Tribunal Supremo de Puerto Rico
Santiago Texidor v. Maisonet Correa
2012 TSPR 187
Poder Judicial de Puerto Rico
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Santiago Texidor v. Maisonet Correa
AC-2010-105
Alimentos- Fijación de pensión alimentaria a favor de menor cuando padre o madre acepta capacidad económica; jurisdicción del TPI para imponer pensión cuando menor adviene a la mayoría de edad y no ha presentado petición a nombre propio
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Marisol Santiago Texidor
Carlos Maisonet Correa
Peticionarios
Certiorari
2012 TSPR
187
v.
187 DPR ____
Carlos Maisonet Correa
Recurridos
Número del Caso: AC-2010-105
Fecha: 12 de diciembre de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Guayama, Panel XI
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Rosa Ward Cid
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Zoraida Lanausse
Materia: Divorcio
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Marisol Santiago Texidor
Carlos Maisonet Correa
Peticionarios
Certiorari
v.
AC-2010-0105
Carlos Maisonet Correa
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
García.
Rivera
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de
2012.
El peticionario Carlos Maisonet Correa (señor
Maisonet
o
padre
no
custodio),
quien
aceptó
capacidad económica para pagar la pensión de sus
hijos,
nos
solicita
que
determinemos
la
forma
correcta de adjudicar la aportación económica que
le correspondería asumir a la persona custodia en
estos casos.
El recurso que hoy atendemos nos
brinda la oportunidad de aclarar ciertos vacíos
normativos
que
surgieron
a
raíz
de
la
norma
jurisprudencial que postula que los alimentantes
que aceptan capacidad económica no están obligados
AC-2010-0105
a
descubrir
expresamos
2
su
en
información
torno
a
la
económica.
Así
también,
nos
jurisdicción
del
Tribunal
de
Primera Instancia para imponer una pensión en casos en que
al momento en que se celebra la vista evidenciaria para
ello, el menor ya ha alcanzado la mayoría de edad, pero
continúa
cursando
estudios
universitarios
y
no
ha
presentado una petición de alimentos a nombre propio.
I
Los hechos de este caso son sencillos y sobre los
mismos no existe controversia.
La Sra. Marisol Santiago Texidor (madre custodia o
señora Santiago) y el señor Maisonet –divorciados en el
1994-
procrearon
dos
hijos
quienes
al
momento
de
los
hechos que originaron este pleito vivían bajo la custodia
de
la
señora
Santiago.
Como
parte
de
su
obligación
alimentaria, el señor Maisonet estuvo pagando una pensión
de $1,200.00 mensuales a favor de los menores.1
Tiempo después, en el 2006, la señora Santiago en
representación de sus hijos presentó ante el Tribunal de
Primera
Instancia
(TPI)
pensión
alimentaria.
una
moción
sobre
revisión
Allí
detalló
que
estos
de
habían
comenzado estudios universitarios por lo que entendía que
se
debía
modificar
necesidades.
la
pensión
la
luz
de
sus
nuevas
Durante ese trámite, también peticionó una
orden para que el patrono del
1
a
señor Maisonet proveyera
Esta pensión surge de la Resolución que decreta el divorcio por
consentimiento mutuo. Véase, Apéndice de la petición de certiorari,
pág. 96.
AC-2010-0105
cierta
3
información
último devengaba.
relacionada
a
los
ingresos
que
este
Así las cosas, más adelante, el señor
Maisonet aceptó tener capacidad económica para satisfacer
la pensión alimentaria que en su día otorgara el tribunal.
Luego
vista
de
varios
evidenciaria
Alimentarias
trámites
ante
(EPA).
la
Cabe
procesales,
se
señaló
Examinadora
de
Pensiones
mencionar,
que
si
bien
la
al
momento en que la señora Santiago sometió la petición de
modificación
de
alimentos
ambos
hijos
eran
menores
de
edad, al celebrarse la vista, la hija mayor de las partes
había cumplido 21 años.
Este hecho quedó consignado en el
informe que posteriormente rindió la EPA.
En
esa
devengaba
audiencia,
un
sueldo
$5,271.00 mensuales.
siguientes
gastos
menores:
$985
$6,226.00
anuales
la
señora
bruto
de
Santiago
$9,939
reportó
y
uno
neto
que
de
Además, informó que incurría en los
para
atender
mensuales
por
por
las
necesidades
concepto
concepto
de
de
de
los
vivienda;
matrícula
para
educación; $929 para el pago de un apartamento que compró
para que se hospedaran sus hijos por motivo de estudios;
$130.00 correspondientes al pago de agua y luz para ese
hospedaje;
$50.00
para
una
compra
semanal
hospedaje
y
$1,208.00
por
concepto
de
para
el
gastos
de
transportación.
Evaluada
la
prueba,
la
EPA
emitió
su
informe
sugiriendo una pensión de $3,741 mensuales, recomendación
que
posteriormente
fue
acogida
por
el
TPI.
De
dicha
AC-2010-0105
decisión
4
el
alimentante
solicitó
que
se
determinaran
hechos adicionales, entre estos, que no se consideró el
ingreso de la señora Santiago al momento de calcular la
pensión alimentaria y arguyó que se le impuso el pago del
100% de los gastos de sus hijos.
Atendidos
emitió
un
pertinente,
los
segundo
planteamientos
enunciados,
informe
que
en
el
formuló,
la
en
EPA
lo
los siguientes hechos:
1. En cuanto a no considerar el ingreso de la madre
no custodio, Véase Chévere v. Levis.
2. De los gastos básicos solo se le imputó la
participación
de
los
menores,
en
la
suplementaria se imputó la totalidad. El padre
asumió capacidad.
3. Los menores viven con su madre y se hospedan por
razón de estudios en el área metropolitana.
Por consiguiente, la cantidad de pensión que se le
ordenó
pagar
al
alimentante
permaneció
inalterada.
Nuevamente, el TPI hizo suyas esas recomendaciones.
Inconforme, el señor Maisonet acudió al Tribunal de
Apelaciones alegando que el TPI había errado al negarse a
considerar los ingresos de la madre custodia sin imponerle
a esta una participación monetaria en la obligación de
alimentar a los hijos.
También, apuntó que incidió al
adjudicar la pensión a favor de la hija mayor a pesar de
que esta había advenido a la mayoría de edad al momento en
que se celebró la vista ante la EPA.
Atendido el recurso, el foro intermedio resolvió que
el
primer
señalamiento
era
inmeritorio
por
cuanto
el
AC-2010-0105
alimentante
5
no
había
establecido
en
su
recurso
de
apelación cuáles eran los gastos totales de los menores,
esto,
de
manera
que
se
pudiera
entonces
evaluar
qué
proporción de esos gastos representaba la pensión que se
le fijó.
Añadió que
[i]ndependientemente de ello, hay gastos que no
forman parte de las determinaciones de hechos
efectuadas por el TPI y que por lo tanto no serán
sufragadas por el Apelante.
De forma principal
podemos mencionar, entre otros, gastos en la
residencia principal por concepto de agua, luz,
mantenimiento, teléfono, contribuciones sobre la
propiedad y alimentos.
En relación directa a los
menores, los gastos de alimentos fuera del hogar,
ropa, teléfono, internet, entretenimiento, visitas
medicas, medicinas, libros, materiales de estudio,
gasolina, mantenimiento de auto, barbería, salón de
belleza,
estacionamiento,
actividades
extracurriculares. En ausencia del contexto total
de los gastos de los menores, no podemos asumir,
que la pensión fijada al Apelante cubre todos sus
gastos y por lo tanto la Apelada no aporte nada.
(Énfasis en el original)
En cuanto al asunto de la falta de jurisdicción del
TPI, el Tribunal de Apelaciones indicó que al momento de
celebrarse la vista ambos hijos eran menores. Por ello,
adujo
que
el
foro
establecer
una
pensión
entonces
al
primario
alimentante
para
tenía
la
ellos,
solicitar
una
obligación
de
correspondiéndole
modificación
de
pensión a esos efectos.
Inconforme con ese proceder, acude ante nos el señor
Maisonet señalándonos que:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
confirmar la decisión del Tribunal de Primera
Instancia de negarse a considerar los ingresos de
la madre custodia y no imponerle a esta una
participación
monetaria
en
la
obligación
de
alimentar a los menores, contrario a lo resuelto en
la mayoría de los paneles de ese tribunal.
AC-2010-0105
6
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
confirmar la decisión del Tribunal de Primera
Instancia de establecer una pensión alimentaria
para la hija mayor de las partes, a pesar de
carecer ya para ese momento, de jurisdicción sobre
la materia en cuanto a esta hija.
Acogido el recurso como uno de certiorari, lo expedimos,
en reconsideración.
II
La
controversia
traída
ante
nosotros
requiere
que
pasemos juicio sobre elementos esenciales del derecho de
alimentos
en
Puerto
Rico.
Como
sabemos,
los
casos
relacionados con alimentos están revestidos del más alto
interés público, siendo su interés principal el bienestar
del menor.
Véanse,
D.P.R. 528 (2009);
70 (2001).
política
Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176
Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62,
Esto es así, puesto que forma parte de la
pública
del
gobierno
de
Puerto
Rico
que
los
padres o las personas legalmente responsables contribuyan
a
la
manutención
dependientes.
y
Véase
al
bienestar
Art.
3
de
de
la
sus
Ley
hijos
menores
Orgánica
de
la
Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de
30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 L.P.R.A. sec.
502,
et
seq.,
(Ley
Núm.
5).
Cabe
mencionar
que
esa
política es de raigambre constitucional y se desprende del
derecho a la vida consagrado en la Carta de Derechos de la
Constitución de Puerto Rico.2
Véanse, Toro Sotomayor v.
Colón Cruz, supra; Argüello v. Argüello, supra; Chévere v.
2
Art. 2, Sec. 10., Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1.
AC-2010-0105
Levis,
150
7
D.P.R.
525
(2000);
Rodríguez
Avilés
Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616, 621 (1986).
v.
Pasemos,
pues, a revisar las disposiciones de nuestra legislación
civil que atienden esta materia.
En primer lugar, el Art. 142 del Código Civil de
Puerto Rico define alimentos como todo lo indispensable
para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica,
según la posición social de la familia.
31 L.P.R.A. sec.
561.
la
Ese
término
también
comprende
educación
e
instrucción del alimentista, cuando este es menor de edad.
Id.
Por
vía
jurisprudencial
extrapolamos
esta
norma
resolviendo que el proseguir los estudios universitarios o
vocacionales
que
se
comenzaron
durante
la
minoridad
también forma parte de las necesidades alimentarias de un
hijo, aun cuando este ya alcanzó la mayoridad.
Véase, Key
Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261 (1985).
Es
de
proporciona
conocimiento
dos
artículos
que
que
nuestro
señalan
Código
quiénes
personas llamadas a alimentar a los hijos.
Civil
son
las
Uno de estos
es el Art. 153 que discute las facultades y deberes de los
padres con respecto a sus hijos por razón de la patria
potestad.
31
L.P.R.A.
sec.
601.
Acorde
a
esta
disposición, las madres y los padres tienen el deber de
alimentar
a
sus
hijos
no
emancipados,
tenerlos
compañía y educarlos con arreglo a su fortuna.
otro
lado,
alimentos
el
entre
Art.
143
parientes.
en
Id.
su
Por
regula
lo
relacionado
a
Allí
se
dispone
están
que
los
AC-2010-0105
8
obligados a darse alimentos recíprocamente, entre otros,
los ascendientes y descendientes.
Ahora
bien,
es
importante
31 L.P.R.A. sec. 562.
recalcar
que
el
deber
de
alimentar a los hijos cuando estos son menores de edad no
está subordinado a uno u otro artículo del Código Civil
sino a la relación paterno filial legalmente establecida.
Chévere v. Levis, supra, pág. 539.
Así lo explicamos en
el caso precitado al señalar que
[i]ndependientemente de lo expresado a través
de nuestra jurisprudencia en torno a las
fuentes de las cuales emana la obligación de
alimentar, la obligación de alimentar a los
hijos menores es resultado de la relación
paterno-filial y surge desde el momento en
que
la
paternidad
o
maternidad
quedan
establecidos legalmente. Esto quiere decir que
el padre y la madre legalmente establecidos
como tales, tengan o no la patria potestad o
vivan o no en compañía de sus hijos menores,
están obligados a velar por éstos y a
proveerles alimento. El derecho de los menores
a reclamar alimento, la obligación de los
padres de proveerlos y la interpretación de
los tribunales para concederlos deben estar
enmarcados
en
la
relación
paterno-filial
legalmente establecida; no supeditada a uno u
otro artículo del Código Civil. Claro está, la
cuantía de pensión alimentaria se fijará
tomando en consideración, no sólo la necesidad
de los hijos menores sino también la condición
socio
económica
del
padre
alimentante.
Así, pues, el deber de alimentar, educar y
criar a los hijos menores es como resultado de
ser padre o madre, y existe con todos los
efectos patrimoniales, jurídicos y morales
desde el momento en que nace el hijo,
irrespectivamente de las circunstancias de su
nacimiento.
(Énfasis en el original)(Citas
internas omitidas) Id.
Expuesto
lo
anterior,
procede
que
discutamos
las
normas que guían la forma en que los obligados a alimentar
deben cumplir su cometido.
Según nos ilustra el Art. 146
AC-2010-0105
9
de nuestro Código Civil, la pensión alimentaria que se
otorgue será proporcional a los recursos del que los da y
a las necesidades del que los recibe.
565.
178
31 L.P.R.A. sec.
Véase también, Llorens Becerra v. Mora Monteserín,
D.P.R.
1003,
1016
(2010).
En
ese
mismo
caso
reiteramos que la determinación de la cuantía de alimentos
corresponde al prudente arbitrio del juzgador, quien debe
velar por que la cuantía que se establezca cumpla con el
principio
de
proporcionalidad.
Id.
Véase
también,
Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4, 14 (1983). Por lo
tanto, es claro que la obligación alimentaria recae en
ambos progenitores, quedando así obligados a contribuir de
acuerdo a su fortuna a la manutención de sus hijos.
otras
palabras,
“la
obligación
tanto al padre como a la madre”.
es
indivisible
y
En
aplica
López v. Rodríguez, 121
D.P.R. 23, 29 (1988).
Por tanto, una vez disuelto el
vínculo
distribuye
pago
matrimonial,
de
una
pensión
respectivo caudal.
pág. 535.
se
en
cantidad
entre
los
padres
proporcional
a
el
su
Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra,
En ese último caso, también hicimos la salvedad
que años atrás ya habíamos hecho en Mundo v. Cervoni,3 en
cuanto a que la labor que un progenitor realiza en el
hogar
cuando
aporta
se
administra
considera
como
obligación de alimentar.
supra, pág. 535.
3
115 D.P.R. 422 (1984)
la
pensión
un
que
el
alimentante
descargo
de
su
propia
Toro Sotomayor v. Colón Cruz,
AC-2010-0105
Como
10
parte
del
esquema
dirigido
a
uniformar
ese
principio de proporcionalidad, se aprobó en Puerto Rico la
Ley Núm. 5, supra.
Esta es la legislación especial que
viabiliza la política pública del Estado procurando que
las personas
legalmente
responsables
contribuyan, en la
medida en que sus recursos lo permitan, a la manutención y
bienestar
de
sus
manifestó
que
hijos
en
o
dependientes.
muchas
ocasiones
El
“el
legislador
alimentante
incumplidor tiene la capacidad económica para satisfacer
su obligación”. 8 L.P.R.A. sec. 502. Según explicaremos
más
adelante,
en
Chevere
v.
Levis,
supra,
pág.
543,
mencionamos que por esa razón ciertos preceptos de la Ley
Num. 5 se dirigen más bien a aquellas personas que tienen
la obligación de alimentar, pero que a pesar de ello se
niegan a cumplir con su responsabilidad.
Con
el
propósito
de
fortalecer
los
sistemas
judiciales para la agilización de los procedimientos de
reclamación de alimentos, esa pieza legislativa ordenó que
se
prepararan
determinar
manera
y
y
modificar
uniforme
económicas
de
adoptaran
unas
las
guías
pensiones
en
conformidad
cada
progenitor
con
y
las
que
ayudaran
alimentarias
las
a
de
facilidades
necesidades
y
aptitudes educacionales del alimentista. 8 L.P.R.A. sec.
518.
Ese
mandato
surge
como
consecuencia
del
“Family
Support Act” de 19884 promulgada por el Congreso de Estados
Unidos requiriéndole a todos los estados implantar guías
4
Pub. L. No. 100-485, 102 Stat. 2343, 42 U.S.C. sec. 667 (a).
AC-2010-0105
mínimas
11
específicas
alimentaria.
para
determinar
la
pensión
S.E. Torres Peralta, El derecho alimentario
en Puerto Rico, Ed. rev. 2007, Publicaciones STP Inc.,
T.1, pág. 4.03.
El requerimiento de esa reglamentación
tuvo el propósito de hacer más consistentes las pensiones
que
se
otorgaban,
creando
así,
un
sistema
justo.
L.
Raatjes, High-Income Child Support Guidelines: Harmonizing
the need for Limits with the best interest of the child.
86 Chi-Kent L. Rev., 324 (2011).
estados
utilizaron
confeccionar
modelos
sus
guías,
A pesar de que los
económicos
estas
diferentes
tendieron
a
para
ofrecer
pensiones más uniformes que las que se adjudicaron previo
a la existencia de estas. Id.
De esa forma, se pusieron
en
“Guías
vigor
en
Puerto
Rico
las
para
determinar
y
modificar las pensiones alimentarias en Puerto Rico”5 (las
Guías)
uniformando
pensiones
para
y
facilitando
el
a
criterios
menores
base
de
cálculo
y
de
las
números
descriptivos.
8 L.P.R.A. sec. 518. Dentro del proceso
evaluativo
de
las
ingreso
ambos
de
Guías,
padres
se
toma
puesto
que
en
consideración
cada
uno
tiene
el
la
obligación legal de aportar para la manutención de sus
hijos.
Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág.
1018.
Exploremos brevemente los mecanismos dispuestos en
esta reglamentación.
5
Guías para determinar y modificar las pensiones alimentarias en
Puerto
Rico,
Reglamento
Núm.
7135,
Departamento
de
Familia
Administración para el Sustento de Menores, 24 de abril de 2006.
AC-2010-0105
12
Las Guías proveen para el cálculo de dos tipos de
pensiones alimentarias: la básica y la suplementaria.
En
el Artículo 4 (27) de las Guías la primera se define como
la
participación
del
ingreso
neto
de
la
persona
no
custodia que se dedica al pago de los gastos mínimos en
que se incurre para la crianza del alimentista.
gastos
incluyen
aquellos
por
concepto
de
Estos
alimentación,
utilidades, transportación, entretenimiento y vestimenta,
excepto gastos de uniforme.
Para arribar a ese cálculo,
el Art. 7 de ese reglamento alude a la “tasa”, que es la
“[p]roporción por la cual se multiplica el ingreso neto de
la persona no custodia para obtener la pensión alimentaria
básica que esta deberá pagar”.
suplementarios
son
custodia
la
como
aquellos
persona
Por su parte, los gastos
que
“tanto
custodia
deben
la
persona
sufragar
no
para
satisfacer las necesidades del/la alimentista que no se
contemplan en la pensión alimentaria básica”.
Art. 4 (14)
de las Guías.
Entre estos figuran los gastos de educación
y
Así
vivienda.
entonces,
por
definición,
la
pensión
alimentaria suplementaria es la “[p]roporción del ingreso
neto que la persona no custodia debe destinar para pagar
la
parte
que
suplementarios”.
le
corresponde
por
concepto
de
gastos
Artículo 4 (30) de las Guías.
Todo lo mencionado anteriormente cumple la función de
establecer de manera proporcional la aportación monetaria
que cada padre debe asumir para suplir las necesidades de
sus hijos menores de edad.
Para ello, es indispensable un
AC-2010-0105
13
descubrimiento de prueba amplio y compulsorio tendente a
descubrir
la
situación
económica
alimentante como del alimentista.
tanto
de
la
parte
Art. 16 de la Ley Núm.
5, 8 L.P.R.A. sec. 515. Ahora bien, a partir de Chévere v.
Levis, supra, pautamos una norma que cambió el cómputo de
las pensiones alimentarias en algunos casos particulares.
Veamos.
En Chévere v. Levis, supra, el alimentante solicitó
una
orden
protectora
requerimiento
de
luego
información
de
que
para
se
que
le
cursara
un
descubriera
su
capacidad económica y estilo de vida a fin de fijar la
pensión alimentaria que debía pagar.
Hizo lo anterior,
toda vez que entendía que ello era improcedente, ya que
había admitido
poseer
la capacidad económica suficiente
para satisfacer el pago de la pensión que en su día se
impusiera.
Pronunciamos en ese caso que es precisamente
la negativa a cumplir con la obligación a alimentar lo que
activa
el
ingresos
descubrimiento
para
determinar
alimentante. Id, pág. 543.
de
prueba
relacionado
la
suficiencia
de
a
los
pago
del
Consecuentemente, dijimos que
…cuando un padre alimentante acepta que posee
suficientes ingresos para pagar la pensión
alimentaria que en derecho proceda a favor de
sus hijos, promueve con acierto, el interés
público del bienestar de los menores y agiliza
los procedimientos en cuanto a la otorgación de
pensiones alimentarias. Por consiguiente, cuando
el padre alimentante acepta capacidad económica,
se hace innecesario el descubrimiento de prueba,
según
dispuesto
por
ley.
(Énfasis
en
el
original.) Id., pág. 544.
AC-2010-0105
Al
14
ser
únicamente
así,
resolvimos
determinar
alimentista,
para
correspondería
las
fijar
pagar
quedaría
necesidades
la
a
que
pensión
quien
pendiente
económicas
alimentaria
aceptó
la
del
que
le
capacidad
económica.
[A]ceptada la capacidad económica del padre,
sólo resta que el tribunal determine la suma
justa y razonable en concepto de pensión
alimentaria para los menores con relación a sus
necesidades y la situación económica de la
madre.
Esto, sin embargo, no exime al señor
Levis de descubrir cualquier prueba que sea
necesaria para que el tribunal pueda cumplir
con su deber de fijar la pensión alimentaria
que proceda de acuerdo con las necesidades
particulares de los menores en este caso y
conforme
a
la
particular
condición
socioeconómica del padre. (Énfasis nuestro) Id.
Conforme a esa norma, dictaminamos que en estos casos
el
alimentante
no
podrá
impugnar
la
pensión
que
se
estableció conforme a las necesidades de los alimentistas
alegando que no tiene capacidad económica para pagarla.
Téngase
presente
impugnar
la
que
cuantía
esa
de
prohibición
la
pensión
no
se
refiere
por
esta
a
resultar
contraria a la prueba o ser una irrazonable a la luz de
las necesidades de los menores.
Poco
tiempo
después
resolvimos
Chévere
Mouriño
v.
Levis Goldstein, 152 D.P.R. 492 (2000), secuela del caso
anterior. Allí nos enfrentamos a la controversia de dictar
cuáles eran las necesidades de los menores cuando el padre
alimentante había aceptado capacidad económica para pagar
la pensión que correspondiera.
Así, pronunciamos que en
esos casos la pensión alimentaria se fijará acorde a los
AC-2010-0105
15
preceptos del Código Civil contenidos en los Arts. 153,
146
y
142
y
tomando
en
consideración
la
condición
económica y el estilo de vida del alimentante en unión a
las necesidades de los alimentistas, incluyendo en estas
el estilo de vida al cual fueron acostumbrados.
505.
Id., pág.
Indicamos que para adjudicar esto, un tribunal no
necesita
sopesar
ingresos,
sino
evidencia
que
directa
puede
sobre
valerse
los
gastos
e
de
evidencia
circunstancial atinente al estilo de vida al que tiene
derecho el menor conforme al estilo de vida que mantiene
el alimentante.
Algunos
Id.
años
después,
esta
normativa
referente
al
estilo de vida del alimentante trajo la polémica que se
suscitó
en
Ferrer
v.
González,
162
D.P.R.
172
(2004).
Allí resolvimos que no procedía descubrir prueba sobre la
condición económica de un alimentante que aceptó capacidad
económica para determinar cuál era su estilo de vida y así
poder
determinar
Además,
los
mencionamos
determinar
las
gastos
que
en
necesidades
razonables
estos
del
de
casos
menor
los
menores.
“sólo
restaría
la
capacidad
y
económica de la madre para fijar la cuantía a la que se
está obligado a pagar en concepto de alimentos”.
Id.,
pág. 181.
III
Expuesto el marco doctrinal que precede, pasemos a
examinar
epígrafe.
el
primer
error
señalado
en
el
recurso
de
AC-2010-0105
En
16
este
caso,
el
señor
Maisonet
aceptó
tener
capacidad económica para pagar la pensión de sus hijos.
Sin embargo, luego
que se adjudicó
la cantidad que le
correspondía pagar, alegó que la madre debía asumir el
pago de una parte de la misma.
En otras palabras, nos
solicita que justipreciemos cuál es la proporción con la
cual debe contribuir la persona custodia en la
pensión
que se determinó a base de las necesidades razonables de
los menores.
El peticionario parte del supuesto de que es
contrario a derecho imponerle a un solo padre el pago de
la totalidad de esos gastos.
alimentaria
recae
sobre
Es claro que la obligación
ambos
progenitores.
Eso
se
desprende tanto del Código Civil así como de la Ley Núm.
5,
supra,
Sobre
y
ello
de
no
nuestras
hay
decisiones
controversia.
jurisprudenciales.
Ahora
bien,
¿de
qué
manera podemos conciliar la solicitud del señor Maisonet
con
la
supra,
norma
que
que
permite
alimentante
que
nació
que
acepta
a
partir
en
poseer
de
Chévere
nuestra
Levis,
jurisdicción
capacidad
divulgue información sobre sus ingresos?
v.
económica
un
no
Atendamos este
particular.
Para sopesar la solicitud del señor Maisonet debemos
explorar algo básico, la definición de la voz proporción.
Acorde al Diccionario de la Real Academia Española6 esa
palabra
significa
“[d]isposición,
conformidad
o
correspondencia debida de las partes de una cosa con el
6
http://lema.rae.es/drae/?val=proporción. Visitado por última vez en
17 de agosto de 2012.
AC-2010-0105
todo
o
17
entre
vertiente
cosas
relacionadas
entre
sí”.
En
su
aritmética,
representa
la
“igualdad
de
dos
razones”.
Como hemos visto, la idea de proporcionalidad permea
toda nuestra legislación alimentaria.
Así por ejemplo, el
Art. 146 del Código Civil, supra, señala que la cuantía de
alimentos será proporcional a los recursos del que los da
y a las necesidades del que los recibe.
Por otro lado, en
la declaración de la política pública de la Ley Núm. 5,
supra,
se expresa que el Estado debe procurar que las
personas
legalmente
responsables
contribuyan
a
la
manutención de los hijos en la medida en que sus haberes
económicos lo permitan.
Así también, las definiciones que
ofrecen las Guías para la pensión alimentaria básica y
suplementaria aluden a la proporción o participación con
la que debe aportar cada alimentante para alimentar a su
hijo.
En cuanto a establecer la proporción de los gastos
alimentarios que debe aportar cada padre, los casos de
alimentos
que
se
tramitan
presentan gran complicación.
mismas
se
crearon
a
base
permiten
llegar
a
ingresos
de
persona
custodia.
la
cálculos
utilizando
las
Guías
no
Esto es así puesto que las
de
criterios
uniformes
custodia
así
de
numéricos
que
acuerdo
a
los
la
no
como
de
Nos sugiere el señor Maisonet que utilicemos
esa reglamentación para imponerle a la señora Santiago la
proporción monetaria que debe aportar para satisfacer las
AC-2010-0105
necesidades
EPA.
18
razonables
de
los
menores
que
determinó
la
Al analizar el esquema de las Guías, es ineludible
concluir
que
esa
sugerencia
es
improcedente.
Nos
explicamos.
Por
su
propia
definición,
la
pensión
alimentaria
básica implica la participación del ingreso neto de la
persona no custodia que se destina para satisfacer
las
necesidades básicas del alimentista menor de edad.
Esa
participación se obtiene multiplicando el ingreso neto de
la persona no custodia por un valor numérico denominado
“tasa”, el cual fue creado específicamente para calcular
la aportación económica que debe sufragar el progenitor
que no vive con sus hijos.
Por lo tanto, se deduce que
ese cálculo no existe para obtener la aportación económica
que debe sufragar un padre custodio, cuando como en este
caso, el alimentante ha aceptado capacidad económica y no
ha
divulgado
sus
ingresos.
De
otra
parte,
las
Guías
también contemplan el cómputo de una pensión alimentaria
suplementaria.
La fórmula matemática para ese componente
utiliza como factores de su ecuación los ingresos netos de
ambos progenitores; del custodio y del no custodio.
Si
bien
la
los
gastos
suplementarios
no
se
contemplan
en
pensión alimentaria básica, nuevamente, se hace imposible
realizar esa operación aritmética para atribuir porciento
alguno de la pensión a la persona custodia.
Esto es así
por cuanto desconocemos en este caso cuál es el ingreso de
la persona no custodia.
AC-2010-0105
Como
19
vemos,
la
razón
por
la
cual
es
improcedente
utilizar las Guías para acceder a la petición del señor
Maisonet
es
porque
las
estaríamos
utilizando
para
un
propósito para el que no fueron creadas, y además, por que
requeriría
conocer
los
ingresos
de
ambos
progenitores.
Ante ello, tanto por su fin, así como por su mecanismo,
las Guías
procede
son
inaplicables al caso que atendemos.
utilizar
los
mencionados
procedimientos
No
para
obtener la proporción con la cual debe aportar la persona
custodia en los gastos razonables de los menores cuando el
alimentante ha aceptado capacidad económica y no descubre
sus ingresos.
A
pesar
de
lo
anterior,
tanto
Chévere
v.
Levis,
supra, como Ferrer v. González, supra, puntualizaron que
una vez la persona no custodia acepta capacidad económica
solo resta determinar las necesidades razonables de los
menores y la capacidad económica de la persona custodio.
Pero surge la interrogante, ¿cómo llegamos al porcentaje
que
le
corresponde
aportar
a
cada
uno
de
ellos
si
desconocemos el valor de una de las partes de la ecuación?
La variable desconocida en ese cómputo es el ingreso del
señor Maisonet.
Siendo ello así, este nos invita a que
adoptemos una fórmula para llegar a ese resultado.
obstante,
esa
petición
queda
fuera
de
nuestros
No
límites
adjudicativos. En ausencia de pronunciamiento legislativo
alguno,
estamos
impedidos
de
reglamentación a esos efectos.
diseñar
algún
esquema
o
AC-2010-0105
20
Debemos,
porcentaje
de
pues,
determinar
gastos
que
le
cómo
se
adjudica
corresponde
aportar
el
a
la
señora Santiago tomando en consideración las limitaciones
que
hemos
discutido
anteriormente.
el
de
reconocemos
valor
la
Al
norma
de
hacer
esto,
aceptación
de
capacidad económica y los propósitos y objetivos que la
misma
cumple.
Como
significativamente
ya
a
adelantar
descubrimiento de prueba
puedan
retrasar
También,
la
debemos
mencionamos,
el
contribuye
proceso
de
evitando trabas procesales que
adjudicación
tomar
esta
en
final
cuenta
una
de
la
pensión.
solución
que
sea
justa para ambas partes y que no vaya en detrimento de los
axiomas que rigen el derecho de alimentos en Puerto Rico.
Examinado
nuestro
estado
de
derecho,
resolvamos
esta
consideración,
el
controversia.
En
el
caso
ante
nuestra
peticionario aceptó tener capacidad económica para pagar
los gastos razonables de sus hijos.
Al ser esto así, la
jurisprudencia establece un esquema para fijar la pensión
distinto a aquel que se sigue mediante las Guías.
No se
utiliza la proporción de los ingresos para ese cálculo,
sino que la persona custodia viene obligada a establecer
cuáles son los gastos razonables de los menores para así
determinar cuánto debe aportar la persona no custodia en
cuanto a esos gastos.
Debemos tomar en consideración que en estos casos la
persona
custodia
no
escoge
participar
en
este
tipo
de
AC-2010-0105
21
cálculo de pensión.
Recordemos que quien aceptó capacidad
económica fue el aquí peticionario.
Contrario al señor
Maisonet,
la
en
la
vista
descubrió sus ingresos.
evidenciara
señora
Santiago
Conforme al derecho aplicable, se
estableció la pensión según las necesidades razonables de
los menores y el estilo de vida del alimentante que los
menores tienen derecho a disfrutar.
estilo
de
vida
no
se
permite
Para determinar ese
descubrimiento
de
prueba
sobre los ingresos y gastos del alimentante. La persona
custodia puede presentar prueba circunstancial o directa
que se dirija a ello, pero sin indagar en evidencia que
tienda a descubrir su estado económico.
En ese sentido,
la pensión se establece conforme al prudente arbitrio del
juzgador en cuanto a la prueba de las necesidades de los
alimentistas.
Así
pues,
calcular
la
surge
un
problema
participación
que
le
en
este
corresponde
caso
para
aportar
a
cada uno de los padres en cuanto a los gastos razonables
de
los
menores
y
poder
establecer
la
pensión
que
en
derecho procede, es decir, una que sea proporcional a la
fortuna de todos los obligados a alimentar.
hacer
ese
cálculo
desconocidas:
(1)
tenemos
el
ante
porciento
nosotros
de
dos
Para poder
variables
participación
de
la
persona no custodia y (2) los ingresos de esta para poder
adjudicar esa proporción.
adjudicar
una
Por tanto, resulta imposible
participación
porcentual
desconocerse los ingresos de una de las partes.
justa
al
En otras
AC-2010-0105
22
palabras, no es posible establecer el cómputo entre el
total
de
los
gastos
razonables
y
los
ingresos
fortuna de una de las partes es desconocida.
si
la
Por tanto,
imputarle a la señora Santiago una parte de los gastos
razonables de los menores desconociendo los ingresos del
señor
Maisonet
proporción
implicaría
arbitraria.
Es
tener
decir,
que
establecer
resultaría
una
injusto
y
arbitrario adjudicarle a la persona custodia el pago de
una proporción de la pensión alimentaria que se fijó a
favor de los menores ante las particularidades propias de
los
casos
en
económica,
pues
que
el
alimentante
llegaríamos
a
una
acepta
capacidad
determinación
que
no
estaría basada en criterios numéricos.
Esto significaría
un
Guías
retroceso
a
la
situación
que
las
intentaron
remediar y a su propósito de fijar pensiones alimentarias
uniformes y justas para las partes.
En atención a lo anterior, resolvemos que, en casos
en que el alimentante acepta capacidad económica, procede
entonces que el alimentante pague el 100% de los gastos
razonables
de
los
menores.
De
querer
este
que
se
le
imponga pagar solo una proporción de los mismos bajo el
fundamento
de
que
la
persona
custodia
también
debe
realizar una aportación, por imperativos de justicia y de
principios
matemáticos
básicos,
deberá
divulgar
sus
AC-2010-0105
23
ingresos a fin de utilizar las Guías y poder adjudicar la
participación correspondiente a la madre y al padre.7
Por todo lo enunciado, concluimos que no erró el foro
apelativo al confirmar la suma que se le ordenó pagar al
señor Maisonet.
No obstante, sí erró al dictaminar que a
este no se le ordenó el pago de la totalidad de los gastos
de los menores por cuanto, a su entender, existían otros
gastos sobre los que la EPA no hizo adjudicación alguna.
Las necesidades razonables de los menores son aquellas que
la
parte
alimentista
evidenciaria.
logró
probar
durante
la
vista
Considerar la existencia de posibles gastos
que no se reclamaron ni se probaron ante la EPA constituye
un error de derecho y un abuso de discreción.
IV
Pasemos ahora a dirimir el segundo error planteado
por el peticionario.
En este nos solicita que resolvamos
si el TPI carecía de jurisdicción para avalar la pensión
alimentaria que recomendó la EPA en cuanto a la hija que
al momento de la vista evidenciaria advino a la mayoría de
edad.
Arguye el padre alimentante que ese hecho privaba a
la EPA de recomendar una pensión alimentaria que tuviera
vigor mas allá de la fecha en que ella cumplió 21 años.
Apunta que nuestro ordenamiento jurídico no contempla que
7
En todo caso, no debemos olvidar que si por alguna razón las Guías
resultan en la aplicación de una pensión irrazonable, la propia ley
Núm. 5 preceptúa que en caso de que el adjudicador determine que
aplicar las Guías puede resultar en una pensión injusta o inadecuada,
se determinará la pensión considerando entonces ciertos factores,
entre estos, los recursos económicos de los padres, las aportaciones
no monetarias de cada padre al cuidado del menor y las necesidades y
aptitudes educacionales o vocacionales. 8 L.P.R.A. sec. 518 (b).
AC-2010-0105
24
una pensión continúe en vigor automáticamente después de
que el alimentista ya no es un menor de edad.8
Sabemos que mientras los hijos son menores de edad y
no se han emancipado, ya sea por razón de matrimonio o por
dictamen
judicial,
potestad
está
el
progenitor
capacitado
para
custodio
reclamar
con
patria
alimentos
para
beneficio de estos.
Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra,
pág.
casos,
535.
En
esos
aunque
es
el
padre
o
madre
custodio quien presenta la acción, la misma pertenece al
hijo, es decir, el padre o madre demandante que la inició
solo actúa como un representante.
bien,
una
vez
cesa
esa
Id, pág. 536.
incapacidad
por
Ahora
minoridad,
los
padres ya no pueden acudir a los tribunales a representar
los intereses de sus hijos.
En tal caso, el hijo ya mayor
de edad se encuentra revestido de la capacidad jurídica
necesaria para así hacerlo.9 Id.
Como
sabemos,
el
hecho
de
que
los
hijos
puedan
comparecer a solicitar alimentos aun luego de alcanzar la
mayoridad obedece a que la obligación de alimentarlos no
cesa automáticamente porque estos hayan cumplido 21 años.
Sotomayor
Nieves,
v.
Colón
Cruz,
supra;
116 D.P.R. 261 (1985).
Key
Nieves
v.
Oyola
En otras palabras, la
emancipación por mayoría de edad no apareja ipso facto la
pérdida del derecho a reclamar alimentos de los padres,
8
9
Véase, Alegato del Apelante, pág. 16.
Véase también, Ríos Rosario v. Vidal Ramos, 134 D.P.R. 3, 10 (1993),
donde se especifica que en Puerto Rico no existe la posibilidad de la
patria potestad extendida tras la mayoridad.
AC-2010-0105
25
pues siempre subsistirá la obligación que emana del Art.
143 del Código Civil, supra, que atiende las necesidades
alimentarias entre parientes.
No obstante, ese tipo de
obligación requiere que el hijo ya mayor de edad tenga la
necesidad de esa pensión alimentaria, lo que se analiza
bajo
criterios distintos
cuando
se
Rodríguez
a los que se toman en cuenta
adjudican
los
Amadeo
Santiago
v.
alimentos
de
un
menor.
Véase
Torres,
133
D.P.R.
785,
(2000); Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 D.P.R. 518
(1976).
Por
tanto,
este
viene
obligado
a
probar
las
circunstancias que le hacen acreedor de los mismos.
En cuanto a los hechos específicos de este caso, ya
desde Guadalupe Viera v. Morel, supra, pág. 14, atendiendo
al comentario de varios tratadistas,10 mencionamos que la
enumeración que provee el Código Civil en cuanto a la
definición
de
“alimentos”
no
debía
entenderse
tan
irrestricta de modo que no le permitiera al hijo que había
iniciado
un
derecho
a
oficio
exigirle
o
carrera
alimentos
durante
a
sus
su
minoridad,
padres
para
el
poder
completarlos, aún después haber llegado a la mayoridad.
Partiendo de lo anterior, en Key Nieves v. Oyola Nieves,
supra, pág. 266, reiteramos que el deber legal de todo
padre o madre de proporcionarle alimentos a sus hijos para
propósitos de educación, conforme al Art. 143, supra, no
podía cesar meramente por el hecho de que ese alimentista
10
J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. reus,
1956, T 1, pág. 791; F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español,
Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T.V, pág. 501.
AC-2010-0105
26
hubiese alcanzado la mayoría de edad.
Argüello
v.
Argüello,
circunstancias
resultados,
estudios,
supra.
“normales”,
diligencia,
un
hijo
que
y
Id. Véase también,
Pronunciamos
es
decir,
continuidad
comenzó
que
bajo
sujeto
a
los
observada
en
los
durante
su
minoridad
estudios de bachillerato tiene derecho a exigir alimentos
de
sus
padres
académico.
con
el
propósito
de
obtener
ese
grado
En cuanto a la adjudicación de alimentos para
completar estudios de post grado, resolvimos que estos se
adjudicarían
caso.11
de
acuerdo
a
las
circunstancias
de
cada
Key Nieves v. Oyola Nieves, supra, pág. 267.
Por
economía procesal, dijimos en ese mismo caso que este tipo
de alimentos podía reclamarse dentro del pleito original
de divorcio entre los padres.12
Id, pág. 268.
A la luz de esta normativa, recapitulemos los hechos
pertinentes a la controversia que atendemos.
La madre
custodia en representación de sus hijos menores de edad
solicitó
que
se
estos recibían.
modificara
la
pensión
alimentaria
que
Para ese momento, por ser menores, ella
tenía plena autoridad -además del deber- de representarlos
en esa acción.
Ahora bien, en el ínterin del caso, al
11
Estos alimentos se otorgarán conforme al Art. 146 del Código Civil y
el hijo vendrá obligado a demostrar, entre otras cosas, que es
acreedor a esa asistencia económica, que el objetivo deseado es
razonable, y que tiene buena aptitud en los estudios. Además, tendrán
prioridad en cuanto a alimentos aquellos hijos que aún son menores de
edad. Véase, Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261, 267 (1985)
12
Véase también, Ríos Rosario v. Vidal Ramos, 134 D.P.R. 3, 12 (1993),
donde se resuelve que la acción promovida por una madre o padre en
representación de sus hijos ya mayores de edad, para reclamar pago de
pensiones alimentarias, debe sujetarse a la oportuna intervención o
sustitución del alimentista, quien es la parte realmente interesada.
AC-2010-0105
27
momento de celebrarse la vista evidenciaria, la hija de
las partes cumplió 21 años.
No consta en el expediente
que esta joven hubiese comparecido por sí misma, luego de
esa
fecha,
a
solicitar
alimentos.
debemos contestar la siguiente
En
ese
contexto,
interrogante: ¿el hecho de
que la hija alcanzó la mayoría de edad implica que quedó
automáticamente
desprovista
de
pensión
alimentaria?
Respondemos en la negativa.
Lo
expuesto
no
conlleva
el
cese
automático
de
la
pensión alimentaria que respondía a las necesidades de esa
hija durante su minoridad.
La pensión así fijada no cesa
automáticamente porque la menor haya alcanzado la mayoría
de edad.
Recordamos que una vez se establece la pensión
alimentaria que se solicitó durante la minoría de edad de
un
alimentista,
el
tribunal
está
vedado
de
reducir
la
pensión así establecida sin que se haya presentado una
petición a tales efectos.
Véanse, Valencia, Ex parte, 116
D.P.R. 909, 916 (1986);
8 L.P.R.A. sec. 518.
Además,
atendamos a los hechos que presenta este caso.
Aquí la
hija de las partes, mientras era menor de edad comenzó
estudios universitarios y cumplió 21 años sin culminarlos.
Esto
ocurrió
mientras
se
dilucidaba
la
solicitud
de
revisión de pensión alimentaria, la cual presentó la madre
custodia
precisamente
por
razón
de
que
variaron las necesidades de sus hijos.
esa
hija
llegara
a
la
mayoría
de
edad
tales
estudios
El hecho de que
no
detuvo
las
necesidades que apareja ser una joven estudiante que aún
AC-2010-0105
no
ostenta
28
un
grado
académico
para
entrar
al
mercado
laboral.
Por tanto, sin perder de perspectiva que la pensión
alimentaria que se otorga a favor de un menor de edad
responde a este hecho, y además, que la pensión que se
adjudica conforme al Art. 143 del Código Civil, supra, se
rige por criterios diferentes, sostenemos que
la pensión
alimentaria no cesa automáticamente al momento de cumplir
la mayoridad de edad.
De lo contrario, se crearía una
situación sumamente tortuosa para los jóvenes involucrados
en esa acción.
No podemos avalar que arbitrariamente un
alimentante suspenda su obligación de pagar una pensión
alimentaria por el hecho de que el alimentista advenga a
la mayoría de edad.
Debido a lo anterior, resolvemos que es deber del
alimentante, si es que así lo desea, poner en conocimiento
al tribunal de que sus hijos alimentistas están próximos a
llegar a la mayoridad y su interés de ser relevado del
pago de
la pensión alimentaria.
Es decir, la pensión
otorgada a un menor de edad continuará en vigor –aunque
advenga a la mayoría de edad- hasta que no se realice el
trámite procesal descrito anteriormente.
Esa moción se le
deberá notificar al alimentista, de modo que este pueda
comparecer dentro de ese mismo pleito -a nombre propio- y
establecer que sus necesidades permanecen vigentes y que
reúne los requisitos que le hacen acreedor de la pensión a
pesar de que ya es mayor de edad.
Entonces, solo restará
AC-2010-0105
que
el
29
tribunal,
circunstancias
tomando
particulares
en
de
consideración
cada
caso,
las
evalúe
si
procede relevar al padre alimentante de la obligación que
se le había impuesto hasta ese momento.
se
ha
puesto
en
conocimiento
al
Es decir, una vez
tribunal
de
que
un
alimentista está próximo a llegar a la mayoridad, y este
último
a
su
vez
ha
informado
que
por
su
condición
de
estudiante aún necesita alimentos, el foro primario deberá
calendarizar
sobre
los
una
vista
evidenciaria
requerimientos
razones,
será
premura
estos
imperativo
para
pasar
juicio
de
las
partes.
Por
estas
que
el
tribunal
atienda
con
planteamientos
para
evitar
un
daño
irreparable a cualquiera de las partes.
Por las razones previamente expuestas, resolvemos que
el
foro
primario
no
cometió
el
error
que
señala
el
peticionario.
V
Por
los
fundamentos
antes
esbozados
se
confirma,
aunque por distintos fundamentos, la sentencia recurrida.
Resolvemos que, en los casos en que un alimentante acepte
capacidad económica, este debe descubrir sus ingresos si
interesa que se le imponga a la persona custodia el pago
de una proporción de los gastos de los menores.
Esto no
deroga la norma establecida a partir de Chévere v. Levis,
supra.
Más bien, la aclaramos a los fines de pautar que
en
situación,
tal
el
alimentante
que
aceptó
capacidad
económica para no descubrir información financiera estará
AC-2010-0105
30
obligado a pagar el 100% de los gastos razonables de los
menores ya que el desconocimiento de sus ingresos impide
que
a
base
de
criterios
numéricos
se
le
ordene
a
la
persona custodia asumir el pago de un porcentaje de tales
gastos.
Por otro lado, se devuelve el caso al TPI para la
continuación
de
los
procedimientos
acorde
a
lo
aquí
resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari
Marisol Santiago Texidor
Carlos Maisonet Correa
Peticionarios
v.
AC-2010-0105
Carlos Maisonet Correa
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de
2012.
Por los fundamentos antes expuestos, se
confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones,
aunque por distintos fundamentos. Resolvemos que,
en los casos en que un alimentante acepte
capacidad económica, este debe descubrir sus
ingresos si interesa que se le imponga a la
persona custodia el pago de una proporción de los
gastos de los menores.
Aclaramos la norma
establecida en Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525
(2000) a los fines de pautar que, en tal
situación, el alimentante que aceptó capacidad
económica para no descubrir información financiera
estará obligado a pagar el 100% de los gastos
razonables de los hijos ya que el desconocimiento
de sus ingresos impide que, a base de criterios
numéricos, se le ordene a la persona custodia
asumir el pago de un porcentaje de tales gastos.
Por otro lado, se devuelve el caso al TPI para la
continuación de los procedimientos acorde a lo
aquí resuelto.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La
Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente
con la siguiente expresión, a la cual se une el
Juez Presidente señor Hernandez Denton: “La Juez
AC-2010-0105
2
Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente del proceder
mayoritario porque bajo la mácula de no imponer a la
persona custodia un porciento arbitrario, se termina
imponiendo arbitrariamente el cien por ciento (100%) de
responsabilidad al alimentante.
Con la conclusión a la
que llega el Tribunal se revocan sub silentio nuestros
pronunciamientos en Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525
(2000), y la política pública de fomentar que los
alimentantes asuman capacidad económica para agilizar los
procedimientos en cuanto a la otorgación de pensiones
alimentarias. Id. Pág. 544.”
La Jueza Asociada señora
Pabón Charneco no interviene.
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo