LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co.

2011 TSPR 25

Poder Judicial de Puerto Rico

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Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co.

CC-2006-1010

Derecho Laboral – Momento en que se activa la presunción de despido injustificado bajo la Ley 80 de 1976; suficiencia de la prueba para activar la presunción

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Félix A. Rivera Figueroa

Peticionario

Certiorari

v.

2011 TSPR 25

The Fuller Brush Co. o

f P.R.,

Inc.; Compañía de Seguros A, B y C;

Querellados desconocidos X y Y

180 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC

- 2006 - 1010

Fecha: 23 de febrero de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Utuado Panel V

Juez Ponente:

Hon. Luis R. Piñero González

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Héctor L. Banchs Pascualli

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Juan M. Frontera Suau

Materia:

Despido Injustificado

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publica

ción oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se

hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Félix A. Rivera Figueroa

Peticionario

v.

Certiorari

CC-2006-1010

The Fuller Brush Co. of P.R.,

Inc.; Compañía de Seguros A, B y

C; Querellados desconocidos X y

Y

Recurridos

Opinión

Matta.

del

Tribunal

emitida

por

la

Jueza

Asociada

señora

Fiol

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2011.

Nos corresponde determinar el momento en

que

se

activa

la

presunción

de

despido

injustificado establecida en la Ley número 80 de

30

de

mayo

de

1976,

según

enmendada,

mejor

conocida como la Ley de Despido Injustificado,

cuando

objeto

un

empleado

de

un

querellante

despido

particular,

si

una

constructivo

es

suficiente

presunción

e

mera

invertir

alega

que

fue

constructivo.

En

alegación

la

para

de

despido

activar

carga

dicha

probatoria

imponiéndole al patrono querellado el peso de

demostrar justa causa para la acción tomada.

2

CC-2006-1010

I.

El 1 de noviembre de 2004, el peticionario Félix A.

Rivera Figueroa presentó una querella al amparo de la Ley

número

80,1

(en

adelante

“Ley

80”)

contra

su

antiguo

patrono (“Fuller Brush”). Además, solicitó que el caso se

tramitara bajo el procedimiento sumario laboral provisto

por la Ley número 2 de 17 de octubre de 1961.2 En su

querella,

el

señor

Rivera

Figueroa

alegó,

entre

otras

cosas,3 que fue despedido sin justa causa como vendedor de

Fuller Brush al verse forzado a renunciar a dicho puesto en

mayo de 2004. De esa forma, alegó que fue víctima de un

despido

constructivo.

Para

sustentar

su

reclamación,

el

señor Rivera Figueroa alegó que sufrió cambios drásticos y

repentinos en el método de remuneración, que fue presionado

a renunciar como empleado para convertirse en contratista

independiente

y

rechazar

oferta

la

que

el

trato

de

que

le

convertirse

ofrecieron

en

tras

contratista

independiente fue de corte hostil. En su contestación a la

querella,

el

patrono

negó

renuncia

del

señor

Rivera

el

despido

Figueroa

y

alegó

fue

que

la

enteramente

voluntaria. En particular, alegó que los cambios en las

condiciones de trabajo del señor Rivera Figueroa no fueron

con

la

intención

de

forzarle

1

29 L.P.R.A. §§ 185a et seq.

2

32 L.P.R.A. §§ 3118 et seq.

3

alegaciones

Las

demás

consideración.

a

renunciar

y

que

no

están

ante

fueron

nuestra

3

CC-2006-1010

iguales para todos los vendedores como parte de un proceso

generalizado de cambios al interior de la compañía.

Amparándose en la presunción creada por la Ley 80 de

que todo despido es injustificado, el señor Rivera Figueroa

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que requiriera al

patrono querellado iniciar la presentación de la prueba. El

empleado alegó que según la Ley 80, una vez presentada la

causa de acción a su amparo, se activa una presunción de

despido

injustificado

por

lo

cual

le

correspondía

al

patrono querellado ofrecer prueba para demostrar, mediante

preponderancia

de

la

evidencia,

que

el

despido

fue

justificado. Por su parte, el patrono querellado argumentó

que para activar la presunción de despido injustificado el

querellante tenía que establecer primero que su renuncia,

en efecto, equivalía a un despido constructivo.

El foro de instancia le dio la razón al patrono y

ordenó al querellante presentar su prueba. Éste se limitó a

presentar su propio testimonio durante el cual relató las

presiones

que

convertiría

recibió

en

para

contratista

firmar

un

contrato

independiente,

el

que

lo

trato

que

recibió desde que rechazó esa oferta, sobre el cual expresó

que ya “no era el mismo”, era “hostil” y le trataban “de

codo”. Testificó también sobre la eliminación beneficios,

como una cena pagada por el patrono para los vendedores, y

que ya ni un “buenos días” le ofrecían en el trabajo.4 Tras

esta

4

prueba

del

querellante,

el

patrono

solicitó

la

Transcripción del juicio en su fondo, a las páginas 2327.

4

CC-2006-1010

desestimación de la causa al amparo de la Regla 39.2(c) de

Procedimiento

Civil.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia

declaró con lugar dicha moción y desestimó la causa de

acción. En esencia, el foro primario razonó que la prueba

no

demostró

que

la

renuncia

del

señor

Rivera

Figueroa

constituyera un despido constructivo, por lo cual no le

cobijaba la presunción establecida por la Ley 80.

Inconforme

con

esta

determinación,

el

señor

Rivera

Figueroa acudió, oportunamente, al Tribunal de Apelaciones,

alegando que el Tribunal de Primera Instancia había errado

al ordenarle a desfilar su prueba antes que la del patrono.

Sostuvo que la presunción que crea la Ley 80 se activa con

la presentación misma de la querella y que por ello era el

patrono quien tenía que iniciar el desfile de prueba para

derrotar la presunción de que se trató de un despido sin

justa causa. El foro apelativo confirmó la decisión del

Tribunal de Primera Instancia, razonando que “[s]i bien es

cierto

que

el

patrono

viene

obligado

a

alegar

en

su

contestación a la demanda los hechos que dieron lugar al

despido, el empleado que alega un despido constructivo debe

primero formular de forma clara y precisa los actos que

alegadamente motivaron su renuncia y además, demostrar la

magnitud

de

alternativa

los

alegados

razonable

era

vejámenes

renunciar”.5

y

que

El

la

única

Tribunal

Apelaciones concluyó que “[s]olo entonces al

de

patrono le

corresponde presentar sus alegaciones en oposición” y que

5

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pp. 7-8.

5

CC-2006-1010

la “renuncia per se no activa una presunción de despido

injustificado”.6 Sostuvo, además, que la desestimación al

amparo de la Regla 39.2(c) estaba basada en la prueba y,

por tanto, no erró el Tribunal de Primera Instancia al

desestimar la causa.

Inconforme aún, el señor Rivera Figueroa recurrió ante

este Tribunal mediante una oportuna petición de certiorari.

Como único error, planteó que ambos tribunales inferiores

incidieron al sostener que le correspondía al querellante

el

desfile

inicial

de

la

prueba,

toda

vez

que

en

una

reclamación presentada al amparo de la Ley 80, el patrono

querellado viene obligado a presentar la prueba inicial que

establezca que el despido fue justificado. Expedimos el

auto de certiorari y, con el beneficio de la comparecencia

de las partes, estamos en posición de resolver.

II.

Hemos reiterado la importancia del derecho al trabajo

en nuestra sociedad en muchas ocasiones, más recientemente

en

Domínguez

Castro

v.

E.L.A.7

En

efecto,

la

política

pública establecida en nuestra legislación laboral reconoce

que el trabajo es un elemento central de nuestra vida en

sociedad.

Es

así,

individual

en

la

6

7

tanto

vida

por

diaria

lo

de

que

significa

decenas

de

a

nivel

miles

de

Íd., p. 8.

177 D.P.R. ___ (2010), 2010 T.S.P.R. 11, p. 82. Véase

además Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 421

(1983).

6

CC-2006-1010

puertorriqueños y puertorriqueñas, como por el beneficio

colectivo

que

se

genera

cuando

a

través

del

esfuerzo

ofrecemos calidad de vida a nuestro pueblo y desarrollo

social y económico para nuestro país.8 Además, como señaló

el

Juez

Asociado

Fuster

concurrente

en

Arthur

medida

que

“la

en

autorealiza”,

el

en

su

opinión

Co.

v.

Vega

III,9

en

la

aporta

al

bien

común

y

se

adquiere

un

hondo

significado

Young

persona

trabajo

Berlingeri

&

ético.

De las 20 secciones que componen el Artículo II de

nuestra

Constitución,

cinco

de

ellas

se

refieren

directamente a derechos relacionados al trabajo.10 Se trata

de un reconocimiento por la generación constituyente de la

inherente desigualdad que caracteriza la relación obreropatronal, en donde el patrono, por su capacidad económica,

posee mayor poder que el trabajador individual que necesita

8

Charles Zeno Santiago & Víctor M. Bermúdez Pérez, Tratado

de Derecho del Trabajo, T. I, J.T.S. (2003), p. 1.

9

10

136 D.P.R. 157, 189 (1994).

Sección

12

y

la

prohibición

de

la

servidumbre

involuntaria; sección 15 y la prohibición de emplear a

menores de 14 años. La sección 16 recoge múltiples derechos

laborales: el derecho de todo trabajador o trabajadora de

escoger libremente su ocupación y renunciar a ella, igual

paga

por

igual

trabajo,

salario

mínimo

razonable,

protección contra riesgos para la salud e integridad

personal y jornada que no exceda las ocho horas diarias.

Por su parte, las secciones 17 y 18 reconocen el derecho a

organizarse y negociar colectivamente, y a realizar huelgas

y actividades concertadas. Por su parte, la frustrada

sección 20 reconocía el derecho de toda persona a obtener

trabajo. Sobre este derecho en particular, hemos expresado

que el mismo “late entre aquellos derechos que, aunque no

se mencionan expresamente en el texto, el pueblo se reserva

frente al poder político creado”. Amy v. Adm. Deporte

Hípico, supra, p. 421.

7

CC-2006-1010

de su empleo para sobrevivir. Por eso, los aspectos de la

relación obrero-patronal que gozan de rango constitucional

están diseñados para la protección de los derechos de los

trabajadores.

En el caso particular de la terminación de la relación

obrero-patronal,

caso,

es

que

es

lo

que

debemos

significativa

la

decisión

atender

de

la

en

este

Convención

Constituyente de elevar a rango constitucional el derecho

del trabajador o trabajadora a renunciar libremente a su

empleo, pero no así el derecho de un patrono a despedir a

un trabajador.11 Según reconocimos en García v. Aljoma,12

“[a]l

proponer

Comisión

de

los

Cartas

derechos

de

[sic]

Derechos

de

los

trabajadores,

de

la

la

Asamblea

Constituyente señaló la alta dignidad del esfuerzo humano y

recalcó que el énfasis de los derechos propuestos recaía en

aquel

grueso

de

la

clase

trabajadora

que

por

razón

de

especial desvalimiento históricamente ha necesitado, aunque

no siempre ha recibido, protección social”.13

A

partir

de

este

reconocimiento

de

la

generación

constituyente a los derechos de los trabajadores como uno

de los ejes centrales de nuestra vida constitucional, la

legislación se ha ocupado de establecer un balance en la

11

Sección 16, Artículo II, Constitución de Puerto Rico.

12

162 D.P.R., 572, 587-588 (2004).

13

Citando a 4 Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente de Puerto Rico, 2573 (1951). Véase Luis H.

Sánchez Caso, Reflexiones sobre la Responsabilidad Civil de

los oficiales y gerenciales en reclamaciones de despido o

discrimen, 34 Rev. Jur. U.I.P.R. 183, 190, 193 (2000).

8

CC-2006-1010

relación

entre

el

trabajador

y

patrono.14

el

De

igual

manera, nuestra jurisprudencia ha reconocido este legado

constitucional

y

Recientemente,

su

en

desarrollo

estatutario

posterior.15

Orsini

Srio.

Hacienda,16

v.

de

reconocimos que en la dinámica obrero-patrono el trabajador

es aún la parte más débil y que por ello, “el Estado se ha

encargado de aprobar una variedad de leyes protectoras del

trabajo cuya finalidad es proteger el empleo, regular el

contrato de trabajo y asegurar la salud y seguridad del

obrero”.

No

hay

duda,

pues,

que

nuestro

ordenamiento

laboral está orientado a la protección de los trabajadores

y evitar las prácticas injustas del trabajo.17

III.

A.

El

derecho

principal

tomamos

derecho

en

estatutarias

derecho

al

mismo

empleo,

que

es,

laboral,

cobra

mayor

cuenta

que

muchas

de

no

tendrían

sentido

si

a

preservar

un

empleo

evidentemente,

importancia

las

no

ante

el

si

protecciones

se

protege

una

el

actuación

caprichosa e irrazonable por parte de un patrono. Así lo

14

Zeno Santiago & Bermúdez Pérez, Op. Cit, p. 51.

15

García v. Aljoma, supra, p. 583.

16

177 D.P.R. ___ (2009), 2009 T.S.P.R. 190, pp. 15-16.

17

Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 688 (2004); Díaz v.

Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 374 (2001). Véase

además Charles Zeno Santiago, El despido y la política

social en nuestro Estado de Derecho, 34 Rev. Jur. U.I.P.R.

213 (2000).

9

CC-2006-1010

reconocimos en Orsini v. Srio. de Hacienda, supra, pp. 2122, al expresar que “[e]sta política pública, dirigida a

desalentar los despidos injustificados, se sustenta en que

sin

la

protección

derechos

del

laborales,

empleo

que

por

no

son

necesarios

definición

otros

requieren

una

relación de trabajo y claro, en que el trabajo tiene una

función social trascendental tanto en el ámbito individual

como en el colectivo”.

La

doctrina

del

employment

at

will,

que

daba

al

patrono libertad para contratar y despedir a un empleado

con o sin justa causa, sin mediar indemnización, es ajena a

nuestro

esquema

aunque

el

constitucional

tema

de

la

y

estatutario.

indemnización

Por

por

eso,

despido

injustificado todavía “es objeto de efervescencia judicial

en

los

Estados

Unidos,

donde

múltiples

tribunales

han

rechazado la tradicional doctrina de employment at will”,18

en Puerto Rico tenemos una larga tradición que es contraria

a esa doctrina.19

Sin

embargo,

nuestro

ordenamiento

estatutario

no

prohíbe absolutamente el despido de un empleado. Más bien,

castiga

el

enmendada,

despido

mejor

sin

justa

conocida

causa.

como

la

La

Ley

Ley

80,

de

según

Despido

Injustificado, regula las circunstancias en que un patrono

privado puede despedir a un empleado. Esta Ley, a su vez,

18

J. Salicrup, Ariel Arroyo v. Rattan Specialties: ¿Aplican

en Puerto Rico las excepciones a la doctrina de “employment

at will”?, 21 Rev. Jur. U.I.P.R. 367 (1987).

19

Arroyo v. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35, 65 (1986).

10

CC-2006-1010

es producto de un desarrollo estatutario previo que, más

que

constituir

una

excepción

a

la

llamada

doctrina

del

employment at will, se encamina por una senda totalmente

distinta.20

En

su

artículo

1,

la

Ley

80

establece

que

toda

persona que sea empleado de comercio, industria o cualquier

otro negocio o sitio de empleo, que sea contratada sin

tiempo

determinado

y

trabaje

mediante

remuneración

de

alguna clase, que fuere despedido de su cargo sin que haya

mediado una causa justa, tendrá derecho a recibir de su

patrono una indemnización, además del sueldo que hubiere

devengado. Esta compensación se conoce como la mesada y su

cuantía

dependerá

del

tiempo

que

el

empleado

ocupó

su

puesto y del sueldo que devengaba.21

La Ley articula los supuestos que constituyen justa

causa para el despido en su artículo 2.22 Por eso, como

regla general, todo despido es injustificado al menos que

responda a las excepciones provistas en la propia Ley 80.

Será justa causa para el despido: (1) que el obrero siga un

patrón

de

conducta

impropia

o

desordenada;

(2)

que

el

empleado no rinda su trabajo en forma eficiente o lo haga

tardía y negligentemente o en violación de las normas de

calidad

del

producto

20

que

se

produce

o

maneja

por

el

Véase, por ejemplo, la Ley número 50 de 20 de abril de

1949, 29 L.P.R.A. §§ 183-185 (derogadas).

21

29 L.P.R.A. § 185a.

22

29 L.P.R.A. § 185b.

11

CC-2006-1010

establecimiento; (3) que el empleado viole reiteradamente

las reglas y reglamentos razonables establecidos para el

funcionamiento del establecimiento, siempre que se le haya

suministrado oportunamente copia escrita de los mismos; (4)

que

surja

el

cierre

total,

temporero

o

parcial

de

las

operaciones del establecimiento; (5) que sucedan cambios

tecnológicos o de reorganización, cambios de estilo, diseño

o naturaleza del producto que se produce o maneja por el

establecimiento

y

público;

que

o

(6)

cambios

se

en

los

requieran

servicios

rendidos

reducciones

en

al

empleo

debido a una reducción en el volumen de producción, ventas

o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el

despido. Un despido que tenga lugar en otras circunstancias

será

injustificado

y

se

compensará

con

el

pago

de

la

mesada. Es decir, la Ley 80 aplica a aquellos empleados de

comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de

empleo que: (1) estén contratados sin tiempo determinado;

(2) reciban una remuneración; y (3) sean despedidos de su

cargo, sin que haya mediado justa causa.23

La

Ley

80

es,

indudablemente,

una

legislación

reparadora y, como tal, venimos obligados a interpretarla

liberalmente

a

favor

de

los

derechos

del

trabajador,

resolviendo toda duda a favor del obrero, para cumplir con

sus propósitos eminentemente sociales y reparadores.24 Ahora

23

Orsini v. Srio. Hacienda, supra, p. 19; Zeno Santiago &

Bermúdez Péres, Op. Cit, p. 98. (Énfasis suplido).

24

Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155,

164 (2000); Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215, 232 (1998).

12

CC-2006-1010

bien, también tiene una función coercitiva y un objetivo

desalentador contra el capricho patronal.25 En Jusino v.

Walgreens,26 explicamos que “[l]a Ley 80 tiene un valioso

propósito social y coercitivo, a saber, sancionar que un

patrono

despida

a

su

demuestre

una

causa

empleado

o

justificada

empleada

para

ello.

salvo

que

En

otras

palabras, tiene el propósito de brindarle mayor protección

a los trabajadores de Puerto Rico”.27 Nuestra jurisprudencia

interpretativa

ha

sido

consistente

en

ofrecer

la

mayor

protección al trabajador cuando éste es objeto del capricho

o

abuso

patronal.

Por

eso

recalcamos

recientemente

las

protecciones de la Ley número 80 son irrenunciables.28

C.

La Ley 80 crea una presunción de que todo despido es

injustificado y que le corresponde al patrono, mediante

preponderancia de la prueba, demostrar lo contrario, es

La Exposición de Motivos de la Ley 80 hace hincapié en la

intención de sustituir una protección laboral que califica

como “inadecuada e ineficaz, especialmente por lo limitado

del remedio que ofrece un empleado que fuese víctima de un

despido injustificado”. Leyes de Puerto Rico, 1976, p. 268.

(Énfasis suplido).

25

Vélez Cortés v. Baxter,

T.S.P.R. 110, p. 12.

179

D.P.R.

26

155 D.P.R. 560, 571 (2001).

27

(Énfasis suplido).

28

Vélez Cortés v. Baxter, supra, p. 13.

___

(2010),

2010

13

CC-2006-1010

decir, que hubo justa causa.29 De esa forma, el peso de la

prueba para establecer que el despido fue justificado, una

vez

activada

criterio,

la

como

presunción,

en

recae

cualquier

en

proceso

el

patrono

civil,

es

y

el

el

de

preponderancia de la prueba.30

Pero, para disfrutar de la presunción generada por la

Ley 80 hace falta, como elemento de umbral, que haya habido

un despido. El empleado tiene que demostrar que cumple los

requisitos de la causa de acción: que fue empleado de un

comercio, industria u otro negocio; que su contrato era por

tiempo

indeterminado;

que

recibía

remuneración

por

su

trabajo y que fue despedido de su puesto.

Para propósitos de la Ley 80, esta condición de ser

despedido

no

está

limitada

por

la

definición

usual

del

término „despido‟.31 Más bien, la definición de la Ley 80 es

bastante amplia, pues abarca, no sólo la acción unilateral

del

patrono

acciones

dirigida

dirigidas

a

a

cesantear

inducirlo

o

al

empleado,

forzarlo

a

sino

las

renunciar,

tales como imponerle o intentar imponerle condiciones de

trabajo más onerosas, reducirle el salario, rebajarlo en

categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones de hecho

29

29 L.P.R.A. § 185a; Rivera v. Pan Pepín, supra, p. 670;

Belk v. Martínez, supra, pp. 230-231; Báez García v. Cooper

Labs., Inc., 120 D.P.R. 145, 152 (1987).

30

Orsini v. Srio de Hacienda, supra, n. 95; Díaz v. Wyndham

Hotel Corp., supra, p. 378.

31

Hemos dicho que el despido es la ruptura unilateral, que

hace el patrono, del contrato individual de trabajo

celebrado con uno o varios trabajadores. Díaz v. Wyndham

Hotel Corp., supra, p. 374; Zeno Santiago, Op. Cit., p.

214.

14

CC-2006-1010

o de palabra.32 A esta última modalidad de despido se le

conoce como despido constructivo o tácito.33

En el despido constructivo, al empleado se le obliga a

renunciar mediante la imposición de condiciones onerosas.34

Cabe señalar que este Tribunal reconoció esta modalidad de

despido

aún

antes

de

la

vigencia

de

la

Ley

80

cuando

resolvimos que aquellos “actos voluntarios e injustificados

de un patrono encaminados a obligar al empleado a dejar su

cargo, constituyen un despido cuando la única alternativa

razonable

que

queda

al

empleado

es

la

de

abandonar

el

cargo”.35 Claro está, no basta con cualquier molestia o

condición antipática en el empleo, y cuando se trate de

vejámenes

y

humillaciones,

estos

deben

ser

de

magnitud

sustancial.36 Tampoco se determina la magnitud y efecto de

los actos patronales con referencia a la visión subjetiva

del empleado individual; más bien, se utiliza un criterio

objetivo, al examinar si una persona razonable se sentiría

32

29 L.P.R.A. § 185e. Estos ejemplos ofrecidos por la

propia Ley de lo que constituye despido constructivo no son

taxativos.

33

Esta modalidad de despido estaba contemplada en la Ley

número 50 de 20 de abril de 1949. Véase Zeno Santiago, Op.

Cit., p. 217; Zeno Santiago & Bermúdez Pérez, Op. Cit., p.

99.

34

Zeno Santiago, Op. Cit., p. 215.

35

Vélez de Reilova v. R. Palmer Bros., Inc., 94 D.P.R. 175,

178 (1967).

36

Acevedo Colom, Op. Cit., p. 165; Arthur Young & Co. v.

Vega III, supra, p. 184.

15

CC-2006-1010

forzada

a

renunciar

como

resultado

de

las

acciones

del

patrono.37

Como

hemos

visto,

la

definición

de

despido

constructivo de la Ley 80, según la cual será considerada

como despido constructivo la renuncia del empleo motivada

por actuaciones del patrono dirigidas a inducir o forzar al

empleado a renunciar, recoge el desarrollo jurisprudencial

de este concepto hasta la fecha en que fue aprobada la Ley.

Después

de

su

aprobación,

nuestra

jurisprudencia

ha

preservado los elementos esenciales de despido constructivo

que delineamos en Vélez de Reilova v. R. Palmer Bros.,

Inc.38 En Arthur Young & Co. v. Vega III, establecimos que

“para

que

los

actos

voluntarios

e

injustificados

del

patrono constituyan un despido implícito para fines de la

Ley Núm. 80, supra, es preciso que el empleado pruebe que

la

única

alternativa

razonable

que

le

quedaba

era

el

abandono de su cargo”.39 Es decir, no basta con una mera

alegación de que la renuncia fue un despido constructivo.

Como parte de la causa de acción al amparo de la Ley 80,

hace falta demostrar el hecho base del despido, sea directo

o en su modalidad constructiva o tácita.

37

Zeno Santiago, Op. Cit., p. 217.

38

Véase Malavé v. Oriental, 167 D.P.R. 592 (2006); Nazario

v. E.L.A., 159 D.P.R. 799 (2003 Sentencia). En Hernández v.

TOLIC, 151 D.P.R. 754, 777 (2000), caso de despido

constructivo en una reclamación al amparo de la Ley número

100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. §§ 146 et seq, se

usó el concepto de despido constructivo contemplado en la

Ley 80.

39

Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, p. 183. (Énfasis

suplido).

16

CC-2006-1010

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos aprobó

una guía interna sobre la Ley 80 que detalla los elementos

del despido constructivo y las presunciones creadas por

dicha Ley.40 En cuanto al despido constructivo, la Guía

expresa

nivel

que

de

las

“acciones

seriedad

del

patrono

considerable.

deben

Simples

exhibir

mal

un

entendidos

[sic] o situaciones antipáticas que no tienen el efecto de

crearle

al

empelado

un

ambiente

de

trabajo

que

resulte

intimidante, hostil y ofensivo no conllevan […] un despido

constructivo”.41

actuaciones

Por

el

patronales

contrario,

debe

“arbitrarias,

tratarse

de

irrazonables

y

caprichosas que generen una atmósfera hostil para el obrero

que impidan del todo su sana estadía en el trabajo y que

sean originadas por un motivo ajeno al legítimo interés de

salvaguardar

el

administrativas

bienestar

legítimas,

de

la

empresa.

realizadas

con

Gestiones

el

único

propósito de salvaguardar el bienestar de la empresa, no

dan lugar a un despido constructivo si la intención del

patrono al realizar las mismas no era la de lesionar la

condición de empleado del trabajador”.42 Por su parte, la

doctrina en los Estados Unidos en cuanto al concepto de

despido constructivo es muy similar a la puertorriqueña.43

40

Guía revisada para la interpretación y aplicación de la

Ley Núm. 80, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

(1996).

41

Íd., p. 22.

42

Íd., p. 23.

43

Véase Zeno Santiago, Op. Cit., p. 248.

17

CC-2006-1010

IV.

Como

hemos

visto,

una

de

las

herramientas

más

importantes que crea la Ley 80 es la presunción de que todo

despido es injustificado. En efecto, el peticionario basa

su solicitud en esta presunción. Para comprender el alcance

de la presunción de despido injustificado y determinar su

aplicación en este caso, veamos primeramente la figura de

la presunción, su relación con las cargas probativas en los

casos civiles y su manifestación en controversias sobre el

derecho de empleo.

A.

Una presunción es una deducción de un hecho que la ley

autoriza a hacer o requiere que se haga a partir de otro

hecho o grupo de hechos previamente establecidos. A ese

hecho o grupo de hechos previamente establecidos se les

denomina

hecho

presunción,

se

básico

le

y

al

hecho

deducido

mediante

denomina

hecho

presumido.44

El

la

debido

proceso de ley exige que haya un vínculo racional entre el

hecho básico y el hecho presumido, que, como indica el

profesor Chiesa Aponte, puede surgir de la lógica, de la

experiencia

o

de

cierta

política

pública.45

En

otras

palabras, las presunciones no se activan solas: “Las reglas

44

Regla 301(a) de las Reglas de Evidencia de 2009, 32

L.P.R.A. Ap. VI R. 301(a). Esta Regla es análoga a la Regla

13(a) de 1983.

45

Ernesto Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico

2009, J.T.S. (2009), p. 109. Véase además Díaz v. Wyndham,

supra, p. 385.

18

CC-2006-1010

de

inferencia

se

activan

si

el

juzgador

[o

juzgadora]

estima que la evidencia ha establecido el hecho básico, al

menos como lo más probable”.46

En una acción civil, el efecto de una presunción es

imponerle a la parte que niega el hecho presumido el peso

de probar su inexistencia. Si la parte contra la cual se

establece la presunción no ofrece prueba para demostrar la

inexistencia

del

hecho

presumido,

la

juzgadora

o

el

juzgador debe aceptar que el hecho existe. Sin embargo, si

se

presenta

hecho,

ésta

juzga

que

prueba

debe

es

en

ser

más

apoyo

de

suficiente

probable

la

la

inexistencia

para

persuadir

inexistencia

de

tal

a

quien

del

hecho

presumido que su inexistencia.47 Es decir, una vez activada

la presunción ordenada por ley, la parte contra quien se

emplea tiene el deber de presentar prueba para rebatir la

presunción y dicha evidencia debe, además, persuadir al

juzgador. De lo contrario, el hecho presumido sobrevive. A

ello nos referimos cuando caracterizamos las presunciones

en el área civil como fuertes. Como nos dice el profesor

Chiesa Aponte, “[n]o se trata sólo de la carga de presentar

evidencia, sino también de que la evidencia sea de tal

calidad que persuada al juzgador [o juzgadora] de que lo

más probable es la falsedad del hecho presumido”.48

46

Chiesa

suplido).

Aponte,

Reglas,

Op.Cit.,

p.

110.

(Énfasis

47

Regla 302 de Evidencia de 2009. 32 L.P.R.A. Ap. VI R 302.

48

Chiesa Aponte, Reglas, Op. Cit., p. 110.

19

CC-2006-1010

Nuestra

jurisprudencia

ha

recogido

estos

principios

fundamentales. Hemos resuelto que la mera alegación de un

hecho

básico,

sin

haberlo

establecido

debidamente,

no

activa una presunción que permita la inferencia de un hecho

presumido.49 Un demandante tiene la obligación de aportar

prueba que establezca los hechos básicos que den lugar a la

presunción.50 De otra manera, no sería posible ni razonable

exigirle al demandado que derrote una presunción sostenida

solamente por una alegación.51 De esa forma, la validez de

la presunción dependerá inexorablemente de la existencia de

unos

hechos

básicos

debidamente

probados

y

su

relación

racional con el hecho presumido.52

Para que un obrero demandante en un pleito al amparo

de la Ley 80 pueda valerse de la presunción fuerte de que

su despido fue injustificado, tiene que presentar prueba

demostrativa de que, en efecto, fue despedido. En caso de

que alegue un despido constructivo, el trabajador tiene que

demostrar que las circunstancias de su renuncia cumplen con

los requisitos que establece nuestro ordenamiento para esa

conclusión.

La

presunción

establece

la

Ley

80

no

persuadir

al

juzgador

o

de

despido

se

activa

juzgadora

de

injustificado

hasta

ese

tanto

hecho

que

logre

básico,

49

McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113, 141

(1989).

50

Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, p. 386.

51

Íd.

52

Alberty v. Bco. Gub. De Fomento, 149 D.P.R. 655, 667

(1999, Op. Concurrente Negrón García).

20

CC-2006-1010

entiéndase, de que su renuncia fue en realidad un despido

tácito.53

Debemos puntualizar que lo anterior no despoja a un

trabajador

demandante

de

la

presunción

de

despido

injustificado que establece la Ley 80. Además, cuando la

presunción se suscita en un pleito que trata sobre los

derechos de los trabajadores hay que tomar en cuenta la

política

pública

presunciones

como

incorporada

las

de

en

despido

la

ley.

Por

injustificado

eso,

“están

investidas de tan alto interés público [que] sólo pueden

derrotarse por prueba que sea amplia y vigorosa”.54 De esa

forma, el patrono demandado siempre tendrá el peso de la

prueba en cuanto la justificación del despido. Si se logra

activar

la

presunción

y

la

evidencia

que

presenta

el

patrono no la derrota, la presunción sobrevive y prevalece

el obrero. Pero, para establecer el hecho base que da vida

a la presunción, el trabajador tiene que probarlo al amparo

de la citada Regla 110. Solamente tiene el

peso de la

prueba en cuanto al establecimiento del hecho básico. En lo

demás, entiéndase la disposición final del pleito una vez

se

activa

la

presunción,

la

carga

probatoria

es

del

patrono. Como nos dice el profesor Chiesa Aponte, “[p]or

efecto de presunciones, la parte que tiene el peso de la

prueba

podría

no

tener

la

obligación

de

presentar

53

Para demostrar este hecho base, bastará con cumplir con

las exigencias de la Regla 110 de Evidencia de 2009. 32

L.P.R.A. Ap. VI R. 110.

54

Sandoval v. Caribe Hilton, 149 D.P.R. 582 (1999, Opinión

de Conformidad Fuster Berlingeri).

21

CC-2006-1010

evidencia”.55 En el ámbito de una causa de acción al amparo

de

la

Ley

80,

controversia

esto

sobre

significa

la

que,

en

cuanto

a

la

justificación

del

despido,

el

empleado cobijado por la presunción podría prevalecer en el

pleito

sin

obstante,

tiene

que

más

para

evidencia

activar

presentar

que

dicha

la

misma

presunción.

presunción,

inicialmente

alguna

para

No

prueba

demostrar

la

existencia del hecho base que la justifica.56

B.

Como

regla

general,

el

peso

de

la

prueba

en

toda

acción civil recae sobre la parte demandante. El estándar

aplicable

de

preponderancia.57

suficiencia

de

prueba

Ahora

como

nos

bien,

será

dice

el

el

de

profesor

Emmanuelli Jiménez, “[c]uando se menciona el peso de la

prueba en una acción judicial, se está refiriendo a la

obligación de convencer al juzgador [o juzgadora] sobre la

forma

55

particular

en

que

ocurrieron

los

hechos

que

se

Chiesa Aponte, Reglas, Op. Cit., p. 98.

56

La casuística federal estadounidense está en sintonía con

este esquema. En Johnson v. Shalala, 991 F. 2d 126 (4th

Cir. 1993), el Tribunal de Apelaciones federal se enfrentó

a un caso donde se alegaba despido constructivo. Al

desestimar la acción, sostuvo que no se presentó evidencia

suficiente para establecer que la renuncia fue, en efecto,

un

despido

constructivo.

En

Rivera

v.

DHL

Global

Forwarding, 536 F. Supp. 2d 148 (2008), el Tribunal de

Distrito federal sostuvo que el demandante no logró probar

ni demostrar que las condiciones de empleo eran de tal

magnitud que equipararan su renuncia a un despido tácito.

57

Regla 110(f) de Evidencia.

22

CC-2006-1010

alegan”.58

Por

eso,

los

temas

de

carga

de

prueba

y

presunciones son inseparables.59

Como vimos, una vez probados los hechos que dan base a

la

activación

de

la

presunción,

cambia

el

peso

de

la

prueba, de manera que la otra parte tiene la obligación de

persuadir al juzgador o a la juzgadora sobre lo contrario.60

Esto, nos dice Emmanuelli Jiménez, “puede llevar al caso de

que un demandante, quien generalmente tiene el peso de la

prueba

en

una

acción

civil,

sólo

tenga

que

probar

los

hechos básicos de una presunción y después descanse en ella

para establecer la totalidad de la reclamación.”61 A igual

conclusión

llega

manifiesta

que

probatorias.

el

“[l]as

Aunque

profesor

Chiesa

presunciones

inicialmente

las

Aponte

afectan

cargas

las

cuando

cargas

probatorias

están en una misma parte, esto puede cambiar por efecto de

presunciones”.62 Es decir, si un demandante logra activar

una presunción que le favorezca puede prevalecer contra un

58

Rolando Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho

Probatorio Puertorriqueño, 2010, p. 121. El autor también

sostiene que es importante tener en mente que las

presunciones tiene un efecto muy importante en el peso de

la prueba. Íd.

59

Chiesa Aponte, Tratado,

Wyndham, supra, p. 385.

60

Op.

Cit.,

Emmanuelli Jiménez, Prontuario de

Puertorriqueño, Op.Cit., pp. 121.-122.

61

62

p.

1088;

Derecho

Díaz

v.

Probatorio

Íd.

Chiesa Aponte, Tratado, Op. Cit., p. 1095; Díaz v.

Wyndham Hotel Corp., supra, p. 385. En su Tratado de

Derecho Probatorio, el profesor Chiesa Aponte menciona como

ejemplo de esto la presunción establecida por la Ley 80.

Íd., p. 1114.

23

CC-2006-1010

demandado que presente prueba para refutarla. Ello, aunque

el

demandante

no

presente

más

prueba

que

la

que

fue

necesaria para activar la presunción. Si la prueba ofrecida

por

el

demandado

no

derrota

la

presunción

mediante

preponderancia de la evidencia, la presunción se sostiene y

el demandante triunfará en su causa de acción. A ello nos

referimos cuando afirmamos que “[e]n nuestra jurisdicción

las

presunciones

tienen

el

efecto

de

transferir

al

demandado el peso de producir evidencia y, además, el de

persuadir al juzgador”.63

C.

La Ley 80 no es el único esquema estatutario laboral

que genera una presunción contra el patrono e invierte el

peso de la prueba en su contra. Lo mismo sucede con la Ley

100, que prohíbe el discrimen en el empleo, y crea una

presunción

de

despido

discriminatorio

si

el

empleado

querellante logra establecer un caso prima facie con los

elementos requeridos por la ley, entre éstos el despido o

acto perjudicial y la ausencia de justa causa, elementos

que hemos equiparado a los términos homólogos de la Ley

80.64 También hemos resuelto que, al igual que bajo la Ley

80, una vez establecido el caso prima facie, se invierte el

peso de la prueba y le corresponde al patrono demandado

demostrar que no están presentes los elementos requeridos

63

Belk v. Martínez, supra, p. 231. (Énfasis suplido).

64

Hernández v. TOLIC, supra.

24

CC-2006-1010

por

ley,

mediante

normativa

preponderancia

evidenciaría,

P.R.,

Inc.,65

Molinos

de

patrono

demandado,

por

como

la

evidencia.

explicamos

“tiene

su

de

como

en

Ibáñez

fundamento

posición

más

Esta

que

v.

el

ventajosa,

generalmente tiene mayor acceso a la evidencia del despido

y

puede

probar

la

ausencia

del

discrimen

con

relativa

facilidad”.66 A una conclusión similar llegamos en Belk v.

Martínez, supra, p. 231. Allí dijimos que “una vez que el

empleado establece las circunstancias esenciales para que

el juzgador pueda asumir el hecho presumido –que el despido

o

acción

perjudicial

se

realizó

sin

justa

causa-

se

invierte la carga probatoria”. Como puede observarse, parte

del caso prima facie es, precisamente, demostrar el despido

o acto perjudicial y no meramente alegarlo.67

65

114 D.P.R. 42 (1983).

66

Íd., pp. 49-50.

67

Hernández v. TOLIC, supra, pp. 774-775. En cuanto al

elemento base del despido, la Guía del Departamento del

Trabajo y Recursos Humanos expone: “De negar el patrono la

existencia de la relación empleado-patrono o de negar el

despido, el empleado tiene la obligación inicial de probar

esto. A esos efectos, debe prestar evidencia admisible que

acredite la existencia de la relación empleado-patrono o la

existencia del despido. Probado estos hechos, entonces se

invierte el peso de la prueba hacia el patrono el cual

tiene la obligación de establecer que el despido es uno

justificado”. Guía revisada, Op. Cit., p. 49. Esto aplica

igualmente a una causa de acción por despido constructivo

que “sólo procede en aquellas instancias donde la prueba

demuestra mediante inferencia razonable que la única

alternativa del empleado es dejar su puesto”. Zeno

Santiago, Op. Cit., p. 219. (Énfasis suplido).

25

CC-2006-1010

V.

La

Regla

39.2(c)

de

Procedimiento

Civil

regula

la

desestimación de un caso por insuficiencia de prueba de la

siguiente manera:

Después

que

la

parte

demandante

haya

terminado la presentación de su prueba, la parte

demandada, sin renunciar a su derecho de ofrecer

prueba en caso de que la moción sea declarada

„sin lugar‟, podrá solicitar la desestimación

fundándose en que bajo los hechos hasta ese

momentos probados y la ley, la parte demandante

no tiene derecho a la concesión de remedio

alguno. El tribunal podrá entonces determinar los

hechos y dictar sentencia contra la parte

demandante, o podrá negarse a dictar sentencia

hasta que toda la prueba haya sido presentada.68

En una moción al amparo de la Regla 39.2(c), conocida

como una moción contra la prueba o non-suit, el tribunal

está autorizado, luego de la presentación de prueba por

parte del demandante, a aquilatar la misma y a formular su

apreciación de los hechos, según la credibilidad que le

haya

merecido

la

evidencia.

Pero

esa

facultad

debe

ejercitarse después de un escrutinio sereno y cuidadoso de

la prueba.69 En caso de duda, debe requerirse al demandado

que presente su caso.70 En ese momento, le corresponde al

tribunal determinar si la prueba presentada por la parte

68

32 L.P.R.A. Ap. V 39.2(c).

69

Romero Arroyo y Otros v. E.L.A., 139 D.P.R. 576, 579

(1995).

70

Roselló Cruz v. García, 116 D.P.R. 511, 520 (1985).

26

CC-2006-1010

demandante es suficiente por sí misma para satisfacer los

requisitos de su particular causa de acción.

Dado que la desestimación bajo la Regla 39.2(c) se da

contra la prueba, la decisión del tribunal dependerá de su

apreciación de la evidencia presentada. Es norma conocida

en nuestra jurisdicción que los tribunales apelativos no

intervendremos con la apreciación de la prueba hecha por

los foros de instancia en ausencia de pasión, prejuicio,

parcialidad

o

error

manifiesto.71

Sin

embargo,

ello

no

significa que haya inmunidad frente a la función revisora

de los tribunales apelativos.72 Además, dada la gravedad de

una desestimación de la causa de acción, los tribunales

deben ser cuidadosos al atender una moción al amparo de la

Regla 39.2(c) pues conlleva el final de la reclamación de

un

demandante

y

de

su

día

en

corte.

Se

trata

de

una

decisión que descansa en la sana discreción del tribunal.73

VI.

En el caso de autos, el señor Rivera Figueroa entabló

una demanda al amparo de la Ley 80 alegando que fue víctima

de un despido en su modalidad constructiva. Sostuvo que la

mera presentación de la demanda al amparo de dicha Ley

activaba la presunción de despido injustificado que ésta

71

Monillor v. Soc. de Gananciales, 138 D.P.R. 600, 610

(1995).

72

Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26, 36 (1996).

73

Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 83 (1966).

27

CC-2006-1010

provee

por

lo

que

le

correspondía

al

patrono

demandado

iniciar la presentación de la prueba. No tiene razón.

En primer lugar, para que un empleado demandante pueda

aprovecharse de la presunción de despido injustificado que

provee

la

Ley

80

tiene

que

demostrar,

con

prueba

suficiente, el hecho base que da vida a la presunción: el

despido. La Ley 80 no provee una presunción de que todo

empleado que ya no trabaja en su antiguo lugar de trabajo

fue

despedido

y

que

dicho

despido

fue

injustificado.

Tampoco provee para que la mera presentación de una causa

de acción bajo la Ley o una alegación de que la renuncia

fue,

realmente,

un

despido

constructivo,

sea

suficiente

para revertir el peso de la prueba. El empleado demandante

tiene el peso de la prueba inicial de demostrar al tribunal

que, en efecto, ha ocurrido un despido. El peso inicial de

la prueba en un caso al amparo de la Ley 80 le impone al

empleado demandante la carga de establecer el hecho base,

ya sea la cesantía, la suspensión mayor de tres meses o la

renuncia equivalente a despido constructivo, que active la

presunción de despido injustificado. Una vez activada la

presunción de despido injustificado, el peso de la prueba

se invierte y le corresponde al patrono demandado derrotar

la misma. Si el patrono acepta el despido o si el empleado

logra establecerlo en su turno inicial, le corresponde al

patrono presentar su prueba.

Si se alega un despido en su modalidad constructiva,

tiene que demostrarse al tribunal que la renuncia fue la

28

CC-2006-1010

única alternativa razonable que tenía el empleado ante las

condiciones de trabajo onerosas impuestas por su patrono

con

el

propósito

tanto,

hasta

de

que

inducir

no

o

forzar

demuestre

su

ese

renuncia.

hecho

Por

básico

a

satisfacción del tribunal, no se activará la presunción

provista por la Ley 80. A la misma vez, ante el mandato

constitucional y estatutario de proteger los derechos de

los trabajadores y dado que el despido constructivo es un

despido disfrazado que tiene la apariencia de una renuncia

voluntaria, los tribunales de instancia deben ser sumamente

cautelosos

al

momento

renuncia

fue

forzada.

de

determinar

Por

tanto,

si,

en

efecto,

una

es

inmeritoria

la

alegación del señor Rivera Figueroa de que erró el Tribunal

de Primera Instancia al ordenarle presentar prueba antes

que al patrono demandado.

La

parte

demandante

limitó

su

prueba

inicial

al

testimonio del señor Rivera Figueroa en el sentido de que,

en varias ocasiones, el demandado le intentó persuadir de

firmar un contrato que modificaría su relación del trabajo

con el patrono, de empleado a contratista independiente. No

surge

del

expediente

intimidantes,

que

atropellados

esos

o

que

intentos

haya

hayan

mediado

sido

presión

indebida. El peticionario también alegó en su testimonio

que el trato que le ofrecían en su empleo tras rechazar la

oferta del patrono no era el mismo, era hostil, le trataban

de

codo,

algunos

no

le

daban

beneficios

los

como

buenos

una

días

cena

y

de

le

eliminaron

vendedores

y

29

CC-2006-1010

privilegios

relacionados

parte,

patrono

el

con

el

demandado

estacionamiento.

alegó

que

el

Por

su

cambio

de

condiciones laborales fue para todos los vendedores y que

no fueron de tal magnitud como para constituir un despido

constructivo.

La primera alegación del patrono es inmeritoria. El

estándar

para

determinar

si

una

actuación

opresiva

por

parte del patrono contra un empleado es de tal magnitud que

le obliga a renunciar no depende de que sea únicamente

contra

él.

Es

posible

que

el

patrono

haya

creado

condiciones de trabajo aplicables a varios empleados que

les fuerzan a todos a renunciar. De ese ser el caso, habría

un despido constructivo independientemente de que no haya

sido dirigido específicamente contra cada uno de ellos de

manera

patronal

particular.

es

Para

constitutiva

determinar

de

si

despido

una

actuación

constructivo

lo

decisivo es si por ello una persona razonable se puede

sentir y en efecto se siente forzada a renunciar, lo cual

puede ser el producto de condiciones onerosas dirigidas

contra él o contra varios empleados.74 Por eso, el segundo

argumento del demandado es el determinante, es decir, si el

querellante

presentó

evidencia

suficiente

como

para

establecer que las condiciones impuestas por el patrono

eran de tal magnitud como para equiparar la renuncia a un

despido. En cuanto a esto, no hay nada en el expediente que

nos permita alejarnos de la apreciación de la prueba hecha

74

Incluso,

renunciaron.

en

este

caso,

tres

de

once

vendedores

30

CC-2006-1010

por el foro de instancia. Sin duda, un trato frío en el

lugar

del

trabajo

y

la

cancelación

de

beneficios

que

ofrecía el patrono sin obligación a ello, como cenas a

vendedores

y

insuficiente

privilegios

para

de

concluir

estacionamientos,

que

la

única

resultan

alternativa

razonable para el señor Rivera Figueroa era renunciar.

Al no demostrarse a satisfacción del juzgador el hecho

básico

de

que

la

renuncia

era

un

despido

constructivo,

nunca se activó la presunción de despido injustificado que

provee la Ley 80. Evidentemente, tampoco se invirtió el

peso de la prueba y el demandante tenía la carga de probar

su

caso

sin

recurso

a

presunción

alguna.

El

foro

de

instancia determinó que, ausente la presunción y ante la

prueba presentada por el demandante, éste no tenía derecho

a la concesión de los remedios solicitados. No encontramos

base en el récord para alterar esa conclusión.

Como consecuencia, actuó correctamente el Tribunal de

Primera Instancia al desestimar la causa al amparo de la

Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, como también resolvió

correctamente el foro apelativo al confirmar esa decisión.

Por

los

fundamentos

expuestos,

se

confirma

Sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

la

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Félix A. Rivera Figueroa

Peticionario

Certiorari

v.

CC-2006-1010

The Fuller Brush Co. of P.R.,

Inc.; Compañía de Seguros A, B

y C; Querellados desconocidos

X y Y

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de

la presente Sentencia, se confirma la sentencia del

Tribunal de Apelaciones.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica

la Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor

Martínez Torres y la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco concurren con el resultado, sin opinión

escrita, por lo expuesto en la Parte VI de la Opinión

del Tribunal. El Juez Asociado señor Rivera García

concurre con el resultado sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo