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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Miguel Hernández Vázquez

2011 TSPR 9

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Miguel Hernández Vázquez

CP-2006-3

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y la notaría por violación a los Cánones 12, 35 y 38 de Ética Profesional y a la Fe Pública notarial

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2011 TSPR 9

180 DPR ____

Miguel Hernández Vázquez

Número del Caso: CP-2006-3

Fecha: 30 de diciembre de 2010

Oficina del Procurador General:

Lcda. Carmen A. Riera Cintrón

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Abogado del Peticionario:

Lcdo. Héctor L. Torres Vilá

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 24

de enero de 2011 fecha en que se le notificó al abogado de su

suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Miguel Hernández Vázquez

CP-2006-3

Conducta

Profesional

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2010.

Nos corresponde atender una querella contra un

abogado-notario a quien se le imputa haber incurrido

en violaciones a la Sección 17 de la anterior Ley

Notarial, equivalente al Artículo 15 de la actual

Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2033, y los Cánones

12,

35

y

38

del

Código

de

que

las

Ética

Profesional,

4 L.P.R.A. Ap. IX.

Por

entender

actuaciones

del

querellado se apartaron de las normas éticas que

rigen el ejercicio de la profesión e incurrió en

violación de la fe pública notarial, ordenamos la

suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de

la abogacía y de la notaría.

CP-2006-3

2

I.

El Lcdo. Miguel Hernández Vázquez (el querellado),

fue admitido al ejercicio de la abogacía y el notariado,

los días 1 de noviembre de 1978 y 10 de noviembre de 1978,

respectivamente.

Éste

intervino

como

abogado

y

como

notario en las reclamaciones hereditarias habidas entre los

herederos

señora

del

Carmen

matrimonio

M.

Castro-Feliú,

Sagardía

Miranda,

bisabuelos

la

de

quejosa.

la

El

querellado, además, se convirtió en comunero de un terreno

que

originalmente

perteneció

a

los

bisabuelos

de

la

quejosa, y es el objeto de disputa entre el querellado y la

quejosa.

hechos

A

que

continuación,

motivaron

la

exponemos

un

interposición

resumen

de

de

presente

la

los

querella.

A.

Según surge del expediente, el 10 de junio de 1980,

el querellado, actuando como notario, legitimó la firma de

Don

Saturnino

Sagardía

Castro, 1

padre

de

la

quejosa,

relacionado a un compromiso que éste hizo para remover una

casa enclavada en el terreno en controversia, “tan pronto

se

divida

o

se

haga

la

partición

correspondiente”. 2

Aproximadamente un año después, el 22 de mayo de 1981, el

querellado presentó ante el Tribunal de Primera Instancia

una

1

2

petición

sobre

declaratoria

de

herederos

para

que

También conocido como Lino Sagardía Castro.

Dicho affidávit #488 no se encuentra en el expediente sino una

certificación del asiento practicado en el Registro de Testimonios del

querellado.

CP-2006-3

declarasen

3

como

únicos

herederos

de

la

señora

María

Francisca Castro Feliú 3 a María Mercedes 4 y Saturnino, ambos

de

apellido

Sagardía

Castro. 5

El

peticionario

de

la

declaratoria de herederos fue Don Daniel Castro Ortiz quien

no era heredero de la causante, sino su sobrino, y quien

tenía interés en que se hiciera la división de la comunidad

hereditaria.

Consecuentemente, dicho tribunal decretó como

únicos y universales herederos de la señora María Francisca

Castro Feliú, a la señora y el señor Sagardía Castro.

Así las cosas, el 3 de mayo de 1982, el querellado

–en representación de las Sucesiones de Daniel y Merced,

ambos de apellidos Castro Feliú– presentó una demanda sobre

“División de comunidad de bienes hereditarios” contra la

Sucesión de la señora María Francisca Castro Feliú para

dividir

un

terreno

que

tenía

una

cabida

de

4,060.8178

metros cuadrados. 6 El 14 de febrero de 1983, las partes

decidieron llegar a un acuerdo 7 que fue acogido por el

tribunal de instancia mediante sentencia dictada el 22 de

febrero de 1983.

En dicha estipulación, se les adjudicó a

3

También conocida como Venancia Castro Feliú.

4

También conocido como Lino Sagardía Castro.

5

María Mercedes y Saturnino, ambos de apellido Sagardía Castro, son la

tía y el padre de la quejosa, respectivamente.

6

Los demandantes alegaban que los demandados estaban poseyendo el

terreno en controversia en concepto de herederos, y que así lo hizo

constar el señor Saturnino Sagardía Castro en el documento público

autorizado por el querellado.

Por su parte, los demandados alegaron

que su posesión era pacífica, pública y en concepto de dueño por más de

60 años, y que el referido documento público fue firmado por el señor

Saturnino Sagardía Castro por invitación del querellado, sin saber lo

que firmaba.

7

El acuerdo fue firmado por los demandados y su abogado y por el

querellado en representación de los demandantes.

CP-2006-3

4

los demandados un predio de terreno de 1,011.9642 metros

cuadrados – sin especificación de colindancias – y la casa

de

vivienda

habitada

edificada

por

la

en

señora

el

y

solar,

el

que

señor

estaba

Sagardía

siendo

Castro.

Asimismo, el tribunal de instancia le ordenó a la parte

demandante a gestionar con la Administración de Reglamentos

y Permisos (A.R.Pe.) la segregación del predio de terreno

adjudicado a los demandados y que se otorgara la escritura

correspondiente.

Según surge del expediente, esto último

no ocurrió.

No

obstante,

querellado

el

autorizó

“Segregación,

17

la

partición

comparecieron

los

de

septiembre

escritura

y

herederos

de

número

adjudicación”

de

las

1983,

20

el

sobre

a

la

que

Sucesiones

del

señor

Daniel y la señora Merced, ambos de apellido Castro Feliú.

En

la

referida

escritura

se

procedió

a

“segregar

y

adjudicar” entre ellos el remanente del terreno sobre el

que

el

tribunal

sentencia. 8

haya

de

instancia

guardó

silencio

en

la

De tal escritura tampoco surge que la A.R.Pe.

aprobado

los

permisos

para

las

referidas

segregaciones.

Ese mismo día, el querellado compareció junto a su

esposa,

la

señora

Carmen

Ramírez

Muñiz,

como

parte

compradora de una fracción del terreno –con especificación

de colindancia– que se acababa de “segregar y adjudicar”

8

El terreno se dividió en cuatro predios. Dos de ellos con cabida de

1,102.6754 m/c y 1,102.1187 m/c, respectivamente.

Otros dos, con

cabida de 660.3392 m/c y 60.9133 m/c, respectivamente, para uso

público.

CP-2006-3

5

mediante la referida escritura número 20, autorizada por el

propio querellado.9

y

su

esposa,

escritura

El 31 de octubre de 1987, el querellado

vendieron

el

76. 10

número

predio

Cerca

de

adquirido

6

años

mediante

más

tarde,

la

el

querellado y su esposa, compraron de la señora Fundadora

Castro Caraballo 11 la participación que, al morir su padre,

el señor Prudencio del Carmen Castro y Morales, adquirió de

la

Sucesión

del

señor

Daniel

Castro

Feliú.

Dicha

participación provino de la “segregación y adjudicación”

que se hizo en la escritura número 20, autorizada por el

querellado.

Así

querellado

las

cosas,

presentó

demanda

sobre

Carmen

Sagardía

el

26

de

ante

el

tribunal

“Interdicto

(la

septiembre

posesorio” 12

quejosa),

el

señor

de

de

1994,

el

instancia

una

contra

la

señora

Francisco

Andrew

(esposo de la quejosa), el señor Saturnino Sagardía Castro

(padre de la quejosa) y la señora María Mercedes Sagardía

Castro (tía de la quejosa), en la que alegó que éstos no le

permitían pasar a su propiedad.

El 14 de julio de 1995, el

querellado presentó una “Moción de sentencia sumaria” a lo

que los demandados se opusieron.

Por su parte, el Tribunal

9

La escritura número 76 sobre “Compraventa” fue autorizada por el

notario Raúl Aquino Figueroa, el 17 de septiembre de 1983.

10

A través de la escritura número 111 sobre “Compraventa”, autorizada

por el notario Nelson Bassatt, el querellado vendió a los esposos,

señor Santos Martín Lamberty y señora Nélida Solares Rivera.

11

La señora Fundadora Castro Caraballo fue clienta del querellado en el

caso sobre “División de comunidad de bienes” contra la Sucesión de la

señora María Francisca Castro Feliú.

12

El querellado solicitó el desalojo de los demandados y la destrucción

o eliminación de cualquier edificación u objeto dentro de la propiedad.

CP-2006-3

6

de Primera Instancia declaró no ha lugar la “Moción de

sentencia

acerca

sumaria”

de

desestimó

la

el

por

entender

procedencia

recurso

por

del

falta

que

había

terreno

de

controversia

en

parte

disputa,

y

indispensable,

debido a que no comparecieron junto al querellado el resto

de los miembros de la comunidad de bienes.

Inconforme, el

querellado acudió al Tribunal de Apelaciones, quien revocó

al tribunal de instancia respecto a la desestimación del

recurso, pero no en cuanto a la decisión de declarar no ha

lugar la sentencia sumaria.

Aun

luego

de

la

determinación

del

Tribunal

de

Apelaciones, quien revocó la determinación del tribunal de

instancia

de

desestimar

el

recurso

por

falta

de

parte

indispensable, el 24 de diciembre de 1997, el querellado

presentó

una

“Moción

solicitando

desistimiento

sin

perjuicio” porque entendió que traer a todas las partes

indispensables al pleito podía provocar el archivo de la

acción

bajo

la

Regla

L.P.R.A. Ap. III. 13

había

aceptado

39.2

de

Procedimiento

Civil,

32

Además, señaló que la parte demandada

comprar

su

participación

así

como

la

participación del resto de los miembros de la comunidad de

bienes.

El 8 de enero de 1998, el tribunal de instancia

desestimó la demanda, sin perjuicio, mediante sentencia.

Sin embargo, contrario a lo que el querellado le explicó al

Tribunal

de

Primera

Instancia

como

fundamento

para

su

13

La Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III a la que se

hace referencia en este caso fue derogada mediante la adopción por este

Tribunal de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009, el 4 de

septiembre de 2009.

In re: Aprobación de las Reglas de Procedimiento

Civil de Puerto Rico, 2009 T.S.P.R. 143; 176 D.P.R. __.

CP-2006-3

7

desistimiento, el 23 de febrero de 2000, el querellado le

envió a la quejosa una carta 14 en la que le informó que

desistió

padre:

de

la

demanda

Saturnino

“en

consideración

Sagardía”,

que

no

a

su

difunto

obstante,

estaba

dispuesto a llegar a las últimas consecuencias jurídicas, y

la invitó a comprar la participación de éste para así dar

por terminado el asunto.

B.

El 26 de marzo de 2002, la señora Sagardía Miranda

presentó una queja ante este Tribunal en la que alegó que

el querellado cometió faltas éticas en un caso de partición

de

herencia

representante

de

una

legal

sucesión,

de

dicha

debido

sucesión,

a

que

demandó

siendo

a

los

miembros de ésta, compró y vendió terrenos pertenecientes a

la

sucesión

sin

los

permisos

de

las

agencias

gubernamentales pertinentes, y utilizaba a otros abogadosnotarios para que autorizaran transacciones ilegales. 15

El

14

Surge del expediente que la carta con fecha del 23 de febrero de 2000

lee como sigue: “Estimada señora Sagardía: Actualmente usted está

ejerciendo posesión de un terreno donde yo tengo una participación

económica.

En el pasado llevamos una acción la cual desistimos sin

perjuicio en consideración a su difunto padre; Saturnino Sagardía.

Sinembargo [sic] en estos momentos estamos preparados para llevar el

caso a las últimas consecuencias jurídicas. Esto no sería necesario si

usted está dispuesta a comprarnos nuestra participación en dicho

terreno, por lo que la invito a que nos visite acompañada si así usted

lo prefiere o con grabadora para que grabe nuestra conversación el día

y hora que usted entienda conveniente, para lo que le pido que nos

llame al [###-####] para concertar la cita. Cordialmente, Lcdo. Miguel

Hernández Vázquez”.

15

El 14 de junio de 2002, el Lcdo. Miguel Hernández Vázquez, el

querellado, se limitó a presentar como contestación a la queja de la

señora Carmen M. Sagardía Miranda, la quejosa, una moción en la que

solicitó que este Tribunal admitiera como su contestación, una copia de

la que había presentado ante el Colegio de Abogados para refutar otras

querellas que le había radicado la quejosa, por los mismos hechos, y

que habían sido archivadas.

No obstante, el querellado no abundó en

las alegaciones relacionadas con las imputaciones que hiciere la

quejosa en cuanto a “las transacciones ilegales” y la utilización de

CP-2006-3

8

13 de julio de 2002, la quejosa reafirmó lo antes expuesto

mediante

comunicación

dirigida

a

este

Foro

en

la

cual

indicó que el querellado no era dueño de la finca y que

éste había adquirido el terreno “violando los derechos de

herencia y vendiendo a parientes de él”.

También, nos

informó que el querellado le había enviado una carta de

amenaza

para

intimidarla. 16

Del

mismo

modo,

el

12

de

noviembre de 2002, la quejosa presentó un tercer escrito en

el cual alegó que el abogado querellado había ido a su casa

con una cámara y un objeto punzante en el bolsillo, que

había proferido amenazas, indicando que él era el dueño de

la propiedad.

Además, solicitó que fuese investigada la

obra notarial del querellado.

Posteriormente,

el

expediente

sobre

la

queja

fue

referido a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN),

para que hiciera la investigación e informe conforme a la

Regla 14(d) del Reglamento de este Tribunal. 17

El 14 de

octubre de 2003, ODIN presentó el informe requerido, en el

que

concluyó

que

el

querellado

no

respondió

a

las

exigencias ético-notariales dictadas por este Tribunal dado

____________________________________________________________________

“otros notarios” para tales fines, la compra y venta a sus familiares

de terrenos que no le pertenecían y sin la debida autorización de las

agencias gubernamentales, el conflicto de intereses incurrido por él al

demandar a una sucesión que fue su cliente, y las amenazas dirigidas a

la quejosa. Esto, a pesar de que este Foro le concedió una prórroga de

30 días para contestar la queja presentada en su contra.

16

17

Véase, n. 11, supra.

“Cuando el(la) abogado(a) o el(la) Notario(a) hayan presentado su

contestación, o haya transcurrido el término concedido para contestar,

el(la) Secretario(a) remitirá la queja y la contestación, o la queja y

una expresión al efecto de que no ha sido contestado, según fuese el

caso, al(la) Director(a) de la Oficina de Inspección de Notaría,

respectivamente, para que éstos(as), dentro del término de treinta (30)

días, se expresen sobre las mismas y hagan la recomendación que estimen

pertinente”. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14(d).

CP-2006-3

9

a sus intervenciones como abogado y notario en un mismo

asunto.

dictó

Por consiguiente, el 7 de mayo de 2004, este Foro

una

Resolución

en

la

que

refirió

al

Procurador

General este asunto para investigación y presentación del

informe correspondiente.

Por su parte, el 8 de septiembre

de 2004, el Procurador General presentó el informe sobre la

queja objeto del caso de epígrafe en cumplimiento con la

Regla

14(d),

General

En

supra.

llamó

la

atención

dicho

a

informe,

posibles

el

Procurador

violaciones

a

los

Cánones del Código de Ética Profesional y la anterior Ley

Notarial de Puerto Rico de 1956.

El

4

de

noviembre

de

2005,

examinada

la

queja

presentada por la quejosa, el Informe del Procurado General

y

la

contestación

Procurador

del

General

querellado,

que

le

sometiera

ordenamos

las

al

querellas

correspondientes.

C.

Por todo lo anterior, y en cumplimiento con la orden

de este Tribunal, el 26 de enero de 2006, el Procurador

General 18

presentó

una

querella

disciplinaria

contra

el

Lcdo. Hernández Vázquez en la que le imputó 5 cargos.

En el Cargo I, el Procurador General le imputó al

querellado haber violado el requisito de la dación de fe

pública [notarial] establecido en la [Sección] 17 de la

anterior Ley Notarial, equivalente al Artículo 15 de la

actual

18

Ley

Notarial,

supra.

Esto

debido

Por conducto de la Procuradora General Auxiliar.

a

que

el

CP-2006-3

10

querellado

autorizó

“Segregación,

la

partición

escritura

y

número

adjudicación”,

20

que

sobre

tenía

un

negocio jurídico inexistente por disposición de ley, por no

haberse

obtenido

la

aprobación

de

la

A.R.Pe.

para

la

segregación de los terrenos mencionados en dicho documento

público.

En lo que respecta al Cargo II, el Procurador le

imputó al querellado haber violado los Cánones 12 y 38 del

Código de Ética Profesional por haber actuado el querellado

como abogado y notario en un mismo asunto, y fungir como

comprador y vendedor de terrenos de la Sucesión que fue su

cliente, según resuelto en In re: Rosario Maisonet, 142

D.P.R. 89 (1996).

En el Cargo III, se le atribuyó al querellado haber

violado

el

Canon

12

del

Código

de

Ética

Profesional

respecto al deber del abogado de ser conciso y exacto en el

trámite y presentación de las causas por cuanto, luego de

presentar

el

interdicto

posesorio

contra

la

quejosa

y

otros, sin la comparecencia del resto de los comuneros,

solicitó una sentencia sumaria cuando conocía que existían

controversias en cuanto a la procedencia del terreno que el

querellado alegó tener interés propietario.

En cuanto al Cargo IV, el Procurador le imputó al

querellado haber incurrido en violación de la Regla 9 de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. AP. III, 19 y el Canon 35

19

La Regla 9 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, a la que se

hace referencia en este caso fue derogada mediante la adopción por este

Tribunal de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009, el 4 de

septiembre de 2009.

In re: Aprobación de las Reglas de Procedimiento

Civil de Puerto Rico, 2009 T.S.P.R. 143; 176 D.P.R. __. Esta Regla, a

CP-2006-3

11

del Código de Ética Profesional.

de

interdicto

posesorio

antes

Esto, porque en el caso

mencionado,

el

querellado

indicó que desistía de su reclamación habida cuenta que la

parte demandada había aceptado comprar su participación y

la de los demás herederos, información a base de la cual el

tribunal de instancia desestimó la acción sin perjuicio.

Sin

embargo,

dirigida

a

mediante

la

quejosa

carta

de

suscrita

23

de

por

febrero

el

de

propio

2000,

abogado

querellado, éste indicó que había desistido de la demanda

por consideración al padre de la quejosa, pero que estaba

preparado para llevar el caso a las últimas consecuencias

[jurídicas],

lo

cual

no

sería

necesario

si

ella

(refiriéndose a la quejosa) estuviera dispuesta a comprar

la participación de él en el terreno.

En el Cargo V, 20 se le imputó al querellado haber

violado el Canon 38 del Código de Ética Profesional pues el

patrón de persecución que mantuvo el querellado hacia la

quejosa resultó en dos órdenes de protección por acecho en

contra del querellado, situaciones que atentaron contra la

dignidad de la profesión de la abogacía.

Así las cosas, el 30 de enero de 2006, le ordenamos

al querellado a contestar la querella presentada por el

Procurador General en un término de 15 días a partir de la

____________________________________________________________________

su vez, fue enmendada por la Ley Núm. 220 de 29 de diciembre de 2009 y

la Ley Núm. 98 de 26 de julio de 2010.

20

Según surge de la querella sometida por el Procurador General, en

dichas órdenes, se le requiere al abogado querellado abstenerse de

acercarse o entrar a la residencia de la quejosa, a la escuela a la que

ésta asiste y sus alrededores y el lugar de empleo y sus alrededores.

CP-2006-3

12

notificación de la Resolución. 21

Debido a que el querellado

no contestó, el 29 de septiembre de 2006, le concedimos un

término final de 15 días a contar desde la notificación de

la Resolución 22 para contestar la referida querella, bajo

apercibimiento

de

que

su

incumplimiento

nos

llevaría

continuar los procedimientos sin su comparecencia.

a

El 19

de octubre de 2006, el querellado presentó tardíamente la

“Contestación al Informe”, no a la querella.

El 31 de enero de 2007, nombramos a la Lcda. Ygrí

Rivera de Martínez como Comisionada Especial (Comisionada)

conforme

a

la

Tribunal. 23

Por

Regla

14

(h)

del

su

parte,

el

6

Reglamento

de

junio

de

de

este

2007,

la

Comisionada le concedió tiempo adicional al querellado para

que

finalmente

contra.

contestara

la

querella

presentada

en

su

El 25 de junio de 2007, el querellado presentó su

contestación

a

la

querella

conclusiones

del

Procurador

en

la

que

General.

El

rechazó

14

de

las

octubre

de 2009, la Comisionada concluyó su Informe en el cual

afirmó que todos los cargos presentados por el Procurado

General

fueron

probados.

tomásemos

en

consideración

querellado

se

mostró

muy

Conjuntamente,

–como

afectado

sugirió

atenuante–

por

la

que

que

situación,

el

y

expresó dolor y arrepentimiento.

21

La Resolución se notificó el 18 de mayo de 2006.

22

La Resolución se notificó el 2 de octubre de 2006.

23

“Se celebrará una vista para recibir la prueba sobre la querella. El

Tribunal podrá ordenar que se celebre ante sí o, en el uso de su

discreción podrá nombrar un(a) Comisionado(a) Especial para que reciba

la prueba y rinda un informe con sus determinaciones de hecho”.

4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14(h).

CP-2006-3

13

Examinado

dicho

Informe

y

los

“Comentarios,

objeciones y recomendaciones al Informe de la Comisionada

Especial”

que

presentó

el

querellado,

el

24

de

febrero

de 2010, procedemos a resolver el caso de epígrafe.

II.

A.

La entonces vigente Ley Notarial de Puerto Rico, Ley

Núm. 99 de 27 de junio de 1956, 4 L.P.R.A. sec. 1001 et

seq. 24 establece en su Sección 17, 25 varios requisitos de

redacción y contenido para las escrituras públicas así como

lo relacionado a la expresión de dación de fe notarial.

En

cuanto a esto último, la citada Sección 17, dispone lo

siguiente.

No será preciso que el notario exprese que da

fe

en

cada

cláusula

escrituraria

de

la

estipulación

que

contenga,

ni

de

las

condiciones o circunstancias legales de las

personas o casos a que se refiera, bastará que

consigne una vez al final del documento, que

certificará de todo lo contenido en el mismo,

para que tal expresión se entienda aplicada a

todas

las

palabras,

estipulaciones,

manifestaciones

y

condiciones

reales

o

personales contenidas en el instrumento con

arreglo a las leyes.

24

Esta Ley fue derogada mediante la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987,

conocida como la Ley Notarial de Puerto Rico de 1987, 4 L.P.R.A. sec.

2001 et seq. Sin embargo, la escritura a la que se hace referencia en

el Cargo I se autorizó durante la vigencia de la anterior Ley Notarial

de 1956.

25

La Sección 17 de la anterior Ley Notarial es análoga al Artículo 15

de la Ley Notarial vigente, 4 L.P.R.A. sec. 2033, respecto a varios

requisitos de redacción y contenido para las escrituras públicas.

In

re: Martínez Ramírez, 142 D.P.R. 329 (1997), en la nota al calce n. 5.

No obstante, en lo que respecta a la expresión de dación de fe pública

notarial, el equivalente a la mencionada Sección 17, es el Artículo 26

de la actual Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2044.

CP-2006-3

Al

Tribunal

14

interpretar

la

explicó

cuando

que

mencionada

un

Sección

notario

17,

este

autoriza

un

documento, da fe pública y asegura que ese documento cumple

con todas las formalidades de ley -formal y sustantivamenteque el documento es legal y verdadero, y que se trata de una

transacción

válida

y

legítima.

26

Asimismo,

hemos

manifestado que en Puerto Rico, el notario es un profesional

del Derecho que ejerce una función pública de dar fe y

autenticidad

de

los

negocios

jurídicos

y

demás

actos

y

hechos extrajudiciales que ante él se realicen, conforme a

las leyes. 27

Así, el notario puertorriqueño representa la

fe pública y no a un cliente en particular.28

En

In

re:

Meléndez

Pérez,

104

D.P.R.

770

(1976),

manifestamos que la función del notario trasciende el acto

externo

de

legalización

de

unas

firmas.

Igualmente,

expresamos que la fe pública notarial tiene como base la

voluntad ilustrada de los contratantes; no puede ser fruto

de la ignorancia y la obscuridad. 29

notario

el

principal

instrumento

Por esto, siendo el

de

la

fe

pública,

y

conocedor del Derecho y las leyes, tiene la obligación de

propiciar

y

cerciorarse

informada

supliendo

las

de

ese

estado

explicaciones,

de

conciencia

aclaraciones

y

advertencias en todo caso en que hagan falta para lograr el

26

In re: Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986).

27

Art. 2, Ley Notarial de Puerto Rico de 1987 (4 L.P.R.A. sec. 2002).

28

In re: Raya, 117 D.P.R. 797, (1986), In re: Lavastida, 109 D.P.R. 45

(1979).

29

In re: Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976).

CP-2006-3

15

consentimiento

enterado

de

los

otorgantes

al

acto

notarial.30

En fin, hemos pronunciado que el notario que falla a

la

sociedad

fundamental

y

a

los

aspecto

de

que

ante

él

comparecen

en

este

aclaración

e

ilustración

será

el

coautor de un consentimiento enfermo e ineficaz en derecho

y

habrá

traicionado

la

fe

de

la

que

es

Código

de

Ética

principal

guardador.31

B.

De

otra

parte,

el

Profesional

contiene los principios éticos que rigen la profesión de la

abogacía en Puerto Rico. 32

Código

de

Ética

En particular, el Canon 12 del

Profesional

establece

que

es

deber

del

abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y

testigos ser puntual con su asistencia y conciso y exacto

en

el

trámite

además,

que

y

los

presentación

abogados

de

deben

las

causas.

asegurarse

de

Dispone,

no

causar

indebidas dilaciones en la tramitación y solución de las

causas. 33

En In re: Rosario Maisonet, 142 D.P.R. 89 (1996),

expresamos que viola este canon el abogado que mediante su

conducta

ocasione

También,

en

In

dilaciones

re:

Arroyo

y

confusiones

Rivera,

148

innecesarias.

D.P.R.

354,

358

(1999), reiteramos que los abogados tienen que responder

30

Id.

31

Id.

32

In re: Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 311 (2000).

33

4 L.P.R.A. Ap. IX C. 12.

CP-2006-3

16

con premura a los requerimientos relacionados a quejas por

conducta

profesional

pues

hacer

lo

contrario

conlleva

graves sanciones disciplinarias.

Por

otro

Profesional

lado,

el

Canon

35

del

Código

dispone,

en

parte,

que

la

de

conducta

Ética

de

un

abogado debe ser sincera y honrada, ante los tribunales,

compañeros de profesión y sus representados, y éstos no

deben utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad

ni

se

debe

inducir

una

al

falsa

juzgador

a

representación

error

utilizando

de

o

artificios

o

hechos

el

derecho. 34

Cónsono con lo anterior, hemos resuelto que la

conducta de todo abogado ante los tribunales debe ser una

caracterizada

por

profesionalmente

el

sinceridad

y

abogado

que

honradez

no

se

y,

no

ajusta

actúa

a

la

sinceridad de los hechos al presentar las causas.35

Además, el Canon 38 del Código de Ética Profesional 36

establece en lo pertinente lo siguiente.

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su

capacidad, en la exaltación del honor y

dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo

conlleve sacrificios personales y debe evitar

hasta la apariencia de conducta impropia. (…)

Por razón de la confianza en él depositada como

miembro de la ilustre profesión legal, todo

abogado, tanto en su vida privada como en el

desempeño de su profesión, debe conducirse en

forma digna y honorable. (…)

34

4 L.P.R.A. Ap. IX C. 35. (Énfasis nuestro.)

35

In re: Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790 (1999); In re: Peña Clos,

135 D.P.R. 590 (1994).

36

4 L.P.R.A. Ap. IX C. 38. (Énfasis nuestro.)

CP-2006-3

Al

17

interpretar

este

canon

hemos

dicho

que

los

abogados tienen la obligación ética de evitar, tanto en la

realidad como en la apariencia, la impresión de conducta

conflictiva e incorrecta. 37

Sea en la vida privada como en

el desempeño de su función, un abogado debe conducirse en

forma digna y honorable. 38

Es impropio que un abogado

combine funciones de notario y abogado en un mismo asunto. 39

Así, podemos ejercer nuestra facultad de desaforo aunque

las actuaciones del abogado hayan surgido por causas no

relacionadas con el ejercicio de su profesión, pues basta

que tales actuaciones afecten las condiciones morales del

querellado.40

C.

Por

último,

según

dispone

la

Regla

Reglamento

de

este

Tribunal,

supra,

Comisionado

Especial

designado

celebrar

le

14(h)

del

corresponde

una

vista

al

para

recibir la prueba y rendir un informe con sus conclusiones

de Derecho.

Al desempeñar una función similar al juzgador

de instancia, el Comisionado Especial se encuentra en mejor

posición para aquilatar la prueba testifical y adjudicar

credibilidad,

por

lo

que

sus

determinaciones

merecen nuestra mayor deferencia. 41

Por lo tanto, aunque

37

In re: Vélez Lugo, 164 D.P.R. 751 (2005).

38

In re: Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4 (1977).

39

In re: Vélez Lugo, 164 D.P.R. 751 (2005).

40

Colegio de Abogados v. Barney, 109 D.P.R. 845, 848 (1980).

41

fácticas

In re: García Aguirre, res. el 2 de febrero de 2009, 2009 T.S.P.R.

21, 175 D.P.R. ___; In re: Morales Soto, 134 D.P.R. 1012, 1016 (1994).

CP-2006-3

18

este Tribunal no está obligado a aceptar el informe de la

Comisionada

Especial

en

un

procedimiento

disciplinario

contra un abogado, y podemos adoptar, modificar o rechazar

tal informe, de ordinario sostendremos sus determinaciones

de hecho, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad o

error manifiesto.42

III.

Con

pasamos

el

a

beneficio

evaluar

los

de

la

normativa

hechos

que

antes

motivan

expuesta,

la

presente

querella para determinar si en efecto el querellado cometió

los cargos imputados.

A.

En

el

Cargo

I,

se

le

imputó

al

querellado

haber

violado el requisito de la dación de fe pública notarial

establecido en la Sección 17 de la anterior Ley Notarial de

1956, Ley Núm. 99 de 27 de junio de 1956, 4 L.P.R.A. sec.

1001

et

seq.

pues

el

querellado

autorizó

una

escritura

sobre “Segregación, partición y adjudicación”, que tenía un

negocio jurídico inexistente por disposición de ley.

Esto,

por no haberse obtenido la aprobación de la A.R.Pe. para la

segregación de los terrenos mencionados en dicho documento

público.

Entendemos que el querellado violó la fe pública

notarial en él depositada.

Veamos.

____________________________________________________________________

42

In re: Pagán Pagán, 171 D.P.R. 975 (2007); In re: Morell Corrada,

Alcover García, 158 D.P.R. 791 (2003); In re: Soto López, 135 D.P.R.

642, 646 (1994).

CP-2006-3

19

La Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y

Permisos en su Artículo 22, 43

dispone en lo pertinente lo

siguiente:

Carecerá de eficacia cualquier otorgamiento de

escritura

pública

o

contrato

privado

de

lotificación si no ha sido sometida previamente

dicha lotificación a la consideración de la

Administración de Reglamentos y Permisos y no

ha sido aprobada por ésta, excepto en aquellos

casos en que lo permita el Reglamento de

Lotificación;

Disponiéndose,

que

cualquier

otorgamiento por medio de escritura pública o

contrato privado en el cual se haga una

lotificación

sin

haber

sido

previamente

sometida y aprobada por la Administración de

Reglamentos y Permisos, cuando ello fuere

necesario, quedará ratificado y convalidado si,

con posterioridad a dicho otorgamiento, la

Reglamentos

y

Permisos

Administración

de

aprobare, mediante resolución, la lotificación

objeto de la escritura o contrato privado. (…)

Respecto a este particular, en Rodríguez Padilla v.

Cabassa,

102

interdicción

absoluta.

D.P.R.

que

419,

421

prescribe

el

(1974),

resolvimos

artículo

antes

que

la

citado

es

Es decir, una escritura de segregación no tiene

eficacia si no ha sido aprobado previamente por [A.R.Pe.].

No

obstante,

se

atenúa

el

rigor

de

la

prohibición

43

Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, 23 L.P.R.A. sec. 71u, (derogada).

(Énfasis nuestro.)

A pesar de que dicha ley fue derogada mediante el Artículo 19.10 de la

Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, Ley Núm. 161 de 1 de

diciembre de 2009, el Artículo 3 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3,

dispone que las leyes no tendrán efecto retroactivo a no ser que

expresamente se disponga lo contrario.

En armonía con lo anterior, el

Artículo 18.1 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, supra,

establece en lo pertinente que: “Cualquier acción civil radicada en

relación con la estructuración de cualquiera de las leyes, o partes de

éstas, derogadas o afectadas por esta Ley, y en trámite antes de la

fecha de vigencia de esta Ley, no quedará afectada por ninguna de las

derogaciones o modificaciones formuladas por esta Ley”.

CP-2006-3

20

admitiendo

la

convalidación

del

contrato

si

con

posterioridad [A.R.Pe.] aprobase la lotificación.

Como cuestión de umbral, no surge del expediente que

A.R.Pe.

haya

escritura

aprobado

número

adjudicación”

20

que

la

segregación

sobre

autorizó

contenida

“Segregación,

el

en

la

partición

y

querellado

el

17

de

septiembre de 1983. De hecho, en ninguna de las cláusulas

de dicha escritura se hace referencia a los permisos de

A.R.Pe.

Además, resulta que han pasado más de 25 años

desde que se autorizó la mencionada escritura y aún dichos

comuneros,

permisos

incluido

de

el

querellado,

segregación

de

no

han

A.R.Pe.

obtenido

los

Ciertamente,

como

custodio de la fe pública notarial, cuando el querellado

autorizó la escritura en controversia, con su firma y sello

notarial dio fe y aseguró que ese documento cumplía con

todas las formalidades –tanto formales como sustantivas– y

que ese documento era legal y verdadero.

dicha

escritura

necesarios

para

carecía

el

de

negocio

los

Sin embargo,

permisos

jurídico

que

de

A.R.Pe.

autorizó

el

querellado, entiéndase la segregación de un terreno.

Como conocedor del Derecho, el querellado debía estar

al

tanto

de

los

requisitos

que

negocios jurídicos que autorizaba.

exigía

la

ley

para

los

Más aun, el querellado

tenía que conocer el deber que le ocupa de cerciorarse que

sus

clientes

fuesen

conscientes

de

las

posibles

implicaciones a las que podían enfrentarse de no contar con

los permisos requeridos por las agencias pertinentes.

De

acuerdo a los hechos particulares de este caso y según

CP-2006-3

21

surge de la antes mencionada escritura, el querellado falló

en asesorar a sus clientes y en autorizar una escritura de

segregación

con

arreglo

querellado

estampó

su

a

las

leyes.

firma

y

sello

Aun

al

así,

final

de

el

la

escritura en representación de la dación de fe notarial en

él

depositada,

la

cual

asegura

que

la

autorización

del

documento se hizo con arreglo a las leyes.

En el Cargo II, se le imputó al querellado haber

violado

los

Cánones

12

y

38

del

Código

de

Ética

Profesional, según resuelto en In re: Rosario Maisonet, 142

D.P.R. 89 (1996), por haber actuado como abogado y notario

en un mismo asunto, y fungir como comprador y vendedor de

terrenos de la Sucesión que fue su cliente.

de

los

hechos

querellado

antes

intervino

expuestos

como

surge

abogado

En síntesis,

claramente

y

como

que

el

notario

en

reclamaciones habidas entre los herederos del matrimonio

Castro-Feliú, bisabuelos de la quejosa en este caso.

El

querellado, además, se convirtió en comunero de un terreno

que

originalmente

perteneció

a

los

bisabuelos

de

la

quejosa, y es el objeto de disputa entre el querellado y la

quejosa.

varias

causando

No siendo suficiente, el querellado demandó en

ocasiones

a

dilaciones

miembros

y

de

la

referida

confusiones

Sucesión,

innecesarias

en

contravención al Canon 12 del Código de Ética Profesional.

Todo

lo

anterior,

constituyó

además

una

grave

falta

al

Canon 38 del Código de Ética Profesional, el cual prescribe

que abogados tienen la obligación ética de evitar, tanto en

CP-2006-3

22

la realidad como en la apariencia, la impresión de conducta

conflictiva e incorrecta.

Asimismo, en el Cargo III se le imputó al querellado

la violación al Canon 12 del Código de Ética Profesional

debido

a

que

éste

interpuso

una

demanda

de

interdicto

posesorio y luego una solicitud de sentencia sumaria en

contra de la quejosa con conocimiento de la frivolidad de

sus planteamientos.

citado

Canon

12

Esto en contravención al mandato del

respecto

al

deber

del

abogado

conciso y exacto en el trámite de sus causas.

en

ser

Igualmente,

en el Cargo IV se le imputó al querellado haber faltado al

Canon 35 y la Regla 9 de Procedimiento Civil de 1979,44 pues

en el caso de interdicto posesorio antes mencionado, el

querellado indicó que desistía de su reclamación porque la

quejosa había aceptado comprar su participación y la de los

demás herederos, información a base de la cual el tribunal

de

instancia

desestimó

la

acción

sin

perjuicio.

Sin

embargo, el querellado le envió una carta a la quejosa en

la

que

indicó

que

había

desistido

de

la

demanda

por

consideración al padre de ella, pero que estaba preparado

para

llevar

el

caso

a

las

[jurídicas],

lo

cual

no

sería

últimas

consecuencias

necesario

si

ella

(refiriéndose a la quejosa) estuviera dispuesta a comprar

la participación de él en el terreno.

44

La Regla 9 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, a la que se

hace referencia en este caso fue derogada mediante la adopción por este

Tribunal de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009, el 4 de

septiembre de 2009.

In re: Aprobación de las Reglas de Procedimiento

Civil de Puerto Rico, 2009 T.S.P.R. 143; 176 D.P.R. __. Esta Regla, a

su vez, fue enmendada por la Ley Núm. 220 de 29 de diciembre de 2009 y

la Ley Núm. 98 de 26 de julio de 2010.

CP-2006-3

23

Sin

duda,

la

actuación

del

querellado

a

la

que

hacemos referencia constituye una violación al deber ético

que

impone

honradez

el

que

tribunales,

Canon

debe

sus

35

concerniente

reflejar

compañeros

un

y

a

la

abogado

la

sinceridad

para

sociedad

en

con

y

los

general.

Independientemente de cuál fuera la verdadera motivación

del querellado para desistir de la demanda, lo cierto es

que éste fue contradictorio con las razones que le expuso

al Tribunal en comparación con la que le informó a la parte

demandada.

Al mismo tiempo, el querellado incumplió con la

Regla 9 de las de Procedimiento Civil de 1979, supra, que

indica que la firma de un abogado equivale a certificar que

el abogado leyó el escrito, “que de acuerdo con su mejor

conocimiento, información y creencia está bien fundado, y

que no ha sido interpuesto para causar demora u opresión”.

Esto cuando firmó tanto la Moción de desistimiento como

cuando

firmó

querellado

la

carta

tenía

dirigida

conocimiento

a

la

quejosa,

de

que

los

pues

el

fundamentos

incluidos en ambos documentos no eran verdaderos.

Además,

el desistimiento de la acción a base de información falsa,

seguido por el envío de la carta a la quejosa aparenta

todas

luces

que

tal

actuación

fue

incurrida

con

el

propósito de causar opresión a la quejosa.

En

el

Cargo

V

se

le

imputó

al

querellado

haber

infringido el Canon 38 del Código de Ética Profesional como

consecuencia

del

patrón

de

persecución

que

mantuvo

el

querellado hacia la quejosa el cual resultó en dos órdenes

de

protección

por

acecho

en

contra

del

querellado.

CP-2006-3

24

Entendemos que las actuaciones del querellado para con la

quejosa,

a

tal

punto

que

resultaron

en

órdenes

de

protección por acecho, son del todo contrarias a lo que

debe

ser

el

comportamiento

de

un

abogado,

y

atentaron

contra la dignidad de la profesión de la abogacía.

Hemos

reiterado que tanto en la vida privada como en el desempeño

de su función un abogado debe conducirse en forma digna y

honorable.

Además, debe esforzarse en exaltar el honor y

dignidad de su profesión aunque eso conlleve sacrificios

personales.

Evidentemente,

no

se

honra

ni

exalta

la

profesión de la abogacía incurriendo en conducta que motive

solicitudes de órdenes de protección por acecho.

Finalmente, debemos señalar que además de las faltas

éticas antes discutidas, el querellado desatendió en varias

ocasiones las órdenes de este Tribunal a los efectos de

contestar la querella presentada en su contra.

Esto, en

clara violación al Canon 12 del Código de Ética Profesional

sobre el cual hemos expresado que los abogados tienen que

responder con premura a los requerimientos relacionados a

quejas

por

conducta

profesional

pues

hacer

conlleva graves sanciones disciplinarias.

analizado

los

hechos

que

motivaron

lo

contrario

Luego de haber

la

querella

que

atendemos hoy, somos de la opinión de que el Lcdo. Miguel

Hernández Vázquez faltó a la fe pública notarial en él

depositada y se apartó de los principios éticos que rigen

la

profesión

de

la

observar celosamente.

abogacía,

y

que

todo

abogado

debe

CP-2006-3

25

IV.

Por

los

suspensión

fundamentos

inmediata

e

antes

expuestos

indefinida

del

ordenamos

Lcdo.

la

Miguel

Hernández Vázquez del ejercicio de la abogacía y de la

notaría. El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la

obra y sello del licenciado Hernández Vázquez.

Se

le

impone

clientes

de

su

el

deber

presente

representándolos,

les

recibidos

trabajos

por

oportunamente

de

su

de

notificar

inhabilidad

devuelva

no

suspensión

a

todos

para

cualesquiera

realizados

a

los

sus

seguir

honorarios

e

informe

distintos

foros

judiciales y administrativos del país.

Además, deberá certificarnos en treinta (30) días del

cumplimiento de estos deberes.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Miguel Hernández Vázquez

CP-2006-3

Conducta

Profesional

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2010.

Por los fundamentos antes expuestos en la

Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace

formar parte íntegra de la presente Sentencia, se

ordena la suspensión inmediata e indefinida del

Lcdo. Miguel Hernández Vázquez del ejercicio de la

abogacía y de la notaría. El Alguacil de este

Tribunal deberá incautar la obra y sello del

licenciado Hernández Vázquez.

Se le impone el deber de notificar a todos sus

clientes de su presente inhabilidad para seguir

representándolos,

les

devuelva

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e

informe oportunamente de su suspensión a los

distintos foros judiciales y administrativos del

país.

Además, deberá certificarnos en treinta (30)

días del cumplimiento de estos deberes.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Juez

Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez

no

intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo