Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Eliseo Gaetán Mejías
2011 TSPR 26
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Eliseo Gaetán Mejías
CP-2009-2
Conducta Profesional – Censura enérgica por violación al Canon 38 de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2011 TSPR 26
180 DPR ____
Eliseo Gaetán Mejías
Número del Caso: CP
- 2009 - 2
Fecha: 22 de febrero de 2011
Abogado del querellado:
Por derecho Propio
Oficina de Asuntos Legales
Oficina de Administración
de los Tribunales
Lcda. Milagros Rivera Guadarrama
Directora
Lcdo. Félix Fumero Pugliessi
Asesor Legal
Oficina del Procurador General:
Lcda. Edna E. Rodríguez Benítez
Procuradora General Auxiliar
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicació
n oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Conducta
Profesional
Eliseo Gaetán Mejías
CP-2009-2
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2011.
El Lcdo. Eliseo Gaetán Mejías (querellado) fue
objeto de una investigación por la Oficina de la
Administración de los Tribunales (OAT), relacionada
con ciertas actuaciones relacionadas al proceso de
su
renominación
investigación
durante
arrojó
un
el
año
Informe
en
2007.
el
Dicha
cual
se
concluyó que éste había incurrido en violaciones al
Canon 29 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. IV-A, y a
los Cánones 9 y 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.
Ap. IX. A consecuencia de esto, la conducta del
querellado fue referida a la Comisión de Disciplina
Judicial (Comisión de Disciplina) para la acción
correspondiente.
2
CP-2009-2
A su vez, la Comisión de Disciplina concluyó que el
querellado había incurrido
señaladas.
De
esta
en
las violaciones éticas
forma,
presentó
la
Querella
correspondiente y luego de los trámites de rigor se designó
una Comisionada Especial para atenderla. Culminado este
proceso, la Comisionada Especial sometió su Informe, el
cual nos ha remitido y estamos prestos a ponderar.
I
El
ejercicio
Lcdo.
Eliseo
de
la
abogacía
Posteriormente,
el
juramento
juez
como
Gaetán
18
de
Mejías
el
6
de
diciembre
superior
y
fue
admitido
junio
de
ejerció
al
de
1983.
1995,
prestó
su
cargo
en
distintas regiones judiciales. Durante los últimos cuatro
(4)
años
de
su
término
estuvo
asignado
a
la
Sala
de
Guaynabo del Tribunal de Primera Instancia. Una vez venció
su nombramiento, el 18 de diciembre de 2007, el Gobernador
de Puerto Rico le extendió un nombramiento de receso al
mismo cargo de juez superior. De esta manera, fue asignado
a la Región Judicial de Humacao. El querellado cesó en su
cargo el 30 de junio de 2008, luego de que el Senado de
Puerto Rico no considerara su nombramiento.
Mientras
el
querellado
se
desempeñaba
como
juez
superior en la Sala de Guaynabo, solicitó renominación al
cargo de Juez de Primera Instancia o ascenso al Tribunal de
Apelaciones. El 11 de abril de 2007, fue evaluado por la
Comisión de Evaluación Judicial (Comisión de Evaluación),
3
CP-2009-2
la cual rindió un Informe determinando que el querellado no
estaba calificado para renominación o para ascenso.
Posteriormente, el 9 de mayo de 2007, el querellado se
comunicó
por
expresando
escrito
su
con
la
insatisfacción
Comisión
con
el
de
Evaluación,
resultado
de
su
evaluación y solicitó una prórroga de treinta (30) días
para recopilar la información necesaria con relación a sus
calificaciones como juez y rebatir la determinación de que
no estaba calificado. La Comisión de Evaluación accedió a
su petición y le concedió la prórroga solicitada y además
le
concedió
la
oportunidad
de
que
pudiera
comparecer
nuevamente a presentar sus objeciones con los criterios que
se expresaron en el Informe emitido. Además, la Comisión de
Evaluación le envió al querellado una lista que desglosaba
los
comentarios
negativos
recibidos
por
ésta
sobre
su
desempeño como juez superior. Se le indicó que no estaban
incluidos
revelar
aquellos
la
comentarios
identidad
del
cuyo
contenido
entrevistado.
permitía
Asimismo,
le
solicitó que presentara un escrito con el resumen de los
fundamentos que presentaría ese día.
El 20 de mayo de 2007, el querellado suscribió una
carta, dirigida a abogados y abogadas, en papel encabezado
con un membrete que hace referencia a su posición de juez
superior. A continuación transcribimos la carta:
From The Desk of
Eliseo Gaetan Mejias
Superior Court Judge
4
CP-2009-2
―Invoke the imagination, Provoke the senses,
Evoke the emotions, ... for creative thinking
and knowledge.‖
G. Laliberté
E. Gaetán
Distinguido Letrado
Nos dirigimos a usted porque estamos seguros de
que no cree en que la maldad deba prevalecer
sobre el bien ni la injusticia sobre la justicia.
Por lo anterior, si usted considera que nos hemos
desempeñado adecuadamente en la función judicial,
nos urge que tenga a bien en hacer una carta
dirigida a:
Sr. Hugo Díaz, Director
Oficina de Nombramientos Judiciales
La Fortaleza, San Juan, P.R. 00901
Estando en la etapa final de evaluación para el
Tribunal
de
Apelaciones,
el
Hon.
Francisco
Rebollo López, en su carácter de Presidente del
Comité
Evaluador,
nos
ha
dado
como
no
cualificados ni para el Tribunal de Apelaciones
ni para renominación al Tribunal Superior. Esto
sin duda es una agenda de algún enemigo invisible
que nos persigue desde Arecibo y que hasta ahora
ha logrado que no sean justos en la evaluación.
No tenemos otra forma de defendernos de esta
infamia, toda vez que se nos negó tener acceso a
los formularios de evaluación que tenían los
abogados
y
fiscales
consultados
sobre
el
particular. Los renglones en que se nos ha
indicado como no cualificados en escala del 1 al
6 son los siguientes:
1. Reputación intelectual
2. Destrezas profesionales
3. Destrezas de comunicación
4. Temperamento Judicial
5. Calidad de Trabajo
6. Juicio Valorativo
No cualificado
No cualificado
No cualificado
No cualificado
No cualificado
No cualificado
Ante este atropello a la dignidad del ser humano,
no nos queda otro recurso que dirigirnos a usted
para que nos apoye con el envío de una carta y
que la misma nos sea entregada cerrada y una
copia para nuestro récord, para solicitar una
cita con el Sr. Hugo Díaz, de manera que podamos
explicar con prueba que contradiga la errónea
apreciación de la Comisión, quien dicha (sic) sea
5
CP-2009-2
de paso, ninguno de sus componentes ha estado en
nuestra Sala para palpar realmente el desempeño
en la función judicial.
Con el testimonio de nuestro aprecio quedamos de
usted.
Fdo. Eliseo Gaetán y Mejías. (Enfasis nuestro y
en original).
El 28 de junio de 2007, la Directora Administrativa de
la OAT, luego de recibir una copia de la preterida carta,
le remitió una misiva al querellado en la que le solicitó
que
cesara
y
desistiera
de
inmediato
de
continuar
diseminando la consabida carta. Esto con el propósito de
que no continuara afectando la imagen de su persona como
juez y el de la Rama Judicial. Le señaló que de su faz
aparentaba
Judicial
surgir
una
le
comunicó
que
al
respecto.
Asimismo,
y
investigación
violación
al
se
Canon
29
había
iniciado
se
le
de
Ética
una
concedió
un
término de diez (10) días para que expusiera su posición
por escrito sobre el contenido de la carta y se le informó
que de no comparecer se continuaría con la investigación
sin el beneficio de su comparecencia. La comunicación de la
Directora incluyó copia de los documentos que motivaron el
inicio de la investigación.
El 16 de julio de 2007, el querellado suscribió una
carta dirigida al Juez Presidente Señor Hernández Denton,
con copia a todos los Jueces Asociados. Cabe destacar que
el querellado acompañó su comunicación con numerosas cartas
de recomendación firmadas por más de sesenta (60) abogados
y
abogadas
que
tuvieron
experiencias
en
las
salas
6
CP-2009-2
presididas por él. En síntesis, el querellado objetó la
evaluación que le hizo la Comisión de Evaluación Judicial y
solicitó que se evaluara su solicitud de reconsideración
con relación al resultado de la evaluación que le hizo la
Comisión de Evaluación. Además, informó que había declinado
comparecer
ante
la
ocasión,
por
no
confianza
al
darle
Comisión
de
Evaluación
―inspirarnos
dicha
credibilidad
a
por
segunda
Comisión
ninguna
meros
comentarios
alegaciones,
que
en
ningún
Tribunal
hubieran
admitidas‖.
Acotó
que
―[l]a
Comisión
de
y
sido
Evaluación
Judicial, en nuestro caso particular, no ha actuado en la
forma justa, imparcial y diligente que requiere su delicada
encomienda‖;
la
Comisión
―nos
ha
negado
el
derecho
a
examinar los formularios que le dan base a su aberrada
evaluación...‖;
la
conclusiones
sobre
(biased)
no
que
Comisión
nuestra
recogen
―[h]a
labor
en
su
llegado
totalmente
contenido
a
unas
sesgadas
estocástico
(aleatorio) la función judicial que hemos realizado‖.
Asimismo, el querellado señaló que ―no le deslumbran
las candilejas ni las frivolidades, como el aparecer en la
Internet en el Cuadro de Honor de Jueces Excelentes, en una
foto oficial ni en algún certificado de reconocimiento‖;
que
lo
habían
tratado
como
a
una
―cosa‖
u
―objeto‖.
Finalmente, expresó que si tuviera que abandonar la Rama
Judicial
lo
haría
―con
la
frente
en
alto,
con
la
satisfacción del deber excelentemente cumplido y, sobre
todo, con el mal sabor de que los llamados por autonomasia
7
CP-2009-2
[sic] a impartir justicia, y teniendo la oportunidad de
hacerlo, no lo hicieron con uno de sus pares‖.
El 7 de agosto de 2007, el querellado le envió una
nueva carta al Juez Presidente en la cual le indicó que
había sido notificado de la Querella iniciada en su contra
por la OAT y le solicitó la desestimación de esta. Así
también, adujo que el Canon 29 de Ética Judicial adolecía
de vaguedad al prohibir gestiones indebidas sin establecer
lo
que
era
legalidad
indebido,
por
no
y
que
violaba
establecer
el
penalidad
principio
alguna
por
de
su
incumplimiento. Sostuvo que los Cánones de Ética Judicial
de 2005 creaban una clasificación inherentemente sospechosa
de discrimen por condición social porque no le eran de
aplicación a los jueces y juezas del Tribunal Supremo, en
violación a la igual protección de las leyes. Esta carta
fue considerada como una moción de desestimación de la
acción tomada por la Directora Administrativa y mediante
Resolución
de
24
agosto
de
2007,
resolvió
que
era
improcedente.
El 11 de septiembre de 2007, la entonces Subsecretaria
de Justicia, Lizette Mejías, le cursó a la Directora de la
OAT
una
carta
con
fecha
de
11
de
septiembre
de
2007,
informando que el entonces Secretario de Justicia, Roberto
J. Sánchez Ramos, había recibido una carta suscrita por el
entonces Juez Gaetán de fecha de 31 de agosto de 2007, en
la cual le informaba que su nombramiento vencía el 17 de
diciembre
de
2007
y
expresaba
su
agradecimiento
a
los
8
CP-2009-2
abogados y fiscales del Departamento de Justicia que habían
postulado ante él a lo largo de su carrera judicial. A esta
comunicación adjuntó copia de cuarenta y siete (47) cartas
de abogados que habían postulado ante él, y que a su vez
estos, le habían enviado al señor Hugo Díaz para abogar por
su renominación.
Así
las
realizada
cosas,
por
Declaraciones
y
como
parte
la
OAT,
sus
Juradas
a
distintos
de
la
investigación
investigadores
abogados
tomaron
que
habían
suscrito cartas para recomendar al querellado. De estas
Declaraciones Juradas surge que las cartas de recomendación
fueron remitidas tanto en fechas anteriores como en fechas
posteriores a la comunicación que el querellado recibió de
parte
de
la
Directora
Administrativa
de
la
OAT
solicitándole que desistiera de dicha práctica.
El 13 de noviembre de 2008, la OAT rindió su Informe
sobre la investigación solicitada por el Juez Presidente.
En este se concluyó que las actuaciones del querellado
habían violentado el Canon 29 de Ética Judicial, así como
los Cánones 9 y 38 de Ética Profesional. Se recomendó
referir la Queja a la Comisión de Disciplina Judicial para
la correspondiente Querella y trámite.
El 16 de enero de 2009, luego de recibido el Informe
de
Investigación
en
el
que
la
Comisión
de
Disciplina
determinó causa probable y dispuso que se presentara la
querella correspondiente, este Tribunal designó
Crisanta
González
Seda
para
que
recibiera
la
a la Lcda.
prueba
y
9
CP-2009-2
rindiera el informe pertinente. Posteriormente, mediante
Resolución de 2 de febrero de 2009, el Tribunal refirió la
Querella
a
la
Oficina
del
Procurador
General
para
que
compareciera como parte querellante en los procedimientos
que serían seguidos a tenor de la Regla 14 del Reglamento
del Tribunal Supremo.
El 13 de marzo de 2009 el querellado compareció a
contestar la Querella presentada. Solicitó la desestimación
de la misma por entender que la conducta que se le imputaba
ocurrió
mientras
él
se
desempeñaba
como
juez.
A
tales
efectos señaló que los Cánones de Ética Profesional rigen
la
conducta
de
los
abogados
pero
no
de
los
jueces
en
funciones. Asimismo, sostuvo que las cartas que él envió no
pueden catalogarse contrarias a los Cánones 9 y 38 de Ética
Profesional. Además, arguyó que no procedía concluir que
había incumplido el Canon 29 de Ética Judicial porque al
momento de emitirse el Informe de Investigación ya él no
fungía como juez. También señaló que aunque para propósitos
de argumentación se asumiera que el contenido de las cartas
era contrario a los cánones que se le imputaban, ya él
había
sido
sancionado
cuando,
al
extendérsele
un
nombramiento de receso en diciembre de 2007, fue asignado a
la Región Judicial de Humacao.
Luego de varios incidentes procesales, el 31 de marzo
de 2009 se celebró una vista sobre los procedimientos en la
que el caso quedo sometido por el expediente, a petición de
la Oficina de la Procuradora General, para ser resuelto por
10
CP-2009-2
la Comisionada Especial. El 17 de diciembre de 2009, ésta
nos remitió el Informe culminado. Concluyó que la conducta
del querellado estaba reñida con el Canon 29 de Ética
Judicial por lo que se configuró una violación de los
Cánones 9 y 38 de Ética Profesional. El querellado no ha
replicado el Informe de la Comisionada y tampoco nos ha
solicitado
término
para
hacerlo.
Así,
el
asunto
queda
sometido ante nuestra consideración para su resolución.
II
En
primer
orden
debemos
atender
el
argumento
jurisdiccional esbozado por el querellado. Este señala que
no tenemos jurisdicción para sancionarlo porque la conducta
que se le imputa ocurrió mientras se desempeñaba como juez.
Por tal razón, sostiene que no cabe encontrarlo incurso en
una violación a los Cánones de Ética Judicial.
La jurisdicción disciplinaria del Tribunal Supremo de
Puerto
Rico
sobre
los
jueces
del
Tribunal
de
Primera
Instancia y del Tribunal de Apelaciones emana del Art. V,
Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo
1, ed. 2002.1 Bajo el palio de ese mandato constitucional,
este Tribunal aprobó los Cánones de Ética Judicial de 2005,
los cuales pautan las normas mínimas de conducta que todo
1
El Art. V, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico establece que:
Los jueces del Tribunal Supremo podrán ser destituidos por
las
causas
y
mediante
el
procedimiento
que
esta
Constitución establece en la Sección 21 del Art. III. Los
jueces de los demás tribunales podrán ser destituidos por
el
Tribunal
Supremo
por
las
causas
y
mediante
el
procedimiento que se disponga por ley. L.P.R.A., Tomo 1,
ed. 2002.
11
CP-2009-2
juez debe observar rigurosamente. 4 L.P.R.A., Ap. IV-B; In
re Scherrer Caillet-Bois, 162 D.P.R. 842, 858 (2004).
Los
Cánones
de
Ética
Judicial
están
dirigidos
a
reglamentar la conducta de los abogados o abogadas que se
desempeñen
como
jueces
o
juezas.
Sin
embargo,
hemos
sostenido que la renuncia de un querellado a su posición en
la
Judicatura
o
la
expiración
del
término
de
su
nombramiento no es óbice para que este Tribunal pase juicio
sobre
aquellas
acciones
fungía
como
y
juez
en
que
que
éste
enmarquen
incurrió
violaciones
mientras
a
dichas
normas de comportamiento. In re Suárez Marchán, 159 D.P.R.
724, 735 (2003); In re Campoamor Redín, 150 D.P.R. 138, 149
(2000); In re Liceaga, 82 D.P.R. 252, 257 (1961). En ese
tenor hemos resuelto que el cese en las funciones de un
magistrado,
ya
sea
por
motivo
de
renuncia,
por
la
no
renominación o por la separación del cargo, no impide que
se continue el proceso disciplinario si la naturaleza de la
conducta
imputada
suspensión
de
puede
la
dar
lugar
al
desaforo,
abogacía
o
a
otras
a
la
medidas
disciplinarias‖. In re Campoamor Redín, supra.
De
la
misma
manera,
la
Regla
33(a)
de
Disciplina
Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XV-B, establece que:
La renuncia o la expiración de nombramiento de la
jueza o del juez querellado no impedirá que
continúe el procedimiento disciplinario en su
contra al amparo de este reglamento. La comisión
determinará
si
la
conducta
amerita
la
recomendación de imponerle a la juez o al juez
querellado medidas disciplinarias por violación
al Código de Ética Profesional. Véase, In re Lugo
Rodríguez, 149 D.P.R. 551, 555 (1999).
12
CP-2009-2
Es decir, el hecho de que un abogado no ostente su
cargo como juez, no nos impide concluir, si los hechos así
lo demuestran, que ha incurrido en conducta reñida con los
Cánones de Ética Profesional. Según señalamos en In re
Sherrer Caillet-Bois, supra, pág. 859, esto es así porque
determinar lo contrario seria atentar contra el propósito
social
de
evitar
que
la
justicia
se
vea
frustrada
al
tornarse académica una Querella por el sólo hecho de que un
juez cese en su cargo. Asimismo, resultaría incompatible
con la facultad inherente que tiene este Tribunal para
reglamentar el ejercicio de la abogacía. Íd.; In re Suárez
Marchán, supra, pág. 735.
Por lo tanto, la no confirmación del querellado y el
hecho de que ya no se desempeñe como juez, no priva a este
Tribunal de pasar juicio sobre sus actuaciones mientras fue
miembro de la judicatura y de determinar si éste infringió
alguno de los Cánones de Ética Profesional.
III
Como ya indicamos, la Comisionada Especial concluyó en
su Informe que las actuaciones del querellado violaron el
Canon 29 de Ética Judicial. Además, acotó que como tales
actos
tienen
implicaciones
que
trascienden
las
responsabilidades del querellado como juez, y se proyectan
en su carácter personal y en su vida profesional como
abogado, constituyen violaciones a los Cánones 9 y 38 de
Ética Profesional.
13
CP-2009-2
A
priori,
determinados
no
por
reflejan
que
desempeñó
como
albergamos
la
la
duda
Comisionada
conducta
Juez
del
del
de
que
los
hechos
Especial
en
su
Informe
querellado,
Tribunal
de
mientras
Primera
se
Instancia,
constituyó una violación al Canon 29 de Ética Judicial,
supra. Este Canon
abstengan
de
requiere que los jueces y juezas se
realizar
gestiones
indebidas
para
lograr
ascensos, obtener una renominación a la judicatura o para
obtener cualquier otro cargo público. Íd. Esta prohibición
incluye todo tipo de gestión indebida tanto para beneficio
del juez como a favor de otras personas, pero excluye los
trámites
oficiales
ante
los
organismos
que
asesoran
al
Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo sobre nombramientos
judiciales. Íd.
Como ya hemos apuntado, el juez para poder merecer el
respeto de la sociedad y el acatamiento de sus decisiones
tiene que ser y proyectarse como un ser humano sin tacha.
Es decir, no solamente tiene que ser bueno, sino también
parecerlo. In re Hernández Torres, 167 D.P.R. 823, 848-849
(2006), citando a C.J. Irizarry Yunqué, La ética judicial,
Año 9 (Núms. 1-4) Forum 4 (octubre 1993). Los magistrados
se convierten en depositarios de la confianza del Pueblo de
que la administración de la justicia se llevará a cabo por
personas de una conducta intachable. In re Robles Sanabria,
151 D.P.R. 483, 510 (2000). Por lo tanto, esta confianza
obliga al juez a ser previsor y analizar las posibles
consecuencias de sus actos en términos de las impresiones
14
CP-2009-2
que podrían recibir terceras personas y debe estar muy
pendiente de situaciones que puedan afectar negativamente
su imagen. In re Hernández Torres, supra; In re Suárez
Marchán, supra, pág. 740; In re Ortiz Rivera, 163 D.P.R.
530, 536 (2004). Por eso, este Tribunal ha sido consistente
al señalar que la profesión judicial no admite términos
medios. In re Nevárez Zavala, 123 D.P.R. 511, 524 (1989).
El
prestigio
del
juez
no
es
un
activo
que
deba
utilizarse para gestionar privilegios o concesiones que de
otro modo no hubieran podido obtenerse. In re Almodóvar
Marchany, 167 D.P.R. 421, 434 (2006). El prestigio del
cargo, y la reputación bien ganada, sólo pueden ser carta
de
presentación
en
el
ejercicio
de
las
funciones
judiciales. Íd. Por ello, los jueces deben ser sumamente
cuidadosos y prudentes al manejar asuntos exógenos a la
función judicial para evitar crear la apariencia de que
utiliza el título de juez como instrumento de intimidación
o para imprimir mayor peso a sus reclamos personales. Íd.
Por consiguiente, estamos convencidos de que la carta
enviada por el querellado a distintos abogados y abogadas
para que éstos recomendaran su renominación o ascenso con
el Director de la Oficina de Nombramientos Judiciales en la
Fortaleza, no es una gestión legítima en el proceso de
realizar
una
solicitud
formal
para
esa
renominación
o
ascenso. Dicha carta les solicitaba a los letrados que lo
recomendaran solamente si consideraban que el querellado se
desempeñaba
adecuadamente
en
la
función
judicial.
Tal
15
CP-2009-2
actuación colocó al querellado en una posición donde su
imparcialidad podía ser cuestionada debido a que la carta
enviada daba la impresión de que los abogados y abogadas
que no lo recomendaran no consideraban que el querellado se
desempeñaba de forma adecuada. A tal efecto, es razonable
colegir
que
el
abogado
o
abogada
que
recibiera
dicha
solicitud podía pensar que si se negaba a enviar la carta
los casos que tenía con el juez podían verse afectados.
Esto
en
definitiva
es
contrario
al
Canon
29
de
Ética
Judicial, supra.
Ahora bien, el 30 de junio de 2008, el licenciado
Gaetán Mejías cesó en su cargo como juez luego de que el
Senado de Puerto Rico no considerara su nombramiento. Así,
el hecho de que el licenciado Gaetán Mejías ya no forma
parte de la judicatura nos impide sancionarlo de acuerdo a
los Cánones de Ética Judicial. Véanse, In re Busó Aboy, 166
D.P.R. 49, 60-61 (2005); In re Saavedra Serrano, 165 D.P.R.
817, 828-829 (2005); In re Suárez Marchán, supra, pág. 745;
In
re
Lugo
enfocaremos
a
disposiciones
Rodríguez,
supra.
examinar
su
de
Cánones
los
Por
conducta
consiguiente,
nos
a
las
del
la
Código
luz
de
de
Ética
Profesional.
IV
En
innumerables
ocasiones
hemos
aseverado,
con
relación a casos de conducta profesional, que este Tribunal
no está obligado a aceptar el Informe de un Comisionado
Especial.
Podemos
adoptar
el
Informe,
modificarlo
e,
16
CP-2009-2
incluso, rechazarlo. In re Semidey Morales, 151 D.P.R. 842,
844 (2000); In re López de Victoria Brás, 135 D.P.R. 688,
695 (1994); In re Soto López, 135 D.P.R. 642, 646 (1994);
Vélez
Ruiz
v.
E.L.A.,
111
D.P.R.
752,
757-758
(1981.
Precisamente, en el presente caso no coincidimos totalmente
con la apreciación jurídica de la Comisionada Especial,
según expuesta en su Informe, con relación a la aplicación
del Canon 9 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap IX, en el
contexto del presente caso.
De
entrada
creemos
que
el
querellado
no
infringió
dicho postulado. Esta norma reza:
Conducta del abogado frente a los tribunales
El abogado debe observar para con los tribunales
una conducta que se caracterice por el mayor
respeto. Ello incluye la obligación de desalentar
y evitar ataques injustificados o atentados
contra los jueces o contra el buen orden en la
administración de la justicia en los tribunales.
En casos donde ocurrieren tales ataques o
atentados, el abogado debe intervenir para tratar
de restablecer el orden y la buena marcha de los
procedimientos judiciales.
El
deber
de
respeto
propio
para
con
los
tribunales incluye también la obligación de tomar
las
medidas
que
procedan
en
ley
contra
funcionarios
judiciales
que
abusan
de
sus
prerrogativas o desempeñan impropiamente sus
funciones y que no observen una actitud cortés y
respetuosa. (Énfasis nuestro). Canon 9 de Ética
Profesional, supra.
Al interpretar el Canon 9 de Ética Profesional, supra,
hemos señalado que este requiere ―que los abogados, cuando
hayan de dirigirse al tribunal –-aun para criticarle-— lo
hagan con respeto y deferencia‖. In re Crespo Enríquez, 147
D.P.R.
656,
662-663
(1999).
Es
decir,
se
trata
de
un
17
CP-2009-2
postulado que rige la conducta de los abogados frente al
tribunal, tal y como lo sugiere el propio título del Canon.
De una simple lectura de este principio deontológico
surge que se refiere a la conducta de los abogados ante los
tribunales.
Se
trata
de
la
imposición
de
un
deber
de
comportamiento exclusivamente dirigido a los abogados y no
a los jueces. De ahí, que el Canon imponga como deber que
el abogado desaliente ataques injustificados en contra de
los jueces o del buen orden en la administración de la
justicia y no viceversa. Es decir, el Canon no les impone a
los jueces el deber de desalentar ataques injustificados en
contra
de
los
administración
mismos
jueces
o
del
buen
orden
en
la
de
justicia.
El
deber
impuesto
es
la
exclusivo a los abogados.
El Canon establece que los abogados tienen el deber de
velar por la conducta y comportamiento de los funcionarios
judiciales,
entre
los
cuales
resalta
evidentemente
la
figura del juez. Por ende, del propio lenguaje del Canon 9
de Ética Profesional, supra, surge de forma conspicua que
este fue diseñado para regular el comportamiento de los
abogados con relación al tribunal y los jueces; no así el
comportamiento de los jueces.
De hecho este Tribunal ha sostenido que este precepto
está dirigido a regular la conducta del abogado litigante
en corte. In re Busó Aboy, supra, pág. 66; In re Saavedra
Serrano, supra, pág. 829. En In re Saavedra Serrano, supra,
la
conducta
anti
ética
imputada
al
licenciado
Saavedra
18
CP-2009-2
ocurrió mientras este fungía como juez. Allí, la Oficina de
Administración de Tribunales presentó una querella en la
que se le imputó al licenciado Saavedra haber violado,
inter
alia,
el
Canon
9
de
Ética
Judicial.
Empero
la
Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por
razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia
y
del
Tribunal
de
Apelaciones,
determinó
que
no
hubo
violación a dicho Canon porque este había sido diseñado con
el fin de regir la conducta de los miembros de la profesión
legal en los tribunales y que, por lo tanto no aplicaba a
los
jueces.
Este
Tribunal
confirmó
esa
apreciación
y
sostuvo que el Canon 9 de Ética Profesional, supra, no le
es de aplicación a los jueces. Íd. Por ende, concluyó que
las actuaciones del licenciado Saavedra no constituyeron
violaciones
al
Canon
9
de
Ética
Profesional.
A
igual
conclusión llegó este Tribunal en el caso de In re Busó
Aboy, supra.
Cabe destacar, que este Canon se ha aplicado en una
amplia
gama
de
situaciones.
Así
por
ejemplo,
hemos
determinado que la desatención a las órdenes del Tribunal
por parte de un abogado, constituyen una violación al Canon
9 de Ética Profesional, supra. In re Torres Viera, res. el
17 de septiembre de 2010, 179 D.P.R. ___ (2010), 2010
T.S.P.R. 209, 2010 J.T.S. ___; In re Davila Toro, res. el
30 de agosto de 2010, 179 D.P.R. ___ (2010); 2010 T.S.P.R.
195;
2010
J.T.S.
204.
También
hemos
señalado
que
―el
abogado no tiene licencia absoluta en el uso del lenguaje
19
CP-2009-2
para poner en entredicho o mancillar la dignidad de los
jueces‖. In re López de Victoria I, 163 D.P.R. 1, 8 (2004).
De la misma forma hemos afirmado que es nefasto para la
buena práctica de la profesión que un abogado haga serias
imputaciones sobre el obrar de un juez cuando las mismas no
están avaladas por evidencia contundente e indubitada. Íd.;
In re Roche Santorro, res. el 30 de junio de 2008, 174
D.P.R. ___ (2008), 2008 T.S.P.R. 125, 2008 J.T.S. 145; In
re Crespo Enríquez, supra, pág. 663.
Resulta también ser una violación al Canon 9 de Ética
Profesional,
el
que
un
abogado
durante
la
toma
de
deposición de su cliente se comporte de tal forma que no
propicie
un
desobedezca
ambiente
las
de
solemnidad
instrucciones
emitidas
y
decoro
por
un
o
que
juez
con
relación a la forma en que debe conducirse la deposición.
In re González Carrasquillo, 164 D.P.R. 813 (2005). A su
vez, conculca este principio el abogado que en lugar de
utilizar argumentos persuasivos para convencer al tribunal,
recurra
al
uso
de
lenguaje
soez
para
adelantar
los
intereses de su cliente. In re López de Victoria I, supra,
pág. 8. Tampoco se ajusta al Canon 9 de Ética Profesional,
supra, aquel abogado que ―observe una conducta irrespetuosa
y
poco
profesional
contra
los
empleados
de
la
Rama
Judicial, en asuntos relativos a la administración de la
Justicia...‖.
In
re
Barreto
Ríos,
157
D.P.R.
352,
357
(2002). Igualmente, viola este precepto el abogado que se
niegue de forma injustificada a aceptar la designación como
20
CP-2009-2
abogado
de
oficio
que
le
haga
el
Tribunal
de
Primera
Instancia o que se niegue a proveerle su dirección al
tribunal.
In
re
Rodríguez
Santiago,
157
D.P.R.
26,
36
(2002). También podría infringir este postulado, el abogado
que
se
adentra
en
las
oficinas
de
un
juez
sin
haber
recibido autorización para ello. In re Miranda Marchand,
135 D.P.R. 580, 589 (1994).
Como puede notarse, el Canon 9 de Ética Profesional,
supra, si bien se ha aplicado en múltiples contextos, nunca
se le ha aplicado a un juez por una conducta irrespetuosa
frente a los tribunales o a un abogado por actuaciones
cometidas mientras ejercía como juez. No hemos encontrado
ningún precedente en el cual eso haya sucedido. Su radio de
alcance se ha limitado al comportamiento anti ético de los
abogados.
En el caso de autos, es un hecho incontrovertido que
la conducta violatoria que se le imputa al querellado fue
desplegada durante su incumbencia como Juez Superior del
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. Esto es así
ya
que
mientras
fungía
como
Juez
Superior
fue
que
el
querellado dirigió una comunicación al Juez Presidente de
este
Foro
en
la
que
cuestionó
la
imparcialidad
de
la
Comisión de Evaluación Judicial. Por lo tanto, diferimos
del
Informe
sometido
por
la
Comisionada
Especial
y
concluimos, al igual que lo hicimos en In re Busó Aboy,
supra y en In re Saavedra Serrano, supra, que el Canon 9 de
Ética Profesional, supra, no le es de aplicación a los
21
CP-2009-2
jueces y, por ende, tampoco le aplica al querellado por las
acciones cometidas cuando era Juez.
V
Por otro lado, coincidimos con la Comisionada Especial
en cuanto a que las actuaciones del querellado infringieron
el Canon 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Éste,
distinto al Canon 9, sí se ha aplicado a los abogados por
sus actuaciones mientras ejercían el cargo de juez. Véanse,
In
re
Campoamor
Marchán,
supra,
Redín,
pág.
supra,
745;
In
pág.
re
153;
Sherrer
In
re
Suárez
Caillet-Bois,
supra, pág. 869; In re Busó Aboy, supra, págs. 66-67.
En
lo pertinente, este Canon dispone que:
El abogado deberá esforzarse al máximo de su
capacidad, en la exaltación del honor y dignidad
de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve
sacrificios personales y debe evitar hasta la
apariencia de conducta impropia. En su conducta
como funcionario del tribunal, deberá interesarse
en hacer su propia y cabal aportación hacia la
consecución de una mejor administración de la
justicia. Canon 38 de Ética Profesional, supra.
Este Tribunal ha señalado que este Canon extiende la
obligación de los abogados de conducirse en forma digna y
honrada a su vida privada. In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R.
138,
145
(2005).
Esto
debido
a
que
―la
apariencia
de
conducta impropia puede resultar muy perniciosa con respeto
de la ciudadanía por sus instituciones de justicia y a la
confianza que los clientes depositan en sus abogados‖. In
re Ortiz Martínez, 161 D.P.R. 572, 588 (2004). En ese tenor
hemos señalado que siendo los abogados el espejo donde se
refleja la imagen de la profesión, éstos deben actuar con
22
CP-2009-2
el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la
función social que ejercen. In re Silvagnoli Collazo, 154
D.P.R. 533, 541 (2001); In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313,
319 (1974). Por eso, ―el abogado habrá de desempeñarse con
dignidad y alto
sentido del honor, aunque
eso
implique
ciertos sacrificios personales‖. In re Busó Aboy, supra,
pág. 65. De ahí que ―[l]a práctica de la abogacía, distinto
quizás a otras profesiones, conlleva una seria y delicada
función ciudadana pues la misma representa servicio, ética
y ejemplo‖. In re Santiago Rodríguez, 160 D.P.R. 245, 254
(2003); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599,
613 (1993). En fin, los abogados –-y por consiguiente los
jueces--
deben
traslucir
en
la
praxis
un
sentido
de
justicia que sea inmaculada, no solamente en su realidad
interior, sino también en su apariencia externa. Véase, In
re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758, 766 (1976).
A la luz de lo anterior, estamos convencidos de que la
carta enviada por el querellado a distintos abogados y
abogadas
para
que
éstos
recomendaran
su
renominación
o
ascenso con el Director de la Oficina de Nombramientos
Judiciales
en
la
Fortaleza,
no
sólo
fue
una
gestión
aparentemente impropia sino que fue en realidad impropia.
Como ya dijimos, la carta les solicitaba a los abogados que
redactaran
una
carta
de
recomendación
solamente
si
consideraban que el querellado se desempeñaba adecuadamente
en la función judicial. Además, la misiva les pedía a los
abogados
que
de
remitir
la
carta
de
recomendación,
le
23
CP-2009-2
enviaran una copia al querellado.
Como ya dijimos tal
actuación colocó al querellado en una posición donde su
imparcialidad podía ser cuestionada debido a que la carta
enviada daba la impresión de que los abogados y abogadas
que no lo recomendaran no consideraban que el querellado se
desempeñaba de forma adecuada. Más aún, la naturaleza de la
petición, a nuestro entender, creó la apariencia de que el
querellado quiso aprovecharse de su posición como juez para
obtener un beneficio personal. Esto sin duda no es un buen
ejemplo de responsabilidad ética.
Asimismo,
somos
del
parecer
de
que
el
lenguaje
utilizado por el querellado en esa carta y en la que le
envió al Juez Presidente, el 16 de julio de 2007, no fue el
más apropiado. Allí, sin fundamento alguno, el querellado
puso en duda la integridad y honestidad de los miembros de
la Comisión de Evaluación Judicial.2
En
abogados
síntesis,
para
ni
el
haber
solicitarles
que
enviado
lo
la
carta
a
los
recomendaran,
ni
las
expresiones vertidas por el querellado en esa misiva y en
2
En la carta dirigida a los abogados, el querellado señala que la
Comisión de Evaluación Judicial atropelló su dignidad con la
evaluación que le hicieron. Así, describe como un acto de maldad e
infamia dicha evaluación. Todo esto sin tener prueba que sustente su
postura.
Además, en la carta del 16 de julio de 2007, dirigida al Juez
Presidente, el querellado objetó el informe emitido por la Comisión de
Evaluación Judicial, aduciendo que ésta no había actuado en forma
justa, imparcial y diligente; que había llevado a cabo una aberrada
evaluación; que lo habían tratado como una cosa u objeto; que había
llegado a unas conclusiones sobre su labor totalmente sesgadas; que si
tuviera que abandonar la Rama Judicial lo haría con la frente en alto,
con la satisfacción del deber excelentemente cumplido y con el mal
sabor de que los llamados por antonomasia a impartir justicia no lo
hicieron con uno de sus pares, etc.
24
CP-2009-2
la que le dirigió al Juez Presidente, son actuaciones que
exaltan el honor y la dignidad de la profesión legal.
VI
Por último, debemos determinar que sanción le vamos a
imponer al querellado. Para ello, es necesario hilvanar las
circunstancias y contornos de la casuística con el objeto
de equiparar, lo más que sea posible, la sanción que le
impongamos al querellado con las que les impusimos, en
otros contextos, a otros abogados.
Así por ejemplo, en el caso de In re Vélez Collado,
159 D.P.R. 422 (2003), este Tribunal censuró enérgicamente
al Juez Vélez Collado luego de que éste emitiera una orden
de desacato en contra de una parte y no de su representante
legal a pesar de que fue por culpa de la ausencia del
representante
legal
y
no
de
la
parte,
que
se
había
suspendido el juicio en varias ocasiones, incluyendo la
ausencia que motivo el desacato. Las razones aducidas por
dicho juez para así proceder fueron las siguientes:
La vez anterior este caso se suspendió porque
también
usted
compareció
sin
representación
legal. La verdad que la conducta, yo no sé si es
imputable a usted o no, pero yo se la voy a
imputar a usted, después usted se defiende. Este
Tribunal le va a imponer una fianza de $20,000
por el delito de desacato y ordena su ingreso en
la cárcel hasta tanto presente los $20,000.
Cualquier otro asunto resuélvalo con su abogado y
le vamos a conseguir una fecha de señalamiento
para esta vista. (Énfasis suplido).
En ese caso, el perjudicado fue ingresado en la cárcel
hasta que se le concedió una vista de rebaja de fianza en
la que otro Juez no solamente le rebajó la fianza sino que
25
CP-2009-2
autorizó a que se prestara el diez porciento (10%) de esta,
opción que el Juez Vélez Collado le había negado a la parte
perjudicada.
A su vez, en In re Pérez Rodríguez, 91 D.P.R. 219
(1964), este Tribunal censuró enérgicamente al Juez Pérez
Rodríguez
luego
de
que
éste
le
ordenara
a
la
policía
arrestar a una persona porque ésta se negó a permitirle el
acceso a una actividad debido a que el Juez se negaba a
pagar la entrada. Si bien es cierto que en ese caso no hubo
consenso en torno a la sanción impuesta, la mayoría le
impuso a dicho Juez una censura enérgica.
Un tercer ejemplo lo encontramos en el caso de In re
Castro Colón, 155 D.P.R. 110 (2001). Allí, este Tribunal
censuró enérgicamente a la Jueza Castro Colón por haber
intervenido indebidamente en un pleito de divorcio. En ese
caso, Cesar Méndez Otero, quien a su vez era el Alcalde del
Municipio
de
Río
Grande,
le
pidió
a
la
magistrada
que
interviniese con su esposa, la señora García Rodríguez, a
fin de reglamentar las relaciones entre ellos como parte
del proceso de divorcio. La Jueza accedió a tal petición y
procedió
a
pidiéndole
comunicarse
con
la
señora
García
que
por
su
oficina
para
pasara
Rodríguez,
discutir
lo
relevante al caso de divorcio. La señora García Rodríguez
acudió a la oficina de la magistrada y sometió una moción
en la cual le pidió a ésta que terminara su intervención en
el caso entre ella y su esposo. Empero, y a pesar de haber
26
CP-2009-2
declarado con lugar dicha moción, la Jueza Castro Colón
volvió a intervenir con el asunto en cuestión.
Ésta emitió una orden ex parte dirigida a la Policía
de Puerto Rico para que acompañara al Alcalde Méndez Otero
hasta
la
residencia
de
la
señora
García
Rodríguez,
de
manera que éste pudiese recoger su ropa y otros documentos.
La orden además apercibía a la señora García Rodríguez a no
intervenir con el cumplimiento de dicha orden. Luego de que
se
tratara
de
llevar
infructuosamente,
Rodríguez
no
a
por
estaba
en
cabo
lo
dispuesto
razón
de
que
la
su
casa,
la
Jueza
en
la
señora
Castro
orden
García
Colón
declaró a la señora García Rodríguez incursa en desacato
civil y le impuso una multa de cien dólares ($100).
Cabe señalar que la Comisión en dicho caso a la hora
recomendar la sanción, tomo en consideración el hecho de
que la Jueza Castro Colón nunca antes había incurrido en
alguna falta y que la conducta de la magistrada no había
resultado en beneficio alguno para ella.
En In re Saavedra Serrano, supra, este Tribunal se
limitó a censurar enérgicamente al Lcdo. Luis G. Saavedra
Serrano, con un apercibimiento contra futuras infracciones.
Ello se hizo en vista de que se trataba de la primera
ofensa de éste. En ese caso, se concluyó que el licenciado
Saavedra Serrano no se condujo en su sala de forma serena,
imparcial y respetuosa con el querellante. A tales efectos
señalamos:
El licenciado Saavedra Serrano, desde el comienzo
de la vista, actuó de forma hostil y descortés al
27
CP-2009-2
dirigirse al querellante, y en varias ocasiones
hizo alusión a su poder y autoridad para
―meterl[o] preso‖. Además, aun cuando el acusado
querellante
manifestó
–en
forma
serena
y
respetuosa—ser
una
persona
indigente
y
que
carecía de representación legal, el querellado,
de forma severa y abusiva, le advirtió que si no
lo hacía ―lo iba a lamentar‖; le ordenó buscar
representación legal sin hacer uso de su facultad
para asignarle un abogado de oficio. Igualmente,
el
licenciado
Saavedra
Serrano,
aun
cuando
advirtió alguna condición mental o emocional de
González
Salas
[querellante],
no
observó
sensibilidad alguna y continuó dirigiéndose a
éste de forma recia y despectiva, lo que ocasionó
que, finalmente, González Salas reaccionara en la
forma en que lo hizo.
........
Resulta evidente que, con su proceder, el
licenciado Saavedra Serrano lo que hizo fue
intimidar innecesariamente a un ciudadano humilde
y afectado emocionalmente, lo cual denigra la
profesión legal, promoviendo y ocasionando que
este ciudadano reaccionara de la forma en que lo
hizo
y
perdiera
el
control
sobre
su
comportamiento. In re Saavedra Serrano, supra,
págs. 830-831.
Como se puede apreciar, en los precedidos casos la
sanción impuesta por este Tribunal consistió en la censura
enérgica.
Ello,
a
pesar
de
que
las
conductas
allí
ejemplificadas y sancionadas eran tan o más ominosas que
las manifestadas por el querellado en el presente caso. De
hecho, los excesos cometidos por los jueces en tales casos,
distinto al de autos, tuvieron repercusiones negativas con
terceras personas, infringiéndole la libertad, imponiéndole
sanciones económicas de manera injustificada o denigrando
su
dignidad
imparciales.
con
faltas
de
respeto
y
actitudes
poco
28
CP-2009-2
En
el
caso
de
autos,
aunque
las
actuaciones
del
querellado iban dirigidas a intentar lograr su renominación
o ascenso como juez por un nuevo término, éste no logró su
renominación ni ascenso dentro de la judicatura. Es decir,
no logró obtener un beneficio propio. Asimismo, debemos
destacar,
como
Informe,
que
lo
el
hace
la
querellado
Comisionada
en
Especial
veintiséis
(26)
en
su
años
de
práctica en la profesión no había cometido ninguna falta o
conducta reñida con los Cánones de Ética Profesional. A su
vez, como ya discutimos, el Canon 9 de Ética Profesional,
supra, no le es de aplicación al querellado en el contexto
de este caso.
Por
aconseja
los
a
fundamentos
censurar
expuestos,
enérgicamente
al
la
prudencia
querellado
apercibimiento sobre conducta similar en el futuro.
Se dictará sentencia de conformidad
con
nos
un
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Conducta
Profesional
Eliseo Gaetán Mejías
CP-2009-2
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2011.
Por
los
fundamentos
antes
expresados,
censuramos enérgicamente al licenciado Gaetán
Mejías con un apercibimiento sobre conducta similar
en el futuro.
Lo
acordó
el
Tribunal
y
certifica
la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada
Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión
disidente a la cual se unen el Juez Presidente
Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Señora
Fiol Matta.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
CP-2009-02
Eliseo Gaetán Mejías
Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez a la que se le une el Juez Presidente señor Hernández
Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta
San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2011
El
licenciado
Eliseo
Gaetán
Mejías
(el
querellado o el licenciado Gaetán Mejías) fue admitido
al ejercicio de la abogacía el 6 de junio de 1983.
Doce
años
más
tarde,
el
18
de
diciembre
de
1995,
juramentó como juez superior y ejerció su cargo en
varias
regiones
judiciales.
Durante
los
últimos
cuatro años de su término estuvo asignado al Tribunal
de Primera Instancia, Sala de Guaynabo.
diciembre
de
2007,
vencido
ya
su
El 18 de
término,
el
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le
extendió un nombramiento de receso al mismo cargo de
juez
superior.
El
licenciado
Gaetán
Mejías
fue
CP-2009-2
asignado
2
a
Humacao.
ejercer
El
como
Senado
juez
de
en
Puerto
la
Región
Rico
no
Judicial
de
consideró
su
nombramiento por lo que cesó en su cargo el 30 de junio de
2008.
El
licenciado
investigación
por
Gaetán
la
Mejías
Oficina
de
fue
objeto
de
una
Administración
de
los
Tribunales (OAT), relacionada con ciertas actuaciones en
torno al proceso de su renominación durante el año 2007.
Como resultado de la referida investigación, se rindió un
informe de investigación en el cual se concluía que el
licenciado Gaetán Mejías había incurrido en violaciones al
Canon 29 de los Cánones de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap.
IV-A,
y
a
Profesional.
los
Cánones
9
y
38
4 L.P.R.A. Ap. IX.
del
Código
de
Ética
Ello dio paso a que la
conducta del licenciado Gaetán Mejías fuese referida a la
Comisión de Disciplina Judicial (la Comisión de Disciplina)
para la acción correspondiente.
La Comisión de Disciplina concluyó que, en efecto, el
licenciado Gaetán Mejías había incurrido en las violaciones
éticas señaladas por lo que se presentó la correspondiente
querella y luego de los trámites de rigor se designó una
Comisionada
Especial
para
atenderla.
Concluido
este
proceso, la Comisionada Especial emitió su informe, el cual
nos ha remitido.
Nos corresponde en este momento aquilatar
dicho informe y evaluar la conducta del licenciado Gaetán
Mejías.
CP-2009-2
3
Comenzamos nuestro análisis con un resumen detallado
de los hechos que dan base a la querella presentada contra
el licenciado Gaetán Mejías.
I
Mientras el licenciado Gaetán Mejías se desempeñaba
como juez superior, y presto a vencer su nombramiento, éste
solicitó ser renominado al cargo de juez del Tribunal de
Primera Instancia o ascendido al Tribunal de Apelaciones.
El 11 de abril de 2007, la Comisión de Evaluación Judicial
(la Comisión de Evaluación o la Comisión) llevó a cabo una
evaluación del desempeño del querellado.
Ésta emitió un
informe en el cual concluyó que el querellado no estaba
calificado para renominación o para ascenso.
El 9 de mayo de 2007, el querellado se comunicó por
escrito
con
la
disconformidad
Comisión
con
los
de
Evaluación
resultados
de
expresando
su
evaluación
y
su
solicitó una prórroga para recopilar aquella información
necesaria
referente
a
sus
cualificaciones
como
juez
rebatir la determinación de que no estaba calificado.
y
La
Comisión de Evaluación le concedió la prórroga solicitada y
además le informó que tendría una segunda oportunidad para
comparecer ante sí y presentar sus objeciones al informe de
evaluación emitido.
acompañada
con
un
La comunicación que se le envió iba
desglose
de
los
comentarios
negativos
recibidos por la Comisión de Evaluación sobre su desempeño
como
juez.
Se
indicaba
también
que
no
se
le
incluían
aquellos comentarios cuyo contenido permitiría que se
CP-2009-2
4
identificase al entrevistado.
Se le solicitó además que
presentase un escrito con un resumen de los fundamentos que
esgrimiría en su día ante la Comisión de Evaluación para
refutar las conclusiones del informe.
Así las cosas, el 10 de mayo de 2007 el licenciado
Gaetán Mejías suscribió una carta dirigida a abogados y
abogadas.
Por
su
importancia,
transcribimos
en
totalidad la carta suscrita por el querellado:
FROM THE DESK OF
ELISEO GAETAN MEJIAS
SUPERIOR COURT JUDGE
―Invoke the imagination, Provoke
the senses,
Evoke the emotions,… for creative
thinking and knowledge.‖
G. Laliberté
E. Gaetán
Distinguido Letrado
Nos dirigimos a usted porque estamos seguros de
que no cree en que la maldad deba prevalecer
sobre el bien ni la injusticia sobre la justicia.
Por lo anterior, si usted considera que nos hemos
desempeñado adecuadamente en la función judicial,
nos urge que tenga a bien en hacer una carta
dirigida a:
Sr. Hugo Díaz, Director
Oficina de Nombramientos Judiciales
La Fortaleza, San Juan, P.R. 00901
Estando en la etapa final de evaluación para el
Tribunal
de
Apelaciones,
el
Hon.
Francisco
Rebollo López, en su carácter de Presidente del
Comité
Evaluador,
nos
ha
dado
como
no
cualificados ni para el Tribunal de Apelaciones
ni para renominación al Tribunal Superior.
Esto
sin duda es una agenda de algún enemigo invisible
que nos persigue desde Arecibo y que hasta ahora
ha logrado que no sean justos en la evaluación.
No tenemos otra forma de defendernos de esta
infamia, toda vez que se nos negó tener acceso a
los formularios de evaluación que tenían los
su
CP-2009-2
5
abogados
y
fiscales
consultados
sobre
el
particular.
Los renglones en que se nos ha
indicado como no cualificados en escala del 1 al
6 son los siguientes:
1. Reputación intelectual
No cualificado
2. Destrezas profesionales
No cualificado
3. Destrezas de comunicación
No cualificado
4. Temperamento judicial
No cualificado
5. Calidad de trabajo
No cualificado
6. Juicio valorativo
No cualificado
Ante este atropello a la dignidad del ser humano,
no nos queda otro recurso que dirigirnos a usted
para que nos apoye con el envío de una carta y
que la misma nos sea entregada cerrada y una
copia para nuestro récord, para solicitar una
cita con el Sr. Hugo Díaz, de manera que podamos
explicar con prueba que contradiga la errónea
apreciación de la Comisión, quien dicha (sic) sea
de paso, ninguno de sus componentes ha estado en
nuestra Sala para palpar realmente el desempeño
en la función judicial.
Con el testimonio de nuestro aprecio quedamos de
usted.
Cordialmente,
Fdo. Eliseo Gaetán y Mejías. (Énfasis nuestro y
en original.)
El 28 de junio de 2007, la Directora Administrativa de
la OAT, luego de recibir copia de la antes transcrita carta
así como de una carta enviada por una abogada al señor
Díaz, le envió una comunicación al licenciado Gaetán Mejías
indicándole que se había iniciado una investigación en su
contra
habida
cuenta
de
que
dicha
carta,
de
su
faz,
aparentaba estar en conflicto con el Canon 29 de Ética
Judicial.
En
la
comunicación
enviada,
la
Directora
le
solicitó al querellado que cesara y desistiera de continuar
con
el
envío
de
este
escrito
para
evitar
así
que
ello
mancillara la imagen de la Rama Judicial así como la del
propio juez.
Se le concedió un término de diez días para
que se expresara sobre el contenido de la carta y se le
informó
que
de
no
comparecer
se
continuaría
con
la
CP-2009-2
6
investigación sin el beneficio de su comparecencia.
La
carta de la Directora venía acompañada con copia de los
documentos que motivaron el inicio de la investigación.
El 16 de julio de 2007, el licenciado Gaetán Mejías le
envió
una
extensa
comunicación
al
Juez
Presidente
del
Tribunal Supremo, con copia a todos los Jueces Asociados,
en
la
cual
objetaba
la
evaluación
negativa
de
que
fue
objeto por la Comisión de Evaluación Judicial y solicitaba
su
reconsideración.
Se
anejó
a
dicha
carta
copia
de
sesenta cartas, firmadas por sesenta y seis abogados, que
recomendaban su gestión judicial.
Indicó que declinaba comparecer ante la Comisión de
Evaluación
por
segunda
ofrecido,
por
no
―inspirarnos
dicha
confianza
al
darle
credibilidad
a
alegaciones,
que
en
admitidas‖.
Sostuvo
ocasión
conforme
se
le
Comisión
meros
había
ninguna
comentarios
ningún
Tribunal
hubieran
que
Comisión
de
la
y
sido
Evaluación
Judicial, ―en nuestro caso particular, no ha actuado en
forma justa, imparcial y diligente que requiere su delicada
encomienda‖.
Que
la
Comisión
―en
forma
totalmente
contraria a su estatuto orgánico nos ha negado el derecho a
examinar
los
evaluación…‖.
una
formularios
que
dan
base
a
su
aberrada
Además, apuntó que la Comisión llevó a cabo
evaluación
―réproba‖
y
―desastrosa‖,
y
que
conclusiones a las que llegó son ―totalmente sesgadas
las
CP-2009-2
7
(biased)
que
no
recogen
en
su
contenido
estocástico
(aleatorio) la función judicial que hemos realizado‖.
Indicó,
que
la
reconsideración
que
solicitaba
del
Tribunal Supremo ―requiere que sea realizada sin tomar en
consideración
Comisión
el
lleva
hecho
muchos
de
que
el
Juez
que
preside
años
en
ese
Alto
Foro,
así
la
como
tampoco el esprit du corp que permea toda institución‖.
Aclaró que ―no le deslumbran las candilejas ni las
frivolidades, como el aparecer en la Internet en el Cuadro
de Honor de Jueces Excelentes, en una foto oficial ni en
algún certificado de reconocimiento‖.
Y finalmente, luego
de expresar su tristeza y desasosiego por la evaluación
recibida,
apuntó
Judicial
lo
satisfacción
que
haría
del
si
―con
deber
tuviese
la
que
frente
excelentemente
abandonar
la
Rama
en
con
la
alto,
cumplido
y,
sobre
todo, con el mal sabor de que los llamados por autonomasia
a impartir justicia, y teniendo la oportunidad de hacerlo,
no lo hicieron con uno de sus pares‖.
Posteriormente, en agosto del mismo año, el licenciado
Gaetán
Mejías
le
envió
una
nueva
comunicación
al
Juez
Presidente en la cual indicaba que había sido notificado de
la querella iniciada en su contra por la OAT
su desestimación.
y solicitaba
La comunicación aducía que el Canon 29
de Ética Judicial violaba el principio de legalidad pues no
establecía penalidad alguna por su incumplimiento, además
adolecía de vaguedad al prohibir gestiones ―indebidas‖ sin
establecer
con
claridad
qué
era
lo
indebido.
Además,
sostuvo que los Cánones de Ética Judicial de 2005 violaban
CP-2009-2
8
la igual protección de las leyes pues no aplicaban a los
miembros
del
Tribunal
clasificación
social‖.
Supremo
sospechosa
de
lo
que
constituía
discrimen
por
―una
condición
Posteriormente, este Tribunal declaró no ha lugar
la solicitud de desestimación de la querella.3
Así las cosas y como parte de la investigación que
llevaba
a
cabo
la
OAT,
sus
investigadores
tomaron
un
sinnúmero de declaraciones juradas a distintos abogados que
habían suscrito cartas para recomendar al querellado.
De
estas
de
declaraciones
juradas
surge
que
las
cartas
recomendación fueron remitidas tanto en fechas anteriores y
posteriores a la comunicación que el querellado recibiera
de
parte
de
la
Directora
Administrativa
de
solicitándole que desistiera de dicha práctica.
la
OAT
Algunos de
los que suscribieron cartas de recomendación lo hicieron
luego de que el querellado les llamara personalmente o los
visitara
envío
de
facsímil
en
sus
las
la
oficinas
cartas;
privadas
otros,
comunicación
por
para
solicitarles
recibieron
escrito
del
por
correo
o
querellado
y
accedieron a enviar la recomendación solicitada.
3
el
Algunos
En septiembre de 2007, la entonces subsecretaria del
Departamento de Justicia le remitió a la Directora
Administrativa de la OAT una comunicación en la cual le
refería una carta del juez Gaetán Mejías que había sido
recibida por el Secretario de Justicia, Hon. Roberto José
Sánchez Ramos con fecha de 31 de agosto de 2007.
En la
referida carta el juez Gaetán Mejías le informaba al
Secretario que su nombramiento vencía el 17 de diciembre de
2007 y le agradecía a los abogados y fiscales del
Departamento que habían postulado ante él.
A la
comunicación enviada le anejó copia de cuarenta y siete
cartas de abogados que habían postulado ante él y le habían
remitido al Sr. Hugo Díaz sendas cartas de recomendación.
CP-2009-2
9
abogados,
sin
embargo,
se
enteraron
del
proceso
de
renominación por compañeros abogados y decidieron suscribir
sus
cartas
de
recomendación.
Todos
indicaron
que
le
entregaron copia de la carta de recomendación que enviaron
al querellado, algunos personalmente y otros las remitieron
por correo.
Los abogados entrevistados aseguraron que era
la primera vez que recibían una comunicación o solicitud de
tal la naturaleza.4
El 13 de noviembre de 2008 la OAT emitió su informe de
investigación.
actuaciones
En el referido informe se concluyó que las
del
licenciado
Gaetán
Mejías
vulneraron
el
Canon 29 de Ética Judicial así como los Cánones 9 y 38 de
Ética Profesional.
El informe recomendó que se refiriera
el asunto a la Comisión de Disciplina Judicial para la
correspondiente querella.
Recibido el informe de investigación, la Comisión de
Disciplina determinó causa y dispuso para que se presentara
la querella correspondiente.
Tribunal
designó
a
la
El 16 de enero de 2009 este
licenciada
Crisanta
como Comisionada Especial para que
este
caso
y
Posteriormente,
Procurador
4
emitiera,
referimos
General
para
a
la
que
González
Seda
recibiera la prueba en
su
vez,
querella
a
un
la
compareciera
informe.
Oficina
como
del
parte
Varios de los abogados que enviaron una carta de
recomendación recibieron una carta de agradecimiento del
licenciado Gaetán Mejías en la cual éste les agradecía el
envío de la carta indicando: ―Estamos profundamente
agradecidos por su noble gesto de cortesía y, sobre todo,
por coadyuvar (sic) en tratar de evitar que se cometa una
injusticia más, de las muchas que se cometen a diario por
personas que no tienen conciencia del daño emocional que
acarrean a los afectados.‖ (Énfasis nuestro.)
CP-2009-2
10
querellante en los procedimientos que se habrían de iniciar
conforme
se
dispone
en
la
Regla
14
del
Reglamento
del
Tribunal Supremo.
El 13 de marzo de 2009 el licenciado Gaetán Mejías
compareció
y
contestó
la
querella
presentada.
En
su
contestación, el querellado solicitó la desestimación de la
querella por considerar que la conducta que se le imputaba
ocurrió mientras él se desempeñaba como juez y los Cánones
de Ética Profesional rigen la conducta de los abogados pero
no de los jueces en funciones.
Además, sostuvo que las
cartas que él envió no pueden catalogarse como contrarias a
los Cánones 9 y 38 de Ética Profesional.
Adujo también que
no procedía concluir que había incumplido el Canon 29 de
Ética Judicial pues al momento de emitirse el informe de
investigación ya él no fungía como juez y, aun asumiendo
para propósitos de argumentación que el contenido de las
cartas fuese contrario a los cánones que se le imputaban,
ya
él
había
sido
sancionado
pues
al
extendérsele
un
nombramiento de receso en diciembre de 2007, fue asignado a
la Región Judicial de Humacao.
Luego de varios incidentes procesales el caso quedó
sometido
--por
el
expediente--
Comisionada Especial.
para
resolución
por
la
El 17 de diciembre de 2009 ésta
emitió su informe el cual nos remitió.
En éste concluyó
que la conducta del licenciado Gaetán Mejías estaba reñida
con el Canon 29 de Ética Judicial por lo que se configuró
una violación de los Cánones 9 y 38 de Ética Profesional.
El licenciado Gaetán Mejías no ha replicado al informe de
CP-2009-2
la
11
Comisionada
como
tampoco
ha
solicitado
término
para
ello.
En vista de ello, el asunto quedó sometido ante
nuestra
consideración
para
su
resolución,
por
lo
que
pasamos a atenderlo.
II
Como asunto de umbral tenemos que expresarnos en torno
al
argumento
dual
del
querellado
de
que
no
tenemos
jurisdicción para sancionarle, bien porque los Cánones de
Ética
no
le
aplican
a
los
jueces
en
funciones,
o
bien
porque la conducta imputada acaeció mientras él era juez y,
toda
vez
que
ya
no
se
desempeña
como
tal,
no
cabe
encontrarlo incurso en una violación a los Cánones de Ética
Judicial.
Como
sabemos,
la
jurisdicción
disciplinaria
del
Tribunal Supremo sobre los jueces del Tribunal de Primera
Instancia, como del Tribunal de Apelaciones, emana del Art.
V, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto
Rico.
Precisamente,
a
tenor
con
ese
mandato
constitucional aprobamos los Cánones de Ética Judicial de
2005 donde se establecen las normas mínimas de conducta
exigibles a los miembros de la judicatura.
IV-B.
4 L.P.R.A. Ap.
Véase además, In re Cruz Aponte, 159 D.P.R. 170
(2003).
Las Reglas de Disciplina Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XVB,
por
su
parte,
delinean
el
esquema
procesal
que
se
utiliza para tramitar los asuntos disciplinarios instados
contra miembros de la judicatura.
Así, la Regla 33(a),
sobre el efecto de la renuncia o expiración del término de
CP-2009-2
12
nombramiento,
dispone
claramente
expiración
de
nombramiento
querellado
no
impedirá
que:
―La
la
jueza
de
que
continúe
renuncia
el
o
o
del
la
juez
procedimiento
disciplinario en su contra al amparo de este reglamento.
La
comisión
determinará
si
la
conducta
amerita
la
recomendación de imponerle a la juez o al juez querellado
medidas
disciplinarias
por
violación
al
Código
de
Ética
Profesional.‖
Los
argumentos
esgrimidos
por
el
querellado
ya
han
sido resueltos por este Tribunal en contra de la posición
que éste esgrima.
Hace ya casi cincuenta años decidimos
que la ―conducta impropia … observada por un juez puede dar
lugar a su desaforo o suspensión como abogado, aun cuando
hubiese cesado como magistrado.‖
In re Liceaga, 82 D.P.R.
252, 257 (1961).
Años más tarde, en In re Campoamor Redín,
150
149
D.P.R.
nuestro
138,
poder
(2000),
inherente
aclaramos
para
que
a
tenor
con
disciplinar
y
destituir
jueces, ―el cese en el desempeño de las funciones como
juez, ya sea por motivo de renuncia, por la no renominación
o
por
la
separación
del
cargo,
no
es
óbice
para
que
continúe el procedimiento disciplinario, si la naturaleza
de la conducta imputada puede dar lugar al desaforo, a la
suspensión
de
disciplinarias‖.
la
abogacía
o
a
otras
medidas
Y en In re Suárez Marchán, 159 D.P.R.
724, 735 (2003) señalamos que el cese en funciones de un
juez,
no
―es
óbice
para
que
ejerzamos
nuestro
poder
inherente para disciplinar[le] en caso de que su conducta
como juez haya infringido los Cánones de Ética Judicial, y
CP-2009-2
13
que esas actuaciones también violen los cánones del Código
de Ética Profesional‖.
Vemos
entonces
que,
ya
bien
por
virtud
de
nuestro
poder inherente para disciplinar a los jueces o bien por lo
dispuesto
expresamente
en
la
Regla
33(a)
de
las
de
Disciplina Judicial, el hecho de que un juez no ostente su
cargo no es obstáculo para que pasemos juicio sobre sus
actuaciones mientras fungía como tal y concluyamos, cuando
los hechos lo ameriten, que se ha incurrido en conducta que
contraviene los Cánones de Ética Profesional.
debe ser.
Y es que así
De lo contrario, quedaría inerme la defensa
adecuada de la justicia pues una querella podría tornarse
académica ante el cese en funciones del juez.
Además,
sería
nuestra
igualmente
facultad
contrario
inherente
abogacía‖.
para
e
―incompatible
reglamentar
el
con
ejercicio
de
la
In re Scherrer Caillet-Bois, 162 D.P.R. 842,
859 (2004).
Despejado
el
planteamiento
de
umbral,
pasamos
a
evaluar el estado de derecho vigente respecto a los cargos
que se le imputaron al licenciado Gaetán Mejías.
III
Todo abogado ―tiene un deber ineludible de proteger y
fortalecer
la
Figueroa,
Ética
independencia
y
judicial.‖
Responsabilidad
S.
Steidel
Disciplinaria
del
Abogado, Publicaciones JTS, San Juan, 2010, pág. 312.
En
su multiplicidad de facetas, la independencia judicial es
presupuesto indispensable para nuestra vida en democracia.
CP-2009-2
14
Este valor sirve de telón de fondo al impartirle contenido
ético al Canon 9 de Ética Profesional.
El
Canon
9
de
Ética
Íbid.
Profesional
dispone,
en
lo
pertinente, que todo abogado ―debe observar para con los
tribunales una conducta que se caracterice por el mayor
respeto.
ataques
Ello incluye la obligación de desalentar y evitar
injustificados
o
atentados
ilícitos
contra
los
jueces o contra el buen orden de la administración de la
justicia en los tribunales.‖
En el pasado hemos expresado que ―el abogado no tiene
licencia absoluta en el uso del lenguaje para poner en
entredicho o mancillar la dignidad de los jueces.
En este
sentido, el recurrir constantemente al ―apuntamiento de que
el tribunal actuó ‗con perjuicio, pasión y parcialidad‘,
sin sustanciarlo o sin motivos fundados para así creerlo,
es un comportamiento censurable que [se debe] rechazar.‖
In re Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895, 906-07 (1986).
Es
contrario
un
a
la
buena
práctica
de
la
profesión
que
abogado haga serias imputaciones sobre el obrar de un juez
cuando
dichas
imputaciones
no
evidencia contundente e indubitada.
están
sostenidas
con
In re Crespo Enríquez,
147 D.P.R. 656 (1999).
El Canon 9 exige, por un lado, respetar las órdenes y
directrices emitidas por los jueces; y por otro, le impone
a todo abogado ―el deber de respetar a jueces, empleados y
funcionarios
del
tribunal,
tanto
en
comparecencias
formales, personales o por escrito, como cuando interactúa
informalmente
con
éstos
(respeto
de
carácter
cívico).‖
CP-2009-2
15
Steidel Figueroa, loc. cit.
Hoy nos ocupa esta segunda
vertiente.
Cuando evaluamos las expresiones de un abogado bajo el
crisol del Canon 9, debemos distinguir, como correctamente
señala
el
juez
Steidel
Figueroa
expresiones
con
contenido
ético
en
su
obra,
―entre
y
disciplinariamente
objetables y expresiones cuyo carácter objetable reside en
la
forma
en
contenido.‖
que
se
formulan,
independientemente
de
Steidel Figueroa, op. cit., pág. 315.
su
Son
expresiones objetables por su contenido aquellas ―que están
asociadas a imputaciones falsas y no fundamentadas contra
jueces u otros funcionarios del tribunal, como acusar sin
motivos
fundados
a
un
juez
de
que
prejuicio, pasión y parcialidad‘.‖
ha
actuado
Íbid.
‗con
Véase, In re
Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895, 907 (1986).
No hay duda que siempre cabe una crítica razonada y
razonable a las determinaciones judiciales.
que
hemos
oportuna
considerado
se
revela
que
la
crítica
indispensable
para
Tan es así,
judicial
sana
la
marcha
buena
y
judicial pues mantiene a los jueces ―alertas y atentos al
estricto
cumplimiento
de
sus
funciones‖.
Ribas, 81 D.P.R. 90, 120 (1959).
In
re
Andreu
Además, y como hemos
indicado en el pasado, no se puede sostener que los Cánones
de
Ética
Profesional
puedan
censura a los abogados.
863 (2007).
que
un
considerarse
como
fuente
de
In re Rodríguez Rivera, 170 D.P.R.
Antes bien, debemos recalcar que el hecho de
abogado
defienda
apasionada
y
diligentemente
la
causa de su cliente no es incompatible con la exigencia de
CP-2009-2
16
que cuando lo haga, sea de una forma decorosa y respetuosa.
No hay nada que propenda más a destruir el justo balance de
la conciencia judicial y a deteriorar y obstaculizar la
imparcialidad y el recto y libre curso de la justicia, que
una crítica falsa, injustificada y viciosa.
Véase, In re
Andréu Ribas, supra.
Para
guiarnos
en
la
delicada
faena
de
examinar
y
ponderar la conducta de un abogado bajo el prisma del Canon
9, hemos elaborado ciertos criterios que nos guían en este
cometido.
Son éstos: primero, si aunque equivocado, el
abogado creía en la validez de la imputación hecha al juez;
segundo, si aun cuando los hechos no eran ciertos, tenía
motivos
fundados
veracidad;
y
o
causa
tercero,
si
probable
la
para
imputación
creer
no
fue
en
su
hecha
maliciosamente con el propósito deliberado de denigrar al
tribunal.
Véanse, In re Crespo Enríquez, 147 D.P.R. 656
(1999), In re Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895 (1986), In re
Martínez Jr., 108 D.P.R. 158 (1978), In re Andréu Ribas,
supra.
Cuando
las
expresiones
que
evaluamos
minan,
o
tienden a minar, la independencia judicial como valor que
subyace
rigor.
el
Es
Canon
a
la
9,
luz
debemos
evaluarlas
con
particular
de
principios
que
deberíamos
estos
considerar las actuaciones del ex juez Gaetán Mejías.
Ello
no
obstante,
la
mayoría
rehúsa
considerar
las
expresiones del ex juez Gaetán bajo el Canon 9 de Ética
Profesional.
La mayoría considera que este precepto ético
sólo
la
limita
conducta
del
abogado
que
litiga
en
los
tribunales, por lo que concluye que el ―deber impuesto es
CP-2009-2
17
exclusivo
a
los
abogados.‖
sostiene
que
―este
la
está
regular
precepto
Específicamente,
dirigido
a
conducta del abogado litigante en corte.‖
mayoría
la
Y, como este
caso versa sobre las expresiones de un juez, se impone la
conclusión de que no aplica el canon al querellado.
La
mayoría
encuentra
apoyo
para
su
conclusión
en
nuestras expresiones en
In re Busó Aboy, 166 D.P.R. 49
(2005);
Serrano,
In
re
Saavedra
165
D.P.R.
817
(2005),
donde, en efecto, hicimos un señalamiento concluyente y sin
elaborar, como lo expresado por la mayoría.
Lo cierto es
que en ninguno de esos casos evaluábamos las expresiones de
un
juez
cuestionando
la
honradez
de
otro
juez;
por
el
contrario, las expresiones objetables las había expresado
un
abogado.
Los
hechos
que
nos
conciernen
hoy
son
claramente distinguibles de lo ocurrido en estos casos por
lo
que,
en
correcta
técnica
adjudicativa,
nada
de
lo
dispuesto en In re Busó Aboy, ante, o en In re Saavedra
Serrano, ante, nos impide que evaluemos si las expresiones
del ex juez Gaetán Mejías en contra del Juez Asociado señor
Rebollo
López,
constituyen
una
violación
al
Canon
9.
Ninguno de estos casos visualizaba un escenario en donde un
abogado-juez lanzaría un ataque contra otro juez de tal
intensidad
que
lacera
Además,
tal
vez
y
consideramos
las
la
más
integridad
de
los
importante,
en
estos
responsabilidad
del
tribunales.
casos
abogado
no
como
funcionario al servicio de la Justicia, de actuar de forma
tal que proteja y salvaguarde la independencia judicial.
Para
resumir,
aplicar
fuera
de
contexto
nuestras
CP-2009-2
18
expresiones en los casos antes mencionados, como hace la
mayoría,
obstaculiza
un
análisis
necesario
sobre
la
interacción del Canon 9 con los hechos como los de este
caso.
Por
otro
dispone que:
lado,
el
Canon
38
de
Ética
Profesional
―El abogado deberá esforzarse al máximo de su
capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su
profesión,
aunque
el
así
hacerlo
conlleve
sacrificios
personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta
impropia.
En su conducta como funcionario del tribunal,
deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación
hacia
la
consecución
de
una
mejor
administración
de
la
justicia.‖
Este Canon extiende la obligación de los abogados de
conducirse en forma digna y honrada, a su vida privada.
re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005).
In
En ese sentido,
―[c]ada abogado es un espejo en que se refleja la imagen de
la profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso
sentido de responsabilidad que impone la función social que
ejercen‖.
Íbid, pág. 145.
Por ello, el ―abogado habrá de
desempeñarse con dignidad y alto sentido del honor, aunque
eso implique ciertos sacrificios personales‖.
Finalmente,
debemos
enmarcar
la
Íbid.
conducta
del
licenciado Gaetán Mejías con la que se espera de cualquier
magistrado
en
nuestra
sociedad.
Para
ello,
debemos
considerar lo dispuesto en los Cánones de Ética Judicial de
2005,
ya
conducta
que
aquí
se
encuentran
exigibles
a
los
las
miembros
normas
mínimas
de
judicatura
la
de
CP-2009-2
19
puertorriqueña.
Uno de los principios rectores de estos
cánones es procurar que los jueces aporten siempre a la
exaltación
de
nuestra
judicatura
evitando
mancillar el prestigio de la Rama Judicial.
trastocar
o
De esta forma
se estimula el respeto y la confianza en la judicatura.
Ya
hemos señalado que debido a la naturaleza de las funciones
del
juez,
momento,
se
le
exige
una
conducta
y
fuera
del
tribunal.
dentro
ejemplar
en
Véase,
todo
In
re
Claverol, res. 7 de enero de 2009, 175 D.P.R. ___, 2009
T.S.P.R.
1.
Se
espera
que
los
jueces
sean
ejemplo
de
sobriedad, respeto y urbanidad, incluso frente a personas
irrespetuosas
y
éstos
deben
evitar,
en
todo
momento,
cualquier ejercicio inapropiado de su autoridad.
Por su parte, el Canon 29 de Ética Judicial establece
que ―[l]as juezas y los jueces se abstendrán de realizar
gestiones indebidas para lograr ascensos o para obtener una
renominación en la judicatura.
También se abstendrán de
realizar gestiones indebidas para obtener cualquier otro
cargo
público.‖
gestión
indebida
Esta
prohibición
tanto
para
incluye
beneficio
del
todo
tipo
de
juez
como
de
terceras personas, pero excluye los trámites oficiales ante
los
organismos
que
tienen
tangencia
en
el
proceso
de
nombramientos judiciales.
Con estos principios en mente, pasemos a evaluar la
controversia traída a nuestra consideración.
IV
Los hechos en este caso nos invitan a reflexionar en
torno a la figura del juez y su rol en nuestra sociedad y
CP-2009-2
20
sobre la conducta que de éste esperamos.
En esta faena
tenemos, por necesidad, que partir de la premisa que la
independencia judicial es crítica para mantener el estado
de derecho.
equilibrio
Un Poder Judicial independiente proporciona
en
el
desempeño
de
los
poderes
públicos,
al
revisar la autoridad de los otros poderes del Estado para
evitar
la
acción
arbitraria
del
gobierno.
Concomitante
natural a la independencia judicial es, naturalmente, el
ejercicio responsable del Poder Judicial.
Es decir, esa
independencia para hacer cumplir la ley debe estar templada
con el más alto grado de imparcialidad e integridad.
Juzgar es más que un trabajo, es una forma de vida.
Cada
juez
debe
desempeñarse
con
integridad,
humildad,
mesura y entereza de carácter, al igual que con un alto
sentido
de
la
relevancia
social
del
cargo
que
ostenta.
Como hemos dicho antes, existen unas profesiones que no
admiten
término
medio
y
ésta
Nervárez
Zavala,
123
D.P.R.
es
una
de
ellas.
511,
524
(1989).
In
re
Así,
la
función judicial requiere que ―el juez conserve la rectitud
de su conducta dentro y fuera del tribunal‖, pues es de
esta forma que mejor se salvaguarda la confianza pública
depositada en su persona.
170, 186 (2003).
responsabilidad
In re Cruz Aponte, 159 D.P.R.
Los jueces y los abogados comparten la
―de
preservar
la
dignidad
de
los
procedimientos judiciales mediante la observación de normas
de
urbanidad
cualquier
y
respeto
lesión
a
la
mutuo
que
solemnidad
administración de la justicia‖.
Íbid.
propendan
que
a
evitar
requiere
la
CP-2009-2
21
Los
jueces
no
deben
ejercer
inapropiadamente
la
autoridad que la Constitución y las leyes les confiere y
deben evitar cualquier actuación que suponga una influencia
indebida en el ánimo de cualquier funcionario público, o
del ciudadano que adviene en contacto con su persona. Los
magistrados
son
los
depositarios
de
la
confianza
del
ciudadano en la administración de la justicia, por lo que
sobre sus hombros recae la responsabilidad de no defraudar
o faltar a esa confianza depositada.
vez,
es
presupuesto
indispensable
Esta confianza, a su
para
la
estabilidad
y
supervivencia del estado de derecho.
Esta confianza no es
sólo
judicial
el
producto
de
un
desempeño
que
refleje
aquello que prescribe el Derecho sino también, es reflejo
―de la conducta ejemplar de los jueces en su vida privada‖.
S.
Steidel,
La
regulación
de
las
actividades
extrajudiciales de los jueces en Puerto Rico y en Estados
Unidos, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Serie Ética
Judicial, México, 2006, pág. 14.
correctamente:
Aaron Barak ha apuntado
―An essential condition for realizing the
judicial role is public confidence in the judge.
means confidence in judicial
impartiality.
This
independence, fairness, and
It means public confidence in the ethical
standards of the judge.
It means public confidence that
judges are not interested parties to the legal struggle and
that
they
are
not
fighting
for
their
own
protect the constitution and democracy.‖
Judge
in
pág. 109.
a
Democracy,
Princeton
University
power
but
to
A. Barak, The
Press,
2006,
CP-2009-2
El
22
prestigio
del
juez
y
de
la
institución
que
representa no debe utilizarse para gestionar privilegios o
concesiones que de otro modo no se hubieran obtenido.
La
estimación en el cargo y la reputación bien ganada, sólo
pueden ser carta de presentación en el ejercicio de las
funciones
judiciales.
De
ahí
prudencia
en
de
asuntos
el
manejo
la
importancia
ajenos
a
de
la
la
función
judicial para evitar así la apariencia de que se utiliza la
respetabilidad del puesto que se ostenta como instrumento
de intimidación o para que se le favorezca en lo que son
reclamos personales.
supra.
Véase, In re Scherer Caillet-Bois,
En el ámbito de la ética judicial, la prudencia es
el valor orientado al autocontrol del poder de decisión de
los
jueces
y
jurisdiccional.
sus
al
cabal
cumplimiento
con
su
función
El juez prudente es aquél ―que procura que
comportamientos,
actitudes
y
decisiones
sean
el
resultado de un juicio justificado racionalmente, luego de
haber
meditado
y
valorado
argumentos
y
contraargumentos
disponibles…‖
Código
Modelo
Iberoamericano
de
Ética
Judicial,
69.
juicio
prudente
del
juez
capacidad de comprensión y esfuerzo por ser objetivo.
Ya
Art.
El
exige
lo advertía Aristóteles: ―El rasgo distintivo del hombre
prudente es el ser capaz de deliberar y de juzgar de una
manera conveniente sobre las cosas.‖
V
Al analizar detenidamente los hechos que dieron base a
esta querella debemos concluir, al igual que la Comisionada
Especial, que las actuaciones del querellado se apartaron
CP-2009-2
23
del mandato contenido en el Canon 29 de Ética Judicial y
ello, como señaló la Comisionada Especial en su informe,
―tiene implicaciones que trascienden las responsabilidades
del querellado, como juez, y se proyectan en su carácter
personal y su vida profesional como abogado‖, por lo que se
configuraron también violaciones a los Cánones 9 y 38 de
Ética Profesional.
A
La carta enviada por el querellado a un sinnúmero de
abogados con el propósito de que éstos, a su vez, enviasen
cartas
al
Director
Judiciales
en
La
de
la
Oficina
Fortaleza,
de
Nombramientos
recomendándole
para
su
renominación o para un ascenso y que le remitiesen copia de
la carta enviada, no es, ni puede ser, una gestión legítima
en el proceso de realizar una solicitud formal para tal
renominación
o
ascenso.
considerarse
parte
de
Como
los
tampoco
trámites
es
o
necesarios
puede
ante
los
organismos que asesoran al Poder Ejecutivo o el Legislativo
en
dicha
gestión.
No
hay
duda
que,
como
poco,
esta
actuación es éticamente imprudente y ―viola el espíritu de
principios rectores de los Cánones de Ética Judicial‖, tal
y como concluye la Comisionada Especial en su informe.
La carta en cuestión, como vimos, se redactó en un
papel timbrado en cuyo encabezamiento aparecía el nombre
del querellado y se le identificaba como ―Juez Superior‖.
Le solicitaba a los abogados, con carácter de urgencia, que
redactaran
una
carta
solamente
querellado
se
desempeñaba
si
consideraban
adecuadamente
en
la
que
el
función
CP-2009-2
24
judicial, y que remitida la carta, le enviasen copia de
ésta para su récord.
Esta petición sin precedente crea la
apariencia de que se utiliza el poder del cargo que se
ostenta para beneficio propio, lo que mina la confianza en
nuestra judicatura.
No podemos perder de vista que algunas
de las peticiones las hizo el querellado directamente al
llamar
por
teléfono
personalmente
presión
a
mayor
sus
varios
abogados
oficinas.
Lo
sobre
quienes
o
que
al
visitarlos
redunda
recibieron
la
en
una
petición
directamente.
El querellado se colocó a sí mismo, al igual que a la
judicatura en general, en una posición insostenible, donde
su
imparcialidad
podía,
razonablemente,
ser
cuestionada.
La carta que envió a abogados que postulaban ante él daba
la impresión de que el abogado que no enviase una carta de
recomendación no consideraba que él, en su calidad de juez,
se desempeñaba de forma adecuada.
No es irrazonable pensar
que el abogado que recibiera esta solicitud considerara que
de no enviar la carta solicitada se podían perjudicar los
asuntos que tuviese ante la consideración del juez.
La
sombra
la
de
sospecha
que
esta
función judicial es funesta.
actuación
arroja
sobre
Esta conducta del querellado
no es cónsona con aquella que esperamos del juez ideal en
nuestra
sociedad.
certidumbre,
Del
entereza,
juez
que
nos
neutralidad
inspira
e
confianza,
imparcialidad,
fidelidad a la ley, esperanza y admiración.
Su proceder
está claramente reñido no sólo con el texto claro del Canon
29
de
Ética
Judicial,
sino
con
la
esencia
misma
que
CP-2009-2
25
fundamenta
el
Código
de
Ética
Judicial.
Su
conducta
hubiese dado base suficiente para separarle del cargo de
juez
si
procede
éste
lo
estuviese
sancionarle
por
la
ejerciendo.
violación
Aun
cuando
no
el
Código
de
bajo
Ética Judicial, ello no es óbice para considerar si sus
acciones son contrarias a los cánones de Ética Profesional.
B
En la carta el querellado hace expresiones ofensivas
hacia su proceso de evaluación y arroja dudas sobre
la
integridad y honestidad de los miembros de la Comisión de
Evaluación.
Ello, al referirse a la evaluación llevada a
cabo por la Comisión como un acto de maldad e injusticia,
que es una infamia y un atropello y que es producto de una
agenda en su contra de algún ―enemigo invisible que lo
persigue desde Arecibo y que hasta ahora ha logrado que no
sean justos‖ con él.
acceso
a
los
abogados
y
Indica, falsamente, que le negaron
formularios
fiscales
de
evaluación
consultados
en
que
envían
los
todo
proceso
de
evaluación por la Comisión, lo que constituye un atropello
a su dignidad como ser humano.
Estas
imputaciones
las
repite
en
la
carta
que
le
dirigiera al Juez Presidente objetando el informe emitido
por la Comisión y atacando duramente a sus miembros y a su
Presidente, el entonces Juez Asociado señor Rebollo López.
Indicó que éstos fueron insensibles y desconsiderados, que
llevaron
a
cabo
la
evaluación
de
tratándolo como ―una cosa u objeto‖.
forma
precipitada
y
Calificó el trato
recibido como ―en forma abyecta ya a base de anonimatos de
CP-2009-2
26
personas
interesadas
en
hacerle
daño‖
y
conclusiones del informe estaban ―sesgadas‖.
que
las
En la carta
enviada al Juez Presidente el 16 de julio de 2007, no hay
evidencia de que el querellado tuviera motivos fundados,
más allá de sus alegaciones, para cuestionar la honradez e
integridad de los miembros de la Comisión.
Lo cierto es,
como se indicó, que la Comisión le ofreció una oportunidad
al querellado para que compareciera nuevamente ante ésta y
expresara
su
necesarios
para
rendido.
inconformidad
demostrar
y
aportara
los
la
incorrección
fundamentos
del
informe
Éste, no obstante, rechazó esta oportunidad bajo
el fundamento de que no ―confiaba‖ en la Comisión.
Cabe destacar que la Comisión de Evaluación Judicial
es
un
organismo
presidido
por
compuesto
además
de
un
la
Rama
miembro
por
Judicial
cuando
este
por
del
Tribunal
Supremo.
jueces,
abogados
en
privada y ciudadanos no abogados.
1988
creado
Tribunal
creó
la
ley
y
Está
práctica
Sus orígenes datan de
un
sistema
interno
de
evaluación al cual, posteriormente, la Asamblea Legislativa
le impartió carácter de ley.
Véase, Ley núm. 91 de 5 de
diciembre de 1991, según enmendada, 4 L.P.R.A. secs. 71-74.
La
Comisión
es
el
organismo
interno
de
la
Rama
Judicial para la evaluación del desempeño de los jueces.
Sus resultados se utilizan internamente por la rama para
beneficio de sus miembros pero además, por disposición de
ley,
se
cuando
comparten
éstas
se
con
la
Rama
encuentran
en
Ejecutiva
el
y
proceso
Legislativa
de
atender
CP-2009-2
27
peticiones de renominación o ascenso de jueces.
4 L.P.R.A.
secs. 73j y 73l.5
Como
todo
sistema
de
evaluación
del
desempeño,
el
proceso diseñado por la Comisión está dirigido a establecer
un
mecanismo
estimación
sistemático,
cualitativa
y
periódico
y
objetivo
de
cuantitativa
de
la
y
eficacia del trabajo de los jueces.
labor
Su propósito no es
sólo mejorar la calidad de la justicia impartida en los
tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo que
de
suyo sería suficiente para valorar su trabajo.
destacar
también,
que
los
mecanismos
de
Hay que
evaluación
del
desempeño implantados a través de la Comisión constituyen
parte del entramado amplio de medidas cuyo diseño persigue
fortalecer
correcto
la
independencia
desempeño
de
los
judicial.
jueces
Al
mediante
procurar
la
el
evaluación
objetiva de sus ejecutorias, se busca evitar que incurran
en
excesos,
los
cuales,
como
sabemos,
afectan
desfavorablemente la imagen del sistema judicial.
Por otro lado, la transparencia e imparcialidad del
sistema
establecido
garantiza
que
las
evaluaciones
se
lleven a cabo al margen de cualquier criterio disonante, no
jurídico
justicia.
y
exógeno
a
la
equilibrada
impartición
de
la
Es en este contexto que debemos justipreciar la
labor que lleva a cabo la Comisión, evitando intentos de
5
La
Comisión
de
Evaluación
Judicial
realiza,
fundamentalmente, dos tipos de evaluaciones, a saber: las
evaluaciones periódicas detalladas provistas en ley sobre el
desempeño
judicial
del
juez,
y
aquellas
evaluaciones
motivadas por solicitudes de ascenso o renominación. Véase,
4 L.P.R.A. secs. 73j y 73l.
CP-2009-2
28
mancillarla
función.
o
desvirtuar
Véanse,
Accountability
Independence:
entre
Must
An
lo
que
ha
sido
hasta
hoy
su
otros:
S.D.
O‘Connor,
Judicial
Safeguard,
Not
Threaten,
Judicial
Introduction,
66
Denv.
L.
Rev.
1,
2
(2008); B. Fein & B. Neuborne, Why Should We Care About
Independent and Accountable Judges, 84 Judicature 58, 59
(2000);
D.
Evaluation
Brody,
to
The
Enhance
use
of
Judicial
Judicial
Performance
Accountability,
Judicial
Independence, and Public Trust, 86 Denv. U. L. Rev. 115,
119
(2008);
Programs,
S.
34
Anderson,
Loy.
L.A.
Judicial
L.
Rev.
Retention
1375,
1380
Evaluation
(2001);
R.
Kourliz & J. Singer, Using Judicial Performance Evaluaitons
to Promote Judicial Accountability, 90 Judicature 200, 201
(2007).
Como se observa, el trabajo que desempeña la Comisión
es por demás valioso; es garantía de eficiencia, calidad e
imparcialidad del servicio público de la justicia.
lado,
provee
jueces
que
poderes
información
van
a
públicos
ascensos.
ser
y
esencial
renominados
o
ascendidos,
encargados
Además,
retroalimentación
objetiva
sobre
de
sus
es
un
vehículo
el
desempeño
miembros de la judicatura.
Por un
sobre
los
a
los
renominaciones
vital
profesional
de
o
de
los
R. Kourlis, J. Singer, op.
cit., pág. 203 (―Judges themselves stand to benefit from
the formal feedback of an evaluation.
Each evaluated judge
receives
the
concrete
information
about
strengths
and
weakness of his or her performance, creating individualized
opportunities
for
professional
self-improvement.‖)
Todo
CP-2009-2
29
ello, como dijimos previamente, constituye un mecanismo más
de fortalecimiento del sistema judicial de nuestro país.
Por
todo
lo
anterior,
no
nos
parece
legítimo
cuestionar, sin ápice de prueba para ello, la integridad e
imparcialidad de los miembros de la Comisión.
Como mínimo,
las expresiones del licenciado Gaetán Mejías socavan las
relaciones
cordiales
y
el
ambiente
de
civismo
y
profesionalismo que debe prevalecer en todo procedimiento
judicial.
Pero
más
grave
aún,
su
actuación
mina
la
confianza en uno de los
organismos del sistema judicial
cuyo
y
fin
judicial.6
es
promover
garantizar
la
independencia
Sobre este particular la Juez Asociada O‘Connor
6
El profesor Brody en su artículo sobre los mecanismos de
evaluación del desempeño judicial nos dice específicamente:
An important component of public trust in
governmental institutions is the citizenry‘s
ability to hold its officers accountable.
A
governmental
institution
that
is
viewed
as
unaccountable is likely to lack public trust. On
the
other
hand,
as
public
accountability
increases, the trust afforded the institution is
likely as well.
Beyond
increasing
perceived
legitimacy,
the
public‘s ability to effectively hold judges
accountable … a ‗reservoir of loyalty‘ upon which
the judiciary can draw. This reservoir grows as
the public´s trust in the courts and judiciary
operate effectively in a transparent manner.
After time, this reservoir can be drawn upon by
judges to foster the acceptance and understanding
of politically unpopular decisions that courts
are required to make. Such public acceptance in
turn serves to increase judicial independence and
the ability to make difficult decisions without
concern for political ramifications.
D. Brody, The use of Judicial Performance Evaluation to
Enhance Judicial Accountability, Judicial Independence, and
Public Trust, 86 Denv. U. L. Rev. 115, 125-126 (2008).
CP-2009-2
ha
30
indicado
con
gran
atino,
lo
siguiente,
citamos
extensamente:
Judicial independence has both individual and
institutional aspects. As for individual judges,
there are at least two avenues for securing that
independence: First, judges must be protected
from the threat of reprisals, so that fear does
not direct their decision-making.
Second, the
method by which judges are selected, and the
ethical principles imposed upon them, must be
constructed so as to minimize the risk of
corruption and outside influence.
The first
endeavor is to protect judicial independence from
outside threats.
The second is to ensure that
judicial authority is not abuse, and it is the
core concern of the enterprise of judicial
accountability. … True judicial accountability
advances judicial independence and the paramount
Rule of Law.
‗Accountability and independence
are two sides of the same coin: accountability
ensures that judges perform their constitutional
role, and judicial independence protects judges
from the pressures that would pull them out of
that role‘.
… A third value may be advanced
through
judicial
accountability
properly
construed: judicial competence.
A fundamental
value of the Rule of Law is that judicial
decisions are not made arbitrarily, but through a
process of reasoned decision making. The Rule of
Law therefore requires that ‘official decisions
be justified in law, and therefore be reasoned
and nonarbitrary with respect to general legal
standards’.” (Énfasis nuestro.)
S. D. O‘Connor, op. cit., págs. 2-4.
Como
Mejías
se
hizo
detalló
serias
anteriormente,
imputaciones,
de
el
ex
forma
juez
Gaetán
reiterada,
en
contra del ex Juez Asociado señor Rebollo López en las que
cuestionó,
sin
base,
su
integridad
y
honestidad.
Las
expresiones iban dirigidas a impugnar las actuaciones del
Juez Asociado señor Rebollo López mientras se desempeñaba
como
Presidente
de
la
Comisión
de
Evaluación
de
Nombramientos Judiciales y evaluaba al entonces juez.
La
gestión de la Comisión y sus miembros sirve para garantizar
CP-2009-2
31
la independencia del Poder Judicial.
gratuito
de
la
imparcialidad
del
El cuestionamiento
Juez
Asociado
señor
Rebollo López, y por ende de la Comisión, socava las bases
de
esa
independencia
resguardar.
judicial
que
todo
abogado
debe
Y como ya apuntamos, es obligación de quien se
desempeña en esta profesión ser protector y promovedor de
la independencia judicial; exigencia que encuentra apoyo,
ente
otros
mandatos
éticos,
en
el
Canon
9
ninguna
etapa
de
Ética
de
estos
Profesional.
De
otra
parte,
en
procedimientos el querellado ha sustentado ninguna de sus
imputaciones, como tampoco ha demostrado que tenía motivos
fundados para considerar veraz lo aseverado.
No actúa de forma digna y honorable, como tampoco con
el mayor respeto, ni exalta el honor y la dignidad de su
profesión, el abogado que así procede y así se expresa.
Como vimos, el Canon 9 de Ética Profesional le impone a los
miembros de la clase togada la obligación de observar para
con los tribunales y los miembros de la judicatura una
conducta que se caracterice por el mayor respeto y, aun
cuando
se
critique
deferencia.
otras
válidamente,
se
haga
con
mesura
y
También el Canon 38 exige del abogado, entre
cosas,
aportar
con
su
conducta
a
la
mejor
administración de la justicia evitando, entre otras cosas,
la mera apariencia de conducta impropia.
No albergamos
duda alguna de que la conducta del licenciado Gaetán Mejías
aquí
resumida
está
reñida
con
estos
mandatos
éticos.
Igualmente, su conducta es contraria al mandato del Canon
CP-2009-2
32
29 de Ética Judicial lo que se revela violatorio, a su vez,
de los preceptos éticos contenidos en los Cánones de Ética
Profesional.
En
este
arrepentimiento
caso
el
querellado
alguno
por
el
no
lenguaje
ha
expresado
utilizado
en
las
comunicaciones antes reseñadas o que su conducta no habrá
de
repetirse
reiterado
en
en
el
que
futuro.
su
estaban justificadas.
Todo
conducta
lo
pasada
contrario,
y
sus
se
ha
expresiones
Por otro lado, el querellado lleva
veintiséis años en la práctica de la profesión y no surge
de su expediente personal que haya incurrido anteriormente
en conducta reñida con los Cánones de Ética Profesional.
Al imponer una sanción disciplinaria hemos tomado en
cuenta un sinnúmero de factores, como por ejemplo:
la
buena reputación del abogado en la comunidad, el historial
previo de éste, si es la primera falta, la aceptación de la
falta y su sincero arrepentimiento, si se trata de una
conducta aislada, si medió un ánimo de lucro, así como
cualesquiera otras consideraciones que surjan de los hechos
y que puedan servir como atenuantes o agravantes.
Véanse,
In re Quiñones Ayala, supra; In re Montalvo Guzmán, 164
D.P.R. 806 (2005).
A la luz de todo lo anterior, y habiendo concluido que
el querellado incurrió en las faltas éticas imputadas y que
éstas
tienden
a
minar
gravemente
la
confianza
de
la
ciudadanía en la judicatura, consideramos insuficiente que
como
sanción,
querellado.
nos
limitemos
Disentimos
de
a
censurar
enérgicamente
este
curso
acción.
de
En
al
su
CP-2009-2
lugar,
separaríamos
33
al
querellado
del
ejercicio
de
profesión por un término de seis meses.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
la