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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Santiago Texidor v. Maisonet Correa

2012 TSPR 187

Poder Judicial de Puerto Rico

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Santiago Texidor v. Maisonet Correa

AC-2010-105

Alimentos- Fijación de pensión alimentaria a favor de menor cuando padre o madre acepta capacidad económica; jurisdicción del TPI para imponer pensión cuando menor adviene a la mayoría de edad y no ha presentado petición a nombre propio

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Marisol Santiago Texidor

Carlos Maisonet Correa

Peticionarios

Certiorari

2012 TSPR

187

v.

187 DPR ____

Carlos Maisonet Correa

Recurridos

Número del Caso: AC-2010-105

Fecha: 12 de diciembre de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Guayama, Panel XI

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Rosa Ward Cid

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Zoraida Lanausse

Materia: Divorcio

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Marisol Santiago Texidor

Carlos Maisonet Correa

Peticionarios

Certiorari

v.

AC-2010-0105

Carlos Maisonet Correa

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

García.

Rivera

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de

2012.

El peticionario Carlos Maisonet Correa (señor

Maisonet

o

padre

no

custodio),

quien

aceptó

capacidad económica para pagar la pensión de sus

hijos,

nos

solicita

que

determinemos

la

forma

correcta de adjudicar la aportación económica que

le correspondería asumir a la persona custodia en

estos casos.

El recurso que hoy atendemos nos

brinda la oportunidad de aclarar ciertos vacíos

normativos

que

surgieron

a

raíz

de

la

norma

jurisprudencial que postula que los alimentantes

que aceptan capacidad económica no están obligados

AC-2010-0105

a

descubrir

expresamos

2

su

en

información

torno

a

la

económica.

Así

también,

nos

jurisdicción

del

Tribunal

de

Primera Instancia para imponer una pensión en casos en que

al momento en que se celebra la vista evidenciaria para

ello, el menor ya ha alcanzado la mayoría de edad, pero

continúa

cursando

estudios

universitarios

y

no

ha

presentado una petición de alimentos a nombre propio.

I

Los hechos de este caso son sencillos y sobre los

mismos no existe controversia.

La Sra. Marisol Santiago Texidor (madre custodia o

señora Santiago) y el señor Maisonet –divorciados en el

1994-

procrearon

dos

hijos

quienes

al

momento

de

los

hechos que originaron este pleito vivían bajo la custodia

de

la

señora

Santiago.

Como

parte

de

su

obligación

alimentaria, el señor Maisonet estuvo pagando una pensión

de $1,200.00 mensuales a favor de los menores.1

Tiempo después, en el 2006, la señora Santiago en

representación de sus hijos presentó ante el Tribunal de

Primera

Instancia

(TPI)

pensión

alimentaria.

una

moción

sobre

revisión

Allí

detalló

que

estos

de

habían

comenzado estudios universitarios por lo que entendía que

se

debía

modificar

necesidades.

la

pensión

la

luz

de

sus

nuevas

Durante ese trámite, también peticionó una

orden para que el patrono del

1

a

señor Maisonet proveyera

Esta pensión surge de la Resolución que decreta el divorcio por

consentimiento mutuo. Véase, Apéndice de la petición de certiorari,

pág. 96.

AC-2010-0105

cierta

3

información

último devengaba.

relacionada

a

los

ingresos

que

este

Así las cosas, más adelante, el señor

Maisonet aceptó tener capacidad económica para satisfacer

la pensión alimentaria que en su día otorgara el tribunal.

Luego

vista

de

varios

evidenciaria

Alimentarias

trámites

ante

(EPA).

la

Cabe

procesales,

se

señaló

Examinadora

de

Pensiones

mencionar,

que

si

bien

la

al

momento en que la señora Santiago sometió la petición de

modificación

de

alimentos

ambos

hijos

eran

menores

de

edad, al celebrarse la vista, la hija mayor de las partes

había cumplido 21 años.

Este hecho quedó consignado en el

informe que posteriormente rindió la EPA.

En

esa

devengaba

audiencia,

un

sueldo

$5,271.00 mensuales.

siguientes

gastos

menores:

$985

$6,226.00

anuales

la

señora

bruto

de

Santiago

$9,939

reportó

y

uno

neto

que

de

Además, informó que incurría en los

para

atender

mensuales

por

por

las

necesidades

concepto

concepto

de

de

de

los

vivienda;

matrícula

para

educación; $929 para el pago de un apartamento que compró

para que se hospedaran sus hijos por motivo de estudios;

$130.00 correspondientes al pago de agua y luz para ese

hospedaje;

$50.00

para

una

compra

semanal

hospedaje

y

$1,208.00

por

concepto

de

para

el

gastos

de

transportación.

Evaluada

la

prueba,

la

EPA

emitió

su

informe

sugiriendo una pensión de $3,741 mensuales, recomendación

que

posteriormente

fue

acogida

por

el

TPI.

De

dicha

AC-2010-0105

decisión

4

el

alimentante

solicitó

que

se

determinaran

hechos adicionales, entre estos, que no se consideró el

ingreso de la señora Santiago al momento de calcular la

pensión alimentaria y arguyó que se le impuso el pago del

100% de los gastos de sus hijos.

Atendidos

emitió

un

pertinente,

los

segundo

planteamientos

enunciados,

informe

que

en

el

formuló,

la

en

EPA

lo

los siguientes hechos:

1. En cuanto a no considerar el ingreso de la madre

no custodio, Véase Chévere v. Levis.

2. De los gastos básicos solo se le imputó la

participación

de

los

menores,

en

la

suplementaria se imputó la totalidad. El padre

asumió capacidad.

3. Los menores viven con su madre y se hospedan por

razón de estudios en el área metropolitana.

Por consiguiente, la cantidad de pensión que se le

ordenó

pagar

al

alimentante

permaneció

inalterada.

Nuevamente, el TPI hizo suyas esas recomendaciones.

Inconforme, el señor Maisonet acudió al Tribunal de

Apelaciones alegando que el TPI había errado al negarse a

considerar los ingresos de la madre custodia sin imponerle

a esta una participación monetaria en la obligación de

alimentar a los hijos.

También, apuntó que incidió al

adjudicar la pensión a favor de la hija mayor a pesar de

que esta había advenido a la mayoría de edad al momento en

que se celebró la vista ante la EPA.

Atendido el recurso, el foro intermedio resolvió que

el

primer

señalamiento

era

inmeritorio

por

cuanto

el

AC-2010-0105

alimentante

5

no

había

establecido

en

su

recurso

de

apelación cuáles eran los gastos totales de los menores,

esto,

de

manera

que

se

pudiera

entonces

evaluar

qué

proporción de esos gastos representaba la pensión que se

le fijó.

Añadió que

[i]ndependientemente de ello, hay gastos que no

forman parte de las determinaciones de hechos

efectuadas por el TPI y que por lo tanto no serán

sufragadas por el Apelante.

De forma principal

podemos mencionar, entre otros, gastos en la

residencia principal por concepto de agua, luz,

mantenimiento, teléfono, contribuciones sobre la

propiedad y alimentos.

En relación directa a los

menores, los gastos de alimentos fuera del hogar,

ropa, teléfono, internet, entretenimiento, visitas

medicas, medicinas, libros, materiales de estudio,

gasolina, mantenimiento de auto, barbería, salón de

belleza,

estacionamiento,

actividades

extracurriculares. En ausencia del contexto total

de los gastos de los menores, no podemos asumir,

que la pensión fijada al Apelante cubre todos sus

gastos y por lo tanto la Apelada no aporte nada.

(Énfasis en el original)

En cuanto al asunto de la falta de jurisdicción del

TPI, el Tribunal de Apelaciones indicó que al momento de

celebrarse la vista ambos hijos eran menores. Por ello,

adujo

que

el

foro

establecer

una

pensión

entonces

al

primario

alimentante

para

tenía

la

ellos,

solicitar

una

obligación

de

correspondiéndole

modificación

de

pensión a esos efectos.

Inconforme con ese proceder, acude ante nos el señor

Maisonet señalándonos que:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

confirmar la decisión del Tribunal de Primera

Instancia de negarse a considerar los ingresos de

la madre custodia y no imponerle a esta una

participación

monetaria

en

la

obligación

de

alimentar a los menores, contrario a lo resuelto en

la mayoría de los paneles de ese tribunal.

AC-2010-0105

6

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

confirmar la decisión del Tribunal de Primera

Instancia de establecer una pensión alimentaria

para la hija mayor de las partes, a pesar de

carecer ya para ese momento, de jurisdicción sobre

la materia en cuanto a esta hija.

Acogido el recurso como uno de certiorari, lo expedimos,

en reconsideración.

II

La

controversia

traída

ante

nosotros

requiere

que

pasemos juicio sobre elementos esenciales del derecho de

alimentos

en

Puerto

Rico.

Como

sabemos,

los

casos

relacionados con alimentos están revestidos del más alto

interés público, siendo su interés principal el bienestar

del menor.

Véanse,

D.P.R. 528 (2009);

70 (2001).

política

Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176

Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62,

Esto es así, puesto que forma parte de la

pública

del

gobierno

de

Puerto

Rico

que

los

padres o las personas legalmente responsables contribuyan

a

la

manutención

dependientes.

y

Véase

al

bienestar

Art.

3

de

de

la

sus

Ley

hijos

menores

Orgánica

de

la

Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de

30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 L.P.R.A. sec.

502,

et

seq.,

(Ley

Núm.

5).

Cabe

mencionar

que

esa

política es de raigambre constitucional y se desprende del

derecho a la vida consagrado en la Carta de Derechos de la

Constitución de Puerto Rico.2

Véanse, Toro Sotomayor v.

Colón Cruz, supra; Argüello v. Argüello, supra; Chévere v.

2

Art. 2, Sec. 10., Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1.

AC-2010-0105

Levis,

150

7

D.P.R.

525

(2000);

Rodríguez

Avilés

Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616, 621 (1986).

v.

Pasemos,

pues, a revisar las disposiciones de nuestra legislación

civil que atienden esta materia.

En primer lugar, el Art. 142 del Código Civil de

Puerto Rico define alimentos como todo lo indispensable

para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica,

según la posición social de la familia.

31 L.P.R.A. sec.

561.

la

Ese

término

también

comprende

educación

e

instrucción del alimentista, cuando este es menor de edad.

Id.

Por

vía

jurisprudencial

extrapolamos

esta

norma

resolviendo que el proseguir los estudios universitarios o

vocacionales

que

se

comenzaron

durante

la

minoridad

también forma parte de las necesidades alimentarias de un

hijo, aun cuando este ya alcanzó la mayoridad.

Véase, Key

Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261 (1985).

Es

de

proporciona

conocimiento

dos

artículos

que

que

nuestro

señalan

Código

quiénes

personas llamadas a alimentar a los hijos.

Civil

son

las

Uno de estos

es el Art. 153 que discute las facultades y deberes de los

padres con respecto a sus hijos por razón de la patria

potestad.

31

L.P.R.A.

sec.

601.

Acorde

a

esta

disposición, las madres y los padres tienen el deber de

alimentar

a

sus

hijos

no

emancipados,

tenerlos

compañía y educarlos con arreglo a su fortuna.

otro

lado,

alimentos

el

entre

Art.

143

parientes.

en

Id.

su

Por

regula

lo

relacionado

a

Allí

se

dispone

están

que

los

AC-2010-0105

8

obligados a darse alimentos recíprocamente, entre otros,

los ascendientes y descendientes.

Ahora

bien,

es

importante

31 L.P.R.A. sec. 562.

recalcar

que

el

deber

de

alimentar a los hijos cuando estos son menores de edad no

está subordinado a uno u otro artículo del Código Civil

sino a la relación paterno filial legalmente establecida.

Chévere v. Levis, supra, pág. 539.

Así lo explicamos en

el caso precitado al señalar que

[i]ndependientemente de lo expresado a través

de nuestra jurisprudencia en torno a las

fuentes de las cuales emana la obligación de

alimentar, la obligación de alimentar a los

hijos menores es resultado de la relación

paterno-filial y surge desde el momento en

que

la

paternidad

o

maternidad

quedan

establecidos legalmente. Esto quiere decir que

el padre y la madre legalmente establecidos

como tales, tengan o no la patria potestad o

vivan o no en compañía de sus hijos menores,

están obligados a velar por éstos y a

proveerles alimento. El derecho de los menores

a reclamar alimento, la obligación de los

padres de proveerlos y la interpretación de

los tribunales para concederlos deben estar

enmarcados

en

la

relación

paterno-filial

legalmente establecida; no supeditada a uno u

otro artículo del Código Civil. Claro está, la

cuantía de pensión alimentaria se fijará

tomando en consideración, no sólo la necesidad

de los hijos menores sino también la condición

socio

económica

del

padre

alimentante.

Así, pues, el deber de alimentar, educar y

criar a los hijos menores es como resultado de

ser padre o madre, y existe con todos los

efectos patrimoniales, jurídicos y morales

desde el momento en que nace el hijo,

irrespectivamente de las circunstancias de su

nacimiento.

(Énfasis en el original)(Citas

internas omitidas) Id.

Expuesto

lo

anterior,

procede

que

discutamos

las

normas que guían la forma en que los obligados a alimentar

deben cumplir su cometido.

Según nos ilustra el Art. 146

AC-2010-0105

9

de nuestro Código Civil, la pensión alimentaria que se

otorgue será proporcional a los recursos del que los da y

a las necesidades del que los recibe.

565.

178

31 L.P.R.A. sec.

Véase también, Llorens Becerra v. Mora Monteserín,

D.P.R.

1003,

1016

(2010).

En

ese

mismo

caso

reiteramos que la determinación de la cuantía de alimentos

corresponde al prudente arbitrio del juzgador, quien debe

velar por que la cuantía que se establezca cumpla con el

principio

de

proporcionalidad.

Id.

Véase

también,

Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4, 14 (1983). Por lo

tanto, es claro que la obligación alimentaria recae en

ambos progenitores, quedando así obligados a contribuir de

acuerdo a su fortuna a la manutención de sus hijos.

otras

palabras,

“la

obligación

tanto al padre como a la madre”.

es

indivisible

y

En

aplica

López v. Rodríguez, 121

D.P.R. 23, 29 (1988).

Por tanto, una vez disuelto el

vínculo

distribuye

pago

matrimonial,

de

una

pensión

respectivo caudal.

pág. 535.

se

en

cantidad

entre

los

padres

proporcional

a

el

su

Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra,

En ese último caso, también hicimos la salvedad

que años atrás ya habíamos hecho en Mundo v. Cervoni,3 en

cuanto a que la labor que un progenitor realiza en el

hogar

cuando

aporta

se

administra

considera

como

obligación de alimentar.

supra, pág. 535.

3

115 D.P.R. 422 (1984)

la

pensión

un

que

el

alimentante

descargo

de

su

propia

Toro Sotomayor v. Colón Cruz,

AC-2010-0105

Como

10

parte

del

esquema

dirigido

a

uniformar

ese

principio de proporcionalidad, se aprobó en Puerto Rico la

Ley Núm. 5, supra.

Esta es la legislación especial que

viabiliza la política pública del Estado procurando que

las personas

legalmente

responsables

contribuyan, en la

medida en que sus recursos lo permitan, a la manutención y

bienestar

de

sus

manifestó

que

hijos

en

o

dependientes.

muchas

ocasiones

El

“el

legislador

alimentante

incumplidor tiene la capacidad económica para satisfacer

su obligación”. 8 L.P.R.A. sec. 502. Según explicaremos

más

adelante,

en

Chevere

v.

Levis,

supra,

pág.

543,

mencionamos que por esa razón ciertos preceptos de la Ley

Num. 5 se dirigen más bien a aquellas personas que tienen

la obligación de alimentar, pero que a pesar de ello se

niegan a cumplir con su responsabilidad.

Con

el

propósito

de

fortalecer

los

sistemas

judiciales para la agilización de los procedimientos de

reclamación de alimentos, esa pieza legislativa ordenó que

se

prepararan

determinar

manera

y

y

modificar

uniforme

económicas

de

adoptaran

unas

las

guías

pensiones

en

conformidad

cada

progenitor

con

y

las

que

ayudaran

alimentarias

las

a

de

facilidades

necesidades

y

aptitudes educacionales del alimentista. 8 L.P.R.A. sec.

518.

Ese

mandato

surge

como

consecuencia

del

“Family

Support Act” de 19884 promulgada por el Congreso de Estados

Unidos requiriéndole a todos los estados implantar guías

4

Pub. L. No. 100-485, 102 Stat. 2343, 42 U.S.C. sec. 667 (a).

AC-2010-0105

mínimas

11

específicas

alimentaria.

para

determinar

la

pensión

S.E. Torres Peralta, El derecho alimentario

en Puerto Rico, Ed. rev. 2007, Publicaciones STP Inc.,

T.1, pág. 4.03.

El requerimiento de esa reglamentación

tuvo el propósito de hacer más consistentes las pensiones

que

se

otorgaban,

creando

así,

un

sistema

justo.

L.

Raatjes, High-Income Child Support Guidelines: Harmonizing

the need for Limits with the best interest of the child.

86 Chi-Kent L. Rev., 324 (2011).

estados

utilizaron

confeccionar

modelos

sus

guías,

A pesar de que los

económicos

estas

diferentes

tendieron

a

para

ofrecer

pensiones más uniformes que las que se adjudicaron previo

a la existencia de estas. Id.

De esa forma, se pusieron

en

“Guías

vigor

en

Puerto

Rico

las

para

determinar

y

modificar las pensiones alimentarias en Puerto Rico”5 (las

Guías)

uniformando

pensiones

para

y

facilitando

el

a

criterios

menores

base

de

cálculo

y

de

las

números

descriptivos.

8 L.P.R.A. sec. 518. Dentro del proceso

evaluativo

de

las

ingreso

ambos

de

Guías,

padres

se

toma

puesto

que

en

consideración

cada

uno

tiene

el

la

obligación legal de aportar para la manutención de sus

hijos.

Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág.

1018.

Exploremos brevemente los mecanismos dispuestos en

esta reglamentación.

5

Guías para determinar y modificar las pensiones alimentarias en

Puerto

Rico,

Reglamento

Núm.

7135,

Departamento

de

Familia

Administración para el Sustento de Menores, 24 de abril de 2006.

AC-2010-0105

12

Las Guías proveen para el cálculo de dos tipos de

pensiones alimentarias: la básica y la suplementaria.

En

el Artículo 4 (27) de las Guías la primera se define como

la

participación

del

ingreso

neto

de

la

persona

no

custodia que se dedica al pago de los gastos mínimos en

que se incurre para la crianza del alimentista.

gastos

incluyen

aquellos

por

concepto

de

Estos

alimentación,

utilidades, transportación, entretenimiento y vestimenta,

excepto gastos de uniforme.

Para arribar a ese cálculo,

el Art. 7 de ese reglamento alude a la “tasa”, que es la

“[p]roporción por la cual se multiplica el ingreso neto de

la persona no custodia para obtener la pensión alimentaria

básica que esta deberá pagar”.

suplementarios

son

custodia

la

como

aquellos

persona

Por su parte, los gastos

que

“tanto

custodia

deben

la

persona

sufragar

no

para

satisfacer las necesidades del/la alimentista que no se

contemplan en la pensión alimentaria básica”.

Art. 4 (14)

de las Guías.

Entre estos figuran los gastos de educación

y

Así

vivienda.

entonces,

por

definición,

la

pensión

alimentaria suplementaria es la “[p]roporción del ingreso

neto que la persona no custodia debe destinar para pagar

la

parte

que

suplementarios”.

le

corresponde

por

concepto

de

gastos

Artículo 4 (30) de las Guías.

Todo lo mencionado anteriormente cumple la función de

establecer de manera proporcional la aportación monetaria

que cada padre debe asumir para suplir las necesidades de

sus hijos menores de edad.

Para ello, es indispensable un

AC-2010-0105

13

descubrimiento de prueba amplio y compulsorio tendente a

descubrir

la

situación

económica

alimentante como del alimentista.

tanto

de

la

parte

Art. 16 de la Ley Núm.

5, 8 L.P.R.A. sec. 515. Ahora bien, a partir de Chévere v.

Levis, supra, pautamos una norma que cambió el cómputo de

las pensiones alimentarias en algunos casos particulares.

Veamos.

En Chévere v. Levis, supra, el alimentante solicitó

una

orden

protectora

requerimiento

de

luego

información

de

que

para

se

que

le

cursara

un

descubriera

su

capacidad económica y estilo de vida a fin de fijar la

pensión alimentaria que debía pagar.

Hizo lo anterior,

toda vez que entendía que ello era improcedente, ya que

había admitido

poseer

la capacidad económica suficiente

para satisfacer el pago de la pensión que en su día se

impusiera.

Pronunciamos en ese caso que es precisamente

la negativa a cumplir con la obligación a alimentar lo que

activa

el

ingresos

descubrimiento

para

determinar

alimentante. Id, pág. 543.

de

prueba

relacionado

la

suficiencia

de

a

los

pago

del

Consecuentemente, dijimos que

…cuando un padre alimentante acepta que posee

suficientes ingresos para pagar la pensión

alimentaria que en derecho proceda a favor de

sus hijos, promueve con acierto, el interés

público del bienestar de los menores y agiliza

los procedimientos en cuanto a la otorgación de

pensiones alimentarias. Por consiguiente, cuando

el padre alimentante acepta capacidad económica,

se hace innecesario el descubrimiento de prueba,

según

dispuesto

por

ley.

(Énfasis

en

el

original.) Id., pág. 544.

AC-2010-0105

Al

14

ser

únicamente

así,

resolvimos

determinar

alimentista,

para

correspondería

las

fijar

pagar

quedaría

necesidades

la

a

que

pensión

quien

pendiente

económicas

alimentaria

aceptó

la

del

que

le

capacidad

económica.

[A]ceptada la capacidad económica del padre,

sólo resta que el tribunal determine la suma

justa y razonable en concepto de pensión

alimentaria para los menores con relación a sus

necesidades y la situación económica de la

madre.

Esto, sin embargo, no exime al señor

Levis de descubrir cualquier prueba que sea

necesaria para que el tribunal pueda cumplir

con su deber de fijar la pensión alimentaria

que proceda de acuerdo con las necesidades

particulares de los menores en este caso y

conforme

a

la

particular

condición

socioeconómica del padre. (Énfasis nuestro) Id.

Conforme a esa norma, dictaminamos que en estos casos

el

alimentante

no

podrá

impugnar

la

pensión

que

se

estableció conforme a las necesidades de los alimentistas

alegando que no tiene capacidad económica para pagarla.

Téngase

presente

impugnar

la

que

cuantía

esa

de

prohibición

la

pensión

no

se

refiere

por

esta

a

resultar

contraria a la prueba o ser una irrazonable a la luz de

las necesidades de los menores.

Poco

tiempo

después

resolvimos

Chévere

Mouriño

v.

Levis Goldstein, 152 D.P.R. 492 (2000), secuela del caso

anterior. Allí nos enfrentamos a la controversia de dictar

cuáles eran las necesidades de los menores cuando el padre

alimentante había aceptado capacidad económica para pagar

la pensión que correspondiera.

Así, pronunciamos que en

esos casos la pensión alimentaria se fijará acorde a los

AC-2010-0105

15

preceptos del Código Civil contenidos en los Arts. 153,

146

y

142

y

tomando

en

consideración

la

condición

económica y el estilo de vida del alimentante en unión a

las necesidades de los alimentistas, incluyendo en estas

el estilo de vida al cual fueron acostumbrados.

505.

Id., pág.

Indicamos que para adjudicar esto, un tribunal no

necesita

sopesar

ingresos,

sino

evidencia

que

directa

puede

sobre

valerse

los

gastos

e

de

evidencia

circunstancial atinente al estilo de vida al que tiene

derecho el menor conforme al estilo de vida que mantiene

el alimentante.

Algunos

Id.

años

después,

esta

normativa

referente

al

estilo de vida del alimentante trajo la polémica que se

suscitó

en

Ferrer

v.

González,

162

D.P.R.

172

(2004).

Allí resolvimos que no procedía descubrir prueba sobre la

condición económica de un alimentante que aceptó capacidad

económica para determinar cuál era su estilo de vida y así

poder

determinar

Además,

los

mencionamos

determinar

las

gastos

que

en

necesidades

razonables

estos

del

de

casos

menor

los

menores.

“sólo

restaría

la

capacidad

y

económica de la madre para fijar la cuantía a la que se

está obligado a pagar en concepto de alimentos”.

Id.,

pág. 181.

III

Expuesto el marco doctrinal que precede, pasemos a

examinar

epígrafe.

el

primer

error

señalado

en

el

recurso

de

AC-2010-0105

En

16

este

caso,

el

señor

Maisonet

aceptó

tener

capacidad económica para pagar la pensión de sus hijos.

Sin embargo, luego

que se adjudicó

la cantidad que le

correspondía pagar, alegó que la madre debía asumir el

pago de una parte de la misma.

En otras palabras, nos

solicita que justipreciemos cuál es la proporción con la

cual debe contribuir la persona custodia en la

pensión

que se determinó a base de las necesidades razonables de

los menores.

El peticionario parte del supuesto de que es

contrario a derecho imponerle a un solo padre el pago de

la totalidad de esos gastos.

alimentaria

recae

sobre

Es claro que la obligación

ambos

progenitores.

Eso

se

desprende tanto del Código Civil así como de la Ley Núm.

5,

supra,

Sobre

y

ello

de

no

nuestras

hay

decisiones

controversia.

jurisprudenciales.

Ahora

bien,

¿de

qué

manera podemos conciliar la solicitud del señor Maisonet

con

la

supra,

norma

que

que

permite

alimentante

que

nació

que

acepta

a

partir

en

poseer

de

Chévere

nuestra

Levis,

jurisdicción

capacidad

divulgue información sobre sus ingresos?

v.

económica

un

no

Atendamos este

particular.

Para sopesar la solicitud del señor Maisonet debemos

explorar algo básico, la definición de la voz proporción.

Acorde al Diccionario de la Real Academia Española6 esa

palabra

significa

“[d]isposición,

conformidad

o

correspondencia debida de las partes de una cosa con el

6

http://lema.rae.es/drae/?val=proporción. Visitado por última vez en

17 de agosto de 2012.

AC-2010-0105

todo

o

17

entre

vertiente

cosas

relacionadas

entre

sí”.

En

su

aritmética,

representa

la

“igualdad

de

dos

razones”.

Como hemos visto, la idea de proporcionalidad permea

toda nuestra legislación alimentaria.

Así por ejemplo, el

Art. 146 del Código Civil, supra, señala que la cuantía de

alimentos será proporcional a los recursos del que los da

y a las necesidades del que los recibe.

Por otro lado, en

la declaración de la política pública de la Ley Núm. 5,

supra,

se expresa que el Estado debe procurar que las

personas

legalmente

responsables

contribuyan

a

la

manutención de los hijos en la medida en que sus haberes

económicos lo permitan.

Así también, las definiciones que

ofrecen las Guías para la pensión alimentaria básica y

suplementaria aluden a la proporción o participación con

la que debe aportar cada alimentante para alimentar a su

hijo.

En cuanto a establecer la proporción de los gastos

alimentarios que debe aportar cada padre, los casos de

alimentos

que

se

tramitan

presentan gran complicación.

mismas

se

crearon

a

base

permiten

llegar

a

ingresos

de

persona

custodia.

la

cálculos

utilizando

las

Guías

no

Esto es así puesto que las

de

criterios

uniformes

custodia

así

de

numéricos

que

acuerdo

a

los

la

no

como

de

Nos sugiere el señor Maisonet que utilicemos

esa reglamentación para imponerle a la señora Santiago la

proporción monetaria que debe aportar para satisfacer las

AC-2010-0105

necesidades

EPA.

18

razonables

de

los

menores

que

determinó

la

Al analizar el esquema de las Guías, es ineludible

concluir

que

esa

sugerencia

es

improcedente.

Nos

explicamos.

Por

su

propia

definición,

la

pensión

alimentaria

básica implica la participación del ingreso neto de la

persona no custodia que se destina para satisfacer

las

necesidades básicas del alimentista menor de edad.

Esa

participación se obtiene multiplicando el ingreso neto de

la persona no custodia por un valor numérico denominado

“tasa”, el cual fue creado específicamente para calcular

la aportación económica que debe sufragar el progenitor

que no vive con sus hijos.

Por lo tanto, se deduce que

ese cálculo no existe para obtener la aportación económica

que debe sufragar un padre custodio, cuando como en este

caso, el alimentante ha aceptado capacidad económica y no

ha

divulgado

sus

ingresos.

De

otra

parte,

las

Guías

también contemplan el cómputo de una pensión alimentaria

suplementaria.

La fórmula matemática para ese componente

utiliza como factores de su ecuación los ingresos netos de

ambos progenitores; del custodio y del no custodio.

Si

bien

la

los

gastos

suplementarios

no

se

contemplan

en

pensión alimentaria básica, nuevamente, se hace imposible

realizar esa operación aritmética para atribuir porciento

alguno de la pensión a la persona custodia.

Esto es así

por cuanto desconocemos en este caso cuál es el ingreso de

la persona no custodia.

AC-2010-0105

Como

19

vemos,

la

razón

por

la

cual

es

improcedente

utilizar las Guías para acceder a la petición del señor

Maisonet

es

porque

las

estaríamos

utilizando

para

un

propósito para el que no fueron creadas, y además, por que

requeriría

conocer

los

ingresos

de

ambos

progenitores.

Ante ello, tanto por su fin, así como por su mecanismo,

las Guías

procede

son

inaplicables al caso que atendemos.

utilizar

los

mencionados

procedimientos

No

para

obtener la proporción con la cual debe aportar la persona

custodia en los gastos razonables de los menores cuando el

alimentante ha aceptado capacidad económica y no descubre

sus ingresos.

A

pesar

de

lo

anterior,

tanto

Chévere

v.

Levis,

supra, como Ferrer v. González, supra, puntualizaron que

una vez la persona no custodia acepta capacidad económica

solo resta determinar las necesidades razonables de los

menores y la capacidad económica de la persona custodio.

Pero surge la interrogante, ¿cómo llegamos al porcentaje

que

le

corresponde

aportar

a

cada

uno

de

ellos

si

desconocemos el valor de una de las partes de la ecuación?

La variable desconocida en ese cómputo es el ingreso del

señor Maisonet.

Siendo ello así, este nos invita a que

adoptemos una fórmula para llegar a ese resultado.

obstante,

esa

petición

queda

fuera

de

nuestros

No

límites

adjudicativos. En ausencia de pronunciamiento legislativo

alguno,

estamos

impedidos

de

reglamentación a esos efectos.

diseñar

algún

esquema

o

AC-2010-0105

20

Debemos,

porcentaje

de

pues,

determinar

gastos

que

le

cómo

se

adjudica

corresponde

aportar

el

a

la

señora Santiago tomando en consideración las limitaciones

que

hemos

discutido

anteriormente.

el

de

reconocemos

valor

la

Al

norma

de

hacer

esto,

aceptación

de

capacidad económica y los propósitos y objetivos que la

misma

cumple.

Como

significativamente

ya

a

adelantar

descubrimiento de prueba

puedan

retrasar

También,

la

debemos

mencionamos,

el

contribuye

proceso

de

evitando trabas procesales que

adjudicación

tomar

esta

en

final

cuenta

una

de

la

pensión.

solución

que

sea

justa para ambas partes y que no vaya en detrimento de los

axiomas que rigen el derecho de alimentos en Puerto Rico.

Examinado

nuestro

estado

de

derecho,

resolvamos

esta

consideración,

el

controversia.

En

el

caso

ante

nuestra

peticionario aceptó tener capacidad económica para pagar

los gastos razonables de sus hijos.

Al ser esto así, la

jurisprudencia establece un esquema para fijar la pensión

distinto a aquel que se sigue mediante las Guías.

No se

utiliza la proporción de los ingresos para ese cálculo,

sino que la persona custodia viene obligada a establecer

cuáles son los gastos razonables de los menores para así

determinar cuánto debe aportar la persona no custodia en

cuanto a esos gastos.

Debemos tomar en consideración que en estos casos la

persona

custodia

no

escoge

participar

en

este

tipo

de

AC-2010-0105

21

cálculo de pensión.

Recordemos que quien aceptó capacidad

económica fue el aquí peticionario.

Contrario al señor

Maisonet,

la

en

la

vista

descubrió sus ingresos.

evidenciara

señora

Santiago

Conforme al derecho aplicable, se

estableció la pensión según las necesidades razonables de

los menores y el estilo de vida del alimentante que los

menores tienen derecho a disfrutar.

estilo

de

vida

no

se

permite

Para determinar ese

descubrimiento

de

prueba

sobre los ingresos y gastos del alimentante. La persona

custodia puede presentar prueba circunstancial o directa

que se dirija a ello, pero sin indagar en evidencia que

tienda a descubrir su estado económico.

En ese sentido,

la pensión se establece conforme al prudente arbitrio del

juzgador en cuanto a la prueba de las necesidades de los

alimentistas.

Así

pues,

calcular

la

surge

un

problema

participación

que

le

en

este

corresponde

caso

para

aportar

a

cada uno de los padres en cuanto a los gastos razonables

de

los

menores

y

poder

establecer

la

pensión

que

en

derecho procede, es decir, una que sea proporcional a la

fortuna de todos los obligados a alimentar.

hacer

ese

cálculo

desconocidas:

(1)

tenemos

el

ante

porciento

nosotros

de

dos

Para poder

variables

participación

de

la

persona no custodia y (2) los ingresos de esta para poder

adjudicar esa proporción.

adjudicar

una

Por tanto, resulta imposible

participación

porcentual

desconocerse los ingresos de una de las partes.

justa

al

En otras

AC-2010-0105

22

palabras, no es posible establecer el cómputo entre el

total

de

los

gastos

razonables

y

los

ingresos

fortuna de una de las partes es desconocida.

si

la

Por tanto,

imputarle a la señora Santiago una parte de los gastos

razonables de los menores desconociendo los ingresos del

señor

Maisonet

proporción

implicaría

arbitraria.

Es

tener

decir,

que

establecer

resultaría

una

injusto

y

arbitrario adjudicarle a la persona custodia el pago de

una proporción de la pensión alimentaria que se fijó a

favor de los menores ante las particularidades propias de

los

casos

en

económica,

pues

que

el

alimentante

llegaríamos

a

una

acepta

capacidad

determinación

que

no

estaría basada en criterios numéricos.

Esto significaría

un

Guías

retroceso

a

la

situación

que

las

intentaron

remediar y a su propósito de fijar pensiones alimentarias

uniformes y justas para las partes.

En atención a lo anterior, resolvemos que, en casos

en que el alimentante acepta capacidad económica, procede

entonces que el alimentante pague el 100% de los gastos

razonables

de

los

menores.

De

querer

este

que

se

le

imponga pagar solo una proporción de los mismos bajo el

fundamento

de

que

la

persona

custodia

también

debe

realizar una aportación, por imperativos de justicia y de

principios

matemáticos

básicos,

deberá

divulgar

sus

AC-2010-0105

23

ingresos a fin de utilizar las Guías y poder adjudicar la

participación correspondiente a la madre y al padre.7

Por todo lo enunciado, concluimos que no erró el foro

apelativo al confirmar la suma que se le ordenó pagar al

señor Maisonet.

No obstante, sí erró al dictaminar que a

este no se le ordenó el pago de la totalidad de los gastos

de los menores por cuanto, a su entender, existían otros

gastos sobre los que la EPA no hizo adjudicación alguna.

Las necesidades razonables de los menores son aquellas que

la

parte

alimentista

evidenciaria.

logró

probar

durante

la

vista

Considerar la existencia de posibles gastos

que no se reclamaron ni se probaron ante la EPA constituye

un error de derecho y un abuso de discreción.

IV

Pasemos ahora a dirimir el segundo error planteado

por el peticionario.

En este nos solicita que resolvamos

si el TPI carecía de jurisdicción para avalar la pensión

alimentaria que recomendó la EPA en cuanto a la hija que

al momento de la vista evidenciaria advino a la mayoría de

edad.

Arguye el padre alimentante que ese hecho privaba a

la EPA de recomendar una pensión alimentaria que tuviera

vigor mas allá de la fecha en que ella cumplió 21 años.

Apunta que nuestro ordenamiento jurídico no contempla que

7

En todo caso, no debemos olvidar que si por alguna razón las Guías

resultan en la aplicación de una pensión irrazonable, la propia ley

Núm. 5 preceptúa que en caso de que el adjudicador determine que

aplicar las Guías puede resultar en una pensión injusta o inadecuada,

se determinará la pensión considerando entonces ciertos factores,

entre estos, los recursos económicos de los padres, las aportaciones

no monetarias de cada padre al cuidado del menor y las necesidades y

aptitudes educacionales o vocacionales. 8 L.P.R.A. sec. 518 (b).

AC-2010-0105

24

una pensión continúe en vigor automáticamente después de

que el alimentista ya no es un menor de edad.8

Sabemos que mientras los hijos son menores de edad y

no se han emancipado, ya sea por razón de matrimonio o por

dictamen

judicial,

potestad

está

el

progenitor

capacitado

para

custodio

reclamar

con

patria

alimentos

para

beneficio de estos.

Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra,

pág.

casos,

535.

En

esos

aunque

es

el

padre

o

madre

custodio quien presenta la acción, la misma pertenece al

hijo, es decir, el padre o madre demandante que la inició

solo actúa como un representante.

bien,

una

vez

cesa

esa

Id, pág. 536.

incapacidad

por

Ahora

minoridad,

los

padres ya no pueden acudir a los tribunales a representar

los intereses de sus hijos.

En tal caso, el hijo ya mayor

de edad se encuentra revestido de la capacidad jurídica

necesaria para así hacerlo.9 Id.

Como

sabemos,

el

hecho

de

que

los

hijos

puedan

comparecer a solicitar alimentos aun luego de alcanzar la

mayoridad obedece a que la obligación de alimentarlos no

cesa automáticamente porque estos hayan cumplido 21 años.

Sotomayor

Nieves,

v.

Colón

Cruz,

supra;

116 D.P.R. 261 (1985).

Key

Nieves

v.

Oyola

En otras palabras, la

emancipación por mayoría de edad no apareja ipso facto la

pérdida del derecho a reclamar alimentos de los padres,

8

9

Véase, Alegato del Apelante, pág. 16.

Véase también, Ríos Rosario v. Vidal Ramos, 134 D.P.R. 3, 10 (1993),

donde se especifica que en Puerto Rico no existe la posibilidad de la

patria potestad extendida tras la mayoridad.

AC-2010-0105

25

pues siempre subsistirá la obligación que emana del Art.

143 del Código Civil, supra, que atiende las necesidades

alimentarias entre parientes.

No obstante, ese tipo de

obligación requiere que el hijo ya mayor de edad tenga la

necesidad de esa pensión alimentaria, lo que se analiza

bajo

criterios distintos

cuando

se

Rodríguez

a los que se toman en cuenta

adjudican

los

Amadeo

Santiago

v.

alimentos

de

un

menor.

Véase

Torres,

133

D.P.R.

785,

(2000); Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 D.P.R. 518

(1976).

Por

tanto,

este

viene

obligado

a

probar

las

circunstancias que le hacen acreedor de los mismos.

En cuanto a los hechos específicos de este caso, ya

desde Guadalupe Viera v. Morel, supra, pág. 14, atendiendo

al comentario de varios tratadistas,10 mencionamos que la

enumeración que provee el Código Civil en cuanto a la

definición

de

“alimentos”

no

debía

entenderse

tan

irrestricta de modo que no le permitiera al hijo que había

iniciado

un

derecho

a

oficio

exigirle

o

carrera

alimentos

durante

a

sus

su

minoridad,

padres

para

el

poder

completarlos, aún después haber llegado a la mayoridad.

Partiendo de lo anterior, en Key Nieves v. Oyola Nieves,

supra, pág. 266, reiteramos que el deber legal de todo

padre o madre de proporcionarle alimentos a sus hijos para

propósitos de educación, conforme al Art. 143, supra, no

podía cesar meramente por el hecho de que ese alimentista

10

J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. reus,

1956, T 1, pág. 791; F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español,

Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T.V, pág. 501.

AC-2010-0105

26

hubiese alcanzado la mayoría de edad.

Argüello

v.

Argüello,

circunstancias

resultados,

estudios,

supra.

“normales”,

diligencia,

un

hijo

que

y

Id. Véase también,

Pronunciamos

es

decir,

continuidad

comenzó

que

bajo

sujeto

a

los

observada

en

los

durante

su

minoridad

estudios de bachillerato tiene derecho a exigir alimentos

de

sus

padres

académico.

con

el

propósito

de

obtener

ese

grado

En cuanto a la adjudicación de alimentos para

completar estudios de post grado, resolvimos que estos se

adjudicarían

caso.11

de

acuerdo

a

las

circunstancias

de

cada

Key Nieves v. Oyola Nieves, supra, pág. 267.

Por

economía procesal, dijimos en ese mismo caso que este tipo

de alimentos podía reclamarse dentro del pleito original

de divorcio entre los padres.12

Id, pág. 268.

A la luz de esta normativa, recapitulemos los hechos

pertinentes a la controversia que atendemos.

La madre

custodia en representación de sus hijos menores de edad

solicitó

que

se

estos recibían.

modificara

la

pensión

alimentaria

que

Para ese momento, por ser menores, ella

tenía plena autoridad -además del deber- de representarlos

en esa acción.

Ahora bien, en el ínterin del caso, al

11

Estos alimentos se otorgarán conforme al Art. 146 del Código Civil y

el hijo vendrá obligado a demostrar, entre otras cosas, que es

acreedor a esa asistencia económica, que el objetivo deseado es

razonable, y que tiene buena aptitud en los estudios. Además, tendrán

prioridad en cuanto a alimentos aquellos hijos que aún son menores de

edad. Véase, Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261, 267 (1985)

12

Véase también, Ríos Rosario v. Vidal Ramos, 134 D.P.R. 3, 12 (1993),

donde se resuelve que la acción promovida por una madre o padre en

representación de sus hijos ya mayores de edad, para reclamar pago de

pensiones alimentarias, debe sujetarse a la oportuna intervención o

sustitución del alimentista, quien es la parte realmente interesada.

AC-2010-0105

27

momento de celebrarse la vista evidenciaria, la hija de

las partes cumplió 21 años.

No consta en el expediente

que esta joven hubiese comparecido por sí misma, luego de

esa

fecha,

a

solicitar

alimentos.

debemos contestar la siguiente

En

ese

contexto,

interrogante: ¿el hecho de

que la hija alcanzó la mayoría de edad implica que quedó

automáticamente

desprovista

de

pensión

alimentaria?

Respondemos en la negativa.

Lo

expuesto

no

conlleva

el

cese

automático

de

la

pensión alimentaria que respondía a las necesidades de esa

hija durante su minoridad.

La pensión así fijada no cesa

automáticamente porque la menor haya alcanzado la mayoría

de edad.

Recordamos que una vez se establece la pensión

alimentaria que se solicitó durante la minoría de edad de

un

alimentista,

el

tribunal

está

vedado

de

reducir

la

pensión así establecida sin que se haya presentado una

petición a tales efectos.

Véanse, Valencia, Ex parte, 116

D.P.R. 909, 916 (1986);

8 L.P.R.A. sec. 518.

Además,

atendamos a los hechos que presenta este caso.

Aquí la

hija de las partes, mientras era menor de edad comenzó

estudios universitarios y cumplió 21 años sin culminarlos.

Esto

ocurrió

mientras

se

dilucidaba

la

solicitud

de

revisión de pensión alimentaria, la cual presentó la madre

custodia

precisamente

por

razón

de

que

variaron las necesidades de sus hijos.

esa

hija

llegara

a

la

mayoría

de

edad

tales

estudios

El hecho de que

no

detuvo

las

necesidades que apareja ser una joven estudiante que aún

AC-2010-0105

no

ostenta

28

un

grado

académico

para

entrar

al

mercado

laboral.

Por tanto, sin perder de perspectiva que la pensión

alimentaria que se otorga a favor de un menor de edad

responde a este hecho, y además, que la pensión que se

adjudica conforme al Art. 143 del Código Civil, supra, se

rige por criterios diferentes, sostenemos que

la pensión

alimentaria no cesa automáticamente al momento de cumplir

la mayoridad de edad.

De lo contrario, se crearía una

situación sumamente tortuosa para los jóvenes involucrados

en esa acción.

No podemos avalar que arbitrariamente un

alimentante suspenda su obligación de pagar una pensión

alimentaria por el hecho de que el alimentista advenga a

la mayoría de edad.

Debido a lo anterior, resolvemos que es deber del

alimentante, si es que así lo desea, poner en conocimiento

al tribunal de que sus hijos alimentistas están próximos a

llegar a la mayoridad y su interés de ser relevado del

pago de

la pensión alimentaria.

Es decir, la pensión

otorgada a un menor de edad continuará en vigor –aunque

advenga a la mayoría de edad- hasta que no se realice el

trámite procesal descrito anteriormente.

Esa moción se le

deberá notificar al alimentista, de modo que este pueda

comparecer dentro de ese mismo pleito -a nombre propio- y

establecer que sus necesidades permanecen vigentes y que

reúne los requisitos que le hacen acreedor de la pensión a

pesar de que ya es mayor de edad.

Entonces, solo restará

AC-2010-0105

que

el

29

tribunal,

circunstancias

tomando

particulares

en

de

consideración

cada

caso,

las

evalúe

si

procede relevar al padre alimentante de la obligación que

se le había impuesto hasta ese momento.

se

ha

puesto

en

conocimiento

al

Es decir, una vez

tribunal

de

que

un

alimentista está próximo a llegar a la mayoridad, y este

último

a

su

vez

ha

informado

que

por

su

condición

de

estudiante aún necesita alimentos, el foro primario deberá

calendarizar

sobre

los

una

vista

evidenciaria

requerimientos

razones,

será

premura

estos

imperativo

para

pasar

juicio

de

las

partes.

Por

estas

que

el

tribunal

atienda

con

planteamientos

para

evitar

un

daño

irreparable a cualquiera de las partes.

Por las razones previamente expuestas, resolvemos que

el

foro

primario

no

cometió

el

error

que

señala

el

peticionario.

V

Por

los

fundamentos

antes

esbozados

se

confirma,

aunque por distintos fundamentos, la sentencia recurrida.

Resolvemos que, en los casos en que un alimentante acepte

capacidad económica, este debe descubrir sus ingresos si

interesa que se le imponga a la persona custodia el pago

de una proporción de los gastos de los menores.

Esto no

deroga la norma establecida a partir de Chévere v. Levis,

supra.

Más bien, la aclaramos a los fines de pautar que

en

situación,

tal

el

alimentante

que

aceptó

capacidad

económica para no descubrir información financiera estará

AC-2010-0105

30

obligado a pagar el 100% de los gastos razonables de los

menores ya que el desconocimiento de sus ingresos impide

que

a

base

de

criterios

numéricos

se

le

ordene

a

la

persona custodia asumir el pago de un porcentaje de tales

gastos.

Por otro lado, se devuelve el caso al TPI para la

continuación

de

los

procedimientos

acorde

a

lo

aquí

resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

Marisol Santiago Texidor

Carlos Maisonet Correa

Peticionarios

v.

AC-2010-0105

Carlos Maisonet Correa

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de

2012.

Por los fundamentos antes expuestos, se

confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones,

aunque por distintos fundamentos. Resolvemos que,

en los casos en que un alimentante acepte

capacidad económica, este debe descubrir sus

ingresos si interesa que se le imponga a la

persona custodia el pago de una proporción de los

gastos de los menores.

Aclaramos la norma

establecida en Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525

(2000) a los fines de pautar que, en tal

situación, el alimentante que aceptó capacidad

económica para no descubrir información financiera

estará obligado a pagar el 100% de los gastos

razonables de los hijos ya que el desconocimiento

de sus ingresos impide que, a base de criterios

numéricos, se le ordene a la persona custodia

asumir el pago de un porcentaje de tales gastos.

Por otro lado, se devuelve el caso al TPI para la

continuación de los procedimientos acorde a lo

aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente

con la siguiente expresión, a la cual se une el

Juez Presidente señor Hernandez Denton: “La Juez

AC-2010-0105

2

Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente del proceder

mayoritario porque bajo la mácula de no imponer a la

persona custodia un porciento arbitrario, se termina

imponiendo arbitrariamente el cien por ciento (100%) de

responsabilidad al alimentante.

Con la conclusión a la

que llega el Tribunal se revocan sub silentio nuestros

pronunciamientos en Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525

(2000), y la política pública de fomentar que los

alimentantes asuman capacidad económica para agilizar los

procedimientos en cuanto a la otorgación de pensiones

alimentarias. Id. Pág. 544.”

La Jueza Asociada señora

Pabón Charneco no interviene.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo