Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Pagán Rojas y otros
2012 TSPR 184
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Pagán Rojas y otros
CC-2010-583 CC-2010-749 CC-2011-373
Procedimiento Criminal- Momento en que se presentarán las circunstancias agravantes como parte del pliego acusatorio
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Alfredo Pagán Rojas
Peticionario
---------------------------------El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
2012 TSPR 184
Jonathan Claudio Parrilla
Peticionario
---------------------------------El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
Joel Lugo Morales
Luis G. Lugo Morales
Recurridos
Número del Caso:
Certiorari
CC-2010-583
CC-2010-749
CC-2011-373
Fecha: 10 de diciembre de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Carolina
CC-2010-583
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Ana E. Andrade Rivera
Oficina del Procurador General:
Lcda. Zaira Girón Anadón
Subprocuradora General
CC-2010-749
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Ana E. Andrade Rivera
187 DPR ____
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
2
CC-2011-373
Oficina del Procurador General:
Lcda. Zaira Girón Anadón
Subprocuradora General
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcda. Ana E. Andrade Rivera
Materia: Artículo 404 Ley de Sustancias Controladas
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari
EL PUEBLO DE PUERTO RICO
Recurrido
Núm.: CC-2010-0583
v.
ALFREDO PAGÁN ROJAS
Peticionario
consolidado con
EL PUEBLO DE PUERTO RICO
Recurrido
v.
Núm.: CC-2010-0749
JONATHAN CLAUDIO PARRILLA
Peticionario
consolidado con
EL PUEBLO DE PUERTO RICO
Peticionario
v.
Núm.: CC-2011-0373
JOEL LUGO MORALES
LUIS G. LUGO MORALES
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
FELIBERTI CINTRÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2012.
A
pesar
consideración
de
que
envuelven
los
recursos
ante
eventos
ocurridos
en
nuestra
tiempos
y
lugares diversos y no tienen ninguna relación entre sí,
todos
presentan
la
misma
controversia.
Esto
es,
en
procedimientos criminales ante jurado, ¿cuál es el momento
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
y
la
forma
2
apropiada
para
que
las
circunstancias
agravantes de la pena le sean sometidas a éste?
Para ello
debemos escudriñar si existen circunstancias en las que la
inclusión de los agravantes en los pliegos acusatorios,
desde
el
inicio
del
procedimiento
criminal,
pudiera
conllevar una violación a los derechos fundamentales del
acusado al exponerlo a un perjuicio indebido antes del
jurado deliberar sobre su culpabilidad.
Teniendo dichas
interrogantes en mente, pasamos a pormenorizar los hechos
que dan lugar a los recursos consolidados de epígrafe.
I
CC-2010-0583
El
25
de
febrero
de
2010
se
presentaron
dos
(2)
denuncias en contra del Sr. Alfredo Pagán Rojas (señor
Pagán),
una
por
tentativa
de
asesinato1
y
otra
por
infracción al Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto
Rico (Ley de Armas),2 por hechos acaecidos un día antes,
es decir, el 24 de febrero de 2010.
Celebrada la vista preliminar, el juez que presidió
la
misma
Pagán
por
encontró
los
causa
delitos
probable
imputados.
para
acusar
al
señor
Posteriormente,
se
presentaron las respectivas acusaciones.
1
Artículo 106(a) del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4734(a)
(2010).
Véase, además, el Artículo 35 del mismo cuerpo legal, 33 L.P.R.A.
sec. 4663 (2010).
2
25 L.P.R.A. sec. 458d (2008).
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
3
El 7 de mayo de 2010 el señor Pagán presentó una
moción solicitando la eliminación de los agravantes del
pliego acusatorio.
quien,
bajo
su
En la misma sostuvo que será el juez
discreción,
determinará
qué
agravantes
deberán pasar al jurado, como parte de las instrucciones,
llegado el momento de la deliberación.
El 11 de mayo de 2010 el Ministerio Público sometió
su oposición a la aludida moción solicitando eliminación
de los agravantes, indicando que, según lo resuelto por
este Tribunal en Pueblo v. Santana Vélez, 177 D.P.R. 61
(2009),
la no inclusión de los agravantes en el pliego
acusatorio
violentaría
el
debido
proceso
de
ley
del
acusado.
Así las cosas, el 27 de mayo de 2010 el Tribunal de
Primera Instancia emitió una Resolución,3 mediante la cual
acogió
la
solicitud
de
la
defensa
y
le
ordenó
al
Ministerio Público eliminar los agravantes de los pliegos
acusatorios.
Entendió el foro primario que “incluir los
agravantes…
en
inflamatorio,
insubsanable
jurado”.
basado
3
2010.
en
la
acusación
perjudicial,
en
el
imputado
tendría
grave,
de
ser
un
efecto
sustancial
el
juicio
uno
e
por
El foro primario llegó a la anterior conclusión,
la
premisa
de
que
los
miembros
del
jurado
Notificada y archivada en autos copia de la misma el 28 de mayo de
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
4
podrían confundir los agravantes con elementos probados
del delito y emitir una determinación de culpabilidad.
Inconforme con tal determinación del foro primario,
el
Procurador
General
recurrió,
mediante
recurso
certiorari, ante el Tribunal de Apelaciones.4
de
Argumentó,
en síntesis, que a tenor con lo resuelto en Apprendi v.
New Jersey, 530 U.S. 466 (2000), y su progenie, en los
casos
ventilados
ante
jurado,
tanto
los
elementos
del
delito como los factores que aumentan la pena tienen que
imputarse en la acusación y ser probados a satisfacción
del jurado más allá de duda razonable.
El señor Pagán se opuso a la expedición del recurso
alegando
que
poner
al
jurado
en
conocimiento
de
los
agravantes, previo al veredicto, le ocasionaría perjuicios
indebidos y violentaría sus derechos constitucionales.
El 30 de junio de 2010 el Tribunal de Apelaciones
dictó
Sentencia
mediante
la
cual
expidió
el
auto
de
certiorari y revocó la Resolución emitida por el Tribunal
de Primera Instancia.
Entendió dicho foro que, en ese
caso, dado que los agravantes incluidos en la acusación
estaban
indisolublemente
vinculados
con
los
delitos
imputados, ello no infringiría el debido proceso de ley.
Advirtió que, por el contrario, de esta forma el acusado
quedaba
informado
de
todos
los
hechos
imputados
contra para poder delinear su defensa efectivamente.
4
Petición de certiorari presentada el 23 de junio de 2010.
en
su
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
5
No conforme con dicha determinación, el señor Pagán
acudió ante nos señalando los siguientes errores:
A. Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver
que
la
inclusión
de
circunstancias
agravantes
en
los
pliegos
acusatorios
presentados contra el peticionario en el
caso de marras, no está reñida con lo
resuelto en el caso de Pueblo v. Santana
Vélez, 2009 T.S.P.R. 158.
B. Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar
la resolución emitida por el Tribunal de
Primera Instancia que ordenó eliminar los
agravantes
alegados
en
los
pliegos
acusatorios presentados
contra el Sr.
Alfredo Pagán Rojas, ya que someter los
mismos al jurado antes de rendir un
veredicto causaría perjuicio indebido al
peticionario.
El
2
de
julio
de
2010
el
señor
Pagán
presentó,
además, una moción en auxilio de jurisdicción solicitando
la paralización de los procedimientos ante la cercanía de
la celebración del juicio en su fondo.
Mediante Resolución emitida el 6 de julio de 2010,
expedimos el auto de certiorari solicitado y ordenamos la
paralización
de
los
procedimientos
pendientes
ante
el
Tribunal de Primera Instancia.
CC-2010-0749
Los
recursos
CC-2010-0583
consolidados
dado
que,
fácticas
no
tienen
que
misma controversia.
aunque
y
versan
relación
Veamos.
CC-2010-0749
entre
sobre
sí,
fueron
situaciones
plantean
la
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
6
El 9 de abril de 2010 se presentó una denuncia contra
el
Sr.
Jonathan
infracción
al
Claudio
Artículo
Parrilla
404
de
(señor
la
Ley
Claudio)
de
por
Sustancias
Controladas,5 por posesión de heroína sin autorización en
ley para ello.
Celebrada la vista preliminar, el foro de instancia
determinó causa probable para acusar al señor Claudio y,
de
conformidad,
autorizó
la
presentación
de
la
correspondiente acusación.
La
acusación,
además
de
imputar
la
infracción
al
Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, y
el
estatus
agravante
de
que
reincidente
del
acusado,
el
había
planificado
acusado
incluyó
el
como
hecho
delictivo.
Inconforme, el 9 de junio de 2010 el señor Claudio
sometió una moción para solicitar la eliminación de los
agravantes de la acusación. Alegó que éstos forman parte
de
las
instrucciones
que
el
juez
de
instancia
deberá
impartir al jurado al momento de la deliberación, luego de
un análisis de la prueba presentada.
El 18 de junio de 2010 el Ministerio Público sometió
su oposición a la moción antes aludida, bajo el argumento
de
que
la
no
inclusión
implicaría
proceso de ley del acusado.
5
24 L.P.R.A. sec. 2404 (2011).
violentar
el
debido
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
7
Atendiendo la solicitud del señor Claudio, el 21 de
junio
de
2010
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
emitió
Resolución ordenándole al Ministerio Público eliminar los
agravantes del pliego acusatorio.
determinación,
el
oportunamente
ante
cumplimiento
con
intermedio,
el
Procurador
el
una
23
No conforme con dicha
de
General
recurrió
Tribunal
de
Apelaciones.
Resolución
del
tribunal
julio
2010
el
de
En
apelativo
señor
Claudio
presentó un Escrito de Mostrar Causa, oponiéndose a la
expedición del recurso instado por el Procurador General.
El 12 de agosto de 2010 el Tribunal de Apelaciones
dictó
Sentencia
mediante
la
cual
revocó
la
Resolución
emitida por el foro primario, permitiendo, de ese modo, la
inclusión de las circunstancias agravantes en la acusación
del señor Claudio.
Razonó dicho foro que al incluir los
agravantes
acusación,
en
la
el
acusado
advendría
en
conocimiento de todos los hechos imputados, lo que sería
beneficioso para fines de preparar su defensa.
que,
en
casos
agravantes
delito,
están
nada
acusación,
como
presente,
indisolublemente
gana
pues
el
la
el
acusado
prueba
de
con
cargo
en
los
Añadió
cuales
vinculados
los
con
el
de
la
necesariamente
los
eliminarlos
incluirá.
En
desacuerdo
con
la
Sentencia
emitida
por
el
Tribunal de Apelaciones, el 20 de agosto de 2010 el señor
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
Claudio
acudió
8
ante
nos
señalando
la
comisión
de
los
siguientes errores:
A. Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver
que en nada se vulnera el debido proceso de
ley al permitir que se incluyan las
circunstancias agravantes alegadas en el
pliego acusatorio presentado contra el Sr.
Jonathan
Claudio
Parrilla,
ya
que
el
Artículo 73 de nuestro Código Penal impide
que las mismas sean consideradas para
agravar la pena.
B. Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar
la Resolución del Tribunal de Primera
Instancia
que
ordenó
eliminar
los
agravantes
alegados
en
los
pliegos
acusatorios
presentados
contra
el
Sr.
Jonathan Claudio Parrilla, ya que someter
los mismos al jurado antes de rendir un
veredicto causaría perjuicio indebido al
peticionario por la influencia indebida e
irreparable que estos tendrían sobre el
jurado al momento de rendir su veredicto.
Junto
con
la
petición
de
certiorari,
presentó,
además, una moción en auxilio de jurisdicción, solicitando
la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de
Primera Instancia, dada la cercanía de la fecha del juicio
en su fondo6 y en aras de que no se tornara en académica
su solicitud.
Examinada la moción en auxilio de jurisdicción, el 24
de agosto de 2010 emitimos una Resolución mediante la cual
ordenamos la paralización del juicio en su fondo y la
consolidación del
recurso
de autos con el CC-2010-583.
Además, expedimos el auto de certiorari solicitado.
6
El juicio estaba pautado para el 25 de agosto de 2010.
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
9
CC-2011-0373
Posterior
reseñados,
se
a
la
consolidación
presentó
el
recurso
de
los
casos
antes
CC-2011-0373.
Por
plantear una controversia similar a la de los otros dos
(2) recursos, el 19 de agosto de 2011 emitimos Resolución
ordenando la consolidación del recurso CC-2011-0373 con
estos.
A continuación resumimos los hechos que dieron
paso a este último recurso.
El
19
de
marzo
de
2010
se
presentaron
varias
denuncias en contra del Sr. Luis Lugo Morales (Sr. Luis
Lugo) y el Sr. Joel Lugo Morales (Sr. Joel Lugo) por los
siguientes delitos: asesinato en primer grado,7 dos (2)
cargos por tentativa de asesinato,8 y dos (2) cargos por
infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas.9
al Sr.
Joel Lugo se
le sometieron
dos (2)
Además,
cargos
por
infracción al Artículo 5.15 de la Ley de Armas.10
Conforme a los requerimientos procesales para delitos
de naturaleza grave, el 21 de abril de 2010 se celebró la
vista preliminar en contra del Sr. Luis Lugo.
En la misma
se encontró causa probable para acusarlo por los delitos
de asesinato en primer grado e infracción al Artículo 5.04
de la Ley de Armas, supra.
Del mismo modo, se celebró la
7
Artículo 106 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4734 (2010).
8
Artículos 35 y 106 del Código Penal de 2004, supra.
9
25 L.P.R.A. sec. 458c (2008).
10
25 L.P.R.A. sec. 458n (2008).
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
vista
10
preliminar
en
contra
del
Sr.
Joel
Lugo.
Como
resultado de la misma, se encontró causa probable para
acusarlo por los delitos de asesinato en primer grado, por
infracción
al
Artículo
5.04
de
la
Ley
de
Armas
(dos
cargos), supra, y por infracción al Artículo 5.15 de la
Ley de Armas (dos cargos), supra.
El 13 de julio de 2010 se presentaron acusaciones
enmendadas conjuntas en contra de ambos imputados.
mismas,
además
de
los
elementos
de
los
En las
delitos,
se
alegaron circunstancias agravantes para fines de las penas
que, en su día, pudieran recaer sobre ellos.
con
la
inclusión
de
los
agravantes,
el
No conforme
Sr.
Joel
Lugo
presentó una moción ante el Tribunal de Primera Instancia
solicitando
la
eliminación
de
los
mismos.11
Basó
su
contención en el hecho de que someter “los agravantes en
las
acusaciones
perjudicial,
acusado”.
tendría
grave,
El
un
sustancial
Ministerio
efecto
e
Público
inflamatorio,
insubsanable
sometió
su
en
el
oposición
alegando que para que el jurado pudiera entender en los
agravantes,
según
lo
resuelto
por
el
caso
Pueblo
v.
Santana Vélez, supra, los mismos debían ser incluidos en
la
acusación.
Argumentó,
además,
que
dicho
curso
de
acción era una exigencia del debido proceso de ley.
11
A pesar de no haber sometido ningún escrito a tales efectos, de los
autos surge que el Sr. Luis Lugo manifestó, en corte abierta, que se unía al
reclamo del Sr. Joel Lugo.
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
11
En la conferencia con antelación al juicio celebrada
el 16 de septiembre de 2010, el foro primario declaró con
lugar
la
moción
agravantes,
por
solicitando
lo
que,
la
como
eliminación
resultado,
de
los
ordenó
al
Ministerio Público la eliminación de los mismos.12
Inconforme, la entonces Procuradora General acudió al
Tribunal
de
Apelaciones
alegando
que
el
Tribunal
de
Primera Instancia había errado al ordenar la eliminación
de los agravantes de las acusaciones.
En respuesta, los acusados presentaron escritos por
separado
oponiéndose
certiorari solicitado.
primario
había
a
la
expedición
del
recurso
de
Adujeron, en síntesis, que el foro
actuado
correctamente
al
decretar
la
eliminación de los agravantes de la acusación, bajo la
premisa de que se les causaría un perjuicio indebido de
someter los mismos al jurado antes de que éstos rindieran
un
veredicto.
Público
tenía
Señalaron,
disponible
además,
las
vistas
que
el
Ministerio
provistas
en
las
Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.
Ap. II, R. 162.4 y R. 171 (2004 y Supl. 2011), las cuales
vislumbran la posibilidad de probar los agravantes ante el
jurado luego de rendido un veredicto.
12
Anterior a la celebración de dicha vista, el 13 de septiembre de 2010
el Tribunal de Primera Instancia había emitido una Orden que expresaba, en su
parte pertinente: “El Ministerio Fiscal someterá los pliegos acusatorios
enmendado[s], a los fines que los mismos no incluyan alusión alguna a
„agravantes‟”.
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
12
El 30 de diciembre de 2010 la Procuradora General
presentó una moción en auxilio de jurisdicción solicitando
la
paralización
de
los
tribunal de instancia.
procesos
ventilándose
ante
el
Ese mismo día, el foro apelativo
intermedio ordenó la paralización de los procedimientos,
según solicitado.
El 24 de febrero de 2011 el Tribunal de Apelaciones,
por
voz
de
la
Hon.
Olga
Birriel
Cardona,
Juez
de
Apelaciones, dictó Sentencia mediante la cual concluyó que
para atender los reclamos de las partes, lo que procedía
era presentar una acusación y un pliego de agravantes en
documentos separados.
De ese modo, los agravantes no le
serían suministrados al jurado antes de éstos emitir el
veredicto correspondiente.
Inconforme aún, la Procuradora General acudió ante
nos
planteando
como
único
señalamiento
de
error
lo
siguiente:
Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que no
procede alegar, en una acusación, los hechos que
agravan la pena más allá del máximo estatutario.
Vistos
los
recursos
presentados
acordamos
expedir.
La controversia que está hoy ante nuestra consideración se
circunscribe a
determinar cuál es el momento
apropiado
para que las circunstancias agravantes de la pena le sean
sometidas al jurado de modo que se garanticen los derechos
fundamentales del acusado
a una
debida notificación de
todo aquello que se le imputa, a la vez de salvaguardarle
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
13
un debido proceso de ley ante un jurado justo e imparcial
y
sin
que
se
afecte
su
derecho
a
la
presunción
de
inocencia.
Luego de contar con la comparecencia de todas las
partes
nos
encontramos
en
posición
de
resolver
y
así
procedemos a hacerlo.
II
A. Debido Proceso de Ley y la Notificación Adecuada
Uno de los derechos fundamentales que cobija a toda
persona que enfrenta una acusación en su contra es el
derecho a ser juzgado siguiendo el proceso establecido en
ley.
Dicho
derecho,
reconocido
como
uno
de
estirpe
constitucional, se encuentra consagrado en las Enmiendas V
y XIV de la Constitución de los Estados Unidos,13 así como
en el Artículo II, Sección 7 de la Constitución de Puerto
Rico.14
El derecho fundamental al debido proceso de ley
se manifiesta en dos (2) dimensiones: la sustantiva y la
procesal.
1
(2010).
Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R.
En
su
esfera
sustantiva,
“el
Estado
está
impedido de aprobar leyes o realizar alguna actuación que
afecte de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los
13
Emdas. V y XIV, Const. EE.UU., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008.
El
principio cardinal del debido proceso de ley aparece recogido en la Enmienda V
de la Constitución de los Estados Unidos de la siguiente manera: “nadie… será
privado de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido proceso de
ley…”.
Íd.
Del mismo modo establece la Enmienda XIV del referido cuerpo
legal: “ningún estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad o de
su propiedad, sin el debido procedimiento de ley…”. Íd.
14
Art. II, Sec. 7, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008. Éste provee
en su parte pertinente lo siguiente: “[n]inguna persona será privada de su
libertad o propiedad sin [un] debido proceso de ley…”. Íd.
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
intereses
14
de propiedad o libertad de los individuos…”.
Hernández v. Secretario, 164 D.P.R. 390, 394-395 (2005)
(citas omitidas).
En su vertiente procesal, por su parte, el debido
proceso
de
ley
le
impone
al
Estado
la
obligación
de
garantizar a los individuos que cualquier interferencia
con sus intereses de propiedad o libertad se hará a través
de un procedimiento que será justo y equitativo.
Otero
v.
C.F.S.E.,
181
D.P.R.
386
(2011);
Montero Luciano, 169 D.P.R. 360 (2006).
Calderón
Pueblo
v.
Por ello, el
debido proceso de ley en su ámbito procesal comprenderá
todas
las
garantías
procesales
mínimas
que
el
Estado
deberá proveer a todo individuo ante cualquier intromisión
con su vida, propiedad o libertad.
Álamo Romero v. Adm.
de Corrección, 175 D.P.R. 314 (2009).
En aras de levantar un reclamo de debido proceso de
ley, deberá existir un interés individual de propiedad o
libertad que pueda verse afectado por la intervención del
Estado.
Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 D.P.R.
720 (2010); Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 D.P.R. 257
(2000).
“Identificado
dicho
interés,
procede
determinar
cuál es el procedimiento exigido, procedimiento que debe
caracterizarse por ser justo e imparcial.”
Hernández v.
Secretario, supra, pág. 395.
Hemos reconocido, en un sinnúmero de ocasiones, que
el
debido
proceso
de
ley,
en
su
modalidad
procesal,
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
15
instituye varios requisitos fundamentales con los que todo
procedimiento adversativo debe cumplir para garantizar las
exigencias mínimas del mismo.
Entre ellos cabe destacar:
(1) notificación adecuada del proceso; (2)
proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad
de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar
testigos y examinar evidencia presentada en su
contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6)
que la decisión se base en el récord. Domínguez
Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 47
(citando a Rivera Rodríguez & Co. v. Lee
Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 889 (1993))
(corchetes
omitidos
y
énfasis
nuestro);
Hernández v. Secretario, supra, págs. 395-396.
De modo que para que un procedimiento cumpla con el
debido proceso de ley en su vertiente procesal, éste debe
comenzar con una notificación adecuada del proceso.
A
tono
la
con
dicho
principio,
tanto
la
Enmienda
VI
de
Constitución de los Estados Unidos,15 como la Sección 11
del
Artículo
II
de
la
Constitución
de
Puerto
Rico,16
reconocen que en todo encausamiento criminal el acusado
tendrá derecho a ser notificado de la causa de acción en
su contra.
Específicamente dispone nuestra Carta Magna,17
en su parte pertinente: “En todos los procesos criminales,
el acusado disfrutará del derecho… a ser notificado de la
naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la
15
Emda. VI, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1.
16
Art. II, Sec. 11, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1.
17
Aun cuando la Constitución federal no reconoce el derecho del acusado a
obtener copia de la acusación en su contra, consagra el derecho a la adecuada
notificación, al disponer, en su parte pertinente: “En todas las causas
criminales, el acusado gozará del derecho… a ser informado de la naturaleza y
causa de la acusación…”. Emda. VI, Const. EE. UU., supra.
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
misma…”.
16
Art. II, Sec. 11, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1
(énfasis nuestro).
Es a través del debido proceso de ley, como de la
disposición constitucional antes reseñada, que se le exige
al Estado el deber de informar adecuadamente al acusado de
la naturaleza y extensión del delito por el cual se le
acusa.
Pueblo
v.
González
Olivencia,
116
D.P.R.
614
(1985).
Será, entonces, por medio de la acusación o de la
denuncia que el fiscal cumplirá con su deber de informar.
Pueblo v. Montero Luciano, supra.
La Regla 34 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.
Ap. II, R. 34 (2004), define la acusación como aquella
“alegación
escrita
hecha
por
un
fiscal
al
Tribunal
de
Primera Instancia en la cual se imputa a una persona la
comisión de un delito”.
Sobre el contenido de la misma el
inciso (c) de la Regla 35 del
mismo cuerpo legal, 34
L.P.R.A. Ap. II, R. 35 (Supl. 2011), establece que ésta ha
de
incluir
una
exposición
constitutivos
del
sencillos
claros,
y
delito
de
de
los
utilizando
modo
que
hechos
para
ello
cualquier
inteligencia común pueda entenderla.
esenciales
términos
persona
de
Pueblo v. González
Olivencia, supra.
El
propósito
mecánicamente
con
de
la
acusación
“no
es
cumplir
una
forma
ritual,
sino
informar
al
acusado el delito que se le imputa, de tal suerte que
pueda
preparar
adecuadamente
su
defensa…”.
Pueblo
v.
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
Meléndez
17
Cartagena,
omitidas).
106
D.P.R.
338,
341
(1977)
(citas
Es decir, el pliego acusatorio le permitirá al
acusado preparar su defensa de conformidad con los hechos
que en éste se imputan.
Pueblo v. Ríos Alonso, 156 D.P.R.
428 (2002).
Así, reiteradamente hemos destacado que, aunque no
hay una forma específica para redactar las acusaciones, es
imprescindible que la misma sirva como una notificación
adecuada
y
completa
del
delito
imputado.
Pueblo
v.
anteriormente,
la
Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691 (1981).
Además
de
que,
como
mencionamos
acusación o denuncia tiene que exponer todos los hechos
que forman parte del tipo delictivo, en Pueblo v. Montero
Luciano,
supra,
resolvimos
que,
conforme
a
las
disposiciones de la Regla 48 de Procedimiento Criminal, 34
L.P.R.A. Ap. II, R. 48 (2004), si el Ministerio Público
quiere alegar la condición
de
reincidente del acusado,
viene obligado a incluir sus convicciones anteriores en
dicha acusación o denuncia.
A esos efectos, específicamente dispone la Regla 48 de
Procedimiento Criminal, supra, lo siguiente:
Una acusación o denuncia no deberá contener
alegación alguna de convicciones anteriores del
acusado, a menos que una alegación en tal
sentido fuere necesaria para imputar la comisión
de un delito, o para alegar la condición de
reincidente, de subsiguiente o de delincuencia
habitual en relación con el acusado.
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
18
Reconocimos que “[d]icha disposición forma parte de
la
protección
constitucional
del
acusado
de
estar
debidamente informado de los cargos en su contra, y con la
obligación del fiscal de probar todos los elementos de un
delito más allá de duda razonable”.
Luciano, supra, pág. 375.
Pueblo v. Montero
Es, entonces, por virtud de la
propia Regla 48 de Procedimiento Criminal, supra, que se
estableció el deber del Ministerio Público de alegar la
reincidencia en la acusación, aun cuando esta condición no
sea un elemento constitutivo del delito.
B.
Íd. pág. 388.
Pueblo v. Santana Vélez, supra, y el derecho a juicio
por jurado
El derecho a juicio por jurado, también de estirpe
constitucional, se encuentra consagrado en la Sección 11
del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico.18
La
mencionada disposición establece sobre el particular lo
siguiente:
....
En los procesos por delito grave el acusado
tendrá derecho a que su juicio se ventile ante
un jurado imparcial compuesto por doce vecinos
del distrito, quienes podrán rendir veredicto
por mayoría de votos en el cual deberán
concurrir no menos de nueve.
Íd. (énfasis nuestro).
En la jurisdicción federal, hace aproximadamente una
década,
18
el
Tribunal
Supremo
Art. II, Sec. 11, Const. P.R., supra.
se
confrontó
ante
una
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
19
controversia que requería armonizar el derecho del acusado
a que cualquier determinación que implicara la pérdida de
su libertad se hiciese cumpliendo con el debido proceso de
ley (Enmienda XIV), a la vez que garantizara su derecho a
disfrutar de un juicio rápido y público ante un jurado
imparcial
(Enmienda
VI).
En
Apprendi
v.
New
Jersey,
supra, el Máximo Foro Federal resolvió que, excepto por
aquellos
hechos
relacionados
con
la
reincidencia,
cualquier circunstancia que aumente la pena de un delito
más allá del límite estatutario tiene que ser sometido
ante el jurado y probado más allá de duda razonable.
Como resultado de esta norma, nos enfrentamos, hace
tres
(3)
años,
Así,
en
Pueblo
a
cuestionamientos
v.
Santana
Vélez,
de
la
misma
supra,
índole.
tuvimos
la
oportunidad de adoptar esta pauta en nuestra jurisdicción.
Cónsono con la directriz federal resolvimos que, en los
casos ventilados ante jurado, los agravantes de la pena
tienen que ser sometidos ante éste y ser probados más allá
de duda razonable, salvo que los mismos sean aceptados por
el acusado.
Todo lo anterior en abierto reconocimiento al
derecho constitucional del acusado a disfrutar plenamente
de su juicio por jurado.19
19
En la nota al calce número seis (6) de Pueblo v. Santana Vélez, 177
D.P.R. 61, 77 n. 6 (2009), hicimos la salvedad de que aun cuando dicho caso se
ventiló al amparo de las disposiciones del Código Penal de 1974, los
principios constitucionales esbozados por el Tribunal Supremo de Estados
Unidos, reconocidos en dicha opinión, son igualmente aplicables a las
disposiciones del Código Penal de 2004.
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
20
Aprovechamos esa oportunidad, además, para establecer
los procedimientos a seguirse en la determinación de los
agravantes, cuando los casos son ventilados ante jurado.
En específico, dispusimos:
En casos en que los agravantes surjan de la
prueba
admisible
presentada,
el
Ministerio
Público podrá solicitar al Tribunal que éstos se
le sometan al jurado en conjunto con la
determinación de culpabilidad o inocencia.
En
caso de que el jurado emita un veredicto de
culpabilidad, deberá determinar igualmente si
encontró probados más allá de duda razonable los
agravantes imputados.
Por el contrario, si es necesario presentar
prueba adicional a la requerida para establecer
la comisión del delito que no sería admisible
durante el juicio o si el juez considera que se
le causaría un perjuicio indebido al acusado al
someter los agravantes antes de rendirse el
veredicto, entonces el procedimiento a seguir
será similar al que se lleva a cabo actualmente
al amparo de las Reglas de Procedimiento
Criminal.
Según las Reglas 162.4 y 171 de
Procedimiento Criminal tanto el acusado como el
fiscal podrán solicitar del tribunal que escuche
prueba de circunstancias atenuantes o agravantes
a los fines de la imposición de la pena….
El
Ministerio Público podrá hacer uso de las vistas
que conceden dichas reglas para presentar prueba
sobre los agravantes que estime pertinentes
imputar.
El Jurado, en esos casos, no sería
disuelto inmediatamente luego de emitirse el
veredicto, sino que tendrían que realizar la
determinación de los agravantes más allá de duda
razonable a base de la prueba desfilada en el
juicio o a base de prueba adicional que el
Ministerio Público presente en dicha vista. De
los agravantes no ser probados más allá de duda
razonable por el Jurado, el juez estará obligado
a imponer la pena fija, salvo que considere
probadas
circunstancias
atenuantes
que
le
permitan conceder una pena menor.
Pueblo v.
Santana Vélez, supra, págs. 77-78 (notas al
calce y cita omitidas).
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
21
Según intimado
en
Pueblo v. Santana Vélez,
supra,
para presentar prueba sobre la existencia de atenuantes o
agravantes,
las
Reglas
de
Procedimiento
Criminal
contemplan la posibilidad de celebrar una vista separada a
esos efectos.
Procedimiento
Sobre el particular, la Regla 162.4 de
Criminal,
34
L.P.R.A.
Ap.
II,
R.
162.4
(2004), expresa, en su parte pertinente lo siguiente:
Tanto el acusado como el fiscal podrán
solicitar del tribunal que escuche prueba de
circunstancias atenuantes o agravantes a los
fines de la imposición de la pena.
Si de las
alegaciones
sometidas
surgiere
que
existe
controversia real sobre un hecho material que
requiriere la presentación de prueba, entonces
el tribunal celebrará una vista en el más breve
plazo posible….
....
Del mismo modo, la Regla 171 del mismo cuerpo legal,
34 L.P.R.A. Ap. II, R. 171 (Supl. 2011), vislumbra esta
opción al disponer que el tribunal puede, ya sea motu
proprio, o a instancia de cualquiera de las partes, oír,
en el más breve plazo posible, prueba de circunstancias
agravantes o atenuantes para fines de la imposición de la
pena.
La importancia de fijar una norma sobre cómo han de
establecerse los agravantes, en los casos ventilados ante
jurado, quedó al descubierto en la esfera federal desde
Apprendi
Tribunal
v.
New
Supremo
Jersey,
federal
supra.
se
Posteriormente,
enfrentó
a
el
otros
cuestionamientos de la misma índole, por lo que la norma
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
22
fue extendida a varios sistemas de imposición de penas.
Véase, por ejemplo, Cunningham v. California, 549 U.S. 270
(2007) (donde el Tribunal Supremo federal sostuvo que la
Ley de Sentencias Determinadas del Estado de California,
la cual autorizaba al juez y no al jurado, a pasar juicio
sobre hechos que exponían al acusado a una pena más allá
del límite estatutario, violentaba el derecho del acusado
a un juicio por jurado); United States v. Booker, 543 U.S.
220 (2005) (donde se estableció que las guías federales de
imposición de penas están sujetas a los requerimientos de
la Sexta Enmienda) y Blakely v. Washington, 542 U.S. 296
(2004) (donde se sostuvo que imponer al acusado una pena
más allá del límite estatutario, bajo el fundamento de que
el juez sentenciador encontró que el acusado actuó con
deliberada crueldad, violenta el derecho del acusado a
juicio por jurado salvaguardado en la Sexta Enmienda).20
Debido
a
que
Pueblo
v.
Santana
Vélez,
supra,
fue
decidido bajo las disposiciones del Código Penal de 1974,
es menester revisar qué dispone el Código Penal de 2004,
sobre el particular.21
20
En una opinión reciente del Tribunal Supremo federal, S. Union Co. v.
United States, 567 U.S. ____ (2012), 132 S. Ct. 2344, 2012 WL 2344465 (21 de
junio de 2012), dicho Máximo Foro extendió la norma de Apprendi v. New Jersey,
530 U.S. 466 (2000), a la imposición de multas penales.
21
Debido a que los eventos relevantes a los recursos de epígrafe
sucedieron previo al 1 de septiembre de 2012, fecha en la cual entró en vigor
el nuevo Código Penal de 2012 mediante la aprobación de la Ley Núm. 146 de 30
de julio de 2012, utilizamos las disposiciones sustantivas correspondientes al
Código Penal de 2004.
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
23
A esos efectos, el Artículo 74 de dicho Código Penal,
33 L.P.R.A. sec. 4702 (2010), específicamente dispone:
En la fijación de la pena se observarán, según
haya
o
no
circunstancias
atenuantes
o
agravantes, las siguientes reglas:
(a)
Cuando
no
concurran
circunstancias
atenuantes ni agravantes, o cuando concurran
unas y otras, se seleccionará la pena mediana
del intervalo de pena señalado en este Código
para el delito, tomando en consideración las
circunstancias personales del convicto, las
necesidades de prevención y la mayor o menor
gravedad del hecho.
(b) Cuando concurran una o varias circunstancias
agravantes se seleccionará la pena de la mitad
superior del intervalo de pena establecido por
este Código para el delito.
(c) Cuando concurran dos o más circunstancias
atenuantes o una sola, pero que el juez estime
de peso, se seleccionará la pena de la mitad
inferior del intervalo de pena establecido por
este Código para el delito.
Así pues, según el modo como se encontraba diseñado
nuestro sistema de derecho penal al momento de los hechos
objeto
de
los
recursos
ante
nuestra
consideración,
igualmente le es de aplicación la norma establecida en
Pueblo v. Santana Vélez, supra, a los casos en que el
juicio no se celebre ante un tribunal de derecho.22
A esos
efectos, será menester que sea el jurado el responsable de
hacer una determinación concerniente a los agravantes de
manera que ponga al tribunal sentenciador en posición de
22
Cabe señalar que aunque las provisiones del ya derogado Código Penal de
2004 son las aplicables a los hechos presentes en los recursos de epígrafe,
nuestros pronunciamientos en esta Opinión son de igual aplicación bajo el
nuevo Código Penal de 2012.
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
24
decretar la pena que corresponda, según la apreciación de
los hechos que realice el jurado.
La
aplicación
de
lo
resuelto
en
Apprendi
v.
New
Jersey, supra, en lo que respecta al rol del jurado cuando
se
atribuyen
agravantes,
ha
generado
debate
entre
los
tribunales sobre el contenido de los pliegos acusatorios.
Algunos estados han optado por incluir los agravantes en
este documento.
Véase, por ejemplo, State v. Wimbish, 555
S.E.2d 329 (2001).
Otros, sin embargo, aun cuando han
reconocido que los agravantes tienen que ser sometidos al
jurado y probados ante éstos más allá de duda razonable,
han sostenido que no por ello los agravantes deban formar
parte de la acusación.
Véanse, por ejemplo, State v.
Sánchez, 242 P.3d 692 (2010); Skinner v. State, 843 So.2d
820 (2002); State v. Badoni, 62 P.3d 348 (2002); State v.
Edwards, 810 A.2d 226 (2002); Poole v. State, 846 So.2d
370 (2001).
Según un artículo titulado Apprendi in the States:
The
Virtues
of
Federalism
as
a
Structural
Limit
on
Errors,23 la mayoría de los estados de la Unión se han
inclinado
a
resolver
que
los
agravantes
aparecer en el pliego acusatorio.
ellos,
inclusive,
han
optado
no
tienen
que
Añade que algunos de
por
ordenar
que
los
agravantes sean detallados en pliegos de particulares.
23
Stephanos Bibas, Apprendi in the States: The virtues of Federalism as a
Structural Limit on Errors, 94 J. Crim. L. & Criminology 1, 2-3 (2003-2004).
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
Este
nuestra
25
asunto,
en
específico,
nunca
ha
estado
Por
tanto,
no
existe,
consideración.
jurisprudencial
ni
lo
estatutariamente
una
norma
que
ante
ni
rija
sobre el particular.24
Es precisamente por ello que hoy
nos
guías
toca
atender
pautar
la
las
problemática
procesales
que
se
nos
necesarias
plantea,
para
teniendo
siempre en mente nuestra obligación de garantizarle al
acusado las protecciones constitucionales.
III
El
Estado
fundamenta
su
deber
de
incluir
los
agravantes en la acusación en la necesidad de cumplir con
el debido proceso de ley y en la observancia a la norma
antes reseñada a los efectos de que los agravantes tienen
que ser sometidos ante el jurado y probados más allá de
duda razonable.
Los acusados, por su parte, entienden que
desglosar los agravantes en el pliego acusatorio tendría
un efecto inflamatorio, perjudicial, grave, sustancial e
insubsanable en éstos, y atentaría contra sus
fundamentales
a
la
presunción
de
inocencia
derechos
y
a
ser
juzgados ante un jurado imparcial y libre de prejuicios.
Luego
de
un
concienzudo
examen
de
los
argumentos
presentados y en aras de salvaguardar todos los preceptos
24
Aun cuando en Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R. 360 (2006), se
hicieron unas expresiones sobre el particular, la realidad es que lo que tuvo
ante su consideración este Tribunal, en aquel momento, fue una cuestión
relativa a la reincidencia, situación que ya estaba siendo atendida por la
Regla 48 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 48 (2004).
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
26
constitucionales que aquí se reclaman, establecemos que la
mejor práctica en estos casos es que el Ministerio Público
presente
dos
(2)
pliegos
por
separado:
uno
de
ellos
imputando la comisión del delito y el otro detallando las
circunstancias que podrían agravar la pena.25
Cuando
de
la
prueba
admisible
para
establecer
la
comisión del delito imputado surja igualmente evidencia
sobre
los
agravantes,
el
Ministerio
Público
podrá
solicitar al tribunal que ambos pliegos se le sometan al
jurado
conjuntamente
para
que,
luego
de
emitir
su
veredicto, de ser el mismo uno de culpabilidad, determinen
si
los
agravantes
razonable.26
fueron
probados
más
allá
de
duda
Bajo estas circunstancias, el juez, dentro de
su discreción, deberá auscultar, primeramente, si darle a
conocer al jurado los agravantes, previo al veredicto, le
causaría
un
perjuicio
indebido
al
acusado.
Del
juez
determinar que no se le estaría ocasionando un perjuicio
indebido al acusado, se entregarán ambos pliegos para que,
de ser el veredicto uno de culpabilidad, en el mismo acto
25
Al inicio de un juicio por jurado se deberá leer únicamente el pliego
que imputa la comisión del delito, pero no así el de los agravantes.
El pliego de agravantes deberá estar firmado y jurado por el fiscal, al
igual que la acusación.
26
Nótese que el Artículo 73 del Código Penal de 2004 y el Artículo 67 del
Código Penal de 2012 establecen que “[l]as circunstancias agravantes o
atenuantes que la ley ya haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al
igual que las que son inherentes al mismo, no serán consideradas en la
fijación de la pena”.
Siendo así, en aquellas situaciones en que las
circunstancias agravantes se relacionen inherentemente con la comisión del
delito, éstas no podrán considerarse para aumentar o disminuir la pena, pues
el legislador ya las tuvo en cuenta al tipificar y penalizar la conducta
delictiva.
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
27
el jurado determine si los agravantes fueron probados más
allá de duda razonable.
No obstante, del juez concluir
que sí se estaría exponiendo al acusado a un perjuicio
indebido, no se permitirá la entrega de ambos pliegos al
jurado y, en su lugar, la determinación atinente a los
agravantes se hará según explicamos a continuación.
Cuando,
durante el
transcurso
del
juicio no surja
toda la prueba necesaria para establecer los agravantes27 o
si
el
juez
considera
que
se
le
causaría
un
perjuicio
indebido al acusado de someter el pliego de agravantes
antes de que se rinda el veredicto, se celebrará una vista
posterior, ante el jurado, donde tanto el acusado como el
fiscal
podrán
presentar
prueba
de
circunstancias
atenuantes o agravantes, según corresponda, a los fines de
la imposición de la pena.28
Es en ese momento que al
jurado se le entregará el pliego sobre los agravantes.
En
estos casos, el jurado no será disuelto luego de emitido
el veredicto, sino que, según establecimos en Pueblo v.
Santana Vélez, supra, pág. 78, “tendr[án] que realizar la
determinación de los agravantes más allá de duda razonable
a base de la prueba desfilada en el juicio o a base de
prueba adicional que el Ministerio Público presente en
dicha vista”.
27
Ya sea porque la misma no estaba relacionada a la comisión del delito o
por cualquier otra razón.
28
Según
mencionamos
anteriormente,
las
Reglas
162.4
y
171
de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 162.4 y R. 171 (2004 y Supl.
2011), proveen para la celebración de estas vistas.
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
28
Al desglosar los agravantes en un pliego separado, se
elimina
la
posibilidad
de
ocasionarle
un
perjuicio
indebido al acusado al momento del jurado deliberar sobre
su
culpabilidad,
notificación
a
la
oportuna
vez
al
que
se
imputado
da
de
paso
lo
que
a
una
podría
enfrentar en el trámite de su caso y, de este modo, pueda
preparar su defensa adecuadamente.
En consecuencia, se
cumple con los preceptos constitucionales que promueven un
juicio rápido y público ante un jurado imparcial, así como
el
derecho
del
acusado
a
ser
juzgado
conforme
las
garantías exigidas por el debido proceso de ley.
Con
la
implantación
de
este
mecanismo
dual,
ratificamos la máxima de que en el cumplimiento con el
debido proceso de ley, debe garantizarse al acusado un
conocimiento adecuado y completo de todos los pormenores a
los que se expone en el proceso criminal instado en su
contra.
A la vez, atemperamos el riesgo de perjuicio
indebido
al
contaminar
innecesariamente
la
mente
del
desarrollada
por
jurado previo a su deliberación.
Reconocemos,
igualmente,
la
norma
Apprendi v. New Jersey, supra, y su progenie, adoptada
posteriormente
por
este
Tribunal
en
Pueblo
v.
Santana
Vélez, supra, a los efectos de que cualquier hecho que
aumente la pena del acusado, excepto aquellos relativos a
convicciones anteriores, tienen que ser sometidos a la
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
consideración
29
del
jurado
y
probados
más
allá
de
duda
razonable.
Al emitir esta decisión estamos conscientes de que,
según
alertamos
en
Pueblo
v.
Santana
Vélez,
supra,
es
posible que durante el transcurso del juicio el jurado
advenga en conocimiento de hechos que podrían constituir
agravantes para efectos de la pena.
afecta
nuestra
determinación
en
Esto, sin embargo, no
el
día
de
hoy.
El
dictamen respecto a dónde deben aparecer consignados los
agravantes para propósitos de cumplir con la notificación
debida
al
acusado,
a
la
vez
de
evitarle
un
perjuicio
indebido al ser juzgado por jurado, es separado del asunto
de cómo debe presentarse la prueba para establecer hechos
que
constituyen
agravantes
que
habrán
de
impactar
la
magnitud de la sentencia que ha de imponérsele en su día.
Es indudable que, en ocasiones, existen hechos que están
íntimamente ligados a la comisión del delito y que, a la
misma vez, podrían constituir agravantes para efectos de
la pena, por lo que, en términos prácticos habrá casos en
los
que
se
agravantes
prueba
estará
durante
sobre
agravantes.
los
presentando
el
juicio,
mismos
Dentro
de
prueba
sin
sobre
necesidad
vista
dichos
de
pasar
posterior
sobre
en
una
esas
circunstancias,
no
se
le
estaría ocasionando un perjuicio indebido al acusado al
recibir
esta
evidencia
como
parte
del
juicio,
pues
el
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
30
jurado no estará enterado de la naturaleza de esos hechos
en calidad de agravantes, sino como elementos del delito.
Por lo tanto, la presentación de dos (2) pliegos, uno
donde se consigna la acusación y el otro donde se detallan
los
agravantes
en
nada
altera
el
proceso
previamente
expuesto y que va a tono con los derechos constitucionales
del acusado.
Además, dicho esquema le concede al juez
amplia discreción29 para decidir cuál es el momento más
apropiado para someter los agravantes al jurado y que este
último determine si los mismos han quedado probados más
allá de duda razonable, salvaguardando, de ese modo, todos
los principios constitucionales en cuestión.
Señalamos,
además,
que
no
nos
persuaden
los
argumentos del Ministerio Público conducentes a justificar
la inclusión de los agravantes en el pliego acusatorio
fundados en la economía procesal.
nuestro
sistema
procesal
penal
y
Según está diseñado
conforme
establecimos
recientemente en Pueblo v. Santana Vélez, supra, nuestro
ordenamiento
vista
de
actual
agravantes
provee
para
posterior
culpabilidad del acusado.
la
a
celebración
la
de
una
determinación
de
Definitivamente, y
según lo
alegado por los acusados, la economía procesal no puede ir
por encima de su derecho constitucional a disfrutar de un
29
Anteriormente hemos indicado que la “„[d]iscreción es, pues, una forma
de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una
conclusión justiciera…‟”.
Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211
(1990) (citando a Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200
(1964))(énfasis en el original).
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
juicio
justo
31
ante
un
jurado
libre
de
prejuicios.
La
primacía de la que gozan los derechos constitucionales en
nuestro ordenamiento jurídico indudablemente les confiere
prioridad sobre cualquier reclamo de economía procesal.
Por último, es preciso aclarar que lo anterior en
nada
cambia
la
norma
establecida
en
Pueblo
v.
Montero
Luciano, supra, relativa a que la reincidencia tiene que
seguir siendo alegada en la acusación, de interesar el
Ministerio Público que la misma sea tomada en cuenta para
efectos de la Sentencia.
Además queremos enfatizar que
nuestras expresiones vertidas en la nota al calce número
veinticuatro (24) de ese caso, atinentes a que se deben
incluir todos los elementos que pudieran agravar la pena
en
el
pliego
consideración
acusatorio,
a
la
proceso de ley.
se
notificación
hicieron
que
basadas
exige
el
en
debido
No obstante, este asunto está siendo
debidamente atendido en la opinión que hoy emitimos, al
requerir la entrega de dos (2) pliegos.
Nuestra opinión en Pueblo v. Montero Luciano, supra,
estuvo
enmarcada
en
lo
dispuesto
en
la
Regla
48
de
Procedimiento Criminal, supra, la cual ordena la inclusión
de
las
convicciones
anteriores
del
acusado
en
la
acusación, si el Ministerio Público pretende establecer la
condición
de
reincidente
imposición
de
una
contraste,
que
pena
de
mayor.
nuestro
éste
para
Queremos
ordenamiento
fines
de
la
resaltar,
en
no
contiene
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
disposición
32
alguna
que
exija
la
inclusión
agravantes como parte de la acusación.
de
los
Entendemos que una
explicación acertada para ello es que, como bien sabemos,
la alegación de reincidencia versa sobre unos hechos que
ya han sido objeto de adjudicación judicial, mientras que
las circunstancias agravantes se refieren a hechos que no
han
sido
objeto
de
procesos
criminales
y
que
están
pendientes de ser probados más allá de duda razonable.
De
modo que incluirlos en la acusación podría provocar el
riesgo de que el jurado los considere, ya sea como hechos
probados
o
los
tome
en
cuenta
para
determinar
la
culpabilidad del acusado.
Cabe señalar que por ser la norma procesal que hoy
pautamos de carácter constitucional aplicable a procesos
penales,
la
misma
tiene
efecto
retroactivo
y
es
de
aplicación a todos aquellos casos que no hayan advenido
finales y firmes.
Pueblo v. Thompson Faberllé, 180 D.P.R.
497 (2010); Pueblo v. González Cardona, 153 D.P.R. 765
(2001).
Sin embargo, por estar de por medio la discreción
judicial, en aquellos casos que se encuentren en la etapa
apelativa, el convicto tendrá que demostrar que el juez de
instancia abusó de su discreción al someter los agravantes
al
jurado
situaciones
en
en
una
las
etapa
que
inoportuna.
Sólo
se
que
determine
en
aquellas
efectivamente
medió abuso de discreción se devolverá el caso al foro
primario para la emisión de los dos pliegos de conformidad
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
33
con la norma que hoy pautamos y la celebración de un nuevo
juicio.30
De otra parte, en aquellos casos en los que ya
esté en transcurso el juicio por jurado, corresponderá al
juez a cargo de los procedimientos, a requerimiento de la
defensa, tomar las medidas que sean necesarias y viables
en esa etapa, para evitar el perjuicio indebido al que
hacemos referencia en esta Opinión.
IV
A tenor con lo anterior, confirmamos la Sentencia del
Tribunal
de
Apelaciones
en
el
recurso
CC-2011-0373
y
revocamos las Sentencias emitidas en los recursos CC-20100583 y CC-2010-0749.
Devolvemos estos últimos dos (2)
casos al Tribunal de Primera Instancia para que, conforme
a lo aquí dictaminado, el Ministerio Público someta, a la
brevedad posible,
un pliego acusatorio que
incluya
los
hechos constitutivos del delito, así como la reincidencia,
de
ésta
ser
aplicable,
y
otro
pliego
que
contenga
únicamente las circunstancias agravantes.
Se dictará Sentencia de conformidad.
ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN
JUEZ ASOCIADO
30
En estas instancias, siendo el convicto el que solicita que se anule el
primer proceso y se celebre un nuevo juicio, el mismo estaría impedido de
levantar la defensa de doble exposición.
Pueblo v. Martínez Torres, 126
D.P.R. 561 (1990).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari
EL PUEBLO DE PUERTO RICO
Recurrido
Núm.: CC-2010-0583
v.
ALFREDO PAGÁN ROJAS
Peticionario
consolidado con
EL PUEBLO DE PUERTO RICO
Recurrido
v.
Núm.: CC-2010-0749
JONATHAN CLAUDIO PARRILLA
Peticionario
consolidado con
EL PUEBLO DE PUERTO RICO
Peticionario
v.
Núm.: CC-2011-0373
JOEL LUGO MORALES
LUIS G. LUGO MORALES
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre 2012.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente Sentencia, confirmamos la Sentencia del Tribunal
de Apelaciones en el recurso CC-2011-0373 y revocamos las
Sentencias emitidas en los recursos CC-2010-0583 y CC2010-0749.
Devolvemos estos últimos dos (2) casos al
Tribunal de Primera Instancia para que, conforme a lo
dictaminado en la Opinión arriba indicada, el Ministerio
Público
someta,
a
la
brevedad
posible,
un
pliego
CC-2010-0583 cons. con
CC-2010-0749, CC-2011-0373
2
acusatorio que incluya los hechos constitutivos del
delito, así como la reincidencia, de ésta ser aplicable, y
otro pliego que contenga únicamente las circunstancias
agravantes.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor
Martínez Torres disiente con opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Alfredo Pagán Rojas
CC-2010-0583
Consolidado
con:
Peticionario
CC-2010-0749
CC-2011-0373
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Jonathan Claudio Parrilla
Peticionario
El Pueblo de Puerto Rico
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
2
Peticionario
v.
Joel Lugo Morales; Luis G. Lugo
Morales
Recurridos
Opinión disidente
MARTÍNEZ TORRES
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2012.
No es cuestión de ser o no ser
“liberal”,
es
cuestión
de
elaborar
jurisprudencia de frente a la realidad.
Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19,
45 (1964) (Op. disidente del Juez Asociado
señor RIGAU.)
Disiento con mucho respeto del criterio de mis colegas en
estos casos consolidados. De forma implícita, la Opinión del
Tribunal otorga una factura más ancha al amparo del Art. II,
Secs. 7 y 11 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A. Tomo I,
al extender la norma de Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466
(2000), más allá de lo que ha pautado el Tribunal Supremo de
Estados
Unidos.
En
el
camino,
también
se
revoca
de
forma
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
3
solapada lo resuelto en Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R.
360 (2006) y en Pueblo v. Santana Vélez, 177 D.P.R. 61 (2009).
Los
hechos
de
estos
casos
consolidados
se
encuentran
resumidos adecuadamente en la Opinión del Tribunal. Aun así,
intereso puntualizar que la controversia que hoy resolvemos no
versa sobre si se puede bifurcar un juicio ante jurado para
dividir la fase del veredicto y la fase de la imposición de la
sentencia. Se trata de dilucidar si procede ingeniar un proceso
en
que
se
divida
una
acusación
en
dos
para
imputar
en
un
documento los elementos del delito y en otro los agravantes.
Como opino que la actuación del Ministerio Público en estos
casos consolidados no ofende el debido proceso de ley ni el
derecho a juicio por jurado, ni está contemplada en las Reglas
de Procedimiento Criminal, disiento.
I
A.
En Pueblo v. Santana Vélez, supra, establecimos la forma
en que se impone una sentencia con agravantes cuando el juicio
es ante jurado. Al hacerlo, analizamos el sistema de imposición
de penas provisto por el Art. 58 del Código Penal de 1974, 33
L.P.R.A. sec. 3282, a la par con el derecho a juicio por jurado
que cobija la Enmienda Sexta de la Constitución de los Estados
Unidos, L.P.R.A. Tomo I, y la jurisprudencia interpretativa de
la Corte Suprema de Estados Unidos, con especial atención a lo
resuelto
en
Apprendi
v.
New
Jersey,
supra;
Cunningham
v.
California, 549 U.S. 270 (2007); United States v. Booker, 543
U.S. 220 (2005); Blakely v. Washington, 542 U.S. 296 (2004);
Ring
v.
Arizona,
536
U.S.
584
(2002).
Luego
de
sopesar
el
derecho aplicable, sostuvimos que los agravantes de la pena
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
4
deben someterse ante el jurado y probarse más allá de duda
razonable, salvo que el acusado los acepte. Pueblo v. Santana
Vélez, supra, pág. 76.
También resolvimos en Pueblo v. Santana Vélez, íd., cuál
es el momento y la forma apropiada para que las circunstancias
agravantes
de
la
pena
le
sean
sometidas
al
jurado.
particular, expresamos:
En casos en que los agravantes surjan de la
prueba admisible presentada, el Ministerio Público
podrá solicitar al Tribunal que éstos se le sometan
al jurado en conjunto con la determinación de
culpabilidad o inocencia. En caso de que el jurado
emita un veredicto de culpabilidad, deberá determinar
igualmente si encontró probados más allá de duda
razonable los agravantes imputados.
Íd.
Añadimos que:
En estos casos, el juez que presida los
procedimientos deberá emitir una instrucción al
jurado a los efectos de que deberán, en primera
instancia, determinar si el acusado es culpable o no
culpable. Luego, de llegar a un veredicto de
culpabilidad, deberán considerar si, a base de la
prueba presentada para probar la comisión del delito,
se probaron más allá de duda razonable los agravantes
imputados. Del jurado contestar en la afirmativa, el
juez
deberá
tomar
en
consideración
dicha
determinación al momento de imponer sentencia.
Íd. pág. 77, esc. 7.
Ahora bien, aclaramos que cuando sea necesario
En
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
5
presentar prueba adicional a la requerida para
establecer la comisión del delito que no sería
admisible durante el juicio o si el juez considera
que se le causaría un perjuicio indebido al acusado
al someter los agravantes antes de rendirse el
veredicto, entonces el procedimiento a seguir será
similar al que se lleva a cabo actualmente al amparo
de las Reglas de Procedimiento Criminal. Según las
Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento Criminal tanto el
acusado como el fiscal podrán solicitar del tribunal
que escuche prueba de circunstancias atenuantes o
agravantes a los fines de la imposición de la pena.
Véanse las Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El Ministerio Público
podrá hacer uso de las vistas que conceden dichas
reglas para presentar prueba sobre los agravantes que
estime pertinentes imputar. El Jurado, en esos casos,
no sería disuelto inmediatamente luego de emitirse el
veredicto,
sino
que
tendrían que
realizar
la
determinación de los agravantes más allá de duda
razonable a base de la prueba desfilada en el juicio
o a base de prueba adicional que el Ministerio
Público presente en dicha vista. De los agravantes no
ser probados más allá de duda razonable por el
Jurado, el juez estará obligado a imponer la pena
fija, salvo que considere probadas circunstancias
atenuantes que le permitan conceder una pena menor.
Íd., págs. 77-78.
Como se aprecia, sostuvimos sin ambages que el juez debe
tener
la
discreción
para
decidir
en
qué
etapa
procesal
se
presenta la evidencia de agravantes al jurado. Íd., pág. 96,
(Opinión
de
Conformidad
del
Juez
Asociado
señor
MARTÍNEZ
TORRES). Resolvimos de esa forma para “no complicar los procesos
en aquellos casos en que ello no se amerita”. Íd.
Un
análisis
de
derecho
comparado
con
la
jurisdicción
federal y con otras jurisdicciones estatales de la Unión nos
lleva a la misma conclusión. Véanse, entre otros, Apprendi v.
New Jersey, supra, pág. 521, esc. 10, (Opinión Concurrente del
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
6
Juez Asociado señor THOMAS); United States v. Alviar, 573 F. 3d
526, 545 (7mo. Cir. 2009); United States v. Nickl, 427 F. 3d
1286, 1295 (10mo. Cir. 2005); Krocka v. City of Chicago, 203 F.
3d 507, 516 (7mo. Cir. 2000); United States v. Collamore, 868 F.
2d 24, 27 (1er. Cir. 1989); State v. Brillon, 995 A. 2d 557, 563
(Vt. 2010); State v. McBride, 691 S.E. 2d 183, 192 (W. Va.
2010); Polivka v. State, 362 S. W. 3d 918, 923 (Ark. 2010) Vaca
v. State, 314 S. W. 3d 331, 336-337 (Mo. 2010); Duncan v. State,
939 So. 2d 772, 782 (Miss. 2006); Commonwealth v. Philpott 75
S.W. 3d 209, 213 (Ky. 2002); State v. Janto, 986 P. 2d 306, 321
(Hi. 1999); People v. Calderon, 885 P. 2d 83, 86 (Cal. 1994).
Incluso, existen jurisdicciones en que se han delineado
criterios para ayudar al juzgador a ejercer su discreción al
determinar el momento en que se deben presentar los agravantes
al jurado. Por ejemplo, en State v. Berry, 707 S.E. 2d 221, 226
(W. Va. 2011), el Tribunal Supremo de Apelaciones del estado de
West Virginia estableció los siguientes factores para dilucidar
si procede la bifurcación de un juicio:
(a) si unas instrucciones limitadas al jurado serían
efectivas [Por ejemplo, véase, United States v.
Alfonzo-Reyes, 592 F. 3d 280, 293 (1er Cir. 2010)];
(b)
si
las
partes
interesan
presentar
prueba
solamente en la fase de la imposición de la pena pero
no en cuanto al veredicto;
(c) si la evidencia sería admisible en la fase de la
imposición de la pena, pero no sería admisible en
cuanto al veredicto o viceversa;
(d) si cualquiera de las partes puede demostrar
perjuicio o desventaja desleal por la bifurcación;
(e) si un juicio unitario causaría que las partes
renuncien a la presentación de prueba pertinente para
la determinación de la pena, y
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
7
(f) si la bifurcación alargaría injustificadamente el
juicio.31
B. Por su parte, en nuestro ordenamiento jurídico la Regla 34 de
Procedimiento
Criminal,
34
L.P.R.A.
Ap.
II,
indica
que
la
primera alegación de parte del Pueblo será la acusación. La
Regla 35 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, regula
el contenido de la acusación. En lo concerniente, ese precepto
indica:
La acusación y la denuncia deberán contener:
........
(c)
Una
exposición
de
los
hechos
esenciales
constitutivos del delito, redactada en lenguaje
sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda
entenderla cualquier persona de inteligencia común.
Las
palabras
usadas
en
dicha
exposición
se
interpretarán en su acepción usual en el lenguaje
corriente, con excepción de aquellas palabras y
frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las
cuales se interpretarán en su significado legal.
Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente
las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras
que tuvieren el mismo significado. En ningún caso
será necesario el expresar en la acusación o denuncia
presunciones legales ni materias de conocimiento
judicial.
Íd.
En esencia, la Regla 35 de Procedimiento Criminal, íd.,
responde
31
al
derecho
constitucional
de
todo
acusado
“a
ser
La cita original en inglés es la siguiente: “(a) whether
limiting instructions to jury would be effective; (b) whether
party desires to introduce evidence solely for sentencing
purposes but not on merits; (c) whether evidence would be
admissible on sentencing but would not be admissible on merits
or vice versa; (d) whether either party can demonstrate unfair
prejudice or disadvantage by bifurcation; (e) whether unitary
trial would cause parties to forego introducing relevant
evidence for sentencing purposes; and (f) whether bifurcation
unreasonably would lengthen the trial”.
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
8
notificado de la naturaleza y causa de la acusación”, según lo
establece el Art. II, Sec. 11, de la Constitución de Puerto
Rico, supra. Por eso, si una acusación no imputa delito, la
Regla
64(a)
de
Procedimiento
Criminal,
34
L.P.R.A.
Ap.
II,
permite que se desestime.
En Pueblo v. Montero Luciano, supra, pág. 389, declaramos
inconstitucionales los incisos (b)(4) y (b)(5) del Art. 7.04 de
la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec.
5204, en cuanto eximían al fiscal de alegar la reincidencia en
la
denuncia
por
guiar
en
estado
de
embriaguez.
Sustentamos
nuestra decisión en que esos dos incisos violaban la Regla 48 de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y nuestra cláusula
constitucional de debido proceso de ley. Íd.; Art. II, Sec. 7 de
la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A. Tomo I. Por ello,
concluimos que esa cláusula constitucional le impone el deber al
fiscal de alegar en la acusación las convicciones anteriores del
acusado para poder establecer su condición de reincidente. Íd.,
pág. 388.
Por otro lado, dejé claro en Pueblo v. Vélez Rodríguez,
Op. de 14 de septiembre de 2012, 2012 T.S.P.R. 139, 2012 J.T.S.
152,
Vol.
XXXVI,
pág.
224,
186
D.P.R.
__
(2012)
(Opinión
disidente a la cual se le unió la Jueza Asociada señora PABÓN
CHARNECO), que una acusación no es otra cosa que “una alegación
que hace el Ministerio Público en la que informa a una persona
de qué se le acusa”. (Énfasis en el original.)
También indiqué en mi disenso que al momento de revisar la
suficiencia
de
una
acusación
es
menester
enfocarse
en
los
aspectos siguientes: (1) el derecho del acusado a ser informado
de la naturaleza de los cargos en su contra; (2) el derecho
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
9
constitucional en la jurisdicción federal en ciertos casos a ser
procesado por una acusación que pase el cedazo de un gran jurado
y; (3) el derecho constitucional a no ser procesado dos veces
por el mismo delito. Íd., 2012 J.T.S. 152, Vol. XXXVI, pág. 222.
II
Considero
que
la
Opinión
del
Tribunal
comete
el
mismo
error conceptual que lo llevó a concluir de forma errada en
Pueblo
v.
Vélez
Rodríguez,
supra,
ya
que
atribuye
valor
evidenciario a una acusación. En particular, la Opinión del
Tribunal, pág. 28, indica que al
desglosar los agravantes en un pliego separado, se
elimina la posibilidad de ocasionarle un perjuicio
indebido al acusado al momento del jurado deliberar
sobre su culpabilidad, a la vez que se da paso a una
notificación oportuna al imputado de lo que podría
enfrentar en el trámite de su caso y, de este modo,
pueda preparar su defensa adecuadamente.
Sin embargo, ese enfoque es incorrecto. Todos los hechos
que el Ministerio Público consigna en una acusación, incluyendo
los que agravan la pena, necesitan ser probados más allá de duda
razonable en el proceso penal. Pueblo v. García Colón I, 182
D.P.R. 129, 174-176 (2011); Pueblo v. Lugo, Rivero y Almodóvar,
121 D.P.R. 454, 472 (1988); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R.
645, 652 (1986). Como expresé en mi disenso en Pueblo v. Vélez
Rodríguez, supra, 2012 J.T.S. 152, Vol. XXXVI, pág. 224, no
podemos aplicarle a una acusación las Reglas de Evidencia, 32
L.P.R.A. Ap. VI. Por el contrario, en nuestro esquema procesal
penal se le imparten unas instrucciones al jurado. En ellas, se
le explica que “la acusación no constituye prueba, sino que es
una alegación que hace el Ministerio Público”. Pueblo v. Vélez
Rodríguez,
supra,
2012
J.T.S.
152,
Vol.
XXXVI,
pág.
224.
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
10
(Énfasis en el original.) Esa instrucción es más que suficiente
para evitar un perjuicio indebido al acusado. Es mi contención
que
un
jurado
puede
entender
el
mandato
constitucional
que
garantiza al acusado la presunción de inocencia y exige que toda
convicción
esté
sostenida
con
evidencia
más
allá
de
duda
razonable. Pueblo v. García Colón I, supra; Pueblo v. Lugo,
Rivero y Almodóvar, supra.
No obstante, la Opinión del Tribunal decide hoy inaugurar
una “mejor práctica” en casos en que existan agravantes. Así,
literalmente
Ministerio
crea
un
Público
proceso
[deberá
para
esos
presentar]
casos
dos
(2)
en
que
“el
pliegos
por
separado: uno de ellos imputando la comisión del delito y el
otro detallando las circunstancias que podrían agravar la pena”.
Opinión del Tribunal, pág. 26. De esa forma, luego de culminar
el juicio y antes de la deliberación, el juez, dentro de su
discreción, decidirá si se entregan ambos pliegos al jurado en
el mismo acto o si por el contrario, se entrega el pliego con
los elementos del delito primero y luego, de ser necesario, el
de los agravantes. En esencia, la Opinión del Tribunal sustenta
su
“mejor
promueven
práctica”
un
juicio
en
los
preceptos
ante
un
jurado
constitucionales
imparcial,
así
como
que
el
derecho a ser juzgado conforme las garantías del debido proceso
de ley. Opinión del Tribunal, pág. 29. Estoy en desacuerdo con
ese resultado. En cambio, estoy convencido de que la actuación
del Ministerio Público en estos casos consolidados no ofende el
debido proceso de ley ni el derecho a juicio por jurado.
En esta coyuntura, conviene recordar lo que expresamos en
Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 428
(1974), a los efectos de que “[e]l debido proceso [de ley] no es
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
11
abstracción apocalíptica que de sólo invocarla infunda temor de
Dios al tribunal y paralice al adversario”. Cada caso hay que
analizarlo
con
sus
hechos
estudiamos
con
detenimiento
particulares.
nuestra
De
esa
manera,
si
en
Pueblo
v.
decisión
Montero Luciano, supra, págs. 388-389, notamos que la razón por
la
cual
declaramos
inconstitucionales
los
incisos
(b)(4)
y
(b)(5) del Art. 7.04 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico,
supra,
fue
porque
eran
contrarios
a
la
Regla
48
de
Procedimiento Criminal, supra, que reconoce un derecho a que la
reincidencia se imputara en la acusación. Por ello concluimos
que
“una
vez
incorporados
ciertos
derechos
por
acción
legislativa, estos se convierten en parte integral del debido
proceso de ley”. Pueblo v. Montero Luciano, supra, pág. 388.
En el caso que nos ocupa no existe un derecho incorporado
por
acción
legislativa
que
obligue
al
Ministerio
Fiscal
a
presentar dos pliegos acusatorios por separado. De hecho, no
hemos encontrado ni una jurisdicción que obligue al fiscal a
realizar esa actuación. Lo que existe es jurisprudencia copiosa
que establece el momento adecuado para presentar la prueba de
agravantes
al
constitucional
jurado
a
de
juicio
forma
por
que
jurado.
no
se
ofenda
Véase,
el
Apprendi
derecho
v.
New
Jersey, supra, pág. 521, esc. 10, (Opinión Concurrente del Juez
Asociado señor THOMAS); United States v. Alviar, supra, pág.
545; United States v. Nickl, supra, pág. 1295; Krocka v. City of
Chicago, supra, pág. 516; United States v. Collamore, supra,
pág. 27; State v. Brillon, supra, pág. 563; State v. McBride,
supra, pág. 192; Polivka v. State, supra, pág. 923; Vaca v.
State, supra, págs. 336-337; Duncan v. State, supra, pág. 782;
Commonwealth v. Philpott supra, pág. 213; State v. Janto, supra,
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
12
pág. 321; People v. Calderon, supra, pág. 86. Esa actuación la
atendimos expresamente en Pueblo v. Santana Vélez, supra, págs.
76-78, y delineamos el proceso a seguirse en esos casos. No
obstante, la Opinión que se emite hoy descarta ese proceso.
De igual manera, al decidir Pueblo v. Montero Luciano,
supra, esc. 24, siempre nos referimos al pliego acusatorio en
singular
y
no
a
los
pliegos
acusatorios
en
plural
porque
nuestras Reglas de Procedimiento Criminal, supra, no contemplan
la norma que hoy se adopta. Incluso, resulta espinoso aplicar el
nuevo proceso que elabora la Opinión del Tribunal en aquellas
jurisdicciones en que existe derecho a que el pliego acusatorio
pase el cedazo de un gran jurado. Véase, por ejemplo, Reglas 6 y
7 de Procedimiento Criminal federal. En esas jurisdicciones,
¿habrá que convocar un gran jurado para la acusación que impute
los elementos del delito y otro para la acusación que impute los
agravantes? ¿No hacerlo viola el debido proceso de ley? Parece
que según la mayoría, la Constitución federal se está violando
todos los días en todas las jurisdicciones de Estados Unidos.
La
Opinión
del
Tribunal,
pág.
34,
incurre
en
otra
incongruencia al ordenar al Ministerio Público que incluya la
alegación de reincidencia en el mismo documento que recoge los
elementos del delito. Si para fines de argumentación acogiéramos
la tesis de la Mayoría; ¿No es mas inflamatoria la alegación de
reincidente que las circunstancias agravantes del delito? Me
parece que la respuesta es clara. Lo que ocurre es que la
Opinión del Tribunal intenta entrelazar infructuosamente nuestra
decisión en Pueblo v. Montero Luciano, supra, con la “mejor
práctica” que inaugura hoy. Pero en realidad la norma que pauta
hoy este Tribunal es incompatible con Pueblo v. Montero Luciano,
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
13
íd. Allí señalamos lo contrario a lo que resolvemos hoy: que los
agravantes
(que
entonces
era
una
alegación
de
reincidencia)
tienen que aparecer en el pliego acusatorio único, precisamente
porque así lo requiere el derecho constitucional a un debido
proceso de ley. La vigencia de ese precedente ahora está en
duda.
También me preocupa la imprecisión con que la Opinión del
Tribunal expresa el término “agravantes”. Digo esto porque en
ella no se explica cuáles son los agravantes que deben ir en el
segundo pliego. Es decir, la Opinión no limita su norma a la
lista de agravantes que contiene el Art. 66 del Código Penal de
2012, Ley Núm. 146-2012. Al no hacerlo, la Opinión del Tribunal
desorienta y confunde a nuestra profesión legal, quien al fin y
al cabo, será la que tendrá la tarea ardua de aplicar la “mejor
práctica” que hoy comienza. Por ejemplo, si analizamos el delito
de escalamiento, según se regula en los Arts. 194 y 195 del
Código Penal de 2012, íd., notamos que es un agravante el hecho
de que el delito se cometiera en un “edificio ocupado”. Bajo la
“mejor práctica” que hoy se inaugura: ¿hay que presentar un
pliego con los elementos del delito de escalamiento simple, Art.
203 del Código Penal, supra, y otro que indique que el edificio
estaba
ocupado?
La
Opinión
del
Tribunal
guarda
silencio
al
respecto. A modo de comparación, véanse los siguientes Artículos
del Código Penal de 2012, íd., en que ocurre algo similar: Art.
108
(agresión)
y
Art.
109
(agresión
grave);
Art.
141
(proxenetismo, rufianismo y comercio de personas) y Art. 142
(proxenetismo, rufianismo y comercio de personas agravado); Art
155
(restricción
de
libertad)
y
Art.
156
(restricción
de
libertad agravada); Art. 157 (secuestro) y Art. 158 (secuestro
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
14
agravado); Art. 171 (violación de comunicaciones personales),
Art. 172 (alteración y uso de datos personales en archivos),
Art. 173 (revelación de comunicaciones y datos personales), Art.
174
(protección
a
personas
jurídicas)
y
Art.
175
(delito
agravado); Art. 181 (apropiación ilegal) y Art. 182 (apropiación
ilegal agravada); Art. 189 (robo) y Art. 190 (robo agravado);
Art. 198 (daños) y 199 (daño agravado); Art. 230 (incendio) y
Art.231 (incendio agravado); Art. 236 (contaminación ambiental)
y
Art.
237
(contaminación
ambiental
agravada);
Art.
269
(perjurio) y Art. 270 (perjurio agravado).
Asimismo, el Tribunal hace un esfuerzo legítimo y loable
en
lo
relativo
constitucional
a
la
que
se
aplicación
pauta.
En
retroactiva
particular,
de
la
la
norma
Opinión
del
Tribunal, pág. 32, indica que como la norma que se establece es
“de carácter constitucional”, aplica a todos los casos que no
sean finales y firmes. Ello es cónsono con nuestros precedentes
al respecto. Véase, Pueblo v. Thompson Faberllé, 180 D.P.R. 497
(2010). De igual manera, la Opinión del Tribunal, págs. 32,
expresa
que
en
los
casos
que
se
encuentran
en
la
etapa
apelativa, “el convicto tendrá que demostrar que el juez de
instancia abusó de su discreción al someter los agravantes al
jurado en una etapa inoportuna”. En cuanto a los casos en que
comenzó el juicio por jurado, la Opinión del Tribunal, pág. 33,
establece
que
“le
corresponderá
al
juez
a
cargo
de
los
procedimientos, a requerimiento de la defensa, tomar las medidas
que sean necesarias y viables en esa etapa, para evitar el
perjuicio indebido al que hacemos referencia en este Opinión”.
Todo eso es razonable.
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
15
Sin embargo, la Opinión del Tribunal pasa por alto que la
norma
que
hoy
se
inaugura
no
le
confiere
discreción
al
ministerio público para que presente en una sola acusación los
elementos del delito y los agravantes. Así, como es hasta el
momento la práctica forense, todos los casos penales sometidos
ante nuestra jurisdicción cuentan con una sola acusación que
contiene los elementos del delito y los agravantes. Entonces, si
la presentación de dos acusaciones, una que recoja los elementos
del delito y otra que recoja los agravantes, es un imperativo
del debido proceso de ley, ¿cómo se explica que esa norma no se
aplique
en
los
casos
penales
que
se
encuentran
en
etapa
apelativa y en aquellos en que el juicio por jurado comenzó? ¿No
es ello contrario a nuestros precedentes? Véanse, Pueblo v.
Thompson Faberllé, supra; Pueblo v. González Cardona, 153 D.P.R.
765 (2001).
Lo que ocurre es que la Opinión del Tribunal es consciente
de
las
repercusiones
que
conlleva
aplicar
la
nueva
norma
constitucional a los casos penales en nuestra jurisdicción que
se encuentran en etapa apelativa o aquellos en que el juicio por
jurado
comenzó.
Sin
lugar
a
dudas,
se
crearía
un
caos
institucional y aumentarían considerablemente las mociones de
nuevo juicio. De esa forma, se trastocaría la marcha ordenada de
los
trabajos
en
esta
Rama
Judicial
sin
que
haya
una
razón
constitucional que en realidad nos fuerce a resolver como se
hace hoy.
III
A
modo
de
epílogo,
expreso
con
mucha
candidez
que
la
solución que brinda la Opinión del Tribunal se puede catalogar
como un proyecto de ley que enmienda las Reglas de Procedimiento
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
16
Criminal. Sin embargo, es algo mucho peor. Adviértase que como
la Opinión del Tribunal resuelve la controversia al amparo de
nuestra Constitución, supra, elimina la posibilidad de que la
Asamblea Legislativa discrepe de la postura de la Opinión del
Tribunal y presente legislación para atenderla.
Asimismo, me preocupa intensamente la nueva tendencia de
una
mayoría
de
los
la
difusa
peligrosamente
proceso
de
dirigida
a
ley
y
de
la
el
que
de
cláusula
paralizar
agilizar
apocalíptica”
miembros
este
hablamos
de
constitucional
cualquier
proceso
Foro
hace
del
iniciativa
penal.
La
décadas
extender
debido
legislativa
“abstracción
en
Domínguez
Talavera v. Tribunal Superior, supra, pág. 428, se ha esparcido
ahora en nuestro sistema de justicia de lo criminal como las
plagas que se mencionan en el Apocalipsis. Véase, por ejemplo,
Pueblo v. Vélez Rodríguez, supra. Sin duda, este Tribunal tiene
el deber de proteger los derechos constitucionales de todos.
Cuando el Estado viola esos derechos, no he vacilado para exigir
que se cumplan. Véanse, e.g., Pueblo v. Ayala García, Op. de 13
de julio de 2012, 2012 T.S.P.R. 120, 2012 J.T.S. 133, 186 D.P.R.
__ (2012); Pueblo v. Serrano Reyes, 176 D.P.R. 437 (2009). Sin
embargo, ante el problema de delincuencia que sufre Puerto Rico,
hacemos
un
pobre
servicio
cuando
atamos
las
manos
de
las
agencias de ley y orden en su lucha contra el crimen mediante la
creación de derechos constitucionales que no existen.
De esa forma, cuando este Foro hace abstracción total de
la realidad cotidiana del Puerto Rico del Siglo XXI convierte
“la factura más ancha en la factura más costosa jamás pagada por
el Pueblo de Puerto Rico". RDT Const. Corp. v. Contralor I, 141
D.P.R. 424, 469 (1996) (Opinión concurrente del Juez Asociado
CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373
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señor NEGRÓN GARCÍA). Esa tendencia activista de este Tribunal
en
casos
penales
es
peligrosa
para
nuestra
sociedad
y
detrimental para el sistema de democracia representativa que
todos aspiramos para Puerto Rico. Rehúso enmendar la ley o la
Constitución
desde
el
estrado.
Eso
no
está
dentro
de
mis
funciones.
IV
Por los fundamentos que anteceden, disiento con respeto de
la decisión de este Tribunal de ordenar al Ministerio Público
que someta un pliego que incluya los elementos del delito y otro
que contenga las circunstancias agravantes. Por el contrario,
confirmaría la decisión del Tribunal de Apelaciones en los casos
CC-2010-583 y CC-2010-749 y revocaría la decisión de ese foro en
el caso CC-2011-373 por entender que el Ministerio Fiscal actuó
acertadamente.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado