;
de ese número, 40,187 son casados (67.2%) y 37,860 son
mujeres (63.3%).8 Por otro lado, las adopciones de nietos
8
U.S. Census Bureau, Datos de la Encuesta sobre la
Comunidad de Puerto Rico del 2005-2009 (Características
Generales: Población y Vivienda), disponible a través de
http://factfinder.census.gov/servlet/BasicFactsServlet?_lan
g=es&_ts=.
CC-2009-202
7
por sus abuelos son comunes en Puerto Rico. De acuerdo con
estadísticas
de
la
Administración
de
Familias
y
Niños
(ADFAN), durante los últimos cinco años, entre el 16% y el
24%
de
los
menores
adoptados
en
Puerto
Rico
han
sido
adoptados por sus abuelos. Así, por ejemplo, durante los
primeros siete meses del año fiscal 2009-2010, 38 de los
240 menores adoptados en el País (15.8%) fueron adoptados
por sus abuelos.9
B.
Por otro lado, hemos definido la adopción como un acto
jurídico solemne que supone la ruptura total del vínculo
jurídico-familiar de una persona con su parentela biológica
y
la
consecuente
filiación
de
ésta
con
quienes
han
expresado la voluntad de que legalmente sea su hijo. López
v. E.L.A., 165 D.P.R. 280, 299 (2005); Virella v. Proc.
Esp. Rel. Fam., 154 D.P.R. 742 (2001); Feliciano Suárez, Ex
parte, 117 D.P.R. 402 (1986). Bajo dicha institución, la
relación filiatoria adoptiva se equipara con aquella que se
produce naturalmente, con iguales deberes y obligaciones
jurídicas y sociales. López v. E.L.A., supra; Zapata et al.
v. Zapata et al., 156 D.P.R. 278 (2002).
Mediante
la
adopción
se
busca
atender
el
problema
social de niños abandonados y maltratados. Sobre la función
social de dicha institución jurídica, hemos indicado que
9
Oficina de Planificación de ADFAN, Informe Estadístico
SP 412 (Informe de Adopción). En el año fiscal 2008-2009,
16.9% de los
menores adoptados en el País (52 de 307)
fueron adoptados por sus abuelos; en el 2007-2008, 24.3%
(69 de 292); en el 2006-2007, 18.8% (61 de 325); en el
2005-2006, 17.8% (62 de 349). Íd.
CC-2009-202
8
ésta cumple varios fines, siendo principal entre ellos el
de darles a los niños sin padres la oportunidad de criarse
en
un
hogar
donde
puedan
ser
atendidos
debidamente
y
facilitar a los padres sin hijos la oportunidad de tenerlos
y
asegurar
E.L.A.,
así
la
supra,
continuidad
pág.
300;
de
su
familia.
M.J.C.A.,
menor
López
v.
v.
J.L.E.M.,
menor, supra; Feliciano Suárez, Ex parte, supra.
En
adopción
Civil,
nuestra
está
31
jurisdicción,
rigurosamente
L.P.R.A.
sustantiva,
y
por
Especiales,
antes
531-539,
Ley
Código
acto
jurídico
reglamentado
sec.
la
el
de
de
por
en
el
su
la
Código
dimensión
Procedimientos
Enjuiciamiento
de
Legales
Civil,
32
L.P.R.A. secs. 2699-2699s, en su dimensión procesal. López
v. E.L.A., supra; Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra;
Feliciano Suárez, Ex parte, supra.
Respecto a su vertiente procesal, la Ley Núm. 9 de 19
de enero de 1995, 32 L.P.R.A. sec. 2699 et seq., enmendó la
Ley
de
Procedimientos
Legales
Especiales
con
el
fin
de
superar los serios escollos y dilaciones innecesarias que
caracterizaban
el
procedimiento
momento.
López
v.
E.L.A.,
afirmado
que
dirigida
a
la
intención
prestar
de
supra,
adopción
págs.
legislativa
particular
de
atención
hasta
ese
299-300.
Hemos
dicha
ley
“va
a
menores
los
maltratados, abandonados y desamparados, para que mediante
los mecanismos de adopción, éstos puedan formar parte de
hogares estables, donde a su vez encuentren la felicidad,
el amor, la protección y el desarrollo físico, psicológico,
mental y moral”. Íd., pág. 300.
CC-2009-202
9
Por otro lado, la Ley Núm. 8 de 19 de enero de 1995,
31
L.P.R.A.
Código
Civil
adopción.
sec.
531
que
regula
los
dicho
estatuto,
Sobre
et
sec.,
enmendó
aspectos
el
capítulo
sustantivos
hemos
dicho
del
de
la
que
la
intención del legislador fue “flexibilizar la institución
de la adopción para que pueda ser ampliamente utilizada por
personas que desean adoptar menores de edad”. Íd., pág. 301
(Énfasis en el original).
Mediante las referidas
supra,
se
adoptó
en
Leyes Núms. 8 y 9 de 1995,
Puerto
Rico
lo
que
el
legislador
describió como “una de las legislaciones más avanzadas y
liberales de todos los países occidentales en materia de
adopción[,]
siendo
su
espíritu
claramente
autóctono,
ajustado a la realidad de la vida actual de la sociedad
puertorriqueña,
y
protector
de[l]
bienestar
y
[la]
conveniencia del adoptando”. Íd.
Ahora
bien,
conviene
recordar
que,
previo
a
la
aprobación de las Leyes Núms. 8 y 9 de 1995, la institución
de
la
adopción
“fue
considerada
como
una
de
carácter
esencialmente social dirigida primordialmente a dar padres
a
niños
que
nos
los
tuvieran,
o
cuyos
padres
no
los
quisieran o no los pudieran atender debidamente”. Íd., pág.
302, citando a Ex parte J.A.A., 104 D.P.R. 551, 556 (1976)
(Énfasis nuestro).
Reiteradamente,
hemos
indicado
que
el
propósito
primordial de la adopción es el bienestar del menor. López
v. E.L.A., supra; Zapata et al. v. Zapata et al., supra. El
Art. 2 de la Ley para el Bienestar y la Protección Integral
CC-2009-202
de
la
10
Niñez,
Ley
Núm.
177
de
1
de
agosto
de
2003,
8
L.P.R.A. sec. 444 et seq., define el mejor interés del
menor como “el balance entre los diferentes factores que
pueden
afectar
la
seguridad,
salud,
mental,
emocional,
educativo,
social
bienestar
y
físico,
[cualquier]
otro
dirigido a alcanzar el desarrollo óptimo del/a menor”. 8
L.P.R.A. sec. 444(u) (Corchetes en el original).
Respecto a la interpretación del conjunto de normas
sustantivas y procesales de la adopción, hemos expresado
que éstas deben ser interpretadas liberalmente a favor del
adoptado. Sin embargo, dicha liberalidad no puede llevar a
que
se
violente
la
intención
legislativa,
ni
consagrar
absurdos. Íd., pág. 303; Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam.,
supra.
Debe
añadirse
Legislativa
que,
aprobó
la
recientemente,
Ley
de
la
Reforma
Asamblea
Integral
de
Procedimientos de Adopción de 2009, Ley Núm. 186 de 18 de
diciembre
de
2009,
estatuto
incorporó
8
L.P.R.A.
la
sec.
opción
de
1051
et
seq.
“madres
Dicho
donantes
voluntarias” a nuestro ordenamiento sobre adopción, dispuso
para la creación de un registro de personas interesadas en
adoptar y estableció un proceso de convalidación de las
adopciones llevadas a cabo fuera de Puerto Rico. En la
Exposición de Motivos, el legislador describe la adopción
como
“una
beneficio
alternativa
de
todos,
real
cuando
y
por
una
opción
diversas
de
amor
en
circunstancias
nuestros niños no encuentran en sus padres biológicos el
amor
y
afecto
que
por
derecho
natural
deben
recibir”.
CC-2009-202
11
Exposición de Motivos, Íd. (Énfasis nuestro). Su objetivo
es “velar por el mejor interés del adoptado y amparar su
derecho a desarrollarse en el seno de una familia que le
brinde el afecto y le procure los cuidados que satisfagan
sus necesidades espirituales y materiales, cuando ello no
le pueda ser proporcionado por sus padres biológicos”. Íd.
(Énfasis nuestro). Así, pues, el bienestar del menor es el
criterio rector, aun cuando este fundamento esté reñido con
la unidad familiar. Sobre este particular, el legislador
expresa:
Se ha constatado que el bienestar y la
seguridad de los menores, en muchos casos, se han
visto comprometidos por la obcecada intención de
lograr la unidad familiar, aun en casos donde las
circunstancias de dicho seno familiar van en
detrimento del bienestar de los menores. Aun
cuando el principio de unidad familiar es
esencial, […] el fundamento principal siempre
debe ser el bienestar y la seguridad del menor,
brindarle un ambiente adecuado en el hogar, de
modo que se sienta amado y que se pueda
desarrollar física, mental, social y moralmente,
además de proveerle una convivencia sana, llena
de orden, paz y tranquilidad. Íd. (Énfasis
nuestro).
Como
sistema
mencionáramos,
de
“madres
alternativa,
“la
prospectivos
padres
nacido,
a
partir
este
donantes
mujer
su
estableció
voluntarias”.
embarazada
adoptivos,
de
estatuto
la
acuerda
entrega
nacimiento”.
de
Íd.
un
Bajo
esta
con
unos
su
recién
Mediante
la
institución de este sistema, el legislador quiso viabilizar
un proceso expedito de adopción que sirviera para “velar
por el mejor interés del adoptado y amparar su derecho a
desarrollarse en el seno de una familia que le brinde el
afecto
y
le
procure
los
cuidados
que
satisfagan
sus
CC-2009-202
12
necesidades espirituales y materiales, cuando ello no le
pueda
ser
proporcionado
por
sus
padres
biológicos”.
Íd.
ninguno
los
(Énfasis nuestro).
Por
otro
lado,
hemos
resuelto
que
de
requisitos o de las prohibiciones sustantivas de nuestro
ordenamiento
sobre
adopción
impide
que
un
ascendiente
adopte a un descendiente.10 M.J.C.A., menor v. J.L.E.M.,
10
El Art. 130 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 531,
dispone:
El adoptante, a la fecha de la presentación
de la petición de adopción, deberá cumplir con
los siguientes requisitos:
(1)
(2)
(3)
(4)
Haber residido ininterrumpidamente
en Puerto Rico por lo menos durante
los seis (6) meses anteriores a la
fecha de la petición de adopción;
haber alcanzado la mayoría de edad,
excepto en el caso en que dos (2)
personas
unidas
en
matrimonio
adopten conjuntamente, en cuyo caso
bastará que uno de ellos sea mayor
de edad, pudiendo ser menor de edad
el otro adoptante pero nunca menor
de dieciocho (18) años;
tener
capacidad
jurídica
para
actuar;
tener por lo menos catorce (14) años
más que el adoptado menor de edad.
En los casos en que un cónyuge desee adoptar
un hijo del otro cónyuge, bastará que a la fecha
de la presentación de la petición el adoptante
tenga por lo menos dos (2) años de casado con el
padre o madre del adoptado o que el cónyuge
adoptante tenga por lo menos catorce (14) años
más que el adoptado menor de edad.
Por su parte, el Art. 131, 31 L.P.R.A. sec.
532, dispone:
No
podrán
ser
adoptantes
las
personas
declaradas
incapaces
por
decreto
judicial
mientras dure la incapacidad. En el caso de una
persona sentenciada a cumplir pena de reclusión,
no podrá ser adoptante mientras dure la misma.
CC-2009-202
13
menor, supra, pág. 931. Sobre este particular, Diez-Picazo
ha señalado que:
La adopción de un descendiente por el
ascendiente fue admitida en el Derecho romano,
pero quedó excluida en el Derecho posterior por
la exigencia de que el adoptante no tuviera
descendencia. La desaparición de este precepto
no impide hoy formalmente este tipo de adopción
(p. ej., del nieto por el abuelo)…”. Diez-Picazo
y Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed.,
Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. IV, pág. 382,
citado en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor,
supra, pág. 931.
De otra parte, el Art. 3 de la Ley Núm. 9 de 19 de
enero de 1995, supra, la cual regula el procedimiento de
adopción, establece que la petición deberá contener:
(f) Información sobre custodia legal y de
facto del adoptado en caso de que éste sea menor
de edad.
Esta incluirá datos referentes a la relación
previa
existente
entre
el
adoptado
y
el
adoptante, la cual luego de corroborada y
analizada en sus méritos podrá ser considerada
como
elemento
fundamental
para
establecer
prioridad en el proceso de selección de padres
adoptivos.
A tales efectos se deberá incluir, pero sin
limitarse a, lo siguiente:
(A)
(B)
(C)
Relación
por
vínculos
de
consanguinidad,
afinidad
o
mediante la custodia provisional
autorizada por el Departamento de
la Familia o por algún tribunal
competente.
Período
de
convivencia
del
adoptado con el adoptante, el
motivo y la duración del mismo.
Aportaciones
económicas
y
de
cualquiera índole que ha hecho el
adoptante al mejoramiento físico,
emocional
e
intelectual
del
adoptado,
entre
otras.
32
L.P.R.A.
sec.
2699b(1)(f)
(Énfasis nuestro).
CC-2009-202
Como
14
puede
verse,
el
legislador
autorizó
a
los
tribunales para considerar la “relación previa existente”
entre
el
adoptado
fundamental
para
y
el
adoptante
establecer
como
prioridad”
a
un
“elemento
la
hora
de
seleccionar padres adoptivos. A tales efectos, requirió que
la petición estableciera, entre otras cosas, la relación
por vínculos de consanguinidad y el período de convivencia
del adoptado con el adoptante.
De otra parte, el Art. 2, inciso 10, de la Carta de
los Derechos del Niño, Ley. Núm. 338 de 31 de diciembre de
1998, 1 L.P.R.A. sec. 412(10), declara que, excepto cuando
sea adoptado por personas ajenas a la familia, todo niño en
Puerto Rico tendrá derecho a “continuar relacionándose con
aquellos miembros de la familia que tienen significación
para
él
o
ella
[…]
siempre
que
la
relación
sea
en
su
interés”. Íd. Si bien esta disposición se refiere a los
casos en los que la separación ocurre por muerte de uno de
los progenitores o por divorcio, igual espíritu debe reinar
en las circunstancias de este caso.
Ahora bien, como regla general, la adopción desarraiga
al adoptado de todo vínculo de parentesco y de todo derecho
respecto
de
su
familia
biológica.
M.J.C.A.,
menor
v.
J.L.E.M., menor, 124 D.P.R. 910, 933 (1989); Rivera Coll v.
Tribunal Superior, 103 D.P.R. 325, 332 (1975). Sin embargo,
a esta norma le hemos reconocido una excepción. En Ex parte
J.A.A., supra, resolvimos que “[n]ada hay en la ley que
impida que el adoptado, al adquirir un padre adoptivo siga
vinculado en su parentesco natural con su madre biológica,
CC-2009-202
15
y viceversa”.
Íd., pág. 558. Dicho caso trataba de una
mujer
que
soltera
compañero
solicitó
sentimental.
El
adoptar
a
la
hija
Tribunal
de
Primera
de
su
ex
Instancia
denegó la petición. Al revocar, recalcamos el hecho de que
la
niña
no
había
conocido
otra
madre
que
no
fuera
la
peticionaria. En consideración de ello, expresamos que la
adopción venía a “consagrar ante la ley la situación de
hechos que la niña ha conocido dura toda su corta vida”.
Íd., pág. 560.
De otra parte, en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor,
supra, atendimos una petición de adopción presentada por
los abuelos paternos de un menor huérfano. Dicha adopción
hubiera desvinculado al menor de su familia biológica por
la línea materna. No obstante, sostuvimos que, según lo
resuelto en Ex parte J.A.A., supra, ello no tenía que ser
así
necesariamente.
M.J.C.A.,
menor
v.
J.L.E.M.,
menor,
supra, pág. 933. Así, pues, reconocimos “la alternativa de
conceder la adopción a los abuelos paternos sin desvincular
totalmente
al
menor
de
su
relación
con
su
parentesco
biológico por la línea materna”. Íd., pág. 934. Asimismo,
expresamos que nada impide que los tribunales consideren
otras alternativas, con el fin de identificar la opción más
beneficiosa para el menor. Íd.
Lo expresado en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor,
supra, sirvió de base para nuestra decisión en Virella v.
Proc. Esp. Rel. Fam., supra. Dicho caso trataba también
sobre la adopción de una nieta por sus abuelos. Distinto al
caso anterior, allí la menor no era huérfana. No obstante,
CC-2009-202
16
sus abuelos paternos se habían hecho cargo de la niña desde
su infancia. Así las cosas, los abuelos presentaron una
petición de adopción conjunta. El padre biológico —el hijo
de
los
peticionarios—
consintió
a
la
adopción,
pero
la
madre biológica se opuso porque quería retener la patria
potestad y custodia legal sobre su hija, y deseaba que esta
última conservase su segundo apellido. En vista de ello, se
enmendó la petición de adopción para que el abuelo paterno
apareciese como adoptante individualmente. El tribunal de
instancia autorizó la adopción individual por el abuelo,
actuación
que
Apelaciones.
No
fue
confirmada
obstante,
por
este
el
Tribunal
Tribunal
de
revocó
tras
resolver que, conforme al Art. 133 del Código Civil, 31
L.P.R.A.
sec.
534,
el
individualmente
debido
a
abuelo
que
no
podía
estaba
casado.
adoptar
Lo
que
procedía, dijimos, era la adopción conjunta de los abuelos.
Ello, sin perjuicio de que la madre biológica mantuviera
ciertas relaciones con su hija. Íd., pág. 760. En voz del
entonces Juez Asociado señor Corrada Del Río, expresamos:
En [M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor]
indicamos que nada impide que los tribunales, en
casos particulares, concedan la adopción y opten
por conceder la patria potestad a los abuelos
paternos con la custodia compartida entre éstos y
la madre biológica del menor. Los tribunales,
incluso,
pueden
considerar
“otro
tipo
de
relaciones
con
las
condiciones
que
estimen
adecuadas y pertinentes”. Lo importante es que
las alternativas sean analizadas por el tribunal
“a base de los hechos ante sí y del estudio
social —mandatorio en estos casos— para optar por
la alternativa que beneficie y sea mejor para el
menor”. En fin, el tribunal deberá siempre
determinar dónde residen los mejores intereses
del menor y cuál debe ser el remedio más
adecuado: la adopción o las alternativas antes
CC-2009-202
17
discutidas. Íd., págs. 760-761. (Citas omitidas y
énfasis en el original).
En Virella, entendimos que el mejor bienestar del menor
estaba con sus abuelos. Por esa razón, estimamos que lo que
procedía
en
ese
caso
era
conceder
la
adopción
a
los
abuelos, aun cuando la madre biológica del menor deseaba
retener la patria potestad y custodia legal de su hijo.
Asimismo, favorecimos la adopción del nieto por sus abuelos
paternos, aun cuando ambos padres biológicos continuarían
relacionándose con el menor.
La jurisprudencia reseñada demuestra nuestra fidelidad
al principio de que las normas sobre adopción deben ser
interpretadas con el fin de garantizar el mejor bienestar
del adoptado. Así, pues, hemos favorecido la flexibilidad y
desfavorecido las prohibiciones absolutas. De igual forma,
hemos
autorizado
a
los
tribunales
para
considerar
otras
alternativas que puedan servir los mejores intereses del
menor.
Puesto
Tribunal
no
que
cada
familia
es
un
tiene
la
universo
capacidad
de
anticipar
y
este
todas
las
situaciones de hechos que pudieran suscitarse, nuestro rol
en estos casos debe ser el de establecer guías que ayuden a
los tribunales de instancia a llevar a cabo su encomienda
de garantizarles un hogar estable a los menores que, por la
razón que sea, no lo tienen.
Conforme
ordenamiento,
ascendiente
a
no
lo
anterior,
existe
adopte
a
un
reiteramos
impedimento
que,
en
nuestro
jurídico
a
que
descendiente.
De
igual
un
forma,
reafirmamos que unos abuelos pueden adoptar a su nieto,
CC-2009-202
18
incluso cuando el menor mantendría contacto con sus padres
biológicos. Cuando el mejor bienestar del menor esté con
sus abuelos, y la madre o el padre biológicos deseen tener
un rol activo en la crianza de su hijo, los tribunales
podrán considerar cualquier otra alternativa que estimen
adecuada
o
pertinente,
como,
por
ejemplo,
conceder
la
patria potestad a los abuelos mediante la adopción, con la
custodia compartida entre éstos y cualquiera de los padres
biológicos
del
menor.
Lo
determinante
en
este
proceso
siempre debe ser dónde residen los mejores intereses del
menor.
Con
estos
preceptos
en
mente,
atendamos
las
particularidades de la presente controversia.
III.
No
existe
controversia
sobre
la
capacidad
de
los
peticionarios para garantizar el bienestar de su nieto. El
Ministerio
Público
y
la
Unidad
de
Adopciones
del
Departamento de la Familia coinciden en ello. El Tribunal
de Primera Instancia no cuestionó dicha determinación. Así,
pues, las objeciones a la presente petición son de carácter
estrictamente
jurídico.
Por
un
lado,
el
tribunal
de
instancia denegó la adopción por entender que el propósito
de la adopción es salvaguardar el bienestar de los menores
maltratados, desamparados, abandonados y sin hogar alguno,
consideraciones,
presentes
Apelaciones
en
que
este
según
caso.
confirmó
tal
el
Por
foro
el
dictamen
primario,
otro,
bajo
el
el
no
están
Tribunal
de
fundamento
principal de que la adopción no desvincularía al menor de
CC-2009-202
19
su madre biológica, lo cual, según ese foro, es contrario a
la normativa vigente.
En los casos de adopción, nuestro norte siempre debe
ser el bienestar del menor. Así como nuestra interpretación
de la ley de adopción no debe ser tan liberal que violente
la intención legislativa, tampoco puede ser tan estrecha
que frustre su noble propósito de garantizarles un hogar
estable a los menores que no lo tienen. Si bien nuestra
normativa sobre adopción va dirigida a prestar particular
atención
a
los
menores
maltratados,
abandonados
y
desamparados, de manera que éstos tengan la oportunidad de
criarse en un hogar donde puedan recibir la atención que se
merecen,
no
sería
justo
entender
que
dicha
normativa
únicamente atiende tales casos. Tal interpretación iría en
detrimento
del
bienestar
de
muchos
menores
que,
en
el
sentido más estricto, no son huérfanos ni han sido víctimas
de maltrato o abandono. Conforme a lo anterior, la adopción
debe también servir para atender la necesidad de ofrecer
hogares estables a menores cuyos progenitores no están en
condiciones
de
asumir
la
responsabilidad
que
supone
ser
padre o madre.
Por otro lado, si bien la norma general es que la
adopción
desvincule
parentesco,
hemos
al
adoptado
reconocido,
a
de
todo
vínculo
de
modo
de
excepción,
la
posibilidad de que un tribunal conceda la adopción de un
menor a sus abuelos sin desvincular totalmente al menor de
su parentela biológica. Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam.,
supra; M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, supra. En todo
CC-2009-202
20
momento, nos referimos al vínculo jurídico que une al menor
con su familia biológica, no al vínculo natural. Así, no
podemos suscribir una interpretación de la ley cuyo efecto
práctico es el de supeditar la adopción de un nieto por sus
abuelos al requisito de que la madre biológica del menor
renuncie a la posibilidad de relacionarse con su hijo. No
vemos
cómo
una
interpretación
tan
estricta
propende
al
bienestar del menor. Tampoco vemos cómo abona a la política
pública de que, en casos de adopción entre parientes, los
menores continúen relacionándose con aquellos miembros de
la familia que son importantes para ellos. Art. 2, inciso
10, de la Carta de los Derechos del Niño, supra.
Como
argumento
adicional
en
contra
de
la
presente
petición, el Tribunal de Apelaciones señaló que permitir la
adopción podría crear confusión en la psiquis del niño,
elemento que, según dicho foro, la trabajadora social no
consideró en su estudio social. No estamos en posición de
determinar si este elemento fue considerado o no por la
trabajadora social. Sin embargo, se nos hace difícil pensar
que dicha profesional no haya considerado un aspecto tan
evidente. Asimismo, no vemos cómo una adopción que vendría
a formalizar la relación doméstica ya existente entre los
peticionarios y su nieto podría confundir a este último.
La
teoría
confusión
en
de
la
que
la
psiquis
presente
del
menor
adopción
es,
a
crearía
lo
sumo,
una
una
hipótesis. La realidad es que no estamos en posición de
hacer tal determinación. Para ello, la ley ordena que, en
casos
como
éste,
se
haga
un
estudio
social
que
los
CC-2009-202
21
tribunales luego debemos considerar para determinar si la
adopción sirve los mejores intereses del menor.
No obstante lo anterior, entendemos que, llevado hasta
sus últimas consecuencias, el razonamiento empleado por el
Tribunal de Apelaciones nos requeriría intervenir con toda
una serie de prácticas familiares. Bajo el pretexto de no
confundir
a
los
menores,
no
podríamos,
por
ejemplo,
permitir que una madre con custodia de su hijo menor se
case con un hombre distinto al padre de su hijo. ¿O es que
ello no crea una confusión en la psiquis del menor?
En suma, no tenemos los elementos de juicio ni la
pericia para evaluar el efecto que la adopción solicitada
tendría sobre la psiquis del menor concernido. Así, pues,
cómo mejor garantizamos el bienestar del menor es dejando
dicha determinación a los especialistas en conducta humana.
De otra parte, el foro apelativo intermedio concluyó
que el consentimiento de la madre biológica estuvo viciado
toda vez que ésta no quería o comprendía las consecuencias
de la adopción, según se deduce de su alegada pretensión de
continuar
relacionándose
con
el
menor.
De
la
referida
declaración, surge que la madre biológica autorizó que su
hijo fuera adoptado por sus abuelos “para todos los efectos
legales”. Dicha declaración no fue cuestionada. Además, de
los hechos del casos se deduce que la madre biológica optó
por desentenderse de su responsabilidad como madre. Como
mínimo, esto ocurrió cuando, teniendo cinco años el menor,
ella se fue del hogar de sus padres y dejó a su hijo
viviendo con sus abuelos. Más aún, es posible que la madre
CC-2009-202
22
biológica, quien tenía apenas 14 años cuando su hijo nació,
nunca asumiera tal responsabilidad. A esto se le suma el
hecho de que, posteriormente, la madre biológica tuvo más
hijos de otro padre, y en ningún momento ha procurado que
el menor S.A.C. vaya a vivir con ellos. De lo anterior
surge que la madre biológica consintió a que sus padres —
los abuelos de S.A.C.— fueran quienes criaran a su hijo.
Estamos, pues, ante una adopción que viene a convertir en
realidad
facto.
jurídica
Es
decir,
lo
que
hace
la
adopción
años
no
es
una
realidad
trastoca
la
de
realidad
doméstica de la familia; por el contrario, la formaliza. En
ese
contexto,
la
madre
biológica
no
debió
haber
tenido
dificultad en entender las consecuencias de la adopción.
Igualmente,
motivos
de
los
ambos
foros
peticionarios
inferiores
para
cuestionaron
querer
adoptar
a
los
su
nieto. Indicaron que el único fundamento para la presente
adopción es el beneficio económico por incapacidad que el
peticionario y abuelo del menor, el Sr. Carrillo Vázquez,
recibe de la Administración de Veteranos. Dicho beneficio,
sostuvieron, no puede ser el fundamento para conceder una
adopción.
Entendemos
que
la
posibilidad
de
que
dicho
beneficio económico sea de provecho para el menor no es, de
por sí, un fundamento para conceder o denegar la petición
de adopción. Ahora bien, no cabe duda de que este elemento
puede ser considerado al analizar si la adopción solicitada
contribuye
al
bienestar
del
menor.
Así
lo
reconoció
el
legislador en la Ley Núm. 9 de 1995, supra, cuando indicó
que
mediante
la
agilización
del
proceso
de
adopción
se
CC-2009-202
23
perseguía “el fin de que al adoptado se le provea, con
carácter permanente, un hogar donde se le brinde cariño,
cuidado,
protección,
seguridad
económica,
social
y
emocional”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 9 de 19 de
enero de 1995, 1995 Leyes de Puerto Rico, pág. 61 (Énfasis
nuestro). No debe perderse de vista que, de ordinario, el
factor económico incide en el acceso a servicios dirigidos
a alcanzar el desarrollo óptimo del menor, tales como la
educación y la salud.
Por último, debemos atender el planteamiento de los
tribunales inferiores en el sentido de que lo que procedía
en este caso era que los abuelos solicitaran la custodia de
su
nieto.
Es
correcto
que
los
peticionarios
tenían
esa
alternativa, mas no era la única que tenían. Como hemos
visto, en nuestro ordenamiento no existe impedimento a que
unos abuelos adopten a su nieto, incluso cuando, como en
este caso, la madre biológica continuaría relacionándose
con el menor. Así, pues, recae sobre las partes concernidas
la determinación inicial de qué arreglo jurídico-familiar
es el más apropiado para garantizar los mejores intereses
del
menor.
Dicha
determinación
inicial
luego
deberá
ser
avalada por un tribunal, el cual verificará que la adopción
solicitada cumpla con los requisitos de ley y evaluará la
petición a la luz criterios establecidos para ello.
La custodia no tiene los mismos efectos jurídicos que
la patria potestad adquirida por la adopción. Con sólo la
custodia, los abuelos no podrían, por ejemplo, suplir la
capacidad
de
su
nieto
menor.
Para
ello,
tendrían
que
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obtener la tutela. Tal trámite sería una carga adicional a
los
abuelos
toda
vez
que,
como
tutores,
tendrían
que
cumplir con toda una serie de requerimientos que nuestra
normativa sobre la tutela impone. Por otro lado, mediante
la adopción, los abuelos obtendrían la custodia permanente
del menor. Diferente sería el caso si tuvieran sólo la
custodia. En tales circunstancias, los abuelos quedarían a
la merced de que, en un futuro incierto, la madre o el
padre biológicos soliciten la custodia del menor. Resulta
evidente que, en el presente caso, tal eventualidad daría
al traste con la estabilidad y seguridad de las que el
menor S.A.C. goza actualmente junto a sus figuras paternas
de facto, sus abuelos. Sólo la adopción garantizaría el
disfrute ininterrumpido de dichas condiciones, amén de que
formalizaría la responsabilidad parental que los abuelos
han asumido respecto a su nieto.
En suma, coincidimos con la apreciación de que quienes
mejor pueden garantizar el bienestar del menor S.A.C. son
los
peticionarios.
Asimismo,
estimamos
que,
en
las
circunstancias específicas de este caso, la adopción es el
mecanismo jurídico que mayor protección ofrece los mejores
intereses del menor. Por estas razones, y convencidos de
que no existe ningún impedimento jurídico a la adopción
solicitada, hubiéramos revocado la sentencia del Tribunal
de Apelaciones.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente