Tribunal Supremo de Puerto Rico
Gotay Flores v. Administración de Corrección
2011 TSPR 10
Poder Judicial de Puerto Rico
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Gotay Flores v. Administración de Corrección
CC-2010-550
Resolución y Voto Particular Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Gotay Flores
Peticionario
Certiorari
v.
2011 TSPR 10
Administración de Corrección
180 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2010-550
Fecha: 25 de enero de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce Panel Especial
Jueza Ponente:
Hon. Luisa M. Colom García
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Steven P. Lausell Recurt
Lcdo. Fermín Arraiza Navas
Lcdo. Joel Román Román
Materia: Revisión Administrativa
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Gotay Flores
Peticionario
Certiorari
v.
Administración de Corrección
Recurrida
CC-2010-0550
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2011.
El
peticionario
José
Gotay
Flores,
nos
solicita que revoquemos una sentencia dictada por
el
Tribunal
confirmó
de
Apelaciones
mediante
una
resolución
emitida
Administración
de
Corrección.
la
En
cual
se
por
la
ella
dicha
agencia aplicó las disposiciones de su Reglamento
para la concesión de permisos a los miembros de la
población correccional para salir o residir fuera
de
las
instituciones
Libre
Asociado
7595
de
24
de
de
correccionales
Puerto
octubre
Rico,
de
del
Estado
Reglamento
2008,
y
Núm.
denegó
la
solicitud del peticionario para ser referido al
CC-2010-0550
2
programa de pases para salir fuera de las instituciones
penales.
A esos efectos, el peticionario alega que la
aplicación del Reglamento Núm. 7595 a sus circunstancias
viola la protección constitucional contra leyes ex post
facto debido a que el referido reglamento fue aprobado con
posterioridad a la fecha en que se cometieron los actos
delictivos.
Luego de examinar el recurso presentado por
la parte Peticionaria y acogerlo como uno de certiorari, 4
L.P.R.A. Ap. XXI-A, R.19(2), se declara el mismo No Ha
Lugar.
Esbozamos
los
antecedentes
fácticos
de
mayor
relevancia que dieron origen al recurso que nos ocupa.
I
Por hechos ocurridos el 24 de septiembre de 1991, el
8 de mayo de 1992 el Tribunal de Primera Instancia dictó
sentencia en contra del Sr. José Gotay Flores luego de
encontrarlo
culpable
por
los
delitos
de
asesinato
en
primer grado y violación a la Ley de Armas.
Al señor
Gotay
años
Flores
se
le
impuso
una
pena
de
108
de
reclusión.
Años más tarde, el 1 de diciembre de 2009, el señor
Gotay
Flores
le
solicitó
a
la
Administración
de
Corrección, en adelante AC, que lo refiriera al programa
de pases de dicha agencia.
Días después la AC emitió una
resolución y denegó la petición del señor Gotay Flores.
Indicó que su solicitud era improcedente puesto que el
Reglamento para la concesión de permisos a los miembros de
la población correccional para salir o residir fuera de
CC-2010-0550
3
las instituciones correccionales del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, Reglamento Núm. 7595 de 24 de octubre de
2008,
en
adelante
Reglamento
Núm.
7595,
excluye
expresamente a los convictos por violación a la Ley de
Armas.
Además, la AC señalo que en virtud de la Ley Núm.
49 de 26 de mayo de 1995, según enmendada, 4 L.P.R.A. §
1136a(a)(1),
los
convictos
por
el
delito
de
asesinato
tampoco cualifican para recibir dicho privilegio.
Luego de varios trámites procesales y de impugnada la
determinación de la AC ante el Tribunal de Apelaciones, el
foro apelativo intermedio dictó sentencia confirmando la
resolución recurrida.
En ella, indicó que la aplicación
retroactiva del Reglamento Núm. 7595 a la solicitud del
señor Gotay Flores no iba en detrimento de la protección
constitucional que prohíbe las leyes ex post facto.
Ello,
pues la Ley Núm. 49, supra, y el citado Reglamento Núm.
7595
establecen
que
los
convictos
por
el
delito
de
asesinato no cualifican para el privilegio solicitado.
Inconforme,
el
señor
Gotay
Flores
acudió
ante
nos
señalando que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar
el dictamen emitido por la AC.
Sustentó dicha alegación
en que su solicitud debió ser evaluada bajo el Reglamento
para la Concesión de Permisos a los Confinados para salir
fuera de las Instituciones Penales, Reglamento Núm. 2678
aprobado el 24 de julio de 1980- vigente al momento en que
el señor Gotay Flores cometió los hechos delictivos- y no
el Reglamento 7595 de dicha entidad.
Ello se alegó en
CC-2010-0550
4
virtud de la cláusula constitucional que prohíbe leyes ex
post facto.
II
Las Constituciones de los Estados Unidos de América y
de
Puerto
Rico,
entre
otras
cosas,
pretenden
imponerle
limitación al poder punitivo del Estado -ejercido por las
distintas ramas de gobierno.
Así, mediante la protección
constitucional contra leyes ex post facto se le prohíbe a
la Asamblea Legislativa criminalizar conducta de manera
retroactiva.
L.
E.
Chiesa
Aponte,
Sustantivo,
Publicaciones
JTS,
2007,
protección
constitucional
intenta
Derecho
pág.
Penal
16.
garantizar
Esta
“que
los
ciudadanos tengan un aviso adecuado acerca de la conducta
prohibida
mediante
las
leyes
penales”
como
también
“intenta evitar una aplicación arbitraria y vengativa de
los estatutos criminales”.
Chiesa Aponte, op cit., pág.
20.
En específico, es ex post facto toda ley que: (1)
criminaliza
y
castiga
un
acto
que
al
momento
de
ser
cometido no estaba tipificado como delito; (2) agrava un
delito o lo hace mayor de lo que era al momento en que fue
cometido; (3) altera el castigo imponiendo una pena mayor
que
la
fijada
cometido;
(4)
para
el
altera
las
delito
reglas
al
de
momento
en
evidencia
que
fue
exigiendo
menos prueba que la requerida por ley al momento en que el
delito fue cometido.
González v. E.L.A., 167 D.P.R. 400,
408 (2006); Pueblo en interés del menor F.R.F., 133 D.P.R.
CC-2010-0550
172
(1993);
5
Fernández
v.
Rivera,
Jefe
de
Presidio,
70
D.P.R. 900 (1949).
De
ordinario,
la
protección
constitucional
que
prohíbe leyes ex post facto no se extiende a los actos
judiciales,
estatutos
administrativas,
de
carácter
declaraciones
de
civil,
política
órdenes
pública
reglas interpretativas o de carácter procesal.
v. E.L.A., supra, págs. 409-410.
al
ámbito
González
Véase, además, Pueblo v.
Candelario Ayala, 166 D.P.R. 118 (2005).
cuanto
ni
administrativo,
Asimismo, en
esta
protección
constitucional aplica únicamente cuando la reglamentación
administrativa acarrea consecuencias penales.
González v.
E.L.A., supra, pág. 410 citando a Ross v. Oregon, 227 U.S.
150 (1913).
(1991).
C.f. Bailey v. Gardening, 940 F.2d 1150, 1157
Ello
es
así
pues
mediante
la
aprobación
de
reglamentos las agencias administrativas ejercen poderes
que
le
han
Legislativa.
Ahora
sido
delegados
válidamente
por
la
Asamblea
González v. E.L.A., supra, pág. 410.
bien,
administrativo
es
no
toda
ley
penal
ex
post
facto.
o
Para
reglamento
que
así
sea
catalogado, y por ende declarada inconstitucional, dicho
estatuto
o
reglamento
retroactivamente
y
ser
más
tiene
que
oneroso
que
ser
la
aplicado
disposición
legal vigente a la fecha en que se cometió el delito.
González
v.
E.L.A.,
supra,
pág.
409.
Cónsono
con
lo
anterior, en California Dept. of Corrections v. Morales,
514 U.S. 499 (1995), el Tribunal Supremo federal resolvió
CC-2010-0550
que
la
6
aplicación
retroactiva
de
leyes
aprobadas
con
posterioridad a la comisión de los actos delictivos no
viola la referida protección constitucional siempre que
dicho estatuto –o reglamento- no aumente la pena que se le
impuso
al
confinado
por
la
comisión
de
los
delitos
o
presente suficiente riesgo de incrementar dicha pena.
Claro está, la normativa antes señalada no ignora los
pronunciamientos de Weaver v. Graham, 450 U.S. 24 (1981).
En
esa
ocasión
dictamen
del
el
Tribunal
Tribunal
Supremo
Supremo
federal
del
Estado
revocó
de
un
Florida
mediante el cual se resolvió que la aplicación ex post
facto de una ley estatal que reducía la cantidad de tiempo
que un confinado podía restar al período de su convicción
si
mantenía
buena
conducta
(bonificaciones
por
buena
conducta) no era inconstitucional.
Al así proceder, el
Tribunal
que
Supremo
retroactiva
de
impuesta
reo.
al
federal
dicha
penales sustantivos.
ley
Es
señaló
estatal
decir,
sí
la
aplicación
sí
alteraba
la
pena
se
afectaban
aspectos
Ahora bien, vale mencionar que en la
nota al calce número 12 de Weaver v. Graham, supra, el
Tribunal Supremo federal, por voz del Juez Asociado señor
Thurgood Marshall, indicó que “no ocurre una violación ex
post
facto
si
la
meramente
procesal,
requisitos
del
aplicación
no
delito
establece culpabilidad”.
retroactiva
aumenta
o
altera
la
la
pena
en
efecto
es
o
cambia
los
en
se
forma
que
Weaver v. Graham, supra, pág.
CC-2010-0550
7
31, n.12, citando a Hopt v. Utah, 110 U. S. 574, 110 U. S.
590 (1884).
Posteriormente,
en
Lynce
v.
Mathis,
519
U.S.
433
(1997), el Tribunal Supremo federal tuvo la oportunidad de
distinguir las normativas pautadas en Weaver v. Graham,
supra,
y
supra.
California
Así,
ante
Dept.
una
of
ley
Corrections
del
Estado
de
v.
Morales,
Florida
que
cancelaba unos créditos provisionales que disminuían la
pena a cumplir por el confinado, sin importar que dichos
créditos ya habían sido otorgados a los confinados o –como
en
otros
casos-
libertad,
el
que
éstos
Tribunal
ya
Supremo
habían
sido
federal
puestos
señaló
que
en
la
aplicación retroactiva de esta ley iba en detrimento de la
cláusula constitucional que protege contra las leyes ex
post facto.
Ello, pues aumentaba la pena que el confinado
cumpliría.
Lynce v. Mathis, supra, citando a Weaver v.
Graham, supra.
Por
otro
lado,
en
González
v.
E.L.A.,
supra,
nos
expresamos ante la revocación del privilegio libertad bajo
supervisión
electrónica,
concedido
erróneamente.
Allí,
catorce convictos impugnaron su reingreso a la institución
correccional tras la aprobación de la Ley Núm. 49, supra.
Esta
ley
asesinato
excluyó
de
a
dicho
los
convictos
privilegio.
por
el
A
estos
delito
de
efectos,
resolvimos que la aplicación retroactiva de la Ley Núm.
49,
supra,
no
infringía
leyes ex post facto.
la
cláusula
constitucional
de
Ello, pues para el momento en que
CC-2010-0550
trece
8
de
los
catorce
delictivos
no
existía
regulara
la
convictos
concesión
cometieron
disposición
de
legal
libertad
bajo
los
hechos
alguna
que
supervisión
electrónica.
En otras palabras, “el programa simplemente
no existía”.
González v. E.L.A., supra, pág. 415.
Sin embargo, debe tenerse presente que aun cuando el
desenlace de González v. E.L.A., supra, fue distinto al de
Weaver v. Graham, supra -debido a la ausencia de ley que
regulara el privilegio concedido erróneamente- indicamos
que lo importante en estas instancias es examinar si, en
comparación con la vieja ley, el nuevo estatuto alarga la
pena
que
cumplirá
el
confinado.
González
v.
E.L.A.,
supra, pág. 415 citando a Weaver v. Graham, supra.
En
otras palabras, al determinar si una ley penal es más
onerosa que la vigente al momento en que se cometieron los
actos delictivos es necesario examinar si, en comparación
con el estatuto antiguo, la nueva ley tiene el efecto de
alargar o prolongar la pena impuesta que ha de cumplirse
por el autor del delito.
III
En el caso de autos, el peticionario aduce que la
Administración de Corrección erró al evaluar su solicitud
para el programa de pases utilizando el Reglamento 7595 y
no el Reglamento 2678, ambos de dicha agencia.
No le
asiste la razón.
Como
mencionamos
anteriormente,
aun
cuando
se
ha
resuelto que la protección constitucional de leyes ex post
CC-2010-0550
9
facto aplica a reglamentación administrativa que acarrea
consecuencias
penales,
Ross
v.
Oregon,
supra,
en
esta
ocasión los actos de la Administración de Corrección no
van en detrimento de la referida protección.
Ello, pues
la pena que se le impuso al peticionario por la comisión
del delito de asesinato y violación a la Ley de Armas no
es
incrementada.
González
v.
E.L.A.,
supra;
Lynce
v.
Mathis, supra; California Dept. of Corrections v. Morales,
supra;
Weaver
v.
Graham,
supra.
No
se
trata
en
esta
ocasión, pues, de un programa administrativo que conceda
bonificaciones o créditos atribuibles a la pena impuesta.
Más bien, la situación ante nos involucra la concesión de
un
privilegio
–y
no
un
derecho-
como
una
medida
de
tratamiento individualizado para el confinado.
De ninguna manera, el dictamen agencial constituye
una alteración al castigo que impone una pena mayor de la
que
fijaba
la
ley
al
delito
cuando
fue
cometido.
La
disposición constitucional ex post facto lo que prohíbe es
la imposición de castigo más severo que el dispuesto por
ley o reglamento cuando el delito ocurrió.
Es evidente
que
señor
estas
no
son
las
circunstancias
del
Gotay
Flores.
La anterior conclusión es cónsona con la propia Ley
Núm. 49, supra.
Precisamente, el Artículo 4 del referido
estatuto
que
indica
“[l]as
disposiciones
de
esta
Ley
aplicarán a todos los convictos cumpliendo sentencia bajo
la
custodia
y
supervisión
de
la
Administración
de
CC-2010-0550
10
Corrección”.
Ello implica que el Reglamento 7595, supra,
aprobado en consecución de los propósitos esbozados por la
Ley Núm. 49, supra, es aplicable a todos los convictos
según consignado en el citado estatuto.
Mediante el Voto Particular Disidente, la minoría de
esta
Curia
legislativa
intenta
de
desvirtuar
establecer
una
la
diáfana
prohibición
intención
absoluta
al
conceder pases familiares a confinados sentenciados por el
delito
de
asesinato.
El
acceder
a
tal
contención,
atentaría contra la firme política pública, el estado de
derecho y el reclamo de la sociedad puertorriqueña.
fallido
análisis,
olvidan
que
los
referidos
En su
pases
o
permisos constituyen una medida de tratamiento y no un
derecho.
Más
aún,
la
aplicación
del
Reglamento
7595,
supra, al caso particular del peticionario no incide sobre
la prohibición constitucional de leyes ex post facto.
IV
Finalmente, nos sorprenden las expresiones vertidas
en
el
Voto
Asociada
Particular
señora
Disidente
Rodríguez
de
Rodríguez
la
compañera
sobre
emisión “a última hora” de ésta Resolución.
nuestra
compañera
olvida
–para
su
la
Juez
supuesta
Al parecer,
conveniencia-
que
el
trámite procesal interno del caso de autos no fue alterado
CC-2010-0550
11
de forma alguna.1
Mas bien, el único evento que levantó
suspicacia sobre dicho trámite provino de su parte cuando
indicó
–vía
memorando-
que
pretendía
certificar
la
Resolución declarando No Ha Lugar el recurso de autos aun
sin contar con la votación final de los Jueces de este
Tribunal sobre un memorando previamente circulado por el
Juez
Asociado
contradictorio,
señor
Rivera
García.
incluso,
errático,
el
que
Nos
la
parece
compañera
Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez indique que ésta
Resolución se emitió “a última hora”, cuando lo cierto es
1
El caso de autos fue discutido en la reunión ordinaria del pleno de
este Tribunal, celebrada el 17 de diciembre de 2010. Días más tarde,
el 11 de enero de 2011, la compañera Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez circuló un memorando en el cual incluyó un Voto Particular
Disidente, el cual constituiría su posición en el asunto de proveerse
No Ha Lugar el recurso de autos.
Ese mismo día la compañera Jueza
Asociada señora Fiol Matta circuló un memorando en el cual indicó que
se unía al dicho voto particular y, al día siguiente, el Juez
Presidente señor Hernández Denton expresó mediante memorando la misma
intención.
El 12 de enero de 2011, el Juez Asociado señor Rivera García le
solicitó a la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez el expediente
del caso de autos para su correspondiente estudio y le solicitó,
además, un término razonable para ello.
Ese mismo día el expediente
fue le fue remitido.
Así las cosas, en horas de la tarde del 20 de enero de 2011, el Juez
Asociado Rivera García circuló un memorando en el cual expuso su
posición sobre el caso de autos y su debida recomendación.
Minutos
después, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez circuló otro
memorando indicando que el 21 de enero de 2011 se proponía certificar
la resolución proveyendo No Ha Lugar al recurso del caso de autos
conjuntamente con su voto particular. Ello, aun cuando ninguno de los
Jueces de este Tribunal había expresado su posición o emitido su voto
en cuanto al memorando circulado minutos antes por el Juez Asociado
señor Rivera García.
A raíz de lo anterior, el Juez Asociado señor Rivera García circuló –
ese mismo día- otro memorando en el cual indicó que todavía no era
apropiado certificar resolución alguna sobre el presente caso debido a
que se desconocía la votación final del Tribunal. Por ello, recomendó
posponer la disposición del caso de autos hasta que se conociera dicha
votación final.
A este último memorando se unieron los Jueces
Asociados señor Martínez Torres y señor Kolthoff Caraballo, y la Jueza
Asociada señora Pabón Charneco.
Al día siguiente, 21 de enero de
2011, el expediente le fue remitido al Juez Asociado señor Rivera
García.
El 24 de enero de 2011, el Juez Asociado señor Rivera García circuló
un memorando en el cual indicó la votación final del asunto de autos
para que dispusiera del caso conforme a ello.
CC-2010-0550
12
que desde el caso de autos ha sido objeto de discusión de
este
Tribunal
desde
el
17
de
diciembre
de
2010.
Los
incidentes procesales acontecidos ante nos, hablan por sí
mismos.
V
Por los fundamentos antes expuestos, se declara No Ha
Lugar el recurso presentado por la parte peticionaria.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal
Supremo.
La
Juez
Asociada
señora
Rodríguez
Rodríguez emitió un Voto Particular Disidente al cual se
le unieron el Juez Presidente señor Hernández Denton y la
Jueza Asociada señora Fiol Matta.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Gotay Flores
Peticionario
v.
CC-2010-0550
Administración de
Corrección
Recurrida
Voto particular disidente emitido por la Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez al que se une el Juez Presidente
señor Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta
San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2011
Lamento que una mayoría de este Tribunal rehúse solicitarle
a
la
Procuradora
General
que
se
controversia en este caso, a saber:
exprese
sobre
la
qué reglamento regula
la solicitud de beneficio de cierto programa de permisos
para
salir
fuera
de
las
instituciones
correccionales,
si
aquél que estaba vigente al momento de que el confinado
solicitante incurrió en los hechos delictivos por los cuales
se encuentra confinado, o el que está vigente al momento de
la solicitud.
Ello
me
parece
necesario
pues
en
dos
ocasiones
anteriores la Procuradora General, a instancias del Tribunal
de Apelaciones, había expresado la posición del Estado en el
sentido de que el reglamento que corresponde utilizar en
estos casos es el que estuviese vigente al momento de la
comisión del delito y no cuando el confinado solicita el
CC-2010-550
beneficio
2
del
programa.2
De
esta
forma,
la
Procuradora
General, con correcto rigor jurídico, rechazó la actuación
de
la
Administración
aplicar
en
estas
de
Corrección
circunstancias
vigente actualmente.3
el
que
ha
determinado
reglamento
que
está
Evidentemente, ella es consciente de
que la postura asumida por la Administración de Corrección
es contraria a lo que manda la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico cuando proscribe la aplicación de
leyes ex post facto.
No logro comprender a qué obedece la renuencia de la
mayoría a escuchar al principal abogado del Estado ante
este Tribunal en un asunto sobre el cual ya se ha expresado
a
nivel
del
foro
apelativo
intermedio.
Deberíamos
aprovechar instancias como éstas para pautar una norma de
derecho que, claramente, es objeto de litigación continua
ante el Tribunal de Apelaciones y que a todas luces, está
siendo aplicada incorrectamente por la Administración de
Corrección en violación a los derechos constitucionales de
los confinados.
En su lugar y a última hora, el Tribunal emite una
extensa
2
Resolución
cuyo
efecto
real,
a
mi
juicio,
es
Véanse, Samuel Rivera Alejando v. Administración de
Corrección, Caso Núm. KLRA-2009-433 (López Feliciano,
Hernández Serrano, Rosario Villanueva); José Medina Rosa v.
Administración de Corrección, Caso Núm. KLRA-2010-250
(López Feliciano, Hernández Serrano, Birriel Cardona).
3
La Procurador General hace la salvedad correctamente, de
que ello no supone que al confinado se le deba conceder el
pase que solicita, sino meramente que su solicitud de debe
evaluar de acuerdo con los criterios que se establecen en
el reglamento que estaba vigente a la fecha de los hechos
que dieron base a su convicción.
CC-2010-550
3
modificar la normativa vigente sobre los criterios para
determinar
cuándo
considerarse
la
contraria
aplicación
de
una
ley
puede
al
mandato
constitucional
contra
evidente
que
este
caso
no
como
el
leyes ex post facto.
Por
otro
tramitarse
lado,
como
una
es
apelación
y
debe
recurso
discrecional de certiorari habida cuenta de las sentencias
contradictorias dictadas por varios paneles del Tribunal de
Apelaciones.
Supremo.
Regla 18 (b) del Reglamento del Tribunal
4 L.P.R.A. App. XXI-A.
La mayoría del Tribunal
rehúsa atender este caso como una apelación y se niega a
explicar su proceder.
Porque no estoy de acuerdo con el errado proceder de
la mayoría, disiento de su criterio.
I
Los hechos en este caso son sencillos y sobre ellos no
hay controversia.
El 8 de mayo de 1992, el Tribunal de
Primera Instancia dictó sentencia contra el señor Gotay
Flores por el delito de asesinato e infracciones a la Ley
de Armas por hechos ocurridos en 1991.
Actualmente, se
encuentra
custodia
en
una
institución
penal
de
mínima
cumpliendo una pena de 108 años.
El 1ero de diciembre de 2009, el señor Gotay Flores
solicitó que se le refiriera al programa de pases de la
Administración de Corrección.
El 4 de enero de 2010 la
agencia respondió a la solicitud de la siguiente manera:
Informa la Sra. M. Pérez, Técnica Sociopenal, que
según establece el Reglamento para la concesión
CC-2010-550
4
de permisos a los miembros de la población
correccional para salir o residir fuera de las
instituciones correccionales aprobado el 24 de
octubre
de
2008,
estipula
que
los
casos
cumpliendo sentencias por ley de armas no
cualificarán para este tipo de permiso. Indican
que no cualificarán para pases familiares los
confinados que se encuentren [sic] cumpliendo
sentencia por delitos contemplados en la Ley Núm.
49 del 26 de mayo de 1995.
Que tampoco
cualificarán para pases familiares confinados
sentenciados por delitos de asesinato, ni de
violación, incesto, sodomía y actos lascivos si
la
víctima
fuera
menor
de
16
años
independientemente de la fecha en que haya sido
sentenciado [sic] conforme lo establece la Ley
Núm. 49 antes citada.
El señor Gotay Flores solicitó reconsideración de esta
determinación por considerar que atender su solicitud a
base de lo que disponía el “Reglamento para la concesión de
permisos a los miembros de la población correccional para
salir o residir fuera de las instituciones correccionales
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Reglamento núm.
7595 de 24 de octubre de 2008 (“Reglamento núm. 7595”), era
contrario a la protección constitucional contra leyes ex
post facto.
Éste considera que su solicitud debe evaluarse
a tenor con lo que dispone el “Reglamento para la concesión
de
permisos
a
los
confinados
para
salir
fuera
de
las
instituciones penales, Reglamento núm. 2678 de 24 de julio
de 1980” (“Reglamento núm. 2678”) que era el que estaba
vigente al momento de los hechos que dieron base a su
convicción y sentencia.
Flores
presentó
un
Posteriormente, el señor Gotay
oportuno
recurso
de
administrativa ante el Tribunal de Apelaciones.
revisión
En su
CC-2010-550
recurso
5
planteó,
esencialmente,
lo
mismo
que
había
planteado ante el ente administrativo.
El 29 de abril de 2010, el Tribunal de Apelaciones
(Arbona Lago, Colom García y Vizcarrondo Irizarry), emitió
una sentencia en la que confirmó la determinación de la
agencia de excluir al peticionario del programa de pases en
virtud de la reglamentación vigente desde el 2008.
intermedio
limitó
su
discusión
a
plantear
El foro
que
“[l]a
concesión de esos permisos son actos discrecionales de la
Administración
que
corresponden
a
una
serie
de
consideraciones que lleva a cabo la agencia para aquellos
confinados
que
tratamiento”.
pueden
ser
elegibles
a
tal
medida
de
A renglón seguido, ese foro abordó el tema
de la deferencia con la que se atienden las determinaciones
administrativas
y
procedió
a
abstenerse
de
revisar
la
determinación recurrida.
Respecto al planteamiento medular del señor Gotay, el
foro
apelativo
indicó
que
la
agencia
venía
obligada
a
aplicarle el Reglamento 7595 por disposición expresa de la
Ley núm. 49 de 1995.
de
la
Esta ley enmendó la ley habilitadora
Administración
expresamente
del
de
beneficio
Corrección
de
poder
para
participar
excluir
en
los
programas de desvío y rehabilitación a aquellos confinados
convictos de asesinato o violación a la Ley de Armas, entre
otros delitos.
4 LPRA sec. 1136(a).
La sentencia indica,
citando al Reglamento 7595, que las exclusiones de la Ley
núm. 49 aplican, “independientemente de la fecha en que
CC-2010-550
[los
6
convictos]
hayan
sido
sentenciados
establece la Ley Núm. 49 antes citada.”
conforme
lo
Con lo cual,
concluye que la acción de la agencia se justifica pues es
lo que ordena la ley.
Inconforme nuevamente, el señor Gotay Flores presentó
un escrito de apelación ante este Tribunal donde planteó
que el Tribunal de Apelaciones había errado “al no resolver
que la aplicación del Reglamento Núm. 7595 al recurrente
viola la protección constitucional contra leyes ex post
facto.”
Una mayoría de los miembros de este Tribunal,
inexplicablemente, rehúsa atender esta controversia.
No
puedo validar este proceder, erróneo e incomprensible, de
este Tribunal.
II
Como
revoque
se
apuntó,
una
beneficiarse
el
apelante
sentencia
que
de
programa
cierto
nos
sostuvo
de
solicita
que
éste
permisos
que
se
no
podía
para
salir
fuera de las instituciones correccionales para trabajar,
estudiar,
visitar
su
hogar
o
el
de
familiares
con
la
posibilidad de permanecer allí por un corto periodo de
tiempo,
para
participar
en
actividades
culturales,
recreativas, religiosas, o para recibir tratamiento médico
incluyendo
hospitalización,
Reglamento
núm.
7595,
porque
vigente
a
su
juicio,
el
en
la
actualidad,
expresamente excluía a los confinados que, como él, habían
sido convictos de delitos de asesinato y de violación a la
Ley de Armas.
La posición del peticionario es que su
CC-2010-550
solicitud
7
debe
evaluarse
bajo
el
reglamento
que
estaba
vigente a la fecha de los hechos delictivos, el cual no
contemplaba tal exclusión.
Véase, Reglamento núm. 2678.
La actuación del Estado, se alega, es violatoria de la
protección
constitucional
Tiene razón el apelante.
contra
leyes
ex
post
facto.
Veamos brevemente.
La Sección 12 del Artículo II de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 L.P.R.A. Art. II,
sec.12, prohíbe la aplicación de leyes ex post facto.
En
González v. E.L.A., 167 D.P.R. 400 (2006) abundamos sobre
esta disposición constitucional e indicamos que son cuatro
los tipos de estatutos que consideramos ex post facto: 1)
aquellas leyes que criminalizan y castigan un acto que al
ser realizado no era delito; 2) las leyes que agravan un
delito o lo hacen mayor de lo que era al momento de ser
cometido; 3) leyes que alteran el castigo imponiendo una
pena mayor que la fijada para el delito al momento de ser
cometido;
4)
y
las
leyes
que
alteran
las
reglas
de
evidencia exigiendo menos prueba que la requerida por ley
al memento de la comisión del delito para castigar al
acusado o reducir el quantum de evidencia necesario para
encontrarlo culpable.
Véanse además, El Pueblo de Puerto
Rico en interés del menor F.R.F., 133 D.P.R. 172 (1993);
Fernández
v.
Rivera,
70
D.P.R.
900
(1949).
Esta
disposición por lo tanto lo que hace es prohibir que se
aplique
retroactivamente
una
ley
acusado
su
el
delito,
relación
con
que
la
agrava
para
el
oportunidad
de
CC-2010-550
defenderse,
8
y
la
forma
de
cumplir
una
sentencia
o
su
extensión.
Esta cláusula constitucional no tan sólo se utiliza
para
impedir
legislación
la
sino
aplicación
también
naturaleza legislativa.”
invocarse
cuando
se
retroactiva
cuando
se
trata
de
de
cierta
actos
“de
Por lo que la prohibición puede
impugna
la
aplicación
o
derogación
retrospectiva de reglamentos administrativos y ordenanzas
municipales que acarrean consecuencias penales.
En Ross v.
Oregon, 227 US 150, 162-163 (1913) el Tribunal Supremo de
Estados Unidos indicó lo siguiente:
But whilst thus uniformly holding that the
provision is directed against legislative, but
not
judicial,
acts,
this
court
with
like
uniformity has regarded it as reaching every form
in which the legislative power or a State is
exerted,
whether
it
be
a
constitution,
a
constitutional amendment, an enactment of the
legislature, a by-law or ordinance of a municipal
corporation, or a regulation or order of some
other instrumentality of the State exercising
delegated legislative authority.
(Énfasis
nuestro.)
Y no cabe duda de que así tiene que ser pues mediante la
aprobación de una ordenanza o un reglamento, las agencias
administrativas
o
los
municipios,
según
fuere
el
caso,
ejercen poderes que le han sido delegados, válidamente, por
la
Asamblea
Legislativa.
Se
trata
pues
de
actos
de
para
que
un
naturaleza legislativa.
Hemos
expresado
que
lo
determinante
estatuto contravenga la cláusula contra leyes ex post facto
es que "el mismo sea de aplicación retroactiva y, además,
que sea más oneroso para el imputado que el vigente a la
CC-2010-550
9
González Fuentes v.
fecha en que se cometió la ofensa".
E.L.A.,
Corretger
ante;
Cruz
v.
Corrección, 172 D.P.R. 320 (2007).
Administración
de
Para determinar si la
nueva ley es más onerosa que la vigente al momento de la
comisión
del
delito,
lo
medular
es,
según
expresa
el
Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso normativo
Weaver v. Graham, 450 US 24, 32 n. 17 (1981), “whether the
new
provision
imposes
greater
punishment
after
the
commission of the offense not merely whether it increases a
criminal sentence.”
(Énfasis nuestro.)
Washington, 301 U.S. 397, 401 (1937).
Véase, Lindsey v.
Y ello ocurre, según
el Tribunal, cuando el estatuto que se aplica “lengthen[ed]
the period that someone in petioner’s position must spend
in prison.”
Íbid, pág. 33.
Lynce v. Mathis, 519 U.S. 433,
442 (1997).
Si la ley impugnada altera las condiciones de
confinamiento para hacerlas más onerosas estamos frente a
un problema de aplicación de leyes ex post facto.
Weaver
v. Graham, ante.
Lo anterior deja claro que lo que hay que evaluar al
considerar un planteamiento de aplicación ex post facto de
una ley o regulación es si las condiciones impuestas al
confinado por éstas, hacen más oneroso su convicción o
confinamiento y no, necesariamente, que la ley o regulación
impugnada aumente el término que debe cumplir en prisión el
confinado,
evidente
es
que
decir,
si
la
la
pena
ley
que
impuesta.
se
aplica
Y
es
que
es
retroactivamente
aumenta la pena por la que resultó convicta una persona,
CC-2010-550
10
estamos ante una clara violación a la cláusula contra leyes
ex post facto pero, la protección constitucional aspira a
más.
Así, una ley puede no aumentar la pena a cumplir por
un delito pero al hacer más opresivo o gravoso el castigo
impuesto,
ésta
no
puede
aplicarse
retroactivamente
por
mandato de la disposición constitucional contra leyes ex
post facto.
Por ejemplo, en In re Medley, 134 U.S. 160
(1890), el Tribunal Supremo de Estados Unidos dispuso que
una ley que exigía que un confinado que había sido convicto
de un delito que requería se impusiera la pena de muerte,
tuviese que permanecer en confinamiento solitario hasta su
ejecución no se podía aplicar al convicto en ese caso, ya
que al momento de los hechos delictivos, la legislación
aplicable no exigía que se le mantuviese en confinamiento
solitario.
El
Tribunal
concluyó
que
ello
violaría
disposición federal contra leyes ex post facto.
la
Véanse
además, Cummings v. Missouri, 4 Wall. 277 (1867); Weaver v.
Graham, ante.
El Tribunal, en la Resolución que certifica parece
concluir
todo
lo
contrario
cuando
concluye
que:
“al
determinar si una ley penal es más onerosa que la vigente
al momento en que se cometieron los actos delictivos es
necesario
examinar
si,
en
antiguo,
la
ley
tiene
nueva
comparación
el
con
efecto
de
el
estatuto
alargar
o
prolongar la pena impuesta que ha de cumplirse por el autor
del delito.”
(Énfasis nuestro.) Resolución, pág. 8.
O,
CC-2010-550
cuando
11
indica,
que
“en
esta
ocasión
los
actos
de
la
Administración de Corrección no van en detrimento de la
referida protección.
Ello, pues la pena que se le impuso
al peticionario por la comisión del delito de asesinato y
violación a la Ley de Armas no es incrementada.” (Énfasis
nuestro.)
Resolución,
asevera lo siguiente:
pág.
9.
Como
también
cuando
“[d]e ninguna manera, el dictamen
agencial (sic) constituye una alteración al castigo que
impone una pena mayor de la que fijaba la ley al delito
cuando
fue
infringe
cometido”,
la
por
disposición
Resolución, pág. 9.
lo
que
contra
en
este
caso
no
se
leyes
ex
post
facto.
Esta lectura reiterada de la cláusula
constitucional que se interpreta hoy choca frontalmente con
nuestra jurisprudencia como con la normativa expuesta por
el Tribunal Supremo de Estados Unidos y tiene el efecto de,
mediante una Resolución, modificar profundamente
revocar--
el
estado
de
derecho
hasta
hoy
-–sino
vigente
y
colocarnos al margen de la Constitución de Puerto Rico y de
Estados Unidos.
En González, ante, expresamos, específicamente, que es
“incompatible con la protección contra leyes ex post facto
aplicar retroactivamente una ley que elimina a cierto grupo
de
convictos
concesión
de
electrónica”
la
posibilidad
de
ser
libertad
bajo
pues
eliminación
la
palabra
elegibles
o
bajo
para
la
supervisión
retroactiva
de
esos
beneficios “tiene el potencial de alargar el término que el
convicto habrá de cumplir en reclusión.”
González, supra,
CC-2010-550
pág. 409.
Tribunal
12
Por otro lado, en Lynce v. Mathis, ante, el
Supremo
legislación
del
de
Estados
estado
de
Unidos
se
enfrentó
Florida
que
a
una
prohibía
que
confinados convictos del delito de tentativa de asesinato,
entre otros delitos,
cualificaran para un programa de
libertad temprana (“early release”).
El Tribunal concluyó
que la ley era inconstitucional porque “it made ineligible
for early release a class of prisoners who were previously
eligible….”
Lynce v. Mathis, ante, pág. 75.
Destacamos, tal como señala el profesor Chiesa, que
poco
importa
si
con
la
ley
o
reglamento
aplicado
“el
acusado pierde un derecho o una gracia legislativa; lo
decisivo es que queda en peor posición que la que tenía en
el momento de la comisión del delito.”
E. Chiesa, Derecho
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum,
Colombia, vol. II, 1992, sec. 19.1, pág. 548.
sentido,
D.
Nevares,
Derecho
Penal
En igual
Puertorriqueño,
Instituto para el Desarrollo del Derecho, San Juan, 6ta
ed., 2010, págs. 97-99; J. Dressler, Understanding Criminal
Law, 4ta ed.,
Lexis-Nexis, New Jersey, 2005.
En Weaver v.
Graham, 450 US 24, 30-31 (1981), el Tribunal Supremo de
Estados Unidos indicó sobre este particular lo siguiente:
Critical to relief under the ex post facto Clause
is not an individual’s right to less punishment,
but the lack of fair notice and governmental
restraint
when
the
legislature
increases
punishment beyond what was prescribed when the
crime was consummated.
Thus, even if a statute
merely alters penal provisions accorded by the
grace of the legislature, it violates the Clause
if it is both retrospective and more onerous that
CC-2010-550
13
the law in effect on the date of the offense.
(Énfasis nuestro.)
En Weaver, ante, el Tribunal Supremo abundó sobre este
asunto indicando expresamente: “The presence or absence of
an affirmative, enforceable right is not relevant, however,
to the ex post facto prohibition … Thus, even if a statute
merely alters penal provisions accorded by the grace of the
legislature,
it
violates
the
Clause
if
it
is
both
retrospective and more onerous than the law in effect on
(Énfasis nuestro.)
the date of the offense.”
Weaver v.
Graham, ante, págs. 30-31.
Al
aplicar
objetivamente
la
normativa
someramente
expuesta, la única conclusión posible es que el apelante
tiene razón en su reclamo, y que la mayoría del Tribunal se
equivoca al rechazar su planteamiento.
La Administración de Corrección evaluó la solicitud de
pase hecha por el señor Gotay bajo un reglamento que no
estaba vigente al momento en que éste cometió los hechos
por los cuales fue convicto y sirve su sentencia.
De
acuerdo
los
a
ese
reglamento,
personas
convictas
por
delitos que fue convicto el señor Gotay no gozaban del
privilegio de poder participar en el programa de pases para
salir fuera de la institución penal.
apelante
incurrió
cumple
condena,
similar
programa,
en
el
la
conducta
reglamento
no
excluía
que
de
En 1991, cuando el
delictiva
por
la
que
estaba
vigente
para
sus
beneficios
a
los
convictos de asesinato y violación a la Ley de Armas como
él.
Con lo cual, éste podía ser considerado para este
CC-2010-550
14
programa
que
le
permitía
trabajar
recibiendo
visitar
familiares
cortos
de
de
remuneración
y
permanecer
tiempo,
hospitalización
salir
recibir
fuera
de
la
la
por
con
institución
ello,
éstos
prisión
o
estudiar,
por
tratamiento
para
periodos
médico
y
participar
en
actividades culturales, religiosas, educativas, etc.
Parece claro que al aplicarle el reglamento vigente en
la actualidad, el apelante, señor Gotay, “queda en peor
posición que la que tenía en el momento de la comisión del
delito.”
González, ante.
tiempo
está
que
en
Ciertamente, se alarga el
prisión
pues
no
puede
salir
de
la
institución incluyendo la posibilidad de residir por corto
tiempo fuera de la prisión; como tampoco puede cualificar
para disfrutar del programa de estudios o trabajo fuera de
la institución penal.
Bajo el Reglamento núm. 7495 se
alteraron las condiciones de confinamiento del señor Gotay,
tornando la pena que cumple en una más onerosa, que bajo el
Reglamento núm. 2678, que era el que estaba vigente al
momento de los hechos delictivos.
Sin más, ello ofende la
Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos, pues
ambas prohíben la aplicación de leyes ex post facto.
El propio Estado en dos ocasiones anteriores se ha
allanado a peticiones como la del señor Gotay.
Así, en
Samuel Rivera Alejando v. Administración de Corrección,
Caso
Núm.
KLRA-2009-433
(López
Serrano, Rosario Villanueva),
Feliciano,
Hernández
la Procuradora General, a
petición del Tribunal de Apelaciones, compareció a expresar
CC-2010-550
15
su criterio sobre esta controversia y, con un encomiable
sentido
de
responsabilidad
con
el
cargo
que
ostenta,
expresó al tribunal lo siguiente:
Conforme a lo anterior la administración de
Corrección aprobó el [Reglamento núm. 4851 de
1992]. Dicho reglamento establecía los criterios
para determinar la elegibilidad de los confinados
para participar en el programa de permisos para
salir fuera de las instituciones penales y estaba
vigente
al
momento
del
recurrente
ser
sentenciado.
Sin
embargo,
al
evaluar
la
solicitud
del
confinado,
la
Administración
utilizó el [Reglamento núm. 7595 de 2008].
De
conformidad, la agencia concluyó que bajo los
parámetros
del
[Reglamento
núm.
7595]
el
recurrente no cualificaba para el Programa de
Pases. No obstante, reconocemos que el Artículo
II, sección 12 de nuestra Constitución prohíbe la
aplicación de leyes ex post facto.
1 L.P.R.A.,
Art. II, sec. 12.
Dicha prohibición impide la
aplicación de : 1. leyes que criminalizan y
castigan un acto que al ser realizado no era
delito; 2. leyes que agravan un delito o lo hacen
mayor de lo que era al momento de ser cometido;
3. leyes que alteran el castigo imponiendo una
pena mayor que la fijada para el delito al ser de
ser cometido; y 4. leyes que alteran las reglas
de evidencia exigiendo menos prueba que la
requerida por ley al memento de la comisión del
delito para castigar al acusado o reduciendo el
quántum de evidencia necesario para encontrarlo
culpable. Siendo ello así, no nos oponemos a la
solicitud del recurrente de que sea evaluado para
el Programa de Pases sin Custodia utilizando el
Reglamento Número 4851, vigente al momento de los
hechos delictivos y de emitida la sentencia en su
contra. (Énfasis en original y suplido.) (Citas
omitidas.)
Al igual que la Procuradora General, considero que la
solicitud
del
señor
Gotay
debe
ser
evaluada
por
el
reglamento que estaba vigente al momento de los hechos que
dieron base a su convicción, por lo que considero que la
actuación en contrario de la Administración de Corrección,
que
ahora
avala
una
mayoría
del
Tribunal,
viola
los
CC-2010-550
16
derechos constitucionales bajo nuestra Carta Fundamental
como los derechos bajo la Constitución de Estados Unidos.
Por lo anterior, disiento.4
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
4
Solamente para aclarar la nota al calce número 1 de la
resolución emitida por la mayoría del Tribunal, es preciso
indicar que en la reunión ordinaria del Pleno celebrada el
17 de diciembre de 2010, una mayoría de los integrantes de
este Foro proveyó no ha lugar al recurso presentado en el
caso de autos. El Juez Presidente señor Hernández Denton,
la Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez, disintieron de dicho curso de
acción. Inmediatamente, en la misma reunión del Pleno, la
suscribiente anunció que habría de emitir un voto
particular disidente de la denegatoria del recurso. Sólo
restaba circular el referido voto particular y certificar
la resolución de no ha lugar previamente aprobada por la
mayoría del Tribunal.