Tribunal Supremo de Puerto Rico
Sánchez Díaz v. ELA
2011 TSPR 68
Poder Judicial de Puerto Rico
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Sánchez Díaz v. ELA
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
Ley 7 de 9 de mayo de 2009 – exclusión de los empleados del Registro de la Propiedad del plan de cesantías del gobierno · Hon. Fiol Matta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Madeline Sánchez Díaz, et al.
Peticionarios
Certiorari
v.
2011 TSPR 68
Estado Libre Asociado de Puerto
Puerto Rico (Departamento de
Justicia), et al.
181 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CC
- 2009 - 1080
Cons. AC - 2010 - 2
Fecha: 4 de mayo de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel III
Jueza Ponente:
Hon. Zadette Bajandas Vélez
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Eduardo Vera Ramírez
Lcda. María Santiago Ramos
Lcda. Rebecca Martínez Jiménez
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz
Lcda. Rosa Campos Silva
Lcdo. Simone Cataldi Malpica
Lcdo. Eliezer A. Aldarondo López
Materia:
Solicitud de Injuction Preliminar y Permanente por
violación de Derechos Constitucionales, Sentencia Declaratoria y
Daños y Perjuicios
Este documento constituye un d
ocumento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Madeline Sánchez Díaz, et al.
Peticionarios
v.
CC-2009-1080
cons. con
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto Rico (Departamento de
Justicia), et al.
Recurridos
AC-2010-2
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2011.
Nuevamente debemos interpretar el alcance de
las enmiendas al plan de cesantía implementado por
la
Ley
Núm.
7
de
9
de
marzo
de
2009,
mejor
conocida como Ley Especial Declarando Emergencia
Fiscal
y
Estableciendo
Plan
Integral
de
Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de
Puerto
Rico
corresponde
(la
Ley
examinar
7).
si
En
erró
particular,
nos
el
de
Tribunal
Apelaciones al resolver que el Tribunal de Primera
Instancia actuó sin jurisdicción cuando concluyó
que las peticionarias estaban excluidas del plan
de cesantía, por razón de pertenecer al personal
del
Registro
de
la
Propiedad
de
Puerto
Rico.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
2
I.
El 22 de octubre de 2009 Madeline Sánchez Díaz, junto a
otras dos empleadas del Registro de la Propiedad, Lucila
Flores Rivera e Ivette López Ortiz, instó una acción civil
solicitando
injunction
preliminar
contra
el
Estado
Libre
Asociado de Puerto Rico (el ELA) por razón de haber sido
cesanteada de su puesto en virtud de la Ley 7.
La parte
demandante reclamó que no procedía su cesantía, ya que la
Ley Núm. 37 de 10 de julio de 2009 había enmendado el
Artículo 37.02 de la Ley 7 a los efectos de excluir el
personal del Registro de la Propiedad del plan de cesantía.
El ELA adujo que dicha disposición no resguardaba el empleo
de la señora Sánchez Díaz debido a que su clasificación de
empleo, Técnico de Sistemas de Oficina I, no era esencial.
También levantó como defensa que el foro primario carecía de
jurisdicción para adjudicar la controversia porque la Ley 7
le confirió jurisdicción exclusiva a la Comisión Apelativa
del
Sistema
de
Administración
de
Recursos
Humanos
del
Servicio Público (la CASARH) para atender cualquier asunto
relacionado a las cesantías.
Finalizadas
las
vistas,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia emitió, el 30 de octubre de 2009, una sentencia
parcial en la cual decretó que las actuaciones de la parte
demandada fueron ultra vires y, por tanto, las cartas de
cesantía
notificadas
a
las
demandantes
eran
nulas
e
inoficiosas.
La juzgadora del foro primario razonó que, por
tratarse
un
de
asunto
de
estricta
interpretación
del
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
3
derecho, la adjudicación de dicho asunto no requería la
pericia de la agencia administrativa.
los
miembros
del
personal
del
También concluyó que
Registro
de
la
Propiedad
fueron incluidos de forma expresa en la lista de empleados
exentos del proceso de cesantía del Artículo 37.02 de la Ley
7, según enmendada.
Inconforme,
el
ELA
presentó
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones un recurso de apelación en el cual señaló que el
foro primario había errado al asumir jurisdicción sobre el
caso cuando le correspondía atenderlo exclusivamente a la
CASARH, como también al concluir que todo el personal del
Registro de la Propiedad estaba excluido de la aplicación de
la Ley 7.
El 13 de noviembre de 2009 el foro apelativo
revocó la sentencia parcial del foro primario y desestimó la
demanda presentada.
Concluyó que el pleito versaba sobre el
principio de mérito y que la Ley 7 le confería a la CASARH
jurisdicción primaria exclusiva sobre los asuntos de los
empleados públicos cesanteados a tenor con dicho estatuto.
Posteriormente, la señora Sánchez Díaz presentó ante
este Tribunal una petición de certiorari solicitando que se
revocara el dictamen del foro apelativo.
Adujo que éste
erró al: a) determinar que el Tribunal de Primera Instancia
carecía de jurisdicción para atender los despidos decretados
por la Ley 7 en casos donde la controversia se limita a un
asunto
de
estricta
interpretación
estatutaria
sobre
la
exclusión de ciertos grupos; b) determinar que el Tribunal
de Primera Instancia carecía de jurisdicción para entender
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
4
en los despidos decretados bajo la Ley 7 cuando se han
alegado violaciones específicas a derechos constitucionales;
c) determinar que el pleito versaba sobre el principio de
mérito;
d)
determinar
que
no
procedía
un
injunction
preliminar y e) determinar que las peticionarias no estaban
expresamente excluidas del plan de cesantía bajo la Ley 7,
en contravención a la propia letra e intención legislativa
de dicho estatuto.
Coetáneamente con la presentación de su demanda ante el
foro primario, y bajo el mismo fundamento sobre la exclusión
del personal del Registro de la Propiedad, la señora Sánchez
Díaz radicó una apelación ante la CASARH con el fin de
impugnar su cesantía. Luego de varios trámites procesales,
el 24 de marzo de 2010, la CASARH emitió una Resolución en
la cual declaró no ha lugar a la apelación presentada.1
Más
tarde, el 18 de noviembre de 2010, el ELA presentó una
moción ante este Tribunal solicitando la desestimación de la
reclamación instada por la peticionaria Sánchez Díaz. En esa
instancia alegó que por concurrir identidad entre la cosa,
causa y partes de este reclamo, junto a que la determinación
administrativa advino final y firme, se debe aplicar la
doctrina de cosa juzgada.
De forma paralela a la señora Sánchez Díaz, Humberto
Martínez Ortiz, junto a otros 24 empleados del Registro de
1
La Resolución de la CASARH nada resuelve en cuanto a la
exclusión establecida por el Artículo 37.02 de la Ley 7. En
efecto, la misma sólo versa sobre la re-certificación de la
antigüedad de la señora Sánchez Díaz, computada en 7 años, 7
meses y 29 días.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
5
la Propiedad, presentó ante el Tribunal de Primera Instancia
una demanda similar contra el ELA solicitando los mismos
remedios
que
en
la
primera
demanda,
a
tenor
enmiendas al Artículo 37.02 de la Ley 7.
con
las
El foro primario
emitió una sentencia, el 26 de octubre de 2009, en la cual
dictaminó
que
la
CASARH
exclusiva
para
atender
era
el
foro
cualquier
con
asunto
jurisdicción
surgido
de
la
impugnación de la Ley 7, no limitándose a la impugnación de
las cesantías sino con referencia a todos los derechos de
los empleados afectados por ella.
De esta forma, el foro
primario desestimó la demanda por falta de jurisdicción y
refirió a los demandantes al foro pertinente, es decir, la
CASARH.
Inconformes, los demandantes presentaron una petición
de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones y plantearon
unos señalamientos de error similares a los del primer caso
ante nuestra consideración.
Sin embargo, el foro apelativo
confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia y la
parte
demandante
procedió
a
presentar
un
recurso
de
Tribunal
emitió
una
del
señor
de
la
señora
sobre
la
misma
apelación civil ante este Tribunal.
El
4
de
junio
Resolución
en
la
cual
se
Martínez
Ortiz,
y
otros
empleados,
Sánchez
Díaz
por
versar
controversia.2
2
de
2010
este
consolidó
ambos
el
con
pleitos
caso
el
Sin embargo, luego de varias conversaciones
La petición de certiorari de la señora Sánchez Díaz fue
expedida el 21 de mayo de 2010, mientras que el recurso de
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
6
transaccionales encaminadas a finiquitar las controversias,
el 13 de septiembre de 2010, el señor Martínez Ortiz y otros
demandantes del segundo caso presentaron ante este Tribunal
una moción solicitando el desistimiento con perjuicio y la
renuncia a la representación legal en su caso.
La única
demandante que permaneció en esa acción civil, ya que no
aceptó los términos y condiciones propuestos en el acuerdo
transaccional, fue la señora Anca Santiago.
Nuevamente,
el
15
de
octubre
de
2010
emitimos
una
Resolución en la cual le concedimos a la señora Sánchez Díaz
un término de 30 días para presentar su alegato, so pena de
desestimación; mientras que a la señora Anca Santiago le
concedimos
un
término
representación legal.
similar
para
informar
su
nueva
Al día de hoy solamente la señora
Sánchez Díaz ha cumplido con nuestros requerimientos, ya que
presentó oportunamente una moción informativa acogiéndose a
la Regla 33(k) de nuestro Reglamento.3
presentó
posteriormente
ante
este
Sin embargo, ésta
Tribunal
una
moción
informativa sobre desistimiento por acuerdo transaccional,
apelación civil de la señora Anca Santiago, acogido como
certiorari, lo fue el 4 de junio de 2010.
3
“Cualquier parte que haya sometido una petición o moción
fundamentada con relación a la expedición de un auto podrá
someter el asunto sin necesidad de presentar un alegato.
Deberá hacerlo constar así en una moción informativa, y la
fecha de presentación y notificación de dicha moción será
equivalente para todos los fines pertinentes a la fecha de
presentación y notificación del alegato. No obstante lo
anterior, el Tribunal podrá ordenar que se prepare y someta
un alegato en cualquier caso que lo considere necesario”. 4
L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 33(k).
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
7
cuyo efecto fue finiquitar la causa de acción presentada por
ella mas no la de las dos peticionarias restantes.4
Examinados los casos consolidados y contando con la
comparecencia de la parte demandada, procedemos a resolver.
II.
Concretamente,
la
Ley
7
establece,
entre
otros
asuntos, un plan de emergencia de reducción de gastos por
parte
del
Gobierno
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico.
Mediante el Artículo 37 se instituyó la segunda fase
del plan de reducción de gastos, la cual conllevó cesantías
involuntarias para la eliminación de puestos. Esta fase
sería aplicable, con determinadas excepciones, a todas las
agencias de la Rama Ejecutiva del Gobierno.5
4
La moción informativa es clara en cuanto a que dicha
transacción surtía el efecto de desistir de la causa de
acción “única y exclusivamente para la demandante aquí
compareciente, Madeline Sánchez Díaz”. Moción Informativa
sobre Desistimiento por Acuerdo Transaccional, 28 de febrero
de 2011. Por otro lado, debemos resaltar que posteriormente
recibimos una moción informativa adicional informando un
acuerdo transaccional similar celebrado entre Lourdes
Laclaustra De Jesús y el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. Moción Informativa sobre Desistimiento por Acuerdo
Transaccional, 19 de abril de 2011. Sin embargo, no surge
del expediente que dicha persona sea parte del caso de
epígrafe, por lo cual la tomamos por no puesta.
5
“Este Capítulo III será de aplicación a todas las
Agencias cuyo presupuesto se sufraga, en todo o en parte,
con cargo al Fondo General a la fecha de vigencia de esta
Ley. Estarán exentas de la aplicación de esta Ley las ramas
judicial y legislativa, así como las agencias de gobierno e
instrumentalidades gubernamentales excluidas por el Artículo
5, Sección 5.3 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004,
según enmendada; conocida como la Ley para la Administración
de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico; disponiéndose, no obstante,
que estará sujeta a la aplicación de esta Ley la Oficina
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
8
Más allá de la aplicabilidad del plan de cesantía, la
Ley
7
también
dispuso,
en
su
Artículo
37.02,
ciertas
excepciones a dicho plan con el fin de minimizar el impacto
negativo a los servicios brindados por el Gobierno en las
áreas
relacionadas
con
la
protección
de
la
seguridad,
enseñanza, salud y bienestar. El Artículo 37.02 inicialmente
mencionaba
un
número
limitado
de
puestos
referidas cesantías involuntarias.6
exentos
de
las
Luego, el 19 de junio
de 2009, las Comisiones de Hacienda y Gobierno de la Cámara
de
Representantes
de
Puerto
Rico
presentaron
ante
dicho
cuerpo legislativo el Informe Positivo sobre el P. de la C.
1640.
En ese Informe ambos cuerpos realizaron una extensa
evaluación de la Ley 7 y presentaron “una serie de enmiendas
adicionales a la medida con el fin de promover el desarrollo
económico y proteger ciertos empleos en el sector público de
alta
importancia
(Énfasis nuestro).
para
el
servicio
de
la
ciudadanía”.7
Acto seguido, el 10 de julio de 2009, se
aprobó la Ley Núm. 37 para enmendar el Artículo 37.02 a los
fines de ampliar la lista de los puestos exentos del plan
de cesantías involuntarias. La nueva ley adicionó, entre
otros, al personal del Registro de la Propiedad de Puerto
Rico.8
propia del Gobernador”.
de marzo de 2009.
Artículo 34 de la Ley Núm. 7 de 9
6
Los empleados del Registro de la Propiedad no aparecían
específicamente mencionados en ese listado inicial.
7
Informe Positivo sobre el P. de la C. 1640, de 19 de
junio de 2010, pág. 16.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
9
8
"Sección 40. Se enmienda el Artículo 37.02 de la Ley Núm.
7 de 9 de marzo de 2009, para que se lea como sigue:
'Artículo
37.02.-Exclusión
aplicación de la Fase II.
de
la
A fin de evitar un impacto negativo en los
servicios brindados por el Gobierno y en
cumplimiento
con
Io
dispuesto
en
el
Artículo 2 de esta Ley, estarán exentos de
las cesantías de la presente ley los
empleados de las Agencias que según sus
clasificaciones llevan a cabo funciones
esenciales en protección de la seguridad,
enseñanza, salud y bienestar, según serán
definidos por la JREF, tales como:
(a) policías y bomberos, agentes del
Cuerpo
de
Vigilantes,
agentes
del
Negociado de Investigaciones Especiales
y
la
Oficina
del
Fiscal
Especial
Independiente;
(b) oficiales de corrección y oficiales
juveniles;
(c) maestros asignados al salón de clases,
incluyendo los transitorios durante el
año escolar;
(d) Directores,
bibliotecarios,
orientadores y empleados de comedores
adscritos al Departamento de Educación;
(e) maestros del Conservatorio de Música
de Puerto Rico y de la Escuela de Artes
Plásticas;
(f) profesionales de la salud (médicos,
paramédicos, enfermeras, farmacéuticos y
técnicos de laboratorio);
(g) trabajadores sociales,
(h) operadores del sistema de llamadas de
emergencia 911;
(i) patólogos,
personal
pericial
y
técnico
del
Instituto
de
Ciencias
Forenses;
(j) empleados
de
la
Comisión
de
Relaciones del Trabajo del S e r v i c i o
Público y la Comisión Apelativa
del
Sistema
de
Administración de
Recursos Humanos del Servicio Público;
(k) Personal de la Oficina de Servicios
con Antelación a Juicio;
(l) Personal
del
Registro
de
la
Propiedad;
(m) Personal de la Junta de Libertad Bajo
Palabra; y
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
Hemos
atendido
10
recientemente
otras
controversias
relacionadas a los grupos de empleados que están exceptuados
del plan de cesantía de la Ley 7.
En Negrón Matos v. ELA,
res. de 9 de junio de 2010, 2010 T.S.P.R. 86, decidimos que
la parte demandante, compuesta por diversos empleados de la
Administración
de
Instituciones
Juveniles
(la
AIJ),
no
estaba excluida del plan de cesantía. En aquella instancia
los peticionarios argumentaron que la AIJ, como agencia,
quedó excluida de la Fase II, ya que el Artículo 37.02(b)
incluía
a “oficiales de corrección y oficiales juveniles”.
Este Tribunal dictaminó que, en aras de proteger ciertos
empleos en el sector público de alta importancia para el
servicio de la ciudadanía, la citada disposición de la Ley
7, según enmendada, sólo excluía a ciertos empleados a base
de sus clasificaciones, y no a la agencia por completo.
Luego, en Báez Rodríguez v. Gobernador, res. de 9 de
junio de 2010, 2010 T.S.P.R. 87, confirmamos el ratio de
Negrón Matos al concluir que los demandantes sí estaban
excluidos del plan de cesantía, no por ser empleados del
Instituto de Ciencias Forenses, sino por razón de llevar a
cabo funciones técnicas y de peritaje expresamente excluidas
por
el
Artículo
legislativo
del
legislador
entendió
37.02.
estatuto
Esto,
que
necesario
conforme
revela,
aumentar
en
al
parte,
las
historial
que
“el
exenciones
a
ciertos puestos que son esenciales para el funcionamiento de
(n) Consejeros
en Rehabilitación Vocacional
y
personal
de
apoyo
técnico...".
(Énfasis nuestro).
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
11
nuestro sistema de gobierno”.9
en
dicha
ocasión
legislador
que
al
De esta forma, reconocimos
enmendar
salvaguardó
los
el
Artículo
servicios
37.02
“el
esenciales
del
gobierno, ya sea mediante exclusión estatutaria expresa o
mediante
la
determinación
Reestructuración
y
que
haga
la
Estabilización
Fiscal
(la
Junta
JREF)
de
sobre
otros empleados no excluidos expresamente en la referida
disposición”.10
También atendimos en Báez Rodríguez lo referente a la
jurisdicción delegada a la CASARH.
Aclaramos que la Ley 7
sólo sustrajo de la jurisdicción ordinaria de los tribunales
de
justicia
aquellas
controversias
relacionadas
a
la
antigüedad en sus empleos de los empleados sancionados y
dispusimos
que
cuando
la
controversia
planteada
no
se
relacione estrictamente a esta causa de impugnación, los
tribunales
facultad
de
justica
tendrán
jurisdiccional.11
autoridad
Ello
nos
para
permite
ejercer
su
resolver,
de
entrada, que las peticionarias tienen razón al alegar que el
foro apelativo no debió negarle jurisdicción al Tribunal de
Primera
Instancia
estatutaria.
Este
para
atender
caso
no
versa
su
reclamo
sobre
el
de
exención
principio
de
mérito, como tampoco está en controversia el cómputo de la
antigüedad en el empleo de la señora Sánchez Díaz. Aquí es
claro que la parte demandante impugna su cesantía basándose
9
Báez Rodríguez v. Gobernador, res. de 9 de junio de 2010,
2010 T.S.P.R. 87.
10
Íd.
11
Íd.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
12
única y exclusivamente en que la letra del Artículo 37.02(l)
resguarda expresamente su puesto de los efectos de la Fase
II de la Ley 7.12
III.
Ahora bien, ya dispuestas las controversias anteriores,
procedemos a atender los demás errores alegados, todos los
cuales
se
refieren
al
significado
del
texto
legislativo
sobre la exclusión del personal del Registro de la Propiedad
de los efectos de la Ley 7.
En
nuestra
jurisdicción
las
normas
básicas
de
interpretación gozan de rango estatutario. El Artículo 14
del Código Civil de Puerto Rico dirige al juzgador a no
menospreciar la letra de la ley, bajo el pretexto de cumplir
con
su
espíritu,
ambigüedad.13
cuando
También
por
ésta
es
mandato
clara
y
libre
estatutario
de
nos
toda
vemos
obligados a entender el lenguaje de una ley en su “más
corriente y usual significación” atendiendo con prioridad el
uso general y popular de las voces, ya que se presume que el
legislador ha utilizado las palabras en su acepción común.14
Por tanto, y como ejercicio de autodisciplina judicial, el
12
En cuanto al señalamiento del ELA sobre la aplicabilidad
de la doctrina de cosa juzgada para con la señora Sánchez
Díaz, al haber ésta desistido del presente caso, y por ser
la única peticionaria que compareció ante la CASARH para
impugnar su cesantía conforme al Artículo 37.02 de la Ley 7,
supra, el mismo no debemos atenderlo.
13
14
31 L.P.R.A. sec. 14.
31 L.P.R.A. sec. 15.
Véase, además, Bird v. Eastern
Airlines¸ 99 D.P.R. 955 (1971); Coop. de Cafetaleros v. La
Capital, 82 D.P.R. 51 (1961); Bull Insular Line v. Sancho
Bonet, 53 D.P.R. 865 (1938).
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
13
tribunal no puede añadir o eliminar condiciones en una ley
que no surgen de su redacción.
A su vez, esto requiere de
los tribunales de justicia el mayor grado de disciplina al
aplicar
una
ley,
para
evitar
sustituir
el
criterio
del
legislador por convicciones o creencias que pueda tener el
juez.15
Igualmente hemos señalado, como norma general, que para
interpretar correctamente una ley es necesario estudiarla y
analizarla como un íntegro, ya que la lectura aislada y
desconectada de porciones de una ley podría dar lugar a
confusión.16
Resulta, pues, necesario que en nuestra labor
interpretativa armonicemos, hasta donde sea posible, todas
las disposiciones de una ley con el propósito de lograr
auscultar integrada, lógica y razonablemente la intención
legislativa.
Todo
ello
sin
olvidar
que
las
reglas
de
interpretación no son más que guías que ayudan al juzgador a
esclarecer los fines del estatuto y no pueden utilizarse si
el resultado contravendría la intención del legislador.17
Si bien es cierto que en Negrón Matos decidimos que ni
el
texto
consideró
original,
excluir
ni
a
el
todos
enmendado,
los
del
empleados
Artículo
de
la
37.02
agencia
15
Dpto. Estado v. U.G.T., 173 D.P.R. 93, 110 (2008);
Guzmán v. Calderón, 164 D.P.R. 220, 256-257 (2005); Mun. de
San Juan v. Banco Gub. Fomento, 140 D.P.R. 873, 884 (1996);
Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, 76 D.P.R. 509, 521
(1954).
16
A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816, 820 (1986);
Delgado v. D.S.C.A., 114 D.P.R. 177, 182 (1983); Cirino v.
Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 608, 616 (1964).
17
Íd.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
concernida,
y
que
en
Báez
14
Rodríguez
enfatizamos
la
protección estatutaria a los puestos que realizan funciones
esenciales, no es menos cierto que en aquellas instancias
interpretamos dos incisos que claramente excluían de los
efectos
del
plan
de
cesantía
particular.18
Sin
embargo,
unos
puestos
el
caso
en
técnicos
ante
en
nuestra
consideración debemos analizar un lenguaje de exclusión muy
distinto.
En
cuanto
a
los
empleados
exentos
bajo
el
texto
original de la Ley 7, el Artículo 37.02 se refería, en sus
incisos (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) y (h), a empleos o
cargos concretos y específicos.19
y
aumentar
cesantía,
el
la
número
de
Ley
añadió
37
Al enmendar ese artículo
empleos
excluidos
empleos
del
concretos
plan
de
a
las
disposiciones existentes bajo la Ley 7 pero también creó
nuevos incisos para incluir empleos que son prescritos de
18
A saber, en Negrón Matos el caso trataba sobre el
Artículo 37.02(b) que incluye “oficiales de corrección y
oficiales juveniles”, mientras que en Báez Rodríguez el
Artículo 37.02(i) incluye los puestos de “[p]atólogos,
personal pericial y técnicos del Instituto de Ciencias
Forenses”. Debemos resaltar que aunque el Artículo 37.02(b)
se mantuvo inalterado por la enmiendas de la Ley 37, el
texto original del la Ley 7, que concernía al Instituto de
Ciencias Forenses, incluía en su Artículo 37.02(h) solamente
a los “patólogos del Instituto de Ciencias Forenses”.
En
este último caso la enmienda resultó, más allá de cambiar la
enumeración del referido inciso, en añadir otros empleos o
puestos generales a la lista de los excluidos del plan de
cesantía.
19
Es decir, originalmente serían excluidos del plan de
cesantía empleos o puestos particulares, tales como:
policías, bomberos, oficiales de corrección y juveniles,
maestros, bibliotecarios, médicos, paramédicos, enfermeras,
farmacéuticos,
técnicos
de
laboratorio,
trabajadores
sociales, operadores del sistema de llamadas de emergencia y
patólogos.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
forma general.
(k),
(l)
y
15
Entre éstos se encuentran los incisos (j),
(m)
del
Artículo
37.02
que
incluyen:
“[e]mpleados de la Comisión de Relaciones del Trabajo de
Servicios Públicos y la Comisión Apelativa del Sistema de
Administración de Recursos Humanos del Servicio Público”,
“[p]ersonal de la Oficina de Servicios con Antelación al
Juicio”,
“[p]ersonal
del
Registro
de
la
Propiedad”
y
“[p]ersonal de la Junta de Libertad Bajo Palabra”.
En su moción en oposición a la petición de certiorari
el ELA argumentó que el Artículo 34 de la Ley 7, según
enmendada, es la disposición que rige sobre la aplicabilidad
de dicha ley y que la misma no exime de los efectos del plan
de cesantía al Departamento de Justicia, que es la agencia a
la cual está adscrito el Registro de la Propiedad.
De esta
forma la parte demandada resalta que el Artículo 32.07 debe
ser interpretado conjuntamente con el Artículo 34. Señala,
además,
que
al
haber
discrepancia
en
el
lenguaje
del
Artículo 37.02, lo que corresponde es que la JREF determine
cuáles empleados quedarán, en efecto, exentos de la Fase II
de la Ley 7.20
Concretamente, nos encontramos ante una situación donde
el término “personal” se contrapone al propio lenguaje del
Artículo 37.02 que excluye a “los empleados de las Agencias
que
según
sus
clasificaciones
llevan
a
cabo
funciones
esenciales”. Para propósitos de la interpretación judicial,
y
20
ante
situaciones
como
la
presente,
este
Tribunal
ha
Moción de Desestimación y/o en Oposición a que se Expida
el Recurso de Autos, 12 de enero de 2010, pág. 12-14.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
expresado
que
la
literalidad
16
de
una
ley
sólo
puede
ser
ignorada cuando ésta es claramente contraria a la verdadera
intención
o
propósito
legislativo.
Es
entonces
cuando
debemos consultar el historial del estatuto a interpretarse,
sin olvidar que “[l]a exposición de motivos de la ley, los
informes de las comisiones y los debates en el hemiciclo, en
adición al texto de la misma, son las fuentes de mayor
importancia en la tarea de determinar el significado de un
acto legislativo”.21 Si la función de las enmiendas de la
Ley 37 era esclarecer la intención legislativa de la Ley 7,
nos corresponde como máximo foro realizar un ejercicio de
hermenéutica para descifrar la misma. En esta instancia lo
que
corresponde
problema,
es
precisar
penetrar
el
diseño
la
y
superficie
la
razón
de
verbal
del
ser
las
de
disposiciones legales envueltas y sopesar los intereses en
juego,
para
intentar
acercarnos
a
la
interpretación
más
el
del
justiciera.22
Comenzamos,
vocablo
pues,
“personal”
por
auscultar
incluido
en
el
significado
Artículo
37.02(l).
En
primer lugar, encontramos que el término “personal” no está
definido
en
el
texto
de
la
Ley
7
ni
en
su
historial
legislativo. Cuando un estatuto no contiene una definición
del vocablo en controversia la palabra debe entenderse en el
21
Dpto. Hacienda v. Telefónica, 164 D.P.R. 195, 204 (2005);
Pérez v. Gobierno Municipal de Lares, 155 D.P.R. 697, 706707 (2001); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 538539 (1999).
22
Pueblo v. Negrón Caldero, 157 D.P.R. 413, 423 (2002);
Suc. Álvarez Crespo v. Pierluisi, supra, a la pág. 275;
Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 363, 366 (1975).
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
17
sentido ordinario y usual que se le adscribe, tomando en
consideración que la interpretación judicial debe hacerse
con fines socialmente útiles.23
Así las cosas, no podemos
negar que el término “personal” es amplio y abarcador.
Éste
se
las
define
de
forma
general
como
el
“[c]onjunto
de
personas que trabajan en un sitio”,24 o como el “[c]onjunto
de
las
personas
que
pertenecen
a
determinada
clase,
corporación o dependencia. Empleados”.25 (Énfasis nuestro).
A
su
vez,
y
desde
una
perspectiva
económica
y
administrativa, se refiere a un “[n]ombre genérico que se
utiliza para designar el factor trabajo de una empresa o
conjunto de empleados de la misma, cualquiera que sea su
grado de cualificación profesional, si bien se ha hecho
clásica
su
asalariados,
clasificación
mandos
en
tres
intermedios
niveles
y
o
grupos:
ejecutivos
o
directivos”.26 (Énfasis nuestro). También desde el punto de
23
Pueblo v. Cosme Vargas, 96 D.P.R. 836, 842 (1969);
Bacardí Corporation v. Tribunal de Contribuciones, 75 D.P.R.
131, 137 (1953).
24
M. Moliner, Diccionario de uso del español, Ed. Gredos,
Madrid, 1991, Pág. 717.
Véase, además, las definiciones siguientes: “Conjunto
de empleados de una empresa. Plantilla.” M. Vaquero y A.
Morales, Tesoro Lexicográfico del español de Puerto Rico,
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Ed. Plaza
Mayor, San Juan, 2005, pág. 602; “A body of persons usually
employed (as in a factory, office or organization)”,
Merridan Webster’s Collegiate Dictionary, Merriam-Webster,
10th ed., Springfield, 1993, pág. 867.
25
I. Rivera García, Diccionario de términos jurídicos, Ed.
Equity, 2da ed., Oxford, 1985, pág. 204.
26
A.
Suárez
Suárez,
Diccionario
de
Economía
y
Administración, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1992, pág. 215.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
18
vista laboral se ha definido de una forma similar, es decir:
“[t]he
working
force
or
body
of
persons
employed
by
an
organization, firm or individual. The term… is synonymous
with employees, staff, and workers”.27 (Énfasis nuestro).
Hemos de notar que si adoptamos cualquiera de estas
definiciones del término “personal”, en su sentido común y
corriente,
y
hasta
técnico,
se
colige
que
el
estatuto
prescribe la exención del plan de cesantía a la totalidad de
la fuerza laboral empleada en el Registro de la Propiedad.
No obstante, y debido a la incongruencia lingüística del
Artículo 37.02, debemos remitirnos al historial legislativo.
De éste se desprenden las expresiones siguientes:
Sra. González Colón: “Y a mí me parece importante
excluir también el programa de Registro de la
Propiedad, esos técnicos que están entrando las
notas y los documentos del registro de la
propiedad, porque el registro de la propiedad, si
estuviera al día y no tuviéramos los más de 658
mil documentos sin registrar, estuviera generando
entre 200 y 350 millones de dólares al año,
nuevo, limpio, que estarían en el Fondo General.
Pero como no se le asigna el dinero para utilizar
la tecnología y no se le asignan las manos para
poder trabajar con esos casos seguimos perdiendo
anualmente esa misma cantidad, y por eso estamos
excluyéndolo de la Ley 7”.28 (Énfasis nuestro).
También, véase, “equipo de personas que forman parte de la
plantilla de una empresa y en la que prestan servicios”. A.
Andersen, Diccionario de Economía y Negocios, Ed. Espasa,
Madrid, 1999, pág. 481.
27
P. Casselman, Labor Dictionary, Philosophical Library,
New York, 1949, pág. 357.
28
P. de la C. 1640, Diario de Sesiones de 19 de junio de
2009, pág. 8.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
19
Aunque la expresión de la Presidenta cameral hace alusión a
aquellos “técnicos que están entrando las notas”, lo cual,
tomado aisladamente, se podría interpretar como indicio de
que la enmienda buscaba excluir solamente a ese personal
técnico, debemos notar el reconocimiento del atraso en la
inscripción y la carencia de mano de obra en las labores del
Registro de la Propiedad, lo cual fortalece el argumento de
que la exclusión se refiere al programa en su totalidad.
Abona
a
nuestro
entendimiento
de
la
intención
legislativa la posterior aprobación de la Ley Núm. 216 de 27
de diciembre de 2010, mejor conocida como Ley para Agilizar
el Registro de la Propiedad, la cual reconoció un atraso de
600,000
documentos
legislativo
de
esta
preocupación
de
la
situación
económica
a
ser
pieza
inscritos.
legislativa
Del
se
desprende
legislatura,
ya
general,
probabilidad
la
que
historial
debido
de
la
a
“la
que
se
asignen más fondos al Registro de modo que puedan añadirse
funcionarios
que
tramiten
los
documentos
pendientes
es
mínima”.29 (Énfasis nuestro).
La Orden Administrativa del Departamento de Justicia
emitida
en
cumplimiento
asignará
por
sección
un
de
la
Ley
216
dispone
que
se
mínimo
de
dos
“empleados”
del
Registro para llevar a cabo el proceso de identificación de
documentos prescrito en su Artículo 3. Debemos notar que el
personal que llevará a cabo estas funciones se denomina
29
Informe Positivo de la Comisión de lo Jurídico y Ética
sobre el P. de la C. 2683, de 22 de junio de 2010, pág. 7.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
20
simplemente como “empleados” y tendrá las tareas siguientes:
verificar que el número de asiento y diario corresponda con
el del documento en la minuta de presentación, poner sellos
de inscripción y cancelación, cotejar el proceso con la
bitácora y llenar diversos formularios.
Esto significa que
el grueso del trabajo, o sea, la identificación y separación
de documentos y comprobantes de 4,000 documentos al mes,
será realizado no por el personal pericial o técnico, sino
por personal general que deberá ser reasignado, no importa
sus
puestos
regulares,
para
cumplir
inscribir los documentos atrasados.30
con
el
proceso
de
De esta forma podemos
colegir que el uso del término “personal” en la Ley 37 es
consistente con posteriores actos legislativos que buscan
salvaguardar en su totalidad el programa del Registro de la
Propiedad, mediante un proceso de reubicación laboral del
personal que llevará a cabo la fase inicial del proceso de
inscripción expedita.
Recalcamos,
además,
que
existe
una
clara
distinción
entre el lenguaje que se usa para identificar este personal
y
el
utilizado
por
la
Ley
7
para
otras
categorías
de
personal. Así, observamos que mientras el Artículo 37.02(i)
se refiere al “personal pericial” del Instituto de Ciencias
Forenses, el Artículo 37.02(n) se refiere al “personal de
30
Véase, Parte III (B) (1 y 4), OA Núm. 2011-01 de 24 de
enero de 2011, Medidas en Torno a la Implementación de la
Ley Núm. 216 de 27 de diciembre de 2010 y el Artículo 13 del
Reglamento Núm. 7988 de 4 de febrero de 2011.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
21
apoyo técnico” de Rehabilitación Vocacional.31 Es evidente
que los empleados, o el personal, a ser excluidos del plan
de cesantía de estas dos agencias se distinguen del término
raso “personal”, utilizado sin calificación para describir
los empleos del Registro de la Propiedad.
Este
razonamiento
expresiones
recogidas
hace
en
el
eco
nuevamente
historial
en
las
legislativo,
las
cuales revelan que esta distinción no fue producto del azar
o de un lapso de desapercibimiento:
Sr. Cintrón Rodríguez: “[Enmiendas para excluir
de
los
despidos
y
cesantías
voluntarias]…
Maestros de la escuela de Artes Plásticas,
personal pericial y técnico de Ciencias Forenses…
empleados de la Comisión de Relaciones al Trabajo
del Servicio Público, Registro de la Propiedad,
vamos a incluir a los consejeros, también, de
Rehabilitación Vocacional, y personal técnico y
pericial de dicha oficina…”.32 (Énfasis nuestro).
En esta instancia el representante cameral es contundente al
equiparar
el
término
“personal”,
37.02(l), con el de “empleado”.
en
cuanto
al
Artículo
Es decir, no solamente se
intima que el programa del Registro de la Propiedad había de
ser excluido de la Fase II en su totalidad, sino que el
vocablo “personal” en solitario se utiliza conforme a su
significado corriente y técnico que comprende a toda la
plantilla laboral de la institución.
31
Notamos que, al igual que el término “personal” del
Registro de la Propiedad, los términos “personal pericial y
técnico” y “personal de apoyo técnico” del Instituto de
Ciencias
Forenses
y
del
programa
de
Rehabilitación
Vocacional, correspondientemente, fueron incluidos en el
texto del Artículo 37.02 a tenor con las enmiendas de la Ley
37.
32
P. de la C. 1640, supra, pág. 21.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
22
Procedemos ahora a examinar las razones por las cuales
se enmendó la Ley 7.
El P. de la C. 1640 esclarece en su
exposición de motivos que en aras de proteger los intereses
del pueblo de Puerto Rico “[e]s responsabilidad de esta
Asamblea Legislativa velar porque las medidas que componen
las Fases I, II y III del referido Capítulo se implanten de
una manera eficiente y responsable, cónsonas plenamente con
los
objetivos
de
política
pública
dispuestos en su Artículo 2”.33
plasman
nítidamente
expresamente
ciertas
en
dicho
metas
de
esta
Ley,
según
Los fines de la Ley 7 se
artículo,
el
cual
gubernamentales,
declara
tales
como:
crear un plan integrado para “restablecer la salud fiscal y
las bases para que el Gobierno pueda impulsar el desarrollo
económico”, entre otros asuntos.34
Podemos
deducir
del
historial
legislativo
que
la
inclusión del “personal” del Registro de la Propiedad en el
Artículo 37.02(l) cumple con los dos propósitos principales
de las enmiendas presentadas por las Comisiones de Hacienda
y Gobierno en su Informe Positivo, es decir: “promover el
desarrollo económico y proteger ciertos empleos en el sector
público
de
ciudadanía”.35
alta
importancia
para
(Énfasis nuestro).
el
servicio
de
la
Esto es así, debido a la
importancia de los servicios del Registro de la Propiedad
para el bienestar general de la ciudadanía.
33
Es decir, allí
Informe Positivo Conjunto P. de la C. 1640, de 25 de
junio de 2009, pág. 5.
34
Artículo 2 de la Ley 7, supra.
35
P. de la C. 1640, supra, pág. 16.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
se
hacen
constar
las
de
derechos
titularidad
los
23
transacciones
reales
que
y
afecten
otros
derechos
inscribibles que se impongan sobre los bienes inmuebles.
esta
forma,
publicidad
al
y
estar
dan
los
eficacia
documentos
a
las
inscritos
garantías
la
De
adquieren
reales
que
confieren protección a adquirentes y acreedores, junto a la
defensa y legitimación de las titularidades inscritas.36
En
fin, el Registro de la Propiedad asegura el tráfico de los
diversos negocios y actos jurídicos, lo cual constituye el
cúmulo de la seguridad jurídica, eslabón indispensable en la
protección de la economía pública y en los esfuerzos para
paliar los embates de una crisis financiera.37
Para complementar nuestro análisis sobre la naturaleza
socio-económica del Registro de la Propiedad, nos remitimos
a
las
palabras
del
doctor
Vázquez
Bote
quien
señala
la
36
Véase el Artículo 7 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A.
sec. 2051.
Además, “[e]l registro efectúa una calificación de
legalidad registral del negocio, dando por bueno y por
auténtico, tanto el contenido de las afirmaciones de los
otorgantes como las certificaciones técnicas del propio
notario derivadas de su estudio de los antecedentes que
legitiman la operación, llámese título de propiedad,
antecedentes
dominiales,
representaciones
invocadas,
situación impositiva, identidad y capacidad jurídica actual
de los otorgantes para un otorgamiento plenamente valedero,
y todo lo necesario para un “buen resultado juridico” del
negocio de fondo documentado”.
H. Prez Montero, Necesidad
Social De La Función Notarial, 44 Rev. Der. P.R. 253, 275
(2005).
37
“[S]ólo recientemente se ha comenzado a considerar la
ausencia de seguridad jurídica como uno de los factores
limitantes del crecimiento económico”. E. Highton y A.
Vitale, La función notarial en la comunidad globalizada, Ed.
Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2005, pág. 61.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
importancia
que
tiene
24
esta
institución
en
el
desenvolvimiento de nuestro país.
Éste expresa que “…un
buen
cuyo
Registro
de
la
propiedad,
contenido
es
la
expresión más fiel y posible de la realidad inmobiliaria,
[es un] instrumento magnífico, y muy económico, ante la
perspectiva
del
reitera
éste
que
desarrollo
“…
de
[facilita]
país”.38
un
las
Además,
transacciones
nos
y
la
colaboración social [y] ayuda a ambas partes que en aquél
expresan su relación. Así estructurado, el Registro de la
propiedad no sólo ayuda al desarrollo, sino que él mismo es
el
desarrollo”.39
(Énfasis
nuestro).
A
una
conclusión
similar se puede llegar al estudiar la función de nuestro
Registro de la Propiedad en la protección de la seguridad
jurídica, no tan sólo a nivel local, sino dentro de un marco
globalizado e internacional. De este enfoque se concluye,
forzosamente, que “[s]i bien la seguridad jurídica integra
el plexo de valores jurídicos esenciales de toda convivencia
civilizada, y −por su importancia y contenido− excede el
marco
que
propone
un
análisis
estrictamente
económico,
corresponde asegurar que se trata de un valor operativo o
condicionante
del
crecimiento
económico”.40
(Énfasis
nuestro).
38
E. Vázquez Bote, Sentido de la Reforma Hipotecaria en
Puerto Rico, Tesis Doctoral en Derecho, San Juan, 1972, pág
107.
39
40
Íd., pág 110.
E. Highton y A. Vitale, supra, pág. 61.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
Según
lo
antes
cesantía
al
solamente
asegura
esencial
e
dispuesto,
personal
el
25
el
eximir
del
plan
de
de
Propiedad
no
del
Registro
buen
funcionamiento
indispensable
para
la
la
de
un
ciudadanía,
servicio
sino
que
propicia el desarrollo económico de Puerto Rico. Como ya
vimos, la exposición de motivos de la Ley 7 informa que su
fin es alcanzar un estado de crecimiento económico estable
para salvar el crédito de Puerto Rico, mientras que las
enmiendas de la Ley 37 tenían como fin asegurar el buen
funcionamiento del Gobierno y, en particular, mantener a
flote nuestra economía. Es evidente, entonces, que aumentar
el
número
de
personas
que
serán
excluidas
del
plan
de
cesantía en el caso del Registro de la Propiedad redunda en
el bienestar general de nuestro país, mientras que restarle
empleados, aunque sean los no técnicos, resultaría en mermar
la
productividad
de
dicha
institución
que
tanto
dinero
genera para el Gobierno mediante el cobro de aranceles.41
El argumento del ELA, en cuanto a que el Artículo 34
refleja de forma fehaciente que no era la intención del
legislador excluir de los efectos de la Ley 7 al Registro de
la Propiedad en su totalidad, no nos convence.
cierto
que
el
Artículo
34
debe
ser
Aunque es
interpretado
conjuntamente con el Artículo 37.02, el análisis del ELA en
nada
atiende
el
historial
legislativo
del
estatuto
en
cuestión e ignora por completo la naturaleza de la Ley 7 y
la función socio-económica del Registro de la Propiedad.
41
P. de la C. 1640, supra, pág. 8.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
La
importancia
reconocida
en
el
de
esta
Artículo
26
institución
37.02(l),
es,
que
en
efecto,
distingue
al
Registro claramente del Departamento de Justicia al que no
se
eximió
del
plan
de
cesantía.
Al
unir
esto
a
las
distinciones entre los incisos de este articulado, por razón
del uso del término “personal” frente a “personal técnico y
pericial”,
se
comprueba
la
naturaleza
indispensable
de
dichos empleos generales según la evaluación legislativa.
En
cuanto
al
término
Propiedad”,
al
no
“personal
delimitarse
el
del
mismo
Registro
y,
por
de
la
ende,
no
reducirse su amplitud mediante la inclusión de un adjetivo o
vocablo
adicional
“personal
que
trace
técnico”,
sus
“personal
contornos,
a
saber,
pericial”,
“personal
administrativo”, “personal directivo”, etc., se revela la
verdadera intención del legislador.
Por otra parte, no es
necesario
recurrir
a
arguye
determinar
cuáles
son
la
JREF,
los
como
empleos
el
ELA,
para
esenciales
dentro
del
término “personal” bajo el Artículo 37.02(l). En nuestro más
reciente precedente determinamos claramente que la JREF no
tiene la potestad de limitar las exenciones dispuestas en la
Ley 7, según enmendada.
O sea, la JREF sólo puede ampliar
la lista de los empleados ya exentos y no está facultada
para
aplicar
el
plan
de
cesantía
a
los
empleados
cuyos
puestos fueron incluidos expresamente en los renglones del
Artículo 37.02.42
42
“[L]a facultad de la J.R.E.F. bajo el Artículo 37.02 se
limita a determinar cuáles otros empleados no incluidos en
la lista deben ser excluidos de la aplicación de la ley…
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
27
Como ya hemos señalado, el uso continuo y distintivo
del vocablo “personal” en las enmiendas a la Ley 7 no puede
ser ignorado.
Nada en el texto de la ley ni en el historial
legislativo indica que la enmienda al Artículo 37.02 fue
realizada a modo ejemplar o que haya sido producto de un
error legislativo.43 Por el contrario, el término “personal”
es utilizado no tan sólo una vez, sino en tres ocasiones
distintas y de forma consecutiva. En estas tres instancias
la relación entre las agencias afectadas y sus funciones
esenciales, sumamente delicadas en torno a la seguridad y el
bienestar económico de Puerto Rico, son evidentes. Tampoco
se puede imputar que la Asamblea Legislativa hace cosas
inútiles, máxime cuando se trata de la realización de un
acto legislativo como la aprobación de una enmienda.44
Una interpretación contraria significaría que la enmienda lo
que hizo fue limitar aún más las exclusiones dispuestas por
ley al disponer que la JREF es quien determina cuáles
empleados dentro de esos renglones están exentos de la
aplicación de la Ley Núm. 7, supra”. (Énfasis nuestro).
Báez Rodríguez v. Gobernador, supra.
43
En Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618
(1985), rechazamos una interpretación “literalista” de la
ley en vista de que la Asamblea Legislativa había cometido
un error palpable en la promulgación de la ley. En aquella
instancia, este Tribunal dictaminó que si dicho error
resulta ser contrario al resto de la ley o menoscaba su
efectividad, éste puede ser eliminado, como también puede
añadirse una frase o palabras para que se pueda cumplir con
la
intención
legislativa.
Véase,
Rivera
Cabrera
v.
Registrador, 113 D.P.R. 661, 664-665 (1982), (el cual se
centra en un simple “error de trámite” o de “elemental
factura oficinesca” que resultó en una discordancia de una
sola línea entre nueve incidencias de enmienda para duplicar
los derechos de arancel).
44
Talcott Inter American Corp. v. Registrador, 104 D.P.R.
254,
262
(1975);
Flamboyán
Gardens
v.
Junta
de
Planificación, 103 D.P.R. 884, 888 (1975).
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
Siguiendo
estas
28
consideraciones,
concluimos
que
el
legislador escogió cuidadosamente el vocablo que respondía a
su verdadera intención. Contrario a lo que propone el ELA,
si la Asamblea Legislativa hubiese querido referirse a los
empleos
en
exentos
como
utilizado
el
caso
sólo
los
del
Registro
aquéllos
términos
que
de
la
fueran
“personal
Propiedad
técnicos,
técnico”
o
a
ser
hubiese
“personal
pericial” como lo hizo en los incisos (i) y (n) del Artículo
37.02 o hubiese añadido ejemplos concretos como en el caso
del inciso (f).45 En el caso ante nuestra consideración, no
seguir
al
pie
de
la
letra
el
significado
corriente
de
“personal” equivaldría a menoscabar los esfuerzos realizados
por
la
Asamblea
Legislativa
de
rectificar
ciertas
deficiencias de la ley especial y robustecer la economía de
Puerto Rico, excluyendo del plan de cesantía a la fuerza
laboral del Registro de la Propiedad. Queda claro que la
naturaleza y función del Registro de la Propiedad, junto al
historial legislativo y el mismo texto de la Ley 7, según
enmendada, denotan que esta interpretación cumple con el
propósito económico de la ley especial.
En este caso, contrario a lo que ocurrió en Negrón
Matos
y
Báez
Rodríguez,
no
hace
falta
revisar
las
clasificaciones de los empleados cesanteados que recurren
ante este foro para efectos de determinar si éstos se ubican
en una categoría excluida del plan de cesantía. Basta con
45
“[P]rofesionales de la salud (médicos, paramédicos,
enfermeras, farmacéuticos y técnicos de laboratorio.”
Artículo 37.02(f), Ley Núm. 7, supra.
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
que
la
parte
demandante,
como
29
en
el
presente
caso,
sea
empleado del personal del Registro de la Propiedad y haya
sido cesanteado a tenor con la Ley 7.
En
resumen,
concluimos
que
la
enmienda
al
Artículo
37.02 de la Ley 7 tuvo como finalidad expresa resguardar de
los efectos del plan de cesantía a todos los empleados del
Registro de la Propiedad de Puerto Rico.
La letra de la Ley
7, según enmendada, y el historial legislativo avalan esta
interpretación y justifican dicha medida en aras de corregir
ciertas deficiencias del texto original de la ley especial.
Por todo lo antes expuesto, se revoca la sentencia del
Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de
Primera
Instancia
para
que
se
continúen
los
procedimientos.46
46
En cuanto al caso AC-2010-0002, el ELA adujo que el
reclamo de la señora Anca Santiago era académico y debía ser
desestimado. Adjunto a su solicitud, la parte demandada nos
produjo una Resolución en Reconsideración de la CASARH, de
30 de junio de 2010, donde se resolvió que, debido al
dictamen de este Tribunal en Báez Rodríguez, la parte
demandante sería reinstalada a su puesto en el Registro de
la Propiedad. Se ha reconocido que un caso no es justiciable
cuando se ha tornado académico, o sea, cuando éste deja de
presentar una controversia real que amerite la intervención
de los tribunales de justicia. Véase, Moreno v. Pres. U.P.R.
II, 2010 T.S.P.R. 70; Lozada Tirado v. Tirado Flecha¸ 2010
T.S.P.R. 9; Romero v. E.L.A., 169 D.P.R. 460 (2006);
Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 D.P.R. 593 (1992);
E.L.A. v. Aguayo, 89 D.P.R. 552 (1958). Es norma trillada
que un caso se torna académico cuando su condición de
controversia viva y presente cesa por el transcurso del
tiempo. Emp. Pub. Des., Inc. v. H.I.E. T.E.L., 150 D.P.R.
924 (2000); PPD v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995).
Esto significa que la controversia real debe existir en
todas las etapas del proceso judicial, tanto en la inicial
como
en
la
apelativa.
Presidente
de
la
Cámara
v.
Gobernador., 167 D.P.R. 149, 157 (2006). La señora Anca
Santiago no se expresó en cuanto a la moción solicitando
desestimación por academicidad y otros extremos presentada
CC-2009-1080 cons. con AC-2010-2
30
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta
Jueza Aso c iada
por el Estado. Tampoco compareció desde que expresó su
negativa de aceptar la oferta de transacción del ELA y no
nos ha puesto en posición para determinar si, en efecto, fue
reinstalada a su puesto. Por tanto, procede declarar su
reclamo académico y desestimar su recurso de apelación
civil.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Madeline Sánchez Díaz, et al.
Peticionarios
CC-2009-1080
cons. con
AC-2010-002
v.
Estado
Libre
Asociado
Puerto Rico (Departamento
Justicia), et al.
Recurridos
de
de
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente Sentencia, se revoca la sentencia del Tribunal de
Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera
Instancia para que se continúen los procedimientos.
Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la
Secretaria del Tribunal.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo