Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Melvin I. Martínez Almodovar
2011 TSPR 21
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Melvin I. Martínez Almodovar
CP-2008-19
Conducta Profesional – Censura enérgica por infracción a la Regla 5 del Reglamento Notarial
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2011 TSPR 21
Melvín I. Martínez Almodovar
180 DPR ____
Número del Caso: CP-2008-19
Fecha: 1 de febrero de 2011
Oficina del Procurador General:
Lcda. Minnie H. Rodríguez
Procuradora General Auxiliar
Abogado del Peticionario:
Lcdo. Pedro Malavet Vega
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Melvín I. Martínez Almodóvar
CP-2008-0019
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2011.
El procedimiento disciplinario de marras nos
brinda
la
oportunidad
de
expresarnos
sobre
la
norma pautada en In re: Francis Pérez Riveiro,
2010
T.S.P.R.
analizar
si
230,
los
180
hechos
D.P.R.
___
particulares
(2010),
de
y
autos
ameritan que censuremos enérgicamente a un abogado
cuya conducta como notario infringió la Regla 5
del Reglamento Notarial.
4 L.P.R.A. Ap. XXIV,
R.5.
I
El 27 de febrero de 1991, el Sr. Miguel Ángel
Cancel
Rosado
arrendamiento
Pagán.
con
suscribió
el
Sr.
un
José
contrato
Antonio
de
Cancel
Mediante dicho contrato el señor Cancel
CP-2008-0019
2
Rosado le arrendó al señor Cancel Pagán una propiedad
ubicada en el Municipio de Cabo Rojo a razón de $150
mensuales.
Diez
(10)
años
más
tarde
el
señor
Cancel
Rosado le cursó una carta
al señor Cancel Pagán anunciando un aumento de renta, a
razón de $350 mensuales, con el cual el señor Cancel Pagán
incumplió.
Así,
luego
de
cursar
varias
misivas
adicionales, las cuales también fueron ignoradas, el señor
Cancel Rosado le expresó al señor Cancel Pagán que no
deseaba
renovar
el
contrato
de
arrendamiento.
Le
solicitó, además, que desalojara la propiedad arrendada.
Posteriormente,
al
ver
que
el
señor
Cancel
Pagán
incumplía con el pago de renta anunciado y con el desalojo
solicitado,
el
4
de
octubre
de
2001,
el
señor
Cancel
Rosado, asistido por su sobrina Lissa V. Cancel Pagán,
presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia
en contra del señor Cancel Pagán sobre desahucio y falta
de pago de cánones de arrendamiento.
En la primera vista
señalada el demandado compareció representado por el Lcdo.
Melvin I. Martínez Almodóvar,1 quien solicitó que se le
permitiera
contestar
la
demanda
y
2002,
el
que
se
señalara
una
segunda vista.
El
31
de
enero
de
presentó
su
contestación.2
En
señor
ella
Cancel
alegó
que
Pagán
había
1
El licenciado Martínez Almodóvar prestó juramento como abogado el 2
de febrero de 1990, y como notario el 10 de mayo de 1990.
2
Aun cuando no surge del expediente moción de renuncia alguna, esta
contestación fue presentada por el Lcdo. Nelson Vélez Lugo.
CP-2008-0019
adquirido
3
la
propiedad
inmueble
objeto
del
pleito
de
desahucio mediante una escritura de compraventa otorgada
por las partes el 9 de junio de 2001.
Así las cosas, el 1 de febrero de 2002, se celebró
una segunda vista.
Ese día el señor Cancel Pagán también
compareció
representado
por
el
licenciado
Martínez
Almodóvar.
En esta vista las partes solicitaron que el
procedimiento se convirtiera en uno ordinario y que se
consolidara con una acción de reivindicación y de nulidad
de escritura de compraventa que el señor Cancel Rosado
había
presentado
el
5
de
diciembre
de
2001.
En
esta
segunda reclamación el señor Cancel Rosado adujo que el
licenciado Martínez Almodóvar obvió dar fe de la entrega
del precio de compraventa y que en unión al señor Cancel
Pagán
incurrió
en
conducta
dolosa
con
el
propósito
de
apropiarse ilegalmente del inmueble objeto del contrato de
compraventa.3
Ambos pleitos fueron consolidados.
Luego de los trámites procesales de rigor, el 14 de
febrero de 2006, el Tribunal de Primera Instancia dictó
sentencia.
En ella, aparte de desestimar sub silentio
todas las alegaciones vertidas en contra del licenciado
Martínez Almodóvar, el foro primario declaró Con Lugar las
acciones
3
de
desahucio
y
de
reivindicación
como
también
En específico, en esta reclamación sobre reivindicación y nulidad de
contrato, se incluyó también como codemandado al licenciado Martínez
Almodóvar.
En su contra se alegó que al otorgar la escritura de
compraventa, objeto de ambos pleitos, obvió dar fe del precio de
compraventa y que, junto con el codemandado señor Cancel Pagán,
incurrió en conducta dolosa cuyo fin era apropiarse ilegalmente del
inmueble objeto del contrato de compraventa.
CP-2008-0019
decretó
4
la
nulidad
de
ésta
de
adolecer
la
escritura
de
compraventa
consentimiento
y
por
causa.
Consecuentemente, condenó al señor Cancel Pagán al pago de
las rentas atrasadas.
Inconformes con esta determinación, el señor Cancel
Pagán
acudió
confirmó
el
ante
el
dictamen
Tribunal
de
emitido
por
Apelaciones,
el
foro
quien
primario.
Inconforme aún, el señor Cancel Pagán presentó un recurso
de
certiorari
recurso,
el
ante
10
de
este
Tribunal.
noviembre
de
Analizado
2006,
dicho
emitimos
una
resolución en donde lo declaramos No Ha Lugar y, además,
le
referimos
el
caso
a
Inspección
de
Notarías,
investigara
y
rindiera
la
en
un
Directora
de
adelante
informe
la
Oficina
de
ODIN,
para
que
sobre
la
conducta
profesional del licenciado Martínez Almodóvar.
En
cumplimiento
con
nuestra
encomienda,
el
17
de
agosto de 2007, la ODIN presentó un escrito intitulado
Comparecencia Especial.
En dicho escrito informó, entre
otras cosas, que de los documentos referidos se desprendía
que al momento de otorgarse la escritura de compraventa el
señor Cancel Rosado se encontraba incapacitado y senil por
padecer de Alzheimer.
A esos efectos, la ODIN indicó que
el licenciado Martínez Almodóvar actuó en común acuerdo
con el señor Cancel Pagán para defraudar al señor Cancel
Rosado.
El 13 de diciembre de 2007, emitimos otra resolución.
En ella le referimos el asunto al Procurador General para
CP-2008-0019
5
que presentara la querella correspondiente en contra del
licenciado
Martínez
Almodóvar.
Así
septiembre
de
2008,
el
Procurador
General
ella
le
imputó
querella.
En
al
pues,
el
9
de
presentó
una
licenciado
Martínez
Almodóvar la comisión de los siguientes cargos:
Primer Cargo: el licenciado Martínez Almodóvar
violó la fé pública notarial al otorgar un
documento público en donde uno de los otorgantes
estaba incapacitado de dar su consentimiento y
en donde no hubo causa para el negocio de la
compraventa.
Segundo Cargo: el licenciado Martínez Almodóvar
violentó los principios enunciados en el Canon
35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX,
C.35, al otorgar un documento público ausente de
consentimiento y causa, por ende simulado.
El
consignar hechos que no son ciertos en el
documento anulado por el Tribunal de Primera
Instancia atenta contra el deber de sinceridad y
honradez del notario.
Tercer Cargo: el licenciado Martínez Almodóvar
violentó los principios contenidos en el Canon
38 de Ética Profesional, supra, al no esforzarse
al máximo de su capacidad en la exaltación del
honor y la dignidad de la profesión que
practica.
Esto al consignar en un documento
notarial hechos falsos.
Vista la querella sometida por el Procurador General
y la contestación presentada por el licenciado Martínez
Almodóvar,
el
30
de
enero
de
2009,
emitimos
otra
resolución en la cual nombramos a la Lcda. Eliadis Orsini
Zayas
como
Comisionada
Especial.
Ello
para
que,
en
presencia de las partes, recibiera prueba y nos rindiera
un
informe
con
sus
determinaciones
de
hechos
y
las
recomendaciones que estimara pertinente.
Luego de celebrar múltiples vistas sobre el asunto y
una
inspección
ocular,
el
1
de
diciembre
de
2009,
la
CP-2008-0019
6
Comisionada Especial rindió su informe.
En dicho informe
concluyó
mediante
que
no
se
había
demostrado,
prueba
clara, robusta y convincente, que el licenciado Martínez
Almodóvar
hubiese
incurrido
en
la
conducta
impropia
imputada en la querella.
Sin embargo, la Comisionada añadió que el licenciado
Martínez Almodóvar sí había incurrido en conducta impropia
distinta a la imputada, la cual iba en contrario a la
Regla 5 del Reglamento Notarial,4 y los cánones 35 y 38 de
Ética
Profesional.5
A
esos
efectos,
expresó
que
del
expediente de autos y de la prueba desfilada ante ella se
desprendía claramente que el licenciado Martínez Almodóvar
había comparecido en dos (2) ocasiones como representante
legal
del
descritos
señor
luego
Cancel
de
Pagán
fungir
como
en
los
notario
pleitos
y
antes
otorgar
escritura de compraventa objeto de ambos pleitos.
la
Además,
la Comisionada indicó que en la referida escritura pública
se habían incluido hechos que no eran ciertos.
Posteriormente,
el
licenciado
Martínez
Almodóvar
presentó su contestación al informe de la Comisionada.
En
su contestación, el querellado aceptó en su totalidad el
referido informe por entender que era uno “equilibrado,
ponderado
y
ecuánime”.
Por
ello,
contando
con
comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.
4
4 L.P.R.A. Ap. XXIV, R.5.
5
4 L.P.R.A. Ap. IX, C.35, C.38.
la
CP-2008-0019
7
II
Como
notario
principio
está
rector
del
inexorablemente
Derecho
Notarial
vinculado
al
todo
estricto
cumplimiento de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A.
§ 2001 et seq., y los Cánones de Ética Profesional, 4
L.P.R.A.
Ap.
fuentes
de
IX.
Su
inobservancia
obligaciones
y
con
una
deberes
de
estas
implica
–
ineludiblemente- la acción disciplinaria correspondiente;
no
sólo
en
su
función
como
notario
sino
también
como
abogado.
In re: Capestany Rodríguez, 148 D.P.R. 728, 733
(1999).
“Esto
condición
de
es
así
ya
abogado[,]
que
se
en
el
funden
notario,
dos
(2)
esenciales en la administración de la justicia”.
primera
de
profesional
ellas,
del
la
que
Derecho,
surge
lo
de
su
instruye
por
facetas
Íd.
condición
en
la
su
La
como
técnica
jurídica y capacita para dar consejos y servir de guía a
todo interesado.
“La segunda faceta, la de notario, lo
convierte en un funcionario público investido de autoridad
y con capacidad autenticadora y legalizadora en el plano
de las relaciones privadas”.
Íd.
Además, esta segunda
faceta impone a los actos que dicho notario “ve y oye –
vidit et audit- una eficacia autenticadora cubierta con
una presunción de veracidad, producto neto que parte del
supuesto de un leal de los requisitos y las formalidades
de ejercer con fidelidad su encomienda”.
734.
Íd., págs. 733-
Véase, además, In re: Colón Muñoz, 131 D.P.R. 121
(1992); In re: Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005 (1991).
CP-2008-0019
8
A. Fe Pública Notarial
El Artículo 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4
L.P.R.A. § 2002, consagra el principio de la fe pública
notarial.
Dicho artículo dispone lo siguiente:
El notario es el profesional de Derecho que
ejerce una función pública, autorizado para dar
fe y autenticidad conforme a las leyes de los
negocios jurídicos y demás actos y hechos
extrajudiciales que ante él se realicen, sin
perjuicio
a
lo
dispuesto
en
las
leyes
especiales. Es su función recibir e interpretar
la voluntad de las partes, dándole forma legal,
redactar las escrituras y documentos notariales
a tal fin y conferirle autoridad a los mismos.
La fe pública al notario es plena respecto a los
hechos que, en el ejercicio de su función
personalmente ejecute o compruebe y también
respecto a la forma, lugar, día y hora de
otorgamiento. 4 L.P.R.A. § 2002.
La fe pública notarial de la cual están investidos
todos los notarios constituye la espina dorsal de nuestro
sistema notarial.
In re: Rivera Aponte, 169 D.P.R. 738,
741 (2006); In re: Tejada Rivera I, 155 D.P.R. 175, 180
(2001); In re: Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 275 (1986).
Ésta le confiere al notario que la ejerce un carácter
dual: (a) en la esfera de los hechos, la exactitud de lo
que el notario ve, oye o percibe por sus sentidos; y (b)
en la esfera del Derecho, autenticidad y fuerza probatoria
a
las
declaraciones
de
voluntad
de
las
partes
en
el
instrumento público redactado conforme a su juicio sobre
los preceptos del ordenamiento jurídico para la validez y
eficacia
del
acto
o
contrato
formalizado,
identidad y capacidad de las partes.
y
sobre
la
4 L.P.R.A. Ap. XXIV,
CP-2008-0019
R.2.
9
Véanse, además, In re: Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005
(1991); In re: Cruz Cruz, 126 D.P.R. 448 (1990).
Más aun, por la importancia que tiene la fe pública
notarial dentro del tráfico de los bienes jurídicos, “el
notario
tiene
que
ser
en
extremo
cuidadoso
y
debe
desempeñar su ministerio con esmero, diligencia y estricto
celo profesional”.
277-278 (2001).
In re: Rivera Vázquez, 155 D.P.R. 267,
Véase, además, In re: González Maldonado,
152 D.P.R. 871 (2000).
documento
notarial
Ello, pues se presume que “un
avalado
por
la
dación
de
fe
brinda
confianza de que los hechos jurídicos y las circunstancias
que acredita el notario fueron percibidos y comprobados
con sus sentidos o ejecutados por él”.
Aponte,
supra,
págs.
supra, pág. 275.
741-742;
In
re:
In re: Rivera
Feliciano
Ruiz,
Véase, además, In re: Vera Vélez, 148
D.P.R. 1, 7 (1999).
Precisamente, es esta presunción de
veracidad y legitimidad la que brinda certeza, garantía y
eficacia al documento notarial.
Así pues, la fe pública notarial en nuestro sistema
jurídico es de tan alta magnitud e importancia que “no es
necesario
que
el
notario
intencionalmente
para
que
ella”.
In
re:
Rivera
falte
incurra
Vázquez,
a
la
una
violación
supra,
pág.
en
verdad
a
278.
Consecuentemente, “el notario que [intencionalmente o no]
falta a la verdad en el otorgamiento de un instrumento
público no sólo quebranta la fe pública notarial, sino que
socava la integridad de la profesión legal y viola su
CP-2008-0019
10
deber de ser sincero y honrado”, conforme a lo dispuesto
en
el
Canon
35
Véase,
además,
(2005)
(citando
Notarial
de
Ética
Feliciano
a
P.
Por
ello
Íd.,
pág.
277.
v.
D.P.R.
649,
658
Ross,
Malavet
Puertorriqueño,
1988).
Profesional.
Vega,
Santo
el
165
Manual
Domingo,
notario
Ed.
siempre
de
Derecho
Corripio,
tiene
que
circunscribirse a la verdad y actuar de conformidad con la
ley en todo momento.
Íd.
En cuanto a la obligación del notario de dar fe sobre
la capacidad de los otorgantes, el inciso (e) del Artículo
15
de
la
Ley
Notarial
de
Puerto
Rico
indica
que
la
escritura pública debe contener “la fe expresa del notario
…
de
que
a
su
juicio
éstos
tienen
necesaria
para
otorgar
el
o
trata…”.
4 L.P.R.A. § 2033(e).
encomienda,
el
notario
tiene
capacidad de las partes.
pág. 275.
acto
la
capacidad
contrato
de
legal
que
se
Así, en el descargo de su
el
deber
de
calificar
la
In re: Feliciano Ruiz, supra,
“La calificación de la capacidad viene impuesta
por la naturaleza y la finalidad del instrumento público:
se
trata
de
un
requisito
que
conceptual
y
lógicamente
viene impuesto ab initio para conseguir la eficacia del
documento
y
del
acto
documentado”.
E.
Giménez-Arnau,
Derecho Notarial, Pamplona, Eds. Univ. Navarra, 1976, pág.
527.
La capacidad de los otorgantes guarda correspondencia
lógica
con
el
consentimiento
de
los
requisito sine qua non de los contratos.
contratantes,
La regla general
CP-2008-0019
es
que
11
su
existencia
surja
con
la
comparecencia
y
presencia de la persona ante el notario, la excepción es
el mandato o poder.
276.
In re: Feliciano Ruiz, supra, pág.
A esos efectos, la profesora Torres Peralta, en su
obra sobre el Derecho Notarial Puertorriqueño, enuncia lo
siguiente:
Es indispensable dar fe de la capacidad legal de
los otorgantes, como requisito para proceder al
otorgamiento y autorización de un instrumento
publico.
La Ley requiere que el Notario haga
constar en la escritura que, a su juicio, los
otorgantes tienen la capacidad legal necesaria
para el otorgamiento del instrumento.
Tal
aseveración ha de estar basada en un juicio
informado y sabio, no en un acto caprichoso e
infundado de parte del Notario.
La aseveración que a ese efecto se haga en la
escritura pública estará basada en los dichos de
cada uno de los otorgantes
El Notario, no
obstante, tomará en cuenta el conocimiento que
tiene cada otorgante, así como su capacidad de
observación y de su percepción personal y si
necesario, la investigación que debe efectuarse
en las circunstancias.
Este requisito se
extiende, de igual manera, al compareciente
representante en una escritura pública en que
dicho otorgante comparezca como mandatario,
agente, apoderado o comisionista y en toda otra
capacidad representativa. S. Torres Peralta, El
Derecho Notarial Puertorriqueño, Ed. especial,
San Juan, Pubs. STP, Inc., 1995, sec. 8.27.
(Énfasis nuestro).
En Feliciano v. Ross, supra, pág. 658, expresamos que
“[e]s deber del notario que autoriza el otorgamiento de
una
escritura
hacer
las
averiguaciones
mínimas
que
requieren las normas de la profesión”.
Íd., citando a In
re:
(1994).
Peña
Clós,
135
D.P.R.
590,
601
En
ese
sentido, en In re: Davidson Lampón, 159 D.P.R. 448 (2003),
indicamos
que
debido
a
que
“la
función
del
notario
CP-2008-0019
trasciende
12
la
de
un
autómata
legalizador
de
firmas
y
penetra al campo de la legalidad de la transacción que
ante
él
se
concreta”,
al
autorizar
una
escritura
el
notario debe: (1) indagar la voluntad de los otorgantes;
(2) formular la voluntad indagada; (3) investigar ciertos
hechos y datos de los que depende la eficacia o validez
del
negocio;
y
(4)
darles
a
los
otorgantes
las
informaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para
que
comprendan
el
sentido,
así
como
los
efectos
y
consecuencias del negocio, y se den cuenta de los riesgos
que corren en celebrarlo.6
In re: Davidson Lampón, supra,
pág. 461, citando a Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 438
(1984).
Véase, además, Cintrón Ramos v. Borrás Marín, 144
D.P.R. 91 (1997).
B. Canon 35
El Canon 35 de Ética Profesional, supra, impone un
deber general de sinceridad y honradez sobre todos los
abogados admitidos a practicar la profesión legal.
In re:
Irizarry Vega, 2009 T.S.P.R. 132, 176 D.P.R. ___ (2009);
In re: Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998); In re:
Franco Rivera, Masini Soler, 134 D.P.R. 823 (1993).
A
esos efectos, el referido canon indica lo siguiente:
La conducta de cualquier miembro de la profesión
legal
ante
los
tribunales,
para
con
sus
representados y en relaciones con sus compañeros
debe ser sincera y honrada.
6
Sobre la obligación del notario en investigar los antecedentes
registrales del negocio jurídico que autoriza, véase Chévere v.
Cátala, supra, págs. 442-443, citando a P. Ávila Álvarez, Estudios de
Derecho Notarial, 4ta ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1973, págs. 402403; In re: Ramos Meléndez y Cabiya Ortiz, 120 D.P.R. 796 (1988).
CP-2008-0019
13
No es sincero ni honrado el utilizar medios que
sean inconsistentes con la verdad ni se debe
inducir
al
juzgador
a
error
utilizando
artificios o una falsa relación de los hechos o
del derecho.
Es impropio variar o distorsionar
las citas jurídicas, suprimir parte de ellas
para transmitir una idea contraria a la que el
verdadero contexto establece u ocultar alguna
que le es conocida.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los
hechos al examinar los testigos, al redactar
afidávit u otros documentos, y al presentar
causas.
El destruir evidencia documental o
facilitar
la
desaparición
de
evidencia
testifical en un caso también es altamente
reprochable. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35.
Como
es
sabido,
el
deber
general
contenido
en
el
Canon 35 de Ética Profesional, supra, se exige en aras de
preservar el honor y la dignidad de la profesión, ya que
el
compromiso
del
abogado
incondicional e ineludible.
con
la
verdad
es
uno
In re: Irizarry Vega, supra,
pág. 5; In re: Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006).
Conforme
a
ello,
hemos
atributo
inseparable
expresado
es
un
ésta,
la
profesión jurídica no podría justificar su existencia.
In
del
ser
que
la
verdad
abogado,
y
sin
re: Irizarry Vega, supra, pág. 5; In re: Busó Aboy, 166
D.P.R. 49 (2005).
En específico, en cuanto a la práctica notarial se
refiere, en In re: Tejada Rivera I, supra, afirmamos “que
cualquier hecho aseverado en un instrumento público por un
notario
que
no
concuerde
con
la
verdad
constituye
una
violación al Canon 35 del Código de Ética Profesional,
supra, independientemente de si hubo intención de faltar a
la verdad”.
In re: Tejada Rivera I, supra, pág. 182,
CP-2008-0019
14
citando a In re: Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790 (2000).
Véase, además, In re: Machargo Barreras, 161 D.P.R. 364,
372 (2004).
C. Canon 38
El Canon 38 de Ética Profesional, supra, impone sobre
todos los abogados admitidos a ejercer la profesión legal
el deber de esforzarse al máximo para exaltar el honor y
dignidad de su profesión.
En lo pertinente, dicho Canon
indica que todo “abogado deberá esforzarse, al máximo de
su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su
profesión,
aunque
el
así
hacerlo
conlleve
sacrificios
personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta
impropia…”.
4
L.P.R.A.
Ap.
IX,
C.38.
In
re:
Colón
Ramery, 133 D.P.R. 555, 562 (1993); In re: Meléndez Pérez,
104 D.P.R. 770, 772 esc. 1 (1976); In re: Cancio Sifre,
106 D.P.R. 386, 398-399 (1977); In re: Rojas Lugo, 114
D.P.R. 687, 691 (1983); In re: Roldán Figueroa, 106 D.P.R.
4 (1977).
Cónsono
con
lo
anterior,
hemos
resuelto
que
“la
responsabilidad moral y ética que rigen nuestra ilustre
profesión,
obliga
a
todo
abogado
comportamiento continuamente”.
2009
T.S.P.R.
reiteramos
con
109,
176
ímpetu
examinar
su
In re: Rodríguez Vázquez,
D.P.R.
que
a
“los
___.
En
abogados
ese
son
sentido,
el
espejo
donde se refleja la imagen de la profesión, por tal razón,
éstos
deben
actuar
con
el
más
escrupuloso
sentido
de
responsabilidad que impone la función social que ejercen”.
CP-2008-0019
15
In re: Rodríguez Vázquez, supra; In re: Quiñones Ayala,
165 D.P.R. 138 (2005).
D. Quantum de Prueba
En In re: Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001)
(adoptando
el
criterio
establecido
en
P.P.D.
v.
Admor.
Gen. De Elecciones, 111 D.P.R. 199 (1981)), resolvimos que
el
quantum
de
disciplinarios
prueba
es
uno
requerido
de
“prueba
en
los
clara,
procesos
robusta
y
convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base
de conjeturas”.
In re: Caratini Alvarado, supra, pág.
585; P.P.D. v. Admor. Gen. De Elecciones, supra, pág. 227.
Así,
aunque
“el
referido
estándar
de
prueba
no
es
susceptible de una definición precisa, la prueba clara,
robusta
y
evidencia
convincente
ha
sido
que
en
el
produce
descrita
juzgador
como
de
aquella
hechos
una
convicción duradera de que las contenciones fácticas son
altamente
probables”.
In
re:
Rodríguez
Mercado,
165
D.P.R. 630, 641 (2005); Colorado v. New Mexico, 467 U.S.
310, 316 (1983).
Véase, además, 2 McCormick on Evidence
Sec. 340, pág. 425 (5ta ed. 1999).
Conforme a lo anterior, hemos resuelto que en los
procedimientos
disciplinarios
la
carga
probatoria
requerida es una más acuciosa que el quantum de prueba
requerido en los procedimientos civiles ordinarios, “ya
que
en
estos
procesos
está
en
juego
el
título
de
un
abogado y, por ende, su derecho fundamental a ganarse su
sustento”.
In
re:
Rodríguez
Mercado,
supra,
pág.
641
CP-2008-0019
16
(citando a In re: Caratini Alvarado, supra, pág. 585).
Por
ello,
podemos
concluir
que
el
estándar
de
prueba
clara, robusta y convincente es más alto y sólido que el
de
preponderancia
de
la
prueba,
pero
menos
exigente
riguroso que el de prueba más allá de duda razonable.
re: Rodríguez Mercado, supra, pág. 641.
y
In
Véase, además, In
re: Soto López, 135 D.P.R. 642, (1994).
E. Debido Proceso de Ley
El debido proceso de ley, en su vertiente procesal,
le impone al Estado la obligación de garantizar que la
interferencia con el interés propietario o libertario del
individuo
se
realice
equitativo
que
mediante
respete
la
un
procedimiento
dignidad
de
los
justo
y
individuos.
Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, 133 D.P.R. 881,
887-888
(1993).
Los
abogados
tienen
un
interés
propietario en el ejercicio de la profesión legal.
In re:
Ríos Ríos, 2008 T.S.P.R. 186, pág. 20, 175 D.P.R. ___
(2008).
Véase además, In re: Ruffalo, 390 U.S. 544, 550
(1968).
Por ello, los abogados son acreedores de las
garantías
de
procedimientos
licencia.
un
debido
proceso
disciplinarios
en
de
ley
en
aquellos
que
esté
en
juego
su
Íd.
Como
es
sabido,
las
exigencias
mínimas
del
debido
proceso de ley incluyen el ser notificado adecuadamente de
los cargos en su contra, la oportunidad de ser oído, y el
derecho
a
contrainterrogar
y
a
examinar
la
prueba
documental y material presentada por la parte contraria.
CP-2008-0019
17
In re: Ríos Ríos, supra, pág. 20; Salva Santiago v. Torres
Padro, 171 D.P.R. 332, 343 (2007).
Véase además, Rivera
Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, supra, pág. 889.
De
conformidad
Reglamento
reconoce
del
un
con
lo
Tribunal
anterior,
Supremo,
procedimiento
de
la
en
Regla
su
14
inciso
notificación
al
cuando se presenta una querella en su contra.7
del
(f),
abogado
4 L.P.R.A.
Ap. XXI-A, R.14(f).
Cuando ello ocurre, el Secretario
entra
en
la
querella
el
libro
de
presentaciones
correspondiente e inmediatamente expide un mandamiento al
abogado involucrado.
4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14.
En
éste, se le requiere al abogado que conteste la querella
dentro de los quince (15) días de su notificación.
El
Alguacil procede entonces a notificar la querella y el
mandamiento.
Además,
cuando
no
es
posible
notificar
personalmente al querellado, el Alguacil tiene el deber de
informar tal hecho al Tribunal.
Íd.
En ese caso, el
Tribunal puede “ordenar que se le notifique dejando los
documentos
trabajo,
en
en
su
un
oficina,
sobre
con
durante
su
horas
debida
regulares
dirección”.
de
Íd.
Cuando no se puede notificar de esta forma, el Secretario
notifica al abogado por correo certificado con acuse de
recibo a la dirección que obra en el Registro de Abogados
del Tribunal.
7
Dicha notificación es suficiente para todos
El inciso (j) de la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo
también reconoce que la parte querellada tendrá derecho a confrontar a
los testigos en su contra durante la vista; contrainterrogarlos;
examinar prueba documental o material que se presente en su contra;
presentar testigos; y presentar prueba documental y material a su
favor, entre otros. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14(j).
CP-2008-0019
los
18
efectos
del
Reglamento
carta sea devuelta.8
de
este
Tribunal
aunque
la
Íd.
Por su parte, en In re: Ruffalo, 390 U.S. 544 (1968),
el
Tribunal
Supremo
expresamente,
de
que
Estados
durante
Unidos
los
reconoció,
procedimientos
disciplinarios un abogado tiene el derecho constitucional
al debido proceso de ley.
doce
(12)
cargos
querella.
En esta ocasión se le imputaron
disciplinarios
al
mediante
día
la
Sin
embargo,
al
disciplinaria
la
Junta
Comisionados
Disciplina
Ohio
de
de
añadió
un
tercer
abogado
cargo
de
sobre
número
vista
Quejas
trece
y
(13),
basado, exclusivamente, en información obtenida durante la
vista
evidenciaria.
Íd.,
pág.
546.
El
abogado
fue
suspendido de la práctica legal debido, en parte, al cargo
número trece (13).
El Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció que
los procedimientos disciplinarios instados en contra de
los abogados no son de naturaleza civil ni penal, sino que
se
trata
de
procedimientos
de
naturaleza
cuasi-penal.
Íd., pág. 551.
Así, luego de evaluar detenidamente las
circunstancias
del
caso,
concluyó
que
el
abogado-
querellado no fue notificado adecuadamente del nuevo cargo
y que, como parte del debido proceso de ley, el abogado
tenía derecho a una notificación adecuada de ese cargo el
8
Íd. La Regla 14(g) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A.
Ap. XXI-A, R. 14(g), dispone que las querellas presentadas por el
Procurador General y por el Colegio de Abogados de Puerto Rico,
también deben cumplir con el mencionado proceso de notificación.
CP-2008-0019
cual
19
fue
identificado
disciplinario.
luego
de
iniciado
el
trámite
Íd.
En In re: Roca Rosselli, 164 D.P.R. 380 (2005), sin
embargo,
adoptamos
una
postura
distinta.
En
aquella
ocasión, el Procurador General presentó una querella en
contra
de
un
abogado
violentado
los
principios
contenidos
en
el
Canon
18
IX,
C.18.
Así,
L.P.R.A.
Ap.
Especial
quien
imputándole,
celebró
de
diligencia
de
una
únicamente,
Ética
información
Profesional.
nombramos
vista
e
haber
un
para
4
Comisionado
dilucidar
la
querella.
Luego de celebrada la vista, el Comisionado Especial
sometió su informe.
Concluyó que, “a pesar de que el
Procurador General tan sólo imputó al licenciado Roca una
violación al Canon 19 [sic], [4 L.P.R.A. AP. IX, C.19], la
conducta
imputada
Canon 18 [sic]”.
por
el
también
[configuró]
prohibiciones
al
Ello, debido a que el cargo presentado
Procurador
“quedó
enmendado
presentada por el propio querellado”.
por
la
prueba
Íd., págs. 385-386.
Evaluadas las circunstancias ante nos, acogimos los
planteamientos del Comisionado Especial y resolvimos que
el
abogado-querellado
incurrió
en
conducta
impropia
contraria a los Cánones 18 y 19 de Ética Profesional,
supra.
imputada
Ello, aun cuando la violación al Canon 19 no fue
en
presentada
la
en
querella
sino
la
celebrada
vista
que
surgió
por
de
el
la
prueba
Comisionado
CP-2008-0019
20
Especial.9
Sin embargo, en aquel entonces no discutimos si
dicho proceder era contrario al debido proceso de ley y a
la norma pautada en In re: Ruffalo, supra.
Posteriormente, en In re: Marini Román, 165 D.P.R.
801
(2005),
resolvimos
que
el
querellado
incurrió
en
conducta impropia contraria a los dos (2) cargos imputados
en
la
querella,
los
cuales
estuvieron
basados
en
el
Criterio General de los deberes de los abogados para con
los tribunales y el Canon 35.
Además, indicamos que dicha
conducta también era contraria al Canon 18, supra, a pesar
que dicha violación no había sido imputada en la querella
presentada por el Procurador General sino que surgió de la
prueba desfilada ante la Comisionada Especial.
En apoyo a
nuestra conclusión citamos la norma esbozada en In re:
Roca Rosselli, supra.
In re: Marini Román, supra, pág.
812.10
Ahora bien, recientemente, en In re: Pérez Riveiro,
2010 T.S.P.R. 230, 180 D.P.R. ___ (2010), revocamos la
norma adoptada In re: Roca Roselli, supra.
enfatizamos
que
“la
práctica
de
Al así hacerlo
enmendar
la
querella
tácitamente a base de la prueba presentada para sancionar
a
un
abogado
Profesional
que
por
no
violaciones
fueron
al
imputadas
Código
en
la
de
Ética
querella
es
9
El Juez Asociado señor Rivera Pérez disintió sin opinión escrita pero
expresó que no era procedente disciplinar al querellado por la
violación al Canon 19 pues no se presentó cargo alguno por el
Procurador General “y porque, por imperativo del debido proceso de
ley, estamos impedidos de hacerlo”. In re: Roca Roselli, 164 D.P.R.
380, 389 (2005).
10
Los Jueces Asociados señor Rivera Pérez y señor Fuster Berlingeri no
intervinieron. Íd., pág. 817.
CP-2008-0019
incompatible
21
con
la
naturaleza
de
los
procedimientos
disciplinarios de los abogados y viola el debido proceso
de ley”.
In re: Pérez Riveiro, supra, pág. 8.
Como consecuencia de lo anterior, entendimos que no
procedía imponerle sanciones disciplinarias al querellado
por los cargos imputados que surgieron durante el trámite
procesal de la querella, pues ello implicaba “negarle la
oportunidad
que
[el
querellado]
por
derecho
tiene
a
preparar una defensa adecuada e impedirle, asimismo, velar
por su sustento”.
Íd., pág. 9.
Aclaramos, sin embargo,
que “nada de ello impedía que, de considerarlo apropiado,
le ordenáramos al Procurador General investigar la nueva
información recibida por el Comisionado para determinar si
debe
presentarse
procedimiento
una
nueva
disciplinario
queja
separado,
que
en
inicie
el
un
cual
el
abogado tenga la oportunidad de defenderse y traer prueba
a
su
favor
con
relación
a
considerada originalmente”.
la
conducta
distinta
a
la
Íd., págs. 9-10.
No obstante lo anterior, la norma esbozada en In re:
Pérez
Riveiro,
supra,
no
debe
ser
catalogada
como
irrestricta.
“[El] debido proceso de ley se satisface
siempre
se
que
oportunidad
le
de
provea
responder
y
al
abogado
defenderse
querellado
de
los
la
cargos
imputados y notificados, así como de las teorías en las
que se basen”.
Íd., pág. 7 (citando a Zauderer v. Office
of Disciplinary Counsel, 471 U.S. 626, 654-655 (1985)).11
11
(Énfasis nuestro).
CP-2008-0019
Así,
22
aclaramos
que
cuando
del
expediente
bajo
estudio
surja que -en cuanto a la conducta impropia identificada
luego
de
iniciado
el
procedimiento
disciplinario-
al
abogado-querellado se le ha (1) notificado adecuadamente
de
la
conducta
impropia
adicional;
(2)
brindado
la
oportunidad de presentar prueba a su favor; (3) permitido
examinar
la
prueba
contrainterrogar
contraria,
el
presentada
los
testigos
Tribunal
en
su
contra
presentados
podrá,
si
lo
por
estima
y
la
(4)
parte
apropiado,
evaluar y atender dichas alegaciones adicionales.
así
protegeremos
constitucionales
efectivamente
del
las
Sólo
garantías
abogado-querellado
y
no
se
menoscabará su oportunidad de preparar adecuadamente su
defensa ni se le impedirá velar por su sustento.
En
otras
procedimiento
impropia
palabras,
si
disciplinario
adicional
a
la
durante
se
imputada
el
trámite
identifica
ésta
no
de
un
conducta
podrá
ser
dirimida dentro de ese mismo procedimiento disciplinario.
In re: Pérez Riveiro, supra.
En estas instancias, como
norma general, el Tribunal deberá ordenarle al Procurador
General investigar la nueva conducta para que determine si
debe
presentarse
procedimiento
una
nueva
disciplinario,
queja
que
separado
inicie
y
un
nuevo
distinto
al
procedimiento en donde la conducta adicional impropia fue
identificada.
Así,
el
abogado-querellado
tendrá
la
oportunidad de defenderse y traer prueba a su favor en
relación a la conducta impropia adicional.
CP-2008-0019
23
Ahora bien, a modo de excepción, en las instancias en
donde
el
expediente
ante
la
consideración
del
Tribunal
refleje que en cuanto a la conducta impropia adicional al
querellado se le han salvaguardado todas las garantías que
emanan del debido proceso de ley, el Tribunal podrá -si lo
estima
apropiado-
adicional
dentro
evaluar
del
mismo
y
atender
dicha
procedimiento
conducta
disciplinario,
sin necesidad de referirla al Procurador General.
así
protegeremos
constitucionales
del
efectivamente
las
Sólo
garantías
abogado-querellado
y
no
se
menoscabará su oportunidad de preparar adecuadamente su
defensa ni se le impedirá velar por su sustento.
F. Regla 5 del Reglamento Notarial
Como
norma
Notarial,
4
notarios
están
general,
L.P.R.A.
Ap.
impedidos
la
Regla
XXIV,
R.5,
de
5
del
Reglamento
establece
representar
que
legalmente
los
a
cualquiera de las partes otorgantes en un pleito posterior
mediante el cual se reclamen las prestaciones contenidas
en
el
documento
otorgado
ante
dicho
notario.
En
lo
pertinente al caso que nos ocupa, dicha regla indica lo
siguiente:
La práctica de la profesión de abogado puede ser
en
algunas
ocasiones
incompatible
con
la
práctica de la notaría.
El notario autorizante de un documento público
está impedido de actuar posteriormente como
abogado de una de las partes otorgantes para
exigir
en
un
litigio
contencioso
las
contraprestaciones
a
que
se
haya
obligado
cualquier otra parte en el documento otorgado
ante él.
CP-2008-0019
24
El notario está impedido de representar como
abogado
a
un
cliente
en
la
litigación
contenciosa y, a la vez, servir de notario en el
mismo caso por el posible conflicto de intereses
o incompatibilidades que puedan dimanar del
mismo.
4 L.P.R.A. Ap. XXIV, R.5.
(Énfasis
nuestro).
La
prohibición
Reglamento
establecida
Notarial,
livianamente.
supra,
por
no
la
Regla
debe
ser
5
del
tomada
Su propósito es, entre otros, proteger la
apariencia profesional de los notarios y evitar que su
conducta como depositario de la fe pública notarial sea
maculada por escepticismos de impropiedad y desconfianza.
In re: Rojas Lugo, 114 D.P.R. 687 (1983); In re: Colón
Ramery, 133 D.P.R. 555 (1995).
En armonía con lo anterior, en In re: Colón Ramery,
supra,
resolvimos
que
“un
abogado-notario
judicialmente
en
representación
otorgantes
de
un
de
una
documento,
de
para
que
reclama
las
partes
exigir
la
contraprestación a la que se obligó la otra parte en el
documento, da la falsa impresión de que siempre estuvo
parcializado con la parte en representación de la cual
reclama”.
práctica
Íd., pág. 567.
estaríamos
Añadimos que de permitirse tal
ocasionándole
un
grave
daño
a
la
institución del notariado, a la fe pública notarial
y,
sobre todo, a la confianza que ha sido depositada en la
profesión.
Íd.
Posteriormente, en In re: Colón Ramery, 138 D.P.R.
793
(1995)
(en
reconsideración),
aclaramos
que
la
prohibición antes esbozada no aplica a las acciones ex
CP-2008-0019
25
parte, a menos que ello esté expresamente prohibido por
ley o doctrina jurisprudencial.
Íd., pág. 798.
Añadimos
que dicha normativa era una “consecuencia lógica del hecho
de
que,
por
su
carácter
procedimientos
no
existe
no
la
contencioso,
apariencia
en
de
dichos
parcialidad
impropia…” pues “los procedimientos ex parte tienen como
propósito dar validez jurídica a actos y manifestaciones
consensuales de la voluntad privada”.
Escobar
De
la
Riva,
Tratado
de
Marfil, S.A., 1957, págs. 27-28.
Íd., citando a E.
Derecho
Notarial,
Ed.
De igual forma, y bajo
fundamentos similares, en In re: Matos Bonet, 153 D.P.R.
296 (2001), resolvimos que los notarios están impedidos de
otorgar documentos públicos relativos a propiedades que
sean objeto de los litigios en los cuales participan como
abogados.
Íd., pág. 301.
III
Como
mencionáramos
el
anteriormente,
la
en
contra
del
en
por
licenciado
Martínez
Almodóvar
se
le
imputó
incurrir
conducta
impropia
constitutiva
de
tres
(3)
Ante
esta
General
querella
presentada
disciplinarios.
Procurador
en
situación,
la
cargos
Comisionada
Especial rindió un informe y concluyó que no se presentó
prueba
clara,
conducta
robusta
razón.
profesional
y
convincente
impropia
que
imputada.
sustentara
la
Le
la
asiste
Veamos.
En cuanto al primer cargo, violación de la fe pública
notarial
debido
a
que
el
señor
Cancel
Rosado
estaba
CP-2008-0019
26
incapacitado
para
otorgar
la
escritura
de
compraventa,
surge del expediente de autos que el 25 de abril de 2001,
tan solo cuarenta y cinco (45) días antes de otorgar la
escritura de compraventa, el señor Cancel Rosado otorgó un
testamento abierto ante la notario Mónica Alpi Figueroa.
Éste no ha sido impugnado ni anulado.
A esos efectos, durante las vistas celebradas por la
Comisionada
Especial,
testificó
que
testamento
abierto
todas
duda
de
las
fueron
señor Cancel Rosado.
menor
la
que
licenciada
gestiones
Alpi
para
diligenciadas
Figueroa
otorgar
por
el
el
propio
Añadió que a su juicio no tenía la
él
estaba
en
plena
importar que estaba en silla de ruedas.
capacidad,
sin
Ello, porque, a
parte de conocerlo personalmente, durante el otorgamiento
del
testamento
asuntos
del
ella
le
hizo
preguntas
presente
y
pasado,
a
las
sobre
cuales
temas
el
y
señor
Cancel Rosado respondió correctamente.
Igualmente, surge del expediente que días antes de
otorgarse
la
referida
escritura
de
compraventa
el
licenciado Martínez Almodóvar acudió a la residencia del
señor
Cancel
Rosado
para
afinar
los
pormenores
compraventa y pudo percatarse de su capacidad.
de
la
Así, nos
indica la Comisionada Especial, que el querellado observó,
mientras el señor Cancel Rosado leía un viejo periódico
regional de La Parguera, como éste le comentaba con gran
precisión sobre varios errores contenidos en el artículo,
el cual trataba sobre el origen de la familia Cancel del
CP-2008-0019
Poblado.
27
En específico, el señor Cancel Rosado le indicó
al querellado, entre otras cosas, que el artículo estaba
errado porque indicaba que la familia Cancel había llegado
al Poblado como pescadores, cuando la realidad era que
habían
llegado
preguntas
como
del
cuidadores
licenciado
de
Martínez
cerdos.
Además,
Almodóvar,
el
a
señor
Cancel Rosado expresó que tenía interés en venderle la
propiedad al señor Cancel Pagán porque no tenía hijos y
éste había ayudado mucho a sus sobrinos.
Lo anterior, en unión a la totalidad de la prueba
testifical y documental examinada, nos lleva a la misma
conclusión alcanzada por la Comisionada Especial: durante
el
procedimiento
disciplinario
de
autos
no
se
presentó
prueba clara, robusta y convincente tendente a demostrar
la conducta impropia imputada en el primer cargo.
El
licenciado
a
efectuar
Martínez
una
Almodóvar
investigación
no
estaba
exhaustiva
y
obligado
pormenorizada
sobre la capacidad y trasfondo mental del señor Cancel
Rosado.
Cintrón
Ramos
v.
Registrador,
144
D.P.R.
91
(1997); In re: Caratini Alvarado, supra, pág. 583; In re:
Machargo Barreras, supra, pág. 370-371; Feliciano v. Ross,
supra, págs. 658-659.
Más bien, de un análisis integral
de la jurisprudencia antes señalada, el querellado -como
custodio
de
la
fe
pública
notarial-
estaba
obligado
a
hacer las averiguaciones mínimas necesarias que requieren
las
normas
de
la
profesión
para
quedar
plenamente
convencido de la capacidad de los otorgantes.
Entendemos,
CP-2008-0019
28
pues, que el licenciado Martínez Almodóvar, al actuar como
lo hizo y presentarse días antes en la casa del señor
Cancel Rosado para detallar los pormenores de la referida
escritura
de
compraventa
y
corroborar
violó la fe pública notarial.
su
capacidad,
no
Su juicio y dación de fe
sobre la capacidad del señor Cancel Rosado fue celosamente
ejercida.
Véase,
además,
Regla
32(5)
del
Reglamento
Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, R.32(5).
A igual conclusión llegamos en cuanto a la conducta
profesional
cargo.
impropia
imputada
en
el
segundo
y
tercer
Ambos cargos gravitan sobre las alegaciones de
fraude intencional vertidas por el señor Cancel Rosado en
la demanda sobre reivindicación y nulidad de escritura de
compraventa en contra del licenciado Martínez Almodóvar.
Éstas
fueron
desestimadas
sub
silentio
en
la
sentencia
dictada por el Tribunal de Primera Instancia, la cual fue
confirmada posteriormente por el Tribunal de Apelaciones.
Sin embargo, lo anterior no dispone completamente del
asunto disciplinario ante nuestra consideración.
considerar
si
procede
o
no
imponerle
Resta
sanciones
disciplinarias al licenciado Martínez Almodóvar por las
alegadas violaciones a la Regla 5 del Reglamento Notarial,
supra,
y
a
los
Cánones
supra,
identificadas
35
y
38
de
Ética
durante
el
trámite
Profesional,
disciplinario
instado en su contra, y si dicha imposición es contraria
al debido proceso de ley.
CP-2008-0019
29
De ordinario, conforme la norma pautada en In re:
Pérez
Riveiro,
identificada
supra,
durante
el
conducta
profesional
transcurso
de
un
impropia
procedimiento
disciplinario no debe ser objeto de sanción disciplinaria
dentro de ese mismo procedimiento. Íd., pág. 9.
Ahora
bien, las circunstancias particulares del caso de autos
ameritan que apliquemos la excepción antes esbozada.12
Nos
explicamos.
Como
hemos
mencionado,
durante
el
procedimiento
disciplinario de autos la Comisionada Especial identificó
conducta impropia adicional a la imputada en la querella,
la
cual
se
aduce
que
es
contraria
a
la
Regla
5
del
Reglamento Notarial, supra, y a los Cánones 35 y 38 de
Ética Profesional, supra.
A esos efectos, la Comisionada
Especial aclaró en su informe, en cuanto a la conducta
impropia adicional, que las garantías constitucionales que
cobijan al querellado fueron debidamente salvaguardadas y
que durante el transcurso del procedimiento disciplinario
al
querellado
se
le
informó
adecuadamente
sobre
el
hallazgo de dicha conducta adicional y se le concedió la
oportunidad de expresarse, de presentar prueba a su favor
y de impugnar la prueba ofrecida en su contra.
Véase,
Informe de la Comisionada Especial, págs. 34-35.
12
Nos llama la atención que en la Opinión Disidente emitida por
nuestra compañera Jueza Asociada señora Fiol Matta no se haya
mencionado referencia alguna sobre la circunstancia medular que movió
a este Tribunal a pautar y aplicar la excepción antes mencionada: el
querellado Martínez Almodóvar no impugnó de forma alguna el informe
rendido por la Comisionada Especial; por el contrario, lo catalogó
como un informe equilibrado, ponderado y ecuánime. Ello, en unión a
los hallazgos y conclusiones de la Comisionada Especial, inclinó la
balanza a favor del resultado aquí alcanzado.
CP-2008-0019
30
Más aún, del expediente de autos surge que el propio
querellado aceptó el informe de la Comisionada Especial y
lo
catalogó
como
un
informe
“equilibrado,
ponderado
y
ecuánime” y que optó por no tomar acción alguna en cuanto
la referida conducta adicional.
Por ello, y debido a que
durante todo el transcurso del procedimiento disciplinario
de autos al querellado se le han protegido sus garantías
constitucionales, procedemos a atender las alegaciones de
conducta
impropia
adicional
Comisionada Especial.
identificada
por
la
Se configura en esta ocasión la
excepción antes mencionada.
En cuanto a la conducta contraria a la Regla 5 del
Reglamento
Notarial,
supra,
del
expediente
de
autos
se
desprende claramente que el licenciado Martínez Almodóvar,
luego de otorgar la escritura de compraventa, compareció
en dos (2) ocasiones distintas -16 de noviembre de 2001 y
1 de febrero de 2002- como representante legal del señor
Cancel Pagán en un pleito presentado por el señor Cancel
Rosado
para
exigir
el
cumplimiento
de
convenidas en la referida escritura.
las
prestaciones
En otras palabras,
el querellado representó legalmente al señor Cancel Pagán
en
un
litigio
contencioso
en
el
cual
se
exigía
el
cumplimiento de las contraprestaciones convenidas en una
escritura
de
compraventa
otorgada
ante
él.
Ello
constituye una clara violación a lo dispuesto en la Regla
5
del
Reglamento
interpretativa.
Notarial,
In
re:
supra,
Colón
y
su
Ramery,
jurisprudencia
133
D.P.R.
555
CP-2008-0019
31
(1995); In re: Colón Ramery, 138 D.P.R. 793 (1995) (en
reconsideración).
Ahora
adicional
bien,
en
contraria
a
Comisionada
Especial
cuanto
los
a
la
Cánones
expresó
en
conducta
35
su
y
38,
informe
impropia
supra,
la
que
la
de
evidencia documental por ella aquilatada se desprende que
en la escritura de compraventa otorgada por el licenciado
Martínez Almodóvar no se especificó que la cuantía del
negocio jurídico había sido entregada mediante cheque de
gerente,
sino
que
sólo
se
expresó
mediante moneda de curso legal.
que
fue
entregada
Tal proceder, nos sugiere
la Comisionada Especial, constituye una violación a los
cánones 35 y 38 de Ética Profesional, supra.
No le asiste
la razón.
Un examen integral y detenido de nuestro ordenamiento
notarial y su jurisprudencia interpretativa revela que los
notarios
están
obligados
a
plasmar
íntegramente
la
voluntad y pactos de los otorgantes en las estipulaciones
de la escritura de compraventa que ante él se otorga.
Véase,
P.
Malavet
Vega,
El
Derecho
Notarial
Rico, Ponce, Ed. Omar, 2010, pág. 170.
en
Puerto
Así, los notarios
están obligados a consignar, entre otras cosas, el precio
de venta pactado entre las partes otorgantes y la forma en
que dicha cuantía es satisfecha.
con
indicar
que
el
precio
Íd.
pactado
Colegimos que basta
en
la
escritura
de
compraventa fue satisfecho mediante moneda de curso legal,
que es el equivalente a la moneda de los Estados Unidos de
CP-2008-0019
América.
32
Véase, Torres v. Torres, 2010 T.S.P.R. 123, 179
D.P.R. ___ (2010), págs. 10-11.
IV
Finalmente,
en
numerosas
ocasiones
hemos
expresado
que al determinar una sanción disciplinaria se tomará en
cuenta
la
reputación
del
abogado
querellado
en
la
comunidad, su historial profesional previo, si se trata de
su primer procedimiento disciplinario, si el querellado ha
aceptado los cargos imputados, su sincero arrepentimiento,
si se trata de una conducta aislada, si actuó con ánimo de
lucro
y
cualesquiera
servir
como
otras
atenuantes
o
consideraciones
agravantes
particulares de cada caso.
según
que
puedan
los
hechos
In re: Bryan Picó y Vargas
Hernández, 150 D.P.R. 1 (2000); In re: Quiñones Ayala, 165
D.P.R. 138 (2005).
Vemos, pues, que del expediente de autos surge que
este ha sido el primer procedimiento disciplinario que se
ha presentado en contra del licenciado Martínez Almodóvar
durante
los
veinte
profesión legal.
(20)
años
que
lleva
ejerciendo
la
Además, hemos notado que el querellado
goza de buena reputación en la comunidad que reside y
entre sus compañeros profesionales.
Por
lo
tanto,
en
esta
ocasión
limitaremos
sanción disciplinaria a una censura enérgica.
nuestra
La conducta
desplegada por el licenciado Martínez Almodóvar infringió
la Regla 5 del Reglamento Notarial, supra.
le
apercibimos
al
licenciado
Martínez
No obstante,
Almodóvar
que
de
CP-2008-0019
incurrir
33
en
conducta
impropia
en
el
futuro
podrá
ser
sancionado de forma más severa.
V
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
censuramos
enérgicamente al Lcdo. Melvin I. Martínez Almodóvar por
haber incurrido en conducta impropia contraria a la Regla
5 del Reglamento Notarial, supra.
Le apercibimos que de
incurrir nuevamente en conducta profesional impropia podrá
ser sancionado de forma más severa.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Melvín I. Martínez Almodóvar
CP-2008-0019
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte
de
la
presente
Sentencia,
censuramos
enérgicamente
al
Lcdo.
Melvin
I.
Martínez
Almodóvar por haber incurrido en conducta impropia
contraria a la Regla 5 del Reglamento Notarial,
supra.
Le apercibimos que de incurrir nuevamente
en
conducta
profesional
impropia
podrá
ser
sancionado de forma más severa.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo.
La Jueza
Asociada señora Fiol Matta disiente con opinión
escrita.
La
Juez
Asociada
señora
Rodríguez
Rodríguez disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
CP-2008-19
Melvín
I.
Martínez
Almodóvar
Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2011.
Recientemente, reconocimos en In re Pérez Riveiro,
2010 T.S.P.R. 230, 180 D.P.R. ___ (2010), que se viola el
derecho al debido proceso de ley cuando se sanciona a un
abogado contra quien se ha presentado una querellada por
actos que, aunque constituyan infracciones a los Cánones
de Ética Profesional,13 no se le han imputado en dicha
querella.
Esta
importante
avance
constitucionales
norma
de
involucrados
13
4 L.P.R.A. Ap. IX.
en
recién
la
los
pautada
protección
miembros
de
de
constituye
un
los
derechos
nuestra
profesión
CP-2008-19
2
en procedimientos disciplinarios. El presente dictamen de
este Tribunal propone una excepción al citado caso, en aras
de
agilizar
el
proceso
ante
este
Foro
y
de
añadir
flexibilidad al procedimiento disciplinario. La realidad es
que
la
decisión
mayoritaria
también
abre
una
brecha
peligrosa por la cual se podrán ventilar los casos de forma
atropellada. Muestra de ello es, precisamente, este caso.
Por
entender
retroceso
en
que
la
decisión
la
protección
que
del
hoy
se
derecho
emite
del
es
un
abogado-
querellado a preparar adecuadamente su defensa, disiento.
El Tribunal fundamenta su decisión de desviarse de In
re Pérez Riveiro, supra, en lo resuelto por el Tribunal
Supremo
federal
en
Zauderer
v.
Counsel, 471 U.S. 626 (1985).
Office
of
Disciplinary
En dicho caso, el Tribunal
Supremo federal hizo una excepción a la norma adoptada en
In re Ruffalo, 390 U.S. 544 (1968), al resolver que no se
violó el derecho del abogado-querellado al debido proceso
de ley por el mero hecho de que la teoría utilizada por el
Tribunal Supremo de Ohio para sancionarlo distara de la
teoría utilizada por la Oficina del Consejo Disciplinario
en su recomendación. A esos efectos, el Tribunal Supremo
federal expresó que lo importante era que la recomendación
del
Consejo
Disciplinario
sirviera
para
notificarle
al
abogado de los cargos (“what is important is that the
Board's
recommendations
charges
he
had
to
put
answer
appellant
to
the
on
notice
of
the
satisfaction
of
the
CP-2008-19
Supreme
3
Court
of
Ohio”.).14
Es
decir,
según
el
foro
federal, lo que importa no es que el tribunal imponga una
sanción por un razonamiento distinto al que se utiliza al
imputar el cargo, sino que durante la vista disciplinaria
el
abogado
o
la
abogada
fuese
notificado
adecuadamente
sobre los hechos en los cuales se basan los cargos en su
contra.
Conforme a esto, la Opinión mayoritaria razona que
“en
las
instancias
consideración
conducta
del
impropia
en
donde
Tribunal
el
refleje
adicional
al
expediente
que
en
ante
cuanto
querellado
se
a
le
la
la
han
salvaguardado todas las garantías que emanan del debido
proceso de ley, el Tribunal podrá – si lo estima apropiado
– evaluar y atender dicha conducta adicional dentro del
mismo
procedimiento
referirlo
al
Según
mayoría,
la
disciplinario,
Procurador
dicha
General”.15
excepción
sin
necesidad
(Énfasis
se
de
nuestro).
justifica
en
el
presente caso, ya que la Comisionada Especial incluyó en
su Informe que la conducta impropia no imputada en la
querella fue debidamente identificada y que las garantías
constitucionales del licenciado Martínez Almodóvar fueron
salvaguardadas en su totalidad durante las vistas.
La realidad es que el caso ante nuestra consideración
se distingue claramente de Zauderer y que lo que indica la
Comisionada
no
es
correcto.
Ambas
cosas
aconsejan
una
decisión distinta a la que ha adoptado el Tribunal.
14
Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel, 471 U.S.
626, 654 (1985).
15
In re Martínez Almodóvar, Opinión mayoritaria, res. de
31 de enero de 2011, a la pág. 19-20.
CP-2008-19
4
En Zauderer, la querella incluía un cargo por omitir
información sobre los honorarios por contingencia en un
anuncio
publicitario
querella,
dicha
de
servicios
actuación
no
legales.
constituía
Según
un
la
anuncio
engañoso, sino que omitía información indebidamente. No
obstante, y luego de varias vistas, el Panel Disciplinario
determinó
que
el
anuncio
era
engañoso,
conclusión
que
adoptó el Tribunal Supremo de Ohio. Ahora bien, los hechos
en los cuales se basó la querella para imputar un cargo
por
omisión
eran
los
mismos
que
que
el
anuncio
pagado
conclusión
de
querellado
era
engañoso.
El
dieron
Tribunal
lugar
por
a
la
el
abogado-
Supremo
federal
concluyó que, en esas circunstancias, el cambio de teoría,
de un cargo por omisión a uno por anuncio engañoso, no
constituía
una
“trampa”
previo aviso al abogado.
para
enmendar
la
querella
sin
Por eso entendió que el ratio
del caso In re Ruffalo, supra, no era aplicable.
Concluir que se puede aplicar Zauderer al caso de
autos
es
diferente.
querella
erróneo,
En
le
el
pues
caso
imputó
al
aquí
ante
sucedió
nuestra
algo
totalmente
consideración,
abogado-querellado
tres
la
cargos
relacionados a su función como notario. Estos cargos le
imputaron
el
haber
autorizado
una
escritura
pública
de
compraventa cuando una de las partes estaba incapacitada
al momento de la otorgación, haber consignado hechos
CP-2008-19
falsos
en
5
la
escritura
que
resultaron
en
un
negocio
simulado y no haberse esforzado al máximo en exaltar la
dignidad
de
la
profesión
conducta
impropia,
al
y
evitar
consignar
la
hechos
apariencia
de
falsos
la
en
escritura. Luego de varias vistas, la Comisionada Especial
rindió su Informe, el 13 de diciembre de 2009, y determinó
que no se presentó prueba clara, robusta y convincente
para concluir que el licenciado Martínez Almodóvar había
violado los postulados éticos en los cuales se basaban los
cargos imputados. Como consecuencia, recomendó que no se
sancionara
al
abogado-querellado
en
cuanto
a
los
tres
cargos de la querella.
Pese a ello, la Comisionada Especial entendió que el
licenciado Martínez Almodóvar había violado la Regla 5 del
Reglamento Notarial de Puerto Rico,16 al comparecer como
representante legal del comprador contra la persona que
tenía la tutela del vendedor incapacitado, en un caso de
desahucio posterior basado en la escritura que el abogadoquerellado
había
preparado.17
El
Informe
concluyó
que
aunque “según nuestra opinión no existe prueba suficiente
para
aseverar
otra
naturaleza
de
cooperación
entre
el
notario querellado con [el comprador]; ello crea la fuerte
16
17
4 L.P.R.A. Ap. XXIV, R.5.
“Establecido lo anterior, debemos referirnos ahora a lo
que opinamos consiste otra conducta impropia del notario
querellado, cuya conducta no está imputada en el escrito
de querella, aunque si [sic] se alega por la OGP violación
al canon 38, pero por otros motivos…”. (Énfasis nuestro).
Informe de la Comisionada Especial, 13 de diciembre de
2009, pág. 34.
CP-2008-19
apariencia
6
de
que
el
notario
en
realidad
respondía
defendía los intereses de uno de los otorgantes…”.18
y
Así
las cosas, concluyó que el licenciado Martínez Almodóvar
violó el Canon 38 de los Cánones de Ética Profesional,19
por apariencia de conducta impropia, y recomendó que fuera
sancionado.
La Comisionada Especial reconoce que estos hechos no
fueron imputados en la querella.
Concluye, sin embargo,
que no hubo violación al derecho del abogado al debido
proceso de ley.
Sobre este asunto expresó que:
El hecho de que específicamente no se haya[n]
imputado en el escrito de Querella estas
alegaciones; y que sea en estos procedimientos y
por esta Comisionada que se haya anunciado y
establecido por primera vez en este Informe esta
naturaleza de violación informada; en nada viola
el debido proceso de ley del querellado. Es un
hecho indubitado que durante el curso de los
procedimientos las trajimos a colación como
hallazgos al examinar los expedientes una vez
elevados;
y
ofrecimos
la
oportunidad
al
querellado de impugnar el contenido de las
minutas mediante la citación de la secretaria
que certificaba las Minutas de instancia; sobre
lo cual el Notario querellado no tomó acción
alguna, e igual le dimos la oportunidad de
expresarse.20 (Énfasis nuestro).
18
Íd.
19
4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38.
20
En cuanto a la oportunidad para expresarse, del Informe
se desprende que “[n]uestro mejor recuerdo es que el
abogado-notario
querellado
explicó
en
sala
que
él
compareció a asistir a don José en dicho caso de desahucio
porque como ante él se había otorgado la escritura de
compraventa, ante una acción de esa naturaleza, don José
le pidió que compareciera para acreditar el otorgamiento…
que compareció solamente esas dos veces, más bien para
informar al tribunal de San Germán”. Informe de la
Comisionada Especial, supra, págs. 34 y 35.
CP-2008-19
Para
7
fundamentar
Comisionada
lo
nos
antes
refiere
expuesto,
a
las
el
minutas
Informe
de
de
vistas
las
la
celebradas el 14 de abril de 2009 y el 9 de julio de 2009.
Sin embargo, al estudiar el expediente no podemos concluir
que sea un “hecho indubitado” el que se salvaguardaran los
derechos del abogado-querellado al debido proceso de ley,
sino todo lo contrario.
Más allá de que el ratio de
Zauderer no aplica en esta instancia, la prueba a la que
nos
remite
el
Informe
no
revela
que
la
Comisionada
Especial haya tomado medidas efectivas para proteger el
derecho constitucional del licenciado Martínez Almodóvar a
ser notificado adecuadamente.
Primero,
vistas
en
su
las
dos
fondo,
vistas
sino
las
antes
mencionadas
conferencias
no
eran
preliminares
para pautar los procedimientos, acordar estipulaciones y
fijar las teorías de las partes.21
Además, la primera
minuta a la que se refiere el Informe, de 14 de abril de
2009, no se encuentra en el expediente.
De la segunda
minuta, de 9 de julio de 2009, sólo se desprende que “[l]a
Comisionada Especial indicó que hay un aspecto que surge
claro de los autos del caso y surge en dos minutas de las
vistas del 16 de noviembre de 2001 y el 1ro. [sic] de
febrero de 2002.
En el caso de desahucio IP2002-0038 y
que se refiere a una primera comparecencia y en una
21
En efecto, las vistas evidenciarias, donde se debe hacer
valer el derecho al debido proceso de ley, fueron
celebradas los días 15, 16 y 17 de julio y 19 de agosto de
2009. Informe de la Comisionada Especial, supra, pág. 9.
CP-2008-19
8
segunda
comparecencia
del
caso,
el
querellado
en
desahucio, José A. Cancel Pagán, aparece representado por
el Lcdo. Melvin Martínez Almodóvar”.22
Ahora
bien,
cabe
preguntarse,
¿es
suficiente
una
escueta minuta para probar que se salvaguardó durante todo
el procedimiento el derecho al debido proceso de ley del
licenciado
Martínez
Almodóvar?
Por
otro
lado,
¿es
necesario que surjan claramente del expediente, y de forma
meridianamente
proteger
dichos
detallada,
las
medidas
tomadas
derechos?
Una
excepción
a
la
para
norma
adoptada en In re Pérez Riveiro, supra, debe contemplar
estas interrogantes antes de proponer una solución como la
presente.
Esto, porque “[t]odo proceso disciplinario se
ejecuta
armonía
en
con
el
debido
proceso
de
ley,
con
arreglo a un procedimiento formal mediante el cual no sólo
se le informa al abogado de los cargos que operan en su
contra, sino que más importante aún, se le ofrece amplia
oportunidad para contestarlos y defenderse”.23
Este
Tribunal
tiene
la
potestad
de
designar
a
un
Comisionado Especial para que reciba la prueba y dirima
sobre
la
evidencia
conflictiva,24
y
sus
determinaciones
22
Énfasis nuestro, Minuta de la Comisión Especial, 9 de
julio de 2009, pág. 5.
23
In re Ríos Ríos, 2008 T.S.P.R. 186, a la pág. 20, 175
D.P.R. ___ (2008),
In re Sepúlveda, Casiano, 155 D.P.R.
193, 208 (2001).
Véase, además, In re Pagán, 71 D.P.R.
761 (1950).
24
In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210, 217 (2007), In
re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012, 1016 (1994).
CP-2008-19
9
fácticas merecen nuestra mayor deferencia.25 Sin embargo,
no
podemos
claudicar
nuestra
responsabilidad
como
foro
máximo de asegurar que ello se lleve a cabo sin lacerar el
derecho al debido proceso de ley de los implicados en los
procesos
disciplinarios.
Además,
este
Tribunal
no
está
obligado a aceptar el informe del Comisionado Especial,
pudiendo
este
adoptar,
caso
no
modificar
podemos
o
rechazar
avalar
la
tal
informe.
recomendación
de
En
la
Comisionada de sancionar al abogado-querellado cuando del
propio
expediente
notificado
contenida
no
surge
adecuadamente
en
la
claramente
de
querella
la
que
que
conducta
sirve
de
se
le
haya
impropia
base
no
para
la
deposita
su
recomendación.
A
todas
confianza
en
luces,
las
la
Opinión
expresiones
mayoritaria
del
Informe.
Al
hacerlo,
trata de forma superficial la necesidad de que el propio
expediente revele el fiel cumplimiento del debido proceso
de ley durante el procedimiento. La realidad es que lo
único que se puede constatar del contenido del expediente
en este caso es que durante las vistas preliminares se le
hizo una escueta mención al licenciado Martínez Almodóvar
de una conducta aparentemente impropia. Más allá de las
breves expresiones de la Comisionada Especial, no surge
del
expediente
licenciado
que
Martínez
se
le
haya
Almodóvar
expuesto
que
claramente
dichos
actos,
incluidos en la querella, serían añadidos como un cargo
25
In re Soto López, 135 D.P.R. 642, 646 (1994).
al
no
CP-2008-19
nuevo
10
e
independiente
para
ser
considerado
en
las
posteriores vistas evidenciarias. Tampoco refleja que se
le haya ofrecido la oportunidad de presentar prueba a su
favor
respecto
a
esos
nuevos
evidenciarias posteriores.
actos
durante
las
vistas
Ciertamente, la liviandad con
la que se atiende este asunto me resulta, como mínimo,
alarmante.
El avalar las expresiones de la Comisionada Especial
en
este
conducta
caso
que
puede
tenga
abrir
un
la
ápice
puerta
de
a
que
apariencia
de
cualquier
conducta
impropia pueda ser incluida sub silentio, o con una mera
mención,
como
un
cargo
durante
un
procedimiento
ya
iniciado. Debido a la fácil dilución de un término tan
amplio e impreciso como apariencia de conducta impropia,
esta
decisión
derecho
al
puede
debido
poner
en
jaque
proceso
de
ley
la
de
protección
los
del
abogados
y
abogadas que sean sometidos al proceso disciplinario.
En efecto, nuestro dictamen en In re Pérez Riveiro,
supra, pretende evitar circunstancias como la presente. En
el caso ante nuestra consideración hay muy poco en el
expediente que se refiera siquiera al nuevo cargo. Más
bien, el expediente se refiere, casi en su totalidad, a
los cargos imputados originalmente en la querella. Por su
parte, el Informe de la Comisionada Especial le dedica a
ese
asunto
tan
sólo
tres
de
un
total
de
36
páginas.
Resolver que una simple indicación de que una conducta
podría ser sancionable constituye prueba suficiente de una
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notificación
nuestro
adecuada
precedente
Tribunal,
ante
la
del
más
falta
nuevo
cargo
añadido
reciente.
Máxime
de
clara
prueba
socava
cuando
que
este
apoye
lo
expresado en el Informe, tampoco le proveyó al abogadoquerellado
la
oportunidad
de
expresarse
sobre
este
particular.
En
conclusión,
debido
a
la
incongruencia
de
los
hechos y a la ausencia de prueba en el expediente que
sustente
de
forma
adecuada
que
al
licenciado
Martínez
Almodóvar se le protegió su derecho al debido proceso de
ley,
no
podemos
aplicar
la
norma
de
Zauderer.
Lo
que
sucedió aquí no fue un cambio en la teoría del Procurador.
No surge que el abogado-querellado esté avisado aquí, como
lo estuvo en Zauderer, de los hechos que dan lugar al
cargo imputado.
Por tanto, la vía más sensata a seguir es
la norma tal y como fue adoptada en In re Pérez Riveiro,
supra,
en
investigar
el
cual
la
se
nueva
le
ordenó
al
información
Procurador
General
recibida
por
la
Comisionada Especial para determinar si debía presentarse
una
nueva
querella
e
iniciar
un
proceso
disciplinario
separado.
Sólo de esta forma se podrá mantener un balance
armonioso
entre
los
intereses
del
querellado
y
los
de
nuestra sociedad.26
26
No podemos olvidar que para “un abogado sometido a una
querella disciplinaria, su caso es único, personal e
insustituible.
Representa
la
esperanza
o
fracaso
profesional inmediato de un ser humano, lo que de por sí
exige una profunda reflexión por el juzgador de todos los
elementos presentes”. In re Lavastida, 109 D.P.R. 45, 87
(1979), opinión concurrente y disidente del Juez Asociado,
Señor Negrón García.
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Por tanto, en fiel observancia de nuestro deber de
regular
la
profesión
jurídica,
referiría
el
asunto
concerniente a la violación de la Regla 5 del Reglamento
Notarial y el Canon 38 al Procurador General para que
estudie los hechos y nos informe si se debe someter una
querella
para
dilucidar
la
violación
ética
en
su
correspondiente vista, cumpliendo así las exigencias del
debido proceso de ley.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada