LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Sánchez Díaz v. ELA

2011 TSPR 68

Poder Judicial de Puerto Rico

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Sánchez Díaz v. ELA

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

Ley 7 de 9 de mayo de 2009 – exclusión de los empleados del Registro de la Propiedad del plan de cesantías del gobierno · Hon. Fiol Matta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Madeline Sánchez Díaz, et al.

Peticionarios

Certiorari

v.

2011 TSPR 68

Estado Libre Asociado de Puerto

Puerto Rico (Departamento de

Justicia), et al.

181 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC

- 2009 - 1080

Cons. AC - 2010 - 2

Fecha: 4 de mayo de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel III

Jueza Ponente:

Hon. Zadette Bajandas Vélez

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Eduardo Vera Ramírez

Lcda. María Santiago Ramos

Lcda. Rebecca Martínez Jiménez

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz

Lcda. Rosa Campos Silva

Lcdo. Simone Cataldi Malpica

Lcdo. Eliezer A. Aldarondo López

Materia:

Solicitud de Injuction Preliminar y Permanente por

violación de Derechos Constitucionales, Sentencia Declaratoria y

Daños y Perjuicios

Este documento constituye un d

ocumento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

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Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Madeline Sánchez Díaz, et al.

Peticionarios

v.

CC-2009-1080

cons. con

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico (Departamento de

Justicia), et al.

Recurridos

AC-2010-2

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2011.

Nuevamente debemos interpretar el alcance de

las enmiendas al plan de cesantía implementado por

la

Ley

Núm.

7

de

9

de

marzo

de

2009,

mejor

conocida como Ley Especial Declarando Emergencia

Fiscal

y

Estableciendo

Plan

Integral

de

Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de

Puerto

Rico

corresponde

(la

Ley

examinar

7).

si

En

erró

particular,

nos

el

de

Tribunal

Apelaciones al resolver que el Tribunal de Primera

Instancia actuó sin jurisdicción cuando concluyó

que las peticionarias estaban excluidas del plan

de cesantía, por razón de pertenecer al personal

del

Registro

de

la

Propiedad

de

Puerto

Rico.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

2

I.

El 22 de octubre de 2009 Madeline Sánchez Díaz, junto a

otras dos empleadas del Registro de la Propiedad, Lucila

Flores Rivera e Ivette López Ortiz, instó una acción civil

solicitando

injunction

preliminar

contra

el

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico (el ELA) por razón de haber sido

cesanteada de su puesto en virtud de la Ley 7.

La parte

demandante reclamó que no procedía su cesantía, ya que la

Ley Núm. 37 de 10 de julio de 2009 había enmendado el

Artículo 37.02 de la Ley 7 a los efectos de excluir el

personal del Registro de la Propiedad del plan de cesantía.

El ELA adujo que dicha disposición no resguardaba el empleo

de la señora Sánchez Díaz debido a que su clasificación de

empleo, Técnico de Sistemas de Oficina I, no era esencial.

También levantó como defensa que el foro primario carecía de

jurisdicción para adjudicar la controversia porque la Ley 7

le confirió jurisdicción exclusiva a la Comisión Apelativa

del

Sistema

de

Administración

de

Recursos

Humanos

del

Servicio Público (la CASARH) para atender cualquier asunto

relacionado a las cesantías.

Finalizadas

las

vistas,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia emitió, el 30 de octubre de 2009, una sentencia

parcial en la cual decretó que las actuaciones de la parte

demandada fueron ultra vires y, por tanto, las cartas de

cesantía

notificadas

a

las

demandantes

eran

nulas

e

inoficiosas.

La juzgadora del foro primario razonó que, por

tratarse

un

de

asunto

de

estricta

interpretación

del

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

3

derecho, la adjudicación de dicho asunto no requería la

pericia de la agencia administrativa.

los

miembros

del

personal

del

También concluyó que

Registro

de

la

Propiedad

fueron incluidos de forma expresa en la lista de empleados

exentos del proceso de cesantía del Artículo 37.02 de la Ley

7, según enmendada.

Inconforme,

el

ELA

presentó

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones un recurso de apelación en el cual señaló que el

foro primario había errado al asumir jurisdicción sobre el

caso cuando le correspondía atenderlo exclusivamente a la

CASARH, como también al concluir que todo el personal del

Registro de la Propiedad estaba excluido de la aplicación de

la Ley 7.

El 13 de noviembre de 2009 el foro apelativo

revocó la sentencia parcial del foro primario y desestimó la

demanda presentada.

Concluyó que el pleito versaba sobre el

principio de mérito y que la Ley 7 le confería a la CASARH

jurisdicción primaria exclusiva sobre los asuntos de los

empleados públicos cesanteados a tenor con dicho estatuto.

Posteriormente, la señora Sánchez Díaz presentó ante

este Tribunal una petición de certiorari solicitando que se

revocara el dictamen del foro apelativo.

Adujo que éste

erró al: a) determinar que el Tribunal de Primera Instancia

carecía de jurisdicción para atender los despidos decretados

por la Ley 7 en casos donde la controversia se limita a un

asunto

de

estricta

interpretación

estatutaria

sobre

la

exclusión de ciertos grupos; b) determinar que el Tribunal

de Primera Instancia carecía de jurisdicción para entender

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

4

en los despidos decretados bajo la Ley 7 cuando se han

alegado violaciones específicas a derechos constitucionales;

c) determinar que el pleito versaba sobre el principio de

mérito;

d)

determinar

que

no

procedía

un

injunction

preliminar y e) determinar que las peticionarias no estaban

expresamente excluidas del plan de cesantía bajo la Ley 7,

en contravención a la propia letra e intención legislativa

de dicho estatuto.

Coetáneamente con la presentación de su demanda ante el

foro primario, y bajo el mismo fundamento sobre la exclusión

del personal del Registro de la Propiedad, la señora Sánchez

Díaz radicó una apelación ante la CASARH con el fin de

impugnar su cesantía. Luego de varios trámites procesales,

el 24 de marzo de 2010, la CASARH emitió una Resolución en

la cual declaró no ha lugar a la apelación presentada.1

Más

tarde, el 18 de noviembre de 2010, el ELA presentó una

moción ante este Tribunal solicitando la desestimación de la

reclamación instada por la peticionaria Sánchez Díaz. En esa

instancia alegó que por concurrir identidad entre la cosa,

causa y partes de este reclamo, junto a que la determinación

administrativa advino final y firme, se debe aplicar la

doctrina de cosa juzgada.

De forma paralela a la señora Sánchez Díaz, Humberto

Martínez Ortiz, junto a otros 24 empleados del Registro de

1

La Resolución de la CASARH nada resuelve en cuanto a la

exclusión establecida por el Artículo 37.02 de la Ley 7. En

efecto, la misma sólo versa sobre la re-certificación de la

antigüedad de la señora Sánchez Díaz, computada en 7 años, 7

meses y 29 días.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

5

la Propiedad, presentó ante el Tribunal de Primera Instancia

una demanda similar contra el ELA solicitando los mismos

remedios

que

en

la

primera

demanda,

a

tenor

enmiendas al Artículo 37.02 de la Ley 7.

con

las

El foro primario

emitió una sentencia, el 26 de octubre de 2009, en la cual

dictaminó

que

la

CASARH

exclusiva

para

atender

era

el

foro

cualquier

con

asunto

jurisdicción

surgido

de

la

impugnación de la Ley 7, no limitándose a la impugnación de

las cesantías sino con referencia a todos los derechos de

los empleados afectados por ella.

De esta forma, el foro

primario desestimó la demanda por falta de jurisdicción y

refirió a los demandantes al foro pertinente, es decir, la

CASARH.

Inconformes, los demandantes presentaron una petición

de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones y plantearon

unos señalamientos de error similares a los del primer caso

ante nuestra consideración.

Sin embargo, el foro apelativo

confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia y la

parte

demandante

procedió

a

presentar

un

recurso

de

Tribunal

emitió

una

del

señor

de

la

señora

sobre

la

misma

apelación civil ante este Tribunal.

El

4

de

junio

Resolución

en

la

cual

se

Martínez

Ortiz,

y

otros

empleados,

Sánchez

Díaz

por

versar

controversia.2

2

de

2010

este

consolidó

ambos

el

con

pleitos

caso

el

Sin embargo, luego de varias conversaciones

La petición de certiorari de la señora Sánchez Díaz fue

expedida el 21 de mayo de 2010, mientras que el recurso de

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

6

transaccionales encaminadas a finiquitar las controversias,

el 13 de septiembre de 2010, el señor Martínez Ortiz y otros

demandantes del segundo caso presentaron ante este Tribunal

una moción solicitando el desistimiento con perjuicio y la

renuncia a la representación legal en su caso.

La única

demandante que permaneció en esa acción civil, ya que no

aceptó los términos y condiciones propuestos en el acuerdo

transaccional, fue la señora Anca Santiago.

Nuevamente,

el

15

de

octubre

de

2010

emitimos

una

Resolución en la cual le concedimos a la señora Sánchez Díaz

un término de 30 días para presentar su alegato, so pena de

desestimación; mientras que a la señora Anca Santiago le

concedimos

un

término

representación legal.

similar

para

informar

su

nueva

Al día de hoy solamente la señora

Sánchez Díaz ha cumplido con nuestros requerimientos, ya que

presentó oportunamente una moción informativa acogiéndose a

la Regla 33(k) de nuestro Reglamento.3

presentó

posteriormente

ante

este

Sin embargo, ésta

Tribunal

una

moción

informativa sobre desistimiento por acuerdo transaccional,

apelación civil de la señora Anca Santiago, acogido como

certiorari, lo fue el 4 de junio de 2010.

3

“Cualquier parte que haya sometido una petición o moción

fundamentada con relación a la expedición de un auto podrá

someter el asunto sin necesidad de presentar un alegato.

Deberá hacerlo constar así en una moción informativa, y la

fecha de presentación y notificación de dicha moción será

equivalente para todos los fines pertinentes a la fecha de

presentación y notificación del alegato. No obstante lo

anterior, el Tribunal podrá ordenar que se prepare y someta

un alegato en cualquier caso que lo considere necesario”. 4

L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 33(k).

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

7

cuyo efecto fue finiquitar la causa de acción presentada por

ella mas no la de las dos peticionarias restantes.4

Examinados los casos consolidados y contando con la

comparecencia de la parte demandada, procedemos a resolver.

II.

Concretamente,

la

Ley

7

establece,

entre

otros

asuntos, un plan de emergencia de reducción de gastos por

parte

del

Gobierno

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico.

Mediante el Artículo 37 se instituyó la segunda fase

del plan de reducción de gastos, la cual conllevó cesantías

involuntarias para la eliminación de puestos. Esta fase

sería aplicable, con determinadas excepciones, a todas las

agencias de la Rama Ejecutiva del Gobierno.5

4

La moción informativa es clara en cuanto a que dicha

transacción surtía el efecto de desistir de la causa de

acción “única y exclusivamente para la demandante aquí

compareciente, Madeline Sánchez Díaz”. Moción Informativa

sobre Desistimiento por Acuerdo Transaccional, 28 de febrero

de 2011. Por otro lado, debemos resaltar que posteriormente

recibimos una moción informativa adicional informando un

acuerdo transaccional similar celebrado entre Lourdes

Laclaustra De Jesús y el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico. Moción Informativa sobre Desistimiento por Acuerdo

Transaccional, 19 de abril de 2011. Sin embargo, no surge

del expediente que dicha persona sea parte del caso de

epígrafe, por lo cual la tomamos por no puesta.

5

“Este Capítulo III será de aplicación a todas las

Agencias cuyo presupuesto se sufraga, en todo o en parte,

con cargo al Fondo General a la fecha de vigencia de esta

Ley. Estarán exentas de la aplicación de esta Ley las ramas

judicial y legislativa, así como las agencias de gobierno e

instrumentalidades gubernamentales excluidas por el Artículo

5, Sección 5.3 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004,

según enmendada; conocida como la Ley para la Administración

de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico; disponiéndose, no obstante,

que estará sujeta a la aplicación de esta Ley la Oficina

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

8

Más allá de la aplicabilidad del plan de cesantía, la

Ley

7

también

dispuso,

en

su

Artículo

37.02,

ciertas

excepciones a dicho plan con el fin de minimizar el impacto

negativo a los servicios brindados por el Gobierno en las

áreas

relacionadas

con

la

protección

de

la

seguridad,

enseñanza, salud y bienestar. El Artículo 37.02 inicialmente

mencionaba

un

número

limitado

de

puestos

referidas cesantías involuntarias.6

exentos

de

las

Luego, el 19 de junio

de 2009, las Comisiones de Hacienda y Gobierno de la Cámara

de

Representantes

de

Puerto

Rico

presentaron

ante

dicho

cuerpo legislativo el Informe Positivo sobre el P. de la C.

1640.

En ese Informe ambos cuerpos realizaron una extensa

evaluación de la Ley 7 y presentaron “una serie de enmiendas

adicionales a la medida con el fin de promover el desarrollo

económico y proteger ciertos empleos en el sector público de

alta

importancia

(Énfasis nuestro).

para

el

servicio

de

la

ciudadanía”.7

Acto seguido, el 10 de julio de 2009, se

aprobó la Ley Núm. 37 para enmendar el Artículo 37.02 a los

fines de ampliar la lista de los puestos exentos del plan

de cesantías involuntarias. La nueva ley adicionó, entre

otros, al personal del Registro de la Propiedad de Puerto

Rico.8

propia del Gobernador”.

de marzo de 2009.

Artículo 34 de la Ley Núm. 7 de 9

6

Los empleados del Registro de la Propiedad no aparecían

específicamente mencionados en ese listado inicial.

7

Informe Positivo sobre el P. de la C. 1640, de 19 de

junio de 2010, pág. 16.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

9

8

"Sección 40. Se enmienda el Artículo 37.02 de la Ley Núm.

7 de 9 de marzo de 2009, para que se lea como sigue:

'Artículo

37.02.-Exclusión

aplicación de la Fase II.

de

la

A fin de evitar un impacto negativo en los

servicios brindados por el Gobierno y en

cumplimiento

con

Io

dispuesto

en

el

Artículo 2 de esta Ley, estarán exentos de

las cesantías de la presente ley los

empleados de las Agencias que según sus

clasificaciones llevan a cabo funciones

esenciales en protección de la seguridad,

enseñanza, salud y bienestar, según serán

definidos por la JREF, tales como:

(a) policías y bomberos, agentes del

Cuerpo

de

Vigilantes,

agentes

del

Negociado de Investigaciones Especiales

y

la

Oficina

del

Fiscal

Especial

Independiente;

(b) oficiales de corrección y oficiales

juveniles;

(c) maestros asignados al salón de clases,

incluyendo los transitorios durante el

año escolar;

(d) Directores,

bibliotecarios,

orientadores y empleados de comedores

adscritos al Departamento de Educación;

(e) maestros del Conservatorio de Música

de Puerto Rico y de la Escuela de Artes

Plásticas;

(f) profesionales de la salud (médicos,

paramédicos, enfermeras, farmacéuticos y

técnicos de laboratorio);

(g) trabajadores sociales,

(h) operadores del sistema de llamadas de

emergencia 911;

(i) patólogos,

personal

pericial

y

técnico

del

Instituto

de

Ciencias

Forenses;

(j) empleados

de

la

Comisión

de

Relaciones del Trabajo del S e r v i c i o

Público y la Comisión Apelativa

del

Sistema

de

Administración de

Recursos Humanos del Servicio Público;

(k) Personal de la Oficina de Servicios

con Antelación a Juicio;

(l) Personal

del

Registro

de

la

Propiedad;

(m) Personal de la Junta de Libertad Bajo

Palabra; y

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

Hemos

atendido

10

recientemente

otras

controversias

relacionadas a los grupos de empleados que están exceptuados

del plan de cesantía de la Ley 7.

En Negrón Matos v. ELA,

res. de 9 de junio de 2010, 2010 T.S.P.R. 86, decidimos que

la parte demandante, compuesta por diversos empleados de la

Administración

de

Instituciones

Juveniles

(la

AIJ),

no

estaba excluida del plan de cesantía. En aquella instancia

los peticionarios argumentaron que la AIJ, como agencia,

quedó excluida de la Fase II, ya que el Artículo 37.02(b)

incluía

a “oficiales de corrección y oficiales juveniles”.

Este Tribunal dictaminó que, en aras de proteger ciertos

empleos en el sector público de alta importancia para el

servicio de la ciudadanía, la citada disposición de la Ley

7, según enmendada, sólo excluía a ciertos empleados a base

de sus clasificaciones, y no a la agencia por completo.

Luego, en Báez Rodríguez v. Gobernador, res. de 9 de

junio de 2010, 2010 T.S.P.R. 87, confirmamos el ratio de

Negrón Matos al concluir que los demandantes sí estaban

excluidos del plan de cesantía, no por ser empleados del

Instituto de Ciencias Forenses, sino por razón de llevar a

cabo funciones técnicas y de peritaje expresamente excluidas

por

el

Artículo

legislativo

del

legislador

entendió

37.02.

estatuto

Esto,

que

necesario

conforme

revela,

aumentar

en

al

parte,

las

historial

que

“el

exenciones

a

ciertos puestos que son esenciales para el funcionamiento de

(n) Consejeros

en Rehabilitación Vocacional

y

personal

de

apoyo

técnico...".

(Énfasis nuestro).

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

11

nuestro sistema de gobierno”.9

en

dicha

ocasión

legislador

que

al

De esta forma, reconocimos

enmendar

salvaguardó

los

el

Artículo

servicios

37.02

“el

esenciales

del

gobierno, ya sea mediante exclusión estatutaria expresa o

mediante

la

determinación

Reestructuración

y

que

haga

la

Estabilización

Fiscal

(la

Junta

JREF)

de

sobre

otros empleados no excluidos expresamente en la referida

disposición”.10

También atendimos en Báez Rodríguez lo referente a la

jurisdicción delegada a la CASARH.

Aclaramos que la Ley 7

sólo sustrajo de la jurisdicción ordinaria de los tribunales

de

justicia

aquellas

controversias

relacionadas

a

la

antigüedad en sus empleos de los empleados sancionados y

dispusimos

que

cuando

la

controversia

planteada

no

se

relacione estrictamente a esta causa de impugnación, los

tribunales

facultad

de

justica

tendrán

jurisdiccional.11

autoridad

Ello

nos

para

permite

ejercer

su

resolver,

de

entrada, que las peticionarias tienen razón al alegar que el

foro apelativo no debió negarle jurisdicción al Tribunal de

Primera

Instancia

estatutaria.

Este

para

atender

caso

no

versa

su

reclamo

sobre

el

de

exención

principio

de

mérito, como tampoco está en controversia el cómputo de la

antigüedad en el empleo de la señora Sánchez Díaz. Aquí es

claro que la parte demandante impugna su cesantía basándose

9

Báez Rodríguez v. Gobernador, res. de 9 de junio de 2010,

2010 T.S.P.R. 87.

10

Íd.

11

Íd.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

12

única y exclusivamente en que la letra del Artículo 37.02(l)

resguarda expresamente su puesto de los efectos de la Fase

II de la Ley 7.12

III.

Ahora bien, ya dispuestas las controversias anteriores,

procedemos a atender los demás errores alegados, todos los

cuales

se

refieren

al

significado

del

texto

legislativo

sobre la exclusión del personal del Registro de la Propiedad

de los efectos de la Ley 7.

En

nuestra

jurisdicción

las

normas

básicas

de

interpretación gozan de rango estatutario. El Artículo 14

del Código Civil de Puerto Rico dirige al juzgador a no

menospreciar la letra de la ley, bajo el pretexto de cumplir

con

su

espíritu,

ambigüedad.13

cuando

También

por

ésta

es

mandato

clara

y

libre

estatutario

de

nos

toda

vemos

obligados a entender el lenguaje de una ley en su “más

corriente y usual significación” atendiendo con prioridad el

uso general y popular de las voces, ya que se presume que el

legislador ha utilizado las palabras en su acepción común.14

Por tanto, y como ejercicio de autodisciplina judicial, el

12

En cuanto al señalamiento del ELA sobre la aplicabilidad

de la doctrina de cosa juzgada para con la señora Sánchez

Díaz, al haber ésta desistido del presente caso, y por ser

la única peticionaria que compareció ante la CASARH para

impugnar su cesantía conforme al Artículo 37.02 de la Ley 7,

supra, el mismo no debemos atenderlo.

13

14

31 L.P.R.A. sec. 14.

31 L.P.R.A. sec. 15.

Véase, además, Bird v. Eastern

Airlines¸ 99 D.P.R. 955 (1971); Coop. de Cafetaleros v. La

Capital, 82 D.P.R. 51 (1961); Bull Insular Line v. Sancho

Bonet, 53 D.P.R. 865 (1938).

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

13

tribunal no puede añadir o eliminar condiciones en una ley

que no surgen de su redacción.

A su vez, esto requiere de

los tribunales de justicia el mayor grado de disciplina al

aplicar

una

ley,

para

evitar

sustituir

el

criterio

del

legislador por convicciones o creencias que pueda tener el

juez.15

Igualmente hemos señalado, como norma general, que para

interpretar correctamente una ley es necesario estudiarla y

analizarla como un íntegro, ya que la lectura aislada y

desconectada de porciones de una ley podría dar lugar a

confusión.16

Resulta, pues, necesario que en nuestra labor

interpretativa armonicemos, hasta donde sea posible, todas

las disposiciones de una ley con el propósito de lograr

auscultar integrada, lógica y razonablemente la intención

legislativa.

Todo

ello

sin

olvidar

que

las

reglas

de

interpretación no son más que guías que ayudan al juzgador a

esclarecer los fines del estatuto y no pueden utilizarse si

el resultado contravendría la intención del legislador.17

Si bien es cierto que en Negrón Matos decidimos que ni

el

texto

consideró

original,

excluir

ni

a

el

todos

enmendado,

los

del

empleados

Artículo

de

la

37.02

agencia

15

Dpto. Estado v. U.G.T., 173 D.P.R. 93, 110 (2008);

Guzmán v. Calderón, 164 D.P.R. 220, 256-257 (2005); Mun. de

San Juan v. Banco Gub. Fomento, 140 D.P.R. 873, 884 (1996);

Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, 76 D.P.R. 509, 521

(1954).

16

A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816, 820 (1986);

Delgado v. D.S.C.A., 114 D.P.R. 177, 182 (1983); Cirino v.

Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 608, 616 (1964).

17

Íd.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

concernida,

y

que

en

Báez

14

Rodríguez

enfatizamos

la

protección estatutaria a los puestos que realizan funciones

esenciales, no es menos cierto que en aquellas instancias

interpretamos dos incisos que claramente excluían de los

efectos

del

plan

de

cesantía

particular.18

Sin

embargo,

unos

puestos

el

caso

en

técnicos

ante

en

nuestra

consideración debemos analizar un lenguaje de exclusión muy

distinto.

En

cuanto

a

los

empleados

exentos

bajo

el

texto

original de la Ley 7, el Artículo 37.02 se refería, en sus

incisos (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) y (h), a empleos o

cargos concretos y específicos.19

y

aumentar

cesantía,

el

la

número

de

Ley

añadió

37

Al enmendar ese artículo

empleos

excluidos

empleos

del

concretos

plan

de

a

las

disposiciones existentes bajo la Ley 7 pero también creó

nuevos incisos para incluir empleos que son prescritos de

18

A saber, en Negrón Matos el caso trataba sobre el

Artículo 37.02(b) que incluye “oficiales de corrección y

oficiales juveniles”, mientras que en Báez Rodríguez el

Artículo 37.02(i) incluye los puestos de “[p]atólogos,

personal pericial y técnicos del Instituto de Ciencias

Forenses”. Debemos resaltar que aunque el Artículo 37.02(b)

se mantuvo inalterado por la enmiendas de la Ley 37, el

texto original del la Ley 7, que concernía al Instituto de

Ciencias Forenses, incluía en su Artículo 37.02(h) solamente

a los “patólogos del Instituto de Ciencias Forenses”.

En

este último caso la enmienda resultó, más allá de cambiar la

enumeración del referido inciso, en añadir otros empleos o

puestos generales a la lista de los excluidos del plan de

cesantía.

19

Es decir, originalmente serían excluidos del plan de

cesantía empleos o puestos particulares, tales como:

policías, bomberos, oficiales de corrección y juveniles,

maestros, bibliotecarios, médicos, paramédicos, enfermeras,

farmacéuticos,

técnicos

de

laboratorio,

trabajadores

sociales, operadores del sistema de llamadas de emergencia y

patólogos.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

forma general.

(k),

(l)

y

15

Entre éstos se encuentran los incisos (j),

(m)

del

Artículo

37.02

que

incluyen:

“[e]mpleados de la Comisión de Relaciones del Trabajo de

Servicios Públicos y la Comisión Apelativa del Sistema de

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público”,

“[p]ersonal de la Oficina de Servicios con Antelación al

Juicio”,

“[p]ersonal

del

Registro

de

la

Propiedad”

y

“[p]ersonal de la Junta de Libertad Bajo Palabra”.

En su moción en oposición a la petición de certiorari

el ELA argumentó que el Artículo 34 de la Ley 7, según

enmendada, es la disposición que rige sobre la aplicabilidad

de dicha ley y que la misma no exime de los efectos del plan

de cesantía al Departamento de Justicia, que es la agencia a

la cual está adscrito el Registro de la Propiedad.

De esta

forma la parte demandada resalta que el Artículo 32.07 debe

ser interpretado conjuntamente con el Artículo 34. Señala,

además,

que

al

haber

discrepancia

en

el

lenguaje

del

Artículo 37.02, lo que corresponde es que la JREF determine

cuáles empleados quedarán, en efecto, exentos de la Fase II

de la Ley 7.20

Concretamente, nos encontramos ante una situación donde

el término “personal” se contrapone al propio lenguaje del

Artículo 37.02 que excluye a “los empleados de las Agencias

que

según

sus

clasificaciones

llevan

a

cabo

funciones

esenciales”. Para propósitos de la interpretación judicial,

y

20

ante

situaciones

como

la

presente,

este

Tribunal

ha

Moción de Desestimación y/o en Oposición a que se Expida

el Recurso de Autos, 12 de enero de 2010, pág. 12-14.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

expresado

que

la

literalidad

16

de

una

ley

sólo

puede

ser

ignorada cuando ésta es claramente contraria a la verdadera

intención

o

propósito

legislativo.

Es

entonces

cuando

debemos consultar el historial del estatuto a interpretarse,

sin olvidar que “[l]a exposición de motivos de la ley, los

informes de las comisiones y los debates en el hemiciclo, en

adición al texto de la misma, son las fuentes de mayor

importancia en la tarea de determinar el significado de un

acto legislativo”.21 Si la función de las enmiendas de la

Ley 37 era esclarecer la intención legislativa de la Ley 7,

nos corresponde como máximo foro realizar un ejercicio de

hermenéutica para descifrar la misma. En esta instancia lo

que

corresponde

problema,

es

precisar

penetrar

el

diseño

la

y

superficie

la

razón

de

verbal

del

ser

las

de

disposiciones legales envueltas y sopesar los intereses en

juego,

para

intentar

acercarnos

a

la

interpretación

más

el

del

justiciera.22

Comenzamos,

vocablo

pues,

“personal”

por

auscultar

incluido

en

el

significado

Artículo

37.02(l).

En

primer lugar, encontramos que el término “personal” no está

definido

en

el

texto

de

la

Ley

7

ni

en

su

historial

legislativo. Cuando un estatuto no contiene una definición

del vocablo en controversia la palabra debe entenderse en el

21

Dpto. Hacienda v. Telefónica, 164 D.P.R. 195, 204 (2005);

Pérez v. Gobierno Municipal de Lares, 155 D.P.R. 697, 706707 (2001); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 538539 (1999).

22

Pueblo v. Negrón Caldero, 157 D.P.R. 413, 423 (2002);

Suc. Álvarez Crespo v. Pierluisi, supra, a la pág. 275;

Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 363, 366 (1975).

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

17

sentido ordinario y usual que se le adscribe, tomando en

consideración que la interpretación judicial debe hacerse

con fines socialmente útiles.23

Así las cosas, no podemos

negar que el término “personal” es amplio y abarcador.

Éste

se

las

define

de

forma

general

como

el

“[c]onjunto

de

personas que trabajan en un sitio”,24 o como el “[c]onjunto

de

las

personas

que

pertenecen

a

determinada

clase,

corporación o dependencia. Empleados”.25 (Énfasis nuestro).

A

su

vez,

y

desde

una

perspectiva

económica

y

administrativa, se refiere a un “[n]ombre genérico que se

utiliza para designar el factor trabajo de una empresa o

conjunto de empleados de la misma, cualquiera que sea su

grado de cualificación profesional, si bien se ha hecho

clásica

su

asalariados,

clasificación

mandos

en

tres

intermedios

niveles

y

o

grupos:

ejecutivos

o

directivos”.26 (Énfasis nuestro). También desde el punto de

23

Pueblo v. Cosme Vargas, 96 D.P.R. 836, 842 (1969);

Bacardí Corporation v. Tribunal de Contribuciones, 75 D.P.R.

131, 137 (1953).

24

M. Moliner, Diccionario de uso del español, Ed. Gredos,

Madrid, 1991, Pág. 717.

Véase, además, las definiciones siguientes: “Conjunto

de empleados de una empresa. Plantilla.” M. Vaquero y A.

Morales, Tesoro Lexicográfico del español de Puerto Rico,

Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Ed. Plaza

Mayor, San Juan, 2005, pág. 602; “A body of persons usually

employed (as in a factory, office or organization)”,

Merridan Webster’s Collegiate Dictionary, Merriam-Webster,

10th ed., Springfield, 1993, pág. 867.

25

I. Rivera García, Diccionario de términos jurídicos, Ed.

Equity, 2da ed., Oxford, 1985, pág. 204.

26

A.

Suárez

Suárez,

Diccionario

de

Economía

y

Administración, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1992, pág. 215.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

18

vista laboral se ha definido de una forma similar, es decir:

“[t]he

working

force

or

body

of

persons

employed

by

an

organization, firm or individual. The term… is synonymous

with employees, staff, and workers”.27 (Énfasis nuestro).

Hemos de notar que si adoptamos cualquiera de estas

definiciones del término “personal”, en su sentido común y

corriente,

y

hasta

técnico,

se

colige

que

el

estatuto

prescribe la exención del plan de cesantía a la totalidad de

la fuerza laboral empleada en el Registro de la Propiedad.

No obstante, y debido a la incongruencia lingüística del

Artículo 37.02, debemos remitirnos al historial legislativo.

De éste se desprenden las expresiones siguientes:

Sra. González Colón: “Y a mí me parece importante

excluir también el programa de Registro de la

Propiedad, esos técnicos que están entrando las

notas y los documentos del registro de la

propiedad, porque el registro de la propiedad, si

estuviera al día y no tuviéramos los más de 658

mil documentos sin registrar, estuviera generando

entre 200 y 350 millones de dólares al año,

nuevo, limpio, que estarían en el Fondo General.

Pero como no se le asigna el dinero para utilizar

la tecnología y no se le asignan las manos para

poder trabajar con esos casos seguimos perdiendo

anualmente esa misma cantidad, y por eso estamos

excluyéndolo de la Ley 7”.28 (Énfasis nuestro).

También, véase, “equipo de personas que forman parte de la

plantilla de una empresa y en la que prestan servicios”. A.

Andersen, Diccionario de Economía y Negocios, Ed. Espasa,

Madrid, 1999, pág. 481.

27

P. Casselman, Labor Dictionary, Philosophical Library,

New York, 1949, pág. 357.

28

P. de la C. 1640, Diario de Sesiones de 19 de junio de

2009, pág. 8.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

19

Aunque la expresión de la Presidenta cameral hace alusión a

aquellos “técnicos que están entrando las notas”, lo cual,

tomado aisladamente, se podría interpretar como indicio de

que la enmienda buscaba excluir solamente a ese personal

técnico, debemos notar el reconocimiento del atraso en la

inscripción y la carencia de mano de obra en las labores del

Registro de la Propiedad, lo cual fortalece el argumento de

que la exclusión se refiere al programa en su totalidad.

Abona

a

nuestro

entendimiento

de

la

intención

legislativa la posterior aprobación de la Ley Núm. 216 de 27

de diciembre de 2010, mejor conocida como Ley para Agilizar

el Registro de la Propiedad, la cual reconoció un atraso de

600,000

documentos

legislativo

de

esta

preocupación

de

la

situación

económica

a

ser

pieza

inscritos.

legislativa

Del

se

desprende

legislatura,

ya

general,

probabilidad

la

que

historial

debido

de

la

a

“la

que

se

asignen más fondos al Registro de modo que puedan añadirse

funcionarios

que

tramiten

los

documentos

pendientes

es

mínima”.29 (Énfasis nuestro).

La Orden Administrativa del Departamento de Justicia

emitida

en

cumplimiento

asignará

por

sección

un

de

la

Ley

216

dispone

que

se

mínimo

de

dos

“empleados”

del

Registro para llevar a cabo el proceso de identificación de

documentos prescrito en su Artículo 3. Debemos notar que el

personal que llevará a cabo estas funciones se denomina

29

Informe Positivo de la Comisión de lo Jurídico y Ética

sobre el P. de la C. 2683, de 22 de junio de 2010, pág. 7.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

20

simplemente como “empleados” y tendrá las tareas siguientes:

verificar que el número de asiento y diario corresponda con

el del documento en la minuta de presentación, poner sellos

de inscripción y cancelación, cotejar el proceso con la

bitácora y llenar diversos formularios.

Esto significa que

el grueso del trabajo, o sea, la identificación y separación

de documentos y comprobantes de 4,000 documentos al mes,

será realizado no por el personal pericial o técnico, sino

por personal general que deberá ser reasignado, no importa

sus

puestos

regulares,

para

cumplir

inscribir los documentos atrasados.30

con

el

proceso

de

De esta forma podemos

colegir que el uso del término “personal” en la Ley 37 es

consistente con posteriores actos legislativos que buscan

salvaguardar en su totalidad el programa del Registro de la

Propiedad, mediante un proceso de reubicación laboral del

personal que llevará a cabo la fase inicial del proceso de

inscripción expedita.

Recalcamos,

además,

que

existe

una

clara

distinción

entre el lenguaje que se usa para identificar este personal

y

el

utilizado

por

la

Ley

7

para

otras

categorías

de

personal. Así, observamos que mientras el Artículo 37.02(i)

se refiere al “personal pericial” del Instituto de Ciencias

Forenses, el Artículo 37.02(n) se refiere al “personal de

30

Véase, Parte III (B) (1 y 4), OA Núm. 2011-01 de 24 de

enero de 2011, Medidas en Torno a la Implementación de la

Ley Núm. 216 de 27 de diciembre de 2010 y el Artículo 13 del

Reglamento Núm. 7988 de 4 de febrero de 2011.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

21

apoyo técnico” de Rehabilitación Vocacional.31 Es evidente

que los empleados, o el personal, a ser excluidos del plan

de cesantía de estas dos agencias se distinguen del término

raso “personal”, utilizado sin calificación para describir

los empleos del Registro de la Propiedad.

Este

razonamiento

expresiones

recogidas

hace

en

el

eco

nuevamente

historial

en

las

legislativo,

las

cuales revelan que esta distinción no fue producto del azar

o de un lapso de desapercibimiento:

Sr. Cintrón Rodríguez: “[Enmiendas para excluir

de

los

despidos

y

cesantías

voluntarias]…

Maestros de la escuela de Artes Plásticas,

personal pericial y técnico de Ciencias Forenses…

empleados de la Comisión de Relaciones al Trabajo

del Servicio Público, Registro de la Propiedad,

vamos a incluir a los consejeros, también, de

Rehabilitación Vocacional, y personal técnico y

pericial de dicha oficina…”.32 (Énfasis nuestro).

En esta instancia el representante cameral es contundente al

equiparar

el

término

“personal”,

37.02(l), con el de “empleado”.

en

cuanto

al

Artículo

Es decir, no solamente se

intima que el programa del Registro de la Propiedad había de

ser excluido de la Fase II en su totalidad, sino que el

vocablo “personal” en solitario se utiliza conforme a su

significado corriente y técnico que comprende a toda la

plantilla laboral de la institución.

31

Notamos que, al igual que el término “personal” del

Registro de la Propiedad, los términos “personal pericial y

técnico” y “personal de apoyo técnico” del Instituto de

Ciencias

Forenses

y

del

programa

de

Rehabilitación

Vocacional, correspondientemente, fueron incluidos en el

texto del Artículo 37.02 a tenor con las enmiendas de la Ley

37.

32

P. de la C. 1640, supra, pág. 21.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

22

Procedemos ahora a examinar las razones por las cuales

se enmendó la Ley 7.

El P. de la C. 1640 esclarece en su

exposición de motivos que en aras de proteger los intereses

del pueblo de Puerto Rico “[e]s responsabilidad de esta

Asamblea Legislativa velar porque las medidas que componen

las Fases I, II y III del referido Capítulo se implanten de

una manera eficiente y responsable, cónsonas plenamente con

los

objetivos

de

política

pública

dispuestos en su Artículo 2”.33

plasman

nítidamente

expresamente

ciertas

en

dicho

metas

de

esta

Ley,

según

Los fines de la Ley 7 se

artículo,

el

cual

gubernamentales,

declara

tales

como:

crear un plan integrado para “restablecer la salud fiscal y

las bases para que el Gobierno pueda impulsar el desarrollo

económico”, entre otros asuntos.34

Podemos

deducir

del

historial

legislativo

que

la

inclusión del “personal” del Registro de la Propiedad en el

Artículo 37.02(l) cumple con los dos propósitos principales

de las enmiendas presentadas por las Comisiones de Hacienda

y Gobierno en su Informe Positivo, es decir: “promover el

desarrollo económico y proteger ciertos empleos en el sector

público

de

ciudadanía”.35

alta

importancia

para

(Énfasis nuestro).

el

servicio

de

la

Esto es así, debido a la

importancia de los servicios del Registro de la Propiedad

para el bienestar general de la ciudadanía.

33

Es decir, allí

Informe Positivo Conjunto P. de la C. 1640, de 25 de

junio de 2009, pág. 5.

34

Artículo 2 de la Ley 7, supra.

35

P. de la C. 1640, supra, pág. 16.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

se

hacen

constar

las

de

derechos

titularidad

los

23

transacciones

reales

que

y

afecten

otros

derechos

inscribibles que se impongan sobre los bienes inmuebles.

esta

forma,

publicidad

al

y

estar

dan

los

eficacia

documentos

a

las

inscritos

garantías

la

De

adquieren

reales

que

confieren protección a adquirentes y acreedores, junto a la

defensa y legitimación de las titularidades inscritas.36

En

fin, el Registro de la Propiedad asegura el tráfico de los

diversos negocios y actos jurídicos, lo cual constituye el

cúmulo de la seguridad jurídica, eslabón indispensable en la

protección de la economía pública y en los esfuerzos para

paliar los embates de una crisis financiera.37

Para complementar nuestro análisis sobre la naturaleza

socio-económica del Registro de la Propiedad, nos remitimos

a

las

palabras

del

doctor

Vázquez

Bote

quien

señala

la

36

Véase el Artículo 7 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A.

sec. 2051.

Además, “[e]l registro efectúa una calificación de

legalidad registral del negocio, dando por bueno y por

auténtico, tanto el contenido de las afirmaciones de los

otorgantes como las certificaciones técnicas del propio

notario derivadas de su estudio de los antecedentes que

legitiman la operación, llámese título de propiedad,

antecedentes

dominiales,

representaciones

invocadas,

situación impositiva, identidad y capacidad jurídica actual

de los otorgantes para un otorgamiento plenamente valedero,

y todo lo necesario para un “buen resultado juridico” del

negocio de fondo documentado”.

H. Prez Montero, Necesidad

Social De La Función Notarial, 44 Rev. Der. P.R. 253, 275

(2005).

37

“[S]ólo recientemente se ha comenzado a considerar la

ausencia de seguridad jurídica como uno de los factores

limitantes del crecimiento económico”. E. Highton y A.

Vitale, La función notarial en la comunidad globalizada, Ed.

Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2005, pág. 61.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

importancia

que

tiene

24

esta

institución

en

el

desenvolvimiento de nuestro país.

Éste expresa que “…un

buen

cuyo

Registro

de

la

propiedad,

contenido

es

la

expresión más fiel y posible de la realidad inmobiliaria,

[es un] instrumento magnífico, y muy económico, ante la

perspectiva

del

reitera

éste

que

desarrollo

“…

de

[facilita]

país”.38

un

las

Además,

transacciones

nos

y

la

colaboración social [y] ayuda a ambas partes que en aquél

expresan su relación. Así estructurado, el Registro de la

propiedad no sólo ayuda al desarrollo, sino que él mismo es

el

desarrollo”.39

(Énfasis

nuestro).

A

una

conclusión

similar se puede llegar al estudiar la función de nuestro

Registro de la Propiedad en la protección de la seguridad

jurídica, no tan sólo a nivel local, sino dentro de un marco

globalizado e internacional. De este enfoque se concluye,

forzosamente, que “[s]i bien la seguridad jurídica integra

el plexo de valores jurídicos esenciales de toda convivencia

civilizada, y −por su importancia y contenido− excede el

marco

que

propone

un

análisis

estrictamente

económico,

corresponde asegurar que se trata de un valor operativo o

condicionante

del

crecimiento

económico”.40

(Énfasis

nuestro).

38

E. Vázquez Bote, Sentido de la Reforma Hipotecaria en

Puerto Rico, Tesis Doctoral en Derecho, San Juan, 1972, pág

107.

39

40

Íd., pág 110.

E. Highton y A. Vitale, supra, pág. 61.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

Según

lo

antes

cesantía

al

solamente

asegura

esencial

e

dispuesto,

personal

el

25

el

eximir

del

plan

de

de

Propiedad

no

del

Registro

buen

funcionamiento

indispensable

para

la

la

de

un

ciudadanía,

servicio

sino

que

propicia el desarrollo económico de Puerto Rico. Como ya

vimos, la exposición de motivos de la Ley 7 informa que su

fin es alcanzar un estado de crecimiento económico estable

para salvar el crédito de Puerto Rico, mientras que las

enmiendas de la Ley 37 tenían como fin asegurar el buen

funcionamiento del Gobierno y, en particular, mantener a

flote nuestra economía. Es evidente, entonces, que aumentar

el

número

de

personas

que

serán

excluidas

del

plan

de

cesantía en el caso del Registro de la Propiedad redunda en

el bienestar general de nuestro país, mientras que restarle

empleados, aunque sean los no técnicos, resultaría en mermar

la

productividad

de

dicha

institución

que

tanto

dinero

genera para el Gobierno mediante el cobro de aranceles.41

El argumento del ELA, en cuanto a que el Artículo 34

refleja de forma fehaciente que no era la intención del

legislador excluir de los efectos de la Ley 7 al Registro de

la Propiedad en su totalidad, no nos convence.

cierto

que

el

Artículo

34

debe

ser

Aunque es

interpretado

conjuntamente con el Artículo 37.02, el análisis del ELA en

nada

atiende

el

historial

legislativo

del

estatuto

en

cuestión e ignora por completo la naturaleza de la Ley 7 y

la función socio-económica del Registro de la Propiedad.

41

P. de la C. 1640, supra, pág. 8.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

La

importancia

reconocida

en

el

de

esta

Artículo

26

institución

37.02(l),

es,

que

en

efecto,

distingue

al

Registro claramente del Departamento de Justicia al que no

se

eximió

del

plan

de

cesantía.

Al

unir

esto

a

las

distinciones entre los incisos de este articulado, por razón

del uso del término “personal” frente a “personal técnico y

pericial”,

se

comprueba

la

naturaleza

indispensable

de

dichos empleos generales según la evaluación legislativa.

En

cuanto

al

término

Propiedad”,

al

no

“personal

delimitarse

el

del

mismo

Registro

y,

por

de

la

ende,

no

reducirse su amplitud mediante la inclusión de un adjetivo o

vocablo

adicional

“personal

que

trace

técnico”,

sus

“personal

contornos,

a

saber,

pericial”,

“personal

administrativo”, “personal directivo”, etc., se revela la

verdadera intención del legislador.

Por otra parte, no es

necesario

recurrir

a

arguye

determinar

cuáles

son

la

JREF,

los

como

empleos

el

ELA,

para

esenciales

dentro

del

término “personal” bajo el Artículo 37.02(l). En nuestro más

reciente precedente determinamos claramente que la JREF no

tiene la potestad de limitar las exenciones dispuestas en la

Ley 7, según enmendada.

O sea, la JREF sólo puede ampliar

la lista de los empleados ya exentos y no está facultada

para

aplicar

el

plan

de

cesantía

a

los

empleados

cuyos

puestos fueron incluidos expresamente en los renglones del

Artículo 37.02.42

42

“[L]a facultad de la J.R.E.F. bajo el Artículo 37.02 se

limita a determinar cuáles otros empleados no incluidos en

la lista deben ser excluidos de la aplicación de la ley…

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

27

Como ya hemos señalado, el uso continuo y distintivo

del vocablo “personal” en las enmiendas a la Ley 7 no puede

ser ignorado.

Nada en el texto de la ley ni en el historial

legislativo indica que la enmienda al Artículo 37.02 fue

realizada a modo ejemplar o que haya sido producto de un

error legislativo.43 Por el contrario, el término “personal”

es utilizado no tan sólo una vez, sino en tres ocasiones

distintas y de forma consecutiva. En estas tres instancias

la relación entre las agencias afectadas y sus funciones

esenciales, sumamente delicadas en torno a la seguridad y el

bienestar económico de Puerto Rico, son evidentes. Tampoco

se puede imputar que la Asamblea Legislativa hace cosas

inútiles, máxime cuando se trata de la realización de un

acto legislativo como la aprobación de una enmienda.44

Una interpretación contraria significaría que la enmienda lo

que hizo fue limitar aún más las exclusiones dispuestas por

ley al disponer que la JREF es quien determina cuáles

empleados dentro de esos renglones están exentos de la

aplicación de la Ley Núm. 7, supra”. (Énfasis nuestro).

Báez Rodríguez v. Gobernador, supra.

43

En Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618

(1985), rechazamos una interpretación “literalista” de la

ley en vista de que la Asamblea Legislativa había cometido

un error palpable en la promulgación de la ley. En aquella

instancia, este Tribunal dictaminó que si dicho error

resulta ser contrario al resto de la ley o menoscaba su

efectividad, éste puede ser eliminado, como también puede

añadirse una frase o palabras para que se pueda cumplir con

la

intención

legislativa.

Véase,

Rivera

Cabrera

v.

Registrador, 113 D.P.R. 661, 664-665 (1982), (el cual se

centra en un simple “error de trámite” o de “elemental

factura oficinesca” que resultó en una discordancia de una

sola línea entre nueve incidencias de enmienda para duplicar

los derechos de arancel).

44

Talcott Inter American Corp. v. Registrador, 104 D.P.R.

254,

262

(1975);

Flamboyán

Gardens

v.

Junta

de

Planificación, 103 D.P.R. 884, 888 (1975).

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

Siguiendo

estas

28

consideraciones,

concluimos

que

el

legislador escogió cuidadosamente el vocablo que respondía a

su verdadera intención. Contrario a lo que propone el ELA,

si la Asamblea Legislativa hubiese querido referirse a los

empleos

en

exentos

como

utilizado

el

caso

sólo

los

del

Registro

aquéllos

términos

que

de

la

fueran

“personal

Propiedad

técnicos,

técnico”

o

a

ser

hubiese

“personal

pericial” como lo hizo en los incisos (i) y (n) del Artículo

37.02 o hubiese añadido ejemplos concretos como en el caso

del inciso (f).45 En el caso ante nuestra consideración, no

seguir

al

pie

de

la

letra

el

significado

corriente

de

“personal” equivaldría a menoscabar los esfuerzos realizados

por

la

Asamblea

Legislativa

de

rectificar

ciertas

deficiencias de la ley especial y robustecer la economía de

Puerto Rico, excluyendo del plan de cesantía a la fuerza

laboral del Registro de la Propiedad. Queda claro que la

naturaleza y función del Registro de la Propiedad, junto al

historial legislativo y el mismo texto de la Ley 7, según

enmendada, denotan que esta interpretación cumple con el

propósito económico de la ley especial.

En este caso, contrario a lo que ocurrió en Negrón

Matos

y

Báez

Rodríguez,

no

hace

falta

revisar

las

clasificaciones de los empleados cesanteados que recurren

ante este foro para efectos de determinar si éstos se ubican

en una categoría excluida del plan de cesantía. Basta con

45

“[P]rofesionales de la salud (médicos, paramédicos,

enfermeras, farmacéuticos y técnicos de laboratorio.”

Artículo 37.02(f), Ley Núm. 7, supra.

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

que

la

parte

demandante,

como

29

en

el

presente

caso,

sea

empleado del personal del Registro de la Propiedad y haya

sido cesanteado a tenor con la Ley 7.

En

resumen,

concluimos

que

la

enmienda

al

Artículo

37.02 de la Ley 7 tuvo como finalidad expresa resguardar de

los efectos del plan de cesantía a todos los empleados del

Registro de la Propiedad de Puerto Rico.

La letra de la Ley

7, según enmendada, y el historial legislativo avalan esta

interpretación y justifican dicha medida en aras de corregir

ciertas deficiencias del texto original de la ley especial.

Por todo lo antes expuesto, se revoca la sentencia del

Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de

Primera

Instancia

para

que

se

continúen

los

procedimientos.46

46

En cuanto al caso AC-2010-0002, el ELA adujo que el

reclamo de la señora Anca Santiago era académico y debía ser

desestimado. Adjunto a su solicitud, la parte demandada nos

produjo una Resolución en Reconsideración de la CASARH, de

30 de junio de 2010, donde se resolvió que, debido al

dictamen de este Tribunal en Báez Rodríguez, la parte

demandante sería reinstalada a su puesto en el Registro de

la Propiedad. Se ha reconocido que un caso no es justiciable

cuando se ha tornado académico, o sea, cuando éste deja de

presentar una controversia real que amerite la intervención

de los tribunales de justicia. Véase, Moreno v. Pres. U.P.R.

II, 2010 T.S.P.R. 70; Lozada Tirado v. Tirado Flecha¸ 2010

T.S.P.R. 9; Romero v. E.L.A., 169 D.P.R. 460 (2006);

Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 D.P.R. 593 (1992);

E.L.A. v. Aguayo, 89 D.P.R. 552 (1958). Es norma trillada

que un caso se torna académico cuando su condición de

controversia viva y presente cesa por el transcurso del

tiempo. Emp. Pub. Des., Inc. v. H.I.E. T.E.L., 150 D.P.R.

924 (2000); PPD v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995).

Esto significa que la controversia real debe existir en

todas las etapas del proceso judicial, tanto en la inicial

como

en

la

apelativa.

Presidente

de

la

Cámara

v.

Gobernador., 167 D.P.R. 149, 157 (2006). La señora Anca

Santiago no se expresó en cuanto a la moción solicitando

desestimación por academicidad y otros extremos presentada

CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2

30

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta

Jueza Aso c iada

por el Estado. Tampoco compareció desde que expresó su

negativa de aceptar la oferta de transacción del ELA y no

nos ha puesto en posición para determinar si, en efecto, fue

reinstalada a su puesto. Por tanto, procede declarar su

reclamo académico y desestimar su recurso de apelación

civil.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Madeline Sánchez Díaz, et al.

Peticionarios

CC-2009-1080

cons. con

AC-2010-002

v.

Estado

Libre

Asociado

Puerto Rico (Departamento

Justicia), et al.

Recurridos

de

de

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente Sentencia, se revoca la sentencia del Tribunal de

Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para que se continúen los procedimientos.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo