LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Municipio de Quebradillas v. Corporación de Salud de Lares

2011 TSPR 27

Poder Judicial de Puerto Rico

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Municipio de Quebradillas v. Corporación de Salud de Lares

CC-2009-280

Obligaciones y Contratos – Acción en cobro de dinero por un municipio en ausencia de contrato escrito; doctrina de enriquecimiento injusto

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de Quebradillas

Peticionarios

Certiorari

v.

2011 TSPR 27

Corporación de Salud de Lares y otros

180 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC

- 2009 - 280

Fecha: 28 de febrero de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Utuado Panel V

Juez Ponente:

Hon. Andrés Salas Soler

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Fernando L. Torres Ramírez

Lcda. Aida Liz Murphy Lugo

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Manuel Martínez Umpierre

Oficina del Procurador General:

Lcda. Lizette Mejías Avilés

Procuradora General Auxiliar

Materia:

Contratos Municipales

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de Quebradillas

Peticionarios

v.

CC-2009-280

Corporación de Salud de Lares

Y Otros

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2011.

Se nos solicita la revisión de una sentencia

emitida el 28 de enero de 2009 por el Tribunal de

Apelaciones,

Región

Judicial

de

Utuado.

En

esa

sentencia, el foro apelativo intermedio desestimó

la

acción

presentada

por

el

en

de

dinero

Quebradillas

Corporación

de

cobro

Salud

de

Lares

y

Municipio

la

contra

de

la

reconvención

presentada por la Corporación contra el Municipio

por la misma causa de acción.

El

Tribunal

de

Apelaciones

confirmó

la

sentencia del foro primario porque entendió que las

disposiciones

incluidas

en

la

Ley

de

Municipios

CC-2009-0280

2

Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según

enmendada, 21 L.P.R.A. secs. 4001 y ss., interpretadas en

Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 D.P.R. 718 (2007),

son claras al sostener que en ausencia de un contrato por

escrito que cumpla con las formalidades exigidas por la

ley, los acuerdos verbales entre las partes son nulos.

Por consiguiente, nos corresponde determinar si en

ausencia de un contrato escrito entre las partes según

dispone

la

Ley

jurisprudencia

de

Municipios

Autónomos,

interpretativa

al

supra,

respecto,

y

la

procede

la

acción en cobro de dinero incoada por el Municipio contra

la Corporación. Evaluada la controversia y en virtud del

alto interés público que ostentan los fondos públicos,

resolvemos en la afirmativa.

I

En

1994,

el

Municipio

de

Quebradillas

convino

verbalmente con la Corporación de Salud de Lares para que

esta

última

administrara

el

Centro

de

Diagnóstico

y

Tratamiento de Quebradillas (CDT de Quebradillas). Según

aduce el Municipio, entre los acuerdos verbales con la

Corporación

para

la

administración

del

CDT

de

Quebradillas, el Municipio se comprometió a mantener unos

empleados

municipales

trabajando

en

el

CDT

de

Quebradillas con el compromiso de que la Corporación le

reembolsara al Municipio el dinero desembolsado para el

pago de la nómina. Sin embargo, según alega el Municipio,

la Corporación sólo realizó tres pagos por ese concepto.

CC-2009-0280

Pasados

Municipio

3

unos

presentó

años,

el

una

4

de

demanda

junio

en

de

2002,

el

contra

de

la

Corporación. En la demanda, el Municipio alegó que la

Corporación

le

adeudaba

una

cantidad

ascendente

a

$1,435,078 correspondiente a nóminas pagadas desde agosto

de 1997 hasta el 2001, al mantenimiento y servicio de

ambulancias y al pago de facturas de energía eléctrica

por el uso de las instalaciones del CDT de Quebradillas.

El

Municipio

presentó

una

moción

de

sentencia

sumaria. En ésta adujo que la Corporación no negó que era

la encargada de la administración del CDT de Quebradillas

desde el 1996. Por tanto, al ser la administradora, parte

de las obligaciones y deberes de la Corporación era pagar

por

esos

servicios

y

salarios.

Además,

el

Municipio

señaló que la Corporación era una institución o persona

jurídica con fines de lucro, por lo que condonarle la

deuda permitiría el uso de fondos públicos para fines

privados

en

contravención

al

mandato

constitucional

contenido en el Artículo VI, Sección 9 de la Constitución

de Puerto Rico, 1 L.P.R.A. Por último, apuntó que la

Corporación no presentó prueba alguna que acreditara el

supuesto acuerdo entre las partes mediante el cual el

Municipio se haría cargo de esos pagos.

La Corporación se opuso a la moción de sentencia

sumaria. Negó ser una institución con fines de lucro. Por

el contrario, afirmó ser una institución sin fines de

lucro que fue constituida para dar servicio gratuito a la

CC-2009-0280

4

población. La Corporación adujo también que los fondos

que el Municipio aportó para el pago de la nómina de los

empleados fueron usados para fines públicos, ya que con

ellos se brindaron servicios médicos sin costo alguno al

pueblo de Quebradillas.

Además, con la moción en oposición a que se dictara

sentencia sumaria la Corporación acompañó su Certificado

de Incorporación del Departamento de Estado, así como una

declaración

jurada

suscrita

por

el

Sr.

Rigoberto

Hernández Nieves, Director de la Corporación. En esta

declaración se rebatió la alegación del Municipio de que

sería la Corporación quien se haría cargo del pago de las

nóminas de los empleados, del servicio de ambulancia y

del servicio de energía eléctrica.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia

emitió

una

resolución en la que declaró no ha lugar la moción de

sentencia sumaria presentada por el Municipio. Concluyó

que existía controversia sobre si la Corporación era o no

una institución con fines de lucro.

Posteriormente,

el

Municipio

enmendó

su

demanda.

Repitió prácticamente las mismas alegaciones que en la

demanda

original.

Sin

embargo,

incluyó

como

partes

demandadas a la Hon. Rosa Pérez Perdomo, la entonces

Secretaria de Salud y al Estado Libre Asociado de Puerto

Rico.

Asimismo,

sustituyó

como

parte

demandada

a

la

Corporación de Salud de Lares para incluir en su lugar a

la

Corporación

Centro

de

Salud

de

Lares,

Inc.

En

la

CC-2009-0280

5

demanda enmendada el Municipio señaló que el 2 de agosto

de 1995 el entonces alcalde del Municipio de Quebradillas

le escribió al Presidente de la Junta de Directores de la

Corporación

para

aclarar

compromisos

y

Corporación

administrar

y

procedimientos

el

formalizar

que

CDT

le

de

los

acuerdos,

permitieran

Quebradillas.

a

la

Como

consecuencia de esta comunicación, añadió el Municipio,

se hicieron gestiones para la celebración de una reunión

entre

funcionaros

del

Municipio

de

Quebradillas

y

representantes de la Corporación en la que se discutirían

aspectos relacionados con el funcionamiento del CDT de

Quebradillas. De la minuta que se redactó de la reunión

alegadamente se desprende que el Municipio se comprometió

a proveer el servicio de ambulancias con el personal

necesario en el Centro de Salud las veinticuatro (24)

horas al día, los siete (7) días de la semana; a pagar la

factura de luz de la Corporación y del Asilo Municipal en

partes iguales; y a pagar la nómina de los empleados. Sin

embargo, todos estos acuerdos estaban sujetos a que la

Legislatura Municipal los aprobara. Esa aprobación nunca

se llevó a cabo. Incluso, el Municipio hace alusión a la

certificación emitida por la Secretaria Interina de la

Legislatura Municipal de Quebradillas que revela que no

existía resolución u ordenanza que autorizara al entonces

alcalde, Hon. Juan I. Rivera Vargas, a llegar a acuerdos

con la Corporación.1

1

Del informe sobre conferencia preliminar entre abogados

(continúa...)

CC-2009-0280

6

El 24 de octubre de 2008 el Tribunal de Primera

Instancia dictó sentencia. En ésta, luego de interpretar

la

Ley

de

Municipios

interpretativa,

el

Autónomos

foro

y

su

primario

jurisprudencia

concluyó

que

la

exigencia de que todo contrato municipal sea por escrito

tiene un carácter constitutivo y por ello, al no haberse

cumplido con ese requisito, “no nace a la vida jurídica

un

contrato

válido

y

exigible

entre

las

partes.”

Es

decir, el tribunal concluyó que el acuerdo entre las

partes

era

completamente

nulo.

Por

consiguiente,

desestimó la demanda del Municipio. A su vez, el foro

primario desestimó la reconvención de la Corporación por

los mismos fundamentos. Igualmente, se desestimaron las

demandas contra la ex Secretaria Pérez Perdomo y contra

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El

Tribunal

de

Apelaciones

confirmó.

Primero,

en

cuanto al señalamiento del peticionario de que no debía

resolverse

sumariamente

la

controversia,

el

foro

apelativo intermedio entendió que no existía controversia

real sustancial en cuanto a ningún hecho medular y que

como

cuestión

de

derecho

procedía

que

se

dictara

las partes estipularon que la Corporación es una persona

jurídica sin fines de lucro. Se estipuló, a su vez, la

reunión celebrada entre funcionarios del Municipio de

Quebradillas y la Corporación el 8 de enero de 1998. Por

último, se hizo constar entre las estipulaciones la

certificación de la Secretaría Municipal que reflejaba

que no había ordenanza o resolución de parte de la

Legislatura Municipal que autorizara al Alcalde a

contratar con la Corporación.

CC-2009-0280

7

sentencia sumaria contra ambas partes como lo hizo el

foro primario.

En

cuanto

al

hecho

de

que

las

transacciones

realizadas entre el Municipio y la Corporación fueron

verbales, el Tribunal de Apelaciones entendió, al igual

que el foro primario, que la Ley de Municipios Autónomos,

y el caso Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, son

claros al sostener que en ausencia de un contrato por

escrito que cumpla con las formalidades exigidas por la

ley, los acuerdos verbales entre las partes son nulos.

Por

consiguiente,

señaló

que

no

procedía

hablar

de

enriquecimiento injusto en su aplicación inversa, ya que

al no existir relación contractual por escrito entre las

partes, “toda relación está viciada de nulidad, por lo

que

no

genera

derecho

alguno

a

las

partes

[involucradas].” Sentencia del Tribunal de Apelaciones,

pág. 10. Por último, el Tribunal de Apelaciones concluyó

que

el

“foro

de

instancia

ejerció

su

discreción

con

corrección y razonabilidad”. Id.

Inconforme nuevamente, el Municipio presentó ante

este Tribunal un recurso de certiorari. Entiende que el

alcance de nuestra decisión en Colón Colón. v. Mun. de

Arecibo, supra, reafirma la obligación de los tribunales

de

ser

celosos

guardianes

de

los

intereses

públicos.

Añade que el Tribunal de Apelaciones erró también al no

resolver las mociones de sentencia sumaria a la luz de la

doctrina de enriquecimiento injusto.

CC-2009-0280

8

El 19 de octubre de 2009 expedimos el auto. Con la

comparecencia de ambas partes procedemos a resolver.

II

Como

primer

señalamiento

de

error,

el

Municipio

alega que la interpretación que los foros inferiores han

hecho de la Ley de Municipios Autónomos, supra, y del

caso Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, no tiene el

alcance dado y, peor aún, que esta interpretación ignora

la obligación de los tribunales de ser celosos guardianes

de los fondos públicos.

De entrada, es menester señalar que el Art. 2.001(r)

de

la

Ley

de

Municipios

Autónomos,

21

L.P.R.A.

sec.

4051(r), da el poder a los municipios de

[c]ontratar con cualquier agencia pública y

con cualquier persona natural o jurídica, para

el desarrollo, administración y operación

conjunta,

coordinada

o

delegada

de

instalaciones para brindar servicios públicos

y

para

la

construcción,

reparación

y

mantenimiento de instalaciones municipales.

Tales actividades incluirán la contratación de

proyectos conjuntos con entidades públicas o

privadas, con o sin fines de lucro, para la

construcción y el desarrollo de viviendas de

interés social, el desarrollo y la operación

de programas o instalaciones municipales y

cualesquiera otras donde el municipio requiera

la participación de personas naturales o

jurídicas externas para la viabilidad de los

proyectos y programas. La formalización de la

contratación requerirá la aprobación previa de

la legislatura municipal [énfasis suplido].

Igualmente, el Art. 8.004, 21 L.P.R.A. sec. 4354,

señala que “[l]as obligaciones y [los] desembolsos de

fondos

públicos

municipales

sólo

podrán

hacerse

para

obligar o pagar servicios, suministros de materiales y

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equipo,

9

reclamaciones

o

cualesquiera

otros

conceptos

autorizados por ley, ordenanza o resolución aprobada al

efecto y por los reglamentos adoptados en virtud de las

mismas”.

Cónsono

con

lo

anterior,

“[l]as

distintas

disposiciones estatutarias regulando la realización de

obras y contratación de servicios para el Estado y sus

agencias

e

instrumentalidades

tienen

por

meta

la

protección de los intereses y dineros del pueblo contra

el

dispendio,

la

prevaricación,

el

favoritismo

y

los

riesgos del incumplimiento”. Cancel v. Municipio de San

Juan,

101

D.P.R.

296,

300

(1973).

Por

tan

crucial

importancia, en reiteradas ocasiones hemos señalado que

“la buena administración de un gobierno es una virtud de

democracia, y parte de su buena administración implica

llevar a cabo sus funciones como comprador con eficacia,

honestidad y corrección...”. Lugo v. Municipio Guayama,

163

D.P.R.

208,

214

(2004).

Véanse,

además,

Quest

Diagnostic v. Mun. San Juan, Op. de 14 de mayo de 2009,

2009 T.S.P.R. 77, 2009 J.T.S. 80, 175 D.P.R. __ (2009);

Ríos

v.

Municipio

Isabela,

159

D.P.R.

839

(2003);

Fernández & Gutierrez v. Mun. San Juan, 147 D.P.R. 824,

829 (1999); Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R. 1001,

1005 (1994); Mar-Mol Co. Inc. v. Adm. Servicios Gens.,

126 D.P.R. 864, 871 (1990).

En Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 D.P.R. 237,

249 (2007), fuimos enfáticos cuando señalamos “que los

CC-2009-0280

tribunales

10

debemos

disposiciones

velar

por

legales

el

cumplimiento

dirigidas

a

con

las

proteger

los

desembolsos públicos, ya que esta normativa tiene como

fin proteger el interés público en los dineros del pueblo

y

no

a

las

contratación

partes

con

un

contratantes”.

municipio

Por

ende,

la

de

unos

requiere

formalismos y procedimientos específicos que persiguen,

precisamente, proteger el erario. Por esta razón, “la

facultad del municipio de obligar fondos públicos para el

pago de una obligación, está supeditada a que se sigan

los procedimientos establecidos por ley”. Id., pág. 248.

El Artículo 8.016 de la Ley de Municipios Autónomos,

supra, también le impone a los municipios la obligación

de

mantener

“un

registro

de

todos

los

contratos

a

los

otorguen,

incluyendo

las

enmiendas

enviarán

copia

éstos

y

de

de

las

mismos

escrituras

que

y

de

adquisición y disposición de bienes a la Oficina del

Contralor de Puerto Rico, conforme a las secs. 97 et seq.

del Título 2 y su Reglamento”. Véase, Art. 1 de la Ley

Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, 2

L.P.R.A.

sec.

97.

Es

decir,

para

contratar

con

un

municipio es necesario: (1) que el acuerdo se haya hecho

constar por escrito; (2) que se mantenga un registro fiel

con miras a establecer la existencia del contrato; (3)que

se remita copia de éste a la Oficina del Contralor y; (4)

que se acredite la certeza de tiempo, esto es, que el

contrato se otorgó quince días antes. Véanse, Colón Colón

CC-2009-0280

v.

Mun.

de

11

Arecibo,

supra,

págs.

725-726;

Lugo

v.

Municipio Guayama, supra, págs. 215-216; Las Marías v.

Municipio San Juan, 159 D.P.R. 868, 878 (2003); Ríos v.

Municipio

Isabela,

supra,

págs.

845-846;

Ocasio

v.

Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37, 53-54 (1988).

Estos requisitos deben ser observados rigurosamente ya

que su ausencia priva de eficacia y validez el acuerdo

con el municipio. Lugo v. Municipio Guayama, supra, pág.

216. Sin embargo, aclaramos que con la aprobación de la

Ley Núm. 127 de 31 de mayo de 2004, el incumplimiento con

el

requisito

de

que

todo

contrato

sea

registrado

y

remitido a la Oficina del Contralor tal como lo exigen el

Art. 1 de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, supra,

y el Art. 8.016 de la Ley de Municipios Autónomos, supra,

no tiene el efecto de anular el contrato en controversia,

aunque impide que puedan exigirse las prestaciones hasta

tanto el acuerdo se registre y se remita a la Oficina del

Contralor. Id. Véase, además, Quest Diagnostic v. Mun.

San Juan, supra.

Cuando se trata de contratación municipal, debemos

tener en mente la clara política pública que impera a

favor

de

la

aplicación

de

una

normativa

restrictiva.

Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra, pág. 248; Lugo

v. Municipio Guayama, supra, pág. 215. Todo esto responde

a que la sana y recta administración pública es un asunto

revestido del más alto interés público. Quest Diagnostic

v.

Mun.

San

Juan,

supra;

Cordero

Vélez

v.

Mun.

de

CC-2009-0280

12

Guánica, supra, pág. 248; Fernández & Gutierrez v. Mun.

San Juan, supra. En vista de tan trascendental interés,

hemos asegurado que en casos de contratación municipal,

las partes privadas deben ejercer un rol más activo, toda

vez que no están exentos del cumplimiento de la ley.

Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, supra; Cordero Vélez

v.

Mun.

de

Guánica,

supra,

pág.

251;

Las

Marías

v.

Municipio San Juan, supra, pág. 880; Lugo v. Municipio

Guayama, supra, pág. 215.

Ahora bien, el cumplimiento con las disposiciones de

la Ley de Municipios Autónomos no corresponde únicamente

a las personas privadas. Los tribunales “desalentamos la

práctica de incumplir con los procedimientos establecidos

en la Ley de Municipios para el otorgamiento de contratos

municipales”. Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra,

pág. 253. Por tanto, ningún Municipio podrá satisfacer

deuda alguna que no surja de un contrato que conste por

escrito y que a su vez haya sido registrado y remitido a

la

Oficina

del

Contralor.

La

exigencia

de

que

los

contratos con los municipios consten por escrito responde

a un requisito de carácter constitutivo que el legislador

incluyó

con

profiláctico

el

propósito

tendiente

a

de

crear

evitar

pagos

un

y

“mecanismo

reclamaciones

fraudulentas e ilegales.” Colón Colón v. Mun. de Arecibo,

supra, pág. 726.

CC-2009-0280

13

III

Sin

lugar

Quebradillas

a

acordó

dudas,

con

cuando

la

el

Corporación

Municipio

en

1995

de

la

administración del CDT de Quebradillas, no hubo más que

acuerdos verbales entre las partes. Por ello, el Tribunal

de Primera Instancia señaló en su sentencia que como los

requisitos

de

contratación

con

los

municipios

son

de

carácter constitutivo y no se cumplieron, no nació a la

vida jurídica un contrato válido y exigible entre las

partes.

Por

ende,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

concluyó que en virtud de Colón Colón v. Mun. de Arecibo,

supra, al no existir un contrato escrito, no procedía la

acción en cobro de dinero presentada por el Municipio. El

Tribunal de Apelaciones erró al confirmar esa conclusión

y dictamen.

A través de toda la jurisprudencia en la que hemos

evaluado casos como éstos, hemos recalcado que “exigir

que

los

contratos

se

reduzcan

a

escrito

tiene

una

insoslayable dimensión de sana administración pública”.

Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág. 727. Véanse,

además, Fernández & Gutierrez v. Mun. San Juan, supra,

pág. 829; Ríos v. Municipio Isabela, supra, pág. 845. Es

decir, nuestra conclusión reiterada responde al principio

subyacente

en

la

contratación

con

el

gobierno:

la

confianza de nuestro pueblo en la correcta utilización

del

peculio

enfrentamos

público.

a

Consiguientemente,

controversias

que

cuando

involucren

nos

fondos

CC-2009-0280

14

públicos, los tribunales debemos vigilar principalmente

que no se ponga en tela de juicio la correcta utilización

del dinero de nuestro pueblo.

Así,

aunque

en

Colón

Colón

v.

Mun.

de

Arecibo,

supra, determinamos que la acción en cobro de dinero

incoada

por

el

señor

Colón

Colón

por

los

servicios

brindados al Municipio de Arecibo no procedía ante la

ausencia de un contrato por escrito entre las partes,

nuestra

conclusión

a

esos

efectos

no

iba

dirigida

a

favorecer sin razón alguna a los municipios. Más bien

nuestro proceder siempre ha sido salvaguardar los fondos

públicos. De esa forma honramos el valor cardinal que por

años

les

hemos

otorgado.

En

última

instancia,

de

no

hacerlo serían los intereses de nuestros ciudadanos los

que se verían lesionados.

En los casos sobre contratación que hemos evaluado a

la

luz

de

la

Ley

de

Municipios

perjudicada

es

un

ente

privado.

Autónomos,

En

la

cambio,

parte

en

la

situación de hechos que hoy nos ocupa quien reclama el

reembolso de dinero no es una persona privada sino el

Municipio.

Esa

distinción

sostiene

que

el

es

Municipio

crucial.

La

“pretende

Corporación

que

este...

Tribunal... entienda y resuelva que una actuación nula de

un Municipio, no puede enforzarse [sic] si es [en] contra

de los intereses del Municipio pero, a contrario sensu,

puede

enforzarse

[sic]

si

beneficia

al

Municipio.”

Alegato de la parte recurrida, pág. 5. Esta conclusión es

CC-2009-0280

15

errada. Aquí no se trata de favorecer a un municipio. Se

trata, como hemos dicho anteriormente, de proteger el

dinero

del

Pueblo.

Si

el

Municipio

desembolsó

dinero

público incorrectamente en virtud de un acuerdo nulo,

tiene

derecho

contrario,

a

recobrarlo.

estaríamos

dejando

Si

en

concluyéramos

manos

privadas

lo

unos

fondos públicos que no le corresponden.

Por

carece

esta

de

razón,

si

el

acuerdo

eficacia,

no

procede

entre

que

el

las

partes

Municipio

de

Quebradillas desembolsara dinero alguno en virtud de un

contrato que nunca advino a la vida. Después de todo, la

adecuada

fiscalización

de

la

utilización

del

erario

resulta de vital importancia para mantener la confianza

del

ciudadano

en

el

gobierno

y

la

salud

de

nuestra

democracia. Véase, RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R.

836 (1999).

Por otra parte, la Corporación afirma que constituye

una

salida

“ilegal,

antijurídica

e

inmoral”

que

el

Municipio de Quebradillas pretenda que se cree una norma

distinta para cuando es un municipio quien reclama, ya

que “se estaría dando carta abierta a los municipios para

que no cumplieran con la Ley Municipal y de esta manera

decidieran

ex

cuáles

quieren

no

parte

qué

contratos

cumplir”.

quieren

Alegato

de

cumplir

la

y

Parte

recurrida, págs. 10-11. Ese razonamiento no nos convence.

No hacer la distinción cuando es un ente público el que

reclama

permitiría

que

un

funcionario

inescrupuloso

CC-2009-0280

16

favorezca a ciertos contratistas, pagándoles de antemano

por unos servicios, pero sin un contrato escrito, con la

intención de que cuando se inicie el proceso legal de

cobro de dinero, se pueda levantar como defensa que el

contrato no cumple con los requisitos formales exigidos

por ley y el contratista no tenga que devolver lo que se

le pagó ilegalmente. Eso socavaría la política pública de

“protección de los intereses y dineros del pueblo contra

el

dispendio,

la

prevaricación,

el

favoritismo

y

los

riesgos del incumplimiento”. Cancel v. Municipio de San

Juan, 101 D.P.R. 296, 300 (1974).

Por consiguiente, en Colón Colón v. Mun. de Arecibo,

supra, en protección del erario, no validamos la acción

en cobro de dinero de un individuo contra un municipio.

Por esa misma razón procede la acción de cobro a la

inversa, de un municipio a un ente privado. Así lo exige

el

valor

apremiante

que

nuestro

sistema

jurídico

otorga a la sana administración de los fondos públicos.

La corrupción y el desembolso indebido o

ilegal de fondos públicos -en sus formas

múltiples,

a

veces

burdas

y

otras

sofisticadas- son actos incompatibles con el

sistema de gobierno democrático consagrado en

nuestra

Constitución

y

apuntalado

en

el

respeto a la dignidad humana y los dineros del

pueblo como único soberano. No importa las

modalidades que adopten ni la jerarquía del

funcionario

involucrado,

las

mismas

son

intolerables.

En

última

instancia,

quien

verdaderamente se perjudica, no sólo en lo

económico sino en lo moral, es la ciudadanía

en general independientemente de su afiliación

política.

Es,

pues,

obligación

de

los

tribunales

reivindicar

esos

valores

fundamentales.

le

CC-2009-0280

17

E.L.A. v. Soto Santiago, 131 D.P.R. 304, 322

(1992), citando A.E.E. y A.A.A. v. P.N.P., 128

D.P.R. 294, 294-295 (1991) (Voto concurrente

del Juez Asociado señor NEGRÓN GARCÍA, al cual se

unieron los Jueces Asociados señores REBOLLO

LÓPEZ y ANDRÉU GARCÍA.

Sin duda, no podemos validar la erogación de fondos

públicos

indiscriminadamente;

su

utilización

debe

ser

cuidadosa. E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R 608, 643 (2005). Es

nuestro deber y responsabilidad velar porque los fondos

públicos respondan directamente a las necesidades de la

ciudadanía. Id.

Específicamente, en el contexto de la

contratación gubernamental, hemos dicho que la

misma está revestida del más alto interés

público en cuanto involucra el uso de bienes o

de fondos públicos. Por eso deben aplicarse

rigurosamente las normas sobre los contratos y

el desembolso de esos fondos para proteger los

intereses

y

el

dinero

del

Pueblo.

Principalmente, no se puede ignorar que todo

organismo

gubernamental

está

obligado

a

observar

cabalmente

la

esencia

de

las

disposiciones

constitucionales

porque

los

fondos públicos sólo pueden gastarse para

fines públicos legítimos. Art. VI, Sec. 9,

Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1; De Jesús

González v. A.C., 148 D.P.R. 255 (1999).

C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 D.P.R. 443,

452 (2007).

IV

Nos resta determinar qué remedio ampara al Municipio

de Quebradillas para obtener el reembolso de los fondos

que

fueron

Municipio

desembolsados

indica

que

el

ilegalmente.

foro

Al

intermedio

respecto,

el

erró

no

al

resolver las mociones de sentencia sumaria a la luz de la

doctrina

de

enriquecimiento

injusto

en

su

vertiente

CC-2009-0280

negativa.

18

Por

su

parte,

la

parte

recurrida

niega

la

utilización de esta figura pues

[a] través de la jurisprudencia innumerables

ciudadanos

y

personas

particulares

han

brindado

servicios

a

los

municipios

por

cientos de miles de dólares y no han podido

cobrar

sus

servicios

por

el

requisito

estatutario de que los contratos tienen que

ser por escrito. Mal puede ahora el Municipio

de

Quebradillas

pretender

que

habiendo

incurrido en la misma falla, que privó a todos

estos ciudadanos y corporaciones de cobrar por

sus servicios, no se aplique la letra de la

ley y se permita que el Municipio continúe su

reclamación.

Alegato de la parte recurrida, pág. 11.

En Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág. 728,

señalamos

que

involucrado,

no

“conforme

hay

al

cabida

en

alto

interés

estos

casos

público

para

los

remedios en equidad”. Ahora bien, no podemos perder de

perspectiva que ese análisis lo hicimos fundamentándonos

en el principio de que permitir una acción en equidad

contra un municipio para exigir una prestación producto

de

un

contrato

nulo

violaría

la

política

pública

Soto

Santiago,

supra,

establecida en la Ley Municipal.

Ahora

bien,

en

E.L.A.

v.

resolvimos que el término prescriptivo para instar una

acción de cobro de dinero con el objetivo de restituir

unos fondos públicos obtenidos ilícitamente, es el de

quince

años

dispuesto

en

el

Artículo

1864

del

Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294. Señalamos entonces que, “en

su fondo, tratamos aquí con una situación que permite

invocar

el

principio

de

derecho

de

que

nadie

debe

CC-2009-0280

19

enriquecerse injustamente a costa de otro”. E.L.A. v.

Soto Santiago, supra, pág. 317.

Procede invocar el mismo principio aquí. Como no

existe

disposición

legislativa

expresa

en

la

Ley

de

Municipios Autónomos que atienda directamente este tipo

de acción legal por parte de los municipios cuando no

existe un contrato escrito entre las partes, procede que

resolvamos conforme a equidad. Art. 7 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 7.2

“La doctrina de enriquecimiento injusto es casi tan

antigua como el derecho mismo”. E.L.A. v. Cole, supra,

pág.

632.

“Esta

figura

se

encuentra

subsumida

en

la

figura de los cuasicontratos”. Id. “Los cuasicontratos

generan obligaciones a base del principio de que nadie

debe

costa

enriquecerse

del

u

perjuicio

Responsabilidad

obtener

de

civil

lucro

otro”.

inequitativamente

C.J.

Irizarry

extracontractual,

6ta.

a

Yunqué,

ed.,

Colombia, Panamericana Formas e Impresos S.A., 2006, pág.

3. “[E]s un principio general del derecho fundado en la

equidad,

que

está

presente

en

todo

el

ordenamiento

jurídico”. Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817, 822

(1988). “Es un corolario del concepto de equidad, lo cual

equivale a decir que es un corolario del concepto de

2

Dispone que “cuando no haya ley aplicable al caso, el

tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir

que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con

los principios generales del derecho, y los usos y

costumbres aceptados y establecidos”.

CC-2009-0280

20

justicia”. E.L.A. v. Cole, supra. Véase, además, Silva v.

Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891 (1965).

Recurrimos

previsto

una

a

esta

situación

desplazamiento

figura

en

patrimonial

cuando

“la

ley

no

ha

la

que

se

produce

un

que

no

encuentra

una

explicación razonable en el ordenamiento vigente.” Ortiz

Andújar v. E.L.A., id. Véanse, Garriga, Hijo, Inc. v.

Cond. Marbella, 143 D.P.R. 927, 933 (1997); E.L.A. v. Soto

Santiago, supra, pág. 319. Véase, además, J. Puig Brutau,

Fundamentos de derecho civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983,

T. II, Vol. 3, pág. 44.

Por

eso,

únicamente

(1)

la

el

cuando

enriquecimiento

concurren

existencia

de

los

un

injusto

se

siguientes

configura

requisitos:

enriquecimiento;

(2)

un

empobrecimiento correlativo; (3) una conexión entre el

empobrecimiento y el enriquecimiento; (4) falta de causa

que justifique el enriquecimiento; y (5) inexistencia de

un

precepto

legal

enriquecimiento

que

sin

causa.

excluya

la

aplicación

Hatton

v.

Mun.

de

del

Ponce,

supra, pág. 1010; Ortiz Andujar v. E.L.A., supra, pág.

823.

La

doctrina

ha

señalado

que

el

enriquecimiento

injusto puede darse en dos modalidades. E.L.A. v. Cole,

supra,

pág.

634.

“[E]l

positivo

o

aumento

en

el

patrimonio (lucrum emergens), o el negativo o disminución

del patrimonio (damnum cessans)”. Id. Cuando hablamos de

enriquecimiento injusto negativo (damnun cessans) o a la

CC-2009-0280

21

inversa nos referimos al caso en el que “un no gasto

equivale a un ingreso. En otras palabras, en la medida en

que alguien sufre una pérdida que ordinariamente debería

padecer otro, el primero le ahorra un gasto al segundo.

Esta situación no tiene cabida en un sistema donde impera

lo

justo

y

debe

ser

remediada.”

Id.,

págs.

634-635.

Véase, Ortiz Andújar, supra, págs. 826-827.

En

el

privadas

pasado

invoquen

no

hemos

remedios

permitido

que

equidad

frente

en

personas

a

los

municipios con los que contratan, porque “es doctrina

reiterada

que

dichos

remedios

resulte[n]

contrario[s]

a

no

una

se

aplicarán

cuando

clara

política

pública

plasmada en un estatuto o en la Constitución”. Las Marías

v.

Municipio

además,

San

Hatton

Juan,

v.

Mun.

supra,

de

págs.

Ponce,

875-876.

supra,

Véanse,

pág.

1010;

Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682, 684-685

(1987). Del mismo modo, como excepción, sí le daremos

paso

a

resulte

los

remedios

igualmente

en

equidad

contrario

a

cuando

una

no

permitirlos

política

pública

estatuida en una ley o en la Constitución.

Precisamente

consideración

general

de

permitir

la

se

no

en

el

caso

configura

permitir

acción

de

los

la

particular

ante

nuestra

excepción

a

regla

remedios

enriquecimiento

en

la

equidad.

injusto

No

sería

contrario a la política pública de sana administración de

los fondos públicos estatuida en la Ley de Municipios

Autónomos.

CC-2009-0280

22

No hemos permitido que personas privadas invoquen

remedios en equidad para recuperar sus inversiones porque

eso

violaría

el

objetivo

que

se

persigue

con

los

requisitos formales de contratación que impone la Ley de

Municipios Autónomos. Es decir, avalarlo iría en contra

del “gran interés del Estado en promover una sana y recta

administración pública, [que prevenga] el despilfarro, la

corrupción

y

el

amiguismo

en

la

contratación

gubernamental”. Las Marías v. Municipio San Juan, supra,

pág. 875. Véanse, Fernández & Gutierrez v. Mun. San Juan,

supra, pág. 832; Hatton v. Mun. de Ponce, supra, 1006;

Ocasio

v.

Alcalde

Mun.

de

Maunabo,

121

D.P.R

37,

54

(1988); Morales v. Municipio de Toa Baja, supra, pág.

693. De igual modo, no aplicar esta figura cuando quien

reclama es un municipio, estaría en contra de una sana

administración pública, al dejar en manos privadas los

fondos públicos que le fueron desembolsados en contra de

la ley. “[S]u efecto sería violentar principios de suma

importancia encarnados en la Constitución y las leyes del

país”. E.L.A. v. Cole, supra, pág. 634. Véanse, Colón

Colón v. Mun. de Arecibo, supra; Hatton v Mun. de Ponce,

supra.

Evaluada toda la doctrina anteriormente reseñada,

concluimos

que

procede

la

acción

en

cobro

de

dinero

incoada por el Municipio contra la Corporación, al amparo

de

la

figura

de

enriquecimiento

injusto.

Como

hemos

señalado en el pasado, “[l]as normas aplicables [a la

CC-2009-0280

23

contratación con los Municipios] persiguen proteger el

interés público y no a las partes contratantes”. Morales

v. Municipio de Toa Baja, supra, pág. 697. “De este modo

se logra una mayor transparencia en la administración

pública, a la vez que se promueve la estabilidad, certeza

y

credibilidad

beneficiario

en

mayor

la

es,

contratación

por

municipal.

consiguiente,

el

El

interés

público”. Las Marías v. Municipio San Juan, supra, pág.

881.

V

Por los fundamentos expuestos se revoca la sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el

caso al foro primario para procedimientos ulteriores que

sean acordes con lo resuelto aquí.

Se dictará Sentencia de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de Quebradillas

Peticionarios

v.

CC-2009-280

Corporación de Salud de Lares

Y Otros

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de

2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

integrante de la presente Sentencia, se revoca la

sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones

y se devuelve el caso al foro primario para

procedimientos ulteriores que sean acordes con lo

resuelto aquí.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez disiente sin opinión escrita.

La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no

intervino.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo