Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co.
2011 TSPR 25
Poder Judicial de Puerto Rico
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Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co.
CC-2006-1010
Derecho Laboral – Momento en que se activa la presunción de despido injustificado bajo la Ley 80 de 1976; suficiencia de la prueba para activar la presunción
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Félix A. Rivera Figueroa
Peticionario
Certiorari
v.
2011 TSPR 25
The Fuller Brush Co. o
f P.R.,
Inc.; Compañía de Seguros A, B y C;
Querellados desconocidos X y Y
180 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CC
- 2006 - 1010
Fecha: 23 de febrero de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Utuado Panel V
Juez Ponente:
Hon. Luis R. Piñero González
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Héctor L. Banchs Pascualli
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Juan M. Frontera Suau
Materia:
Despido Injustificado
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Félix A. Rivera Figueroa
Peticionario
v.
Certiorari
CC-2006-1010
The Fuller Brush Co. of P.R.,
Inc.; Compañía de Seguros A, B y
C; Querellados desconocidos X y
Y
Recurridos
Opinión
Matta.
del
Tribunal
emitida
por
la
Jueza
Asociada
señora
Fiol
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2011.
Nos corresponde determinar el momento en
que
se
activa
la
presunción
de
despido
injustificado establecida en la Ley número 80 de
30
de
mayo
de
1976,
según
enmendada,
mejor
conocida como la Ley de Despido Injustificado,
cuando
objeto
un
empleado
de
un
querellante
despido
particular,
si
una
constructivo
es
suficiente
presunción
e
mera
invertir
alega
que
fue
constructivo.
En
alegación
la
para
de
despido
activar
carga
dicha
probatoria
imponiéndole al patrono querellado el peso de
demostrar justa causa para la acción tomada.
2
CC-2006-1010
I.
El 1 de noviembre de 2004, el peticionario Félix A.
Rivera Figueroa presentó una querella al amparo de la Ley
número
80,1
(en
adelante
“Ley
80”)
contra
su
antiguo
patrono (“Fuller Brush”). Además, solicitó que el caso se
tramitara bajo el procedimiento sumario laboral provisto
por la Ley número 2 de 17 de octubre de 1961.2 En su
querella,
el
señor
Rivera
Figueroa
alegó,
entre
otras
cosas,3 que fue despedido sin justa causa como vendedor de
Fuller Brush al verse forzado a renunciar a dicho puesto en
mayo de 2004. De esa forma, alegó que fue víctima de un
despido
constructivo.
Para
sustentar
su
reclamación,
el
señor Rivera Figueroa alegó que sufrió cambios drásticos y
repentinos en el método de remuneración, que fue presionado
a renunciar como empleado para convertirse en contratista
independiente
y
rechazar
oferta
la
que
el
trato
de
que
le
convertirse
ofrecieron
en
tras
contratista
independiente fue de corte hostil. En su contestación a la
querella,
el
patrono
negó
renuncia
del
señor
Rivera
el
despido
Figueroa
y
alegó
fue
que
la
enteramente
voluntaria. En particular, alegó que los cambios en las
condiciones de trabajo del señor Rivera Figueroa no fueron
con
la
intención
de
forzarle
1
29 L.P.R.A. §§ 185a et seq.
2
32 L.P.R.A. §§ 3118 et seq.
3
alegaciones
Las
demás
consideración.
a
renunciar
y
que
no
están
ante
fueron
nuestra
3
CC-2006-1010
iguales para todos los vendedores como parte de un proceso
generalizado de cambios al interior de la compañía.
Amparándose en la presunción creada por la Ley 80 de
que todo despido es injustificado, el señor Rivera Figueroa
solicitó al Tribunal de Primera Instancia que requiriera al
patrono querellado iniciar la presentación de la prueba. El
empleado alegó que según la Ley 80, una vez presentada la
causa de acción a su amparo, se activa una presunción de
despido
injustificado
por
lo
cual
le
correspondía
al
patrono querellado ofrecer prueba para demostrar, mediante
preponderancia
de
la
evidencia,
que
el
despido
fue
justificado. Por su parte, el patrono querellado argumentó
que para activar la presunción de despido injustificado el
querellante tenía que establecer primero que su renuncia,
en efecto, equivalía a un despido constructivo.
El foro de instancia le dio la razón al patrono y
ordenó al querellante presentar su prueba. Éste se limitó a
presentar su propio testimonio durante el cual relató las
presiones
que
convertiría
recibió
en
para
contratista
firmar
un
contrato
independiente,
el
que
lo
trato
que
recibió desde que rechazó esa oferta, sobre el cual expresó
que ya “no era el mismo”, era “hostil” y le trataban “de
codo”. Testificó también sobre la eliminación beneficios,
como una cena pagada por el patrono para los vendedores, y
que ya ni un “buenos días” le ofrecían en el trabajo.4 Tras
esta
4
prueba
del
querellante,
el
patrono
solicitó
la
Transcripción del juicio en su fondo, a las páginas 2327.
4
CC-2006-1010
desestimación de la causa al amparo de la Regla 39.2(c) de
Procedimiento
Civil.
El
Tribunal
de
Primera
Instancia
declaró con lugar dicha moción y desestimó la causa de
acción. En esencia, el foro primario razonó que la prueba
no
demostró
que
la
renuncia
del
señor
Rivera
Figueroa
constituyera un despido constructivo, por lo cual no le
cobijaba la presunción establecida por la Ley 80.
Inconforme
con
esta
determinación,
el
señor
Rivera
Figueroa acudió, oportunamente, al Tribunal de Apelaciones,
alegando que el Tribunal de Primera Instancia había errado
al ordenarle a desfilar su prueba antes que la del patrono.
Sostuvo que la presunción que crea la Ley 80 se activa con
la presentación misma de la querella y que por ello era el
patrono quien tenía que iniciar el desfile de prueba para
derrotar la presunción de que se trató de un despido sin
justa causa. El foro apelativo confirmó la decisión del
Tribunal de Primera Instancia, razonando que “[s]i bien es
cierto
que
el
patrono
viene
obligado
a
alegar
en
su
contestación a la demanda los hechos que dieron lugar al
despido, el empleado que alega un despido constructivo debe
primero formular de forma clara y precisa los actos que
alegadamente motivaron su renuncia y además, demostrar la
magnitud
de
alternativa
los
alegados
razonable
era
vejámenes
renunciar”.5
y
que
El
la
única
Tribunal
Apelaciones concluyó que “[s]olo entonces al
de
patrono le
corresponde presentar sus alegaciones en oposición” y que
5
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pp. 7-8.
5
CC-2006-1010
la “renuncia per se no activa una presunción de despido
injustificado”.6 Sostuvo, además, que la desestimación al
amparo de la Regla 39.2(c) estaba basada en la prueba y,
por tanto, no erró el Tribunal de Primera Instancia al
desestimar la causa.
Inconforme aún, el señor Rivera Figueroa recurrió ante
este Tribunal mediante una oportuna petición de certiorari.
Como único error, planteó que ambos tribunales inferiores
incidieron al sostener que le correspondía al querellante
el
desfile
inicial
de
la
prueba,
toda
vez
que
en
una
reclamación presentada al amparo de la Ley 80, el patrono
querellado viene obligado a presentar la prueba inicial que
establezca que el despido fue justificado. Expedimos el
auto de certiorari y, con el beneficio de la comparecencia
de las partes, estamos en posición de resolver.
II.
Hemos reiterado la importancia del derecho al trabajo
en nuestra sociedad en muchas ocasiones, más recientemente
en
Domínguez
Castro
v.
E.L.A.7
En
efecto,
la
política
pública establecida en nuestra legislación laboral reconoce
que el trabajo es un elemento central de nuestra vida en
sociedad.
Es
así,
individual
en
la
6
7
tanto
vida
por
diaria
lo
de
que
significa
decenas
de
a
nivel
miles
de
Íd., p. 8.
177 D.P.R. ___ (2010), 2010 T.S.P.R. 11, p. 82. Véase
además Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 421
(1983).
6
CC-2006-1010
puertorriqueños y puertorriqueñas, como por el beneficio
colectivo
que
se
genera
cuando
a
través
del
esfuerzo
ofrecemos calidad de vida a nuestro pueblo y desarrollo
social y económico para nuestro país.8 Además, como señaló
el
Juez
Asociado
Fuster
concurrente
en
Arthur
medida
que
“la
en
autorealiza”,
el
en
su
opinión
Co.
v.
Vega
III,9
en
la
aporta
al
bien
común
y
se
adquiere
un
hondo
significado
Young
persona
trabajo
Berlingeri
&
ético.
De las 20 secciones que componen el Artículo II de
nuestra
Constitución,
cinco
de
ellas
se
refieren
directamente a derechos relacionados al trabajo.10 Se trata
de un reconocimiento por la generación constituyente de la
inherente desigualdad que caracteriza la relación obreropatronal, en donde el patrono, por su capacidad económica,
posee mayor poder que el trabajador individual que necesita
8
Charles Zeno Santiago & Víctor M. Bermúdez Pérez, Tratado
de Derecho del Trabajo, T. I, J.T.S. (2003), p. 1.
9
10
136 D.P.R. 157, 189 (1994).
Sección
12
y
la
prohibición
de
la
servidumbre
involuntaria; sección 15 y la prohibición de emplear a
menores de 14 años. La sección 16 recoge múltiples derechos
laborales: el derecho de todo trabajador o trabajadora de
escoger libremente su ocupación y renunciar a ella, igual
paga
por
igual
trabajo,
salario
mínimo
razonable,
protección contra riesgos para la salud e integridad
personal y jornada que no exceda las ocho horas diarias.
Por su parte, las secciones 17 y 18 reconocen el derecho a
organizarse y negociar colectivamente, y a realizar huelgas
y actividades concertadas. Por su parte, la frustrada
sección 20 reconocía el derecho de toda persona a obtener
trabajo. Sobre este derecho en particular, hemos expresado
que el mismo “late entre aquellos derechos que, aunque no
se mencionan expresamente en el texto, el pueblo se reserva
frente al poder político creado”. Amy v. Adm. Deporte
Hípico, supra, p. 421.
7
CC-2006-1010
de su empleo para sobrevivir. Por eso, los aspectos de la
relación obrero-patronal que gozan de rango constitucional
están diseñados para la protección de los derechos de los
trabajadores.
En el caso particular de la terminación de la relación
obrero-patronal,
caso,
es
que
es
lo
que
debemos
significativa
la
decisión
atender
de
la
en
este
Convención
Constituyente de elevar a rango constitucional el derecho
del trabajador o trabajadora a renunciar libremente a su
empleo, pero no así el derecho de un patrono a despedir a
un trabajador.11 Según reconocimos en García v. Aljoma,12
“[a]l
proponer
Comisión
de
los
Cartas
derechos
de
[sic]
Derechos
de
los
trabajadores,
de
la
la
Asamblea
Constituyente señaló la alta dignidad del esfuerzo humano y
recalcó que el énfasis de los derechos propuestos recaía en
aquel
grueso
de
la
clase
trabajadora
que
por
razón
de
especial desvalimiento históricamente ha necesitado, aunque
no siempre ha recibido, protección social”.13
A
partir
de
este
reconocimiento
de
la
generación
constituyente a los derechos de los trabajadores como uno
de los ejes centrales de nuestra vida constitucional, la
legislación se ha ocupado de establecer un balance en la
11
Sección 16, Artículo II, Constitución de Puerto Rico.
12
162 D.P.R., 572, 587-588 (2004).
13
Citando a 4 Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente de Puerto Rico, 2573 (1951). Véase Luis H.
Sánchez Caso, Reflexiones sobre la Responsabilidad Civil de
los oficiales y gerenciales en reclamaciones de despido o
discrimen, 34 Rev. Jur. U.I.P.R. 183, 190, 193 (2000).
8
CC-2006-1010
relación
entre
el
trabajador
y
patrono.14
el
De
igual
manera, nuestra jurisprudencia ha reconocido este legado
constitucional
y
Recientemente,
su
en
desarrollo
estatutario
posterior.15
Orsini
Srio.
Hacienda,16
v.
de
reconocimos que en la dinámica obrero-patrono el trabajador
es aún la parte más débil y que por ello, “el Estado se ha
encargado de aprobar una variedad de leyes protectoras del
trabajo cuya finalidad es proteger el empleo, regular el
contrato de trabajo y asegurar la salud y seguridad del
obrero”.
No
hay
duda,
pues,
que
nuestro
ordenamiento
laboral está orientado a la protección de los trabajadores
y evitar las prácticas injustas del trabajo.17
III.
A.
El
derecho
principal
tomamos
derecho
en
estatutarias
derecho
al
mismo
empleo,
que
es,
laboral,
cobra
mayor
cuenta
que
muchas
de
no
tendrían
sentido
si
a
preservar
un
empleo
evidentemente,
importancia
las
no
ante
el
si
protecciones
se
protege
una
el
actuación
caprichosa e irrazonable por parte de un patrono. Así lo
14
Zeno Santiago & Bermúdez Pérez, Op. Cit, p. 51.
15
García v. Aljoma, supra, p. 583.
16
177 D.P.R. ___ (2009), 2009 T.S.P.R. 190, pp. 15-16.
17
Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 688 (2004); Díaz v.
Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 374 (2001). Véase
además Charles Zeno Santiago, El despido y la política
social en nuestro Estado de Derecho, 34 Rev. Jur. U.I.P.R.
213 (2000).
9
CC-2006-1010
reconocimos en Orsini v. Srio. de Hacienda, supra, pp. 2122, al expresar que “[e]sta política pública, dirigida a
desalentar los despidos injustificados, se sustenta en que
sin
la
protección
derechos
del
laborales,
empleo
que
por
no
son
necesarios
definición
otros
requieren
una
relación de trabajo y claro, en que el trabajo tiene una
función social trascendental tanto en el ámbito individual
como en el colectivo”.
La
doctrina
del
employment
at
will,
que
daba
al
patrono libertad para contratar y despedir a un empleado
con o sin justa causa, sin mediar indemnización, es ajena a
nuestro
esquema
aunque
el
constitucional
tema
de
la
y
estatutario.
indemnización
Por
por
eso,
despido
injustificado todavía “es objeto de efervescencia judicial
en
los
Estados
Unidos,
donde
múltiples
tribunales
han
rechazado la tradicional doctrina de employment at will”,18
en Puerto Rico tenemos una larga tradición que es contraria
a esa doctrina.19
Sin
embargo,
nuestro
ordenamiento
estatutario
no
prohíbe absolutamente el despido de un empleado. Más bien,
castiga
el
enmendada,
despido
mejor
sin
justa
conocida
causa.
como
la
La
Ley
Ley
80,
de
según
Despido
Injustificado, regula las circunstancias en que un patrono
privado puede despedir a un empleado. Esta Ley, a su vez,
18
J. Salicrup, Ariel Arroyo v. Rattan Specialties: ¿Aplican
en Puerto Rico las excepciones a la doctrina de “employment
at will”?, 21 Rev. Jur. U.I.P.R. 367 (1987).
19
Arroyo v. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35, 65 (1986).
10
CC-2006-1010
es producto de un desarrollo estatutario previo que, más
que
constituir
una
excepción
a
la
llamada
doctrina
del
employment at will, se encamina por una senda totalmente
distinta.20
En
su
artículo
1,
la
Ley
80
establece
que
toda
persona que sea empleado de comercio, industria o cualquier
otro negocio o sitio de empleo, que sea contratada sin
tiempo
determinado
y
trabaje
mediante
remuneración
de
alguna clase, que fuere despedido de su cargo sin que haya
mediado una causa justa, tendrá derecho a recibir de su
patrono una indemnización, además del sueldo que hubiere
devengado. Esta compensación se conoce como la mesada y su
cuantía
dependerá
del
tiempo
que
el
empleado
ocupó
su
puesto y del sueldo que devengaba.21
La Ley articula los supuestos que constituyen justa
causa para el despido en su artículo 2.22 Por eso, como
regla general, todo despido es injustificado al menos que
responda a las excepciones provistas en la propia Ley 80.
Será justa causa para el despido: (1) que el obrero siga un
patrón
de
conducta
impropia
o
desordenada;
(2)
que
el
empleado no rinda su trabajo en forma eficiente o lo haga
tardía y negligentemente o en violación de las normas de
calidad
del
producto
20
que
se
produce
o
maneja
por
el
Véase, por ejemplo, la Ley número 50 de 20 de abril de
1949, 29 L.P.R.A. §§ 183-185 (derogadas).
21
29 L.P.R.A. § 185a.
22
29 L.P.R.A. § 185b.
11
CC-2006-1010
establecimiento; (3) que el empleado viole reiteradamente
las reglas y reglamentos razonables establecidos para el
funcionamiento del establecimiento, siempre que se le haya
suministrado oportunamente copia escrita de los mismos; (4)
que
surja
el
cierre
total,
temporero
o
parcial
de
las
operaciones del establecimiento; (5) que sucedan cambios
tecnológicos o de reorganización, cambios de estilo, diseño
o naturaleza del producto que se produce o maneja por el
establecimiento
y
público;
que
o
(6)
cambios
se
en
los
requieran
servicios
rendidos
reducciones
en
al
empleo
debido a una reducción en el volumen de producción, ventas
o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el
despido. Un despido que tenga lugar en otras circunstancias
será
injustificado
y
se
compensará
con
el
pago
de
la
mesada. Es decir, la Ley 80 aplica a aquellos empleados de
comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de
empleo que: (1) estén contratados sin tiempo determinado;
(2) reciban una remuneración; y (3) sean despedidos de su
cargo, sin que haya mediado justa causa.23
La
Ley
80
es,
indudablemente,
una
legislación
reparadora y, como tal, venimos obligados a interpretarla
liberalmente
a
favor
de
los
derechos
del
trabajador,
resolviendo toda duda a favor del obrero, para cumplir con
sus propósitos eminentemente sociales y reparadores.24 Ahora
23
Orsini v. Srio. Hacienda, supra, p. 19; Zeno Santiago &
Bermúdez Péres, Op. Cit, p. 98. (Énfasis suplido).
24
Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155,
164 (2000); Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215, 232 (1998).
12
CC-2006-1010
bien, también tiene una función coercitiva y un objetivo
desalentador contra el capricho patronal.25 En Jusino v.
Walgreens,26 explicamos que “[l]a Ley 80 tiene un valioso
propósito social y coercitivo, a saber, sancionar que un
patrono
despida
a
su
demuestre
una
causa
empleado
o
justificada
empleada
para
ello.
salvo
que
En
otras
palabras, tiene el propósito de brindarle mayor protección
a los trabajadores de Puerto Rico”.27 Nuestra jurisprudencia
interpretativa
ha
sido
consistente
en
ofrecer
la
mayor
protección al trabajador cuando éste es objeto del capricho
o
abuso
patronal.
Por
eso
recalcamos
recientemente
las
protecciones de la Ley número 80 son irrenunciables.28
C.
La Ley 80 crea una presunción de que todo despido es
injustificado y que le corresponde al patrono, mediante
preponderancia de la prueba, demostrar lo contrario, es
La Exposición de Motivos de la Ley 80 hace hincapié en la
intención de sustituir una protección laboral que califica
como “inadecuada e ineficaz, especialmente por lo limitado
del remedio que ofrece un empleado que fuese víctima de un
despido injustificado”. Leyes de Puerto Rico, 1976, p. 268.
(Énfasis suplido).
25
Vélez Cortés v. Baxter,
T.S.P.R. 110, p. 12.
179
D.P.R.
26
155 D.P.R. 560, 571 (2001).
27
(Énfasis suplido).
28
Vélez Cortés v. Baxter, supra, p. 13.
___
(2010),
2010
13
CC-2006-1010
decir, que hubo justa causa.29 De esa forma, el peso de la
prueba para establecer que el despido fue justificado, una
vez
activada
criterio,
la
como
presunción,
en
recae
cualquier
en
proceso
el
patrono
civil,
es
y
el
el
de
preponderancia de la prueba.30
Pero, para disfrutar de la presunción generada por la
Ley 80 hace falta, como elemento de umbral, que haya habido
un despido. El empleado tiene que demostrar que cumple los
requisitos de la causa de acción: que fue empleado de un
comercio, industria u otro negocio; que su contrato era por
tiempo
indeterminado;
que
recibía
remuneración
por
su
trabajo y que fue despedido de su puesto.
Para propósitos de la Ley 80, esta condición de ser
despedido
no
está
limitada
por
la
definición
usual
del
término „despido‟.31 Más bien, la definición de la Ley 80 es
bastante amplia, pues abarca, no sólo la acción unilateral
del
patrono
acciones
dirigida
dirigidas
a
a
cesantear
inducirlo
o
al
empleado,
forzarlo
a
sino
las
renunciar,
tales como imponerle o intentar imponerle condiciones de
trabajo más onerosas, reducirle el salario, rebajarlo en
categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones de hecho
29
29 L.P.R.A. § 185a; Rivera v. Pan Pepín, supra, p. 670;
Belk v. Martínez, supra, pp. 230-231; Báez García v. Cooper
Labs., Inc., 120 D.P.R. 145, 152 (1987).
30
Orsini v. Srio de Hacienda, supra, n. 95; Díaz v. Wyndham
Hotel Corp., supra, p. 378.
31
Hemos dicho que el despido es la ruptura unilateral, que
hace el patrono, del contrato individual de trabajo
celebrado con uno o varios trabajadores. Díaz v. Wyndham
Hotel Corp., supra, p. 374; Zeno Santiago, Op. Cit., p.
214.
14
CC-2006-1010
o de palabra.32 A esta última modalidad de despido se le
conoce como despido constructivo o tácito.33
En el despido constructivo, al empleado se le obliga a
renunciar mediante la imposición de condiciones onerosas.34
Cabe señalar que este Tribunal reconoció esta modalidad de
despido
aún
antes
de
la
vigencia
de
la
Ley
80
cuando
resolvimos que aquellos “actos voluntarios e injustificados
de un patrono encaminados a obligar al empleado a dejar su
cargo, constituyen un despido cuando la única alternativa
razonable
que
queda
al
empleado
es
la
de
abandonar
el
cargo”.35 Claro está, no basta con cualquier molestia o
condición antipática en el empleo, y cuando se trate de
vejámenes
y
humillaciones,
estos
deben
ser
de
magnitud
sustancial.36 Tampoco se determina la magnitud y efecto de
los actos patronales con referencia a la visión subjetiva
del empleado individual; más bien, se utiliza un criterio
objetivo, al examinar si una persona razonable se sentiría
32
29 L.P.R.A. § 185e. Estos ejemplos ofrecidos por la
propia Ley de lo que constituye despido constructivo no son
taxativos.
33
Esta modalidad de despido estaba contemplada en la Ley
número 50 de 20 de abril de 1949. Véase Zeno Santiago, Op.
Cit., p. 217; Zeno Santiago & Bermúdez Pérez, Op. Cit., p.
99.
34
Zeno Santiago, Op. Cit., p. 215.
35
Vélez de Reilova v. R. Palmer Bros., Inc., 94 D.P.R. 175,
178 (1967).
36
Acevedo Colom, Op. Cit., p. 165; Arthur Young & Co. v.
Vega III, supra, p. 184.
15
CC-2006-1010
forzada
a
renunciar
como
resultado
de
las
acciones
del
patrono.37
Como
hemos
visto,
la
definición
de
despido
constructivo de la Ley 80, según la cual será considerada
como despido constructivo la renuncia del empleo motivada
por actuaciones del patrono dirigidas a inducir o forzar al
empleado a renunciar, recoge el desarrollo jurisprudencial
de este concepto hasta la fecha en que fue aprobada la Ley.
Después
de
su
aprobación,
nuestra
jurisprudencia
ha
preservado los elementos esenciales de despido constructivo
que delineamos en Vélez de Reilova v. R. Palmer Bros.,
Inc.38 En Arthur Young & Co. v. Vega III, establecimos que
“para
que
los
actos
voluntarios
e
injustificados
del
patrono constituyan un despido implícito para fines de la
Ley Núm. 80, supra, es preciso que el empleado pruebe que
la
única
alternativa
razonable
que
le
quedaba
era
el
abandono de su cargo”.39 Es decir, no basta con una mera
alegación de que la renuncia fue un despido constructivo.
Como parte de la causa de acción al amparo de la Ley 80,
hace falta demostrar el hecho base del despido, sea directo
o en su modalidad constructiva o tácita.
37
Zeno Santiago, Op. Cit., p. 217.
38
Véase Malavé v. Oriental, 167 D.P.R. 592 (2006); Nazario
v. E.L.A., 159 D.P.R. 799 (2003 Sentencia). En Hernández v.
TOLIC, 151 D.P.R. 754, 777 (2000), caso de despido
constructivo en una reclamación al amparo de la Ley número
100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. §§ 146 et seq, se
usó el concepto de despido constructivo contemplado en la
Ley 80.
39
Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, p. 183. (Énfasis
suplido).
16
CC-2006-1010
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos aprobó
una guía interna sobre la Ley 80 que detalla los elementos
del despido constructivo y las presunciones creadas por
dicha Ley.40 En cuanto al despido constructivo, la Guía
expresa
nivel
que
de
las
“acciones
seriedad
del
patrono
considerable.
deben
Simples
exhibir
mal
un
entendidos
[sic] o situaciones antipáticas que no tienen el efecto de
crearle
al
empelado
un
ambiente
de
trabajo
que
resulte
intimidante, hostil y ofensivo no conllevan […] un despido
constructivo”.41
actuaciones
Por
el
patronales
contrario,
debe
“arbitrarias,
tratarse
de
irrazonables
y
caprichosas que generen una atmósfera hostil para el obrero
que impidan del todo su sana estadía en el trabajo y que
sean originadas por un motivo ajeno al legítimo interés de
salvaguardar
el
administrativas
bienestar
legítimas,
de
la
empresa.
realizadas
con
Gestiones
el
único
propósito de salvaguardar el bienestar de la empresa, no
dan lugar a un despido constructivo si la intención del
patrono al realizar las mismas no era la de lesionar la
condición de empleado del trabajador”.42 Por su parte, la
doctrina en los Estados Unidos en cuanto al concepto de
despido constructivo es muy similar a la puertorriqueña.43
40
Guía revisada para la interpretación y aplicación de la
Ley Núm. 80, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
(1996).
41
Íd., p. 22.
42
Íd., p. 23.
43
Véase Zeno Santiago, Op. Cit., p. 248.
17
CC-2006-1010
IV.
Como
hemos
visto,
una
de
las
herramientas
más
importantes que crea la Ley 80 es la presunción de que todo
despido es injustificado. En efecto, el peticionario basa
su solicitud en esta presunción. Para comprender el alcance
de la presunción de despido injustificado y determinar su
aplicación en este caso, veamos primeramente la figura de
la presunción, su relación con las cargas probativas en los
casos civiles y su manifestación en controversias sobre el
derecho de empleo.
A.
Una presunción es una deducción de un hecho que la ley
autoriza a hacer o requiere que se haga a partir de otro
hecho o grupo de hechos previamente establecidos. A ese
hecho o grupo de hechos previamente establecidos se les
denomina
hecho
presunción,
se
básico
le
y
al
hecho
deducido
mediante
denomina
hecho
presumido.44
El
la
debido
proceso de ley exige que haya un vínculo racional entre el
hecho básico y el hecho presumido, que, como indica el
profesor Chiesa Aponte, puede surgir de la lógica, de la
experiencia
o
de
cierta
política
pública.45
En
otras
palabras, las presunciones no se activan solas: “Las reglas
44
Regla 301(a) de las Reglas de Evidencia de 2009, 32
L.P.R.A. Ap. VI R. 301(a). Esta Regla es análoga a la Regla
13(a) de 1983.
45
Ernesto Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico
2009, J.T.S. (2009), p. 109. Véase además Díaz v. Wyndham,
supra, p. 385.
18
CC-2006-1010
de
inferencia
se
activan
si
el
juzgador
[o
juzgadora]
estima que la evidencia ha establecido el hecho básico, al
menos como lo más probable”.46
En una acción civil, el efecto de una presunción es
imponerle a la parte que niega el hecho presumido el peso
de probar su inexistencia. Si la parte contra la cual se
establece la presunción no ofrece prueba para demostrar la
inexistencia
del
hecho
presumido,
la
juzgadora
o
el
juzgador debe aceptar que el hecho existe. Sin embargo, si
se
presenta
hecho,
ésta
juzga
que
prueba
debe
es
en
ser
más
apoyo
de
suficiente
probable
la
la
inexistencia
para
persuadir
inexistencia
de
tal
a
quien
del
hecho
presumido que su inexistencia.47 Es decir, una vez activada
la presunción ordenada por ley, la parte contra quien se
emplea tiene el deber de presentar prueba para rebatir la
presunción y dicha evidencia debe, además, persuadir al
juzgador. De lo contrario, el hecho presumido sobrevive. A
ello nos referimos cuando caracterizamos las presunciones
en el área civil como fuertes. Como nos dice el profesor
Chiesa Aponte, “[n]o se trata sólo de la carga de presentar
evidencia, sino también de que la evidencia sea de tal
calidad que persuada al juzgador [o juzgadora] de que lo
más probable es la falsedad del hecho presumido”.48
46
Chiesa
suplido).
Aponte,
Reglas,
Op.Cit.,
p.
110.
(Énfasis
47
Regla 302 de Evidencia de 2009. 32 L.P.R.A. Ap. VI R 302.
48
Chiesa Aponte, Reglas, Op. Cit., p. 110.
19
CC-2006-1010
Nuestra
jurisprudencia
ha
recogido
estos
principios
fundamentales. Hemos resuelto que la mera alegación de un
hecho
básico,
sin
haberlo
establecido
debidamente,
no
activa una presunción que permita la inferencia de un hecho
presumido.49 Un demandante tiene la obligación de aportar
prueba que establezca los hechos básicos que den lugar a la
presunción.50 De otra manera, no sería posible ni razonable
exigirle al demandado que derrote una presunción sostenida
solamente por una alegación.51 De esa forma, la validez de
la presunción dependerá inexorablemente de la existencia de
unos
hechos
básicos
debidamente
probados
y
su
relación
racional con el hecho presumido.52
Para que un obrero demandante en un pleito al amparo
de la Ley 80 pueda valerse de la presunción fuerte de que
su despido fue injustificado, tiene que presentar prueba
demostrativa de que, en efecto, fue despedido. En caso de
que alegue un despido constructivo, el trabajador tiene que
demostrar que las circunstancias de su renuncia cumplen con
los requisitos que establece nuestro ordenamiento para esa
conclusión.
La
presunción
establece
la
Ley
80
no
persuadir
al
juzgador
o
de
despido
se
activa
juzgadora
de
injustificado
hasta
ese
tanto
hecho
que
logre
básico,
49
McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113, 141
(1989).
50
Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, p. 386.
51
Íd.
52
Alberty v. Bco. Gub. De Fomento, 149 D.P.R. 655, 667
(1999, Op. Concurrente Negrón García).
20
CC-2006-1010
entiéndase, de que su renuncia fue en realidad un despido
tácito.53
Debemos puntualizar que lo anterior no despoja a un
trabajador
demandante
de
la
presunción
de
despido
injustificado que establece la Ley 80. Además, cuando la
presunción se suscita en un pleito que trata sobre los
derechos de los trabajadores hay que tomar en cuenta la
política
pública
presunciones
como
incorporada
las
de
en
despido
la
ley.
Por
injustificado
eso,
“están
investidas de tan alto interés público [que] sólo pueden
derrotarse por prueba que sea amplia y vigorosa”.54 De esa
forma, el patrono demandado siempre tendrá el peso de la
prueba en cuanto la justificación del despido. Si se logra
activar
la
presunción
y
la
evidencia
que
presenta
el
patrono no la derrota, la presunción sobrevive y prevalece
el obrero. Pero, para establecer el hecho base que da vida
a la presunción, el trabajador tiene que probarlo al amparo
de la citada Regla 110. Solamente tiene el
peso de la
prueba en cuanto al establecimiento del hecho básico. En lo
demás, entiéndase la disposición final del pleito una vez
se
activa
la
presunción,
la
carga
probatoria
es
del
patrono. Como nos dice el profesor Chiesa Aponte, “[p]or
efecto de presunciones, la parte que tiene el peso de la
prueba
podría
no
tener
la
obligación
de
presentar
53
Para demostrar este hecho base, bastará con cumplir con
las exigencias de la Regla 110 de Evidencia de 2009. 32
L.P.R.A. Ap. VI R. 110.
54
Sandoval v. Caribe Hilton, 149 D.P.R. 582 (1999, Opinión
de Conformidad Fuster Berlingeri).
21
CC-2006-1010
evidencia”.55 En el ámbito de una causa de acción al amparo
de
la
Ley
80,
controversia
esto
sobre
significa
la
que,
en
cuanto
a
la
justificación
del
despido,
el
empleado cobijado por la presunción podría prevalecer en el
pleito
sin
obstante,
tiene
que
más
para
evidencia
activar
presentar
que
dicha
la
misma
presunción.
presunción,
inicialmente
alguna
para
No
prueba
demostrar
la
existencia del hecho base que la justifica.56
B.
Como
regla
general,
el
peso
de
la
prueba
en
toda
acción civil recae sobre la parte demandante. El estándar
aplicable
de
preponderancia.57
suficiencia
de
prueba
Ahora
como
nos
bien,
será
dice
el
el
de
profesor
Emmanuelli Jiménez, “[c]uando se menciona el peso de la
prueba en una acción judicial, se está refiriendo a la
obligación de convencer al juzgador [o juzgadora] sobre la
forma
55
particular
en
que
ocurrieron
los
hechos
que
se
Chiesa Aponte, Reglas, Op. Cit., p. 98.
56
La casuística federal estadounidense está en sintonía con
este esquema. En Johnson v. Shalala, 991 F. 2d 126 (4th
Cir. 1993), el Tribunal de Apelaciones federal se enfrentó
a un caso donde se alegaba despido constructivo. Al
desestimar la acción, sostuvo que no se presentó evidencia
suficiente para establecer que la renuncia fue, en efecto,
un
despido
constructivo.
En
Rivera
v.
DHL
Global
Forwarding, 536 F. Supp. 2d 148 (2008), el Tribunal de
Distrito federal sostuvo que el demandante no logró probar
ni demostrar que las condiciones de empleo eran de tal
magnitud que equipararan su renuncia a un despido tácito.
57
Regla 110(f) de Evidencia.
22
CC-2006-1010
alegan”.58
Por
eso,
los
temas
de
carga
de
prueba
y
presunciones son inseparables.59
Como vimos, una vez probados los hechos que dan base a
la
activación
de
la
presunción,
cambia
el
peso
de
la
prueba, de manera que la otra parte tiene la obligación de
persuadir al juzgador o a la juzgadora sobre lo contrario.60
Esto, nos dice Emmanuelli Jiménez, “puede llevar al caso de
que un demandante, quien generalmente tiene el peso de la
prueba
en
una
acción
civil,
sólo
tenga
que
probar
los
hechos básicos de una presunción y después descanse en ella
para establecer la totalidad de la reclamación.”61 A igual
conclusión
llega
manifiesta
que
probatorias.
el
“[l]as
Aunque
profesor
Chiesa
presunciones
inicialmente
las
Aponte
afectan
cargas
las
cuando
cargas
probatorias
están en una misma parte, esto puede cambiar por efecto de
presunciones”.62 Es decir, si un demandante logra activar
una presunción que le favorezca puede prevalecer contra un
58
Rolando Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho
Probatorio Puertorriqueño, 2010, p. 121. El autor también
sostiene que es importante tener en mente que las
presunciones tiene un efecto muy importante en el peso de
la prueba. Íd.
59
Chiesa Aponte, Tratado,
Wyndham, supra, p. 385.
60
Op.
Cit.,
Emmanuelli Jiménez, Prontuario de
Puertorriqueño, Op.Cit., pp. 121.-122.
61
62
p.
1088;
Derecho
Díaz
v.
Probatorio
Íd.
Chiesa Aponte, Tratado, Op. Cit., p. 1095; Díaz v.
Wyndham Hotel Corp., supra, p. 385. En su Tratado de
Derecho Probatorio, el profesor Chiesa Aponte menciona como
ejemplo de esto la presunción establecida por la Ley 80.
Íd., p. 1114.
23
CC-2006-1010
demandado que presente prueba para refutarla. Ello, aunque
el
demandante
no
presente
más
prueba
que
la
que
fue
necesaria para activar la presunción. Si la prueba ofrecida
por
el
demandado
no
derrota
la
presunción
mediante
preponderancia de la evidencia, la presunción se sostiene y
el demandante triunfará en su causa de acción. A ello nos
referimos cuando afirmamos que “[e]n nuestra jurisdicción
las
presunciones
tienen
el
efecto
de
transferir
al
demandado el peso de producir evidencia y, además, el de
persuadir al juzgador”.63
C.
La Ley 80 no es el único esquema estatutario laboral
que genera una presunción contra el patrono e invierte el
peso de la prueba en su contra. Lo mismo sucede con la Ley
100, que prohíbe el discrimen en el empleo, y crea una
presunción
de
despido
discriminatorio
si
el
empleado
querellante logra establecer un caso prima facie con los
elementos requeridos por la ley, entre éstos el despido o
acto perjudicial y la ausencia de justa causa, elementos
que hemos equiparado a los términos homólogos de la Ley
80.64 También hemos resuelto que, al igual que bajo la Ley
80, una vez establecido el caso prima facie, se invierte el
peso de la prueba y le corresponde al patrono demandado
demostrar que no están presentes los elementos requeridos
63
Belk v. Martínez, supra, p. 231. (Énfasis suplido).
64
Hernández v. TOLIC, supra.
24
CC-2006-1010
por
ley,
mediante
normativa
preponderancia
evidenciaría,
P.R.,
Inc.,65
Molinos
de
patrono
demandado,
por
como
la
evidencia.
explicamos
“tiene
su
de
como
en
Ibáñez
fundamento
posición
más
Esta
que
v.
el
ventajosa,
generalmente tiene mayor acceso a la evidencia del despido
y
puede
probar
la
ausencia
del
discrimen
con
relativa
facilidad”.66 A una conclusión similar llegamos en Belk v.
Martínez, supra, p. 231. Allí dijimos que “una vez que el
empleado establece las circunstancias esenciales para que
el juzgador pueda asumir el hecho presumido –que el despido
o
acción
perjudicial
se
realizó
sin
justa
causa-
se
invierte la carga probatoria”. Como puede observarse, parte
del caso prima facie es, precisamente, demostrar el despido
o acto perjudicial y no meramente alegarlo.67
65
114 D.P.R. 42 (1983).
66
Íd., pp. 49-50.
67
Hernández v. TOLIC, supra, pp. 774-775. En cuanto al
elemento base del despido, la Guía del Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos expone: “De negar el patrono la
existencia de la relación empleado-patrono o de negar el
despido, el empleado tiene la obligación inicial de probar
esto. A esos efectos, debe prestar evidencia admisible que
acredite la existencia de la relación empleado-patrono o la
existencia del despido. Probado estos hechos, entonces se
invierte el peso de la prueba hacia el patrono el cual
tiene la obligación de establecer que el despido es uno
justificado”. Guía revisada, Op. Cit., p. 49. Esto aplica
igualmente a una causa de acción por despido constructivo
que “sólo procede en aquellas instancias donde la prueba
demuestra mediante inferencia razonable que la única
alternativa del empleado es dejar su puesto”. Zeno
Santiago, Op. Cit., p. 219. (Énfasis suplido).
25
CC-2006-1010
V.
La
Regla
39.2(c)
de
Procedimiento
Civil
regula
la
desestimación de un caso por insuficiencia de prueba de la
siguiente manera:
Después
que
la
parte
demandante
haya
terminado la presentación de su prueba, la parte
demandada, sin renunciar a su derecho de ofrecer
prueba en caso de que la moción sea declarada
„sin lugar‟, podrá solicitar la desestimación
fundándose en que bajo los hechos hasta ese
momentos probados y la ley, la parte demandante
no tiene derecho a la concesión de remedio
alguno. El tribunal podrá entonces determinar los
hechos y dictar sentencia contra la parte
demandante, o podrá negarse a dictar sentencia
hasta que toda la prueba haya sido presentada.68
En una moción al amparo de la Regla 39.2(c), conocida
como una moción contra la prueba o non-suit, el tribunal
está autorizado, luego de la presentación de prueba por
parte del demandante, a aquilatar la misma y a formular su
apreciación de los hechos, según la credibilidad que le
haya
merecido
la
evidencia.
Pero
esa
facultad
debe
ejercitarse después de un escrutinio sereno y cuidadoso de
la prueba.69 En caso de duda, debe requerirse al demandado
que presente su caso.70 En ese momento, le corresponde al
tribunal determinar si la prueba presentada por la parte
68
32 L.P.R.A. Ap. V 39.2(c).
69
Romero Arroyo y Otros v. E.L.A., 139 D.P.R. 576, 579
(1995).
70
Roselló Cruz v. García, 116 D.P.R. 511, 520 (1985).
26
CC-2006-1010
demandante es suficiente por sí misma para satisfacer los
requisitos de su particular causa de acción.
Dado que la desestimación bajo la Regla 39.2(c) se da
contra la prueba, la decisión del tribunal dependerá de su
apreciación de la evidencia presentada. Es norma conocida
en nuestra jurisdicción que los tribunales apelativos no
intervendremos con la apreciación de la prueba hecha por
los foros de instancia en ausencia de pasión, prejuicio,
parcialidad
o
error
manifiesto.71
Sin
embargo,
ello
no
significa que haya inmunidad frente a la función revisora
de los tribunales apelativos.72 Además, dada la gravedad de
una desestimación de la causa de acción, los tribunales
deben ser cuidadosos al atender una moción al amparo de la
Regla 39.2(c) pues conlleva el final de la reclamación de
un
demandante
y
de
su
día
en
corte.
Se
trata
de
una
decisión que descansa en la sana discreción del tribunal.73
VI.
En el caso de autos, el señor Rivera Figueroa entabló
una demanda al amparo de la Ley 80 alegando que fue víctima
de un despido en su modalidad constructiva. Sostuvo que la
mera presentación de la demanda al amparo de dicha Ley
activaba la presunción de despido injustificado que ésta
71
Monillor v. Soc. de Gananciales, 138 D.P.R. 600, 610
(1995).
72
Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26, 36 (1996).
73
Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 83 (1966).
27
CC-2006-1010
provee
por
lo
que
le
correspondía
al
patrono
demandado
iniciar la presentación de la prueba. No tiene razón.
En primer lugar, para que un empleado demandante pueda
aprovecharse de la presunción de despido injustificado que
provee
la
Ley
80
tiene
que
demostrar,
con
prueba
suficiente, el hecho base que da vida a la presunción: el
despido. La Ley 80 no provee una presunción de que todo
empleado que ya no trabaja en su antiguo lugar de trabajo
fue
despedido
y
que
dicho
despido
fue
injustificado.
Tampoco provee para que la mera presentación de una causa
de acción bajo la Ley o una alegación de que la renuncia
fue,
realmente,
un
despido
constructivo,
sea
suficiente
para revertir el peso de la prueba. El empleado demandante
tiene el peso de la prueba inicial de demostrar al tribunal
que, en efecto, ha ocurrido un despido. El peso inicial de
la prueba en un caso al amparo de la Ley 80 le impone al
empleado demandante la carga de establecer el hecho base,
ya sea la cesantía, la suspensión mayor de tres meses o la
renuncia equivalente a despido constructivo, que active la
presunción de despido injustificado. Una vez activada la
presunción de despido injustificado, el peso de la prueba
se invierte y le corresponde al patrono demandado derrotar
la misma. Si el patrono acepta el despido o si el empleado
logra establecerlo en su turno inicial, le corresponde al
patrono presentar su prueba.
Si se alega un despido en su modalidad constructiva,
tiene que demostrarse al tribunal que la renuncia fue la
28
CC-2006-1010
única alternativa razonable que tenía el empleado ante las
condiciones de trabajo onerosas impuestas por su patrono
con
el
propósito
tanto,
hasta
de
que
inducir
no
o
forzar
demuestre
su
ese
renuncia.
hecho
Por
básico
a
satisfacción del tribunal, no se activará la presunción
provista por la Ley 80. A la misma vez, ante el mandato
constitucional y estatutario de proteger los derechos de
los trabajadores y dado que el despido constructivo es un
despido disfrazado que tiene la apariencia de una renuncia
voluntaria, los tribunales de instancia deben ser sumamente
cautelosos
al
momento
renuncia
fue
forzada.
de
determinar
Por
tanto,
si,
en
efecto,
una
es
inmeritoria
la
alegación del señor Rivera Figueroa de que erró el Tribunal
de Primera Instancia al ordenarle presentar prueba antes
que al patrono demandado.
La
parte
demandante
limitó
su
prueba
inicial
al
testimonio del señor Rivera Figueroa en el sentido de que,
en varias ocasiones, el demandado le intentó persuadir de
firmar un contrato que modificaría su relación del trabajo
con el patrono, de empleado a contratista independiente. No
surge
del
expediente
intimidantes,
que
atropellados
esos
o
que
intentos
haya
hayan
mediado
sido
presión
indebida. El peticionario también alegó en su testimonio
que el trato que le ofrecían en su empleo tras rechazar la
oferta del patrono no era el mismo, era hostil, le trataban
de
codo,
algunos
no
le
daban
beneficios
los
como
buenos
una
días
cena
y
de
le
eliminaron
vendedores
y
29
CC-2006-1010
privilegios
relacionados
parte,
patrono
el
con
el
demandado
estacionamiento.
alegó
que
el
Por
su
cambio
de
condiciones laborales fue para todos los vendedores y que
no fueron de tal magnitud como para constituir un despido
constructivo.
La primera alegación del patrono es inmeritoria. El
estándar
para
determinar
si
una
actuación
opresiva
por
parte del patrono contra un empleado es de tal magnitud que
le obliga a renunciar no depende de que sea únicamente
contra
él.
Es
posible
que
el
patrono
haya
creado
condiciones de trabajo aplicables a varios empleados que
les fuerzan a todos a renunciar. De ese ser el caso, habría
un despido constructivo independientemente de que no haya
sido dirigido específicamente contra cada uno de ellos de
manera
patronal
particular.
es
Para
constitutiva
determinar
de
si
despido
una
actuación
constructivo
lo
decisivo es si por ello una persona razonable se puede
sentir y en efecto se siente forzada a renunciar, lo cual
puede ser el producto de condiciones onerosas dirigidas
contra él o contra varios empleados.74 Por eso, el segundo
argumento del demandado es el determinante, es decir, si el
querellante
presentó
evidencia
suficiente
como
para
establecer que las condiciones impuestas por el patrono
eran de tal magnitud como para equiparar la renuncia a un
despido. En cuanto a esto, no hay nada en el expediente que
nos permita alejarnos de la apreciación de la prueba hecha
74
Incluso,
renunciaron.
en
este
caso,
tres
de
once
vendedores
30
CC-2006-1010
por el foro de instancia. Sin duda, un trato frío en el
lugar
del
trabajo
y
la
cancelación
de
beneficios
que
ofrecía el patrono sin obligación a ello, como cenas a
vendedores
y
insuficiente
privilegios
para
de
concluir
estacionamientos,
que
la
única
resultan
alternativa
razonable para el señor Rivera Figueroa era renunciar.
Al no demostrarse a satisfacción del juzgador el hecho
básico
de
que
la
renuncia
era
un
despido
constructivo,
nunca se activó la presunción de despido injustificado que
provee la Ley 80. Evidentemente, tampoco se invirtió el
peso de la prueba y el demandante tenía la carga de probar
su
caso
sin
recurso
a
presunción
alguna.
El
foro
de
instancia determinó que, ausente la presunción y ante la
prueba presentada por el demandante, éste no tenía derecho
a la concesión de los remedios solicitados. No encontramos
base en el récord para alterar esa conclusión.
Como consecuencia, actuó correctamente el Tribunal de
Primera Instancia al desestimar la causa al amparo de la
Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, como también resolvió
correctamente el foro apelativo al confirmar esa decisión.
Por
los
fundamentos
expuestos,
se
confirma
Sentencia del Tribunal de Apelaciones.
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
la
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Félix A. Rivera Figueroa
Peticionario
Certiorari
v.
CC-2006-1010
The Fuller Brush Co. of P.R.,
Inc.; Compañía de Seguros A, B
y C; Querellados desconocidos
X y Y
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de
la presente Sentencia, se confirma la sentencia del
Tribunal de Apelaciones.
Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica
la Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor
Martínez Torres y la Jueza Asociada señora Pabón
Charneco concurren con el resultado, sin opinión
escrita, por lo expuesto en la Parte VI de la Opinión
del Tribunal. El Juez Asociado señor Rivera García
concurre con el resultado sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo