LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Meléndez Rivera v. Hon. Julio Alicea Vasallo y otros

2011 TSPR 31

Poder Judicial de Puerto Rico

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Meléndez Rivera v. Hon. Julio Alicea Vasallo y otros

CC-20011-137

Resolución, Voto Particular Disidente y Voto Particular

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hiram Meléndez Rivera

Recurrido

Certiorari

v.

2011 TSPR

Hon. Julio Alicea Vasallo,

Director Ejecutivo de la ACAA; et als.

31

181 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC

- 2011 - 137

Fecha: 10 de marzo de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de

Juez Ponente:

San Juan

Panel

I II

Hon. Erik Ramírez Nazario

Abogado de la Parte Peticionaria

Lcdo. Eric Ronda del Toro

Abogad o de la Parte Recurrida:

Lcd o. David Noriega Rodríguez

Materia:

Parte Indispensable y Publicidad a Documentos en Poder de la

Oficina del FEI

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisione

s del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hiram Meléndez Rivera

Certiorari

Recurrido

v.

Hon. Julio Alicea Vasallo,

Director Ejecutivo de la

ACAA; et als.

CC-2011-0137

Peticionarios

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de

2011.

Luego

de

examinar

la

moción

urgente

solicitando auxilio de jurisdicción y la petición

de

certiorari,

ambas

presentadas

por

los

peticionarios, se declara Con Lugar la referida

moción y se paralizan los efectos de la sentencia

dictada por el Tribunal de Apelaciones el 15 de

febrero de 2011 en el caso de epígrafe.

Además, se le concede a la parte recurrida un

término

de

20

días,

a

contarse

desde

la

notificación de esta resolución, para que muestre

causa por la cual no se deba expedir la petición

de certiorari y revocar o modificar la referida

sentencia.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

la

Secretaria

del

Tribunal

Supremo.

El

Juez

Presidente señor Hernández Denton denegaría el

recurso presentado por entender que la sentencia

recurrida es esencialmente correcta.

La Jueza

Asociada señora Fiol Matta proveerían No Ha Lugar.

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió

un voto particular disidente.

El Juez Asociado

Rivera García emitió un voto particular.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hiram Meléndez Rivera

Recurrido

v.

Hon. Julio Alicea Vasallo,

como Director Ejecutivo de la

ACAA; Zanarys Sullivan

Cartagena, como Directora de

la Oficina de Auditoría de la

ACAA; ACAA

CC-2011-137

Peticionaria

Voto particular disidente emitido por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2011

Discrepo de la determinación tomada por el Tribunal en

el día de hoy en este caso, considero que la decisión del

Tribunal de Apelaciones es correcta y es lo que manda el

estado de derecho vigente.

A mi juicio, el procedimiento

seguido en este caso por la Administración de Compensación

por Accidentes es insostenible y contrario a lo que ordena su

propia reglamentación.

debo

ejercer

disentir.

hoy,

Véase discusión, infra.

como

lo

haré

siempre,

Siendo así,

mi

derecho

a

Lo contrario sería abdicar a lo más preciado de un

juez: su criterio propio y los designios de su conciencia.

Los

hechos

en

este

caso

fundamental, no hay controversia.

son

sencillos

y

sobre

lo

Veamos.

I

El

Rivera,

demandante-recurrido,

fue

director

ejecutivo

licenciado

de

la

Hiram

Meléndez

Administración

de

Compensación por Accidentes (ACAA) de enero de 2005 a enero

CC-2011-137

2009.

2

El Sr. Julio Alicea Vasallo, fue su sucesor y en la

actualidad funge como tal.

licenciado

Meléndez

Vasallo,

ACAA

la

y

Luego del cese en funciones del

nombrado

realizó

una

al

puesto

auditoría

el

señor

interna

Alicea

sobre

una

tarjeta de crédito expedida para el uso de la Oficina del

Director

Ejecutivo

de

periodo

de

durante

tiempo

la

Rivera fue su director.

ACAA.

el

La

cual

auditoría

el

cubrió

licenciado

el

Meléndez

Como resultado de la auditoría se

hicieron ciertos hallazgos sobre un alegado mal uso de la

tarjeta de crédito por el licenciado Meléndez.

preliminar

como

sus

licenciado

Meléndez

hallazgos

no

Rivera

ningún

en

se

El informe

discutieron

con

momento.

La

el

ACAA

tampoco le entregó copia del referido informe.

El informe preparado por la Oficina de Auditoría de la

ACAA se refirió al Departamento de Justicia quien, a su vez,

lo remitió al Fiscal Especial Independiente.

Éste designó un

fiscal para evaluar el informe y actuar conformo determinara

correcto.

Así las cosas, el licenciado Meléndez Rivera, amparándose

en

las

disposiciones

Procedimientos

del

del

“Manual

Departamento

de

de

Auditoría

Políticas

y

Interna”

de

junio de 2002 (el “Manual” o “Manual de Auditoría” o “el

Reglamento”), acudió ante el Tribunal de Primera Instancia

con un recurso de mandamus y solicitó que se le entregara

copia del informe de auditoría preparado por la Oficina de

Auditoría de la ACAA.

Indicó que el Manual de la agencia

ordena que los hallazgos de una auditoría se discutan con la

parte

afectada,

y

manda

que

se

le

entregue

a

la

parte

CC-2011-137

3

auditada copia de los hallazgos y del informe preliminar que

se prepare.

En la solicitud de mandamus se incluyó como

demandados al actual director ejecutivo de la agencia, a la

señora Zanarys Sullivan Cartagena, directora de la Oficina de

Auditoría de la ACAA y a la propia agencia.

Los

demandados,

aquí

peticionarios,

alegaron

ante

el

tribunal de instancia y luego en el Tribunal de Apelaciones,

que no era necesario discutir el documento con el ex director

ejecutivo de la agencia porque ya éste no trabajaba para la

ACAA.

Además, indicaron que la ACAA remitió su informe con

sus hallazgos al Departamento de Justicia y éste a su vez

hizo

un

referido

a

la

Oficina

del

Fiscal

Especial

Independiente (FEI), quien está investigando los hallazgos

del informe de auditoría.

En virtud de ello, y habida cuenta

que los documentos del FEI son confidenciales por disposición

de

su

ley

habilitadora,

el

tribunal

entrega al licenciado Meléndez.

no

puede

ordenar

su

Por otro lado, plantearon

que el FEI es parte indispensable en este caso y no fue

demandado.

Luego de celebrar una vista argumentativa, el Tribunal de

Primera Instancia dictó sentencia y concluyó que el FEI no

podía catalogarse como parte indispensable en este caso pues

de lo que aquí se trataba era de si la ACAA cumplió con su

reglamentación sobre los procesos que debe seguir para llevar

a cabo una auditoría interna.

En relación con esto último

concluyó, que la ACAA no cumplió con el procedimiento que

establece su propia reglamentación por lo que le ordenó que

le notificase al licenciado Meléndez copia del informe así

CC-2011-137

4

como que se le permitiera contestarlo.

a

la

ACAA

que

ésta

debía

El tribunal le indicó

cumplir

con

sus

disposiciones

reglamentarias.

Inconforme, la ACAA acudió al Tribunal de Apelaciones

quien confirmó el dictamen apelado.

este

Tribunal

y

presenta

los

La ACAA acude ahora ante

mismos

planteados ante los foros inferiores.

argumentos

que

los

Sorprendentemente a mi

juicio, la mayoría hoy le ordena al recurrido que se exprese

sobre

el

recurso

presentado.

Lo

cierto

es

que

la

norma

aplicable a este caso es clara por lo que considero que lo

correcto

en

derecho

era

denegar

el

recurso

traído

ante

nuestra consideración.

II

Los procesos de auditoría interna de la ACAA se rigen

por un reglamento de la agencia que se titula, “Manual de

Políticas

y

Interna”

de

Procedimientos

junio

de

del

2002.

Departamento

de

propósito

del

El

Auditoría

Manual

es

“provee[r] guías y establecer los procedimientos y requisitos

respecto a la organización ejecución y administración”, del

Departamento de Auditoría.

En

el

capítulo

sobre

las

políticas

de

procedimiento,

capítulo 200, en la parte que se relaciona con la “revisión,

reconocimiento

y

respuesta

a

los

Informes

de

Auditoría

Interna”, secs. 203.20–203.24, se dispone lo siguiente:

.20 Es la política de auditoría interna tratar de

llegar a un acuerdo con el personal concernido en

relación con la corrección de los hechos envueltos

en los hallazgos de la auditoría, antes de la

distribución del Informe Final.

Cuando fuere

necesario, la acción correctiva de tales hechos

deberá ser establecida e incluida en el Informe. El

CC-2011-137

5

equipo de auditores podría trabajar en conjunto con

la unidad auditada para buscar juntos la menor

solución a las deficiencias señaladas durante la

auditoría.

.21 Para asegurarse de que tales acuerdos se

logren en relación con los hechos, los resultados a

ser incluidos en el informe deberán ser discutidos

con el jefe de la unidad auditada o con su

representante, a quien se le suministrará una copia

previamente a su distribución.

.22 Una vez el Director de Auditoría Interna

considere que el informe de auditoría está conforme

con las circunstancias, deberá llevarse a cabo la

distribución final del informe.

Deberán ser

entregadas copias del informe al personal de la

unidad auditada. Si las respuestas (acción tomada o

planificada

y

la

fecha

estimada

de

un

su

implementación) a las recomendaciones no han sido

incluidas en el informe final, el Director trabajará

con el jefe de la unidad auditada para llegar a una

respuesta adecuada a los puntos señalados en la

auditoría. Estos planes de acción serán entregados

a los recipiendarios originales del informe.

.23 El Director de Auditoría Interna es el

responsable de evaluar las respuestas de la unidad

auditada.

El Departamento de Auditoría Interna

trabajará con la unidad auditada y con la alta

gerencia para resolver cualquier respuesta que no

sea adecuada.

.24 Los

informes

de

auditoria

(sic)

son

confidenciales y, por lo tanto, su distribución es

limitada. No podrán ser reproducidos o entregados a

otros sin el permiso específico del Director de

Auditoría Interna. (Énfasis nuestro.)

El Reglamento comienza señalando que la agencia ha de

procurar “llegar a un acuerdo con el personal concernido en

relación con la corrección de los hechos envueltos en los

hallazgos

de

la

Informe Final.”

auditoría,

antes

de

la

distribución

del

En otras palabras, el Manual de Auditoría

indica claramente, desde su comienzo, que los hallazgos de

una auditoría deben compartirse con lo que llama “el personal

concernido.”

La labor conjunta entre la oficina de auditoría

CC-2011-137

6

y la unidad auditada permite tomar de forma coordinada las

medidas correctivas necesarias para atender los señalamientos

hechos.

Específicamente, el reglamento ordena que “los resultados

a ser incluidos en el informe deberán ser discutidos con el

jefe de la unidad auditada o con su representante, a quien se

le

suministrará

una

copia

previamente

a

su

distribución.”

Obsérvese que el lenguaje es mandatorio, no es optativo.

Es

evidente que ésta es la mejor forma de lograr el objetivo de

la auditoría interna de atender las deficiencias directamente

con

la

parte

afectada

para

que

correctivas que correspondan.

de

unos

permite

hallazgos

a

ésta

tomen

las

medidas

No hay duda que la discusión

preliminares

aclarar,

se

con

objetar

la

o

parte

afectada

comentar

el

le

hallazgo

correspondiente previo a que se presente el informe final.

El

Manual

final

que

respuestas

también

contempla

rinda

la

ofrecidas

señalamientos hechos.

que

se

oficina

de

por

parte

la

incorporen

auditoría

al

informe

interna,

afectada

sobre

las

los

Del Reglamento antes mencionado queda

claro también que la parte afectada tiene derecho no tan sólo

a

recibir

copia

del

informe

cuando

esté

en

una

fase

preliminar, sino también cuando se emita de forma final.

En este caso no hay controversia de que al licenciado

Meléndez Rivera, parte afectada por la auditoría, la ACAA no

le notificó los resultados o hallazgos de su auditoría ni los

discutió con él o le entregó copia del informe preparado.

Es

decir, en ningún momento la ACAA discutió con el licenciado

Meléndez nada del contenido del informe realizado.

Éste por

CC-2011-137

7

lo tanto no tuvo oportunidad de examinar el referido informe

para

discutirlo,

comentarlo

o

cuestionar

su

contenido,

impugnar los hechos en que se apoyan las conclusiones.

o

El

proceso seguido en la auditoría objeto de este caso se apartó

por

completo

del

procedimiento

establecido

por

la

propia

agencia para estos propósitos.

En infinidad de ocasiones hemos indicado que una vez una

agencia

adopta

procesos,

normas

éstos

y

procedimientos

obligan

a

su

para

observancia

guiar

y

sus

riguroso

cumplimiento, pues esa regla o norma opera como límite al

ejercicio de su discreción.

2009 TSPR 166;

Buono Correa v. Vélez Arocho,

Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R.

750, 764-65 (1999); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited

Partership, 148 D.P.R. 70, 81 (1999).

En ese tenor, hemos

sido enfáticos en que una vez una agencia promulga una norma

reglamentaria "debe cumplirla y aplicarla en la manera en que

está

concebida,

sirviendo

siempre

a

los

propósitos,

objetivos y la política publica que la forjaron".

los

T-JAC,

Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, pag. 81. La agencia no

tiene discreción para determinar qué reglamento cumple o qué

disposición

reglamentaria

puede

obviar

o

ignorar.

García

Cabán v. UPR, 120 DPR 167 (1987).

Permitir que una agencia administrativa haga caso omiso

de la reglamentación que aprobó y actúe a su margen, implica

dotar a estos organismos con discreción ilimitada, lo cual

hemos

rechazado

administrativos

no

de

forma

pueden

consistente.

actuar

de

manera

Los

entes

arbitraria

o

caprichosa “al aplicar sus reglamentos a casos particulares …

CC-2011-137

se

8

requiere

que

las

decisiones

al

Farmacias

v.

Departamento

(2002).

El ejercicio de poderes administrativos a base de

caso

los

reglamentos.”

sean

consecuentes

consideraciones

aplicar

administrativas

de

por

Salud,

caso,

no

156

Asociación

DPR

está

105,

de

136-137

permitido

y

es

contrario a las normas más básicas de debido proceso de ley y

el principio de que los procesos deben ser fundamentalmente

justos (“fundamental fairness”).

Es claro que el Reglamento de la ACAA que gobierna el

proceso

de

auditoría

preliminares

entregue

a

interna

se

discutan

ésta

copia

con

del

exige

la

que

parte

informe

los

afectada

preliminar.

también que ello no ocurrió en este caso.

hallazgos

y

se

le

Es

claro

Por lo tanto, la

respuesta obligada, pensaría yo, es evidente: que se ordene

la entrega de copia del informe preliminar preparado.

fue precisamente lo que ocurrió en este caso.

Eso

Sólo de esta

forma se cumple con el mandato constitucional de que las

actuaciones de una agencia administrativas sean cónsonas con

el debido proceso de ley.

De lo contrario estaríamos ante un

procedimiento ajeno a nuestro derecho administrativo donde se

vulneran los principios más básicos del debido proceso de

ley.

De

otra

parte,

la

forma

más

eficiente

y

eficaz

de

asegurarse de que un informe es imparcial es sin duda que el

funcionario o ex funcionario de la unidad auditada revise los

hallazgos que se le envían y someta sus comentarios, previo a

que

ese

informe

sea

final

o

se

actúe

sobre

él.

El

CC-2011-137

9

procedimiento es justo solo si la parte afectada ha podido

enfrentarse a los señalamientos que se le han hecho.1

El argumento de la parte peticionaria de que no tiene que

discutir los resultados de su auditoría con el licenciado

Meléndez porque éste no es ya empleado de la agencia es, como

poco, frívolo y no amerita mayor discusión o consideración.

Igualmente de improcedente son los argumentos sobre falta de

parte indispensable y de confidencialidad del informe.

El

hecho de que el informe se le remitiese al Departamento de

Justicia y luego al FEI y que de esta forma, suponemos y “por

accesión” esté cubierto con el manto de confidencialidad de

los expedientes del FEI es igualmente equivocado.

solicitado

copia

de

un

informe

que

el

Aquí se ha

reglamento

que

lo

regula dice expresamente que la parte afectada tendrá derecho

a acceso a ese documento y a obtener copia.

De eso trata

esta controversia y es en virtud de ello que se solicita, y

es en virtud de ello que hay que entregarlos.

El derecho aplicable, por lo menos hasta hoy, es claro.

Es por ello que disiento.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

1

La ACAA puede, evidentemente, remitir sus hallazgos finales

a las agencias pertinentes. Pero eso es un proceso separado

del asunto que hoy tratamos que es, si la ACAA actuó en este

asunto al margen de su reglamento.

Lo que si debe quedar

claro es que la ACAA no puede utilizar el referido hecho como

subterfugio para incumplir con su propia reglamentación.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hiram Meléndez Rivera

Certiorari

Recurrido

v.

Ho

CC-2011-0137

Julio Alicea Vasallo,

Director Ejecutivo de la

ACAA; et als.

Peticionarios

Voto Particular

García

emitido

por

el

Juez

Asociado

señor

Rivera

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2011.

Nos sorprenden las expresiones vertidas por

la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez en su

Voto Particular Disidente.

Estas, aparte de ser

en

un

destiempo,

constituyen

craso

error

que

incide sobre la metodología adjudicativa que rige

nuestro ordenamiento jurídico.

Su razonamiento,

más bien, consiste en un ejercicio especulativo

que pretende vaticinar, sobre la palestra de un

vacío,

la

Tribunal.

posición

aún

por

conocer

de

este

En vista de ello, nos vemos precisados

a pronunciarnos con vehemencia ante el infausto

análisis.

2

CC-2011-0137

En primer lugar, aun cuando el mecanismo procesal de

“orden de mostrar causa” se ha utilizado para advertir que

prima facie el dictamen impugnado puede ser errado, ello

no

implica

expresión

de

de

forma

un

alguna

criterio

que

firme

su

y

uso

constituya

arraigado

de

dictamen recurrido es efectivamente erróneo”.

suplido).

H.

Sánchez

Puerto

Rico:

derecho

Lexis

Nexis,

2001,

Martínez,

procesal

sec.

Práctica

apelativo,

3304,

págs.

que

el

(Énfasis

jurídica

San

“la

Juan,

577-578.

de

Ed.

Al

contrario, como bien señalamos en Pueblo v. Ruiz Negrón,

113 D.P.R. 17, 22 (1982), “el curso de acción intimado no

es

necesariamente

el

criterio

del

Tribunal”.

En

ese

contexto, particularizamos que

Durante varios años hemos estado utilizando como

medio para agilizar los procedimientos ante este

Tribunal, la expedición de resoluciones que se

[han dado a conocer como] órdenes para mostrar

causa. Para evitar el trámite más complicado y

largo de expedir un auto de revisión o de

certiorari, en muchas ocasiones requerimos de la

parte recurrida que muestre causa por la cual no

debamos tomar determinado curso de acción.

Lo

hacemos cuando dicha parte no ha comparecido a

oponerse a la petición, en ánimo de ofrecerle

oportunidad de exponer ante nos los argumentos

jurídicos que pueda tener contra los expresados

en la petición.2 Íd.

2

En Pueblo v. Ruiz Negrón, 113 D.P.R. 17, 23-24 (1982), añadimos que:

“Mediante este procedimiento ha logrado este Tribunal que

en muchos casos, recursos que de ordinario hubiesen tomado

muchos meses en resolverse, se han podido resolver en

pocas semanas. Este procedimiento de mostración de causa

es parte de nuestro empeño de acortar y simplificar los

trámites y lograr una pronta solución de los casos. Otros

medios que hemos adoptado, tendientes al mismo fin, son,

para ejemplos, dispensar el requisito de largas, costosas

e

innecesarias

transcripciones,

sustituyéndolas

por

exposiciones narrativas de la prueba; y resolver sin

dilación, bajo la Regla 50 de nuestro Reglamento, casos

que no ameritan ulteriores trámites.

Este empeño está a

tono con el deseo de todo litigante de que su caso se

3

CC-2011-0137

Cónsono con lo anterior, el inciso (a) de la Regla 46

del Reglamento de este Tribunal provee para que esta Curia

le ordene a las partes mostrar causa por la cual no se

deba expedir un auto y tomar determinado curso de acción.

4

L.P.R.A.

Ap.

automáticamente

Asociada

XXI-A,

–contrario

señora

Rodríguez

R.46(a).

a

lo

Ello

no

implica

sugerido

por

la

Rodríguez-

una

invariable a revocar el dictamen recurrido.

Juez

inclinación

Más bien, el

emitir una orden de mostrar causa pretende la ponderación

detenida de los argumentos vertidos por todas las partes y

no sólo los esbozados por la que comparece inicialmente

ante este foro.

Así, pues, una vez ante nos todos los planteamientos

de

las

partes

colegiadorespecto.

involucradas,

el

Tribunal

–como

ente

podrá formar responsablemente su posición

Dicha

determinación,

según

al

claramente

establecido en el inciso (c) de la Regla 46 de nuestro

Reglamento, podrá consistir en la denegación del recurso;

la expedición del auto con el fin de revocar, modificar o

confirmar

otras.

sentencia

o

resolución

recurrida;

entre

Véase 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 46(c).

En

Voto

la

segundo

Particular

lugar,

las

implicaciones

Disidente

contradicen

prácticas

sus

del

propios

resuelva prontamente. En ello tiene particular interés la

profesión jurídica en general.

Valga aclarar que el

empleo de estos medios para agilizar los procedimientos

ante

este

Tribunal

en

ninguna

forma

menoscaba

la

preeminente función de hacer justicia; al contrario, la

complementa, pues justicia tardía no es necesariamente la

mejor justicia”.

4

CC-2011-0137

fundamentos.

vindicar

Por

el

un

debido

lado,

el

referido

voto

proceso

de

ley

recurrido

del

pretende

al

argumentar que éste es acreedor de determinados derechos

como parte de un trámite administrativo.

No obstante, sus

expresiones –a la misma vez- le coartan el mismo derecho

al peticionario.

Ello, al adelantar su criterio sobre el

asunto

de

privándole

derecho

a

autos,

un

juzgador

así

al

peticionario

imparcial

que

visión

controversia

presentada

sin

una

desprovista

de

los

argumentos

todos

de

su

adjudique

la

sesgada

y

pertinentes.

Hernández v. Srio., 164 D.P.R. 390, 395-396 (2005).

En

fin,

las

expresiones

contenidas

en

el

voto

disidente no van más allá del plano de la especulación y

tan sólo pretende “adivinar” la decisión última que este

Tribunal tomará en su día sobre el caso de autos.

Al así

actuar, incurre en un grave desacierto al prejuzgar la

controversia ante nos.

manera

que

la

Juez

Debo puntualizar que de la misma

Asociada

Rodríguez

Rodríguez

al

examinar la posición de la ACAA determinó, en el ejercicio

de su discreción, que no se debía expedir el auto, los

demás jueces de la mayoría tienen el

mismo derecho de

emitir una orden de mostrar causa a la parte recurrida.

Ahora bien, ninguna de estas actuaciones significa que la

Juez Asociada Rodríguez Rodríguez esté prejuiciada a favor

del recurrido, como tampoco la mayoría lo está en contra

del señor Meléndez Rivera.

5

CC-2011-0137

Como es sabido, la normativa de la ética judicial

establece

claramente

procedimiento

que

judicial

el

juez

no

debe

entender

en

en

que

tenga

prejuicio

o

alguno

parcialidad por haber prejuzgado el caso.3

Es evidente que

la

salvaguardar

referida

norma

tiene

como

propósito

la

confianza de las personas en nuestro sistema de justicia.

Cada persona que se acerque a los tribunales de Puerto

Rico

debe

tener

reclamaciones

la

serán

confianza

atendidas,

plena

sus

de

que

derechos

sus

serán

garantizados y la decisión que se tome será una objetiva,

imparcial, y sobre todo justa, tal como lo exige el debido

procedimiento de ley.

justo e imparcial.

Esta cláusula garantiza un tribunal

La imparcialidad con la cual los casos

deben ser juzgados es un requisito sine qua non de un

sistema democrático.

No olvidemos, que la propia naturaleza de un foro

colegiado

impone

a

los

jueces,

de

ordinario,

unas

limitaciones para asegurar que las decisiones reflejen el

criterio

mayoritario

y

aplicable

y

no

en

méritos

de

la

controversia

sus

estén

basadas

opiniones

en

personales

ante

su

el

derecho

sobre

los

consideración.4

Asimismo, debemos acotar que la facultad de disponer

con carácter firme y final las controversias ante este

Tribunal

configura

exigencia

del

3

la

debido

imparcialidad

proceso

de

del

ley.

juzgador

como

Por

tal

ello,

Canon 20 de los Cánones de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, C.

20.

4

In re Colton Fontán, 141 D.P.R. 571 (1996).

6

CC-2011-0137

imperativo

esta

enraizado

en

valores

de

jerarquía

constitucional.5

Ciertamente, el proceder enunciado en la disidencia –

y no el seguido en la resolución de autos- es la que

atenta contra el funcionamiento de este Tribunal como foro

colegiado y el cauce adjudicativo.

Es la disidencia en

este caso, claro está, la que con su proceder apresurado

asoma vestigios de la nefasta época del Medioevo.

Aun

así,

de

debemos

apuntalar

que

somos

fieles

defensores

nuestra responsabilidad constitucional y del derecho que

tiene cada uno de mis compañeros a disentir cuando su

conciencia lo dicte.

EDGARDO RIVERA GARCIA

JUEZ ASOCIADO

5

Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881 (1993).