LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Centro Médico del Turabo, Inc. D/B/A Grupo HIMA San Pablo v. Departamento de Salud

2011 TSPR 35

Poder Judicial de Puerto Rico

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Centro Médico del Turabo, Inc. D/B/A Grupo HIMA San Pablo v. Departamento de Salud

CC-2009-463 cons. CC-2209-468

Derecho Administrativo- Procedimiento de aprobación de reglamentos con vigencia inmediata bajo la Sección 2.13 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro Médico del Turabo, Inc. D/B/A

Grupo HIMA San Pablo

Peticionarios

Certiorari

v.

2011 TSPR 35

Departamento de Salud del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico,etc.

Recurridos

Número del Caso:

CC- 2009 - 463 cons.

181 DPR ____

CC- 2009 - 458

Fecha: 16 de marzo de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón Panel VII

Juez Ponente:

Hon.

Carmen A. Pesante Martínez

CC- 2009 - 463

Abogadas de la Parte Peticionaria

Lcda. Janitza M. García Marrero

Lcda. Giselle López Soler

Lcda. Heidi L. Rodríguez Benítez

Oficina del Procurador General

Lcda. Va lerie Díaz Aponte

Procura dora General Auxiliar

Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez

Procuradora General Auxiliar

CC- 2009 - 468

Oficina del Procurador General

Lcda. María C. Umpierre Marchand

Procuradora General Auxiliar

Abogadas de la Parte Recurrida:

Lcda. Janitza M. García Marrero

Lcda. Giselle López Soler

Lcda. Heidi L. Rodríguez Benítez

Materia: Impugnación del Reglamento núm. 117

Salud, Reglamento 7634 del 17 de diciembre de 2008

- A del Secretario de

Este documento constituye un documento

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro Médico del Turabo, Inc.

D/B/A Grupo HIMA San Pablo

Peticionarios

v.

CC-2009-463

Departamento de Salud del

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, etc.

Certiorari

Cons. CC-2009-468

Recurridos

Opinión del Tribunal

HERNÁNDEZ DENTON

emitida

por

el

Juez

Presidente

señor

San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2011.

El presente caso requiere que nos expresemos

por

primera

aprobación

de

vez

sobre

el

procedimiento

reglamentos

con

vigencia

de

inmediata

dispuesto en la Sec. 2.13 de la Ley Núm. 170 de 12

de agosto de 1988, según enmendada, conocida como

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), 3

L.P.R.A.

sec.

determinar

si

Gobernador

cumplieron

referido

2133.

el

estatuto

En

específico,

Departamento

al

de

debemos

Salud

y

el

con

los

requisitos

del

aprobar

el

Reglamento

Núm.

117-A de 2008. Por entender que ambos incumplieron

con

los

requisitos

allí

dispuestos

al

no

CC-2009-463 y CC-2009-468

2

fundamentar detalladamente las circunstancias que exigían

la

utilización

reglamentos

del

de

procedimiento

emergencia,

de

revocamos

la

aprobación

de

sentencia

del

Tribunal de Apelaciones que decidió lo contrario.

I.

En noviembre de 2008, el Secretario de Salud aprobó el

Reglamento

Núm.

117-A,

Reglamento

Núm.

7634

de

17

de

diciembre de 2008, para enmendar el Reglamento Núm. 117 del

Departamento

de

Salud

que

regula

el

licenciamiento,

operación y mantenimiento de los hospitales en Puerto Rico.

Reglamento Núm. 6921 del Departamento de Salud de 21 de

diciembre de 2004. El Reglamento 117-A busca delimitar el

procedimiento

presten

su

para

que

los

consentimiento

pacientes

informado

o

a

sus

responsables

toda

intervención

médica luego recibir la correspondiente orientación. Dicho

Reglamento

prohíbe

selección

de

que

foro

se

incluyan

dentro

cláusulas

de

los

legales

formularios

de

de

consentimiento informado, restricciones de cualquier tipo

al

derecho

del

paciente

terminal

a

recibir

consultoría

espiritual y, además, ordena el establecimiento de comités

de asuntos ético-hospitalarios.

Posteriormente, el Gobernador firmó una Certificación

en la que indicó que, de conformidad con lo dispuesto en la

Sec.

2.13

de

la

L.P.A.U.,

supra,

el

interés

público

requería la inmediata puesta en vigor del Reglamento 117-A,

bajo el procedimiento de emergencia. El 17 de diciembre de

2008, el Secretario de Salud presentó el Reglamento 117-A y

CC-2009-463 y CC-2009-468

la

Certificación

del

3

Gobernador

ante

el

Departamento

de

Estado, donde se le asignó el número 7634.

El 4 de febrero de 2009, el Centro Médico del Turabo,

Inc. h/n/c Grupo HIMA San Pablo (HIMA), presentó una acción

de

nulidad

al

amparo

del

Art.

2.7

de

la

L.P.A.U.,

3

L.P.R.A. 2127, e impugnó el procedimiento de aprobación del

Reglamento 7634. Alegó, en síntesis, que el reglamento es

nulo ab initio porque el Departamento de Estado no hizo el

aviso

público

dentro

de

los

25

días

a

partir

de

su

presentación, según dispone la Sec. 2.8(d) de la L.P.A.U.,

3 L.P.R.A. 2128. Sostuvo que, al no habérsele notificado el

reglamento que desde entonces venía obligado a seguir, el

término para impugnarlo estaba suspendido. Adujo, además,

que no se podía emplear el procedimiento de aprobación de

reglamentos de vigencia inmediata al amparo de la Sec. 2.13

de la L.P.A.U., supra, porque la Certificación emitida por

el Gobernador no consignaba suficientes circunstancias que

justificaran su uso.

El Departamento de Salud compareció por conducto de la

Oficina de la Procuradora General y alegó, en esencia, que

el requisito de publicación dispuesto en la Sec. 2.8 de la

L.P.A.U.,

supra,

contrario

a

lo

que

sostiene

HIMA,

se

refiere a la publicación que ha de hacerse luego de que se

complete el trámite ordinario de aprobación de reglamentos

según

lo

dispone

el

Art.

2.13

de

la

L.P.A.U.,

supra.

Sostuvo que en vista del cambio de gobierno y el receso

navideño, aún estaba a tiempo de comenzar a cumplir con los

CC-2009-463 y CC-2009-468

requisitos

de

4

aprobación

de

reglamentos

presentados

al

amparo del procedimiento expedito de vigencia inmediata.

El Tribunal de Apelaciones resolvió que se cumplieron

los

requisitos

de

aprobación

de

reglamentos

sin

previa

publicación, por lo que no le asistía la razón a HIMA en

cuanto a que el Reglamento 7634 es nulo ab initio o que el

término para impugnarlo esté suspendido. Determinó, además,

que

no

contaba

con

los

elementos

para

evaluar

si

la

situación justificaba el uso del procedimiento de vigencia

sin publicación, pues el Departamento de Salud todavía no

había

realizado

el

proceso

de

publicación

y

comentarios

exigido por las Secs. 2.1-2.3 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A.

secs. 2121-2123 y que, debido a que HIMA estaba obligado a

cumplir con el Reglamento sin poder, hasta ese momento,

participar del procedimiento de aprobación, suspendería su

vigencia

hasta

tanto

se

completara

el

procedimiento

ordinario de aprobación.

Inconforme, HIMA acudió ante nos mediante el recurso

de

certiorari

CC-2009-463

y

alegó

que

el

Tribunal

de

Apelaciones erró al no haber evaluado la procedencia en

este caso del uso del procedimiento de vigencia inmediata

dispuesto

en

la

Sec.

2.13

de

la

L.P.A.U.,

supra,

al

resolver que no es necesario publicar el reglamento hasta

tanto se complete el procedimiento preterido y al suspender

la vigencia del reglamento en vez de decretar su nulidad

absoluta. Por su parte, el Departamento de Salud acudió

ante nos mediante el recurso de certiorari CC-2009-468 y

CC-2009-463 y CC-2009-468

5

alega, como único señalamiento de error, que erró el foro

apelativo

intermedio

reglamento

en

al

cuestión,

decretar

a

pesar

la

de

suspensión

que

un

reglamento

aprobado en virtud de la Sec. 2.13 de L.P.A.U.,

tiene

vigencia

inmediata,

una

vez

se

del

presenta

supra,

ante

el

Departamento de Estado.1

Examinados ambos recursos, ordenamos su consolidación

y acordamos expedir. Con el beneficio de la comparecencia

de ambas partes, procedemos a resolver.

II.

Como es sabido, la L.P.A.U. requiere que las agencias

administrativas

observen

ciertos

requisitos

aprobar las llamadas reglas “legislativas”.

mínimos

al

Centro Unido

Detallistas v. Com. Serv. Púb., res. el 11 de julio de

2008, 2008 T.S.P.R. 116. Esto es, al aprobar ese conjunto

de normas de contenido sustantivo que complementan la ley,

crean derechos, imponen obligaciones y establecen un patrón

de conducta. Íd. En específico, la L.P.A.U. exige que se

1

El caso de autos representa la tercera vez que HIMA

comparece ante nos para tratar de impedir que se le

prohíba, por parte de nuestras agencias de salud pública,

la inclusión de cláusulas legales de selección de foro en

los documentos que se presentan a los pacientes como parte

del proceso de consentimiento informado.

No obstante, esa

práctica

ha

sido

válidamente

prohibida

en

nuestro

ordenamiento. Véase Reglamento Núm. 7617 del 21 de

noviembre de 2008 de la Oficina de la Procuradora del

Paciente de Puerto Rico. Véase además, Centro Médico del

Turabo, Inc., D/B/A Grupo HIMA San Pablo v. Oficina de la

Procuradora del Paciente, KLRA0800659, resuelto el 8 de

septiembre de 2008. Denegamos expedir el Certiorari en

dicho recurso el 17 de abril de 2009, CC-2008-965; Centro

Médico del Turabo, Inc. D/B/A Grupo HIMA San Pablo,

KLRA200900191, resuelto el 26 de agosto de 2009. Denegamos

expedir el Certiorari en ese recurso, CC-2009-827, el 13 de

abril de 2010.

CC-2009-463 y CC-2009-468

6

cumpla con los requisitos de

notificación, participación

ciudadana, presentación y publicación. Mun. de San Juan v.

J.C.A., 152 D.P.R. 673, 690-691 (2000).

Primeramente, la L.P.A.U. exige que cuando una agencia

se

proponga

adoptar,

enmendar

o

derogar

una

regla

o

reglamento debe cumplir con un requisito de notificación

mediante la publicación de un aviso en el que se detalle el

propósito de la reglamentación propuesta, la fuente legal

que la autoriza y la forma en la que se podrán someter

comentarios

o

solicitar

la

celebración

de

una

vista.

3

L.P.R.A. secs. 2121-2123.

Luego de dicha etapa inicial, comienza un proceso de

participación ciudadana dentro del cual la agencia confiere

al

menos

30

comentarios

días

y

para

propuestas

que

las

por

personas

escrito

o

sometan

sus

soliciten

la

celebración de vistas. 3 L.P.R.A. sec. 2122. La agencia

podrá celebrar vistas de forma discrecional, a menos que

por ley se le requiera. 3 L.P.R.A. sec. 2123. Es imperativo

que la agencia también mantenga un expediente disponible al

público con todo lo relativo al procedimiento de adopción,

enmienda o derogación de la regla o reglamento en cuestión.

3

L.P.R.A.

sec.

2126.

Esta

etapa

es

esencial,

pues

la

participación ciudadana trae ante la consideración de la

agencia

perspectivas

distintas

sobre

el

alcance

y

aplicación de las reglas que pretende aprobar D. Fernández

Quiñones,

Derecho

Administrativo

y

Ley

de

Procedimiento

CC-2009-463 y CC-2009-468

Administrativo

Uniforme,

7

Forum,

Bogotá,

2da

ed.,

2001,

págs. 114-115.

La Sec. 2.8(a) de la L.P.A.U. dispone que, luego de

que

culmine

el

proceso

de

participación

ciudadana,

toda

agencia que haya aprobado un reglamento debe cumplir con un

procedimiento de presentación de éste ante el Departamento

de Estado. 3 L.P.R.A. sec. 2128. Asimismo, establece que,

como regla general, los reglamentos entrarán en vigor a los

treinta

(30)

departamento.

días

No

de

su

obstante,

acto

presentación

ante

dicho

seguido,

Sec.

2.8(a)

la

detalla tres excepciones: (1) que por ley se disponga otra

fecha de vigencia; (2) que mediante el propio reglamento se

disponga otra fecha, siempre que la ley lo autorice y (3)

que se trate de un reglamento de emergencia, o sea, de

vigencia sin previa publicación según lo dispuesto en la

Sec. 2.13 del referido estatuto, 3 L.P.R.A. sec. 2133. Íd.

Por

último,

procedimiento

efectos,

el

de

inciso

es

preciso

que

publicación

del

(b)

de

la

se

cumpla

reglamento.

Sec.

2.8

de

la

con

A

un

estos

L.P.A.U.

dispone que, “el Secretario [de Estado] publicará en dos

(2)

periódicos

de

circulación

general

una

síntesis

del

contenido de cada reglamento radicado, con expresión de su

número, fecha de vigencia y agencia que lo aprobó. Esta

publicación se llevará a efecto dentro de los veinticinco

(25)

días

siguientes

a

la

fecha

de

su

radicación”.

3

L.P.R.A. sec. 2128. El fin de esta norma es cumplir con el

requisito

de

notificación,

elemento

indispensable

para

CC-2009-463 y CC-2009-468

8

validar la reglamentación y darle virtualidad al principio

básico, consignado en el Art. 2 del Código Civil de Puerto

Rico de que la ignorancia de la ley no es excusa para su

incumplimiento. D. Fernández Quiñones, op. cit., págs. 116117.

Según se desprende de lo anterior, el propósito de los

procedimientos

de

notificación,

participación

ciudadana,

presentación y publicación es garantizarle a los ciudadanos

que serán notificados y tendrán una oportunidad de que se

consideren sus puntos de vista antes de que se adopte una

norma que impacte sus derechos y les imponga obligaciones.

No

obstante,

la

L.P.A.U.

contiene

un

mecanismo

mediante el cual una agencia podrá, en casos excepcionales,

aprobar un reglamento de vigencia inmediata sin tener que

cumplir con la totalidad de los requisitos antes descritos.

En concreto, la Sec. 2.13 de la L.P.A.U., supra, dispone

que

cuando

públicos

el

Gobernador

certifique

exigen

que

reglamento

el

que

los

entre

intereses

en

vigor

inmediatamente, pues existe una emergencia o cualquier otra

circunstancia

que

lo

justifique,

el

secretario

de

la

agencia someterá ante el Departamento de Estado la referida

certificación y el reglamento en cuestión.

La

sección

en

cuestión

agencia

cumpla

posteriormente

exige,

con

sin

los

embargo,

que

la

procedimientos

de

notificación y participación ciudadana y someta cualquier

enmienda o modificación al Departamento de Estado. En lo

pertinente, establece que:

CC-2009-463 y CC-2009-468

9

[u]na vez así radicado el reglamento, o la

enmienda

al

mismo,

la

agencia

dará

cumplimiento a lo dispuesto en las Secciones

2.1, 2.2, 2.3 de esta ley, y, de determinar

modificaciones o enmiendas al reglamento

radicado al amparo de esta sección, radicará

las mismas en la oficina del Secretario de

Estado, y se le dará cumplimiento a lo

dispuesto en la Sección 2.8 de esta ley. Ley

170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada

por la Ley Núm. 43 de 6 de agosto de 1989,

1989 Leyes de Puerto Rico 161-162.

Por último, cabe señalar que la Sec. 2.7 de la L.P.A.U.

preceptúa una “acción de nulidad” o “acción de impugnación”

con

el

fin

acciones

de

uniformar

tomadas

por

reglamentos.

Centro

la

las

Unido

revisión

agencias

judicial

al

Detallistas

de

las

promulgar

sus

v.

Com.

Serv.

Púb.,supra, pág. 9. Como una agencia no tiene discreción

para

apartarse

del

procedimiento

establecido

en

la

L.P.A.U., es preciso evaluar qué requisitos de dicha ley

son de ineludible cumplimiento para así poder evaluar si se

produjo un incumplimiento sustancial de la ley. Íd. A tenor

con ello, la referida sección establece que las reglas o

reglamentos que se aprueben en contravención a la propia

L.P.A.U. serán nulos. 3 L.P.R.A. sec. 2127. A esos efectos,

dispone que cualquier persona podrá impugnar de su faz una

regla o reglamento inválido mediante un recurso interpuesto

en

el

Tribunal

de

Apelaciones

dentro

de

los

30

días

siguientes a la fecha de su vigencia. Íd.

III.

Desafortunadamente, la L.P.A.U. guarda silencio sobre lo

que

constituye

una

“emergencia”

o

una

“circunstancia”

particular que exija que se obvie el trámite ordinario de

CC-2009-463 y CC-2009-468

10

aprobación de reglamentos y se emplee la Sec. 2.13. Tampoco

nos

hemos

expresado

al

interpretado el término

por

lo

que

respecto.

No

obstante,

hemos

“emergencia” en otros contextos,

resulta

conveniente

reseñar

dicha

jurisprudencia.

En

Meléndez

v.

Valdejully,

120

D.P.R.

1

(1987),interpretamos el término emergencia dispuesto en el

Art. 4 de la Ley 21 de 31 de mayo de 1985, conocida como la

Ley Uniforme para la Revisión y Modificación de Tarifas. En

dicho caso, dispusimos, entre otras cosas, que “el concepto

„emergencia‟

no

necesariamente

se

limita

a

una

circunstancia imprevista, sino que comprende un suceso o

combinación

y

inmediata

actuación.

„urgencia‟,

„prisa‟”.

(citas

acumulación

omitidas).

Allí

de

circunstancias

„Emergencia‟

Meléndez

v.

también

es

que

exigen

sinónimo

Valdejully,

aplicamos

los

de

pág.

32

criterios

esbozados en Potomac Elec.Power v. Public Service Comission

of

Dist.

Of

Col.,

457

A.2d

776

(D.C.

App.

1983)

para

determinar si una agencia que provee servicios básicos se

encuentra ante una situación de emergencia, a saber:

(1)

si

existe

una

amenaza

actual

o

claramente inminente de que la agencia será

incapaz de continuar llevando a cabo su

gestión de servicio público, y (2) una

amenaza actual o claramente inminente de que

la Agencia será incapaz de obtener fondos

necesarios para financiar la construcción de

plantas nuevas o de reemplazo necesarias.

Meléndez v. Valdejully, pág. 33.

Posteriormente, en Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R.

1001

(1994)

nos

expresamos

sobre

la

procedencia

de

la

CC-2009-463 y CC-2009-468

utilización

por

parte

adquisición

de

bienes

11

de

un

municipio

en

situaciones

Específicamente,

interpretamos

dispuesto

Sec.

en

la

del

7.03

el

de

de

concepto

la

mecanismo

de

emergencia.

de

entonces

emergencia

vigente

Ley

Orgánica de los Municipios de Puerto Rico. 21 L.P.R.A. sec.

3203

(Sup.

1986).

A

tenor

con

aquella

sección,

que

autorizaba al alcalde a utilizar un mecanismo especial de

adquisición de bienes en casos de emergencia, se requería

“un suceso o combinación ocasional de circunstancias que

exija

inmediata

acción”.

Íd.

Al

aplicar

la

definición

provista en la ley a los hechos específicos de aquel caso,

resolvimos

que

no

procedía

emplear

el

mecanismo

de

adquisición de emergencia, ya que el tipo de equipo que se

pretendió

adquirir

no

podía

ser

adquirido

de

forma

inmediata sino que debía ser confeccionado a la medida. En

vista de ello, estimamos que si había que esperar varios

meses en lo que se fabricaba el equipo, no se justificaba

que

se

hubiese

obviado

el

procedimiento

ordinario

de

adquisición de bienes mediante subasta pública.

Años

más

tarde,

en

R&B

Power,

Inc.

v.

E.L.A.,

170

D.P.R. 606 (2007), otro caso sobre adquisición de bienes en

situaciones

de

emergencia,

interpretamos

el

concepto

de

“estado de emergencia” dispuesto en la Ley Núm. 92 de 31 de

marzo

de

2004,

que

enmendó

la

Ley

Orgánica

de

la

Mediante la Ley Núm. 92 se autorizó a la

Junta de Directores [de la AAA] a eximir del

requisito de „subasta pública y licitación

para

la

adjudicación

de

contratos

de

construcción y compras u otros contratos

AAA.

CC-2009-463 y CC-2009-468

12

cuando por situación de emergencia se estime

que es necesario y conveniente a los fines

de proteger la vida o la salud… o para

evitar

incumplimientos

ambientales

que

pudieran dar lugar a la imposición de

multas…. R& B Power, Inc. v. E.L.A., supra,

pág. 612.

En virtud de dicha autorización la Junta de Directores

de

la

AAA

utilizó

un

requerimiento

de

propuestas

para

adquirir vehículos con el fin de reemplazar parte de su

flota

y

evitar

multas

federales

por

incumplimientos

con

leyes ambientales. Resolvimos que el uso de dicho método

para adquirir los bienes fue legítimo y que, de impugnarse

la adjudicación de la buena pro, los tribunales tendrían la

facultad de revisar la declaración del estado de emergencia

en

sí.

Advertimos,

además,

que

se

trataba

allí

de

una

facultad extraordinaria y que “sólo la escrupulosa adhesión

a lo que constituye una emergencia evitará el despilfarro

de fondos públicos”. Íd., pág. 625 (Citando a Hatton v.

Mun.

de

Ponce,

supra).

Expresamos

también

que

la

flexibilidad que da la sección allí en controversia “no

puede

convertirse

en

patente

de

corso”

ni

“puede

convertirse en la norma y así servir de subterfugio para

soslayar el mecanismo normal”. Íd.

Unos

D.P.R.

meses

971

después,

(2007),

en

Acevedo

analizamos

el

Vilá

v.

concepto

C.E.E.,

de

172

“situación

extraordinaria” dispuesto en el Reglamento para el Control

de

Gastos

de

Referéndum

de

prohibición

de

Difusión

10

de

Pública

julio

difundir

de

del

2005

anuncios

Gobierno

como

para

excepción

gubernamentales

a

el

la

durante

CC-2009-463 y CC-2009-468

13

una veda electoral dispuesta en el Art. 8.001 de la Ley

Electoral, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según

enmendada, 16 L.P.R.A. sec. 3001 et seq. Dicho estatuto

prohíbe la difusión de anuncios gubernamentales durante el

periodo de veda electoral y, a modo de excepción, permite

que

se

solicite

una

autorización

previa

a

la

Comisión

Estatal de Elecciones en casos de interés público, urgencia

o emergencia. 16 L.P.R.A. 3351. El reglamento en cuestión,

por su parte, definía „urgencia o emergencia‟ como una:

[s]ituación de carácter súbito o imprevisto,

ocasionada por actos del hombre o de la

naturaleza,

que

requiere

la

inmediata

divulgación de información por parte de una

agencia, según el ámbito de sus deberes y

funciones, a los fines de proteger la vida,

la

propiedad

o

los

derechos

de

la

ciudadanía. Sec. 1.4(16).

No

obstante,

difundieran

el

referido

anuncios

reglamento

gubernamentales

permitía

ante

que

se

„situaciones

extraordinarias‟ sin autorización previa, siempre y cuando

se

solicitara

dentro

de

las

48

horas

si

la

situación

fiscal

que

aquel

momento

justificó

la

transmisión.

Al

analizar

atravesaba

Puerto

Rico

difusión

del

mensaje

en

del

ex

siguientes

Gobernador

sin

a

la

solicitar

autorización previa expresamos que, si bien en el contexto

administrativo

el

concepto

de

„emergencia‟

no

necesariamente se limita a una circunstancia imprevista,

sino que comprende un suceso o combinación y acumulación de

circunstancias que exigen inmediata actuación, Meléndez v.

Valdejully,

120

D.P.R.

1

(1987),

suficiente

para

fundamentar

la

dicha

legalidad

situación

de

no

es

acogerse

al

CC-2009-463 y CC-2009-468

mecanismo

de

autorización

14

posterior

a

la

difusión

del

mensaje. Acevedo Vilá v. C.E.E., supra, 992.

En cuanto al concepto de „situación extraordinaria‟ que,

de

configurarse,

sí

permitía

utilizar

el

mecanismo

de

autorización posterior expresamos que, además de tratarse

de una emergencia, es una situación en la que “existe una

inminente lesión al interés público, de modo que una demora

en

la

expresión

justicia;

derechos

gubernamental

ocasione

daños

constitucionales

ofenda

el

irreparables;

de

la

sentido

de

perjudique

ciudadanía;

derrote

la

los

el

orden de la ley e incida indefectiblemente sobre la sana

convivencia social”. Íd., pág. 24.

Por último, en San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe.,

res.

el

31

de

julio

de

2008,

2008

T.S.P.R.

130,

interpretamos la Sec. 3.17 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec.

2167,

sobre

inmediata.

En

procedimientos

adjudicativos

lo

la

pertinente,

Sec.

3.17

de

acción

dispone

que:

“[u]na agencia podrá usar procedimientos adjudicativos de

emergencia

en

una

situación

en

que

exista

un

peligro

inminente para la salud, seguridad y bienestar público o

que requiera acción inmediata de la agencia”. 3 L.P.R.A.

2167.

Al evaluar la procedencia de la revocación sumaria de

unos permisos de construcción mediante el procedimiento de

acción inmediata de la Sec. 3.17 de la L.P.A.U., expresamos

que no se justificaba el uso del mecanismo sumario para

revocar

los

permisos

en

controversia.

Ello,

pues

una

CC-2009-463 y CC-2009-468

15

emergencia “comprende un suceso o combinación y acumulación

de

circunstancias

que

exigen

inmediata

actuación.

Emergencia es sinónimo de urgencia, necesidad, prisa”. San

Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., supra, pág. 29 citando

a

Meléndez

v.

Valdejully,

supra,

pág.

22-23

(1987).

Expresamos que:

[t]oda vez que el procedimiento de acción

inmediata es una excepción que permite a las

agencias desviarse del cauce ordinario que

garantiza el derecho al debido proceso de

ley, las circunstancias que invoque deben

evaluarse cuidadosamente, tomando en cuenta

que la situación de ser extraordinaria y

realmente

excepcional,

que

implique

la

existencia de un peligro inminente para la

salud, la seguridad y el bienestar público.

San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe.,

supra, pág. 29.

Finalmente,

expresamos

que

“para

que

la

actuación

sumaria esté justificada debe estar en juego un interés

apremiante

del

estado

que

pudiera

ser

afectado

por

una

situación extraordinaria que no pueda protegerse mediante

los mecanismos ordinarios del andamiaje gubernamental. En

tales casos, el derecho a ser oído debe ceder”. Íd.

Expuesto

lo

anterior,

resulta

pertinente,

a

modo

ilustrativo, reseñar las disposiciones del Administrative

Procedure

Act,

legislación

5

U.S.C.A.

análoga

a

secs.

nuestra

500

et

L.P.A.U.,

seq

que

(A.P.A.),

permiten

la

vigencia inmediata de las reglas y reglamentos aprobados

por

las

agencias

nuestra

L.P.A.U.

doctrinas

de

la

administrativas

fue

inspirada

A.P.A.

federales.

y

Fundación

recoge

Esto,

muchas

Surfrider,

pues

de

las

Inc.

v.

A.R.Pe., res. 17 de marzo de 2010, 2010 T.S.P.R. 37.

CC-2009-463 y CC-2009-468

16

IV.

La A.P.A. es el estatuto federal que regula, entre otras

cosas, lo relativo a la aprobación y publicación de reglas

y reglamentos por parte de las agencias federales. En lo

pertinente, la Sec. 553 de la A.P.A. prescribe la forma en

que las agencias deben llevar a cabo los procedimientos

previos a la aprobación de reglas y reglamentos. Por lo

cual, regula lo relativo a la notificación de la propuesta

de

reglamentación,

a

la

participación

ciudadana

y

a

la

fecha de su entrada en vigor, entre otros asuntos.

La

Sec.

553(b)

de

la

A.P.A.

exige

que

las

agencias

notifiquen que se proponen adoptar cierta reglamentación

mediante la publicación de un aviso. A menos que una ley lo

exija, no se deberá notificar la propuesta de adoptar una

regla o reglamento ni se celebrarán vistas cuando se trate

de: (1) reglas interpretativas, declaraciones generales de

política pública, reglas de organización, procedimiento o

práctica interna de la agencia; o, (2) cuando la agencia

determina por justa causa (“Good Cause”) –la cual deberá

incorporar junto a una breve declaración de las razones

para

ello

notificación

en

el

reglamente

así

y

el

procedimiento

promulgado-

público

es

que

la

impráctico,

innecesario o contrario al interés público. 5 U.S.C.A. sec.

553(b)(3).

El concepto de justa causa que exime del requisito de

notificación

y

participación

impráctico,

innecesario

o

ciudadana,

contrario

al

por

orden

ser

ello

público

CC-2009-463 y CC-2009-468

contemplado

en

la

restrictiva.

Kollet

17

A.P.A.,

v.

se

Harris,

interpreta

619

F.2d

134

de

forma

(1st

Cir.

1980). Ello, pues el propósito de la notificación y de la

participación

ciudadana

es

brindarle

al

público

la

oportunidad de influir sobre la agencia durante la etapa de

formulación de reglas y reglamentos. Se exige pues, que las

agencias justifiquen mediante determinaciones de hecho y

derecho

su

notificación

Mezines,

incumplimiento

y

con

participación

Administrative

Law,

los

requisitos

ciudadana.

Sec.

Stein,

de

Mitchel,

15.05[6][b],

Tomo

3

(2009). Un Reporte del Senado sobre esta cláusula de justa

causa expresó que “[it] is not an ‘escape clause’ which may

be arbitrarily exercised but requires legitimate grounds

supported in law and fact by the required finding”. Íd.,

citando el Reporte del Senado Núm. 79-752, 79no Congreso,

1ra Sesión (1946). (Énfasis suplido).

De lo anterior se desprende que si una agencia determina

que

existe

notificación

justa

y

causa

para

obviar

participación

los

ciudadana,

requisitos

podrá

de

hacerlo

siempre y cuando lo justifique e incorpore las razones en

la regla o reglamento que se apruebe. Se desprende, además,

que si la agencia determina que también existe justa causa

para

que

la

regla

o

inmediatamente o en algún

reglamento

momento

entre

en

antes de los

vigor

30 días

luego de su publicación deberá incorporar las razones para

ello en el texto que se publique.

CC-2009-463 y CC-2009-468

18

V.

En vista de que el presente caso ha sido traído como

una acción de nulidad bajo el procedimiento dispuesto en la

Sec.

2.7

término

de

de

la

L.P.A.U.,

treinta

(30)

supra,

días

debemos

allí

delimitar

dispuesto,

el

cuando

se

trata de un reglamento de emergencia aprobado bajo la Sec.

2.13

del

mismo

estatuto.

De

un

examen

cuidadoso

de

la

L.P.A.U., encontramos que la aplicabilidad de la acción de

nulidad

sobre

reglamentos

de

emergencia

es

incierta.

Incluso, un análisis exhaustivo del historial legislativo

de la L.P.A.U. reafirma un vacío normativo al respecto.

Surge mayor incertidumbre ante el hecho de que la acción

reconocida por esta sección de la ley ni existe ni podría

existir bajo la A.P.A. federal. Véase W. Vázquez Irizarry,

Derecho

Administrativo,

79

Rev.

Jur.

U.P.R.

647,

656-

hemos

señalado,

la

acción

su

de

658(2010).

Ello

para

ocurre

impugnar

la

porque,

como

validez

de

faz

una

regla

o

reglamento por el incumplimiento con las disposiciones de

la L.P.A.U., debe iniciarse dentro de los treinta (30) días

siguientes

a

la

fecha

de

vigencia

de

dicha

regla

o

reglamento. Tomada en contexto, esa sección de la ley tiene

como objetivo que una agencia se circunscriba a todos los

requisitos de la L.P.A.U., incluidos los de la Sec. 2.13,

supra, o de lo contrario enfrente una acción de nulidad.

En casos como el presente, cuando un reglamento ha

sido aprobado mediante el procedimiento de emergencia y la

CC-2009-463 y CC-2009-468

agencia

reglamentadora

procedimiento

ordinario

19

viene

obligada

de

publicación,

a

realizar

el

comentarios

y

vistas públicas, con posterioridad a la puesta en vigencia

del reglamento, no tendría sentido que la parte afectada

tenga que esperar a que se complete ese proceso para poder

impugnar

parte

la

que

validez

del

reglamento.

impugna

la

validez

del

Ello,

pondría

reglamento

a

la

en

la

desventajosa situación de tener que cumplir con él y, a la

vez, tener que participar del procedimiento ordinario para

exigirle a la agencia que cumpla con la ley. Por ende,

debemos concluir que, en casos como el de autos, el término

para llevar una acción de impugnación está suspendido. De

esta forma, se salvaguarda la potestad que le reconoce el

legislador a quien entiende que no se ha cumplido con los

requisitos para un reglamento adoptado bajo la Sec. 2.13,

supra, ya sea porque no se incluyó la certificación del

Gobernador, porque existen deficiencias en la certificación

o porque no se radicó en el Departamento de Estado.

Resolver lo contrario sobre este aspecto sería forzar

a

quien

inste

la

referida

acción

a

presentarla

inmediatamente después de la presentación del reglamento

ante el Departamento de Estado, cuando todavía no se le ha

dado publicidad al reglamento, como ocurrió en el caso de

autos. Como ha expresado el Profesor Fernández Quiñones, la

acción de nulidad busca corregir los errores cometidos por

la agencia durante el trámite procesal de su aprobación.

Véase D. Fernández Quiñones, La Revisión Judicial de las

CC-2009-463 y CC-2009-468

20

Decisiones Administrativas, 69 Rev. Jur. U.P.R. 1129, 1135

(2000). Sobre este mismo aspecto, Fernández Quiñones nos

explica que la Sec. 2.7 de la L.P.A.U. tiene como objetivo

que se hagan cumplir los “requisitos cuyo incumplimiento es

ineludible”. Fernández Quiñones, op cit., pág. 120. Entre

esos requisitos están “los requisitos de notificación de la

regla propuesta, concesión de oportunidad a la ciudadanía

de

presentar

sus

escritos

y

publicación

de

la

regla

adoptada”. Íd. en la pág. 121.

Por

ende,

para

salvaguardar

el

debido

proceso

preceptuado en la L.P.A.U., la acción de nulidad tiene que

estar disponible hasta 30 días después de que se complete

el procedimiento ordinario.

De otra manera, la Sec. 2.7

que garantiza el cumplimiento con todas las disposiciones

de la L.P.A.U., no estaría disponible para conformar el

procedimiento ordinario a lo dispuesto en dicha ley. Así,

concluimos que en el presente caso la acción de nulidad fue

presentada oportunamente.

Habiendo

término

considerado

los

jurisdiccional

procedimiento

seguido

asuntos

para

por

la

la

concernientes

al

impugnación

del

agencia,

procedemos

a

considerar los fundamentos de la misma. Como cuestión de

umbral debemos determinar si se utilizó correctamente el

procedimiento

de

aprobación

de

reglamentos

de

vigencia

inmediata de la Sec. 2.13 de la L.P.A.U., supra.

De

una

simple

lectura

de

la

L.P.A.U.

surge

que

el

procedimiento de aprobación de reglamentos dispuesto en la

CC-2009-463 y CC-2009-468

21

sección en cuestión es excepcional. Ello, pues permite la

aprobación

de

ciudadanía

y

antes

que

de

contrario

al

normas

sin

legislativas

brindarle

éstas

la

entren

procedimiento

sin

notificar

oportunidad

en

vigor.

ordinario

de

Lo

de

a

la

expresarse

anterior

es

notificación

y

participación ciudadana.

Según se desprende de la jurisprudencia reseñada, en la

que

analizamos

contextos,

el

concepto

concebimos

situación

en

distintos

la interpretación que se le ha dado ha variado

a lo largo del tiempo. Así,

supra,

“emergencia”

el

concepto

en

Meléndez v. Valdejully,

de

“emergencia”

que

exige

acción

inmediata.

cuidadosamente

dicha

jurisprudencia,

Luego

nos

como

de

una

analizar

reiteramos,

al

igual que lo hicimos en Acevedo Vilá v. C.E.E., supra, en

que, según discutiésemos en Meléndez v. Valdejully, supra,

en el ámbito administrativo, el concepto „emergencia‟ no

necesariamente se limita a una circunstancia imprevista,

sino que comprende un suceso o combinación y acumulación de

circunstancias que exigen actuación inmediata. Ello refleja

no sólo el entendimiento general que hemos tenido de dicho

término, sino que es también cónsono con la flexibilidad

que

se

pretende

dar

a

las

agencias

para

actuar

ante

situaciones que exigen su intervención inmediata.

Contrario a lo que alega el Estado, entendemos que en

este

caso

estándar

el

Departamento

requerido

para

de

Salud

aprobar

no

cumplió

con

el

un

reglamento

de

emergencia. No dudamos que el Departamento de Salud haya

CC-2009-463 y CC-2009-468

determinado

que

se

22

exigía

su

acción

inmediata.

Es

innegable, sin embargo, que la referida Certificación es en

extremo sucinta y carece de una explicación de las razones

específicas para el uso del mecanismo de emergencia para

aprobar el Reglamento 117-A. Al actuar de esa forma, el

Estado no explicó las razones para utilizar el trámite de

emergencia, suprimió innecesariamente la notificación a las

partes

afectadas

exigencias

del

reglamentos,

por

la

nueva

procedimiento

impidió

la

reglamentación

ordinario

participación

de

según

las

aprobación

de

ciudadana

y

la

posibilidad de hacer enmiendas a la reglamentación tomando

en consideración dicho insumo, y más importante aún, dejó

fuera del expediente razones suficientes para poner a la

Rama

Judicial

en

posición

de

evaluar

efectivamente

su

actuación, como evidentemente pudimos hacer en los casos

sobre

distintos

tipos

de

emergencia

que

discutiéramos

anteriormente.

HIMA sostiene que el hecho de que ni la agencia ni la

Certificación del Gobernador consignan en tantas palabras

las razones específicas por las cuales se empleó el método

de

aprobación

de

reglamentos

de

emergencia

torna

el

Reglamento 117-A en nulo ab initio. Tiene razón. A pesar de

que

la

Sec.

2.13

de

la

L.P.A.U.

provee

un

mecanismo

excepcional que se desvía del procedimiento ordinario de

aprobación de reglas y reglamentos, éste debe interpretarse

de forma restrictiva. Por ello, resolvemos que la agencia

que

solicite

al

Primer

Ejecutivo

que

suscriba

la

CC-2009-463 y CC-2009-468

23

Certificación requerida por dicha sección debe consignar en

el expediente del Reglamento las razones que justifican el

uso del mecanismo extraordinario, de forma tal que, tanto

el público que se vea afectado por el reglamento, como los

tribunales, estén en mejor posición de entender y revisar

las

razones

que

tuvo

el

Estado

para

actuar

de

forma

inmediata.

Nuestra

experiencia,

en

el

ejercicio

de

la

función

judicial revisora, ha sido que el uso y costumbre de los

Gobernadores es acoger en sus certificaciones las razones

expuestas por las agencias que justifican la preterición

del

trámite

logra

el

proceso.

administrativo

objetivo

La

de

prudencia

la

ordinario.

mayor

aconseja

De

esta

forma,

se

transparencia

en

que

Ejecutivo

el

Poder

dicho

continúe con esta práctica. Todo esto impedirá, a su vez,

que esta excepción se convierta en “patente de corso” y así

sirva de subterfugio para soslayar el mecanismo ordinario,

pues no deseamos que la excepción suplante la norma.

Por

todo

lo

anterior

declaramos

nulo

ab

initio

el

Reglamento adoptado por el Departamento de Salud. Resuelto

lo

anterior,

no

es

necesario

requisito

de

publicación

Estado

un

aviso

de

reglamento.

por

público

atender

parte

del

respecto

a

lo

relativo

al

Departamento

de

la

de

vigencia

CC-2009-463 y CC-2009-468

Por

los

fundamentos

24

antes

expuestos,

se

revoca

la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Se dictará Sentencia

de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro Médico del Turabo, Inc.

D/B/A Grupo HIMA San Pablo

Peticionarios

v.

CC-2009-463

Departamento de Salud del

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, etc.

Certiorari

Cons. CC-2009-468

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se declara nulo ab initio

el Reglamento adoptado por el Departamento de

Salud y se revoca la Sentencia del Tribunal de

Apelaciones.

Así lo pronuncia y manda el Tribunal

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

y

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo