LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Eliseo Gaetán Mejías

2011 TSPR 26

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Eliseo Gaetán Mejías

CP-2009-2

Conducta Profesional – Censura enérgica por violación al Canon 38 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2011 TSPR 26

180 DPR ____

Eliseo Gaetán Mejías

Número del Caso: CP

- 2009 - 2

Fecha: 22 de febrero de 2011

Abogado del querellado:

Por derecho Propio

Oficina de Asuntos Legales

Oficina de Administración

de los Tribunales

Lcda. Milagros Rivera Guadarrama

Directora

Lcdo. Félix Fumero Pugliessi

Asesor Legal

Oficina del Procurador General:

Lcda. Edna E. Rodríguez Benítez

Procuradora General Auxiliar

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicació

n oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Conducta

Profesional

Eliseo Gaetán Mejías

CP-2009-2

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2011.

El Lcdo. Eliseo Gaetán Mejías (querellado) fue

objeto de una investigación por la Oficina de la

Administración de los Tribunales (OAT), relacionada

con ciertas actuaciones relacionadas al proceso de

su

renominación

investigación

durante

arrojó

un

el

año

Informe

en

2007.

el

Dicha

cual

se

concluyó que éste había incurrido en violaciones al

Canon 29 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. IV-A, y a

los Cánones 9 y 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.

Ap. IX. A consecuencia de esto, la conducta del

querellado fue referida a la Comisión de Disciplina

Judicial (Comisión de Disciplina) para la acción

correspondiente.

2

CP-2009-2

A su vez, la Comisión de Disciplina concluyó que el

querellado había incurrido

señaladas.

De

esta

en

las violaciones éticas

forma,

presentó

la

Querella

correspondiente y luego de los trámites de rigor se designó

una Comisionada Especial para atenderla. Culminado este

proceso, la Comisionada Especial sometió su Informe, el

cual nos ha remitido y estamos prestos a ponderar.

I

El

ejercicio

Lcdo.

Eliseo

de

la

abogacía

Posteriormente,

el

juramento

juez

como

Gaetán

18

de

Mejías

el

6

de

diciembre

superior

y

fue

admitido

junio

de

ejerció

al

de

1983.

1995,

prestó

su

cargo

en

distintas regiones judiciales. Durante los últimos cuatro

(4)

años

de

su

término

estuvo

asignado

a

la

Sala

de

Guaynabo del Tribunal de Primera Instancia. Una vez venció

su nombramiento, el 18 de diciembre de 2007, el Gobernador

de Puerto Rico le extendió un nombramiento de receso al

mismo cargo de juez superior. De esta manera, fue asignado

a la Región Judicial de Humacao. El querellado cesó en su

cargo el 30 de junio de 2008, luego de que el Senado de

Puerto Rico no considerara su nombramiento.

Mientras

el

querellado

se

desempeñaba

como

juez

superior en la Sala de Guaynabo, solicitó renominación al

cargo de Juez de Primera Instancia o ascenso al Tribunal de

Apelaciones. El 11 de abril de 2007, fue evaluado por la

Comisión de Evaluación Judicial (Comisión de Evaluación),

3

CP-2009-2

la cual rindió un Informe determinando que el querellado no

estaba calificado para renominación o para ascenso.

Posteriormente, el 9 de mayo de 2007, el querellado se

comunicó

por

expresando

escrito

su

con

la

insatisfacción

Comisión

con

el

de

Evaluación,

resultado

de

su

evaluación y solicitó una prórroga de treinta (30) días

para recopilar la información necesaria con relación a sus

calificaciones como juez y rebatir la determinación de que

no estaba calificado. La Comisión de Evaluación accedió a

su petición y le concedió la prórroga solicitada y además

le

concedió

la

oportunidad

de

que

pudiera

comparecer

nuevamente a presentar sus objeciones con los criterios que

se expresaron en el Informe emitido. Además, la Comisión de

Evaluación le envió al querellado una lista que desglosaba

los

comentarios

negativos

recibidos

por

ésta

sobre

su

desempeño como juez superior. Se le indicó que no estaban

incluidos

revelar

aquellos

la

comentarios

identidad

del

cuyo

contenido

entrevistado.

permitía

Asimismo,

le

solicitó que presentara un escrito con el resumen de los

fundamentos que presentaría ese día.

El 20 de mayo de 2007, el querellado suscribió una

carta, dirigida a abogados y abogadas, en papel encabezado

con un membrete que hace referencia a su posición de juez

superior. A continuación transcribimos la carta:

From The Desk of

Eliseo Gaetan Mejias

Superior Court Judge

4

CP-2009-2

―Invoke the imagination, Provoke the senses,

Evoke the emotions, ... for creative thinking

and knowledge.‖

G. Laliberté

E. Gaetán

Distinguido Letrado

Nos dirigimos a usted porque estamos seguros de

que no cree en que la maldad deba prevalecer

sobre el bien ni la injusticia sobre la justicia.

Por lo anterior, si usted considera que nos hemos

desempeñado adecuadamente en la función judicial,

nos urge que tenga a bien en hacer una carta

dirigida a:

Sr. Hugo Díaz, Director

Oficina de Nombramientos Judiciales

La Fortaleza, San Juan, P.R. 00901

Estando en la etapa final de evaluación para el

Tribunal

de

Apelaciones,

el

Hon.

Francisco

Rebollo López, en su carácter de Presidente del

Comité

Evaluador,

nos

ha

dado

como

no

cualificados ni para el Tribunal de Apelaciones

ni para renominación al Tribunal Superior. Esto

sin duda es una agenda de algún enemigo invisible

que nos persigue desde Arecibo y que hasta ahora

ha logrado que no sean justos en la evaluación.

No tenemos otra forma de defendernos de esta

infamia, toda vez que se nos negó tener acceso a

los formularios de evaluación que tenían los

abogados

y

fiscales

consultados

sobre

el

particular. Los renglones en que se nos ha

indicado como no cualificados en escala del 1 al

6 son los siguientes:

1. Reputación intelectual

2. Destrezas profesionales

3. Destrezas de comunicación

4. Temperamento Judicial

5. Calidad de Trabajo

6. Juicio Valorativo

No cualificado

No cualificado

No cualificado

No cualificado

No cualificado

No cualificado

Ante este atropello a la dignidad del ser humano,

no nos queda otro recurso que dirigirnos a usted

para que nos apoye con el envío de una carta y

que la misma nos sea entregada cerrada y una

copia para nuestro récord, para solicitar una

cita con el Sr. Hugo Díaz, de manera que podamos

explicar con prueba que contradiga la errónea

apreciación de la Comisión, quien dicha (sic) sea

5

CP-2009-2

de paso, ninguno de sus componentes ha estado en

nuestra Sala para palpar realmente el desempeño

en la función judicial.

Con el testimonio de nuestro aprecio quedamos de

usted.

Fdo. Eliseo Gaetán y Mejías. (Enfasis nuestro y

en original).

El 28 de junio de 2007, la Directora Administrativa de

la OAT, luego de recibir una copia de la preterida carta,

le remitió una misiva al querellado en la que le solicitó

que

cesara

y

desistiera

de

inmediato

de

continuar

diseminando la consabida carta. Esto con el propósito de

que no continuara afectando la imagen de su persona como

juez y el de la Rama Judicial. Le señaló que de su faz

aparentaba

Judicial

surgir

una

le

comunicó

que

al

respecto.

Asimismo,

y

investigación

violación

al

se

Canon

29

había

iniciado

se

le

de

Ética

una

concedió

un

término de diez (10) días para que expusiera su posición

por escrito sobre el contenido de la carta y se le informó

que de no comparecer se continuaría con la investigación

sin el beneficio de su comparecencia. La comunicación de la

Directora incluyó copia de los documentos que motivaron el

inicio de la investigación.

El 16 de julio de 2007, el querellado suscribió una

carta dirigida al Juez Presidente Señor Hernández Denton,

con copia a todos los Jueces Asociados. Cabe destacar que

el querellado acompañó su comunicación con numerosas cartas

de recomendación firmadas por más de sesenta (60) abogados

y

abogadas

que

tuvieron

experiencias

en

las

salas

6

CP-2009-2

presididas por él. En síntesis, el querellado objetó la

evaluación que le hizo la Comisión de Evaluación Judicial y

solicitó que se evaluara su solicitud de reconsideración

con relación al resultado de la evaluación que le hizo la

Comisión de Evaluación. Además, informó que había declinado

comparecer

ante

la

ocasión,

por

no

confianza

al

darle

Comisión

de

Evaluación

―inspirarnos

dicha

credibilidad

a

por

segunda

Comisión

ninguna

meros

comentarios

alegaciones,

que

en

ningún

Tribunal

hubieran

admitidas‖.

Acotó

que

―[l]a

Comisión

de

y

sido

Evaluación

Judicial, en nuestro caso particular, no ha actuado en la

forma justa, imparcial y diligente que requiere su delicada

encomienda‖;

la

Comisión

―nos

ha

negado

el

derecho

a

examinar los formularios que le dan base a su aberrada

evaluación...‖;

la

conclusiones

sobre

(biased)

no

que

Comisión

nuestra

recogen

―[h]a

labor

en

su

llegado

totalmente

contenido

a

unas

sesgadas

estocástico

(aleatorio) la función judicial que hemos realizado‖.

Asimismo, el querellado señaló que ―no le deslumbran

las candilejas ni las frivolidades, como el aparecer en la

Internet en el Cuadro de Honor de Jueces Excelentes, en una

foto oficial ni en algún certificado de reconocimiento‖;

que

lo

habían

tratado

como

a

una

―cosa‖

u

―objeto‖.

Finalmente, expresó que si tuviera que abandonar la Rama

Judicial

lo

haría

―con

la

frente

en

alto,

con

la

satisfacción del deber excelentemente cumplido y, sobre

todo, con el mal sabor de que los llamados por autonomasia

7

CP-2009-2

[sic] a impartir justicia, y teniendo la oportunidad de

hacerlo, no lo hicieron con uno de sus pares‖.

El 7 de agosto de 2007, el querellado le envió una

nueva carta al Juez Presidente en la cual le indicó que

había sido notificado de la Querella iniciada en su contra

por la OAT y le solicitó la desestimación de esta. Así

también, adujo que el Canon 29 de Ética Judicial adolecía

de vaguedad al prohibir gestiones indebidas sin establecer

lo

que

era

legalidad

indebido,

por

no

y

que

violaba

establecer

el

penalidad

principio

alguna

por

de

su

incumplimiento. Sostuvo que los Cánones de Ética Judicial

de 2005 creaban una clasificación inherentemente sospechosa

de discrimen por condición social porque no le eran de

aplicación a los jueces y juezas del Tribunal Supremo, en

violación a la igual protección de las leyes. Esta carta

fue considerada como una moción de desestimación de la

acción tomada por la Directora Administrativa y mediante

Resolución

de

24

agosto

de

2007,

resolvió

que

era

improcedente.

El 11 de septiembre de 2007, la entonces Subsecretaria

de Justicia, Lizette Mejías, le cursó a la Directora de la

OAT

una

carta

con

fecha

de

11

de

septiembre

de

2007,

informando que el entonces Secretario de Justicia, Roberto

J. Sánchez Ramos, había recibido una carta suscrita por el

entonces Juez Gaetán de fecha de 31 de agosto de 2007, en

la cual le informaba que su nombramiento vencía el 17 de

diciembre

de

2007

y

expresaba

su

agradecimiento

a

los

8

CP-2009-2

abogados y fiscales del Departamento de Justicia que habían

postulado ante él a lo largo de su carrera judicial. A esta

comunicación adjuntó copia de cuarenta y siete (47) cartas

de abogados que habían postulado ante él, y que a su vez

estos, le habían enviado al señor Hugo Díaz para abogar por

su renominación.

Así

las

realizada

cosas,

por

Declaraciones

y

como

parte

la

OAT,

sus

Juradas

a

distintos

de

la

investigación

investigadores

abogados

tomaron

que

habían

suscrito cartas para recomendar al querellado. De estas

Declaraciones Juradas surge que las cartas de recomendación

fueron remitidas tanto en fechas anteriores como en fechas

posteriores a la comunicación que el querellado recibió de

parte

de

la

Directora

Administrativa

de

la

OAT

solicitándole que desistiera de dicha práctica.

El 13 de noviembre de 2008, la OAT rindió su Informe

sobre la investigación solicitada por el Juez Presidente.

En este se concluyó que las actuaciones del querellado

habían violentado el Canon 29 de Ética Judicial, así como

los Cánones 9 y 38 de Ética Profesional. Se recomendó

referir la Queja a la Comisión de Disciplina Judicial para

la correspondiente Querella y trámite.

El 16 de enero de 2009, luego de recibido el Informe

de

Investigación

en

el

que

la

Comisión

de

Disciplina

determinó causa probable y dispuso que se presentara la

querella correspondiente, este Tribunal designó

Crisanta

González

Seda

para

que

recibiera

la

a la Lcda.

prueba

y

9

CP-2009-2

rindiera el informe pertinente. Posteriormente, mediante

Resolución de 2 de febrero de 2009, el Tribunal refirió la

Querella

a

la

Oficina

del

Procurador

General

para

que

compareciera como parte querellante en los procedimientos

que serían seguidos a tenor de la Regla 14 del Reglamento

del Tribunal Supremo.

El 13 de marzo de 2009 el querellado compareció a

contestar la Querella presentada. Solicitó la desestimación

de la misma por entender que la conducta que se le imputaba

ocurrió

mientras

él

se

desempeñaba

como

juez.

A

tales

efectos señaló que los Cánones de Ética Profesional rigen

la

conducta

de

los

abogados

pero

no

de

los

jueces

en

funciones. Asimismo, sostuvo que las cartas que él envió no

pueden catalogarse contrarias a los Cánones 9 y 38 de Ética

Profesional. Además, arguyó que no procedía concluir que

había incumplido el Canon 29 de Ética Judicial porque al

momento de emitirse el Informe de Investigación ya él no

fungía como juez. También señaló que aunque para propósitos

de argumentación se asumiera que el contenido de las cartas

era contrario a los cánones que se le imputaban, ya él

había

sido

sancionado

cuando,

al

extendérsele

un

nombramiento de receso en diciembre de 2007, fue asignado a

la Región Judicial de Humacao.

Luego de varios incidentes procesales, el 31 de marzo

de 2009 se celebró una vista sobre los procedimientos en la

que el caso quedo sometido por el expediente, a petición de

la Oficina de la Procuradora General, para ser resuelto por

10

CP-2009-2

la Comisionada Especial. El 17 de diciembre de 2009, ésta

nos remitió el Informe culminado. Concluyó que la conducta

del querellado estaba reñida con el Canon 29 de Ética

Judicial por lo que se configuró una violación de los

Cánones 9 y 38 de Ética Profesional. El querellado no ha

replicado el Informe de la Comisionada y tampoco nos ha

solicitado

término

para

hacerlo.

Así,

el

asunto

queda

sometido ante nuestra consideración para su resolución.

II

En

primer

orden

debemos

atender

el

argumento

jurisdiccional esbozado por el querellado. Este señala que

no tenemos jurisdicción para sancionarlo porque la conducta

que se le imputa ocurrió mientras se desempeñaba como juez.

Por tal razón, sostiene que no cabe encontrarlo incurso en

una violación a los Cánones de Ética Judicial.

La jurisdicción disciplinaria del Tribunal Supremo de

Puerto

Rico

sobre

los

jueces

del

Tribunal

de

Primera

Instancia y del Tribunal de Apelaciones emana del Art. V,

Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo

1, ed. 2002.1 Bajo el palio de ese mandato constitucional,

este Tribunal aprobó los Cánones de Ética Judicial de 2005,

los cuales pautan las normas mínimas de conducta que todo

1

El Art. V, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico establece que:

Los jueces del Tribunal Supremo podrán ser destituidos por

las

causas

y

mediante

el

procedimiento

que

esta

Constitución establece en la Sección 21 del Art. III. Los

jueces de los demás tribunales podrán ser destituidos por

el

Tribunal

Supremo

por

las

causas

y

mediante

el

procedimiento que se disponga por ley. L.P.R.A., Tomo 1,

ed. 2002.

11

CP-2009-2

juez debe observar rigurosamente. 4 L.P.R.A., Ap. IV-B; In

re Scherrer Caillet-Bois, 162 D.P.R. 842, 858 (2004).

Los

Cánones

de

Ética

Judicial

están

dirigidos

a

reglamentar la conducta de los abogados o abogadas que se

desempeñen

como

jueces

o

juezas.

Sin

embargo,

hemos

sostenido que la renuncia de un querellado a su posición en

la

Judicatura

o

la

expiración

del

término

de

su

nombramiento no es óbice para que este Tribunal pase juicio

sobre

aquellas

acciones

fungía

como

y

juez

en

que

que

éste

enmarquen

incurrió

violaciones

mientras

a

dichas

normas de comportamiento. In re Suárez Marchán, 159 D.P.R.

724, 735 (2003); In re Campoamor Redín, 150 D.P.R. 138, 149

(2000); In re Liceaga, 82 D.P.R. 252, 257 (1961). En ese

tenor hemos resuelto que el cese en las funciones de un

magistrado,

ya

sea

por

motivo

de

renuncia,

por

la

no

renominación o por la separación del cargo, no impide que

se continue el proceso disciplinario si la naturaleza de la

conducta

imputada

suspensión

de

puede

la

dar

lugar

al

desaforo,

abogacía

o

a

otras

a

la

medidas

disciplinarias‖. In re Campoamor Redín, supra.

De

la

misma

manera,

la

Regla

33(a)

de

Disciplina

Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XV-B, establece que:

La renuncia o la expiración de nombramiento de la

jueza o del juez querellado no impedirá que

continúe el procedimiento disciplinario en su

contra al amparo de este reglamento. La comisión

determinará

si

la

conducta

amerita

la

recomendación de imponerle a la juez o al juez

querellado medidas disciplinarias por violación

al Código de Ética Profesional. Véase, In re Lugo

Rodríguez, 149 D.P.R. 551, 555 (1999).

12

CP-2009-2

Es decir, el hecho de que un abogado no ostente su

cargo como juez, no nos impide concluir, si los hechos así

lo demuestran, que ha incurrido en conducta reñida con los

Cánones de Ética Profesional. Según señalamos en In re

Sherrer Caillet-Bois, supra, pág. 859, esto es así porque

determinar lo contrario seria atentar contra el propósito

social

de

evitar

que

la

justicia

se

vea

frustrada

al

tornarse académica una Querella por el sólo hecho de que un

juez cese en su cargo. Asimismo, resultaría incompatible

con la facultad inherente que tiene este Tribunal para

reglamentar el ejercicio de la abogacía. Íd.; In re Suárez

Marchán, supra, pág. 735.

Por lo tanto, la no confirmación del querellado y el

hecho de que ya no se desempeñe como juez, no priva a este

Tribunal de pasar juicio sobre sus actuaciones mientras fue

miembro de la judicatura y de determinar si éste infringió

alguno de los Cánones de Ética Profesional.

III

Como ya indicamos, la Comisionada Especial concluyó en

su Informe que las actuaciones del querellado violaron el

Canon 29 de Ética Judicial. Además, acotó que como tales

actos

tienen

implicaciones

que

trascienden

las

responsabilidades del querellado como juez, y se proyectan

en su carácter personal y en su vida profesional como

abogado, constituyen violaciones a los Cánones 9 y 38 de

Ética Profesional.

13

CP-2009-2

A

priori,

determinados

no

por

reflejan

que

desempeñó

como

albergamos

la

la

duda

Comisionada

conducta

Juez

del

del

de

que

los

hechos

Especial

en

su

Informe

querellado,

Tribunal

de

mientras

Primera

se

Instancia,

constituyó una violación al Canon 29 de Ética Judicial,

supra. Este Canon

abstengan

de

requiere que los jueces y juezas se

realizar

gestiones

indebidas

para

lograr

ascensos, obtener una renominación a la judicatura o para

obtener cualquier otro cargo público. Íd. Esta prohibición

incluye todo tipo de gestión indebida tanto para beneficio

del juez como a favor de otras personas, pero excluye los

trámites

oficiales

ante

los

organismos

que

asesoran

al

Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo sobre nombramientos

judiciales. Íd.

Como ya hemos apuntado, el juez para poder merecer el

respeto de la sociedad y el acatamiento de sus decisiones

tiene que ser y proyectarse como un ser humano sin tacha.

Es decir, no solamente tiene que ser bueno, sino también

parecerlo. In re Hernández Torres, 167 D.P.R. 823, 848-849

(2006), citando a C.J. Irizarry Yunqué, La ética judicial,

Año 9 (Núms. 1-4) Forum 4 (octubre 1993). Los magistrados

se convierten en depositarios de la confianza del Pueblo de

que la administración de la justicia se llevará a cabo por

personas de una conducta intachable. In re Robles Sanabria,

151 D.P.R. 483, 510 (2000). Por lo tanto, esta confianza

obliga al juez a ser previsor y analizar las posibles

consecuencias de sus actos en términos de las impresiones

14

CP-2009-2

que podrían recibir terceras personas y debe estar muy

pendiente de situaciones que puedan afectar negativamente

su imagen. In re Hernández Torres, supra; In re Suárez

Marchán, supra, pág. 740; In re Ortiz Rivera, 163 D.P.R.

530, 536 (2004). Por eso, este Tribunal ha sido consistente

al señalar que la profesión judicial no admite términos

medios. In re Nevárez Zavala, 123 D.P.R. 511, 524 (1989).

El

prestigio

del

juez

no

es

un

activo

que

deba

utilizarse para gestionar privilegios o concesiones que de

otro modo no hubieran podido obtenerse. In re Almodóvar

Marchany, 167 D.P.R. 421, 434 (2006). El prestigio del

cargo, y la reputación bien ganada, sólo pueden ser carta

de

presentación

en

el

ejercicio

de

las

funciones

judiciales. Íd. Por ello, los jueces deben ser sumamente

cuidadosos y prudentes al manejar asuntos exógenos a la

función judicial para evitar crear la apariencia de que

utiliza el título de juez como instrumento de intimidación

o para imprimir mayor peso a sus reclamos personales. Íd.

Por consiguiente, estamos convencidos de que la carta

enviada por el querellado a distintos abogados y abogadas

para que éstos recomendaran su renominación o ascenso con

el Director de la Oficina de Nombramientos Judiciales en la

Fortaleza, no es una gestión legítima en el proceso de

realizar

una

solicitud

formal

para

esa

renominación

o

ascenso. Dicha carta les solicitaba a los letrados que lo

recomendaran solamente si consideraban que el querellado se

desempeñaba

adecuadamente

en

la

función

judicial.

Tal

15

CP-2009-2

actuación colocó al querellado en una posición donde su

imparcialidad podía ser cuestionada debido a que la carta

enviada daba la impresión de que los abogados y abogadas

que no lo recomendaran no consideraban que el querellado se

desempeñaba de forma adecuada. A tal efecto, es razonable

colegir

que

el

abogado

o

abogada

que

recibiera

dicha

solicitud podía pensar que si se negaba a enviar la carta

los casos que tenía con el juez podían verse afectados.

Esto

en

definitiva

es

contrario

al

Canon

29

de

Ética

Judicial, supra.

Ahora bien, el 30 de junio de 2008, el licenciado

Gaetán Mejías cesó en su cargo como juez luego de que el

Senado de Puerto Rico no considerara su nombramiento. Así,

el hecho de que el licenciado Gaetán Mejías ya no forma

parte de la judicatura nos impide sancionarlo de acuerdo a

los Cánones de Ética Judicial. Véanse, In re Busó Aboy, 166

D.P.R. 49, 60-61 (2005); In re Saavedra Serrano, 165 D.P.R.

817, 828-829 (2005); In re Suárez Marchán, supra, pág. 745;

In

re

Lugo

enfocaremos

a

disposiciones

Rodríguez,

supra.

examinar

su

de

Cánones

los

Por

conducta

consiguiente,

nos

a

las

del

la

Código

luz

de

de

Ética

Profesional.

IV

En

innumerables

ocasiones

hemos

aseverado,

con

relación a casos de conducta profesional, que este Tribunal

no está obligado a aceptar el Informe de un Comisionado

Especial.

Podemos

adoptar

el

Informe,

modificarlo

e,

16

CP-2009-2

incluso, rechazarlo. In re Semidey Morales, 151 D.P.R. 842,

844 (2000); In re López de Victoria Brás, 135 D.P.R. 688,

695 (1994); In re Soto López, 135 D.P.R. 642, 646 (1994);

Vélez

Ruiz

v.

E.L.A.,

111

D.P.R.

752,

757-758

(1981.

Precisamente, en el presente caso no coincidimos totalmente

con la apreciación jurídica de la Comisionada Especial,

según expuesta en su Informe, con relación a la aplicación

del Canon 9 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap IX, en el

contexto del presente caso.

De

entrada

creemos

que

el

querellado

no

infringió

dicho postulado. Esta norma reza:

Conducta del abogado frente a los tribunales

El abogado debe observar para con los tribunales

una conducta que se caracterice por el mayor

respeto. Ello incluye la obligación de desalentar

y evitar ataques injustificados o atentados

contra los jueces o contra el buen orden en la

administración de la justicia en los tribunales.

En casos donde ocurrieren tales ataques o

atentados, el abogado debe intervenir para tratar

de restablecer el orden y la buena marcha de los

procedimientos judiciales.

El

deber

de

respeto

propio

para

con

los

tribunales incluye también la obligación de tomar

las

medidas

que

procedan

en

ley

contra

funcionarios

judiciales

que

abusan

de

sus

prerrogativas o desempeñan impropiamente sus

funciones y que no observen una actitud cortés y

respetuosa. (Énfasis nuestro). Canon 9 de Ética

Profesional, supra.

Al interpretar el Canon 9 de Ética Profesional, supra,

hemos señalado que este requiere ―que los abogados, cuando

hayan de dirigirse al tribunal –-aun para criticarle-— lo

hagan con respeto y deferencia‖. In re Crespo Enríquez, 147

D.P.R.

656,

662-663

(1999).

Es

decir,

se

trata

de

un

17

CP-2009-2

postulado que rige la conducta de los abogados frente al

tribunal, tal y como lo sugiere el propio título del Canon.

De una simple lectura de este principio deontológico

surge que se refiere a la conducta de los abogados ante los

tribunales.

Se

trata

de

la

imposición

de

un

deber

de

comportamiento exclusivamente dirigido a los abogados y no

a los jueces. De ahí, que el Canon imponga como deber que

el abogado desaliente ataques injustificados en contra de

los jueces o del buen orden en la administración de la

justicia y no viceversa. Es decir, el Canon no les impone a

los jueces el deber de desalentar ataques injustificados en

contra

de

los

administración

mismos

jueces

o

del

buen

orden

en

la

de

justicia.

El

deber

impuesto

es

la

exclusivo a los abogados.

El Canon establece que los abogados tienen el deber de

velar por la conducta y comportamiento de los funcionarios

judiciales,

entre

los

cuales

resalta

evidentemente

la

figura del juez. Por ende, del propio lenguaje del Canon 9

de Ética Profesional, supra, surge de forma conspicua que

este fue diseñado para regular el comportamiento de los

abogados con relación al tribunal y los jueces; no así el

comportamiento de los jueces.

De hecho este Tribunal ha sostenido que este precepto

está dirigido a regular la conducta del abogado litigante

en corte. In re Busó Aboy, supra, pág. 66; In re Saavedra

Serrano, supra, pág. 829. En In re Saavedra Serrano, supra,

la

conducta

anti

ética

imputada

al

licenciado

Saavedra

18

CP-2009-2

ocurrió mientras este fungía como juez. Allí, la Oficina de

Administración de Tribunales presentó una querella en la

que se le imputó al licenciado Saavedra haber violado,

inter

alia,

el

Canon

9

de

Ética

Judicial.

Empero

la

Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por

razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia

y

del

Tribunal

de

Apelaciones,

determinó

que

no

hubo

violación a dicho Canon porque este había sido diseñado con

el fin de regir la conducta de los miembros de la profesión

legal en los tribunales y que, por lo tanto no aplicaba a

los

jueces.

Este

Tribunal

confirmó

esa

apreciación

y

sostuvo que el Canon 9 de Ética Profesional, supra, no le

es de aplicación a los jueces. Íd. Por ende, concluyó que

las actuaciones del licenciado Saavedra no constituyeron

violaciones

al

Canon

9

de

Ética

Profesional.

A

igual

conclusión llegó este Tribunal en el caso de In re Busó

Aboy, supra.

Cabe destacar, que este Canon se ha aplicado en una

amplia

gama

de

situaciones.

Así

por

ejemplo,

hemos

determinado que la desatención a las órdenes del Tribunal

por parte de un abogado, constituyen una violación al Canon

9 de Ética Profesional, supra. In re Torres Viera, res. el

17 de septiembre de 2010, 179 D.P.R. ___ (2010), 2010

T.S.P.R. 209, 2010 J.T.S. ___; In re Davila Toro, res. el

30 de agosto de 2010, 179 D.P.R. ___ (2010); 2010 T.S.P.R.

195;

2010

J.T.S.

204.

También

hemos

señalado

que

―el

abogado no tiene licencia absoluta en el uso del lenguaje

19

CP-2009-2

para poner en entredicho o mancillar la dignidad de los

jueces‖. In re López de Victoria I, 163 D.P.R. 1, 8 (2004).

De la misma forma hemos afirmado que es nefasto para la

buena práctica de la profesión que un abogado haga serias

imputaciones sobre el obrar de un juez cuando las mismas no

están avaladas por evidencia contundente e indubitada. Íd.;

In re Roche Santorro, res. el 30 de junio de 2008, 174

D.P.R. ___ (2008), 2008 T.S.P.R. 125, 2008 J.T.S. 145; In

re Crespo Enríquez, supra, pág. 663.

Resulta también ser una violación al Canon 9 de Ética

Profesional,

el

que

un

abogado

durante

la

toma

de

deposición de su cliente se comporte de tal forma que no

propicie

un

desobedezca

ambiente

las

de

solemnidad

instrucciones

emitidas

y

decoro

por

un

o

que

juez

con

relación a la forma en que debe conducirse la deposición.

In re González Carrasquillo, 164 D.P.R. 813 (2005). A su

vez, conculca este principio el abogado que en lugar de

utilizar argumentos persuasivos para convencer al tribunal,

recurra

al

uso

de

lenguaje

soez

para

adelantar

los

intereses de su cliente. In re López de Victoria I, supra,

pág. 8. Tampoco se ajusta al Canon 9 de Ética Profesional,

supra, aquel abogado que ―observe una conducta irrespetuosa

y

poco

profesional

contra

los

empleados

de

la

Rama

Judicial, en asuntos relativos a la administración de la

Justicia...‖.

In

re

Barreto

Ríos,

157

D.P.R.

352,

357

(2002). Igualmente, viola este precepto el abogado que se

niegue de forma injustificada a aceptar la designación como

20

CP-2009-2

abogado

de

oficio

que

le

haga

el

Tribunal

de

Primera

Instancia o que se niegue a proveerle su dirección al

tribunal.

In

re

Rodríguez

Santiago,

157

D.P.R.

26,

36

(2002). También podría infringir este postulado, el abogado

que

se

adentra

en

las

oficinas

de

un

juez

sin

haber

recibido autorización para ello. In re Miranda Marchand,

135 D.P.R. 580, 589 (1994).

Como puede notarse, el Canon 9 de Ética Profesional,

supra, si bien se ha aplicado en múltiples contextos, nunca

se le ha aplicado a un juez por una conducta irrespetuosa

frente a los tribunales o a un abogado por actuaciones

cometidas mientras ejercía como juez. No hemos encontrado

ningún precedente en el cual eso haya sucedido. Su radio de

alcance se ha limitado al comportamiento anti ético de los

abogados.

En el caso de autos, es un hecho incontrovertido que

la conducta violatoria que se le imputa al querellado fue

desplegada durante su incumbencia como Juez Superior del

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. Esto es así

ya

que

mientras

fungía

como

Juez

Superior

fue

que

el

querellado dirigió una comunicación al Juez Presidente de

este

Foro

en

la

que

cuestionó

la

imparcialidad

de

la

Comisión de Evaluación Judicial. Por lo tanto, diferimos

del

Informe

sometido

por

la

Comisionada

Especial

y

concluimos, al igual que lo hicimos en In re Busó Aboy,

supra y en In re Saavedra Serrano, supra, que el Canon 9 de

Ética Profesional, supra, no le es de aplicación a los

21

CP-2009-2

jueces y, por ende, tampoco le aplica al querellado por las

acciones cometidas cuando era Juez.

V

Por otro lado, coincidimos con la Comisionada Especial

en cuanto a que las actuaciones del querellado infringieron

el Canon 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Éste,

distinto al Canon 9, sí se ha aplicado a los abogados por

sus actuaciones mientras ejercían el cargo de juez. Véanse,

In

re

Campoamor

Marchán,

supra,

Redín,

pág.

supra,

745;

In

pág.

re

153;

Sherrer

In

re

Suárez

Caillet-Bois,

supra, pág. 869; In re Busó Aboy, supra, págs. 66-67.

En

lo pertinente, este Canon dispone que:

El abogado deberá esforzarse al máximo de su

capacidad, en la exaltación del honor y dignidad

de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve

sacrificios personales y debe evitar hasta la

apariencia de conducta impropia. En su conducta

como funcionario del tribunal, deberá interesarse

en hacer su propia y cabal aportación hacia la

consecución de una mejor administración de la

justicia. Canon 38 de Ética Profesional, supra.

Este Tribunal ha señalado que este Canon extiende la

obligación de los abogados de conducirse en forma digna y

honrada a su vida privada. In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R.

138,

145

(2005).

Esto

debido

a

que

―la

apariencia

de

conducta impropia puede resultar muy perniciosa con respeto

de la ciudadanía por sus instituciones de justicia y a la

confianza que los clientes depositan en sus abogados‖. In

re Ortiz Martínez, 161 D.P.R. 572, 588 (2004). En ese tenor

hemos señalado que siendo los abogados el espejo donde se

refleja la imagen de la profesión, éstos deben actuar con

22

CP-2009-2

el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la

función social que ejercen. In re Silvagnoli Collazo, 154

D.P.R. 533, 541 (2001); In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313,

319 (1974). Por eso, ―el abogado habrá de desempeñarse con

dignidad y alto

sentido del honor, aunque

eso

implique

ciertos sacrificios personales‖. In re Busó Aboy, supra,

pág. 65. De ahí que ―[l]a práctica de la abogacía, distinto

quizás a otras profesiones, conlleva una seria y delicada

función ciudadana pues la misma representa servicio, ética

y ejemplo‖. In re Santiago Rodríguez, 160 D.P.R. 245, 254

(2003); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599,

613 (1993). En fin, los abogados –-y por consiguiente los

jueces--

deben

traslucir

en

la

praxis

un

sentido

de

justicia que sea inmaculada, no solamente en su realidad

interior, sino también en su apariencia externa. Véase, In

re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758, 766 (1976).

A la luz de lo anterior, estamos convencidos de que la

carta enviada por el querellado a distintos abogados y

abogadas

para

que

éstos

recomendaran

su

renominación

o

ascenso con el Director de la Oficina de Nombramientos

Judiciales

en

la

Fortaleza,

no

sólo

fue

una

gestión

aparentemente impropia sino que fue en realidad impropia.

Como ya dijimos, la carta les solicitaba a los abogados que

redactaran

una

carta

de

recomendación

solamente

si

consideraban que el querellado se desempeñaba adecuadamente

en la función judicial. Además, la misiva les pedía a los

abogados

que

de

remitir

la

carta

de

recomendación,

le

23

CP-2009-2

enviaran una copia al querellado.

Como ya dijimos tal

actuación colocó al querellado en una posición donde su

imparcialidad podía ser cuestionada debido a que la carta

enviada daba la impresión de que los abogados y abogadas

que no lo recomendaran no consideraban que el querellado se

desempeñaba de forma adecuada. Más aún, la naturaleza de la

petición, a nuestro entender, creó la apariencia de que el

querellado quiso aprovecharse de su posición como juez para

obtener un beneficio personal. Esto sin duda no es un buen

ejemplo de responsabilidad ética.

Asimismo,

somos

del

parecer

de

que

el

lenguaje

utilizado por el querellado en esa carta y en la que le

envió al Juez Presidente, el 16 de julio de 2007, no fue el

más apropiado. Allí, sin fundamento alguno, el querellado

puso en duda la integridad y honestidad de los miembros de

la Comisión de Evaluación Judicial.2

En

abogados

síntesis,

para

ni

el

haber

solicitarles

que

enviado

lo

la

carta

a

los

recomendaran,

ni

las

expresiones vertidas por el querellado en esa misiva y en

2

En la carta dirigida a los abogados, el querellado señala que la

Comisión de Evaluación Judicial atropelló su dignidad con la

evaluación que le hicieron. Así, describe como un acto de maldad e

infamia dicha evaluación. Todo esto sin tener prueba que sustente su

postura.

Además, en la carta del 16 de julio de 2007, dirigida al Juez

Presidente, el querellado objetó el informe emitido por la Comisión de

Evaluación Judicial, aduciendo que ésta no había actuado en forma

justa, imparcial y diligente; que había llevado a cabo una aberrada

evaluación; que lo habían tratado como una cosa u objeto; que había

llegado a unas conclusiones sobre su labor totalmente sesgadas; que si

tuviera que abandonar la Rama Judicial lo haría con la frente en alto,

con la satisfacción del deber excelentemente cumplido y con el mal

sabor de que los llamados por antonomasia a impartir justicia no lo

hicieron con uno de sus pares, etc.

24

CP-2009-2

la que le dirigió al Juez Presidente, son actuaciones que

exaltan el honor y la dignidad de la profesión legal.

VI

Por último, debemos determinar que sanción le vamos a

imponer al querellado. Para ello, es necesario hilvanar las

circunstancias y contornos de la casuística con el objeto

de equiparar, lo más que sea posible, la sanción que le

impongamos al querellado con las que les impusimos, en

otros contextos, a otros abogados.

Así por ejemplo, en el caso de In re Vélez Collado,

159 D.P.R. 422 (2003), este Tribunal censuró enérgicamente

al Juez Vélez Collado luego de que éste emitiera una orden

de desacato en contra de una parte y no de su representante

legal a pesar de que fue por culpa de la ausencia del

representante

legal

y

no

de

la

parte,

que

se

había

suspendido el juicio en varias ocasiones, incluyendo la

ausencia que motivo el desacato. Las razones aducidas por

dicho juez para así proceder fueron las siguientes:

La vez anterior este caso se suspendió porque

también

usted

compareció

sin

representación

legal. La verdad que la conducta, yo no sé si es

imputable a usted o no, pero yo se la voy a

imputar a usted, después usted se defiende. Este

Tribunal le va a imponer una fianza de $20,000

por el delito de desacato y ordena su ingreso en

la cárcel hasta tanto presente los $20,000.

Cualquier otro asunto resuélvalo con su abogado y

le vamos a conseguir una fecha de señalamiento

para esta vista. (Énfasis suplido).

En ese caso, el perjudicado fue ingresado en la cárcel

hasta que se le concedió una vista de rebaja de fianza en

la que otro Juez no solamente le rebajó la fianza sino que

25

CP-2009-2

autorizó a que se prestara el diez porciento (10%) de esta,

opción que el Juez Vélez Collado le había negado a la parte

perjudicada.

A su vez, en In re Pérez Rodríguez, 91 D.P.R. 219

(1964), este Tribunal censuró enérgicamente al Juez Pérez

Rodríguez

luego

de

que

éste

le

ordenara

a

la

policía

arrestar a una persona porque ésta se negó a permitirle el

acceso a una actividad debido a que el Juez se negaba a

pagar la entrada. Si bien es cierto que en ese caso no hubo

consenso en torno a la sanción impuesta, la mayoría le

impuso a dicho Juez una censura enérgica.

Un tercer ejemplo lo encontramos en el caso de In re

Castro Colón, 155 D.P.R. 110 (2001). Allí, este Tribunal

censuró enérgicamente a la Jueza Castro Colón por haber

intervenido indebidamente en un pleito de divorcio. En ese

caso, Cesar Méndez Otero, quien a su vez era el Alcalde del

Municipio

de

Río

Grande,

le

pidió

a

la

magistrada

que

interviniese con su esposa, la señora García Rodríguez, a

fin de reglamentar las relaciones entre ellos como parte

del proceso de divorcio. La Jueza accedió a tal petición y

procedió

a

pidiéndole

comunicarse

con

la

señora

García

que

por

su

oficina

para

pasara

Rodríguez,

discutir

lo

relevante al caso de divorcio. La señora García Rodríguez

acudió a la oficina de la magistrada y sometió una moción

en la cual le pidió a ésta que terminara su intervención en

el caso entre ella y su esposo. Empero, y a pesar de haber

26

CP-2009-2

declarado con lugar dicha moción, la Jueza Castro Colón

volvió a intervenir con el asunto en cuestión.

Ésta emitió una orden ex parte dirigida a la Policía

de Puerto Rico para que acompañara al Alcalde Méndez Otero

hasta

la

residencia

de

la

señora

García

Rodríguez,

de

manera que éste pudiese recoger su ropa y otros documentos.

La orden además apercibía a la señora García Rodríguez a no

intervenir con el cumplimiento de dicha orden. Luego de que

se

tratara

de

llevar

infructuosamente,

Rodríguez

no

a

por

estaba

en

cabo

lo

dispuesto

razón

de

que

la

su

casa,

la

Jueza

en

la

señora

Castro

orden

García

Colón

declaró a la señora García Rodríguez incursa en desacato

civil y le impuso una multa de cien dólares ($100).

Cabe señalar que la Comisión en dicho caso a la hora

recomendar la sanción, tomo en consideración el hecho de

que la Jueza Castro Colón nunca antes había incurrido en

alguna falta y que la conducta de la magistrada no había

resultado en beneficio alguno para ella.

En In re Saavedra Serrano, supra, este Tribunal se

limitó a censurar enérgicamente al Lcdo. Luis G. Saavedra

Serrano, con un apercibimiento contra futuras infracciones.

Ello se hizo en vista de que se trataba de la primera

ofensa de éste. En ese caso, se concluyó que el licenciado

Saavedra Serrano no se condujo en su sala de forma serena,

imparcial y respetuosa con el querellante. A tales efectos

señalamos:

El licenciado Saavedra Serrano, desde el comienzo

de la vista, actuó de forma hostil y descortés al

27

CP-2009-2

dirigirse al querellante, y en varias ocasiones

hizo alusión a su poder y autoridad para

―meterl[o] preso‖. Además, aun cuando el acusado

querellante

manifestó

–en

forma

serena

y

respetuosa—ser

una

persona

indigente

y

que

carecía de representación legal, el querellado,

de forma severa y abusiva, le advirtió que si no

lo hacía ―lo iba a lamentar‖; le ordenó buscar

representación legal sin hacer uso de su facultad

para asignarle un abogado de oficio. Igualmente,

el

licenciado

Saavedra

Serrano,

aun

cuando

advirtió alguna condición mental o emocional de

González

Salas

[querellante],

no

observó

sensibilidad alguna y continuó dirigiéndose a

éste de forma recia y despectiva, lo que ocasionó

que, finalmente, González Salas reaccionara en la

forma en que lo hizo.

........

Resulta evidente que, con su proceder, el

licenciado Saavedra Serrano lo que hizo fue

intimidar innecesariamente a un ciudadano humilde

y afectado emocionalmente, lo cual denigra la

profesión legal, promoviendo y ocasionando que

este ciudadano reaccionara de la forma en que lo

hizo

y

perdiera

el

control

sobre

su

comportamiento. In re Saavedra Serrano, supra,

págs. 830-831.

Como se puede apreciar, en los precedidos casos la

sanción impuesta por este Tribunal consistió en la censura

enérgica.

Ello,

a

pesar

de

que

las

conductas

allí

ejemplificadas y sancionadas eran tan o más ominosas que

las manifestadas por el querellado en el presente caso. De

hecho, los excesos cometidos por los jueces en tales casos,

distinto al de autos, tuvieron repercusiones negativas con

terceras personas, infringiéndole la libertad, imponiéndole

sanciones económicas de manera injustificada o denigrando

su

dignidad

imparciales.

con

faltas

de

respeto

y

actitudes

poco

28

CP-2009-2

En

el

caso

de

autos,

aunque

las

actuaciones

del

querellado iban dirigidas a intentar lograr su renominación

o ascenso como juez por un nuevo término, éste no logró su

renominación ni ascenso dentro de la judicatura. Es decir,

no logró obtener un beneficio propio. Asimismo, debemos

destacar,

como

Informe,

que

lo

el

hace

la

querellado

Comisionada

en

Especial

veintiséis

(26)

en

su

años

de

práctica en la profesión no había cometido ninguna falta o

conducta reñida con los Cánones de Ética Profesional. A su

vez, como ya discutimos, el Canon 9 de Ética Profesional,

supra, no le es de aplicación al querellado en el contexto

de este caso.

Por

aconseja

los

a

fundamentos

censurar

expuestos,

enérgicamente

al

la

prudencia

querellado

apercibimiento sobre conducta similar en el futuro.

Se dictará sentencia de conformidad

con

nos

un

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Conducta

Profesional

Eliseo Gaetán Mejías

CP-2009-2

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2011.

Por

los

fundamentos

antes

expresados,

censuramos enérgicamente al licenciado Gaetán

Mejías con un apercibimiento sobre conducta similar

en el futuro.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada

Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión

disidente a la cual se unen el Juez Presidente

Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Señora

Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

CP-2009-02

Eliseo Gaetán Mejías

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez a la que se le une el Juez Presidente señor Hernández

Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2011

El

licenciado

Eliseo

Gaetán

Mejías

(el

querellado o el licenciado Gaetán Mejías) fue admitido

al ejercicio de la abogacía el 6 de junio de 1983.

Doce

años

más

tarde,

el

18

de

diciembre

de

1995,

juramentó como juez superior y ejerció su cargo en

varias

regiones

judiciales.

Durante

los

últimos

cuatro años de su término estuvo asignado al Tribunal

de Primera Instancia, Sala de Guaynabo.

diciembre

de

2007,

vencido

ya

su

El 18 de

término,

el

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le

extendió un nombramiento de receso al mismo cargo de

juez

superior.

El

licenciado

Gaetán

Mejías

fue

CP-2009-2

asignado

2

a

Humacao.

ejercer

El

como

Senado

juez

de

en

Puerto

la

Región

Rico

no

Judicial

de

consideró

su

nombramiento por lo que cesó en su cargo el 30 de junio de

2008.

El

licenciado

investigación

por

Gaetán

la

Mejías

Oficina

de

fue

objeto

de

una

Administración

de

los

Tribunales (OAT), relacionada con ciertas actuaciones en

torno al proceso de su renominación durante el año 2007.

Como resultado de la referida investigación, se rindió un

informe de investigación en el cual se concluía que el

licenciado Gaetán Mejías había incurrido en violaciones al

Canon 29 de los Cánones de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap.

IV-A,

y

a

Profesional.

los

Cánones

9

y

38

4 L.P.R.A. Ap. IX.

del

Código

de

Ética

Ello dio paso a que la

conducta del licenciado Gaetán Mejías fuese referida a la

Comisión de Disciplina Judicial (la Comisión de Disciplina)

para la acción correspondiente.

La Comisión de Disciplina concluyó que, en efecto, el

licenciado Gaetán Mejías había incurrido en las violaciones

éticas señaladas por lo que se presentó la correspondiente

querella y luego de los trámites de rigor se designó una

Comisionada

Especial

para

atenderla.

Concluido

este

proceso, la Comisionada Especial emitió su informe, el cual

nos ha remitido.

Nos corresponde en este momento aquilatar

dicho informe y evaluar la conducta del licenciado Gaetán

Mejías.

CP-2009-2

3

Comenzamos nuestro análisis con un resumen detallado

de los hechos que dan base a la querella presentada contra

el licenciado Gaetán Mejías.

I

Mientras el licenciado Gaetán Mejías se desempeñaba

como juez superior, y presto a vencer su nombramiento, éste

solicitó ser renominado al cargo de juez del Tribunal de

Primera Instancia o ascendido al Tribunal de Apelaciones.

El 11 de abril de 2007, la Comisión de Evaluación Judicial

(la Comisión de Evaluación o la Comisión) llevó a cabo una

evaluación del desempeño del querellado.

Ésta emitió un

informe en el cual concluyó que el querellado no estaba

calificado para renominación o para ascenso.

El 9 de mayo de 2007, el querellado se comunicó por

escrito

con

la

disconformidad

Comisión

con

los

de

Evaluación

resultados

de

expresando

su

evaluación

y

su

solicitó una prórroga para recopilar aquella información

necesaria

referente

a

sus

cualificaciones

como

juez

rebatir la determinación de que no estaba calificado.

y

La

Comisión de Evaluación le concedió la prórroga solicitada y

además le informó que tendría una segunda oportunidad para

comparecer ante sí y presentar sus objeciones al informe de

evaluación emitido.

acompañada

con

un

La comunicación que se le envió iba

desglose

de

los

comentarios

negativos

recibidos por la Comisión de Evaluación sobre su desempeño

como

juez.

Se

indicaba

también

que

no

se

le

incluían

aquellos comentarios cuyo contenido permitiría que se

CP-2009-2

4

identificase al entrevistado.

Se le solicitó además que

presentase un escrito con un resumen de los fundamentos que

esgrimiría en su día ante la Comisión de Evaluación para

refutar las conclusiones del informe.

Así las cosas, el 10 de mayo de 2007 el licenciado

Gaetán Mejías suscribió una carta dirigida a abogados y

abogadas.

Por

su

importancia,

transcribimos

en

totalidad la carta suscrita por el querellado:

FROM THE DESK OF

ELISEO GAETAN MEJIAS

SUPERIOR COURT JUDGE

―Invoke the imagination, Provoke

the senses,

Evoke the emotions,… for creative

thinking and knowledge.‖

G. Laliberté

E. Gaetán

Distinguido Letrado

Nos dirigimos a usted porque estamos seguros de

que no cree en que la maldad deba prevalecer

sobre el bien ni la injusticia sobre la justicia.

Por lo anterior, si usted considera que nos hemos

desempeñado adecuadamente en la función judicial,

nos urge que tenga a bien en hacer una carta

dirigida a:

Sr. Hugo Díaz, Director

Oficina de Nombramientos Judiciales

La Fortaleza, San Juan, P.R. 00901

Estando en la etapa final de evaluación para el

Tribunal

de

Apelaciones,

el

Hon.

Francisco

Rebollo López, en su carácter de Presidente del

Comité

Evaluador,

nos

ha

dado

como

no

cualificados ni para el Tribunal de Apelaciones

ni para renominación al Tribunal Superior.

Esto

sin duda es una agenda de algún enemigo invisible

que nos persigue desde Arecibo y que hasta ahora

ha logrado que no sean justos en la evaluación.

No tenemos otra forma de defendernos de esta

infamia, toda vez que se nos negó tener acceso a

los formularios de evaluación que tenían los

su

CP-2009-2

5

abogados

y

fiscales

consultados

sobre

el

particular.

Los renglones en que se nos ha

indicado como no cualificados en escala del 1 al

6 son los siguientes:

1. Reputación intelectual

No cualificado

2. Destrezas profesionales

No cualificado

3. Destrezas de comunicación

No cualificado

4. Temperamento judicial

No cualificado

5. Calidad de trabajo

No cualificado

6. Juicio valorativo

No cualificado

Ante este atropello a la dignidad del ser humano,

no nos queda otro recurso que dirigirnos a usted

para que nos apoye con el envío de una carta y

que la misma nos sea entregada cerrada y una

copia para nuestro récord, para solicitar una

cita con el Sr. Hugo Díaz, de manera que podamos

explicar con prueba que contradiga la errónea

apreciación de la Comisión, quien dicha (sic) sea

de paso, ninguno de sus componentes ha estado en

nuestra Sala para palpar realmente el desempeño

en la función judicial.

Con el testimonio de nuestro aprecio quedamos de

usted.

Cordialmente,

Fdo. Eliseo Gaetán y Mejías. (Énfasis nuestro y

en original.)

El 28 de junio de 2007, la Directora Administrativa de

la OAT, luego de recibir copia de la antes transcrita carta

así como de una carta enviada por una abogada al señor

Díaz, le envió una comunicación al licenciado Gaetán Mejías

indicándole que se había iniciado una investigación en su

contra

habida

cuenta

de

que

dicha

carta,

de

su

faz,

aparentaba estar en conflicto con el Canon 29 de Ética

Judicial.

En

la

comunicación

enviada,

la

Directora

le

solicitó al querellado que cesara y desistiera de continuar

con

el

envío

de

este

escrito

para

evitar

así

que

ello

mancillara la imagen de la Rama Judicial así como la del

propio juez.

Se le concedió un término de diez días para

que se expresara sobre el contenido de la carta y se le

informó

que

de

no

comparecer

se

continuaría

con

la

CP-2009-2

6

investigación sin el beneficio de su comparecencia.

La

carta de la Directora venía acompañada con copia de los

documentos que motivaron el inicio de la investigación.

El 16 de julio de 2007, el licenciado Gaetán Mejías le

envió

una

extensa

comunicación

al

Juez

Presidente

del

Tribunal Supremo, con copia a todos los Jueces Asociados,

en

la

cual

objetaba

la

evaluación

negativa

de

que

fue

objeto por la Comisión de Evaluación Judicial y solicitaba

su

reconsideración.

Se

anejó

a

dicha

carta

copia

de

sesenta cartas, firmadas por sesenta y seis abogados, que

recomendaban su gestión judicial.

Indicó que declinaba comparecer ante la Comisión de

Evaluación

por

segunda

ofrecido,

por

no

―inspirarnos

dicha

confianza

al

darle

credibilidad

a

alegaciones,

que

en

admitidas‖.

Sostuvo

ocasión

conforme

se

le

Comisión

meros

había

ninguna

comentarios

ningún

Tribunal

hubieran

que

Comisión

de

la

y

sido

Evaluación

Judicial, ―en nuestro caso particular, no ha actuado en

forma justa, imparcial y diligente que requiere su delicada

encomienda‖.

Que

la

Comisión

―en

forma

totalmente

contraria a su estatuto orgánico nos ha negado el derecho a

examinar

los

evaluación…‖.

una

formularios

que

dan

base

a

su

aberrada

Además, apuntó que la Comisión llevó a cabo

evaluación

―réproba‖

y

―desastrosa‖,

y

que

conclusiones a las que llegó son ―totalmente sesgadas

las

CP-2009-2

7

(biased)

que

no

recogen

en

su

contenido

estocástico

(aleatorio) la función judicial que hemos realizado‖.

Indicó,

que

la

reconsideración

que

solicitaba

del

Tribunal Supremo ―requiere que sea realizada sin tomar en

consideración

Comisión

el

lleva

hecho

muchos

de

que

el

Juez

que

preside

años

en

ese

Alto

Foro,

así

la

como

tampoco el esprit du corp que permea toda institución‖.

Aclaró que ―no le deslumbran las candilejas ni las

frivolidades, como el aparecer en la Internet en el Cuadro

de Honor de Jueces Excelentes, en una foto oficial ni en

algún certificado de reconocimiento‖.

Y finalmente, luego

de expresar su tristeza y desasosiego por la evaluación

recibida,

apuntó

Judicial

lo

satisfacción

que

haría

del

si

―con

deber

tuviese

la

que

frente

excelentemente

abandonar

la

Rama

en

con

la

alto,

cumplido

y,

sobre

todo, con el mal sabor de que los llamados por autonomasia

a impartir justicia, y teniendo la oportunidad de hacerlo,

no lo hicieron con uno de sus pares‖.

Posteriormente, en agosto del mismo año, el licenciado

Gaetán

Mejías

le

envió

una

nueva

comunicación

al

Juez

Presidente en la cual indicaba que había sido notificado de

la querella iniciada en su contra por la OAT

su desestimación.

y solicitaba

La comunicación aducía que el Canon 29

de Ética Judicial violaba el principio de legalidad pues no

establecía penalidad alguna por su incumplimiento, además

adolecía de vaguedad al prohibir gestiones ―indebidas‖ sin

establecer

con

claridad

qué

era

lo

indebido.

Además,

sostuvo que los Cánones de Ética Judicial de 2005 violaban

CP-2009-2

8

la igual protección de las leyes pues no aplicaban a los

miembros

del

Tribunal

clasificación

social‖.

Supremo

sospechosa

de

lo

que

constituía

discrimen

por

―una

condición

Posteriormente, este Tribunal declaró no ha lugar

la solicitud de desestimación de la querella.3

Así las cosas y como parte de la investigación que

llevaba

a

cabo

la

OAT,

sus

investigadores

tomaron

un

sinnúmero de declaraciones juradas a distintos abogados que

habían suscrito cartas para recomendar al querellado.

De

estas

de

declaraciones

juradas

surge

que

las

cartas

recomendación fueron remitidas tanto en fechas anteriores y

posteriores a la comunicación que el querellado recibiera

de

parte

de

la

Directora

Administrativa

de

solicitándole que desistiera de dicha práctica.

la

OAT

Algunos de

los que suscribieron cartas de recomendación lo hicieron

luego de que el querellado les llamara personalmente o los

visitara

envío

de

facsímil

en

sus

las

la

oficinas

cartas;

privadas

otros,

comunicación

por

para

solicitarles

recibieron

escrito

del

por

correo

o

querellado

y

accedieron a enviar la recomendación solicitada.

3

el

Algunos

En septiembre de 2007, la entonces subsecretaria del

Departamento de Justicia le remitió a la Directora

Administrativa de la OAT una comunicación en la cual le

refería una carta del juez Gaetán Mejías que había sido

recibida por el Secretario de Justicia, Hon. Roberto José

Sánchez Ramos con fecha de 31 de agosto de 2007.

En la

referida carta el juez Gaetán Mejías le informaba al

Secretario que su nombramiento vencía el 17 de diciembre de

2007 y le agradecía a los abogados y fiscales del

Departamento que habían postulado ante él.

A la

comunicación enviada le anejó copia de cuarenta y siete

cartas de abogados que habían postulado ante él y le habían

remitido al Sr. Hugo Díaz sendas cartas de recomendación.

CP-2009-2

9

abogados,

sin

embargo,

se

enteraron

del

proceso

de

renominación por compañeros abogados y decidieron suscribir

sus

cartas

de

recomendación.

Todos

indicaron

que

le

entregaron copia de la carta de recomendación que enviaron

al querellado, algunos personalmente y otros las remitieron

por correo.

Los abogados entrevistados aseguraron que era

la primera vez que recibían una comunicación o solicitud de

tal la naturaleza.4

El 13 de noviembre de 2008 la OAT emitió su informe de

investigación.

actuaciones

En el referido informe se concluyó que las

del

licenciado

Gaetán

Mejías

vulneraron

el

Canon 29 de Ética Judicial así como los Cánones 9 y 38 de

Ética Profesional.

El informe recomendó que se refiriera

el asunto a la Comisión de Disciplina Judicial para la

correspondiente querella.

Recibido el informe de investigación, la Comisión de

Disciplina determinó causa y dispuso para que se presentara

la querella correspondiente.

Tribunal

designó

a

la

El 16 de enero de 2009 este

licenciada

Crisanta

como Comisionada Especial para que

este

caso

y

Posteriormente,

Procurador

4

emitiera,

referimos

General

para

a

la

que

González

Seda

recibiera la prueba en

su

vez,

querella

a

un

la

compareciera

informe.

Oficina

como

del

parte

Varios de los abogados que enviaron una carta de

recomendación recibieron una carta de agradecimiento del

licenciado Gaetán Mejías en la cual éste les agradecía el

envío de la carta indicando: ―Estamos profundamente

agradecidos por su noble gesto de cortesía y, sobre todo,

por coadyuvar (sic) en tratar de evitar que se cometa una

injusticia más, de las muchas que se cometen a diario por

personas que no tienen conciencia del daño emocional que

acarrean a los afectados.‖ (Énfasis nuestro.)

CP-2009-2

10

querellante en los procedimientos que se habrían de iniciar

conforme

se

dispone

en

la

Regla

14

del

Reglamento

del

Tribunal Supremo.

El 13 de marzo de 2009 el licenciado Gaetán Mejías

compareció

y

contestó

la

querella

presentada.

En

su

contestación, el querellado solicitó la desestimación de la

querella por considerar que la conducta que se le imputaba

ocurrió mientras él se desempeñaba como juez y los Cánones

de Ética Profesional rigen la conducta de los abogados pero

no de los jueces en funciones.

Además, sostuvo que las

cartas que él envió no pueden catalogarse como contrarias a

los Cánones 9 y 38 de Ética Profesional.

Adujo también que

no procedía concluir que había incumplido el Canon 29 de

Ética Judicial pues al momento de emitirse el informe de

investigación ya él no fungía como juez y, aun asumiendo

para propósitos de argumentación que el contenido de las

cartas fuese contrario a los cánones que se le imputaban,

ya

él

había

sido

sancionado

pues

al

extendérsele

un

nombramiento de receso en diciembre de 2007, fue asignado a

la Región Judicial de Humacao.

Luego de varios incidentes procesales el caso quedó

sometido

--por

el

expediente--

Comisionada Especial.

para

resolución

por

la

El 17 de diciembre de 2009 ésta

emitió su informe el cual nos remitió.

En éste concluyó

que la conducta del licenciado Gaetán Mejías estaba reñida

con el Canon 29 de Ética Judicial por lo que se configuró

una violación de los Cánones 9 y 38 de Ética Profesional.

El licenciado Gaetán Mejías no ha replicado al informe de

CP-2009-2

la

11

Comisionada

como

tampoco

ha

solicitado

término

para

ello.

En vista de ello, el asunto quedó sometido ante

nuestra

consideración

para

su

resolución,

por

lo

que

pasamos a atenderlo.

II

Como asunto de umbral tenemos que expresarnos en torno

al

argumento

dual

del

querellado

de

que

no

tenemos

jurisdicción para sancionarle, bien porque los Cánones de

Ética

no

le

aplican

a

los

jueces

en

funciones,

o

bien

porque la conducta imputada acaeció mientras él era juez y,

toda

vez

que

ya

no

se

desempeña

como

tal,

no

cabe

encontrarlo incurso en una violación a los Cánones de Ética

Judicial.

Como

sabemos,

la

jurisdicción

disciplinaria

del

Tribunal Supremo sobre los jueces del Tribunal de Primera

Instancia, como del Tribunal de Apelaciones, emana del Art.

V, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto

Rico.

Precisamente,

a

tenor

con

ese

mandato

constitucional aprobamos los Cánones de Ética Judicial de

2005 donde se establecen las normas mínimas de conducta

exigibles a los miembros de la judicatura.

IV-B.

4 L.P.R.A. Ap.

Véase además, In re Cruz Aponte, 159 D.P.R. 170

(2003).

Las Reglas de Disciplina Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XVB,

por

su

parte,

delinean

el

esquema

procesal

que

se

utiliza para tramitar los asuntos disciplinarios instados

contra miembros de la judicatura.

Así, la Regla 33(a),

sobre el efecto de la renuncia o expiración del término de

CP-2009-2

12

nombramiento,

dispone

claramente

expiración

de

nombramiento

querellado

no

impedirá

que:

―La

la

jueza

de

que

continúe

renuncia

el

o

o

del

la

juez

procedimiento

disciplinario en su contra al amparo de este reglamento.

La

comisión

determinará

si

la

conducta

amerita

la

recomendación de imponerle a la juez o al juez querellado

medidas

disciplinarias

por

violación

al

Código

de

Ética

Profesional.‖

Los

argumentos

esgrimidos

por

el

querellado

ya

han

sido resueltos por este Tribunal en contra de la posición

que éste esgrima.

Hace ya casi cincuenta años decidimos

que la ―conducta impropia … observada por un juez puede dar

lugar a su desaforo o suspensión como abogado, aun cuando

hubiese cesado como magistrado.‖

In re Liceaga, 82 D.P.R.

252, 257 (1961).

Años más tarde, en In re Campoamor Redín,

150

149

D.P.R.

nuestro

138,

poder

(2000),

inherente

aclaramos

para

que

a

tenor

con

disciplinar

y

destituir

jueces, ―el cese en el desempeño de las funciones como

juez, ya sea por motivo de renuncia, por la no renominación

o

por

la

separación

del

cargo,

no

es

óbice

para

que

continúe el procedimiento disciplinario, si la naturaleza

de la conducta imputada puede dar lugar al desaforo, a la

suspensión

de

disciplinarias‖.

la

abogacía

o

a

otras

medidas

Y en In re Suárez Marchán, 159 D.P.R.

724, 735 (2003) señalamos que el cese en funciones de un

juez,

no

―es

óbice

para

que

ejerzamos

nuestro

poder

inherente para disciplinar[le] en caso de que su conducta

como juez haya infringido los Cánones de Ética Judicial, y

CP-2009-2

13

que esas actuaciones también violen los cánones del Código

de Ética Profesional‖.

Vemos

entonces

que,

ya

bien

por

virtud

de

nuestro

poder inherente para disciplinar a los jueces o bien por lo

dispuesto

expresamente

en

la

Regla

33(a)

de

las

de

Disciplina Judicial, el hecho de que un juez no ostente su

cargo no es obstáculo para que pasemos juicio sobre sus

actuaciones mientras fungía como tal y concluyamos, cuando

los hechos lo ameriten, que se ha incurrido en conducta que

contraviene los Cánones de Ética Profesional.

debe ser.

Y es que así

De lo contrario, quedaría inerme la defensa

adecuada de la justicia pues una querella podría tornarse

académica ante el cese en funciones del juez.

Además,

sería

nuestra

igualmente

facultad

contrario

inherente

abogacía‖.

para

e

―incompatible

reglamentar

el

con

ejercicio

de

la

In re Scherrer Caillet-Bois, 162 D.P.R. 842,

859 (2004).

Despejado

el

planteamiento

de

umbral,

pasamos

a

evaluar el estado de derecho vigente respecto a los cargos

que se le imputaron al licenciado Gaetán Mejías.

III

Todo abogado ―tiene un deber ineludible de proteger y

fortalecer

la

Figueroa,

Ética

independencia

y

judicial.‖

Responsabilidad

S.

Steidel

Disciplinaria

del

Abogado, Publicaciones JTS, San Juan, 2010, pág. 312.

En

su multiplicidad de facetas, la independencia judicial es

presupuesto indispensable para nuestra vida en democracia.

CP-2009-2

14

Este valor sirve de telón de fondo al impartirle contenido

ético al Canon 9 de Ética Profesional.

El

Canon

9

de

Ética

Íbid.

Profesional

dispone,

en

lo

pertinente, que todo abogado ―debe observar para con los

tribunales una conducta que se caracterice por el mayor

respeto.

ataques

Ello incluye la obligación de desalentar y evitar

injustificados

o

atentados

ilícitos

contra

los

jueces o contra el buen orden de la administración de la

justicia en los tribunales.‖

En el pasado hemos expresado que ―el abogado no tiene

licencia absoluta en el uso del lenguaje para poner en

entredicho o mancillar la dignidad de los jueces.

En este

sentido, el recurrir constantemente al ―apuntamiento de que

el tribunal actuó ‗con perjuicio, pasión y parcialidad‘,

sin sustanciarlo o sin motivos fundados para así creerlo,

es un comportamiento censurable que [se debe] rechazar.‖

In re Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895, 906-07 (1986).

Es

contrario

un

a

la

buena

práctica

de

la

profesión

que

abogado haga serias imputaciones sobre el obrar de un juez

cuando

dichas

imputaciones

no

evidencia contundente e indubitada.

están

sostenidas

con

In re Crespo Enríquez,

147 D.P.R. 656 (1999).

El Canon 9 exige, por un lado, respetar las órdenes y

directrices emitidas por los jueces; y por otro, le impone

a todo abogado ―el deber de respetar a jueces, empleados y

funcionarios

del

tribunal,

tanto

en

comparecencias

formales, personales o por escrito, como cuando interactúa

informalmente

con

éstos

(respeto

de

carácter

cívico).‖

CP-2009-2

15

Steidel Figueroa, loc. cit.

Hoy nos ocupa esta segunda

vertiente.

Cuando evaluamos las expresiones de un abogado bajo el

crisol del Canon 9, debemos distinguir, como correctamente

señala

el

juez

Steidel

Figueroa

expresiones

con

contenido

ético

en

su

obra,

―entre

y

disciplinariamente

objetables y expresiones cuyo carácter objetable reside en

la

forma

en

contenido.‖

que

se

formulan,

independientemente

de

Steidel Figueroa, op. cit., pág. 315.

su

Son

expresiones objetables por su contenido aquellas ―que están

asociadas a imputaciones falsas y no fundamentadas contra

jueces u otros funcionarios del tribunal, como acusar sin

motivos

fundados

a

un

juez

de

que

prejuicio, pasión y parcialidad‘.‖

ha

actuado

Íbid.

‗con

Véase, In re

Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895, 907 (1986).

No hay duda que siempre cabe una crítica razonada y

razonable a las determinaciones judiciales.

que

hemos

oportuna

considerado

se

revela

que

la

crítica

indispensable

para

Tan es así,

judicial

sana

la

marcha

buena

y

judicial pues mantiene a los jueces ―alertas y atentos al

estricto

cumplimiento

de

sus

funciones‖.

Ribas, 81 D.P.R. 90, 120 (1959).

In

re

Andreu

Además, y como hemos

indicado en el pasado, no se puede sostener que los Cánones

de

Ética

Profesional

puedan

censura a los abogados.

863 (2007).

que

un

considerarse

como

fuente

de

In re Rodríguez Rivera, 170 D.P.R.

Antes bien, debemos recalcar que el hecho de

abogado

defienda

apasionada

y

diligentemente

la

causa de su cliente no es incompatible con la exigencia de

CP-2009-2

16

que cuando lo haga, sea de una forma decorosa y respetuosa.

No hay nada que propenda más a destruir el justo balance de

la conciencia judicial y a deteriorar y obstaculizar la

imparcialidad y el recto y libre curso de la justicia, que

una crítica falsa, injustificada y viciosa.

Véase, In re

Andréu Ribas, supra.

Para

guiarnos

en

la

delicada

faena

de

examinar

y

ponderar la conducta de un abogado bajo el prisma del Canon

9, hemos elaborado ciertos criterios que nos guían en este

cometido.

Son éstos: primero, si aunque equivocado, el

abogado creía en la validez de la imputación hecha al juez;

segundo, si aun cuando los hechos no eran ciertos, tenía

motivos

fundados

veracidad;

y

o

causa

tercero,

si

probable

la

para

imputación

creer

no

fue

en

su

hecha

maliciosamente con el propósito deliberado de denigrar al

tribunal.

Véanse, In re Crespo Enríquez, 147 D.P.R. 656

(1999), In re Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895 (1986), In re

Martínez Jr., 108 D.P.R. 158 (1978), In re Andréu Ribas,

supra.

Cuando

las

expresiones

que

evaluamos

minan,

o

tienden a minar, la independencia judicial como valor que

subyace

rigor.

el

Es

Canon

a

la

9,

luz

debemos

evaluarlas

con

particular

de

principios

que

deberíamos

estos

considerar las actuaciones del ex juez Gaetán Mejías.

Ello

no

obstante,

la

mayoría

rehúsa

considerar

las

expresiones del ex juez Gaetán bajo el Canon 9 de Ética

Profesional.

La mayoría considera que este precepto ético

sólo

la

limita

conducta

del

abogado

que

litiga

en

los

tribunales, por lo que concluye que el ―deber impuesto es

CP-2009-2

17

exclusivo

a

los

abogados.‖

sostiene

que

―este

la

está

regular

precepto

Específicamente,

dirigido

a

conducta del abogado litigante en corte.‖

mayoría

la

Y, como este

caso versa sobre las expresiones de un juez, se impone la

conclusión de que no aplica el canon al querellado.

La

mayoría

encuentra

apoyo

para

su

conclusión

en

nuestras expresiones en

In re Busó Aboy, 166 D.P.R. 49

(2005);

Serrano,

In

re

Saavedra

165

D.P.R.

817

(2005),

donde, en efecto, hicimos un señalamiento concluyente y sin

elaborar, como lo expresado por la mayoría.

Lo cierto es

que en ninguno de esos casos evaluábamos las expresiones de

un

juez

cuestionando

la

honradez

de

otro

juez;

por

el

contrario, las expresiones objetables las había expresado

un

abogado.

Los

hechos

que

nos

conciernen

hoy

son

claramente distinguibles de lo ocurrido en estos casos por

lo

que,

en

correcta

técnica

adjudicativa,

nada

de

lo

dispuesto en In re Busó Aboy, ante, o en In re Saavedra

Serrano, ante, nos impide que evaluemos si las expresiones

del ex juez Gaetán Mejías en contra del Juez Asociado señor

Rebollo

López,

constituyen

una

violación

al

Canon

9.

Ninguno de estos casos visualizaba un escenario en donde un

abogado-juez lanzaría un ataque contra otro juez de tal

intensidad

que

lacera

Además,

tal

vez

y

consideramos

las

la

más

integridad

de

los

importante,

en

estos

responsabilidad

del

tribunales.

casos

abogado

no

como

funcionario al servicio de la Justicia, de actuar de forma

tal que proteja y salvaguarde la independencia judicial.

Para

resumir,

aplicar

fuera

de

contexto

nuestras

CP-2009-2

18

expresiones en los casos antes mencionados, como hace la

mayoría,

obstaculiza

un

análisis

necesario

sobre

la

interacción del Canon 9 con los hechos como los de este

caso.

Por

otro

dispone que:

lado,

el

Canon

38

de

Ética

Profesional

―El abogado deberá esforzarse al máximo de su

capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su

profesión,

aunque

el

así

hacerlo

conlleve

sacrificios

personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta

impropia.

En su conducta como funcionario del tribunal,

deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación

hacia

la

consecución

de

una

mejor

administración

de

la

justicia.‖

Este Canon extiende la obligación de los abogados de

conducirse en forma digna y honrada, a su vida privada.

re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005).

In

En ese sentido,

―[c]ada abogado es un espejo en que se refleja la imagen de

la profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso

sentido de responsabilidad que impone la función social que

ejercen‖.

Íbid, pág. 145.

Por ello, el ―abogado habrá de

desempeñarse con dignidad y alto sentido del honor, aunque

eso implique ciertos sacrificios personales‖.

Finalmente,

debemos

enmarcar

la

Íbid.

conducta

del

licenciado Gaetán Mejías con la que se espera de cualquier

magistrado

en

nuestra

sociedad.

Para

ello,

debemos

considerar lo dispuesto en los Cánones de Ética Judicial de

2005,

ya

conducta

que

aquí

se

encuentran

exigibles

a

los

las

miembros

normas

mínimas

de

judicatura

la

de

CP-2009-2

19

puertorriqueña.

Uno de los principios rectores de estos

cánones es procurar que los jueces aporten siempre a la

exaltación

de

nuestra

judicatura

evitando

mancillar el prestigio de la Rama Judicial.

trastocar

o

De esta forma

se estimula el respeto y la confianza en la judicatura.

Ya

hemos señalado que debido a la naturaleza de las funciones

del

juez,

momento,

se

le

exige

una

conducta

y

fuera

del

tribunal.

dentro

ejemplar

en

Véase,

todo

In

re

Claverol, res. 7 de enero de 2009, 175 D.P.R. ___, 2009

T.S.P.R.

1.

Se

espera

que

los

jueces

sean

ejemplo

de

sobriedad, respeto y urbanidad, incluso frente a personas

irrespetuosas

y

éstos

deben

evitar,

en

todo

momento,

cualquier ejercicio inapropiado de su autoridad.

Por su parte, el Canon 29 de Ética Judicial establece

que ―[l]as juezas y los jueces se abstendrán de realizar

gestiones indebidas para lograr ascensos o para obtener una

renominación en la judicatura.

También se abstendrán de

realizar gestiones indebidas para obtener cualquier otro

cargo

público.‖

gestión

indebida

Esta

prohibición

tanto

para

incluye

beneficio

del

todo

tipo

de

juez

como

de

terceras personas, pero excluye los trámites oficiales ante

los

organismos

que

tienen

tangencia

en

el

proceso

de

nombramientos judiciales.

Con estos principios en mente, pasemos a evaluar la

controversia traída a nuestra consideración.

IV

Los hechos en este caso nos invitan a reflexionar en

torno a la figura del juez y su rol en nuestra sociedad y

CP-2009-2

20

sobre la conducta que de éste esperamos.

En esta faena

tenemos, por necesidad, que partir de la premisa que la

independencia judicial es crítica para mantener el estado

de derecho.

equilibrio

Un Poder Judicial independiente proporciona

en

el

desempeño

de

los

poderes

públicos,

al

revisar la autoridad de los otros poderes del Estado para

evitar

la

acción

arbitraria

del

gobierno.

Concomitante

natural a la independencia judicial es, naturalmente, el

ejercicio responsable del Poder Judicial.

Es decir, esa

independencia para hacer cumplir la ley debe estar templada

con el más alto grado de imparcialidad e integridad.

Juzgar es más que un trabajo, es una forma de vida.

Cada

juez

debe

desempeñarse

con

integridad,

humildad,

mesura y entereza de carácter, al igual que con un alto

sentido

de

la

relevancia

social

del

cargo

que

ostenta.

Como hemos dicho antes, existen unas profesiones que no

admiten

término

medio

y

ésta

Nervárez

Zavala,

123

D.P.R.

es

una

de

ellas.

511,

524

(1989).

In

re

Así,

la

función judicial requiere que ―el juez conserve la rectitud

de su conducta dentro y fuera del tribunal‖, pues es de

esta forma que mejor se salvaguarda la confianza pública

depositada en su persona.

170, 186 (2003).

responsabilidad

In re Cruz Aponte, 159 D.P.R.

Los jueces y los abogados comparten la

―de

preservar

la

dignidad

de

los

procedimientos judiciales mediante la observación de normas

de

urbanidad

cualquier

y

respeto

lesión

a

la

mutuo

que

solemnidad

administración de la justicia‖.

Íbid.

propendan

que

a

evitar

requiere

la

CP-2009-2

21

Los

jueces

no

deben

ejercer

inapropiadamente

la

autoridad que la Constitución y las leyes les confiere y

deben evitar cualquier actuación que suponga una influencia

indebida en el ánimo de cualquier funcionario público, o

del ciudadano que adviene en contacto con su persona. Los

magistrados

son

los

depositarios

de

la

confianza

del

ciudadano en la administración de la justicia, por lo que

sobre sus hombros recae la responsabilidad de no defraudar

o faltar a esa confianza depositada.

vez,

es

presupuesto

indispensable

Esta confianza, a su

para

la

estabilidad

y

supervivencia del estado de derecho.

Esta confianza no es

sólo

judicial

el

producto

de

un

desempeño

que

refleje

aquello que prescribe el Derecho sino también, es reflejo

―de la conducta ejemplar de los jueces en su vida privada‖.

S.

Steidel,

La

regulación

de

las

actividades

extrajudiciales de los jueces en Puerto Rico y en Estados

Unidos, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Serie Ética

Judicial, México, 2006, pág. 14.

correctamente:

Aaron Barak ha apuntado

―An essential condition for realizing the

judicial role is public confidence in the judge.

means confidence in judicial

impartiality.

This

independence, fairness, and

It means public confidence in the ethical

standards of the judge.

It means public confidence that

judges are not interested parties to the legal struggle and

that

they

are

not

fighting

for

their

own

protect the constitution and democracy.‖

Judge

in

pág. 109.

a

Democracy,

Princeton

University

power

but

to

A. Barak, The

Press,

2006,

CP-2009-2

El

22

prestigio

del

juez

y

de

la

institución

que

representa no debe utilizarse para gestionar privilegios o

concesiones que de otro modo no se hubieran obtenido.

La

estimación en el cargo y la reputación bien ganada, sólo

pueden ser carta de presentación en el ejercicio de las

funciones

judiciales.

De

ahí

prudencia

en

de

asuntos

el

manejo

la

importancia

ajenos

a

de

la

la

función

judicial para evitar así la apariencia de que se utiliza la

respetabilidad del puesto que se ostenta como instrumento

de intimidación o para que se le favorezca en lo que son

reclamos personales.

supra.

Véase, In re Scherer Caillet-Bois,

En el ámbito de la ética judicial, la prudencia es

el valor orientado al autocontrol del poder de decisión de

los

jueces

y

jurisdiccional.

sus

al

cabal

cumplimiento

con

su

función

El juez prudente es aquél ―que procura que

comportamientos,

actitudes

y

decisiones

sean

el

resultado de un juicio justificado racionalmente, luego de

haber

meditado

y

valorado

argumentos

y

contraargumentos

disponibles…‖

Código

Modelo

Iberoamericano

de

Ética

Judicial,

69.

juicio

prudente

del

juez

capacidad de comprensión y esfuerzo por ser objetivo.

Ya

Art.

El

exige

lo advertía Aristóteles: ―El rasgo distintivo del hombre

prudente es el ser capaz de deliberar y de juzgar de una

manera conveniente sobre las cosas.‖

V

Al analizar detenidamente los hechos que dieron base a

esta querella debemos concluir, al igual que la Comisionada

Especial, que las actuaciones del querellado se apartaron

CP-2009-2

23

del mandato contenido en el Canon 29 de Ética Judicial y

ello, como señaló la Comisionada Especial en su informe,

―tiene implicaciones que trascienden las responsabilidades

del querellado, como juez, y se proyectan en su carácter

personal y su vida profesional como abogado‖, por lo que se

configuraron también violaciones a los Cánones 9 y 38 de

Ética Profesional.

A

La carta enviada por el querellado a un sinnúmero de

abogados con el propósito de que éstos, a su vez, enviasen

cartas

al

Director

Judiciales

en

La

de

la

Oficina

Fortaleza,

de

Nombramientos

recomendándole

para

su

renominación o para un ascenso y que le remitiesen copia de

la carta enviada, no es, ni puede ser, una gestión legítima

en el proceso de realizar una solicitud formal para tal

renominación

o

ascenso.

considerarse

parte

de

Como

los

tampoco

trámites

es

o

necesarios

puede

ante

los

organismos que asesoran al Poder Ejecutivo o el Legislativo

en

dicha

gestión.

No

hay

duda

que,

como

poco,

esta

actuación es éticamente imprudente y ―viola el espíritu de

principios rectores de los Cánones de Ética Judicial‖, tal

y como concluye la Comisionada Especial en su informe.

La carta en cuestión, como vimos, se redactó en un

papel timbrado en cuyo encabezamiento aparecía el nombre

del querellado y se le identificaba como ―Juez Superior‖.

Le solicitaba a los abogados, con carácter de urgencia, que

redactaran

una

carta

solamente

querellado

se

desempeñaba

si

consideraban

adecuadamente

en

la

que

el

función

CP-2009-2

24

judicial, y que remitida la carta, le enviasen copia de

ésta para su récord.

Esta petición sin precedente crea la

apariencia de que se utiliza el poder del cargo que se

ostenta para beneficio propio, lo que mina la confianza en

nuestra judicatura.

No podemos perder de vista que algunas

de las peticiones las hizo el querellado directamente al

llamar

por

teléfono

personalmente

presión

a

mayor

sus

varios

abogados

oficinas.

Lo

sobre

quienes

o

que

al

visitarlos

redunda

recibieron

la

en

una

petición

directamente.

El querellado se colocó a sí mismo, al igual que a la

judicatura en general, en una posición insostenible, donde

su

imparcialidad

podía,

razonablemente,

ser

cuestionada.

La carta que envió a abogados que postulaban ante él daba

la impresión de que el abogado que no enviase una carta de

recomendación no consideraba que él, en su calidad de juez,

se desempeñaba de forma adecuada.

No es irrazonable pensar

que el abogado que recibiera esta solicitud considerara que

de no enviar la carta solicitada se podían perjudicar los

asuntos que tuviese ante la consideración del juez.

La

sombra

la

de

sospecha

que

esta

función judicial es funesta.

actuación

arroja

sobre

Esta conducta del querellado

no es cónsona con aquella que esperamos del juez ideal en

nuestra

sociedad.

certidumbre,

Del

entereza,

juez

que

nos

neutralidad

inspira

e

confianza,

imparcialidad,

fidelidad a la ley, esperanza y admiración.

Su proceder

está claramente reñido no sólo con el texto claro del Canon

29

de

Ética

Judicial,

sino

con

la

esencia

misma

que

CP-2009-2

25

fundamenta

el

Código

de

Ética

Judicial.

Su

conducta

hubiese dado base suficiente para separarle del cargo de

juez

si

procede

éste

lo

estuviese

sancionarle

por

la

ejerciendo.

violación

Aun

cuando

no

el

Código

de

bajo

Ética Judicial, ello no es óbice para considerar si sus

acciones son contrarias a los cánones de Ética Profesional.

B

En la carta el querellado hace expresiones ofensivas

hacia su proceso de evaluación y arroja dudas sobre

la

integridad y honestidad de los miembros de la Comisión de

Evaluación.

Ello, al referirse a la evaluación llevada a

cabo por la Comisión como un acto de maldad e injusticia,

que es una infamia y un atropello y que es producto de una

agenda en su contra de algún ―enemigo invisible que lo

persigue desde Arecibo y que hasta ahora ha logrado que no

sean justos‖ con él.

acceso

a

los

abogados

y

Indica, falsamente, que le negaron

formularios

fiscales

de

evaluación

consultados

en

que

envían

los

todo

proceso

de

evaluación por la Comisión, lo que constituye un atropello

a su dignidad como ser humano.

Estas

imputaciones

las

repite

en

la

carta

que

le

dirigiera al Juez Presidente objetando el informe emitido

por la Comisión y atacando duramente a sus miembros y a su

Presidente, el entonces Juez Asociado señor Rebollo López.

Indicó que éstos fueron insensibles y desconsiderados, que

llevaron

a

cabo

la

evaluación

de

tratándolo como ―una cosa u objeto‖.

forma

precipitada

y

Calificó el trato

recibido como ―en forma abyecta ya a base de anonimatos de

CP-2009-2

26

personas

interesadas

en

hacerle

daño‖

y

conclusiones del informe estaban ―sesgadas‖.

que

las

En la carta

enviada al Juez Presidente el 16 de julio de 2007, no hay

evidencia de que el querellado tuviera motivos fundados,

más allá de sus alegaciones, para cuestionar la honradez e

integridad de los miembros de la Comisión.

Lo cierto es,

como se indicó, que la Comisión le ofreció una oportunidad

al querellado para que compareciera nuevamente ante ésta y

expresara

su

necesarios

para

rendido.

inconformidad

demostrar

y

aportara

los

la

incorrección

fundamentos

del

informe

Éste, no obstante, rechazó esta oportunidad bajo

el fundamento de que no ―confiaba‖ en la Comisión.

Cabe destacar que la Comisión de Evaluación Judicial

es

un

organismo

presidido

por

compuesto

además

de

un

la

Rama

miembro

por

Judicial

cuando

este

por

del

Tribunal

Supremo.

jueces,

abogados

en

privada y ciudadanos no abogados.

1988

creado

Tribunal

creó

la

ley

y

Está

práctica

Sus orígenes datan de

un

sistema

interno

de

evaluación al cual, posteriormente, la Asamblea Legislativa

le impartió carácter de ley.

Véase, Ley núm. 91 de 5 de

diciembre de 1991, según enmendada, 4 L.P.R.A. secs. 71-74.

La

Comisión

es

el

organismo

interno

de

la

Rama

Judicial para la evaluación del desempeño de los jueces.

Sus resultados se utilizan internamente por la rama para

beneficio de sus miembros pero además, por disposición de

ley,

se

cuando

comparten

éstas

se

con

la

Rama

encuentran

en

Ejecutiva

el

y

proceso

Legislativa

de

atender

CP-2009-2

27

peticiones de renominación o ascenso de jueces.

4 L.P.R.A.

secs. 73j y 73l.5

Como

todo

sistema

de

evaluación

del

desempeño,

el

proceso diseñado por la Comisión está dirigido a establecer

un

mecanismo

estimación

sistemático,

cualitativa

y

periódico

y

objetivo

de

cuantitativa

de

la

y

eficacia del trabajo de los jueces.

labor

Su propósito no es

sólo mejorar la calidad de la justicia impartida en los

tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo que

de

suyo sería suficiente para valorar su trabajo.

destacar

también,

que

los

mecanismos

de

Hay que

evaluación

del

desempeño implantados a través de la Comisión constituyen

parte del entramado amplio de medidas cuyo diseño persigue

fortalecer

correcto

la

independencia

desempeño

de

los

judicial.

jueces

Al

mediante

procurar

la

el

evaluación

objetiva de sus ejecutorias, se busca evitar que incurran

en

excesos,

los

cuales,

como

sabemos,

afectan

desfavorablemente la imagen del sistema judicial.

Por otro lado, la transparencia e imparcialidad del

sistema

establecido

garantiza

que

las

evaluaciones

se

lleven a cabo al margen de cualquier criterio disonante, no

jurídico

justicia.

y

exógeno

a

la

equilibrada

impartición

de

la

Es en este contexto que debemos justipreciar la

labor que lleva a cabo la Comisión, evitando intentos de

5

La

Comisión

de

Evaluación

Judicial

realiza,

fundamentalmente, dos tipos de evaluaciones, a saber: las

evaluaciones periódicas detalladas provistas en ley sobre el

desempeño

judicial

del

juez,

y

aquellas

evaluaciones

motivadas por solicitudes de ascenso o renominación. Véase,

4 L.P.R.A. secs. 73j y 73l.

CP-2009-2

28

mancillarla

función.

o

desvirtuar

Véanse,

Accountability

Independence:

entre

Must

An

lo

que

ha

sido

hasta

hoy

su

otros:

S.D.

O‘Connor,

Judicial

Safeguard,

Not

Threaten,

Judicial

Introduction,

66

Denv.

L.

Rev.

1,

2

(2008); B. Fein & B. Neuborne, Why Should We Care About

Independent and Accountable Judges, 84 Judicature 58, 59

(2000);

D.

Evaluation

Brody,

to

The

Enhance

use

of

Judicial

Judicial

Performance

Accountability,

Judicial

Independence, and Public Trust, 86 Denv. U. L. Rev. 115,

119

(2008);

Programs,

S.

34

Anderson,

Loy.

L.A.

Judicial

L.

Rev.

Retention

1375,

1380

Evaluation

(2001);

R.

Kourliz & J. Singer, Using Judicial Performance Evaluaitons

to Promote Judicial Accountability, 90 Judicature 200, 201

(2007).

Como se observa, el trabajo que desempeña la Comisión

es por demás valioso; es garantía de eficiencia, calidad e

imparcialidad del servicio público de la justicia.

lado,

provee

jueces

que

poderes

información

van

a

públicos

ascensos.

ser

y

esencial

renominados

o

ascendidos,

encargados

Además,

retroalimentación

objetiva

sobre

de

sus

es

un

vehículo

el

desempeño

miembros de la judicatura.

Por un

sobre

los

a

los

renominaciones

vital

profesional

de

o

de

los

R. Kourlis, J. Singer, op.

cit., pág. 203 (―Judges themselves stand to benefit from

the formal feedback of an evaluation.

Each evaluated judge

receives

the

concrete

information

about

strengths

and

weakness of his or her performance, creating individualized

opportunities

for

professional

self-improvement.‖)

Todo

CP-2009-2

29

ello, como dijimos previamente, constituye un mecanismo más

de fortalecimiento del sistema judicial de nuestro país.

Por

todo

lo

anterior,

no

nos

parece

legítimo

cuestionar, sin ápice de prueba para ello, la integridad e

imparcialidad de los miembros de la Comisión.

Como mínimo,

las expresiones del licenciado Gaetán Mejías socavan las

relaciones

cordiales

y

el

ambiente

de

civismo

y

profesionalismo que debe prevalecer en todo procedimiento

judicial.

Pero

más

grave

aún,

su

actuación

mina

la

confianza en uno de los

organismos del sistema judicial

cuyo

y

fin

judicial.6

es

promover

garantizar

la

independencia

Sobre este particular la Juez Asociada O‘Connor

6

El profesor Brody en su artículo sobre los mecanismos de

evaluación del desempeño judicial nos dice específicamente:

An important component of public trust in

governmental institutions is the citizenry‘s

ability to hold its officers accountable.

A

governmental

institution

that

is

viewed

as

unaccountable is likely to lack public trust. On

the

other

hand,

as

public

accountability

increases, the trust afforded the institution is

likely as well.

Beyond

increasing

perceived

legitimacy,

the

public‘s ability to effectively hold judges

accountable … a ‗reservoir of loyalty‘ upon which

the judiciary can draw. This reservoir grows as

the public´s trust in the courts and judiciary

operate effectively in a transparent manner.

After time, this reservoir can be drawn upon by

judges to foster the acceptance and understanding

of politically unpopular decisions that courts

are required to make. Such public acceptance in

turn serves to increase judicial independence and

the ability to make difficult decisions without

concern for political ramifications.

D. Brody, The use of Judicial Performance Evaluation to

Enhance Judicial Accountability, Judicial Independence, and

Public Trust, 86 Denv. U. L. Rev. 115, 125-126 (2008).

CP-2009-2

ha

30

indicado

con

gran

atino,

lo

siguiente,

citamos

extensamente:

Judicial independence has both individual and

institutional aspects. As for individual judges,

there are at least two avenues for securing that

independence: First, judges must be protected

from the threat of reprisals, so that fear does

not direct their decision-making.

Second, the

method by which judges are selected, and the

ethical principles imposed upon them, must be

constructed so as to minimize the risk of

corruption and outside influence.

The first

endeavor is to protect judicial independence from

outside threats.

The second is to ensure that

judicial authority is not abuse, and it is the

core concern of the enterprise of judicial

accountability. … True judicial accountability

advances judicial independence and the paramount

Rule of Law.

‗Accountability and independence

are two sides of the same coin: accountability

ensures that judges perform their constitutional

role, and judicial independence protects judges

from the pressures that would pull them out of

that role‘.

… A third value may be advanced

through

judicial

accountability

properly

construed: judicial competence.

A fundamental

value of the Rule of Law is that judicial

decisions are not made arbitrarily, but through a

process of reasoned decision making. The Rule of

Law therefore requires that ‘official decisions

be justified in law, and therefore be reasoned

and nonarbitrary with respect to general legal

standards’.” (Énfasis nuestro.)

S. D. O‘Connor, op. cit., págs. 2-4.

Como

Mejías

se

hizo

detalló

serias

anteriormente,

imputaciones,

de

el

ex

forma

juez

Gaetán

reiterada,

en

contra del ex Juez Asociado señor Rebollo López en las que

cuestionó,

sin

base,

su

integridad

y

honestidad.

Las

expresiones iban dirigidas a impugnar las actuaciones del

Juez Asociado señor Rebollo López mientras se desempeñaba

como

Presidente

de

la

Comisión

de

Evaluación

de

Nombramientos Judiciales y evaluaba al entonces juez.

La

gestión de la Comisión y sus miembros sirve para garantizar

CP-2009-2

31

la independencia del Poder Judicial.

gratuito

de

la

imparcialidad

del

El cuestionamiento

Juez

Asociado

señor

Rebollo López, y por ende de la Comisión, socava las bases

de

esa

independencia

resguardar.

judicial

que

todo

abogado

debe

Y como ya apuntamos, es obligación de quien se

desempeña en esta profesión ser protector y promovedor de

la independencia judicial; exigencia que encuentra apoyo,

ente

otros

mandatos

éticos,

en

el

Canon

9

ninguna

etapa

de

Ética

de

estos

Profesional.

De

otra

parte,

en

procedimientos el querellado ha sustentado ninguna de sus

imputaciones, como tampoco ha demostrado que tenía motivos

fundados para considerar veraz lo aseverado.

No actúa de forma digna y honorable, como tampoco con

el mayor respeto, ni exalta el honor y la dignidad de su

profesión, el abogado que así procede y así se expresa.

Como vimos, el Canon 9 de Ética Profesional le impone a los

miembros de la clase togada la obligación de observar para

con los tribunales y los miembros de la judicatura una

conducta que se caracterice por el mayor respeto y, aun

cuando

se

critique

deferencia.

otras

válidamente,

se

haga

con

mesura

y

También el Canon 38 exige del abogado, entre

cosas,

aportar

con

su

conducta

a

la

mejor

administración de la justicia evitando, entre otras cosas,

la mera apariencia de conducta impropia.

No albergamos

duda alguna de que la conducta del licenciado Gaetán Mejías

aquí

resumida

está

reñida

con

estos

mandatos

éticos.

Igualmente, su conducta es contraria al mandato del Canon

CP-2009-2

32

29 de Ética Judicial lo que se revela violatorio, a su vez,

de los preceptos éticos contenidos en los Cánones de Ética

Profesional.

En

este

arrepentimiento

caso

el

querellado

alguno

por

el

no

lenguaje

ha

expresado

utilizado

en

las

comunicaciones antes reseñadas o que su conducta no habrá

de

repetirse

reiterado

en

en

el

que

futuro.

su

estaban justificadas.

Todo

conducta

lo

pasada

contrario,

y

sus

se

ha

expresiones

Por otro lado, el querellado lleva

veintiséis años en la práctica de la profesión y no surge

de su expediente personal que haya incurrido anteriormente

en conducta reñida con los Cánones de Ética Profesional.

Al imponer una sanción disciplinaria hemos tomado en

cuenta un sinnúmero de factores, como por ejemplo:

la

buena reputación del abogado en la comunidad, el historial

previo de éste, si es la primera falta, la aceptación de la

falta y su sincero arrepentimiento, si se trata de una

conducta aislada, si medió un ánimo de lucro, así como

cualesquiera otras consideraciones que surjan de los hechos

y que puedan servir como atenuantes o agravantes.

Véanse,

In re Quiñones Ayala, supra; In re Montalvo Guzmán, 164

D.P.R. 806 (2005).

A la luz de todo lo anterior, y habiendo concluido que

el querellado incurrió en las faltas éticas imputadas y que

éstas

tienden

a

minar

gravemente

la

confianza

de

la

ciudadanía en la judicatura, consideramos insuficiente que

como

sanción,

querellado.

nos

limitemos

Disentimos

de

a

censurar

enérgicamente

este

curso

acción.

de

En

al

su

CP-2009-2

lugar,

separaríamos

33

al

querellado

del

ejercicio

de

profesión por un término de seis meses.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

la