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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Melvin I. Martínez Almodovar

2011 TSPR 21

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Melvin I. Martínez Almodovar

CP-2008-19

Conducta Profesional – Censura enérgica por infracción a la Regla 5 del Reglamento Notarial

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2011 TSPR 21

Melvín I. Martínez Almodovar

180 DPR ____

Número del Caso: CP-2008-19

Fecha: 1 de febrero de 2011

Oficina del Procurador General:

Lcda. Minnie H. Rodríguez

Procuradora General Auxiliar

Abogado del Peticionario:

Lcdo. Pedro Malavet Vega

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Melvín I. Martínez Almodóvar

CP-2008-0019

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2011.

El procedimiento disciplinario de marras nos

brinda

la

oportunidad

de

expresarnos

sobre

la

norma pautada en In re: Francis Pérez Riveiro,

2010

T.S.P.R.

analizar

si

230,

los

180

hechos

D.P.R.

___

particulares

(2010),

de

y

autos

ameritan que censuremos enérgicamente a un abogado

cuya conducta como notario infringió la Regla 5

del Reglamento Notarial.

4 L.P.R.A. Ap. XXIV,

R.5.

I

El 27 de febrero de 1991, el Sr. Miguel Ángel

Cancel

Rosado

arrendamiento

Pagán.

con

suscribió

el

Sr.

un

José

contrato

Antonio

de

Cancel

Mediante dicho contrato el señor Cancel

CP-2008-0019

2

Rosado le arrendó al señor Cancel Pagán una propiedad

ubicada en el Municipio de Cabo Rojo a razón de $150

mensuales.

Diez

(10)

años

más

tarde

el

señor

Cancel

Rosado le cursó una carta

al señor Cancel Pagán anunciando un aumento de renta, a

razón de $350 mensuales, con el cual el señor Cancel Pagán

incumplió.

Así,

luego

de

cursar

varias

misivas

adicionales, las cuales también fueron ignoradas, el señor

Cancel Rosado le expresó al señor Cancel Pagán que no

deseaba

renovar

el

contrato

de

arrendamiento.

Le

solicitó, además, que desalojara la propiedad arrendada.

Posteriormente,

al

ver

que

el

señor

Cancel

Pagán

incumplía con el pago de renta anunciado y con el desalojo

solicitado,

el

4

de

octubre

de

2001,

el

señor

Cancel

Rosado, asistido por su sobrina Lissa V. Cancel Pagán,

presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia

en contra del señor Cancel Pagán sobre desahucio y falta

de pago de cánones de arrendamiento.

En la primera vista

señalada el demandado compareció representado por el Lcdo.

Melvin I. Martínez Almodóvar,1 quien solicitó que se le

permitiera

contestar

la

demanda

y

2002,

el

que

se

señalara

una

segunda vista.

El

31

de

enero

de

presentó

su

contestación.2

En

señor

ella

Cancel

alegó

que

Pagán

había

1

El licenciado Martínez Almodóvar prestó juramento como abogado el 2

de febrero de 1990, y como notario el 10 de mayo de 1990.

2

Aun cuando no surge del expediente moción de renuncia alguna, esta

contestación fue presentada por el Lcdo. Nelson Vélez Lugo.

CP-2008-0019

adquirido

3

la

propiedad

inmueble

objeto

del

pleito

de

desahucio mediante una escritura de compraventa otorgada

por las partes el 9 de junio de 2001.

Así las cosas, el 1 de febrero de 2002, se celebró

una segunda vista.

Ese día el señor Cancel Pagán también

compareció

representado

por

el

licenciado

Martínez

Almodóvar.

En esta vista las partes solicitaron que el

procedimiento se convirtiera en uno ordinario y que se

consolidara con una acción de reivindicación y de nulidad

de escritura de compraventa que el señor Cancel Rosado

había

presentado

el

5

de

diciembre

de

2001.

En

esta

segunda reclamación el señor Cancel Rosado adujo que el

licenciado Martínez Almodóvar obvió dar fe de la entrega

del precio de compraventa y que en unión al señor Cancel

Pagán

incurrió

en

conducta

dolosa

con

el

propósito

de

apropiarse ilegalmente del inmueble objeto del contrato de

compraventa.3

Ambos pleitos fueron consolidados.

Luego de los trámites procesales de rigor, el 14 de

febrero de 2006, el Tribunal de Primera Instancia dictó

sentencia.

En ella, aparte de desestimar sub silentio

todas las alegaciones vertidas en contra del licenciado

Martínez Almodóvar, el foro primario declaró Con Lugar las

acciones

3

de

desahucio

y

de

reivindicación

como

también

En específico, en esta reclamación sobre reivindicación y nulidad de

contrato, se incluyó también como codemandado al licenciado Martínez

Almodóvar.

En su contra se alegó que al otorgar la escritura de

compraventa, objeto de ambos pleitos, obvió dar fe del precio de

compraventa y que, junto con el codemandado señor Cancel Pagán,

incurrió en conducta dolosa cuyo fin era apropiarse ilegalmente del

inmueble objeto del contrato de compraventa.

CP-2008-0019

decretó

4

la

nulidad

de

ésta

de

adolecer

la

escritura

de

compraventa

consentimiento

y

por

causa.

Consecuentemente, condenó al señor Cancel Pagán al pago de

las rentas atrasadas.

Inconformes con esta determinación, el señor Cancel

Pagán

acudió

confirmó

el

ante

el

dictamen

Tribunal

de

emitido

por

Apelaciones,

el

foro

quien

primario.

Inconforme aún, el señor Cancel Pagán presentó un recurso

de

certiorari

recurso,

el

ante

10

de

este

Tribunal.

noviembre

de

Analizado

2006,

dicho

emitimos

una

resolución en donde lo declaramos No Ha Lugar y, además,

le

referimos

el

caso

a

Inspección

de

Notarías,

investigara

y

rindiera

la

en

un

Directora

de

adelante

informe

la

Oficina

de

ODIN,

para

que

sobre

la

conducta

profesional del licenciado Martínez Almodóvar.

En

cumplimiento

con

nuestra

encomienda,

el

17

de

agosto de 2007, la ODIN presentó un escrito intitulado

Comparecencia Especial.

En dicho escrito informó, entre

otras cosas, que de los documentos referidos se desprendía

que al momento de otorgarse la escritura de compraventa el

señor Cancel Rosado se encontraba incapacitado y senil por

padecer de Alzheimer.

A esos efectos, la ODIN indicó que

el licenciado Martínez Almodóvar actuó en común acuerdo

con el señor Cancel Pagán para defraudar al señor Cancel

Rosado.

El 13 de diciembre de 2007, emitimos otra resolución.

En ella le referimos el asunto al Procurador General para

CP-2008-0019

5

que presentara la querella correspondiente en contra del

licenciado

Martínez

Almodóvar.

Así

septiembre

de

2008,

el

Procurador

General

ella

le

imputó

querella.

En

al

pues,

el

9

de

presentó

una

licenciado

Martínez

Almodóvar la comisión de los siguientes cargos:

Primer Cargo: el licenciado Martínez Almodóvar

violó la fé pública notarial al otorgar un

documento público en donde uno de los otorgantes

estaba incapacitado de dar su consentimiento y

en donde no hubo causa para el negocio de la

compraventa.

Segundo Cargo: el licenciado Martínez Almodóvar

violentó los principios enunciados en el Canon

35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX,

C.35, al otorgar un documento público ausente de

consentimiento y causa, por ende simulado.

El

consignar hechos que no son ciertos en el

documento anulado por el Tribunal de Primera

Instancia atenta contra el deber de sinceridad y

honradez del notario.

Tercer Cargo: el licenciado Martínez Almodóvar

violentó los principios contenidos en el Canon

38 de Ética Profesional, supra, al no esforzarse

al máximo de su capacidad en la exaltación del

honor y la dignidad de la profesión que

practica.

Esto al consignar en un documento

notarial hechos falsos.

Vista la querella sometida por el Procurador General

y la contestación presentada por el licenciado Martínez

Almodóvar,

el

30

de

enero

de

2009,

emitimos

otra

resolución en la cual nombramos a la Lcda. Eliadis Orsini

Zayas

como

Comisionada

Especial.

Ello

para

que,

en

presencia de las partes, recibiera prueba y nos rindiera

un

informe

con

sus

determinaciones

de

hechos

y

las

recomendaciones que estimara pertinente.

Luego de celebrar múltiples vistas sobre el asunto y

una

inspección

ocular,

el

1

de

diciembre

de

2009,

la

CP-2008-0019

6

Comisionada Especial rindió su informe.

En dicho informe

concluyó

mediante

que

no

se

había

demostrado,

prueba

clara, robusta y convincente, que el licenciado Martínez

Almodóvar

hubiese

incurrido

en

la

conducta

impropia

imputada en la querella.

Sin embargo, la Comisionada añadió que el licenciado

Martínez Almodóvar sí había incurrido en conducta impropia

distinta a la imputada, la cual iba en contrario a la

Regla 5 del Reglamento Notarial,4 y los cánones 35 y 38 de

Ética

Profesional.5

A

esos

efectos,

expresó

que

del

expediente de autos y de la prueba desfilada ante ella se

desprendía claramente que el licenciado Martínez Almodóvar

había comparecido en dos (2) ocasiones como representante

legal

del

descritos

señor

luego

Cancel

de

Pagán

fungir

como

en

los

notario

pleitos

y

antes

otorgar

escritura de compraventa objeto de ambos pleitos.

la

Además,

la Comisionada indicó que en la referida escritura pública

se habían incluido hechos que no eran ciertos.

Posteriormente,

el

licenciado

Martínez

Almodóvar

presentó su contestación al informe de la Comisionada.

En

su contestación, el querellado aceptó en su totalidad el

referido informe por entender que era uno “equilibrado,

ponderado

y

ecuánime”.

Por

ello,

contando

con

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

4

4 L.P.R.A. Ap. XXIV, R.5.

5

4 L.P.R.A. Ap. IX, C.35, C.38.

la

CP-2008-0019

7

II

Como

notario

principio

está

rector

del

inexorablemente

Derecho

Notarial

vinculado

al

todo

estricto

cumplimiento de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A.

§ 2001 et seq., y los Cánones de Ética Profesional, 4

L.P.R.A.

Ap.

fuentes

de

IX.

Su

inobservancia

obligaciones

y

con

una

deberes

de

estas

implica

–

ineludiblemente- la acción disciplinaria correspondiente;

no

sólo

en

su

función

como

notario

sino

también

como

abogado.

In re: Capestany Rodríguez, 148 D.P.R. 728, 733

(1999).

“Esto

condición

de

es

así

ya

abogado[,]

que

se

en

el

funden

notario,

dos

(2)

esenciales en la administración de la justicia”.

primera

de

profesional

ellas,

del

la

que

Derecho,

surge

lo

de

su

instruye

por

facetas

Íd.

condición

en

la

su

La

como

técnica

jurídica y capacita para dar consejos y servir de guía a

todo interesado.

“La segunda faceta, la de notario, lo

convierte en un funcionario público investido de autoridad

y con capacidad autenticadora y legalizadora en el plano

de las relaciones privadas”.

Íd.

Además, esta segunda

faceta impone a los actos que dicho notario “ve y oye –

vidit et audit- una eficacia autenticadora cubierta con

una presunción de veracidad, producto neto que parte del

supuesto de un leal de los requisitos y las formalidades

de ejercer con fidelidad su encomienda”.

734.

Íd., págs. 733-

Véase, además, In re: Colón Muñoz, 131 D.P.R. 121

(1992); In re: Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005 (1991).

CP-2008-0019

8

A. Fe Pública Notarial

El Artículo 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4

L.P.R.A. § 2002, consagra el principio de la fe pública

notarial.

Dicho artículo dispone lo siguiente:

El notario es el profesional de Derecho que

ejerce una función pública, autorizado para dar

fe y autenticidad conforme a las leyes de los

negocios jurídicos y demás actos y hechos

extrajudiciales que ante él se realicen, sin

perjuicio

a

lo

dispuesto

en

las

leyes

especiales. Es su función recibir e interpretar

la voluntad de las partes, dándole forma legal,

redactar las escrituras y documentos notariales

a tal fin y conferirle autoridad a los mismos.

La fe pública al notario es plena respecto a los

hechos que, en el ejercicio de su función

personalmente ejecute o compruebe y también

respecto a la forma, lugar, día y hora de

otorgamiento. 4 L.P.R.A. § 2002.

La fe pública notarial de la cual están investidos

todos los notarios constituye la espina dorsal de nuestro

sistema notarial.

In re: Rivera Aponte, 169 D.P.R. 738,

741 (2006); In re: Tejada Rivera I, 155 D.P.R. 175, 180

(2001); In re: Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 275 (1986).

Ésta le confiere al notario que la ejerce un carácter

dual: (a) en la esfera de los hechos, la exactitud de lo

que el notario ve, oye o percibe por sus sentidos; y (b)

en la esfera del Derecho, autenticidad y fuerza probatoria

a

las

declaraciones

de

voluntad

de

las

partes

en

el

instrumento público redactado conforme a su juicio sobre

los preceptos del ordenamiento jurídico para la validez y

eficacia

del

acto

o

contrato

formalizado,

identidad y capacidad de las partes.

y

sobre

la

4 L.P.R.A. Ap. XXIV,

CP-2008-0019

R.2.

9

Véanse, además, In re: Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005

(1991); In re: Cruz Cruz, 126 D.P.R. 448 (1990).

Más aun, por la importancia que tiene la fe pública

notarial dentro del tráfico de los bienes jurídicos, “el

notario

tiene

que

ser

en

extremo

cuidadoso

y

debe

desempeñar su ministerio con esmero, diligencia y estricto

celo profesional”.

277-278 (2001).

In re: Rivera Vázquez, 155 D.P.R. 267,

Véase, además, In re: González Maldonado,

152 D.P.R. 871 (2000).

documento

notarial

Ello, pues se presume que “un

avalado

por

la

dación

de

fe

brinda

confianza de que los hechos jurídicos y las circunstancias

que acredita el notario fueron percibidos y comprobados

con sus sentidos o ejecutados por él”.

Aponte,

supra,

págs.

supra, pág. 275.

741-742;

In

re:

In re: Rivera

Feliciano

Ruiz,

Véase, además, In re: Vera Vélez, 148

D.P.R. 1, 7 (1999).

Precisamente, es esta presunción de

veracidad y legitimidad la que brinda certeza, garantía y

eficacia al documento notarial.

Así pues, la fe pública notarial en nuestro sistema

jurídico es de tan alta magnitud e importancia que “no es

necesario

que

el

notario

intencionalmente

para

que

ella”.

In

re:

Rivera

falte

incurra

Vázquez,

a

la

una

violación

supra,

pág.

en

verdad

a

278.

Consecuentemente, “el notario que [intencionalmente o no]

falta a la verdad en el otorgamiento de un instrumento

público no sólo quebranta la fe pública notarial, sino que

socava la integridad de la profesión legal y viola su

CP-2008-0019

10

deber de ser sincero y honrado”, conforme a lo dispuesto

en

el

Canon

35

Véase,

además,

(2005)

(citando

Notarial

de

Ética

Feliciano

a

P.

Por

ello

Íd.,

pág.

277.

v.

D.P.R.

649,

658

Ross,

Malavet

Puertorriqueño,

1988).

Profesional.

Vega,

Santo

el

165

Manual

Domingo,

notario

Ed.

siempre

de

Derecho

Corripio,

tiene

que

circunscribirse a la verdad y actuar de conformidad con la

ley en todo momento.

Íd.

En cuanto a la obligación del notario de dar fe sobre

la capacidad de los otorgantes, el inciso (e) del Artículo

15

de

la

Ley

Notarial

de

Puerto

Rico

indica

que

la

escritura pública debe contener “la fe expresa del notario

…

de

que

a

su

juicio

éstos

tienen

necesaria

para

otorgar

el

o

trata…”.

4 L.P.R.A. § 2033(e).

encomienda,

el

notario

tiene

capacidad de las partes.

pág. 275.

acto

la

capacidad

contrato

de

legal

que

se

Así, en el descargo de su

el

deber

de

calificar

la

In re: Feliciano Ruiz, supra,

“La calificación de la capacidad viene impuesta

por la naturaleza y la finalidad del instrumento público:

se

trata

de

un

requisito

que

conceptual

y

lógicamente

viene impuesto ab initio para conseguir la eficacia del

documento

y

del

acto

documentado”.

E.

Giménez-Arnau,

Derecho Notarial, Pamplona, Eds. Univ. Navarra, 1976, pág.

527.

La capacidad de los otorgantes guarda correspondencia

lógica

con

el

consentimiento

de

los

requisito sine qua non de los contratos.

contratantes,

La regla general

CP-2008-0019

es

que

11

su

existencia

surja

con

la

comparecencia

y

presencia de la persona ante el notario, la excepción es

el mandato o poder.

276.

In re: Feliciano Ruiz, supra, pág.

A esos efectos, la profesora Torres Peralta, en su

obra sobre el Derecho Notarial Puertorriqueño, enuncia lo

siguiente:

Es indispensable dar fe de la capacidad legal de

los otorgantes, como requisito para proceder al

otorgamiento y autorización de un instrumento

publico.

La Ley requiere que el Notario haga

constar en la escritura que, a su juicio, los

otorgantes tienen la capacidad legal necesaria

para el otorgamiento del instrumento.

Tal

aseveración ha de estar basada en un juicio

informado y sabio, no en un acto caprichoso e

infundado de parte del Notario.

La aseveración que a ese efecto se haga en la

escritura pública estará basada en los dichos de

cada uno de los otorgantes

El Notario, no

obstante, tomará en cuenta el conocimiento que

tiene cada otorgante, así como su capacidad de

observación y de su percepción personal y si

necesario, la investigación que debe efectuarse

en las circunstancias.

Este requisito se

extiende, de igual manera, al compareciente

representante en una escritura pública en que

dicho otorgante comparezca como mandatario,

agente, apoderado o comisionista y en toda otra

capacidad representativa. S. Torres Peralta, El

Derecho Notarial Puertorriqueño, Ed. especial,

San Juan, Pubs. STP, Inc., 1995, sec. 8.27.

(Énfasis nuestro).

En Feliciano v. Ross, supra, pág. 658, expresamos que

“[e]s deber del notario que autoriza el otorgamiento de

una

escritura

hacer

las

averiguaciones

mínimas

que

requieren las normas de la profesión”.

Íd., citando a In

re:

(1994).

Peña

Clós,

135

D.P.R.

590,

601

En

ese

sentido, en In re: Davidson Lampón, 159 D.P.R. 448 (2003),

indicamos

que

debido

a

que

“la

función

del

notario

CP-2008-0019

trasciende

12

la

de

un

autómata

legalizador

de

firmas

y

penetra al campo de la legalidad de la transacción que

ante

él

se

concreta”,

al

autorizar

una

escritura

el

notario debe: (1) indagar la voluntad de los otorgantes;

(2) formular la voluntad indagada; (3) investigar ciertos

hechos y datos de los que depende la eficacia o validez

del

negocio;

y

(4)

darles

a

los

otorgantes

las

informaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para

que

comprendan

el

sentido,

así

como

los

efectos

y

consecuencias del negocio, y se den cuenta de los riesgos

que corren en celebrarlo.6

In re: Davidson Lampón, supra,

pág. 461, citando a Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 438

(1984).

Véase, además, Cintrón Ramos v. Borrás Marín, 144

D.P.R. 91 (1997).

B. Canon 35

El Canon 35 de Ética Profesional, supra, impone un

deber general de sinceridad y honradez sobre todos los

abogados admitidos a practicar la profesión legal.

In re:

Irizarry Vega, 2009 T.S.P.R. 132, 176 D.P.R. ___ (2009);

In re: Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998); In re:

Franco Rivera, Masini Soler, 134 D.P.R. 823 (1993).

A

esos efectos, el referido canon indica lo siguiente:

La conducta de cualquier miembro de la profesión

legal

ante

los

tribunales,

para

con

sus

representados y en relaciones con sus compañeros

debe ser sincera y honrada.

6

Sobre la obligación del notario en investigar los antecedentes

registrales del negocio jurídico que autoriza, véase Chévere v.

Cátala, supra, págs. 442-443, citando a P. Ávila Álvarez, Estudios de

Derecho Notarial, 4ta ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1973, págs. 402403; In re: Ramos Meléndez y Cabiya Ortiz, 120 D.P.R. 796 (1988).

CP-2008-0019

13

No es sincero ni honrado el utilizar medios que

sean inconsistentes con la verdad ni se debe

inducir

al

juzgador

a

error

utilizando

artificios o una falsa relación de los hechos o

del derecho.

Es impropio variar o distorsionar

las citas jurídicas, suprimir parte de ellas

para transmitir una idea contraria a la que el

verdadero contexto establece u ocultar alguna

que le es conocida.

El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los

hechos al examinar los testigos, al redactar

afidávit u otros documentos, y al presentar

causas.

El destruir evidencia documental o

facilitar

la

desaparición

de

evidencia

testifical en un caso también es altamente

reprochable. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35.

Como

es

sabido,

el

deber

general

contenido

en

el

Canon 35 de Ética Profesional, supra, se exige en aras de

preservar el honor y la dignidad de la profesión, ya que

el

compromiso

del

abogado

incondicional e ineludible.

con

la

verdad

es

uno

In re: Irizarry Vega, supra,

pág. 5; In re: Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006).

Conforme

a

ello,

hemos

atributo

inseparable

expresado

es

un

ésta,

la

profesión jurídica no podría justificar su existencia.

In

del

ser

que

la

verdad

abogado,

y

sin

re: Irizarry Vega, supra, pág. 5; In re: Busó Aboy, 166

D.P.R. 49 (2005).

En específico, en cuanto a la práctica notarial se

refiere, en In re: Tejada Rivera I, supra, afirmamos “que

cualquier hecho aseverado en un instrumento público por un

notario

que

no

concuerde

con

la

verdad

constituye

una

violación al Canon 35 del Código de Ética Profesional,

supra, independientemente de si hubo intención de faltar a

la verdad”.

In re: Tejada Rivera I, supra, pág. 182,

CP-2008-0019

14

citando a In re: Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790 (2000).

Véase, además, In re: Machargo Barreras, 161 D.P.R. 364,

372 (2004).

C. Canon 38

El Canon 38 de Ética Profesional, supra, impone sobre

todos los abogados admitidos a ejercer la profesión legal

el deber de esforzarse al máximo para exaltar el honor y

dignidad de su profesión.

En lo pertinente, dicho Canon

indica que todo “abogado deberá esforzarse, al máximo de

su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su

profesión,

aunque

el

así

hacerlo

conlleve

sacrificios

personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta

impropia…”.

4

L.P.R.A.

Ap.

IX,

C.38.

In

re:

Colón

Ramery, 133 D.P.R. 555, 562 (1993); In re: Meléndez Pérez,

104 D.P.R. 770, 772 esc. 1 (1976); In re: Cancio Sifre,

106 D.P.R. 386, 398-399 (1977); In re: Rojas Lugo, 114

D.P.R. 687, 691 (1983); In re: Roldán Figueroa, 106 D.P.R.

4 (1977).

Cónsono

con

lo

anterior,

hemos

resuelto

que

“la

responsabilidad moral y ética que rigen nuestra ilustre

profesión,

obliga

a

todo

abogado

comportamiento continuamente”.

2009

T.S.P.R.

reiteramos

con

109,

176

ímpetu

examinar

su

In re: Rodríguez Vázquez,

D.P.R.

que

a

“los

___.

En

abogados

ese

son

sentido,

el

espejo

donde se refleja la imagen de la profesión, por tal razón,

éstos

deben

actuar

con

el

más

escrupuloso

sentido

de

responsabilidad que impone la función social que ejercen”.

CP-2008-0019

15

In re: Rodríguez Vázquez, supra; In re: Quiñones Ayala,

165 D.P.R. 138 (2005).

D. Quantum de Prueba

En In re: Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001)

(adoptando

el

criterio

establecido

en

P.P.D.

v.

Admor.

Gen. De Elecciones, 111 D.P.R. 199 (1981)), resolvimos que

el

quantum

de

disciplinarios

prueba

es

uno

requerido

de

“prueba

en

los

clara,

procesos

robusta

y

convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base

de conjeturas”.

In re: Caratini Alvarado, supra, pág.

585; P.P.D. v. Admor. Gen. De Elecciones, supra, pág. 227.

Así,

aunque

“el

referido

estándar

de

prueba

no

es

susceptible de una definición precisa, la prueba clara,

robusta

y

evidencia

convincente

ha

sido

que

en

el

produce

descrita

juzgador

como

de

aquella

hechos

una

convicción duradera de que las contenciones fácticas son

altamente

probables”.

In

re:

Rodríguez

Mercado,

165

D.P.R. 630, 641 (2005); Colorado v. New Mexico, 467 U.S.

310, 316 (1983).

Véase, además, 2 McCormick on Evidence

Sec. 340, pág. 425 (5ta ed. 1999).

Conforme a lo anterior, hemos resuelto que en los

procedimientos

disciplinarios

la

carga

probatoria

requerida es una más acuciosa que el quantum de prueba

requerido en los procedimientos civiles ordinarios, “ya

que

en

estos

procesos

está

en

juego

el

título

de

un

abogado y, por ende, su derecho fundamental a ganarse su

sustento”.

In

re:

Rodríguez

Mercado,

supra,

pág.

641

CP-2008-0019

16

(citando a In re: Caratini Alvarado, supra, pág. 585).

Por

ello,

podemos

concluir

que

el

estándar

de

prueba

clara, robusta y convincente es más alto y sólido que el

de

preponderancia

de

la

prueba,

pero

menos

exigente

riguroso que el de prueba más allá de duda razonable.

re: Rodríguez Mercado, supra, pág. 641.

y

In

Véase, además, In

re: Soto López, 135 D.P.R. 642, (1994).

E. Debido Proceso de Ley

El debido proceso de ley, en su vertiente procesal,

le impone al Estado la obligación de garantizar que la

interferencia con el interés propietario o libertario del

individuo

se

realice

equitativo

que

mediante

respete

la

un

procedimiento

dignidad

de

los

justo

y

individuos.

Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, 133 D.P.R. 881,

887-888

(1993).

Los

abogados

tienen

un

interés

propietario en el ejercicio de la profesión legal.

In re:

Ríos Ríos, 2008 T.S.P.R. 186, pág. 20, 175 D.P.R. ___

(2008).

Véase además, In re: Ruffalo, 390 U.S. 544, 550

(1968).

Por ello, los abogados son acreedores de las

garantías

de

procedimientos

licencia.

un

debido

proceso

disciplinarios

en

de

ley

en

aquellos

que

esté

en

juego

su

Íd.

Como

es

sabido,

las

exigencias

mínimas

del

debido

proceso de ley incluyen el ser notificado adecuadamente de

los cargos en su contra, la oportunidad de ser oído, y el

derecho

a

contrainterrogar

y

a

examinar

la

prueba

documental y material presentada por la parte contraria.

CP-2008-0019

17

In re: Ríos Ríos, supra, pág. 20; Salva Santiago v. Torres

Padro, 171 D.P.R. 332, 343 (2007).

Véase además, Rivera

Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, supra, pág. 889.

De

conformidad

Reglamento

reconoce

del

un

con

lo

Tribunal

anterior,

Supremo,

procedimiento

de

la

en

Regla

su

14

inciso

notificación

al

cuando se presenta una querella en su contra.7

del

(f),

abogado

4 L.P.R.A.

Ap. XXI-A, R.14(f).

Cuando ello ocurre, el Secretario

entra

en

la

querella

el

libro

de

presentaciones

correspondiente e inmediatamente expide un mandamiento al

abogado involucrado.

4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14.

En

éste, se le requiere al abogado que conteste la querella

dentro de los quince (15) días de su notificación.

El

Alguacil procede entonces a notificar la querella y el

mandamiento.

Además,

cuando

no

es

posible

notificar

personalmente al querellado, el Alguacil tiene el deber de

informar tal hecho al Tribunal.

Íd.

En ese caso, el

Tribunal puede “ordenar que se le notifique dejando los

documentos

trabajo,

en

en

su

un

oficina,

sobre

con

durante

su

horas

debida

regulares

dirección”.

de

Íd.

Cuando no se puede notificar de esta forma, el Secretario

notifica al abogado por correo certificado con acuse de

recibo a la dirección que obra en el Registro de Abogados

del Tribunal.

7

Dicha notificación es suficiente para todos

El inciso (j) de la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo

también reconoce que la parte querellada tendrá derecho a confrontar a

los testigos en su contra durante la vista; contrainterrogarlos;

examinar prueba documental o material que se presente en su contra;

presentar testigos; y presentar prueba documental y material a su

favor, entre otros. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14(j).

CP-2008-0019

los

18

efectos

del

Reglamento

carta sea devuelta.8

de

este

Tribunal

aunque

la

Íd.

Por su parte, en In re: Ruffalo, 390 U.S. 544 (1968),

el

Tribunal

Supremo

expresamente,

de

que

Estados

durante

Unidos

los

reconoció,

procedimientos

disciplinarios un abogado tiene el derecho constitucional

al debido proceso de ley.

doce

(12)

cargos

querella.

En esta ocasión se le imputaron

disciplinarios

al

mediante

día

la

Sin

embargo,

al

disciplinaria

la

Junta

Comisionados

Disciplina

Ohio

de

de

añadió

un

tercer

abogado

cargo

de

sobre

número

vista

Quejas

trece

y

(13),

basado, exclusivamente, en información obtenida durante la

vista

evidenciaria.

Íd.,

pág.

546.

El

abogado

fue

suspendido de la práctica legal debido, en parte, al cargo

número trece (13).

El Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció que

los procedimientos disciplinarios instados en contra de

los abogados no son de naturaleza civil ni penal, sino que

se

trata

de

procedimientos

de

naturaleza

cuasi-penal.

Íd., pág. 551.

Así, luego de evaluar detenidamente las

circunstancias

del

caso,

concluyó

que

el

abogado-

querellado no fue notificado adecuadamente del nuevo cargo

y que, como parte del debido proceso de ley, el abogado

tenía derecho a una notificación adecuada de ese cargo el

8

Íd. La Regla 14(g) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A.

Ap. XXI-A, R. 14(g), dispone que las querellas presentadas por el

Procurador General y por el Colegio de Abogados de Puerto Rico,

también deben cumplir con el mencionado proceso de notificación.

CP-2008-0019

cual

19

fue

identificado

disciplinario.

luego

de

iniciado

el

trámite

Íd.

En In re: Roca Rosselli, 164 D.P.R. 380 (2005), sin

embargo,

adoptamos

una

postura

distinta.

En

aquella

ocasión, el Procurador General presentó una querella en

contra

de

un

abogado

violentado

los

principios

contenidos

en

el

Canon

18

IX,

C.18.

Así,

L.P.R.A.

Ap.

Especial

quien

imputándole,

celebró

de

diligencia

de

una

únicamente,

Ética

información

Profesional.

nombramos

vista

e

haber

un

para

4

Comisionado

dilucidar

la

querella.

Luego de celebrada la vista, el Comisionado Especial

sometió su informe.

Concluyó que, “a pesar de que el

Procurador General tan sólo imputó al licenciado Roca una

violación al Canon 19 [sic], [4 L.P.R.A. AP. IX, C.19], la

conducta

imputada

Canon 18 [sic]”.

por

el

también

[configuró]

prohibiciones

al

Ello, debido a que el cargo presentado

Procurador

“quedó

enmendado

presentada por el propio querellado”.

por

la

prueba

Íd., págs. 385-386.

Evaluadas las circunstancias ante nos, acogimos los

planteamientos del Comisionado Especial y resolvimos que

el

abogado-querellado

incurrió

en

conducta

impropia

contraria a los Cánones 18 y 19 de Ética Profesional,

supra.

imputada

Ello, aun cuando la violación al Canon 19 no fue

en

presentada

la

en

querella

sino

la

celebrada

vista

que

surgió

por

de

el

la

prueba

Comisionado

CP-2008-0019

20

Especial.9

Sin embargo, en aquel entonces no discutimos si

dicho proceder era contrario al debido proceso de ley y a

la norma pautada en In re: Ruffalo, supra.

Posteriormente, en In re: Marini Román, 165 D.P.R.

801

(2005),

resolvimos

que

el

querellado

incurrió

en

conducta impropia contraria a los dos (2) cargos imputados

en

la

querella,

los

cuales

estuvieron

basados

en

el

Criterio General de los deberes de los abogados para con

los tribunales y el Canon 35.

Además, indicamos que dicha

conducta también era contraria al Canon 18, supra, a pesar

que dicha violación no había sido imputada en la querella

presentada por el Procurador General sino que surgió de la

prueba desfilada ante la Comisionada Especial.

En apoyo a

nuestra conclusión citamos la norma esbozada en In re:

Roca Rosselli, supra.

In re: Marini Román, supra, pág.

812.10

Ahora bien, recientemente, en In re: Pérez Riveiro,

2010 T.S.P.R. 230, 180 D.P.R. ___ (2010), revocamos la

norma adoptada In re: Roca Roselli, supra.

enfatizamos

que

“la

práctica

de

Al así hacerlo

enmendar

la

querella

tácitamente a base de la prueba presentada para sancionar

a

un

abogado

Profesional

que

por

no

violaciones

fueron

al

imputadas

Código

en

la

de

Ética

querella

es

9

El Juez Asociado señor Rivera Pérez disintió sin opinión escrita pero

expresó que no era procedente disciplinar al querellado por la

violación al Canon 19 pues no se presentó cargo alguno por el

Procurador General “y porque, por imperativo del debido proceso de

ley, estamos impedidos de hacerlo”. In re: Roca Roselli, 164 D.P.R.

380, 389 (2005).

10

Los Jueces Asociados señor Rivera Pérez y señor Fuster Berlingeri no

intervinieron. Íd., pág. 817.

CP-2008-0019

incompatible

21

con

la

naturaleza

de

los

procedimientos

disciplinarios de los abogados y viola el debido proceso

de ley”.

In re: Pérez Riveiro, supra, pág. 8.

Como consecuencia de lo anterior, entendimos que no

procedía imponerle sanciones disciplinarias al querellado

por los cargos imputados que surgieron durante el trámite

procesal de la querella, pues ello implicaba “negarle la

oportunidad

que

[el

querellado]

por

derecho

tiene

a

preparar una defensa adecuada e impedirle, asimismo, velar

por su sustento”.

Íd., pág. 9.

Aclaramos, sin embargo,

que “nada de ello impedía que, de considerarlo apropiado,

le ordenáramos al Procurador General investigar la nueva

información recibida por el Comisionado para determinar si

debe

presentarse

procedimiento

una

nueva

disciplinario

queja

separado,

que

en

inicie

el

un

cual

el

abogado tenga la oportunidad de defenderse y traer prueba

a

su

favor

con

relación

a

considerada originalmente”.

la

conducta

distinta

a

la

Íd., págs. 9-10.

No obstante lo anterior, la norma esbozada en In re:

Pérez

Riveiro,

supra,

no

debe

ser

catalogada

como

irrestricta.

“[El] debido proceso de ley se satisface

siempre

se

que

oportunidad

le

de

provea

responder

y

al

abogado

defenderse

querellado

de

los

la

cargos

imputados y notificados, así como de las teorías en las

que se basen”.

Íd., pág. 7 (citando a Zauderer v. Office

of Disciplinary Counsel, 471 U.S. 626, 654-655 (1985)).11

11

(Énfasis nuestro).

CP-2008-0019

Así,

22

aclaramos

que

cuando

del

expediente

bajo

estudio

surja que -en cuanto a la conducta impropia identificada

luego

de

iniciado

el

procedimiento

disciplinario-

al

abogado-querellado se le ha (1) notificado adecuadamente

de

la

conducta

impropia

adicional;

(2)

brindado

la

oportunidad de presentar prueba a su favor; (3) permitido

examinar

la

prueba

contrainterrogar

contraria,

el

presentada

los

testigos

Tribunal

en

su

contra

presentados

podrá,

si

lo

por

estima

y

la

(4)

parte

apropiado,

evaluar y atender dichas alegaciones adicionales.

así

protegeremos

constitucionales

efectivamente

del

las

Sólo

garantías

abogado-querellado

y

no

se

menoscabará su oportunidad de preparar adecuadamente su

defensa ni se le impedirá velar por su sustento.

En

otras

procedimiento

impropia

palabras,

si

disciplinario

adicional

a

la

durante

se

imputada

el

trámite

identifica

ésta

no

de

un

conducta

podrá

ser

dirimida dentro de ese mismo procedimiento disciplinario.

In re: Pérez Riveiro, supra.

En estas instancias, como

norma general, el Tribunal deberá ordenarle al Procurador

General investigar la nueva conducta para que determine si

debe

presentarse

procedimiento

una

nueva

disciplinario,

queja

que

separado

inicie

y

un

nuevo

distinto

al

procedimiento en donde la conducta adicional impropia fue

identificada.

Así,

el

abogado-querellado

tendrá

la

oportunidad de defenderse y traer prueba a su favor en

relación a la conducta impropia adicional.

CP-2008-0019

23

Ahora bien, a modo de excepción, en las instancias en

donde

el

expediente

ante

la

consideración

del

Tribunal

refleje que en cuanto a la conducta impropia adicional al

querellado se le han salvaguardado todas las garantías que

emanan del debido proceso de ley, el Tribunal podrá -si lo

estima

apropiado-

adicional

dentro

evaluar

del

mismo

y

atender

dicha

procedimiento

conducta

disciplinario,

sin necesidad de referirla al Procurador General.

así

protegeremos

constitucionales

del

efectivamente

las

Sólo

garantías

abogado-querellado

y

no

se

menoscabará su oportunidad de preparar adecuadamente su

defensa ni se le impedirá velar por su sustento.

F. Regla 5 del Reglamento Notarial

Como

norma

Notarial,

4

notarios

están

general,

L.P.R.A.

Ap.

impedidos

la

Regla

XXIV,

R.5,

de

5

del

Reglamento

establece

representar

que

legalmente

los

a

cualquiera de las partes otorgantes en un pleito posterior

mediante el cual se reclamen las prestaciones contenidas

en

el

documento

otorgado

ante

dicho

notario.

En

lo

pertinente al caso que nos ocupa, dicha regla indica lo

siguiente:

La práctica de la profesión de abogado puede ser

en

algunas

ocasiones

incompatible

con

la

práctica de la notaría.

El notario autorizante de un documento público

está impedido de actuar posteriormente como

abogado de una de las partes otorgantes para

exigir

en

un

litigio

contencioso

las

contraprestaciones

a

que

se

haya

obligado

cualquier otra parte en el documento otorgado

ante él.

CP-2008-0019

24

El notario está impedido de representar como

abogado

a

un

cliente

en

la

litigación

contenciosa y, a la vez, servir de notario en el

mismo caso por el posible conflicto de intereses

o incompatibilidades que puedan dimanar del

mismo.

4 L.P.R.A. Ap. XXIV, R.5.

(Énfasis

nuestro).

La

prohibición

Reglamento

establecida

Notarial,

livianamente.

supra,

por

no

la

Regla

debe

ser

5

del

tomada

Su propósito es, entre otros, proteger la

apariencia profesional de los notarios y evitar que su

conducta como depositario de la fe pública notarial sea

maculada por escepticismos de impropiedad y desconfianza.

In re: Rojas Lugo, 114 D.P.R. 687 (1983); In re: Colón

Ramery, 133 D.P.R. 555 (1995).

En armonía con lo anterior, en In re: Colón Ramery,

supra,

resolvimos

que

“un

abogado-notario

judicialmente

en

representación

otorgantes

de

un

de

una

documento,

de

para

que

reclama

las

partes

exigir

la

contraprestación a la que se obligó la otra parte en el

documento, da la falsa impresión de que siempre estuvo

parcializado con la parte en representación de la cual

reclama”.

práctica

Íd., pág. 567.

estaríamos

Añadimos que de permitirse tal

ocasionándole

un

grave

daño

a

la

institución del notariado, a la fe pública notarial

y,

sobre todo, a la confianza que ha sido depositada en la

profesión.

Íd.

Posteriormente, en In re: Colón Ramery, 138 D.P.R.

793

(1995)

(en

reconsideración),

aclaramos

que

la

prohibición antes esbozada no aplica a las acciones ex

CP-2008-0019

25

parte, a menos que ello esté expresamente prohibido por

ley o doctrina jurisprudencial.

Íd., pág. 798.

Añadimos

que dicha normativa era una “consecuencia lógica del hecho

de

que,

por

su

carácter

procedimientos

no

existe

no

la

contencioso,

apariencia

en

de

dichos

parcialidad

impropia…” pues “los procedimientos ex parte tienen como

propósito dar validez jurídica a actos y manifestaciones

consensuales de la voluntad privada”.

Escobar

De

la

Riva,

Tratado

de

Marfil, S.A., 1957, págs. 27-28.

Íd., citando a E.

Derecho

Notarial,

Ed.

De igual forma, y bajo

fundamentos similares, en In re: Matos Bonet, 153 D.P.R.

296 (2001), resolvimos que los notarios están impedidos de

otorgar documentos públicos relativos a propiedades que

sean objeto de los litigios en los cuales participan como

abogados.

Íd., pág. 301.

III

Como

mencionáramos

el

anteriormente,

la

en

contra

del

en

por

licenciado

Martínez

Almodóvar

se

le

imputó

incurrir

conducta

impropia

constitutiva

de

tres

(3)

Ante

esta

General

querella

presentada

disciplinarios.

Procurador

en

situación,

la

cargos

Comisionada

Especial rindió un informe y concluyó que no se presentó

prueba

clara,

conducta

robusta

razón.

profesional

y

convincente

impropia

que

imputada.

sustentara

la

Le

la

asiste

Veamos.

En cuanto al primer cargo, violación de la fe pública

notarial

debido

a

que

el

señor

Cancel

Rosado

estaba

CP-2008-0019

26

incapacitado

para

otorgar

la

escritura

de

compraventa,

surge del expediente de autos que el 25 de abril de 2001,

tan solo cuarenta y cinco (45) días antes de otorgar la

escritura de compraventa, el señor Cancel Rosado otorgó un

testamento abierto ante la notario Mónica Alpi Figueroa.

Éste no ha sido impugnado ni anulado.

A esos efectos, durante las vistas celebradas por la

Comisionada

Especial,

testificó

que

testamento

abierto

todas

duda

de

las

fueron

señor Cancel Rosado.

menor

la

que

licenciada

gestiones

Alpi

para

diligenciadas

Figueroa

otorgar

por

el

el

propio

Añadió que a su juicio no tenía la

él

estaba

en

plena

importar que estaba en silla de ruedas.

capacidad,

sin

Ello, porque, a

parte de conocerlo personalmente, durante el otorgamiento

del

testamento

asuntos

del

ella

le

hizo

preguntas

presente

y

pasado,

a

las

sobre

cuales

temas

el

y

señor

Cancel Rosado respondió correctamente.

Igualmente, surge del expediente que días antes de

otorgarse

la

referida

escritura

de

compraventa

el

licenciado Martínez Almodóvar acudió a la residencia del

señor

Cancel

Rosado

para

afinar

los

pormenores

compraventa y pudo percatarse de su capacidad.

de

la

Así, nos

indica la Comisionada Especial, que el querellado observó,

mientras el señor Cancel Rosado leía un viejo periódico

regional de La Parguera, como éste le comentaba con gran

precisión sobre varios errores contenidos en el artículo,

el cual trataba sobre el origen de la familia Cancel del

CP-2008-0019

Poblado.

27

En específico, el señor Cancel Rosado le indicó

al querellado, entre otras cosas, que el artículo estaba

errado porque indicaba que la familia Cancel había llegado

al Poblado como pescadores, cuando la realidad era que

habían

llegado

preguntas

como

del

cuidadores

licenciado

de

Martínez

cerdos.

Además,

Almodóvar,

el

a

señor

Cancel Rosado expresó que tenía interés en venderle la

propiedad al señor Cancel Pagán porque no tenía hijos y

éste había ayudado mucho a sus sobrinos.

Lo anterior, en unión a la totalidad de la prueba

testifical y documental examinada, nos lleva a la misma

conclusión alcanzada por la Comisionada Especial: durante

el

procedimiento

disciplinario

de

autos

no

se

presentó

prueba clara, robusta y convincente tendente a demostrar

la conducta impropia imputada en el primer cargo.

El

licenciado

a

efectuar

Martínez

una

Almodóvar

investigación

no

estaba

exhaustiva

y

obligado

pormenorizada

sobre la capacidad y trasfondo mental del señor Cancel

Rosado.

Cintrón

Ramos

v.

Registrador,

144

D.P.R.

91

(1997); In re: Caratini Alvarado, supra, pág. 583; In re:

Machargo Barreras, supra, pág. 370-371; Feliciano v. Ross,

supra, págs. 658-659.

Más bien, de un análisis integral

de la jurisprudencia antes señalada, el querellado -como

custodio

de

la

fe

pública

notarial-

estaba

obligado

a

hacer las averiguaciones mínimas necesarias que requieren

las

normas

de

la

profesión

para

quedar

plenamente

convencido de la capacidad de los otorgantes.

Entendemos,

CP-2008-0019

28

pues, que el licenciado Martínez Almodóvar, al actuar como

lo hizo y presentarse días antes en la casa del señor

Cancel Rosado para detallar los pormenores de la referida

escritura

de

compraventa

y

corroborar

violó la fe pública notarial.

su

capacidad,

no

Su juicio y dación de fe

sobre la capacidad del señor Cancel Rosado fue celosamente

ejercida.

Véase,

además,

Regla

32(5)

del

Reglamento

Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, R.32(5).

A igual conclusión llegamos en cuanto a la conducta

profesional

cargo.

impropia

imputada

en

el

segundo

y

tercer

Ambos cargos gravitan sobre las alegaciones de

fraude intencional vertidas por el señor Cancel Rosado en

la demanda sobre reivindicación y nulidad de escritura de

compraventa en contra del licenciado Martínez Almodóvar.

Éstas

fueron

desestimadas

sub

silentio

en

la

sentencia

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, la cual fue

confirmada posteriormente por el Tribunal de Apelaciones.

Sin embargo, lo anterior no dispone completamente del

asunto disciplinario ante nuestra consideración.

considerar

si

procede

o

no

imponerle

Resta

sanciones

disciplinarias al licenciado Martínez Almodóvar por las

alegadas violaciones a la Regla 5 del Reglamento Notarial,

supra,

y

a

los

Cánones

supra,

identificadas

35

y

38

de

Ética

durante

el

trámite

Profesional,

disciplinario

instado en su contra, y si dicha imposición es contraria

al debido proceso de ley.

CP-2008-0019

29

De ordinario, conforme la norma pautada en In re:

Pérez

Riveiro,

identificada

supra,

durante

el

conducta

profesional

transcurso

de

un

impropia

procedimiento

disciplinario no debe ser objeto de sanción disciplinaria

dentro de ese mismo procedimiento. Íd., pág. 9.

Ahora

bien, las circunstancias particulares del caso de autos

ameritan que apliquemos la excepción antes esbozada.12

Nos

explicamos.

Como

hemos

mencionado,

durante

el

procedimiento

disciplinario de autos la Comisionada Especial identificó

conducta impropia adicional a la imputada en la querella,

la

cual

se

aduce

que

es

contraria

a

la

Regla

5

del

Reglamento Notarial, supra, y a los Cánones 35 y 38 de

Ética Profesional, supra.

A esos efectos, la Comisionada

Especial aclaró en su informe, en cuanto a la conducta

impropia adicional, que las garantías constitucionales que

cobijan al querellado fueron debidamente salvaguardadas y

que durante el transcurso del procedimiento disciplinario

al

querellado

se

le

informó

adecuadamente

sobre

el

hallazgo de dicha conducta adicional y se le concedió la

oportunidad de expresarse, de presentar prueba a su favor

y de impugnar la prueba ofrecida en su contra.

Véase,

Informe de la Comisionada Especial, págs. 34-35.

12

Nos llama la atención que en la Opinión Disidente emitida por

nuestra compañera Jueza Asociada señora Fiol Matta no se haya

mencionado referencia alguna sobre la circunstancia medular que movió

a este Tribunal a pautar y aplicar la excepción antes mencionada: el

querellado Martínez Almodóvar no impugnó de forma alguna el informe

rendido por la Comisionada Especial; por el contrario, lo catalogó

como un informe equilibrado, ponderado y ecuánime. Ello, en unión a

los hallazgos y conclusiones de la Comisionada Especial, inclinó la

balanza a favor del resultado aquí alcanzado.

CP-2008-0019

30

Más aún, del expediente de autos surge que el propio

querellado aceptó el informe de la Comisionada Especial y

lo

catalogó

como

un

informe

“equilibrado,

ponderado

y

ecuánime” y que optó por no tomar acción alguna en cuanto

la referida conducta adicional.

Por ello, y debido a que

durante todo el transcurso del procedimiento disciplinario

de autos al querellado se le han protegido sus garantías

constitucionales, procedemos a atender las alegaciones de

conducta

impropia

adicional

Comisionada Especial.

identificada

por

la

Se configura en esta ocasión la

excepción antes mencionada.

En cuanto a la conducta contraria a la Regla 5 del

Reglamento

Notarial,

supra,

del

expediente

de

autos

se

desprende claramente que el licenciado Martínez Almodóvar,

luego de otorgar la escritura de compraventa, compareció

en dos (2) ocasiones distintas -16 de noviembre de 2001 y

1 de febrero de 2002- como representante legal del señor

Cancel Pagán en un pleito presentado por el señor Cancel

Rosado

para

exigir

el

cumplimiento

de

convenidas en la referida escritura.

las

prestaciones

En otras palabras,

el querellado representó legalmente al señor Cancel Pagán

en

un

litigio

contencioso

en

el

cual

se

exigía

el

cumplimiento de las contraprestaciones convenidas en una

escritura

de

compraventa

otorgada

ante

él.

Ello

constituye una clara violación a lo dispuesto en la Regla

5

del

Reglamento

interpretativa.

Notarial,

In

re:

supra,

Colón

y

su

Ramery,

jurisprudencia

133

D.P.R.

555

CP-2008-0019

31

(1995); In re: Colón Ramery, 138 D.P.R. 793 (1995) (en

reconsideración).

Ahora

adicional

bien,

en

contraria

a

Comisionada

Especial

cuanto

los

a

la

Cánones

expresó

en

conducta

35

su

y

38,

informe

impropia

supra,

la

que

la

de

evidencia documental por ella aquilatada se desprende que

en la escritura de compraventa otorgada por el licenciado

Martínez Almodóvar no se especificó que la cuantía del

negocio jurídico había sido entregada mediante cheque de

gerente,

sino

que

sólo

se

expresó

mediante moneda de curso legal.

que

fue

entregada

Tal proceder, nos sugiere

la Comisionada Especial, constituye una violación a los

cánones 35 y 38 de Ética Profesional, supra.

No le asiste

la razón.

Un examen integral y detenido de nuestro ordenamiento

notarial y su jurisprudencia interpretativa revela que los

notarios

están

obligados

a

plasmar

íntegramente

la

voluntad y pactos de los otorgantes en las estipulaciones

de la escritura de compraventa que ante él se otorga.

Véase,

P.

Malavet

Vega,

El

Derecho

Notarial

Rico, Ponce, Ed. Omar, 2010, pág. 170.

en

Puerto

Así, los notarios

están obligados a consignar, entre otras cosas, el precio

de venta pactado entre las partes otorgantes y la forma en

que dicha cuantía es satisfecha.

con

indicar

que

el

precio

Íd.

pactado

Colegimos que basta

en

la

escritura

de

compraventa fue satisfecho mediante moneda de curso legal,

que es el equivalente a la moneda de los Estados Unidos de

CP-2008-0019

América.

32

Véase, Torres v. Torres, 2010 T.S.P.R. 123, 179

D.P.R. ___ (2010), págs. 10-11.

IV

Finalmente,

en

numerosas

ocasiones

hemos

expresado

que al determinar una sanción disciplinaria se tomará en

cuenta

la

reputación

del

abogado

querellado

en

la

comunidad, su historial profesional previo, si se trata de

su primer procedimiento disciplinario, si el querellado ha

aceptado los cargos imputados, su sincero arrepentimiento,

si se trata de una conducta aislada, si actuó con ánimo de

lucro

y

cualesquiera

servir

como

otras

atenuantes

o

consideraciones

agravantes

particulares de cada caso.

según

que

puedan

los

hechos

In re: Bryan Picó y Vargas

Hernández, 150 D.P.R. 1 (2000); In re: Quiñones Ayala, 165

D.P.R. 138 (2005).

Vemos, pues, que del expediente de autos surge que

este ha sido el primer procedimiento disciplinario que se

ha presentado en contra del licenciado Martínez Almodóvar

durante

los

veinte

profesión legal.

(20)

años

que

lleva

ejerciendo

la

Además, hemos notado que el querellado

goza de buena reputación en la comunidad que reside y

entre sus compañeros profesionales.

Por

lo

tanto,

en

esta

ocasión

limitaremos

sanción disciplinaria a una censura enérgica.

nuestra

La conducta

desplegada por el licenciado Martínez Almodóvar infringió

la Regla 5 del Reglamento Notarial, supra.

le

apercibimos

al

licenciado

Martínez

No obstante,

Almodóvar

que

de

CP-2008-0019

incurrir

33

en

conducta

impropia

en

el

futuro

podrá

ser

sancionado de forma más severa.

V

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

censuramos

enérgicamente al Lcdo. Melvin I. Martínez Almodóvar por

haber incurrido en conducta impropia contraria a la Regla

5 del Reglamento Notarial, supra.

Le apercibimos que de

incurrir nuevamente en conducta profesional impropia podrá

ser sancionado de forma más severa.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Melvín I. Martínez Almodóvar

CP-2008-0019

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2011.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte

de

la

presente

Sentencia,

censuramos

enérgicamente

al

Lcdo.

Melvin

I.

Martínez

Almodóvar por haber incurrido en conducta impropia

contraria a la Regla 5 del Reglamento Notarial,

supra.

Le apercibimos que de incurrir nuevamente

en

conducta

profesional

impropia

podrá

ser

sancionado de forma más severa.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo.

La Jueza

Asociada señora Fiol Matta disiente con opinión

escrita.

La

Juez

Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez disiente sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

CP-2008-19

Melvín

I.

Martínez

Almodóvar

Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2011.

Recientemente, reconocimos en In re Pérez Riveiro,

2010 T.S.P.R. 230, 180 D.P.R. ___ (2010), que se viola el

derecho al debido proceso de ley cuando se sanciona a un

abogado contra quien se ha presentado una querellada por

actos que, aunque constituyan infracciones a los Cánones

de Ética Profesional,13 no se le han imputado en dicha

querella.

Esta

importante

avance

constitucionales

norma

de

involucrados

13

4 L.P.R.A. Ap. IX.

en

recién

la

los

pautada

protección

miembros

de

de

constituye

un

los

derechos

nuestra

profesión

CP-2008-19

2

en procedimientos disciplinarios. El presente dictamen de

este Tribunal propone una excepción al citado caso, en aras

de

agilizar

el

proceso

ante

este

Foro

y

de

añadir

flexibilidad al procedimiento disciplinario. La realidad es

que

la

decisión

mayoritaria

también

abre

una

brecha

peligrosa por la cual se podrán ventilar los casos de forma

atropellada. Muestra de ello es, precisamente, este caso.

Por

entender

retroceso

en

que

la

decisión

la

protección

que

del

hoy

se

derecho

emite

del

es

un

abogado-

querellado a preparar adecuadamente su defensa, disiento.

El Tribunal fundamenta su decisión de desviarse de In

re Pérez Riveiro, supra, en lo resuelto por el Tribunal

Supremo

federal

en

Zauderer

v.

Counsel, 471 U.S. 626 (1985).

Office

of

Disciplinary

En dicho caso, el Tribunal

Supremo federal hizo una excepción a la norma adoptada en

In re Ruffalo, 390 U.S. 544 (1968), al resolver que no se

violó el derecho del abogado-querellado al debido proceso

de ley por el mero hecho de que la teoría utilizada por el

Tribunal Supremo de Ohio para sancionarlo distara de la

teoría utilizada por la Oficina del Consejo Disciplinario

en su recomendación. A esos efectos, el Tribunal Supremo

federal expresó que lo importante era que la recomendación

del

Consejo

Disciplinario

sirviera

para

notificarle

al

abogado de los cargos (“what is important is that the

Board's

recommendations

charges

he

had

to

put

answer

appellant

to

the

on

notice

of

the

satisfaction

of

the

CP-2008-19

Supreme

3

Court

of

Ohio”.).14

Es

decir,

según

el

foro

federal, lo que importa no es que el tribunal imponga una

sanción por un razonamiento distinto al que se utiliza al

imputar el cargo, sino que durante la vista disciplinaria

el

abogado

o

la

abogada

fuese

notificado

adecuadamente

sobre los hechos en los cuales se basan los cargos en su

contra.

Conforme a esto, la Opinión mayoritaria razona que

“en

las

instancias

consideración

conducta

del

impropia

en

donde

Tribunal

el

refleje

adicional

al

expediente

que

en

ante

cuanto

querellado

se

a

le

la

la

han

salvaguardado todas las garantías que emanan del debido

proceso de ley, el Tribunal podrá – si lo estima apropiado

– evaluar y atender dicha conducta adicional dentro del

mismo

procedimiento

referirlo

al

Según

mayoría,

la

disciplinario,

Procurador

dicha

General”.15

excepción

sin

necesidad

(Énfasis

se

de

nuestro).

justifica

en

el

presente caso, ya que la Comisionada Especial incluyó en

su Informe que la conducta impropia no imputada en la

querella fue debidamente identificada y que las garantías

constitucionales del licenciado Martínez Almodóvar fueron

salvaguardadas en su totalidad durante las vistas.

La realidad es que el caso ante nuestra consideración

se distingue claramente de Zauderer y que lo que indica la

Comisionada

no

es

correcto.

Ambas

cosas

aconsejan

una

decisión distinta a la que ha adoptado el Tribunal.

14

Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel, 471 U.S.

626, 654 (1985).

15

In re Martínez Almodóvar, Opinión mayoritaria, res. de

31 de enero de 2011, a la pág. 19-20.

CP-2008-19

4

En Zauderer, la querella incluía un cargo por omitir

información sobre los honorarios por contingencia en un

anuncio

publicitario

querella,

dicha

de

servicios

actuación

no

legales.

constituía

Según

un

la

anuncio

engañoso, sino que omitía información indebidamente. No

obstante, y luego de varias vistas, el Panel Disciplinario

determinó

que

el

anuncio

era

engañoso,

conclusión

que

adoptó el Tribunal Supremo de Ohio. Ahora bien, los hechos

en los cuales se basó la querella para imputar un cargo

por

omisión

eran

los

mismos

que

que

el

anuncio

pagado

conclusión

de

querellado

era

engañoso.

El

dieron

Tribunal

lugar

por

a

la

el

abogado-

Supremo

federal

concluyó que, en esas circunstancias, el cambio de teoría,

de un cargo por omisión a uno por anuncio engañoso, no

constituía

una

“trampa”

previo aviso al abogado.

para

enmendar

la

querella

sin

Por eso entendió que el ratio

del caso In re Ruffalo, supra, no era aplicable.

Concluir que se puede aplicar Zauderer al caso de

autos

es

diferente.

querella

erróneo,

En

le

el

pues

caso

imputó

al

aquí

ante

sucedió

nuestra

algo

totalmente

consideración,

abogado-querellado

tres

la

cargos

relacionados a su función como notario. Estos cargos le

imputaron

el

haber

autorizado

una

escritura

pública

de

compraventa cuando una de las partes estaba incapacitada

al momento de la otorgación, haber consignado hechos

CP-2008-19

falsos

en

5

la

escritura

que

resultaron

en

un

negocio

simulado y no haberse esforzado al máximo en exaltar la

dignidad

de

la

profesión

conducta

impropia,

al

y

evitar

consignar

la

hechos

apariencia

de

falsos

la

en

escritura. Luego de varias vistas, la Comisionada Especial

rindió su Informe, el 13 de diciembre de 2009, y determinó

que no se presentó prueba clara, robusta y convincente

para concluir que el licenciado Martínez Almodóvar había

violado los postulados éticos en los cuales se basaban los

cargos imputados. Como consecuencia, recomendó que no se

sancionara

al

abogado-querellado

en

cuanto

a

los

tres

cargos de la querella.

Pese a ello, la Comisionada Especial entendió que el

licenciado Martínez Almodóvar había violado la Regla 5 del

Reglamento Notarial de Puerto Rico,16 al comparecer como

representante legal del comprador contra la persona que

tenía la tutela del vendedor incapacitado, en un caso de

desahucio posterior basado en la escritura que el abogadoquerellado

había

preparado.17

El

Informe

concluyó

que

aunque “según nuestra opinión no existe prueba suficiente

para

aseverar

otra

naturaleza

de

cooperación

entre

el

notario querellado con [el comprador]; ello crea la fuerte

16

17

4 L.P.R.A. Ap. XXIV, R.5.

“Establecido lo anterior, debemos referirnos ahora a lo

que opinamos consiste otra conducta impropia del notario

querellado, cuya conducta no está imputada en el escrito

de querella, aunque si [sic] se alega por la OGP violación

al canon 38, pero por otros motivos…”. (Énfasis nuestro).

Informe de la Comisionada Especial, 13 de diciembre de

2009, pág. 34.

CP-2008-19

apariencia

6

de

que

el

notario

en

realidad

respondía

defendía los intereses de uno de los otorgantes…”.18

y

Así

las cosas, concluyó que el licenciado Martínez Almodóvar

violó el Canon 38 de los Cánones de Ética Profesional,19

por apariencia de conducta impropia, y recomendó que fuera

sancionado.

La Comisionada Especial reconoce que estos hechos no

fueron imputados en la querella.

Concluye, sin embargo,

que no hubo violación al derecho del abogado al debido

proceso de ley.

Sobre este asunto expresó que:

El hecho de que específicamente no se haya[n]

imputado en el escrito de Querella estas

alegaciones; y que sea en estos procedimientos y

por esta Comisionada que se haya anunciado y

establecido por primera vez en este Informe esta

naturaleza de violación informada; en nada viola

el debido proceso de ley del querellado. Es un

hecho indubitado que durante el curso de los

procedimientos las trajimos a colación como

hallazgos al examinar los expedientes una vez

elevados;

y

ofrecimos

la

oportunidad

al

querellado de impugnar el contenido de las

minutas mediante la citación de la secretaria

que certificaba las Minutas de instancia; sobre

lo cual el Notario querellado no tomó acción

alguna, e igual le dimos la oportunidad de

expresarse.20 (Énfasis nuestro).

18

Íd.

19

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38.

20

En cuanto a la oportunidad para expresarse, del Informe

se desprende que “[n]uestro mejor recuerdo es que el

abogado-notario

querellado

explicó

en

sala

que

él

compareció a asistir a don José en dicho caso de desahucio

porque como ante él se había otorgado la escritura de

compraventa, ante una acción de esa naturaleza, don José

le pidió que compareciera para acreditar el otorgamiento…

que compareció solamente esas dos veces, más bien para

informar al tribunal de San Germán”. Informe de la

Comisionada Especial, supra, págs. 34 y 35.

CP-2008-19

Para

7

fundamentar

Comisionada

lo

nos

antes

refiere

expuesto,

a

las

el

minutas

Informe

de

de

vistas

las

la

celebradas el 14 de abril de 2009 y el 9 de julio de 2009.

Sin embargo, al estudiar el expediente no podemos concluir

que sea un “hecho indubitado” el que se salvaguardaran los

derechos del abogado-querellado al debido proceso de ley,

sino todo lo contrario.

Más allá de que el ratio de

Zauderer no aplica en esta instancia, la prueba a la que

nos

remite

el

Informe

no

revela

que

la

Comisionada

Especial haya tomado medidas efectivas para proteger el

derecho constitucional del licenciado Martínez Almodóvar a

ser notificado adecuadamente.

Primero,

vistas

en

su

las

dos

fondo,

vistas

sino

las

antes

mencionadas

conferencias

no

eran

preliminares

para pautar los procedimientos, acordar estipulaciones y

fijar las teorías de las partes.21

Además, la primera

minuta a la que se refiere el Informe, de 14 de abril de

2009, no se encuentra en el expediente.

De la segunda

minuta, de 9 de julio de 2009, sólo se desprende que “[l]a

Comisionada Especial indicó que hay un aspecto que surge

claro de los autos del caso y surge en dos minutas de las

vistas del 16 de noviembre de 2001 y el 1ro. [sic] de

febrero de 2002.

En el caso de desahucio IP2002-0038 y

que se refiere a una primera comparecencia y en una

21

En efecto, las vistas evidenciarias, donde se debe hacer

valer el derecho al debido proceso de ley, fueron

celebradas los días 15, 16 y 17 de julio y 19 de agosto de

2009. Informe de la Comisionada Especial, supra, pág. 9.

CP-2008-19

8

segunda

comparecencia

del

caso,

el

querellado

en

desahucio, José A. Cancel Pagán, aparece representado por

el Lcdo. Melvin Martínez Almodóvar”.22

Ahora

bien,

cabe

preguntarse,

¿es

suficiente

una

escueta minuta para probar que se salvaguardó durante todo

el procedimiento el derecho al debido proceso de ley del

licenciado

Martínez

Almodóvar?

Por

otro

lado,

¿es

necesario que surjan claramente del expediente, y de forma

meridianamente

proteger

dichos

detallada,

las

medidas

tomadas

derechos?

Una

excepción

a

la

para

norma

adoptada en In re Pérez Riveiro, supra, debe contemplar

estas interrogantes antes de proponer una solución como la

presente.

Esto, porque “[t]odo proceso disciplinario se

ejecuta

armonía

en

con

el

debido

proceso

de

ley,

con

arreglo a un procedimiento formal mediante el cual no sólo

se le informa al abogado de los cargos que operan en su

contra, sino que más importante aún, se le ofrece amplia

oportunidad para contestarlos y defenderse”.23

Este

Tribunal

tiene

la

potestad

de

designar

a

un

Comisionado Especial para que reciba la prueba y dirima

sobre

la

evidencia

conflictiva,24

y

sus

determinaciones

22

Énfasis nuestro, Minuta de la Comisión Especial, 9 de

julio de 2009, pág. 5.

23

In re Ríos Ríos, 2008 T.S.P.R. 186, a la pág. 20, 175

D.P.R. ___ (2008),

In re Sepúlveda, Casiano, 155 D.P.R.

193, 208 (2001).

Véase, además, In re Pagán, 71 D.P.R.

761 (1950).

24

In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210, 217 (2007), In

re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012, 1016 (1994).

CP-2008-19

9

fácticas merecen nuestra mayor deferencia.25 Sin embargo,

no

podemos

claudicar

nuestra

responsabilidad

como

foro

máximo de asegurar que ello se lleve a cabo sin lacerar el

derecho al debido proceso de ley de los implicados en los

procesos

disciplinarios.

Además,

este

Tribunal

no

está

obligado a aceptar el informe del Comisionado Especial,

pudiendo

este

adoptar,

caso

no

modificar

podemos

o

rechazar

avalar

la

tal

informe.

recomendación

de

En

la

Comisionada de sancionar al abogado-querellado cuando del

propio

expediente

notificado

contenida

no

surge

adecuadamente

en

la

claramente

de

querella

la

que

que

conducta

sirve

de

se

le

haya

impropia

base

no

para

la

deposita

su

recomendación.

A

todas

confianza

en

luces,

las

la

Opinión

expresiones

mayoritaria

del

Informe.

Al

hacerlo,

trata de forma superficial la necesidad de que el propio

expediente revele el fiel cumplimiento del debido proceso

de ley durante el procedimiento. La realidad es que lo

único que se puede constatar del contenido del expediente

en este caso es que durante las vistas preliminares se le

hizo una escueta mención al licenciado Martínez Almodóvar

de una conducta aparentemente impropia. Más allá de las

breves expresiones de la Comisionada Especial, no surge

del

expediente

licenciado

que

Martínez

se

le

haya

Almodóvar

expuesto

que

claramente

dichos

actos,

incluidos en la querella, serían añadidos como un cargo

25

In re Soto López, 135 D.P.R. 642, 646 (1994).

al

no

CP-2008-19

nuevo

10

e

independiente

para

ser

considerado

en

las

posteriores vistas evidenciarias. Tampoco refleja que se

le haya ofrecido la oportunidad de presentar prueba a su

favor

respecto

a

esos

nuevos

evidenciarias posteriores.

actos

durante

las

vistas

Ciertamente, la liviandad con

la que se atiende este asunto me resulta, como mínimo,

alarmante.

El avalar las expresiones de la Comisionada Especial

en

este

conducta

caso

que

puede

tenga

abrir

un

la

ápice

puerta

de

a

que

apariencia

de

cualquier

conducta

impropia pueda ser incluida sub silentio, o con una mera

mención,

como

un

cargo

durante

un

procedimiento

ya

iniciado. Debido a la fácil dilución de un término tan

amplio e impreciso como apariencia de conducta impropia,

esta

decisión

derecho

al

puede

debido

poner

en

jaque

proceso

de

ley

la

de

protección

los

del

abogados

y

abogadas que sean sometidos al proceso disciplinario.

En efecto, nuestro dictamen en In re Pérez Riveiro,

supra, pretende evitar circunstancias como la presente. En

el caso ante nuestra consideración hay muy poco en el

expediente que se refiera siquiera al nuevo cargo. Más

bien, el expediente se refiere, casi en su totalidad, a

los cargos imputados originalmente en la querella. Por su

parte, el Informe de la Comisionada Especial le dedica a

ese

asunto

tan

sólo

tres

de

un

total

de

36

páginas.

Resolver que una simple indicación de que una conducta

podría ser sancionable constituye prueba suficiente de una

CP-2008-19

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notificación

nuestro

adecuada

precedente

Tribunal,

ante

la

del

más

falta

nuevo

cargo

añadido

reciente.

Máxime

de

clara

prueba

socava

cuando

que

este

apoye

lo

expresado en el Informe, tampoco le proveyó al abogadoquerellado

la

oportunidad

de

expresarse

sobre

este

particular.

En

conclusión,

debido

a

la

incongruencia

de

los

hechos y a la ausencia de prueba en el expediente que

sustente

de

forma

adecuada

que

al

licenciado

Martínez

Almodóvar se le protegió su derecho al debido proceso de

ley,

no

podemos

aplicar

la

norma

de

Zauderer.

Lo

que

sucedió aquí no fue un cambio en la teoría del Procurador.

No surge que el abogado-querellado esté avisado aquí, como

lo estuvo en Zauderer, de los hechos que dan lugar al

cargo imputado.

Por tanto, la vía más sensata a seguir es

la norma tal y como fue adoptada en In re Pérez Riveiro,

supra,

en

investigar

el

cual

la

se

nueva

le

ordenó

al

información

Procurador

General

recibida

por

la

Comisionada Especial para determinar si debía presentarse

una

nueva

querella

e

iniciar

un

proceso

disciplinario

separado.

Sólo de esta forma se podrá mantener un balance

armonioso

entre

los

intereses

del

querellado

y

los

de

nuestra sociedad.26

26

No podemos olvidar que para “un abogado sometido a una

querella disciplinaria, su caso es único, personal e

insustituible.

Representa

la

esperanza

o

fracaso

profesional inmediato de un ser humano, lo que de por sí

exige una profunda reflexión por el juzgador de todos los

elementos presentes”. In re Lavastida, 109 D.P.R. 45, 87

(1979), opinión concurrente y disidente del Juez Asociado,

Señor Negrón García.

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Por tanto, en fiel observancia de nuestro deber de

regular

la

profesión

jurídica,

referiría

el

asunto

concerniente a la violación de la Regla 5 del Reglamento

Notarial y el Canon 38 al Procurador General para que

estudie los hechos y nos informe si se debe someter una

querella

para

dilucidar

la

violación

ética

en

su

correspondiente vista, cumpliendo así las exigencias del

debido proceso de ley.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada