Tribunal Supremo de Puerto Rico
Meléndez Rivera v. Hon. Julio Alicea Vasallo y otros
2011 TSPR 31
Poder Judicial de Puerto Rico
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Meléndez Rivera v. Hon. Julio Alicea Vasallo y otros
CC-20011-137
Resolución, Voto Particular Disidente y Voto Particular
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hiram Meléndez Rivera
Recurrido
Certiorari
v.
2011 TSPR
Hon. Julio Alicea Vasallo,
Director Ejecutivo de la ACAA; et als.
31
181 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC
- 2011 - 137
Fecha: 10 de marzo de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de
Juez Ponente:
San Juan
Panel
I II
Hon. Erik Ramírez Nazario
Abogado de la Parte Peticionaria
Lcdo. Eric Ronda del Toro
Abogad o de la Parte Recurrida:
Lcd o. David Noriega Rodríguez
Materia:
Parte Indispensable y Publicidad a Documentos en Poder de la
Oficina del FEI
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisione
s del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hiram Meléndez Rivera
Certiorari
Recurrido
v.
Hon. Julio Alicea Vasallo,
Director Ejecutivo de la
ACAA; et als.
CC-2011-0137
Peticionarios
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de
2011.
Luego
de
examinar
la
moción
urgente
solicitando auxilio de jurisdicción y la petición
de
certiorari,
ambas
presentadas
por
los
peticionarios, se declara Con Lugar la referida
moción y se paralizan los efectos de la sentencia
dictada por el Tribunal de Apelaciones el 15 de
febrero de 2011 en el caso de epígrafe.
Además, se le concede a la parte recurrida un
término
de
20
días,
a
contarse
desde
la
notificación de esta resolución, para que muestre
causa por la cual no se deba expedir la petición
de certiorari y revocar o modificar la referida
sentencia.
Lo
acordó
el
Tribunal
y
certifica
la
Secretaria
del
Tribunal
Supremo.
El
Juez
Presidente señor Hernández Denton denegaría el
recurso presentado por entender que la sentencia
recurrida es esencialmente correcta.
La Jueza
Asociada señora Fiol Matta proveerían No Ha Lugar.
La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió
un voto particular disidente.
El Juez Asociado
Rivera García emitió un voto particular.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hiram Meléndez Rivera
Recurrido
v.
Hon. Julio Alicea Vasallo,
como Director Ejecutivo de la
ACAA; Zanarys Sullivan
Cartagena, como Directora de
la Oficina de Auditoría de la
ACAA; ACAA
CC-2011-137
Peticionaria
Voto particular disidente emitido por la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2011
Discrepo de la determinación tomada por el Tribunal en
el día de hoy en este caso, considero que la decisión del
Tribunal de Apelaciones es correcta y es lo que manda el
estado de derecho vigente.
A mi juicio, el procedimiento
seguido en este caso por la Administración de Compensación
por Accidentes es insostenible y contrario a lo que ordena su
propia reglamentación.
debo
ejercer
disentir.
hoy,
Véase discusión, infra.
como
lo
haré
siempre,
Siendo así,
mi
derecho
a
Lo contrario sería abdicar a lo más preciado de un
juez: su criterio propio y los designios de su conciencia.
Los
hechos
en
este
caso
fundamental, no hay controversia.
son
sencillos
y
sobre
lo
Veamos.
I
El
Rivera,
demandante-recurrido,
fue
director
ejecutivo
licenciado
de
la
Hiram
Meléndez
Administración
de
Compensación por Accidentes (ACAA) de enero de 2005 a enero
CC-2011-137
2009.
2
El Sr. Julio Alicea Vasallo, fue su sucesor y en la
actualidad funge como tal.
licenciado
Meléndez
Vasallo,
ACAA
la
y
Luego del cese en funciones del
nombrado
realizó
una
al
puesto
auditoría
el
señor
interna
Alicea
sobre
una
tarjeta de crédito expedida para el uso de la Oficina del
Director
Ejecutivo
de
periodo
de
durante
tiempo
la
Rivera fue su director.
ACAA.
el
La
cual
auditoría
el
cubrió
licenciado
el
Meléndez
Como resultado de la auditoría se
hicieron ciertos hallazgos sobre un alegado mal uso de la
tarjeta de crédito por el licenciado Meléndez.
preliminar
como
sus
licenciado
Meléndez
hallazgos
no
Rivera
ningún
en
se
El informe
discutieron
con
momento.
La
el
ACAA
tampoco le entregó copia del referido informe.
El informe preparado por la Oficina de Auditoría de la
ACAA se refirió al Departamento de Justicia quien, a su vez,
lo remitió al Fiscal Especial Independiente.
Éste designó un
fiscal para evaluar el informe y actuar conformo determinara
correcto.
Así las cosas, el licenciado Meléndez Rivera, amparándose
en
las
disposiciones
Procedimientos
del
del
“Manual
Departamento
de
de
Auditoría
Políticas
y
Interna”
de
junio de 2002 (el “Manual” o “Manual de Auditoría” o “el
Reglamento”), acudió ante el Tribunal de Primera Instancia
con un recurso de mandamus y solicitó que se le entregara
copia del informe de auditoría preparado por la Oficina de
Auditoría de la ACAA.
Indicó que el Manual de la agencia
ordena que los hallazgos de una auditoría se discutan con la
parte
afectada,
y
manda
que
se
le
entregue
a
la
parte
CC-2011-137
3
auditada copia de los hallazgos y del informe preliminar que
se prepare.
En la solicitud de mandamus se incluyó como
demandados al actual director ejecutivo de la agencia, a la
señora Zanarys Sullivan Cartagena, directora de la Oficina de
Auditoría de la ACAA y a la propia agencia.
Los
demandados,
aquí
peticionarios,
alegaron
ante
el
tribunal de instancia y luego en el Tribunal de Apelaciones,
que no era necesario discutir el documento con el ex director
ejecutivo de la agencia porque ya éste no trabajaba para la
ACAA.
Además, indicaron que la ACAA remitió su informe con
sus hallazgos al Departamento de Justicia y éste a su vez
hizo
un
referido
a
la
Oficina
del
Fiscal
Especial
Independiente (FEI), quien está investigando los hallazgos
del informe de auditoría.
En virtud de ello, y habida cuenta
que los documentos del FEI son confidenciales por disposición
de
su
ley
habilitadora,
el
tribunal
entrega al licenciado Meléndez.
no
puede
ordenar
su
Por otro lado, plantearon
que el FEI es parte indispensable en este caso y no fue
demandado.
Luego de celebrar una vista argumentativa, el Tribunal de
Primera Instancia dictó sentencia y concluyó que el FEI no
podía catalogarse como parte indispensable en este caso pues
de lo que aquí se trataba era de si la ACAA cumplió con su
reglamentación sobre los procesos que debe seguir para llevar
a cabo una auditoría interna.
En relación con esto último
concluyó, que la ACAA no cumplió con el procedimiento que
establece su propia reglamentación por lo que le ordenó que
le notificase al licenciado Meléndez copia del informe así
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4
como que se le permitiera contestarlo.
a
la
ACAA
que
ésta
debía
El tribunal le indicó
cumplir
con
sus
disposiciones
reglamentarias.
Inconforme, la ACAA acudió al Tribunal de Apelaciones
quien confirmó el dictamen apelado.
este
Tribunal
y
presenta
los
La ACAA acude ahora ante
mismos
planteados ante los foros inferiores.
argumentos
que
los
Sorprendentemente a mi
juicio, la mayoría hoy le ordena al recurrido que se exprese
sobre
el
recurso
presentado.
Lo
cierto
es
que
la
norma
aplicable a este caso es clara por lo que considero que lo
correcto
en
derecho
era
denegar
el
recurso
traído
ante
nuestra consideración.
II
Los procesos de auditoría interna de la ACAA se rigen
por un reglamento de la agencia que se titula, “Manual de
Políticas
y
Interna”
de
Procedimientos
junio
de
del
2002.
Departamento
de
propósito
del
El
Auditoría
Manual
es
“provee[r] guías y establecer los procedimientos y requisitos
respecto a la organización ejecución y administración”, del
Departamento de Auditoría.
En
el
capítulo
sobre
las
políticas
de
procedimiento,
capítulo 200, en la parte que se relaciona con la “revisión,
reconocimiento
y
respuesta
a
los
Informes
de
Auditoría
Interna”, secs. 203.20–203.24, se dispone lo siguiente:
.20 Es la política de auditoría interna tratar de
llegar a un acuerdo con el personal concernido en
relación con la corrección de los hechos envueltos
en los hallazgos de la auditoría, antes de la
distribución del Informe Final.
Cuando fuere
necesario, la acción correctiva de tales hechos
deberá ser establecida e incluida en el Informe. El
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5
equipo de auditores podría trabajar en conjunto con
la unidad auditada para buscar juntos la menor
solución a las deficiencias señaladas durante la
auditoría.
.21 Para asegurarse de que tales acuerdos se
logren en relación con los hechos, los resultados a
ser incluidos en el informe deberán ser discutidos
con el jefe de la unidad auditada o con su
representante, a quien se le suministrará una copia
previamente a su distribución.
.22 Una vez el Director de Auditoría Interna
considere que el informe de auditoría está conforme
con las circunstancias, deberá llevarse a cabo la
distribución final del informe.
Deberán ser
entregadas copias del informe al personal de la
unidad auditada. Si las respuestas (acción tomada o
planificada
y
la
fecha
estimada
de
un
su
implementación) a las recomendaciones no han sido
incluidas en el informe final, el Director trabajará
con el jefe de la unidad auditada para llegar a una
respuesta adecuada a los puntos señalados en la
auditoría. Estos planes de acción serán entregados
a los recipiendarios originales del informe.
.23 El Director de Auditoría Interna es el
responsable de evaluar las respuestas de la unidad
auditada.
El Departamento de Auditoría Interna
trabajará con la unidad auditada y con la alta
gerencia para resolver cualquier respuesta que no
sea adecuada.
.24 Los
informes
de
auditoria
(sic)
son
confidenciales y, por lo tanto, su distribución es
limitada. No podrán ser reproducidos o entregados a
otros sin el permiso específico del Director de
Auditoría Interna. (Énfasis nuestro.)
El Reglamento comienza señalando que la agencia ha de
procurar “llegar a un acuerdo con el personal concernido en
relación con la corrección de los hechos envueltos en los
hallazgos
de
la
Informe Final.”
auditoría,
antes
de
la
distribución
del
En otras palabras, el Manual de Auditoría
indica claramente, desde su comienzo, que los hallazgos de
una auditoría deben compartirse con lo que llama “el personal
concernido.”
La labor conjunta entre la oficina de auditoría
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6
y la unidad auditada permite tomar de forma coordinada las
medidas correctivas necesarias para atender los señalamientos
hechos.
Específicamente, el reglamento ordena que “los resultados
a ser incluidos en el informe deberán ser discutidos con el
jefe de la unidad auditada o con su representante, a quien se
le
suministrará
una
copia
previamente
a
su
distribución.”
Obsérvese que el lenguaje es mandatorio, no es optativo.
Es
evidente que ésta es la mejor forma de lograr el objetivo de
la auditoría interna de atender las deficiencias directamente
con
la
parte
afectada
para
que
correctivas que correspondan.
de
unos
permite
hallazgos
a
ésta
tomen
las
medidas
No hay duda que la discusión
preliminares
aclarar,
se
con
objetar
la
o
parte
afectada
comentar
el
le
hallazgo
correspondiente previo a que se presente el informe final.
El
Manual
final
que
respuestas
también
contempla
rinda
la
ofrecidas
señalamientos hechos.
que
se
oficina
de
por
parte
la
incorporen
auditoría
al
informe
interna,
afectada
sobre
las
los
Del Reglamento antes mencionado queda
claro también que la parte afectada tiene derecho no tan sólo
a
recibir
copia
del
informe
cuando
esté
en
una
fase
preliminar, sino también cuando se emita de forma final.
En este caso no hay controversia de que al licenciado
Meléndez Rivera, parte afectada por la auditoría, la ACAA no
le notificó los resultados o hallazgos de su auditoría ni los
discutió con él o le entregó copia del informe preparado.
Es
decir, en ningún momento la ACAA discutió con el licenciado
Meléndez nada del contenido del informe realizado.
Éste por
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7
lo tanto no tuvo oportunidad de examinar el referido informe
para
discutirlo,
comentarlo
o
cuestionar
su
contenido,
impugnar los hechos en que se apoyan las conclusiones.
o
El
proceso seguido en la auditoría objeto de este caso se apartó
por
completo
del
procedimiento
establecido
por
la
propia
agencia para estos propósitos.
En infinidad de ocasiones hemos indicado que una vez una
agencia
adopta
procesos,
normas
éstos
y
procedimientos
obligan
a
su
para
observancia
guiar
y
sus
riguroso
cumplimiento, pues esa regla o norma opera como límite al
ejercicio de su discreción.
2009 TSPR 166;
Buono Correa v. Vélez Arocho,
Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R.
750, 764-65 (1999); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited
Partership, 148 D.P.R. 70, 81 (1999).
En ese tenor, hemos
sido enfáticos en que una vez una agencia promulga una norma
reglamentaria "debe cumplirla y aplicarla en la manera en que
está
concebida,
sirviendo
siempre
a
los
propósitos,
objetivos y la política publica que la forjaron".
los
T-JAC,
Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, pag. 81. La agencia no
tiene discreción para determinar qué reglamento cumple o qué
disposición
reglamentaria
puede
obviar
o
ignorar.
García
Cabán v. UPR, 120 DPR 167 (1987).
Permitir que una agencia administrativa haga caso omiso
de la reglamentación que aprobó y actúe a su margen, implica
dotar a estos organismos con discreción ilimitada, lo cual
hemos
rechazado
administrativos
no
de
forma
pueden
consistente.
actuar
de
manera
Los
entes
arbitraria
o
caprichosa “al aplicar sus reglamentos a casos particulares …
CC-2011-137
se
8
requiere
que
las
decisiones
al
Farmacias
v.
Departamento
(2002).
El ejercicio de poderes administrativos a base de
caso
los
reglamentos.”
sean
consecuentes
consideraciones
aplicar
administrativas
de
por
Salud,
caso,
no
156
Asociación
DPR
está
105,
de
136-137
permitido
y
es
contrario a las normas más básicas de debido proceso de ley y
el principio de que los procesos deben ser fundamentalmente
justos (“fundamental fairness”).
Es claro que el Reglamento de la ACAA que gobierna el
proceso
de
auditoría
preliminares
entregue
a
interna
se
discutan
ésta
copia
con
del
exige
la
que
parte
informe
los
afectada
preliminar.
también que ello no ocurrió en este caso.
hallazgos
y
se
le
Es
claro
Por lo tanto, la
respuesta obligada, pensaría yo, es evidente: que se ordene
la entrega de copia del informe preliminar preparado.
fue precisamente lo que ocurrió en este caso.
Eso
Sólo de esta
forma se cumple con el mandato constitucional de que las
actuaciones de una agencia administrativas sean cónsonas con
el debido proceso de ley.
De lo contrario estaríamos ante un
procedimiento ajeno a nuestro derecho administrativo donde se
vulneran los principios más básicos del debido proceso de
ley.
De
otra
parte,
la
forma
más
eficiente
y
eficaz
de
asegurarse de que un informe es imparcial es sin duda que el
funcionario o ex funcionario de la unidad auditada revise los
hallazgos que se le envían y someta sus comentarios, previo a
que
ese
informe
sea
final
o
se
actúe
sobre
él.
El
CC-2011-137
9
procedimiento es justo solo si la parte afectada ha podido
enfrentarse a los señalamientos que se le han hecho.1
El argumento de la parte peticionaria de que no tiene que
discutir los resultados de su auditoría con el licenciado
Meléndez porque éste no es ya empleado de la agencia es, como
poco, frívolo y no amerita mayor discusión o consideración.
Igualmente de improcedente son los argumentos sobre falta de
parte indispensable y de confidencialidad del informe.
El
hecho de que el informe se le remitiese al Departamento de
Justicia y luego al FEI y que de esta forma, suponemos y “por
accesión” esté cubierto con el manto de confidencialidad de
los expedientes del FEI es igualmente equivocado.
solicitado
copia
de
un
informe
que
el
Aquí se ha
reglamento
que
lo
regula dice expresamente que la parte afectada tendrá derecho
a acceso a ese documento y a obtener copia.
De eso trata
esta controversia y es en virtud de ello que se solicita, y
es en virtud de ello que hay que entregarlos.
El derecho aplicable, por lo menos hasta hoy, es claro.
Es por ello que disiento.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
1
La ACAA puede, evidentemente, remitir sus hallazgos finales
a las agencias pertinentes. Pero eso es un proceso separado
del asunto que hoy tratamos que es, si la ACAA actuó en este
asunto al margen de su reglamento.
Lo que si debe quedar
claro es que la ACAA no puede utilizar el referido hecho como
subterfugio para incumplir con su propia reglamentación.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hiram Meléndez Rivera
Certiorari
Recurrido
v.
Ho
CC-2011-0137
Julio Alicea Vasallo,
Director Ejecutivo de la
ACAA; et als.
Peticionarios
Voto Particular
García
emitido
por
el
Juez
Asociado
señor
Rivera
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2011.
Nos sorprenden las expresiones vertidas por
la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez en su
Voto Particular Disidente.
Estas, aparte de ser
en
un
destiempo,
constituyen
craso
error
que
incide sobre la metodología adjudicativa que rige
nuestro ordenamiento jurídico.
Su razonamiento,
más bien, consiste en un ejercicio especulativo
que pretende vaticinar, sobre la palestra de un
vacío,
la
Tribunal.
posición
aún
por
conocer
de
este
En vista de ello, nos vemos precisados
a pronunciarnos con vehemencia ante el infausto
análisis.
2
CC-2011-0137
En primer lugar, aun cuando el mecanismo procesal de
“orden de mostrar causa” se ha utilizado para advertir que
prima facie el dictamen impugnado puede ser errado, ello
no
implica
expresión
de
de
forma
un
alguna
criterio
que
firme
su
y
uso
constituya
arraigado
de
dictamen recurrido es efectivamente erróneo”.
suplido).
H.
Sánchez
Puerto
Rico:
derecho
Lexis
Nexis,
2001,
Martínez,
procesal
sec.
Práctica
apelativo,
3304,
págs.
que
el
(Énfasis
jurídica
San
“la
Juan,
577-578.
de
Ed.
Al
contrario, como bien señalamos en Pueblo v. Ruiz Negrón,
113 D.P.R. 17, 22 (1982), “el curso de acción intimado no
es
necesariamente
el
criterio
del
Tribunal”.
En
ese
contexto, particularizamos que
Durante varios años hemos estado utilizando como
medio para agilizar los procedimientos ante este
Tribunal, la expedición de resoluciones que se
[han dado a conocer como] órdenes para mostrar
causa. Para evitar el trámite más complicado y
largo de expedir un auto de revisión o de
certiorari, en muchas ocasiones requerimos de la
parte recurrida que muestre causa por la cual no
debamos tomar determinado curso de acción.
Lo
hacemos cuando dicha parte no ha comparecido a
oponerse a la petición, en ánimo de ofrecerle
oportunidad de exponer ante nos los argumentos
jurídicos que pueda tener contra los expresados
en la petición.2 Íd.
2
En Pueblo v. Ruiz Negrón, 113 D.P.R. 17, 23-24 (1982), añadimos que:
“Mediante este procedimiento ha logrado este Tribunal que
en muchos casos, recursos que de ordinario hubiesen tomado
muchos meses en resolverse, se han podido resolver en
pocas semanas. Este procedimiento de mostración de causa
es parte de nuestro empeño de acortar y simplificar los
trámites y lograr una pronta solución de los casos. Otros
medios que hemos adoptado, tendientes al mismo fin, son,
para ejemplos, dispensar el requisito de largas, costosas
e
innecesarias
transcripciones,
sustituyéndolas
por
exposiciones narrativas de la prueba; y resolver sin
dilación, bajo la Regla 50 de nuestro Reglamento, casos
que no ameritan ulteriores trámites.
Este empeño está a
tono con el deseo de todo litigante de que su caso se
3
CC-2011-0137
Cónsono con lo anterior, el inciso (a) de la Regla 46
del Reglamento de este Tribunal provee para que esta Curia
le ordene a las partes mostrar causa por la cual no se
deba expedir un auto y tomar determinado curso de acción.
4
L.P.R.A.
Ap.
automáticamente
Asociada
XXI-A,
–contrario
señora
Rodríguez
R.46(a).
a
lo
Ello
no
implica
sugerido
por
la
Rodríguez-
una
invariable a revocar el dictamen recurrido.
Juez
inclinación
Más bien, el
emitir una orden de mostrar causa pretende la ponderación
detenida de los argumentos vertidos por todas las partes y
no sólo los esbozados por la que comparece inicialmente
ante este foro.
Así, pues, una vez ante nos todos los planteamientos
de
las
partes
colegiadorespecto.
involucradas,
el
Tribunal
–como
ente
podrá formar responsablemente su posición
Dicha
determinación,
según
al
claramente
establecido en el inciso (c) de la Regla 46 de nuestro
Reglamento, podrá consistir en la denegación del recurso;
la expedición del auto con el fin de revocar, modificar o
confirmar
otras.
sentencia
o
resolución
recurrida;
entre
Véase 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 46(c).
En
Voto
la
segundo
Particular
lugar,
las
implicaciones
Disidente
contradicen
prácticas
sus
del
propios
resuelva prontamente. En ello tiene particular interés la
profesión jurídica en general.
Valga aclarar que el
empleo de estos medios para agilizar los procedimientos
ante
este
Tribunal
en
ninguna
forma
menoscaba
la
preeminente función de hacer justicia; al contrario, la
complementa, pues justicia tardía no es necesariamente la
mejor justicia”.
4
CC-2011-0137
fundamentos.
vindicar
Por
el
un
debido
lado,
el
referido
voto
proceso
de
ley
recurrido
del
pretende
al
argumentar que éste es acreedor de determinados derechos
como parte de un trámite administrativo.
No obstante, sus
expresiones –a la misma vez- le coartan el mismo derecho
al peticionario.
Ello, al adelantar su criterio sobre el
asunto
de
privándole
derecho
a
autos,
un
juzgador
así
al
peticionario
imparcial
que
visión
controversia
presentada
sin
una
desprovista
de
los
argumentos
todos
de
su
adjudique
la
sesgada
y
pertinentes.
Hernández v. Srio., 164 D.P.R. 390, 395-396 (2005).
En
fin,
las
expresiones
contenidas
en
el
voto
disidente no van más allá del plano de la especulación y
tan sólo pretende “adivinar” la decisión última que este
Tribunal tomará en su día sobre el caso de autos.
Al así
actuar, incurre en un grave desacierto al prejuzgar la
controversia ante nos.
manera
que
la
Juez
Debo puntualizar que de la misma
Asociada
Rodríguez
Rodríguez
al
examinar la posición de la ACAA determinó, en el ejercicio
de su discreción, que no se debía expedir el auto, los
demás jueces de la mayoría tienen el
mismo derecho de
emitir una orden de mostrar causa a la parte recurrida.
Ahora bien, ninguna de estas actuaciones significa que la
Juez Asociada Rodríguez Rodríguez esté prejuiciada a favor
del recurrido, como tampoco la mayoría lo está en contra
del señor Meléndez Rivera.
5
CC-2011-0137
Como es sabido, la normativa de la ética judicial
establece
claramente
procedimiento
que
judicial
el
juez
no
debe
entender
en
en
que
tenga
prejuicio
o
alguno
parcialidad por haber prejuzgado el caso.3
Es evidente que
la
salvaguardar
referida
norma
tiene
como
propósito
la
confianza de las personas en nuestro sistema de justicia.
Cada persona que se acerque a los tribunales de Puerto
Rico
debe
tener
reclamaciones
la
serán
confianza
atendidas,
plena
sus
de
que
derechos
sus
serán
garantizados y la decisión que se tome será una objetiva,
imparcial, y sobre todo justa, tal como lo exige el debido
procedimiento de ley.
justo e imparcial.
Esta cláusula garantiza un tribunal
La imparcialidad con la cual los casos
deben ser juzgados es un requisito sine qua non de un
sistema democrático.
No olvidemos, que la propia naturaleza de un foro
colegiado
impone
a
los
jueces,
de
ordinario,
unas
limitaciones para asegurar que las decisiones reflejen el
criterio
mayoritario
y
aplicable
y
no
en
méritos
de
la
controversia
sus
estén
basadas
opiniones
en
personales
ante
su
el
derecho
sobre
los
consideración.4
Asimismo, debemos acotar que la facultad de disponer
con carácter firme y final las controversias ante este
Tribunal
configura
exigencia
del
3
la
debido
imparcialidad
proceso
de
del
ley.
juzgador
como
Por
tal
ello,
Canon 20 de los Cánones de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, C.
20.
4
In re Colton Fontán, 141 D.P.R. 571 (1996).
6
CC-2011-0137
imperativo
esta
enraizado
en
valores
de
jerarquía
constitucional.5
Ciertamente, el proceder enunciado en la disidencia –
y no el seguido en la resolución de autos- es la que
atenta contra el funcionamiento de este Tribunal como foro
colegiado y el cauce adjudicativo.
Es la disidencia en
este caso, claro está, la que con su proceder apresurado
asoma vestigios de la nefasta época del Medioevo.
Aun
así,
de
debemos
apuntalar
que
somos
fieles
defensores
nuestra responsabilidad constitucional y del derecho que
tiene cada uno de mis compañeros a disentir cuando su
conciencia lo dicte.
EDGARDO RIVERA GARCIA
JUEZ ASOCIADO
5
Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881 (1993).