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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Gotay Flores v. Administración de Corrección

2011 TSPR 10

Poder Judicial de Puerto Rico

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Gotay Flores v. Administración de Corrección

CC-2010-550

Resolución y Voto Particular Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Gotay Flores

Peticionario

Certiorari

v.

2011 TSPR 10

Administración de Corrección

180 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2010-550

Fecha: 25 de enero de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce Panel Especial

Jueza Ponente:

Hon. Luisa M. Colom García

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Steven P. Lausell Recurt

Lcdo. Fermín Arraiza Navas

Lcdo. Joel Román Román

Materia: Revisión Administrativa

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Gotay Flores

Peticionario

Certiorari

v.

Administración de Corrección

Recurrida

CC-2010-0550

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2011.

El

peticionario

José

Gotay

Flores,

nos

solicita que revoquemos una sentencia dictada por

el

Tribunal

confirmó

de

Apelaciones

mediante

una

resolución

emitida

Administración

de

Corrección.

la

En

cual

se

por

la

ella

dicha

agencia aplicó las disposiciones de su Reglamento

para la concesión de permisos a los miembros de la

población correccional para salir o residir fuera

de

las

instituciones

Libre

Asociado

7595

de

24

de

de

correccionales

Puerto

octubre

Rico,

de

del

Estado

Reglamento

2008,

y

Núm.

denegó

la

solicitud del peticionario para ser referido al

CC-2010-0550

2

programa de pases para salir fuera de las instituciones

penales.

A esos efectos, el peticionario alega que la

aplicación del Reglamento Núm. 7595 a sus circunstancias

viola la protección constitucional contra leyes ex post

facto debido a que el referido reglamento fue aprobado con

posterioridad a la fecha en que se cometieron los actos

delictivos.

Luego de examinar el recurso presentado por

la parte Peticionaria y acogerlo como uno de certiorari, 4

L.P.R.A. Ap. XXI-A, R.19(2), se declara el mismo No Ha

Lugar.

Esbozamos

los

antecedentes

fácticos

de

mayor

relevancia que dieron origen al recurso que nos ocupa.

I

Por hechos ocurridos el 24 de septiembre de 1991, el

8 de mayo de 1992 el Tribunal de Primera Instancia dictó

sentencia en contra del Sr. José Gotay Flores luego de

encontrarlo

culpable

por

los

delitos

de

asesinato

en

primer grado y violación a la Ley de Armas.

Al señor

Gotay

años

Flores

se

le

impuso

una

pena

de

108

de

reclusión.

Años más tarde, el 1 de diciembre de 2009, el señor

Gotay

Flores

le

solicitó

a

la

Administración

de

Corrección, en adelante AC, que lo refiriera al programa

de pases de dicha agencia.

Días después la AC emitió una

resolución y denegó la petición del señor Gotay Flores.

Indicó que su solicitud era improcedente puesto que el

Reglamento para la concesión de permisos a los miembros de

la población correccional para salir o residir fuera de

CC-2010-0550

3

las instituciones correccionales del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, Reglamento Núm. 7595 de 24 de octubre de

2008,

en

adelante

Reglamento

Núm.

7595,

excluye

expresamente a los convictos por violación a la Ley de

Armas.

Además, la AC señalo que en virtud de la Ley Núm.

49 de 26 de mayo de 1995, según enmendada, 4 L.P.R.A. §

1136a(a)(1),

los

convictos

por

el

delito

de

asesinato

tampoco cualifican para recibir dicho privilegio.

Luego de varios trámites procesales y de impugnada la

determinación de la AC ante el Tribunal de Apelaciones, el

foro apelativo intermedio dictó sentencia confirmando la

resolución recurrida.

En ella, indicó que la aplicación

retroactiva del Reglamento Núm. 7595 a la solicitud del

señor Gotay Flores no iba en detrimento de la protección

constitucional que prohíbe las leyes ex post facto.

Ello,

pues la Ley Núm. 49, supra, y el citado Reglamento Núm.

7595

establecen

que

los

convictos

por

el

delito

de

asesinato no cualifican para el privilegio solicitado.

Inconforme,

el

señor

Gotay

Flores

acudió

ante

nos

señalando que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar

el dictamen emitido por la AC.

Sustentó dicha alegación

en que su solicitud debió ser evaluada bajo el Reglamento

para la Concesión de Permisos a los Confinados para salir

fuera de las Instituciones Penales, Reglamento Núm. 2678

aprobado el 24 de julio de 1980- vigente al momento en que

el señor Gotay Flores cometió los hechos delictivos- y no

el Reglamento 7595 de dicha entidad.

Ello se alegó en

CC-2010-0550

4

virtud de la cláusula constitucional que prohíbe leyes ex

post facto.

II

Las Constituciones de los Estados Unidos de América y

de

Puerto

Rico,

entre

otras

cosas,

pretenden

imponerle

limitación al poder punitivo del Estado -ejercido por las

distintas ramas de gobierno.

Así, mediante la protección

constitucional contra leyes ex post facto se le prohíbe a

la Asamblea Legislativa criminalizar conducta de manera

retroactiva.

L.

E.

Chiesa

Aponte,

Sustantivo,

Publicaciones

JTS,

2007,

protección

constitucional

intenta

Derecho

pág.

Penal

16.

garantizar

Esta

“que

los

ciudadanos tengan un aviso adecuado acerca de la conducta

prohibida

mediante

las

leyes

penales”

como

también

“intenta evitar una aplicación arbitraria y vengativa de

los estatutos criminales”.

Chiesa Aponte, op cit., pág.

20.

En específico, es ex post facto toda ley que: (1)

criminaliza

y

castiga

un

acto

que

al

momento

de

ser

cometido no estaba tipificado como delito; (2) agrava un

delito o lo hace mayor de lo que era al momento en que fue

cometido; (3) altera el castigo imponiendo una pena mayor

que

la

fijada

cometido;

(4)

para

el

altera

las

delito

reglas

al

de

momento

en

evidencia

que

fue

exigiendo

menos prueba que la requerida por ley al momento en que el

delito fue cometido.

González v. E.L.A., 167 D.P.R. 400,

408 (2006); Pueblo en interés del menor F.R.F., 133 D.P.R.

CC-2010-0550

172

(1993);

5

Fernández

v.

Rivera,

Jefe

de

Presidio,

70

D.P.R. 900 (1949).

De

ordinario,

la

protección

constitucional

que

prohíbe leyes ex post facto no se extiende a los actos

judiciales,

estatutos

administrativas,

de

carácter

declaraciones

de

civil,

política

órdenes

pública

reglas interpretativas o de carácter procesal.

v. E.L.A., supra, págs. 409-410.

al

ámbito

González

Véase, además, Pueblo v.

Candelario Ayala, 166 D.P.R. 118 (2005).

cuanto

ni

administrativo,

Asimismo, en

esta

protección

constitucional aplica únicamente cuando la reglamentación

administrativa acarrea consecuencias penales.

González v.

E.L.A., supra, pág. 410 citando a Ross v. Oregon, 227 U.S.

150 (1913).

(1991).

C.f. Bailey v. Gardening, 940 F.2d 1150, 1157

Ello

es

así

pues

mediante

la

aprobación

de

reglamentos las agencias administrativas ejercen poderes

que

le

han

Legislativa.

Ahora

sido

delegados

válidamente

por

la

Asamblea

González v. E.L.A., supra, pág. 410.

bien,

administrativo

es

no

toda

ley

penal

ex

post

facto.

o

Para

reglamento

que

así

sea

catalogado, y por ende declarada inconstitucional, dicho

estatuto

o

reglamento

retroactivamente

y

ser

más

tiene

que

oneroso

que

ser

la

aplicado

disposición

legal vigente a la fecha en que se cometió el delito.

González

v.

E.L.A.,

supra,

pág.

409.

Cónsono

con

lo

anterior, en California Dept. of Corrections v. Morales,

514 U.S. 499 (1995), el Tribunal Supremo federal resolvió

CC-2010-0550

que

la

6

aplicación

retroactiva

de

leyes

aprobadas

con

posterioridad a la comisión de los actos delictivos no

viola la referida protección constitucional siempre que

dicho estatuto –o reglamento- no aumente la pena que se le

impuso

al

confinado

por

la

comisión

de

los

delitos

o

presente suficiente riesgo de incrementar dicha pena.

Claro está, la normativa antes señalada no ignora los

pronunciamientos de Weaver v. Graham, 450 U.S. 24 (1981).

En

esa

ocasión

dictamen

del

el

Tribunal

Tribunal

Supremo

Supremo

federal

del

Estado

revocó

de

un

Florida

mediante el cual se resolvió que la aplicación ex post

facto de una ley estatal que reducía la cantidad de tiempo

que un confinado podía restar al período de su convicción

si

mantenía

buena

conducta

(bonificaciones

por

buena

conducta) no era inconstitucional.

Al así proceder, el

Tribunal

que

Supremo

retroactiva

de

impuesta

reo.

al

federal

dicha

penales sustantivos.

ley

Es

señaló

estatal

decir,

sí

la

aplicación

sí

alteraba

la

pena

se

afectaban

aspectos

Ahora bien, vale mencionar que en la

nota al calce número 12 de Weaver v. Graham, supra, el

Tribunal Supremo federal, por voz del Juez Asociado señor

Thurgood Marshall, indicó que “no ocurre una violación ex

post

facto

si

la

meramente

procesal,

requisitos

del

aplicación

no

delito

establece culpabilidad”.

retroactiva

aumenta

o

altera

la

la

pena

en

efecto

es

o

cambia

los

en

se

forma

que

Weaver v. Graham, supra, pág.

CC-2010-0550

7

31, n.12, citando a Hopt v. Utah, 110 U. S. 574, 110 U. S.

590 (1884).

Posteriormente,

en

Lynce

v.

Mathis,

519

U.S.

433

(1997), el Tribunal Supremo federal tuvo la oportunidad de

distinguir las normativas pautadas en Weaver v. Graham,

supra,

y

supra.

California

Así,

ante

Dept.

una

of

ley

Corrections

del

Estado

de

v.

Morales,

Florida

que

cancelaba unos créditos provisionales que disminuían la

pena a cumplir por el confinado, sin importar que dichos

créditos ya habían sido otorgados a los confinados o –como

en

otros

casos-

libertad,

el

que

éstos

Tribunal

ya

Supremo

habían

sido

federal

puestos

señaló

que

en

la

aplicación retroactiva de esta ley iba en detrimento de la

cláusula constitucional que protege contra las leyes ex

post facto.

Ello, pues aumentaba la pena que el confinado

cumpliría.

Lynce v. Mathis, supra, citando a Weaver v.

Graham, supra.

Por

otro

lado,

en

González

v.

E.L.A.,

supra,

nos

expresamos ante la revocación del privilegio libertad bajo

supervisión

electrónica,

concedido

erróneamente.

Allí,

catorce convictos impugnaron su reingreso a la institución

correccional tras la aprobación de la Ley Núm. 49, supra.

Esta

ley

asesinato

excluyó

de

a

dicho

los

convictos

privilegio.

por

el

A

estos

delito

de

efectos,

resolvimos que la aplicación retroactiva de la Ley Núm.

49,

supra,

no

infringía

leyes ex post facto.

la

cláusula

constitucional

de

Ello, pues para el momento en que

CC-2010-0550

trece

8

de

los

catorce

delictivos

no

existía

regulara

la

convictos

concesión

cometieron

disposición

de

legal

libertad

bajo

los

hechos

alguna

que

supervisión

electrónica.

En otras palabras, “el programa simplemente

no existía”.

González v. E.L.A., supra, pág. 415.

Sin embargo, debe tenerse presente que aun cuando el

desenlace de González v. E.L.A., supra, fue distinto al de

Weaver v. Graham, supra -debido a la ausencia de ley que

regulara el privilegio concedido erróneamente- indicamos

que lo importante en estas instancias es examinar si, en

comparación con la vieja ley, el nuevo estatuto alarga la

pena

que

cumplirá

el

confinado.

González

v.

E.L.A.,

supra, pág. 415 citando a Weaver v. Graham, supra.

En

otras palabras, al determinar si una ley penal es más

onerosa que la vigente al momento en que se cometieron los

actos delictivos es necesario examinar si, en comparación

con el estatuto antiguo, la nueva ley tiene el efecto de

alargar o prolongar la pena impuesta que ha de cumplirse

por el autor del delito.

III

En el caso de autos, el peticionario aduce que la

Administración de Corrección erró al evaluar su solicitud

para el programa de pases utilizando el Reglamento 7595 y

no el Reglamento 2678, ambos de dicha agencia.

No le

asiste la razón.

Como

mencionamos

anteriormente,

aun

cuando

se

ha

resuelto que la protección constitucional de leyes ex post

CC-2010-0550

9

facto aplica a reglamentación administrativa que acarrea

consecuencias

penales,

Ross

v.

Oregon,

supra,

en

esta

ocasión los actos de la Administración de Corrección no

van en detrimento de la referida protección.

Ello, pues

la pena que se le impuso al peticionario por la comisión

del delito de asesinato y violación a la Ley de Armas no

es

incrementada.

González

v.

E.L.A.,

supra;

Lynce

v.

Mathis, supra; California Dept. of Corrections v. Morales,

supra;

Weaver

v.

Graham,

supra.

No

se

trata

en

esta

ocasión, pues, de un programa administrativo que conceda

bonificaciones o créditos atribuibles a la pena impuesta.

Más bien, la situación ante nos involucra la concesión de

un

privilegio

–y

no

un

derecho-

como

una

medida

de

tratamiento individualizado para el confinado.

De ninguna manera, el dictamen agencial constituye

una alteración al castigo que impone una pena mayor de la

que

fijaba

la

ley

al

delito

cuando

fue

cometido.

La

disposición constitucional ex post facto lo que prohíbe es

la imposición de castigo más severo que el dispuesto por

ley o reglamento cuando el delito ocurrió.

Es evidente

que

señor

estas

no

son

las

circunstancias

del

Gotay

Flores.

La anterior conclusión es cónsona con la propia Ley

Núm. 49, supra.

Precisamente, el Artículo 4 del referido

estatuto

que

indica

“[l]as

disposiciones

de

esta

Ley

aplicarán a todos los convictos cumpliendo sentencia bajo

la

custodia

y

supervisión

de

la

Administración

de

CC-2010-0550

10

Corrección”.

Ello implica que el Reglamento 7595, supra,

aprobado en consecución de los propósitos esbozados por la

Ley Núm. 49, supra, es aplicable a todos los convictos

según consignado en el citado estatuto.

Mediante el Voto Particular Disidente, la minoría de

esta

Curia

legislativa

intenta

de

desvirtuar

establecer

una

la

diáfana

prohibición

intención

absoluta

al

conceder pases familiares a confinados sentenciados por el

delito

de

asesinato.

El

acceder

a

tal

contención,

atentaría contra la firme política pública, el estado de

derecho y el reclamo de la sociedad puertorriqueña.

fallido

análisis,

olvidan

que

los

referidos

En su

pases

o

permisos constituyen una medida de tratamiento y no un

derecho.

Más

aún,

la

aplicación

del

Reglamento

7595,

supra, al caso particular del peticionario no incide sobre

la prohibición constitucional de leyes ex post facto.

IV

Finalmente, nos sorprenden las expresiones vertidas

en

el

Voto

Asociada

Particular

señora

Disidente

Rodríguez

de

Rodríguez

la

compañera

sobre

emisión “a última hora” de ésta Resolución.

nuestra

compañera

olvida

–para

su

la

Juez

supuesta

Al parecer,

conveniencia-

que

el

trámite procesal interno del caso de autos no fue alterado

CC-2010-0550

11

de forma alguna.1

Mas bien, el único evento que levantó

suspicacia sobre dicho trámite provino de su parte cuando

indicó

–vía

memorando-

que

pretendía

certificar

la

Resolución declarando No Ha Lugar el recurso de autos aun

sin contar con la votación final de los Jueces de este

Tribunal sobre un memorando previamente circulado por el

Juez

Asociado

contradictorio,

señor

Rivera

García.

incluso,

errático,

el

que

Nos

la

parece

compañera

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez indique que ésta

Resolución se emitió “a última hora”, cuando lo cierto es

1

El caso de autos fue discutido en la reunión ordinaria del pleno de

este Tribunal, celebrada el 17 de diciembre de 2010. Días más tarde,

el 11 de enero de 2011, la compañera Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez circuló un memorando en el cual incluyó un Voto Particular

Disidente, el cual constituiría su posición en el asunto de proveerse

No Ha Lugar el recurso de autos.

Ese mismo día la compañera Jueza

Asociada señora Fiol Matta circuló un memorando en el cual indicó que

se unía al dicho voto particular y, al día siguiente, el Juez

Presidente señor Hernández Denton expresó mediante memorando la misma

intención.

El 12 de enero de 2011, el Juez Asociado señor Rivera García le

solicitó a la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez el expediente

del caso de autos para su correspondiente estudio y le solicitó,

además, un término razonable para ello.

Ese mismo día el expediente

fue le fue remitido.

Así las cosas, en horas de la tarde del 20 de enero de 2011, el Juez

Asociado Rivera García circuló un memorando en el cual expuso su

posición sobre el caso de autos y su debida recomendación.

Minutos

después, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez circuló otro

memorando indicando que el 21 de enero de 2011 se proponía certificar

la resolución proveyendo No Ha Lugar al recurso del caso de autos

conjuntamente con su voto particular. Ello, aun cuando ninguno de los

Jueces de este Tribunal había expresado su posición o emitido su voto

en cuanto al memorando circulado minutos antes por el Juez Asociado

señor Rivera García.

A raíz de lo anterior, el Juez Asociado señor Rivera García circuló –

ese mismo día- otro memorando en el cual indicó que todavía no era

apropiado certificar resolución alguna sobre el presente caso debido a

que se desconocía la votación final del Tribunal. Por ello, recomendó

posponer la disposición del caso de autos hasta que se conociera dicha

votación final.

A este último memorando se unieron los Jueces

Asociados señor Martínez Torres y señor Kolthoff Caraballo, y la Jueza

Asociada señora Pabón Charneco.

Al día siguiente, 21 de enero de

2011, el expediente le fue remitido al Juez Asociado señor Rivera

García.

El 24 de enero de 2011, el Juez Asociado señor Rivera García circuló

un memorando en el cual indicó la votación final del asunto de autos

para que dispusiera del caso conforme a ello.

CC-2010-0550

12

que desde el caso de autos ha sido objeto de discusión de

este

Tribunal

desde

el

17

de

diciembre

de

2010.

Los

incidentes procesales acontecidos ante nos, hablan por sí

mismos.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se declara No Ha

Lugar el recurso presentado por la parte peticionaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal

Supremo.

La

Juez

Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez emitió un Voto Particular Disidente al cual se

le unieron el Juez Presidente señor Hernández Denton y la

Jueza Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Gotay Flores

Peticionario

v.

CC-2010-0550

Administración de

Corrección

Recurrida

Voto particular disidente emitido por la Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez al que se une el Juez Presidente

señor Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2011

Lamento que una mayoría de este Tribunal rehúse solicitarle

a

la

Procuradora

General

que

se

controversia en este caso, a saber:

exprese

sobre

la

qué reglamento regula

la solicitud de beneficio de cierto programa de permisos

para

salir

fuera

de

las

instituciones

correccionales,

si

aquél que estaba vigente al momento de que el confinado

solicitante incurrió en los hechos delictivos por los cuales

se encuentra confinado, o el que está vigente al momento de

la solicitud.

Ello

me

parece

necesario

pues

en

dos

ocasiones

anteriores la Procuradora General, a instancias del Tribunal

de Apelaciones, había expresado la posición del Estado en el

sentido de que el reglamento que corresponde utilizar en

estos casos es el que estuviese vigente al momento de la

comisión del delito y no cuando el confinado solicita el

CC-2010-550

beneficio

2

del

programa.2

De

esta

forma,

la

Procuradora

General, con correcto rigor jurídico, rechazó la actuación

de

la

Administración

aplicar

en

estas

de

Corrección

circunstancias

vigente actualmente.3

el

que

ha

determinado

reglamento

que

está

Evidentemente, ella es consciente de

que la postura asumida por la Administración de Corrección

es contraria a lo que manda la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico cuando proscribe la aplicación de

leyes ex post facto.

No logro comprender a qué obedece la renuencia de la

mayoría a escuchar al principal abogado del Estado ante

este Tribunal en un asunto sobre el cual ya se ha expresado

a

nivel

del

foro

apelativo

intermedio.

Deberíamos

aprovechar instancias como éstas para pautar una norma de

derecho que, claramente, es objeto de litigación continua

ante el Tribunal de Apelaciones y que a todas luces, está

siendo aplicada incorrectamente por la Administración de

Corrección en violación a los derechos constitucionales de

los confinados.

En su lugar y a última hora, el Tribunal emite una

extensa

2

Resolución

cuyo

efecto

real,

a

mi

juicio,

es

Véanse, Samuel Rivera Alejando v. Administración de

Corrección, Caso Núm. KLRA-2009-433 (López Feliciano,

Hernández Serrano, Rosario Villanueva); José Medina Rosa v.

Administración de Corrección, Caso Núm. KLRA-2010-250

(López Feliciano, Hernández Serrano, Birriel Cardona).

3

La Procurador General hace la salvedad correctamente, de

que ello no supone que al confinado se le deba conceder el

pase que solicita, sino meramente que su solicitud de debe

evaluar de acuerdo con los criterios que se establecen en

el reglamento que estaba vigente a la fecha de los hechos

que dieron base a su convicción.

CC-2010-550

3

modificar la normativa vigente sobre los criterios para

determinar

cuándo

considerarse

la

contraria

aplicación

de

una

ley

puede

al

mandato

constitucional

contra

evidente

que

este

caso

no

como

el

leyes ex post facto.

Por

otro

tramitarse

lado,

como

una

es

apelación

y

debe

recurso

discrecional de certiorari habida cuenta de las sentencias

contradictorias dictadas por varios paneles del Tribunal de

Apelaciones.

Supremo.

Regla 18 (b) del Reglamento del Tribunal

4 L.P.R.A. App. XXI-A.

La mayoría del Tribunal

rehúsa atender este caso como una apelación y se niega a

explicar su proceder.

Porque no estoy de acuerdo con el errado proceder de

la mayoría, disiento de su criterio.

I

Los hechos en este caso son sencillos y sobre ellos no

hay controversia.

El 8 de mayo de 1992, el Tribunal de

Primera Instancia dictó sentencia contra el señor Gotay

Flores por el delito de asesinato e infracciones a la Ley

de Armas por hechos ocurridos en 1991.

Actualmente, se

encuentra

custodia

en

una

institución

penal

de

mínima

cumpliendo una pena de 108 años.

El 1ero de diciembre de 2009, el señor Gotay Flores

solicitó que se le refiriera al programa de pases de la

Administración de Corrección.

El 4 de enero de 2010 la

agencia respondió a la solicitud de la siguiente manera:

Informa la Sra. M. Pérez, Técnica Sociopenal, que

según establece el Reglamento para la concesión

CC-2010-550

4

de permisos a los miembros de la población

correccional para salir o residir fuera de las

instituciones correccionales aprobado el 24 de

octubre

de

2008,

estipula

que

los

casos

cumpliendo sentencias por ley de armas no

cualificarán para este tipo de permiso. Indican

que no cualificarán para pases familiares los

confinados que se encuentren [sic] cumpliendo

sentencia por delitos contemplados en la Ley Núm.

49 del 26 de mayo de 1995.

Que tampoco

cualificarán para pases familiares confinados

sentenciados por delitos de asesinato, ni de

violación, incesto, sodomía y actos lascivos si

la

víctima

fuera

menor

de

16

años

independientemente de la fecha en que haya sido

sentenciado [sic] conforme lo establece la Ley

Núm. 49 antes citada.

El señor Gotay Flores solicitó reconsideración de esta

determinación por considerar que atender su solicitud a

base de lo que disponía el “Reglamento para la concesión de

permisos a los miembros de la población correccional para

salir o residir fuera de las instituciones correccionales

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Reglamento núm.

7595 de 24 de octubre de 2008 (“Reglamento núm. 7595”), era

contrario a la protección constitucional contra leyes ex

post facto.

Éste considera que su solicitud debe evaluarse

a tenor con lo que dispone el “Reglamento para la concesión

de

permisos

a

los

confinados

para

salir

fuera

de

las

instituciones penales, Reglamento núm. 2678 de 24 de julio

de 1980” (“Reglamento núm. 2678”) que era el que estaba

vigente al momento de los hechos que dieron base a su

convicción y sentencia.

Flores

presentó

un

Posteriormente, el señor Gotay

oportuno

recurso

de

administrativa ante el Tribunal de Apelaciones.

revisión

En su

CC-2010-550

recurso

5

planteó,

esencialmente,

lo

mismo

que

había

planteado ante el ente administrativo.

El 29 de abril de 2010, el Tribunal de Apelaciones

(Arbona Lago, Colom García y Vizcarrondo Irizarry), emitió

una sentencia en la que confirmó la determinación de la

agencia de excluir al peticionario del programa de pases en

virtud de la reglamentación vigente desde el 2008.

intermedio

limitó

su

discusión

a

plantear

El foro

que

“[l]a

concesión de esos permisos son actos discrecionales de la

Administración

que

corresponden

a

una

serie

de

consideraciones que lleva a cabo la agencia para aquellos

confinados

que

tratamiento”.

pueden

ser

elegibles

a

tal

medida

de

A renglón seguido, ese foro abordó el tema

de la deferencia con la que se atienden las determinaciones

administrativas

y

procedió

a

abstenerse

de

revisar

la

determinación recurrida.

Respecto al planteamiento medular del señor Gotay, el

foro

apelativo

indicó

que

la

agencia

venía

obligada

a

aplicarle el Reglamento 7595 por disposición expresa de la

Ley núm. 49 de 1995.

de

la

Esta ley enmendó la ley habilitadora

Administración

expresamente

del

de

beneficio

Corrección

de

poder

para

participar

excluir

en

los

programas de desvío y rehabilitación a aquellos confinados

convictos de asesinato o violación a la Ley de Armas, entre

otros delitos.

4 LPRA sec. 1136(a).

La sentencia indica,

citando al Reglamento 7595, que las exclusiones de la Ley

núm. 49 aplican, “independientemente de la fecha en que

CC-2010-550

[los

6

convictos]

hayan

sido

sentenciados

establece la Ley Núm. 49 antes citada.”

conforme

lo

Con lo cual,

concluye que la acción de la agencia se justifica pues es

lo que ordena la ley.

Inconforme nuevamente, el señor Gotay Flores presentó

un escrito de apelación ante este Tribunal donde planteó

que el Tribunal de Apelaciones había errado “al no resolver

que la aplicación del Reglamento Núm. 7595 al recurrente

viola la protección constitucional contra leyes ex post

facto.”

Una mayoría de los miembros de este Tribunal,

inexplicablemente, rehúsa atender esta controversia.

No

puedo validar este proceder, erróneo e incomprensible, de

este Tribunal.

II

Como

revoque

se

apuntó,

una

beneficiarse

el

apelante

sentencia

que

de

programa

cierto

nos

sostuvo

de

solicita

que

éste

permisos

que

se

no

podía

para

salir

fuera de las instituciones correccionales para trabajar,

estudiar,

visitar

su

hogar

o

el

de

familiares

con

la

posibilidad de permanecer allí por un corto periodo de

tiempo,

para

participar

en

actividades

culturales,

recreativas, religiosas, o para recibir tratamiento médico

incluyendo

hospitalización,

Reglamento

núm.

7595,

porque

vigente

a

su

juicio,

el

en

la

actualidad,

expresamente excluía a los confinados que, como él, habían

sido convictos de delitos de asesinato y de violación a la

Ley de Armas.

La posición del peticionario es que su

CC-2010-550

solicitud

7

debe

evaluarse

bajo

el

reglamento

que

estaba

vigente a la fecha de los hechos delictivos, el cual no

contemplaba tal exclusión.

Véase, Reglamento núm. 2678.

La actuación del Estado, se alega, es violatoria de la

protección

constitucional

Tiene razón el apelante.

contra

leyes

ex

post

facto.

Veamos brevemente.

La Sección 12 del Artículo II de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 L.P.R.A. Art. II,

sec.12, prohíbe la aplicación de leyes ex post facto.

En

González v. E.L.A., 167 D.P.R. 400 (2006) abundamos sobre

esta disposición constitucional e indicamos que son cuatro

los tipos de estatutos que consideramos ex post facto: 1)

aquellas leyes que criminalizan y castigan un acto que al

ser realizado no era delito; 2) las leyes que agravan un

delito o lo hacen mayor de lo que era al momento de ser

cometido; 3) leyes que alteran el castigo imponiendo una

pena mayor que la fijada para el delito al momento de ser

cometido;

4)

y

las

leyes

que

alteran

las

reglas

de

evidencia exigiendo menos prueba que la requerida por ley

al memento de la comisión del delito para castigar al

acusado o reducir el quantum de evidencia necesario para

encontrarlo culpable.

Véanse además, El Pueblo de Puerto

Rico en interés del menor F.R.F., 133 D.P.R. 172 (1993);

Fernández

v.

Rivera,

70

D.P.R.

900

(1949).

Esta

disposición por lo tanto lo que hace es prohibir que se

aplique

retroactivamente

una

ley

acusado

su

el

delito,

relación

con

que

la

agrava

para

el

oportunidad

de

CC-2010-550

defenderse,

8

y

la

forma

de

cumplir

una

sentencia

o

su

extensión.

Esta cláusula constitucional no tan sólo se utiliza

para

impedir

legislación

la

sino

aplicación

también

naturaleza legislativa.”

invocarse

cuando

se

retroactiva

cuando

se

trata

de

de

cierta

actos

“de

Por lo que la prohibición puede

impugna

la

aplicación

o

derogación

retrospectiva de reglamentos administrativos y ordenanzas

municipales que acarrean consecuencias penales.

En Ross v.

Oregon, 227 US 150, 162-163 (1913) el Tribunal Supremo de

Estados Unidos indicó lo siguiente:

But whilst thus uniformly holding that the

provision is directed against legislative, but

not

judicial,

acts,

this

court

with

like

uniformity has regarded it as reaching every form

in which the legislative power or a State is

exerted,

whether

it

be

a

constitution,

a

constitutional amendment, an enactment of the

legislature, a by-law or ordinance of a municipal

corporation, or a regulation or order of some

other instrumentality of the State exercising

delegated legislative authority.

(Énfasis

nuestro.)

Y no cabe duda de que así tiene que ser pues mediante la

aprobación de una ordenanza o un reglamento, las agencias

administrativas

o

los

municipios,

según

fuere

el

caso,

ejercen poderes que le han sido delegados, válidamente, por

la

Asamblea

Legislativa.

Se

trata

pues

de

actos

de

para

que

un

naturaleza legislativa.

Hemos

expresado

que

lo

determinante

estatuto contravenga la cláusula contra leyes ex post facto

es que "el mismo sea de aplicación retroactiva y, además,

que sea más oneroso para el imputado que el vigente a la

CC-2010-550

9

González Fuentes v.

fecha en que se cometió la ofensa".

E.L.A.,

Corretger

ante;

Cruz

v.

Corrección, 172 D.P.R. 320 (2007).

Administración

de

Para determinar si la

nueva ley es más onerosa que la vigente al momento de la

comisión

del

delito,

lo

medular

es,

según

expresa

el

Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso normativo

Weaver v. Graham, 450 US 24, 32 n. 17 (1981), “whether the

new

provision

imposes

greater

punishment

after

the

commission of the offense not merely whether it increases a

criminal sentence.”

(Énfasis nuestro.)

Washington, 301 U.S. 397, 401 (1937).

Véase, Lindsey v.

Y ello ocurre, según

el Tribunal, cuando el estatuto que se aplica “lengthen[ed]

the period that someone in petioner’s position must spend

in prison.”

Íbid, pág. 33.

Lynce v. Mathis, 519 U.S. 433,

442 (1997).

Si la ley impugnada altera las condiciones de

confinamiento para hacerlas más onerosas estamos frente a

un problema de aplicación de leyes ex post facto.

Weaver

v. Graham, ante.

Lo anterior deja claro que lo que hay que evaluar al

considerar un planteamiento de aplicación ex post facto de

una ley o regulación es si las condiciones impuestas al

confinado por éstas, hacen más oneroso su convicción o

confinamiento y no, necesariamente, que la ley o regulación

impugnada aumente el término que debe cumplir en prisión el

confinado,

evidente

es

que

decir,

si

la

la

pena

ley

que

impuesta.

se

aplica

Y

es

que

es

retroactivamente

aumenta la pena por la que resultó convicta una persona,

CC-2010-550

10

estamos ante una clara violación a la cláusula contra leyes

ex post facto pero, la protección constitucional aspira a

más.

Así, una ley puede no aumentar la pena a cumplir por

un delito pero al hacer más opresivo o gravoso el castigo

impuesto,

ésta

no

puede

aplicarse

retroactivamente

por

mandato de la disposición constitucional contra leyes ex

post facto.

Por ejemplo, en In re Medley, 134 U.S. 160

(1890), el Tribunal Supremo de Estados Unidos dispuso que

una ley que exigía que un confinado que había sido convicto

de un delito que requería se impusiera la pena de muerte,

tuviese que permanecer en confinamiento solitario hasta su

ejecución no se podía aplicar al convicto en ese caso, ya

que al momento de los hechos delictivos, la legislación

aplicable no exigía que se le mantuviese en confinamiento

solitario.

El

Tribunal

concluyó

que

ello

violaría

disposición federal contra leyes ex post facto.

la

Véanse

además, Cummings v. Missouri, 4 Wall. 277 (1867); Weaver v.

Graham, ante.

El Tribunal, en la Resolución que certifica parece

concluir

todo

lo

contrario

cuando

concluye

que:

“al

determinar si una ley penal es más onerosa que la vigente

al momento en que se cometieron los actos delictivos es

necesario

examinar

si,

en

antiguo,

la

ley

tiene

nueva

comparación

el

con

efecto

de

el

estatuto

alargar

o

prolongar la pena impuesta que ha de cumplirse por el autor

del delito.”

(Énfasis nuestro.) Resolución, pág. 8.

O,

CC-2010-550

cuando

11

indica,

que

“en

esta

ocasión

los

actos

de

la

Administración de Corrección no van en detrimento de la

referida protección.

Ello, pues la pena que se le impuso

al peticionario por la comisión del delito de asesinato y

violación a la Ley de Armas no es incrementada.” (Énfasis

nuestro.)

Resolución,

asevera lo siguiente:

pág.

9.

Como

también

cuando

“[d]e ninguna manera, el dictamen

agencial (sic) constituye una alteración al castigo que

impone una pena mayor de la que fijaba la ley al delito

cuando

fue

infringe

cometido”,

la

por

disposición

Resolución, pág. 9.

lo

que

contra

en

este

caso

no

se

leyes

ex

post

facto.

Esta lectura reiterada de la cláusula

constitucional que se interpreta hoy choca frontalmente con

nuestra jurisprudencia como con la normativa expuesta por

el Tribunal Supremo de Estados Unidos y tiene el efecto de,

mediante una Resolución, modificar profundamente

revocar--

el

estado

de

derecho

hasta

hoy

-–sino

vigente

y

colocarnos al margen de la Constitución de Puerto Rico y de

Estados Unidos.

En González, ante, expresamos, específicamente, que es

“incompatible con la protección contra leyes ex post facto

aplicar retroactivamente una ley que elimina a cierto grupo

de

convictos

concesión

de

electrónica”

la

posibilidad

de

ser

libertad

bajo

pues

eliminación

la

palabra

elegibles

o

bajo

para

la

supervisión

retroactiva

de

esos

beneficios “tiene el potencial de alargar el término que el

convicto habrá de cumplir en reclusión.”

González, supra,

CC-2010-550

pág. 409.

Tribunal

12

Por otro lado, en Lynce v. Mathis, ante, el

Supremo

legislación

del

de

Estados

estado

de

Unidos

se

enfrentó

Florida

que

a

una

prohibía

que

confinados convictos del delito de tentativa de asesinato,

entre otros delitos,

cualificaran para un programa de

libertad temprana (“early release”).

El Tribunal concluyó

que la ley era inconstitucional porque “it made ineligible

for early release a class of prisoners who were previously

eligible….”

Lynce v. Mathis, ante, pág. 75.

Destacamos, tal como señala el profesor Chiesa, que

poco

importa

si

con

la

ley

o

reglamento

aplicado

“el

acusado pierde un derecho o una gracia legislativa; lo

decisivo es que queda en peor posición que la que tenía en

el momento de la comisión del delito.”

E. Chiesa, Derecho

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum,

Colombia, vol. II, 1992, sec. 19.1, pág. 548.

sentido,

D.

Nevares,

Derecho

Penal

En igual

Puertorriqueño,

Instituto para el Desarrollo del Derecho, San Juan, 6ta

ed., 2010, págs. 97-99; J. Dressler, Understanding Criminal

Law, 4ta ed.,

Lexis-Nexis, New Jersey, 2005.

En Weaver v.

Graham, 450 US 24, 30-31 (1981), el Tribunal Supremo de

Estados Unidos indicó sobre este particular lo siguiente:

Critical to relief under the ex post facto Clause

is not an individual’s right to less punishment,

but the lack of fair notice and governmental

restraint

when

the

legislature

increases

punishment beyond what was prescribed when the

crime was consummated.

Thus, even if a statute

merely alters penal provisions accorded by the

grace of the legislature, it violates the Clause

if it is both retrospective and more onerous that

CC-2010-550

13

the law in effect on the date of the offense.

(Énfasis nuestro.)

En Weaver, ante, el Tribunal Supremo abundó sobre este

asunto indicando expresamente: “The presence or absence of

an affirmative, enforceable right is not relevant, however,

to the ex post facto prohibition … Thus, even if a statute

merely alters penal provisions accorded by the grace of the

legislature,

it

violates

the

Clause

if

it

is

both

retrospective and more onerous than the law in effect on

(Énfasis nuestro.)

the date of the offense.”

Weaver v.

Graham, ante, págs. 30-31.

Al

aplicar

objetivamente

la

normativa

someramente

expuesta, la única conclusión posible es que el apelante

tiene razón en su reclamo, y que la mayoría del Tribunal se

equivoca al rechazar su planteamiento.

La Administración de Corrección evaluó la solicitud de

pase hecha por el señor Gotay bajo un reglamento que no

estaba vigente al momento en que éste cometió los hechos

por los cuales fue convicto y sirve su sentencia.

De

acuerdo

los

a

ese

reglamento,

personas

convictas

por

delitos que fue convicto el señor Gotay no gozaban del

privilegio de poder participar en el programa de pases para

salir fuera de la institución penal.

apelante

incurrió

cumple

condena,

similar

programa,

en

el

la

conducta

reglamento

no

excluía

que

de

En 1991, cuando el

delictiva

por

la

que

estaba

vigente

para

sus

beneficios

a

los

convictos de asesinato y violación a la Ley de Armas como

él.

Con lo cual, éste podía ser considerado para este

CC-2010-550

14

programa

que

le

permitía

trabajar

recibiendo

visitar

familiares

cortos

de

de

remuneración

y

permanecer

tiempo,

hospitalización

salir

recibir

fuera

de

la

la

por

con

institución

ello,

éstos

prisión

o

estudiar,

por

tratamiento

para

periodos

médico

y

participar

en

actividades culturales, religiosas, educativas, etc.

Parece claro que al aplicarle el reglamento vigente en

la actualidad, el apelante, señor Gotay, “queda en peor

posición que la que tenía en el momento de la comisión del

delito.”

González, ante.

tiempo

está

que

en

Ciertamente, se alarga el

prisión

pues

no

puede

salir

de

la

institución incluyendo la posibilidad de residir por corto

tiempo fuera de la prisión; como tampoco puede cualificar

para disfrutar del programa de estudios o trabajo fuera de

la institución penal.

Bajo el Reglamento núm. 7495 se

alteraron las condiciones de confinamiento del señor Gotay,

tornando la pena que cumple en una más onerosa, que bajo el

Reglamento núm. 2678, que era el que estaba vigente al

momento de los hechos delictivos.

Sin más, ello ofende la

Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos, pues

ambas prohíben la aplicación de leyes ex post facto.

El propio Estado en dos ocasiones anteriores se ha

allanado a peticiones como la del señor Gotay.

Así, en

Samuel Rivera Alejando v. Administración de Corrección,

Caso

Núm.

KLRA-2009-433

(López

Serrano, Rosario Villanueva),

Feliciano,

Hernández

la Procuradora General, a

petición del Tribunal de Apelaciones, compareció a expresar

CC-2010-550

15

su criterio sobre esta controversia y, con un encomiable

sentido

de

responsabilidad

con

el

cargo

que

ostenta,

expresó al tribunal lo siguiente:

Conforme a lo anterior la administración de

Corrección aprobó el [Reglamento núm. 4851 de

1992]. Dicho reglamento establecía los criterios

para determinar la elegibilidad de los confinados

para participar en el programa de permisos para

salir fuera de las instituciones penales y estaba

vigente

al

momento

del

recurrente

ser

sentenciado.

Sin

embargo,

al

evaluar

la

solicitud

del

confinado,

la

Administración

utilizó el [Reglamento núm. 7595 de 2008].

De

conformidad, la agencia concluyó que bajo los

parámetros

del

[Reglamento

núm.

7595]

el

recurrente no cualificaba para el Programa de

Pases. No obstante, reconocemos que el Artículo

II, sección 12 de nuestra Constitución prohíbe la

aplicación de leyes ex post facto.

1 L.P.R.A.,

Art. II, sec. 12.

Dicha prohibición impide la

aplicación de : 1. leyes que criminalizan y

castigan un acto que al ser realizado no era

delito; 2. leyes que agravan un delito o lo hacen

mayor de lo que era al momento de ser cometido;

3. leyes que alteran el castigo imponiendo una

pena mayor que la fijada para el delito al ser de

ser cometido; y 4. leyes que alteran las reglas

de evidencia exigiendo menos prueba que la

requerida por ley al memento de la comisión del

delito para castigar al acusado o reduciendo el

quántum de evidencia necesario para encontrarlo

culpable. Siendo ello así, no nos oponemos a la

solicitud del recurrente de que sea evaluado para

el Programa de Pases sin Custodia utilizando el

Reglamento Número 4851, vigente al momento de los

hechos delictivos y de emitida la sentencia en su

contra. (Énfasis en original y suplido.) (Citas

omitidas.)

Al igual que la Procuradora General, considero que la

solicitud

del

señor

Gotay

debe

ser

evaluada

por

el

reglamento que estaba vigente al momento de los hechos que

dieron base a su convicción, por lo que considero que la

actuación en contrario de la Administración de Corrección,

que

ahora

avala

una

mayoría

del

Tribunal,

viola

los

CC-2010-550

16

derechos constitucionales bajo nuestra Carta Fundamental

como los derechos bajo la Constitución de Estados Unidos.

Por lo anterior, disiento.4

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

4

Solamente para aclarar la nota al calce número 1 de la

resolución emitida por la mayoría del Tribunal, es preciso

indicar que en la reunión ordinaria del Pleno celebrada el

17 de diciembre de 2010, una mayoría de los integrantes de

este Foro proveyó no ha lugar al recurso presentado en el

caso de autos. El Juez Presidente señor Hernández Denton,

la Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez, disintieron de dicho curso de

acción. Inmediatamente, en la misma reunión del Pleno, la

suscribiente anunció que habría de emitir un voto

particular disidente de la denegatoria del recurso. Sólo

restaba circular el referido voto particular y certificar

la resolución de no ha lugar previamente aprobada por la

mayoría del Tribunal.