LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Pagán Rojas y otros

2012 TSPR 184

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Pagán Rojas y otros

CC-2010-583 CC-2010-749 CC-2011-373

Procedimiento Criminal- Momento en que se presentarán las circunstancias agravantes como parte del pliego acusatorio

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Alfredo Pagán Rojas

Peticionario

---------------------------------El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

2012 TSPR 184

Jonathan Claudio Parrilla

Peticionario

---------------------------------El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

Joel Lugo Morales

Luis G. Lugo Morales

Recurridos

Número del Caso:

Certiorari

CC-2010-583

CC-2010-749

CC-2011-373

Fecha: 10 de diciembre de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina

CC-2010-583

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Ana E. Andrade Rivera

Oficina del Procurador General:

Lcda. Zaira Girón Anadón

Subprocuradora General

CC-2010-749

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Ana E. Andrade Rivera

187 DPR ____

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

2

CC-2011-373

Oficina del Procurador General:

Lcda. Zaira Girón Anadón

Subprocuradora General

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcda. Ana E. Andrade Rivera

Materia: Artículo 404 Ley de Sustancias Controladas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

EL PUEBLO DE PUERTO RICO

Recurrido

Núm.: CC-2010-0583

v.

ALFREDO PAGÁN ROJAS

Peticionario

consolidado con

EL PUEBLO DE PUERTO RICO

Recurrido

v.

Núm.: CC-2010-0749

JONATHAN CLAUDIO PARRILLA

Peticionario

consolidado con

EL PUEBLO DE PUERTO RICO

Peticionario

v.

Núm.: CC-2011-0373

JOEL LUGO MORALES

LUIS G. LUGO MORALES

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

FELIBERTI CINTRÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2012.

A

pesar

consideración

de

que

envuelven

los

recursos

ante

eventos

ocurridos

en

nuestra

tiempos

y

lugares diversos y no tienen ninguna relación entre sí,

todos

presentan

la

misma

controversia.

Esto

es,

en

procedimientos criminales ante jurado, ¿cuál es el momento

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

y

la

forma

2

apropiada

para

que

las

circunstancias

agravantes de la pena le sean sometidas a éste?

Para ello

debemos escudriñar si existen circunstancias en las que la

inclusión de los agravantes en los pliegos acusatorios,

desde

el

inicio

del

procedimiento

criminal,

pudiera

conllevar una violación a los derechos fundamentales del

acusado al exponerlo a un perjuicio indebido antes del

jurado deliberar sobre su culpabilidad.

Teniendo dichas

interrogantes en mente, pasamos a pormenorizar los hechos

que dan lugar a los recursos consolidados de epígrafe.

I

CC-2010-0583

El

25

de

febrero

de

2010

se

presentaron

dos

(2)

denuncias en contra del Sr. Alfredo Pagán Rojas (señor

Pagán),

una

por

tentativa

de

asesinato1

y

otra

por

infracción al Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto

Rico (Ley de Armas),2 por hechos acaecidos un día antes,

es decir, el 24 de febrero de 2010.

Celebrada la vista preliminar, el juez que presidió

la

misma

Pagán

por

encontró

los

causa

delitos

probable

imputados.

para

acusar

al

señor

Posteriormente,

se

presentaron las respectivas acusaciones.

1

Artículo 106(a) del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4734(a)

(2010).

Véase, además, el Artículo 35 del mismo cuerpo legal, 33 L.P.R.A.

sec. 4663 (2010).

2

25 L.P.R.A. sec. 458d (2008).

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

3

El 7 de mayo de 2010 el señor Pagán presentó una

moción solicitando la eliminación de los agravantes del

pliego acusatorio.

quien,

bajo

su

En la misma sostuvo que será el juez

discreción,

determinará

qué

agravantes

deberán pasar al jurado, como parte de las instrucciones,

llegado el momento de la deliberación.

El 11 de mayo de 2010 el Ministerio Público sometió

su oposición a la aludida moción solicitando eliminación

de los agravantes, indicando que, según lo resuelto por

este Tribunal en Pueblo v. Santana Vélez, 177 D.P.R. 61

(2009),

la no inclusión de los agravantes en el pliego

acusatorio

violentaría

el

debido

proceso

de

ley

del

acusado.

Así las cosas, el 27 de mayo de 2010 el Tribunal de

Primera Instancia emitió una Resolución,3 mediante la cual

acogió

la

solicitud

de

la

defensa

y

le

ordenó

al

Ministerio Público eliminar los agravantes de los pliegos

acusatorios.

Entendió el foro primario que “incluir los

agravantes…

en

inflamatorio,

insubsanable

jurado”.

basado

3

2010.

en

la

acusación

perjudicial,

en

el

imputado

tendría

grave,

de

ser

un

efecto

sustancial

el

juicio

uno

e

por

El foro primario llegó a la anterior conclusión,

la

premisa

de

que

los

miembros

del

jurado

Notificada y archivada en autos copia de la misma el 28 de mayo de

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

4

podrían confundir los agravantes con elementos probados

del delito y emitir una determinación de culpabilidad.

Inconforme con tal determinación del foro primario,

el

Procurador

General

recurrió,

mediante

recurso

certiorari, ante el Tribunal de Apelaciones.4

de

Argumentó,

en síntesis, que a tenor con lo resuelto en Apprendi v.

New Jersey, 530 U.S. 466 (2000), y su progenie, en los

casos

ventilados

ante

jurado,

tanto

los

elementos

del

delito como los factores que aumentan la pena tienen que

imputarse en la acusación y ser probados a satisfacción

del jurado más allá de duda razonable.

El señor Pagán se opuso a la expedición del recurso

alegando

que

poner

al

jurado

en

conocimiento

de

los

agravantes, previo al veredicto, le ocasionaría perjuicios

indebidos y violentaría sus derechos constitucionales.

El 30 de junio de 2010 el Tribunal de Apelaciones

dictó

Sentencia

mediante

la

cual

expidió

el

auto

de

certiorari y revocó la Resolución emitida por el Tribunal

de Primera Instancia.

Entendió dicho foro que, en ese

caso, dado que los agravantes incluidos en la acusación

estaban

indisolublemente

vinculados

con

los

delitos

imputados, ello no infringiría el debido proceso de ley.

Advirtió que, por el contrario, de esta forma el acusado

quedaba

informado

de

todos

los

hechos

imputados

contra para poder delinear su defensa efectivamente.

4

Petición de certiorari presentada el 23 de junio de 2010.

en

su

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

5

No conforme con dicha determinación, el señor Pagán

acudió ante nos señalando los siguientes errores:

A. Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver

que

la

inclusión

de

circunstancias

agravantes

en

los

pliegos

acusatorios

presentados contra el peticionario en el

caso de marras, no está reñida con lo

resuelto en el caso de Pueblo v. Santana

Vélez, 2009 T.S.P.R. 158.

B. Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar

la resolución emitida por el Tribunal de

Primera Instancia que ordenó eliminar los

agravantes

alegados

en

los

pliegos

acusatorios presentados

contra el Sr.

Alfredo Pagán Rojas, ya que someter los

mismos al jurado antes de rendir un

veredicto causaría perjuicio indebido al

peticionario.

El

2

de

julio

de

2010

el

señor

Pagán

presentó,

además, una moción en auxilio de jurisdicción solicitando

la paralización de los procedimientos ante la cercanía de

la celebración del juicio en su fondo.

Mediante Resolución emitida el 6 de julio de 2010,

expedimos el auto de certiorari solicitado y ordenamos la

paralización

de

los

procedimientos

pendientes

ante

el

Tribunal de Primera Instancia.

CC-2010-0749

Los

recursos

CC-2010-0583

consolidados

dado

que,

fácticas

no

tienen

que

misma controversia.

aunque

y

versan

relación

Veamos.

CC-2010-0749

entre

sobre

sí,

fueron

situaciones

plantean

la

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

6

El 9 de abril de 2010 se presentó una denuncia contra

el

Sr.

Jonathan

infracción

al

Claudio

Artículo

Parrilla

404

de

(señor

la

Ley

Claudio)

de

por

Sustancias

Controladas,5 por posesión de heroína sin autorización en

ley para ello.

Celebrada la vista preliminar, el foro de instancia

determinó causa probable para acusar al señor Claudio y,

de

conformidad,

autorizó

la

presentación

de

la

correspondiente acusación.

La

acusación,

además

de

imputar

la

infracción

al

Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, y

el

estatus

agravante

de

que

reincidente

del

acusado,

el

había

planificado

acusado

incluyó

el

como

hecho

delictivo.

Inconforme, el 9 de junio de 2010 el señor Claudio

sometió una moción para solicitar la eliminación de los

agravantes de la acusación. Alegó que éstos forman parte

de

las

instrucciones

que

el

juez

de

instancia

deberá

impartir al jurado al momento de la deliberación, luego de

un análisis de la prueba presentada.

El 18 de junio de 2010 el Ministerio Público sometió

su oposición a la moción antes aludida, bajo el argumento

de

que

la

no

inclusión

implicaría

proceso de ley del acusado.

5

24 L.P.R.A. sec. 2404 (2011).

violentar

el

debido

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

7

Atendiendo la solicitud del señor Claudio, el 21 de

junio

de

2010

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

emitió

Resolución ordenándole al Ministerio Público eliminar los

agravantes del pliego acusatorio.

determinación,

el

oportunamente

ante

cumplimiento

con

intermedio,

el

Procurador

el

una

23

No conforme con dicha

de

General

recurrió

Tribunal

de

Apelaciones.

Resolución

del

tribunal

julio

2010

el

de

En

apelativo

señor

Claudio

presentó un Escrito de Mostrar Causa, oponiéndose a la

expedición del recurso instado por el Procurador General.

El 12 de agosto de 2010 el Tribunal de Apelaciones

dictó

Sentencia

mediante

la

cual

revocó

la

Resolución

emitida por el foro primario, permitiendo, de ese modo, la

inclusión de las circunstancias agravantes en la acusación

del señor Claudio.

Razonó dicho foro que al incluir los

agravantes

acusación,

en

la

el

acusado

advendría

en

conocimiento de todos los hechos imputados, lo que sería

beneficioso para fines de preparar su defensa.

que,

en

casos

agravantes

delito,

están

nada

acusación,

como

presente,

indisolublemente

gana

pues

el

la

el

acusado

prueba

de

con

cargo

en

los

Añadió

cuales

vinculados

los

con

el

de

la

necesariamente

los

eliminarlos

incluirá.

En

desacuerdo

con

la

Sentencia

emitida

por

el

Tribunal de Apelaciones, el 20 de agosto de 2010 el señor

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

Claudio

acudió

8

ante

nos

señalando

la

comisión

de

los

siguientes errores:

A. Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver

que en nada se vulnera el debido proceso de

ley al permitir que se incluyan las

circunstancias agravantes alegadas en el

pliego acusatorio presentado contra el Sr.

Jonathan

Claudio

Parrilla,

ya

que

el

Artículo 73 de nuestro Código Penal impide

que las mismas sean consideradas para

agravar la pena.

B. Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar

la Resolución del Tribunal de Primera

Instancia

que

ordenó

eliminar

los

agravantes

alegados

en

los

pliegos

acusatorios

presentados

contra

el

Sr.

Jonathan Claudio Parrilla, ya que someter

los mismos al jurado antes de rendir un

veredicto causaría perjuicio indebido al

peticionario por la influencia indebida e

irreparable que estos tendrían sobre el

jurado al momento de rendir su veredicto.

Junto

con

la

petición

de

certiorari,

presentó,

además, una moción en auxilio de jurisdicción, solicitando

la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de

Primera Instancia, dada la cercanía de la fecha del juicio

en su fondo6 y en aras de que no se tornara en académica

su solicitud.

Examinada la moción en auxilio de jurisdicción, el 24

de agosto de 2010 emitimos una Resolución mediante la cual

ordenamos la paralización del juicio en su fondo y la

consolidación del

recurso

de autos con el CC-2010-583.

Además, expedimos el auto de certiorari solicitado.

6

El juicio estaba pautado para el 25 de agosto de 2010.

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

9

CC-2011-0373

Posterior

reseñados,

se

a

la

consolidación

presentó

el

recurso

de

los

casos

antes

CC-2011-0373.

Por

plantear una controversia similar a la de los otros dos

(2) recursos, el 19 de agosto de 2011 emitimos Resolución

ordenando la consolidación del recurso CC-2011-0373 con

estos.

A continuación resumimos los hechos que dieron

paso a este último recurso.

El

19

de

marzo

de

2010

se

presentaron

varias

denuncias en contra del Sr. Luis Lugo Morales (Sr. Luis

Lugo) y el Sr. Joel Lugo Morales (Sr. Joel Lugo) por los

siguientes delitos: asesinato en primer grado,7 dos (2)

cargos por tentativa de asesinato,8 y dos (2) cargos por

infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas.9

al Sr.

Joel Lugo se

le sometieron

dos (2)

Además,

cargos

por

infracción al Artículo 5.15 de la Ley de Armas.10

Conforme a los requerimientos procesales para delitos

de naturaleza grave, el 21 de abril de 2010 se celebró la

vista preliminar en contra del Sr. Luis Lugo.

En la misma

se encontró causa probable para acusarlo por los delitos

de asesinato en primer grado e infracción al Artículo 5.04

de la Ley de Armas, supra.

Del mismo modo, se celebró la

7

Artículo 106 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4734 (2010).

8

Artículos 35 y 106 del Código Penal de 2004, supra.

9

25 L.P.R.A. sec. 458c (2008).

10

25 L.P.R.A. sec. 458n (2008).

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

vista

10

preliminar

en

contra

del

Sr.

Joel

Lugo.

Como

resultado de la misma, se encontró causa probable para

acusarlo por los delitos de asesinato en primer grado, por

infracción

al

Artículo

5.04

de

la

Ley

de

Armas

(dos

cargos), supra, y por infracción al Artículo 5.15 de la

Ley de Armas (dos cargos), supra.

El 13 de julio de 2010 se presentaron acusaciones

enmendadas conjuntas en contra de ambos imputados.

mismas,

además

de

los

elementos

de

los

En las

delitos,

se

alegaron circunstancias agravantes para fines de las penas

que, en su día, pudieran recaer sobre ellos.

con

la

inclusión

de

los

agravantes,

el

No conforme

Sr.

Joel

Lugo

presentó una moción ante el Tribunal de Primera Instancia

solicitando

la

eliminación

de

los

mismos.11

Basó

su

contención en el hecho de que someter “los agravantes en

las

acusaciones

perjudicial,

acusado”.

tendría

grave,

El

un

sustancial

Ministerio

efecto

e

Público

inflamatorio,

insubsanable

sometió

su

en

el

oposición

alegando que para que el jurado pudiera entender en los

agravantes,

según

lo

resuelto

por

el

caso

Pueblo

v.

Santana Vélez, supra, los mismos debían ser incluidos en

la

acusación.

Argumentó,

además,

que

dicho

curso

de

acción era una exigencia del debido proceso de ley.

11

A pesar de no haber sometido ningún escrito a tales efectos, de los

autos surge que el Sr. Luis Lugo manifestó, en corte abierta, que se unía al

reclamo del Sr. Joel Lugo.

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

11

En la conferencia con antelación al juicio celebrada

el 16 de septiembre de 2010, el foro primario declaró con

lugar

la

moción

agravantes,

por

solicitando

lo

que,

la

como

eliminación

resultado,

de

los

ordenó

al

Ministerio Público la eliminación de los mismos.12

Inconforme, la entonces Procuradora General acudió al

Tribunal

de

Apelaciones

alegando

que

el

Tribunal

de

Primera Instancia había errado al ordenar la eliminación

de los agravantes de las acusaciones.

En respuesta, los acusados presentaron escritos por

separado

oponiéndose

certiorari solicitado.

primario

había

a

la

expedición

del

recurso

de

Adujeron, en síntesis, que el foro

actuado

correctamente

al

decretar

la

eliminación de los agravantes de la acusación, bajo la

premisa de que se les causaría un perjuicio indebido de

someter los mismos al jurado antes de que éstos rindieran

un

veredicto.

Público

tenía

Señalaron,

disponible

además,

las

vistas

que

el

Ministerio

provistas

en

las

Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap. II, R. 162.4 y R. 171 (2004 y Supl. 2011), las cuales

vislumbran la posibilidad de probar los agravantes ante el

jurado luego de rendido un veredicto.

12

Anterior a la celebración de dicha vista, el 13 de septiembre de 2010

el Tribunal de Primera Instancia había emitido una Orden que expresaba, en su

parte pertinente: “El Ministerio Fiscal someterá los pliegos acusatorios

enmendado[s], a los fines que los mismos no incluyan alusión alguna a

„agravantes‟”.

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

12

El 30 de diciembre de 2010 la Procuradora General

presentó una moción en auxilio de jurisdicción solicitando

la

paralización

de

los

tribunal de instancia.

procesos

ventilándose

ante

el

Ese mismo día, el foro apelativo

intermedio ordenó la paralización de los procedimientos,

según solicitado.

El 24 de febrero de 2011 el Tribunal de Apelaciones,

por

voz

de

la

Hon.

Olga

Birriel

Cardona,

Juez

de

Apelaciones, dictó Sentencia mediante la cual concluyó que

para atender los reclamos de las partes, lo que procedía

era presentar una acusación y un pliego de agravantes en

documentos separados.

De ese modo, los agravantes no le

serían suministrados al jurado antes de éstos emitir el

veredicto correspondiente.

Inconforme aún, la Procuradora General acudió ante

nos

planteando

como

único

señalamiento

de

error

lo

siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que no

procede alegar, en una acusación, los hechos que

agravan la pena más allá del máximo estatutario.

Vistos

los

recursos

presentados

acordamos

expedir.

La controversia que está hoy ante nuestra consideración se

circunscribe a

determinar cuál es el momento

apropiado

para que las circunstancias agravantes de la pena le sean

sometidas al jurado de modo que se garanticen los derechos

fundamentales del acusado

a una

debida notificación de

todo aquello que se le imputa, a la vez de salvaguardarle

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

13

un debido proceso de ley ante un jurado justo e imparcial

y

sin

que

se

afecte

su

derecho

a

la

presunción

de

inocencia.

Luego de contar con la comparecencia de todas las

partes

nos

encontramos

en

posición

de

resolver

y

así

procedemos a hacerlo.

II

A. Debido Proceso de Ley y la Notificación Adecuada

Uno de los derechos fundamentales que cobija a toda

persona que enfrenta una acusación en su contra es el

derecho a ser juzgado siguiendo el proceso establecido en

ley.

Dicho

derecho,

reconocido

como

uno

de

estirpe

constitucional, se encuentra consagrado en las Enmiendas V

y XIV de la Constitución de los Estados Unidos,13 así como

en el Artículo II, Sección 7 de la Constitución de Puerto

Rico.14

El derecho fundamental al debido proceso de ley

se manifiesta en dos (2) dimensiones: la sustantiva y la

procesal.

1

(2010).

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R.

En

su

esfera

sustantiva,

“el

Estado

está

impedido de aprobar leyes o realizar alguna actuación que

afecte de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los

13

Emdas. V y XIV, Const. EE.UU., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008.

El

principio cardinal del debido proceso de ley aparece recogido en la Enmienda V

de la Constitución de los Estados Unidos de la siguiente manera: “nadie… será

privado de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido proceso de

ley…”.

Íd.

Del mismo modo establece la Enmienda XIV del referido cuerpo

legal: “ningún estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad o de

su propiedad, sin el debido procedimiento de ley…”. Íd.

14

Art. II, Sec. 7, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008. Éste provee

en su parte pertinente lo siguiente: “[n]inguna persona será privada de su

libertad o propiedad sin [un] debido proceso de ley…”. Íd.

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

intereses

14

de propiedad o libertad de los individuos…”.

Hernández v. Secretario, 164 D.P.R. 390, 394-395 (2005)

(citas omitidas).

En su vertiente procesal, por su parte, el debido

proceso

de

ley

le

impone

al

Estado

la

obligación

de

garantizar a los individuos que cualquier interferencia

con sus intereses de propiedad o libertad se hará a través

de un procedimiento que será justo y equitativo.

Otero

v.

C.F.S.E.,

181

D.P.R.

386

(2011);

Montero Luciano, 169 D.P.R. 360 (2006).

Calderón

Pueblo

v.

Por ello, el

debido proceso de ley en su ámbito procesal comprenderá

todas

las

garantías

procesales

mínimas

que

el

Estado

deberá proveer a todo individuo ante cualquier intromisión

con su vida, propiedad o libertad.

Álamo Romero v. Adm.

de Corrección, 175 D.P.R. 314 (2009).

En aras de levantar un reclamo de debido proceso de

ley, deberá existir un interés individual de propiedad o

libertad que pueda verse afectado por la intervención del

Estado.

Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 D.P.R.

720 (2010); Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 D.P.R. 257

(2000).

“Identificado

dicho

interés,

procede

determinar

cuál es el procedimiento exigido, procedimiento que debe

caracterizarse por ser justo e imparcial.”

Hernández v.

Secretario, supra, pág. 395.

Hemos reconocido, en un sinnúmero de ocasiones, que

el

debido

proceso

de

ley,

en

su

modalidad

procesal,

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

15

instituye varios requisitos fundamentales con los que todo

procedimiento adversativo debe cumplir para garantizar las

exigencias mínimas del mismo.

Entre ellos cabe destacar:

(1) notificación adecuada del proceso; (2)

proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad

de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar

testigos y examinar evidencia presentada en su

contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6)

que la decisión se base en el récord. Domínguez

Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 47

(citando a Rivera Rodríguez & Co. v. Lee

Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 889 (1993))

(corchetes

omitidos

y

énfasis

nuestro);

Hernández v. Secretario, supra, págs. 395-396.

De modo que para que un procedimiento cumpla con el

debido proceso de ley en su vertiente procesal, éste debe

comenzar con una notificación adecuada del proceso.

A

tono

la

con

dicho

principio,

tanto

la

Enmienda

VI

de

Constitución de los Estados Unidos,15 como la Sección 11

del

Artículo

II

de

la

Constitución

de

Puerto

Rico,16

reconocen que en todo encausamiento criminal el acusado

tendrá derecho a ser notificado de la causa de acción en

su contra.

Específicamente dispone nuestra Carta Magna,17

en su parte pertinente: “En todos los procesos criminales,

el acusado disfrutará del derecho… a ser notificado de la

naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la

15

Emda. VI, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1.

16

Art. II, Sec. 11, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1.

17

Aun cuando la Constitución federal no reconoce el derecho del acusado a

obtener copia de la acusación en su contra, consagra el derecho a la adecuada

notificación, al disponer, en su parte pertinente: “En todas las causas

criminales, el acusado gozará del derecho… a ser informado de la naturaleza y

causa de la acusación…”. Emda. VI, Const. EE. UU., supra.

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

misma…”.

16

Art. II, Sec. 11, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1

(énfasis nuestro).

Es a través del debido proceso de ley, como de la

disposición constitucional antes reseñada, que se le exige

al Estado el deber de informar adecuadamente al acusado de

la naturaleza y extensión del delito por el cual se le

acusa.

Pueblo

v.

González

Olivencia,

116

D.P.R.

614

(1985).

Será, entonces, por medio de la acusación o de la

denuncia que el fiscal cumplirá con su deber de informar.

Pueblo v. Montero Luciano, supra.

La Regla 34 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap. II, R. 34 (2004), define la acusación como aquella

“alegación

escrita

hecha

por

un

fiscal

al

Tribunal

de

Primera Instancia en la cual se imputa a una persona la

comisión de un delito”.

Sobre el contenido de la misma el

inciso (c) de la Regla 35 del

mismo cuerpo legal, 34

L.P.R.A. Ap. II, R. 35 (Supl. 2011), establece que ésta ha

de

incluir

una

exposición

constitutivos

del

sencillos

claros,

y

delito

de

de

los

utilizando

modo

que

hechos

para

ello

cualquier

inteligencia común pueda entenderla.

esenciales

términos

persona

de

Pueblo v. González

Olivencia, supra.

El

propósito

mecánicamente

con

de

la

acusación

“no

es

cumplir

una

forma

ritual,

sino

informar

al

acusado el delito que se le imputa, de tal suerte que

pueda

preparar

adecuadamente

su

defensa…”.

Pueblo

v.

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

Meléndez

17

Cartagena,

omitidas).

106

D.P.R.

338,

341

(1977)

(citas

Es decir, el pliego acusatorio le permitirá al

acusado preparar su defensa de conformidad con los hechos

que en éste se imputan.

Pueblo v. Ríos Alonso, 156 D.P.R.

428 (2002).

Así, reiteradamente hemos destacado que, aunque no

hay una forma específica para redactar las acusaciones, es

imprescindible que la misma sirva como una notificación

adecuada

y

completa

del

delito

imputado.

Pueblo

v.

anteriormente,

la

Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691 (1981).

Además

de

que,

como

mencionamos

acusación o denuncia tiene que exponer todos los hechos

que forman parte del tipo delictivo, en Pueblo v. Montero

Luciano,

supra,

resolvimos

que,

conforme

a

las

disposiciones de la Regla 48 de Procedimiento Criminal, 34

L.P.R.A. Ap. II, R. 48 (2004), si el Ministerio Público

quiere alegar la condición

de

reincidente del acusado,

viene obligado a incluir sus convicciones anteriores en

dicha acusación o denuncia.

A esos efectos, específicamente dispone la Regla 48 de

Procedimiento Criminal, supra, lo siguiente:

Una acusación o denuncia no deberá contener

alegación alguna de convicciones anteriores del

acusado, a menos que una alegación en tal

sentido fuere necesaria para imputar la comisión

de un delito, o para alegar la condición de

reincidente, de subsiguiente o de delincuencia

habitual en relación con el acusado.

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

18

Reconocimos que “[d]icha disposición forma parte de

la

protección

constitucional

del

acusado

de

estar

debidamente informado de los cargos en su contra, y con la

obligación del fiscal de probar todos los elementos de un

delito más allá de duda razonable”.

Luciano, supra, pág. 375.

Pueblo v. Montero

Es, entonces, por virtud de la

propia Regla 48 de Procedimiento Criminal, supra, que se

estableció el deber del Ministerio Público de alegar la

reincidencia en la acusación, aun cuando esta condición no

sea un elemento constitutivo del delito.

B.

Íd. pág. 388.

Pueblo v. Santana Vélez, supra, y el derecho a juicio

por jurado

El derecho a juicio por jurado, también de estirpe

constitucional, se encuentra consagrado en la Sección 11

del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico.18

La

mencionada disposición establece sobre el particular lo

siguiente:

....

En los procesos por delito grave el acusado

tendrá derecho a que su juicio se ventile ante

un jurado imparcial compuesto por doce vecinos

del distrito, quienes podrán rendir veredicto

por mayoría de votos en el cual deberán

concurrir no menos de nueve.

Íd. (énfasis nuestro).

En la jurisdicción federal, hace aproximadamente una

década,

18

el

Tribunal

Supremo

Art. II, Sec. 11, Const. P.R., supra.

se

confrontó

ante

una

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

19

controversia que requería armonizar el derecho del acusado

a que cualquier determinación que implicara la pérdida de

su libertad se hiciese cumpliendo con el debido proceso de

ley (Enmienda XIV), a la vez que garantizara su derecho a

disfrutar de un juicio rápido y público ante un jurado

imparcial

(Enmienda

VI).

En

Apprendi

v.

New

Jersey,

supra, el Máximo Foro Federal resolvió que, excepto por

aquellos

hechos

relacionados

con

la

reincidencia,

cualquier circunstancia que aumente la pena de un delito

más allá del límite estatutario tiene que ser sometido

ante el jurado y probado más allá de duda razonable.

Como resultado de esta norma, nos enfrentamos, hace

tres

(3)

años,

Así,

en

Pueblo

a

cuestionamientos

v.

Santana

Vélez,

de

la

misma

supra,

índole.

tuvimos

la

oportunidad de adoptar esta pauta en nuestra jurisdicción.

Cónsono con la directriz federal resolvimos que, en los

casos ventilados ante jurado, los agravantes de la pena

tienen que ser sometidos ante éste y ser probados más allá

de duda razonable, salvo que los mismos sean aceptados por

el acusado.

Todo lo anterior en abierto reconocimiento al

derecho constitucional del acusado a disfrutar plenamente

de su juicio por jurado.19

19

En la nota al calce número seis (6) de Pueblo v. Santana Vélez, 177

D.P.R. 61, 77 n. 6 (2009), hicimos la salvedad de que aun cuando dicho caso se

ventiló al amparo de las disposiciones del Código Penal de 1974, los

principios constitucionales esbozados por el Tribunal Supremo de Estados

Unidos, reconocidos en dicha opinión, son igualmente aplicables a las

disposiciones del Código Penal de 2004.

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

20

Aprovechamos esa oportunidad, además, para establecer

los procedimientos a seguirse en la determinación de los

agravantes, cuando los casos son ventilados ante jurado.

En específico, dispusimos:

En casos en que los agravantes surjan de la

prueba

admisible

presentada,

el

Ministerio

Público podrá solicitar al Tribunal que éstos se

le sometan al jurado en conjunto con la

determinación de culpabilidad o inocencia.

En

caso de que el jurado emita un veredicto de

culpabilidad, deberá determinar igualmente si

encontró probados más allá de duda razonable los

agravantes imputados.

Por el contrario, si es necesario presentar

prueba adicional a la requerida para establecer

la comisión del delito que no sería admisible

durante el juicio o si el juez considera que se

le causaría un perjuicio indebido al acusado al

someter los agravantes antes de rendirse el

veredicto, entonces el procedimiento a seguir

será similar al que se lleva a cabo actualmente

al amparo de las Reglas de Procedimiento

Criminal.

Según las Reglas 162.4 y 171 de

Procedimiento Criminal tanto el acusado como el

fiscal podrán solicitar del tribunal que escuche

prueba de circunstancias atenuantes o agravantes

a los fines de la imposición de la pena….

El

Ministerio Público podrá hacer uso de las vistas

que conceden dichas reglas para presentar prueba

sobre los agravantes que estime pertinentes

imputar.

El Jurado, en esos casos, no sería

disuelto inmediatamente luego de emitirse el

veredicto, sino que tendrían que realizar la

determinación de los agravantes más allá de duda

razonable a base de la prueba desfilada en el

juicio o a base de prueba adicional que el

Ministerio Público presente en dicha vista. De

los agravantes no ser probados más allá de duda

razonable por el Jurado, el juez estará obligado

a imponer la pena fija, salvo que considere

probadas

circunstancias

atenuantes

que

le

permitan conceder una pena menor.

Pueblo v.

Santana Vélez, supra, págs. 77-78 (notas al

calce y cita omitidas).

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

21

Según intimado

en

Pueblo v. Santana Vélez,

supra,

para presentar prueba sobre la existencia de atenuantes o

agravantes,

las

Reglas

de

Procedimiento

Criminal

contemplan la posibilidad de celebrar una vista separada a

esos efectos.

Procedimiento

Sobre el particular, la Regla 162.4 de

Criminal,

34

L.P.R.A.

Ap.

II,

R.

162.4

(2004), expresa, en su parte pertinente lo siguiente:

Tanto el acusado como el fiscal podrán

solicitar del tribunal que escuche prueba de

circunstancias atenuantes o agravantes a los

fines de la imposición de la pena.

Si de las

alegaciones

sometidas

surgiere

que

existe

controversia real sobre un hecho material que

requiriere la presentación de prueba, entonces

el tribunal celebrará una vista en el más breve

plazo posible….

....

Del mismo modo, la Regla 171 del mismo cuerpo legal,

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 171 (Supl. 2011), vislumbra esta

opción al disponer que el tribunal puede, ya sea motu

proprio, o a instancia de cualquiera de las partes, oír,

en el más breve plazo posible, prueba de circunstancias

agravantes o atenuantes para fines de la imposición de la

pena.

La importancia de fijar una norma sobre cómo han de

establecerse los agravantes, en los casos ventilados ante

jurado, quedó al descubierto en la esfera federal desde

Apprendi

Tribunal

v.

New

Supremo

Jersey,

federal

supra.

se

Posteriormente,

enfrentó

a

el

otros

cuestionamientos de la misma índole, por lo que la norma

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

22

fue extendida a varios sistemas de imposición de penas.

Véase, por ejemplo, Cunningham v. California, 549 U.S. 270

(2007) (donde el Tribunal Supremo federal sostuvo que la

Ley de Sentencias Determinadas del Estado de California,

la cual autorizaba al juez y no al jurado, a pasar juicio

sobre hechos que exponían al acusado a una pena más allá

del límite estatutario, violentaba el derecho del acusado

a un juicio por jurado); United States v. Booker, 543 U.S.

220 (2005) (donde se estableció que las guías federales de

imposición de penas están sujetas a los requerimientos de

la Sexta Enmienda) y Blakely v. Washington, 542 U.S. 296

(2004) (donde se sostuvo que imponer al acusado una pena

más allá del límite estatutario, bajo el fundamento de que

el juez sentenciador encontró que el acusado actuó con

deliberada crueldad, violenta el derecho del acusado a

juicio por jurado salvaguardado en la Sexta Enmienda).20

Debido

a

que

Pueblo

v.

Santana

Vélez,

supra,

fue

decidido bajo las disposiciones del Código Penal de 1974,

es menester revisar qué dispone el Código Penal de 2004,

sobre el particular.21

20

En una opinión reciente del Tribunal Supremo federal, S. Union Co. v.

United States, 567 U.S. ____ (2012), 132 S. Ct. 2344, 2012 WL 2344465 (21 de

junio de 2012), dicho Máximo Foro extendió la norma de Apprendi v. New Jersey,

530 U.S. 466 (2000), a la imposición de multas penales.

21

Debido a que los eventos relevantes a los recursos de epígrafe

sucedieron previo al 1 de septiembre de 2012, fecha en la cual entró en vigor

el nuevo Código Penal de 2012 mediante la aprobación de la Ley Núm. 146 de 30

de julio de 2012, utilizamos las disposiciones sustantivas correspondientes al

Código Penal de 2004.

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

23

A esos efectos, el Artículo 74 de dicho Código Penal,

33 L.P.R.A. sec. 4702 (2010), específicamente dispone:

En la fijación de la pena se observarán, según

haya

o

no

circunstancias

atenuantes

o

agravantes, las siguientes reglas:

(a)

Cuando

no

concurran

circunstancias

atenuantes ni agravantes, o cuando concurran

unas y otras, se seleccionará la pena mediana

del intervalo de pena señalado en este Código

para el delito, tomando en consideración las

circunstancias personales del convicto, las

necesidades de prevención y la mayor o menor

gravedad del hecho.

(b) Cuando concurran una o varias circunstancias

agravantes se seleccionará la pena de la mitad

superior del intervalo de pena establecido por

este Código para el delito.

(c) Cuando concurran dos o más circunstancias

atenuantes o una sola, pero que el juez estime

de peso, se seleccionará la pena de la mitad

inferior del intervalo de pena establecido por

este Código para el delito.

Así pues, según el modo como se encontraba diseñado

nuestro sistema de derecho penal al momento de los hechos

objeto

de

los

recursos

ante

nuestra

consideración,

igualmente le es de aplicación la norma establecida en

Pueblo v. Santana Vélez, supra, a los casos en que el

juicio no se celebre ante un tribunal de derecho.22

A esos

efectos, será menester que sea el jurado el responsable de

hacer una determinación concerniente a los agravantes de

manera que ponga al tribunal sentenciador en posición de

22

Cabe señalar que aunque las provisiones del ya derogado Código Penal de

2004 son las aplicables a los hechos presentes en los recursos de epígrafe,

nuestros pronunciamientos en esta Opinión son de igual aplicación bajo el

nuevo Código Penal de 2012.

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

24

decretar la pena que corresponda, según la apreciación de

los hechos que realice el jurado.

La

aplicación

de

lo

resuelto

en

Apprendi

v.

New

Jersey, supra, en lo que respecta al rol del jurado cuando

se

atribuyen

agravantes,

ha

generado

debate

entre

los

tribunales sobre el contenido de los pliegos acusatorios.

Algunos estados han optado por incluir los agravantes en

este documento.

Véase, por ejemplo, State v. Wimbish, 555

S.E.2d 329 (2001).

Otros, sin embargo, aun cuando han

reconocido que los agravantes tienen que ser sometidos al

jurado y probados ante éstos más allá de duda razonable,

han sostenido que no por ello los agravantes deban formar

parte de la acusación.

Véanse, por ejemplo, State v.

Sánchez, 242 P.3d 692 (2010); Skinner v. State, 843 So.2d

820 (2002); State v. Badoni, 62 P.3d 348 (2002); State v.

Edwards, 810 A.2d 226 (2002); Poole v. State, 846 So.2d

370 (2001).

Según un artículo titulado Apprendi in the States:

The

Virtues

of

Federalism

as

a

Structural

Limit

on

Errors,23 la mayoría de los estados de la Unión se han

inclinado

a

resolver

que

los

agravantes

aparecer en el pliego acusatorio.

ellos,

inclusive,

han

optado

no

tienen

que

Añade que algunos de

por

ordenar

que

los

agravantes sean detallados en pliegos de particulares.

23

Stephanos Bibas, Apprendi in the States: The virtues of Federalism as a

Structural Limit on Errors, 94 J. Crim. L. & Criminology 1, 2-3 (2003-2004).

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

Este

nuestra

25

asunto,

en

específico,

nunca

ha

estado

Por

tanto,

no

existe,

consideración.

jurisprudencial

ni

lo

estatutariamente

una

norma

que

ante

ni

rija

sobre el particular.24

Es precisamente por ello que hoy

nos

guías

toca

atender

pautar

la

las

problemática

procesales

que

se

nos

necesarias

plantea,

para

teniendo

siempre en mente nuestra obligación de garantizarle al

acusado las protecciones constitucionales.

III

El

Estado

fundamenta

su

deber

de

incluir

los

agravantes en la acusación en la necesidad de cumplir con

el debido proceso de ley y en la observancia a la norma

antes reseñada a los efectos de que los agravantes tienen

que ser sometidos ante el jurado y probados más allá de

duda razonable.

Los acusados, por su parte, entienden que

desglosar los agravantes en el pliego acusatorio tendría

un efecto inflamatorio, perjudicial, grave, sustancial e

insubsanable en éstos, y atentaría contra sus

fundamentales

a

la

presunción

de

inocencia

derechos

y

a

ser

juzgados ante un jurado imparcial y libre de prejuicios.

Luego

de

un

concienzudo

examen

de

los

argumentos

presentados y en aras de salvaguardar todos los preceptos

24

Aun cuando en Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R. 360 (2006), se

hicieron unas expresiones sobre el particular, la realidad es que lo que tuvo

ante su consideración este Tribunal, en aquel momento, fue una cuestión

relativa a la reincidencia, situación que ya estaba siendo atendida por la

Regla 48 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 48 (2004).

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

26

constitucionales que aquí se reclaman, establecemos que la

mejor práctica en estos casos es que el Ministerio Público

presente

dos

(2)

pliegos

por

separado:

uno

de

ellos

imputando la comisión del delito y el otro detallando las

circunstancias que podrían agravar la pena.25

Cuando

de

la

prueba

admisible

para

establecer

la

comisión del delito imputado surja igualmente evidencia

sobre

los

agravantes,

el

Ministerio

Público

podrá

solicitar al tribunal que ambos pliegos se le sometan al

jurado

conjuntamente

para

que,

luego

de

emitir

su

veredicto, de ser el mismo uno de culpabilidad, determinen

si

los

agravantes

razonable.26

fueron

probados

más

allá

de

duda

Bajo estas circunstancias, el juez, dentro de

su discreción, deberá auscultar, primeramente, si darle a

conocer al jurado los agravantes, previo al veredicto, le

causaría

un

perjuicio

indebido

al

acusado.

Del

juez

determinar que no se le estaría ocasionando un perjuicio

indebido al acusado, se entregarán ambos pliegos para que,

de ser el veredicto uno de culpabilidad, en el mismo acto

25

Al inicio de un juicio por jurado se deberá leer únicamente el pliego

que imputa la comisión del delito, pero no así el de los agravantes.

El pliego de agravantes deberá estar firmado y jurado por el fiscal, al

igual que la acusación.

26

Nótese que el Artículo 73 del Código Penal de 2004 y el Artículo 67 del

Código Penal de 2012 establecen que “[l]as circunstancias agravantes o

atenuantes que la ley ya haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al

igual que las que son inherentes al mismo, no serán consideradas en la

fijación de la pena”.

Siendo así, en aquellas situaciones en que las

circunstancias agravantes se relacionen inherentemente con la comisión del

delito, éstas no podrán considerarse para aumentar o disminuir la pena, pues

el legislador ya las tuvo en cuenta al tipificar y penalizar la conducta

delictiva.

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

27

el jurado determine si los agravantes fueron probados más

allá de duda razonable.

No obstante, del juez concluir

que sí se estaría exponiendo al acusado a un perjuicio

indebido, no se permitirá la entrega de ambos pliegos al

jurado y, en su lugar, la determinación atinente a los

agravantes se hará según explicamos a continuación.

Cuando,

durante el

transcurso

del

juicio no surja

toda la prueba necesaria para establecer los agravantes27 o

si

el

juez

considera

que

se

le

causaría

un

perjuicio

indebido al acusado de someter el pliego de agravantes

antes de que se rinda el veredicto, se celebrará una vista

posterior, ante el jurado, donde tanto el acusado como el

fiscal

podrán

presentar

prueba

de

circunstancias

atenuantes o agravantes, según corresponda, a los fines de

la imposición de la pena.28

Es en ese momento que al

jurado se le entregará el pliego sobre los agravantes.

En

estos casos, el jurado no será disuelto luego de emitido

el veredicto, sino que, según establecimos en Pueblo v.

Santana Vélez, supra, pág. 78, “tendr[án] que realizar la

determinación de los agravantes más allá de duda razonable

a base de la prueba desfilada en el juicio o a base de

prueba adicional que el Ministerio Público presente en

dicha vista”.

27

Ya sea porque la misma no estaba relacionada a la comisión del delito o

por cualquier otra razón.

28

Según

mencionamos

anteriormente,

las

Reglas

162.4

y

171

de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 162.4 y R. 171 (2004 y Supl.

2011), proveen para la celebración de estas vistas.

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

28

Al desglosar los agravantes en un pliego separado, se

elimina

la

posibilidad

de

ocasionarle

un

perjuicio

indebido al acusado al momento del jurado deliberar sobre

su

culpabilidad,

notificación

a

la

oportuna

vez

al

que

se

imputado

da

de

paso

lo

que

a

una

podría

enfrentar en el trámite de su caso y, de este modo, pueda

preparar su defensa adecuadamente.

En consecuencia, se

cumple con los preceptos constitucionales que promueven un

juicio rápido y público ante un jurado imparcial, así como

el

derecho

del

acusado

a

ser

juzgado

conforme

las

garantías exigidas por el debido proceso de ley.

Con

la

implantación

de

este

mecanismo

dual,

ratificamos la máxima de que en el cumplimiento con el

debido proceso de ley, debe garantizarse al acusado un

conocimiento adecuado y completo de todos los pormenores a

los que se expone en el proceso criminal instado en su

contra.

A la vez, atemperamos el riesgo de perjuicio

indebido

al

contaminar

innecesariamente

la

mente

del

desarrollada

por

jurado previo a su deliberación.

Reconocemos,

igualmente,

la

norma

Apprendi v. New Jersey, supra, y su progenie, adoptada

posteriormente

por

este

Tribunal

en

Pueblo

v.

Santana

Vélez, supra, a los efectos de que cualquier hecho que

aumente la pena del acusado, excepto aquellos relativos a

convicciones anteriores, tienen que ser sometidos a la

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

consideración

29

del

jurado

y

probados

más

allá

de

duda

razonable.

Al emitir esta decisión estamos conscientes de que,

según

alertamos

en

Pueblo

v.

Santana

Vélez,

supra,

es

posible que durante el transcurso del juicio el jurado

advenga en conocimiento de hechos que podrían constituir

agravantes para efectos de la pena.

afecta

nuestra

determinación

en

Esto, sin embargo, no

el

día

de

hoy.

El

dictamen respecto a dónde deben aparecer consignados los

agravantes para propósitos de cumplir con la notificación

debida

al

acusado,

a

la

vez

de

evitarle

un

perjuicio

indebido al ser juzgado por jurado, es separado del asunto

de cómo debe presentarse la prueba para establecer hechos

que

constituyen

agravantes

que

habrán

de

impactar

la

magnitud de la sentencia que ha de imponérsele en su día.

Es indudable que, en ocasiones, existen hechos que están

íntimamente ligados a la comisión del delito y que, a la

misma vez, podrían constituir agravantes para efectos de

la pena, por lo que, en términos prácticos habrá casos en

los

que

se

agravantes

prueba

estará

durante

sobre

agravantes.

los

presentando

el

juicio,

mismos

Dentro

de

prueba

sin

sobre

necesidad

vista

dichos

de

pasar

posterior

sobre

en

una

esas

circunstancias,

no

se

le

estaría ocasionando un perjuicio indebido al acusado al

recibir

esta

evidencia

como

parte

del

juicio,

pues

el

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

30

jurado no estará enterado de la naturaleza de esos hechos

en calidad de agravantes, sino como elementos del delito.

Por lo tanto, la presentación de dos (2) pliegos, uno

donde se consigna la acusación y el otro donde se detallan

los

agravantes

en

nada

altera

el

proceso

previamente

expuesto y que va a tono con los derechos constitucionales

del acusado.

Además, dicho esquema le concede al juez

amplia discreción29 para decidir cuál es el momento más

apropiado para someter los agravantes al jurado y que este

último determine si los mismos han quedado probados más

allá de duda razonable, salvaguardando, de ese modo, todos

los principios constitucionales en cuestión.

Señalamos,

además,

que

no

nos

persuaden

los

argumentos del Ministerio Público conducentes a justificar

la inclusión de los agravantes en el pliego acusatorio

fundados en la economía procesal.

nuestro

sistema

procesal

penal

y

Según está diseñado

conforme

establecimos

recientemente en Pueblo v. Santana Vélez, supra, nuestro

ordenamiento

vista

de

actual

agravantes

provee

para

posterior

culpabilidad del acusado.

la

a

celebración

la

de

una

determinación

de

Definitivamente, y

según lo

alegado por los acusados, la economía procesal no puede ir

por encima de su derecho constitucional a disfrutar de un

29

Anteriormente hemos indicado que la “„[d]iscreción es, pues, una forma

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera…‟”.

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211

(1990) (citando a Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200

(1964))(énfasis en el original).

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

juicio

justo

31

ante

un

jurado

libre

de

prejuicios.

La

primacía de la que gozan los derechos constitucionales en

nuestro ordenamiento jurídico indudablemente les confiere

prioridad sobre cualquier reclamo de economía procesal.

Por último, es preciso aclarar que lo anterior en

nada

cambia

la

norma

establecida

en

Pueblo

v.

Montero

Luciano, supra, relativa a que la reincidencia tiene que

seguir siendo alegada en la acusación, de interesar el

Ministerio Público que la misma sea tomada en cuenta para

efectos de la Sentencia.

Además queremos enfatizar que

nuestras expresiones vertidas en la nota al calce número

veinticuatro (24) de ese caso, atinentes a que se deben

incluir todos los elementos que pudieran agravar la pena

en

el

pliego

consideración

acusatorio,

a

la

proceso de ley.

se

notificación

hicieron

que

basadas

exige

el

en

debido

No obstante, este asunto está siendo

debidamente atendido en la opinión que hoy emitimos, al

requerir la entrega de dos (2) pliegos.

Nuestra opinión en Pueblo v. Montero Luciano, supra,

estuvo

enmarcada

en

lo

dispuesto

en

la

Regla

48

de

Procedimiento Criminal, supra, la cual ordena la inclusión

de

las

convicciones

anteriores

del

acusado

en

la

acusación, si el Ministerio Público pretende establecer la

condición

de

reincidente

imposición

de

una

contraste,

que

pena

de

mayor.

nuestro

éste

para

Queremos

ordenamiento

fines

de

la

resaltar,

en

no

contiene

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

disposición

32

alguna

que

exija

la

inclusión

agravantes como parte de la acusación.

de

los

Entendemos que una

explicación acertada para ello es que, como bien sabemos,

la alegación de reincidencia versa sobre unos hechos que

ya han sido objeto de adjudicación judicial, mientras que

las circunstancias agravantes se refieren a hechos que no

han

sido

objeto

de

procesos

criminales

y

que

están

pendientes de ser probados más allá de duda razonable.

De

modo que incluirlos en la acusación podría provocar el

riesgo de que el jurado los considere, ya sea como hechos

probados

o

los

tome

en

cuenta

para

determinar

la

culpabilidad del acusado.

Cabe señalar que por ser la norma procesal que hoy

pautamos de carácter constitucional aplicable a procesos

penales,

la

misma

tiene

efecto

retroactivo

y

es

de

aplicación a todos aquellos casos que no hayan advenido

finales y firmes.

Pueblo v. Thompson Faberllé, 180 D.P.R.

497 (2010); Pueblo v. González Cardona, 153 D.P.R. 765

(2001).

Sin embargo, por estar de por medio la discreción

judicial, en aquellos casos que se encuentren en la etapa

apelativa, el convicto tendrá que demostrar que el juez de

instancia abusó de su discreción al someter los agravantes

al

jurado

situaciones

en

en

una

las

etapa

que

inoportuna.

Sólo

se

que

determine

en

aquellas

efectivamente

medió abuso de discreción se devolverá el caso al foro

primario para la emisión de los dos pliegos de conformidad

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

33

con la norma que hoy pautamos y la celebración de un nuevo

juicio.30

De otra parte, en aquellos casos en los que ya

esté en transcurso el juicio por jurado, corresponderá al

juez a cargo de los procedimientos, a requerimiento de la

defensa, tomar las medidas que sean necesarias y viables

en esa etapa, para evitar el perjuicio indebido al que

hacemos referencia en esta Opinión.

IV

A tenor con lo anterior, confirmamos la Sentencia del

Tribunal

de

Apelaciones

en

el

recurso

CC-2011-0373

y

revocamos las Sentencias emitidas en los recursos CC-20100583 y CC-2010-0749.

Devolvemos estos últimos dos (2)

casos al Tribunal de Primera Instancia para que, conforme

a lo aquí dictaminado, el Ministerio Público someta, a la

brevedad posible,

un pliego acusatorio que

incluya

los

hechos constitutivos del delito, así como la reincidencia,

de

ésta

ser

aplicable,

y

otro

pliego

que

contenga

únicamente las circunstancias agravantes.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

JUEZ ASOCIADO

30

En estas instancias, siendo el convicto el que solicita que se anule el

primer proceso y se celebre un nuevo juicio, el mismo estaría impedido de

levantar la defensa de doble exposición.

Pueblo v. Martínez Torres, 126

D.P.R. 561 (1990).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

EL PUEBLO DE PUERTO RICO

Recurrido

Núm.: CC-2010-0583

v.

ALFREDO PAGÁN ROJAS

Peticionario

consolidado con

EL PUEBLO DE PUERTO RICO

Recurrido

v.

Núm.: CC-2010-0749

JONATHAN CLAUDIO PARRILLA

Peticionario

consolidado con

EL PUEBLO DE PUERTO RICO

Peticionario

v.

Núm.: CC-2011-0373

JOEL LUGO MORALES

LUIS G. LUGO MORALES

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre 2012.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, confirmamos la Sentencia del Tribunal

de Apelaciones en el recurso CC-2011-0373 y revocamos las

Sentencias emitidas en los recursos CC-2010-0583 y CC2010-0749.

Devolvemos estos últimos dos (2) casos al

Tribunal de Primera Instancia para que, conforme a lo

dictaminado en la Opinión arriba indicada, el Ministerio

Público

someta,

a

la

brevedad

posible,

un

pliego

CC-2010-0583 cons. con

CC-2010-0749, CC-2011-0373

2

acusatorio que incluya los hechos constitutivos del

delito, así como la reincidencia, de ésta ser aplicable, y

otro pliego que contenga únicamente las circunstancias

agravantes.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor

Martínez Torres disiente con opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Alfredo Pagán Rojas

CC-2010-0583

Consolidado

con:

Peticionario

CC-2010-0749

CC-2011-0373

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Jonathan Claudio Parrilla

Peticionario

El Pueblo de Puerto Rico

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

2

Peticionario

v.

Joel Lugo Morales; Luis G. Lugo

Morales

Recurridos

Opinión disidente

MARTÍNEZ TORRES

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2012.

No es cuestión de ser o no ser

“liberal”,

es

cuestión

de

elaborar

jurisprudencia de frente a la realidad.

Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19,

45 (1964) (Op. disidente del Juez Asociado

señor RIGAU.)

Disiento con mucho respeto del criterio de mis colegas en

estos casos consolidados. De forma implícita, la Opinión del

Tribunal otorga una factura más ancha al amparo del Art. II,

Secs. 7 y 11 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A. Tomo I,

al extender la norma de Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466

(2000), más allá de lo que ha pautado el Tribunal Supremo de

Estados

Unidos.

En

el

camino,

también

se

revoca

de

forma

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

3

solapada lo resuelto en Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R.

360 (2006) y en Pueblo v. Santana Vélez, 177 D.P.R. 61 (2009).

Los

hechos

de

estos

casos

consolidados

se

encuentran

resumidos adecuadamente en la Opinión del Tribunal. Aun así,

intereso puntualizar que la controversia que hoy resolvemos no

versa sobre si se puede bifurcar un juicio ante jurado para

dividir la fase del veredicto y la fase de la imposición de la

sentencia. Se trata de dilucidar si procede ingeniar un proceso

en

que

se

divida

una

acusación

en

dos

para

imputar

en

un

documento los elementos del delito y en otro los agravantes.

Como opino que la actuación del Ministerio Público en estos

casos consolidados no ofende el debido proceso de ley ni el

derecho a juicio por jurado, ni está contemplada en las Reglas

de Procedimiento Criminal, disiento.

I

A.

En Pueblo v. Santana Vélez, supra, establecimos la forma

en que se impone una sentencia con agravantes cuando el juicio

es ante jurado. Al hacerlo, analizamos el sistema de imposición

de penas provisto por el Art. 58 del Código Penal de 1974, 33

L.P.R.A. sec. 3282, a la par con el derecho a juicio por jurado

que cobija la Enmienda Sexta de la Constitución de los Estados

Unidos, L.P.R.A. Tomo I, y la jurisprudencia interpretativa de

la Corte Suprema de Estados Unidos, con especial atención a lo

resuelto

en

Apprendi

v.

New

Jersey,

supra;

Cunningham

v.

California, 549 U.S. 270 (2007); United States v. Booker, 543

U.S. 220 (2005); Blakely v. Washington, 542 U.S. 296 (2004);

Ring

v.

Arizona,

536

U.S.

584

(2002).

Luego

de

sopesar

el

derecho aplicable, sostuvimos que los agravantes de la pena

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

4

deben someterse ante el jurado y probarse más allá de duda

razonable, salvo que el acusado los acepte. Pueblo v. Santana

Vélez, supra, pág. 76.

También resolvimos en Pueblo v. Santana Vélez, íd., cuál

es el momento y la forma apropiada para que las circunstancias

agravantes

de

la

pena

le

sean

sometidas

al

jurado.

particular, expresamos:

En casos en que los agravantes surjan de la

prueba admisible presentada, el Ministerio Público

podrá solicitar al Tribunal que éstos se le sometan

al jurado en conjunto con la determinación de

culpabilidad o inocencia. En caso de que el jurado

emita un veredicto de culpabilidad, deberá determinar

igualmente si encontró probados más allá de duda

razonable los agravantes imputados.

Íd.

Añadimos que:

En estos casos, el juez que presida los

procedimientos deberá emitir una instrucción al

jurado a los efectos de que deberán, en primera

instancia, determinar si el acusado es culpable o no

culpable. Luego, de llegar a un veredicto de

culpabilidad, deberán considerar si, a base de la

prueba presentada para probar la comisión del delito,

se probaron más allá de duda razonable los agravantes

imputados. Del jurado contestar en la afirmativa, el

juez

deberá

tomar

en

consideración

dicha

determinación al momento de imponer sentencia.

Íd. pág. 77, esc. 7.

Ahora bien, aclaramos que cuando sea necesario

En

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

5

presentar prueba adicional a la requerida para

establecer la comisión del delito que no sería

admisible durante el juicio o si el juez considera

que se le causaría un perjuicio indebido al acusado

al someter los agravantes antes de rendirse el

veredicto, entonces el procedimiento a seguir será

similar al que se lleva a cabo actualmente al amparo

de las Reglas de Procedimiento Criminal. Según las

Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento Criminal tanto el

acusado como el fiscal podrán solicitar del tribunal

que escuche prueba de circunstancias atenuantes o

agravantes a los fines de la imposición de la pena.

Véanse las Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El Ministerio Público

podrá hacer uso de las vistas que conceden dichas

reglas para presentar prueba sobre los agravantes que

estime pertinentes imputar. El Jurado, en esos casos,

no sería disuelto inmediatamente luego de emitirse el

veredicto,

sino

que

tendrían que

realizar

la

determinación de los agravantes más allá de duda

razonable a base de la prueba desfilada en el juicio

o a base de prueba adicional que el Ministerio

Público presente en dicha vista. De los agravantes no

ser probados más allá de duda razonable por el

Jurado, el juez estará obligado a imponer la pena

fija, salvo que considere probadas circunstancias

atenuantes que le permitan conceder una pena menor.

Íd., págs. 77-78.

Como se aprecia, sostuvimos sin ambages que el juez debe

tener

la

discreción

para

decidir

en

qué

etapa

procesal

se

presenta la evidencia de agravantes al jurado. Íd., pág. 96,

(Opinión

de

Conformidad

del

Juez

Asociado

señor

MARTÍNEZ

TORRES). Resolvimos de esa forma para “no complicar los procesos

en aquellos casos en que ello no se amerita”. Íd.

Un

análisis

de

derecho

comparado

con

la

jurisdicción

federal y con otras jurisdicciones estatales de la Unión nos

lleva a la misma conclusión. Véanse, entre otros, Apprendi v.

New Jersey, supra, pág. 521, esc. 10, (Opinión Concurrente del

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

6

Juez Asociado señor THOMAS); United States v. Alviar, 573 F. 3d

526, 545 (7mo. Cir. 2009); United States v. Nickl, 427 F. 3d

1286, 1295 (10mo. Cir. 2005); Krocka v. City of Chicago, 203 F.

3d 507, 516 (7mo. Cir. 2000); United States v. Collamore, 868 F.

2d 24, 27 (1er. Cir. 1989); State v. Brillon, 995 A. 2d 557, 563

(Vt. 2010); State v. McBride, 691 S.E. 2d 183, 192 (W. Va.

2010); Polivka v. State, 362 S. W. 3d 918, 923 (Ark. 2010) Vaca

v. State, 314 S. W. 3d 331, 336-337 (Mo. 2010); Duncan v. State,

939 So. 2d 772, 782 (Miss. 2006); Commonwealth v. Philpott 75

S.W. 3d 209, 213 (Ky. 2002); State v. Janto, 986 P. 2d 306, 321

(Hi. 1999); People v. Calderon, 885 P. 2d 83, 86 (Cal. 1994).

Incluso, existen jurisdicciones en que se han delineado

criterios para ayudar al juzgador a ejercer su discreción al

determinar el momento en que se deben presentar los agravantes

al jurado. Por ejemplo, en State v. Berry, 707 S.E. 2d 221, 226

(W. Va. 2011), el Tribunal Supremo de Apelaciones del estado de

West Virginia estableció los siguientes factores para dilucidar

si procede la bifurcación de un juicio:

(a) si unas instrucciones limitadas al jurado serían

efectivas [Por ejemplo, véase, United States v.

Alfonzo-Reyes, 592 F. 3d 280, 293 (1er Cir. 2010)];

(b)

si

las

partes

interesan

presentar

prueba

solamente en la fase de la imposición de la pena pero

no en cuanto al veredicto;

(c) si la evidencia sería admisible en la fase de la

imposición de la pena, pero no sería admisible en

cuanto al veredicto o viceversa;

(d) si cualquiera de las partes puede demostrar

perjuicio o desventaja desleal por la bifurcación;

(e) si un juicio unitario causaría que las partes

renuncien a la presentación de prueba pertinente para

la determinación de la pena, y

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

7

(f) si la bifurcación alargaría injustificadamente el

juicio.31

B. Por su parte, en nuestro ordenamiento jurídico la Regla 34 de

Procedimiento

Criminal,

34

L.P.R.A.

Ap.

II,

indica

que

la

primera alegación de parte del Pueblo será la acusación. La

Regla 35 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, regula

el contenido de la acusación. En lo concerniente, ese precepto

indica:

La acusación y la denuncia deberán contener:

........

(c)

Una

exposición

de

los

hechos

esenciales

constitutivos del delito, redactada en lenguaje

sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda

entenderla cualquier persona de inteligencia común.

Las

palabras

usadas

en

dicha

exposición

se

interpretarán en su acepción usual en el lenguaje

corriente, con excepción de aquellas palabras y

frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las

cuales se interpretarán en su significado legal.

Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente

las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras

que tuvieren el mismo significado. En ningún caso

será necesario el expresar en la acusación o denuncia

presunciones legales ni materias de conocimiento

judicial.

Íd.

En esencia, la Regla 35 de Procedimiento Criminal, íd.,

responde

31

al

derecho

constitucional

de

todo

acusado

“a

ser

La cita original en inglés es la siguiente: “(a) whether

limiting instructions to jury would be effective; (b) whether

party desires to introduce evidence solely for sentencing

purposes but not on merits; (c) whether evidence would be

admissible on sentencing but would not be admissible on merits

or vice versa; (d) whether either party can demonstrate unfair

prejudice or disadvantage by bifurcation; (e) whether unitary

trial would cause parties to forego introducing relevant

evidence for sentencing purposes; and (f) whether bifurcation

unreasonably would lengthen the trial”.

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

8

notificado de la naturaleza y causa de la acusación”, según lo

establece el Art. II, Sec. 11, de la Constitución de Puerto

Rico, supra. Por eso, si una acusación no imputa delito, la

Regla

64(a)

de

Procedimiento

Criminal,

34

L.P.R.A.

Ap.

II,

permite que se desestime.

En Pueblo v. Montero Luciano, supra, pág. 389, declaramos

inconstitucionales los incisos (b)(4) y (b)(5) del Art. 7.04 de

la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec.

5204, en cuanto eximían al fiscal de alegar la reincidencia en

la

denuncia

por

guiar

en

estado

de

embriaguez.

Sustentamos

nuestra decisión en que esos dos incisos violaban la Regla 48 de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y nuestra cláusula

constitucional de debido proceso de ley. Íd.; Art. II, Sec. 7 de

la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A. Tomo I. Por ello,

concluimos que esa cláusula constitucional le impone el deber al

fiscal de alegar en la acusación las convicciones anteriores del

acusado para poder establecer su condición de reincidente. Íd.,

pág. 388.

Por otro lado, dejé claro en Pueblo v. Vélez Rodríguez,

Op. de 14 de septiembre de 2012, 2012 T.S.P.R. 139, 2012 J.T.S.

152,

Vol.

XXXVI,

pág.

224,

186

D.P.R.

__

(2012)

(Opinión

disidente a la cual se le unió la Jueza Asociada señora PABÓN

CHARNECO), que una acusación no es otra cosa que “una alegación

que hace el Ministerio Público en la que informa a una persona

de qué se le acusa”. (Énfasis en el original.)

También indiqué en mi disenso que al momento de revisar la

suficiencia

de

una

acusación

es

menester

enfocarse

en

los

aspectos siguientes: (1) el derecho del acusado a ser informado

de la naturaleza de los cargos en su contra; (2) el derecho

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

9

constitucional en la jurisdicción federal en ciertos casos a ser

procesado por una acusación que pase el cedazo de un gran jurado

y; (3) el derecho constitucional a no ser procesado dos veces

por el mismo delito. Íd., 2012 J.T.S. 152, Vol. XXXVI, pág. 222.

II

Considero

que

la

Opinión

del

Tribunal

comete

el

mismo

error conceptual que lo llevó a concluir de forma errada en

Pueblo

v.

Vélez

Rodríguez,

supra,

ya

que

atribuye

valor

evidenciario a una acusación. En particular, la Opinión del

Tribunal, pág. 28, indica que al

desglosar los agravantes en un pliego separado, se

elimina la posibilidad de ocasionarle un perjuicio

indebido al acusado al momento del jurado deliberar

sobre su culpabilidad, a la vez que se da paso a una

notificación oportuna al imputado de lo que podría

enfrentar en el trámite de su caso y, de este modo,

pueda preparar su defensa adecuadamente.

Sin embargo, ese enfoque es incorrecto. Todos los hechos

que el Ministerio Público consigna en una acusación, incluyendo

los que agravan la pena, necesitan ser probados más allá de duda

razonable en el proceso penal. Pueblo v. García Colón I, 182

D.P.R. 129, 174-176 (2011); Pueblo v. Lugo, Rivero y Almodóvar,

121 D.P.R. 454, 472 (1988); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R.

645, 652 (1986). Como expresé en mi disenso en Pueblo v. Vélez

Rodríguez, supra, 2012 J.T.S. 152, Vol. XXXVI, pág. 224, no

podemos aplicarle a una acusación las Reglas de Evidencia, 32

L.P.R.A. Ap. VI. Por el contrario, en nuestro esquema procesal

penal se le imparten unas instrucciones al jurado. En ellas, se

le explica que “la acusación no constituye prueba, sino que es

una alegación que hace el Ministerio Público”. Pueblo v. Vélez

Rodríguez,

supra,

2012

J.T.S.

152,

Vol.

XXXVI,

pág.

224.

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

10

(Énfasis en el original.) Esa instrucción es más que suficiente

para evitar un perjuicio indebido al acusado. Es mi contención

que

un

jurado

puede

entender

el

mandato

constitucional

que

garantiza al acusado la presunción de inocencia y exige que toda

convicción

esté

sostenida

con

evidencia

más

allá

de

duda

razonable. Pueblo v. García Colón I, supra; Pueblo v. Lugo,

Rivero y Almodóvar, supra.

No obstante, la Opinión del Tribunal decide hoy inaugurar

una “mejor práctica” en casos en que existan agravantes. Así,

literalmente

Ministerio

crea

un

Público

proceso

[deberá

para

esos

presentar]

casos

dos

(2)

en

que

“el

pliegos

por

separado: uno de ellos imputando la comisión del delito y el

otro detallando las circunstancias que podrían agravar la pena”.

Opinión del Tribunal, pág. 26. De esa forma, luego de culminar

el juicio y antes de la deliberación, el juez, dentro de su

discreción, decidirá si se entregan ambos pliegos al jurado en

el mismo acto o si por el contrario, se entrega el pliego con

los elementos del delito primero y luego, de ser necesario, el

de los agravantes. En esencia, la Opinión del Tribunal sustenta

su

“mejor

promueven

práctica”

un

juicio

en

los

preceptos

ante

un

jurado

constitucionales

imparcial,

así

como

que

el

derecho a ser juzgado conforme las garantías del debido proceso

de ley. Opinión del Tribunal, pág. 29. Estoy en desacuerdo con

ese resultado. En cambio, estoy convencido de que la actuación

del Ministerio Público en estos casos consolidados no ofende el

debido proceso de ley ni el derecho a juicio por jurado.

En esta coyuntura, conviene recordar lo que expresamos en

Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 428

(1974), a los efectos de que “[e]l debido proceso [de ley] no es

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

11

abstracción apocalíptica que de sólo invocarla infunda temor de

Dios al tribunal y paralice al adversario”. Cada caso hay que

analizarlo

con

sus

hechos

estudiamos

con

detenimiento

particulares.

nuestra

De

esa

manera,

si

en

Pueblo

v.

decisión

Montero Luciano, supra, págs. 388-389, notamos que la razón por

la

cual

declaramos

inconstitucionales

los

incisos

(b)(4)

y

(b)(5) del Art. 7.04 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto

Rico,

supra,

fue

porque

eran

contrarios

a

la

Regla

48

de

Procedimiento Criminal, supra, que reconoce un derecho a que la

reincidencia se imputara en la acusación. Por ello concluimos

que

“una

vez

incorporados

ciertos

derechos

por

acción

legislativa, estos se convierten en parte integral del debido

proceso de ley”. Pueblo v. Montero Luciano, supra, pág. 388.

En el caso que nos ocupa no existe un derecho incorporado

por

acción

legislativa

que

obligue

al

Ministerio

Fiscal

a

presentar dos pliegos acusatorios por separado. De hecho, no

hemos encontrado ni una jurisdicción que obligue al fiscal a

realizar esa actuación. Lo que existe es jurisprudencia copiosa

que establece el momento adecuado para presentar la prueba de

agravantes

al

constitucional

jurado

a

de

juicio

forma

por

que

jurado.

no

se

ofenda

Véase,

el

Apprendi

derecho

v.

New

Jersey, supra, pág. 521, esc. 10, (Opinión Concurrente del Juez

Asociado señor THOMAS); United States v. Alviar, supra, pág.

545; United States v. Nickl, supra, pág. 1295; Krocka v. City of

Chicago, supra, pág. 516; United States v. Collamore, supra,

pág. 27; State v. Brillon, supra, pág. 563; State v. McBride,

supra, pág. 192; Polivka v. State, supra, pág. 923; Vaca v.

State, supra, págs. 336-337; Duncan v. State, supra, pág. 782;

Commonwealth v. Philpott supra, pág. 213; State v. Janto, supra,

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

12

pág. 321; People v. Calderon, supra, pág. 86. Esa actuación la

atendimos expresamente en Pueblo v. Santana Vélez, supra, págs.

76-78, y delineamos el proceso a seguirse en esos casos. No

obstante, la Opinión que se emite hoy descarta ese proceso.

De igual manera, al decidir Pueblo v. Montero Luciano,

supra, esc. 24, siempre nos referimos al pliego acusatorio en

singular

y

no

a

los

pliegos

acusatorios

en

plural

porque

nuestras Reglas de Procedimiento Criminal, supra, no contemplan

la norma que hoy se adopta. Incluso, resulta espinoso aplicar el

nuevo proceso que elabora la Opinión del Tribunal en aquellas

jurisdicciones en que existe derecho a que el pliego acusatorio

pase el cedazo de un gran jurado. Véase, por ejemplo, Reglas 6 y

7 de Procedimiento Criminal federal. En esas jurisdicciones,

¿habrá que convocar un gran jurado para la acusación que impute

los elementos del delito y otro para la acusación que impute los

agravantes? ¿No hacerlo viola el debido proceso de ley? Parece

que según la mayoría, la Constitución federal se está violando

todos los días en todas las jurisdicciones de Estados Unidos.

La

Opinión

del

Tribunal,

pág.

34,

incurre

en

otra

incongruencia al ordenar al Ministerio Público que incluya la

alegación de reincidencia en el mismo documento que recoge los

elementos del delito. Si para fines de argumentación acogiéramos

la tesis de la Mayoría; ¿No es mas inflamatoria la alegación de

reincidente que las circunstancias agravantes del delito? Me

parece que la respuesta es clara. Lo que ocurre es que la

Opinión del Tribunal intenta entrelazar infructuosamente nuestra

decisión en Pueblo v. Montero Luciano, supra, con la “mejor

práctica” que inaugura hoy. Pero en realidad la norma que pauta

hoy este Tribunal es incompatible con Pueblo v. Montero Luciano,

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

13

íd. Allí señalamos lo contrario a lo que resolvemos hoy: que los

agravantes

(que

entonces

era

una

alegación

de

reincidencia)

tienen que aparecer en el pliego acusatorio único, precisamente

porque así lo requiere el derecho constitucional a un debido

proceso de ley. La vigencia de ese precedente ahora está en

duda.

También me preocupa la imprecisión con que la Opinión del

Tribunal expresa el término “agravantes”. Digo esto porque en

ella no se explica cuáles son los agravantes que deben ir en el

segundo pliego. Es decir, la Opinión no limita su norma a la

lista de agravantes que contiene el Art. 66 del Código Penal de

2012, Ley Núm. 146-2012. Al no hacerlo, la Opinión del Tribunal

desorienta y confunde a nuestra profesión legal, quien al fin y

al cabo, será la que tendrá la tarea ardua de aplicar la “mejor

práctica” que hoy comienza. Por ejemplo, si analizamos el delito

de escalamiento, según se regula en los Arts. 194 y 195 del

Código Penal de 2012, íd., notamos que es un agravante el hecho

de que el delito se cometiera en un “edificio ocupado”. Bajo la

“mejor práctica” que hoy se inaugura: ¿hay que presentar un

pliego con los elementos del delito de escalamiento simple, Art.

203 del Código Penal, supra, y otro que indique que el edificio

estaba

ocupado?

La

Opinión

del

Tribunal

guarda

silencio

al

respecto. A modo de comparación, véanse los siguientes Artículos

del Código Penal de 2012, íd., en que ocurre algo similar: Art.

108

(agresión)

y

Art.

109

(agresión

grave);

Art.

141

(proxenetismo, rufianismo y comercio de personas) y Art. 142

(proxenetismo, rufianismo y comercio de personas agravado); Art

155

(restricción

de

libertad)

y

Art.

156

(restricción

de

libertad agravada); Art. 157 (secuestro) y Art. 158 (secuestro

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

14

agravado); Art. 171 (violación de comunicaciones personales),

Art. 172 (alteración y uso de datos personales en archivos),

Art. 173 (revelación de comunicaciones y datos personales), Art.

174

(protección

a

personas

jurídicas)

y

Art.

175

(delito

agravado); Art. 181 (apropiación ilegal) y Art. 182 (apropiación

ilegal agravada); Art. 189 (robo) y Art. 190 (robo agravado);

Art. 198 (daños) y 199 (daño agravado); Art. 230 (incendio) y

Art.231 (incendio agravado); Art. 236 (contaminación ambiental)

y

Art.

237

(contaminación

ambiental

agravada);

Art.

269

(perjurio) y Art. 270 (perjurio agravado).

Asimismo, el Tribunal hace un esfuerzo legítimo y loable

en

lo

relativo

constitucional

a

la

que

se

aplicación

pauta.

En

retroactiva

particular,

de

la

la

norma

Opinión

del

Tribunal, pág. 32, indica que como la norma que se establece es

“de carácter constitucional”, aplica a todos los casos que no

sean finales y firmes. Ello es cónsono con nuestros precedentes

al respecto. Véase, Pueblo v. Thompson Faberllé, 180 D.P.R. 497

(2010). De igual manera, la Opinión del Tribunal, págs. 32,

expresa

que

en

los

casos

que

se

encuentran

en

la

etapa

apelativa, “el convicto tendrá que demostrar que el juez de

instancia abusó de su discreción al someter los agravantes al

jurado en una etapa inoportuna”. En cuanto a los casos en que

comenzó el juicio por jurado, la Opinión del Tribunal, pág. 33,

establece

que

“le

corresponderá

al

juez

a

cargo

de

los

procedimientos, a requerimiento de la defensa, tomar las medidas

que sean necesarias y viables en esa etapa, para evitar el

perjuicio indebido al que hacemos referencia en este Opinión”.

Todo eso es razonable.

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

15

Sin embargo, la Opinión del Tribunal pasa por alto que la

norma

que

hoy

se

inaugura

no

le

confiere

discreción

al

ministerio público para que presente en una sola acusación los

elementos del delito y los agravantes. Así, como es hasta el

momento la práctica forense, todos los casos penales sometidos

ante nuestra jurisdicción cuentan con una sola acusación que

contiene los elementos del delito y los agravantes. Entonces, si

la presentación de dos acusaciones, una que recoja los elementos

del delito y otra que recoja los agravantes, es un imperativo

del debido proceso de ley, ¿cómo se explica que esa norma no se

aplique

en

los

casos

penales

que

se

encuentran

en

etapa

apelativa y en aquellos en que el juicio por jurado comenzó? ¿No

es ello contrario a nuestros precedentes? Véanse, Pueblo v.

Thompson Faberllé, supra; Pueblo v. González Cardona, 153 D.P.R.

765 (2001).

Lo que ocurre es que la Opinión del Tribunal es consciente

de

las

repercusiones

que

conlleva

aplicar

la

nueva

norma

constitucional a los casos penales en nuestra jurisdicción que

se encuentran en etapa apelativa o aquellos en que el juicio por

jurado

comenzó.

Sin

lugar

a

dudas,

se

crearía

un

caos

institucional y aumentarían considerablemente las mociones de

nuevo juicio. De esa forma, se trastocaría la marcha ordenada de

los

trabajos

en

esta

Rama

Judicial

sin

que

haya

una

razón

constitucional que en realidad nos fuerce a resolver como se

hace hoy.

III

A

modo

de

epílogo,

expreso

con

mucha

candidez

que

la

solución que brinda la Opinión del Tribunal se puede catalogar

como un proyecto de ley que enmienda las Reglas de Procedimiento

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

16

Criminal. Sin embargo, es algo mucho peor. Adviértase que como

la Opinión del Tribunal resuelve la controversia al amparo de

nuestra Constitución, supra, elimina la posibilidad de que la

Asamblea Legislativa discrepe de la postura de la Opinión del

Tribunal y presente legislación para atenderla.

Asimismo, me preocupa intensamente la nueva tendencia de

una

mayoría

de

los

la

difusa

peligrosamente

proceso

de

dirigida

a

ley

y

de

la

el

que

de

cláusula

paralizar

agilizar

apocalíptica”

miembros

este

hablamos

de

constitucional

cualquier

proceso

Foro

hace

del

iniciativa

penal.

La

décadas

extender

debido

legislativa

“abstracción

en

Domínguez

Talavera v. Tribunal Superior, supra, pág. 428, se ha esparcido

ahora en nuestro sistema de justicia de lo criminal como las

plagas que se mencionan en el Apocalipsis. Véase, por ejemplo,

Pueblo v. Vélez Rodríguez, supra. Sin duda, este Tribunal tiene

el deber de proteger los derechos constitucionales de todos.

Cuando el Estado viola esos derechos, no he vacilado para exigir

que se cumplan. Véanse, e.g., Pueblo v. Ayala García, Op. de 13

de julio de 2012, 2012 T.S.P.R. 120, 2012 J.T.S. 133, 186 D.P.R.

__ (2012); Pueblo v. Serrano Reyes, 176 D.P.R. 437 (2009). Sin

embargo, ante el problema de delincuencia que sufre Puerto Rico,

hacemos

un

pobre

servicio

cuando

atamos

las

manos

de

las

agencias de ley y orden en su lucha contra el crimen mediante la

creación de derechos constitucionales que no existen.

De esa forma, cuando este Foro hace abstracción total de

la realidad cotidiana del Puerto Rico del Siglo XXI convierte

“la factura más ancha en la factura más costosa jamás pagada por

el Pueblo de Puerto Rico". RDT Const. Corp. v. Contralor I, 141

D.P.R. 424, 469 (1996) (Opinión concurrente del Juez Asociado

CC-2010-0583 cons. con CC-2010-0749 y CC-2011-0373

17

señor NEGRÓN GARCÍA). Esa tendencia activista de este Tribunal

en

casos

penales

es

peligrosa

para

nuestra

sociedad

y

detrimental para el sistema de democracia representativa que

todos aspiramos para Puerto Rico. Rehúso enmendar la ley o la

Constitución

desde

el

estrado.

Eso

no

está

dentro

de

mis

funciones.

IV

Por los fundamentos que anteceden, disiento con respeto de

la decisión de este Tribunal de ordenar al Ministerio Público

que someta un pliego que incluya los elementos del delito y otro

que contenga las circunstancias agravantes. Por el contrario,

confirmaría la decisión del Tribunal de Apelaciones en los casos

CC-2010-583 y CC-2010-749 y revocaría la decisión de ese foro en

el caso CC-2011-373 por entender que el Ministerio Fiscal actuó

acertadamente.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado