LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Moreno Ramírez v. Alvin Szumlinski

2012 TSPR 179

Poder Judicial de Puerto Rico

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Moreno Ramírez v. Alvin Szumlinski

AC-2009-2

Derechos Reales – Acción de Retracto de Comunero

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hilda

A.

Arellano

Moreno

Ramírez

de

Peticionaria

Certiorari

v.

2012 TSPR 179

Alvin Szumlinski t/c/c

Alvin James Sumley

187 DPR ____

Ferdinand Morales Pereira, et al.

Recurrido

Número del Caso: AC-2009-2

Fecha: 4 de diciembre de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Fajardo

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Kimberly Fay Cupp-Moreno

(Admisión por Cortesía)

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Jorge Díaz Aquino

Lcdo. Jayson Ramos Pérez

Materia: Derechos Reales – Acción de Retracto de Comunero

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

HILDA A. MORENO RAMÍREZ DE

ARELLANO

Certiorari

Peticionaria

v.

Núm.: AC-2009-002

ALVIN SZUMLINSKI t/c/c

ALVIN JAMES SUMLEY

FERDINAND MORALES PEREIRA,

et al.

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

FELIBERTI CINTRÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de diciembre de 2012.

A través del presente recurso nos expresamos sobre el

requisito

de

escritura

pública

impuesto

como

exigencia

formal a la compraventa de terrenos en común pro indiviso

y cómo este imperativo estatutario incide en el término

provisto

para

iniciar

la

acción

de

retracto

legal

de

comunero.

I

El

19

de

agosto

de

1963

la

Sra.

Hilda

A.

Moreno

Ramírez de Arellano (señora Moreno o la peticionaria) y el

Sr.

Alvin

terminaron

Szumlinski

su

t/c/c

Alvin

matrimonio

Sumley

(señor

mediante

Sumley)

divorcio.

AC-2009-002

2

Posteriormente, otorgaron escritura pública sobre División

Parcial

de

Sociedad

de

Gananciales

mediante

la

cual

acordaron liquidar todos sus bienes excepto una finca de

cinco (5) cuerdas ubicada en el Municipio de Luquillo,

Puerto Rico.1

En

lo

que

concierne

conforme

surge

de

pactaron

gestionar

la

a

la

referida

mencionada

ante

la

propiedad

escritura,

Junta

de

las

y

partes

Planificación

de

Puerto Rico (Junta de Plantificación) la segregación en

dos (2) lotes iguales.

de

la

señora

propiedad

en

Moreno

cuál

y

Asimismo dispusieron cuál pedazo

específico

al

señor

segregación según convenido.

se

le

Sumley

adjudicaría

de

a

la

aprobarse

la

No obstante, a pesar de los

trámites realizados ante la Junta de Planificación,2 así

como la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.)3

1

La parte recurrida argumenta en su Alegato que, conforme a los términos

consignados en la escritura pública sobre División Parcial de Sociedad de

Gananciales, la finca en controversia también fue objeto de la partición allí

dispuesta.

El tipo específico de comunidad de bienes existente entre la

peticionaria y el Sr. Alvin Sumley (señor Sumley) para la fecha de la

compraventa dependerá de si la propiedad objeto de este litigio fue o no

objeto de liquidación previa como parte de la sociedad legal de gananciales

compuesta por ambos.

Véase BL Investment Inc. v. Registrador, 181 D.P.R. 5

(2011) y Vega Montoya v. Registrador, 179 D.P.R. 80 (2010).

2

No existe evidencia en autos a los efectos de que la Junta de

Planificación

de

Puerto

Rico

(Junta

de

Planificación)

autorizara

definitivamente la división física de la finca en controversia.

Únicamente

constan documentos expedidos por dicha agencia el 27 de mayo de 1965 y el 20

de octubre de 1965, donde se le exige a los dueños construir un camino de

acceso y preparar el correspondiente plano de inscripción dentro del término

de un año como condición previa a la aprobación final de su solicitud de

lotificación de la propiedad.

3

Aunque tanto en su Reconvención como en una carta fechada el 18 de

julio de 2006 la parte recurrida alude a una supuesta aprobación de

segregación expedida por la Administración de Reglamentos y Permisos

(A.R.Pe.), el documento más reciente que obra en autos sobre este particular

es precisamente una Notificación de Denegación de la A.R.Pe. notificada el 8

de julio de 2004 donde se deniega la Solicitud de Lotificación en dos (2)

solares sometida a nombre del señor Sumley.

AC-2009-002

la

3

segregación

de

la

finca

año

2004,

aparentemente

nunca

se

señor

vendió

su

concretizó.

Durante

el

el

Sumley

participación en la finca al Sr. Ferdinand Morales Pereira

(señor Morales o el recurrido).

Así las cosas, el 13 de diciembre de 2006 la Lcda.

Kimberley Cupp-Moreno, hija de la peticionaria, recibió

una

carta

mediante

suscrita

por

cual

solicitó

la

el

abogado

de

la

del

señor

peticionaria

Morales

que

se

pusiera en contacto con el señor Sumley a los fines de

otorgar una escritura de rectificación de cabida de la

propiedad antes mencionada.

Unida a esta correspondencia,

el letrado incluyó una carta suscrita por el señor Morales

y dirigida a la señora Moreno con fecha de 18 de julio de

2006,

la

correo.

cual

alegadamente

había

sido

devuelta

por

el

En esa carta el recurrido recabó la ayuda de la

peticionaria para poder identificar las colindancias de la

finca,

ya

que

el

año

anterior

había

comprado

la

participación del señor Sumley y estaba trabajando en el

desmonte del terreno.4

Luego

de

que

la

peticionaria,

por

conducto

de

la

licenciada Cupp-Moreno y mediante carta de 20 de diciembre

de 2006,

Sumley

4

su

le notificara

deseo

de

al señor Morales como al señor

ejercitar

su

derecho

al

retracto,

La peticionaria alega que fue de este modo que se enteró, por primera

vez, que el señor Sumley había vendido su participación en el terreno de la

propiedad habida en común entre ellos.

AC-2009-002

presentó

4

Demanda5

una

sobre

retracto

legal

y

daños

y

perjuicios.

La peticionaria reclamó daños y angustias mentales

por

la

segregación

Sumley,

al

igual

unilateral

que

por

la

gestionada

por

el

señor

alteración

de

la

finca

ocasionada por la tala de árboles y vegetación, así como

el

movimiento

autorización.

de

corteza

terrestre

sin

previa

Adujo,

además,

que

fecha

de

a

la

la

presentación de la Demanda no se le había provisto copia

de la escritura de compraventa para conocer el precio y la

fecha de ésta, a pesar de las conversaciones sostenidas

entre la licenciada Cupp-Moreno y los señores Sumley y

Morales.

Luego

de

varios

trámites

procesales,

el

6

de

diciembre de 2007, transcurrido casi un (1) año desde el

inicio de la acción de retracto, el señor Morales sometió

finalmente su Contestación a la Demanda. En la misma, el

recurrido

negó

la

alegación

de

la

peticionaria

de

que

advino en conocimiento de la venta el 15 de diciembre de

2006, puesto que ésta conocía de los trámites y detalles

de

la

adquisición

desde

posterioridad

a

la

contestación,

el

recurrido

sus

venta.

inicios,

así

como

con

Conjuntamente

con

su

presentó

una

Reconvención

solicitando daños o, en la alternativa, el rembolso de las

obras realizadas en la propiedad en cuestión.

5

Como parte

La Demanda fue presentada el 22 de diciembre de 2006 ante el Tribunal

de Primera Instancia, Sala de Fajardo.

AC-2009-002

5

de ésta, el señor Morales indicó que en unión a su esposa,

la Sra. Leonor Escobar Maldonado, así como el Sr. Neftalí

Ortiz Betancourt y su esposa, la Sra. Nilda Ortiz Olivero,

al

igual

que

sus

respectivas

sociedades

de

bienes

gananciales, el 16 de abril de 2004 habían comprado al

señor

Sumley

el

cincuenta

participación en la finca.

porciento

(50%)

de

su

Alegó que la compraventa se

llevó a cabo mediante documento privado otorgado ante el

notario

Antonio

precio

de

Ríos

Acosta

cuarenta

(affidávit

23,127),

por

el

y

dos

mil

quinientos

dólares

además,

que

la

peticionaria

había

($42,500.00).

Argumentó,

renunciado a su derecho a ejercer el retracto, ya que al

momento de instar la acción no había consignado el precio

de venta, ni tampoco había prestado fianza alguna según

requiere el Artículo 1407 del Código Civil, 33 L.P.R.A.

sec. 3912 (1990) (Art. 1407 del Código Civil).

Con esa información, el 17 de diciembre de 2007 la

señora Moreno solicitó al foro de instancia autorización

para

consignar

la

cantidad

de

cuarenta

y

dos

mil

quinientos dólares ($42,500.00) como parte de su acción de

retracto.

presentó

Indicó

su

que

no

Contestación

fue

a

la

hasta

que

Demanda

el

que

recurrido

advino

en

conocimiento del precio de venta.

El 11 de septiembre de 2008, el tribunal de instancia

denegó tanto la moción en oposición a la consignación como

la moción de desestimación presentadas por el recurrido y,

AC-2009-002

por

6

consiguiente,

aceptó

la

consignación

de

la

peticionaria.

Insatisfecho, el señor Morales acudió, oportunamente,

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones.

El

foro

apelativo

intermedio revocó el dictamen del tribunal de instancia y

desestimó la acción de retracto legal de comuneros.

Como

fundamento para ello concluyó que, aun desconociendo el

precio exacto, la peticionaria podía “prestar fianza por

la

cantidad

equivalente

a

aproximada

de

compraventa

cuarenta

mil

dólares

del

inmueble”

($40,000.00).

Es

decir, el monto de la alegada oferta que el señor Morales

le hiciera al señor Sumley en el año 2002.

Igualmente,

determinó que, al no prestar la peticionaria la fianza

estatutaria

dispuesto

dentro

en

del

nuestro

plazo

fatal

ordenamiento

de

nueve

como

(9)

días

término

para

iniciar este tipo de acción, había caducado su derecho al

retracto.

La

señora

Moreno

solicitó reconsideración

de

dicha

determinación, pero la misma fue sostenida por el foro

apelativo intermedio mediante Resolución emitida el 3 de

diciembre de 2008.

Inconforme, la señora Moreno recurrió entonces ante

este Foro planteando la comisión de cuatro (4) errores por

parte de dicho tribunal.6

En síntesis, la peticionaria

señala como primer error que existe una controversia de

6

Aunque la peticionaria acudió ante nosotros mediante recurso de

apelación, por medio de nuestra Resolución de 12 de junio de 2009 acogimos el

recurso como certiorari y expedimos el auto solicitado.

AC-2009-002

7

hecho respecto a cuándo ella tuvo conocimiento suficiente

para

ejercitar

corresponde

dilucidar

su

acción

devolver

este

el

asunto.

de

retracto,

caso

al

foro

Como

segundo

y

por

lo

que

primario

para

tercer

error,

cuestiona la desestimación de su acción de retracto por

supuestamente no haber prestado fianza oportunamente, así

como

la

determinación

del

Tribunal

de

Apelaciones

al

calcular el monto de la fianza, en su caso, a base de una

oferta de compraventa efectuada años antes.7

Por último,

en su cuarto señalamiento de error, aduce que incidió el

foro recurrido al desestimar en su totalidad la acción

incoada a nivel de instancia, ya que en la Demanda se

presentaron dos (2) reclamaciones separadas.

Es decir,

una

al

para

retrotraer

la

participación

vendida

señor

Morales, y otra en daños y perjuicios como resultado de

las labores de limpieza realizadas por el comprador sobre

la finca.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes

y

estando

en

posición

para

resolver,

procedemos

a

así

hacerlo.

II

EL RETRACTO LEGAL

El Artículo 1411 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

3921 (1990), define la figura del retracto legal como “el

7

Como veremos, y dado el resultado alcanzado, no será necesario que

consideremos el segundo y tercer error alegados.

AC-2009-002

derecho

8

de

subrogarse,

con

las

mismas

condiciones

estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere una

cosa por compra o dación en pago”.

Entre

provistos

retracto

los

en

de

diferentes

tipos

nuestro

sistema

de

comuneros.

Es

decir,

de

retracto

derecho,

el

legal

existe

derecho

de

el

un

copropietario de una cosa poseída en común de utilizar

dicho mecanismo para recuperar lo vendido “en el caso de

enajenarse

a

un

extraño

la

condueños o alguno de ellos”.

parte

de

todos

los

demás

Art. 1412 del Código Civil,

31 L.P.R.A. sec. 3922 (1990).

En

términos

generales,

a

través

del

retracto

se

implanta el enfoque adverso a la pluralidad de condueños

que

permea

en

nuestro

ordenamiento.

Ortiz

Ortiz Roberts, 103 D.P.R. 628, 630 (1975).

Roberts

v.

El retracto de

comuneros “se basa[] sobre la existencia de una comunidad

de bienes o derechos y responde[] al persistente propósito

de sustituirla por el dominio singular….”

Q. M. Scaevola,

Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, S.A., 1970, T.

XXIII, Vol. 2, pág. 441.

Este objetivo responde a que el estado de comunidad

plantea un foco potencial de pugnas y conflictos.

Así se

ha reconocido al indicar que “„la comunión [] suele ser

fuente perenne de discordias‟”.

Noble v. Rodríguez, 69

D.P.R. 482, 485 (1949) (citando 4 Escriche, Diccionario de

Legislación y Jurisprudencia, pág. 942, ed. 1876). Véase,

además, Quiñones Quiñones v. Quiñones Irizarry, 91 D.P.R.

AC-2009-002

9

225, 268 (1964); Zalduondo v. Iturregui, 83 D.P.R. 1, 22

(1961).

Las

copropiedad

miembros

dificultades

resultan

actuar

en

obvias,

de

común

el

manejo

pues

se

acuerdo.

que

supone

les

exige

Como

es

a

la

los

natural,

conforme aumenta el número de titulares se ve menoscabada

la flexibilidad decisional, elemento fundamental para todo

desarrollo económico.

De otra parte, la pluralidad de

dueños puede dar pie a un fraccionamiento de facto donde

se ve menguada la utilidad y productividad del predio.

Es

por

la

ello

que

nuestro

sistema

de

derecho

favorece

reducción en el número de condóminos, dándole prioridad a

éstos

frente

a

un

tercero.

De

este

modo,

se

busca

“fomentar el desarrollo de la propiedad, de la industria y

de la riqueza, terminando con estados de comunidad cuya

administración

puede

significar

un

obstáculo

a

ese

desarrollo…”.

J. M. Manresa y Navarro, Comentarios al

Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, S.A.,

1969, T. X, Vol. I, pág. 508.

Véase, además, J. Santos

Briz e I. Sierra Gil de la Cuesta, Tratado de Derecho

Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T. II, pág. 486; J.

Puig

Brutau,

Fundamentos

de

Derecho

Civil,

3ra

ed.,

Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. III, Vol. III, pág. 405; L.

Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta

ed., Madrid, Ed. Tecnos, S.A., 1997, Vol. III, pág. 598.

para

Ahora

bien,

conforme

hemos

resuelto

que

pueda

dar

una

demanda

curso

anteriormente,

de

retracto

comunero, deben concurrir las siguientes condiciones:

de

AC-2009-002

10

1. La existencia de una comunidad de bienes y que

sea un copropietario quien inicie la acción.

2. La presentación de la demanda dentro del

periodo de nueve (9) días desde la inscripción

de la venta en el registro o desde que el

retrayente adviene en conocimiento de la

venta.

3. La consignación del precio estipulado de la

venta simultáneamente con la presentación de

la demanda de ser conocido, en su defecto, dar

fianza de consignarlo luego que le sea

conocido.

4. El compromiso del retrayente de no vender la

participación dominical que retraiga por un

periodo de cuatro (4) años.8

Fuertes v. Arzón, 81 D.P.R. 491, 497-498 (1959); Zalduondo

v. Iturregui, supra, pág. 11 n. 5.

Es

menester

cumplimiento

destacar

cabal

la

con

importancia

los

que

requisitos

guarda

el

estatutarios

impuestos como condición al ejercicio del retracto.

Este

enfoque de aplicación restrictiva del derecho se encuentra

plenamente

justificado

retracto

resulta

intercambio

de

si

advertimos

inherentemente

bienes.

Es

que

la

contraria

por

ello

acción

al

que

de

libre

nuestro

ordenamiento ha fijado ciertas condiciones ineludibles con

el

de

este

proceso en los derechos de las partes concernidas.

La

potestad

un

8

fin

de

de

atemperar

ejercer

los

el

efectos

retracto

resultantes

se

considera

como

Conforme establece nuestro Código Civil en su Artículo 1415, 31

L.P.R.A. sec. 3925 (1990), el comunero retrayente debe comprometerse a no

vender la participación retraída por un término de cuatro (4) años.

Esta

limitación temporal evita que se utilice el mecanismo de retracto para fines

especulativos. Quiñones Quiñones v. Quiñones Irizarry, 91 D.P.R. 225 (1964);

Zalduondo v. Iturregui, 83 D.P.R. 1 (1961); Noble v. Rodríguez, 69 D.P.R. 482

(1949).

AC-2009-002

11

privilegio

que

adquirente,

afecta

por

lo

los

derechos

que

no

del

condición

propiedad,

derecho

propiedad

admite

flexibilidad en sus términos.

naturaleza

de

ningún

un

tipo

de

“Así lo demanda… la misma

de

retracto,

que

resolutoria

o

limitativa

del

exige

interpretación

una

de

por

ser

una

derecho

de

restrictiva

extensiva de las disposiciones que lo regulan.”

y

no

Felici v.

Ribas, et al., 11 D.P.R. 539, 545 (1906).

Cónsono con lo anterior, el retrayente cuenta con un

periodo de tiempo relativamente corto para presentar su

demanda.

Nuestro Código Civil expresamente dispone que la

acción de retracto debe de iniciarse dentro del término

“de nueve (9) días contados desde la inscripción en el

registro, y en su defecto, desde que el retrayente hubiera

tenido conocimiento de la venta”.

Art. 1414 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3924 (1990) (Artículo 1414 del

Código Civil).

e

No cabe duda que este término es uno fatal

improrrogable.

ejercitar

dentro

de

“La

acción

de

retracto

se

ha

de

un

término

perentorio.

La

marcha

normal del comercio jurídico lo pide así; porque nada tan

perturbador para una buena economía de la propiedad como

la

incertidumbre

en

los

derechos

dominicales….”

Q.M.

Scaevola, op. cit., T. XXIII, Vol. 2, pág. 551.

Sobre

este

particular,

coinciden

que,

igualmente,

otros

tratadistas

reconocen

su

españoles

naturaleza

perentoria como principio de derecho indiscutible.

unánimemente

la

doctrina

lo

considera

de

“Hoy

caducidad,

de

AC-2009-002

suerte

que

12

el

retracto

legal

es

un

derecho

que

debe

ejercitarse precisamente en el plazo legal, el cual tiene

por ello naturaleza sustantiva y no admite interrupción ni

ampliación de ninguna clase….”

G. García Cantero, en M.

Albaladejo y S. Díaz Alabart, Comentarios al Código Civil

y

Compilaciones

Forales,

2da

ed.,

Madrid,

Revista

de

Derecho Privado, 1991, T. XIX, pág. 679.

Véase, además,

P.

de

González

Poveda,

en

I.

Sierra

Gil

la

Cuesta,

Comentario del Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000,

T. 7, pág. 490; J. Santos Briz, Derecho Civil, Madrid, Ed.

Revista de Derecho Privado, 1973, T. II, págs. 724-725; J.

Puig

Brutau,

op.

cit.,

págs.

414-415;

J.

Santamaría,

Comentarios al Código Civil, Madrid, Revista de Derecho

Privado, 1958, pág. 556.

III

EXIGENCIA DE ESCRITURA PÚBLICA

De otra parte, los tratadistas coinciden en que el

mero perfeccionamiento del contrato mediante el cual las

partes

han

convenido

estrictamente

en

lo

atinente

al

objeto y al precio de venta no es suficiente para poder

ejercitar la acción de retracto.9

Ello responde a que,

bajo este supuesto, la propiedad aún no ha pasado a formar

9

Véase el Artículo 1339 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3746 (1990),

el cual dispone:

La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y

será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa

objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro

se hayan entregado.

AC-2009-002

parte

13

del

patrimonio

incumplimiento,

acción

para

éste

del

comprador

únicamente

obligar

a

la

y,

tendrá

parte

en

caso

de

disponible

una

falló

sus

que

en

obligaciones a ejecutar lo pactado.

Por ende, el inicio del plazo para el ejercicio del

derecho de retracto implica que la venta en cuestión se

tiene

que

haber

consumado

con

la

correspondiente

transferencia de la propiedad a manos de un tercero.

Este

principio ha sido reiterado por el Tribunal Supremo de

España y su razonamiento aparece expresado de la siguiente

manera:

[L]a consumación lesiona en forma más viva y

eficaz

que

la

perfección

del

derecho

de

preferencia del retrayente, y en este sentido

debe entenderse que el agravio efectivo y firme

no se produce mientras el comprador es sólo

titular de un derecho personal, aunque con

vocación al dominio de la finca, sino que la

lesión definitiva se causa al adquirir el

comprador

la

cualidad

de

dueño

por

la

concurrencia en su favor del título y del modo o

tradición de la cosa vendida….

Q. M. Scaevola, op. cit., T. XXIII, Vol. 2, pág. 558,

Sentencia de 20 de mayo de 1943.

Véase, además, G. García

Cantero, en M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, op. cit.,

págs. 681-682; J. M. Manresa y Navarro, op. cit., T. X,

Vol. I, págs. 537-538; J. Santos Briz e I. Gil de la

Cuesta, op. cit., pág. 490; J. Santos Briz, op. cit., pág.

725;

J.

Puig

Brutau,

op.

cit.,

págs.

410-414;

J.

Santamaría, op. cit., págs. 556-558.

A

lo

anterior

debemos

añadir

que,

como

parte

de

nuestro esquema normativo, en el año 1998 se agregó una

AC-2009-002

disposición

14

específica

al

Código

Civil

que

exige

el

otorgamiento de escritura pública en casos de compraventa

de terrenos propiedad de una comunidad de bienes.

A esos

efectos, la Ley Núm. 193-1998 añadió, al mencionado cuerpo

legal, el Artículo 330-A, 31 L.P.R.A. sec. 1275a (Supl.

2011) (Artículo 330-A del Código Civil), mediante el cual

taxativamente se fija el cumplimiento con esta formalidad

como condición previa a la validez de este tipo de negocio

jurídico.

En el articulado antes mencionado se detallan,

además, otros requisitos con los que deben cumplir las

partes para hacer efectiva la adquisición.

Así pues, el

Artículo 330-A del Código Civil, dispone:

Para que sea válida la compraventa de

terrenos en común pro indiviso, la misma deberá

efectuarse mediante escritura pública en la cual

se hará constar la porción o participación en

común pro indiviso que le corresponde al

comprador,

las

advertencias

legales

correspondientes y la aceptación del comprador

de adquirir en tal capacidad.

(Énfasis suplido).

Esta legislación respondió a la

condición

precaria

en que se encontraban la mayoría de los adquirentes de

esta modalidad de propiedad, los cuales no contaban con el

debido asesoramiento previo a la compra o eran inducidos

al trámite mediante engaño.

De esta manera, se impusieron

las restricciones antes descritas con el fin de proteger a

las víctimas potenciales de vendedores inescrupulosos y, a

la vez, detener su proliferación.

de la Ley Núm. 193-1998.

Exposición de Motivos

AC-2009-002

15

Recapitulando, conforme lo antes reseñado, para que

comience a decursar el término provisto para presentar la

acción

de

retracto

es

indispensable

que

el

referido

negocio jurídico se haya elevado a escritura pública para

hacer efectivo el traspaso.

Es este el único modo en que

el retrayente podrá legítimamente subrogarse en el lugar

del comprador conforme exige la figura del retracto ya

que, de omitirse esta exigencia de forma, a lo único que

podría

aspirar

posición

de

previamente

el

alegado

requerirle

pactado

con

retrayente

sería

al

vendedor

el

comprador.

a

estar

en

cumplir

con

lo

falta

de

A

escritura pública, el retrayente no estaría ocupando el

lugar

del

comprador

en

calidad

de

dueño

de

la

participación correspondiente en la propiedad, condición

intrínseca

para

que

pueda

operar

el

retracto.

Cabe

recordar que “[l]os efectos del retracto legal consisten

fundamentalmente en obtener la subrogación del retrayente

en

el

lugar

derecho….”

del

comprador

de

la

cosa

afecta

a

aquel

J. Santos Briz e I. Gil de la Cuesta, op.

cit., pág. 491.

En virtud del retracto, el que ejerce

este tipo de acción se subroga en todos los derechos y

obligaciones del comprador.

Implica ello que la propiedad

tiene que haber pasado al patrimonio del comprador, cosa

que, bajo nuestro sistema de derecho vigente, es imposible

en el caso de propiedades en común pro indiviso sin que

medie una escritura pública.

AC-2009-002

16

Resolvemos, por ende, que de no mediar este requisito

estatutario la venta de terrenos en común pro indiviso no

se considerará válida en derecho.10

comenzará

a

discurrir

el

Bajo este supuesto, no

término

de

nueve

(9)

días

provisto en el Código Civil para ejercitar el retracto

legal,

como

tampoco

se

activará

el

requisito

de

prestación de fianza.

IV

La peticionaria alega en su Demanda, así como en los

documentos sometidos en el presente recurso, que previo a

iniciar esta acción y mediante la carta que alegadamente

recibió el 13 de diciembre de 2006, fue notificada de una

supuesta compraventa celebrada en años anteriores entre el

recurrido y el señor Sumley.

Indica también que, a pesar

de sus gestiones afirmativas sobre este particular antes

de instar el proceso judicial, nunca fue informada de la

fecha exacta de la alegada venta y traspaso, como tampoco

se le informó el nombre de los compradores, ni el precio

de venta.

Aduce que es en la Contestación a la Demanda

presentada por el recurrido que por primera vez adviene en

conocimiento de la información.

10

Esta transacción deberá ajustarse a su vez a lo dispuesto en BL

Investment Inc. v. Registrador, supra, y Vega Montoya v. Registrador, supra.

Así pues, aun asumiendo que la compraventa se efectuó mediante escritura

pública, dependiendo del estatus de la comunidad postganancial a esa fecha

podía el señor Morales comprar ya fuese “una cuota abstracta sobre la antigua

masa ganancial”, es decir, sobre la totalidad de la finca, o

“una cuota

concreta” de la misma. BL Investment Inc. v. Registrador, supra (énfasis en

el original).

En otras palabras, adquirir el porciento específico adjudicado

al señor Sumley como resultado de tal liquidación.

AC-2009-002

17

Por su parte, en su Contestación a la Demanda, el

señor Morales reveló el precio pagado por éste y se limitó

a

negar

las

alegaciones

aducidas

por

la

peticionaria

correspondientes a la falta de conocimiento oportuno de la

transacción.

cuatro

Aunque en su Reconvención identificó a los

(4)

compradores

de

la

participación

del

señor

Sumley, no hizo referencia alguna a que se haya otorgado

escritura pública.

la

aludida

Simplemente, informó que se adquirió

participación

en

la

finca

“según

documento

privado de compraventa de 16 de abril de 2004, en Fajardo,

Puerto

Rico,

reconocido

ante

el

Notario

Antonio

Ríos

Acosta [mediante] (affidávit 23,127)”.

No figura en autos que la compraventa objeto de este

recurso

conste

en

escritura

Artículo

330-A

del

Código

pública

Civil.

según

La

requiere

única

el

referencia

concerniente a algún tipo de formalidad relacionada a la

compraventa

donde

surge

meramente

de

se

la

Reconvención

hace

alusión

a

del

un

señor

Morales

affidávit.

Por

tanto, concluimos que se cometió el primer error indicado

por la peticionaria según señalamos al comienzo de esta

Opinión.

En consecuencia, resulta indispensable que el

tribunal

de

instancia

indague,

primeramente,

si

se

concretizó una compraventa válida de la participación del

señor

Sumley

resolver

fianza

si

en

la

la

finca

acción

estuvieron

en

de

en

cuestión

retracto

tiempo.

Es

correspondiente escritura pública.

y

antes

la

decir,

de

poder

prestación

de

si

la

existe

AC-2009-002

18

De la parte recurrida no poder demostrar la existencia

de

una

escritura

pública

mediante

la

cual

se

haya

realizado la compraventa del interés del señor Sumley en

el inmueble objeto del caso de autos, procederá entonces

que se desestime la acción de retracto esgrimida por la

señora Moreno en la Demanda de epígrafe.

Ello es así ya

que,

ocurrido

en

estricto

derecho,

no

habrá

una

transferencia de dominio respecto al inmueble en cuestión,

por lo cual la peticionaria continuará como propietaria en

común pro indiviso de dicho inmueble conjuntamente con su

ex-esposo.

En la eventualidad de que la compra por parte del

señor Morales haya cumplido con las exigencias formales

antes reseñadas previo a la presentación de la acción de

retracto de la señora Moreno, corresponderá entonces al

Tribunal

de

evidenciaria

Primera

para

Instancia

determinar

en

celebrar

qué

momento

una

vista

preciso

la

peticionaria tuvo conocimiento suficiente de la venta para

que comenzaran a discurrir los nueve (9) días fijados para

ejercitar su acción de retracto.

V

Atendido

retracto

considerar

recurso.

el

asunto

interpuesta

el

cuarto

relacionado

por

la

y

último

a

la

peticionaria,

error

acción

de

corresponde

esbozado

en

el

A través de éste, la señora Moreno alega que el

Tribunal de Apelaciones incidió al desestimar por completo

AC-2009-002

19

las reclamaciones consagradas en su Demanda.

basta

con

señalar

que

en

su

dictamen

No obstante,

dicho

foro

nada

dispuso en cuanto a las otras causas de acción aparte del

retracto.

De hecho, la reclamación en daños y perjuicios

no fue objeto de la revisión presentada ante el tribunal

apelativo

intermedio.

Surge

claramente

que

la

determinación recurrida se circunscribió a resolver única

y

exclusivamente

si

procedía

el

instado por la señora Moreno.

alguna

a

las

alegaciones

retracto

de

comuneros

Tampoco se hace alusión

atinentes

a

las

alteraciones

efectuadas por el señor Morales en la finca y a los daños

aducidos por la señora Moreno como parte de su Demanda.

Por

tanto,

la

causa

de

acción

por

daños

y

perjuicios

presentada por la peticionaria se mantuvo intacta, a pesar

de

la

desestimación

de

su

reclamación

de

retracto

de

comunero.

Cónsono con lo anterior, resolvemos que no se cometió

el cuarto error según consignado por la peticionaria.

VI

En

Sentencia

mérito

de

emitida

lo

por

antes

el

expuesto,

Tribunal

de

se

revoca

Apelaciones

y

la

se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para

procedimientos ulteriores a tenor con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

JUEZ ASOCIADO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

HILDA A. MORENO RAMÍREZ DE

ARELLANO

Peticionaria

v.

Núm.: AC-2009-002

ALVIN SZUMLINSKI t/c/c

ALVIN JAMES SUMLEY

FERDINAND MORALES PEREIRA,

et al.

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de diciembre de 2012.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, se revoca la Sentencia emitida por el

Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal

de Primera Instancia para procedimientos ulteriores a

tenor con lo resuelto por este Tribunal.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor

Hernández Denton concurre con la siguiente expresión:

El Juez Presidente señor Hernández Denton

concurre

con

el

resultado

de

la

Opinión

mayoritaria por entender que se soslaya la

controversia medular del caso, a saber, cuál es

la interpretación correcta del Art. 1407 del

Código Civil que establece que: “[p]ara que

pueda darse curso a las demandas de retracto se

requiere que se consigne el precio si es

conocido, o si no lo fuere, que se dé fianza de

consignarlo luego que lo sea”. 31 L.P.R.A. sec.

3912.

Como en las acciones de retracto legal la

fianza es una obligación dispuesta por el Código

Civil como requisito para que se pueda iniciar

AC-2009-002

2

el proceso judicial, a nuestro entender la

controversia inicial que este Tribunal debió

atender era si la señora Moreno cumplió con esta

exigencia.

Dependiendo de lo anterior, el foro

primario hubiera tenido que desestimar la acción

de retracto o continuar dilucidando el resto de

los requisitos exigidos para este tipo de

acción.

Solo en la eventualidad de que la

acción de retracto procediera es que el Tribunal

de Primera Instancia tendría que analizar la

validez del negocio jurídico.

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

concurre con el resultado sin opinión escrita.

La

Jueza Asociada señora Pabón Charneco no interviene.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo