Tribunal Supremo de Puerto Rico
Centro Médico del Turabo, Inc. D/B/A Grupo HIMA San Pablo v. Departamento de Salud
2011 TSPR 35
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Centro Médico del Turabo, Inc. D/B/A Grupo HIMA San Pablo v. Departamento de Salud
CC-2009-463 cons. CC-2209-468
Derecho Administrativo- Procedimiento de aprobación de reglamentos con vigencia inmediata bajo la Sección 2.13 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Centro Médico del Turabo, Inc. D/B/A
Grupo HIMA San Pablo
Peticionarios
Certiorari
v.
2011 TSPR 35
Departamento de Salud del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico,etc.
Recurridos
Número del Caso:
CC- 2009 - 463 cons.
181 DPR ____
CC- 2009 - 458
Fecha: 16 de marzo de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón Panel VII
Juez Ponente:
Hon.
Carmen A. Pesante Martínez
CC- 2009 - 463
Abogadas de la Parte Peticionaria
Lcda. Janitza M. García Marrero
Lcda. Giselle López Soler
Lcda. Heidi L. Rodríguez Benítez
Oficina del Procurador General
Lcda. Va lerie Díaz Aponte
Procura dora General Auxiliar
Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez
Procuradora General Auxiliar
CC- 2009 - 468
Oficina del Procurador General
Lcda. María C. Umpierre Marchand
Procuradora General Auxiliar
Abogadas de la Parte Recurrida:
Lcda. Janitza M. García Marrero
Lcda. Giselle López Soler
Lcda. Heidi L. Rodríguez Benítez
Materia: Impugnación del Reglamento núm. 117
Salud, Reglamento 7634 del 17 de diciembre de 2008
- A del Secretario de
Este documento constituye un documento
oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Centro Médico del Turabo, Inc.
D/B/A Grupo HIMA San Pablo
Peticionarios
v.
CC-2009-463
Departamento de Salud del
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, etc.
Certiorari
Cons. CC-2009-468
Recurridos
Opinión del Tribunal
HERNÁNDEZ DENTON
emitida
por
el
Juez
Presidente
señor
San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2011.
El presente caso requiere que nos expresemos
por
primera
aprobación
de
vez
sobre
el
procedimiento
reglamentos
con
vigencia
de
inmediata
dispuesto en la Sec. 2.13 de la Ley Núm. 170 de 12
de agosto de 1988, según enmendada, conocida como
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), 3
L.P.R.A.
sec.
determinar
si
Gobernador
cumplieron
referido
2133.
el
estatuto
En
específico,
Departamento
al
de
debemos
Salud
y
el
con
los
requisitos
del
aprobar
el
Reglamento
Núm.
117-A de 2008. Por entender que ambos incumplieron
con
los
requisitos
allí
dispuestos
al
no
CC-2009-463 y CC-2009-468
2
fundamentar detalladamente las circunstancias que exigían
la
utilización
reglamentos
del
de
procedimiento
emergencia,
de
revocamos
la
aprobación
de
sentencia
del
Tribunal de Apelaciones que decidió lo contrario.
I.
En noviembre de 2008, el Secretario de Salud aprobó el
Reglamento
Núm.
117-A,
Reglamento
Núm.
7634
de
17
de
diciembre de 2008, para enmendar el Reglamento Núm. 117 del
Departamento
de
Salud
que
regula
el
licenciamiento,
operación y mantenimiento de los hospitales en Puerto Rico.
Reglamento Núm. 6921 del Departamento de Salud de 21 de
diciembre de 2004. El Reglamento 117-A busca delimitar el
procedimiento
presten
su
para
que
los
consentimiento
pacientes
informado
o
a
sus
responsables
toda
intervención
médica luego recibir la correspondiente orientación. Dicho
Reglamento
prohíbe
selección
de
que
foro
se
incluyan
dentro
cláusulas
de
los
legales
formularios
de
de
consentimiento informado, restricciones de cualquier tipo
al
derecho
del
paciente
terminal
a
recibir
consultoría
espiritual y, además, ordena el establecimiento de comités
de asuntos ético-hospitalarios.
Posteriormente, el Gobernador firmó una Certificación
en la que indicó que, de conformidad con lo dispuesto en la
Sec.
2.13
de
la
L.P.A.U.,
supra,
el
interés
público
requería la inmediata puesta en vigor del Reglamento 117-A,
bajo el procedimiento de emergencia. El 17 de diciembre de
2008, el Secretario de Salud presentó el Reglamento 117-A y
CC-2009-463 y CC-2009-468
la
Certificación
del
3
Gobernador
ante
el
Departamento
de
Estado, donde se le asignó el número 7634.
El 4 de febrero de 2009, el Centro Médico del Turabo,
Inc. h/n/c Grupo HIMA San Pablo (HIMA), presentó una acción
de
nulidad
al
amparo
del
Art.
2.7
de
la
L.P.A.U.,
3
L.P.R.A. 2127, e impugnó el procedimiento de aprobación del
Reglamento 7634. Alegó, en síntesis, que el reglamento es
nulo ab initio porque el Departamento de Estado no hizo el
aviso
público
dentro
de
los
25
días
a
partir
de
su
presentación, según dispone la Sec. 2.8(d) de la L.P.A.U.,
3 L.P.R.A. 2128. Sostuvo que, al no habérsele notificado el
reglamento que desde entonces venía obligado a seguir, el
término para impugnarlo estaba suspendido. Adujo, además,
que no se podía emplear el procedimiento de aprobación de
reglamentos de vigencia inmediata al amparo de la Sec. 2.13
de la L.P.A.U., supra, porque la Certificación emitida por
el Gobernador no consignaba suficientes circunstancias que
justificaran su uso.
El Departamento de Salud compareció por conducto de la
Oficina de la Procuradora General y alegó, en esencia, que
el requisito de publicación dispuesto en la Sec. 2.8 de la
L.P.A.U.,
supra,
contrario
a
lo
que
sostiene
HIMA,
se
refiere a la publicación que ha de hacerse luego de que se
complete el trámite ordinario de aprobación de reglamentos
según
lo
dispone
el
Art.
2.13
de
la
L.P.A.U.,
supra.
Sostuvo que en vista del cambio de gobierno y el receso
navideño, aún estaba a tiempo de comenzar a cumplir con los
CC-2009-463 y CC-2009-468
requisitos
de
4
aprobación
de
reglamentos
presentados
al
amparo del procedimiento expedito de vigencia inmediata.
El Tribunal de Apelaciones resolvió que se cumplieron
los
requisitos
de
aprobación
de
reglamentos
sin
previa
publicación, por lo que no le asistía la razón a HIMA en
cuanto a que el Reglamento 7634 es nulo ab initio o que el
término para impugnarlo esté suspendido. Determinó, además,
que
no
contaba
con
los
elementos
para
evaluar
si
la
situación justificaba el uso del procedimiento de vigencia
sin publicación, pues el Departamento de Salud todavía no
había
realizado
el
proceso
de
publicación
y
comentarios
exigido por las Secs. 2.1-2.3 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A.
secs. 2121-2123 y que, debido a que HIMA estaba obligado a
cumplir con el Reglamento sin poder, hasta ese momento,
participar del procedimiento de aprobación, suspendería su
vigencia
hasta
tanto
se
completara
el
procedimiento
ordinario de aprobación.
Inconforme, HIMA acudió ante nos mediante el recurso
de
certiorari
CC-2009-463
y
alegó
que
el
Tribunal
de
Apelaciones erró al no haber evaluado la procedencia en
este caso del uso del procedimiento de vigencia inmediata
dispuesto
en
la
Sec.
2.13
de
la
L.P.A.U.,
supra,
al
resolver que no es necesario publicar el reglamento hasta
tanto se complete el procedimiento preterido y al suspender
la vigencia del reglamento en vez de decretar su nulidad
absoluta. Por su parte, el Departamento de Salud acudió
ante nos mediante el recurso de certiorari CC-2009-468 y
CC-2009-463 y CC-2009-468
5
alega, como único señalamiento de error, que erró el foro
apelativo
intermedio
reglamento
en
al
cuestión,
decretar
a
pesar
la
de
suspensión
que
un
reglamento
aprobado en virtud de la Sec. 2.13 de L.P.A.U.,
tiene
vigencia
inmediata,
una
vez
se
del
presenta
supra,
ante
el
Departamento de Estado.1
Examinados ambos recursos, ordenamos su consolidación
y acordamos expedir. Con el beneficio de la comparecencia
de ambas partes, procedemos a resolver.
II.
Como es sabido, la L.P.A.U. requiere que las agencias
administrativas
observen
ciertos
requisitos
aprobar las llamadas reglas “legislativas”.
mínimos
al
Centro Unido
Detallistas v. Com. Serv. Púb., res. el 11 de julio de
2008, 2008 T.S.P.R. 116. Esto es, al aprobar ese conjunto
de normas de contenido sustantivo que complementan la ley,
crean derechos, imponen obligaciones y establecen un patrón
de conducta. Íd. En específico, la L.P.A.U. exige que se
1
El caso de autos representa la tercera vez que HIMA
comparece ante nos para tratar de impedir que se le
prohíba, por parte de nuestras agencias de salud pública,
la inclusión de cláusulas legales de selección de foro en
los documentos que se presentan a los pacientes como parte
del proceso de consentimiento informado.
No obstante, esa
práctica
ha
sido
válidamente
prohibida
en
nuestro
ordenamiento. Véase Reglamento Núm. 7617 del 21 de
noviembre de 2008 de la Oficina de la Procuradora del
Paciente de Puerto Rico. Véase además, Centro Médico del
Turabo, Inc., D/B/A Grupo HIMA San Pablo v. Oficina de la
Procuradora del Paciente, KLRA0800659, resuelto el 8 de
septiembre de 2008. Denegamos expedir el Certiorari en
dicho recurso el 17 de abril de 2009, CC-2008-965; Centro
Médico del Turabo, Inc. D/B/A Grupo HIMA San Pablo,
KLRA200900191, resuelto el 26 de agosto de 2009. Denegamos
expedir el Certiorari en ese recurso, CC-2009-827, el 13 de
abril de 2010.
CC-2009-463 y CC-2009-468
6
cumpla con los requisitos de
notificación, participación
ciudadana, presentación y publicación. Mun. de San Juan v.
J.C.A., 152 D.P.R. 673, 690-691 (2000).
Primeramente, la L.P.A.U. exige que cuando una agencia
se
proponga
adoptar,
enmendar
o
derogar
una
regla
o
reglamento debe cumplir con un requisito de notificación
mediante la publicación de un aviso en el que se detalle el
propósito de la reglamentación propuesta, la fuente legal
que la autoriza y la forma en la que se podrán someter
comentarios
o
solicitar
la
celebración
de
una
vista.
3
L.P.R.A. secs. 2121-2123.
Luego de dicha etapa inicial, comienza un proceso de
participación ciudadana dentro del cual la agencia confiere
al
menos
30
comentarios
días
y
para
propuestas
que
las
por
personas
escrito
o
sometan
sus
soliciten
la
celebración de vistas. 3 L.P.R.A. sec. 2122. La agencia
podrá celebrar vistas de forma discrecional, a menos que
por ley se le requiera. 3 L.P.R.A. sec. 2123. Es imperativo
que la agencia también mantenga un expediente disponible al
público con todo lo relativo al procedimiento de adopción,
enmienda o derogación de la regla o reglamento en cuestión.
3
L.P.R.A.
sec.
2126.
Esta
etapa
es
esencial,
pues
la
participación ciudadana trae ante la consideración de la
agencia
perspectivas
distintas
sobre
el
alcance
y
aplicación de las reglas que pretende aprobar D. Fernández
Quiñones,
Derecho
Administrativo
y
Ley
de
Procedimiento
CC-2009-463 y CC-2009-468
Administrativo
Uniforme,
7
Forum,
Bogotá,
2da
ed.,
2001,
págs. 114-115.
La Sec. 2.8(a) de la L.P.A.U. dispone que, luego de
que
culmine
el
proceso
de
participación
ciudadana,
toda
agencia que haya aprobado un reglamento debe cumplir con un
procedimiento de presentación de éste ante el Departamento
de Estado. 3 L.P.R.A. sec. 2128. Asimismo, establece que,
como regla general, los reglamentos entrarán en vigor a los
treinta
(30)
departamento.
días
No
de
su
obstante,
acto
presentación
ante
dicho
seguido,
Sec.
2.8(a)
la
detalla tres excepciones: (1) que por ley se disponga otra
fecha de vigencia; (2) que mediante el propio reglamento se
disponga otra fecha, siempre que la ley lo autorice y (3)
que se trate de un reglamento de emergencia, o sea, de
vigencia sin previa publicación según lo dispuesto en la
Sec. 2.13 del referido estatuto, 3 L.P.R.A. sec. 2133. Íd.
Por
último,
procedimiento
efectos,
el
de
inciso
es
preciso
que
publicación
del
(b)
de
la
se
cumpla
reglamento.
Sec.
2.8
de
la
con
A
un
estos
L.P.A.U.
dispone que, “el Secretario [de Estado] publicará en dos
(2)
periódicos
de
circulación
general
una
síntesis
del
contenido de cada reglamento radicado, con expresión de su
número, fecha de vigencia y agencia que lo aprobó. Esta
publicación se llevará a efecto dentro de los veinticinco
(25)
días
siguientes
a
la
fecha
de
su
radicación”.
3
L.P.R.A. sec. 2128. El fin de esta norma es cumplir con el
requisito
de
notificación,
elemento
indispensable
para
CC-2009-463 y CC-2009-468
8
validar la reglamentación y darle virtualidad al principio
básico, consignado en el Art. 2 del Código Civil de Puerto
Rico de que la ignorancia de la ley no es excusa para su
incumplimiento. D. Fernández Quiñones, op. cit., págs. 116117.
Según se desprende de lo anterior, el propósito de los
procedimientos
de
notificación,
participación
ciudadana,
presentación y publicación es garantizarle a los ciudadanos
que serán notificados y tendrán una oportunidad de que se
consideren sus puntos de vista antes de que se adopte una
norma que impacte sus derechos y les imponga obligaciones.
No
obstante,
la
L.P.A.U.
contiene
un
mecanismo
mediante el cual una agencia podrá, en casos excepcionales,
aprobar un reglamento de vigencia inmediata sin tener que
cumplir con la totalidad de los requisitos antes descritos.
En concreto, la Sec. 2.13 de la L.P.A.U., supra, dispone
que
cuando
públicos
el
Gobernador
certifique
exigen
que
reglamento
el
que
los
entre
intereses
en
vigor
inmediatamente, pues existe una emergencia o cualquier otra
circunstancia
que
lo
justifique,
el
secretario
de
la
agencia someterá ante el Departamento de Estado la referida
certificación y el reglamento en cuestión.
La
sección
en
cuestión
agencia
cumpla
posteriormente
exige,
con
sin
los
embargo,
que
la
procedimientos
de
notificación y participación ciudadana y someta cualquier
enmienda o modificación al Departamento de Estado. En lo
pertinente, establece que:
CC-2009-463 y CC-2009-468
9
[u]na vez así radicado el reglamento, o la
enmienda
al
mismo,
la
agencia
dará
cumplimiento a lo dispuesto en las Secciones
2.1, 2.2, 2.3 de esta ley, y, de determinar
modificaciones o enmiendas al reglamento
radicado al amparo de esta sección, radicará
las mismas en la oficina del Secretario de
Estado, y se le dará cumplimiento a lo
dispuesto en la Sección 2.8 de esta ley. Ley
170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada
por la Ley Núm. 43 de 6 de agosto de 1989,
1989 Leyes de Puerto Rico 161-162.
Por último, cabe señalar que la Sec. 2.7 de la L.P.A.U.
preceptúa una “acción de nulidad” o “acción de impugnación”
con
el
fin
acciones
de
uniformar
tomadas
por
reglamentos.
Centro
la
las
Unido
revisión
agencias
judicial
al
Detallistas
de
las
promulgar
sus
v.
Com.
Serv.
Púb.,supra, pág. 9. Como una agencia no tiene discreción
para
apartarse
del
procedimiento
establecido
en
la
L.P.A.U., es preciso evaluar qué requisitos de dicha ley
son de ineludible cumplimiento para así poder evaluar si se
produjo un incumplimiento sustancial de la ley. Íd. A tenor
con ello, la referida sección establece que las reglas o
reglamentos que se aprueben en contravención a la propia
L.P.A.U. serán nulos. 3 L.P.R.A. sec. 2127. A esos efectos,
dispone que cualquier persona podrá impugnar de su faz una
regla o reglamento inválido mediante un recurso interpuesto
en
el
Tribunal
de
Apelaciones
dentro
de
los
30
días
siguientes a la fecha de su vigencia. Íd.
III.
Desafortunadamente, la L.P.A.U. guarda silencio sobre lo
que
constituye
una
“emergencia”
o
una
“circunstancia”
particular que exija que se obvie el trámite ordinario de
CC-2009-463 y CC-2009-468
10
aprobación de reglamentos y se emplee la Sec. 2.13. Tampoco
nos
hemos
expresado
al
interpretado el término
por
lo
que
respecto.
No
obstante,
hemos
“emergencia” en otros contextos,
resulta
conveniente
reseñar
dicha
jurisprudencia.
En
Meléndez
v.
Valdejully,
120
D.P.R.
1
(1987),interpretamos el término emergencia dispuesto en el
Art. 4 de la Ley 21 de 31 de mayo de 1985, conocida como la
Ley Uniforme para la Revisión y Modificación de Tarifas. En
dicho caso, dispusimos, entre otras cosas, que “el concepto
„emergencia‟
no
necesariamente
se
limita
a
una
circunstancia imprevista, sino que comprende un suceso o
combinación
y
inmediata
actuación.
„urgencia‟,
„prisa‟”.
(citas
acumulación
omitidas).
Allí
de
circunstancias
„Emergencia‟
Meléndez
v.
también
es
que
exigen
sinónimo
Valdejully,
aplicamos
los
de
pág.
32
criterios
esbozados en Potomac Elec.Power v. Public Service Comission
of
Dist.
Of
Col.,
457
A.2d
776
(D.C.
App.
1983)
para
determinar si una agencia que provee servicios básicos se
encuentra ante una situación de emergencia, a saber:
(1)
si
existe
una
amenaza
actual
o
claramente inminente de que la agencia será
incapaz de continuar llevando a cabo su
gestión de servicio público, y (2) una
amenaza actual o claramente inminente de que
la Agencia será incapaz de obtener fondos
necesarios para financiar la construcción de
plantas nuevas o de reemplazo necesarias.
Meléndez v. Valdejully, pág. 33.
Posteriormente, en Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R.
1001
(1994)
nos
expresamos
sobre
la
procedencia
de
la
CC-2009-463 y CC-2009-468
utilización
por
parte
adquisición
de
bienes
11
de
un
municipio
en
situaciones
Específicamente,
interpretamos
dispuesto
Sec.
en
la
del
7.03
el
de
de
concepto
la
mecanismo
de
emergencia.
de
entonces
emergencia
vigente
Ley
Orgánica de los Municipios de Puerto Rico. 21 L.P.R.A. sec.
3203
(Sup.
1986).
A
tenor
con
aquella
sección,
que
autorizaba al alcalde a utilizar un mecanismo especial de
adquisición de bienes en casos de emergencia, se requería
“un suceso o combinación ocasional de circunstancias que
exija
inmediata
acción”.
Íd.
Al
aplicar
la
definición
provista en la ley a los hechos específicos de aquel caso,
resolvimos
que
no
procedía
emplear
el
mecanismo
de
adquisición de emergencia, ya que el tipo de equipo que se
pretendió
adquirir
no
podía
ser
adquirido
de
forma
inmediata sino que debía ser confeccionado a la medida. En
vista de ello, estimamos que si había que esperar varios
meses en lo que se fabricaba el equipo, no se justificaba
que
se
hubiese
obviado
el
procedimiento
ordinario
de
adquisición de bienes mediante subasta pública.
Años
más
tarde,
en
R&B
Power,
Inc.
v.
E.L.A.,
170
D.P.R. 606 (2007), otro caso sobre adquisición de bienes en
situaciones
de
emergencia,
interpretamos
el
concepto
de
“estado de emergencia” dispuesto en la Ley Núm. 92 de 31 de
marzo
de
2004,
que
enmendó
la
Ley
Orgánica
de
la
Mediante la Ley Núm. 92 se autorizó a la
Junta de Directores [de la AAA] a eximir del
requisito de „subasta pública y licitación
para
la
adjudicación
de
contratos
de
construcción y compras u otros contratos
AAA.
CC-2009-463 y CC-2009-468
12
cuando por situación de emergencia se estime
que es necesario y conveniente a los fines
de proteger la vida o la salud… o para
evitar
incumplimientos
ambientales
que
pudieran dar lugar a la imposición de
multas…. R& B Power, Inc. v. E.L.A., supra,
pág. 612.
En virtud de dicha autorización la Junta de Directores
de
la
AAA
utilizó
un
requerimiento
de
propuestas
para
adquirir vehículos con el fin de reemplazar parte de su
flota
y
evitar
multas
federales
por
incumplimientos
con
leyes ambientales. Resolvimos que el uso de dicho método
para adquirir los bienes fue legítimo y que, de impugnarse
la adjudicación de la buena pro, los tribunales tendrían la
facultad de revisar la declaración del estado de emergencia
en
sí.
Advertimos,
además,
que
se
trataba
allí
de
una
facultad extraordinaria y que “sólo la escrupulosa adhesión
a lo que constituye una emergencia evitará el despilfarro
de fondos públicos”. Íd., pág. 625 (Citando a Hatton v.
Mun.
de
Ponce,
supra).
Expresamos
también
que
la
flexibilidad que da la sección allí en controversia “no
puede
convertirse
en
patente
de
corso”
ni
“puede
convertirse en la norma y así servir de subterfugio para
soslayar el mecanismo normal”. Íd.
Unos
D.P.R.
meses
971
después,
(2007),
en
Acevedo
analizamos
el
Vilá
v.
concepto
C.E.E.,
de
172
“situación
extraordinaria” dispuesto en el Reglamento para el Control
de
Gastos
de
Referéndum
de
prohibición
de
Difusión
10
de
Pública
julio
difundir
de
del
2005
anuncios
Gobierno
como
para
excepción
gubernamentales
a
el
la
durante
CC-2009-463 y CC-2009-468
13
una veda electoral dispuesta en el Art. 8.001 de la Ley
Electoral, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según
enmendada, 16 L.P.R.A. sec. 3001 et seq. Dicho estatuto
prohíbe la difusión de anuncios gubernamentales durante el
periodo de veda electoral y, a modo de excepción, permite
que
se
solicite
una
autorización
previa
a
la
Comisión
Estatal de Elecciones en casos de interés público, urgencia
o emergencia. 16 L.P.R.A. 3351. El reglamento en cuestión,
por su parte, definía „urgencia o emergencia‟ como una:
[s]ituación de carácter súbito o imprevisto,
ocasionada por actos del hombre o de la
naturaleza,
que
requiere
la
inmediata
divulgación de información por parte de una
agencia, según el ámbito de sus deberes y
funciones, a los fines de proteger la vida,
la
propiedad
o
los
derechos
de
la
ciudadanía. Sec. 1.4(16).
No
obstante,
difundieran
el
referido
anuncios
reglamento
gubernamentales
permitía
ante
que
se
„situaciones
extraordinarias‟ sin autorización previa, siempre y cuando
se
solicitara
dentro
de
las
48
horas
si
la
situación
fiscal
que
aquel
momento
justificó
la
transmisión.
Al
analizar
atravesaba
Puerto
Rico
difusión
del
mensaje
en
del
ex
siguientes
Gobernador
sin
a
la
solicitar
autorización previa expresamos que, si bien en el contexto
administrativo
el
concepto
de
„emergencia‟
no
necesariamente se limita a una circunstancia imprevista,
sino que comprende un suceso o combinación y acumulación de
circunstancias que exigen inmediata actuación, Meléndez v.
Valdejully,
120
D.P.R.
1
(1987),
suficiente
para
fundamentar
la
dicha
legalidad
situación
de
no
es
acogerse
al
CC-2009-463 y CC-2009-468
mecanismo
de
autorización
14
posterior
a
la
difusión
del
mensaje. Acevedo Vilá v. C.E.E., supra, 992.
En cuanto al concepto de „situación extraordinaria‟ que,
de
configurarse,
sí
permitía
utilizar
el
mecanismo
de
autorización posterior expresamos que, además de tratarse
de una emergencia, es una situación en la que “existe una
inminente lesión al interés público, de modo que una demora
en
la
expresión
justicia;
derechos
gubernamental
ocasione
daños
constitucionales
ofenda
el
irreparables;
de
la
sentido
de
perjudique
ciudadanía;
derrote
la
los
el
orden de la ley e incida indefectiblemente sobre la sana
convivencia social”. Íd., pág. 24.
Por último, en San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe.,
res.
el
31
de
julio
de
2008,
2008
T.S.P.R.
130,
interpretamos la Sec. 3.17 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec.
2167,
sobre
inmediata.
En
procedimientos
adjudicativos
lo
la
pertinente,
Sec.
3.17
de
acción
dispone
que:
“[u]na agencia podrá usar procedimientos adjudicativos de
emergencia
en
una
situación
en
que
exista
un
peligro
inminente para la salud, seguridad y bienestar público o
que requiera acción inmediata de la agencia”. 3 L.P.R.A.
2167.
Al evaluar la procedencia de la revocación sumaria de
unos permisos de construcción mediante el procedimiento de
acción inmediata de la Sec. 3.17 de la L.P.A.U., expresamos
que no se justificaba el uso del mecanismo sumario para
revocar
los
permisos
en
controversia.
Ello,
pues
una
CC-2009-463 y CC-2009-468
15
emergencia “comprende un suceso o combinación y acumulación
de
circunstancias
que
exigen
inmediata
actuación.
Emergencia es sinónimo de urgencia, necesidad, prisa”. San
Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., supra, pág. 29 citando
a
Meléndez
v.
Valdejully,
supra,
pág.
22-23
(1987).
Expresamos que:
[t]oda vez que el procedimiento de acción
inmediata es una excepción que permite a las
agencias desviarse del cauce ordinario que
garantiza el derecho al debido proceso de
ley, las circunstancias que invoque deben
evaluarse cuidadosamente, tomando en cuenta
que la situación de ser extraordinaria y
realmente
excepcional,
que
implique
la
existencia de un peligro inminente para la
salud, la seguridad y el bienestar público.
San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe.,
supra, pág. 29.
Finalmente,
expresamos
que
“para
que
la
actuación
sumaria esté justificada debe estar en juego un interés
apremiante
del
estado
que
pudiera
ser
afectado
por
una
situación extraordinaria que no pueda protegerse mediante
los mecanismos ordinarios del andamiaje gubernamental. En
tales casos, el derecho a ser oído debe ceder”. Íd.
Expuesto
lo
anterior,
resulta
pertinente,
a
modo
ilustrativo, reseñar las disposiciones del Administrative
Procedure
Act,
legislación
5
U.S.C.A.
análoga
a
secs.
nuestra
500
et
L.P.A.U.,
seq
que
(A.P.A.),
permiten
la
vigencia inmediata de las reglas y reglamentos aprobados
por
las
agencias
nuestra
L.P.A.U.
doctrinas
de
la
administrativas
fue
inspirada
A.P.A.
federales.
y
Fundación
recoge
Esto,
muchas
Surfrider,
pues
de
las
Inc.
v.
A.R.Pe., res. 17 de marzo de 2010, 2010 T.S.P.R. 37.
CC-2009-463 y CC-2009-468
16
IV.
La A.P.A. es el estatuto federal que regula, entre otras
cosas, lo relativo a la aprobación y publicación de reglas
y reglamentos por parte de las agencias federales. En lo
pertinente, la Sec. 553 de la A.P.A. prescribe la forma en
que las agencias deben llevar a cabo los procedimientos
previos a la aprobación de reglas y reglamentos. Por lo
cual, regula lo relativo a la notificación de la propuesta
de
reglamentación,
a
la
participación
ciudadana
y
a
la
fecha de su entrada en vigor, entre otros asuntos.
La
Sec.
553(b)
de
la
A.P.A.
exige
que
las
agencias
notifiquen que se proponen adoptar cierta reglamentación
mediante la publicación de un aviso. A menos que una ley lo
exija, no se deberá notificar la propuesta de adoptar una
regla o reglamento ni se celebrarán vistas cuando se trate
de: (1) reglas interpretativas, declaraciones generales de
política pública, reglas de organización, procedimiento o
práctica interna de la agencia; o, (2) cuando la agencia
determina por justa causa (“Good Cause”) –la cual deberá
incorporar junto a una breve declaración de las razones
para
ello
notificación
en
el
reglamente
así
y
el
procedimiento
promulgado-
público
es
que
la
impráctico,
innecesario o contrario al interés público. 5 U.S.C.A. sec.
553(b)(3).
El concepto de justa causa que exime del requisito de
notificación
y
participación
impráctico,
innecesario
o
ciudadana,
contrario
al
por
orden
ser
ello
público
CC-2009-463 y CC-2009-468
contemplado
en
la
restrictiva.
Kollet
17
A.P.A.,
v.
se
Harris,
interpreta
619
F.2d
134
de
forma
(1st
Cir.
1980). Ello, pues el propósito de la notificación y de la
participación
ciudadana
es
brindarle
al
público
la
oportunidad de influir sobre la agencia durante la etapa de
formulación de reglas y reglamentos. Se exige pues, que las
agencias justifiquen mediante determinaciones de hecho y
derecho
su
notificación
Mezines,
incumplimiento
y
con
participación
Administrative
Law,
los
requisitos
ciudadana.
Sec.
Stein,
de
Mitchel,
15.05[6][b],
Tomo
3
(2009). Un Reporte del Senado sobre esta cláusula de justa
causa expresó que “[it] is not an ‘escape clause’ which may
be arbitrarily exercised but requires legitimate grounds
supported in law and fact by the required finding”. Íd.,
citando el Reporte del Senado Núm. 79-752, 79no Congreso,
1ra Sesión (1946). (Énfasis suplido).
De lo anterior se desprende que si una agencia determina
que
existe
notificación
justa
y
causa
para
obviar
participación
los
ciudadana,
requisitos
podrá
de
hacerlo
siempre y cuando lo justifique e incorpore las razones en
la regla o reglamento que se apruebe. Se desprende, además,
que si la agencia determina que también existe justa causa
para
que
la
regla
o
inmediatamente o en algún
reglamento
momento
entre
en
antes de los
vigor
30 días
luego de su publicación deberá incorporar las razones para
ello en el texto que se publique.
CC-2009-463 y CC-2009-468
18
V.
En vista de que el presente caso ha sido traído como
una acción de nulidad bajo el procedimiento dispuesto en la
Sec.
2.7
término
de
de
la
L.P.A.U.,
treinta
(30)
supra,
días
debemos
allí
delimitar
dispuesto,
el
cuando
se
trata de un reglamento de emergencia aprobado bajo la Sec.
2.13
del
mismo
estatuto.
De
un
examen
cuidadoso
de
la
L.P.A.U., encontramos que la aplicabilidad de la acción de
nulidad
sobre
reglamentos
de
emergencia
es
incierta.
Incluso, un análisis exhaustivo del historial legislativo
de la L.P.A.U. reafirma un vacío normativo al respecto.
Surge mayor incertidumbre ante el hecho de que la acción
reconocida por esta sección de la ley ni existe ni podría
existir bajo la A.P.A. federal. Véase W. Vázquez Irizarry,
Derecho
Administrativo,
79
Rev.
Jur.
U.P.R.
647,
656-
hemos
señalado,
la
acción
su
de
658(2010).
Ello
para
ocurre
impugnar
la
porque,
como
validez
de
faz
una
regla
o
reglamento por el incumplimiento con las disposiciones de
la L.P.A.U., debe iniciarse dentro de los treinta (30) días
siguientes
a
la
fecha
de
vigencia
de
dicha
regla
o
reglamento. Tomada en contexto, esa sección de la ley tiene
como objetivo que una agencia se circunscriba a todos los
requisitos de la L.P.A.U., incluidos los de la Sec. 2.13,
supra, o de lo contrario enfrente una acción de nulidad.
En casos como el presente, cuando un reglamento ha
sido aprobado mediante el procedimiento de emergencia y la
CC-2009-463 y CC-2009-468
agencia
reglamentadora
procedimiento
ordinario
19
viene
obligada
de
publicación,
a
realizar
el
comentarios
y
vistas públicas, con posterioridad a la puesta en vigencia
del reglamento, no tendría sentido que la parte afectada
tenga que esperar a que se complete ese proceso para poder
impugnar
parte
la
que
validez
del
reglamento.
impugna
la
validez
del
Ello,
pondría
reglamento
a
la
en
la
desventajosa situación de tener que cumplir con él y, a la
vez, tener que participar del procedimiento ordinario para
exigirle a la agencia que cumpla con la ley. Por ende,
debemos concluir que, en casos como el de autos, el término
para llevar una acción de impugnación está suspendido. De
esta forma, se salvaguarda la potestad que le reconoce el
legislador a quien entiende que no se ha cumplido con los
requisitos para un reglamento adoptado bajo la Sec. 2.13,
supra, ya sea porque no se incluyó la certificación del
Gobernador, porque existen deficiencias en la certificación
o porque no se radicó en el Departamento de Estado.
Resolver lo contrario sobre este aspecto sería forzar
a
quien
inste
la
referida
acción
a
presentarla
inmediatamente después de la presentación del reglamento
ante el Departamento de Estado, cuando todavía no se le ha
dado publicidad al reglamento, como ocurrió en el caso de
autos. Como ha expresado el Profesor Fernández Quiñones, la
acción de nulidad busca corregir los errores cometidos por
la agencia durante el trámite procesal de su aprobación.
Véase D. Fernández Quiñones, La Revisión Judicial de las
CC-2009-463 y CC-2009-468
20
Decisiones Administrativas, 69 Rev. Jur. U.P.R. 1129, 1135
(2000). Sobre este mismo aspecto, Fernández Quiñones nos
explica que la Sec. 2.7 de la L.P.A.U. tiene como objetivo
que se hagan cumplir los “requisitos cuyo incumplimiento es
ineludible”. Fernández Quiñones, op cit., pág. 120. Entre
esos requisitos están “los requisitos de notificación de la
regla propuesta, concesión de oportunidad a la ciudadanía
de
presentar
sus
escritos
y
publicación
de
la
regla
adoptada”. Íd. en la pág. 121.
Por
ende,
para
salvaguardar
el
debido
proceso
preceptuado en la L.P.A.U., la acción de nulidad tiene que
estar disponible hasta 30 días después de que se complete
el procedimiento ordinario.
De otra manera, la Sec. 2.7
que garantiza el cumplimiento con todas las disposiciones
de la L.P.A.U., no estaría disponible para conformar el
procedimiento ordinario a lo dispuesto en dicha ley. Así,
concluimos que en el presente caso la acción de nulidad fue
presentada oportunamente.
Habiendo
término
considerado
los
jurisdiccional
procedimiento
seguido
asuntos
para
por
la
la
concernientes
al
impugnación
del
agencia,
procedemos
a
considerar los fundamentos de la misma. Como cuestión de
umbral debemos determinar si se utilizó correctamente el
procedimiento
de
aprobación
de
reglamentos
de
vigencia
inmediata de la Sec. 2.13 de la L.P.A.U., supra.
De
una
simple
lectura
de
la
L.P.A.U.
surge
que
el
procedimiento de aprobación de reglamentos dispuesto en la
CC-2009-463 y CC-2009-468
21
sección en cuestión es excepcional. Ello, pues permite la
aprobación
de
ciudadanía
y
antes
que
de
contrario
al
normas
sin
legislativas
brindarle
éstas
la
entren
procedimiento
sin
notificar
oportunidad
en
vigor.
ordinario
de
Lo
de
a
la
expresarse
anterior
es
notificación
y
participación ciudadana.
Según se desprende de la jurisprudencia reseñada, en la
que
analizamos
contextos,
el
concepto
concebimos
situación
en
distintos
la interpretación que se le ha dado ha variado
a lo largo del tiempo. Así,
supra,
“emergencia”
el
concepto
en
Meléndez v. Valdejully,
de
“emergencia”
que
exige
acción
inmediata.
cuidadosamente
dicha
jurisprudencia,
Luego
nos
como
de
una
analizar
reiteramos,
al
igual que lo hicimos en Acevedo Vilá v. C.E.E., supra, en
que, según discutiésemos en Meléndez v. Valdejully, supra,
en el ámbito administrativo, el concepto „emergencia‟ no
necesariamente se limita a una circunstancia imprevista,
sino que comprende un suceso o combinación y acumulación de
circunstancias que exigen actuación inmediata. Ello refleja
no sólo el entendimiento general que hemos tenido de dicho
término, sino que es también cónsono con la flexibilidad
que
se
pretende
dar
a
las
agencias
para
actuar
ante
situaciones que exigen su intervención inmediata.
Contrario a lo que alega el Estado, entendemos que en
este
caso
estándar
el
Departamento
requerido
para
de
Salud
aprobar
no
cumplió
con
el
un
reglamento
de
emergencia. No dudamos que el Departamento de Salud haya
CC-2009-463 y CC-2009-468
determinado
que
se
22
exigía
su
acción
inmediata.
Es
innegable, sin embargo, que la referida Certificación es en
extremo sucinta y carece de una explicación de las razones
específicas para el uso del mecanismo de emergencia para
aprobar el Reglamento 117-A. Al actuar de esa forma, el
Estado no explicó las razones para utilizar el trámite de
emergencia, suprimió innecesariamente la notificación a las
partes
afectadas
exigencias
del
reglamentos,
por
la
nueva
procedimiento
impidió
la
reglamentación
ordinario
participación
de
según
las
aprobación
de
ciudadana
y
la
posibilidad de hacer enmiendas a la reglamentación tomando
en consideración dicho insumo, y más importante aún, dejó
fuera del expediente razones suficientes para poner a la
Rama
Judicial
en
posición
de
evaluar
efectivamente
su
actuación, como evidentemente pudimos hacer en los casos
sobre
distintos
tipos
de
emergencia
que
discutiéramos
anteriormente.
HIMA sostiene que el hecho de que ni la agencia ni la
Certificación del Gobernador consignan en tantas palabras
las razones específicas por las cuales se empleó el método
de
aprobación
de
reglamentos
de
emergencia
torna
el
Reglamento 117-A en nulo ab initio. Tiene razón. A pesar de
que
la
Sec.
2.13
de
la
L.P.A.U.
provee
un
mecanismo
excepcional que se desvía del procedimiento ordinario de
aprobación de reglas y reglamentos, éste debe interpretarse
de forma restrictiva. Por ello, resolvemos que la agencia
que
solicite
al
Primer
Ejecutivo
que
suscriba
la
CC-2009-463 y CC-2009-468
23
Certificación requerida por dicha sección debe consignar en
el expediente del Reglamento las razones que justifican el
uso del mecanismo extraordinario, de forma tal que, tanto
el público que se vea afectado por el reglamento, como los
tribunales, estén en mejor posición de entender y revisar
las
razones
que
tuvo
el
Estado
para
actuar
de
forma
inmediata.
Nuestra
experiencia,
en
el
ejercicio
de
la
función
judicial revisora, ha sido que el uso y costumbre de los
Gobernadores es acoger en sus certificaciones las razones
expuestas por las agencias que justifican la preterición
del
trámite
logra
el
proceso.
administrativo
objetivo
La
de
prudencia
la
ordinario.
mayor
aconseja
De
esta
forma,
se
transparencia
en
que
Ejecutivo
el
Poder
dicho
continúe con esta práctica. Todo esto impedirá, a su vez,
que esta excepción se convierta en “patente de corso” y así
sirva de subterfugio para soslayar el mecanismo ordinario,
pues no deseamos que la excepción suplante la norma.
Por
todo
lo
anterior
declaramos
nulo
ab
initio
el
Reglamento adoptado por el Departamento de Salud. Resuelto
lo
anterior,
no
es
necesario
requisito
de
publicación
Estado
un
aviso
de
reglamento.
por
público
atender
parte
del
respecto
a
lo
relativo
al
Departamento
de
la
de
vigencia
CC-2009-463 y CC-2009-468
Por
los
fundamentos
24
antes
expuestos,
se
revoca
la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Se dictará Sentencia
de conformidad.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Centro Médico del Turabo, Inc.
D/B/A Grupo HIMA San Pablo
Peticionarios
v.
CC-2009-463
Departamento de Salud del
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, etc.
Certiorari
Cons. CC-2009-468
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se declara nulo ab initio
el Reglamento adoptado por el Departamento de
Salud y se revoca la Sentencia del Tribunal de
Apelaciones.
Así lo pronuncia y manda el Tribunal
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
y
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo